LA PERSONA

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					                   TEMA 6 DERECHO CIVIL


La representación. Concepto. Representación legal y representación
voluntaria. El mandato. La ratificación. La autocontratación.



I. LA REPRESENTACIÓN. CONCEPTO.

La conclusión de los actos y negocios jurídicos puede verificarse por la misma persona
a quien afectan o por medio de otra persona. La representación puede definirse como
aquella figura jurídica en cuya virtud se confía a una persona (representante) la facultad
de actuar y decidir, dentro de ciertos límites, en interés y por cuenta de otra persona
(representado). Como se desprende de su concepto, el mecanismo de toda relación
negocial representativa es triple: 1) Existe, por una parte, una relación jurídica entre el
representante y el representado; 2) Por otra parte, la relación se constituye entre el
representante y el tercero con quien contrata; 3) Finalmente, hay también una relación
entre el representado y el tercero, pues lo hecho por el representante se imputa directa o
indirectamente al representado. Se habla de representación directa cuando una persona
actúa en nombre y por cuenta de otra, produciéndose una relación directa e inmediata
entre el representado y los terceros con quien el representante contrata en nombre de
aquél. Se habla en cambio de representación indirecta, cuando una persona actúa por
cuenta de otra, pero en nombre propio.

La representación es una institución jurídica muy antigua y su utilidad está fuera de toda
duda, pues permite actuar a una persona simultáneamente y en lugares distintos,
permitiendo asimismo al representado utilizar la habilidad ajena para los propios
negocios. Además en la representación legal, el representante activa la capacidad de
ejercicio de quien la tiene limitada.

Cabe señalar finalmente que la posibilidad de representación está restringida tratándose
de actos personalísimos, como el testamento.



II. REPRESENTACIÓN LEGAL Y REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA.

Por el origen o título en que se funda la representación, se distingue la representación
voluntaria y la legal. La representación voluntaria se basa en un negocio jurídico,
mientras que la representación legal viene impuesta por el ordenamiento jurídico.

Representación voluntaria

Así pues la representación voluntaria puede definirse como la concesión, en virtud de
una negocio jurídico, de un poder que legitima a determinada persona (representante,


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apoderado o gestor) para actuar en nombre y por cuenta de otra (representado,
poderdante o dueño del negocio). Tres son los requisitos que deben exigirse para que
exista representación voluntaria y se produzca el efecto de que lo hecho por el
representante se considere como hecho por el representado:

   a) la capacidad de ambas partes: el representante ha de tener capacidad de obrar
      general para realizar actos jurídicos, pero no es necesario que tenga capacidad
      especial para el acto concreto de que se trate (por eso el menor emancipado
      puede ser apoderado); el representado, por su parte, ha de tener la capacidad de
      obrar general y además la especial necesaria para quedar obligado por el negocio
      o acto del representante.



   b) el otorgamiento por el representado al representante del poder en forma legal,
      suficiente y subsistente:

   -     En cuanto a su forma legal, deben constar en escritura pública los poderes
         para contraer matrimonio, el general para pleitos y los poderes especiales que
         deban presentarse en juicio, el poder para administrar bienes, y cualquier otro
         que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura
         pública o haya de perjudicar a tercero.
   -     La suficiencia del poder exige que éste sea bastante para otorgar el acto de
         que se trate; el poder concebido en términos generales no comprende más que
         los actos de administración; es por ello que para transigir, enajenar, hipotecar
         o ejecutar cualquier acto de riguroso dominio se requiere poder expreso para
         ello.
   -      La subsistencia del poder requiere que no se haya extinguido cuando se
         realice el acto que deba surtir su eficacia directamente a favor o en contra del
         representado.

   c) La “contemplatio domini” o manifestación del representante al tercero con quien
      contrata del nombre y circunstancias del representado, elemento que
      estudiaremos más detenidamente en el apartado dedicado al mandato. Se discute
      si la representación sin contemplatio domini es o no verdadera representación.
      Ésta es la conocida como representación indirecta en que el representante actúa
      frente al tercero en nombre propio pero por cuenta del representado; en la
      representación indirecta el representante hace suyas todas las consecuencias del
      negocio, sin que se atribuyan al representado. Para que el representado adquiera
      los derechos y obligaciones que del negocio concluido por el representante
      indirecto se deriven, es precio un acto posterior de transmisión de los mismos
      del representante al representado. La doctrina mayoritaria en España concluye
      que la representación indirecta no constituye un verdadero supuesto de
      representación, ya que lo hecho por el representante indirecto no se atribuye
      directa ni inmediatamente al representado. Este requisito de la contemplatio
      domini es esencial para que los efectos de la actuación del representante se
      atribuyan directa e inmediatamente a la persona del representado (en este caso,
      el representante tiene acción para reclamar contra las personas con quienes el
      representado ha contratado en caso de que éstas incumplan lo acordado, y éstas
      también tienen acción para reclamar contra el representado en caso de


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         incumplimiento; en definitiva el representado es el obligado directamente a
         favor del tercero con quien el representante contrató).



La representación legal

La representación legal es aquélla viene impuesta por la ley, como consecuencia
principalmente de las relaciones familiares. Son características propias de la misma las
siguientes: 1) Tiene su origen en la Ley; 2) Es esencial en ella la protección del
representado; 3) Su carácter protector y tutelar determina el sometimiento del
representado al representante, que es quien en realidad actúa y dispone.

En el Derecho español son supuestos típicos de representación legal, entre otros, los
siguientes:

   a) los padres que ostentan la patria potestad tiene la representación legal de sus
      hijos menores no emancipados (con las excepciones que establece el Código
      Civil)
   b) El tutor es el representante del menor o incapacitado (salvo para aquéllos actos
      que pueden realizar éstos por sí solos ya por disposición expresa de la Ley o de
      la sentencia de incapacitación)
   c) El representante del ausente ostenta la representación del mismo, mientras se
      mantenga la situación de ausencia declarada.




III. EL MANDATO: CONCEPTO, CLASES DE MANDATO, CARACTERES,
OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RATIFICACIÓN.

Concepto.

El Código Civil define el mandato como el contrato por el que uno (mandatario) se
obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otro
(mandante).

Clases

 El mandato puede ir o no unido a la representación, aunque el Código Civil español no
establece claramente la separación de ambas instituciones. Mandato y representación
son nociones distintas. El mandato, de acuerdo con el Código Civil, es un contrato que
puede conferir al mandatario el poder de representar al mandante (mandato
representativo, en el que el mandatario actúa por cuenta y en nombre del mandante);
pero también puede no conferírselo (mandato no representativo, en el que el mandatario
actúa por cuenta del mandante pero en su propio nombre –ie. el mandatario oculta al
tercero que actúa por cuenta de otra persona o mandante). El ejemplo más conocido de
mandato sin representación se produce cuando una persona desea adquirir el terreno de
su vecino o colindante pero tiene el temor de que éste trate de vendérselo más caro por


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el hecho de ser colindante; entonces es frecuente que se celebre un contrato de mandato
sin representación para que el mandatario adquiera el terreno a nombre propio al precio
justo y posteriormente lo transmita al mandante. Es decir, el mandatario puede ser
representante o puede no serlo. El mandatario sin representación contrata en nombre
propio y después transmite al mandante.

Caracteres

Son caracteres del contrato de mandato los siguientes:

                              , pues se perfecciona por el mero consentimiento de las
partes,


tiene que remunerar el servicio prestado por el mandatario. Existen dos excepciones a la
regla de gratuidad: a) Cuando al celebrar el contrato se pacta una retribución; b) Cuando
el mandatario tiene por ocupación el desempeño de los servicios a los que se refiere el
mandato.

    Cuando el contrato es gratuito, es un contrato unilateral; cuando es oneroso, es de
carácter bilateral.

         ata de un contrato fundado en la confianza mutua. De ahí que sea un contrato
revocable, excepción a la regla general de que los contratos no pueden desistirse
unilateralmente. El art. 1733 dispone que “el mandante puede revocar el mandato a su
voluntad, y compeler al mandatario a la devolución del documento en que conste el
mandato”.

Obligaciones del mandatario

Por la aceptación del mandato el mandatario queda obligado a cumplir el mismo y en
este cumplimiento debe ajustarse a las siguientes bases:

- Ante todo seguir las instrucciones del mandante, y a falta de éstas hacer todo lo que
según la naturaleza del negocio, haría un buen padre de familia.

- No traspasar los límites del mandato, si bien no se consideran traspasados cuando el
mandato es cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada
por éste. Durante el ejercicio del mandato

- Dar cuenta de las operaciones realizadas

- Abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aún cuando lo
recibido no se debiere al mandante.

- Abonar intereses de las cantidades que aplicara a usos propios y de las que deba
después de extinguido el mandato




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La responsabilidad del mandatario en el cumplimiento de sus obligaciones es distinta
según sea retribuido (se responde por dolo y por culpa) o gratuito (se responde
únicamente por dolo) el mandato.

Obligaciones del mandante

- Pagar la remuneración convenida, en el caso de mandato retribuido

- Anticipar al mandatario las cantidades que éste solicitara y que fueran necesarias para
la ejecución del mandato.

- Reembolsar las cantidades que el mandatario hubiere anticipado (con intereses)

- Indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el
cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario.

Ratificación

Lo actuado por el mandatario fuera de los límites del mandato no obliga al mandante,
salvo que éste lo ratifique expresa o tácitamente. La ratificación tácita tiene lugar
cuando el mandante, sin hacer uso de la acción de nulidad por él ejercitable, acepta en
su provecho los efectos de lo ejecutado sin su autorización, poniendo con ello de
manifiesto su consentimiento concordante con el del tercero. La ratificación posterior
del representado purifica el negocio, ratificación que hace válido el negocio desde su
origen.



V. LA AUTOCONTRATACIÓN

El autocontrato es el contrato concluido por el representante consigo mismo. El
autocontrato es extremadamente peligroso, por lo que sólo en casos muy excepcionales
puede admitirse su validez. En efecto, se hace muy difícil que el representante que
contrata consigo mismo atienda dos intereses opuestos, el suyo propio y el de su
representado. La eficacia del autocontrato debe pues limitarse a los casos en que haya
garantía de un resultado provechoso para ambas partes (representante y representado), y
el ordenamiento debe prohibir el autocontrato en todos los demás supuestos.

El Código Civil no contiene una prohibición expresa del autocontrato. Sin embargo, se
observa a lo largo de su articulado una precaución por impedirlo, referida siempre a
casos concretos. Así:

   a) En relación con la representación atribuida a los padres que ostentan la patria
      potestad, el Código exceptúa de dicha representación los actos en que exista
      conflicto de intereses entre el padre y el hijo y añade que siempre que en algún
      asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no
      emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y
      fuera de él.
   b) En relación con la representación atribuida al tutor, se prohíbe ser tutor a quienes
      tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado,


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      mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad
      de los bienes, o le adeudaren sumas de consideración. Además el tutor precisará
      autorización judicial para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga
      contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.
   c) Al tratar del contrato de compra-venta, se contienen una serie de prohibiciones
      de comprar, dirigidas a la supresión del autocontrato. Así se prohíbe a las
      personas que desempeñen algún cargo tutelar la compra de bienes de las
      personas bajo su guarda o protección, a los mandatarios la compra de los bienes
      de sus mandantes, a los albaceas la compra de los bienes confiados a su cargo, a
      los empleados públicos encargados de la administración de bienes públicos la
      compra de éstos, y finalmente a los funcionarios judiciales se les prohíbe la
      compra de los bienes que estuvieren en litigio ante el Tribunal en que ejercieran
      sus funciones.



El Tribunal Supremo admite la validez del autocontrato siempre que no exista colisión
de intereses que ponga en peligro la imparcialidad o rectitud del representante o
apoderado. Por su parte la dirección General de los Registros y el Notariado ha venido
condicionando la validez y eficacia del autocontrato al cumplimiento de los siguientes
requisitos: 1) Que el poder de autocontratación se haya conferido de forma expresa; 2)
Que en el poder se señalen concretamente los actos y contratos u objetos sobre los que
va a recaer la autocontratación; 3) Que la autocontratación no origine ningún
menoscabo para el representado.




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