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SENTENCIA 38-2001

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SENTENCIA 38-2001 Powered By Docstoc
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 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
     PRIMERA SALA PENAL ESPECIAL

                           EXP. Nº 038-2001

LA PRIMERA SALA PENAL ESPECIAL de la Corte Superior de Justicia de
Lima, integrada por las señoras Vocales:
INÉS VILLA BONILLA, Presidente,
INES TELLO DE ÑECCO, Directora de Debates, e
HILDA PIEDRA ROJAS.
Impartiendo justicia a nombre de la Nación, emite la siguiente:




                                SENTENCIA


Lima, veintiuno de Setiembre del año dos mil seis.


                                I.     VISTOS:

Con los incidentes de nulidad de transferencia promovido por la Procuraduría
Pública que corren en cuaderno aparte (Cuatro Tomos); cuadro del Movimiento
Migratorio de los procesados; anexos que contiene la relación de las piezas
oralizadas e indice del expediente. Se deja constancia que en esta sentencia se han
efectuado 239 pie de paginas.


Que formulada por el señor Fiscal Provincial Ad Hoc de la Décima Tercera
Fiscalía en lo Penal de Lima, la Denuncia Penal número cuatrocientos sesenta y
cuatro – dos mil, que corre de fojas 338 a 347, la señora Jueza del Juzgado Penal
de Turno Permanente de Lima por auto de fecha 05 de setiembre 2000, insertada
                                                                                 2


de fojas 348 a 351[1 ], abrió instrucción en vía ordinaria contra: Luís Frank
Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho, Astrith Aybar Cancho, Brichani Aybar
Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Víctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran
o Charles Acelor Cokeran, Viatcheslav Raschivkine Gavrilovich, Sarkis
Soghanalian o Zarkis Sorghan Norian, Garril Soghanalian, Tomás Medina
Caracas, Alex Víctor Torres Seminario, Gregorio Quino Chávez, Liliana
Villarreal Landeo, Alfredo Landeo Bastidas, Marisol Cabrejos Torres, José
Alejandro Delmar Colina, Arnulfo Alvarado Cabrera, Juan Humberto Remigio
Guillén, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyep,
Vyacheslav Zagurdayev, Yevgen Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha,
Mykhaylo Morozov, Anatoly Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny,
Andriy Naydenko y Vladimir Gavrilov, como presuntos autores del delito contra el
Estado y la Defensa Nacional – Delitos que Comprometen las Relaciones
Exteriores del Estado; del delito contra la Seguridad Pública – Delito de Peligro
Común; y del delito contra la Tranquilidad Pública – Delito contra la Paz
Pública, todos en agravio del Estado; contra Luis Frank Aybar Cancho y Juan
Manuel López Rodríguez, por delito contra la Fe Pública – Delito de
Falsificación de Documentos en General , en agravio del Estado; contra José
Alejandro Delmar Colina, por delito contra la Administración de Justicia – Delito
contra la Función Jurisdiccional – Encubrimiento Personal en grado de
Tentativa, en agravio del Estado; y contra Liliana Villarreal Landeo y Alfredo
Landeo Bastidas, por delito contra la Administración de Justicia – Delito contra la
Función Jurisdiccional – Encubrimiento Real en grado de Tentativa, en agravio
del Estado.


Planteada la primera Denuncia Ampliatoria, su N° 464 – 2000 [2 ], la señora Juez
del Juzgado Penal Especializado procedió ampliar la instrucción con fecha 07 de
setiembre del 2000, [3 ] para comprenderse a: Ana Doris Aybar Cancho, Astrith
Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho, Víctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran
o Charles Acelor Cokeran, Viatcheslav Raschivkine Gavrilovich, Sarkis


[1 ] Véase Tomo A

[2 ] Ver fojas 377 a 379

[3 ] Cfr. fojas 400 a 401, Tomo A.
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Soghanalian o Zarkis Sorghan Norian, Garril Soghanalian, Tomás Medina
Caracas, Alex Víctor Torres Seminario, Gregorio Quino Chávez, Liliana
Villarreal Landeo, Alfredo Landeo Bastidas, Marisol Cabrejos Torres, José
Alejandro Delmar Colina, Arnulfo Alvarado Cabrera, Juan Humberto Remigio
Guillén, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyep,
Vyacheslav Zagurdayev, Yavgen Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha,
Mykhaylo Morozov, Anatoly Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny,
Andrly Naydenko y Vladimir Gavrilov, como presuntos autores del delito contra la
Fe Pública – Falsificación de Documentos en General y Uso de Documentos
Falsos – Falsedad General (sic), en agravio del Estado.


En mérito a la segunda Denuncia Ampliatoria, su N° 464 - 2000 [ 4 ], por resolución
de fecha 12 de setiembre del 2000, se amplió la instrucción, contra: José Luis
Aybar Cancho, Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, Carlos
Ramón Reátegui Alencar y Agapito Max Navarro Quispe como presuntos autores
de los delitos: contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que Comprometen
las Relaciones Exteriores del Estado (Violación de Soberanía Extranjera,
Conspiración contra Estado Extranjero, Actos Hostiles contra Estado
Extranjero) -; contra la Seguridad Pública – Delito de Peligro Común (Suministro
de Armas)-; y, contra la Tranquilidad Pública; contra           la Fe Pública –
Falsificación de Documentos en General y Falsedad Material - todos en agravio
del Estado Peruano; contra José Luis Aybar Cancho, Santos Cenepo Shapiama y
Luis Alberto Meza Rodríguez, como presuntos autores del delito contra la
Administración Pública – Delito cometido por Particulares (Usurpación de
Autoridad, Títulos y Honores- Usurpación de Funciones)-; en agravio del Estado
Peruano[5 ].


 Mediante resolución de fecha 13 de octubre del 2000[ 6 ], se aclaró el auto de
apertura de instrucción de fecha 12 de setiembre del 2000 para tenerse: al
procesado Agapito Max Navarro Quispe por sus nombres correctos, esto es,


[4 ] Cfr. fojas 421 a 425, Tomo A.

[5 ] Cfr. fojas 426 a 430, Tomo A.
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Agapito Máximo Navarro Quispe; asimismo, el auto de fecha cinco de setiembre
del dos mil para tenerse el nomen iuris de los delitos materia de investigación
judicial como sigue: Delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado (Violación de Soberanía del
Estado Extranjero, Conspiración contra Estado Extranjero, Actos Hostiles contra
Estado Extranjeros)-; Delitos contra la Seguridad Pública – Delitos de Peligro
Común (Suministro de Armas)-; Delitos contra la Tranquilidad Pública -
(Asociación Delictiva)-; Delitos contra la Fe Pública – Falsificación del
Documentos en General-; Delito contra la Administración de Justicia – Delito
contra la Función Jurisdiccional (Encubrimiento Personal y Encubrimiento Real
en grado de Tentativa)-; y la resolución de fecha 12 de setiembre del 2000, para
tenerse como nombre jurídico completo el titulo de imputación delito previsto en el
artículo trescientos diecisiete del Código Penal el siguiente: Delitos contra la
Tranquilidad Pública – Delitos contra la Paz Pública (Asociación Delictiva)[7 ].


Por resolución de fecha 23 de noviembre del 2000[ 8 ], se comprendió como parte
agraviada a la República de Colombia, por los delitos contra el Estado y la
Defensa Nacional – Violación de Seguridad Extranjera, Conspiración contra
Estado Extranjero, Actos Hostiles contra Estado Extranjero-; por el delito contra
la Seguridad Pública – Delito de Peligro Común (Suministro de Armas de Fuego)-;
Delito contra la Tranquilidad Pública – Contra la Paz Pública (Agrupación
Ilícita).


Formulada la tercera Denuncia Ampliatoria de fojas 9,106 a 9,113, del Tomo LL,
aclarada a fojas 9,622 y siguiente, del Tomo M por resolución de fecha 17 de
diciembre del 2001[ 9 ], se amplió la instrucción contra Jorge García Tamariz,
como presunto autor de los delitos de Suministro Ilegal de Armas de Guerra a
Grupo Subversivo Extranjero o Tráfico Ilegal de Armas de Guerra, Violación de
la Soberanía de un Estado Extranjero, Conspiración contra la Organización


[6 ] Ver fojas 2877, Tomo E.

[7 ] Ver Tomo “A” fojas 426 a 430 y Tomo “E” fojas 2,877.

[8 ] Ver fojas 4,394 y siguiente, Tomo G.

[9 ] Cfr. fojas 10,043 y siguientes. Tomo M.
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Política de un Estado Extranjero, Actos Hostiles contra un Estado Extranjero,
Asociación Ilícita para Delinquir, Falsificación de Documentos y Encubrimiento
Real, en agravio del Estado Peruano y Colombiano.


Mediante auto de fecha 12 de diciembre del 2001, que corre de fojas 10,040 a
10,042, se procedió a la acumulación del Expediente N° 002 – 2001 con el
Expediente N° 63 – 2001 (ambas numeraciones del Juzgado).


Presentada la Denuncia Fiscal que corre de fojas 17,828 a 17,850 del Tomo B-1,
por auto de fecha 06 de febrero del 2001[ 10 ], el Juzgado Penal abrió instrucción
contra Vladimiro Montesinos Torres como autor de los delitos contra la Seguridad
Pública – Suministro Ilegal de Armas de Guerra a Movimiento Subversivo
Extranjero o Tráfico Ilegal de Armas de Guerra-; en agravio del Estado Peruano;
contra el Estado y la Defensa Nacional – Violación de la Soberanía de un Estado
Extranjero y Conspiración contra la Organización Política de un Estado
Extranjero con Fines de Lucro-, en agravio del Estado Peruano y el Estado
Colombiano; contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita para Delinquir -,
y contra la Fe Pública – Falsedad Genérica-, en agravio del Estado Peruano
[Proceso identificado con el N° 002-2001].


Agotada la etapa de la instrucción, con los dictámenes del señor Fiscal Provincial
de fojas 13,723 a 13,789 del Tomo S, de fojas 23,321 a 23,387 del Tomo J-1, y de
fojas 26,243 a 26,249 del Tomo N-1, con los Informes Finales emitidos por la
señora Jueza que corre de fojas 4,025 a 4,097 del Tomo G, de fojas 7,378 a 7,403
del Tomo K y de fojas 26,591 a 26,639 del Tomo N-1, se elevaron los autos a esta
Sala Superior. Remitidos para su vista, el señor Fiscal Superior emitió dictamen
acusatorio obrante de fojas 26,960 a 27,043, integrado por el de fojas 27,192 y
siguientes, dictándose el Auto de Enjuiciamiento de fecha 18 de diciembre del
2003, que corre de fojas 27,400 y siguientes, mediante el cual esta Superior Sala,
declaró: HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL, contra: Luis Frank
Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith
Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan



[10 ] Cfr. fojas 17,853 a 17,859. Tomo B-1
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Manuel López Rodríguez, Víctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles
Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damian
Acelor Cokeran, Sarkis Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Alex Víctor Torres
Seminario, Gregorio Quino Chávez, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos
Torres, José Alejandro Delmar Colina, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri
Kalian, Borys Tymofeyev, Vyacheslav Zagurdayev, Yevgen Nepochatov o Yavgen
Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha, Mykhaylo Morozov, Anatoly
Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny, Andriy        Naydenko o Andrly
Naydenko,    Vladimir Gavrilov, José Luis Aybar Cancho, Santos Cenepo
Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, Carlos Ramón Reátegui Alencar,
Agapito Máximo Navarro Quispe, Luis Jorge García Tamariz y Vladimiro
Montesinos Torres; por la presunta comisión del delito contra el Estado y la
Defensa Nacional – Delitos que comprometen las Relaciones Exteriores del Estado
– Violación de Soberanía de Estado Extranjero, en agravio de los Estados
Peruano y Colombiano; contra: Luis Frank Aybar Cancho, Ana Doris Aybar
Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Brichani Aybar
Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan Manuel López Rodríguez,
Víctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles
Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damián Acelor Cokeran, Sarkis
Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Alex Víctor Torres Seminario, Gregorio
Quino Chávez, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres, José
Alejandro Delmar Colina, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian,
Borys Tymofeyev, Vyacheslav Zagurdayev, Yevgen Nepochatov o Yavgen
Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha, Mykhaylo Morozov, Anatoly
Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny, Andriy        Naydenko o Andrly
Naydenko,    Vladimir Gavrilov, José Luis Aybar Cancho, Santos Cenepo
Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, Carlos Ramón Reátegui Alencar,
Agapito Máximo Navarro Quispe y Luis Jorge García Tamariz; por la presunta
comisión del delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
comprometen las Relaciones Exteriores del Estado – Actos Hostiles contra Estado
Extranjero, en agravio de los Estados Peruano y Colombiano; contra: Luis Frank
Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith
Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan
Manuel López Rodríguez, Víctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles
                                                                               7


Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damián
Acelor Cokeran, Sarkis Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Alex Víctor Torres
Seminario, Gregorio Quino Chávez, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos
Torres, José Alejandro Delmar Colina, José Luis Aybar Cancho, Santos Cenepo
Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, Carlos Ramón Reátegui Alencar,
Agapito Máximo Navarro Quispe, Luis Jorge García Tamariz y Vladimiro
Montesinos Torres; por la presunta comisión del delito contra el Estado y la
Defensa Nacional – Delitos que comprometen las Relaciones Exteriores del Estado
– Conspiración contra Estado Extranjero, en agravio de los Estados Peruano y
Colombiano; contra: Luis Frank Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho,
Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o
Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Víctor
Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max
Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damián Acelor Cokeran, Sarkis
Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Tomás Medina Caracas o Tomás Molina
Caracas, Alex Víctor Torres Seminario, Gregorio Quino Chávez, Liliana
Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres, José Alejandro Delmar Colina,
Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyev, Vyacheslav
Zagurdayev, Yevgen Nepochatov o Yavgen Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy
Bilibukha, Mykhaylo Morozov, Anatoly Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro
Chorny, Andriy Naydenko o Andrly Naydenko, Vladimir Gavrilov, José Luis
Aybar Cancho, Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, Carlos
Ramón Reátegui Alencar, Agapito Máximo Navarro Quispe y Luis Jorge García
Tamariz; por la presunta comisión del delito contra la Seguridad Pública – Delito
de Peligro Común – Suministro de Armas, en agravio de los Estados Peruano y
Colombiano; contra: Luis Frank Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho,
Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o
Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Víctor
Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max
Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damián Acelor Cokeran, Sarkis
Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Alex Víctor Torres Seminario, Gregorio
Quino Chávez, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres, José
Alejandro Delmar Colina, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian,
Borys Tymofeyev, Vyacheslav Zagurdayev, Yevgen Nepochatov o Yavgen
                                                                                  8


Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha, Mykhaylo Morozov, Anatoly
Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny, Andriy            Naydenko o Andrly
Naydenko,     Vladimir Gavrilov, José Luis Aybar Cancho, Santos Cenepo
Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, Carlos Ramón Reátegui Alencar,
Agapito Máximo Navarro Quispe y Luis Jorge García Tamariz, por la presunta
comisión del delito contra la Tranquilidad Publica - contra la Paz Pública -
Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio del Estado Peruano y Colombiano;
contra: Vladimiro Montesinos Torres, por la presunta comisión de los delitos
contra la Seguridad Pública – Delito de Peligro Común – Suministro de Armas,
en agravio del Estado Peruano; contra la Tranquilidad Publica - contra la Paz
Pública - Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio del Estado Peruano; y,
contra la Fe Pública – Falsedad Genérica, en agravio del Estado Peruano; contra:
Luis Frank Aybar Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Víctor Ivachine,
Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor
Cokeran o Charles Max Damián Acelor Cokeran, Sarkis Soghanalian o Zarkis
Sorgan Norian, José Luis Aybar Cancho, Santos Cenepo Shapiama y Luis
Alberto Meza Rodríguez, por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública
– Falsificación de Documentos en General - Falsedad Material, en agravio del
Estado Peruano; contra: José Alejandro Delmar Colina, por la presunta comisión,
en grado de tentativa, del delito contra la Administración Pública – contra la
Administración de Justicia - Encubrimiento Personal, en agravio del Estado
Peruano;    contra: Alfredo Landeo Bastidas, por la presunta comisión, en grado
de tentativa, del delito contra la Administración Pública – contra la Administración
de Justicia - Encubrimiento Real, en agravio del Estado Peruano; contra: José
Luis Aybar Cancho y Santos Cenepo Shapiama, por la presunta comisión, del
delito contra la Administración Pública – Usurpación de Autoridad, Títulos y
Honores – Usurpación de Funciones, en agravio del Estado Peruano; fijándose
fecha para el inicio del juicio oral, que se llevó a cabo en audiencia única con
sesiones continuadas, en la forma y modo como aparecen de las actas debidamente
aprobadas; habiéndose desacumulado la imputación atribuida contra el procesado
Anatoly Galushko en la Sesión N° 132, su fecha 25 de abril del 2006 corriente de
fojas 56,035 a 56,039, del Tomo B-3 [originando la formación del expediente
signado con el N° 26 – 2006]; por último resolución expedida en la Sesión N° 111
de fecha 24 de noviembre del 2005, que corre a fojas 51,346 del Tomo U-2, la Sala
                                                                                    9


Declaró extinguida por muerte la acción penal del procesado Víctor Ivachine,
disponiendo el archivo definitivo de todo lo actuado respecto del antes nombrado;
oída la acusación oral del señor Fiscal Superior, el alegato de la parte civil y de la
defensa de los procesados, cuyas conclusiones corren en pliego aparte; planteadas,
discutidas, votadas y aprobadas las cuestiones de hecho, ha llegado el estadio
procesal de expedir sentencia:


                         II.     CONSIDERANDO:

1. De los autores del delito:


      A) Procesados Presentes:


       1.     VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, titular del Documento
               Nacional de Identidad número cero nueve veintinueve sesenta y uno
               veintiuno, con grado de instrucción superior;


       2.     LUIS FRANK AYBAR CANCHO, titular del Documento Nacional
               de Identidad número cero siete setenta y dos sesenta y uno cero seis,
               con grado de instrucción superior;


       3.     JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO, titular del Documento Nacional de
               Identidad número cero siete cincuenta sesenta y nueve cincuenta y
               nueve- F (fojas cuarenta y siete mil setecientos veintisiete vuelta);
               con grado de instrucción superior;


       4.     SANTOS CENEPO SHAPIAMA , titular del Documento Nacional
               de Identidad número cuarenta y dos sesenta y siete setenta y cinco–B
               (fojas cuarenta y siete mil setecientos veintiuno vuelta); con grado
               de instrucción: secundaria completa;


       5.     LUIS ALBERTO MEZA RODRÍGUEZ, titular del Documento
               Nacional de Identidad número cuarenta cincuenta y cinco noventa y
                                                                          10


      tres cuarenta y cuatro-K (fojas cuarenta y siete mil setecientos
      catorce vuelta); con grado de instrucción: secundaria completa;


6.    JUAN MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, ciudadano español
      identificado con Carné de Extranjería número diez cuarenta y nueve
      treinta y uno (fojas veintiocho mil cuatrocientos diez); con grado
      instrucción superior;


7.    CHARLE       ACELOR       COKERAN        o    CHARLES       ACELOR
      COKERAN o CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN o
      CHARLES MAX DAMIAN ACELOR COKERAN, ciudadano
      francés, identificado con el Pasaporte número cero uno cero cero
      catorce cero uno, - cero cero AE setenta y tres cincuenta y cuatro
      cero - (fojas dos mil seiscientos cincuentidós del incidente cero
      treintiocho cero uno - G-1, con grado de instrucción superior;


8.    LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ, identificado con el Documento
      Nacional de Identidad número cero nueve veintinueve sesenta y tres
      cuarenta y ocho–I (fojas cuarenta y siete mil setecientos veintidós
      vuelta); con grado de instrucción superior;


9.    CARLOS RAMÓN REÁTEGUI ALENCAR, identificado con el
      Documento Nacional de Identidad número cero cinco veintiocho
      noventa y nueve noventa y ocho – B (fojas cuarenta y siete mil
      setecientos quince vuelta); con grado de instrucción superior;


10.   AGAPITO MÁXIMO NAVARRO QUISPE, titular del Documento
      Nacional de Identidad número diez veintinueve cuarenta y tres
      setenta y tres- B; (fojas cuarenta y siete mil setecientos diecinueve -
      vuelta) con grado de instrucción superior;


11.   ALEX VÍCTOR TORRES SEMINARIO, titular del Documento de
      Identidad Nacional número veinticinco sesenta y ocho diez
      cincuenta y tres; con grado de instrucción superior;
                                                                           11




12.   LILIANA VILLARREAL LANDEO, identificado con Documento
      Nacional de Identidad número cero nueve noventa y dos ochenta y
      cinco doce; con grado de instrucción superior;


13.   MARISOL CABREJOS TORRES, identificada con Documento
      Nacional de Identidad número diez sesenta y tres setenta y dos
      setenta; con grado de instrucción superior;


14.   JOSÉ ALEJANDRO DELMAR COLINA, identificado con
      Documento Nacional de Identidad número cero siete cincuenta y
      cuatro noventa y dos veintidós; con grado de instrucción superior;


15.   ANA DORIS AYBAR CANCHO, titular del Documento Nacional
      de Identidad número dieciocho dieciocho ochenta setenta-H (fojas
      cuarenta y siete mil setecientos veinticinco vuelta); con grado de
      instrucción superior;


16.   ASTRITH AYBAR CANCHO o CARMEN ASTRIT AYBAR
      CANCHO, identificada con Documento Nacional de Identidad
      número cero nueve noventa y dos ochenta y seis veintisiete – J (fojas
      cuarentisiete mil setecientos veinticuatro vuelta); con grado de
      instrucción superior;


17.   BRICHANI AYBAR CANCHO o BRICHANI WILFORD AYBAR
      CANCHO, identificado con Documento Nacional de Identidad
      número cuarenta noventa y dos cincuenta y siete noventa y seis-H
      (fojas cuarenta y siete mil setecientos veintitrés vuelta); con grado
      de instrucción superior;


18.   ALFREDO LANDEO BASTIDAS, identificado con Documento
      Nacional de Identidad numero diecinueve ochenta y uno treinta
      ochentisiete; con grado de instrucción superior;
                                                                                 12


       B)      Procesados ausentes:


        19.      SARKIS SOGHANALIAN o SARKIS SORGHA NORIAN o
                 ZARKIS          SORGHAN       NORIAN         o    ALESANDRETTE
                 SOGHANALIAN SARKIS, de nacionalidad Libanés, con residencia
                 en los Estados Unidos de Norte América, con pasaporte diez
                 cuarenta y cuatro cinco noventa11 (ver fojas dieciocho mil
                 novecientos ochenta y cuatro Tomo D- 1 yo fojas veintidós mil
                 seiscientos cuarenta y uno del Tomo I-1).


        20.      DMITRI NAFIKOV, de nacionalidad Rusa, con pasaporte número
                 catorce veintidós ocho sesentitrés (ver fojas dos mil trescientos
                 veintisiete del Tomo D).


        21.      ERNEST SEVOSTIANOV, de nacionalidad Rusa, con pasaporte
                 número cincuenta y tres diecisiete dos setenta y uno (ver fojas dos
                 mil trescientos veintiocho del Tomo - D).


        22.      IOURI KALIAN, de nacionalidad Rusa, con pasaporte número
                 cincuenta y tres treinta dos cincuenta y dos (ver fojas dos mil
                 trescientos treintiuno del Tomo - D).


        23.      BORYS TYMOFEYEV, de nacionalidad Ucraniana, con pasaporte
                 número AH- treinta y cinco setenta veintinueve (ver fojas dos mil
                 trescientos treinticinco del Tomo - D).


        24.      VYACHESLAV ZAGURDAYEV, de nacionalidad Ucraniana con
                 pasaporte número AE – cuarenticinco cuarenta y ocho cero cuatro
                 (ver fojas dos mil trescientos treinta y ocho del Tomo - D).


        25.      YEVGEN NEPOCHATOV o YAVGEN NEPOCHATOV, de
                 nacionalidad Ucraniana con pasaporte AE – cuarenta y tres


[11 ] Ver fojas 50 649 Del tomo T-2
                                                                          13


      dieciocho cincuentisiete (ver fojas dos mil trescientos treinta del
      Tomo - D).


26.   VALERI IGNATIEV, de nacionalidad Rusa, con pasaporte número
      sesenta y cinco cuarenta y cinco ocho veinticinco (ver fojas dos mil
      trescientos treinta y dos del Tomo - D).


27.   SERGIY BILIBUKHA, de nacionalidad Ucraniana, con pasaporte
      AE – veintisiete veintinueve sesenta y cinco (ver fojas dos mil
      trescientos treinta y tres del Tomo- D).


28.   MYKHAYLO MOROZOV, de nacionalidad Ucraniana, con
      pasaporte número AC – veintiuno treinta y tres cero uno (ver fojas
      dos mil trescientos veintinueve del Tomo - D).


29.   ANATOLIY       KAPELIST,       de   nacionalidad    Ucraniana,     con
      pasaporte número AH – treinta y cinco sesenta y nueve ochentiuno
      (ver fojas dos mil trescientos treinta y nueve del Tomo - D).


30.   DMYTRO CHORNY, de nacionalidad Ucraniana, con pasaporte
      número AE – veintisiete trece veintitrés (ver fojas dos mil trescientos
      cuarenta Tomo D).


31.   ANDRIY NAYDENKO o ANDRLY NAYDENKO; de nacionalidad
      Ucraniana con pasaporte número AE – veintiocho sesenta y cuatro
      setenta y siete (ver fojas dos mil trescientos treinta y cuatro Tomo
      D).


32.   VLADIMIR GAVRILOV, de nacionalidad Rusa, con pasaporte
      número treintinueve trece cinco cuarenta nueve (ver fojas treinta y
      seis mil noventinueve del Tomo Y - 1).


33.   TOMAS MEDINA CARACAS o TOMAS MOLINA CARACAS, No
      obran generales de ley.
                                                                                   14


         34.      GREGORIO QUINO CHÁVEZ, identificado con Documento
                  Nacional de Identidad número cero seis vientisiete noventisiete
                  treintisiete; de instrucción técnica completa.


2. De las Cuestiones procesales:

A) Incidentes promovidos en la etapa de la                         instrucción cuya
      resolución fueron diferidos a la estación de la sentencia:


         A.1      Tacha contra testigos:


35.      La defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres: Con fecha diez de
         diciembre de dos mil dos, formuló tacha contra el testigo José Gonzáles
         Loayza, bajo el argumento de que este testigo carece de imparcialidad, es
         inidóneo, no es pertinente y con interés “directo en los efectos que
         produzcan sus declaraciones en el presente proceso”. No es idóneo, porque
         ha aceptado ser integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de
         Colombia (FARC), lo que le resta capacidad moral. Tiene interés directo,
         porque él mismo ha señalado que de integrante de las FARC ha pasado a
         tener la condición de testigo protegido por la DEA, “y para ello tiene que
         continuar proporcionando toda clase de información sea cierta o falsa que
         le permita lograr de manera definitiva la protección de las autoridades
         norteamericanas”. No es imparcial porque ha vertido afirmaciones falsas e
         inexistentes contra su patrocinado [12 ].


36.      La defensa de los procesados José Luis, Luis Frank, Ana Doris, Astrid y
         Brichani Aybar Cancho, con fecha 23 de mayo del 2002, planteó tacha
         contra el testigo Robinsón Rivadeneyra Reátegui, argumentando: Que no es
         cierto que este testigo viajó de manera directa y oficial a Jordania a fin de
         obtener información relacionada con el desvío de armas a las Fuerzas
         Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Que dicho viaje y la



[12 ] Cfr. fojas 194 y ss. del Cuaderno respectivo.
                                                                                    15


         información que obtuvo, “lo hizo de motu propio y de manera no oficial
         […], por la función fiscalizadora que tienen los congresistas”; que “si bien
         es cierto [el testigo] podría haber suministrado datos útiles a la
         investigación, lo cierto […] es que, por un lado, no se trató de una
         diligencia oficial […] [y] por otro lado, los supuestos Oficiales [con
         quienes se entrevistó] el testigo, aparecen en fotos tomadas por el asesor
         del Congresista, tapándose el rostro y […] son quienes les muestra
         ‘supuestamente los documentos originales’ [de los contratos de adquisición
         de armas], siendo cotejados de manera rápida”; que la declaración del
         citado testigo “carece de valor probatorio por la irregularidad de la
         información recabada”[ 13 ].


37.      El Ministerio Público absolviendo el traslado de las cuestiones probatorias
         formuladas, manifestó: En lo relativo a la planteada por la abogada
         defensora del procesado Montesinos Torres: Que la idoneidad del testigo
         Gonzáles Loayza no queda afectada por el hecho de haber sido integrante
         de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por el contrario su
         cercanía a la problemática lo sitúa en un lugar privilegiado para
         testimoniar; que el interés directo que el testigo tendría en el resultado del
         proceso, es una mera afirmación subjetiva; además este no es agraviado,
         por ende no puede tener interés en el resultado del proceso; y, en cuanto a
         la tacha formulada por los procesados Aybar Cancho, dijo: Que el hecho de
         que el testigo Robinsón Rivadeneyra haya realizado viaje a Jordania de
         manera no oficial y recabado la información, no afecta su idoneidad;
         acotando en ambos casos, que según nuestro ordenamiento procesal penal
         los testigos pueden ser pasibles de tacha por motivos de incapacidad o
         imparcialidad, situaciones que en los supuestos materia de examen no está
         probado, solicitando se declare infundada la cuestión probatoria que se
         formula[14 ].




[13 ] Cfr. fojas 453 a 454, del Cuaderno respectivo.
[14 ] Ver fojas 222 a 225 y 459 a 461, de los Cuadernos respectivos).
                                                                                            16


38.      Habiéndose diferido la resolución a la estación de la sentencia, conforme se
         advierte de fojas 231 y de fojas 467, de los incidentes respectivos, este
         Tribunal emite pronunciamiento:


         a)       Atendiendo: A que el cuestionamiento está dirigido contra testigos,
                  la Sala considera que resulta necesario precisar qué se entiende por
                  testigo y tacha de testigo. El Jurista Gómez Colomer, dice: Que
                  “Testigo es un tercero, es decir, una persona ajena al proceso, que
                  aporta al mismo, declarando sobre ello, unos hechos que ha
                  presenciado (visto u oído), o que le han contado”[ 15 ].


         b)       La regla general es que podrán ser testigos todas las personas, salvo
                  que se encuentren en alguna de las circunstancias que la ley
                  establece; y al ser el testigo una persona física que va a declarar
                  sobre un hecho que conoce, es lógico que se le exija cierta
                  capacidad.


         c)       “Si las causas de inidoneidad [o incapacidad] excluyen a una
                  persona de declarar como testigo y de hacerlo en todos los procesos,
                  las tachas se refieren a la imparcialidad y, por tanto, atienden a un
                  proceso determinado, no excluyendo a una persona de declarar
                  como testigo, sino evidenciando un hecho o circunstancias que la
                  hace sospechosa de parcialidad, por lo que su concurrencia deberá
                  ser tenida en cuenta por el Juez en el momento de la valoración de
                  la prueba”[ 16 ] [17 ]. O como dice Guillermo Cabanellas: La tacha es
                  un “motivo legal para rechazar la declaración de un testigo, por la
                  presunta parcialidad, favorable u hostil, que originan las relaciones
                  o circunstancias entre el declarante y una de las partes[ 18 ].



[15 ] Gómez Colomer, Juan-Luís y AAVV; En: La Prueba; Consejo General del Poder Judicial,
Madrid 2000; p.249.

[16 ] Gómez Colomer, Juan-Luís; Ob. Cit., p.256.

[17 ] El subrayado es de la Sala.

[18 ] Guillermo Cabanellas; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII; Buenos Aires
                                                                                 17




39.     En ese orden de ideas, analizando los argumentos en que se fundamenta la
        cuestión probatoria planteada por la abogada del procesado Montesinos
        Torres, debe concluirse, como lo hace el representante del Ministerio
        Público, que la incapacidad del testigo Gonzáles Loayza no se halla
        probada, y el hecho de que haya pertenecido al grupo guerrillero citado y
        tenga interés en ser protegido por la DEA, no descalifica su imparcialidad.
        En cuanto al alegato de la impertinencia e inidoneidad del testigo, debe
        recordarse que la pertinencia de una prueba, exige que el medio probatorio
        tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de
        proceso. El legislador puede establecer la necesidad de que los hechos
        deban ser probados a través de determinados medios probatorios, así será
        inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre
        prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un
        determinado hecho; por lo que debe rechazarse la tacha interpuesta, por
        cuanto la testimonial cuestionada guarda relación con los hechos materia
        de juzgamiento y no está prohibida en el proceso penal.


40.     En el segundo caso, se tiene que la argumentación está dirigida a denunciar
        que el testimonio prestado por el ciudadano Robinsón Rivadeneyra no tiene
        valor probatorio, dada la calidad funcional con que viajó a Jordania, y
        bajo la cual se presentó y se entrevistó con las autoridades de este país,
        para tomar conocimiento de los hechos materia de investigación. Al
        respecto debe puntualizarse que corresponde al Tribunal decisor otorgar la
        significación probatoria a las actuaciones judiciales, en este caso a la
        declaración de un testigo referencial, cuya imparcialidad no la afecta el
        hecho de no viajar integrando una delegación oficial, dado que su calidad
        de congresista lo acompaña en cualquier acto de fiscalización que efectúa.


41.     Razones por las que, de conformidad con el artículo doscientos ochenta y
        tres del Código de Procedimientos Penales, debe desestimarse las
        cuestiones probatorias formuladas por la defensa de los procesados



– 1981; p.5.
                                                                                    18


         Vladimiro Montesinos Torres, José Luis, Luis Frank , Ana Doris, Astrid y
         Brichani Aybar Cancho.


         A.2. Tacha contra documentos:


42.      La defensa de la procesada Marisol Cabrejos Torres, mediante escrito de
         fecha 06 de febrero 2001, dedujo tacha contra los contratos de adquisición
         de armas: PD3/132/98/16 de fecha 23 de diciembre de 1998, PD3/1/B/99,
         de abril de mil novecientos noventa y nueve, PD3/11/B/99/7/A/9, del 18 de
         julio del 1999; así como contra el Certificado de Uso Final, obrantes a
         fojas 660, 661 y siguiente, 663 y siguiente, 656 respectivamente, del Tomo
         B; bajo el argumento de: que “son falsos y por tanto inexistentes en el
         presente proceso dado que [...] existe jurisprudencia reiterada por la cual
         las copias fotostáticas [...] no tiene[n] mérito probatorio [...] si es que lo
         mismos no pueden ser contrastadas con [sus originales]”; y en su escrito de
         absolución de conocimiento del dictamen fiscal dice: “la tacha se basa en
         dos supuestos por un lado la falsedad de la documentación […] y, por otro
         lado, que dichos documentos no deben ser admitidos como medios
         probatorios de la supuesta compraventa de armas”[ 19 ].


43.      La defensa del acusado Juan Manuel López Rodríguez, con fecha
         diecisiete de noviembre de dos mil, planteó “tacha de nulidad y falsedad e
         insubsistencia”(sic) contra dichos contratos; y “tacha de nulidad y
         falsedad” contra la Certificación de Uso Final; argumentándolas en que
         son simples fotocopias, y no existe documentación que corrobore en forma
         fehaciente la procedencia regular y formal de los mismos, y agrega que no
         deben ser admitidos en el proceso, ni practicarse pericia grafotécnica,
         como lo dispone la Circular Suprema N° 10 – A del 11 de agosto de 1970
         [20 ].




19
[ ] Ver fojas 18 a 20 y 40 del Incidente correspondiente.

[20 ] Cfr. fojas 1 a 3 del Cuaderno respectivo.
                                                                                19


44.   La defensa del acusado José Luis Aybar Cancho, con fecha 13 de octubre
      del 2000l, formuló tacha:


      a)     Contra todo lo actuado en el fuero castrense, en razón –dice- a que
             la Justicia Militar se inhibió del conocimiento de la causa y además
             era incompetente para tramitar el caso, dado que los oficiales
             retirados no ejercen función y por consiguiente no pueden ser
             sometidos a los tribunales militares;


      b)     Contra la fotocopia del carné de identidad de José Luis Aybar
             Cancho, con el grado de Capitán EP, por cuanto no se puede
             someter a peritaje;


      c)     Contra la fotocopia del contrato número PD3/132/98/16, fechado el
             23 de diciembre de 1998, “suscrito” por José Luis Aybar Cancho,
             por cuanto como tal carece de eficacia legal, pues no se puede
             realizar peritaje para demostrar su autenticidad o falsedad;


      d)     Contra el Atestado Policial número ciento cuarenta y uno – dos mil
             – DINSE – DIDSE, de fecha 03 de setiembre del 2000,
             “especialmente los puntos “C”, “E” y “G” de las conclusiones”,
             dado que radica en el Plan de Inteligencia “Siberia”, que “no
             figura” en el expediente;


      e)     Contra el dictamen fiscal de fecha nueve de octubre del dos mil, en
             sus puntos: cuatro, porque está relacionado a una declaración en el
             fuero militar en presencia del fiscal castrense; diecinueve, porque se
             hace referencia al contrato en fotocopia que habría sido firmado por
             José Luis Aybar Cancho; veinte, el que hace referencia a la Pericia
             grafotécnica número veintidós setentitrés / cero cero, de fecha once
             de setiembre del dos mil, efectuada sin los requisitos legales;
             veinticinco, porque se refiere a la copia del supuesto Carné de
             Identidad número once treintitrés veintiuno setecientos, utilizado por
             su patrocinado; veintiséis y veintisiete, porque se vincula con los
                                                                                           20


                  exámenes médicos realizados sin la especialización y detenimiento
                  requeridos; y la conclusión del citado dictamen, referente a la
                  responsabilidad penal de su patrocinado, ya que no se funda en
                  medios       probatorios         mínimos       ni   en   una   investigación
                  transparente[21 ].


45.      Corrido traslado al Ministerio Público, en el caso de las dos primeras,
         signados en los acápites cuarenta y dos y cuarenta y tres opinó que deben
         declararse infundadas, puesto que se cuestiona el contenido de dichos
         documentos; y, según los Artículos 242° y 243° del Código Procesal Civil,
         para declarar ineficaz un documento por falso o nulo, dicha falsedad o
         nulidad debe estar probada, lo que no ha ocurrido en autos [22 ]: Cabe
         indicar que la Procuraduría Pública, dentro de la tacha planteada por el
         procesado Juan Manuel López Rodríguez, señaló que la existencia de
         copias simples no genera problemas de validez, nulidad o calidad, sino
         problemas de suficiencia y de desarrollo de la investigación, que deberán
         ser valorados al momento de la sentencia[ 23 ]. En el tercer caso, signado
         con el acápite cuarenticuatro, el representante del Ministerio Público,
         respecto de la tacha contra copia simple o fotocopia de los documentos
                                        n
         indica que lo que se cuestiona e el fondo es el contenido de dichos
         documentos, repitiendo su posición expresada en el acápite cuarenticinco; y
         en cuanto al cuestionamiento contra “todo lo actuado en el Fuero Militar”,
         señala: que con esta expresión se cuestiona autos, decretos, notificaciones,
         declaraciones, medios probatorios, etc., lo que no corresponde a la
         naturaleza de una tacha; y, en lo atinente a la tacha contra el dictamen
         fiscal, dice: que siendo éste un documento público, emitido por un
         funcionario en ejercicio de sus funciones, tiene toda su eficacia y valor
         probatorio [ 24 ]. En tanto que para la Procuraduría Pública, el
         cuestionamiento referido a todo lo actuado en el Fuero Militar, resultaría


[21 ] Cfr. fojas 1 a 3 del Cuaderno respectivo.

[22 ]Cfr. fojas 35 a 36; 40 a 41 de los Cuadernos respectivos.

[23 ] Cfr. fojas 5 a 7, del Cuaderno respectivo.
                                                                                 21


         inadmisible, pues, si bien el Fuero Militar se inhibió de conocer y remitió
         los actuados al fuero común, “la eficacia de los medios probatorios” se
         mantuvo, conforme lo establece el artículo 24° del Código de
         Procedimientos Penales, y teniendo en cuenta que las tachas son objeciones
         a una fuente probatoria, por tanto proceden cuando se cuestiona la
         competencia o idoneidad de peritos, testigos y documentos, en el caso, no
         siendo fuente de prueba las actuaciones judiciales, estas no pueden ser
         objeto de tacha; y en cuanto a la objeción dirigida contra los documentos
         en copia o fotocopia, señala que dichas copias sirven como principio de
         prueba que justifican una investigación, las mismas que no pueden ser
         separadas del proceso, en la medida que aún no se ha hallado ni
         confirmado su procedencia; considera además que copias simples de
         originales no genera problemas de validez, nulidad o calidad, sino,
         problemas de suficiencia y desarrollo de la investigación que deben ser
         valoradas en el momento de la sentencia; y respecto de la tacha contra el
         Atestado Policial, expresa: que los Atestados policiales son los recaudos o
         actas de las diligencias actuadas por la autoridad policial, los que pueden
         tener relevancia probatoria, que deberán ser apreciadas durante el
         proceso; y, finalmente, en lo referente a la objeción planteada contra el
         Dictamen Fiscal, indica: que no siendo éste medio probatorio, no puede ser
         objetada por una cuestión probatoria[25 ].


46.      Que habiendo diferido la A-quo la resolución en cada caso, a la estación de
         la sentencia, conforme es de verse de fojas 45, 49 y 1,337, de las
         Incidencias correspondientes, se emite el siguiente pronunciamiento:


         a) Del examen de la cuestión probatoria planteada por cada uno de los
             recurrentes, se advierte que objetan: las copias o fotocopias de los
             contratos de compraventa de armas (materia del presente proceso); el
             certificado de uso final; la fotocopia del carné de identidad del
             procesado José Luis Aybar Cancho; así como, el Atestado Policial y


[24 ] Cfr. fojas 1324 a 1326 del Incidente respectivo.

[25 ] Cfr. fojas 5 a 7 del Cuaderno correspondiente.
                                                                                             22


             Dictamen Fiscal. Se sustenta las que se proponen contra los primeros,
             en: su nulidad y falsedad, dado que siendo meras copias o fotocopias
             simples, no tienen mérito probatorio; pretendiéndose que los mismos
             sean expulsados del proceso y que, en todo caso, no sean valorados; y,
             en lo que concierne en el caso de los dos últimos, se tacha porque se
             hallan asentados en documentos inexistentes y en elementos probatorios
             inidóneos, producto de una investigación carente de transparencia,
             respectivamente.


         b) De acuerdo a lo previsto en el artículo 192° del Código Procesal Civil,
             de aplicación supletoria conforme a su Primera                       Disposición
             Complementaria y Final, son medios probatorios los documentos, y
             conforme al artículo 234° del mismo Código adjetivo, las fotocopias
             tienen esta calidad y si bien los recurrentes pretenden que dichos
             documentos en copia simple no sean valorados y persiguen su
             inadmisión, las objeciones planteadas deben analizarse dentro del
             proceso penal, en tanto que en él existen principios y preceptos propios
             que informan y regulan la obtención, proposición, admisión y
             valoración de las pruebas, los que deben tratarse en cada caso
             concreto. En tal sentido, este Colegiado, a efecto de pronunciarse sobre
             las tachas reseñadas, considera necesario recordar la dogmática
             procesal acerca de fuentes y medios de prueba.


         c) Así, Sentis Melendo, dice: “la fuente de prueba es el hecho del cual se
             sirve el juez para deducir la propia verdad; el medio de prueba lo
             constituye la actividad del juez desarrollada en el proceso”[ 26 ], “[l]a
             fuente será anterior al proceso e independiente de él; el medio se
             formará durante el proceso y pertenecerá a él” [27 ]. El mismo jurista
             señala, que “el problema de las fuentes y los medios, en cuanto a su
             incorporación a un proceso, ha de resolverse buscando el medio para



[26 ] Sentis Melendo, Santiago; La Prueba; Ediciones Jurídica Europa-América, Buenos Aires 1979;
p.147.

[27 ] Sentis Melendo, Santiago; Ob. Cit.; p.155, 156.
                                                                                   23


             que cualquier fuente de prueba logre esa incorporación”[ 28 ]. Cabe
             señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el
             Expediente N° 010 – 2002 – AI / TC, realizando la diferenciación entre
             lo que son las fuentes de prueba y los medios de prueba, dijo: “[…]
             mientras que las primeras son realidades extra procesales cuya
             existencia es independiente al proceso, los segundos son actos
             procesales y por ende constituyen una realidad interna al proceso. De
             este modo las fuentes de prueba ingresan al proceso para dar lugar a
             los medios de prueba […] La validez o invalidez de una fuente de
             prueba depende exclusivamente de que su obtención se haya llevado a
             cabo con estricto respeto de los derechos fundamentales” (ver
             Fundamento Jurídico ciento cinco del Rubro Medios Probatorios).


47.      De lo precedentemente expuesto, no existe inconveniente en considerar a
         las copias simples de documentos en general, como fuentes de prueba,
         correspondiendo al juzgador encontrar el medio por el que dicha fuente
         llegue al proceso. Así, en el presente caso, sobre las copias o fotocopias de
         los contratos, del certificado de uso final, así como del carné de identidad,
         se han llevado a cabo múltiples actuaciones judiciales tendentes a verificar
         la procedencia y el contenido de dichos documentos en copia o fotocopia,
         como se explicará en consideraciones posteriores de la presente sentencia.


48.      Respecto al punto a) de la tacha formulada por la defensa del procesado
         José Luis Aybar Cancho, estando a que se cuestiona todo lo actuado en el
         Fuero Militar, debe desestimarse, dado que como lo señalan el
         representante del Ministerio Público y el Procurador Público, no se dirige
         contra una específica fuente de prueba. No obstante, resulta necesario
         reproducir lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia
         citada: “[…] que las pruebas actuadas en los procesos ante la jurisdicción
         militar no resultan viciadas o inutilizables por el hecho que se haya violado
         el derecho al juez competente. En efecto, la eventual lesión de tal derecho


[28 ] Sentis Melendo, Santiago; Ob. Cit.; p.167.

(*) Lo subrayado es de la Sala.
                                                                                                24


        constitucional no afecta de manera automática la validez de los medios de
        prueba que hubiesen sido recopilados o actuados antes de que se declare la
        existencia de ese vicio” (ver Fundamento Jurídico ciento sesenta). En ese
        sentido, la Sala es meticulosa al momento de examinar y valorar las
        pruebas recopiladas que obran en los autos.


49.     Finalmente, en cuanto a los puntos d) y e), de la tacha planteada por el
        procesado Aybar Cancho, se advierte que se objeta la conclusión del
        Atestado policial y Dictamen final del señor Fiscal Provincial. De acuerdo
        a lo establecido en el artículo 59° del Código de Procedimientos Penales, y
        conforme a las funciones que a la Policía Judicial corresponden de
        prevención o de investigación, una vez conclusas, tales diligencias deben
        hacerse constar en un documento denominado Atestado (ver artículo 60°
        del mismo cuerpo de leyes), que contendrá los elementos de prueba y
        efectos que se hubiesen incautado, así como las manifestaciones,
        impresiones y conclusiones obtenidas por la Policía Judicial acerca del
        hecho y de su autor; es decir, “contiene dos tipos de actos: los objetivos o
        diligencias realizadas y los subjetivos o consideraciones de la Policía
        Judicial [...] Ambos elementos […] no deben ser equiparados ya que su
        valor probatorio […] no es equivalente” [29 ]. Y Conforme a lo previsto en
        el artículo 198° del Código de Procedimientos Penales, concluida la
        instrucción, el Fiscal emitirá su dictamen en el que enumerará, entre otras,
        las diligencias solicitadas, las practicadas y las no actuadas. De esto se
        sigue, que la tacha formulada, resulta manifiestamente inadmisible, al estar
        dirigida contra actos realizados por funcionarios públicos en cumplimiento
        de sus funciones constitucional y legalmente establecidas y no contra
        fuentes de prueba, como también lo indican el representante del Ministerio
        Público y la defensa del Estado.




[29 ] Asencio Mellado, José María; Derecho Procesal Penal; 2ª Edición; Tirant lo Blanch, Valencia -
2003; p.93.
                                                                                     25


50.      Razones por las que debe desestimarse las cuestiones probatorias
         formuladas por la defensa de los procesados Marisol Cabrejos Torres,
         Juan Manuel López Rodríguez y José Luis Aybar Cancho.




         A.3      Tacha contra peritos:


51.      La defensa del acusado Luis Frank Aybar Cancho con fecha 20 de mayo
         del 2002, dedujo tacha contra los peritos aeronáuticos don César
         Alejandro Martín Enrico Santana y don Ricardo Rafael Pazos Raygada,
         nombrados por el Juzgado de Instrucción por resolución de fecha 16 de
         abril del 2002 (fojas 407 a fojas 410 del incidente pertinente)
         residenciándola en los siguientes argumentos:


         a)       Que los más altos funcionarios de la Dirección General de
                  Aeronáutica Civil han sido denunciados como presuntos cómplices
                  del tráfico de armas, dentro de la cual se encuentran los citados
                  peritos en su calidad de Sub Director de Operaciones e Inspector de
                  Operaciones, respectivamente, denuncia que según la afirmación del
                  propio recurrente ha sido desestimada, encontrándose [se entiende a
                  la fecha de la cuestión probatoria planteada] en la Sala Superior; y,


         b)       Que a ello debe sumarse la investigación que el Congreso de la
                  República viene realizando [también a la fecha del planteamiento de
                  la tacha] contra la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la
                  que se encontrarían involucrados los citados peritos, ofreciendo
                  como prueba, copia de las denuncias presentadas por el Congresista
                  Víctor Edinson Valdez Meléndez, ante la Comisión de Fiscalización
                  y Contraloría, Comisión de Transportes, Comunicación, Vivienda y
                  Construcción, ambas del Congreso de la República[ 30 ].




[30 ] Cfr. folios 407 a 421 del Incidente correspondiente.
                                                                                 26


52.      Absolviendo el traslado el representante del Ministerio Público, opina que
         se declare fundada la tacha, por cuanto de los documentos aportados por el
         recurrente (constituido por la copia de las denuncias formuladas por el
         Congresista Valdez Meléndez), existen indicios razonables para dudar de la
         imparcialidad y capacidad de los peritos tachados[ 31 ].


53.      Habiendo diferido la señora Juez de instrucción la resolución al momento
         de la sentencia, conforme es de verse de fojas 436 del Cuaderno respectivo,
         esta Superior Sala emite pronunciamiento:


           Atendiendo: Primero: Que, en relación a la tacha fornulada contra el
           Perito Ricardo Rafael Pazos Raygada, aparece de los autos principales
           (fojas 11,815 del Tomo “O”) que éste se excusó de actuar como tal,
           argumentando tener vínculo espiritual con el procesado Juan Manuel
           López Rodríguez, por cuya razón se le designó a Carlos Nicanor Bordo
           Calisto como perito aeronáutico, conforme aparece del Acta de Juramento
           de fojas 12,837e del Tomo “Q”; por lo que carece de objeto emitir
           pronunciamiento respecto de la Tacha formulada contra el primero de los
           citados; Segundo: Que, de autos se advierte que el cuestionamiento a la
           imparcialidad del perito Cesar Alejandro Martín Enrico Santana se
           sustenta, por un lado, en la denuncia que formulara el representante del
           Ministerio Público contra éste en su calidad de funcionario de la
           Dirección General de la Aeronáutica Civil; sin embargo, como el propio
           recurrente afirma, dicha acción penal no ha sido acogida por la A quo,
           conforme a la resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil uno,
           la que habiendo sido impugnada fue confirmada por la Sala [ver el
           Incidente N° 38 - 01 - “O”, de fojas 2,796 a fojas 2,798, su fecha 10 de
           setiembre del 2002]. Por otro lado, la tacha también se funda en que la
           Dirección General de Aeronáutica Civil, ha sido objeto de denuncia por el
           Parlamentario Víctor Valdez Meléndez y existe a la fecha de su
           interposición (20 de mayo de 2002) una investigación ante el Congreso de
           la República, en la que se encuentra comprendido el citado perito. Al



[31 ] Cfr. folios 428 a 430 del Incidente correspondiente.
                                                                                 27


       respecto, debe advertirse que de existir dicha investigación como
       consecuencia de la denuncia formulada por el Congresista Valdez
       Meléndez, en autos no obra prueba suficiente referida a la misma, en la
       que se vincule al perito tachado Enrico Santana, más aún si de las copias
       simples anexadas se advierte que la designación de éste y la denuncia
       alegada tienen fechas simultáneas, esto es, el dieciséis de abril del dos mil
       dos (ver fojas 406 y 413) y el informe numero cero cincuentidós – dos mil
       dos – MTC/15.16, es de fecha anterior diez de abril del dos mil dos (ver
       fojas 405 del incidente pertinente); por lo que, lo esgrimido por la parte
       resulta insuficiente para acreditar la incapacidad o dudar de la
       imparcialidad de los peritos objetados. Razonamientos que deben hacerse
       extensivos a la opinión formulada por el representante del Ministerio
       Público.


       Consideraciones por las que la Sala, discrepando del dictamen del señor
       Fiscal Provincial, desestima la tacha planteada por la defensa del
       procesado Luis Frank Aybar Cancho.


B)    Incidencias promovidas durante el Juicio Oral cuyas
      resoluciones fueron diferidas a la estación de la sentencia .


      B.1. Nulidad interpuesta por la defensa del acusado Vladimiro
           Montesinos Torres:


54.   En la Sesión N° 01, se dio cuenta del escrito que corre a fojas 28,058 y
      siguientes, presentado con fecha 19 de enero del 2004 por la defensa del
      acusado Vladimiro Montesinos Torres, mediante el cual dedujo “la
      nulidad e insubsistencia” de: la diligencia de declaración testimonial de
      doña Carmen Guadalupe Delgado Méndez de fecha 28 de octubre del
      2000, obrante a fojas 4,521 del Tomo “G”, bajo los siguientes argumentos:
      a) que la señora Juez de la causa ha omitido preguntar a la testigo si
      profesa o no alguna religión, de darse el primer caso, no le ha exigido el
      juramento de ley, y de ser lo segundo, no le ha exigido la promesa de honor
                                                                                    28


      de decir la verdad; y, b) que la señora Jueza no ha cumplido con formularle
      (a la testigo) las preguntas relativas a sus generales de ley, como son: su
      nacionalidad, edad, religión, su domicilio, conforme lo establece la
      normatividad procesal; que según su criterio, constituyen vicios insalvables
      que acarrean la nulidad de dicho acto procesal, y que en consecuencia
      carece de efecto y valor probatorio (Ver fojas 28,182 a 28,183, Tomo “O”-
      1).


55.   La misma defensora, mediante escrito de fecha del 20 de enero del año
      2004, obrante de fojas 28,065 a fojas 28,071 (dado cuenta en la misma
      sesión), dedujo “la nulidad e insubsistencia” de los siguientes actos
      procesales: La diligencia de reconocimiento del documento, que obra a
      fojas 4,326 del tomo “G”, efectuado por el procesado Santos Cenepo
      Shapiama; y, la diligencia de confrontación entre los procesados José
      Luis Aybar Cancho y Santos Cenepo Shapiama, de fecha 20 de noviembre
      del 2000, que obra       de fojas 4,322 a 4325 del Tomo “G”, bajo los
      siguientes argumentos:


      a)     El día 20 de noviembre del año 2000, en las Instalaciones del Penal
             Miguel Castro Castro, la señora Juez instructora llevó a cabo la
             diligencia de confrontación entre los procesados José Luis Aybar
             Cancho y Santos Cenepo Shapiama, “que se inició a las once y
             cincuenta horas [...], en la cual no consta la hora en que concluyó la
             referida diligencia, empero, en [el] acta impugnada se indica que
             siendo las seis y diez de la tarde se reapertur[ó] [la diligencia]”;


      b)     El acto de reconocimiento citado se inició a las cinco y cuarenta y
             tres de la tarde, concluyendo a las seis y veinte de la tarde; en
             consecuencia –dice- estos actos se han llevado a cabo en forma
             simultánea, lo que es física y jurídicamente imposible, por tanto se
             ha incurrido en vicio insalvable que acarrea su nulidad ipso jure
             (Ver fojas 28,183 a 28,187 del Tomo “O”-1).
                                                                               29


56.   El señor Fiscal Superior, absolviendo el traslado conferido de la nulidad
      deducida contra los actos de investigación citados por la defensa del
      acusado Montesinos Torres, dijo: si la defensa está planteando algunas
      anomalías en algunos actos procesales, y en los cuales ha actuado alguno
      de los acusados aquí presentes, esos mismos actos procesales, teniendo en
      cuenta que si son ciertas las afirmaciones de la defensa son subsanables,
      toda vez que los acusados aquí presentes van a tener que declarar
      nuevamente ante este tribunal, por tanto no se dan los supuestos que
      establece el artículo 292° del Código de Procedimientos Penales para
      declarar nulidad, solicitando se declare improcedente (Ver fojas 28,187 y
      siguiente, Tomo O-1).


57.   Habiendo la Sala reservado su resolución a la etapa de la sentencia, se
      pronuncia:


      a)   Atendiendo: Que respecto de la nulidad planteada contra la
           declaración de la testigo Carmen Guadalupe Delgado Méndez, se debe
           tener en cuenta lo siguiente: Que la A quo, mediante resolución de
           fecha 17 de diciembre del 2001, que corre a fojas 9,781 y siguiente del
           Tomo “M”, declaró que “la testimonial aludida no tiene valor
           probatorio por cuanto carece de la firma de la Secretaria autorizada”,
           por lo que la nulidad deducida contra dicho acto procesal debe
           declararse inadmisible.


      b)   En cuanto a la denuncia de nulidad de la diligencia de reconocimiento
           y confrontación indicados, debemos señalar que la recurrente pretende
           invalidar en la etapa de juicio oral, actos procesales producidos en la
           fase de instrucción ya precluida, por lo que resulta pertinente el
           artículo 172° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria
           conforme a su Primera Disposición Final, que establece que el
           facultado para plantear la nulidad debe formularlo en la primera
           oportunidad que tuviera para hacerlo, sancionándose esa inacción con
           la convalidación tácita del acto procesal; consideraciones por las que
           debe declararse la inadmisibilidad de la nulidad formulada.
                                                                               30




      B.2. Cuestionamiento de documento por el acusado Víctor Ivachine:


58.   En la Sesión N° 28, su fecha 22 de julio del 2004, se dio cuenta del escrito
      obrante de fojas 36,970 y siguiente, presentado por el procesado Víctor
      Ivachine, mediante el cual cuestionó el documento en idioma ruso
      denominado FAX, que corre a folios 948 del Tomo “B” del proceso, cuya
      traducción al idioma español se dio lectura en la Sesión N° 26 de fojas
      36,702 a 36,704 del Tomo A-2 del proceso, alegando:


      a)     Tratándose de un fax, no se evidencia de qué serie telefónica fue
             despachado y cuál fue la serie telefónica de destino;


      b)     Al supuesto remitente de nombre Yu Kuchín no lo conoce, ni ha
             tenido trato o vínculo que le haya permitido emitir el supuesto
             informe que contiene dicho fax;


      c)      Que, aparentemente tiene dos destinatarios, V. Ivachin y Víctor
             Eugennievich, lo que evidencia su falta de congruencia en su
             contenido; consecuentemente, dice, que las anomalías observadas
             hacen perder credibilidad sobre el hecho de que haya sido remitido
             a su persona y de su contenido, de tal suerte que no tiene validez de
             prueba para el proceso.


59.   Trasladado al señor Fiscal, dijo: “que el documento cuestionado por el
      procesado Víctor Ivachine, se trata de un elemento probatorio presentado
      en autos, que ya aparecía en el expediente […] por lo que considera que se
      trata de un elemento probatorio que tiene que ser evaluado conjuntamente
      con las otras pruebas en el juicio”; solicitando se declare improcedente la
      impugnación planteada. Incidencia cuya resolución la Sala se reservó para
      el momento de expedir sentencia (Ver fojas 37,002 a 37,005, Tomo A-2).


60.   La Sala, no obstante que en relación al acusado Víctor Ivachine, en la
      Sesión N° 111, su fecha 24 de noviembre del 2005, de fojas 51,346 del
                                                                                          31


        Tomo U-2 declaró extinguida la acción penal incoada en su contra, por
        causal de muerte, pasa a emitir pronunciamiento sobre la incidencia
        promovida. Ello en razón a que como el Profesor Monroy Gálvez, citando a
        Chiovenda, dice: “Un derecho importante de las partes se deriva de la
        circunstancia que la actividad de ambas pertenece a una relación única.
        Este derecho consiste en que los resultados de sus actividades son comunes
        a las dos partes en juicio. En virtud de este principio, llamado de la
        adquisición procesal, cada una de las partes tiene derecho a utilizar las
        deducciones hechas y los documentos presentados por la contraria, las
        peticiones que esta presente o los actos de impulso que realice”[ 32 ].


61.     El recurrente considera que las anomalías que según su criterio existen en
        el documento hacen perder su credibilidad y acarrearían su invalidez. Que
        como lo señala el señor Fiscal Superior, dicho documento ya formaba parte
        del proceso, habiendo sido debidamente incorporado, por lo que la Sala lo
        deberá evaluar conjuntamente con los demás medios probatorios.


        B.3 Tacha formulada contra el vídeo presentado por el testigo Carlos
             Arbaiza Aldazábal y el vídeo rotulado “HERMANOS AYBAR (2) –
             AGENCIA PERU.COM”.


62.     En la Sesión N° 83, su fecha 19 de mayo del 2005, corriente de fojas
        45,889, del Tomo N-2, la señora abogada que en ese momento ejercía la
        defensa del acusado Luís Jorge García Tamaríz, dedujo tacha por nulidad
        contra el vídeo sin rotular presentado por Carlos Arbaiza Aldazábal,
        visualizado en esa misma sesión, fundamentándola en que: “el señor
        García Tamaríz no tenía conocimiento alguno que estaba siendo filmado
        […]”; “que para que una prueba sea valorada, tiene que estar autorizada
        una filmación por la persona de la cual se está grabando su imagen,
        situación que no se da en esta proyección del vídeo […]”; que los testigos
        debieron “venir y reconocer su imagen como es el caso del señor Arbaiza,



[32 ]Monroy Galvez, Juan; Introducción al Proceso Civil, Tomo I; Temis – De Belaunde &Monroy;
Santa Fe de Bogotá – Colombia 1996; pág. 106.
                                                                               32


      considerando que […] esta prueba no fue presentada ni por el Ministerio
      Público, ni por el Procurador ni por ninguno de los colegas de la defensa,
      sino […] por un testigo”; “que […] aquí solamente se trata de
      conversaciones, nada concreto, no determina nada, incluso lo poco
      entendible que se escucha, no se ha llegado a concretar como materia del
      delito que se está investigando en este proceso […]”; “que este vídeo si en
      todo caso fue prueba, debió de haber sido presentado al momento de
      presentarse las pruebas antes de iniciarse el Juicio Oral, pero sin embargo,
      se está presentando en un momento fuera del término procesal” (ver fojas
      45,980 a 45,982, Tomo N-2).


63.   En la Sesión N° 88, su fecha 22 de junio del 2005, la defensa del procesado
      José Luís Aybar Cancho, dedujo tacha contra el vídeo rotulado:
      “HERMANOS AYBAR (2)” - AGENCIA PERU.COM, “por nulidad en
      cuanto a su origen”, bajo los siguientes argumentos: Que, “el señor Luís
      Aybar Cancho, así como […] el acusado García Tamariz, han hecho
      mención que los temas que fueron objeto de conversación con los testigos
      [Vargas Echaiz y Arbayza Aldazábal] […] son absolutamente distintos a los
      ilícitos […] objeto de acusación”, “tesis también […] ratificada por el
      señor representante del Ministerio Público, al no involucrar a dichos
      testigos en su acusación como supuestos partícipes de[l] […] transporte de
      armas”. “En tal virtud, al […] comprobarse de esta manera, que en el
      vídeo no se ha vulnerado o no se ha lesionado el interés de la sociedad
      pública […], al haberse producido o realizado la grabación de este vídeo
      sin autorización de las personas que aparecen ahí, […] el señor Luís Frank
      Aybar Cancho y el señor García Tamariz, se estaría vulnerando su derecho
      a la intimidad, y como tal no tendría la validez jurídica […] en cuanto a
      sus aspectos probatorios” (ver fojas 46,978 a 46,980 del Tomo O-2).


64.   Contra este mismo vídeo y el visionado el día 19 de mayo del 2005 (Sesión
      83°), el abogado que había asumido la defensa del procesado García
      Tamariz planteó tacha por nulidad, argumentando: que “se ha violentado
      la intimidad de [su] patrocinado […] al no haber tenido [éste]
      conocimiento que se le estaba filmando sobre un trato de negocios lícito”;
                                                                               33


      que, “no es legítimamente como medio probatorio y realización ilegal de
      este vídeo y el de la Sesión N° 83 del 19 de mayo del 2005, porque no ha
      sido con la condescendencia de [su] patrocinado la forma cómo se ha
      grabado esta conversación de negocios”; que, “si esta conversación
      constituía una amenaza de ilícito o, en todo caso, se podría probar que se
      iba a cometer un acto delictivo, se ha debido denunciar el hecho por la
      parte de Arbayza y compañía, pero no ha sido así; ha sido presentada, ha
      estado guardada y luego pretende ser una prueba en este proceso […], lo
      cual lesiona el derecho a la intimidad […] de [su] patrocinado” (ver fojas
      46,980 a 46,981 del Tomo O-2).


65.   Trasladada la cuestión probatoria al representante del Ministerio Público,
      respecto a la tacha formulada por la defensa de García Tamariz contra el
      vídeo exhibido en la sesión número ochenta y tres, dijo: en rigor, los
      testigos no ofrecen pruebas, porque los testigos son órganos de prueba, son
      ellos mismos la prueba, y no lo pueden ofrecer ante el juicio, porque no
      tiene capacidad procesal para ello, lo que sucede es que los testigos
      Arbaiza Aldazábal y Vargas Echaíz se han presentado a la Audiencia y
      dentro del juicio han declarado la existencia de vídeos, filmado en las
      oficinas de EDIPESA. Las pruebas que se desprenden de los debates del
      Juicio Oral, se tiene que examinar en el juicio, por lo tanto, era imposible
      que lo presentaran antes. No era necesario tampoco que los dos testigos
      vinieran acá a reconocerse en el vídeo, porque ellos mismos los han
      ofrecido, han declarado en el juicio, que hay vídeos y que muestran las
      conversaciones entre las personas que aparecen en el mismo; solicitando se
      declare improcedente (ver fojas 45,982 a 45,983 del Tomo N-2). Y,
      absolviendo el traslado de la tacha planteada por la defensa de los
      procesados José Luís Aybar Cancho y Luís Jorge García Tamariz contra el
      vídeo rotulado: “HERMANOS AYBAR (2)” - AGENCIA PERU.COM, y
      este último también contra el vídeo exhibido en la sesión número ochenta y
      tres, manifestó: Que sobre la tacha del vídeo del 19 de mayo (Sesión 83°),
      la Fiscalía de plano considera que debe ser declarada inadmisible, porque
      pasó la oportunidad. Que en cuanto al vídeo que se ha visto en esta (Sesión
      N° 88), pues, se le ha preguntado a cada uno de los acusados y se han
                                                                                34


      reconocido, no les ha llamado la atención; Que, se ha sustentado en que se
      ha violado el derecho a la intimidad, y esto no es cierto, porque en una
      comunicación existente entre dos personas, y en este caso la existencia de
      un audio, pues, el derecho a la intimidad se mantiene para cada uno de los
      interlocutores, de tal manera que si uno de ellos hace visible o hace pública
      su parte de intimidad, no afecta obviamente el derecho que tiene la otra,
      está haciendo pública la comunicación, por lo tanto está haciendo de
      conocimiento lo que ha sucedido, y eso no es una violación a la intimidad
      de la persona (ver fojas 46,987 a 46,988 del Tomo O-2).


66.   Este Tribunal, habiendo diferido la resolución de la cuestión probatoria
      deducida a la estación de expedir su decisión final, emite el siguiente
      pronunciamiento:


      a)     La tacha formulada por la defensa del acusado García Tamariz en
             la Sesión 88°, contra el vídeo exhibido en la Sesión 83°, debe
             declararse inadmisible, en aplicación del artículo 90° del Código de
             Procedimientos Penales, en razón a que la señora defensora de
             oficio que ejercía la defensa del citado encausado tachó dicho vídeo,
             en la ya citada Sesión N° 83°.


      b)     En cuanto a los otros planteamientos, del análisis de las
             argumentaciones se advierte que la cuestión reside en que el medio
             probatorio cuestionado ha sido incorporado en la estación
             inadecuada del procedimiento y por sujetos que no son parte en el
             proceso; y que en su obtención se ha afectado el derecho
             fundamental a la intimidad. A este respecto, los vídeos presentados
             por los testigos Arbayza Aldazábal y Vargas Echaiz, como lo señala
             el representante del Ministerio Público, son documentos que
             aparecen dentro del juicio oral, cuya actuación dispuso este órgano
             jurisdiccional en uso de su facultad de esclarecimiento que ostenta
             de conformidad con el principio de investigación que orienta el
             proceso penal, iniciativa probatoria que ha sido desplegada no de
             manera inopinada o sorpresiva, sino como propuesta asumida por la
                                                                                                  35


                 parte acusadora en virtud de su aparición como una fuente adicional
                 de prueba testifical, de la que en buena lógica, cabía esperar una
                 cierta corroboración de los hechos enjuiciados con el objetivo de
                 alcanzar el grado preciso de convicción para adoptar una decisión
                 resolutoria del conflicto de intereses materia del presente proceso.
                 En oposición al principio de adquisición que orienta el proceso civil,
                 el principio de investigación “significa [...] lo siguiente: [...] El
                 tribunal no está vinculado por las afirmaciones de las partes del
                 proceso, en especial, por la confesión del acusado; es plenamente
                 libre frente a ella [...] El tribunal no está limitado por los
                 requerimientos de prueba: puede y debe recurrir de oficio a otros
                 medios de prueba no solicitados ni por la fiscalía ni por el
                 acusado”[33 ].


67.     Respecto a la afectación del derecho a la intimidad que también se
        denuncia, cabe señalar que los vídeos cuestionados fueron presentados por
        los testigos, señores Vargas Echaiz y Arbaiza Aldazábal para corroborar en
        parte las afirmaciones que vertieron en sus declaraciones dentro del juicio
        oral, en cuyo contenido aparecen ellos mismos con los procesados García
        Tamariz y Luis Frank Aybar Cancho, en cada caso; y es de notar que
        dichos testigos no se encuentran dentro de los sujetos que prevé el artículo
        141° del Código de Procedimientos Penales, ni los dichos que aparecen en
        el diálogo constituyen hechos sobre los cuales deben guardar secreto, por
        lo que no se puede deducir que en su incorporación o actuación se haya
        infringido el derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones.
        Como señala el profesor Asencio Mellado, “pretender que el derecho a la
        intimidad alcanza inclusive al interés de que ciertos actos, que el sujeto ha
        comunicado a otros, sean mantenidos en secreto por quien ha sido
        destinatario de la comunicación, importa una exagerada extensión del
        efecto horizontal que se pudiera otorgar al derecho fundamental a la
        intimidad. [...] [E]l secreto de las comunicaciones que, como todo derecho
        fundamental se refiere esencialmente a la protección de los ciudadanos



[33 ] Claus Roxin; Derecho Procesal Penal; Editores del Puerto s.r.l.; Buenos Aires – 2000; p.99-100.
                                                                                 36


      frente al Estado, tampoco puede generar un efecto horizontal, es decir
      frente a otros ciudadanos, que implique la obligación de discreción o
      silencio de éstos”[ 34 ]. Por estas razones deben declararse infundadas las
      cuestiones probatorias deducidas.


      B.4. Nulidad planteada por el acusado Juan Manuel López Rodríguez:


68.    En la Sesión N° 84, su fecha 25 de mayo del 2005, la defensa del
       procesado Juan Manuel López Rodríguez, oralizando su escrito obrante a
       fojas 46,075 y siguiente, dedujo la nulidad de los actos en que hubiera
       intervenido el doctor Antenor Plácido Córdova Díaz, en su actuación
       como Fiscal Ad Hoc en el presente caso, bajo los siguientes argumentos:
       que de la Resolución N° 550 – dos mil – MP – CEMP, expedida por la
       Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, que aparece anexo del
       Atestado Policial, se advierte claramente que fue la llamada Comisión
       Ejecutiva del Ministerio Público, la que nombró al Fiscal Ad Hoc a
       pedido del Servicio de Inteligencia Nacional; que, al haberse publicado en
       el Diario Oficial “El Peruano” este nombramiento el día 22 de agosto del
       2000, la efectividad de dicha Resolución, de acuerdo a lo preceptuado en
       la Constitución, se hacía a partir del día siguiente, 23 de agosto del citado
       mes y año, “sin embargo, ya para el día 21 de agosto, el día de la
       Conferencia de Prensa, el Fiscal Córdova ya había intervenido la casa del
       procesado López Rodríguez, había allanado, había autorizado el
       interrogatorio, tal como se ha podido desprender de los audios y vídeos”
       exhibidos; que, de toda la normatividad legal de la Comisión Ejecutiva del
       Ministerio Público que ha podido encontrar y revisar, se tiene que ésta
       tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998, en consecuencia todos sus
       actos de gobierno o de gestión posteriores incluido el acotado
       nombramiento, devendrían nulos. Nulidad que afectaría todo lo actuado
       por dicho Fiscal Ad Hoc (ver fojas 46,188 a 46, 193 del Tomo N-2).
                                                                                            37


69.     El representante del Ministerio Público, absolviendo el traslado conferido
        en la Sesión N° 88, su fecha 22 de junio del 2005, señaló: Que revisado el
        planteamiento lo que pretende en esencia es pedir la nulidad, entendemos
        en el período en que intervino el Fiscal Provincial Antenor Córdova Díaz,
        sustentada en que su designación fue publicada con fecha 22 de agosto del
        2000, y él intervino antes, es más, si fue publicada el 22, pues tendría que
        cumplir funciones a partir del día siguiente; y también cuestiona la función
        propia de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público; que el pedido de
        nulidad no tiene sustento, porque además de que no ha expresado cuales
        son los argumentos jurídicos, solamente ha expuesto hecho, ello es porque
        no hay un conocimiento concreto sobre el funcionamiento del Ministerio
        Público que parte de la misma Constitución y su Ley Orgánica; que el
        Ministerio Público es una institución autónoma representada por la Fiscal
        de la Nación cuya autoridad se extiende a todos los fiscales, y si esto se
        concuerda con el principio de la unidad en la investigación, se establece
        que en el ámbito de la persecución penal los fiscales se representan y se
        delegan funciones, decisiones de delegación que por necesidades de trabajo
        se toman en el acto, y en estos casos no se requiere Resolución Fiscal, ni de
        la Fiscalía de la Nación; que la intervención fiscal en una investigación
        policial le da un nivel de autenticidad a la diligencia en que participa, pero
        eso no significa que pueda ser objeto de cuestionamiento, por cuanto al
        final quien va a tener que decidir y darle el mérito que merece es el
        Tribunal o el Juzgado dependiendo del caso; solicitando se declare
        infundada la nulidad planteada (ver fojas 46,914 a 46,916 del Tomo O-2).


70.     Habiéndose reservado la resolución a la estación de la sentencia (Ver fojas
        46,916), este Colegiado se pronuncia:
        Estando a los argumentos planteados por el recurrente, debemos significar
        que este pretende invalidar en la etapa del juicio oral actos procesales
        producidos en la fase de instrucción ya precluidos, por lo que resulta
        pertinente aplicar el numeral 172° del Código Procesal Civil, de aplicación


[34 ] Asencio Mellado, José María; En: Dictamen acerca de la eficacia y valor probatorio de las
grabaciones en audio y vídeo halladas en el domicilio de don Vladimiro Montesinos en el mes de
noviembre de 2000; su fecha 23-08-2001. Pág. 35.
                                                                                                      38


         supletoria conforme lo prevé su Primera Disposición Final, que señala que
         el facultado para plantear la nulidad debe formularlo en la primera
         oportunidad que tuviera para hacerlo, sancionándose esa inacción con la
         convalidación tácita del acto procesal. Que asimismo resulta necesario
         señalar que el Ministerio Público “debe ceñir su actuación a las reglas de
         unidad de actuación [...] y dependencia jerárquica, acordándose a su
         máxima autoridad la atribución de fijar, en el marco de la ley, criterios
         generales (o política) de persecución penal y la de instruir de ellos a sus
         inferiores para que los observen en el cumplimiento de sus funciones”[ 35 ].
         Razones por las que debe desestimarse la nulidad planteada.


         B.5. Excepción de Naturaleza de Acción deducida por el acusado Juan
              Manuel López Rodríguez:


71.      En la Sesión N° 89, su fecha 30 de junio del 2005, la defensa del procesado
         López Rodríguez, oralizando su escrito de fojas 47,069 del Tomo O-2,
         dedujo la Excepción de Naturaleza de Acción, residenciándola en: que su
         patrocinado “ha manifestado que la intervención en estos actos ha sido en
         razón de un trabajo que creía y que se le dijo era legal, que era para el
         Gobierno, eso lo han declarado de manera uniforme todos los procesados”;
         que “se puede corroborar con lo manifestado por los Colaboradores
         Eficaces cero cero siete y cero cero ocho, que el procesado Sarkis
         Soghanalian fue y visitó el Cuartel del Rímac, de la División Blindada del
         Ejército. Entonces, es plenamente entendible y razonable que se crea que
         efectivamente, había una intervención del Gobierno en el tema objeto del
         juzgamiento”; que, consecuentemente, en la intervención de Juan Manuel
         López Rodríguez “no ha [habido] ninguna intención dolosa”, que es la
         razón por la cual debe ampararse la excepción deducida, pues, “la
         ausencia de dolo es elemento suficiente para amparar la Excepción de
         Naturaleza de Acción”, como se estableció en el Plenario Jurisdiccional de




[35 ] Cafferata Nores, José I.; Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal; Editores del Puerto s. r. l.,
Buenos Aires – 1998; p.74.
                                                                                39


       Arequipa en mil novecientos noventisiete; (ver fojas 47,105 a 47,108 del
       Tomo O-2).


72.    El señor Fiscal Superior, absolviendo el traslado en la misma sesión,
       señaló: que, el artículo 5° del Código de Procedimientos Penales establece
       que la Excepción de Naturaleza de Acción procede en dos casos: “cuando
       el hecho no constituye delito o cuando las circunstancias del hecho […] no
       tienen contenido penal”, y que la Jurisprudencia ha establecido que se
       puede resolver inmediatamente iniciado el proceso penal o en el curso de
       todo el proceso penal, inclusive hasta antes de la Sentencia; que el
       planteamiento se sustenta en un Plenario de Arequipa del año 97, pero
       estos no generan ningún vínculo con los Magistrados, de manera que se
       pueden apartar de ese acuerdo; que “uno de los elementos [del tipo] es el
       dolo […] pero muchas veces el dolo no se aprecia en la calificación inicial
       que [efectúa] el Juez […], quizá eso se logra ya al final del proceso […].
       Afirmar [en el presente caso] de que en la conducta de los procesados ha
       habido actuación culposa y no dolosa, significa […] que no han cometido
       delito y esto no es exacto, porque conforme a las investigaciones iniciales,
       al análisis de las diligencias que se han actuado en la instrucción, […]
       observamos que ha habido […] intención en la comisión de los delitos” (ver
       fojas 47,108 a 47,110 del Tomo O-2).


73.   Habiéndose reservado la Sala resolver en la estación de la decisión final
      (Ver fojas 45,110), se pronuncia:


       a)      Atendiendo: Que del examen de los argumentos esgrimidos se
               advierte que la Excepción deducida se funda en la ausencia del
               elemento dolo en la conducta reprochada al procesado López
               Rodríguez.


       b)      Que, el artículo 5° del Código de Procedimientos Penales, establece
               que procede la excepción de naturaleza de acción cuando el hecho
               denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. El
               primer supuesto comprende tanto que el hecho investigado no se
                                                                                                 40


                 encuentre expresamente descrito como delito en la ley penal
                 (ausencia de tipo) o que, estando descrito el hecho como delito,
                 adolezca de algún elemento para su configuración y un segundo
                 supuesto como lo señala el profesor San Martín Castro, esta
                 excepción está limitada al cuestionamiento de “la antijuridicidad
                 penal del hecho o su justiciabilidad, que desde el derecho material
                 traslada el análisis a la categoría antijuricidad y a la discutida
                 ‘categoría’ penalidad o punibilidad, por lo que – en principio – no
                 es posible cuestionar a través de este remedio procesal la presencia
                 de la categoría culpabilidad o imputación personal y, por
                 consiguiente, de sus elementos: capacidad penal, conocimiento del
                 injusto y no exigibilidad de otra conducta”[ 36 ]. En relación a los
                 efectos del medio técnico de defensa propuesto, debe precisarse que:
                 si se ampara la excepción de naturaleza de acción o de
                 improcedencia de acción la resolución correspondiente genera los
                 efectos de cosa juzgada material y el Juez decide sobre el fondo del
                 asunto y ya no será posible subsanar defecto alguno y proseguir o
                 intentar un nuevo proceso penal. En ese orden de ideas, el análisis
                 de si el agente actuó con ausencia de dolo constituye un juicio
                 propio respecto al tema de fondo, que requiere de una actividad
                 probatoria específica imposible de llevarse a cabo en vía incidental.


74.     En lo atinente al alcance de los acuerdos del Pleno Jurisdiccional cuya
        aplicación invoca el recurrente, la Sala considera necesario puntualizar lo
        siguiente: que el artículo 116° de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
        establece la realización de plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o
        distritales, a fin de concordar jurisprudencia en una determinada
        especialidad, sin disponer la vinculatoriedad de dichos acuerdos. Razones
        por las que debe desestimarse el medio de defensa técnica promovido por el
        abogado defensor del acusado Juan Manuel López Rodríguez .




[36 ] San Martín Castro, Cesar; Derecho Procesal Penal; Editora Jurídica Grijley. Lima. 2da. Edición
2003. Pág. 400 - volumen I
                                                                                    41




      B.6. Tacha formulada por la defensa de los acusados Charles Acelor
           Cokeran, Vladimiro Montesinos Torres, José Alejandro Delmar
           Colina y José Luis Aybar Cancho, contra los informes de la Unidad
           de Inteligencia Financiera.


75.   En la Sesión N° 98, su fecha 18 de agosto del 2005 Tomo R-2, la defensa
      del acusado Acelor Cokeran formuló tacha de nulidad contra: los Informes
      número cero cuarenta y cinco – dos mil cinco-UIF-DPA/COMUNICACIÓN
      y el informe UIF-número cero cero seis – dos mil cinco/CONJUNTA de la
      Unidad de Inteligencia Financiera, obrantes a fojas 46,764 y siguientes y a
      fojas 48,124 y siguientes (Tomos Ñ-2 y Q-2), respectivamente, bajo los
      siguientes argumentos: Que, estos informes se encuadran                  “más
      propiamente” en un informe técnico o pericial, por lo que su actuación
      debió seguir las pautas de este medio probatorio, en ese sentido:


         a) Según la Ley 28,306 que rige la Unidad de Inteligencia Financiera,
             si bien puede emitir y analizar la información que reporten los
             sujetos obligados a declarar –entre los que no se encuentran los
             miembros del Poder Judicial-, no tiene “en principio funciones de
             peritación”; y, cuando se trata de prestar asistencia técnica, es en
             relación   a    investigaciones   sobre   Lavado     de      Activos   o
             Financiamiento de Terrorismo, ilícitos que no son materia del
             presente proceso;


         b) Para otorgar la calidad probatoria a los citados informes, se
             requiere identificar a sus autores a fin de demostrar la capacidad de
             quienes elaboraron, lo que no ha sucedido en el presente caso, por
             cuanto el Informe cero cuarenta y cinco – dos mil cinco contiene dos
             sellos pero no firma, y el Informe cero cero seis – dos mil cinco, no
             contiene ni sello ni firma. (ver fojas 48,775 a 48,777 del Tomo R-2).


76.   El mismo abogado, en la Sesión N° 118° de fecha 12 de enero del año 2006
      Tomo W-2, planteó tacha contra el Informe cero trece - dos mil cinco de la
                                                                          42


misma Unidad de Inteligencia Financiera, por nulidad y falsedad. En
sustento de la causal de nulidad, dice:


a)      Que la tacha anterior se asentó en la falta de identificación de los
       autores y el número de estos que la ley procesal exige, defecto que
       en este informe se pretende corregir, consignando unas rúbricas y
       unos sellos, para hacer entender que fue elaborado por dos técnicos
       “para darle quizás valor pericial”, sin embargo para que tenga esta
       calidad, la norma procesal exige que el nombre de los peritos
       designados sean puestos previamente en conocimiento de todos los
       sujetos procesales, a fin de posibilitar su cuestionamiento o tacha,
       ya sea por falta de capacidad o ya sea por falta de imparcialidad; y
       si bien el Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera
       establece mecanismos de protección de la identidad de su personal,
       este no es aplicable cuando al informe deba asignársele calidades
       probatorias, pues de ser así el Reglamento colisionaría con el
       Código Procesal Penal “que exige una identidad más clara”;


b)     Que la Fiscalía y la Procuraduría han planteado que los informes de
       la Unidad de Inteligencia Financiera deben ser considerados como
       prueba documental, amparando su criterio en la resolución del
       Tribunal Constitucional N° 4032 - 2004, que está referida a que en
       el derecho procesal penal existe la posibilidad de introducir
       documentos en cualquier etapa del juicio oral; sin embargo,
       “nosotros no hemos planteado ni antes ni ahora una tacha fundada
       en esta oportunidad de la presentación del informe”;


c)     Para que un documento pueda ser considerado e incorporado como
       un documento se requiere, como lo expresa el artículo 235° del
       Código Procesal Civil, sea otorgado por funcionario público en
       ejercicio de sus atribuciones; y en este caso, “ya sea que se trate de
       un informe de asistencia técnica o ya sea de un informe de
       investigación conjunta se ha trastocado las facultades con las cuales
       la ley permite emitir pronunciamientos alrededor de la UIF”, pues,
                                                                                 43


             según la ley de su creación, «esos informes se harán cuando lo
             soliciten los sujetos obligados a declarar», y el Poder Judicial no lo
             es; y, la facultad de realizar investigaciones conjuntas, está prevista
             para   la   realización   de     investigaciones   llevadas   a   cabo
             conjuntamente con instituciones como el Ministerio Público, pero no
             cuando quien solicita es la Sala que es “un arbitro imparcial”. Por
             la causal de falsedad, arguye:


             c.1.   En el informe materia de la presente tacha se establece que
                    Charles Acelor habría intervenido en la reunión del Hotel
                    Sheraton, sin embargo, en este juicio oral se ha determinado
                    claramente que él no estuvo presente en esa reunión;


             c.2.   Dicho informe señala también que el dinero para el pago de
                    las armas se hizo con dinero proveniente o manejado por
                    Charles Acelor, haciendo referencia a las transferencias que
                    él hizo a Sarkis Soghanalian, sin embargo en autos obra un
                    informe contenido en la solicitud de asistencia que pide el
                    Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que se
                    señala que el pago de estas armas proviene de un tercero
                    ajeno a su patrocinado y a la situación materia del presente
                    proceso (ver fojas 52,387 a 52,392 del Tomo W-2).


77.   En la Sesión N° 103, su fecha 22 de setiembre del 2005 del Tomo S-2, la
      defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres, oralizando su escrito
      obrante a fojas 49,300 y siguientes, formuló tacha contra los Informes cero
      cuarenta y cinco – dos mil cinco –UIF-DPA/COMUNICACIÓN y el cero
      cero seis – dos mil cinco/CONJUNTA, “por las causales de nulidad y
      falsedad”, residenciándo la nulidad en:


      a)     La UIF tiene por objeto el análisis, tratamiento y transmisión de
             información para prevenir y detectar el delito de Lavado de Activos
             y del Financiamiento del Terrorismo, por tanto, no es la autoridad
             competente para investigar los delitos materia de este juzgamiento,
                                                                          44


     y, consecuentemente, «mal entonces podría incorporarse una prueba
     por un delito por el cual, ninguno de los acá presentes está siendo
     investigado»;


b)   La Sala ha ordenado una investigación conjunta, cuando según
     nuestra ley no tiene facultad para ordenar una investigación, porque
     es en la fase de la instrucción donde se debe acopiar las pruebas;


c)   La Sala ha ordenado que el Informe sea agregado a los autos a
     través de una resolución de mero trámite, que por tener dicho
     carácter no puede ser apelado, y lo ha incorporado « fuera de los
     términos del plazo de ley » y « ad portas de terminar [el juicio
     oral] », por lo que « no cabe la posibilidad de ser rebatido»;


d)   “El Informe que la Unidad de Inteligencia Financiera ha remitido a
     esta Sala, no constituye un documento público, porque son
     documentos públicos, aquellos que son emitidos en el ejercicio de
     sus funciones y nos son funciones de la UIF”. La falsedad la
     sustenta en lo siguiente:


     d.1.   Lo que « la Sala pidió es que las ilustraran con respecto al
            origen del dinero», sin embargo, la Unidad de Inteligencia
            Financiera no aporta ningún documento, sus conclusiones
            están basadas en fuentes de información abierta: Internet,
            periódicos; así, « todo es presunción »;


     d.2.   La conclusión de la UIF en relación al vínculo del señor
            Montesinos Torres con los hermanos Aybar Cancho es falso;


     d.3    La UIF dice que su patrocinado sería el autor intelectual de
            los hechos materia de juzgamiento, porque tiene un nexo con
            el Tráfico Ilícito de Drogas por su presunta vinculación con
            el Cártel de Tijuana y con los hermanos Arellano Félix, lo
            que también es falso por cuanto dicha conclusión se basa en
                                                                               45


                    información de fuente abierta: el Internet. (ver fojas 49,969
                    a 49,979 del Tomo S-2).


78.   La misma abogada, en la Sesión N° 126, su fecha 16 de marzo del 2006,
      oralizando su escrito obrante de fojas 53,276 a 53,695 del Tomo Y-2
      formuló tacha contra el Informe número cero trece – dos mil cinco de la
      UIF, por las causales de nulidad y falsedad; asimismo, tacha por causal de
      nulidad, los documentos anexos al Informe. La cuestión probatoria contra
      el Informe lo basa en: Que la Unidad de Inteligencia Financiera ha
      rebasado los límites del mandato de la Sala y su propia competencia; que,
      precluida la etapa de investigación, no le correspondía a la Sala pedir un
      informe de investigación conjunta, privándosele con ello de poder rebatir,
      contestar u ofrecer medios probatorios; y, que las conclusiones de la UIF
      sobre los vínculos del señor Montesinos Torres con el señor Gregorio
      Quino Chávez y la familia Aybar Cancho, sólo son presunciones. La tacha
      contra los «medios probatorios» del informe, lo sustenta en: Que «la
      mayoría, si no todos los casos, están en copia fotostática, no se encuentran
      completos, otros están en idioma distinto al castellano [sin] traducción
      oficial».


79.   Por su parte, la defensa del acusado José Alejandro Delmar Colina,
      oralizando su escrito obrante a fojas 50,154 y siguientes del Tomo T-2, la
      planteó contra el Informe final UIF N° 006 – 2005/CONJUNTA, por las
      causales de nulidad y de falsedad, conforme es verse del acta de la Sesión
      N° 105, su fecha 06 de octubre del 2005. Dice: “[Q]ue más allá del tema
      formal, referido a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera
      […] y de la ausencia de una serie de elementos de forma que determinaría
      la nulidad del documento, existe un tema de fondo que está referido a la
      falsedad del documento”; que es falso que su patrocinado haya realizado
      viaje al extranjero acompañado de José Luis Aybar Cancho como se
      afirma; que es maliciosa la conclusión en lo relativo a que su patrocinado
      tenga algún vínculo con la empresa Delmar Services Corporation; que,
      asimismo, su patrocinado ha sido un accionista de una empresa dedicada a
      la reestructuración empresarial, y no accionista de una empresa de
                                                                               46


      consultoría en actividades financieras, como se pretende indicar (ver fojas
      50,232 y siguientes del Tomo T-2).


80.   La misma defensa, en la Sesión N° 113, su fecha 13 de diciembre del 2005,
      planteó tacha contra el Informe N° 013 – 2005/CONJUNTA de la citada
      entidad, por las causales de nulidad y falsedad, haciendo remisión, para
      sustentar la causal de nulidad, a los fundamentos de la anterior tacha,
      expuestos en su escrito presentado con fecha 05 de octubre del año 2005, y
      en cuanto a la causal de falsedad, repitiendo los errores descritos en su
      anterior tacha, en que supuestamente han incurrido los informantes, señala
      que no es cierto que su patrocinado haya realizado siete viajes a los países
      de Francia, Holanda y Estados Unidos durante el año 2000, como afirma la
      Unidad de Inteligencia Financiera, sino que han sido con posterioridad a
      los hechos materia de juzgamiento; que es falso que el acusado Delmar
      Colina “ha[ya] recibido [algún] dinero para coordinar [y] ejecutar esta
      operación [de tráfico de armas]”; asimismo, dice que es falso que su
      patrocinado haya viajado tres veces a Jordania, que sólo han sido dos veces
      y «por motivos estrictamente comerciales » (Ver fojas 51,450 a fojas
      51,455 del Tomo V-2).


81.   En la Sesión N° 125, su fecha 08 de marzo del 2006, obrante de fojas
      53,201 a fojas 53,206 del Tomo X-2, el abogado del acusado José Luis
      Aybar Cancho planteó tacha por falsedad contra los informes preliminar y
      final de la Unidad de Inteligencia Financiera, obrantes a fojas 48,124
      (Informe 006 – 2005 / CONJUNTA) y a fojas 50,830 (Informe 013 – 2005 /
      CONJUNTA). La sustenta en lo siguiente:


      a)     Si la UIF sienta como hito fáctico cinco movimientos o cinco
             transacciones efectuados entre los meses de setiembre y noviembre
             de 1998 en la cuenta N° 004 - 604338 del Melow United National
             Bank, por una suma total de un 1’798,845.85 dólares, que sería el
             inicio para el pago de las armas; no encuentra explicación lógica y
             coherente sobre el hecho de que su patrocinado José Aybar recién
             conoce al señor Charles Acelor en octubre de 1998;
                                                                                 47




      b)     Que según la UIF la transferencia que realizara Víctor Ivachine al
             Banco de Brusellers Lambers perteneciente a la empresa Airlines
             Charter, tendría como finalidad la contratación de la aeronave que
             se encargaría de transportar las armas, sin embargo esta empresa
             no figura ni como propietaria de la aeronave que realizó el vuelo el
             19 de marzo de 1999, ni como la solicitante del permiso de vuelo;


      c)     Que también es falso que Charles Acelor participara en la reunión
             del Hotel Sheraton ocurrido en el mes de enero de 1999 con la
             participación de Jose Luis Aybar Cancho y Sarkis Soghnalian;


      d)     Que se alude a « Manuel Aybar Marca » como persona de confianza
             de Vladimiro Montesinos Torres, y lo vinculan a éste con José Luis
             Aybar Cancho a partir de una operación financiera que dicha
             persona, Manuel Aybar Marca, hiciera a favor de José Luis Aybar
             Cancho; sin embargo, dicha transacción la realizó Manuel Adolfo
             Aybar Marca quien es hermano de este último; y la persona de
             confianza de Montesinos Torres es Manuel Jesús Aybar Marca.


82.   El Ministerio Público absolviendo el traslado de la cuestión probatoria
      planteada, por la defensa de los citados procesados, en las Sesiones N° 99°,
      104°, 105°, 114°, 119°, 126°, 133°, respectivamente, dijo: Que los informes
      cuestionados de la Unidad de Inteligencia Financiera han sido elaborados
      dentro del marco de las funciones y facultades que prevé la Ley N° 28,306 y
      su Reglamento previsto por el Decreto Supremo N° 163 – 2002 – EF; que
      los citados Informes han sido emitidos por funcionarios públicos en uso de
      sus atribuciones, recordando que según el artículo 5° del Reglamento está a
      disposición de las autoridades competentes; que en el desarrollo del juicio
      oral se ha evidenciado transacciones sospechosas entre los procesados, que
      permitieron la adquisición de las armas que fueron entregados a los
      elementos subversivos de las FARC de Colombia, lo que ha motivado a la
      Sala en uso de “la facultad jurisdiccional tendiente ha verificar todos los
      datos […] para el mejor esclarecimiento y […] tomar convicción sobre el
                                                                              48


      hecho motivo del juzgamiento”, disponer que la Unidad antes mencionada
      evacue informe al respecto; que, en todo caso, estos informes serán
      evaluados por la Sala en su oportunidad, conforme se ha pronunciado el
      Tribunal Constitucional en el Expediente 4,032 – 2004 – AA/TC, como
      prueba documental, que necesariamente deberá ser valorado y contrastado
      con las pruebas obrantes en el expediente y los indicados por la defensa;
      Que «dichos informes constituyen datos y análisis expuestos con criterios
      técnicos que de acuerdo a su naturaleza deberán ser evaluados en su
      oportunidad conjuntamente con los otros medios de prueba ». Que, del
      “análisis del informe (N° 013 – 2005) se aprecia que ha sido emitido en
      forma conjunta                                        on
                        y por disposición del Colegiado […] c el evidente
      propósito de tomar convicción de los hechos motivo de investigación y de
      conformidad con las funciones que compete a dicho organismo”; Que
      “además debe tenerse en cuenta que el informe […] fue ordenado en el
      desarrollo del juicio en sesión pública número setenta, igualmente debe
      significarse que dicho informe está constituido por datos y análisis
      expuestos con criterio técnico”; solicitando en todos los casos, se declare
      improcedente la tacha planteada (ver fojas 48,869 del Tomo R-2, fojas
      50,084 a 50,085; 50,238 a 50,239 del Tomo T-2; fojas 51,572 a 51,574 del
      Tomo V-2; fojas 52,522 a 52,523 del Tomo W-2; fojas 55,729 y siguiente
      del Tomo B-3; fojas 57,278 y siguientes del Tomo D-3).


83.   Cabe señalar que la Parte Civil, representada por la Procuraduría Pública
      Ad Hoc, respecto de la tacha planteada por la defensa del acusado Charles
      Acelor en la Sesión N° 98 de fojas 48,750 del Tomo R-2 citado, manifestó
      que conforme al artículo 239° del Código Procesal Civil los informes son
      documentos y como tales se presumen auténticos, y que según el artículo
      243° del mismo Código, para que el documento carezca de eficacia y se
      declare fundada la tacha, sólo puede ser por dos razones: que sea nulo o
      que sea falso, solicitando se declare infundada la cuestión probatoria
      postulada (Ver fojas 48,869 y siguiente del Tomo R-2).


84.   Habiéndose diferido la resolución de las cuestiones probatorias planteadas
      al momento de la sentencia en todos los casos (ver fojas 48,879 del Tomo
                                                                             49


      R-2; fojas 50,085 del Tomo T-2; fojas 50,240 del Tomo T-2; fojas 51,574
      del Tomo V-2; fojas 52,253 del W-2; fojas 55,730 del Tomo B-3; fojas
      57,280 del Tomo D-3), se emite pronunciamiento:


      Atendiendo: Que, antes de entrar al análisis de los fundamentos de la
      cuestión probatoria planteada por la defensa de los citados acusados, la
      Sala quiere dejar sentado lo siguiente: Que los “informes” números cero
      cuarenta y cinco – dos mil cinco-UIF-DPA/COMUNICACION y cero cero
      seis – dos mil cinco/CONJUNTA, como la misma Unidad de Inteligencia
      Financiera expresa, contienen solamente conclusiones parciales, y el
      informe número cero trece – dos mil cinco/CONJUNTA, en su
      “comunicación final”, ergo, éste constituye su opinión definitiva;
      consecuentemente, las tachas deducidas contra los dos primeros
      “informes” se entienden como observaciones formuladas por los acusados
      recurrentes contra tales documentos, y toda referencia a “informe” que se
      haga en el presente pronunciamiento, es respecto al informe número cero
      trece – dos mil cinco/CONJUNTA de la Unidad de Inteligencia Financiera.


85.   Que, examinando los fundamentos de las tachas planteadas contra el
      Informe número cero trece – dos mil cinco/CONJUNTA, se ha encontrado
      los siguientes cuestionamientos:


      a) Que la Sala dispuso pedido de investigación conjunta con la Unidad de
         Inteligencia Financiera del Perú, de propia iniciativa, en la etapa de
         juzgamiento y ad-portas de concluirse el juicio oral.


      b) Que la Ley N° 27,693, modificada por la Ley N° 28,306, y su
         Reglamento, regulan los supuestos en que la Unidad de Inteligencia
         Financiera puede emitir informes, realizar investigación conjunta y
         prestar asistencia técnica, funciones que cumplirá siempre que sea
         solicitada por los sujetos o personas obligadas por dicha Ley y que el
         delito precedente sea Lavado de Activos o Financiamiento de
         Terrorismo, siendo que en el presente caso –dicen- la Sala no se halla
                                                                                50


         dentro de dichos sujetos y los delitos materia del presente juzgamiento
         no es ninguno de los nombrados.


      c) Que la información solicitada a la UIF es análoga a la prueba pericial,
         por lo que en su procedimiento debió seguirse las pautas formales
         reglamentadas para dicha prueba típica. En ese sentido, los
         funcionarios de la UIF no tienen competencia, porque la Ley que los
         rige sólo les faculta para emitir informes técnicos en los casos en que el
         delito precedente sea Lavado de Activos y/o Financiamiento de
         Terrorismo. Asimismo, el informe debe estar suscrito por dos expertos,
         quienes deben estar plenamente identificados; elementos que el informe
         cuestionado no reúne.


      d) Que la UIF ha rebasado el objeto de la Información solicitada por la
         Sala.


      e) Que el informe cuestionado no puede ser considerado documento
         público.


      f) Que el Informe de la UIF está basado en meras presunciones y
         suposiciones.


86.   Se advierte que lo señalado en el punto “a”, está dirigido a cuestionar no el
      aspecto formal ni el contenido del informe, sino la facultad de la Sala como
      Tribunal de juzgamiento y decisión de disponer ex oficio la incorporación
      de elementos probatorios, así como la etapa y fase procesal en que lo hizo,
      pretendiéndose así la nulidad del informe. Al respecto, debe relievarse en
      primer lugar, la actitud que tomaron los recurrentes cuando la Sala dispuso
      en la sesión número setenta, solicitar la información que ahora cuestionan
      vía tacha, pues, no obstante haber tomado conocimiento en ese momento,
      ninguno interpuso recurso u objeción alguna contra dicha disposición.


87.   Que, se afirma que a la Sala le estaría vedado producir prueba de oficio en
      el decurso del juicio oral y al hacerlo habría afectado su imparcialidad. En
                                                                                             51


        lo atinente a este cuestionamiento, resulta importante destacar que existe la
        necesidad de que el proceso cumpla con su función epistemológica:
        descubrir la verdad. Si bien "[c]omo consecuencia de la vigencia del
        principio de aportación, consustancial al sistema acusatorio, a las partes
        les corresponde [...] la proposición [...] y ejecución de la prueba [...], [sin
        embargo] en el proceso penal, el tribunal está obligado a descubrir la
        “verdad” histórica o material y no necesariamente coincidente, por tanto,
        con la que las partes pudieran representarle (“verdad formal”)”[37 ], es
        decir, en contraposición al proceso civil, en el proceso penal rige el
        principio de investigación, principio que “conlleva la no sujeción del
        tribunal ni a las declaraciones de las partes, ni especialmente a la confesión
        del acusado; ni a las solicitudes probatorias interpuestas, ni a determinadas
        actitudes del imputado (por ejemplo, su ausencia)”[ 38 ]. Queda así
        justificada, desde dicha perspectiva, la iniciativa probatoria de oficio o
        impulso probatorio de los órganos jurisdiccionales que van a decidir el
        conflicto en materia penal. Analizando dicha iniciativa probatoria desde la
        óptica del principio acusatorio, cuyo contenido es:


         a)      No puede haber proceso si no hay acusación y ésta es formulada por
                 persona distinta al tribunal sentenciador;


         b)      No puede condenarse ni por hechos distintos de los acusados ni a
                 persona distinta de la acusada; y,


         c)      No pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del
                 proceso que cuestione su imparcialidad; se dice: “[e]n tanto los
                 hechos son introducidos por las partes y no admiten modificación,
                 [la facultad probatoria de oficio no es] sino ejercicio de la función
                 jurisdiccional que contribuye a comprobar la certeza de los
                 elementos fácticos jurídicamente relevantes, en concurso con la



[37 ] Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor; y, Cortez Domínguez, Valentín; Lecciones de
Derechos Procesal Penal, 2ª Edición 2003; Editorial COLEX, Madrid; p.369

[38 ] Armenta Deu, Teresa; Ob. Cit., p.68.
                                                                                             52


                 actividad probatoria de las propias partes”[39 ], quedando
                 salvaguardada la imparcialidad del juzgador cuando contribuye con
                 las partes a la prueba del hecho incriminado.


88.     Carocca Pérez señala que “el fundamento de la intervención del juez en la
        actividad probatoria, no puede hallarse en el derecho a la prueba, ni en la
        garantía constitucional de la defensa, que salvaguarda sólo la actividad de
        las partes, sino que ha de situarse en otras garantías, que protegen aspectos
        propios del desarrollo de la jurisdicción, en último término, en el deber del
        tribunal de emitir adecuadamente su juicio jurisdiccional”[ 40 ], criterio que
        esta Sala comparte, pues, como lo establece el artículo ciento treinta y
        nueve, numeral tres, de la Constitución, es principio y derecho de la función
        jurisdiccional, la observancia de tutela jurisdiccional, que importa entre
        otros, el derecho de las partes y el deber del juez, de que se pronuncie
        sentencia motivada en elementos de hecho y de derecho; debiendo tenerse
        en cuenta, además, que la iniciativa probatoria de oficio que lleva a cabo el
        órgano decisor en ejercicio de su deber de esclarecimiento o averiguación,
        encuentra su justificación también en el principio de libre valoración de la
        prueba (Artículo 283° del Código de Procedimientos Penales), a tenor del
        cual el juez debe resolver conforme a su libre convicción formada en la
        vista.


89.     Finalmente, en lo atinente a este apartado, cabe señalar que la Corte
        Suprema en la Ejecutoria de fecha 30 de diciembre 2004, recaída en el
        Recurso de Nulidad N° 2976 – 2004, precisó que "nuestro ordenamiento
        procesal, más allá de las opciones que sobre el particular exista en el
        derecho comparado, no prohíbe la denominada 'prueba de oficio', aunque
        es de estimar que lo razonable en orden al respeto al principio acusatorio,
        adoptando una posición intermedia, es la aceptación en todos los casos de
        la denominada 'prueba complementaria', esto es aquella destinada a


[39 ] Armenta Deu, Teresa; Principio Acusatorio y Derecho Penal; J.M. Bosch Editor, S.A.; España
1995; p.64.
                                                                                               53


        contrastar o verificar otras pruebas ya aportadas por las partes,
        distinguiendo entre la prueba de la existencia de los hechos y la
        comprobación de si la prueba sobre ellos es o no fiable”.


90.     Que, las objeciones señaladas en los puntos "b", "c", "d" y "e" apuntan a
        cuestionar la competencia de la UIF (se entiende las facultades de ésta y no
        su capacidad) y la naturaleza del informe tachado. La Unidad de
        Inteligencia Financiera, según el Decreto Supremo N° 082 – 2005 – PCM,
        viene a ser un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, la misma que de
        acuerdo a lo previsto en el artículo 3° de la Ley 27,693, modificada por Ley
        N° 28,306, concordante con su artículo 1° tiene por función entre otras,
        analizar información sobre transacciones sospechosas y prestar asistencia
        técnica que les sean requeridas, cuando se trate de investigaciones
        relacionadas con el lavado de activos y/o el financiamiento de terrorismo.
        Si bien estas funciones podrá realizar cuando le presenten los sujetos
        obligados a informar y cuando el delito precedente sea lo que se halla
        especificado, la ley tampoco prohíbe su intervención o participación fuera
        de dichos supuestos; es decir, la UIF se encuentra configurada como un
        ente u órgano de auxilio judicial cuya especialidad es el análisis de la
        información de operaciones financieras sospechosas, al margen de los
        delitos que pueda detectar o en cuya investigación interviene; y, de acuerdo
        al artículo 6° de la ley que lo rige, está constituido por un equipo técnico,
        conformado por un grupo de personas que al igual que el Director
        Ejecutivo deben contar con solvencia moral, y comprobada capacitación y
        experiencia profesional especializada. De esto se sigue que la competencia
        e idoneidad de la Unidad de Inteligencia Financiera resulta incuestionable.
        Conocida tal configuración de la UIF hecha por la ley, es que este Superior
        Colegiado, en uso de la facultad que le confiere el artículo 275° de la Ley
        Orgánica del Poder Judicial (cuyo texto es: “Los órganos jurisdiccionales
        pueden solicitar de oficio a las instituciones profesionales que emitan
        informes ilustrativos o peritajes sobre asuntos específicos”), requirió el
        concurso de conocimientos o técnicas especiales de dicha Unidad, para


[40 ] Carocca Pérez, Alex; Garantía Constitucional de la Defensa Procesal; Bosch Editor, Barcelona
1998, p.285.
                                                                                                  54


        identificar o comprender mejor los movimientos económicos vinculados a
        los hechos motivo del juzgamiento, a partir de los documentos debidamente
        admitidos e incorporados al proceso (glosados en la resolución tantas veces
        citada), que le fueron remitidos.


91.     La Sala también considera necesario establecer el tipo de informe que
        solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera. Resulta evidente –como lo
        señala la defensa del acusado Charles Acelor en su escrito de fojas 48,940
        y siguientes- "que en el caso de autos, no se ha producido propiamente una
        investigación conjunta" pues si bien textualmente se ordenó una
        "investigación conjunta", lo que la Sala ha buscado en el auxilio de la UIF,
        es el análisis y evaluación de los movimientos económico-financieros
        vinculados a los hechos que motivaron el juzgamiento –Tráfico de Armas-;
        así, en la decisión que adoptara en la sesión número setenta, dispuso
        remitirle instrumentales que tienen dicho contenido, a saber: Informes
        solicitados a DHL Express, Banco de la Nación, Banco de Crédito, Banco
        Wiese Sudameris, Banco Continental, documentación proporcionada por el
        procesado Charles Acelor Cokeran –respecto a transferencia de dinero-,
        etcétera.


92.     De lo anterior se sigue, que no se está ante un informe –dato o una serie de
        ellos- emitido por una entidad a cuya custodia se encuentra un archivo o
        registro, sino ante un informe técnico, cuya naturaleza lo precisa Enrique
        Falcón, distinguiéndolo de la pericia: "El pedido de informes técnicos [...]
        representa el marco teórico actual de aplicación; la pericia significa el
        examen concreto de aplicación de esos conocimientos"[41 ]. Si bien nuestro
        ordenamiento procesal penal no contempla la prueba por información, sin
        embargo, en el caso sub exámine, la Sala ha sido cuidadosa en observar los
        parámetros legales y constitucionales dentro de los cuales debe actuarse los
        medios probatorios; así la incorporación del informe cuestionado no ha
        sido intempestiva o sorpresiva; se permitió su control por las partes,
        quienes tuvieron la efectiva posibilidad de contradecir y observar sus



[41 ] Falcon, Enrique M.; Tratado de la Prueba; Editorial Astrea, Buenos Aires – 2003; pág. 975
                                                                                  55


         conclusiones preliminares, representadas por los Informes números cero
         cuarenta y cinco – dos mil cinco-UIF-DPA/COMUNICACION y el informe
         UIF-cero cero seis – dos mil cinco/CONJUNTA, y este Tribunal con ese
         mismo afán, se pronunció sobre los límites dentro de los cuales la UIF
         debía evacuar, signo de ello es la resolución emitida en la sesión
         correspondiente la cual se dijo que las apreciaciones jurídicas
         corresponden al órgano jurisdiccional.


93.      Que, en cuanto al punto « f », se afirma que las conclusiones del informe
                                 onsecuentemente el informe sería falso, lo que
         son sólo presunciones y c
         significaría entrar al análisis del fondo mismo del proceso, lo que es
         difícilmente discutible en vía incidental, por lo que la Sala no admite la
         impugnación del informe por dicha causal y las argumentaciones aducidas
         en dicho extremo los considera como alegatos de defensa.


94.      Que, resulta ilustrativo lo dicho por el Tribunal Constitucional en su
         sentencia recaída en el Expediente 3510 – 2003 – AA/TC, que la Sala hace
         suya: Que "cuando una dependencia del Estado emite una opinión técnica
         acerca de un asunto propio de su competencia, no vulnera ni amenaza
         perse derechos constitucionales, a menos que con emisión de dicho
         dictamen se hubiese obrado de una forma absolutamente incompatible con
         los objetivos propios de la función que se ejerce, u omitido el cumplimiento
         de normas preestablecidas que regulan su ejercicio" (Cfr. Fundamento
         Jurídico décimo segundo)[ 42 ].


95.      Razones por las que, debe declararse infundadas las tachas formuladas por
         la defensa de los acusados Acelor Cokeran, Montesinos Torres, Delmar
         Colina y José Luis Aybar Cancho. En cuanto a la tacha planteada por la
         defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres contra los documentos
         que anexa la UIF a su informe cero trece – dos mil cinco, debe precisarse
         lo siguiente: que el informe es un todo inescindible, que comprende el
         dictamen en sí y la documentación que sustenta las conclusiones del



[42 ] La cursiva y el resaltado es de la Sala.
                                                                                56


        informante, por lo que, habiéndose resuelto la tacha planteada contra el
        informe, carece objeto emitir pronunciamiento sobre la tacha dirigida
        contra los documentos anexados.


C. La Sala considera necesario pronunciarse sobre las cuestiones

      procesales propuestas por los señores abogados de los procesados
      Acelor Cockeran y Cenepo Shapiama, al momento de efectuar sus
      defensas técnicas y sobre la denuncia de afectación al derecho de
      defensa que hicieron los procesados Brichani Wilford y Luis
      Frank Aybar Cancho, al momento de ejercer sus auto defensas.


96.     El señor abogado que patrocina al procesado Charles Acelor Cockeran o
        Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damian Acelor
        Cokeran sostuvo que el objeto del proceso era el contenido en el acápite
        dos del rubro hechos de la acusación fiscal que señala: “… se tiene que en
        el año mil novecientos noventiocho los hermanos (…) Aybar Cancho, por
        indicación de Vladimiro Montesinos Torres, se contactaron con las
        “Fuerzas Revolucionarias de Colombia” (FARC), específicamente con
        Tomas Medina Caracas o Tomas Molina Caracas, (…) pactando la compra
        por la guerrilla de diez mil fusiles (…) siendo que por intermedio de
        Charles Acelor Cockeran llega a contactar con Sarkis Soghanalian, quien
        ofrece conseguir las armas del gobierno jordano” [ver fojas 26,965 del
        Tomo Ñ-1]; por lo que, la acusación provisional formulada contra su
        patrocinado, que permitió el inicio de la fase oral del proceso: “... sin
        embargo en la requisitoria oral es que el fiscal comprende ahora un nuevo
        hecho que no fue materia de la relación procesal definida por la acusación
        fiscal y el auto de enjuiciamiento, porque señaló que la responsabilidad de
        Charles Acelor estaría además basada en una supuesta intervención en el
        financiamiento para el pago de armas” [ver fojas 58,066 del Tomo E-3 de
        la Sesión n° 138].


97.     El tema planteado está vinculado al objeto del proceso, constituido por el
        “hecho criminal”, Juan Luis Gómez Colomer lo conceptúa como “… el
                                                                                      57


      acaecer real tomado en consideración por el Derecho Penal, como “delito”
      en cuanto acción u omisión dolosa o imprudente que tiene como
      consecuencia una pena o medida de seguridad”. [Derecho Jurisdiccional,
      Tomo III, editorial Tirant Lo Blanch. pág. 106]. Hecho criminal,
      constituido por actos que permiten la materialización del delito.


98.   Cabe precisar que el documento que contiene la acusación fiscal, por
      razones de orden y formalidad legal está dividido en acápites. Se inicia con
      la identificación de los acusados, luego, en el acápite I se mencionan los
      hechos o circunstancias. En el acápite II los elementos probatorios, donde
      describe los actos realizados por el ciudadano Acelor Cockeran, que
      incluye su declaración instructiva y movimiento migratorio, aparte de los
      otros que se detallan lo que permitió después de analizar otras conductas
      descritas,   concluir    en    el   acápite   III   con   la   determinación    de
      responsabilidad penal y con el acápite IV, formular acusación (ver fojas
      27,029 a 27,938 del Tomo Ñ-1), solicita pena y reparación civil. La
      acusación     fiscal    debe    leerse    y   entenderse       en   su   totalidad.
      Consecuentemente el hecho criminal no varió, se mantuvo dentro de los
      límites de la acusación inicial, por lo que no se ha afectado el derecho al
      debido proceso y a la tutela judicial efectiva.


99.   El señor abogado que ejerce la defensa del procesado Santos Cenepo
      Shapamia, al exponer sus alegatos en la Sesión N° 148, dijo: “La ley penal
      por regla general es aplicable solo en el territorio nacional, la
      extraterritorialidad de la ley penal es una excepción, es decir si el hecho
      [se] acontece en otro país, solo será aplicable la ley penal en determinados
      supuestos por excepción, pero dentro de nuestro país la ley penal solamente
      se aplica aquí, no se puede aplicar en otro lugar. Entonces si el delito que
      es materia de análisis del artículo 279° del Código Penal, el que
      legítimamente fabrica, almacena, suministra armas será sancionado con
      una pena de seis a quince años, nos preguntamos donde se ha consumado el
      delito, los actos preparatorios no son punibles, no es cierto, el único
      castigable es el suministro como tal, entonces nosotros respondemos: si se
      ha producido en el Estado colombiano y no en nuestro país, no es posible
                                                                                  58


       aplicar la ley penal para este delito, no es posible hacerlo, la ley establece
       excepciones clarísimas en su articulo 2° del Código Penal, si se trata de
       funcionario, si se causa impacto o zozobra en los residentes del país, en
       este caso del Perú, cosa que nunca ha ocurrido, en fin hay otras
       excepciones pero en ninguno de los casos se adecua a la posibilidad del
       caso del señor Santos Cenepo Shapiama” [acta de Sesión N° 148].


100.   Cabe precisarse que Santos Cenepo Shapiama ha sido acusado entre otros,
       por la comisión de los delitos de Suministro Ilegal de Armas, Violación de
       Soberanía de Estado Extranjero, Conspiración contra un Estado Extranjero
       y Actos Hostiles contra un Estado Extranjero, previstos en los artículos
       279°, 337°, 338° y 339° del Código Penal, conductas en las que se presenta
       un concurso ideal de delitos, como se explicará en fundamento aparte.


101.   El cuestionamiento que hace el señor abogado, la Sala lo entiende referido
       a la extensión o limites de la jurisdicción. El artículo II del Código Penal
       la extiende cuando el hecho criminal afecte las relaciones exteriores del
       Estado; y, encontrándose la conducta de su patrocinado prevista en los
       artículos 337° a 339° del ya citado código sustantivo, la Sala por mandato
       legal debe ejercer su poder jurisdiccional.


102.   El profesor José Hurtado Pozo, subraya: “… se admite con mas frecuencia
       una razón práctica y más precisa. Se trata, por un lado, de hacer respetar
       la regla aut dedere, aut judicare e impedir que el delincuente nacional
       permanezca impune y, por otro, de asegurar la igualdad de tratamiento de
       los delincuentes nacionales, sin interesar donde haya actuado” [Hurtado
       Pozo, José, Manual de Derecho Penal, Parte General I, 3era. pag 264].


103.   Respecto a la denuncia de afectación al derecho de defensa que en Sesión
       148°, formuló el procesado Brichani Wilford Aybar Cancho, bajo el
       argumento de que el señor defensor de oficio que lo patrocinaba doctor
       Juan Jose Andrade Valverde, había defendido al procesado Vladimiro
       Montesinos Torres, precisando a la interrogante: “...En este proceso, el
       señor Andrade Valverde dice, que lo ha defendido a usted y lo ha defendido
                                                                               59


       al procesado Vladimiro Montesinos Torres. Respondiendo: No, en otro
       proceso” [Sesión N° 148, pág 111 del Tomo H-3]. En Sesión N° 149 de
       fecha 31 de agosto del presente año, el mencionado defensor de oficio no
       concurrió a la audiencia, haciendo conocer el procesado Luis Frank Aybar
       Cancho, por requerimiento del colegiado que su abogado le había
       comunicado tal decisión “…por la situación que había pasado con Brichani
       Aybar Cancho, y el en expediente “O” y “P” creo en este caso, el había
       participado en la visualización del vídeo del doctor Montesinos, entonces
       por eso dijo que no estaba bien que continúe como abogado” [fojas 60,518
       del tomo H-3]. Esta Sala expresó su preocupación por los sucesos
       descritos, comunicándolos al Ministerio de Justicia.


104.   De la revisión de autos, la Sala ha establecido, que en Sesión 72 de fecha
       16 de febrero del 2005, los procesados solicitaron expresamente la
       designación del señor abogado Juan José Andrade Valverde como su
       defensor, petición a la que accedió el Colegiado, momento a partir del cual
       no se le encargo la defensa de otro procesado [págs. 09 y 10 de la Sesión
       N° 149 del Tomo H-3]. El estadio procesal era el de declaración de
       testigos, y si el señor abogado anteriormente había ejercido otra defensa
       incompatible, no lo hizo conocer.


105.   Verificados los tomos “O” y “P”, ante la afirmación del acusado Luis
       Frank Aybar Cancho [ver Sesión N° 149], de que el letrado Andrade
       Valverde habría patrocinado al procesado Montesinos Torres, no existe
       actuado en que aparezca como defensor de aquel; por lo que, las posturas
       disimiles de ambos procesados respecto a un mismo hecho y la conducta
       temeraria y desleal del señor abogado [art. 111° C.P.C.] hacen evidente el
       ánimo malicioso con el que actúan, con la intención de perjudicar al
       proceso.


106.   Al respecto, cabe precisar que por Ejecutoria Suprema recaída en el
       recurso de nulidad N° 730-2004, la Sala Penal Permanente de la Corte
       Suprema de la República, ha establecido: “… que en lo relacionado a la
       incompatibilidad en el patrocinio de la defensa técnica de los acusados (…)
                                                                                60


       siendo que los acusados designaron nuevos letrados para la asunción de su
       defensa (…) los tópicos observados no han sido sustanciales”; por lo tanto,
       si se pretendía una declaración de nulidad, esta no es procedente, bajo el
       criterio antes glosado.


D.     Excepción de Prescripción planteada por la defensa del
       acusado Vladimiro Montesinos Torres.


107.   En la Sesión N° 151 de fecha 18 de setiembre del 2006, la señora abogada
       del procesado Montesinos Torres dedujo Excepción de Prescripción en
       relación al delito de Falsedad Genérica, bajo el fundamento de que según
       la delimitación temporal hecha por el Ministerio Público, dicho ilícito “se
       habría producido máximo el 21 de agosto del ” o “los primeros días del
       mes de agosto del año dos mil, en que vienen los funcionarios de enlace de
       la CIA”; que el delito de Falsedad Genérica se halla sancionado con pena
       máxima de cuatro años de privación de libertad, habiendo transcurrido
       desde esa fecha 06 años, un 01 mes y 28 días aproximadamente, por lo que
       habría vencido en exceso el plazo que la ley prevé para que se ejerza la
       acción punitiva; y, que, no se debe tomar en cuenta el artículo 46-A para el
       cómputo del plazo prescriptorio, por cuanto este es para la determinación
       de la pena (ver página 10 y 11 del acta antes mencionada).


108.   El señor Fiscal, absolviendo la excepción formulada, en la misma sesión,
       dijo: que en la acusación su ministerio sostuvo de que al señor Montesinos
       Torres se le aplique el artículo 46-A, dada su condición de funcionario
       público; y, que, siendo así, el delito de Falsedad Genérica se vería
                                                              l
       incrementado hasta en un tercio de la pena señalada en e tipo penal
       respectivo, por lo que no se habría cumplido aún el tiempo necesario,
       solicitando se declare infundada la petición planteada (ver página 16 del
       acta) Difiriendo la Sala pronunciarse en la estación de la sentencia (ver
       página 17 del acta).
                                                                                 61


109.   Atendiendo: Primero.- Que la acusación fiscal contra Vladimiro
       Montesinos Torres por el delito contra la Fe Pública -Falsedad Genérica-,
       se funda en que cuando los agentes de la CIA les entregó a él y a Humberto
       Rozas Bonucelli, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, copia de los
       contratos de adquisición de armas materia del proceso, ante el temor de
       verse descubierto, Montesinos Torres “fabrica” un supuesto “Plan
       Siberia”, acto que como se detallará en los considerandos posteriores, llevó
       a cabo en su condición de funcionario público, aprovechándose del cargo
       para facilitarse la comisión del delito de Falsedad Genérica y los demás
       delitos imputados, por lo que en su caso es de aplicación la situación
       contemplada en el artículo 46-A del Código Penal, que dispone un aumento
       de la penalidad por la condición de funcionario público del autor.
       Segundo.- Que, conforme lo dispone el último parágrafo de dicha norma, el
       legislador   ha   considerado    pertinente    agravar    especialmente    la
       responsabilidad penal cuando la infracción sea cometida por un sujeto
       activo funcionario público, que se prevalezca de su cargo, para la comisión
       del ilícito. Esta agravación se establece para los supuestos en los que el
       tipo penal no haya contemplado especialmente tal consideración personal
       en el injusto, en resguardo de la prohibición de la doble valoración o del
       principio non bis in ídem, como es el caso, por cuanto, el delito previsto en
       el artículo 438° del Código sustantivo, es uno común. Tercero.- Que esta
       Superior Sala, en su resolución de fecha de 07 de diciembre de 2004,
       recaída en el Incidente 32-2001-“U”, dijo: “Que, en lo atinente a la
       aplicación o no del artículo cuarentiséis – A del Código Penal para el
       cómputo del plazo de prescripción de la acción penal, se deja establecido
       que para este efecto (la prescripción), no se trata de un problema de
       comunicabilidad de las circunstancias y cualidades personales que afecten
       la responsabilidad de algunos autores y partícipes […], sino, de la
       extensión de efectos de una circunstancia de hecho o derecho determinado”
       (ver 5° fundamento), resolución que fue confirmada por Ejecutoria
       Suprema de fecha 27 de abril del 2005 (Recurso de Nulidad N° 4166-2004).
       A la posición que sostiene que la “agravación genérica” que prevé el
       artículo 46-A no puede influir en los plazos de prescripción, por cuanto lo
       mismo se tendría que afirmarse para todas las “agravaciones” y
                                                                                 62


       “atenuaciones” previstas en la parte general e incluso en la ley procesal, se
       debe oponer que la consecuencia de la agravación prevista en dicho
       artículo es concreta: el incremento de la pena. Cuarto.- Que, en ese orden
       de ideas, siendo de cuatro años la pena máxima fijada para el delito de
       Falsedad Genérica, en aplicación del artículo 46-A, dicho máximo será de
       cinco años y cuatro meses, por lo que de acuerdo al artículo 83° del citado
       Código el plazo extraordinario de prescripción operará a los ocho años; y
       estando a la fecha en que se produjo el hecho constitutivo del delito de
       Falsedad Genérica, como lo señala la defensa del acusado Montesinos
       Torres, esto es, a más tardar el veintiuno de agosto, aún no ha transcurrido
       el tiempo requerido. Por estas razones, debe declararse infundada la
       excepción de prescripción deducida por la defensa del acusado Vladimiro
       Montesinos Torres.


III.- De Las Circunstancias Del Delito y La Apreciación De La
       Prueba


A ) Antecedentes:


110.   En Sesión N° 87, su fecha 15 de junio del 2,005, cuyas actas se han
       agregado de fojas 46,554 a fojas 46,605 del Tomo Ñ-2, se exhibió el vídeo
       rotulado “Conferencia de Prensa-Plan Siberia”, que contiene la que, como
       es de público conocimiento por la difusión que mereció de los medios de
       comunicación, convocó el ex Presidente Fujimori Fujimori el 21 de Agosto
       del 2000 en Palacio de Gobierno, a la que se presentó acompañado del
       procesado Montesinos Torres, los entonces Ministros de Defensa y del
       Interior y del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Cesar Saucedo
       Sánchez, Walter Gaspar Chacón Málaga y Humberto Guido Rozas
       Bonuccelli, respectivamente, siendo el Jefe de Estado y él, en ese momento
       Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos Torres, los únicos
       que respondiendo a los periodistas, hicieron conocer al país:
                                                                      63


a)   “En el año 1999 se estableció un cordón militar a lo largo del río
     Putumayo en la frontera peruano colombiana. La razón era simple,
     tenía el Servicio de Inteligencia Nacional información de que había
     un aprovisionamiento de armas, fusiles AKM Kalashnikov, que eran
     lanzados acá, (indicando en el mapa), en un punto llamado ciento
     cuarenta y ciento ochenta del Frente Dieciséis de una zona de
     influencia de las FARC. La intervención de esta organización(...)
     hacía peligrar obviamente la seguridad en el país, particularmente
     en esta frontera tan extensa entre Perú y Colombia;...”


b)   Precisó: “el Servicio de Inteligencia Nacional ha estado haciendo
     un seguimiento de una operación triangular(...) ha estado siguiendo
     de una manera paciente por el SIN, hasta que se llegó a descubrir
     casi toda la organización, y han habido detenidos el quince de
     agosto y el día de ayer(...). El Plan de Inteligencia llamado
     SIBERIA, se ha estado llevando a cabo desde finales del noventa y
     ocho”. Respondiendo a preguntas posteriores y siempre en el tema
     de la labor efectuada por el Servicio de Inteligencia Nacional, el
     procesado Montesinos dijo: “es un trabajo que lo ha hecho
     exclusivamente el Servicio de Inteligencia Nacional”. “Ese es un
     trabajo que lo hemos hecho en compartimentaje con otras
     Organizaciones de Inteligencia de otros países, que no han
     intervenido precisamente los      colombianos”. Absolviendo otra
     pregunta y a modo de       acotación el ex Presidente manifestó:
     “...imagínense que en Colombia, dicho sea de paso, los
     colombianos, la inteligencia colombiana por lo menos, no se ha
     coordinado con la inteligencia peruana, imagínense que no tuviera
     conocimiento de este abastecimiento de armas...”.


c)   Al inicio de su exposición había referido el ex Presidente: “...el
     operativo tenía una configuración bastante extraña, se adquirían
     armas en Ammán, en Jordania, hacía escala en las Islas Canarias,
     de las Canarias a Guyana (...), pero en el camino, en el viaje hacía
     Iquitos, lanzaban en paracaídas (...) de los viajes que se han
                                                                       64


     detectado, el primero fue el diecisiete de marzo del noventa y nueve,
     dos mil quinientos fúsiles AKM; en el segundo embarque fue abril
     del noventa y nueve, dos mil quinientos fúsiles; y en el tercero nada
     menos que en julio del noventa y nueve cinco mil fúsiles; de los
     detectados un total de diez mil que esto se ha realizado, tenemos las
     pruebas e incluso hay hasta fotografías cuando se hacía el
     embarque en Ammán, Jordania, hay fotografías de las personas que
     han participado, incluso el vehículo Mercedes Benz del Ministro, del
     General involucrado en Jordania, (...). Teníamos información de
     toda esta regulación, pero no había tampoco las pruebas, llegaban
     los aviones a Iquitos, embarcaban madera, pero no teníamos estos
     desembarques aéreos de estos Kalashnikov...”.


d)   A los periodistas, el procesado Montesinos Torres, les dijo que los
     detenidos eran seis en total, entre los cuales se encontraban JOSE
     LUIS AYBAR CANCHO, LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ y
     SANTOS CENEPO SHAPIAMA; el primero Teniente retirado del
     Ejército Peruano y los segundos Técnicos también en retiro, siendo
     CENEPO SHAPIAMA, especialista en Lanzamiento de Carga desde
     Aeronaves en Vuelo, por haber sido drapla, especialista en este tipo
     de eventos. Informó la detención de CARLOS RAMON REATEGUI
     ALENCAR, RAQUEL SMITH MAGUIÑA y la del ciudadano ruso
     VICTOR IVACHINE, que los dos últimos “...han sido detenidos en
     la madrugada de hoy, por Seguridad del Estado, con intervención
     del Ministerio Público Común...”. Mostró a las cámaras lo que
     llamó documento fraguado a nombre del Ministerio de Defensa del
     Perú, firmado por un inexistente General del Ejército, del cual se
     sirvió el procesado José Luis Aybar Cancho para firmar otro con un
     General del Ejército Jordano para la adquisición de los fúsiles. De
     igual forma procedió con el contrato suscrito por el Técnico Santos
     Cenepo Shapiama (mostrarlo a las cámaras) como representante de
     las Fuerzas Armadas Peruanas; “...a nosotros también nos ha
     sorprendido cómo es que el Ejército Jordano, un General, ha
     proporcionado en venta armas a dos personales del Ejército
                                                                        65


     Peruano en situación de retiro, firman documentos, fraguan
     documentos a nombre del Ministerio de Defensa(...). Felizmente por
     la acción oportuna del trabajo de inteligencia e intervención de la
     Justicia Militar y de Seguridad del Estado, se ha logrado la
     desarticulación de esta Organización...”.


e)   Respecto a la presencia del ex asesor, hoy acusado Montesinos
     Torres, en esta Conferencia y dentro de la estructura de su
     Gobierno, el ex Presidente Fujimori Fujimori al interrogatorio de
     los periodistas, dijo: “...en lo que se refiere al cargo que tiene el
     doctor Montesinos como Asesor de la Alta Dirección, Asesor que se
     mantiene en el cargo durante estos diez años, es por, para darle la
     continuidad que requiere trabajo de esta naturaleza. Imagínese que
     esto estuviera exclusivamente en manos del Jefe de Turno de
     Inteligencia, esto le haría perder continuidad a este trabajo(...). El
     doctor Montesinos depende del Presidente del Consejo de Ministros
     y del Presidente de la República, en su momento, y las veces que sea
     necesario, dará informaciones de interés público...”. En otro
     momento dijo: “...poco se conoce que el Servicio de Inteligencia y el
     doctor Montesinos, contribuyó enormemente a la pacificación del
     país...”. Siguiendo con el tema de la actuación, del entonces asesor,
     absolviendo una pregunta: “No es que sea insustituible, sino que
     tiene la experiencia y los conocimientos y el seguimiento, y las
     informaciones sobre estos aspectos que conciernen a lo que es
     Seguridad contra el Terrorismo, Seguridad Interna, Seguridad del
     Estado y Seguridad contra el Narcotráfico. Entonces, ha hecho una
     extraordinaria labor, los resultados se reconocen (...). De manera
     que su labor ha sido bien calificada, por los hechos concretos,
     independientemente de aquellas acusaciones que se lanzan sin
     ninguna prueba”.


f)   Preguntado el entonces Presidente: “Para el señor Montesinos,
     ¿este Plan de Inteligencia SIBERIA, ha sido llevado a cabo sólo con
     el Servicio de Inteligencia Peruano, solamente peruano, porqué no
                                                                        66


     se estableció relaciones con el Servicio de Inteligencia Colombiano,
     y qué significa (ininteligible) esto para las FARC, es un duro
     golpe?”. Le cedió la palabra al procesado Montesinos Torres, quien
     explicó el perjuicio que significaba para las FARC el descubrir
     estas ilícitas actividades, sin responder la primera parte de la
     pregunta; posteriormente dijo: “...están plenamente identificados
     los integrantes de la Organización y los principales cabecillas están
     en este momento detenidos”. Más adelante preguntado: “A raíz de
     qué se inicia esta investigación como es qué se inicia las acciones
     estas”. [respondió]: “En diciembre, a finales de diciembre de mil
     novecientos noventa y ocho, se tiene informaciones que se va a
     producir transacciones de droga a cambio de armas, orientamos el
     esfuerzo de búsqueda en ese sentido, y es así que el diecisiete de
     marzo del año mil novecientos noventa y nueve, aterriza en Iquitos
     el avión (...) Ilyushin setenta y seis con una tripulación rusa y
     ucraniana, y curiosamente en esa tripulación la integraban dos
     peruanos, que es el Técnico Santos Cenepo Shapiama, cuya foto la
     tienen ahí a mis espaldas y el Técnico Meza, ponemos estos hechos
     en conocimiento de la DIOTAD en Iquitos, y del Ministerio
     Público(...). Entonces a partir de ahí hemos intensificado el esfuerzo
     de búsqueda para determinar cuáles eran las reales motivaciones”.


g)   Como pregunta final se plantea la siguiente: “Señor Presidente,
     aparte de esta captura, de esta acción en pro de la seguridad del
     país, qué otras acciones tiene el gobierno peruano de parte de
     Estados Unidos, que de alguna forma que ha brindado poco dinero
     digamos, para la lucha contra el Narcotráfico y la lucha
     Antidrogas”. Respondiendo: “En realidad cada país toma sus
     decisiones independientemente, naturalmente dentro de un marco de
     cooperación (...). El Perú, en la mayor parte con sus propios
     recursos, es el Perú el que está tomando estas acciones...”
                                                                                67


111.   Precisó el ex asesor Montesinos Torres que la intervención de la Justicia
       Militar, Seguridad del Estado y Ministerio Público, se produjo “por la
       acción oportuna del trabajo de inteligencia...”.


B ) De los hechos:


112.   Mediante Oficio número 145 de fojas 652, fechado: Las Palmas 15 de
       agosto del 2000, el entonces Jefe del SIN Contra Almirante Humberto
       Rosas Bonuccelli se dirige al Presidente del Consejo Supremo de Justicia
       Militar General de División Luis Enrique Delgado Arena, poniendo en
       conocimiento operaciones clandestinas de triangulación para la compra de
       armas en agravio del Estado Peruano. Adjuntando “al presente la Nota de
       Inteligencia No. 054 del 15 de agosto del año en curso, así como la
       documentación sustentatoria correspondiente en 27 folios a fin de que,
       merituando su contenido, tenga usted a bien disponer se abrá la
       correspondiente investigación...”. De fojas 653 a fojas 684 corren los
       anexos.


113.   El 15 de agosto del 2000, el Presidente del Consejo Supremo de Justicia
       Militar dicta la Resolución de fojas 685 disponiendo que el oficio y la
       documentación adjunta pase a la Sala de Guerra del Consejo Supremo de
       Justicia Militar. Es dado cuenta en la misma fecha, en la que también se
       formaliza denuncia, emite opinión el auditor de la Sala de Guerra y se dicta
       el auto apertorio de instrucción, obrante de fojas 692 a 694.


114.   El Ministerio Público mediante oficio N° 4905 – 2000 – MP- CEMP, su
       data 21 de agosto del 2000, que en copia, obra a fojas 82 se dirige al
       Director Nacional de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú,
       haciendo de su conocimiento que por resolución expedida por la Comisión
       Ejecutiva del Ministerio Público N° 550 – 2000 – MP –CEMP, dictada en
       la fecha, había designado al doctor Plácido Antenor Córdoba Díaz como
       Fiscal Ad Hoc. A fojas 83 obra copia de la resolución antes citada. La Sala
       repara en que de acuerdo al oficio de fojas 44,809 que el Sub Gerente de
       archivo central y trámite documentario.            Gerente de archivo y
                                                                                                68


        administración documentaria, informa al señor secretario General de la
        Fiscalía de laNación: “(...) tengo a bien en informarle que se verificó en
        los registros de documentos de la secretaria general, desde el registro N°
        4428 con fecha de ingreso 02 de agosto del 2000, hasta el registro N° 4639
        con fecha de ingreso 31 de agosto del 2000, sin que estos consignaran y/o
        registraran alguna solicitud del Servicio Nacional de Inteligencia (...) le
        informo que se ha verificado en el File de Oficios Emitidos por la Fiscalía
        de la Nación, desde el Oficio N° 285-2000-MP-FN de fecha 09 de agosto
        del 2000 hasta el Oficio N° 304-2000-MP-FN de fecha 22 de agosto del
        2000, sin que alguno de ellos fuera dirigido a la Dirección de Seguridad
        del Estado comunicando la designaci ón de un Fiscal Ad Hoc ”


C ) De la organización delictiva


115.    Aparece de la Denuncia N° 004 – 2000 – FPPE, su fecha 23 de enero del
        2001 que corre a fojas diecisiete mil ochocientos quince del Tomo B-1, que
        el señor Fiscal Provincial que investigaba los hechos por los cuales se
        decidió dar inicio a este proceso, solicitó “Cooperación a la Embajada de
        los Estados Unidos de Norteamérica, para que Agentes de la Federal
        Bureau of Investigation puedan entrevistar y recibir la declaración de
        Charles Acelor Cokeran y Sarkis Shoganalian...”. Se le envió “unos
        actuados donde consta una declaración de (...) CHARLES MAX DAMIAN
        ACELOR, nacido el día 04 de enero de 1951 (...) que están en idioma
        INGLES...”. El 26 de febrero del mismo año, la señora Fiscal Encargada de
        la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, mediante Oficio N° 1806
        – 2000 – MP - SEGFIN agregado a fojas 17,933 remitió la traducción del
        documento [Ver fojas 17,934 a 17,937, y 17,938 a 17,940] que contiene la
        información que aquel proporcionara en la Investigación realizada el 29 de
        diciembre del 2000 en Miami Florida. Ficha N° 275 – A – MM - 95885,
        dictado el: 29 de diciembre del 2000[43 ], la que valorada conjuntamente



[43 ] Fojas 17,784-17,785; 17,786-17,788; 17,934-17,937; 17,938-17,940, del Tomo B-1 “Federal
Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones). Fecha de Transcripción: 2 de enero de
2001. CHARLES MAX DAMIAN ACELOR(...). A fines de los 80 y durante toda la década de los
90, se comunicaron con Acelor funcionarios que el creyó relacionados con el gobierno peruano en
                                                                                                 69


        con la prestada por el procesado López Rodríguez[ 44 ], los testigos Arbayza
        Aldazabal, Vargas Echaíz y los vídeos que estos proporcionaron, prueba:
        que la organización delictiva que se procesó integrada entre otros por
        Vladimiro Montesinos Torres, Charles Acelor Cokeran, Luis Frank y José
        Luis Aybar Cancho, Luis Jorge García Tamariz y Santos Cenepo Shapiama,
        al año mil novecientos noventa y ocho había adquirido un lote de fusiles
        tipo AKM modelo “MpiKM” calibre 7.62x39 cuyo destinatario final era el
        grupo guerrillero denominado FARC.


116.    En los primeros meses de ese año encomendó a Luis Jorge García
        Tamariz la búsqueda de un transportador, que legalmente pudiera
        gestionar y conseguir permisos de las autoridades colombianos para
        ingresar a su espacio aéreo y lanzar las armas desde naves en vuelo que
        tenían como destino final Perú, quien con tal propósito se contacta con el
        señor Manuel Vargas Echaiz entonces ejecutivo de la firma EDIPESA, el
        que a su vez le presenta a don Carlos Arbayza Aldazabal propietario de la
        misma, a los que interesó en                                               on
                                                 establecer relaciones comerciales c el
        Ejercito Peruano y les habló del transporte de ese lote de armas que les dijo
        pertenecían al Gobierno Peruano, agregó que la operación era de carácter

relación con embarque de armas (...) El Gobierno Peruano deseaba que Acelor facilitara el embarque
               il
de cincuenta m fusiles automáticos AK-47. Acelor viajó al Perú y se reunió con JOSE LUIS
AYBAR y JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, los dos militares peruanos que gestionaron la
compra y envío de las armas...”.

[44 ] Fojas 36,754 del Tomo A-2; Declaración de Juan Manuel López Rodríguez: “Señor Fiscal
Superior: cuando se decide el viaje a Jordania, cuál era el objetivo específico, porque usted era el
traductor y entiendo yo que José Luis Aybar le tendría que explicar a usted lo que iban a hacer en
Jordania (...) Acusado: Bueno, me dice que ya, las relaciones o sea los contratos con el señor Sarkis
y el gobierno, porque así me hablaba, el gobierno peruano ya estaba establecido y que teníamos que
ir a allá, bueno eso sobre todo obviamente, yo para traducirlo para que todo pase bien, para que haya
el primer embarque, para que ya se embarque ya para supervisar, él iba como supervisor para ver
que todo pasara bien.”. Fojas 36,885, “Señora Directora de Debates: O sea, cuando usted va a
Jordania ya el negocio estaba cerrado. Acusado: Cerrado, exactamente. Señora Directora de
Debates: Ya todo estaba acordado, y cuando (...) llega a Jordania, usted va a hablar con Sarkis.
Sarkis (...) según su relato, el pone condiciones, como va a embarcar la mercadería (...). Acusado:
No podía saber, no se emplearon términos de negocio, porque lo único que se iba allá, lo que yo
traducía era nada más que para José tenia que traerse el material (...) ya cerraron el negocio, todo
esta finiquitado hay que traer el material, acompáñame para poder comunicarme con el señor Sarkis,
eso fue absolutamente todos.”. Fojas 36,887, “Señora Directora de Debates: (...) cuando se hace
todo este negocio; o sea, cuando ustedes acuerdan el negocio en Miami, y cuando viaja con Aybar,
que le dice que ya estaba arreglado (...), usted ya sabía que la mercadería que habían comprado a
Sarkis eran fusiles, porque era lo que él había ofertado. Acusado: Exactamente, lo que yo declaré
doctora, pero le quiero aclarar (...) yo no he negociado nada, yo estoy ahí nada más que en las
condiciones que yo he expuesto.”
                                                                                                   70


        secreto, dado que al firmarse el Acuerdo de Paz con la vecina República del
        Ecuador existía una moratoria para su adquisición. A estos efectos les
        presenta a Luis Frank Aybar Cancho y luego a José Luis Aybar Cancho
        como militares en retiro, quienes trabajaban según les dijo en el Servicio de
        Inteligencia Nacional con el acusado Montesinos Torres, actuando él como
        representante del entonces Presidente Fujimori Fujimori.[ 45 ].


117.    Efectuado el acercamientos con los representantes de la firma EDIPESA,
        Luis Frank y José Luis                  Aybar Cancho quienes actuaron como
        representantes de la organización ante la guerrilla-adquiriente, - cabe la
        posibilidad de la participación en esas negociaciones de otros miembros -
        viajan a la República de Colombia. Luis Frank usando como punto
        intermedio la República del Ecuador registra tres viajes entre marzo y
        octubre, José Luis dos viajes y otro a Panamá, país donde supuestamente se
        encontraba el dinero para cubrir los costos del transporte, cuyo recojo y
        traslado a Nicaragua debía efectuar el señor Arbayza Aldazabal[ 46 ] al igual


[45 ] Fojas 42,483. Sesión 63, Tomo I-2, su fecha 9 de febreo del año dos mil cinco, Testimonial de
Carlos Francisco Arbayza Aldazabal “ Defensa del Procesado Montesinos Torres: Si puede precisar
en esa reunión o en esa presentación, que está refiriendo el señor Arbayza, cómo se presentó el señor
Luis Frank Aybar Cancho, como militar(...). Testigo Arbayza Aldazabal: Se presenta como un
miembro del Servicio de Inteligencia del Perú. Defensa del procesado Montesinos Torres: Miembro
del Servicio Secreto. Testigo Arbayza Aldazabal: Del Servicio de Inteligencia.”. Fojas 42,487-
42,488 del Tomo I-2. “Defensa del Procesado Montesinos Torres: El señor Jorge García Tamariz,
alguna vez le dijo a él, que los hermanos José Luis y Luis Frank representaban al Ejército. Testigo
Arbayza Aldazabal: Si, los trajo como agentes y eso está en los vídeos(...) Defensa del Procesado
Montesinos Torres: Le dijo también que representaban al SIN. Testigo Arbayza Aldazabal: Si.(...)
Defensa del procesado Montesinos Torres: Le dijo que representaban a Vladimiro Montesinos
Torres. Testigo Arbayza Aldazabal: El esquema era que Jorge García representaba a Fujimori.(...)
Defensa del Procesado Montesinos Torres: No, si Jorge García Tamariz, no Luis ni José, le dijo que
los hermanos Luis y José, representaban a Vladimiro Montesinos Torres y si eso también está en los
vídeos. Testigo Arbayza Aldazabal: Sí me dijo que representaban a Vladimiro Montesinos, y que era
gente de confianza de Vladimiro Montesinos. Es muy probable que este en los vídeos, habría que
revisarlo.”.

[46 ] Fojas 42,359. Sesión 62 del Tomo I-2, su fecha 3 de febrero del 2005. “ Señor Fiscal Superior:
Pero usted también dice que se iba a pagar dos millones de dólares a través de la Embajada de Perú
en Panamá, nos puede explicar esto. Testigo Arbayza Aldazabal: Si, si., me dijeron de que ese
dinero iba a ser, que tenia que llevarlo a Nicaragua, entonces yo tenia que obtener la visa, llevar ese
dinero y pagarlo pues a Meza. Señor Fiscal Superior: Llevar el dinero desde el Perú. Testigo
Arbayza Aldazabal: No, desde Panamá”. Fojas 45,922. Sesión 83, su fecha 19 de mayo del 2005 del
Tomo N-2, Visualización del Vídeo “Arbayza Aldazabal”. “Arbayza Aldazabal: La operación de
Panamá está abortada desafortunadamente, yo estuve allá y fui porque el banquero me llamó (...).
Luís Jorge García Tamariz: En la parte financiera, ya no se puede hacer nada en Panamá”. Fojas
45,970 del Tomo N-2. “...Arbayza Aldazabal: (...). Ahora va a ser directamente, va a ser un poco
diferente, tengo que hablar con ellos. Lo hacemos, como se va a hacer con Banco o como. Luís
Frank: No, ya lo van a entregar (...). Arbayza Aldazabal: Con el banco no iba a ocurrir nada, con el
                                                                                                 71


        que a Costa Rica de acuerdo a la instrumental de fojas 2552, y siguiente del
        Tomo LL-1, que forma parte de la documentación que enviara la Republica
        de Colombia, atendiendo a la solicitud de Asistencia Judicial Internacional
        dirigida a la Autoridad Central – Fiscalía General de Colombia-, en merito
        al Convenio de fecha 12 de julio de 1994, tratativas que mantuvieron hasta
        el mes de noviembre de 1998, aunque en el mes de octubre habían decidido
        unilateralmente darlas por concluidas, razón por la cual Luis Frank Aybar
        Cancho incumple el compromiso que tenía con el señor Arbayza Aldazabal
        para viajar juntos a la República de Colombia el 15 de octubre, en busca
        del avión requerido para el transporte, pese a contar con los pasajes
        comprados por la firma EDIPESA [ver fojas 42,436 a 42,442 del Tomo I-
        2].


118.     Se conoce el dialogo que sostiene con el antes nombrado respecto al viaje
        frustrado[47 ], el que si bien efectúa en el mes de noviembre, no le era de
        ninguna utilidad, pues habían decidido usar la ciudad de Amman –
        Jordania como punto de embarque y justificar la l egada de los aviones
        vacíos a territorio nacional, con la exportación de bienes, que como lo hizo
        notar el testigo, Rafael Merino Bartet en Sesión N° 54 [48 ] en el caso de la
        madera no se justificaba, como tampoco los posteriores, si consideramos el


banco no les iba a ocurrir nada a ellos. Luís Frank: Mejor acá, y acá hacemos el depósito (...).
Inicialmente lo hacíamos en Panamá. Arbayza Aldazabal: Si, pero tú sabes lo que pasó en Panamá,
más de treinta días, y cuando, no que mañana, y después, si le han depositado ha tenido que pagar, y
ahora el problema está en la recepción del dinero, pero así se ha ido sin ninguna, incluso con
nuestras opiniones que no debería llegar a Brasil.”.

[47 ] Fojas 45,960 – Sesión 83, de fecha 19 de mayo del 2005, del Tomo N-2 “Visualización del
Vídeo Arbayza Aldazabal”. “ Luis Frank: O sea que podemos ir en cualquier momento. Arbayza
Aldazabal: Si, efectivamente, en cualquier momento podemos ir (...) supuestamente íbamos a llegar
a las once de la mañana, allá once y media, no hemos convenido con nadie, es su trabajo, su
contrato, ahí va estar inmovilizado (...) ya van dos veces que estamos quedando mal...”.

[48 ] fojas 41,004-41,005 Sesión 54, del 6 de enero del 2005 del Tomo G Testimonial de Merino
                                                                          -2.
Bartet: “Testigo Merino Bartet: (...) permítame que le explique, como yo estaba al margen de esa
investigación, como hombre de inteligencia siempre trataba de acercarme a una ventanita, ver alguna
forma y crearme mis propias hipótesis sobre lo que estaba sucediendo, entonces gran parte de lo que
se ha expresado en primera instancia, es el resultado de esas apreciaciones que yo sostenía, muchas
de las cuales no estaban basadas en hechos, si me permite explicarle, por ejemplo, yo partía del
supuesto que era imposible que llegara un avión vacío de Jordania hasta Iquitos, para comprar cedro,
cuando todo el mundo sabe que el cedro de la selva peruana es un cedro mala calidad, y de otro lado
sabe también que a diez minutos de Jordania, esta el Líbano, donde el cedro crece incluso silvestre,
me parecía eso un absurdo...”
                                                                                                 72


        costo de cada vuelo también lo consigna la Policía Nacional del Perú que
        elaboró el parte número cero nueve-cero tres.noventa y nueve-DINANDRO-
        PNP/DIOTAD-N.O-I, de fojas cuarenta y seis a fojas sesenta anexo 1 del
        Atestado Policial.


119.    Que las armas se encontraban o iban a ser trasladadas a la República de
        Nicaragua lugar desde el cual se haría su entrega, se establece a partir del
        Informe que emite el Agregado de la ATF Embajada de los Estados Unidos.
        Bogota, Colombia, al dar respuesta a la solicitud de rastreo N° 401 ATF
        agregado a fojas 25,063, su fecha 19 de julio de 1999, del Tomo LL-1[49 ] y
        lo declarado en el acto oral por Jorge García Tamariz[50 ] y Luis Frank
        Aybar Cancho en forma imprecisa se refiere a Centro América,[51 ] a pesar
        de que al prestar su declaración instructiva que corre de fojas 126 y
        siguiente del Tomo A, dijo: “…mencionó algunos como posibles puntos de
        recojo Nicaragua y otros lugares que no recuerdo...” [Ver fojas ciento
        veintisiete].




[49 ] Fojas 25,063, del Tomo LL-1. “July 19, 1999 N° 328/GIAT/DINTE/PONAL/DAS/CI-129.
AUNTO: respuesta de solicitud de rastreo N° 401ATF. ALT MAJOR Ismael Cautillo Jefe de grupo
GIAT. Clasificación secreta. Preparada para entregar al gobierno colombiano. El número de serie en
los fusiles revelan que esos fusiles fueron producidos en Alemania en el año1984 y 1985.
Designación “MPiKM”. Los fusiles probablemente fueron entregados a Nicaragua. Un número de
fusiles el cual no es determinado fueron entregados a grupos de guerrilleros en El salvador y
Guatemala durante los últimos años de los ochenta. Es decir 1987, 1988, 1989. Fin del informe.
David O. Navarrete Agregado de la ATF. Embajada de los Estados Unidos Bogotá, Colombia.”.

[50 ] Fojas 34,393-34,394, Sesión 16, su fecha 6 de mayo del 2004 del Tomo W-1. Declaración de
Luis Jorge García Tamariz. “Señor Fiscal Superior: Para hacer ese pedido, o buscar ese contacto con
Manuel Vagas Echaiz, usted debía saber de donde iba a producirse el traslado del cargamento y
hacía donde, se lo dijo Luis Frank. Acusado: Claro, siempre me lo dijo, que era de. Señor Fiscal
Superior: Nos puede explicar eso. Acusado: Si, que era de Nicaragua, que tenía la anuencia del
Comandante General, que era el equivalente de Comandante General aquí en el Perú, no recuerdo
bien, creo que el Comandante General apellidaba Meza, creo que apellidaba y Edipesa había
conseguido interrelacionarse con empresas chinas, yugoslavas para el posible traslado de todo esto”.

[51 ] Fojas 31,865-31866. Sesión 10 de fecha 18 de marzo del 2004 del Tomo T-1. Declaración de
Luis Frank Aybar Cancho. “Señor Fiscal Superior: Usted también en su declaración prestada en la
instrucción, señala de que tenía planes empresariales con distintas personas, incluso usted hace
                                      e
mención al traslado de materiales d defensa, como usted señala, desde distintos lugares del
extranjero. Acusado: Me comentaron de eso, bueno eso ya fue hace bastante tiempo doctor, me
comentaron justamente que había que traer de Centroamérica y de diferentes lugares, por eso que me
encargaron contratar un avión, y no conseguí yo el avión, sino que.”.
                                                                                                   73


120.    Don Carlos Arbayza Aldazabal como don Manuel Vargas Echaiz al
        testificar en las Sesiones 62° y 63° [52 ], fojas 42,095 a 42,351; 42,367,
        ampliado de fojas 42,455 a fojas 42,502 del Tomo I-2 y en la diligencias de
        confrontación entre el antes nombrado Arbayza Aldazabal y el procesado
        José Luis Aybar Cancho actuada en la Sesión N° 75, de fecha 06 de abril
        del año 2005, fojas 44,363 y siguiente, han sostenido en forma uniforme que
        se les solicitó trasladar las armas desde Nicaragua 53 , aún cuando
        inicialmente se habló del traslado de Rusia a Nicaragua y de allí al Perú,
        como se advierte de los diálogos sostenidos entre Luis Jorge García
        Tamariz y Manuel Vargas Echaiz, Wilder Monteza, Luis Frank Aybar
        Cancho, Carlos Arbayza Aldazabal y el ya nombrado Vargas Echaiz que
        fueron grabados [ver el video exhibido en Sesión N° 83, del 19 de mayo del
        2005 del Tomo N-2; de fojas 45,940, 45,955, y 45,972].


121.    Si bien no se conocen las razones exactas por las cuales, la organización no
        pudo efectuar el traslado y entrega de las armas usando territorio de la
        República de Nicaragua como tenían previsto, esa imposibilidad determinó
        que se buscara la manera de legalizar su despacho.




[52 ] Fojas 42,354. Sesión 62, su fecha 3 de febrero del 2005, del Tomo I-2, Testimonial de Carlos
Franciso Arbayza Aldazabal. Señor Fiscal Superior: También usted en sus declaraciones ya en
primera instancia dice que García Tamariz le expresó el interés de traer un material bélico,
armamento de Nicaragua, usted nos puede explicar esas circunstancias testigo. Testigo Arbayza
                                                                           i
Aldazàbal: Bueno, inicialmente se hablaron de algunos negocios, del nterés del ejercito por
generadores, por equipos, etcétera, y ya posteriormente viendo que la empresa, bueno EDIPESA es
una compañía que importa maquinaria de diversos lugares, consideró que podíamos cooperar con el
Perú, con el país, porque en ese momento había un conflicto con el Ecuador, y existía además una
moratoria para suplir armamento a ambos países a nivel mundial(…), por otra parte todos los
peruanos veíamos en televisión de que todos los días pues, soldados peruanos se mutilaban las
piernas con explosiones, eso fue para que digamos teníamos predispuesto el ánimo para colaborar
con el país, no como soldados, somos civiles, pero digamos aportando nuestros conocimiento de
logística, de movimiento de material, de mercadería en forma internacional; entonces en forma
confidencial nos pidieron que colaborara con el país. Señor Fiscal Superior: Esa fue digamos la
exposición que le hace García Tamariz. Arbayza Aldazabal: Así es.”

[53 ] Fojas 44,433. Sesión 75, su fecha 6 de abril del 2005 Tomo LL-2. (Diligencia de Confrontación
entre José Luis Aybar Cancho y Carlos Arbayza Aldazabal) “Señora Directora de Debates:
Recuérdele usted al procesado donde se lo presentaron, cómo lo conoció señor. Testigo Arbayza
Aldazabal: Jorge García nos llevó con Manuel Vargas, a las oficinas de NIPPON, ahí estaba José y
estaba también Luis, y nos hemos reunido en más de una oportunidad, más de una oportunidad en su
oficina, para el asunto éste también del dinero que ibas a transportar de Brasil a pagar las armas que
estaban allá en Nicaragua, y que nosotros te íbamos a servir, para hacer los traslados de esos dineros,
y para coordinar también lo del transporte de material bélico de Nicaragua a Perú”.
                                                                                                 74


122.    Estas aparecen como excedentes del arsenal del Reino Hashemita de
        Jordania [ver fundamento 207-b], que como hizo notar el testigo Merino
        Bartet, estaba constituido por armamento norteamericano[ 54 ].


123.    Debiendo efectuarse las coordinaciones finales para el suministro del
        armamento, los miembros de la organización y sus cómplices salen del país,
        en algunos casos se dirigen a los lugares en los que de acuerdo a lo
        declarado por los testigos Arbayza Aldazabal y Vargas Echaiz, se les había
        dicho se encontraba el dinero destinado a esta operación.


124.    En el mes de octubre: el día dieciocho José Luis Aybar Cancho y Juan
        Manuel López Rodríguez se reúnen con Acelor Cokeran en la ciudad de
        Miami, regresan el veinte. El veinticuatro sale del país Luis Frank Aybar
        Cancho teniendo como destino la República Federal Alemana, el veintiséis
        lo hace      José Luis a Colombia, reuniéndose ambos con la guerrilla,
        comunicándoles las decisiones tomadas para cumplir el compromiso
        adquirido y requiriendo dinero, el treintiuno López Rodríguez viaja a la
        República de Argentina.


125.    En el mes de noviembre: el día primero Brichani Aybar Cancho sale hacia
        ese país, de acuerdo a la declaración de ambos el destino final era la
        República Oriental del Uruguay [55 ] , regresan el once, al día siguiente



[54 ] fojas 41,004 a 41,005, Sesión 54, su fecha 6 de enero del 2005 del Tomo G (Declaración
                                                                                    -2
Testimonial de Franciso Rafael Merino Bartet). “Testigo Merino Bartet: Eso forma parte un poco
del entorno, porque mire usted, permítame que le explique, como yo estaba al margen de esa
investigación, como hombre de inteligencia siempre trataba de acercarme a una ventanita, ver alguna
forma y crearme mis propias hipótesis (...) tampoco creía que las armas proviniesen de Jordania,
porque, por los conocimientos que yo tenia, el Rey Hussein, había estudiado toda su carrera
secundaria y sus estudios universitarios en Estados Unidos, había contraído matrimonio con una
ciudadana norteamericana, la Princesa Rania, que la había hecho la princesa principal de su Reino,
todos los asesores militares que tenía en Jordania, eran norteamericanos, el armamento que
compraba era norteamericano, entonces para mi era inexplicable que existiesen diez mil, quince o
veinte mil fusiles Kalashnikov de origen ruso, entonces lo que yo suponía dentro de mi hipótesis, es
que Amman había sido solamente un punto intermedio y que el armamento provenía de la zona
socialista, del sector socialista y que ese fue el paso”.

[55 ] Fojas 37,050, Sesión número 28, su fecha 22 de julio del 2004 del Tomo A-2. (Continuación de
la declaración de Juan Manuel López Rodríguez). “Señora. Directora de Debates: Cuando usted
viaja con Brichani Aybar Cancho, creo que el primer viaje es al Uruguay. Acusado: Exacto. Fojas
34,193-34,194 Sesión 15, su fecha 29 de abril del 2004, del Tomo W-1. (Declaración del procesado
Brichani Wilfor Aybar Cancho): Señor Fiscal Superior: Usted conoce al Acusado Juan López
                                                                                                  75


        [doce] salen con destino a Holanda conjuntamente con José Luis Aybar
        Cancho, retornando Brichani de Surinam el día dieciocho del mismo mes,
        vuelve a salir el veinticinco, con destino a Brasil.


126.    En el mes de diciembre: Brichani, retorna el día cuatro, como aparece del
        Informe denominado Grupo de “Ivan” que corre a fojas 1,932 y siguente
        del Anexo Plan Siberia C.N.I. Tomo cuatro, grupo de de documentos
        remitidos por el C.N.I. del cual se dio cuenta en Sesión N° 94, su fecha 27
        de julio del 2005 del Tomo P-2, se tomó conocimiento por acciones de
        inteligencia que el día 02 de diciembre del 1998 recibió un giro de Zurich-
        Suiza, efectuando al día siguiente [3] uno a nombre de Liberman de Souza
        [56 ] a quien se le vincula con actividades de narcotráfico.


127.    La Sala afirma que los miembros de la organización se encontraban en
        lugares distintos a aquellos que figuran en su movimiento migratorio como
        destino final, valorando las declaraciones de López Rodríguez, Brichani
        Wilford Aybar Cancho y el informe del movimiento migratorio agregado de
                                        -2
        fojas 49,165 a 49,175 del Tomo R y el adicional de fojas 52,390 a 52,
        401, así como el que proporciona                el Gobierno Colombiano [ver fojas
        24,424 a fojas 24,483 del Tomo K-1].


128.    Obra de fojas 13,491 a fojas 13,494 del Tomo R, el escrito presentado por
        la defensa del procesado Charles Acelor, adjuntando entre otros: “...el
        documento remitido al procesado Charles Acelor por el Banco Mellon
        United National Bank, informando sobre transferencia por US $
        710,000.00” y “reporte de transferencias por un total de US$ 490,000,
        documento emitido por el Banque San Paolo” (fojas 13,496 del Tomo R),


Rodríguez(...) Acusado: Sí lo conozco(...). Señor Fiscal Superior: Ha viajado con él también a
Argentina. Acusado: No, a Uruguay, sabe como fue: el primero supuestamente ibamos a viajar pero
ya yo había comprado un pasaje (...), con una fecha antes, entonces mi hermano Luis le dijo que
vaya él para que verifique porque yo había estado en Brasil y se habían enterado que estaba en las
discotecas, esas cosas, entonces, para que de una vez me matricule, entonces él fue un día antes creó
o dos días antes, y después fui yo, porque yo ya había comprado mi pasaje con anticipación”.

[56 ] Fojas 1,933 (Anexo Plan Siberia C.N.I. Tomo 4). GIROS EFECTUADOS: 02-12-98 “En
Brasilia” (Brasil), “BRAYAN” o “BRIAN AYBAR” recibió un giro enviado desde “ZURICH”
(SUIZA). 03-12-98 “BRAYAN” efectúo el giro DB-35940045 de $3,000 por medio del Banco de
BRASIL para ser cobrado en CRUZEIRO DO SUL por “LIBERMAN SOUZA” (Brasil).
                                                                                            76


        los que también solicitó la Procuraduría Pública Ad Hoc se incorpore
        como parte de la documentación bancaria entregada por el señor Fiscal
        Federal del Sur de la Florida de los Estados Unidos [medios probatorios de
        la Procuraduría fojas 28,097 Tomo O-1].


129.    Examinados por la Unidad de Investigación Financiera [ver anexo cuatro y
        cinco del Informe Final UIF- N° 013-2005/CONJUNTA, fojas 50,829 a
        fojas 51,335 del Tomo U-2], se estableció: que el ciudadano de Surinam
        “Winod Parbhoe recibió entre setiembre y noviembre de mil novecientos
        noventa y ocho, en su cuenta del Mellon National Bank Miami – Florida, la
        suma total de US $ 1’798,000, de esta cuenta transfiere en el mes de
        noviembre de mil 1998 a la cuenta bancaria de la empresa Americana
        Pyramid Resources [ 57 ] (de propiedad aparentemente de Charles Acelor) la
        suma de US $ 982,160.00 dólares; esta empresa transfiere el 30 de
        noviembre de 1998 la suma de US $ 600,000.00 dólares a la cuenta de
        Charles Acelor en el Banco San Paolo de Francia, quien a su vez, de
        confirmarse los manuscritos de instrucciones del mes de noviembre por US
        $ 650,000,00 habría pagado a Sarkis Soghanalian, entre los meses de
        noviembre y diciembre de 1998, un total ascendente a US$ 1’140,000 (...)
        de ese total, la suma de US $350,000 fue alcanzada suponemos a Sarkis
        Soghanalian, vía una transferencia a la cuenta N° 11947 – 4 – 510, del
        Banco Arabe con sede en Jordania Ammán, de la cual hasta la fecha no se
        ha podido identificar al titular” (fojas 50,872 del Tomo U-2).


130.    El movimiento bancario descrito, se corresponde con lo manifestado por el
        procesado Acelor Cokeran a los agentes de la Oficina General de
        Investigaciones de los Estados Unidos, y lo declarado ante el Consulado
        General del Perú en Miami el 27 de febrero del 2001, cuya traducción y
        original obran de fojas 18,200 a fojas 18,208 del Tomo C-1, diligencias en
        las que admitió haber recibido transferencias para el negocio de las armas




[57 ] Fojas 36,167. Declaración de Charles Acelor C ockeran. Señor Fiscal Superior: La empresa
Pirámide Resort Limitada, tiene alguna relación con usted. Acusado: Responde en idioma francés.
Traductora: es una de mis empresas.
                                                                                                  77


        por un monto de US $ 1’200.000.00 dólares [58 ]. En el acto oral reconoció
        de que el dinero provenía de una cuenta cuyo titular era el antes nombrado
        Parbhoe,[59 ] persona fallecida[ 60 ], de acuerdo a lo que hizo conocer el
        Agente Especial, empleado por la Dirección Federal de Investigaciones
        (FBI) John Stewart, al prestar “Declaración Jurada en Apoyo de Solicitud
        de Extradición” ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Distrito
        Sur de La Florida. Caso número 03-20261 CR-LENARD Estados Unidos de
        América contra José Luis Aybar Cancho y otros.


131.    Se conoció de esta declaración al haberla alcanzado su defensa mediante
        escrito de fojas 33,881 del Tomo V-1, dado cuenta en Sesión 15°, su fecha
        29 de abril del 2004, transcrita en las actas que corren de fojas 34,148 a
        34,279 del Tomo W-1, aún cuando en el acto oral fue evasivo respecto al
        monto de lo recibido, no lo negó, dijo haber transferido parte de ese dinero
        a Sarkis Soghanalian.


[58 ] Fojas 17,934 del Tomo B-1. (información proporcionada por el Departamento del Estado de
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica). “Federal Bureau Of Investigation (Oficina
Federal de Investigaciones)”. “...Acelor confirmó luego que recibió en una ocasión, en su cuenta
personal en la Agencia local de Bank Of America, una transferencia de l. 2 millones de dólares del
Perú. Acelor informó que él transfirió la mayor parte del depósito a la cuenta de Soghanalian en
Europa. Este fue el primero de dos pagos efectuados por los peruanos a través de Acelor a
Soghanalian por servicios prestados. El segundo pago fue de doscientos mil dólares. Acelor indicó
que proporcionaría a los agentes que lo entrevistaron la documentación sobre las transferencias
                                                                                        il
bancarias que recibió, la primera de l. 2 millones dólares y la segunda de doscientos m dólares.
Fojas 18,199 a 18,208 del Tomo C-1. (Declaración de Charles Mac Damien Acelor en el Consulado
General del Perú en Miami). “A los 27 días del mes de febrero del 2001 (...) el señor Acelor se
presentó por voluntad propia ante el Consulado Peruano para efectuar la siguiente declaración:
Aybar o López aceptaron esta condición en forma verbal. Les di el número de mi cuenta bancaria y
me enviaron 1.2 millones de dólares americanos que, según creo, provenían de un Banco
Norteamericano”. (...) legalizada la firma de Charles Max Damien Acelor, quien firmó ante mí. No
se asume responsabilidad por el contenido del documento. Miami, 27 de febrero del 2001. (fdo).
Luisa Gamio de Collado Cónsul General Adscrita del Perú”.

[59 ] Fojas 36,490-36,492. Sesión 25, su fecha 8 de julio del 2004 del Tomo Z-1. (Declaración de
Charles Acelor Cockeran). “ Parte Civil: (...) Sí el acusado ha entregado la documentación bancaria
pertinente a John Steward(...) mi pregunta es (...) quien le hizo la transferencia (...), a nombre de
quien. Acusado: Responde en idioma francés. Traductora: He ofrecido los documentos a la Corte y
es una transferencia que viene de un banco de Miami, Mellon Bank, el nombre no lo tengo, Pargo
algo así. (...) Señora Directora de Debates: Y quien le dice a usted que ese dinero que le depositaba
Parboe, era el dinero que correspondía o [el] que tenían que enviar los peruanos. Acusado: responde
en idioma francés. Traductora: Pensé en ese momento que me habían enviado el dinero y que era ese
el que había recibido, no verifique en realidad (...)”.

[60 ] Fojas 36,492, Sesión 25, su fecha 8 de julio del 2004, del Tomo Z-1. (Declaración de Charles
Acelor Cockeran). “Parte Civil: Si sabía o ahora tiene conocimiento, que en el momento de hacer las
                                                                                                 78




132.    Analizados estos medios probatorios conjuntamente con los descritos en el
        considerando precedente y estando probado que Acelor Cokeran viajó el
        05 de noviembre a la ciudad de París, donde se encontró con Sarkis, lugar
        en el cual lo ubica López Rodríguez y acuerdan la transferencia del dinero
        [61 ], la Sala forma convicción, de que los viajes realizados por los
        miembros de la organización tenían por objeto transferir el dinero
        requerido para la formalización de los contratos de compra venta de las
        armas, a efecto de que legalizados se proceda a su despacho. Observa que
        el precio de venta total de los bienes adquiridos, de acuerdo a los contratos
        que obran de fojas seiscientos setenta y cuatro a seiscientos setenta y seis
        del Tomo B, es de US $700,000.00 dólares americanos.


133.    En enero de mil novecientos 1999, estando listo uno de los embarques que
        se conoce, Sarkis Soghanalian y Acelor Cockeran viajan a esta ciudad, el
        primero lo hace el día doce y el segundo el catorce, en una de las
        oportunidades que se reúnen[ 62 ], José Luis Aybar Cancho hace concurrir a


transferencias Winoe Parboe estaba muerto. Acusado: Responde en idioma francés. Traductora: Lo
leí en el informe de Jhon Stewart”

[61 ] Fojas 36,487-36,488. Sesion 25 Tomo Z-1 (Declaración de Charles Acelor Cokeran). “Parte
Civil: Si después de la reunión de Miami entre el dieciocho y veinte de octubre de mil novecientos
noventiocho, el acusado tramitó y obtuvo de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Juez Alan Wolf
un permiso para viajar a Paris con fecha cinco de noviembre del noventiocho. (...) Acusado:
Responde en idioma frances. Traductora: Quizás pienso que si, creo que si. Parte Civil: Si estando
en París se reunió con José Luís Aybar Cancho y/o Juan Manuel López Rodríguez (...) Parte Civil:
Con Sarkis Soghanalian (...) Acusado: Responde en idioma francés. Traductora: Quizás, si estuva
allá en ese momento. No sé”.

[62 ] Fojas 2,144 del Tomo D. (Continuación de la declaración instructiva de López Rodríguez).
“Para que diga: Al Perú llegaron Sarkys Sorghanalian y Charles Acelor por invitación de la empresa
Nippon Corporation, dijo: Que efectivamente estas personas llegaron al Perú, y se alojaron en el
Sheraton, desconociendo si fue por invitación de la Empresa Nippon. Para que diga, quienes se
reunieron en el Hotel Sheraton con Sarkys y Acelor y cual fue el motivo de dicha reunión, dijo: Que
estaba José Aybar el declarante y después llegaron el señor Cenepo Shapiama y Meza Rodríguez,
motivo conforme me llamaron, fue para traer el material de Jordania a Perú, indicando siempre que
era material militar para las fuerzas armadas del Perú. Para que diga quien lo llama a usted para que
acuda a esa reunión en el Hotel Sheraton, para que lo llama y si usted tenia conocimiento el tipo de
material militar que iba a ser traído por Sarkis, dijo: Que lo llama José Aybar para traducir la
conversación con el señor Sarkys y José Aybar porque Sarkys no hablaba castellano sino el idioma
francés, así mismo como traductor de la conversación entre Acelor y José Aybar, en esa reunión se
hablaba de material militar de comunicaciones y radares”. Fojas 31,570 Sesión 08, su fecha 4 de
marzo del 2004 del Tomo S-1. (Declaración de Santos Cenepo Shapiama) Señor Fiscal Superior:
Bien acusado, nos puede decir si en esa reunión estaba presente, el acusado también en este juicio
Charles Acelor. Acusado (Cenepo Shapiama): No recuerdo. Señor Fiscal Superior: No ha visto
usted. Acusado: No. Señor Fiscal Superior: Lo ha visto ahora en juicio, no sabe de quién se trata.
                                                                                                   79


        Santos Cenepo Shapiama y a Luis Alberto Meza Rodríguez al Hotel
        Sheraton donde se alojaba el primero, y con la presencia del procesado
        López Rodríguez quien actuaba como traductor, se                        trató el tema del
                                                                        63
        lanzamiento de carga desde aviones en vuelo [ ], reunión de la cual


Acusado: Recién por este proceso reconozco al señor. Señor Fiscal Superior: No lo ha visto en esa
reunión. Acusado: No.”

[63 ] Fojas 29,240-29,241. Sesión 04, su fecha 5 de febrero del 2004 del Tomo Q-1. (Declaración de
Luis Alberto Meza Rodríguez). Interrogatorio del Señor Fiscal Superior. “Preguntado para que diga,
bien siga?: dijo [Meza Rodríguez] Entonces empieza la reunión, de parte del señor Sarkis
Soghanalian cuando hace preguntas con relación a accesorios, con relación a plataformas, para
poderse llevar a cabo un lanzamiento. Preguntado para que diga, ¿se habló de lanzamiento en
aquella oportunidad? Dijo: Si, entonces el señor, el traductor, el señor Juan Manuel López
Rodríguez, traducía lo que decía este señor y las preguntas iban dirigidas para el señor Santos
Cenepo Shapiama, quien era el que contestaba (...) Preguntado para que diga, ¿nos puede precisar el
tema de conversación, el lanzamiento del paracaídas, se precisaron los objetos, que tipo de objetos
se iban a lanzar?, dijo: No más bien hizo referencia que eran aproximadamente cinco mil cajas,
aproximadamente cinco mil cajas. Eso es lo que se habló y que se necesitaba plataforma, se
necesitaban accesorios y las preguntas eran contestadas por el señor Santos Cenepo Shapiama. (fojas
29,242 a 29,243 del Tomo Q-1). Preguntado para que diga, le hizo mención al tipo de carga en ese
lanzamiento? Dijo: Si, nosotros también le preguntamos, que material era lo que se traía allí,
entonces el señor José Luis Aybar Cancho dijo que era un material secreto (...). Preguntado para que
diga, usted pensó que se trataba de un material secreto acusado: Dijo: Si doctor, en esos momentos,
cuando el señor José Luis Aybar Cancho nos dice a nosotros que el material que se tenía que traer de
Jordania para que el gobierno peruano, que era un material secreto. En ningún momento nos
especifico que es lo que contenía dentro, no nos especificó a nosotros, y nosotros le hicimos la
pregunta al señor José Luis Aybar Cancho. Fue ahí que el señor José Luis Aybar Cancho nos dijo
mas bien que nosotros guardámos o sea que nos reservemos y que estas cuestiones de este tipo de
trabajo, que no lo divulguemos. (...) (fojas 29,288 del mismo tomo) Pregunta de la Señora Directora
de Debates. Preguntado para que diga, ¿le pregunta si era lanzador, porque ellos solo querían
lanzadores de carga, eso lo dice Santos Cenepo Shapiama, lo dice muy claro, como el otro no era
lanzador se va?, dijo: Doctora disculpe, lo que yo le estoy diciendo es la verdad, a no ser que el
señor Santos Cenepo Shapiama haya tenido otra reunión extra oficial con el señor José Luís Aybar
Cancho yo desconozco. En esos momentos este señor que fue acompañando al señor Santos Cenepo
Shapiama, el señor José Luis Aybar Cancho le dice que se retire, y cuando nosotros subimos a una
de las suites del Hotel Sheraton; efectivamente, se habla de lanzamiento y se habla de los accesorios
de lanzamiento, mas no nos dicen a nosotros que vamos a ejecutar el lanzamiento, se habla de los
accesorios de lanzamiento y las preguntas que le hace porque en castellano cuando lo traduce el
señor Juan Manuel López Rodríguez, manifiesta de accesorios, que tipo de accesorios, lo que se está
escuchando era de plataformas, grilletes, carazo, etcétera y las preguntas iban dirigidas al señor
Santos Cenepo Shapiama.. Fojas 31,564 a 31,565. Sesión 8, su fecha 4 de marzo del 2004 del Tomo
S-1 (Declaración de Santos Cenepo Shapiama) “Señor Fiscal Superior: Que fue lo que le dijo el
Acusado Aybar. Acusado [Cenepo Shapiama] Cuando yo le pregunto al señor Aybar, me dice que él
anteriormente había trabajado para el gobierno y este trabajo era para el gobierno, le dije en que
consiste, por seguridad no podemos decirle que cosa es el trabajo, solamente hay que transportar
carga de Lima a Perú, entonces, mientras conversábamos el señor Juan Manuel López Rodríguez
sube al séptimo piso del Hotel Sheraton, más o menos pasaron unos cinco minutos, bajó y nos
invitaron a subir, al llegar al ambiente donde estaba la persona del señor Sarkis; me presentaron pero
no me dijo que se llamaba Sarkis, como normalmente uno se saluda, simplemente mucho gusto y se
da la mano, y es donde el señor Juan Manuel López Rodríguez conversa con el señor Sarkis, en
idioma extranjero y él nos traduce, entonces al traducir me dice que es lo que necesita, cuales son las
necesidades para acondicionar una carga; entonces yo pido un papel y lápiz, escribo todas las
necesidades y le entrego, una vez entregado se queda el señor Sarkis con un papel y pasaron algo de
diez minutos y nos despedimos. Señor Fiscal Superior: Díganos, durante esa reunión que tuvieron
ustedes con Sarkis en su habitación, le explicaron nuevamente cual iba a ser su trabajo. Acusado:
Solamente se habla de lanzamiento, pero no me dicen si sabía o no sabía lanzar, se habla de
                                                                                                    80


         participó o tuvo conocimiento Luis Humberto Sánchez Bernal quien
         representaba al grupo guerrillero y permanecía en Lima [ver fojas 13,311
         del Tomo R] cuidando de que se cumpliera con la entrega de las armas
         compradas para la guerrilla.


134.     Ultimados los detalles, Soghanalian se dirige al Servicio de Inteligencia
         Nacional, se entrevista con Montesinos Torres, luego de visitar algunas
         instalaciones del Ejercito pues existía la posibilidad de proveerlo de
         algunos bienes, el día 18 del mismo mes y año, retorna a los Estados
         Unidos, oportunidad en que Montesinos Torres sale con el mismo destino
         [ver cuadro de movimientos migratorios] quien entra el día veintidos. El
         veintiocho López Rodríguez y José Luis viajan a U.S.A. al día siguiente lo
         hace Acelor Cockeran [ver fojas 50,391 a fojas 50,401 del Tomo T-2].


135.     Se prueba la existencia de la organización, así como la voluntad criminal
         de cometer el delito de suministro de armas y otros, bajo una modalidad
         ya acordada:


136.     De acuerdo a la declaración prestada por Meza Rodríguez y Cenepo
         Shapiama [64 ] ratificada por el movimiento migratorio de ambos, y sello


lanzamiento, que es lo que se necesita, cuales son las necesidades para hacer un lanzamiento; por
eso es que yo pido el papel y lápiz para escribir las necesidades y le entregué al señor López, y el
señor López le entregó a Sarkis. Señor Fiscal Superior: Y qué tipo de necesidades usted escribió.
Acusado: Que son cuestiones de correa, cabos para acondicionar la carga. Señor Fiscal Superior: Le
dijeron que tipo de carga, que cantidad, volumen de carga. Acusado: No me dijeron, pero si se habla
de cinco mil cajas, pero no dijeron que cajas”.

[64 ] Fojas 29,248, Sesión 04, su fecha 5 de febrero del 2004 del Tomo Q-1. (Declaración de Luis
Alberto Meza Rodríguez). “Preguntado para que diga: Pero un comentario, usted iba a viajar por
varios días con todo lo que había sucedido, Dijo: Sí doctor en esos momentos todavía no se
especificaba la fecha de salida, en esos momentos cuando nosotros salimos del Hotel Sheraton no
nos dijo cuándo íbamos a viajar, no nos dijo, mas bien el señor José Luís Aybar Cancho nos dijo de
que por intermedio del señor Agapito Navarro él nos iba a comunicar. Preguntado para que diga:
¿Muy bien quién cubrió los gastos del pasaje de avión y su estadía hasta llegar a Jordania? Dijo:
Cuando ya nosotros el día que teníamos que viajar que fue un día quince de febrero, me llAmman a
la oficina, yo llego a la oficina y subo a un carro, en ese carro, el que manejaba era el señor Gregorio
Quino; y el que estaba a su costado era el señor Agapito Navarro, nos conducen al Aeropuerto
Internacional “Jorge Chávez”, yo desconozco quién haya comprado el pasaje(...) Fojas 29,250.
Preguntado para que diga: ¿No le han preguntado, díganos usted fue al Aeropuerto, tuvo algún
problema para salir de Lima, es decir pasó los controles, no tuvo ningún inconveniente en ello? Dijo:
No doctor. Preguntado para que diga: ¿Ustedes llegaron, usted viajó con Santos Cenepo Shapiama,
no es así?. Dijo: Sí doctor (...). “Preguntado para que diga: ¿Ustedes entonces salieron de Lima
llegaron a Jordania, llegaron a la ciudad de Ammán en Jordania? Dijo: Sí doctor. Fojas 31,571;
                                                                                                  81


        colocado en el pasaporte del primero (número 1645594), que obra a fojas
        1,029, viajan el día 15 de febrero de 1999 a Jordania vía Holanda, arriban
        a la ciudad de Ammán, obra el sello de ingreso colocado por las
        autoridades migratorias de ese país, en el pasaporte mencionado.
        Determinándose que arriban el día 17, recibidos por un representante de
        Soghanalian, se alojaron en el Hotel Holiday Center[ 65 ]                         donde se
        encontraban López Rodríguez, José Luis Aybar Cancho y Libardo Aldana


31,572; de la Sesión 08, su fecha 4 de marzo del 2004 del Tomo S-1 (Declaración de Santos Cenepo
Shapiama). Señor Fiscal Superior: ¿Después de aquella fecha, a los cuántos días se volvió a reunir
con José Luís Aybar? Acusado: [enepo Shapiama] Más o menos entre el catorce y quince de
febrero, recibo una llamada y me dicen que me presente a la oficina de NIPPON Corporation en la
Plaza Grau, y concurro y me dicen que el día de mañana viaja y me dan las últimas indicaciones,
pero no el señor José Luis Aybar sino otra persona (...). Señor Fiscal Superior: ¿Quién se ancargó de
hacer todos esos trámites acusado? Acusado: Bueno, el día del viaje me citan directamente al
Aeropuerto, que me apersone a las cuatro de la tarde al Aeropuerto, en el Aeropuerto ya nos
encontramos con Meza Rodríguez, con esta persona el señor Gregorio, el señor Gregorio me hace
entrega del pasaje y mi pasaporte (...)”. Fojas 31,575. “ Señor Fiscal Superior: ¿En aquellas
circunstancias en que usted con el acusado Meza salían del país, con destino a Jordania, recibieron
algún tipo de indicación, es decir van a hacer escala en tales lugares y van a llegar a Ammán
Jordania, alguna persona los iba a esperar en aquel lugar, le indicaron algo acusado?. Acusado:
Cuando nosotros salimos de acá de Lima en la Línea KLM llegamos a Aruba, de Aruba llegamos a
Amsterdam, en Amsterdam nos quedamos, pernoctamos una noche durmiendo en el piso y al día
siguiente hicimos cambio de avión para partir a Jordania (...)”. Fojas 31,576. “Señor Fiscal Superior:
¿No le mencionó, cuando ustedes llegan a Jordania al Aeropuerto de Ammán, sabía usted si alguien
los iba a esperar? Acusado: Nos dijeron que nos iba a esperar una persona, al salir del avión nos
condujimos por una entrada y buscando a alguien que nos reciba, había un letrero con un cartelito
que decía mi nombre, entonces me dirigí, lo saludé, y me dijo pasaporte; le entregamos nuestro
pasaporte, él hizo todos los trámites administrativos y salimos del Aeropuerto, nos invita a abordar
un carro oficial prácticamente, un carro que tenía dos banderitas y una insignia, que es la corona del
Rey, con ese carro nos condujeron a la casa del señor Sarkis ”.

[65 ] Fojas 29259 Sesión 04. Interrogatorio del Señor Fiscal Superior: Preguntado para que diga: Ya,
entonces usted regresa según su versión al Hotel, cuando es que nuevamente ustedes vuelven al
establecimiento militar para ver la carga que iban a acompañar hacia el Perú. Dijo: No, ya nos
volvimos doctor, o sea, le digo esto, yo llego el día miércoles a Jordania, llegamos ese día a
Jordania, nos llevan a esta oficina y de ahí nos llevan al Holiday Center, nos vayamos, cenamos y al
día siguiente desayunamos, viene el carro y nos recoge, ahí estaba Sarkis, estaban todos; nos llevan
a la estación militar, permanecemos en la estación militar, nuevamente salimos y llegamos al
Holiday Center, al día siguiente también volvimos nuevamente al Ejército, estuvimos un par de
horas por decir, y regresamos nuevamente al Hotel, de allí hasta el día domingo. El día domingo no
recuerdo exactamente la fecha, ya nos llevan a una instalación militar, pero donde estaba el
Aeropuerto, es algo así como el Aeropuerto Internacional y al costado está el Grupo Ocho y ahí ya
estaba el avión, y cuando nos llevan a nosotros ahí al Aeropuerto; yo, llego al Aeropuerto, bajamos
del carro y quienes estaban allí en el Aeropuerto. Estaba el señor José Luis Aybar Cancho, el señor
Juan Manuel López Rodríguez, el señor Sarkis, los oficiales superiores Generales, no sé, los que
estaban allí y el avión y algunos elementos de la tripulación. Fojas 31576, 31689 Sesión 08 y Sesión
09. Señor Fiscal Superior: Los Acusados José Luis Aybar y Juan López permanecieron todo el
tiempo con ustedes, se alojaron en el mismo Hotel Acusado. Acusado: (Cenepo Shapiama):
Exactamente de la casa del señor Sarkis nos condujeron a un Hotel, el Holiday Center, donde nos
alojamos. Señor Fiscal Superior: Se alojaron ustedes dos con Luis Meza, también estaban alojados
allí José Luis Aybar y Juan López. Acusado: Sí doctor (...). Señora Directora de Debates: El
(Libardo Aldana Mejía) compartió la habitación con ustedes. Acusado: No doctora. Señora
Directora de Debates : Estuvo en una habitación contigua, estuvo en el mismo Hotel. Acusado:
Estuvimos en el mismo Hotel.
                                                                                                82


        Mejía, siendo conducidos luego a una base militar, manifestándoseles que
        iban a ver la carga.


137.    Según dijo Aldana Mejía al prestar declaración testimonial ante la Señora
        Juez que instruyó el proceso, cuyas actas obran de fojas 23,990 a 23,995,
        continuada de fojas 23,996 a 24,002 del Tomo K-1, leídas y debatidas en la
        Sesión 77°, su fecha 20 de abril del 2005 [ver fojas 44,894 y siguientes, del
        Tomo LL-2], coincide con Meza Rodríguez y Cenepo Shapiama [66 ] los



[66 ] Fojas 29,260, Sesión 04, su fecha 5 de febrero del 2004 del Tomo Q-1. (Declaración de Luis
Alberto Meza Rodríguez). Interrogatorio del Señor Fiscal Superior. “Preguntado para que diga:
¿Para qué fueron ese día entonces al establecimiento militar, el día domingo que usted señala? Dijo:
O sea, ese día domingo, ya nosotros nos teníamos que embarcar en el avión y teníamos que venir al
Perú. Preguntado para que diga: ¿Tenían que venir en ese vuelo? Dijo: Sí doctor (...) Preguntado
para que diga: ¿No les pareció esto extraño acusado, ustedes iban a acompañar una carga y no les
enseñaron la carga que iban a acompañar?. Dijo: Nosotros subimos al avión y estaba toda la carga
ahí acomodada, estaban con su toldo, estaban los miembros de la tripulación, subimos por una parte
lateral del avión y nos indicaron los miembros de la tripulación que nos sentemos (...)”. fojas
29,261. Preguntado para que diga: a mirar? Dijo: Nosotros hemos venido durante todo el trayecto
algunos momentos despiertos, y algunos momentos por el mismo cansancio del vuelo nos
dormíamos (...) Preguntado para que diga: En lo absoluto, ese primer vuelo solo llegó hasta
Trinidad y Tobago. Dijo: Sí doctor. (...)” . Fojas 29,262. “Preguntado para que diga: No llegó al
Aeropuerto de Iquitos ese vuelo. Dijo: Llegó hasta Trinidad y Tobago. Preguntado para que diga: Y
porqué no continuó su vuelo. Dijo: Desconozco los motivos doctor (...). Preguntado para que diga:
Ese primer vuelo no llegó entonces a Perú y volvió a Jordania. Dijo: Así es doctor. Preguntado para
que diga: Y qué le informó usted al acusado José Luis Aybar Cancho. Dijo: No, nosotros cuando
regresamos y nos dimos cuenta, yo particularmente me di cuenta porque al mirar sobre la ventana de
la aeronave, estábamos nuevamente sobre el mar, entonces cuando nosotros llegamos a Jordania,
prácticamente no había ninguna persona que nos recibiera, y fue así que el señor, el chofer que nos
había sacado del Hotel Holliday Center, para llevarnos al Aeropuerto, este mismo señor nos recoge,
pero en la aeronave estaba yo, estaba el señor Santos Cenepo Shapiama y estaba el otro señor que
era Libardo; entonces el chofer le hace indicaciones al señor Libardo y lo saca del Aeropuerto a él
solo, y nosotros nos quedamos ahí, luego posteriormente viene el mismo señor, nos saca a nosotros
del Aeropuerto y nos lleva nuevamente al Hotel Holliday Center”. Fojas 31,579, Sesión 08, su
fecha 4 de marzo del 2004 del Tomo S-1. (Declaración de Santos Cenepo Shapiama) “Señor Fiscal
Superior: Usted fue a ver conjuntamente con Meza, Aybar y Juan López el cargamento que iban a
traer desde Jordania. Acusado: No, justo el día que íbamos a viajar, ese día también nos llevaron al
Aeropuerto, y en el Aeropuerto ya vimos el avión cargado (...)”. Fojas 31,584. Señor Fiscal
Superior: Nos puede explicar, cuál fue el motivo que originó que ese avión llegara a Ammán y no
llegara a su destino que era el Perú. Acusado: En esa oportunidad, nosotros llegamos
aproximadamente a horas de la madrugada a Trinidad y Tobago, y esperábamos que nos den las
indicaciones para de nuevo partir; pero pasó un momento, dado que esta persona que recién
escuchaba el nombre en el Aeropuerto de Ammán, el tal Libardo tuvo un pequeño, una discusión
con los pilotos, entonces el piloto, qué había sucedido, agarró y de nuevo retornó a Jordania
desconociendo yo porqué discutieron (...) Fojas 31,688 Sesión 09, su fecha 11 de marzo del 2004 del
Tomo S-1. “Señora Directora de Debates: Algo no me ha quedado muy claro, usted a Libardo
Aldana lo conocía pero no sabía su nombre, o no lo conocía, aclárenos, después de leer las actas eso
no ha quedado claro. Acusado: A Libardo Aldana, cuando llegamos a Jordania y nos alojamos en el
Hotel “Holiday Center”, yo vi a una persona pero nadie me dijo que se llamaba Libardo, me
presentaron, yo simplemente le di la mano, como a veces cualquier persona; las personas a veces nos
presentamos, no nos presentamos con el nombre, simplemente uno se saluda dándose la mano y se
dice, “mucho gusto”, pero en ese momento la persona no dice soy Libardo Aldana, o soy Cenepo
Shapiama, de esa manera yo me retiro. Recién como le vuelvo repetir y anteriormente señora
                                                                                         83


        últimos días de febrero, despega el avión que debía trasladar los fusiles,
        precisando “en ese momento ya sabía hacía donde se dirigían las armas
        (…) José Luis Aybar le relató el destino final de la carga y que ahora iba a
        ser en paracaídas, y por eso había traído a Shapiama y a Meza, al
        reclamarle por el sitio del lanzamiento en Colombia, por el lado de
        Vichada, a grupos guerrilleros (…) José Luis le dijo que le dijera si estaba
        dispuesto a hacer eso, o sino para buscar a otra persona (…); al abordar el
        avión fue advertido de que el piloto del avión ya sabía donde se iban a
        lanzar lar armas, y cuando sobrevolara suelo colombiano le diera al piloto
        las coordenadas, al llegar a Trinidad y Tobago...”. aeronave que por
        razones que no se conocen regresa a su puerto de origen.




D ) De los vuelos y del lanzamiento de las armas.


138.    De los vuelos a nuestro país, son cuatro de los que se tiene conocimiento y
        sobre los que se pronuncia la Sala, por constituir los hechos que se
        denunciaron.


D.1.    Primer Vuelo destino Iquitos:


139.    El señor Director General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
        Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio N° 0888-2000-MTC/15.16,
        su fecha 24 de agosto del 2000 dirigido al señor Director Nacional de
        Seguridad del Estado, obrante de fojas 94 a fojas 96 del Anexo I del Parte
        Policial, remitió informe de los hechos que se investigaban, adjuntando
        documentación que obraba en esa Dirección y la que solicitó a la autoridad
        aeroportuaria de la ciudad de Iquitos.


140.    El 15 de octubre del 2001 el mismo funcionario envía a la señora Jueza el
        Oficio N° 0915-2001-MTC/15.16.05, acompaña copias autenticadas del


Directora, se que se llamaba Libardo en el Aeropuerto, cuando él me entrega el GPS cuando el
chofer del señor Sarkis lo llama por su nombre, por eso yo me entero”.
                                                                                               84


        Permiso de Vuelo del PVI N° 0378/99 y de los oficios N° 0377/99
        MTC/15.16, del 04.05.99 y el 1379-00 MTC/15.16.05.1 del 29.12.00 (ver
        fojas 8,990 a fojas 9,036 del Tomo L).


141.    La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial [en
        adelante CORPAC], con oficio MTC/CORPAC S.A. GG-1657-2001-C, su
        fecha 23 de octubre del 2001, agregado a fojas 9,120 y siguiente del Tomo
        LL, informó a la señora Jueza que tenía a cargo este proceso: “que la
        aeronave IL-76 de matricula UR-UCE, de propiedad de la Compañía
        UCRANIAN AIR, arribó al aeropuerto de Iquitos procedente de Trinidad
        Tobago el día 17 de marzo de 1999 a horas 05.59 (...) partiendo de esa
        base aeroportuaria con destino a Piarco el día 23 de marzo a horas 13.40;
        asimismo, es preciso indicar que la aeronave ingresó al país con
        autorización DGAC, con permiso de vuelo internacional 0378/99”; del
        estudio de las instrumentales se establece:


        a) El 09 de marzo 1999 la Empresa Khors Air Company, Kiev 252133,
             UKRAINE, BUL. LESI UKRAINKI, 34 [la Transportadora] con
             mensaje 091909 UKKKKHOX, cuyo resumen y original se han
             agregado de fojas 108 a fojas 110 del Anexo I del Atestado[67 ], inician
             un proceso de permiso para efectuar tres vuelos con escala comercial
             los días 10, 12, 14 de marzo de 1999[ 68 ]. Datos relevantes del petitorio


[67 ] Fojas 108 y siguiente del Anexo I del atestado. “(...) SOLICITA: Autorización sobrevuelo y
aterrizaje para operar tres vuelos. AERONAVE: IL 76 matrícula HA-TCH/ SUSTITUTA UR-
UCE/UR-76437/UR-76437 (...) OPERADOR: HUK-HUNGARY, H-185, BUDAPEST,
FERIHEGY-1, Cargo Centre. ITINERARIO: 3 vuelos Piarco, Trinidad – Iquitos – Piarco, Trinidad
(...) Primer Vuelo fecha: 10 MARZO 1999 (...) Segundo Vuelo fecha: 12 MARZO 1999.
PROPOSITO DEL VUELO: Transporte 20 toneladas – Equipo Defensa (no explosivo) de
Ammán/Marka (Jordania) a Iquitos- Avión vacío de Iquitos a Ammán-Marka (Jordania). Aterriza
en Amilcar Cabral (Islas Sal) y Piarco, Trinidad solo para reabastecimiento de combustible.
CONSIGNADOR: United Industry, Lébanon. CONSIGNATARIO: Ministerio de Defensa del
Perú”.

[68 ] Fojas 45, 406 a 45407. Sesión 79, su fecha 5 de mayo del 2005 del Tomo M-2 (Ratificación de
los Peritos Cesar Enrico Santana y Carlos Bordo Calisto del Informe Pericial - Evaluaciones de
Evidencias e Información diversa presentada en los Tomos A, B, L y Ñ, Expediente 063-01, en el
caso de Tráfico de Armas contra Aybar Cancho y Asociados. Fojas 13, 520 a fojas 13, 557 del
Tomo S). Perito Enrico Santana: “No, en el caso de, lo que pasa es que cada vez que hay una
solicitud de un vuelo, que no sea un vuelo regular, normalmente todo operador para ingresar a un
país, como en el caso del Perú, solicitan un permiso a la autoridad correspondiente, en este caso,
actualmente sería la DGAC, bueno, en el caso, cuando se solicita un permiso especial, básicamente
consiste, en que un operador, cuando quiere entrar por ejemplo al país, un operador extranjero, lo
                                                                                                  85


              son: EMBARCADOR: United Industry Lebanon, CONSIGNATARIO:
              Ministerio de Defensa del Perú. PROPOSITO DEL VUELO:
              Transporte de Equipo de Defensa (no Explosivo) procedente de
              Jordania. SALIDA DEL PAIS: Iquitos – Jordania: Vuelo Ferry [sin
              carga].


        b) Tres       días     después     la    Transportadora        con     mensaje      120746
              UKKKKHOX del 12 de marzo de 1999 [fojas 106 a fojas 107 del Anexo
              I del Atestado], pide autorización de sobre vuelo y aterrizaje en
              territorio peruano[ 69 ]. Mediante mensaje 130018 SPLYAYD marzo de
              1999 [fojas 104 y siguiente del Anexo I del Atestado], la Dirección de
              Circulación Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
              MTC, otorga el Permiso de Vuelo Internacional (PVI) 0378/1999[ 70 ].
              De acuerdo al indicativo de Direcciones Consignadas en los Mensajes,
              el que se adjunta al oficio [ver fojas 97 y siguiente del Anexo I del
              citado Atestado], este mensaje fue enviado entre otros, al Centro de


que solicita es básicamente a la autoridad correspondiente, en este caso la DGAC, los permisos para
ingresar al país, todo país tiene una serie de normas que deben cumplirse, entonces bajo ese criterio,
el operador debe presentar los argumentos, o las declaraciones o los certificados, que acrediten tal
conformidad. Entonces, el permiso en realidad especial, como tal, es el hecho de permitir vuelos en
este caso de mercancías peligrosas para que ingresen al país, como se le pide a la Autoridad
Aeronáutica Civil tales autorizaciones, lo que hace la Autoridad es básicamente dar un permiso, en
este caso permiso especial de vuelo.”.

[69 ] Fojas 106, del Anexo I del Atestado. “SOLICITA: Autorización sobre vuelo y aterrizaje en
territorio peruano. AERONAVE: IL 76 matrícula UR-UCE/SUSTITUTA HA-TCH, OPERADOR:
HUK – HUNGARIAN UKRAINIAN AIRLINES (...). FECHA DE ARRIBO: Entre 14 y 19 de
marzo 1999. FECHA DE SALIDA: Entre 15 y 23 de marzo de 1999. RUTA: Piarco, Trinidad-
Venezuela (Sobrevuelo) - Colombia (Sobrevuelo) – Iquitos (Aterriza -Iquitos (despega) - Colombia
(Sobrevuelo) - Venezuela (Sobrevuelo) - Piarco, Trinidad (Aterriza). TRIPULACION: Capitán
Zilenin y 09 tripulantes. PROPOSITO DE VUELO: Transporte de bienes y reabastecimiento de
combustible”.

[70 ] Fojas 104 del Anexo I del Atestado. “PERMISO DE VUELO INTERNACIONAL (PVI)
0378/1999. MATRICULA DE LA AERONAVE: UR-UCE alterna:HA -TCH. TIPO DE
AERONAVE: IL-76. OPERADOR: HUNGARIAN UKRAINIAN AIRLINES - HUK. FECHA
DE OPERACIONES: Entre el 14 y 23 de marzo de 1999. DIRECCION: Hungary, H                   -185,
BUDAPEST FERIHEGY-1, Cargo Centre. Lima: Av. Las Bellas Artes 154-101-Las Torres de
Limatambo-Urb. San Borja (...). AUTORIZA SOBREVUELO - Aterrizaje y despegue del territorio
peruano entre el 14 – 23 de marzo de 1999 – escala comercial. RUTA: Piarco, Trinidad – Iquitos –
(Transporte de Carga)       Iquitos – Piarco, Trinidad - (VACIO).      TOTAL DE VUELOS
AUTORIZADOS: Uno (01) (...) MOTIVO DEL VUELO: Transporte de Carga (Bienes).
TRIPULACIÓN: 10 al mando del Capitán Zilenín. RUTAS: De los servicios de tránsito aéreo
(RTE ATS) acuerdo al Plan de Vuelo presentado (FPL) y aprobado por la Oficina de Notificación de
los Servic ios de Tránsito Aéreo, Servicio de Información Aeronáutica (ARO/AIS) CORPAC.
Aduana/Migraciones: Comunicar para control.”.
                                                                                                   86


              Información de Defensa Aérea Nacional (Fuerza Aérea del Perú) –
              Cuartel General FAP [71 ].




        c)    El 17 de marzo de 1999 a horas 5.59 aterrizó en el Aeropuerto de
              Iquitos la aeronave UR-UCE, registraron su ingreso de acuerdo al
              Informe de Migraciones de fojas 148 del Anexo I del Atestado, las
              siguientes personas: Nafikov Dmitri, Sevostianov Ernest, Ignatiev
              Valeri, Kalian Iouri, Nepochatov Yevgen, Morozov Mykhaylo, Murzyn
              Vyacheslav, Zagurdayen Vyacheslav, Naydenko Andriy, Bilibukha
              Sergiv, Kapelist Anatoliy, Chorny Dmytro, Tymofeyen Boris, Galushko
              Anatolly, Cenepo Shapiama Santos, Meza Rodríguez Luis A, estos
              últimos sin documentos de identidad se consigna su calidad de
              militares; habiendo esta Sala recibido mediante oficio No 589-IN-2004-
              1607, su fecha 15 de abril del 2004, que obra a fojas 33,270 del Tomo
              V-1; un informe elaborado por el Jefe de la OM-Iquitos anexando
              copias del Parte Diario y de los expedientes de las prórrogas expedidas
              a los ciudadanos extranjeros que ingresaron como tripulantes. Los co
              procesados Cenepo Shapiama y Meza Rodríguez fueron recibidos por
              el también       procesado Luis Frank Aybar Cancho, ante quien los
              conduce un oficial de policía[ 72 ] encontrándose presente el co-


[71 ] Fojas 45, 412, Sesión 79, su fecha 5 de mayo del 2005, del Tomo M (Diligencia de
                                                                                 -2
ratificación de los peritos aeronaúticos Enrico Santana y Bordo Calisto) “Señora Directora de
Debates: En todo caso, la Sala le pediría justamente en la pregunta que ha hecho el señor abogado,
que aclare como es el control, como es esa relación entre la DGTA y la Fuerza Aérea, sobre el
control de ingreso de aeronaves, al espacio peruano. Perito Enrico Santana: En el caso de vuelos
civiles, la autoridad es la DGAC- Dirección de Aeronáutica Civil -, para vuelos militares es
enteramente potestad del Ministerio de Defensa; entonces, en ese sentido si es un vuelo civil la
DGAC es la autoridad. Señora Directora de Debates: Pero comunica que va a ingresar al espacio
aéreo, una nave extranjera o nacional, o no se hace comunicaciones. Perito Enrico Santana:
Normalmente cuando hay autorizaciones de ese tipo, se emite un radio, es la autoridad aeronáutica
de la DGAC, quien emite los radios a través de CORPAC, y los permisos son dados.”.

[72 ] Fojas 29, 271. Sesión 04, su fecha 5 de febrero del 2004, del Tomo Q-1 (Declaración en Juicio
Oral de Luís Alberto Meza Rodríguez). “Preguntado para que diga: A quién tenían que informar
usted en Iquitos sobre el cargamento que había acompañado, Dijo: Cuando nosotros estamos en
Trinidad y Tobago, el señor José Luís Aybar Cancho nos dice: Allá en Iquitos te va a esperar mi
hermano, los va a esperar allí, él los va a recibir en el Aeropuerto de Iquitos y cualquier novedad,
cualquier cosa le dan cuenta ahí al señor, a mi hermano” (...) “y yo llego al Perú con el señor Santos
Cenepo Shapiama; entonces el señor Luis Frank Aybar Cancho le pregunta al señor Santos Cenepo
Shapiama alguna novedad, respondiéndole “sin novedad”. Fojas 29, 278. Señor Fiscal Superior:
Preguntado para que Diga: Cuando llegaron a Iquitos con quién se comunicó acusado, usted y
                                                                                                   87


              procesado Jorge Luis García Tamariz[ 73 ]. Ese mismo día regresaron al

Santos Cenepo Shapiama con quiénes se encontraron, Dijo: Nosotros cuando llegamos del
Aeropuerto doctor, ahí el avión aterriza, bajan por la escalera los miembros de la tripulación, y luego
un oficial de la Policía llama a Santos Cenepo Shapiama, entonces yo le digo a Santos Cenepo
Shapiama, que lo están llAmmando, entonces ese oficial lo llama y baja, yo también bajo detrás del
Técnico, y ahí nos saludamos, nos abrazamos todos y ya con el señor salimos del Aeropuerto, así ha
sido. Señor Fiscal Superior: Preguntado para que Diga: y Usted ya no tuvo mayor vinculación con
Luis Frank Aybar Cancho, con José Luís Aybar Cancho, con los demás acusados. Dijo: No, o sea
que cuando ya salimos del Aeropuerto, allí nos sacó el oficial de la Policía y allí afuera nos estaba
esperando Luís Frank Aybar Cancho”. Fojas 31, 595, Sesión 08, su fecha 4 de marzo del 2004, del
Tomo S-1 (Declaración de Santos Cenepo Shapiama). Señor Fiscal Superior: Alguno de los dos
acusados que he mencionado [José Luís Aybar o Juan López], le dio alguna instrucción o
instrucciones para el Vuelo de Trinidad y Tobago a Iquitos. Acusado: Lo único que nos dijo el
señor Aybar es que, nos iba a esperar su hermano en Iquitos. Fojas 31, 599, del mismo Tomo. Señor
Fiscal Superior: Qué personas lo recibieron en el Aeropuerto. Acusado: Cuando llegamos a Iquitos
yo estuve en el fondo del avión, mi compañero Meza Rodríguez me pasó la voz de que me buscaba
un policía, entonces yo salgo y me preguntan: “Tú eres Shapiama”, sí, le dije, “bajen sus cosas y
síganme”, entonces lo acompañamos y salimos por donde salen las maletas, me pidieron mi
pasaporte y le entregué al Jefe de la Tripulación para que él pase por Migraciones, en ese momento
me encontré con el señor Luís Aybar y me pregunta cómo salió y le dije que bien, de inmediato me
invitaron a subir a una camioneta y nos condujeron al Hotel”. Fojas 31, 600. Señor Fiscal Superior:
Qué otra persona se le acercó antes que él, no nos ha dado su nombre, se acuerda, un policía.
Acusado: Sí, no me dijo su nombre. Señor Fiscal Superior: El grado. Acusado: Era un Mayor de la
Policía”. Fojas 32, 444 a fojas 32, 445, Sesión 11, su fecha 25 de marzo del 2004, del Tomo Q-1.
(Declaración de Luís Frank Aybar Cancho). “ Señora Directora de Debates: Incluso usted los recibe,
porque Meza y Cenepo Shapiama dicen que usted los recibe, o sea usted ya estaba en Iquitos.
Acusado: Ellos ya estaban allí en el Aeropuerto doctora. Señora Directora de Debates: No. Ellos
están en el Aeropuerto y salen, hay un policía que les pasa la voz y los acerca, los saca por el lugar
de la carga, pero ellos dicen que usted estaba en el Aeropuerto, el avión dice llegó a las seis y media
de la mañana. Usted había llegado días antes a Iquitos. Acusado: No doctora, nosotros llegamos en
la mañana, era de día, o sea si el avión llegó a las tres como dice, bueno me parece que ellos no
salían del Aeropuerto, pienso porque yo llegué en el día, los recogí y regresé porque no me hospedé
incluso”.

[73 ]Fojas 29,328 a fojas 29,329, Sesión 04, su fecha 5 de febrero del 2004, del T         omo Q-1.
(Declaración de Luis Alberto Meza Rodríguez). “Señora Directora de Debates: Y cuando llegan a
Iquitos en el primer vuelo usted lo ve a Ivachine, Dijo: Ahí estaba el señor Aybar Cancho con dos
personas, yo hasta ese momento no sabía quiénes eran esas dos personas. Señora Directora de
Debates: Y ahora ya sabe quiénes son. Dijo: Uno de ellos es García Tamariz. Señora Directora de
Debates: Y el otro. Dijo: El otro desconozco doctora. Fojas 29, 338 del mismo Tomo. “Abogado del
Procesado Luís Jorge García Tamariz: Preguntado para que Diga: Por su intermedio señora
Directora de Debates, según ha señalado que a la llegada al Aeropuerto de Iquitos, vio al señor
Aybar Cancho acompañado de dos personas; una de las personas que lo acompañaba, era García
Tamariz, para que explique el acusado cómo puede identificar a García Tamariz, si él antes no lo
había visto. Acusado Dijo: Doctora, en una oportunidad la Jueza Celinda Segura, pasa un vídeo
donde habla el señor García Tamariz con José Luís Aybar Cancho, en una empresa llamada creo
EDIPESA, y nos pasa el vídeo la doctora Jueza, que era en ese entonces del Treintitres Juzgado,
incluso también estaba presente el señor Fiscal, entonces cuando se empieza a ver en la televisión el
vídeo, yo lo reconozco al señor que está hablando, a quien hoy se le llama García Tamariz, a ese
señor yo lo he visto en Iquitos. Preguntado para que Diga: Si tiene otras características en ese
momento que usted lo ve en Iquitos, tiene las mismas características que hoy tiene el acusado García
Tamariz. Señora Directora de Debates: Las características físicas son las mismas, Dijo: Así es
Doctora”.
Fojas 31, 600 a fojas 31, 601, Sesión 08, su fecha 4 de marzo del 2004, del Tomo S-1 (Declaración
de Santos Cenepo Shapiama). “Señor Fis cal Superior: Aparte de ese policía, había alguna autoridad
militar en el Aeropuerto. Acusado: No vi, pero vi personas de civil que estaban cerca al señor
Aybar. Señor Fiscal: A alguna de esas personas las ha visto en esta audiencia. Acusado: Sí, recién
lo conozco al señor Jorge García. Señor Fiscal: Jorge García Tamariz. A otra persona, Acusado: No
doctor”. Fojas 31, 626 “Señor Fiscal: Al acusado Luís Jorge García Tamariz, también cuando vino
                                                                                                  88


              país procedente de Trinidad y Tobago José Luis Aybar Cancho y López
              Rodríguez, quienes se trasladan a Iquitos, relevando a Luis Frank
              quien viaja a esta ciudad con Cenepo Shapiama y Meza Rodríguez [ 74 ],
              haciéndolo al día siguiente a la República de Colombia [ver fojas
              50,391 a fojas 50,401 del Tomo T-2], para verificar el recibo de las
              armas por parte de los adquirientes y efectuar los cobros que
              correspondían.




a Lima, y lo vio en el Aeropuerto, no lo ha visto en otra oportunidad. Acusado: No, en el Aeropuerto
no lo he visto, yo le dije anteriormente de que en Iquitos vi a unas personas, pero no recuerdo si era
él, nadie me lo presentó”.
Fojas 31, 756, Sesión 09, su fecha 11 de marzo del 2004, del Tomo S-1 (Declaración Santos Cenepo
Shapiama). “Defensa de Víctor Ivachine: Señora Directora de Debates: Usted sabe que Víctor
Ivachine estuvo en Iquitos cuando llegó el avión. Acusado: No recuerdo exactamente pero yo vi
personas que estaban junto al señor Luis Aybar Cancho. Fojas 31, 764 a fojas 31, 766. “Señora
Directora de Debates: Entonces si se abrazan de alegría, usted también ha dicho cuando es
preguntado por el Señor Fiscal, de que usted vio en el Aeropuerto a Jorge García Tamariz, a Jorge
García ha dicho, yo recién lo conozco al señor Jorge García, con quién estaba él en el Aeropuerto de
Iquitos cuando usted lo vio. Acusado: En el Aeropuerto de Iquitos, como le repito doctora disculpe,
nos encontramos con el señor Luís Aybar y a su lado habían algo de cuatro, cinco personas, en el
momento yo no sabía que se llamaba Jorge García. Señora Directora de Debates: O sea la persona
que usted acá ha identificado como Jorge García, estaba al lado de José Luís Aybar. Acusado:
Exactamente. Defensa de García Tamariz: Cuál de las dos versiones que dio al señor Fiscal es
cierto, que lo vio o no lo vio, porque en la segunda versión dice que no lo ha visto al señor García.
Acusado: Exactamente como le acabo de decir que yo vi personas, pero no sabía quién era García
Tamariz. Señora Directora de Debates: Claro, pero ahora que ya sabe quién es lo vio o no lo vio.
Acusado: Exactamente no identifico la cara, a la persona. Señora Directora de Debates: La
pregunta es concreta y no demos tantas vueltas, usted ya lo conoce a García Tamariz, lo está viendo
acá en la audiencia, entonces la pregunta es usted lo vio o no lo vio. Acusado: No lo vi. Señora
Directora de Debates: Muy bien, usted sabe que Meza dice que sí lo vio. Acusado: No, esa es su
versión”.

[74 ] Fojas 29, 318 y siguiente, Sesión 04, su fecha 5 de febrero del 2004, del Tomo Q-1 (Declaración
de Luis Alberto Meza Rodríguez). “Señora Directora de Debates: Ustedes, cuando llegan a Iquitos
van al Hotel Amarilis, va toda la tripulación, llega Aybar Cancho, este conocía al dueño del Hotel,
Dijo: Desconozco doctora. Señora Directora de Debates: Usted se registró en el Hotel, Dijo: Le
vuelvo a decir doctora, cuando nosotros llegamos del Aeropuerto en esa combi o en ese couster,
llegamos ahi, todos nos bajamos y subimos. Señora Directora de Debates: Usted se registró en el
hotel o no se registró, Dijo: No nos hemos registrado nada doctora”.
Fojas 31, 601 a fojas 31, 602. Sesión 08, su fecha 4 de marzo del 2004, del Tomo S-1 (Declaración
de Cenepo Shapiama). “Señor Fiscal: Cuando usted salió del avión se dirigieron al Hotel Amarilis.
Acusado: Sí doctor. Señor Fiscal: Cuánto tiempo permaneció en Iquitos, en el Hotel. Acusado:
Horas no más doctor. Señor Fiscal: Cuántas horas acusado. Acusado: Más o menos tres o cuatro
horas. Señor Fiscal: Toda la tripulación se alojó allí. Acusado: Sí doctor. Señor Fiscal: Después de
ello acusado, usted regresó a Lima. Acusado: En el mismo día que llegamos a Iquitos de Trinidad y
Tobago venimos a Lima, junto con el señor Luís Aybar, nos venimos a Lima, llegando él nos da
doscientos dólares a cada uno y él se queda alrededor del Aeropuerto y nosotros nos dirigimos a
nuestras casas ”.
Fojas 31, 913. Sesión 10, su fecha 18 de marzo del 2004, del Tomo T-1 (Declaración de Luis Frank
Aybar Cancho) “Señor Fiscal: Usted se regresó con Santos Cenepo a Lima. Acusado: No recuerdo
la fecha exacta pero si, regresamos juntos (...) Señor Fiscal: Con Santos Cenepo y con Meza no se
alojaron en un Hotel. Acusado: Al parecer ellos al principio parece que estaban planificando que se
iban a quedar, pero posteriormente se dio la orden que se regresaran a Lima y se regresaron”.
                                                                                                   89


142.    La Sala se detiene a examinar el contexto previo y los hechos que rodearon
        la llegada y partida de esa aeronave:


        a)       Con la declaración prestada a nivel policial por don Luis Humberto
                 Cárpena Rosas, Director Gerente de la firma Triplay Enchapes S.A.,
                 que corre de fojas 316 a fojas 320 del Tomo A, en la cual se ratificó
                 al prestar su declaración a nivel de instrucción [75 ] cuyas actas
                 corren de fojas 644 a 647, que a fines del 98 o inicios del 99 la
                 organización delictiva que se procesa, por intermedio del ciudadano
                 Ruso don Víctor Ivachine, se interesó en adquirir madera y triplay
                 para exportar a Jordania, operación que se concretó el 8 de marzo
                 de 1999, emitiéndose el día diez del mismo mes y año, la factura
                 cuya copia se ha agregado a fojas 321 del mismo tomo, a nombre de
                 AMMAN ADVISOR H.R.H. RESERCH AND DEVELOPMENT
                 ADVISOR. KING ABDULLAHBINAL HUSSEIN – JORDANIA[ 76 ],
                 concluyendo que la organización planificó el arribo y despegue de la
                 aeronave en los ultimos meses de 1998. Habiéndose en el mes de
                 diciembre suscrito el primer contrato por parte de José Luis Aybar
                 Cancho y entregado el dinero por el coprocesado Acelor Cokeran a


[75 ] Fojas 645, del Tomo A (Declaración de Luis Humberto Carpena). “Preguntado para que Diga:
Si se ratifica en el contenido de su declaración policial que se le pone a la vista, Dijo: Que me
ratifico en todo su contenido”.

[76 ] Fojas 316 a fojas 320, del Tomo A (Declaración de Luis Humberto Carpena Rosas).
“Preguntado Diga: Explique usted qué tipo de vínculo comercial le une con Víctor Ivachine. Dijo:
A fines de 1998 o inicios 1999, se acercó a mi oficina ubicada en la avenida Colonial No. 1523 –
Lima, la persona de Víctor Ivachine, indicándome que era de nacionalidad rusa, solicitándome
muestras de triplay y si tenía algunas muestras de caoba y de cedro, porque tenía interés de hacer
una exportación para Jordania, pasado un buen tiempo, al parecer los primeros días del mes de
marzo del 99, nuevamente se apersonó a mi oficina de Lima ya indicdo, con la finalidad de
concretar una operación de venta, en vista de que el avión que había hecho un viaje a Centroamérica
y que retornaba a Jordania, iba a irse vacío y con el objeto de abaratar el costo del transporte, iba a
transportar triplay y madera aserrada e iba a viajar a Iquitos para conversar con exportadores
peruanos sobre la madera aserrada (...) posteriormente unos días antes de la llegada del avión, me
llamó por teléfono desde Iquitos asegurándome la compra (...) motivo por el cual comuniqué
telefónicamente al señor Manuel Gamarra Ternero Superintendente de la Planta de la Empresa con
sede en Iquitos, para que atienda el pedido (...) emitió la factura 005 No. 0000484 de diez de marzo
de 1999 cuya copia presento a la vista y los documentos sustentatorios de la exportación (...) una
guía de Remisión No 00010111 de quince de marzo del 99 para el transporte de la mercadería desde
la salida de la fábrica hasta el Aeropuerto de Iquitos”. Fojas 644 del mismo Tomo. “Para que Diga:
Qué tipo de vínculo comercial le une con el procesado Víctor Ivachine, Dijo: Que el procesado se
acercó por nuestras oficinas porque tenia interés en comprar planchas de triplay y madera aserrada
                                                                                                   90


                 los funcionarios Jordanos que se involucraron en los hechos, esto es,
                 antes de que ingresara al país el también co-procesado Sarkis
                 Soghanalian [enero de mil 1999].


        b)       Decidido el uso del Aeropuerto de la ciudad de Iquitos como puerto
                 de llegada de la aeronave que lanzara las armas, Sarkis
                 Soghanalian ingresa al país en enero del 1999 [ver fojas 50,649 del
                 Tomo T-2], para reunirse con los miembros de la organización,
                 fundamentalmente con Montesinos Torres quien asegura el apoyo
                 que debían brindar las autoridades peruanas, dada su posición en
                 el gobierno de ese entonces.


        c)       Luis Frank Aybar Cancho acompañado del ya nombrado señor
                 Ivachine, viaja a la ciudad de Iquitos, refiere éste que se le comunica
                 una semana antes de que llegue la aeronave[ 77 ]. Estando a la fecha
                 de la expedición de la factura ya citada, y a la hora de arribo de la
                 aeronave, obvio es que Luis Frank Aybar Cancho miente cuando
                 dice que viajó a esa ciudad el mismo día de su arribo, esto es el 17
                 de enero de 1999[ 78 ].




(...); asimismo me comunicó que próximamente iría a Iquitos un avión para transportar la carga a
Jordania, porque iba a hacer un vuelo a Centroamérica y se regresaba vacío”.

[77 ] Fojas 35,124, Sesión 19, su fecha 27 de mayo del 2004, del Tomo Y-1. (Declaración de Víctor
Ivachine) “Señor Fiscal: El acusado Luis Frank Aybar Cancho ha declarado en este juicio, que usted
se ofreció para este trámite de exportación de la madera, qué nos puede decir. Acusado: Responde
en idioma ruso. Traductora: Cuando una semana antes de que llegue el vuelo, Luís Frank me invitó a
su oficina y me dijo que hay que ayudar para hacer asistencia técnica a la aeronave, y dijo que esta
aeronave trabaja para el Ejército Peruano; y, que de regreso esa aeronave va a ir vacía (...), entonces
yo propuse a él, he dicho que tengo en Iquitos los contactos para comprar madera allá”.

[78 ] Fojas 32, 444 a fojas 32, 445, sesión 11, su fecha 25 de marzo del 2004, del Tomo U-1
(Declaración de Luis Frank Aybar Cancho). “Señora Directora de Debates: Muy bien, ahora vamos
a ir a Iquitos. Usted en la sesión anterior ha dicho, que (...) viajó a Iquitos con Víctor Ivachine,
cuando venia el avión de Jordania, viajan los dos. Acusado: Creo que si. Señora Directora de
Debates: Cuando viajaron, el mismo día que llego el avión, el día anterior, dos días antes, tres días
antes. Acusado: No el mismo día creo fue. Señora Directora de Debates: (...) Ivachine le dice entre
el tres y quince de marzo yo voy a Iquitos y voy con Luís Frank (...), la madera se paga el diez,
nosotros tenemos la factura, el diez de marzo se paga la madera en Iquitos, entonces han estado en
Iquitos (...) Acusado: La verdad, no recuerdo la fecha, pero yo recuerdo que el día que yo llegó
recojo o tal vez pudo haber, no sé si fue otra vez doctora, no recuerdo. Señora Directora de Debates:
El mismo procesado Ivachine, a fojas 2,431, dice que usted le avisa una semana antes para que viaje
a Iquitos. Acusado: eso si es posible”.
                                                                                                   91


        d)       Cabe destacar que como lo declaró el señor Cárpena, el
                 procedimiento administrativo para la exportación del triplay había
                 concluido al 15 de marzo de 1999.


        e)       Arribada la aeronave a esa ciudad, la que como hizo conocer el
                 señor Ivachine, debía partir en un día[ 79 ], lo que no se produjo, por
                 no contar con permiso de vuelo, al haber cambiado el motivo que se
                 indicó al solicitar el P.V.I, cero tres siete ocho/nueve nueve [ver
                 fundamento 141- a], situación que en forma confusa explicó.


        f)       A su testimonio se recurre y examina, por ser la persona encargada
                 de actuar como traductor y prestar asesoramiento a la tripulación
                 de la nave: de nacionalidad Rusa y Ucraniana[ 80 ] Afirmó en fase de
                 instrucción al prestar declaración testimonial que el encargado de
                 la documentación para el retorno del avión era García Tamariz[81 ],
                 preguntado en Juicio Oral sobre esta afirmación pretendió
                 modificarla y sólo lo puso como una probabilidad[ 82 ], manifestó



[79 ] Fojas 35,148 a fojas 35,149, Sesión 19, su fecha 27 de mayo del 2004, del Tomo Y-1
(Declaración de Víctor Ivachine). “Señora Directora de Debates: Cuando el procesado ha referido de
que el avión llega a Iquitos para estar un día, dice fue programado para que esté un día nada más, y
por eso la compra de la madera fue rápida, cuál fue la razón por la cual permaneció, se prolongó su
estadía en la ciudad de Iquitos. Acusado: Responde en idioma ruso. Traductora: Porque mientras el
avión no se iba, yo tenía que estar junto con la tripulación para explicar a ellos, y la demora fue por
tres días por la causa de la DEA, el asunto de la DEA y un día más después por el problema de
Migraciones, o sea prorrogaron la visa a la tripulación”.

[80 ] Fojas 34, 929. Sesión 18, su fecha 20 de mayo del 2004, del Tomo X-1 (Declaración de Víctor
Ivachine). “Señor Fiscal Superior: Acusado, su trabajo según nos ha dicho era mantenimiento de la
nave en Iquitos, también era su trabajo enviar la carga de Iquitos y estar alerta a cualquier
inconveniente sobre la logística de la nave, y actuar como traductor de la tripulación. Acusado
responde en idioma ruso. Traductora: De todo lo que me comentó, solamente como traductor de la
Tripulación y Asesoramiento Técnico, o sea apoyo entre el personal terrestre y la tripulación, eso
fue lo que yo realicé nada más, madera fue una cosa ya de paso, simplemente ayuda nada más”.

[81 ] Fojas 18, 225, del Tomo C-1 (Declaración Testimonial de Víctor Ivachine). “Para que diga si
conoce a Jorge García Tamariz, Darío Alzamora, Santos Cenepo Shapiama, Luís Alberto Meza
Rodríguez, Luís Frank y José Luís Aybar Cancho y Vladimiro Montesinos Torres, Dijo: Que,
escuchó el nombre de Jorge García pero no puede identificarlo plenamente sin tener a la vista alguna
foto, pero sabe que él se encargó de arreglar todos los papeles del avión que llegó hasta Iquitos para
que pueda realizar su retorno, era una especie de coordinador (...)”.

[82 ] Fojas 35, 349; Sesión 20, su fecha 3 de junio del 2004, del Tomo Y-1 (Declaración del
procesado Víctor Ivachine). “Señorita Presidenta: Pero usted ha declarado ante el Juez, y dice que
sabe que quien se encargó de arreglar todos los papeles del avión que llegó a Iquitos para ver todo su
retorno, era una especie de coordinador dice que era Jorge García Tamariz. Acusado responde en
                                                                                                      92


                  igualmente que el Capitán de la Nave se negó a solicitar la
                  autorización de vuelo, que esa fue solicitada por CORPAC, y
                  finalmente que la misma llegó de CORPAC Lima sin precisar ni
                  aclarar, pese a que fue preguntado reiteradamente quién la
                  solicitó[83 ].


         g)       Obra a fojas 115 y siguiente del Anexo I del Atestado, la solicitud de
                  corrección que con fecha 22.03.99, presenta el Capitán Zilenin a la
                  DGTA Lima, sin que aparezca su firma, rúbrica o documento de
                  identidad en el mismo. Habiéndose pagado los Derechos de Permiso
                  de    Vuelo el mismo día a horas 14.21 por GEOANDINA S.A.
                  domiciliada en Av. Las Bellas Artes, 154.101, Las Torres, quien
                  presenta la carta de fojas 114 dirigida al señor Director de
                  Transporte Aéreo: “reiterando nuestra solicitud de vuelo ferry de la
                  aeronave IL.76 matricula ucraniana UR-UCE. El vuelo de retorno


idioma ruso. Traductora: No, he dicho así, he dicho que es posible, que Tamariz fue la persona o de
repente no él, yo no he dicho que es Tamariz que hacía todo eso, porque a mí me preguntaron sobre
Tamariz si ha hecho estos papeles y yo he dicho, yo contesté que no conozco a él, pero es posible,
cuando me preguntó la Juez, eso ya fue después de la publicación en el periódico y enseñaron en el
vídeo a Tamariz y Luís, y yo creí que él tiene alguna relación con la aviación, es posible que él se
ocupaba de esos papeles”.

[83 ] Fojas 35, 149 a fojas 35, 151; Sesión 19, su fecha 27 de mayo del 2004, del Tomo Y               -1.
(Declaración de Víctor Ivachine). “Señora Directora de Debates: Sí, tenemos la información, le
quisiera preguntar si él acompañó al Capitán cuando cambió el objeto del vuelo, lo ayudó en esos
trámites, porque el vuelo primero aparecía en Iquitos que venía transportando material, y luego
después de siete, ocho días, hacen el cambio. El lo acompañó al Capitán para hacer ese trámite (...)
Traductora: No, yo hablé por separado con el Capitán y hablaba también con el jefe de vuelo.
Señora Directora de Debates: La pregunta es concreta, él acaba de referir acá que el Capitán hablaba
perfecto inglés, que en Iquitos nadie hablaba inglés, entonces, cuando el Capitán hace el trámite ante
las autoridades de CORPAC, en Iquitos, quien lo asesora al capitán para presentar la documentación
del cambio de los motivos del vuelo (...). Traductora: Primero: Que el motivo del vuelo no fue
cambiado, el jefe de vuelo llamó al hotel y dice que el plazo de vigencia del permiso de vuelo es tres
días y que es necesario hacer una prórroga, entonces yo fui donde el Capitán y comenté que hay que
ir al Aeropuerto y hacer la prórroga, el Capitán se molestó, dijo que yo no he dado ese tipo de plan,
o sea el permiso, no he pedido ese tipo de permiso y por eso no voy a hacer prórroga, quién pidió,
quién solicita ese permiso entonces esa persona debe hacer la prórroga, entonces me dice dile a él
que llAmman a Lima y que allí arreglan todo. Señora Directora de Debates: A quién tenían que
llamar a Lima (...) Traductora: No sé, es el Jefe de Vuelo que debería saber, yo no sé. Señora
Directora de Debates: La pregunta es concreta, el Capitán pidió la prórroga (...). Traductora: No.
Señora Directora de Debates: Y quien la pidió entonces (...). Traductora: De Lima llegó un
permiso, o sea, yo he visto, yo he leído. Señora Directora de Debates: O sea. usted no sabe quién
pidió la prórroga, el Capitán no lo hizo (...). Traductora: No sé (...) el permiso fue firmado por
DGTA. Señora Directora de Debates: Eso lo ha dicho, se lo he escuchado, lo que le pregunto es, él
nos acaba de decir, el Capitán se niega a pedir la prórroga, la pregunta es ante la negativa del
Capitán, de pedir la prórroga, quién la pidió, el sabe quién la pidió (...). Traductora: No sé, es posible
Jefe de Vuelo en Iquitos, no sé”.
                                                                                                  93


                 será en la ruta Iquitos-Trinidad Tobago vía Colombia Venezuela
                 (sobrevuelo de territorio Colombiano y Venezolano, transportando
                 triplay y madera prensada, entre el 22 y 23 de marzo de 1999, (...)”.


        h)       En la sesión 20, fojas 35, 531 y siguiente, se dispuso notificar a su
                 representante legal, requiriéndole la exhibición de la documentación
                 que sustentó el petitorio contenido en la carta citada[ 84 ]. A fojas
                 35,589 obra el Parte Nro. 332-2004.DIVPOJUD-ADS-SPE. su fecha
                 10 de junio del 2004, comunicando que en el inmueble sito en calle
                 Las Bellas Artes 154-Dpto 101, se negaron a recibir la cédula de
                 notificación, manifestando que no conocen al representante legal de
                 la empresa GEOANDINA S.A. y que en él domicilia la familia
                 Murrugarra Dávila. Habiéndose el Colegiado dirigido a la Oficina
                 Registral de Lima y Callao, solicitando la remisión de la ficha de
                 inscripción de la empresa GEOANDINA S.A.[ 85 ], se recibieron los
                 Oficios N° 869 y 1104-2004-SUNARP-Z.R.N° IX/GPJN-PRJ01, que
                 se han anexado de fojas 36,582 a 36,587 del Tomo Z-1 y 37,416 a
                 37,418 del Tomo B-2, respectivamente, informando: mediante el
                 primero, que no se encuentra inscrita la denominada razón social
                 EMPRESA GEOANDINA S.A., existiendo dos empresas con similar
                 denominación:         GEOANDINA           EXPLORACIONES               SOCIEDAD
                 ANÓNIMA          CERRADA          y    GEO       ANDINA         CONSULTORES
                 SOCIEDAD ANÓNIMA, remitiéndose las copias literales de ambas
                 empresas. Notificado el representante legal de Geoandina
                 Consultores S.A., con el mandato dictado en la sesión 20, se


[84 ] Fojas 35, 333, Sesión 20, su fecha 3 de junio del 2004, del Tomo Y “Señora Directora de
                                                                              -1
Debates: La Sala comunica que ha dispuesto notificar al representante legal de la empresa
GEOANDINA S.A. con domicilio en Las Bellas Artes 154-101 Las Torres, la que de acuerdo a la
                               or
información proporcionada p el Director General de Aeronáutica Civil, solicitó y pagó los
derechos de permiso de vuelo de la aeronave IL 76 de matrícula ucraniana UR-UCE que aterrizó en
el Aeropuerto de Iquitos el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve con retorno en la
ruta Iquitos – Trinidad y Tobago vía Colombia y Venezuela, de acuerdo a la carta que en copia obra
a fojas ocho mil novecientos noventa y ocho; a efectos de que cumpla: con exhibir dentro de tercero
día de notificada la copia del contrato mediante el cual contrató los servicios de la aeronave, copia
del manifiesto de cargo o documento que acredita el tipo de carga que transportaba, copia del Plan
de Vuelo o itinerario desde el país de origen: Jordania, hasta el país de destino: Perú, así como toda
la documentación relacionada con el transporte de la mercadería”.
                                                                                                  94


                 apersonó [ver escrito de fojas 44,259 y siguiente del Tomo L-2],
                 manifestando que la empresa que representa fue constituida en 1981
                 y funcionó solo dos años, quedando después sin actividad comercial,
                 acotando que no conoce de ninguna aeronave.


        i)       Si agregamos a ello, que el Capitán Zilenin, no arribó con la
                 aeronave Ucraniana a nuestro país, resulta probado que para
                 obtener la modificación del permiso de vuelo, se usaron medios
                 ilícitos, es de resaltar que en la relación de tripulantes a la que tuvo
                 acceso la Policía, no aparecía ninguna persona de apellido Zilenin
                 (ver fundamento 141 - c) y de acuerdo a lo manifestado por Ivachine
                 el    Capitán      de la nave era el señor Mykhailo Morozov [ 86 ].
                 Ilicitudes sobre las cuales ni la DIOTAD Iquitos, ni la DININ-SIN
                 ni tampoco la Dirección de Seguridad del Estado al elaborar la
                 primera el parte, la segunda las Notas Informativas y la última el
                 Atestado, lo mencionan.


143.    La Sala considera necesario pronunciarse sobre la conducta observada por
        los funcionarios policiales que intervinieron la aeronave, dado que resulta
        inadmisible por provenir de un profesional que ostentaba el más alto cargo
        policial en la Región, la explicación dada por el señor. Herrera Rubianes
        Jefe, en ese entonces, de la V Región                 P.N.P. y don Horacio Huivin
        Grandez, encargado de la Jefatura de la DINANDRO en IQUITOS, en lo




[85 ] Confrontar fojas 36,015 Sesión N° 22, su fecha 17 de junio del 2004.

[86 ] Fojas 35,365. Sesión N° 20, su fecha 03 de junio del 2004, Tomo Y-1. Declaración del Víctor
Ivachine. “Señora Directora de Debates: La señorita abogada desea saber si usted conoce a Dmitri
Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyev y de ser afirmativa su respuesta en qué
circunstancias. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: De todas las personas mencionadas,
no es que conozco muy bien sino recuerdo al Capitán de la aeronave de tripulación en Iquitos, es
Mikhaylo Morozov; otros miembros de tripulación en realidad no tuve contacto con ellos, y los
cuatro vuelos los miembros de tripulación fueron diferentes, más o menos sesenta personas. Fojas
35,383, Tomo Y    -1. Defensa del procesado Montesinos Torres: Sí señorita Directora de Debates,
para que diga si tiene conocimiento estando a que el capitán de vuelo el señor Zilenín, si el capitán
de vuelo en esa aeronave era el señor Zilenín (...) Señora Directora de Debates: No. Ha dado otro
nombre, Zilenín no era el capitán de vuelo de la nave que llega a Iquitos. Acusado responde en idio
Ruso. Traductora: No, capitán Mikhaylo Morozov. Señora Directora de Debates: Si está procesado.
Zilenín viene en algún vuelo, viene con el Capitán Vladimir Zilenín. Acusado: Zilenín no
conozco”.
                                                                                                  95


        que se refiere a las circunstancias en que se enteraron de la llegada de la
        aeronave a esa ciudad:


        a)       Aparece de la fotocopia del Parte Policial N° 09-03.99-
                 DINANDRO-PNP/DIOTAD-N.0-I y de sus Anexos que corre de fojas
                 1,127 a 1,229, del Tomo C; así como de las Notas Informativas que
                 formaban parte del mismo, que se repite de fojas 46 a fojas 60 del
                 Anexo I del Atestado, reconocido por don Horacio Huivín Grandez
                 en la sesión 49, y de la declaración prestada por el señor Cárpena
                 Rosas, [87 ] así como por los señores Sánchez Zegarra y Sánchez
                 Panduro que el día 18, a horas catorce aprox imadamente,
                 trasladaron al Aeropuerto el triplay comprado por el señor
                 Ivachine, siendo impedidos de ingresar, observando ambos que el
                 funcionario de esa empresa, don Manuel Gamarra Ternero,
                 conversaba con personal de la Aduana y un oficial de laPolicía. [ 88 ]




[87 ] Fojas 646 del Tomo A. (Declaración Testimonial de Luis Humberto Carpena Rosas,
Representante Legal de Triplay Enchapes Sociedad Anónima), su fecha 18 de setiembre del 2000.
“Para que Diga: Cuando toma conocimiento que el avión ruso que iba a transportar la madera con
destino a Jordania fue intervenido policialmente en el Aeropuerto Internacional de Iquitos, Dijo:
Cuando mandamos la carga al Aeropuerto por problemas de documentos no la recibieron y regresó
la carga a la fábrica, donde fue intervenida por la Policía”.

[88 ] Fojas 30 Anexo A. (Documentación presentada por la Procuraduría Pública) Manifestación de
Hugo Sánchez Zegarra. “Preguntado: Si es verdad que usted el 18 MAR 99 transportó un
cargamento con destino al Aeropuerto Internacional Francisco Secada Viñeta, de ser así diga en qué
consistía el cargamento, por orden de qué persona y qué otras indicaciones le dieron. Dijo: Es
cierto que la fecha que indica transporté un cargamento al Aeropuerto que señala, esto fue
aproximadamente a las 14.00 que salí de la empresa TRENSA (...) el camión lo manejé hasta llegar
a una cuadra de la puerta de ingreso a la ra mpa, el camión de la misma empresa que manejaba
Manuel Sánchez Panduro, se encontraba adelante y el vigilante le dijo que estacionara en dicho
lugar. Preguntado Diga: El motivo por el cual no les admitieron el ingreso a la rampa del
Aeropuerto para descargar los camiones de la empresa TRENSA, Dijo: Desconozco el motivo,
quien debe tener conocimiento es el Superintendente, a quien pude observar que realizaba unas
gestiones con personas de Aduanas y un Oficial de la Policía, posteriormente el señor Gamarra nos
indicó que regresáramos (...)” Fojas 33 y 34 del Anexo A. Manifestación de Manuel Orlando
Sánchez Panduro de fecha 20 MAR 99. “Preguntado: Si es cierto que usted el día 18 MAR 99 a
horas 14.20 aproximadamente transportó triplay al Aeropuerto Internacional de Iquitos, de ser así
indique quién le ordenó el transporte, la cantidad y su destino: Sí, es cierto que la empresa
TRENSA, donde laboro por intermedio del señor Manuel Gamarra me ordenó transportar un viaje
de triplay al Aeropuerto de Iquitos (...) las mismas que las iba a dejar en la Plataforma del
Aeropuerto conforme consta en el permiso del Jefe del Aeropuerto, teniendo conocimiento que iba a
ser cargado en un avión ruso con destino a Jordania (...) Preguntado: indique usted el motivo por el
cual no llegó a dejar el triplay en el Aeropuerto de Iquitos, Dijo: Desconozco los motivos por los
que no fue aceptada la carga de triplay, toda vez que el encargado de realizar las coordinaciones fue
el señor Manuel Gamarra, quien estaba conversando con un oficial de la PNP”.
                                                                                                  96


        b)       El impedimento del ingreso de los camiones transportadores al
                 aeropuerto, motivó que el día 19 a horas 11:25 a.m, la Empresa
                 TRENSA S.A. presente a la PNP la solicitud de fojas 1,174 del Tomo
                 C; solicitando la verificación física de la carga que exportaban[89 ].
                 De la manifestación de don Horacio Huivín Grandez esa sería la
                 razón por la cual Herrera Rubianes lo convoca para intervenir[ 90 ];
                 esto es en hora aproximada a aquella en que por única vez en todo
                 el tiempo que permaneció en el cargo, recibiera el testigo Herrera
                 Rubianes la llamada anónima que como sostuvo escuetamente le
                 informó de la presencia del avión, lo que motivó dispusiera que
                 DIOTAD -IQUITOS interviniera.[ 91 ] Llama                      la atención que


[89 ] Fojas 1,174 del Tomo “C” (Solicitud de Intervención de Embarque) “Señor Director Regional
Antidrogas - Iquitos (…) que, debiendo mi representada realizar el embarque de 15 jabas de triplay
lupuna, con destino a Jordania en nave de bandera Rusa (…) solicitamos la digna intervención de su
personal en dicho embarque, para su verificación física, amparado en factura N° 005-000484 del 10
Marzo 1999 y orden de embarque N° 226-99-40-000283 del 15 Marzo 1999 (…) Iquitos, Marzo 19,
1999. Atentamente, Triplay Enchapes SA. Manuel Gamarra Ternero Apoderado. Una anotación
rubrica: Figueroa: 11:25 190399”.

[90 ] Fojas 40,235 del Tomo “F- 2” - Sesión 48, su fecha 09 de diciembre del 2004 - Declaración de
Horacio Antonio Huivin Grandez. “Señora Directora de Debates: Le hacíamos esta pregunta señor,
porque como usted acaba de decir hace un momento, el General Herrera dispone la intervención
porque se presume droga, entonces esa era la razón por la cual le hacía esta pregunta, la suposición
de drogas de dónde surge. Testigo Huivin Grandez: Bueno, la suposición de embarque de drogas
era porque iba a ingresar una madera de la empresa Triplay y Enchapes S.A TRENSA., iba a dejar el
día dieciocho, ya después durante el proceso de investigación, determinamos que el día dieciocho
iban a ingresar dos camiones con quince jabas de triplay, entonces fueron rechazadas, fueron
impedidas del ingreso al Aeropuerto, por no reunir la documentación esto lo hace el personal de
Aduanas, entonces seguramente por ese rechazo del ingreso de esa madera hacia el interior del
Aeropuerto, el General me convoca el día diecinueve para tomar parte e intervenir y hacer el
registro”. Fojas 40,232 del Tomo “F- 2”. “Señora Directora de Debates (...) Entonces como usted ya
fue interrogado señor, le queríamos preguntar (...) respecto de la llegada del avión del Ilyushin a la
ciudad de Iquitos, la pregunta que le quiere hacer la Dirección de Debates, es cómo toma
conocimiento de la llegada de este avión a Iquitos. Testigo Huivin Grandez: El día diecinueve de
marzo del año mil novecientos noventinueve, fui citado a la Jefatura de la Quinta Región, por el
señor General Policía Nacional Aurelio Herrera Rubianes, quien dicho sea de paso, no era mi jefe
inmediato porque yo era de la División Antidrogas que dependía directamente de DINANDRO
LIMA, pero por tratarse de ser mi jefe, porque es General de la Policía, teníamos reuniones de
coordinación así que me citó a su despacho el Señor General Aurelio Herrera Rubianes, y me dio la
información de que en el Aeropuerto se encontraba parqueado un avión de nacionalidad rusa y
dispone que haga la intervención del caso (...) hago las coordinaciones previas con los señores
Fiscales Antidrogas, el doctor Manuel Castro Sánchez, el doctor Juan Malca Pérez, ambos Fiscales
Especiales Antidrogas y nos constituimos al Aeropuerto para hacer la intervención”.

[91 ] Fojas 39,855 del Tomo “E-2”. Sesión N° 46 del 24 de noviembre del 2004 - Declaración del
señor Aurelio Herrera Rubianes: “Señora Directora de Debates: Dígame, cuando se entera de la
llegada del avión a Iquitos, usted le ordena al Jefe de DIOTAD que intervenga. Cómo se produce
ese tipo de relación, si como usted nos acaba de decir no había ninguna relación, porque tanto usted
como el Comandante Huivín, coinciden en decir, de que es usted el que le comunica a él que ha
llegado el avión y que vaya a investigar, nos puede explicar. Testigo Herrera Rubianes: Yo me
                                                                                                  97


                 Herrera Rubianes, haya sostenido, que se enteró por Huivin
                 Grández de la nacionalidad de la nave y de los tripulantes[ 92 ], y que
                 este haya manifestado que al ordenar la intervención, le indicó que
                 la aeronave era rusa.


        c)       Los procesados Cenepo Shapiama y Meza Rodríguez, coinciden
                 desde la etapa de la instrucción que es un oficial de la Policía que
                 tenía el grado de Mayor el que los busca cuando aterriza la
                 aeronave y los conduce hasta el lugar donde se encontraba Luis
                 Frank Aybar Cancho.               Está probado que el Comisario del
                 Aeropuerto era el Mayor Jorge Fernandez Prada García, siendo el
                 oficial que participa en la elaboración del ya citado Parte N° 09 -
                 03.99-DINANDRO-PNP / DIOTAD – N.O.I [ver Acápite II Punto
                 D.1], y quien según manifestó Herrera Rubianes no comunicó del
                 arribo de la aeronave, por lo que lo cambió de colocación.[ 93 ]


entero de la llegada del avión, recibo comunicación telefónica anónima, en la cual me hacen conocer
que había un avión en el Aeropuerto de Iquitos y que estaba listo para salir con una carga de triplay,
y que supuestamente en ese triplay había drogas (...). Lo llamé al Jefe de la DINANDRO, y le hice
conocer que se comunicara con el Ministerio Público, y que procediera a intervenir (...) y me dijo
muy bien mi General vamos a proceder a verificar qué cosa hay en ese avión”. Fojas 39,867 a fojas
39,868 del Tomo “E-2” – “Defensa de los procesados Luís Frank, Ana Doris, Carmen Astrit y
Brichani Aybar Cancho: Si durante su estadía en Iquitos, posterior a la llamada telefónica, como
acaba de decir que lo hicieron, también hicieron algunas otras llamadas telefónicas, de algunos otros
vuelos durante el año mil novecientos noventa y nueve. Testigo Herrera Rubianes: Nunca, jamás.
Señora Directora de Debates: Primera vez que le denunciaron. Testigo Herrera Rubianes: Sí, y
nunca más”. Fojas 39,875 del Tomo “E-2”. “Defensa del procesado José Luís Aybar Cancho: Si
dentro de esa llamada telefónica se le hizo mención quién era propietario de esa droga y quién
pretendía exportarla. Testigo Herrera Rubianes: No, ningún dato, solo que había un avión que iba a
salir con triplay, con drogas”.

[92 ] Fojas 39,876 del Tomo “E-2”. Declaración del testigo Herrera Rubianes. “Defensa del
procesado José Luís Aybar Cancho: Igualmente hizo mención, de que la tripulación era rusa, en
virtud a qué elementos hace esa afirmación de que la tripulación era rusa. Testigo Herrera Rubianes.
Posteriormente se indica que, dentro de la tripulación, había personajes rusos. Señora Directora de
Debates: Quién le informa. Testigo Herrera Rubianes: la DIOTAD, me comunica quienes están en la
tripulación, que había personas de nacionalidad rusa y que el avión era ruso”.

[93 ] Foja 39,857 del Tomo “E-2”-. Declaración de Herrera Rubianes: “Señora Directora de Debates:
Usted verificó, que el avión tenia dos a tres días estacionado en el Aeropuerto. Testigo Herrera
Rubianes: Me entero posteriormente, cuando han intervenido, que el avión había estado estacionado,
nosotros no tenemos mayor control de los vuelos, ni llegada de los aviones, no esta a cargo de la
Policía Nacional”. Fojas 39,859 a fojas 39,860 del Tomo “E-2”.- “Señora Directora de Debates: Si
vio la parte externa y vio tremendo avión ahí estacionado (...) se supone que el Comisario del
Aeropuerto inmediatamente de cualquier circunstancia, tiene que poner en conocimiento de su Jefe
de Región (...) incluso usted aca declara, que sanciona a un Mayor Fernández Prada, le declaró al
juez , que pidió su cambió, lo sancionó porque no le comunicó, que explicación le dio este señor (...)
porque no le había reportado esta situación. Testigo Herrera Rubianes: Ninguna explicación,
                                                                                                98




        d)       Intervinieron porque funcionarios del gobierno americano lo
                 exigieron, siendo coincidente las versiones de Víctor Ivachine[94 ] y
                 Reátegui Alencar, de la presencia del personal de la DEA en el
                 momento de la revisión de la nave. Huivin Grandez[ 95 ], admite que
                 los antes nombrados (Ivachine y Reátegui) estuvieron en esa
                 diligencia.


        e)       Versión que es confirmada con la dada por el del Director Nacional
                 de Operaciones de la DININ-SIN Jaime Castillo Acosta, quien dijo
                 que los coordinadores americanos les avisaron del arribo de la
                 nave[ 96 ].


simplemente me indicó que no le había llamado mayormente la atención, y que no estaba
mayormente enterado, entonces de acuerdo al perfil que yo había observado (...) procedo a
cambiarlo de colación, y procedo a poner a una persona que tenga el perfil, más perspicaz, más
despierto para ver cualquier actitud”.

[94 ] Fojas 35,128 del Tomo “Y-1” Sesión 19 del 27 de mayo del 2004 – Declaración de Víctor
Ivachine: “Señor fiscal: ¿cuántos Fiscales habían en Iquitos? Acusado responde en idioma ruso -
Traductora: Bueno, a mí se me presentó uno nomás, pero creo que habían como quince personas,
dos extranjeros y otros peruanos, con filmadoras, con perros”, Fojas 35,148 a fojas 35,149 del Tomo
“ Y-1”: “Señora Directora de Debates: cuando el procesado ha referido de que el avión llega a
Iquitos para estar un día, dice fue programado para que esté un día nada más, y por eso la compra de
la madera fue rápida, cual fue la razón, por la cual permaneció, se prolongo su estadía en la ciudad
de Iquitos. Acusado responde en idioma ruso - Traductora: Porque mientras el avión no se iba, yo
tenía que estar junto con la tripulación para explicar a ellos, y la demora fue por tres días por la
causa de la DEA, el asunto de la DEA y un día más después por el problema de Migraciones (…)”

[95 ] Fojas 40,238 y siguiente del Tomo “F- 2”– Sesión N° 48, su fecha 09 de diciembre del 2004,
Declaración del testigo Horacio Antonio Huivin Grandez: “Señora Directora de Debates: Dígame,
cuando usted interviene por órden del General Herrera Rubianes, cuando usted se acerca al Avión,
¿quienes se encontraban en la nave?. Testigo Huivin Grandez: En la Nave con frecuencia encontré al
señor Víctor Ivachine, ciudadano ruso con residencia me parece en Perú (...) Señora Directora de
Debates: No estaba en ese momento Reategui Alencar allí en el aeropuerto (...) Testigo Huivin
Grandez: Sí el señor Reategui Alencar estuvo allí, y al hacer las preguntas ¿cuál es es el motivo de
su presencia? indicó que era el coordinador de la aeronave”

[96 ] Fojas 39,446 a fojas 39,447 del Tomo D Sesión 43 de fecha 04 de noviembre del 2004.
                                               –2,
(Declaración del Testigo Jaime Samuel Castillo Acosta). “Señora Directora de Debates: (…)
Dígame, la llegada del avión a Iquitos, como toman ustedes el conocimiento de la llegada del avión
a Iquitos. Testigo Castillo Acosta: Por intermedio del Coordinador Americano (…) el nos avisa que
hay un avión que esta llegando a Iquitos y que era sospechoso. Señora Directora de Debates: El les
avisa, antes de que arribe el avion o después que arriba. Testigo Castillo Acosta: No una vez que
arriba me parece (...). Señora Directora de Debates: Dígame señor como interviene la DINANDRO
allí. Usted le comunica que a ellos o le comunica el coordinador, como es que establecen esa
comunicación. Testigo Castillo Acosta: La coordinación me aparece que la hacen los americanos,
también com  unican a la DINANDRO (…) entonces es simultanea la comunicación, entonces ellos
son los que intervienen en Iquitos (…) Señora Directora de Debates: O sea que para ustedes, no
hubo un conociendo previo de que este avión iba a llegar a Iquitos. Testigo Castillo Acosta: No.
Señora Directora de Debates: Y dígame, cuando los americanos le comunican (…), les proporcionan
                                                                                                  99




        f)       Son discrepantes las posiciones, de los presentes en la ya citada
                 diligencia, respecto a la participación de Herrera Rubianes, quien
                 dice haber efectuado tan sólo algunas coordinaciones[ 97 ], para que
                 se efectúe la intervención y que la misma estuvo a cargo del señor
                 Huivin Grandez[ 98 ]. Se consigna en el acápite tercero punto “F”

alguna información adicional, sobre el recorrido del avión, de dónde venia, el origen, le dan mayores
informaciones, mayores datos para poder trabajar este hallazgo, este tema. Testigo Castillo Acosta:
No, muchos datos no [nos] dan (…) no recuerdo si teníamos personal ahí o no, porque no teníamos
personal, pero en todo caso no interviene nuestro personal directamente en eso. Pero si tengo
entendido que hacen una intervención y no encuentran droga”.

[97 ] Fojas 39,861 a fojas 39,862 del Tomo E     -2, Sesión 46 de fecha 24 de noviembre del 204.
(Declaración del Testigo Aurelio Herrera Rubianes). “Señora Directora de Debates: Cuando se hizo
la revisión de la madera, del triplay estuvo presente. Testigo Herrera Rubianes: Yo me acerque a la
pista de aterrizaje, en ese momento estaban revisando el avión (…). Señora Directora de Debates:
Allí estaba el procesado Aybar Cancho y el procesado Reategui Alencar. Testigo Herrera Rubianes:
No los conozco, no los he visto, nadie me lo presentó, no he hablado con él, no se de quien se trata,
nunca he hablado con ellos (…). Señora Directora de Debates (...) Usted se ratifica en que no ha
estado. Testigo Herrera Rubianes: He estado como le vuelvo a decir doctora, en el aeropuerto, fui a
verificar para ver si había droga, pero en ningún momento he conversado con las personas que usted
me indica, no los conozco, no se quienes son, nunca los he visto, no telefónicamente, no
personalmente (…). Señora Directora de Debates: Usted estuvo hasta el momento en que terminó la
revisión y se firmó el acta. Testigo Herrera Rubianes: No doctora, sino yo hubiera participado, no
era mi función, yo solamente fui a verificar si había droga, yo le dije al comandante había droga, me
dijo negativo no hay nada. Señora Directora de Debates: En ese momento que fue a verificar, estaba
también el Fiscal. Testigo Herrera Rubianes: No, [le] dije, solamente ví que estaba el comandante”.
                                               –
A fojas 39,877 a fojas 39,878, del Tomo E 2 ; señora Directora de Debates: Justamente (…) le
pregunte hace un momento, que participación, que intervención, que pregunta, que hizo, nos dijo
que no. Testigo Herrera Rubianes: Si, como le digo dentro de la investigación yo no he intervenido,
eso ha sido en el año noventinueve”.

[98 ] Fojas 39,854 a fojas 39,855 del Tomo E 2, Sesión 46 de fecha 24 de Noviembre del 2004,
                                              –
(Declaración del Testigo Herrera Rubianes) Señora Directora de Debates: Nosotros hemos revisado
su declaración testimonial (…) le pregunto: Como eran las coordinaciones que se hacían, entre la
DINANDRO y su Jefatura. Testigo Herrera Rubianes: Normalmente, ninguna coordinación
realizábamos (…) la DINANDRO, es una institución sistémica, que depende directamente de la
Dirección General de la Policía Nacional (…) la DINANDRO, es un órgano que trabaja
directamente a ordenes del Director de la DINANDRO tiene una DIOTAD en la ciudad de Iquitos, o
en cada una de la regiones, que depende directamente de su jefe, (…) la función que tiene la
DINANDRO es totalmente autónoma, y sus intervenciones son autónomas y la coordinación
únicamente es de apoyo que pueda brindarle el jefe de región (...)”. Fojas 39,869 a fojas 39,870, del
Tomo E–2, “Defensa del procesado López Rodríguez: Si como ha dicho el testigo, todas las
investigaciones por drogas era función de la DINANDRO y que él se acercó después de dos o tres
horas, después de recibida la denuncia anónima, al aeropuerto de Iquitos, si él fue informado de
algún resultado (…). Testigo Herrera Rubianes: Sobre el resultado como le digo yo fui y hable con
el comandante me dijo que no había drogas, que no había nada. Señora Directora de Debates: (…)
tenemos acá la nota informativa ochenta cero tres noventinueve (...) que obra a fojas mil doscientos
veinte, es la que eleva el señor Huivin al General PNP Dirección Nacional Antidrogas (...) dice: se
coordina con el señor General PNP Jefe de la Quinta Región Policial, que coordinaciones. Testigo
Herrera Rubianes: La coordinación que indica el reglamento (…) nosotros tenemos que estar
atentos, para poder apoyarlo en cualquier momento que el requiera el mayor uso de personal, si en le
caso que hubiéramos encontrado drogas (…). Señora Directora de Debates: Hasta que momento
coordina usted. Testigo Herrera Rubianes: Yo coordiné, hasta cuando vimos que no había drogas”.
                            -2,
Fojas 40,237 del Tomo F Sesión N° 48 de fecha 09 de diciembre del 2004. Declaración del
                                                                                                  100


                 del Parte que se elaboró: (N° 09 – 03 . 99 – DINANDRO – PNP /
                 DIOTAD – N.O.I) “La sospecha sobre posible embarque de droga,
                 que motivó la intervención policial dirigida personalmente por el
                 señor Gral. PNP Jefe de V-RPNP, se debió principalmente a la
                 forma “misteriosa” como se han sucedido los hechos, desde el
                 arribo del avión “vacío” para transportar cargamento de QUINCE
                 (15) jabas de triplay lupuna y CUATRO (04) jabas de madera
                 contraplacada cumala, cuyo destino final era la ciudad de AMMAN
                 – JORDANIA (…) si tenemos en cuenta que el costo de la
                 mercadería es inferior a los gastos de operación, además la calidad
                 no es de primera”; así como la declaración de Carpena Herrera[ 99 ],
                 Víctor Ivachine[100 ], y el Informe que Huivin Grández emitió a su
                 superioridad, haciendo conocer que Herrera Rubianes intervino y
                 conoció de todo lo actuado a nivel policial.[ 101 ]


Testigo Horario Antonio Huivín Grandez. Señora Directora de Debates: Cuando usted dice (...) se
coordina con el General, se continua (...) con las acciones, cuales eran las acciones que continuaban.
Testigo Huivin Grández: Las acciones que continuaban era de que estábamos en constante
coordinación con el señor General, porque él como mas antiguo llamemos del operativo, él había
formado grupos, había un grupo (...) de oficiales y personal de la quinta región militar policial que
estaban efectuando registros en las diferentes habitaciones del hotel Amrilis (...).”

[99 ] Fojas 317 del Tomo A. Manifestación de Luis Humberto Carpena Rosas, su fecha 31 de agosto
del 2000. “Preguntado diga: Si usted tuvo conocimiento que hubo algún incidente con motivo de la
exportación de triplay en el aeropuerto de Iquitos. Dijo: El avión Ruso llegó a Iquitos el miércoles
17 MAR99, y toda la documentación de exportación estaba tramitada a excepción de la guía aérea,
el 19MAR99 con carta se ha solicitado la verificación física de las quince jabas de triplay a la
DIVANDRO – IQUITOS, a las 12:00 del 19MAR99 se presentaron a la fábrica, siete efectivos de la
PNP para la verificación (…) el Fiscal postergó la diligencia para el sábado 20MAR99 a primera
hora( …) llegado el día la entrada principal de la fábrica estaba cerrada por los camiones portatropa,
no permitiéndose ni entrada y salida del personal hasta las 09:00 horas; el general de la PNP Herrera
llegó a las instalaciones a las 08:45 hrs. a quien el señor Gamarra le transmitió la preocupación del
impedimento de ingreso al personal”.

[100 ] Fojas 35,130 a fojas 35,131 del Tomo Y Sesión N° 19 de fecha 27 de mayo del 2004.
                                                 -1,
(Declaración del procesado Víctor Ivachine. “Señor Fiscal: Acusado Ivachine, en la declaración del
acusado Ramón Reategui Alencar de fecha veintidós de setiembre del año dos mil, dice lo siguiente
“se encontraba en el Aeropuerto, llegó la policía antidrogas (...) y ahí aparece el ruso Víctor, quien
dijo yo pago, pero precio FOV. Acusado, Traductora: Me llamaron allá y eso no fue así (…)
primero estaban revisando la aeronave, luego empezaron a revisar la carga otro día, y me llamaron
allá, ahí estaba el general, un general peruano, José, quien hablaba con el General así, de igual a
igual y Rodríguez que hacia [el] trámite de la carga; o Reategui, el cuñado de Manuel (…) o sea ahí
había no solamente Reategui, a parte de Reategui estaba José, el dueño de la carga y un montón de
policías, [la] DEA y otros”.

[101 ] Fojas 40,234 a 40,235 del Tomo F-2 , Sesión 48 del 9 de Diciembre del 2004, (Declaración
Testimonial de Horacio Antonio Huivin Grandez). “Señora Directora de Debates: esta situación un
poco irregular de la documentación del avión (…) no generaron en usted y en su personal alguna
duda respecto a que otra actividad ilícita podría estar haciendo esta nave en el aeropuerto de Iquitos.
                                                                                                  101




144.      De acuerdo a lo declarado por Huivín Grández, éste durante el mes de
          abril, viajó a esta ciudad y regresó a Iquitos el mes de mayo, en que
          concluye el parte que se elaboró con las deficiencias que se precisarán en
          fundamento aparte.


145.      Del arribo de esta aeronave, como de las tres que posteriormente lo
          hicieron a esta ciudad, no conocía la DINANDRO, ni el DININ–SIN, está
          suficientemente probado con la declaración prestada por el señor Dennis
          Del Castillo Valdivia,[ 102 ] quien hizo conocer que ellos fueron informados
          por la DIOTAD, el mismo día de la intervención, así con lo manifestado
          por los señores Gálvez Galindo[ 103 ] y Castillo Acosta[104 ].


Testigo Huivín Grandéz: Si, eso mismo lo consigno en el documento, pero la misión específica que
yo tenía en Iquitos y para lo cual me cita el general Herrera, era para esto efectivamente de lo que es
droga”.

[102 ] Fojas 38,796 a 38,797 del Tomo D Sesión N° 39 del 7 de octubre del 2004, (Declaración
                                           -2,
Testimonial de Dennis Alvaro del Castillo Valdivia. “Señora Directora de Debates: Le hemos
entendido, quiere decir que ustedes tuvieron conocimiento e intervinieron en los cuatro despachos
que hicieron los Aybar Cancho. Testigo Dennis del Castillo: Lo que recuerdo, es que nosotros
intervenimos en el primer despacho, porque llego un avión vació, un avión enorme, un avión ruso,
en horas de la madrugada, sin plan de vuelo, apareció en Iquitos (…) recuerdo que cuando apareció
este avión en Iquitos intervino la DINANDRO a través de Dirección de Operaciones Tácticas de
Nor Oriente, que tiene sede en Iquitos, intervino para hacer registro en este avión y en la carga que
intentaba llegar sin hacer los tramites previos en aduana (…) pues la DINANDRO atento en su
labor, hizo todos los esfuerzos, hizo todos los registros, incluso recuerdo que envíe desde Lima,
canes antidrogas, para que se hiciera un registro minucioso en el avión, en la carga y en los
aserradero tratando de encontrar drogas, que no se encontró, por eso no se detuvo a nadie, pero se
acopió una serie de información de quienes habían venido en ese avión, ahí saltaron nombres de dos
miembros en retiro del ejercito peruano (…). Señora Directora de Debates: Vamos en orden, usted
nos ha explicado el primer vuelo que llega, le pregunto por los otros tres. Usted acaba de decir
porque ha hablado en plural, y dice: que en todos los vuelos (...) intervenimos, en todos los vuelos
hemos investigado, que pasó con el segundo, tercero y cuarto vuelo que llega a Lima el avión vacío,
que acciones hizo la DINANDRO. Testigo Del Castillo Valdivia: la DINANDRO hizo (...) ver que
cosas se embarcaban en esos vuelos, quienes eran los exportadores, que cosas se enviaban, y tratar
de establecer si en esas exportaciones, esta organización estaba enviando drogas, y al no encontrarse
evidencias de que así sea, y que no permitía tener los elementos para hacer una incautación de esa
mercancía, se coordino especialmente con la DEA (...)”

[103 ] Fojas 39,280 a 39,282 del Tomo D-2, Sesión N° 42 del 28 de Octubre del 2004, (Declaración
Testimonial de Fausto Raúl Gálvez Galindo) “Señora Directora de Debates: Y que acciones se
efectúan a partir de diciembre del noventiocho, que fueron relevantes para esta investigación.
Testigo Gálvez Galindo: Bueno, se continua con la recolección de la información por nuestra parte,
por medio de fuentes humanas y continuamos esperando que llegue información tanto de la Marina
como de la DINANDRO (…) por ejemplo, una de las informaciones que nos hizo llegar la
DINANDRO, fue la intervención que hicieron allá en Iquitos, ante la posible presencia de
cargamento de drogas, que iba a salir en ese vuelo, esa información nos la hizo llegar la
DINANDRO, luego de la intervención que habían hecho. Señora Directora de Debates: En que mes
le hacen llegar esa información. El testigo Galvez Galindo: Más o menos habrá sido en marzo.
Señora Directora de Debates: Hay una contradicción, acá hay un informe (…) según nos han
                                                                                                102




146.      Habiendo tomado conocimiento de lo declarado, don Pepe Fuentes
          Ganoza, introduce un tema distinto al debate, esto es: que tenían como
          hipótesis del trabajo a parte del narcotráfico el trafico de armas. La
          postura de Fuentes Ganoza[ 105 ], se explica porque al interrogarse a


mandado el Servicio Nacional de Inteligencia, que dicen que ustedes por acciones de inteligencia
conocieron en el mes de febrero del noventinueve, que iba a llegar este avión y que ustedes son los
alertan a la DINANDRO de que llegaba el avión a Iquitos, haber aclarelo (…). Testigo Gálvez
Galindo: Es un informe que elaboran al Servicio de Inteligencia, esto forma parte de las notas de
inteligencia que han remitido del Consejo de Inteligencia Nacional, esta fedateado por el Señor
Bernal Elguero, Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, esto obra en el
expediente. Le vamos a decir la fecha , esto viene con un oficio del cuatro de setiembre del dos mil,
que le manda Humberto Rozas Bonuccelli a Federico Salas Guevara Shultz (…) este informe sale
del SIN al Presidente de Consejo de Ministros. Entonces, toda esta es una documentación que se ha
obtenido del Servicio de Inteligencia es por eso que le pedimos esa precisión. Testigo Galvez
Galindo: La precisión es la siguiente doctora, como ya se sabia de ese plan, la DINANDRO
interviene ese avión, porque sabia de la existencia de ese plan, pero la información luego de la
intervención nos hace llegar en el mes de marzo, recibimos esa y empezamos a trabajarla y la
almacenamos en nuestra base de datos.” A fojas 39,419 del Tomo D-2, Sesión N° 43, su fecha 4
de Noviembre del 2004, (continuación de la Declaración Testimonial del testigo Galvez Galindo).
“La defensa del procesado Reategui Alencar pregunta: para que precise, como en la sesión anterior
manifestó que la DINANDRO fue la que se entera del arribo del avion Ilushin - setentiséis a la
ciudad de Iquitos, como es que se entera el SIN. Señora Directora de Debates: a escuchado Usted la
pregunta. Testigo Galvez Galindo: Nosotros nos enteramos de la presencia del Avión precisamente
por que la DINANDRO nos hace conocer que una de sus unidades operativas en el Oriente ha
intervenido un avión para verificación de la presencia de drogas”.

[104 ] Fojas 39,446, del Tomo D-2, Sesión N° 43 su fecha 4 de Novie mbre del año 2004, (Declaración
Testimonial de Cstillo Acosta), “ Señora Directora de Debates: Si usted tomo conocimiento de la
llegada de aviones al Perú. Testigo Castillo Acosta: Si, meses atrás hubo si mal no recuerdo, dos
llegadas, uno que llego a Iquitos, debe haber sido en Marzo de repente, y otro que me parece que fue
a Chiclayo, entonces pero en ningún momento se nos decía de que había de por medio el Trafico de
Armas; el coordinador lo que nos decía que probablemente en esos aviones podían estar regresando
droga ,(…) Señora Directora de Debates: A parte de estos dos vuelos, ustedes tomaron
conocimiento de la llegada de otros vuelos mas al país. Testigo Castillo Acosta: no que yo
recuerde”.

[105 ] Fojas 39,594 –39,596, del Tomo E Sesión N° 45, su fecha 17 de Noviembre del 2004,
                                            -2,
(Declaración Testiomonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza) “Señora Directora de Debates: Se llego
a desarticular, por drogas, [Plan Siberia] cual fue su éxito como drogas. Testigo Fuentes Ganoza:
No, no, drogas nunca, el plan era por drogas, pero está claro que se tomo la decisión, arriba, de
intervenir a parte de esta gente por Tráfico de Armas. Nuestra hipótesis de trabajo era, el tiempo en
que estuvimos desarrollando, usted sabe, el “como”, sabiamos que estábamos frente a grupo a una
asociación criminal, pero no sabíamos como lo estaban haciendo, por eso es que esos aviones que
entran al país que supuestamente era en marzo, junio, julio y agosto, para nosotros el de Iquitos,
sabíamos que José Luís viaja los primeros días de Marzo a Iquitos, ya estábamos nosotros
trabajando la hipótesis, que este grupo estaba haciendo operaciones de narcotráfico y probablemente
con armas, por que esos viajes a Jordania, el movimiento migratorio, la asociación con rusos, los
antecedentes con los tipos que se juntaban, o sea, estábamos ahí. Señora Directora de Debates:
Donde surge la posibilidad de armas, (…), Testigo Fuentes Ganoza: Bueno, la posibilidad de los
delitos, en ese tiempo usted sabe, la asociación con ciudadanos rusos al inicio, para nosotros nos
llama la atención, desaparecia la Rusia Comunista, sabiamos la existencia de los boletines que
teníamos con las Agencias Internacionales, que los ex-espías, los ex-militares, estaban tratando de
incursionar en Europa y buscar en el narcotráfico un medio de subsistencia, para nosotros era nuevo,
nunca habiamos tenido una organización con rusos, pero cuando empezamos a ver que Nippon
                                                                                               103


          Fausto Raúl Gálvez Galindo, se le hizo conocer que existía un documento
          del cual formaba parte copia del oficio N° 185-2000-SIN.01, que da
          cuenta que el Jefe del SIN remitió al despacho del Señor Primer Ministro,
          un informe referido al Plan de Inteligencia Siberia, en el se dice: “que por
          acciones de inteligencia, se conoció que en el mes de febrero de 1999 una
          organización criminal internacional (...) trataría de embarcar pasta
          básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, desde el Aeropuerto
          Internacional “Francisco Secada” de la ciudad de Iquitos, departamento
          de Loreto, motivo por el cual el cual el Servicio de Inteligencia Nacional
          (...), alertó a la Dirección Nacional Antidrogas DINANDRO-PNP. La que
          por intermedio de sus unidades del Nor Oriente-DIOTAD-NO, el 17 de
          marzo de 1999, con participación de un Representante del Ministerio
          Público, intervino el avión ruso ILYUSCHIN-76 de matrícula UR-UCE
          ALTN-HATCH IL 76.” Información falsa.


D.2.    DE LA AERONAVE Y SU CARGA.


147.    La Sala procede a examinar:


        a)     El Peritaje Aeronáutico Técnico, Operativo, Administrativo y Jurídico
               obrante de fojas 13,520 a fojas 13,557 del Tomo S, que por encargo
               de la Señora Jueza que instruyó el proceso, efectuaron los señores
               Ingenieros Aéreos Cesar Enrico Santana y Carlos Bordo Calisto, de
               acuerdo al mandato contenido en las resoluciones de fojas 11,169 y
               11,943 del Tomo Ñ y O, que se valora conjuntamente con las




Corporation y el señor Víctor Ivachine, era un cuadro general como hipótesis de trabajo. (…) como
delitos conexos, el narcotráfico arrastra lavado de dinero, armas y otros mas, eso es. Señora
Directora de Debates: Por eso le pregunto cuál fue el indicio que les hizo suponer que había Trafico
de Armas. Testigo Fuentes Ganoza: Eso, la situación internacional como se estaba manejando, la
presencia de los rusos, para mi era eso, y sabíamos que ellos vendían armar a gran escala a países
que lo necesitaban, etcétera, los boletines que nos llegaban eran claros, incluso hasta uranio,
                                               -2,
bombas, en fin. A fojas 39,599 del Tomo E continua declarando el Testigo Fuentes Ganoza,
Señora Directora de Debates: Entonces, si lo trabajaban desde el punto de vista drogas, no lo
trabajaban en la magnitud de un tráfico de armas. Testigo Fuentes Ganoza: No, es esa maginitud
no. (…) no, pues era una hipótesis, como delito conexo, nunca supimos que eso se estaba haciendo
de esa manera”.
                                                                       104


     explicaciones dadas en la diligencia de ratificación, cuyas actas
     corren de fojas 45,384 a 45,439 del Tomo M-2.


b)   Los señores peritos como indican en el oficio de remisión agregado a
     fojas 13,518 del Tomo S, elaboraron el informe solicitado,
     dividiéndolo en secciones especificas, resultan relevantes al proceso,
     las denominadas: “Evaluación de los Mensajes de Solicitud de
     Permiso de Vuelo y los Mensajes o Radios de Respuesta emitido por
     la DGAC”, corriente de fojas 13,521 a fojas 13,524.


c)   Efectuado el análisis de los mensajes de solicitud de permisos de
     vuelo y los mensajes o radios de respuesta emitidos por la DGTA,
     conforme al peritaje obrante de fojas 13,522 a fojas 13,523, ratifican
     lo señalado en el acápite IV.3 precisando: “(…) por lo general, un
     vuelo Ferry se solicita cuando una aeronave ha perdido su condición
     de aeronavegabilidad y requiere ser trasladada a un centro de
     reparación para levantar los reportes técnicos o discrepancias que
     vuelven la aeronave no aeronavegable. (…) Solicitar un vuelo Ferry
     para efectuar transporte de carga no sería aplicable de acuerdo a la
     definición misma del vuelo Ferry. Por el contrario, un vuelo de
     traslado, o una solicitud de permiso de vuelo, implica que una
     aeronave se encuentra aeronavegable y, por consiguiente, podría
     efectuar operaciones aéreas comerciales”. (fojas 13,522 y 13,523 del
     Tomo S).


d)   “El equipo de defensa no explosivo fue consignado por el operador
     como motivo del vuelo (…) la cual retornaría vacía a su punto de
     origen, siendo el permiso regularizado posteriormente para el
     traslado de cuatro (04) lotes de madera aserrada asi como de
     planchas de tripley.” ( fojas 13,523 del Tomo S).


e)   “La declaración de la carga transportada se refiere de manera
     genérica a equipo de defensa no explosivo (…) de acuerdo a normas
     internacionales vigentes, todo operador aéreo debe contar con un
                                                                                              105


               manual de mercancías peligrosas, en el cual se define, clasifica,
               cataloga y limita el transporte de material considerado peligroso por
               vía aérea, así como también se establecen los procedimientos que
               debe seguir el operador aéreo, incluyendo las limitaciones aplicables
               para este tipo de transportes.” (fojas 13,523 del Tomo S).


        f)     “...la empresa Khros Air Company cambia el tenor de la solicitud al
               modificar el propósito del vuelo a uno de transporte de bienes y
               recarga de combustible en la ruta Trinidad – Iquitos. Es decir, el
               objeto del vuelo, si bien es cierto continúa siendo comercial, cambia
               el propósito del vuelo de transporte de equipo de defensa no explosivo
               a uno de bienes con escala técnica para recarga de combustible.”
               (fojas 13,523 del Tomo S). Concluyendo que “(...) Los permisos eran
               parte de un procedimiento administrativo que, luego de la evaluación
               de la información proporcionada por el interesado, eran aprobados
               por la DGTA (...)” ( fojas 13,524 del Tomo S).


148.    Sin embargo en la diligencia de ratificación al ser preguntado el señor
        Perito si era normal el cambio de un propósito de vuelo dijo “que por lo
        menos en su experiencia no”[ 106 ].


149.    Preguntado por la señorita abogado defensora del procesado Montesinos,
        manifestaron que en la rectificación del mensaje no hubo error y que era
        poco común la solicitud pero posible[ 107 ].


[106 ] Fojas 45,403 a 45,404 del Tomo M-2, Sesión N° 79 de fecha 5 de Mayo del 2005, (Diligencia
de Ratificación de los Peritos Aeronáuticos Enrico Santana y Bordo Calisto) “Señora Directora de
Debates: (…) quisiera que lo aclare en este momento. Este cambio, que se produce en cuanto a la
solicitud, cuando modifican el Plan de Vuelo, (…) el veintitrés de marzo se solicita una
rectificación, a efectos de que se diga o se consigne que el vuelo procedente de Trinidad llego sin
carga, es usual, es normal que después de arribada una aeronave a un aeropuerto se cambie el
propósito de vuelo, se cambie este permiso. Perito Enrico Santana: Normal, por lo menos en mi
experiencia no, puede darse pero que sea un hecho normal o cotidiano, no en mi experiencia.
Señora Directora de Debates: En su experiencia, señor Perito Bordo Calisto. Perito Bordo Calisto:
No, Tampoco, doctora.”

[107 ] Fojas 45,435 a 45,436 del Tomo M-2, Sesión N° 79 del 5 de Mayo del 2005, (Diligencia de
Ratificación de los peritos aeronáuticos Enrico Santana y Bordo Calisto) “la Defensa del procesado
Montesinos Torres (…) La pregunta es si ellos determinaron que ha habido un error en el permiso de
vuelo, o simplemente es una solicitud y que de acuerdo como dicen que se hacía una Declaración
Jurada, se le creyó al Capitán de la nave que la aeronave venia de Trinidad y Tobago vacía. (...)
                                                                                                106




150.    Debe dejarse constancia de la forma en que el entonces procesado Víctor
        Ivachine quien asesoraba a la empresa absolvió igual cuestionamiento,
        dijo: que el motivo de vuelo no fue cambiado, se solicito una prorroga y que
        no sabe quien lo hizo pero, que fue recibida[ 108 ].


151.    “Evaluación de los Certificados de las Aeronaves IL-76 entregados como
        sustento de los mensajes de solicitud de Permisos de Vuelo a la DGAC”
        (0brante de fojas         13,525 a 13,527 del Tomo S),                 indican: “Ambas
        aeronaves contaban con certificados de matrícula. En el caso de la
        aeronave IL-76 MD, matrícula HA-TCH, ésta fue emitida siete (07) días
        antes del primer vuelo solicitado con el permiso de vuelo internacional PVI
        0378 / 99. En el caso de la aeronave matrícula UR-UCE, ésta fue emitida
        un año antes. (...) Sin embargo, es importante aclarar que no se encontró un
        número de certificado para la aeronave matrícula HA -TCH”.


152.    Agregan “Los certificados contienen la información mínima necesaria con
        fechas vigentes, independientemente de que en algunos casos las fechas son
        recientes comparadas con las fechas de los vuelos solicitados. (…) Sin

Perito Enrico Santana: Si, lo que podemos decir es que si bien es cierto el capitán aduce un error en
la información presentada, o las solicitudes dadas, operaciones dadas perdón; nosotros no hemos
podido determinar que hay un error, o sea, desde el punto de vista no hubo tal error, sino no lo que
se pidió fue de alguna manera rectificar, o perdón, cambiar las solicitudes originales. Entonces, a
raíz de eso es que se pide una rectificación al permiso, no por el permiso en si, sino porque las
condiciones variaron. (...) Defensa del procesado Montesinos Torres: (...). La otra precisión (…) si
los señores Peritos podrían informar quien es la persona autorizada que debería pedir el cambio, o el
propósito de vuelo (…). Perito Enrico Santana: En verdad varía, puede ser desde una empresa, (…)
como hemos hablado, hasta por último el mismo Capitán como hemos dicho, (...) el puede de alguna
manera solicitar el tema a través de la autoridad aeronáutica, es poco común pero es posible.”

[108 ] Fojas 35,149 a 35,151 del Tomo Y-1, Sesión N° 19 del 27 de Mayo del 2004, (Declaración de
Victor Ivachine) “Señora Directora de Debates: (…) le quisiera preguntar si él acompaño al Capitán
cuando cambio el objeto del vuelo, (....). Acusado responde en idioma ruso. Traductora: No, yo
hable por separado con el Capitán y hablaba también con el Jefe de Vuelo. (…) que el motivo de
vuelo no fue cambiado, el Jefe de Vuelo llamo al hotel y dice que el plazo de vigencia del permiso
de vuelo es tres días y que es necesario hacer una prorroga, entonces yo fui donde el Capitán y
comente que hay que ir al Aeropuerto y hacer la prorroga, el Capitán se molesto, dijo que yo no he
dado ese tipo de plan, o sea el permiso, no he pedido ese tipo de permiso y por eso no voy a hacer
prorroga, quien pido, quien solicita ese permiso entonces esa persona debe hacer la prorroga,
entonces me dice dile a él que llAmman a Lima y que allí arreglan todo. Señora Directora de
Debates: A que tenia que llamar a Lima. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: No se, es
Jefe de Vuelo que debería saber, yo no se. (...). Señora Directora de Debates: La pregunta es
concreta, el capitán pidió la prorroga. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: No. (...) De
Lima llego un permiso, o sea yo he visto, yo he leído. (…) el permiso fue firmado por DGTA.”
                                                                                 107


       embargo, desde el punto de vista técnico, se pudo haber aclarado las áreas
       de operación autorizadas por la autoridad ucraniana y húngara a las
       empresas KHROS y HUK” (fojas 13,527 del Tomo S).


153.   Señala además : “Igualmente, las autorizaciones debieron limitarse a las
       aeronaves que cumplieron con presentar la información requerida, como es
       el caso de las aeronaves IL-76 MD matrículas UR-UCE y HA-TCH” (fojas
       13,528 del Tomo S).


154.   Añade “Además, el certificado de matrícula de la aeronave matrícula HA-
       TCH debió contener un número de certificado, el cual no pudo ser ubicado
       en la copia revisada” (fojas 13,528 del Tomo S).


155.   Preguntados los Peritos Enrico Santana y Bordo Calisto, en la citada
       diligencia de ratificación, respecto a estas deficiencias dijeron: “ (...) los
       certificados como tal, cumplirían con los requerimientos mínimos que una
       autoridad normalmente evalúa, lo que pasa es que si uno entra en mas
       detalles, el tiempo de validez del certificado, porque tan corto,
       normalmente tiene una validez mayor a un año, o más, (...)”(fojas 45,404
       del Tomo M-2).


156.   En lo relativo al número de certificado dijeron: “( …) en ese certificado en
       particular, no apreciamos ningún número de certificado valido (...),
       normalmente todo certificado lleva un número como tal. Entonces, eso
       pudo haber generado capaz, una duda a la autoridad en ese momento y por
       último pedir mayores aclaraciones, simple y llanamente para que un
       proceso como tal, fuese lo mas claro posible, pero yo hubiese esperado un
       certificado o un número de certificado.” ( fojas 45,405 del Tomo M-2 )




* EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA CON
    RESPECTO A LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y
                                                                                  108


    MATRICULA DE AERONAVES . (ver fojas 13,538 a 13,539 del Tomo
    S).


157.      “Hacen conocer que de acuerdo a los mensajes contenidos en la solicitud
          de permisos de vuelo que corren en el Tomo L, folio 8,382 al 8,387 (...) Las
          matrículas de las aeronaves mencionadas en los permisos de vuelos
          evaluados son los siguientes, todas aplicables a aeronaves Ilyushin IL-76
          MD: UR-UCE, HA-TCH, HA-76437 y HA-TCG (...) [de las cuales] la
          primera y la última efectuaron vuelos al Perú (...) [Precisan que] “El
          Ilyushin IL-76MD es de fabricación rusa; por lo tanto, debe entenderse que
          al referirse como aeronave rusa se entiende que ambas aeronaves (...) son
          de fabricación y diseño ruso, a pesar de tener matrículas aplicables a
          países diferentes” (fojas 13,538 y siguiente del Tomo S).


158.      “La Matrícula UR-UCE es emitida por la autoridad aeronáutica rusa,
          mientras que la matrícula HA-TCG es emitida por la autoridad aeronáutica
          Húngara. Es decir, de acuerdo a los estándares internacionales OACI, por
          lo general las primeras dos letras designan el estado de matrícula, mientras
          que las letras o números restantes siguen un orden o correlativo
          determinado asignado por la autoridad correspondiente o el ente delegado
          para tal fin.” (fojas 13,539 del Tomo S). Concluyen que “(...) la autoridad
          Ucraniana al ser la autoridad del estado de matrícula es el responsable
          primario de la vigilancia con respecto a la aeronavegabilidad de la
          aeronave a través de la aprobación del programa de mantenimiento de la
          aeronave; y finalmente la autoridad Húngara es responsable de la
          certificación del operador y por consiguiente de los requerimientos técnicos
          y operacionales al emitir el certificado de explotador aéreo (Air Operator
          Certificate - AOC) en cumplimiento de las normas internacionales y
          requerimientos locales, así como del país de matrícula, de ser aplicable.”
          (fojas 13,539 del Tomo S).


* EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL DEL
  ILYUSHIN IL-76 Y SU CAPACIDAD DE CARGA
                                                                              109




159.   Tomando como base de análisis “Las declaraciones indicarían que se
       transportaron 10,000 fusiles AKM Kalashnikov de calibre 7.62 mm, así
       como 13´ 000, 000 cartuchos 7.62 x 39 mm., con casquillos y núcleo de
       acero, así como también bimetálicos con núcleo de acero, a ser embalados
       1,400 unidades por cada caja de madera de 488mm x 353mm x 151mm, con
       un peso de 30Kgs. Según declaraciones, cuatro (04) vuelos fueron
       realizados empleando aeronaves cargueras Ilyushin IL – 76 MD. El primer
       vuelo fue efectuado entre Jordania e Iquitos por una aeronave IL-76,
       matrícula UR-UCE (alterno HA-TCH), transportando 22 plataformas con
       2,500 fusiles AKM. Los vuelos restantes tuvieron como destino Lima y
       fueron realizados por la aeronave IL-76 matrícula HA-TCG, bajo las
       mismas características del primer vuelo. Por cada caja metálica utilizada
       como base o plataforma se habrían colocado aproximadamente 11 cajas de
       madera; cada caja de madera contendría 10 fusiles aproximadamente. En
       total se hubieran requerido unas 200 cajas de madera transportadas en 22
       plataformas aproximadamente. También se menciona entre 5 a 17 pallets
       desplegados (… )El lanzamiento de la carga se habría efectuado inclinando
       la aeronave 45 grados para que un tiempo de 18 segundos se liberara toda
       la carga de 20 toneladas .”(fojas 13,548 del Tomo S).


160.   “ (...) De igual manera se menciona la posibilidad de que la aeronave
       hubiera sobrevolado (...) el terreno unos 3,700 m a 6.5 Km para soltar la
       carga (...)”. Concluyen    “(...) De igual forma, la aeronave tiene la
       capacidad de lanzar carga en pleno vuelo a través de paracaídas o métodos
       similares, indistintamente del nombre o modalidad que se desee utilizar. El
       método del lanzamiento en vuelo si lo cumple por diseño un Ilyushin IL-76
       en sus diferentes versiones, incluida la versión o modelo IL-76MD” (fojas
       13,548 y 13,549 del Tomo S).


161.   En la citada diligencia de ratificación, los Peritos Enrico Santana y Bordo
       Calisto, absolvieron los cuestionamientos que plantearon la defensa de
       los procesados Juan Manuel López Rodríguez, José Luis Aybar Cancho y
       Santos Cenepo Shapiama, no quedando duda alguna de la capacidad de las
                                                                                                110


        aeronaves para efectuar las operaciones de lanzamiento de carga en vuelo,
        tal como aparecen de las actas de fojas 45,414, 45,423 y siguientes; y
        45,428 del Tomo M2.


162.    Estando a lo glosado, se examinan: la Guía de Remisión 005 Nº 0001011,
        su fecha 15.03.99, la solicitud de Permiso de Exportación con Fines
        Comerciales que Triplay Enchapes S.A. presenta el 15.03.99 al Instituto
        Nacional de Recursos Naturales, la Lista de Empaque y la Nota Interna de
        la empresa dirigida al Señor Manuel Gamarra Ternero (Superintendente
        de la empresa en la ciudad de Iquitos), documentación proporcionada por
        la apoderada de la Empresa Triplay Enchapes S.A. a la autoridad policial
        que elaboró el Parte Nº 09-03-99-DINANDRO-PNP/DIOTAD-N.O.1 (ver
        punto C “Verificación de la Documentación de la Carga de TRENSA [109 ]
        que corren de fojas 1,160 a 1,164; de fojas 1,174 a 1,176 y de fojas 1,194 y
        1,195, respectivamente); medios probatorios también ofrecidos por la
        Procuraduría Publica Ad Hoc en los cuales se indica que la mercancía a
        exportar iba a ser enviada en el avión Charter IL 76. Matricula : HA-TCH,
        figura como Empresa Transportadora Air Charter Center.


163.    Las fotografías tomadas a la aeronave, presentadas por el Señor Fiscal
        Superior agregadas de fojas 35,065 a 35,071 del Tomo X-1, en las cuales
        se advierte que el número de matricula y la bandera de la misma no era
        visible, también advertido por el señor Juan Gonzaga Malca Pérez ex-
        Fiscal Provincial Antidrogas – Sede Tumbes, que intervino en la diligencia
        del registro de la aeronave en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos como
        lo consigna en el documento de fojas 46,053 del Tomo N-2.[110 ]

[109 ] Fojas 1,129 del Tomo C, en la que consta la entrevista a la apoderada de la empresa TRENSA
María Jesús Jiménez de Trujillo, identificada con LE N°. 05246245, a solicitud verbal del suscrito
proporcionó todo tipo de documentos sustentatorios relacionado a los trámites seguidos para la
exportación de la mercadería consistente en UN MIL OCHOCIENTOS SESENTICINCO (1865)
planchas de triplay señalados en el párrafo precedente, de conformidad al siguiente detalle: (…)”

[110 ] Fojas 46,053 del Tomo N-2, “SEÑORA               PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
ESPECIAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Juan Gonzaga Malca Pérez, Ex-
Fiscal Antidrogas – Sede Tumbes (...) Respecto al informe solicitado, debo indicar que la diligencia
de registro de la aeronave de carga con matricula ilegible (…) en la rampa del aeropuerto de Iquitos,
se realizo el día 19 de marzo de 1999, obteniéndose el resultado que obra en las actas de su
propósito. Asimismo, sobre lo que se solicita en el documento en mención, no se advirtió que el
Personal Policial interviniente u otros Operadores competentes que intervinieron en la diligencia, se
                                                                                                 111




164.    Hecho en el cual con algunos reparos, convino el entonces procesado
        Víctor Ivachine como se advierte de la lectura del folio que forma parte de
        la declaración prestada en juicio oral[ 111 ].


165.    Al prestar asistencia judicial la República de Ucrania [ver fojas 38,603 a
        38,607, obra los originales y su traducción de fojas 38,610 a 38,776 del
        Tomo C-2] hizo conocer: “(...)que el 12 de febrero de 1998, la empresa
        Estatal del Ministerio de Defensa de Ucrania “Compañía Aérea
        Transportadora Ucraniana” (en adelante EE MDU “CATU”) y la sociedad
        de responsabilidad limitada “Compañía Aérea KHROS” (en adelante SRL
        “Compañía Aerea KHROS”) (...) recibió en arriendo un avión IL-76-MD
        (número del bordo UR-UCE numero de la fabrica 0083484522).


166.    Señalaron los señores Peritos en la diligencia de ratificación la CIA
        KHROS que solicito los permisos de vuelo era un tercero, no autorizada a
        operar, como tal debía actuar la empresa HUK (Hungarian Ukranian
        Airlines).[ 112 ]


hayan encontrado provisto de cámaras filmadoras, y que por el contrario, se pudo apreciar, que
desde las instalaciones del aeropuerto se tomaron vistas fotográficas al parecer por corresponsales de
los medios de comunicación de Iquitos, hacia la rampa o explanada en donde se realizaba la
diligencia aludida. (…) Tumbes, 16 de mayo de 2005”.

[111 ] Fojas 35,137 del Tomo Y-1, Sesión N° 19 del 27 de Mayo del 2004, (Declaración de Victor
Ivachine) “ Señor Fiscal: Entonces, usted se dio cuenta, observó que si bien es cierto se veía el
código de la nave, no se veía el numero que esta al lado del código de la nave. Acusado responde en
idioma ruso. Traductora: No, el código y el numero estaba bien escrito, y se veía bien, simplemente
yo comente que lo mas importante es saber la letra, no tanto los números del código, pero en esta
aeronave el código y numero se veía bien.” A Fojas 35,138 y siguiente, “Señor Fiscal: Hay seis
fotografías Directora de Debates y la seis son de Iquitos. Acusado responde en idioma ruso.
Traductora: Si, si, ahora que veo otras fotos, si es (...) Numero antiguo en esta foto que me esta
enseñando, es el numero antiguo que estaba mal pintado o sea, pintaron mal encima (...) En la
primera foto esta bien, UER, UCE dice, UER significa Ucrania, UCE es letra de Ucrania, y en la
segunda foto, el número anterior se ve mal, pero las letras UER, UCE si se ven bien, esto no es
números, en un numero anterior que pintaron mal, y se nota algo, igual en la tercera parte, y en esta
también en la cuarta, y en la quinta, esto es lo que es importante, esto es el numero de la aeronave
que esta indicando con el dedo, y el otro es antiguo, el numero antiguo mal tapado después con
pintura; o sea, ahí no hay letras, ahí deben haber letras, en la última, el numero de la aeronave esta
bien UR UCE y arriba es el numero antiguo que esta un poco borrado por la pintura anterior.”

[112 ] Fojas 45,430 del Tomo M-2, Sesión N° 79 de fecha 05 de mayo del 2005. (Diligencia de
Ratificación de los Peritos Enrico Santana y Bordo Calisto) Defensa del procesado Montesinos
Torres “(…) hablan los señores Peritos de la empresa, o la compañía de Cross, quien es la que
solicita el permiso de vuelo, y también hablan de la Operadora Ucranian. Yo quisiera que si los
señores Peritos, o si la Sala lo permite, que establecieran la diferencia entre la compañía que
                                                                                               112




167.    Informado esta última al ser requerida por la Dirección General Penal,
        Capitanía Nacional de Policía, Dirección Nacional de Policía de la
        Republica de Hungría al prestar asistencia judicial [ver documentos de
        fojas 43,516 a 43,537 cuya Traducción corre de fojas 44,607 a 44,650]
        “(...) con relación al transporte realizado en la ruta Jordania – Perú por
        las aerolíneas HUK Húngaro Ucranianas, de responsabilidad limitada,
        debo mencionar, que no se produjo contrato alguno ni la línea realizo el
        mencionado vuelo. Por lo tanto, no tenemos en nuestro poder ni contrato,
        ni hoja de ruta, ni nota de envío, ni documento alguno con respecto a la
        recepción de la carga, ni documento relativo al tipo de carga, ni ningún
        otro documento relacionado.” (ver fojas 44,640).


168.    Debe precisarse que se peticionó a las autoridades Húngaras, solicitaran a
        la empresa Hungarian Ukranian Airlines: copia de los contratos que
        celebraron en los años 1,998 y 1,999 con el gobierno peruano para
        transportar armas de Jordania a Perú, con indicación de las personas que
        actuaron como representantes o dueños de la carga, además de otras que
        se indican.


169.    La pregunta se planteo, desde la posición asumida por la defensa de los
        procesados Aybar Cancho: de que el costo de los vuelos eran cubiertos por
        el llamado “Dario Alzamora” y que ellos se beneficiaban con los de
        retorno - hecho falso como se probará al examinar la documentación que
        sustentó los otros permisos de vuelo concedidos.




solicita, y a la operadora a quien se le otorga el permiso. Perito Enrico Santana: (…) Khors
Company vendría a ser un tercero, digamos la comercializa[dora] interesada, digamos en tramitar
todo este tipo de temas con la autoridad. En el caso de Hungarian Ucranian Airlines sería, el
operador de la aeronave, es decir HUNGARIAN UCRANIAN A               IRLINES es básicamente el
operador de la aeronave, es quien opera la aeronave con pilotos, etcétera, pone la tripulación; y la
empresa Cross vendría a ser la empresa que tramita (...) los permisos correspondiente (…) En este
caso el usuario, quien usaría el permiso de vuelo seria como Operador HUNGARIAN UCRANIAN
AIRLINES a solicitud de Khors.”
                                                                                              113


170.    Si la nave fue arrendada a la Republica de Ucrania, su numero                           de
        matricula y código no requería ser pintado encima de uno antiguo como
        sostuvo Ivachine.


171.    De acuerdo al Convenio de Aviación Civil Internacional firmado en
        Chicago el 7 de diciembre de 1944, suscrito por el Perú en su capitulo III,
        Artículo 20° se establece como norma de observancia obligatoria “toda
        aeronave empleada en la navegación aérea internacional deberá llevar las
        correspondiente marcas de nacionalidad y matricula”.


172.    Meza Rodríguez dijo en el acto oral, que la aeronave que partió de
        Jordania tenía una tripulación numerosa, parte de la cual se quedó en
        Trinidad Tobago[ 113 ], entre ellos el ciudadano ruso Zilenin que aparecía
        como capitán en el permiso de vuelo y solicitud de cambio.


173.    Informó la empresa DHL EXPRESS con oficio recibido el 11 de febrero del
        2004, que corre de fojas 29,569 a fojas 29,610 Del Tomo Q-1, el 15 de
        marzo de 1999, (fojas 29,570) mediante transferencia número 6518219943
        Gregorio Quino le remitió 7,622.40 dólares americanos, los que fueron
        pagados al día siguiente dieciséis, horas 8:36 am (fojas 29,572), dado
        cuenta en Sesión N° 05. La razón de esta entrega los procesados la callan.


174.    En la diligencia de registro efectuada en el domicilio del procesado José
        Luis Aybar Cancho según Parte Nº 249-DINSE, fue incautada la carta de
        fojas 948 del Tomo B, su fecha 04 de marzo de 1999, remitida por Yu
        Kuchin a Víctor Evguenievich Ivaschin, cuya traducción ordenada por
        esta Sala corre de fojas 36,613 a 36,618 del Tomo Z-1, informándole que la
        “organización del programa de desembarque aéreo se realiza en
        concordancia con el plan de actividades (plan gráfico o cronograma)
        remitido con anterioridad” “(…) Después de cargar los dispositivos


[113 ] Fojas 29,291 del Tomo Q Sesión Nº 4 de fecha 5 de febrero de 2004 (Declaración del
                                 -1,
procesado Luis Alberto Meza Rodríguez): “Pregunta la Directora de Debates: Y en el segundo viaje
en el que llega a Iquitos [cuantos tripulantes habían]. Dijo: Más doctora, iban más, porque hay una
parte de la tripulación que queda en Trinidad y Tobago”.
                                                                                             114


        (instalaciones) a Holanda, la aeronave volará hacia Omán (medio Oriente)
        y en horas de la noche debe encontrarse en el lugar (indicado). Pido
        prestar atención a este hecho, considerando la naturaleza de la carga. La
        parte Jordana debe utilizar la ruta denominada “confirmación
        diplomática” (...)”.


175.    Al tachar dicho documento el entonces procesado Víctor Ivachine alegó ser
        persona distinta, habiendo desvirtuado su dicho en la Sesión N° 57 su fecha
        19 de enero del 2005 (fojas 41,600 del Tomo H-2), en la cual se dio cuenta
        del Oficio número 72-2004-JUS/DNJ, remitido por el doctor Raúl Callirgos
        Velarde, Director Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, mediante
        el cual remite el oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores al que
        adjunta la Nota número 104 de la Embajada de la Federación Rusa, de
        fecha 07 de diciembre del 2004 (fojas 41,571 y siguientes del Tomo H-2),
        uno de cuyos anexos era la partida de su matrimonio civil.


176.    Fue preguntado por sus nombres completos y de la información que
        proporcionó se estableció que era la misma persona [ 114 ].


177.    Cabe agregar que al prestar su manifestación a fojas 219 del Tomo A, se
        identificó como Víctor Ivachine Euguenivich, identificado con carné de
        identidad de extranjería 108031; adjunto al escrito que su defensa
                                                                    -1,
        presentara y que obra de fojas 35,551 y siguiente del Tomo Y obra el
        documento denominado Convalidación a la Licencia Piloto Comercial de
        Primera Clase de Avión número 003965 expedida por aviación civil de la
        U.R.R.S. nombre: Víctor Ivashin Egenievich (fojas 35,555), figurando en el
        certificado expedido por Sección Consular de la Embajada de la
        Federación de Rusa en la República del Perú, como Víctor E. Ivachine
        (fojas 35,559).




[114 ]Fojas 41,579 del Tomo H (Partida de Matrimonio. Serie 1
                              -2                                    -KP, Nº 060576): “El ciudadano
Víctor Evgenievich Ivaschin (…) y la ciudadana Tamara Fedorovna Kozurova (...) contrajeron
matrimonio registrado en el libro del Registro Civil de Partidas de Matrimonios (…) Al contraer
matrimonio el esposo adquiere el apellido Ivaschin y la esposa el apellido: Ivaschina”.
                                                                               115


178.   Al acceder a la Comisión Rogatoria que se le formulara, el Servicio Público
       Federal de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación para el
       Desarrollo del Reino de Bélgica, mediante exhorto agregado de fojas
       57,332 a fojas 57,610 del Tomo D-3, hizo conocer: que la empresa Air
       Charter Center tenía como actividades declaradas: Intermediarios de
       Transporte que “A fines de 1998, después de más de tres (3) años, durante
       los cuales se constituyeron los nuevos accionistas y el nuevo Directorio, la
       sociedad Air Charter Center estuvo bajo la dirección. del ciudadano ruso
       Yury Kuchin (...) Fue bajo su “reinado” durante el cual la sociedad se vio
       implicada en los hechos relacionados con el tráfico de armamento materia
       del presente” (fojas 57,470; 57,489 a 57,491); precisa a folio 57490 “Cabe
       señalar que en los diversos documentos consultados, se ha encontrado
       diferencias ortográficas en los nombres de Yury Kuchin (...) Youri
       Koutchine, Yuri Koutchin y Ioiri Koutchine(...)”.


179.   A esa empresa domiciliada en Bruselas Bélgica, intermediaria de
       transporte, como titular de la Cuenta N° 01-001-400-1782-26, mediante
       Formulario Nº 049004, “Instrucciones de Operaciones en Moneda
       Extranjera, Emisión de Transferencia y Giros sobre el Exterior”, Víctor
       Ivachine con Carnet de Extranjería N° 75643 autorizó el 01 de marzo de
       1999 se transfiriera a la Cuenta N° 310-0445865-42 Banque Bruxeles
       Lambert, la suma de 200,000.00 Dólares Americanos (fojas 29,439 Tomo
       Q-1).


180.   El gobierno cooperante hizo conocer: “La transferencia (a fojas 57,461 del
       Tomo D-3) debidamente registrada en la Cuenta de Ahorro Nº 310-
       0445865-42 en dólares de los Estados Unidos mantenida en el ING por la
       sociedad anónima AIR CHARTER CENTER”; “Fue objeto de la
       operación Nº 13 de fecha 2 de marzo de 1999” (fojas 57,515, Tomo D-3).


181.   El Reino de Bélgica comunicó mediante Carta Rogatoria Ampliatoria de
       fojas 58,633 a fojas 58,657 del Tomo E-3, que había detectado
       movimientos, presumiblemente lavado de dinero en esa Cuenta, pues, “se
       ha identificado en el año 1999 un saldo total de 17’947,789 dólares y un
                                                                                116


       débito total de 15’419,407 dólares” (fojas 58,642 del Tomo D-3), sobre los
       cuales la Sala no se pronuncia en atención a la oportunidad en que se
       recibió la información, debiendo remitirse         opias pertinentes [a la
                                                      las c
       autoridad competente].


182.   Los medios probatorios examinados, producen convicción de que la
       empresa que operó transportando las armas y que aterrizó en el Aeropuerto
       Francisco Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, fue Air Charter Center,
       y que en la contratación de la misma intervino la organización que se
       procesó, hecho que evidentemente fue advertido por las autoridades
       aeroportuarias que llegaron incluso a modificar el Plan de Vuelo para
       permitir el retorno de la aeronave a su lugar de origen, por la Policía
       Nacional que intervino la aeronave y elaboró el Parte y la que hizo el
       Atestado, por el SIN que trabajó las Notas de Inteligencia remitidas al
       Consejo Supremo de Justicia Militar, no lo mencionaron en los documentos
       que prepararon.


183.   No existe certeza de que la aeronave que arribó a la ciudad de Iquitos era
       aquella que la Compañía KHORS arrendó a la República de Ucrania.


184.   En Sesión N° 45 su fecha 17 de noviembre del 2004 del Tomo E-2, se
       dispuso: “se curse solicitud de Asistencia Judicial a la República de
       Ucrania, a efectos de que en vía de ampliación, se sirvan solicitar y remitir
       la ficha de vuelo e historial de la aeronave de matrícula: IL-76D UR-UCE
       (…) que arribara a la ciudad de Iquitos en marzo de [mil novecientos]
       noventinueve” (fojas 39,579 Tomo E-2). El Ministerio de Relaciones
       Exteriores mediante oficio que obra de fojas 48,718 y siguiente del Tomo R-
       2, comunica el 12 de agosto del 2005, que: “las autoridades competentes de
       la procuraduría General de Ucrania han manifestado que a pesar que no
       existe Tratado entre Perú y Ucrania sobre asistencia legal mutua en
       materia penal, procederán a dar trámite de la carta rogatoria, siempre y
       cuando se remita la traducción de dicho documento al idioma ruso o
       ucraniano (…) En tal sentido en los próximos días se remtirá (…) la carta
       rogatoria en mención a fin de que se disponga su traducción oficial”.
                                                                                            117


        Lamentablemente hasta el momento en que se expide esta sentencia no se
        ha recibido ni la carta rogatoria para su traducción, ni respuesta del
        gobierno requerido.


E)      De los otros tres vuelos, destino a Lima:


185.    Las dificultades que para el arribo de los vuelos a la ciudad de Iquitos,
        aeropuerto más próximo al lugar de entrega de las armas, se generaron por
        la intervención de los funcionarios norteamericanos, motivó que se
        cambiara el lugar de arribo de las aeronaves, como lo hizo conocer el
        procesado López Rodríguez.[ 115 ]


186.    El 29 de agosto del 2000, el Gerente General de CORPAC remite al
        Director Nacional de Seguridad del Estado el oficio MTC/CORPAC S.A.
        GG. 1483/2000, que corre a fojas 338 del Anexo I del Atestado, detallando
        las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de las
        Aeronaves Rusas procedentes de Jordania:




[115 ] Fojas 36,821 a 36,822 del Tomo A-2, Sesión Nº 26 de fecha 13 de julio de 2004 (Declaraciòn
del procesado Juan Manuel López Rodríguez): “Señor Fiscal Superior : Y en las otras
oportunidades, después de Iquitos en las otras oportunidades, como es que se decide que el avión
llegue hasta Lima, pero igualmente dejando caer el cargamento en la Selva. El Acusado López
Rodríguez: Lo que yo pregunté porqué el cambio, me dijeron simplemente porque mucho problema
había en Iquitos, más simple es hacerlo en casa donde tenemos toda la gente. Señor Fiscal
Superior : Quién le dijo eso. El Acusado López Rodríguez: José Luís Aybar o Luis Aybar,
tristemente son las dos únicas personas que conozco. Señor Fiscal Superior : Entonces ellos daban
la seguridad de que en Lima no iban a tener los problemas que tuvieron en Iquitos. El Acusado
López Rodríguez: Exactamente”.
                                                                                               118


         DÍA          AERONAVE     MATRICULA   HORA DE   PROCEDEN     FECHA        HORA    DESTINO
                                               LLEGADA     CIA      DE SALIDA
       05 / 06 / 99   IL – 76 TD   HA – TCG     23:14    GRENADA    06 / 06 / 99   02:08   GRENADA
   TRIPULACIÓN 9 PERSONAS AL MANDO DEL CAPITÁN GAVRILOV VLADIMIR


          DÍA         AERONAVE     MATRICULA   HORA DE   PROCEDEN     FECHA        HORA DESTINO
                                               LLEGADA     CIA      DE SALIDA
       22 / 07 / 99   IL – 76 DD    HA – TCG    02:15    GRENADA    22 / 07 / 99   04:50   GRENADA
   TRIPULACION 13 PERSONAS AL MANDO DEL CAPITÁN GAVRILOV VLADIMIR


          DÍA         AERONAVE     MATRICULA   HORA DE   PROCEDEN     FECHA        HORA DESTINO
                                               LLEGADA     CIA      DE SALIDA
       04 / 08 / 99   IL – 76 MD    HA – TCG    01:33    GRENADA    04 / 08 / 99   03:57   GRENADA
   TRIPULACION 13 PERSONAS AL MANDO DEL CAPITÁN GAVRILOV VLADIMIR



187.      El 13 de febrero del 2004 esta Sala recibió el oficio N° 0180-2004-MTC/12,
          agregado a fojas 30,912 y siguiente del Tomo R-1, adjunto al cual el señor
          Director General de Aeronáutica Civil remite copia de “las solicitudes de
          sobrevuelo de la aeronave IL - 76D con matrícula HA - TCG que arribara
          al aeropuerto Internacional Jorge Chávez los días 05 de junio, 22 de Julio y
          04 de agosto del 99”, cuya traducción corre de fojas 32,961 a 33,003 del
          Tomo U-1. Del examen de las instrumentales glosadas, las que corren de
          fojas 294 a 327 del ya citado Anexo I del Atestado, del cuadro de
          movimientos migratorios que forman parte de este expediente y de las
          declaraciones prestadas la Sala establece:


188.      La empresa ATLANT AEROBATICS KFT domiciliada en la ciudad de
          Budapest – Hungría, propietaria y operadora de la aeronave solicitó y
          obtuvo los Permisos de Vuelo N° 0656/99; 0708/99 y 0866/99, los que
          permitieron que el día 05 de junio a horas 23:14 aterrizara en el
          Aeropuerto de esta ciudad (Lima) y despegara al día siguiente a horas
          02:08; que lo hiciera el día 22 de julio a horas 02:25 y despegara el mismo
          día a horas 04:50; y aterrizara el día 04 de agosto a horas 01:33 y saliera
          a horas 03:57. Toda referencia a fechas corresponden al año 1999.




E.1) Respecto del primer vuelo: PVI 0656/99.
                                                                                                 119




189.    El 11 de abril el procesado Santos Cenepo Shapiama sale con destino a los
        Estados Unidos de Norteamérica, retornando el día 28 del mismo mes
        procedente de Jordania. El 29 de mayo ingresa al país el ciudadano
        colombiano Luis Sánchez Bernal representante de los suministrados. Con
        destino a los Estados Unidos viaja Juan Manuel López Rodríguez el día 01
        de Junio y Santos Cenepo Shapiama lo hace al día siguiente, quien vuelve
        al país como parte de la tripulación de la aeronave que aterriza el día 05 y
        así aparece de la declaración que obra a fojas 300 del Anexo I del
        Atestado: Vuelo ATU9501. Tripulación: Capitán: V. Gavrilov, M.
        Pugatchev, A. Zubrilov, V. Tichtchenko, A. Nesterovich, A. Legnin, T.
        Ermakov, V. Yachenko, S. Yakunin, A. Ostrin, A. Kuptsov, A. Gorbunov, S.
        Chekalin, Santos. De acuerdo a la versión del señor Ivachine éste (Santos
        Cenepo Shapiama) viajaba como representante del gobierno peruano[116 ],
        siendo recibidos por Luis Frank quien acompañado por dos personas más,
        en el mismo vuelo retorna Shapiama a Jordania.[ 117 ]

[116 ] Folios 35,155 del Tomo Y Sesión Nº 19 de fecha 27 de mayo de 2005 (Declaración del
                                  -1,
procesado Víctor Ivachine): “Señora Directora de Debates: La pregunta que le hacía viene en
función de que ellos, los procesados Aybar no se podían comunicar con la tripulación por la
dificultad del idioma, entonces el único que podía transmitirle a ellos el éxito de la operación o
haber efectuado las operaciones encomendadas era el procesado Ivachine, no había otra forma en
que ellos se comunicaran. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: Aybar en cada vuelo
tenía su representante y el capitán de la aeronave pensaba que es el representante del ejército y este
representante conocía todo, desde Jordania hasta Iquitos, hasta Lima. Señora Directora de
Debates: Y quién era el representante cuando llegaba la aeronave, quién bajaba como representante
de los Aybar. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: En Iquitos no he visto, pero capitán
cuando estaba molesto el dijo y me comentó que yo llegué, según el plan que me dieron en Lima y
que mi abordo, o sea en el a bordo de la aeronave yo tuve el representante del ejército, entonces que
él llame a Lima y que arregle todo el asunto, o sea en el momento cuando estaba molesto el capitán,
así yo supe que abordo de la aeronave hay representantes del Ejército, en Lima yo sí he visto.
Señora Directora de Debates: Quién era en Lima. Acusado responde en idioma ruso. Traductora:
Shapiama. Fojas 35,156: “Acusado responde en idioma ruso. Traductora: En Lima yo he visto,
he visto en Lima que cuando ellos bajaron de la aeronave, entonces iban e informaban a él todo.
Señora Directora de Debates: Quiénes eran los que informaban. Acusado responde en idioma
ruso. Traductora: Shapiama. (…) Acusado responde en idioma ruso. Traductora: (…) cuando el
capitán estaba molesto y dijo que yo tenía un representante oficial en la aeronave, y entonces ese
representante debe hacer este trámite”.

[117 ] Fojas 31,610 del Tomo S-1, Sesión Nº 8 de fecha 4 de marzo de 2004 (Declaración del
procesado Santos Cenepo Shapiama): “Señor Fiscal: Los bultos que usted hace mención tenían las
mismas características de las que estaban en el primer vuelo. Acusado: Como estaban tapados,
cubiertos con unas mantas no se podía averiguar en la primera. Señor Fiscal: Después que se
lanzaron ese cargamento en cuánto tiempo aproximadamente llegaron a Lima. Acusado:
Aproximadamente cuarenticinco minutos o una hora (…). Señor Fiscal: Cómo usted verificó que
ese cargamento iba a ser lanzado en suelo peruano. Acusado: Por el tiempo (…) Porque un avión
comercial de Iquitos a Lima hace cuarenticinco minutos o tal vez un poquito más. Señor Fiscal:
Aproximadamente a qué hora se produjo el lanzamiento (…), en el día, en la noche. Acusado: En la
                                                                                            120




190.    De acuerdo a los documentos de fojas 307, 303 y 280 del Anexo I del
        Atestado, la mercancía a exportar estaba constituida por 20,000 Kg. de
        Café Verde. Destinatario: Zarkis Sorgha Norian. Dirección: Amman
        Jordania. Contratando los servicios de la empresa de Torres Seminario
        (fojas 303).


191.    El ya señalado día 06 de junio de 1,999, salen a Colombia Luis Frank
        Aybar Cancho y Luis Sánchez Bernal, retornando Brichani Aybar Cancho
        de Rusia. El día 07 hace su entrada al país José Luis Aybar Cancho
        procedente de los Estados Unidos, no registra fecha de salida, Luis Frank
        retorna el día 12, el día 17 de junio de 1,999 Víctor Ivachine sale rumbo a
        Colombia regresando el 19 ( Ver fojas 50,390 , 50,392, 50,393 y siguientes;
        50,396 del Tomo T2 – Oficio Nº 907-2005-IN-1601-UNIE, remitido por la
        Dirección General de Migraciones y Naturalización).




E.2 Respecto al segundo vuelo: PVI 0708/99


192.    El 08 de julio José Luis Aybar Cancho viaja a los Estados Unidos, regresa
        con Charles Acelor Cokeran, en el Vuelo 917, empresa Américan Airlines
        (fojas 50,392 y siguiente del Tomo T-2).


193.    El 22 julio del 99, aterriza la aeronave procedente de Jordania a horas
        02:15 y despega el mismo día a horas 04:50 (fojas 338 del Anexo I del
        Atestado Policial).        Declaración de fojas 302. Vuelo N° ATU9501.
        Tripulación: Gravrilov V.; Pugatchev M.; Zubrilov A.; Tichenko V.;
        Nesterovich A.; Legnin A.; Jachenko V.; Ermakov T.; Ostrin A.; Santos;
        Chekalin; Kubtsov; Jakunin S. y Gurbunov; de acuerdo a los documentos


noche. Señor Fiscal: Y llegaron a Lima aproximadamente a qué hora. Acusado: No recuerdo la
hora(…). Señor Fiscal: En el aeropuerto lo esperaba alguna persona en especial. Acusado: El señor
Luis Aybar. Señor Fiscal: José Luis Aybar. Acusado: No, Luis Frank (…) cerca donde se
estacionan los aviones de carga, aduanas (…) estaba acompañado por dos personas más (…) me
indicó que tenía que regresar con el mismo avión de nuevo a Jordania (…) yo retorno en el mismo
avión a Jordania.”
                                                                                              121


        de fojas 281, 282, 288, 294, 295, 302 y 305 del Anexo antes señalado, la
        mercancía a exportar estaba constituida por frutas (tunas, granadas, piñas)
        y madera caoba, su peso neto: 15,417 Kg. Destinatario: United Industries
        (Amman Jordania). Al momento de aterrizar la aeronave, se encontraban
        para recibirla Luis Frank Aybar Cancho con Ivachine[118 ].


194.    Luis Frank Aybar Cancho al día siguiente (23/07/99) sale a Colombia, el
        18(07/99) Acelor Cokeran se dirige a Aruba. El 26(07/99) Luis Frank
        Aybar Cancho ingresa, y el 27(07/99) vuelve a viajar a Colombia, el día
        28(07/99) lo hace Víctor Ivachine quien retorna el día 30 del mismo mes y
        año, Luis Frank lo hace el 03 de agosto del 99 ( Ver fojas 50,391 a 50,401
        del Tomo T-2).




E.3 Respecto del tercer vuelo: PVI 0866/99.


195.    López Rodríguez quien desde el día 01 de junio se encontraba en Jordania
        según lo hizo conocer en Audiencia.[ 119 ] Ingresa al país el día 03 de agosto
        de 1999 proveniente de USA coincidiendo con el retorno de Luis Frank
        Aybar Cancho desde la República de Colombia, como se ha señalado en el
        punto precedente. La aeronave aterriza el día 04(08/99) a horas 1:33 y
        despega el mismo día a horas 03:57 (Declaración del vuelo N° ATU1505
        que corre a fojas 301 del Anexo I del Atestado. Tripulación: Markin,
        Murzakhanov,        Yefimtsev,     Kononov,       Okhrimenko,       Solyanik,     Moroz,

[118 ]Fojas 31615 del Tomo S Sesión Nº 8 de fecha 4 de marzo de 2004 (Declaraciòn del
                                 -1,
procesado Santos Cenepo Shapiama): “      SeñorFiscal: Se procedió de la misma manera, es decir,
antes de llegar a Lima se dejó caer el cargamento en paracaídas. Acusado: Igual, doctor. Señor
Fiscal: Cuando llegan a Lima igualmente el avión aterriza en el aeropuerto “Jorge Chávez”, usted
desciende del avión, porqué personas es recibido. Acusado: Por el señor Luis Frank Aybar Cancho
(…) en esa oportunidad el señor Ivachine, ahí recién le veo al señor Ivachine, entró y converso con
la tripulación, y volvieron a cargar el aviòn con madera y frutas (…) yo me quedo en Lima y salgo
por Migraciones, en esa oportunidad (…)”

[119 ] Fojas 36,812 a 36,813 del Tomo A-2, Sesión Nº 26 de fecha 13 de julio de 2004 (Declaraciòn
de Juan Manuel López Rodríguez): “      Señor Fiscal Superior : No, ya el primer vuelo estuvo en
Iquitos (…) cuánto tiempo permaneció allá. Acusado: Allí fueron dos meses, creo dos meses y
medio. Señor Fiscal Superior: En el tiempo que se produjeron tres vuelos más. Acusado:
Exactamente. Señor Fiscal Superior: Y ese tipo de gastos, de viajes que usted hacía, quién los
cubría, tenían dinero o es que José Luís Aybar les mandaba dinero. Acusado: El mandaba, o yo
venía con lo suficiente, o yo avanzaba con mi tarjeta de crédito y ellos me reembolsaban”.
                                                                                           122


        Larionov, Kouptsov, Iakounine, Gourbunov, Tchekaline, Zubrilov, Sattos;
        de acuerdo a los documentos de fojas (299, 283 y 284 del Anexo I del
        Atestado Policial, se exportaba 8,000 pies de madera cedro con un peso de
        14,677 KG, actuando la Agencia Aduana Marigmar. Destinatario: United
        Industries    (Amnan Jordania). Operadora Air Company ATI al haber
        solicitado la empresa autorizada el cambio de operador mediante
        documento de fojas 32,992 y siguiente del Tomo U-1, encontrándose la
        aeronave al mando del Capitán Markin. Fueron recibidos en el aeropuerto
        por José Luis Aybar a quien Cenepo Shapiama, le dio cuenta del
        lanzamiento [120 ].


196.    Se registra el ingreso de Cenepo Shapiama y la salida de Brichani el mismo
        día (4 de agosto de 1999) hacia Venezuela. Luis Frank viaja a Colombia el
        día 07, el 12 lo hace López Rodríguez con destino a la República Federal de
        Alemania. Procedente de Colombia ingresa al país Brichani el día 16, el
        día 18 lo hace Luis Frank Aybar Cancho, el 19 llega Acelor Cokeran
        procedente de USA y López Rodríguez el 29 de Holanda. (todos del mes de
        agosto del año 1999).


197.    De acuerdo con la documentación examinada NIPPON CORPORATION es
        la empresa que exporta y contrata los servicios de ATS SRL Servicio
        Export, empresa de la cual era su representante legal el procesado Alex
        Víctor Torres Seminario, a la Agencia de Aduana Marigmar, a Florida
        Cargo S.A. como Agente Embarcador de Exportación, a SERLIPSA y
        Talma como almacenes autorizados.




[120 ] Fojas 31,615 del Tomo S-1, Sesión Nº 8 de fecha 4 de marzo de 2004 (Declaración del
procesado Santos Cenepo Shapiama): “Señor Fiscal: Tuvo un último vuelo. Acusado: Sí doctor (...)
de la misma manera, me vuelven a llamar y me dicen que tengo que viajar para acompañar la carga,
y yo viajo”.     Fojas 31, 616: “Señor Fiscal: Cuánto tiempo permaneció ahí. Acusado: Más o
menos de diez a quince días. Señor Fiscal : También estaba acompañado del acusado Juan López.
Acusado: Sí doctor”. Fojas 31,617: “Señor Fiscal: Cuando salen de Jordania, usted verifica
nuevamente el cargamento (…). Acusado: En la misma circunstancia (…). Señor Fiscal: Díganos,
cuándo llegó usted a Lima, qué personas lo recibieron. Acusado: En esta oportunidad, nos recibió
el señor José Luís Aybar (…) a él le di cuenta como fue y bueno me dijo que le presentara un
documento o le haga un informe”.
                                                                              123


198.   Se señala en los mensajes enviados por la empresa transportadora -
       operadora que solicitó los permisos de vuelo, que fue contratada por
       NIPPON CORPORATION compañía exportadora de la carga [ver fojas
       32,973, 32,977, 32,979 y 32,981 , , lo que desvirtúa el argumento esgrimido
       por la defensa de José Luis y Luis Frank Aybar Cancho, de la intervención
       de “Darío Alzamora” en esa negociación y el no uso de la empresa para
       encubrir sus ilícitas actividades.


199.   Como se explica en el fundamento 220, la DININ - SIN no conocía de estas
       actividades.


200.   Aparece del oficio N° GG – 103 – 2004 – C de fojas 27,988 del Tomo O-1,
       que remite MTC / CORPAC S.A. a esta Sala, que no cuenta con información
       de los nombres de la tripulación de los vuelos mencionados ni con las
       copias de sobrevuelo, indicándose que debía solicitarse esa información a
       las autoridades correspondientes; mediante oficio N° GG – 344 – 2004
       remitido por MTC / CORPAC S.A., de fojas 31,091 del Tomo R-1, comunicó
       que la Sala debía dirigirse a la Dirección General de Migraciones del
       Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para tener información del
       funcionario responsable del control de entrada y salida de personas de ese
       aeropuerto en las fechas indicadas.


201.   Se solicitó y recibió de la Dirección General de Migraciones y
       Naturalizaciones del Ministerio del Interior los oficios N° 069-2003-IN-
       1607 de fecha 14 de enero del 2004 y N° 133-2004-IN-1607 del 23 de enero
       del 2004, que corren a fojas 27,915 del Tomo O-1 y fojas 30,436 del Tomo
       Q-1; haciendo conocer en el primero que en los archivos de esa Dirección
       se habían “encontrado cuatro partes diarios de vuelos particulares (...) ,
       pero que no se puede apreciar si corresponden a la aeronave IL-76D, por
       cuanto en el parte se indica el número de vuelo (que en estos casos no
       existe) mas no el número de matrícula” , en el segundo indica: “ (...) que,
       en los archivos de la Unidad de Informatica y Estadistica (UNIE) solamente
       se encuentan registrados los Partes Diarios de los Vuelos Particulares de
       las fechas solicitadas (..).
                                                                                            124




202.    Adjunta el Parte Diario de Llegada número 42033 (Ver fojas 27,870 ) que
        da cuenta del ingreso de un vuelo privado procedente de Granada: Hora de
        llegada 01.30.      Número de pasajeros: 01.           De la tarjeta de embarque
        acompañada,        se establece que este responde al nombre de Cenepo
        Shapiama Santos con Pasaporte N° 0706789 (Ver fojas 27,870 vuelta), no
        señala el propósito del viaje y de acuerdo al sello colocado en el mismo su
        fecha de presentación fue el 04 de agosto de 1,999.


203.    Fue también negativa la respuesta recibida de la Superintendencia
        Nacional de Administración Tributaria, pues no registra manifiesto de
        carga de consignatario alguno con el código de aeronave IL-76D así como
        tampoco importaciones temporales numeradas en los años 1998 al 2000.
        El personal de esa dependencia no efectúo inspecciones al producirse el
        aterrizaje de la nave IL76D por no haber registrado manifiesto de carga
        alguno los días 04 y 05 de junio, 22 de julio y 04 de agosto de 1999 y
        finalmente informaron que tiene la obligación de revisar una aeronave
        cuando presenta un manifiesto de carga .(Ver oficios N° 007-2004-3E0000-
        3E1700 su fecha 13 de enero del 2004, N° 35-2004-3E0000-3E1700 su
        fecha 28 de enero del 2004 y N° 73-2004-3E0000 del 12 de febrero del
        2004 que corren a fojas 27,864, 28,579 y 36,210 respectivamente, Tomos
        O1, P1 y R1).


204.    La modalidad usada por la organización para suministrar las armas fue la
        misma: La aeronave sobrevolaba territorio colombiano antes de aterrizar
        en nuestro país, tenían como puerto de origen Jordania, donde se
        encontraba López Rodríguez, quien admitió en Sesión N° 26 de fecha 13 de
        julio de 2004 del Tomo A-2, que tuvo conocimiento de los despachos y
        retorno de la misma [ 121 ].


[121 ] Fojas 36,809 del Tomo A-2, Sesión N° 26 de fecha 13 de julio de 2004 (Declaración de Juan
Manuel López Rodríguez): “Señor Fiscal Superior : Después de este viaje que se hizo a Perú –
Iquitos, usted volvió a viajar a Jordania. Acusado: Sí. Señor Fiscal Superior : Hubieron tres
vuelos más (…) En estos tres vuelos, usted siempre estuvo en Jordania, cuál era el objetivo de su
presencia en Jordania, habida cuenta de lo que nos ha dicho, pues ya todo estaba coordinado en un
nivel y Santos Cenepo sólo viajaba como cuidador y usted utilizó el término de guachimán como
cuidador, (…), cuál era su papel acusado. Acusado: Mi papel era muy simple, nada más que serví
                                                                                            125




205.    Sus miembros en fechas concomitantes con el arribo y despegue de las
        naves se desplazaron a esta ciudad como a la República de Colombia,
        cuidando el éxito de la operación.


206.    La DININ - SIN y la DINANDRO permanecieron inactivas, no obstante la
        existencia de un Plan Operativo, diseñado según dijeron desde el año
        1,998, para conocer las actividades de la organización que conformaban
        los hermanos José Luís y Luís Frank Aybar Cancho y proceder a la
        interdicción de los mismos. De acuerdo a la versión de los dos oficiales que
        dirigían la operación no tuvieron éxito, sin embargo el Gobierno de los
        Estados Unidos de América logró las evidencias necesarias para solicitar y
        obtener la extradición de ambos por Delito de Trafico de Drogas (fojas
        34,441 a fojas 34,752 ).


F ) DE LAS INVESTIGACIONES EN COLOMBIA.


207.    El 10 de setiembre de 2002, en la ciudad de Bogotá – Colombia la señora
        Jueza que instruyó el proceso[ 122 ], recibió la Declaración de don Jorge
        José Morán Pinto detective profesional del Departamento Administrativo de
        Seguridad (DAS), a quien después de la Conferencia de Prensa dada por el
        Ex-Presidente Fujimori Fujimori, se le encarga la investigación de los
        hechos que denunciara[ 123 ] (declaración que obra de fojas 25,637 a 25,646


de traductor en la conversación de José Aybar y Sarkis, (…) poder comunicarle cuando estaba listo
el avión, cuándo iba a salir el avión, qué dificultad podría haber”.

[122 ] Fojas 25,637 del Tomo M-1 (Declaraciòn Testimonial de Jorge José Morán Pinto, de fecha 10
de setiembre de 2002, en la ciudad de Bogotá - Colombia): “(…) Acto seguido se deja constancia de
las personas que se encuentran presentes: el suscrito Fiscal comisionado Carlos Javier Gutiérrez,
Jimena Cayo Rivera Schreiber Juez Penal Especial del Perú; Alejandro Espino Méndez Fiscal
Provincial Especial del Perú; César Alcalá Medrano Secretario del Segundo Juzgado Penal Especial;
Jacqueline Pérez Castañeda Representante de la Procuraduría Ad Hoc del Estado del Perú y el señor
Jesús Harman Mallma abogado defensor del inculpado Vladimiro Montesinos Torres”.

[123 ] Fojas 25,637 del Tomo M-1: “La investigación formal por estos hechos la inicia la Fiscalía
General de la Nación (...) días después en que se conociera la rueda de Prensa dada por el Ex
Presidente Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres, la
coordinadora de la sub-unidad de terrorismo comisiona con amplias facultades al Fiscal delegado
ante el DAS para que perfeccione la respectiva investigación, la cual fue radicada bajo el numero
42764 (…)”.
                                                                          126


del Tomo M-1, debatida en Sesión N° 96 que obra de fojas 47,996 a 48,013
Tomo P-2, hizo conocer:


a) “(...) que el grupo Inter Institucional de análisis antiterrorista con sede
    en el DAS, adelantó el rastreo del mismo de unos fusiles de asalto BKM
    modelo MPKIM Kalasnikov (...) los cuales habían sido hallados a
    subversivos o guerrilleros de las autodenominadas FARC (...) en los
    Municipios o localidades de Puerto Rico Metal, Pipiral, Huayabetal y
    otros Municipios como a mediados de 1,999 (…)”.


b) “(...) y como se trataba de un material nuevo incautados en manos de
    los subversivos encaminaron en ese entonces a través de la oficina de
    INTERPOL del DAS a nivel internacional a hacer los respectivos
    requerimientos a fin de detectar la casa fabricante porque se
    encontraban en manos estos fusiles de los guerrilleros de las FARC.
    (...) de acuerdo a los mensajes recibidos de INTERPOL y la ATF de los
    Estados Unidos se pudo saber que estos fusiles fueron fabricados en
    Alemania del Este, (…) que posiblemente estas armas hacían parte de
    unos lotes que pertenecían al arsenal Jordano y que posiblemente estos
    habían sido vendidos a las Fuerzas Armadas del Perú.             [Usa el
    condicional “posiblemente”].


c) “Con base a estos documentos la Jefatura del grupo GIAT, a través de
    INTERPOL cursa dos oficios dirigidos a INTERPOL Perú e
    INTERPOL Jordana con el fin de que se adelantaran las diligencias en
    esos países sobre el origen de las armas y la negociación de las
    mismas”.


d) “Estas dos comunicaciones fueron cursadas como a mediados del año
    dos mil a los países referidos, sorpresivamente dos meses después el
    veintidós de agosto del año dos mil el Ex-Presidente Alberto Fujimori
    da a conocer a nivel mundial el desarrollo de la operación “Siberia”
    como producto de un trabajo de inteligencia desarrolladas por
    autoridades de ese país”.
                                                                         127




e) “(...) con base a todos los elementos de juicio, se puede presumir de
   que las autoridades peruanas no tenían indicios serios sobre la
   negociación de las armas”.


f) “Existen varias pruebas que señalan el lanzamiento de las armas en
   territorio Colombiano (...) en el área (…) de Barrancominas – Guaynia
   en el mes de agosto del 2000 (…) el ejército nacional en el registro del
   área encontraron varias cajas con trozos de paracaídas de origen ruso,
   las cuales fueron trasladadas al grupo Inter Institucional (...) se
   estableció que las cajas estaban identificadas con unos números de
   serie idénticos a las series de identificación que identifican los fusiles
   AKM Kalashnicov calibre 7.69 milímetros (...) igualmente dentro de
   estas cajas se encontraron sobres plásticos que traían los cartuchos de
   fogueo de los fusiles, asimismo se encontraron paracaídas en mal
   estado, los cuales al ser analizados por los técnicos del grupo se
   determinó que son de origen ruso (…)”.


g) “(...) se tiene evidencia documental hallado en inspección judicial en
   la dirección de operaciones aérea de la aeronáutica civil colombiana
   en donde fueron hallados los documentos de las solicitudes de permiso
   de sobrevuelo vía fax, emanadas de las empresas Húngara –
   Ucranianas, en donde relacion[a] la matricula de la aeronave, el
   objeto del vuelo, y la fecha del vuelo, estos mensajes que procedían de
   Europa coincidían con otros recibidos de Lima-Perú ya que
   identificaba la misma matrícula de la aeronave, lo que confirma aún
   más la realización de los vuelos es el reporte realizado por el piloto de
   la aeronave ante la torre de control aéreo al ingresar al espacio
   colombiano y salir del mismo”.


h) “Que de lo que conoce de la investigación desde la fecha en que se
   inició, INTERPOL Ammann Jordania no ha respondido las solicitudes
   hechas hacia dicho país, obra únicamente del gobierno de Jordania un
   escrito emanado del Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania
                                                                                             128


             entregado al Cónsul de Colombia en Egipto, (...) el reino de Jordania
             acepta haber realizado la venta de las armas (...) pero sostiene que esta
             negociación se realizó de gobierno a gobierno y no a través de
             intermediarios del gobierno peruano”.


         i) “De la CIA hasta donde tiene conocimiento no se ha recibido ninguna
             información de este caso (…). La oficina de INTERPOL Perú nunca ha
             dado respuesta a las diferentes solicitudes de información sobre este
             tráfico de armas e igualmente no se acercó ningún funcionario del
             gobierno del Perú para obtener la información sobre lo que se había
             adelantado aquí en Colombia, excepto cuando se posesionó el nuevo
             presidente del Perú”.


         j) Finalmente dijo: “(…) su participación en la investigación es como
             funcionario investigador, su manifestación se basa lógicamente en
             documentos, inspecciones judiciales, informaciones de inteligencia que
             se han incorporado legalmente al proceso y que se han compartido con
             las autoridades peruanas, su declaración es tendiente a la orientación y
             mejor conocimiento de las pruebas que obran en el proceso”.


208.    Esta Sala oralizó en Sesión N° 118 de fecha 12 de enero de 2006 que obra
        de fojas 52,377 a fojas 52,475 del Tomo W-2, el Informe que corre de fojas
        25,977 a fojas 26,016 del Tomo M-1, elaborado por el ya nombrado señor
        Morán Pinto del 3 de octubre del 2001, cuya firma fue certificada por el
        Jefe Unidad de Jurisdicción Especial Gustavo Bohorquez Velasco, a quien
        se lo dirigen teniendo como destinataria la doctora Elsa Piedad Ramírez
        Acosta, Fiscal 22 Especializado Sub Unidad de Terrorismo, da cuenta de
        las diligencias adelantada dentro de la investigación preliminar Nº 42.764,
        son relevantes los numerales tercero, cuarto, quinto y décimo que ratifican
        la declaración antes glosada[ 124 ].


[124 ] Folio 25,991 a 25,994 del Tomo M-1: “NUMERAL TERCERO: Con la colaboración del
señor Fiscal Delegado se llevaron a cabo diligencias de inspecciones judiciales en la Dirección de
Operaciones Aéreas de la Aeronáutica Civil, con las cuales se obtuvieron fotocopia de toda las
solicitudes de sobrevuelo de nuestro espacio aéreo emanadas de la República del Perú y Europa,
durante la fecha comprendida entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999, para las aeronaves de
                                                                                                  129




G ) Del diligenciamiento del mensaje enviado por INTERPOL-
       Bogotá a INTERPOL-Lima.


209.    El Señor Inspector General de la PNP remitió el 21 de agosto del 2005, el
        Oficio      Nº    260–2005-IG-PNP-SEC,              adjuntando        copia     del    Parte
        Administrativo Disciplinario formulado en relación “con la denuncia
        interpuesta por el Procurador Adjunto Ad Hoc del Estado por la presunta
        influencia de Vladimiro Montesinos Torres en la OCN INTERPOL LIMA,
        con motivo del diligenciamiento del Mensaje 12348 DAS del [25 de julio de
        2000] proveniente de (la) Interpol-Bogotá, relacionado con la incautación
        de armas de guerra a miembros de la FARC”, agregado de fojas 44,999 a
        fojas 45,022 del Tomo M-2.


carga tipo ILYUSHIN IL – 76, con sus respectivas autorizaciones (...) 3.2. (...) Hallamos el
documento de fecha Lima 15 de marzo de 1,999, emanado de la Gerencia de la empresa Peruana
GEO ANDINA S.R.L. (...) solicitando el permiso de sobrevuelo de la misma aeronave en la fecha
del día 15 al 17 de marzo de 1.999. 3.3. (...) hallamos un documento fechado Lima 15 de abril
1,999, emanado de la empresa peruana SERENO S.R.L. (...) solicitando el permiso de sobrevuelo
para misma aeronave y ruta, pero en la fecha comprendida entre del 18 al 20 de abril de 1,999 (...)
Posteriormente esta misma empresa solicita la modificación de la autorización del vuelo anterior
para fecha comprendida del 21 al 23 de abril de 1,999 y su retorno del día 22 al 25 de abril de 1,999.
3.4. (...) se halló una solicitud de sobrevuelo (...) emanada de la Empresa NIKKEI EXPORT, (…)
solicitando permis o de sobrevuelo (...) para la fecha comprendida del día 5 al 7 de junio del 1,999.
3.5. Se halló otra solicitud de sobrevuelo (...) para la fecha comprendida del día 20 al 22 de junio de
1,999 (...)”. Posteriormente solicitó varias prórrogas, “(…) el cual se llevó a cabo el día 22 de julio
de 1,999 y su retorno ese mismo día (...) 3.6. Igualmente se halló otra solicitud de prórroga de
sobrevuelo (...) para la fecha comprendida del día 1 al 7 de agosto del 1,999 (...) solicitan una
modificación del permis o de sobrevuelo anterior para cubrir el cambio de la aeronave debido a fallas
mecánicas (…). 3.7. Finalmente se halló otra solicitud de vuelo (...) solicitando el sobrevuelo de la
aeronave antes relacionada, en la misma ruta, para la fecha comprendida entre el día 20 al 26 de
agosto de 1,999 y del 20 al 27 de agosto de 1,999, solicitando continuamente esta empresa varias
prórrogas de sobrevuelo hasta el mes de setiembre de 1,999, fecha hasta la cual desistieron de sus
solicitudes. NUMERAL CUARTO: Luego de la práctica minuciosa de inspección judicial
realizada en la Oficina de la División de Aeronavegación Regional Bogotá, de la Aeronáutica Civil,
se hallaron las FAJAS DE PROGRESO DE VUELO, que son registros o reportes que hacen los
controladores aéreos de las aeronaves que se reportan cuando ingresan al espacio aéreo nacional
(…). En la relación adjunta se encuentra la de los antes descritos. NUMERAL DECIMO: Se
solicitó mediante oficio a los señores: Director de la Policía Nacional, Comandante de la Fuerza
Aérea colombiana, Comandante del Ejército Nacional y al Comandante de la Armada Nacional,
enviaran una relación de todos los fusiles AK – 47 o AKM, calibre 7.62 por 39 mm, que hayan sido
incautados por personal bajo su mando a nivel nacional, a los grupos subversivos que delinquen en
nuestro país, especialmente a las FARC durante los años 1,999, 2,000 y 2,001, obteniéndose los
siguientes resultados: 10.5. Del Despacho el Señor Director de Inteligencia del Ejército Nacional,
(...) Informan que la primera vez que fueron incautados este tipo de fusiles fue el día 12 de julio de
1,999, durante la operación realizada por tropas de la Séptima Brigada y Batallones de Fuerzas
Especiales en jurisdicción del Municipio de Puerto Rico, Departamento del Meta, a las cuadrillas 26
– 27 – 40 – 43 – 44 de las FARC”.
                                                                              130




       Los hechos que se denuncian son:


        a) “(...) que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de
            Colombia remitió una comunicación a Interpol-Lima, mediante Oficio
            N° 12348.DAS.OI.UA.GAIC.CT (GIAT) de fecha 25 de julio de 2000,
            dando cuenta de la incautación de fusiles AKM a miembros de la FARC
            y solicitando informar si tales armas de guerra eran de propiedad de
            las Fuerzas Armadas del Perú. (…) fluye que el requerimiento
            colombiano no fue atendido con corrección por Interpol-Lima. (...) la
            solicitud fue derivada a la Dirección de Control de Armamento y
            Municiones de Uso Civil (DISCAMEC), pese a tratarse de un asunto
            que escapaba a la competencia de esta entidad (…) Y, sólo después de
            la conocida conferencia de prensa brindada con fecha 21 de agosto de
            2,000 por Alberto Fujimori F. y Vladimiro Montesinos Torres, en la
            que se hizo la presentación del denominado “Plan Siberia”, que
            Interpol-Lima envía la mencionada petición a Seguridad del Estado”.


        b) “(...) resulta sorprendente que Interpol-Lima, haya abierto 02
            expedientes sobre el mismo hecho: 21337 CONTRAB/1, diligenciado
            por el Capitán PNP Luis Chuquillanqui Sánchez, y 40658 ESTUP/5,
            diligenciado por el Mayor PNP Juan Gaviria Becerra”.


        c) “Finalmente la INTERPOL-Lima a través del oficio N° 10193-DGPNP
            / INTERPOL – DIDCAP de fecha 02 de diciembre de 2003, nos ha
            informado que la petición de Colombia, no se encuentra en sus
            archivos”.


210.   El señor Inspector General de la PNP, que suscribe el Parte que contiene
       las investigaciones, conjuntamente con el señor Director de Investigaciones
       y el señor Jefe EQ 03 - DIRINV PNP, fojas 45,020 a fojas 45,022 del Tomo
       M-2, concluyen:
                                                                                131


       a) Que se procesó incorrectamente la solicitud de INTERPOL-Bogotá
           recaído en el Expediente 21337 CONTRAB/1 del 1 de agosto de 2000,
           relacionado con la incautación de armas de guerra a miembros de la
           FARC, al requerir equivocadamente información a la DISCAMEC, y
           que según la petición planteada y dada la trascendencia de los hechos,
           omitió consultar a otros organismos especializados.


       b) Que el Jefe de la OCN INTERPOL Lima estuvo obligado según los
           alcances del MOF de la DIRIN del año 2000, en considerar que el
           pedido emitido por la Interpol Bogotá mediante el Mensaje 12348 DAS
           OI.UA.GAIC.FT del 25 de julio de 2000, constituía una novedad de
           importancia y consecuentemente debió coordinar con las unidades
           especializadas en la materia.


211.   No se pronuncia sobre la apertura de dos expedientes y la no existencia
       física del mensaje, no obstante lo cual se advierte de la lectura del literal
       “i” del Acápite “D” Resumen de las Manifestaciones: “Que también debe
       responder el [Mayor] PNP Juan GAVIDIA BECERRA, en cuanto a los
       motivos por los cuales en el [Expediente] 40658 ESTUP/5 contenía
       documentación relacionada con aquel signado con el 21337 CONTRAB/1
       referido a las armas incautadas a la FARC” (fojas 45,007 del Tomo M-2).


212.   Copia del mensaje electrónico 12348 corre a fojas 81 a 91 del Anexo I del
       Atestado, el mismo que de acuerdo a lo declarado por el Mayor PNP Pérez
       Uriondo, Jefe de Archivo en ese momento: “(...) si bien en el libro de Toma
       |Razón (3998-31JUL00), aparece registrado el antecedente proveniente de
       la DAS Colombia y donde a su vez a manuscrito se anotó el [Expediente]
       21337, dicho núumero constituyó el descargo por el diligenciamiento (...)”,
       lo que desvirtúa las afirmaciones de que el mensaje fue recibido en el mes
       de agosto. Es evidente que el medio tecnológico empleado, permite el
       conocimiento inmediato del documento, siendo práctica usual la remisión
       posterior del original enviado para fines netamente administrativos.
                                                                                132


H ) DE LOS CONTRATOS.


213.   En fecha no posterior al 10 de agosto del mismo año, como lo sostuvo el
       testigo Rozas Bonnucelli, quien se desempeñaba como Jefe del Servicio de
       Inteligencia Nacional y en forma imprecisa los también testigos Dennis del
                                                                       -2)
       Castillo Valdivia, Director de la DININ SIN (fojas 38,788 Tomo D y
       Pepe Fuentes Ganoza quien ejercía el cargo de Director Ejecutivo de
       Análisis de la DININ SIN, se apersonaron al despacho del primero de los
       nombrados, sin haber solicitado previamente ser recibidos, cuatro
       funcionarios de la Embajada de los EE.UU. en nuestro país, quienes le
       hicieron saber que venían por encargo del Departamento de Estado
       Norteamericano      a   hacerle     entrega:   de   03   contratos   números:
       PD3/132/98/16 del 23 de diciembre de 1998; PD3/1/B/99/3 de abril de
       1999; PD3/11/B/99 de 18 de julio de 1999 (fojas 27 Tomo A); fotocopia de
       un Carnet de identidad del Capitán Aybar Cancho, copia del pasaporte del
       procesado Cenepo Shapiama y otra hoja con una fotografía de este último
       con uniforme (fojas 38,277 y siguiente Tomo C-2, de la Sesión N° 36 de
       fecha 16 de setiembre del 2,004).


214.   Documentos que daban cuenta, de la adquisición efectuada por las Fuerzas
       Militares del Perú, de fusiles AKM al Ejército del Reino Hashemita de
       Jordania, y de la identidad de quienes habían actuado como sus
       representantes, solicitando una respuesta o una investigación.


215.   Al día siguiente de la tantas veces mencionada Conferencia de Prensa, que
       el 21 de agosto del 2,000 convocara el Ex-Presidente Fujimori Fujimori
       conjuntamente con el entonces Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional
       Vladimiro Montesinos Torres, esto es, el día 22, el Ministerio de Relaciones
       Exteriores remitió al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores del
       Reino Hashemita de Jordania la Nota 6/80 que en copia obra a fojas 4,527
       del Tomo G “(…) expresándole su más enérgica protesta por el
       abastecimiento ilegal de armamento que se ha venido haciendo desde ese
       país a favor de organizaciones subversivas, involucrando el territorio y el
       nombre del país.”
                                                                              133




216.   Al dar respuesta, el país receptor mediante Nota Diplomática Nº
       MK/3/24/772, su fecha 30 de agosto del 2,000, la que obra a fojas 31,673 y
       siguiente del Tomo S-1, su traducción obra de fojas 33,054 a 33,057 del
       Tomo U-1, rechazando las alegaciones de nuestro gobierno, afirmó: “(…)
       2. El Gobierno Jordano considera que los contratos celebrados entre las
       Fuerzas Armadas jordanas y peruanas son negociaciones plenamente
       legales. 3. Cualquier irregularidad que se alegue en relación a los tres
       contratos de venta es responsabilidad única y exclusiva del Perú, producto
       de actividades y acontecimientos que no guardan relación con Jordania, su
       gobierno o sus Fuerzas Armadas”.      En carta fechada en Amman, 30 de
       agosto del 2000, que el Señor Embajador Jaime Girón Duarte dirige al
       Doctor Guillermo de Fernández de Soto Ministro de Relaciones Exteriores
       de la República de Colombia (fojas 20,384 del Tomo E-1), le comunica,
       que sostuvo una entrevista con el Vice Ministro de Relaciones Exteriores de
       Jordania, quien le manifestó: “(…) 2.- Jordania acepta que vendió el
       número y tipo de armas al que se refirió el Presidente Peruano (…). 4.- El
       gobierno jordano informó, en su momento a los Estados Unidos acerca de
       esta transacción por estar destinada a una nación del hemisferio: Perú
       (…)” .


217.   Dado el nivel de las autoridades que emiten la nota y la información
       proporcionada, no admite cuestionamiento la autenticidad del contenido de
       las copias de los contratos cuyas traducciones obran de fojas 674 a 676 del
       Tomo B, sus números: PD3/132/98/16 su fecha 23 de diciembre de 1998;
       Contratantes: Fuezas Armadas del Perú (comprador) y las Fuerzas
       Armadas de Jordania (vendedor); objeto: la venta de 2,500 fusiles Precio
       Unitario US $55.00, Total 137,500.00; firma por el Gobierno Peruano:
       Capitán José Luis Aybar Gancho, y por el Gobierno Jordano: General
       Brigada Director de la Adquisición Abdul Razeq I. Abdullah. PD3/1/B/99/3
       su fecha abril de 1,999, Contratantes: Fuezas Armadas del Perù
       (comprador) y las Fuerzas Armadas de Jordania (vendedor); Objeto del
       Contrato: 2,500 fusiles; Precio Unitario: US $75.00; Total 187,500.00;
       Firma por el Gobierno Peruano: Santos Cenepo Shapiama, y por el
                                                                               134


       Gobierno Jordano: Abdullah M. Al-Ayasrah. PD3/11/B/99/7/A/9 su fecha
       18 de julio del 99; Contratantes: Fuezas Armadas del Perú (comprador) y
       las Fuerzas Armadas de Jordania (vendedor); el objeto: 5,000 fusiles;
       Precio Unitario: US $ 75.00; Total US$ 375,000.00. Firma por el Gobierno
       Peruano: Santos Cenepo Shapiama, por el Gobierno Jordano: Abdullah M.
       Al-Ayasrah.


I ) Del plan Siberia:


218.   Como se señaló en el fundamento 110 - a”, en la Conferencia de Prensa, el
       señor Presidente de la República, textualmente dijo: “En el año
       noventinueve se estableció un cordón militar a lo largo del río Putumayo en
       la frontera peruano colombiana. La razón era simple, tenía el Servicio de
       Inteligencia Nacional informaciones de que había un aprovisionamiento de
       armas, fusiles AKM Kalashnikov, que eran lanzados de acá (...) ha estado
       siguiendo de una manera paciente por el SIN, hasta que se llegó a descubrir
       casi toda la organización (...) el Plan de Inteligencia llamado SIBERIA, se
       ha estado llevando a cabo desde finales del noventiocho” (fojas 46,567 y
       siguiente del Tomo Ñ-2).


219.   De acuerdo a las declaraciones de los señores: Fausto Raúl Gálvez
       Galindo, Jaime Samuel Castillo Acosta y Pepe Fuentes Ganoza, prestadas
       en Sesiones 41 a 44 respectivamente (fojas 39,098 a 39,108; 39,277 a
       39,324 y 39,421; de 39,421 a 39,450 del Tomo D-2; fojas 39,475 a 39,531 y
       39,584 a 39,717 del tomo E-2), el plan no tenía por objeto: el Trafico de
       Armas, dado que ellos laboraban en la Dirección Nacional de Inteligencia
       del Narcotráfico (DININ SIN), Órgano de Línea del Sistema de Inteligencia
       Nacional (creado por Decreto Ley 25,635), desempeñándose el primero
       como Director Ejecutivo de Análisis, el segundo como Director Ejecutivo y
       el ultimo como Director Ejecutivo de Operaciones.


220.   Según la versión de los antes nombrados, la aprobación del Plan
       denominado Siberia se produjo en diciembre de 1,998, por lo que se trabajo
       en el mismo durante el año 99, en el que se realizan los viajes ya descritos
                                                                                               135


        de los hermanos Aybar Cancho a Colombia, EE.UU, Jordania, y otros,
        ingresa al país Sarkis Shoghanalian, se producen reuniones en el Hotel
        Sheraton con la participación de los antes nombrados cuyas ilícitas
        actividades, habían dado lugar a su aprobación, aterrizan las aeronaves
        que arrojaron las armas en territorio colombiano. Sostuvo el Director
        Ejecutivo de Operaciones de la DININ SIN, que son informados de estos
        hechos, por el coordinador americano recién en agosto del 2,000.[125 ]
        Respecto a la presencia de Sarkis Soghanalian a quien el procesado Acelor
        Cokeran en Sesión N° 25 dijo era un conocido vendedor de armas (ver fojas
        36,259 del Tomo Z-1), tampoco conocieron.[ 126 ]


221.    El Señor Fausto Raúl Gálvez Galindo, en declaraciones prestadas en
        Sesión N° 42 de fecha 28 de octubre del 2,004 de fojas 39,277 y siguientes;
        [127 ], expreso su sorpresa por el contenido de la declaración transcrita.




[125 ] Fojas 39,444 a 39,445 del Tomo D la Sesión N° 43 de fecha 4 de Noviembre del 2004
                                          -2,
(Declaración Testimonial de Jaime Samuel Castillo Acosta) “Señora Directora de Debates: (…)
usted me dice de las reuniones, usted sabía de las reuniones de los Aybar Cancho con un ruso y un
español. Testigo Castillo Acosta: Así es. (...) Cuando nosotros ya recibimos la información de la
Oficina Regional recién es que se aclaran estos puntos (...) en el caso que usted me esta indicando
ya, son informaciones que viene ya a raíz de lo que nos proporciona el coordinador americano. ( ...)
entonces ha sido el dos mil, a mediados de Agosto del dos mil, recién es que nos dan esa
información, la vinculación de los hermanos con el Trafico de Armas.”

[126 ] Fojas 39,667 del tomo E la Sesión N° 45 de fecha 17 de Noviembre del 2004, (Declaración
                               -2,
Testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza,) “Defensa del procesado López Rodríguez: Si ustedes
decían que hacían un seguimiento permanente o intermitente a los hermanos Aybar Cancho, como
puede explicarnos que en el año noventinueve, no tenían conocimiento de la presencia en el Perú de
(...) Sarkis Soghanalian. Testigo Fuentes Ganoza: No, nunca lo detectamos.”

[127 ] Fojas 39,296 del Tomo D-2, en la Sesión N° 42 de fecha 28 de Octubre del 2004, (Declaración
del testigo Fausto Raúl Galvez Galindo) “Señor Fiscal Superior: Le extraño el testigo ver el nombre
del Plan Siberia en un informe sobre Trafico de Armas, y no sobre Trafico de Drogas que usted
había elaborado y participado desde sus inicios. Testigo Gálvez Galindo: (...) yo me enteré por la
televisión y efectivamente me sorprendí porque el Plan inicial era por narcotráfico y bueno, vi ese
resultado”.
                                                                                               136


222.    Fuentes Ganoza[128 ] y Castillo Acosta,[129 ] han sido uniformes en sostener
        que el objeto del Plan se cambio en agosto del 2000, esto cuando los
        Agentes de la Embajada Americana hicieron entrega de los contratos,
        oportunidad en que ejercía la Dirección Ejecutiva de la DININ SIN el
        señor Dennis del Castillo Valdivia, y que fueron llamados para apoyar en
        las investigaciones que llevo a cabo el Consejo Supremo de Justicia Militar.
        Lo que lleva a concluir que no fue exacta la afirmación que hizo el señor
        Fujimori Fujimori, pues en el año 1999, no se tenia conocimiento del
        Trafico de Armas .


223.    Gálvez Galindo, al absolver el interrogatorio formulado durante el acto
        oral en las Sesiones N° 41, 42 y 43, dijo que para proponer un Plan de
        Inteligencia, se recibía información de distintas fuentes, entre ellas la
        DINANDRO[ 130 ],         órgano policial al que en diciembre del 98 se le
        comunico su aprobación[ 131 ], siendo coincidente la declaración de Fuentes
        Ganoza[132 ].

[128 ] Fojas 39,602 a 39,603 del Tomo E , en la Sesión N° 45 de fecha 17 de Noviembre del 2004,
                                        -2
(Declaración del testigo Pepe Manuel Fuentes Ganoza ) “Señora Directora de Debates: Usted dice
que se cambia el plan de drogas a armas, (...) es usted la persona que es designada por el señor Del
Castillo, se conforma un grupo (...). Testigo Fuentes Ganoza: Bueno, yo me acuerdo, a mi me
llamaron, estaba de la misma Unidad de la Institución del Servicio de Inteligencia, mi Coronel Haro
que era de Terrorismo, el General del Aguila de Seguridad del Estado y después veo personal militar
del Fuero Privativo, (...) solamente estuvo el que habla, mi general Dennis del Castillo que fue
conmigo y él se retiro(...)”.

[129 ] Fojas 39,439 del Tomo D , en la Sesión N° 43 de fecha 4 de Noviembre del 2004
                                   -2
(Declaración del Testigo Jaime Samuel Castillo Acosta) “ Señora Directora de Debates: (...) se ha
preguntado y se ha dicho, se inicia como un Plan de Investigación de Drogas y luego cuando llegan
los contratos se investiga el Trafico de Armas, es eso correcto. Testigo Castillo Acosta: Claro, es
correcto. Señora de Directora de Debates: (...) después del quince de agosto que se reciben los
contratos, usted ha participado. Testigo Castillo Acosta: Así es”.

[130 ] Fojas 39,104 a 39,105 del Tomo D en la Sesión N° 41 de fecha 21 de Octubre del 2004
                                         -2
(Declaración del testigo Fausto Raúl Galvez Galindo) “ Señora Directora de Debates: (...) nos puede
explicar el trabajo operativo, como planificaban su trabajo. Testigo Gálvez Galindo: Bueno, la
DININ como parte integrante del Sistema de Inteligencia Nacional, recibía información de los
diferentes elementos que conforman el Sistema. (...) nosotros como órgano de inteligencia
producíamos la inteligencia (...) la DINANDRO era una de nuestras fuentes (...)”.

[131 ] Fojas 39,280 del Tomo D-2 , en la Sesión N° 42 de fecha 28 de Octubre del 2004, (Declaración
del testigo Fausto Raúl Galvez Galindo) “Señora Directora de Debates: (…) decidido el inicio de
este Plan en diciembre del noventiocho, ustedes le comunican a la DINANDRO que se había
iniciado este Plan Siberia . Testigo Gálvez Galindo: Si, le hacemos conocer a la DINANDRO y
empezamos a desarrollar el trabajo. Señora Directora de Debates: Quien era el Jefe de la
DINANDRO, en ese momento. Testigo Gálvez Galindo: (...) estaba el G      eneral Dennis del Castillo.
Señora Directora de Debates: Ustedes trabajan con ellos, desde diciembre del noventiocho. Testigo
Gálvez Galindo: Así es”.
                                                                                       137




224.    Aparece “Del acta de visita a las instalaciones del Servicio de Inteligencia
        Nacional sobre la existencia del “Plan Siberia”. corriente a fojas 28,498
        del Tomo P-1 y siguientes, que el 22 de diciembre del 2000, la Señora
        Jueza del Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima que conocía de este
        proceso, se constituyo a las instalaciones del Servicio de Inteligencia
        Nacional y tuvo a la vista copia simple y el original del denominado Plan
        Siberia: “ de fecha 18 de diciembre de 1998, consta de 06 folios y 03
        anexos, el Plan Siberia tiene como misión profundizar acciones de
        inteligencia sobre acciones de trafico ilícito de drogas y (ilegible) para
        ubicar y desarticular a los integrantes de una organización encabezada por
        los hermanos peruanos José Luis y Luis Frank Aybar Cancho (...); el Plan
        Siberia tiene como fecha diciembre del noventiocho al quince de agosto del
        dos mil. El Plan Siberia tiene un conjunto de Notas de Inteligencia, (...)
        Para comprobarse la existencia del original del Plan Siberia, fuimos a uno
        de los ambientes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Narcotráfico
        (DININ) (...) la misma que se saco el File dos en el que esta inserto el
        original (...) una vez mas se deja constancia que existe el Plan Siberia para
        Trafico de Drogas y no se evidencia ningún seguimiento ni investigación ni
        notas informativas específicamente sobre trafico de armas (...) no hay
        documento escrito que ordena la elaboración del Plan Siberia”.


225.    El 10 de febrero del 2004 se recibió el Oficio Nº 032-2004-CNI y al cual el
        Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia adjunto y remitía copia
        fedateada del Plan y sus anexos e incluye un documento “Diagrama de
        Vínculos P/I “Siberia” y fotocopia con las fotos de José Luis y Luis Frank
        Aybar Cancho (fojas 30,425 a 30,434 del Tomo Q-1).


226.    Encontrándose vigente al momento de elaborarse el Plan, el Decreto
        Legislativo 824°, en virtud del cual la Policía Nacional del Perú reasumía


[132 ] Fojas 39,599 a 39,600 del Tomo E en la Sesión N° 45 de fecha 17 de Noviembre del 2004
                                        -2
(Declaración testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza) “Señora Directora de Debates:
Tendríamos que concluir, que DINANDRO no sabia, no conocía esto como Plan Siberia. Testigo
Fuentes Ganoza: Como Plan si, existía un plan contra los hermanos, si lo conocía, doctora”.
                                                                               138


       la responsabilidad de la lucha contra el trafico ilícito de drogas (ver
       artículo 5to.), se solicitó a la Dirección de Inteligencia de la PNP, y a la
       DINANDRO se remitiera la documentación que sustento la inclusión de los
       procesados José Luis y Luis Frank Aybar Cancho en el delito de Trafico de
       Drogas, de igual manera se solicito al Ministerio Publico (ver oficios de
       fojas 27,539 del Tomo Ñ-1; 28,442 del Tomo P-1; 29,386 del Tomo Q-1;
       39,122 del Tomo D-2; 44,954 del Tomo LL-2;          45,344 del Tomo M-2;
       46,271 del tomo Ñ2; 46,993, 47,160 y 47,514 del Tomo O-2
       respectivamente).


227.   Se recibió el oficio N° 057-2004-DIRINT-PNP/Sec., corriente a fojas
       27,930 del Tomo O-1, de la Dirección de Inteligencia de la Policía
       Nacional del Perú, haciendo conocer que en sus archivos, no obra informes
       elaborados sobre la presunta pertenencia de los procesados José Luis y
       Luis Frank Aybar Cancho a Organizaciones Criminales dedicadas al TID
       en 1998 y los que se elaboraron al tener conocimiento de la presunta
       entrega de armas por ciudadanos peruanos a la FARC, mediante oficio N°
       111-2004-DIRINT-PNP/Sec., de fojas 28,588 del Tomo P-1, recepcionado
       el 30 enero 2004, dijeron que “(...) por averiguaciones efectuadas las
       investigaciones policiales a los hermanos AYVAR CACHO, habrían sido
       practicadas por el Departamento de Investigación de Delitos Contra la
       Seguridad del Estado de la DIRSEG . PNP”.


228.   Con oficio N° 2952-12.2004-DIRANDRO/SEC., el Señor Director (e) de la
       DINANDRO-PNP remitió unos cuadros, en los que figuraban en el año 99
       como Firma “Ivan” a los hermanos Aybar. De igual manera en el año
       2000, pero ya como “Firma Hermanos Aybar Cancho”. (fojas 40,708 y
       siguiente del Tomo G-2), información compartida con el Ministerio Publico
       (fojas 47,735 a 47,864 del Tomo P-2; 48,716 del Tomo Q-2.).


229.   El 23 de setiembre del 2004, el señor Presidente (e) del Consejo Nacional
       de Inteligencia, mediante Oficio Nº 093-2004-CNI, que obra a fojas 38506
       del Tomo C-2 comunica: “(...) que luego de una exhaustiva búsqueda
                                                                                                   139


         realizada en las áreas correspondientes; se han podido ubicar documentos
         relacionados al PLAN SIBERIA el mismo que recauda en su mayoría, notas
         descriptivas y algunas notas de inteligencia.” adjunta una relación que
         obra de fojas 38,507 a 38,514 del Tomo antes indicado; que da cuenta de
         folios 2,311, habiéndose procedido a formar seis cuadernos identificados
         como Anexo Plan Siberia C.N.I.


230.     De la revisión de los documentos recibidos, la Sala establece que la DININ
         SIN propuso el Plan al Gobierno Americano que lo financió. [133 ] Las
         partidas formaban parte del fondo de acción reservada que manejaba el
         procesado Montesinos Torres, como lo dijo el testigo Rozas Bonuccelli en el
         Acto Oral.[ 134 ]


231.     Surge otra inexactitud en las declaraciones vertidas por el Ex Presidente:
         “Señor Presidente, a parte de esta captura, de esta acción en pro de la
         seguridad del país, que otras acciones tiene el gobierno peruano de parte
         de parte de Estados Unidos, que de alguna forma que ha brindado poco
         dinero, digamos para la lucha contra el Narcotráfico y la lucha

[133 ] Fojas 38,842 a 38,843 del Tomo D en la Sesión N° 39 de fecha 7 de Octubre del 2004,
                                             -2,
(Declaración del testigo Dennis Alvaro del Castillo Valdivia) “ Parte Civil: Si tuvo conocimiento
que había una partida especial para la ejecución del Plan de Inteligencia SIBERIA. (...) Testigo del
Castillo Valdivia: No es cierto (...) se recibía todo el apoyo financiero para la ejecución de todas las
labores, (...) de todos los Planes de Inteligencia que se estaban ejecutando, no venia dividida la
partida (...). Señora Directora de Debates: Y cuanto recibían por este concepto para Ejecuciones de
Planes. Testigo del Castillo Valdivia: Bueno, de acuerdo a los planes de trabajo que formulaba (...)
un promedio que se asignaba, que asignaba la Embajada Americana para la ejecución de todos los
planes en que estaba involucrada esta Dirección, pues me imagino ascendía algo así como sesenta
mil dólares. Señora Directora de Debates: (...) sesenta mil dólares mensuales. Testigo Del Castillo
Valdivia: (...) Le voy a dar una respuesta completa y exacta (...) porque no solamente eran planes,
eran una serie de actividades de capacitación, pago de celulares, pagos de combustibles, viáticos, de
pasajes, pago de informantes y todos los gastos de las actividades de Inteligencia de esta Dirección,
eran financiadas por el Gobierno Americano, casi en su totalidad; pero recuerdo (...) no se si fue
mayo o quizás junio, el propio Servicio de Inteligencia Nacional (...) comenzó a financiar algunos
otros planes (...) los Planes Mar noventinueve y Terrestre noventinueve, incluso el funcionamiento
de una Base Alfa en Ayacucho. (...) y yo recuerdo que solamente esos planes eran asumidos por el
Servicio de Inteligencia Nacional, el resto eran asumidos por la Embajada Americana”

[134 ] Fojas 38,400 del Tomo C-2, en la Sesión N° 37 de fecha 23 de Setiembre del 2004 (Declaración
del testigo Humberto Rozas Bonuccelli) “Señora Directora de Debates: Las partidas para financiar
estos planes, directamente respecto al PLAN SIBERIA, como se financia este plan. Testigo Rozas
Bonuccelli: Lo que puedo mencionar es que la Dirección Nacional Contra el Narcotráfico recibía
mensualmente un fondo de inteligencia, para el trabajo efectivo de esa dirección, que era algo más
de sesenta mil dólares. Señora Directora de Debates: Y a quién rendían cuentas de ese dinero.
Testigo Rozas Bonuccelli: Al doctor Montesinos. (...) Porque era del fondo de Acción Reservada de
carácter secreto, que lo manejaba el Doctor Montesinos”.
                                                                               140


       Antidrogas. [respondiendo]: En realidad, cada país toma sus decisiones
       independientemente, naturalmente dentro de un marco de cooperación
       (...) El Perú con sus, en la mayor parte, con sus propios recursos, es el
       Perú el que esta tomando estas acciones, (...)” (fojas 46,585 del Tomo Ñ-2.
       Visualización de la conferencia de prensa “Plan Siberia”).


232.   Existe certeza, de que el Plan que se le mostró a la Señora Jueza del
       Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima no era el original, para llegar a
       tal conclusión, la Sala analiza: la declaración dada por don Dennis del
       Castillo Valdivia, la declaración ampliatoria de don Humberto Rozas
       Bonuccelli en Juicio Oral, y los documentos enviados por el C.N.I. a que se
       hace referencia en el fundamento 215:


       a)     Declaraciones de Dennis Alvaro Del Castillo Valdivia; quien al
              prestar su declaración testimonial ampliatoria en la etapa
              instructiva, a la primera pregunta que se le formuló “Para que diga:
              Como toma conocimiento y bajo que circunstancias del denominado
              “Plan Siberia”, el diseño planteado, finalidad y objeto del mismo,
              dijo: Que, toma conocimiento por informaciones publicas puestas en
              conocimiento por el presidente Fujimori y por el Ex Asesor
              Vladimiro   Montesinos    Torres   cuando    ambos    brindan    una
              conferencia de prensa anunciando dicho Plan. Dicho Plan era un
              documento secreto que no era distribuido, reiterando que solo se
              entero del mismo por la conferencia de prensa efectuada por
              Fujimori y Montesinos (fojas 8,878 del Tomo L). Al absolver la
              tercera pregunta: “Para que diga, si durante el tiempo que
              desempeñó el cargo de Director de Inteligencia de Narcotráfico del
              Servicio de Inteligencia Nacional se le hizo conocimiento del
              denominado “Plan Siberia”, Dijo: Que, solo a partir que se
              descubrió el tráfico de armas desde Jordania a la Fuerzas Armadas
              Revolucionarias de Colombia, dado que fue hecho público por el ex
              presidente de la república, pero antes no porque el delito de tráfico
                                                                                                141


                 de Armas no era un delito que se encontraba dentro del ámbito de
                 sus funciones.” (fojas 8,879 del Tomo L)


                 a.1)     En el acto oral, dio versión distinta: “(...) tomo conocimiento
                          de la existencia del PLAN SIBERIA, cuando yo asumo la
                          Dirección       Nacional       de     Inteligencia      Antidrogas       y
                          mensualmente firmo un Informe de Inteligencia (...) este
                          PLAN SIBERIA se venia ejecutándo desde el año
                          noventiocho” (fojas 38,805 del Tomo D-2). Hecha notar la
                          contradicción con su versión dada en etapa instructiva,
                          agrego: “Para aclarar exactamente sobre esto, y decir
                          exactamente la verdad (...) depende del contexto en que me
                          hacen la pregunta, ahora si me hubieran preguntado: usted
                          cuando fue Director ya no de la DINANDRO, sino de la
                          Dirección Nacional de Inteligencia del Narcotráfico en el
                          SIN, conocía del Plan Siberia, pues es la respuesta que le he
                          dado ahora, que si (...) no lo conocí cuando se elaboró, (...)
                          pero si lo conocí, a partir de que fui a trabajar en esa
                          dependencia” (fojas 38,807 y siguiente del Tomo D-2).


                 a.2)     Negó haberlo visto físicamente, y que se limito a firmar los
                          informes mensuales que sobre el mismo se hacían.[135 ], no
                          obstante que el testigo Gálvez Galindo dijo que suscribieron
                          un Acta de Entrega de cargo [ 136 ]. Mediante oficio que corre


[135 ] Fojas 38,840 a 38,841 del Tomo D-2 , en la Sesión N° 39 de fecha 7 de Octubre del 2004,
(Declaración testimonial de Dennis Alvaro del Castillo Valdivia) “Parte Civil: Sí, si el vio
físicamente el Plan SIBERIA en el SIN. (...). Testigo del Castillo Valdivia: Físicamente no lo vi,
porque no había la necesidad que yo lo viera, porque este se venia ejecutando de años antes, y
seguramente que estaba en su respectivo archivo, lo que si yo firmaba y veía (...), eran los informes
mensuales (...) físicamente no lo vi, porque no venia anexado a ese informe mensual que se
elaboraba en las Direcciones Ejecutivas que daban cuentas de los avances de este Plan de
Inteligencia SIBERIA. (...) si era un Plan de Inteligencia firmado por el Jefe del SIN, me imagino
que el Jefe del SIN, la Jefatura tenía el Plan de Inteligencia original, y también me imagino que una
copia u otro ejemplar de este Plan de Inteligencia estaba en los archivos de esta Dirección Nacional
de Inteligencia”.

[136 ] Fojas 39,103 del Tomo D-2 , en la Sesión N° 41 de fecha 21 de Octubre del 2004, (Declaración
testimonial de Fausto Raúl Galvez Galindo) “ Señora Directora de Debates: Dígame quien lo releva
a usted. Testigo Gálvez Galindo: El General Dennis del Castillo (...) Hacemos el relevo
correspondiente con acta y le dejo el cargo a él”.
                                                                            142


       a fojas 43,367, el Presidente del Consejo Nacional de
       Inteligencia, comunica que en el Archivo Central (...), se
       encuentra el estado de entrega y recepción suscrito por el
       CRL PNP ® Fausto Raúl Gálvez Galindo al dejar el cargo
       de Director del DININ del ex – SIN en diciembre del
       noventinueve (...), pero no contienen informaciones sobre los
       planes de investigación, el desarrollo, avance y estado de los
       mismos.
a.3)   Don Dennis Alvaro del Castillo Valdivia, “ (...) durante los
       años 1995 - 1996 se desempeño como Director de Contra
       Inteligencia del SIN (...) los años 1997, 1998 y 1999 como
       Director de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía
       Nacional del Perú DINANDRO y en enero del 2000 había
       asumido la Dirección Nacional de Inteligencia Antidrogas
       del Servicio de Inteligencia Nacional (ver fojas 38,788 a
       38,789 del Tomo D-2).


a.4)   Es un profesional calificado según su propia versión: “en la
       década del 90, seguí el curso de Defensa Nacional en el
       Centro de Altos Estudios Militares (...) dentro de la
       especialidad en que uno es clasificado en la Policía, yo soy
       Oficial en el Campo de Seguridad, en todos los años de mi
       formación, ha estado orientada dentro de ese campo, y
       entonces     he     seguido      cursos      de       inteligencia     y
       contrainteligencia      (...)   cumplía     los      requisitos   para
       desempeñar        ese   cargo     de      Director     Nacional       de
       Contrainteligencia. (...) yo seguí cursos avanzados en la
       Lucha contra el Narcotráfico en la DEA el año setentinueve,
       también el año ochenticinco y ochentiseis, seguí cursos de
       Postgrado en la Lucha contra las Drogas en la Policía
       Federal de Alemania (fojas 38,788 – 38,789 – 38,791 del
       Tomo D-2).
                                                                                               143


                 a.5)     En consecuencia, conoce las técnicas de interrogatorio, por
                          lo que resulta absurdo que sostenga que la pregunta no fue
                          bien formulada. Se advierte un deliberado propósito de no
                          responder sobre el contenido del Plan. En su condición de
                          Jefe de la DINANDRO lo conocía, no es cierto que no asistía
                          a las reuniones que convoca el Jefe del SIN para actualizar
                          información, y ello fluye del oficio Nro. 535-03.99-
                          DINANDRO/SEC. [ 137 ]


        b)       Declaraciones dadas por don Humberto Rozas Bonuccelli: Al
                 prestar su primera testimonial que corre de fojas 4,400 a 4,409 del
                 Tomo G, dijo: “ el Plan Siberia es elaborado en diciembre del
                 noventiocho (...) que para esclarecer sobre este punto sería de mi
                 opinión se cite al General Dennis Del Castillo de la Policía
                 Nacional del Perú, Jefe de la Ex Dinandro, (...)” ratificó su versión
                 al prestar su declaración ante el Segundo Juzgado Penal Especial y
                 dijo: “que, tuvo conocimiento del referido plan durante el mes de
                 diciembre del año mil novecientos noventinueve por intermedio del
                 director nacional Contra Narcotráfico en el SIN General Dennis Del
                 Castillo, (...) teniendo a la vista el plan de Operaciones al cual le dio
                 su aprobación, documento en el cual se indican por fechas las
                 actividades realizadas por los Aybar Cancho y otras personas como
                 los pilotos, aviones, etc. que participaron en el traslado de material
                 de guerra; (...)” (fojas 18,622 y siguiente del Tomo C-1)


                 b.1)     En la sesión N° 73 del acto oral, el Señor Rozas Bonnucelli,
                          se retracto de su declaración prestada en Sesión N° 35 [ 138 ] y


[137 ] Fojas 44,853 del Tomo LL-2, Copia del Oficio Nº 535-03.99-DINANDRO/SEC., de fecha 17
de Febrero de 1999. “Señor: Contralmirante AP Humberto Rozas Bonuccelli. Jefe del SIN. Asunto:
Actualización de información. Ref.: Of. Nº 004-XX17.A de 14ENE99. Es honroso dirigirme a Ud.,
haciendo de su conocimiento que el suscrito acompañado por los Coroneles (...) pertenecientes a la
Oficina de Inteligencia de esta Dirección Especializada, concurrirán el 18FEB99, a las instalaciones
de la Dirección Nacional de Inteligencia del Narcotráfico del Servicio de Inteligencia Nacional
(DININ-SIN) a fin de actualizar la información (...) OP-62-00117606-44 Dennis del Castillo
Valdivia. General PNP Director Nacional Antidrogas PNP”.

[138 ] Fojas 38,137 a 38,138 del Tomo C-2 , en la Sesión N° 35 de fecha 9 de Setiembre del 2004,
(Declaración del testigo Humberto Rozas Bonucelli) “Señora Directora de Debates: (...), quien
                                                                                             144


                         de acuerdo a lo ya declarado en etapa instructiva, dijo: “(...)
                         Con relación al tema del PLAN SIBERIA, (...), yo me voy a
                         referir concreta y concisamente a esto, en el año dos mil,
                         cuando estos funcionarios americanos se me presentan en el
                         SIN, llevándome copia de contratos, al día siguiente o un día
                         más, el General Dennis Del Castillo se presenta a mi
                         despacho acompañado del señor Fuentes, con el documento
                         del Plan Siberia, indicándome que no se había autenticado ni
                         se había firmado por la Jefatura, entonces yo les digo:
                         “Como me traen este documento si figura de diciembre del
                         nueve ocho”, entonces me dicen: “Eso el doctor Montesinos
                         ya lo ha dispuesto y lo ha ordenado así”, es ahí donde se
                         hace la autenticación y se firma ese documento” (fojas
                         43,990 a 43,991 del Tomo L-2 )


                 b.2)    Como se puede advertir, el testigo Rozas Bonuccelli mantuvo
                         su versión primigenia de que el Plan fue elaborado por
                         Dennis Alvaro Del Castillo Valdivia quien recién asumió la
                         Dirección Ejecutiva del DININ – SIN en el año dos mil, (ver
                         fundamento 232 a.3), en el mes de agosto cuando se tuvo
                         conocimiento de entrega del material de guerra.


        c)       El examen efectuado a los documentos que enviara el CNI, que
                 prueba la poca atención que le dieron al caso: los encargados del
                 seguimiento, se refieren al mismo en algunas oportunidades como
                 Plan y en otros como Caso Suelto [139 ]. Corre de fojas 34,741 a


diseña el plan de inteligencia SIBERIA. Testigo Rozas Bonucelli: Ese plan está esbozado por la
Dirección Nacional de Inteligencia de Narcotráfico. (...), no recuerdo yo si el doctor Dennis Del
Castillo llegó en, el creo que asume a partir de enero del año dos mil, estaba todavía el Coronel
Galvez allí. Señora Directora de Debates: (...), el Coronel Galvez estaba en la Dirección Nacional
de Narcotráfico y Dennis del Castillo estaba en DINANDRO. Testigo Rozas Bonuccelli: Es
correcto. Señora Directora de Debates: Entonces, el Plan SIBERIA lo lleva el Director Nacional de
Inteligencia de Narcotráfico y es aprobado por su Despacho. Testigo Rozas Bonuccelli: Es
correcto...”

[139 ] Tomo 3 Anexo Plan Siberia C.N.I.: Fojas 1,463, 1,483, 1,740.   Tomo 4 Anexo Plan Siberia
C.N.I. fojas: 1,932, 1,979, 2,011.
                                                                                            145


                34,752 del Tomo X-1, copia del Informe Final emitido por el señor
                Juez del Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, recaído en
                el Expedite de Extradición N° 2004 - 02556 (01-2004), opinando por
                la Extradición Pasiva de los ciudadanos José Luis y Luis Frank
                Aybar Cancho en las solicitudes formuladas por el Gobierno de los
                Estados Unidos de Norteamérica para procesarlos por los delitos de
                Tráfico de Armas y Tráfico Ilícito de Drogas. De acuerdo a la
                versión del Jefe de la DININ SIN no encontraron evidencias de la
                comisión de ese ilícito[ 140 ].


                 a) Según el Informe de Contacto N° 77-V220.F/SC, su fecha el
                      13.JUL.00 que obra a fojas 1,958 y siguientes del Tomo 4 de los
                      Anexos C.I.N., (...) “por intermedio del “Chino maletero”
                      conoce que los AYVAR realizaron un negocio con los de la
                      FARC, sobre venta de armamento cuando Lucho estuvo en
                      Costa Rica habiendo escuchado que estarían viendo la
                      posibilidad de instalar una pista en un lugar fronterizo con
                      Brasil, ya que en Colombia existe mucho control que contaría
                      con la protección de la guerrilla (...)”.


                 b) En el mismo Tomo a fojas 1832 y siguiente, corre la Nota de
                      Información N° 250-00-DGPNP/DIRIN-AGREPOL.Co.,                          su
                      fecha 15JUL00 BOGOTA, que le fue dirigida personalmente por
                      la Agregaduría Policial a la Embajada del Perú – Colombia, en
                      la cual se hace referencia a una nota aparecida en el Diario “El
                      Tiempo” del 15JUL00, en el cual se da a conocer “que la
                      Comisión Parlamentaria Brasileña, dedicada al combate contra
                      el Narcotráfico, posee pruebas para confirmar que una Red de


[140 ] Fojas 38,795 del Tomo D-2, en la Sesión N° 39 de fecha 06 de octubre del 2004 (Declaración
de Dennis Alvaro del Castillo Valdivia) “Señora Directora de Debates: (…) ustedes llegaron a
establecer que estaban involucrados en narcotráfico [los hermanos Aybar Cancho]. Testigo Del
Castillo Valdivia: Si se hubiese llegado a es tablecer que estaban en narcotráfico se les hubiera
detenido. A Fojas 38,922 del mismo Tomo. “Señora Directora de Debates: (...) le preguntaríamos,
porque no se inicio la fase de interdicción, en atención a todo lo que habían acopiado hasta ese
momento. Testigo Del Castillo Valdivia: Porque no había droga, de por medio. (...) No había la
prueba contundente”.
                                                                                146


                  traficantes de Armas está introduciendo cargamentos a
                  Colombia, canjeándolos por cocaína de alta pureza. (...), que a
                  partir de la declaración de varios traficantes capturados, las
                  armas encontradas desde UZI y fusiles AK - cuarenticinco hasta
                  misiles, son suministrados por traficantes de La Florida –
                  EEUU y por la Mafia Rusa (...) Que el primer contacto de la
                  Comisión Parlamentaria con la “conexión Surinam”, se
                  produjo en agosto pasado, cuando la Policía de Brasil detuvo a
                  Leonardo Díaz Mendonca, Jefe de una organización que
                  transportaba armas y drogas entre Colombia y Surinam. (...)
                  Por su parte las Fuerzas Militares y la Policía Colombiana,
                  reconocen    que   en      mayo   pasado,   ingresó   un   arsenal
                  clandestinamente (...)”.


J ) De la actuación de los funcionarios publicos que intervinieron, en
    la investigación e instrucción de los hechos denunciados.


233.   Como hizo saber el testigo Rozas Bonnuccelli, al hacérsele entrega por
       parte de los funcionarios americanos de los contratos y documentación
       adjunta a que se hace referencia en el Fundamento 213, solicitó la
       presencia del procesado Montesinos Torres, por ser la persona que de
       acuerdo a instrucciones del Presidente de la Republica era el representante
       ante los organismos del Gobierno de los EE.UU.


234.   La posición que detentaba el procesado Montesinos Torres, dentro de la
       estructura del Sistema de Inteligencia Nacional, esto es su calidad de Jefe
       virtual no legal, fue precisada por el Presidente Fujimori Fujimori en la
       Conferencia: “(...) En lo que se refiere al cargo que tiene el doctor
       Montesinos como Asesor de la Alta Dirección, Asesor que se mantiene en el
       cargo durante estos diez años, es por, para darle la continuidad que
       requieren trabajo[s] de esta naturaleza. Imagínese que esto estuviera
       exclusivamente en manos del Jefe de Turno de Inteligencia, esto le haría
       perder continuidad a este trabajo (...) el doctor Montesinos depende del
                                                                                               147


        Presidente del Consejo Ministros y del Presidente de la República, en su
        momento, y las veces que sea necesario, dará informaciones de interés
        publico” (fojas 46,573 y 46,576 del Tomo Ñ2).


235.    El procesado Montesinos Torres asumió de inmediato la dirección de la
        investigación, como lo hicieron saber los testigos Fuentes Ganoza y Del
        Castillo Gálvez.


236.    Del trafico de armas conocía la DININ-SIN con anterioridad a la recepción
        del mensaje electrónico 12348, mediante oficio a que se ha hecho
        referencia en el Fundamento 207 - C y utilizaron el Plan Siberia, para
        justificar su inactividad, ante la profundización de las investigaciones por
        parte del Gobierno de Colombia, que recurrió al de los EE.UU.


237.    De lo admitido por los Funcionarios de la DININ SIN y por el también
        testigo Del Aguila Baluarte, participaron en las detenciones, toma de
        declaraciones, efectuaron las intervenciones trasladando las especies
        incautadas al SIN[141 ], de acuerdo a las declaraciones de los señores Bello


[141 ] Fojas 39,496 a 39,498 del Tomo E-2, en la Sesión N° 44 de fecha 11 de Noviembre del 2004,
(Declaración Testimonial de Jaime Samuel Castillo Acosta) “ Defensa del procesado Juan Manuel
López Rodríguez: (…) estuvo el testigo participando, dando alguna información o complementando
alguna investigación de la Policía, miembros de Seguridad del Estado (...) en el momento de la
investigación policial. Testigo Castillo Acosta: Es posible que he estado, tenia que hacer
coordinaciones, pero no elaborando el atestado ni participando en el interrogatorio (...) Yo si he
estado en Seguridad del Estado (...) breve tiempo para dar información, para hacer coordinaciones,
pero no en la elaboración ni en el interrogatorio, no he estado en eso. Señora Directora de Debates:
Coordinaciones de que tipo (...). Testigo Castillo Acosta: Por ejemplo las detenciones que se
habían hecho, (...) las personas que había que detener, y que todavía quedaban por ubicarlas. Señora
Directora de Debates: Usted participo en las detenciones. Testigo Castillo Acosta: Si, con Seguridad
del Estado es la que intervino, y yo he estado dándole las informaciones, las ubicaciones de algunas
personas.” A Fojas 39,630 del mismo Tomo en la Sesión N° 45 de fecha 17 de noviembre del
2004, (Declaración Testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza) “Señor Fiscal Superior: (...)
Díganos testigo, usted estuvo presente en las declaraciones que se tomaron a las personas
investigadas (...). Testigo Fuentes Ganoza: Así es.” A fojas 39,631 del mismo Tomo “Señor Fiscal
Superior: hasta que fecha usted intervino en este tipo de investigación (...). Testigo Fuentes
Ganoza: (...) días antes que se culmine la investigación en Seguridad del Estado, se formule el
Atestado. A Fojas 39,677 del mismo Tomo “Defensa del procesado Víctor Ivachine: Cuando se
produjo la intervención al domicilio de don Víctor Ivachine, se incautó documentación, (...) también
analizó la documentación. Testigo Fuentes Ganoza: Si que yo recuerde (...) cuando llegó al SIN.”
A Fojas 39,681 a 39,682 del mismo Tomo, “Defensa del procesado Acelor Cockeran: (...) mientras
se interrogaba en Seguridad del Estado, estuvo el testigo presente, y estuvo (...) también el Fiscal
Antenor Córdova, (...) sabia que el testigo era un miembro del SIN. Testigo Fuentes Ganoza: (...)
Claro que si, si el me conocía (...)” A Fojas 39,687 “Defensa del Procesado Cenepo Shapiama:
Porque las informaciones recibidas llego al SIN, y no a Seguridad del Estado (...) Testigo Fuentes
Ganoza: Porque, yo estaba como apoyando el proceso de investigación de los equipos.”
                                                                                              148


        Vásquez y Portillo fue a esas oficinas donde fueron convocados para
        efectuar una interpretación de gráficos, Despacho al que también fue citado
        el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y el Vocal
        instructor.[142 ] Se preparo el material para la Conferencia de Prensa y se
        concurrió[ 143 ]. Se avocó al conocimiento de los hechos un ente
        incompetente.


238.    Las Notas de Inteligencia que dieron lugar a la denuncia y detenciones de
        los involucrados, fueron elaboradas por personal del SIN, como lo hizo
        saber el testigo Merino Bartet aunque pretendió retractarse de lo dicho en
        el acto oral, y se continuaron elaborando pese a que las investigaciones
        habían sido derivadas a otros órganos del Estado, y por lo tanto concluida
        la labor de inteligencia, al producirse la interdicción de los miembros de la
        organización.


239.    Se ha agregado de fojas 9,832 a 9,881 del Tomo M, el exhorto librado por
        intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón a la Corte
        Distrital de Tokio, solicitando se reciba la declaración testimonial del ex
        Presidente Fujimori Fujimori, la misma que se realizó el 3 de julio del
        2001 ante el Cuarto Juzgado Penal de la Región de Tokio. Acto procesal


[142 ] Fojas 38,847 a 38,848 del Tomo D-2, en la Sesión N° 39 de fecha 7 de Octubre del 2004
(Declaración del testigo Dennis Alvaro del Castillo Valdivia) “Señora Directora de Debates: (…)
cuando ya se formula la denuncia, usted vio en el SIN, al Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. Testigo del Castillo Valdivia: (...) pero si me parece haberlo visto en alguna
oportunidad en la Jefatura (...) mas que todo que a él, recuerdo al Vocal encargado de la
Investigación de este caso de Trafico de Armas. Parte Civil: El Mayor General Cesar Ramírez
Román, (...). Testigo Del Castillo Valdivia: (...) no se si se trataba de esa persona, pero era un
General de la Fuerza Armada.

[143 ] Fojas 39,623 del Tomo E-2 , en la Sesión N° 45 de fecha 17 de noviembre del 2004
(Declaración del testigo Pepe Manuel Fuentes Ganoza) “Señora Directora de Debates: (…) en base a
que información elabora usted el Organigrama que se vio, se exhibió en la Conferencia de Prensa
del veinte de agosto. Testigo Fuentes Ganoza: En base a las informaciones que tuvimos, luego
recibí los contratos y realice las entrevistas, y todo (...)”. A fojas 39,625 “Señor Vocal Ventura
Cueva: Y en cuanto a la Conferencia de Prensa, usted también tuvo participación. Testigo Fuentes
Ganoza: Bueno, yo fui porque dispusieron que yo vaya, porque las ayudas que se vio en la televisión
se hicieron pues en mi Unidad, o sea las fotografías.”. A fojas 39,629 “Señor Fiscal Superior:
También le hemos escuchado decir que usted participo en la presentación (...) que hizo el ex
Presidente Alberto Fujimori con el acusado Montesinos y otras autoridades, quien decidió que usted
fuera a prestar apoyo. Testigo Fuentes Ganoza: El doctor Montesinos y el Almirante Rozas.(...)
solamente me dijeron hay que llevar el Diagrama de Enlace porque va a haber una Conferencia de
Prensa (...)”.
                                                                                               149


        en el que se identifico como Kenya Fujimori, su nombre japonés. Al
        absolver las preguntas reconoce haber llevado a cabo la Conferencia de
        Prensa no recordando quien la convoco, no conocía del Plan Siberia, fue
        informado el día anterior por el procesado Montesinos, se baso en las
        Notas de Inteligencia N° 045 y fotos, no sabia que la DEA descubrió el
        Trafico de Armas.[144 ]


[144 ]. De Fojas 9,833 a 9,862 del Tomo M (Traducción del Atestado del Injterrogatorio del Testigo
Kenya Fujimori) Pregunta N° 06. “Por favor, responda. Usted ha declarado en muchas conferencias
de prensa que Usted conocía lo que Vladimiro Montesinos Torres hacía como asesor del Servicio de
Inteligencia Nacional. ¿Es cierto eso?. Sabía las cosas que pude conocer, la parte que se podía
percibir. Pero, no pude conocer toda los hechos que se han descubierto.” Pregunta N° 07. “Por
favor, responda. En una conferencia de prensa Usted dio a conocer el “Plan Siberia” en el que
participaron el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres, el
Contralmirante Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli, el Ministro
de Defensa General EP Carlos Bergamino y el Ministro del Interior General EP Chacón Málaga,
entre otros. ¿Es esto cierto?. Es cierto. Yo llevé a cabo una conferencia de prensa.” Pregunta N°
08. “Por favor, responda. ¿Conocía usted, el “Plan Siberia”?, ¿Cuál es el origen de este nombre
y cual era su objetivo?, y ¿Cuándo se inició?, El día anterior supe el nombre del “Plan Siberia”.
¿Conocía Usted, el “Plan Siberia”? No, no conocía el contenido del “Plan Siberia”. Lo que
conocí el día anterior fue el nombre del “Plan Siberia”. ¿Cuál es el origen de este nombre y cuál
era su objetivo?. No conozco el origen del nombre. El día anterior conocí el “Plan Siberia”. Su
objetivo era descubrir el Tráfico de Armas. ¿Cuándo se inició?. No sé.”. Pregunta N° 09. “Por
favor, responda. Usted hizo una declaración que autorizaba y apoyaba entre otros al asesor del
Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres, el Contralmirante Jefe del Servicio
de Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli, el Ministro de Defensa General EP Carlos
Bergamino y el Ministro del Interior General EP Chacón Málaga. ¿Usted hizo declaraciones sin
conocer el contenido del “Plan Siberia”? No tengo porque responder a esa pregunta.”. Pregunta
N° 10. “Por favor, responda. ¿Quién le hizo saber sobre el “Plan Siberia”? ¿Fue el Jefe del
Servicio de Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli? O ¿fue el Asesor del Servicio de
Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres?. Fue Montesinos.”. Pregunta N° 11. “Por
favor, responda. Sobre este tema, se organizaron muchas conferencias de prensa. ¿Fue por decisión
suya que se convocaba estas conferencias de prensa o fue por decisión del asesor del Servicio
de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres?. En verdad no recuerdo de quien fue la
decisión de convocarlas. Cuando yo convoco las conferencias de prensa las hago por mi propia
voluntad.”. Pregunta N° 12. “Por favor, responda. “El Plan Siberia” que el Jefe de Servicio de
Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli venía apoyando, era una investigación de Tráfico
de Drogas y no de Tráfico de Armas. Pero, el resultado, contrariamente, fue la desarticulación de
una organización delictiva. Se tiene un resultado distinto al objetivo inicial. ¿Cómo explica usted
esto?. Como un solo plan, se realizó las investigaciones sobre el tráfico ilegal de drogas. Yo no
sabía que se trataba del “Plan Siberia”. A las drogas se les juntaron las armas.” Pregunta N° 13.
“Por favor, responda. El Contralmirante Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Humberto Rozas
Bonuccelli dice que no tuvo conocimiento de que el “Plan Siberia” se refería a la desarticulación de
una organización de Tráfico de Armas hasta que Usted y el Asesor del Servicio de Inteligencia
Nacional Vladimiro Montesinos Torres lo hicieron público. ¿Cómo explica usted esto? No tengo
explicación.” Pregunta N° 14. “Por favor, responda. ¿Es cierto que Usted hizo participar en el
plan al asesor del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres, más no al
Jefe del Servicio de In teligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli?. La participación o no,
se dio por las conductas que ellos mismos, Rozas y Montesinos, tomaron. No era que yo tratara de
que no se le informace a Rozas del “Plan Siberia” Pregunta N° 15. “Por favor, responda. El tráfico
de armas fue descubierto por la DEA, y como consecuencia de ello usted inevitablemente tuvo que
declarar públicamente que el Servicio de Inteligencia Nacional fue el que descubrió y desarticuló a
esta organización delictiva. ¿Es esto cierto?. No sabía que fue la DEA la que lo descubrió.”
Pregunta N° 16. “Por favor, responda. La nota de inteligencia N° 045 y foto, el contrato de compras
de armas y el certificado escrito en idioma extranjero que era la base para sus declaraciones en las
                                                                                                150




240.    Si el Plan Siberia se había iniciado como caso de drogas financiado por el
        Gobierno de los EE.UU., porque se obvia a Montesinos el interlocutor del
        Presidente como aparece de los documento de fojas 23,068 a 23,074, y se
        dirigen donde Rozas Bonnuccelli, es que los agentes también se enteraron
        de su participación, y ya no les era útil. La abogada dijo que pertenecía a
        esos servicios (ver alegatos).


241.    Humberto Rozas Bonnuccelli, al prestar su declaración testimonial en la
        Sesión N° 36 del acto oral, preciso: “(...)Eran los primeros diez días del
        mes de agosto del año dos mil, y me comunican (...) que habían unos
        funcionarios de la Embajada que querían hablar con el Contralmirante
        Humberto Rozas Jefe del SIN, (...) me dicen que eran cuatro, a lo que yo
        hice la venia de acceder (...) y yo los recibí (...) dos de los funcionarios
        trabajaban en Embajada, en la Oficina Regional, (...) uno era el señor
        Gorelick y otro era un señor Thomas Sánchez, que venían acompañados de
        dos funcionarios, (...) que venían por encargo del Departamento de Estado
        Norteamericano, (...) y me hacen entrega de los documentos (...) y que se
        constatara si eran ciertos o falsos y que ellos necesitaban una respuesta o
        una investigación (...), es en esos instantes posteriores que ingresa el doctor
        Montesinos (...) solicita que le sacaran una copia en ese momento, (...) esos
        documentos en copia eran tres contratos de la venta de unos fusiles AKM
        del Gobierno de Jordania a las Fuerzas Militares del Perú, (...), venia una
        hoja con un carné de identidad a nombre del Capitán Aybar Cancho (...),
        después venia una hoja con la copia de un Pasaporte del Señor Cenepo
        Shapiama, y otra hoja con una fotografía de él con uniforme, esos fueron
        los documentos que entregaron” (fojas 38,277 a 38,278 del Tomo C-2, en la
        Sesión N°36 de fecha 16 de Setiembre del 2004) .




conferencias de prensa eran de origen desconocido. ¿Es esto cierto?. Es cierto que yo me basé en
esa nota de inteligencia en las conferencias. En ese entonces, creía que esa nota de inteligencia era
verdadera. Hasta el momento no ha sido demostrado que esos documentos no sean verdaderos. No
está claro si son verdaderos o sino lo son.       En esta pregunta, se pide decir si es cierto que la
procedencia del certificado es desconocida. Y si tiene algo más que decir, por favor dígalo. Como le
he dicho ahora, la respuesta es que no está clara la veracidad o falsedad.”
                                                                                151


242.   Aclaró “ (...) a través de uno de los Capitanes, se le avisa al doctor, que
       habían venido estos señores. (...) porque ya había un antecedente de que el
       doctor Montesinos por encargo del Presidente, él era el interlocutor valido
       con los miembros de esa Oficina Regional.” (fojas 38,279 del Tomo C-2,
       Sesión N°36, declaración del Testigo Humberto Rozas Bonuccelli). Hizo
       saber que después de la Conferencia de Prensa el funcionario de la Oficina
       Regional Sánchez fue al SIN a recoger copias de toda la documentación que
       se tenia, reuniéndose únicamente con el procesado Montesinos Torres (Ver
       fojas 38,404 del mismo Tomo).


243.   Los testigos: Merino Bartet y Huertas Caballero, quienes laboraban en el
       SIN como Asesor Político y Jefe de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica
       respectivamente, al prestar declaración ante la Señora Jueza que instruyo
       el proceso, dijeron que el Procesado Montesinos Torres dirigió la
       investigación que solicitaban los funcionarios del gobierno americano. El
       primero fue mas explicito : “(...) me pareció raro que sobre un tema tan
       grave la CIA hubiera dado una información tan genérica lo que no se
       acostumbra en los intercambios de información entre servicios homólogos,
       (...) a partir de ese momento, se desarrollo en el Servicio de Inteligencia
       Nacional una actividad vertiginosa, porque de la noche a la mañana
       comenzaron a procesarse notas de inteligencia en los que se mencionaba
       personas, circunstancias y hechos como si fuesen el resultado de
       investigaciones que se venían realizando desde tiempo atrás (...). En las
       primeras veinticuatro horas de esta vertiginosa actividad fue exonerado de
       la investigación el general de la Policía Nacional del Perú en retiro Dennis
       del Castillo bajo el argumento de que era “demasiado lento” y en su lugar
       apareció una tercera persona (...). Con la participación de este señor y bajo
       el control puntual del doctor Montesinos con un calendario en la mano se
       estableció todo el cronograma de elaboración de estas notas de inteligencia
       dando la impresión que se trataba de una investigación que se había
       efectuado desde hace mucho tiempo atrás (...)” ( fojas 19,371 del Tomo D-
       1, declaración testimonial del Señor Francisco Rafael Merino Bartet).
       Versión que mantiene al prestar su declaración en el proceso acumulado y
       agregó “(...) sorprendiéndole que oficiales de tan baja graduación se
                                                                        152


reunieran con oficiales Jordanos para tratar temas de compra de armas (...)
Luego ya al ver la conferencia de prensa (...) observó que el anuncio se
presentó como hechos que habían sido investigados a profundidad, con
señalamiento de armamento, identificación de los involucrados, etc., lo que
obviamente le sorprendió mucho porque consideraba que era muy raro y
poco usual la forma como se habían producido los hechos; posteriormente,
en los días siguientes a la conferencia de prensa escucho rumores en las
oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional que el presidente Fujimori
había llamado a Montesinos indicándole porque se había apresurado en
dar a conocer vía conferencia de prensa el tráfico de armas sin tener en
cuenta las repercusiones que podría haber tenido (...). Debe precisar que no
tiene pruebas materiales de sus afirmaciones pero lo que ha declarado es
en base a su experiencia en el Servicio de Inteligencia Nacional y la
información que manejaba, lo que le hacia suponer que Amman era un
punto intermedio y que este armamento provenía de pases ex comunistas y
que posiblemente le hacia suponer que habían militares Jordanos
involucrados sin conocimiento de las autoridades Jordanas (fojas 10,204
del Tomo M, declaración testimonial de Rafael Merino Bartet). En el acto
oral fue evasivo, si bien se mantuvo en que le genero duda la imprecisión de
la información, en cuanto a la impresión que tuvo de que las notas se
elaboraban de atrás hacia delante, explico “(...) me sorprendí que al poco
tiempo, aparecieran ya este tipo de notas de información donde se daban
mucho mas precisiones, era una cosa demasiado apresurada, (...)” (fojas
41,016 a 41,018 del Tomo G-2, Sesión N° 54 de fecha 6 de Enero del 2005,
declaración    testimonial    del    Señor     Rafael    Merino     Bartet).
Huertas Caballero, dijo “a raíz de la elaboración de la documentación (...)
para la exposición pública que hizo el presidente de la republica, (...) en
merito a documentos elaborados por la Dirección Nacional contra el
Trafico de Drogas del Servicio de Inteligencia Nacional tome conocimiento
de la existencia de un plan de operaciones denominado Siberia (...)
recuerdo que fue en el mes de agosto del año dos mil. Los documentos se
empezaron a revisar unos tres o cuatro días antes de la exposición publica
del ex presidente (...)” (fojas 22,098 a 22,099 del Tomo H-1, declaración
testimonial del Señor Pedro Arzaces Huertas Caballero). En el acto oral
                                                                                                153


        ratifico su versión y preciso que uno o dos días antes del 15 de agosto fue
        consultado por el Señor Rozas y recomendó se formulara denuncia ante el
        Fuero Militar. (fojas 41,376 a 41,399, del Tomo H-2 , en la sesión 56 de
        fecha 13 de Enero del 2005 declaro el testigo Pedro Arzaces Huertas
        Caballero).


244.    Se recibieron las declaraciones de: Juan Del Aguila Baluarte quien en su
        calidad de Director de Seguridad del Estado dispuso a solicitud del Consejo
        Supremo de Justicia Militar la detención de los procesados José Luis Ayvar
        Cancho y Santos Cenepo Shapiama y sostiene que el día 17 se apersonó a
        las instalaciones del SIN y recibió instrucciones para investigar el delito de
        Trafico de Armas[ 145 ] , Walter Carrión Cotrina quien dirigió el equipo
        especial que con tal propósito se nombró[ 146 ] y Benjamín Díaz Casas actuó


[145 ] A fojas 39,884 del Tomo E-2, en la Sesión N° 46 de fecha 24 de Noviembre del 2004
(Declaración Testimonial de Juan Miguel del Aguila Baluarte) “ Señora Directora de Debates: Usted
trabaja conjuntamente con el Vocal Instructor del Consejo Supremo de Justicia Militar. Testigo Del
Aguila Baluarte: El Vocal instructor inició primeramente esas diligencias doctora.” A fojas 39,886
“Señora Directora de Debates: Quien efectuó las detenciones entonces. Testigo Del Aguila
Baluarte: Las efectuó Seguridad del Estado, pero antes de intervenir en las investigaciones. El
Consejo Supremo de Justicia Militar me acuerdo que remitió un oficio pidiendo la intervención de
Seguridad del Estado para la detención de estas personas.” A fojas 39,893 “Defensa del procesado
Montesinos Torres: (...) quisiera preguntarle al testigo con que fecha y si recuerda la Nota de
Inteligencia que se le cursó a Seguridad del Estado, para que empiece las intervenciones o las
investigaciones , (...). Testigo Del Aguila Baluarte: Si doctora. Fue la nota de Inteligencia creo la
sesenta.(...), yo la recojo la Nota porque voy a la Oficina del Jefe de Inteligencia y ahí me hacen
entrega de la Nota (...) me estoy refiriendo al Almirante Rozas.” A fojas 39,901 “Señora Directora
de Debates: Entre el quince y el dieciséis ustedes actúan en función de, porque por orden de.
Testigo Del Aguila Baluarte: Por orden del Consejo Supremo (...). Eso es con fecha dieciséis,
nosotros no sabíamos absolutamente nada de esa organización en ese entonces. Recién tomamos
conocimiento el día diecisiete (...)”. A fojas 40,018 y siguiente del Tomo F-2 de la Sesión N° 47 de
fecha 01 de diciembre del 2004 (continuación de Testimonial de Del Aguila Baluarte) “Señora
Directora de Debates: (...).El día quince usted mismo recibe en su Despacho del Vocal Instructor el
Oficio, el día diecisiete usted dice el mismo hecho que ya ha sido comunicado al Consejo Supremo
de Justicia Militar, le es comunicado a usted, usted ya sabía de que estas personas venían siendo
investigadas por este Tráfico Ilegal de Armas, porque así usted había apoyado al Consejo Supremo
de Justicia Militar, entonces la pregunta es porque sabiendo usted que este hecho era de competencia
ya de un Juez, se aboca usted con una investigación paralela, (...). Testigo Del Aguila Baluarte:
Doctora, le vuelvo a repetir yo hasta el día quince el Consejo Supremo pide el apoyo y mi personal
apoya en esa diligencia, pero el día diecisiete doctora, y quiero que quede bien claro esto, a mi me
llAmman al Servicio para entregarme la Nota de Inteligencia que son de carácter secreto con un
oficio en vías de denuncia, para yo iniciar las investigaciones por estos delitos que estaban
consignados en esa Nota de Inteligencia.”; no obstante haber manifestado. Cabe resaltar que el
Ministerio Público recién designa Fiscal para las investigaciones el día veinte.

[146 ] A fojas 40,369 y siguiente del Tomo F-2 ,en la Sesión N° 49 de fecha 15 de Diciembre del
2004 (Declaración del testigo Walter Artemio Carrión Cotrina) “Señora Directora de Debates:
Recuerda usted la fecha en que fue convocado. Testigo Carrión Cotrina: Si bien no recuerdo es a los
dos días que había una intervención inicial, (...) del Fuero Privativo en una investigación que
había[n] iniciado ellos, más o menos a las cuarentiocho horas, setentidós horas. Señora Directora
                                                                                              154


         como instructor[147 ], los que ordenaron y/o participaron en las detenciones,
         toma de declaraciones e incautaciones de bienes trasladados al SIN[148 ],
         así como la de los señores Bello Vásquez y Portillo Vásquez, los que al
         prestar declaración en el acto oral en las sesiones 54 y 61 respectivamente,
         dijeron: el primero: “(...) tenia en su poder dos o tres Gráficos en la cual
         habían unas coordenadas geográficas y unos lugares que supuestamente
         era una ruta de vuelo, entonces el señor Montesinos me dijo, como eres de
         la Fuerza Aérea, haber si ustedes pueden hacer una interpretación de esos
         gráficos.” ( fojas 41,051 del Tomo G-2, en la Sesión N° 54 de fecha 6 de
         Enero del 2005 en la que declara el testigo Elesvan Eduardo Bello
         Vasquez). El segundo “(...) me llAmman a la Oficina del Comandante
         General y él me manifiesta que había recibido un encargo del Servicio de
         Inteligencia Nacional, a raíz de una investigación que estaban realizando
         (...) y que se requería (...) para poder interpretar, determinar desde el
         punto de vista aeronáutico si había alguna información, para el proceso de
         investigación que se estaba realizando” ( fojas 42,130 y siguiente del Tomo
         I-2 en la Sesión N° 61 de fecha 2 de Febrero del 2005 declara el testigo
         Carlos Luis Portillo Vásquez).


245.     El testigo Rozas Bonuccelli refirió que el señor Delgado Arenas Presidente
         del Consejo Supremo de Justicia Militar, fue llamado para hacerle entrega
         de un oficio con la Nota de Inteligencia[ 149 ], que describía los hechos
         denunciados en la Conferencia de Prensa.


de Debates: (...) estaríamos hablando entre el diecisiete y el dieciocho, más o menos en esa fecha.
Testigo Carrión Cotrina: Así es”.

[147 ] A fojas 40,850 del Tomo G-2, en la Sesión N° 52 de fecha 29 de Diciembre del 2004
(Declaración del Testigo Benjamín Felix Diaz Casas) dijo: “(...) yo llegue cuando ya estaban
capturados Ivachine y Smith, más o menos el veintiuno.”.

[148 ] Confrontar pie de página [142].

[149 ] A fojas 38,413 y siguiente del Tomo C-2 , en la Sesión N° 37 de fecha 23 de Setiembre del
2004 (Declaración del testigo Humberto Rozas Bonuccelli) “Parte Civil: Si el testigo o el acusado
Montesinos Torres, convocó al Servicio de Inteligencia Nacional, al Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, y cual fue la razón. Testigo Rozas Bonnucelli: La convocatoria de eso,
fue precisamente la entrega de un oficio, al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Señora Directora de Debates: Usted estuvo en esa reunión. Testigo Rozas Bonnucelli: Creo que al
momento de hacerle la entrega del oficio. (...) con una Nota de Inteligencia sino me equivoco, la
cero cincuenticuatro. (...) Yo no lo llamo a él. Parte Civil: Si él presenció la conversación entre
Vladimiro Montesinos Torres y el General Luis Enrique Delgado Arenas entonces Presidente del
                                                                                             155




246.    A solicitud de este colegido, el Secretario General del Consejo Supremo de
        Justicia Militar, mediante Oficio N° 032-S-CSJM/AG.2, su fecha 10 de
        enero del 2005, que corre a fojas 41,252 del Tomo G-2, remitió a este
        colegiado las instrumentales que se anexan de fojas 41,253 a 41,262 del
        mismo Tomo: copia del folio del Libro Toma Razón de ese Tribunal, donde
        aparece registrada con fecha 15 de agosto del 2000 la denuncia contenida
        en el Oficio 145 remitido por el SIN con número de Ingreso 428-V-2000,
        igualmente copia del cuaderno de registro de la Sala de Guerra de los
        “Expedientes que ingresan a la Relatoria. Secretaria de la Sala de Guerra
        del CSJM aperturado el 03/05/2000”, en el cual no se registra ingreso de
        fecha 15 de Agosto del 2000. Requeridos para la entrega del Cuaderno de
        Ingresos y Registros de denuncias recepcionadas por la Presidencia de este
        Supremo Tribunal, la Fiscalía Militar, Sala de Guerra y Vocalía de
        Instrucción, mediante oficio N° 070-S-CSJM-AG de fecha 25 de Enero del
        2005 corriente a fojas 42,103 del Tomo I-2, al que se adjunta el Oficio 084
        /V.I-CSJM-05 de fecha 17 de Enero del 2005 firmado por el Vocal
        Instructor del CSJM, comunicando que en los archivos de esa Vocalía de
        Instrucción no obra cuaderno de ingreso de denuncias recibidas del
        15AGO2000. Fue toda la documentación que se pudo recabar, dado que
        mediante Oficio Nº 090 – S – CSJM de fojas 42,856 del Tomo J-2
        recepcionado el 10 de febrero del 2005, se comunicó que no se contaba con
        mayor registro u otro control sobre el ingreso y salida de la denuncia.


       a) A fojas 652 del Tomo B obra el Oficio N° 145 de fecha 15 de Agosto del
            2000 remitido por el Jefe del SIN al Presidente del Consejo Supremo de
            Justicia Militar, solicitando abrir investigación respecto a los hechos
            que se describen en la Nota de Inteligencia N° 054 que se adjunta a
            fojas 653 del mismo Tomo. A fojas 685 del Tomo antes indicado, se
            ubica el proveído dictado por el Presidente del Consejo Supremo de
            Justicia Militar ordenando que la denuncia pase a la Sala Guerra del


Consejo Supremo de Justicia Militar. Testigo Rozas Bonnucelli: No porque (...), yo entro ya cuando
ya el General estaba por retirarse y se le hace entrega digamos del oficio.”
                                                                                                156


            Consejo Supremo de Justicia Militar. A fojas 686 corre la resolución de
            fecha 15 de agosto del 2000 dictada por el Presidente de la Sala de
            Guerra del CSJM que dispone su pase al señor Fiscal y Auditor para que
            dictamine conforme a sus atribuciones y a Ley.                 A fojas 687 obra la
            denuncia formalizada por el señor Fiscal de la Sala de Guerras del
            CSJM.        A fojas 690 y siguiente se adjunta el Dictamen N° 206
            elaborado por el auditor de la Sala de Guerra del CSJM opinando que se
            abra instrucción. De fojas 692 a 694 se agrega el auto apertorio de
            instrucción expedido por la Presidencia de la Sala de Guerra del CSJM.
            A fojas 699 obra el auto de avocamiento suscrito por el Vocal Instructor;
            y a fojas 702 corre el Oficio N° 785-V.I.2S mediante el cual se solicita al
            Director Nacional de Seguridad del Estado, la captura de José Luis
            Aybar Cancho y Santos Cenepo Shapiama. Estos actos según las
            instrumentales mencionadas, se efectuaron el 15 de agosto del 2000. No
            obra notificación de detención.


247.    De lo examinado y del testimonio de don Pepe Fuentes Ganoza[ 150 ], resulta
        probado que el procesado Montesinos Torres dirigió la investigación, desde
        sus oficinas en el SIN. Oficina a la que concurrió el Presidente del Consejo
                                                              omo[151 ] el señor
        Supremo de Justicia Militar, el Vocal instructor, así c
        Fiscal Ad Hoc. Se preparó el material para la Conferencia de Prensa y a
        ella concurrió personal de la DININ SIN [ 152 ].


[150 ]Fojas 39,603 del Tomo E Sesión Nº 45 de fecha 17 de noviembre de 2004 (Declaración
                              -2,
Testimonial de Pepe Fuentes Ganoza): Señora Directora de Debates: Y quién era el que dirigía (...).
Testigo Fuentes Ganoza: Ahí estaba el doctor Montesinos (...), él estaba coordinando con todos (...),
sí con el Almirante Rozas que estaban ahí. Señora Directora de Debates: (...) él era el coodinador, y
estaba el General Del Aguila, el Coronel Haro, y quién más. Testigo Fuentes Ganoza: Del Fuero
Privativo, no recuerdo sus nombres y el Almirante Rozas. Señora Directora de Debates: Su Jefe Del
Castillo. Testigo Fuentes Ganoza: Dennis Del Castillo, también él coordinaba con todos”.

[151 ] Fojas 38,847 a 38,848 del Tomo D-2, Sesión N° 39 de fecha 7 de octubre de 2004 (Declaración
del Testigo Dennis Alvaro Castillo Valdivia). “Señora Directora de Debates: (…) cuando ya se
formula la denuncia, usted vio en el SIN, al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
                                      ...)
Testigo del Castillo Valdivia: ( pero sí me parece haberlo visto en alguna oportunidad en la
Jefatura (...) más que todo que a él, recuerdo al Vocal encargado de la investigación de este caso de
Tráfico de Armas. Parte Civil: El Mayor General César Ramírez Román (...). Testigo Del Castillo
Valdivia: (...) no sé si se trata de esa persona, pero era un General de la Fuerza Armada”.

[152 ] Fojas 39,623 del Tomo E Sesión N° 45 de fecha 17 de noviembre de 2004 (Declaración
                              -2,
Testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza): “Señora Directora de Debates: (…) en base a qué
información elabora usted el Organigrama que se vio, se exhibió en la Conferencia de Prensa del
veinte de agosto. Testigo Fuentes Ganoza: En base a las informaciones que tuvimos, luego recibí
                                                                                                157




K ) Viaje a Rusia.


248.    Aparece de la Relación de Movimiento Migratorio agregado de fojas
        50,392 a 50,401, que el acusado Montesinos Torres el 03 de setiembre del
        2000 viaja a la Federación Rusa entrando al país el día 10 del mismo mes
        y año (Ver fojas 50,399), esto es después de efectuada la Conferencia de
        Prensa y encaminados las denuncias formuladas ante el Fuero Privativo
        Militar y el Ministerio Público.


249.    De acuerdo a la versión del señor Merino Bartett al prestar declaración
        testimonial ante la señora Jueza que instruyo el proceso “(..) Recuerda
        también que inmediatamente después Montesinos comienza a realizar
        gestiones con la Embajada Rusa para realizar un viaje a dicho país, y
        efectivamente viaja a Rusia por invitación oficial inducida, días en los que
        sale a luz el ya conocido vídeo Kouri - Montesinos (...)”. (Ver fojas 10,204
        Tomo M).


250.    Es coincidente con esa versión, la de don Humberto Rozas Bonnucelli,
        quien al dar su declaración testimonial                    en juicio oral, dijo: “El
        representante de la Embajada Rusa que tenia con el SIN, lleva una
        invitación a mi nombre, en el ínterin yo le manifiesto que le agradecía
        mucho la invitación pero que no sabia si yo iba a poder viajar,
        posteriormente a los 02 día vuelven a enviar otra invitación para el doctor
        Montesinos; y en esos días es que el doctor Montesinos me dice que él va a
        viajar a Rusia, yo no viaje (Ver fojas 38,306 y siguiente del Tomo C-2) Se le
        pregunto si acreditaron a las personas que iban a viajar, respondiendo :


los contratos y realicé las entrevistas y todo (...)”. Fojas 39,625: “Señor Vocal Ventura Cueva: Y en
cuanto a la Conferencia de Prensa, usted también tuvo participación. Testigo Fuentes Ganoza:
Bueno, yo fui porque dispusieron que yo vaya, porque las ayudas que se vio en la televisión se
hicieron pues en mi Unidad, o sea las fotografías”. Fojas 39,629: “Señor Fiscal Superior: También
le hemos escuchado decir que usted participó en la presentación (...) que hizo el ex Presidente
Alberto Fujimori con el acusado Montesinos y otras autoridades, quién decidió que usted fuera a
prestar apoyo. Testigo Fuentes Ganoza: El doctor Montesinos y el Almirante Rozas (...) solamente
me dijeron hay que llevar el Diagrama de Enlace porque va a haber una Conferencia de Prensa
(…)”.
                                                                             158


       “Que eso lo hablo personalmente tengo entendido el doctor Montesinos con
       el representante de la Embajada (...) Lo que tenia entendido que iba a ir
       con él dos miembros de seguridad”(...).


251.   Constituye un hecho publico y notorio, que en esos momentos en el país se
       vivía un estado de incertidumbre política, que la Organización de Estado
       Americanos había propiciado una Mesa de Dialogo que se instalo en el mes
       de agosto y que uno de los puntos planteados por las fuerzas políticas y
       sociedad civil era el retiro del acusado Montesinos Torres del cargo de
       Asesor que ejercía en el gobierno de ese entonces. La pregunta es, porque
       se interesó Montesinos Torres en viajar, si el contexto politico no le era
       propicio?.




IV. De los delitos imputados:

       En relación a los acusados que se encuentran presentes:


A.     Delito contra la Tranquilidad Pública – Contra la Paz Pública
       – Asociación Ilícita para Delinquir


252.   A Vladimiro Montesinos Torres, José Luis Aybar Cancho, Luis Frank Aybar
       Cancho, Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith
       Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho,
       Juan Manuel López Rodríguez, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor
       Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damian
       Acelor Cokeran, Alex Víctor Torres Seminario, Liliana Villarreal Landeo,
       Marisol Cabrejos Torres, José Alejandro Delmar Colina, Santos Cenepo
       Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, Carlos Ramón Reátegui Alencar,
       Agapito Máximo Navarro Quispe y Luis Jorge García Tamariz, se les
       imputa la comisión del delito contra la Tranquilidad Pública – Delitos
       contra la Paz Pública, en la modalidad de Asociación Ilícita para
       Delinquir, el mismo que se halla tipificado en el artículo 317° del Código
                                                                                 159


       Penal, cuyo tenor vigente al tiempo de la perpetración de los hechos
       materia de la presente sentencia, era como sigue: "El que forma parte de
       una agrupación de dos o más personas destinadas a cometer delitos será
       reprimido, por el sólo hecho, de ser miembro de la agrupación, con pena
       privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años".
       “Cuando la agrupación esté destinada a cometer los delitos de genocidio,
       contra la seguridad y tranquilidad públicas, contra el Estado y la defensa
       nacional o contra los poderes del Estado y el orden constitucional, la pena
       será no menor de ocho años, de ciento ochenta a trescientos sesenticinco
       días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y cuatro”.


253.   A efectos de encuadrar los hechos imputados por este ilícito, debe
       determinarse los elementos configurativos del tipo penal, siendo estos
       (según la doctrina y la jurisprudencia): a) La formación de una agrupación
       con carácter permanente; b) número mínimo de dos integrantes; c)
       conocimiento de que se forma parte de una agrupación delictiva; d) el
       acuerdo expreso o tácito de sus integrantes para cometer delitos.


254.   Del citado precepto se lee, que la conducta de autoría que se sanciona es el
       simple hecho de formar parte "de una agrupación de dos o más personas
       destinadas a cometer delitos”, sin embargo, lo que se castiga es la
       existencia de una agrupación de personas que tienen como objetivo cometer
       delitos. Un corolario de esto es, que cuando se sanciona a dos o más
       personas que pertenecen todas ellas a la misma agrupación delictiva, no se
       les sanciona como autores independientes y autónomos, sino como
       coautores, pues todos ellos realizan conjuntamente la conducta de autoría
       que prohíbe el artículo glosado, cual es dar vida a una agrupación para
       delinquir.   Otra consecuencia es, que para efectos de castigar como
       coautores de un delito de agrupación delictiva no interesa si se es el jefe de
       la agrupación o si simplemente cumplen órdenes, ya que todos por igual
       contribuyen a su existencia. El grado de participación que cada cual haya
       tenido en la ejecución del delito para el cual se creó la agrupación es
       también irrelevante para afirmar la autoría por este delito.
                                                                                                     160


255.    Por, otro lado; habida cuenta de las alegaciones expresadas en torno al
        desconocimiento de que se pertenecía o se estaba perteneciendo a una
        agrupación o asociación para delinquir; como lo dice el profesor Hurtado
        Pozo, cabe señalar: [Que] “En una situación concreta, el agente decide
        actuar y, entonces, se representa como probable la realización del supuesto
        de hecho típico [...]. El punto de partida es que [...], el agente ha decidido
        actuar con el objeto de realizar un plan [...]. Quien obra de esta manera y
        es consciente de la posibilidad de cometer un delito, debe hacer lo
        necesario para descartar dicha eventualidad. Si no lo hace, se puede
        afirmar que ha contado o calculado con su materialización[ 153 ].


256.    Dicho esto, teniendo en cuenta la descripción fáctica realizada líneas
        arriba, es evidente que las conductas de los acusados mencionados en este
        apartado se subsumen en el tipo penal contenido en el artículo 317° citado
        –a salvo de aquellos cuya responsabilidad por este ilícito se analiza más
        adelante-, por lo que deben ser merecedores de la consecuencia jurídica
        que esta misma norma penal prevé, y dado que la represión penal de un
        comportamiento se basa y justifica tanto porque afecta un bien jurídico,
        como por la manera como este perjuicio tiene lugar, no se puede dejar de
        relievar lo siguiente: La criminalidad organizada además de los fines
        ilícitos que persigue, se caracteriza por los medios empleados, y uno de los
        más saltantes es, sin duda, la corrupción. El jurista Joaquín Delgado
        Martín, afirmando que la criminalidad organizada es extremadamente
        peligrosa para la sociedad, expone las razones que sustentan dicha
        afirmación, entre otras: a) Que este tipo de organizaciones utilizan todos
        los medios a su disposición para hacer desaparecer las huellas del delito y,
        por tanto, dificultan de forma extrema la investigación y la posterior prueba
        en juicio oral; b) Que este tipo de criminalidad despliega frecuentemente
        sus efectos en medios políticos, judiciales y económicos a través de la
        corrupción de las personas que ocupan puestos de responsabilidad, tanto en
        entidades públicas como privadas [ 154 ]. En este sentido, esta Superior Sala,

[153 ] Hurtado Pozo, José; Manual de Derecho Penal, Parte General I; 3era. Edición; Pág. 464.

[154 ] Picó y Junoi, Joan; Problemas Actuales de la Justicia Penal, Barcelona 2001; págs. 95 y 96.
                                                                                161


       en su sentencia de fecha quince de diciembre del año dos mil tres, recaída
       en el Expediente número cero ocho – dos mil uno, estableció: "Que en
       nuestro país, en la década pasada, se constituyó una estructura de poder
       paralela al Estado legalmente constituido, cuyos miembros se ubicaron en
       posiciones destacadas merced a las vinculaciones que establecieron con el
       gobierno de turno, posición desde la cual desplegaron acciones tendentes a
       fortalecer el aparato u organización que habían constituido, cuya finalidad
       era mantenerse en la más alta posición política del país y desde ella
       dominar los Poderes del Estado, lo que les proporcionaba ilegales ingresos
       económicos en perjuicio de la Nación, además de obtener otros beneficios
       y prebendas”.


B.     Delito contra la Seguridad Pública – Delito de Peligro Común
       – Suministro de Armas.


257.   Asimismo, a: Vladimiro Montesinos Torres, José Luis Aybar Cancho, Luis
       Frank Aybar Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Charle Acelor
       Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran
       o Charles Max Damian Acelor Cokeran, Santos Cenepo Shapiama, Luis
       Alberto Meza Rodríguez, en calidad de autores, y a: Ana Doris Aybar
       Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Liliana
       Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres, Brichani Aybar Cancho o
       Brichani Wilford Aybar Cancho, Alex Víctor Torres Seminario, José
       Alejandro Delmar Colina, Carlos Ramón Reátegui Alencar, Agapito
       Máximo Navarro Quispe y Luis Jorge García Tamariz, en calidad de
       partícipes, se les imputa la comisión del delito de Suministro de Armas de
       Guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este
       ilícito se halla previsto y sancionado por el artículo 279° del Código Penal,
       modificado por el Decreto Legislativo número ochocientos noventiocho,
       publicado el veintisiete de mayo de mil novecientos noventiocho, que
       establece: "El que, ilegítimamente fabrica, almacena, suministra o tiene
       en su poder bombas, armas, municiones o materiales explosivos,
       inflamables, asfixiantes o tóxicos, o sustancias o materiales destinados
                                                                                             162


        para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no
        menor de seis ni mayor de quince años”.


258.    Las acciones típicas que castiga la norma glosada son: fabricar,
        almacenar, suministrar o tener armas de manera ilegítima; siendo el bien
        jurídico protegido la seguridad frente a los riesgos derivados de la libre
        circulación y tenencia de armas y materiales que la citada norma prevé;
        seguridad que se ve lesionada con la realización de tales comportamientos,
        la misma que remite a aquel estado de cosas que garantiza la indemnidad
        de bienes jurídicos elementales: vida, salud, libertad; y de ahí que tales
        conductas se caractericen como de peligro abstracto.


259.    A efectos de subsumir los hechos materia de la presente sentencia en el tipo
        penal bajo análisis, la Sala parte de cuál es el significado de la acción de
        suministro. Suministrar significa, según el Diccionario de la Real
        Academia Española, "prov eer a alguien de algo que necesita”, es decir,
        desde un punto de vista semántico, suministro es la provisión consistente en
        facilitar lo necesario para un fin o para la satisfacción de una determinada
        necesidad. Así el acto de suministrar, presupone el acopio y tenencia de ese
        algo; Carlos Creus, precisa al respecto: "[...]tiene el objeto el que puede
        disponer de él físicamente en cualquier momento, sea manteniéndolo
        corporalmente en su poder o en lugar donde se encuentra a disposición del
        agente [...] la mera existencia del arma con posibilidades de ser utilizada,
        ya amenaza la seguridad común en los términos previstos por la ley” [ 155 ].


260.    El concepto de suministro encierra además, el acto de entrega de bienes o
        cosas de manera repetida o reiterada, reiterancia que en el presente caso se
        ha dado según la descripción fáctica reseñada líneas arriba.


261.    El tipo penal in comento contiene el elemento normativo "ilegitimidad”.
        Para que la conducta sea típica, el agente debe tener o suministrar las


[155 ] Creus, Carlos; Derecho Penal; Parte Especial Tomo II, 2da. Edición, Editorial Astrea Buenos
Aires 1,988; pág. 31
                                                                                  163


         armas de manera ilegítima, en forma ilegal o "[...] sin la debida
         autorización legal; es decir, faltándole una autorización otorgada por la
         autoridad competente, en los casos en que legalmente puede ser otorgada
         [...] La existencia de autorización legítimamente otorgada elimina la
         tipicidad” [ 156 ].


262.     Cabe señalar que el Estado peruano es Parte de la "Convención
         Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de
         Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados”,
         habiéndolo ratificado el 4 de junio de 1,999. Esta norma internacional ha
         definido el "tráfico ilícito" como: "la importación, exportación,
         adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego,
         municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del
         territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquier Estado
         Parte concernido no lo autoriza” [Ver artículo primero]. Si bien nuestro
         ordenamiento penal no contempla el delito de "tráfico ilícito de armas
         fuego”, el acto de suministro previsto en el artículo 279° de nuestro Código
         punitivo glosado, como se tiene dicho, encierra necesariamente los actos
         "adquisición”, "venta”, "entrega”, “traslado” o "transferencia”, que en la
         Convención se proponen prevenir, combatir y erradicar; por lo tanto, al
         hablar de "suministro ilegítimo de armas”, se está haciendo del "tráfico
         ilícito de armas de fuego”.


263.     Estando al argumento de defensa de ignorancia sobre lo que se adquiría o
         se estaba adquiriendo, pues sólo se percibieron cajas y no armas, y que se
         desconocía que se estaba realizando tráfico de armas sin autorización, por
         cuanto se creía que dicho tráfico era de gobierno a gobierno, ergo lícito; es
         decir, ante la argumentación de error de tipo y de error de prohibición,
         conviene detenerse sobre como tanto la dogmática y la jurisprudencia lo
         entienden.       Sucintamente, en el error de tipo el agente desconoce un
         elemento del tipo legal objetivo (elementos descriptivos y normativos), es



[156 ] Creus, Carlos; Ob. Cit. pág. 32.
                                                                                             164


         decir, "[...]. Carece de conciencia respecto al acto que realiza”[ 157 ], y
         quien actúa bajo esas circunstancias actúa sin dolo, por lo tanto su
         conducta será atípica. Según el artículo 14 de nuestro Código Penal, el
         efecto del error de tipo, cuando es invencible, es la exclusión de la
         responsabilidad, se entiende por la atipicidad del comportamiento, siendo
         decisivo para establecer dicha inevitabilidad, como lo dice el Profesor
         Hurtado Pozo, "comprobar si el agente tomó, para evitar el error, las
         precauciones necesarias de acuerdo a las circunstancias personales y
         materiales en que actuó”[158 ].           En cambio el error de prohibición
         "concierne a la situación en que el sujeto conoce todas las circunstancias
         del hecho y actúa por tanto dolosamente [...] pero no obstante considera
         permitido (es decir no antijurídico) su hecho”[ 159 ], dicho de otro modo, el
         sujeto cree que su comportamiento está permitido, lo que significa que deja
         intacto el dolo y que únicamente en caso de ser invencible excluye la
         culpabilidad y con ello la punibilidad, pero que en otro caso conduce sólo a
         una atenuación facultativa de pena (ver segundo párrafo del artículo 14°).


C.       Delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
         comprometen las Relaciones Exteriores del Estado – Violación
         de Soberanía de Estado Extranjero.


264.     Vladimiro Montesinos Torres, José Luis Aybar Cancho, Luis Frank Aybar
         Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Charle Acelor Cokeran o Charles
         Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max
         Damián Acelor Cokeran, Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza
         Rodríguez, como autores, y a: Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit
         Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Liliana Villarreal Landeo, Marisol
         Cabrejos Torres, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar


[157 ] Hurtado Pozo, José; Ob. Cit. pág. 471.

[158 ] Hurtado Pozo, José; Ob. Cit. pág. 474.

[159 ] Roxin, Claus; Derecho Penal, Parte General; Tomo I; Traducción de la 2da. Edición alemana y
notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo, Javier de Vicente Remesal;
Editorial Civitas, S.A. 1997; pág. 459.
                                                                                             165


        Cancho, Alex Víctor Torres Seminario, José Alejandro Delmar Colina,
        Carlos Ramón Reátegui Alencar, Agapito Máximo Navarro Quispe y Luis
        Jorge García Tamariz, como partícipes, se les atribuye la comisión del
        delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que Comprometen
        las Relaciones Exteriores del Estado, en la modalidad de Violación de
        Soberanía de Estado Extranjero. El tipo legal de este ilícito se halla
        contenido en el artículo 337° del Código sustantivo, que establece: El que
        viola la soberanía de un estado extranjero, practicando en su territorio
        actos indebidos o penetra en el mismo contraviniendo las normas del
        Derecho Internacional, será reprimido con pena privativa de libertad no
        mayor de cinco años.


265.    "La soberanía tiene tradicionalmente dos sentidos complementarios entre
        sí:                                       n
              equiparidad soberana de los Estados e la escena internacional, y
        poder supremo al interior del Estado nacional”[ 160 ]. Se amenaza o viola la
        soberanía cuando un Estado extranjero pretende parte del territorio
        nacional o su dominación política. Pero también queda amenazada o
        violada, según el tipo penal bajo examen, cuando un agente o una
        organización delictiva opera al interior del territorio realizando "actos
        indebidos”, es decir, actos no adecuados a derecho, o ingresa a él
        contraviniendo normas de Derecho Internacional.


266.    En función al bien jurídico protegido: el decoro de las relaciones
        internacionales que tiene el Estado peruano con terceros Estados, los actos
        aquí reprobados deben tener la entidad de menoscabar dichas relaciones.
        Esto sucede cuando, como en el presente caso, se provee o trafica armas de
        guerra sin autorización.


D.      Delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
        comprometen las Relaciones Exteriores del Estado –
        Conspiración contra Estado Extranjero.

[160 ] Bernales Ballesteros, Enrique; La Constitución de 1993; ICS Editores; 3era. Edición; Lima -
Perú 1997; pág.311.
                                                                              166




267.   Vladimiro Montesinos Torres, José Luis Aybar Cancho, Luis Frank Aybar
       Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Charle Acelor Cokeran o Charles
       Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max
       Damián Acelor Cokeran, Santos Cenepo Shapiama y Luis Alberto Meza
       Rodríguez, como autores, y a: Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit
       Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Liliana Villarreal Landeo, Marisol
       Cabrejos Torres, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar
       Cancho, Alex Víctor Torres Seminario, José Alejandro Delmar Colina,
       Carlos Ramón Reátegui Alencar, Agapito Máximo Navarro Quispe y Luis
       Jorge García Tamariz, como partícipes, se les acusa la comisión del delito
       contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que Comprometen las
       Relaciones Exteriores del Estado, en la modalidad de Conspiración contra
       Estado Extranjero, previsto y sancionado por el artículo 338° del Código
       Penal, que establece: El que, en territorio de la República, practica actos
       destinados a alterar por la violencia la organización política de un Estado
       extranjero, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cinco
       años. Y en su segundo párrafo se señala: Si el agente obra por lucro o por
       cualquier móvil innoble, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez
       años.


268.   El núcleo de este ilícito es "practicar actos destinados a alterar por la
       violencia la organización política de un Estado extranjero”. Alterar, según
       el diccionario de la Real Academia Española, significa cambiar la esencia
       o forma de algo. La conducta reprochable en el tipo penal bajo análisis, lo
       será solamente aquella que tenga la entidad suficiente para cambiar o
       trastornar la organización política por la violencia, la misma que se
       castigará de manera intensificada cuando el autor lo realice por intereses
       lucrativos. En caso de que la organización política del Estado extranjero
       ya se halla perturbada por la violencia, no puede implicarse la atipicidad
       de la conducta, puesto que basta la realización de un acto tendente a
       perturbarla por violencia, que se da por ejemplo cuando se suministra
       armas de guerra a un grupo guerrillero cuyo carácter violento es conocido.
                                                                                            167


E.      Delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
        comprometen las Relaciones Exteriores del Estado – Actos
        Hostiles contra Estado Extranjero.


269.    Luis Frank Aybar Cancho, José Luis Aybar Cancho, Juan Manuel López
        Rodríguez, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles
        Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damián Acelor Cokeran,
        Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza Rodríguez, en calidad de
        autores, y a: Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o
        Astrith Aybar Cancho, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres,
        Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho, Alex Víctor
        Torres Seminario, José Alejandro Delmar Colina, Carlos Ramón Reátegui
        Alencar, Agapito Máximo Navarro Quispe y Luis Jorge García Tamariz, en
        calidad de partícipes, se les acusa la comisión del delito contra el Estado y
        la Defensa Nacional – Delitos que comprometen las Relaciones Exteriores
        del Estado – Actos Hostiles contra Estado Extranjero. El tipo penal de este
        ilícito se halla previsto en el artículo 339° de nuestro Código Penal, que
        señala: El que practica, sin aprobación del Gobierno, actos hostiles contra
        un Estado extranjero, dando motivo al peligro de una declaración de
        guerra contra la República o expone a sus habitantes a vejaciones o
        represalias contra sus personas o bienes o altera las relaciones amistosas
        del Estado peruano con otro, será reprimido con pena privativa de libertad
        no menor de dos ni mayor de ocho años. Y en su segundo parágrafo
        establece: Si el agente obra por cualquier otro móvil o cuando de los actos
        hostiles resulta la guerra, la pena será no menor de ocho años y de ciento
        ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.


270.    El bien jurídico protegido es "la paz exterior de la Nación, al tiempo que
        también están en juego los bienes de los habitantes, en un sentido general,
        así como el decoro de las relaciones internacionales que tiene el Estado
        [peruano] con terceros Estados”[161 ].


[161 ] Donna, Edgardo A.; Derecho Penal Parte Especial; Tomo II-C ; Rubinzal - Culzoni Editores -
2002; pág. 393.
                                                                                 168




271.    El núcleo del tipo penal glosado es la realización de actos hostiles
        concretos, debiendo entenderse por ellos, "los actos de enemigo propios de
        la guerra”[ 162 ], que para que sean punibles requieren que no esté aprobado
        por el gobierno nacional. Para que el acto hostil sin aprobación del
        gobierno sea castigado, requiere de tres consecuencias que la norma prevé
        taxativamente: a) El peligro de una de guerra contra el Estado peruano, el
        cual debe ser un peligro concreto, es decir, la guerra debe ser un riesgo
        cierto debido a la acción del agente del acto hostil y no aprobado por el
        gobierno; b) La exposición de los habitantes a experimentar vejaciones o
        represalias en sus personas o sus bienes, respecto de los cuales basta el
        concreto peligro de ocurrencia; c) La alteración de las relaciones
        amistosas del Estado peruano con un Estado extranjero, esto es, que la
        acción del autor las ponga en crisis. El Profesor Edgardo Donna,
        refiriéndose al tipo subjetivo del delito in comento, señala: "El delito es
        doloso y es posible el dolo eventual, que en cierta forma será el dolo básico
        del tipo, ya que normalmente las acciones tendrán otro fin que el de la
        guerra”[ 163 ].




F.      Delito contra la Fe Pública - Falsedad Genérica.


272.    A Vladimiro Montesinos Torres, también se le atribuye la perpetración del
        delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Genérica. El
        artículo 438° del Código Penal prevé este ilícito, del modo siguiente: El que
        de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos
        precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad
        intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o
        usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo
        viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será
        reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de

[162 ] Donna, Edgardo A.; Ob. Cit. pág. 394.

[163 ] Donna, Edgardo A.; Ob. Cit. pág. 395.
                                                                                169


       cuatro años. Texto legal del que se desprende que el delito de falsedad
       genérica es uno de carácter residual y que la situación típica radica en
       accionar falseando, simulando, suponiendo, alterando la verdad de manera
       intencional por palabras, hechos, etc.




G.     Delito contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos en
       General – Falsedad Material.


273.   A Luis Frank Aybar Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Charle Acelor
       Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran
       o Charles Max Damián Acelor Cokeran, José Luis Aybar Cancho, Santos
       Cenepo Shapiama y Luis Alberto Meza Rodríguez, también se les imputa la
       comisión del delito contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos en
       General, en la modalidad de Falsedad Material, previsto y sancionado por
       el artículo 427° del Código Penal, que establece: El que hace, en todo o en
       parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen
       a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de
       utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún
       perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez
       años y con treinta a noventa días–multa si se trata de un documento
       público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por
       endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni
       mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días
       multa, si se trata de un documento privado. Cuyo siguiente párrafo reza: El
       que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo,
       siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en
       su caso, con las mismas penas.


274.   De esta descripción legal se desprende que la conducta típica es crear un
       documento falso que induzca a error sobre su autenticidad, o alterar uno
       auténtico en alguno de sus requisitos o elementos de carácter esencial.
                                                                                                170


        Tales hechos suponen una manipulación física sobre el soporte material del
        documento, de ahí que se denominan falsedades materiales, y se castigarán
        siempre que de su uso resulte algún perjuicio.




H.      Delito contra la Administración Pública – Contra la
        Administración de Justicia – Encubrimiento Personal.


275.    A José Alejandro Delmar Colina, se le atribuye también la comisión del
        delito contra la Administración Pública – contra la Administración de
        Justicia - Encubrimiento Personal en grado de tentativa, ilícito previsto en
        el artículo 404° del Código Penal, cuyo texto reza: El que sustrae a una
        persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra
        medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de
        libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Y su segundo párrafo dice:
        Si el agente sustrae al autor de los delitos contra la Tranquilidad Pública,
        contra el Estado y la Defensa Nacional, contra los Poderes del Estado y el
        Orden Constitucional o de Tráfico Ilícito de Drogas, la pena privativa de
        libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de ciento ochenta a
        trescientos sesenticinco días-multa.


276.    Los presupuestos configuradores de este ilícito, son: a) Que debe haberse
        cometido un delito en el que el autor no haya participado; y b) Que no debe
        haber mediado una promesa anterior de ayudar con el favorecimiento; cuyo
        verbo rector es sustraer que, según el diccionario de la Real Academia
        Española, equivale a “apartar”, “separar”, “extraer”. “La sustracción
        [como acción típica] puede concretarse por medio del ocultamiento de la
        persona, por la facilitación de su fuga o por cualquier otro medio que
        implique una actividad asumida con aquella finalidad”[ 164 ].




[164 ] Frisancho Aparicio, Manuel; Delitos contra la Administración de Justicia; Lima – 2000; pág.60.
                                                                                 171


277.   La parte civil en su alegato final (fojas 51,921 del Tomo D-3, Sesión N° 137
       de fecha 01 de junio del 2006) dijo que este es un delito que no admite
       tentativa, por cuanto es un delito que se plantea su permanencia”




I.     Delito de Encubrimiento Real.


278.   A Alfredo Landeo Bastidas, se le imputa también la comisión del delito
       contra la Administración Pública – contra la Administración de Justicia -
       Encubrimiento Real en grado de tentativa, que se encuentra previsto y
       sancionado en el artículo 405° del Código sustantivo, que establece: “El
       que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las
       huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será
       reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
       cuatro años”.




J.     Delito de Usurpación de Funciones.


279.   A José Luis Aybar Cancho y Santos Cenepo Shapiama, también se les
       atribuye la perpetración del delito contra la Administración Pública –
       Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores – Usurpación de Funciones,
       ilícito que se halla previsto y sancionado por el artículo 361° del Código
       Penal, cuyo primer párrafo reza: El que, sin título o nombramiento, usurpa
       una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el
       que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo
       continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo
       diferente del que tiene, será reprimido con pena privativa de libertad no
       menor de cuatro ni mayor de siete años, e inhabilitación de uno a dos años,
       conforme al Artículo 36°, inciso 1 y 2 del mismo cuerpo legal.


280.   El supuesto de hecho contenido es de un acto que no corresponde en
       medida alguna a la competencia del agente, que puede ser tanto un
                                                                                              172


        particular como un funcionario o servidor público; precisando Quintero
        Olivares: “recordarse que estamos analizando una falsedad personal, y por
        lo tanto es concebible que el autor del delito no sepa cuáles son las
        competencias concretas que tiene el funcionario o Autoridad por quien se
        hace pasar, pues lo importante realmente es que él carece de esa condición
        […].     Naturalmente,       la    realización     de    actos    tiene    significación
        imprescindible, pues si el alarde de tener una condición que no se tiene no
        transciende a eso […], no existe infracción penal alguna”[ 165 ].




L ) De la responsabilidad de los procesados


281.    Descritos los hechos y las circunstancias de los delitos que se les incrimina,
        examinados los tipos penales, la Sala se pronuncia estableciendo la
        responsabilidad de quienes merecen condena o la absolución por duda o
        ausencia de pruebas. La prueba directa y la indiciaria que se examina
        razonadamente, permite desvirtuar la presunción de inocencia, y llegar a la
        conclusión de que se han realizado las conductas tipificadas como delitos.
        Como se ha señalado en las Sesiones N° 97 (fojas 48,622 del Tomo Q-2) y
                                   -2)
        98 (fojas 48,970 del Tomo R , se valora los actos de investigaciones
        introducidos mendiante debates y los medios probatorios que las partes
        aportaron en el decurso del Juicio Oral, observándose los criterios
        vinculantes en la Ejecutoria Suprema recaida en el Recurso de Nulidad N°
        3044-2004 y Acuerdo plenario N° 2-2005/CJ-116. Alfredo Gozaíni señala:
        [se trabaja] “sobre hechos afirmados que sean veraces; con ellos se podrá
        llegar a la certidumbre necesaria (...) más alla de toda duda razonable (...)
        la carga probatoria no es una exigencia de actividad destinada a la parte
        que demanda o pretende, sino una consecuencia dirigida al Juez para
        apreciar la falta de prueba sobre los hechos afirmados y negados.” [ 166 ]



[165 ] Quintero Olivares, Gonzalo; Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal; 2da. Edición;
Editorial Arazandi 1,999; pág. 1,154.

[166 ] Oswaldo Alfredo Gozaíni; Derecho Procesal Constitucional el Debido Proceso; Rubinzal -
Culzoni Editores. Buenos Aires. Pág. 403.
                                                                                               173




L.1 Delito contra la Tranquilidad Pública – Contra la Paz Pública – Asociación
       Ilícita para Delinquir.


282.     En la Conferencia de Prensa a que se hace referencia en el fundamento
         110, el procesado Montesinos Torres hizo conocer la detención de José Luis
         Aybar Cancho, Luis Alberto Meza Rodríguez, Santos Cenepo Shapiama,
         Carlos Ramón Reátegui Alencar, Raquel Smith Maguiña y otro, precisó que
         los dos primeros habían suscrito los contratos que exhibió, textualmente
         dijo: “(…) a nosotros también nos ha sorprendido cómo es que el Ejército
         Jordano, un General, ha proporcionado en venta armas a dos personales
         del Ejército Peruano en situación de retiro, firman documento, (...) a
         nombre del Ministerio de Defensa (…)”. Presentando el Diagrama de
         Vínculos el P/I “SIBERIA” se ubica a José Luis Aybar Cancho, Teniente
         retirado del Ejército, como cabecilla de la organización, quien suscribió el
         primer contrato, los otros dos fueron firmados por el Sub - Oficial en retiro
         Santos Cenepo Shapiama. Se cursó la Nota Diplomática correspondiente al
         Gobierno Jordano.


283.     La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Hashemita
         de Jordania, contenida en la Nota Diplomática                   Nº MK/3/24/772 que
         traducida corre de fojas 33,053 a 33,059 del Tomo U-1 inclusive, emitida
         en Ammán el 30 de agosto del año 2000, precisó: Que, rechazaba las
         acusaciones vertidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
         toda vez que los contratos celebrados entre las Fuerzas Armadas Jordanas
         y Peruanas eran negociaciones legales, que habían adoptado las medidas
         apropiadas y necesarias para garantizar la licitud de la operación[ 167 ].




[167 ] Cfr. Nota de Fojas 33,054 a 33,055 del Tomo U-1: “(...) Primero: El Gobierno Jordano rechaza
las acusaciones y alegaciones vertidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre la
realización de negociaciones de abastecimiento ilegal de armas, apoyo a organizaciones subversivas
y amenaza a la seguridad de países de la Región Andina por parte de Jordania (...). dichas
alegaciones deberían cesar y ser revocadas de inmediato (...), cualquier irregularidad que se alegue
en relación a los tres contratos de venta es responsabilidad única y exclusiva del Perú, producto de
actividades y acontecimientos que no guardan relación con Jordania, su Gobierno o sus Fuerzas
Armadas (...)”.
                                                                                174


284.   El órgano jurisdiccional desde la etapa instructiva ha solicitado
       cooperación al Gobierno Jordano, habiéndose recibido únicamente el oficio
       cuya traducción se ordenó y que corre de fojas 52,653 a 52,656 del Tomo
       W-2. Se recibieron en Sesiones N° 60 y 69, las declaraciones de los
       señores Robinsón Rivadeneyra Reátegui y Fernando de Trazegnies Granda,
       quienes ejercían los cargos de Congresista de la República y Ministro de
       Relaciones Exteriores al momento que se conoció la comisión de los ilícitos.


285.   Don Robinsón Rivadeneyra cuyas declaraciones obran de fojas 42,011 a
       42,034 del Tomo I-2, de la Sesión N° 60 su fecha 27 de enero del 2005;
       dijo: Que la Comisión de Defensa del Congreso no aceptó la formación de
       una Comisión Investigadora por lo que de manera personal investigó los
       hechos. Con ese propósito viajó a Santiago de Chile a la Embajada de
       Jordania a efectuar un acopio de información, efectuando una visita de
       carácter oficial al Reino de Jordania a fines de setiembre del año 2000l,
       reuniéndose con el Ministro responsable del Protocolo del Ministerio de
       Relaciones Exteriores, el Ministro de Relaciones Exteriores y los dos
       Brigadieres Generales del Reino de Jordania, estos no le brindaron un
       trato cordial, empero, logró que la Cancillería les exigiera mostraran los
       documentos que tenían: originales de los Contratos de compra–venta, del
       Certificado de Uso final, las Credenciales otorgadas por el Ejército
       Peruano y las fotocopias de los documentos de identidad de las personas
       que habían hecho el proceso de compra, le ratificaron que era una
       operación de Gobierno a Gobierno y que toda operación de compra-venta
       de armas, es verificada y consultada con el Gobierno Americano
       fundamentalmente con agentes de enlace que pertenecían a la Central de
       Inteligencia Americana. El señor Rivadeneyra tomó conocimiento que los
       Brigadieres Generales que estuvieron en la reunión habían asumido el
       mando pocos meses atrás porque se habían dado cambios; por lo tanto, no
       tenían información acerca de la identidad o descripción de las personas o
       supuestos oficiales peruanos con quienes habían desarrollado la operación.
       La Sala le puso a la vista en la Sesión N° 60, de fecha 27 de enero del 2005,
       que corre a fojas 42,022 del Tomo I-2, las copias que obran de fojas 11,666
                                                                               175


       a 11,690 del Tomo O, reconociendo que fueron tomadas de los originales.
       Hizo conocer que también le mostraron la fotocopia de los cheques que
       habían sido emitidos por el Banco Árabe, que en ningún momento de la
       entrevista hicieron referencia a la persona o la intervención de Sarkis
       Soghanalian, con la aclaración de que no preguntó los niveles de
       intermediación.


286.   Don Fernando De Trazegnies Granda, cuya declaración corre de fojas
       43,361 a 43,383 del Tomo K-2 (Sesión N° 69 de fecha 03 de marzo del
       2005), refirió: Al tomar conocimiento en Cancillería sobre esta situación,
       particularmente le preocupaba el deterioro de las relaciones con la
       República de Colombia, sugiriéndole al Presidente Fujimori que fuera a
       decirle al Presidente de Colombia, que el Perú no estaba involucrado en
                                                                       on
       ese asunto. Que en los primeros días de setiembre del año 2000, c
       ocasión del período de la Sesión Anual de Naciones Unidas que combinaba
       con la Asamblea del Milenio, pidió una reunión con el Canciller de
       Jordania porque le era muy importante aclarar la situación: Consideraba
       como el elemento clave, saber quién había girado el cheque con el cual se
       habían pagado las armas, porque de allí podría verse de dónde procedía el
       dinero. Agregó: El Canciller del Reino de Jordania era una persona con un
       carácter iracundo de maneras bastante rudas, consideraba que el Perú
       había acusado a Jordania de estar involucrado en estos asuntos y no lo
       podía permitir, exigiendo excusas, por lo que se levantó y se retiró. Previa
       consulta el Presidente, le envió una carta haciéndole saber que Perú no
       acusaba a Jordania, pero si requería su colaboración para conocer de qué
       se trataba, logrando ser recibido nuevamente; sin embargo, no le
       proporcionó información; textualmente le precisó: “que esos eran
       documentos privados de Jordania y que no los iba a entregar, y que
       simplemente su palabra bastaba”. Al ser interrogado, sobre el
       conocimiento que tuvo el acusado Montesinos de estos hechos, respondió:
       “Pudiera haber sucedido, porque en realidad el doctor Montesinos
       ocupaba también todo este aspecto de inteligencia, de manera que era
       lógico pensar que me tenía que dar información”.
                                                                                               176


287.    Si esa operación de compra-venta entre ambos Gobiernos, se puso en
        conocimiento de la Central de Inteligencia Americana, cuyo Jefe en el país
        era el señor Robert Gorelick, según lo hizo conocer el procesado
        Montesinos al prestar declaraciones a nivel instructivo[168 ] de acuerdo a
        las actas de fojas 18,823 a 18,825 del Tomo D-1, siendo él (Montesinos),
        según refirió la señorita Abogada que lo patrocina al efectuar sus alegatos
        finales en Sesión N° 149 de fecha 31 de agosto del 2006, del Tomo H – 3,
        sustentándose en la documentación que corre de fojas 23,068 a 23,074 del
        Tomo I-1, la persona encargada de coordinar acciones de inteligencia con
        la Oficina de Asuntos Regionales de la Embajada de los Estados Unidos de
        América; y, si ejercía las funciones de Jefe real del Servicio de Inteligencia
        Nacional, como lo hizo conocer el entonces Presidente de la República, en
        la tantas veces citada Conferencia de Presencia [Fundamento 110 E], debe
        concluirse que tuvo conocimiento por ambos canales de la compra de
        armas que se efectuaba, usurpando cargos.


288.    El Servicio de Inteligencia Nacional de acuerdo a lo que preveía el artículo
        7° de la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, Decreto Ley 25,635 tenía
        como función “producir, integrar, dirigir, coordinar, controlar y realizar
        (…) actividades de inteligencia y contrainteligencia requeridas por la
        Seguridad y la Defensa Nacional”.


289.    La incomodidad mostrada y la falta de cooperación por parte de los
        funcionarios del Reino Hashemita de Jordania, sólo puede explicarse:
        asumiendo que los brigadieres que suscribieron los contratos de compra-
        venta, actuaron en perjuicio de su Gobierno, al usar su posición para
        cometer los ilícitos denunciados.




[168 ] Fojas 22,046 del Tomo H (Declaración Instructiva del procesado Vladimiro Montesinos
                                -1
Torres): “Para que diga: en que circunstancias se entera que pseudos representantes del Ejército del
Perú en complicidad con ciudadanos rusos, algunos franceses y otros norteamericanos habían
adquirido armas de guerra a Jordania. Dijo: Que, en el mes de agosto del año dos mil el declarante
fue llamado por el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Almirante Rozas Bonucelli
encontrándose en la misma el Jefe de la Central de Inteligencia Norteamericana en Lima señor
Robert Gorelick (...)”.
                                                                                                177


290.    Esta conclusión se afianza, en que según la versión de Acelor Cokeran, el
        vendedor de las armas era Sarkis Soghanalian, a quien transfirió
        1´200,000.00 dólares americanos, no menciona al Ejército Jordano[169 ]
        Juan Manuel López Rodríguez[ 170 ], Luis Alberto Meza Rodríguez[171 ] y
        Santos Cenepo Shapiama[172 ] refirieron al prestar declaración, que fue
        Soghanalian la persona que superviso los embarques de armas, quien en
        los tres vuelos de retorno que partieron de esta ciudad aparece como
        destinatario de los bienes exportados por Nippon Corporation.


291.    Sarkis Soghanalian viaja a esta ciudad en enero de 1,999 y se reúne con
        Vladimiro Montesinos Torres, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor
        Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damian
        Acelor Cokeran, Juan Manuel López Rodríguez, José Luis y Luis Frank
        Aybar Cancho, miembros de la organización criminal. Las defensas de los
        dos primeros han sostenido: la primera que esa reunión no se produjo y la
        segunda que no hubo acuerdo previo para coincidir, teniendo como hecho
        cierto para esa afirmación: la fecha de expedición del pasaporte de Meza
        Rodríguez, cuentan con la colaboración de éste, quien es evasivo                          al


[169 ] Fojas 36,172 del Tomo Z Sesión Nº 23 de fecha 24 de junio del 2004 (Declaración del
                                  -1,
procesado Charles Acelor Cokeran): “Señor Fiscal Superior: (...) las respuestas sobre el pedido que
hacen estas dos personas (...) usted habla con Sarkis (...). Acusado responde en idioma francés.
Traductora: Le pregunté a Sarkis, si podía tener este tipo de material, me dijo inmediatamente que
tenía cincuenta, sesenta o setenta mil piezas en Ammán(...)”.

[170 ] Fojas 36,790 del Tomo A-2, Sesión N° 26 de fecha 13 de julio del 2004 (Declaración del
procesado Juan Manuel López Rodríguez): “Señor Fiscal Superior: (...) Sarkis se lo dijo a usted.
Acusado: No, Sarkis no, (...) puso las condiciones más bien de que esas dos personas [Cenepo y
Meza] podían subir, a condición de no tocar nada (...)”. Fojas 36,812: “Señor Fiscal Superior:
Cuán[to] tiempo estuvo usted en Jordania, para ese trabajo. Acusado: Estuve entre la primera,
segunda y tercera (...) el señor Sarkis nos avisaba siempre cuando el material llegaba, estaba en el
Aeropuerto, (...) me decía avisa a Lima que ya estaba en el Aeropuerto, íbamos (…) con Shapiama
se embarcaba y se iba”.

[171 ] Fojas 29,266 del Tomo Q-1, Sesión N° 04 de fecha 05 de febrero del 2004 (Declaración del
procesado Luis Alberto Meza Rodríguez): “Señor Fiscal Superior: (…) ustedes (…) parten con
destino al Perú (...) trajeron ustedes la misma carga. Acusado: Sí, doctor (...) nosotros llegamos al
Aeropuerto y allí en el vehículo venía el señor Sarkis y ahí cuando ya llegamos (…) al Aeropuerto
ya estaba el señor, los militares, y (…) nos despedimos (...) y con ese avión (…) llegamos (…) al
Perú”.

[172 ] Fojas 31,588 del Tomo S-1, Sesión N° 08 de fecha 04 de marzo del 2004 (Declaración del
procesado Santos Cenepo Shapiama): “Señor Fiscal: (...) usted no recibió comunicación de Aybar o
de López. Acusado: No doctor. Señor Fiscal: Usted no se preocupó acusado. Acusado: No doctor,
porque había una persona encargada que era el señor Sarkis”.
                                                                                                 178


        respecto[173 ]. De la lectura de la solicitud de pasaporte que forma parte del
        expedientillo completo, que adjuntó la defensa de Acelor Cokeran a su
        escrito de fojas 33,097 del Tomo U-1, se advierte que existe una anotación
        en la parte inferior, como Observación: Resolución de Baja -ver fojas
        33,098 del mismo Tomo– si se le pidió ese documento al momento de
        presentarse, el trámite debió efectuarlo el día 14, que no es el siguiente a la
        reunión. Cabe precisar la copia de la resolución que acompaña es la que le
        reconoce su derecho a percibir pensión, del texto de la misma se advierte
        que fue dado de baja por Resolución RCGE N° 1396 CGE / CP JAPE 2, su
        fecha 04 de junio de 1,998 (fojas 33,101 del Tomo U-1), y no la que se
        indica. Acelor ha callado respecto al lugar donde se alojó hasta el día 18
        en que se traslada al Hotel Sheraton, (ver fojas 1,248, Tomo C), hecho
        intrascendente, puesto que podía desplazarse al lugar donde acordaran
        reunirse.


292.    La pertenencia de Acelor Cokeran, a la organización criminal resultó
        probada cuando en el acto oral – Ver fojas 36,243 a 36,244 del Tomo Z-1 -:
        admitió haber mantenido relaciones con personas que le decían que eran
        representantes del Gobierno Peruano interesadas en la adquisición de
        armamento, ratificando lo sostenido al prestar declaración ante el
        Congreso de la República, copia de cuyas actas obran de fojas 31,447 a
        31,472 del Tomo S-1. Refirió al prestar declaración testimonial el 25 de
        abril del 2001 en el Consulado del Perú en la ciudad de Miami (Ver fojas
        18,609 a 18,617 del Tomo C-1) que había viajado al Perú en innumerables
        oportunidades, haciéndolo en forma más continua entre los años 1998 -
        1999, textualmente: “Cuando José Aybar vino a verme, todo el mundo en el
        Perú sabía que él estaba trabajando con Montesinos. Es por ello que no
        pedí más documentación”(Ver fojas 18,203 del Tomo C-1). La declaración

[173 ] Fojas 29,236 del Tomo Q-1, Sesión N° 04 de fecha 05 de febrero del 2004 (Declaración de Luis
Alberto Meza Rodríguez): [Señor Fiscal Superior]: (...) los hechos que acontecieron a partir de enero
del año noventinueve (...) usted se reúne con el acusado Santos Cenepo Shapiama y también con
José Luis Aybar Cancho en el Hotel Sheraton (...) [Meza Rodríguez]: Sí doctor, efectivamente no
recuerdo exactamente la fecha pero ha sido creo el doce o el trece de enero del año noventinueve
(...)”. Fojas 29,246. [Señor Fiscal]: (...) cómo consiguió el pasaporte (...) [Meza Rodríguez]: Al día
siguiente, yo me dirigí a la oficina, como me había indicado el señor José Luis Aybar Cancho, me
dio cien dólares, y de ahí me dijeron que tenía que ir a Migraciones, no recuerdo muy bien si me
dieron el mismo día el pasaporte o al día siguiente, no recuerdo muy bien (...)”.
                                                                                               179


        fue redactada en ingles, conoció de su contenido antes de fírmarla, por lo
        que la presencia del Procurador de ese entonces no la descalifica, más aun
        si como él sostuvo fue preguntado por un agente del FBI, si podía colaborar
        con el Gobierno Peruano[ 174 ] por lo que fue acto voluntario.


293.    Como se señala en el fundamento 115, ante funcionarios de la Oficina
        Federal de Investigaciones, manifestó que durante la década del 90 el
        Gobierno Peruano deseaba que facilitara el embarque de 50,000 fusiles
        automáticos AK-47, por lo que viajó al Perú y se reunió con José Luis
        Aybar Cancho y Juan Manuel López Rodríguez los dos militares peruanos
        que gestionaron la compra y envió de las armas. Sus versiones iniciales en
        cuanto a su vinculación con el gobierno de la década pasada eran
        coincidentes y constantes, empero varían cuando no puede conseguir
        beneficios por su Colaboración y maliciosamente pretende imputarle a
        todos los funcionarios peruanos una conducta omisiva de sus deberes.


294.    En cuanto a Juan Manuel López Rodríguez, este fue integrado a la
        organización por Acelor Cokeran: en la primera manifestación que presta
        asesorado por el señor abogado que lo patrocinó inicialmente en este
        juicio, dijo: “(...) Luis Frank AYBAR CANCHO llega a mi domicilio y me
        plantea que continúe como traductor en el negocio de equipo militar (...) me
        solicita viajemos juntos a EEUU a conversar con Charles Acelor, a quien
        yo ya conocía desde juventud, deduciendo que él me había recomendado
        con los hermanos AYBAR (...)”. Ver fojas 146 del Tomo A.                            Presta
        declaración instructiva, que se inicia a fojas 364 Tomo A, continuada a
        fojas 2,144 vuelta del Tomo D, refirió: “(...) José Aybar le había comentado
        que conocía a una persona en Miami Estados Unidos de nombre Charles
        Acelor quien había sido presentado telefónicamente por un alto oficial del


[174 ] Fojas 36,252 a 36,253 del Tomo Z-1 Sesión N° 24 de fecha 01 de julio del 2004 (Declaración
del procesado Charles Acelor Cokeran): “Señora Directora de Debates: (...) también dijo al
Consulado del Perú cuando usted se presentó (...) de acuerdo a esta declaración, usted afirma de que
Aybar actuaba en nombre de Montesinos (...). Acusado responde en idioma francés. Traductora:
Voy a tratar de explicarle (...) el contexto de nuestra reunión era completamente diferente al
contexto actual, en ese momento el Departamento de Estado Norteamericano me pedía que les
hiciera un favor y que me garantizaban que no había absolutamente nada contra Charles Acelor
(...)”.
                                                                               180


       Ejército Peruano, creo que era el General Celis, pero no estoy seguro”.
       José Luis Aybar al prestar declaración instructiva, dijo: “(...) Acelor lo
       llama al declarante indicándole que conocía una persona que sabía del
       idioma, dándole el nombre de Juan Manuel López Rodríguez” (Ver fojas
       1,957 del Tomo D). Cambia, cuando concertaron proteger a Acelor y a
       Montesinos. A esa conclusión arriba la Sala, luego de haber probado su
       presencia en todas las reuniones que tuvieran los Aybar Cancho tanto con
       Acelor como con Soghanalian, sus viajes, su presencia en Jordania,
       Trinidad y Tobago e Iquitos cuando se produce el transporte o embarque de
       las armas. Considerando que Acelor Cokeran habla y entiende el español
       como lo hizo saber a la señora Jueza que instruyó el proceso: rehusó ser
       asistido por una traductora, advirtiendo la Sala su conocimiento de la
       lengua en el acto oral ante las respuestas espontáneas y las rectificaciones
       que hace a la traductora, no se justificaba su presencia en las reuniones de
       José Luis Aybar Cancho en Miami con Acelor Cokeran, llama igualmente la
       atención su presencia en Trinidad Tobago, Surinam, Jordania, si como él
       sostiene no puede comunicarse en idioma inglés, sólo se explica porque era
       parte de la organización.


295.   La pertenencia de José Luis y Luis Frank Aybar Cancho a la organización
       surgida al amparo de Montesinos Torres, resulta probada, no sólo con el
       dicho   de   Acelor   Cockeran,   Arbayza    Aldazabal,   Vargas    Echaiz,
       fundamentalmente con la protección que tuvieron de los funcionarios
       policiales que conocían de sus ilícitas actividades descritas con amplitud.
       Fueron quienes realizaron los tratos con los suministrados y usaron la
       empresa NIPPÓN CORPORATION constituida con anterioridad, como
       fachada para sus operaciones de exportación a Jordania a efecto de
       justificar la presencia de las aeronaves en el país. José Luis Aybar Cancho
       se identificaba como Capitán del Ejercito Peruano, había obtenido un
       Brevete Militar con ese grado, como lo acredita la prueba instrumental
       remitida por el Ministerio de Defensa – Ejército del Perú – Sub –
       Prebostazgo que obra de fojas 37,181 a 37,183 del Tomo A-2 y 57,845 a
       57,849 del Tomo D-3, quien lo ayudó a conseguirlo?. Viaja a Miami
                                                                                             181


        conjuntamente con López Rodríguez cuando la organización logra que las
        armas aparezcan como excedentes del Gobierno Jordano, a efecto de
        coordinar la suscripción de los contratos. Luis Frank quien asumía la
        responsabilidad de la ejecución de las actividades desde Lima, era el
        encargado de dar cuenta y recabar el dinero por el suministro cada vez que
        estos se producían.


296.    Los testimonios contradictorios y absurdos que prestaron en el acto oral, el
        de José Luis Aybar Cancho contenidos en las actas de Sesiones N° 56 que
        corren de fojas 30,442 a 30,681 del Tomo R-1, 30,963 a 31,023 del Tomo R-
        1; el de Luis Frank Aybar Cancho en las sesiones diez y once de fojas
        31,831 a 31,977 del Tomo T-1 y 32,406 a 32,627 del Tomo U-1
        respectivamente, han sido concertados, introduciendo en la relación que
        mantienen con Montesinos Torres a un personaje: Darío Alzamora cuya
        existencia no ha sido probado o es que bajo el mismo se esconde otro
        procesado?, y luego a dos personas fallecidas el Coronel Celis Febres y
        Freddy Castillo. La Fiscalía en su requisitoria ha señalado que el nexo
        entre estos y Montesinos Torres, es un allegado a este último, que tiene
        vínculos de consanguinidad y de afinidad con la coprocesada Ana Doris
        Aybar Cancho: Don Manuel Jesús Ayvar Marca, a quien recurrieron
        cuando se produce la detención de José Luis Aybar Cancho[ 175 ]. Negaron
        toda relación con el mismo, y resultó ser la persona que apadrinó el
        matrimonio religioso de José Luis Aybar Cancho con doña Marisol
        Cabrejos Torres, aparece del pliego matrimonial que envió el Director
        General del Hospital Central Militar que corre de fojas 46,504 a 46,510 del

[175 ] Fojas 33,677 del Tomo V de la Sesión N° 14 de fecha 22 de abril del 2004 (Declaración de la
                                -1
procesada Marisol Cabrejos Torres): “Señora Directora de Debates: Cuando se produce la detención
de su esposo (...) Acusada [Marisol Cabrejos Torres]: Llamaron por el intercomunicador (...) Eran
dos y media de la mañana (...) [permanecieron] hasta la una de la tarde”. Fojas 33,678. “Señora
Directora de Debates: “(...) durante ese tiempo (...) ningún familiar se acercó. Acusada [Marisol
Cabrejos Torres]: “(...) después que se lo llevaron a mi esposo, bajó mi suegra (…). Señora
Directora de Debates: No se acercó el esposo de la señora Ana Doris. Acusada [Marisol Cabrejos
Torres]: El vino a eso de las ocho de la mañana doctora, con su abogado”. Fojas 33,679. “Señora
Directora de Debates: Su esposo también llamó a Manuel Jesús Aybar Marca. Acusada [Marisol
Cabrejos Torres]: Sí (...) El le llamó diciéndole padrino ayúdame, han venido unas personas y me
están deteniendo, yo no entiendo por qué. Señora Directora de Debates: Y cuál fue la respuesta de
Manuel Jesús. Acusada [Marisol Cabrejos Torres]: El le dijo que buscara un abogado. Señora
Directora de Debates: Y Manuel Aybar, Manuel Jesús no se presenta. Acusada [Marisol Cabrejos
Torres]: No doctora”.
                                                                                                 182


        Tomo Ñ-2, Preguntado respecto a la identidad del padrino de ese acto
        religioso, José Luis Aybar Cancho dijo: Manuel Aybar Marca, no recuerdo
        el otro nombre, aclaró que no es Manuel Adolfo su cuñado (Ver folio
        46,560 a 46,561 Tomo Ñ-2) - ratificando lo expuesto por su esposa, en ese
        mismo acto. Manuel Jesús Aybar Marca, recomendó la pronta expedición
        del pasaporte de Brichani Wilford, como aparece de la anotación efectuada
        en la parte inferior de la solicitud respectiva que corre a fojas 47,576 del
        Tomo O-2, presentada en octubre de 1,998. Se remitirán las copias
        correspondientes.


297.    La capacidad económica de José Luis y Luis Frank Aybar Cancho, que
        justifique las inversiones, que efectuaron como personas naturales o
        empresas, se conoce que transfirieron: Un millón doscientos mil dólares a
        Acelor Cockean. En viajes de acuerdo al estimado realizado por la UIF
        desembolsaron una suma aproximada de doscientos ochentiocho mil
        ochentinueve dólares americanos[ 176 ]. Adquirieron propiedades. Pagaron
        honorarios a López Rodríguez, al fallecido Ivachine, a Meza Rodríguez, a
        Cenepo       Shapiama.       Rentaron       oficinas.     Asumieron       responsabilidad
        económica por la estadía en esta ciudad de Soghanalian y Acelor -
        Rentaron aeronaves. Efectuaron los gastos de compra y exportación de
        bienes.     Adquirieron propiedades, vehículos.               Inversión que supera el
        1´500,000.00 dólares americanos, no esta probada. La defensa de Luis
        Frank Aybar Cancho mediante escrito que corre de fojas 4,623 a 4,627 del
        Tomo G, adjuntó las instrumentales que se detallan agregadas de fojas
        4,628 a 4,719, que permiten conocer las ventas que efectuaron por
        intermedio de la empresa Nippon Corporation S.A., sin embargo no justificó
        la procedencia y el origen del dinero invertido para atender estas compras,
        en las Cuentas Bancarias cuyos extractos remitió el Banco Wiese



[176 ] Fojas 50,829 a 50,868 del Tomo U-2. Informe Final UIF- N° 013-2005/CONJUNTA. Rubro
VII.“(...) Vínculos de Movimientos Migratorios. El movimiento migratorio de los principales
involucrados, muestra que para efectos de coordinación y ejecución de la operación, sólo en viajes
en clase turista y tomando como referencia un gasto austero de viáticos, se habría demandado
durante el período de 1,998 al 2,000 un costo estimado de US $ 288,089.00. Este cálculo no incluye
costos de llamadas telefónicas, movilidades y/o otros gastos adicionales en lo que se pudiera incurrir
durante los viajes al exterior y ha considerado solo a un grupo de los procesados (...)”.
                                                                                                183


        Sudameris con carta de fojas 32,647 del Tomo U-1, que se examinan, no se
        apreció que hayan retirado dinero para atenderlas. Luis Frank Aybar
        Cancho, indicó que la empresa Nippon Corporation, vendió los siguientes
        bienes:


                  BIEN                  CANTIDAD    FECHA        MONTO S/.       MONTO US $.
  4x4 Family Ridge Tent                   1,170    23/12/1996 S/. 2´392,335.00
  Teléfono satelital                       01      02/07/1997                    US $7,715.15
  Camionetas Pick Up Toyota año 97         08      11/08/1997 S/. 554,896.06
  Camioneta Grand Cherokee año 97          01      11/08/1997 S/. 158,064.00
  Teléfono satelital al Ministerio del     01      22/01/1998 S/. 21,972.50
  Interior
  Carpas                                   200     24/02/1998 S/. 218,400.00
  Uso de “SIMCARE”                                 26/04/1998                   US $ 942.67
  Transporte de donaciones Cordelica               15/03/1999 S/. 1´318,000.00
                                  TOTAL                       S/. 4´663,667.50 US $ 8,657.82




298.    Son significativos, los montos de dinero invertidos a efecto de vender: con
        fecha 23.12.96 el importe de 2´392,335 soles, el 11.08.97 vehículos hasta
        por la suma de 712,960 soles, así como carpas por la suma de 218,400
        soles. Se desconoce las declaraciones presentadas por la SUNAT por estas
        ventas y compras por cuanto no han sido remitidas al proceso. Estos
        ingresos no aparecen depositados en las cuentas bancarias del Banco
        Wiese Sudameris N° 000-2938804 (en moneda nacional) y 000-1075111
        (en moneda extranjera). Percibieron presuntamente un 1´318,000.00 mil
        soles cobrados a CORDELICA no declarada a la SUNAT dado que en la
        presentada al órgano fiscalizador por el período 1,999, solo figura como
        venta la suma de 750,371 soles (ver fojas 4,770).


299.    Especial atención merece que en la cuenta en soles desde octubre de 1995 a
          agosto de 1996, tan solo se haya depositado la suma de 46,862.90 soles
          (Ver fojas 32,691 del Tomo U-1), y en la cuenta de moneda extranjera
          desde octubre de 1995 hasta noviembre de 1996 se depositó 86,874.06
          dólares americanos (ver fojas 32695 Tomo U1).




300.    Adicionalmente a lo descrito el procesado como prueba de las actividades
        de la empresa adjunta un contrato de consignación suscrito entre Nippon
                                                                                184


       Corporation S.A. con la empresa rusa “Force M Limitada”, de acuerdo a lo
       pactado: Nippon enviaba mercaderías en consignación, se desconoce el
       número de importaciones efectuadas, su monto, transferencia del dinero
       recepcionado como consecuencia de estos presuntos negocios. Tampoco
       está acreditada las actividades de transporte de Guano de Isla, transporte
       de vehículos a diversas provincias del país, por cuanto la prueba adjunta
       consiste en constancia que no permiten establecer la percepción de
       ingresos. (ver fojas 4,677 a 4,679; de fojas 4,640 a 4,652; de fojas 4,653 a
       4,661 del Tomo G).


301.   Resulta singular el contrato de alquiler de treinta vehículos, destinados al
       transporte de carga por el período de un año (1 de junio de 1995 al 31 de
       mayo de 1996) pagando 200 dólares diarios por cada vehículo, suscrito
       entre la empresa Nippon y la empresa de transporte Angel Ibarcena R. R.
       Ltda., se desconoce el uso y el fin que le dio la empresa Nippon (ver fojas
       4,653 Tomo G).


302.   Respecto a los ingresos personales esta Sala recibió el oficio que corre a
       fojas 38,227 a 38,230 del Tomo C-2, adjunto al cual la SUNAT remitió un
       Diskette que da cuenta de las declaraciones formuladas por Aybar Cancho
       Luis Frank, titular del RUC N° 20111401498 y del DNI 07726106,
       corresponde a los años 2001 y 2002, en la cual indica que tiene un sueldo
       de S/3,105.00.


303.   En lo que concierne a José Luis Aybar Cancho que tiene la condición de
       Teniente retirado del Ejército Peruano declaró que desde 1994 ha
       desarrollado diversos trabajos tales como: Cercos perimétricos, pintura,
       trabajos de infraestructura, carpintería metálica, entre otros, de los cuales
       se desconoce la percepción de ingresos (ver fojas 30,458 del Tomo R-1,
       Sesión N°5).


304.   Como conclusión, la Sala advierte que el dinero cobrado por las
       transacciones comerciales que dicen se habría realizado no fueron
       depositados en las cuentas bancarias, lo que revela que emplearon a la
                                                                                                  185


        empresa para encubrir sus ilícitas actividades. Recurrieron al uso de
        dinero en efectivo para efectuar los pagos que correspondía a la operación
        de compra-venta de armas y su traslado, modalidad propia de
        organizaciones delictivas.


305.    Santos Cenepo Shapiama, a enero de 1999 tenía vínculos laborales con los
        Aybar Cancho, esta deducción se sustenta, en que no es creíble, si como
        sostuvo en el acto oral se retiró del Ejército en el año 1997 y no mantuvo
        comunicación con miembros de esa Institución, se relacione con José Luis
        Aybar Cancho por una llamada hecha por la secretaria del Comandante de
        la Segunda Región Militar, cargo que como es de público conocimiento
        ejercía en ese momento el General Cubas Portal, quien tiene un parentesco
        por afinidad con el procesado Montesinos Torres. Con Meza Rodríguez
        quien se había retirado del Ejército en abril de 1,998[ 177 ], mantenía
        relación constante, admitió en el acto oral al efectuar su auto defensa: que
        lo llevó a la reunión porque no tenía trabajo. Como podía saberlo si no lo
        frecuentaba, es también extraño que después de dos años recordara el
        teléfono del vecino de Meza[ 178 ], por intermedio del cual se comunicaron.
        Decidió retirarlo de la operación porque no era reservado, como exigía el
        trabajo que realizaban.             Era quien verificaba la colocación de los
        paracaídas, lo admite al efectuar su autodefensa en Sesión N° 149 del Tomo
        H-3, contradiciendo lo sostenido en el juicio oral[ 179 ]. Se ha verificado que


[177 ] Fojas 29,365 del Tomo Q Sesión Nº 04 de fecha 05 de febrero del 2004 (Declaración del
                                -1
procesado Luis Alberto Meza Rodríguez): “Señora Directora de Debates: Puede precisar cuando se
retira del Ejército. [Meza Rodríguez]: Sí doctora, yo me retiro del Ejército con fecha treinta de abril
de mil novecientos noventiocho a mi solicitud (...)”.

[178 ] Fojas 29,285 y 29,286 del Tomo Q-1 Sesión Nº 04 de fecha 05 de febrero del 2004
(Declaración del procesado Luis Alberto Meza Rodríguez): “[Señora Directora de Debates]: usted
dice que para esta reunión en el Hotel Sheraton, Santos Cenepo Shapiama lo llama a usted por
teléfono. [Meza Rodríguez]: Sí doctora (...) más o menos a una distancia de cien metros, tenía mi
vecino (...) “señor Meza, lo está llAmmando su amigo el Señor Shapiama””. Fojas 31,564 del Tomo
S-1 Sesión Nº 08 de fecha 04 de marzo del 2004 (Declaración del procesado Santos Cenepo
Shapiama): “Señor Fiscal Superior: Lo convocan a una reunión para el Sheraton (...) de qué manera
usted se contacta con el acusado Luis Meza (...). [Cenepo Shapiama]: (...) el señor Aybar, él me
indica si yo conocía a alguna persona para que me ayude en el trabajo, entonces yo me acordé de
Meza y le llamo por teléfono (...)”.

[179 ] Fojas 31,715 del Tomo S-1 Sesión Nº 09 de fecha once marzo del 2004 (Declaración del
procesado Santos Cenepo Shapiama): “Acusado: No verificamos la carga, simplemente caminamos
por un costado mirando los ganchos (…). Señorita Presidenta: (...) antes usted dijo que no (…)”.
                                                                                                   186


         la tripulación de los aviones en los vuelos que se conoce era rusa o
         ucraniana, él como Maestro de Salto[180 ] coordinaba el lanzamiento con el
         Jefe de Equipo de Tierra[ 181 ]. Su presencia en la reunión en el Hotel
         Sheraton y en todos los vuelos que se conoce, es prueba suficiente de su
         pertenencia.


306.     La Sala concluye sosteniendo: que Montesinos Torres se había vinculado
         con Acelor Cockeran, en razón de que este ultimo lo estaba vinculado al
         negocio de armas, y propuesta la posibilidad de suministrar armas al grupo
         armado que opera en la vecina República de Colombia, por intermedio de
         Luis Frank y José Luis Aybar Cancho, establecen contactos con aquellos,
         para la materialización del negocio. Aprovechó Montesinos de la
         administración ineficiente y corrupta, para los fines de la organización
         criminal que conformó. Esta probado que dirigió la investigación que se
         realizó en Iquitos cuando aterrizo la aeronave Ilushin, en Julio por
         intermedio de la DININ SIN tomo conocimiento de la incautación de parte
         de las      armas suministradas,           recibido el mensaje de INTERPOL –
         Colombia logro que se cometieran las irregularidades descritas en el
         fundamento 210, diseñó y participó en la elaboración del Plan que se
         conoce como Siberia. Ello resulta probado cuando incurre en gruesa
         contradicción con los funcionarios de la DININ SIN, Fausto Galvez
         Galindo durante el acto oral, quien dijo: “(...) Le pusimos SIBERIA,
         porque en las investigaciones preliminares que habíamos hechos para
         determinar sus relaciones y la familia, habíamos determinado por
         Migraciones que algo de tres o cuatro hermanos estaban viviendo en Rusia
                                            -2,
         (...)” (Ver fojas 39,290 del Tomo D en la Sesión 42 de fecha 28 de




[180 ] Fojas 31,699 del Tomo S Sesión Nº 09 de fecha 11 marzo del 2004 (Declaración del
                                -1
procesado Santos Cenepo Shapiama): “Señora Directora de Debates: Usted era maestro de salto.
[Cenepo Shapiama]: De salto y caída libre”.

[181 ] Fojas 31,702 del Tomo S Sesión Nº 09 de fecha 11 marzo del 2004 (Declaración del
                                   -1
procesado Santos Cenepo Shapiama): “Señora Directora de Debates: (...) es cierto, que llega un
momento en que una vez que el piloto entra a la zona de lanzamiento (...) es el maestro de salto que
está en el avión el que le indica (...) [para] que inicie el lanzamiento (...). [Cenepo Shapiama]: Todas
esas indicaciones para el lanzamiento, le da el maestro de salto Jefe de equipo de tierra”.
                                                                                               187


        octubre del 2004) y Fuentes Ganoza coincidió[ 182 ]. Montesinos Torres al
        prestar su declaración instructiva, dijo: “(...) La razón por la cual se
        denominó con el nombre de “Siberia” obedece a la presencia en los vuelos
        de ciudadanos rusos que conformaban la tripulación y al hecho de que el
        avión era un Ilushyn setentiséis de fabricación rusa” (Ver fojas 22,047 del
        Tomo H-1), Como conoció de esos vuelos antes de Marzo de 1999?.
        Finalmente cuando se vio descubierto urdió conjuntamente con Acelor
        Cockeran, una estrategia para liberarse de toda responsabilidad: negoció
        con los procesados Ayvar Cancho a cambio de que estos dieran
        manifestaciones, que descalificaban sus espontáneos dichos primigenios,
        omitirían en las investigaciones datos importantes que involucraban a
        Brichani Wilford Aybar Cancho como puede advertirse de la lectura de los
        Informes de Colección que obran en el Anexo Plan de Inteligencia Siberia
        C.N.I. Tomo Cuatro, e igualmente sacaron del organigrama elaborado
        originalmente a doña María Elena Flores Vila contadora de la empresa que
        conocía todo sus movimientos económicos, identificada plenamente pues
        José Luis usaba un teléfono celular registrado a nombre de ella, figuraba
        en el Diagrama de Vínculos P/I Siberia adjunto al Plan de Inteligencia
        Siberia (ver fojas 3,128 a 3,136 del Anexo Plan Siberia C.N.I. – Tomos V-
        VI)     No se investigo adecuadamente el patrimonio de sus familiares
        directos, para establecer el origen del mismo.


L.2    Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que comprometen
       las Relaciones Exteriores del Estado: Violación de Soberanía de Estado
       Extranjero. Actos Hostiles contra Estado Extranjero, Conspiración contra
       Estado Extranjero. Delito contra la Seguridad Publica - Delito de Peligro
       Común – Suministro de Armas.


307.    Se presenta un concurso ideal de delitos, las conductas descritas en los
        fundamentos de hecho, constituyen prueba directa de su comisión por lo

[182 ] Fojas 39,657 del Tomo E-2, en la Sesión N° 45 de fecha 17 de Noviembre del 2004
(Declaracion del testigo Pepe Manuel Fuentes Ganoza) “Defensa del procesado López Rodríguez: Si
el testigo nos puede informar (...), de que se le puso Plan SIBERIA, en razón de la presencia de los
hermanos Aybar, algunos de los hermanos Aybar Cancho en Rusia. (...). Testigo Fuentes Ganoza:
Bueno, si porque habían Movimientos Migratorios.”
                                                                                                 188


        que la Sala se remite a ellos. Como lo señala el profesor Hurtado Pozo, el
        legislador nacional ha regulado la participación, observando el sistema
        diferenciador, el que mas conviene para asegurar la garantía del derecho
        penal liberal “[...]consiste en distinguir entre las diversas formas de
        intervención de las personas que cometen de manera conjunta un hecho
        delictivo.”.[183 ]


308.    De la prueba examinada, resulta probada la calidad de cómplices de estos
        delitos con las precisiones que se efectuaran de Luis Jorge García Tamariz,
        Brichani Wilford Ayvar Cancho:


309.    García Tamariz, colabora con la organización, en la comisión de los delitos
        descritos, cuando esta debe efectuar el suministro de armas, sus reuniones
        con los señores Arbayza Aldazabal y Vargas Echaiz admitidas y registradas
        en los videos exhibidos en la Sesión N° 83 de fojas 45,889 a fojas 45,989
        del Tomo N-2, así lo prueban. Junto con Luis Frank Ayvar Cancho, reciben
        la aeronave que aterriza en Iquitos, lo refieren Cenepo Shapiama y Meza
        Rodríguez, permanece en esa ciudad junto con José Luis Ayvar Cancho y
        López Rodríguez, ocupa una de las habitaciones que renta José Luis en el
        Hotel “Victoria Regia” de números 504 - 505 como se advierte de la
        Tarjeta de Registro de fojas 12,664 del Tomo Q, la que se adjunta a la carta
        que remite la empresa propietaria corriente a fojas 12,663 del Tomo citado,
        toda vez que no es cierto que aquel [José] viajara con su familia. Manifestó
        en el acto oral, López Rodríguez, al ser preguntado por el señor Fiscal, que
        viajo con José Luis a Iquitos[ 184 ], no hace mención a otras personas,
        versión que es ratificada por doña Marisol Cabrejos Torres al prestar su




[183 ] Hurtado Pozo, Jose; Manual de Derecho Penal – Parte General I . 3era. edición. Editora Jurídica
Grijley. Lima 2005. Pág. 854.

[184 ] Fojas 36,799 del Tomo A-2 en la Sesión N° 26 de fecha 13 de Julio del 2004, (Declaración del
procesado Juan Manuel López Rodríguez) “Señor Fiscal Superior: Usted llega al Perú antes de que
el avión parta de Trinidad y Tobago, cual era el próximo paso a seguir, (...). Acusado: (...) Llego el
avión a Iquitos (...) me reuní con Luis, no con José (...) y me pidió por favor que me vaya a Iquitos
porque aparentemente había un problema, (...) viaje con José.”
                                                                                              189


        declaración en Sesión N° 14 del acto oral[ 185 ], la intención era encubrir a
        García Tamariz, con quien ha simulado un desacuerdo respecto a la forma
        en que se conocieron. Es la persona que obtiene la autorización de la
        DGTA para modificar el motivo del vuelo y el que gestiono el Permiso de
        Vuelo, presunción que se sustenta en lo declarado por Ivachine –
        Fundamento 142. No hay prueba de que halla participado o conocido de los
        vuelos posteriores, por lo que su participación se reduce al primer vuelo
        que aterriza en la ciudad de Iquitos, lo que se considerara al momento de
        fijar la pena.


310.    Brichani Wilford Aybar Cancho, quien declaró en Sesión N° 15 que corre
        de fojas 34,148 a 34,279 del Tomo W-1, cuya participación en los ilícitos
        por los que se le procesa no fue investigada por la DININ SIN cuando tuvo
        a su cargo el “Caso Suelto Iván” o “Ivancito” y el llamado “SIBERIA”,
        tampoco lo hizo la Dirección de Seguridad del Estado, cuando conociendo
        de los hechos tuvieron a su cargo las investigaciones, no obstante los
        indicios existentes e informes recibidos.


311.    Como ha establecido este Superior Colegiado en los Fundamentos 125 -
        126, el acusado Brichani Aybar Cancho en los años mil novecientos
        noventiocho y mil novecientos noventinueve, viajó a la República del
        Uruguay y del Brasil, lugares donde, como se tomó conocimiento al
        exhibir los vídeos que proporcionó el testigo Arbayza Aldazábal debían
        efectuarse las transferencias de dinero para cubrir los costos de la
        operación como finalmente se hizo en las cuentas de Acelor Cokeran desde
        Surinam. La justificación para su presencia en estos países, al igual que en
        la República de Colombia: La búsqueda de una Universidad donde seguir
        estudios superiores, presentándolo como una persona joven con problemas
        en el seno familiar por no respetar reglas de conducta,[186 ] versión


[185 ] Fojas 33,696 del Tomo V en la Sesión N° 14 de fecha 22 de Abril del 2004, (Declaración de
                               -1,
la procesada Marisol Cabrejos Torres) “ Señora Directora de Debates: Dígame cuando su esposo
viaja a Iquitos en marzo del noventinueve, usted va con él. Acusada: No, doctora.”

[186 ] Fojas 34,181 el Tomo W-1 en la Sesión N° 15 de fecha 29 de Abril del 2004, (Declaración del
procesado Brichani Wilford Aybar Cancho) “Señor Fiscal Superior: (...) de quien dependía usted
directamente (...). Acusado: Mis padres y mis hermanos (...) bueno, yo a mi forma de ver de repente
                                                                                                 190


        contradictoria cuando refiere que el procesado José Luis Aybar Cancho lo
        llevo en un tours, esto es antes de que viajara a Rusia donde iba a estudiar.
        Han sostenido los acusados Aybar Cancho en forma uniforme, que sus
        hermanas estudiaban en ese país, incluso el hijo de la procesada Ana Doris
        así lo decide al concluir sus estudios secundarios[ 187 ]. La vinculación de
        Brichani a quien como el mismo dijo en el Acto Oral, familiarmente lo
        llamaban Bryan, con las actividades de sus hermanos, era conocido por la
        DININ SIN, como se establece de los siguientes informes que corren en el
        anexo Plan SIBERIA C.N.I. Tomo Cuatro: A fojas 1,822 y siguientes el
        “CASO: “IVAN” -PERÚ”                   “(...) MOVIMIENTO FINANCIERO:                       El
        02DIC98, EN BRASILIA – BRASIL, EL NARCOTRAFICANTE BRYAN O
        BRAYAN AYBAR O LUIS AYBAR, RECEPCIONÓ UN GIRO POR UNA
        IMPORTANTE            CANTIDAD          DE      DINERO,        ENVIADO         POR      SUS
        FINANCISTAS DESDE ZURICH, SUIZA.                            EL 03DIC98 “BRAYAN”
        EFECTUÓ EL GIRO DB-35940045 (...) PARA SER COBRADO POR
        LIBERMAN SOUZA EN CRUCEIRO DO SOUL.” A fojas 1,958 a 1,959, el
        “INFORME DE CONTACTO NRO. 77 - V 220. F / SC. su fecha 13 de julio
        del 2000, "ASUNTO:                   Reunión con “PABLO” (...) ASUNTOS
        OPERACIONALES 01(...)b. Que, por intermedio de Brayn AYBAR, conoce
        que los hermanos Luis y Joé AYVAR, “habrían parado la mano”, por
        indicación de un Crnl. PNP que trabaja en la DINANDRO, ya que lo estaba
        siguiendo el SIN.” A fojas 1,961 y 1,962 se repite el informe de contacto N°
        72-V220.F/SR.




antes he sido un poco, con una conducta no muy buena, pero ahora trato de cambiar.” A fojas 34,184
del mismo Tomo “Señor Fiscal Superior: Cuando usted habla de su hermano José, es José Luis (...)
Con él ha viajado en un Tours. Acusado: Así es, al final se nos acabó el dinero, (...). Señor Fiscal
Superior: (...) entonces a usted, lo trataban bien sus hermanos. Acusado: (...) o sea de tratarme bien
(...) eran buenos, pero en la parte recta, sobre todo mi hermano José era muy recto, (...) y me daban
todo lo que yo pedía ”. A fojas 32,854 del Tomo U-1, en la Sesión N° 12 de fecha 1 de Abril del
2004 (Declaración de la acusada Ana Doris Aybar Cancho) “Señor Fis cal Superior: Usted sabe si su
hermano Brichani Aybar, viajo a Colombia. Acusada: Doctor, el caso de mi hermano Bryan, como
es el ultimo siempre ha sido como se le puede decir, él más inquieto, el que siempre nos causaba
problemas (...)”.

[187 ] A fojas 32,848 del Tomo U-1 en la Sesión N° 12 del 1 de Abril del 2004 (Declaración de la
procesada Ana Doris Aybar Cancho); “ Señor Fiscal Superior: (...) usted ha hecho giros (...) de
dinero (...). Acusada: A Moscu (...) Tenía un hijo estudiando allí (...) de dieciséis años, el
noventiocho, estaba estudiando Derecho Intenacional (...)”.
                                                                                                     191


312.     Meza Rodríguez, como lo ha señalado la Sala en el fundamento 305
         mantenía una relación de amistad o laboral con Shapiama y los Aybar
         Cancho, si bien no hay prueba de su pertenencia a la organización, si esta
         probada la colaboración que prestó a Cenepo Shapiama en el suministro de
         armas que se efectuó en el primer vuelo[ 188 ], como paracaidista al igual
         que Cenepo Shapiama, conoció que el lanzamiento no se efectuó en
         territorio peruano, callo que Cenepo Shapiama actuaba como representante
         de la organización Admitió este ultimo al efectuar su autodefensa (Ver Acta
         de Sesión N° 149 del Tomo H-3).                     La experiencia de ambos como
         instructores paracaidistas del Ejercito, les permitió conocer                        que esta
         operación se efectuaba sobre territorio colombiano, el lanzamiento se
         efectuaba en segundos[ 189 ]. Los trabajos posteriores que realiza para la
         organización y el conocimiento que tuvo de la llegada de los otros vuelos,
         no resultan suficientes para imputarle participación en ellos.




L.3. Delito contra la Fe Publica – Falsedad Genérica, Falsificación de
       Documentos en General – Falsedad Material.


313. En cuanto se imputa su comisión, al procesado Montesinos Torres se
       encuentra razonablemente probado, fue quien altero el contenido original del
       denominado Plan Siberia, con el propósito de justificar la interdicción de
       algunos de los miembros de la asociación, buscando impunidad,
       participaron en la comisión del ilícito, los funcionarios de la DININ SIN
       identificados y otros. En cuanto al delito en la segunda modalidad que se
       enuncia, no se ha podido establecer quien hizo los documentos que usaron
       José Luis Aybar Cancho y Santos Cenepo Shapiama, ni el que recibió López
       Rodríguez – Certificado de Uso Final –, el uso que hicieron de ellos, no


[188 ] Ver pie de pagina 11.

[189 ] Fojas 29,269 del Tomo Q-1, en la Sesión N° 4 de fecha 5 de Febrero del 2004 (Declaración del
procesado Luis Alberto Meza Rodríguez) [Señor Fiscal Superior]: “PREGUNTADO PARA QUE
DIGA, cuanto tiempo duro el lanzamiento del cargamento acusado?. DIJO: En el momento en que
nosotros hemos estado mirando por la ventana, ahí de la puerta, cuando ya el avión se pone en un
plano, (...) uno siente claro de que el avión toma una cierta inclinación; (...) sale la carga, yo calculo
(...) más o menos en ocho segundos; (...)”.
                                                                                             192


       requiere de mayor argumentación, dado que el gobierno Jordano, lo ha
       hecho conocer en la Nota Diplomática, a que se ha hecho referencia en el
       Fundamento 216.




L.4. Delito contra la Administración Publica – Usurpación de Autoridad –
       Títulos y Honores – Usurpación de Funciones.


314.    Se cometió al hacer uso de los documentos falsos por Santos Cenepo
        Shapiama y José Luis Aybar Cancho, arrogándose grados militares que no
        poseían: el propósito suscribir los contratos, evidenciándose la voluntad
        criminal con que actuaron.


L.5. Delito contra la Administración Pública – Contra la Administración de
       Justicia – Encubrimiento Personal.


315.    Atribuido a Delmar Colina, esta probado con el acta de intervención de
        fojas 99 y siguientes del Tomo A.


316.    Como aparece del parte No.10 – DININCRI/DINSE agregado de fojas 99 y
        siguiente del Tomo A y actas de registro personal de fojas 23 a 25, 26 y 27
        del anexo 1 Atestado, el acusado Delmar Colina fue intervenido el 01 de
        setiembre del 2000 a horas 11:45 de la noche por inmediaciones del Km.16
        de la carretera central, cuando transportaba en la maletera de su vehículo
        a los procesados Luis Frank Aybar Cancho y Juan Manuel López
        Rodríguez, a quienes el señor Presidente de la República había sindicado
        como miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de armas,
        iniciándose la investigación correspondiente.


317.    En su primera manifestación prestada en presencia de la señorita Fiscal
        Provincial Adjunta Ad Hoc que corre de fojas 224 a 235 del Tomo A, al
        absolver el interrogatorio admite los hechos[ 190 ]. La que ratifica al prestar


[190 ] Fojas 232 Tomo A Manifestación de José Alejandro Delmar Colina; “preguntado, diga: ¿cuál
fue el motivo, por el cuál cuando el personal policial lo interviene el 01 Set.2000 en horas de la
                                                                                                 193


        declaración instructiva[191 ] y modifica en el acto oral, sosteniendo: “que se
        introdujeron en la maletera de manera espontánea”[192 ].


318.    Lo glosado permite concluir que existió en el acusado la voluntad de
        sustraer a los antes nombrados de la investigación iniciada, pues conocía
        de los hechos denunciados por ser de público conocimiento. La ejecución
        de la conducta descrita por el artículo 404° del Código Penal: sustraer a
        una persona de la persecución penal (...) cabe efectuarla en un solo acto o
        en actos sucesivos, en el caso del cual la Sala conoce se dio inicio a la
        ejecución de la conducta típica, al introducir en la maletera del vehículo
        mas no se logró el propósito por la intervención policial; lo que se
        merituará al momento de emitir sentencia, toda vez que el inicio de la
        ejecución importa sobrepasar el límite del acto preparatorio pero no
        alcanzado el nivel que permite afirmar que se ha agotado el delito.




LL ) De la determinación de no responsabilidad

noche tenía escondidos en la maletera del vehículo que usted conducía a Juan Manuel López
Rodríguez y a Luis Frank Aybar Cancho, de qué lugar los recogió y a dóde los pensaba llevar? Dijo:
que era porque quería ponerlos a disposición de un abogado para que los asesore, previa
coordinación con el periodista Ricardo Uceda quien labora en el Diario EL COMERCIO, quien a su
vez tenía que coordinar con la ex Congresista Lourdes Flores Nano, con la que yo había conversado
previamente el día miércoles 30 de agosto del 2000 (...), a quien le expuse el caso y ella me
manifestó que no podía tomar el caso mientras no conversara con los interesados; los recogí desde la
casa donde estaban hospedados cerca del Parque Central de Chaclacayo, no recordando la dirección
exacta y los pensaba llevar al lugar donde me indicara el periodista Uceda.

[191 ] Fojas 530 vuelta del Tomo A. Declaración de José Alejandro Delmar. “para que precise luego
de la captura de José Luis Aybar Cancho que día se entrevistó con López Rodríguez y Luis Frank
Aybar Cancho, de ser afirmativa su respuesta indique (...) si se alojaron en su domicilio por cuanto
tiempo, Dijo: que una semana antes de que la policía intervino al declarante llevando en la maletera
a Luis Frank y a Juan Manuel López Rodríguez, siendo un viernes para sábado en horas de la noche,
tanto Luis Aybar como López Rodríguez, me visitaron en mi domicilio, comunicándole sobre la
detención sobre José y ellos no sabían cual era el problema ya que ellos se sentían parte del Estado
(...)”.

[192 ] Fojas 33,184 a 33,185 del Tomo V-1 de la Sesión N° 13 del 15 de abril del año 2004
(Declaración de José Alejandro Delmar Colina) “Señor Fiscal Superior: Acusado, de quien fue la
idea de esconder en la maletera de su auto a Luis Frank y Juan López. Acusado: eso sucedió de una
manera muy espontánea de parte de ellos, cuando yo los voy a buscar, ellos se suben al carro, y se
suben a la parte trasera de mi vehículo (...) Mi preocupación era llegar lo mas pronto posible a poder
comunicarme nuevamente con este periodista, porque se había coordinado una reunión con el Canal
8 o N de Televisión y con la doctora Nano. Señor Fiscal Superior: Acusado esa era mi preocupación
en realidad, de pronto cuando me percate, habían vehículos policiales por todas partes y ellos no
estaban en el asiento de atrás, se habían deslizado a la maletera”.
                                                                              194




319.   La declaración de la inocencia o culpabilidad en la sentencia supone el
       desarrollo previo de la actividad probatoria; es en ésta que se inscribe la
       garantía fundamental a la presunción de inocencia y el principio regla in
       dubio pro-reo.


320.   Estando a lo antes glosado, la Sala explica razonadamente, por que
       absuelve de la acusación fiscal a los siguientes procesados:


       Por ausencia de Prueba de Cargo a:
       Marisol Cabrejos Torres, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar
       Cancho, Carlos Ramón Reategui Alencar y Agapito Máximo Navarro
       Quispe a quienes se les acuso como autores del Delito contra la
       Tranquilidad Pública – Contra la Paz Pública – Asociación Ilícita para
       Delinquir (art. 317°); Cómplices en la Comisión de los Delitos contra la
       Seguridad Pública – Delito de Peligro Común - Suministro de Armas (art.
       279°); Delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
       Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado – Violación de
       Soberanía de Estado Extranjero (art. 337°); Delito contra el Estado y la
       Defensa Nacional – Delitos que Comprometen las Relaciones Exteriores
       del Estado – Conspiración contra Estado Extranjero (art. 338°); Delito
       contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que Comprometen las
       Relaciones Exteriores del Estado – Actos Hostiles contra Estado
       Extranjero (art.339°, todos del Código Penal).


321.   En el decurso del juicio oral, el Ministerio Publico no ha aportado prueba
       alguna que permita establecer que ambas conformaron la organización
       delictiva que suministro armas al grupo armado que opera en la vecina
       República de Colombia, el vinculo de parentesco por afinidad y
       consanguinidad que mantienen con los acusados Luis Frank, José Luis y
       Brichani Wilford Aybar Cancho, no prueba la pertenencia ni la
       complicidad.
                                                                                           195


322.    En lo que respecta a Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho,
        desde la etapa instructiva esta viene sosteniendo que en el año 1993 viajó a
        estudiar[ 193 ] a la Federación Rusa, preciso en al acto oral: “mi papá, mis
        hermanos me enviaban [dinero] de acá, para pagar la universidad allá”
        (Ver fojas 34,247 Tomo W-1), que fue visitada por su hermano Luis Frank,
        haciendo ambos turismo en la ciudad donde residía (ver fojas 34,251), la
        presencia de Brichani Wilford y la de Ana Doris Aybar Cancho en ese país,
        según dice por razones de estudio del primero y del hijo de la segunda por
        el mismo motivo, a quien visitaba cuando se denunciaron los hechos por los
        cuales se les proceso (Ver fojas 34,253 y 34,252 respectivamente), resultan
        insuficientes para sustentar una condena, debiendo destacarse que no se ha
        probado que ella laborara en la empresa que tenían constituida sus
        hermanos       acusados en esta ciudad y que usaron para sus ilícitas
        actividades, ni que los representara en la Federación donde residía.


323.    Marisol Cabrejos Torres, quien como aparece de la Ficha del Registro
        Mercantil de Lima que corre a fojas 2,385 del Tomo D, inscribió el
        15.02.93 conjuntamente con su co-acusada Liliana Villarreal Landeo y
        otra, la empresa NIPPON CORPORATION S.A., integrando el Directorio,
        cargo en el que fue ratificada por escritura publica del 22.03.2000 como lo
        prueba la Copia de la Partida N° 00389455 expedida por la Oficina
        Registral de Lima y Callao – Oficina Lima corriente a fojas 2,388 Tomo D.
        No registra a su nombre ningún vehículo automotor al 26.12.2000 como lo
        informa la Oficina antes citada (fojas 7,186 del Tomo K). La sociedad
        conyugal que tiene conformada con José Luis Aybar Cancho, posee dos
        departamentos en el edifico sito en Avenida Circunvalación N° 669
        Departamentos N° 401 y 402 distrito de Santiago de Surco que corren a
        fojas 7,618 y 7,623 del Tomo K, las Fichas del Registro de la Propiedad
        Inmueble – Predio Urbano, de la Oficina Registral de Lima, al darse los
        bienes en comodato a doña Juana Inés Nieto Rosas por escritura publica

[193 ] Fojas 6,735 del Tomo J, (Declaración de Carmen Astrit Aybar Cancho) [La señora Jueza
Pregunta] “Para que diga a que se dedica, si ha viajado fuera del país, porque motivos y desde
cuando. Dijo: Que se dedica a estudiar, que si ha viajado fuera del país, hacia Rusia Moscú
exactamente, por motivos de estudio, desde octubre del año mil novecientos noventitrés, habiendo
                                                                                                  196


        del 07.01.2000, no percibe los frutos de los mismos. No registra movimiento
        migratorio[ 194 ]. Su concurrencia a las oficinas de la empresa donde
        laboraba su esposo, la percepción de ingresos por la Administración de la
        Playa de Estacionamiento sito en Jirón Lampa N° 742[195 ], el acudir con
        Liliana Villarreal Landeo al inmueble donde esta ultima fue intervenida,
        lugar del que se retiro antes de que lograra la antes nombrada ingresar al
        mismo, no pueden constituirse en indicios de la comisión de los ilícitos, de
        los que se le acusa.


324.    Agapito Máximo Navarro Quispe, el único hecho probado es: haber
        acompañado a José Luis Aybar Cancho el día 12 de enero de 1999 hasta los
        exteriores del Hotel Sheraton, donde este se reunió con los coacusados
        Sarkis Soghanalian, Cenepo Shapiama, Meza Rodríguez y López Rodríguez.
        Registra movimiento migratorio en fecha posterior a la comisión de los
        hechos por lo que se acusó.


325.    Carlos Ramón Reategui Alencar, del análisis de la prueba actuada en este
        proceso, no hay elemento alguno que permita sostener que ha pertenecido a
        la organización criminal: no aparece vinculado a los actos efectuados por
        los hermanos Aybar Cancho, Cenepo Shapiama, Meza Rodríguez, García
        Tamariz o López Rodríguez antes de que aterrizara la aeronave Ilushin Il-
        76 en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos.


326.    Su presencia en el acto de Registro de la aeronave y su participación en la
        compra del combustible para la misma, constituyen los únicos actos que

retornado después de dos años por vacaciones, habiendo regresado por última vez en Navidad de mil
novecientos noventinueve.”

[194 ] Fojas 50,389 del Tomo T-2. Oficio M/M N° 0515244-A-2005-IN-1601-UNICA, su fecha 22 de
octubre del 2005. (...) Cabrejos Torres De Aybar Marisol: no registra movimientos migratorios
(fojas 50,394).

[195 ] Fojas 2,128 del D, Declaración de Liliana Villarreal Landeo, “Para que diga por que motivo
usted fue a retirar bienes muebles y documentos de la Empresa Nippon Cororatión, cuyas oficinas
estaban en el distrito de La Molina, inmueble denominado como la Casa Blanca, dijo: (...) al ver
que no teníamos plata con mi cuñada Marisol tomamos la iniciativa de trabajar cada uno, una
semana en la cochera del jirón Lampa, siendo Marisol Cabrejos quien trabajo la primera semana y
ante esta situación el dueño de la cochera enterado de los problemas (...) propuso rescindir el contato
(...).”
                                                                                                      197


         han sido probados, los que admitió y explico en forma uniforme desde la
         etapa instructiva[ 196 ], y juicio oral como puede verificarse con la lectura
         del acta de Sesión N° 7 fojas 31,193 a 31,283 del Tomo S-1, versión
         corroborada con las declaraciones de don Camilo Ampudia del Aguila
         dada en Sesión N° 65 de fecha 16 de febrero del 2005 que obra de fojas
                                  -2,
         42,693 a 42,695 del Tomo J la del co-acusado Juan Manuel López
         Rodríguez en Sesión N° 26 de fecha 13 de julio del 2004 que se anexa a
         fojas 36,802 del Tomo A-2, y la de don Victor Ivachine quien refirió haberlo
         conocido recién el día 19 de enero[ 197 ] Cabe agregar que la empresa




[196 ] Fojas 1,991 a 1,992 Tomo D, Declaración Instructiva de Carlos Ramón Reategui Alencar. “Para
que diga: bajo que circunstancias conoce usted a Juan Manuel López Rodríguez y si con esta
persona formo usted alguna sociedad comercial, Dijo: (...) López Rodríguez se presentó a la oficina
del declarante en la compañía de su ex cuñado (...) para que le ayude y le apoye para alistar la
documentación para ver el producto (...) entregándole una factura de la empresa Desarrollo Forestal
(...) dichas documentaciones fue entregada para supervisar únicamente la carga (...) este hecho
                                                                   es
ocurre el 18 de marzo de 1999, el día 19 de este mismo m se encuentra con Juan Manuel en el
aeropuerto, presentándole a José Luis Aybar Cancho, como que este tenia el pelo corto le pregunto
(...) si era militar contestándole (...) del Ejercito (...) en actividad (...), en ese acto viernes 19 Juan
Manuel le solicita si podía conseguir gasolina para el avión (...) se van a consultar a las oficinas de
Petro Perú (...) cuando salieron de las oficinas (...) José Luis no se encontraba en donde le habían
dejado (...) circunstancias donde escucha del avión ruso que recién el declarante lo vio lo llama (...)
un Mayor de la Policía Nacional manifestándole que había una bomba, indicándoles que revisaran
(...) estaba revisando la carga cuando llegó un Comandante de la Policía Nacional de apellido
Huevin Culqui a quien cuando revisaba la carga le manifestó que afuera estaba un capitán del
ejército quien le podía dar mayor información de la carga (...) el declarante encontró al Capitán José
Aybar (...) en la vereda del terminal parado, preguntándole que es lo que pasaba como me hacen esto
(...) y cerca de este capitán también estaba un técnico del ejército y dos soldados uniformados, el
capitán se constituyó en el lugar donde se encontraba el Comandante Huevin presentándose este
como capitán del ejército y también en ese rato llega el general de la Policía Nacional de apellido
Herrera, ante quien el capitán Aybar se presentó también como tal (...) después de salir del lugar el
capitán y el comandante se acercaron donde estaba la madera y el comandante le dijo al capitán si
podían romper la madera (...) después que el joven hablo con la fabrica, (...) llego un señor canoso
(...) y de ahí aparece el ruso Víctor (...) el comandante le dijo, puedes retirarte Reategui,
circunstancias en que se dirigió al Capitán Aybar sabes hermano ya no quiero saber nada y el
declarante se fue”. A Fojas 1,993. “Para que diga en cuantas oportunidades usted ha visto y
conversado con el Capitán José Aybar; dijo: (...) la segunda vez que lo vio fue cuando Juan Manuel
lo llamó por teléfono y lo citó para que conversará y le explicará el problema que había ocurrido y el
declarante se negó y a su insistencia (...) acudió al Hotel Victoria Regia, lugar del cual salieron Juan
Manuel y el Capitán José Aybar Cancho, al bar del hotel (...) circunstancia que llego una persona
(...) y conversaron con el capitán José Aybar quien le dijo comandante ya sabe el problema que ha
pasado (...)”. Fojas 1,994 “Para que diga cuantas oportunidades usted ha conversado con Juan
Manuel López Rodríguez, dijo: La primera vez cuando llega a mi oficina el día jueves, la segunda
vez en el aeropuerto, (...) siendo las cinco y media de la tarde que el declarante se retira del
aeropuerto lo encuentra en su oficina (...)”.

[197 ] Fojas 35,379 del Tomo Y de la Sesión N° 20 de fecha 03 de junio del 2004, (Declaración de
                              -1,
Víctor Ivachine) “Defensa del procesado Reategui Alencar: Para que diga si anteriormente al
diecinueve de marzo del noventinueve, conocío a Reategui Alencar. Acusado responde en idioma
ruso. Traductora: No, por primera vez lo he visto a él, en el aeropuerto el día diecinueve.
                                                                                                  198


        encargado del despacho de la mercadería a exportar era Panalpina, como
        se prueba con la guía de fojas 325 del Tomo A.


327.    La conducta de los procesados, ha sido de colaboración en el
        esclarecimiento de los hechos denunciados. No han obstruido ni dificultado
        la actividad probatoria.




        Por Duda a:
        José Delmar Colina, respecto de los delitos antes señalados, al igual que a
        Liliana Villarreal Landeo, Alex Víctor Torres Seminario y Ana Doris
        Aybar Cancho.


328.    De la prueba actuada, se ha podido establecer que Delmar Colina, se
        vinculo con José Luis, Luis Frank Aybar Cancho y López Rodríguez desde
        fines de 1998[198 ], que viaja a Jordania en dos oportunidades pagando
        NIPPON CORPORATION                   sus gastos[ 199 ]. Manifestación en la que se
        ratifico al continuar su declaración instructiva contenida en las acta que
        corre de fojas 527 a 531 del Tomo A, precisando como fecha en que conoce
        a Jose y Luis Frank Aybar Cancho enero y febrero de 1,999, que viajó a


[198 ] Fojas 229 a 230 del Tomo A. Manifestación de José Alejandro Delmar Colina.
“PREGUNTADO DIGA: ¿Detalle usted la forma y circunstancias en que conoció a los hermanos
Aybar Cancho y a Juan Manuel López Rodríguez. Así mismo diga que servicios remunerados les
prestó a los antes indicados?. Dijo: Que aproximadamente en el año 1993 conocí a Juan Manuel
López Rodríguez (...) A fines de 1998 me llama Juan Manuel y me comenta que se encontraba
trabajando con un grupo importante de personas relacionadas al Gobierno (...) en forma especifica
recuerdo que en representación de NIPPON CORPORATION Juan Manuel López Rodríguez me
presentó como su asesor financiero (...). A Luis Frank y José Luis Aybar Cancho en circunstancias
que visite las Oficinas de NIPPON CORPORATION (...) Viaje a Francia y Ámsterdam en
diciembre de 1999, en uno de los viajes conocí a Charles Acelor en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez habiéndomelo presentado el señor José Aybar (...)

[199 ] Fojas 230 Tomo A; Declaración de Alejandro Delmar Colina, “PREGUNTADO DIGA. ¿En
cuantas oportunidades viaja a Amman Jordania, porque motivos específicos, en qué fechas y
compañía de quien o quienes? Dijo: Que, he viajado a Amman Jordania en dos oportunidades, no
recuerdo la fechas, pero en ambas oportunidades NIPPON CORPORATION ha costeado mis
pasajes, esto por una gestión muy especial de Juan Manuel López (...) pregunte a Juan Manuel
López si tenía gente que podía ayudar en este tema, respondiéndome que tenia gente muy
importante, en esa ciudad Juan Manuel López me presento a Santos que tenia un dedo chancado,
después me presentó a Sarkis, como la persona que me iba a ayudar con el problema de las resinas
(...) estando en esa ciudad el señor Santos me refirió que todas las operaciones que ellos para el Perú
eran apoyadas por Sarkis (..)”.
                                                                                                 199


        Jordania entre el mes de mayo y junio del 1999, que para los hermanos
        Aybar solo ha viajado a Amsterdan, en la primera oportunidad viajo con
        Acelor Cokeran a quien se lo presenta José Luis Aybar Cancho, preguntado
        sobre los gastos de esos viajes, dijo que los asumieron los hermanos Aybar
        Cancho[200 ], aclaro su respuesta “que el pasaje a Jordania se lo pagó
        López Rodríguez y seguramente López Rodríguez a su vez lo hacia pagar a
        Nippon” (ver fojas 530 vuelta del Tomo A), hizo saber que conoció a Sarkis
        Soghanalian por intermedio del antes nombrado. Al recibirse su
        declaración en Sesión N° 13 que se agrega de fojas 33,121 a 33,259 del
        Tomo V-1, dijo conocer a López Rodríguez desde el año 1992
        aproximadamente (fojas 33,147), cambia su versión en cuanto a su relación
        con los procesados Aybar Cancho, refiere que conoció a José Luis en
        marzo del noventinueve y no lo vuelve a ver hasta setiembre de ese año y
        que a Luis Frank lo conoce recién en enero del dos mil[ 201 ], en cuanto a sus
        viajes, admitió haberlo hecho dos veces a Jordania entre junio y julio del
        noventa y nueve, que fue presentado ante Sarkis Soghanalian. En un acto
        de defensa cambia su versión respecto a quien asumió el costo de sus
        viajes, desligándose de sus co acusados sostiene que él los costeo[ 202 ] La
        Sala se pregunta: Si López Rodríguez quien era Ingeniero Comercial se




[200 ] Fojas 528 vuelta del Tomo A. Declaración de JoséAlejandro Delmar. “Para que diga, cuanto le
pagaron a usted los hermanos Aybar por esos tres viajes aparte de pasajes, gastos de estadía, dijo:
Que no me pagaron ningún sueldo, solo los pasajes y los gastos de estadía, no pagándome
honorarios siendo los viáticos de dos mil dólares por cada viaje; pasajes los compraban ellos ya que
yo de ellos recibía los pasajes de ellos y no recibí dinero por honorarios ya que estaba realizando un
trabajo en conjunto en el futuro”.

[201 ] Fojas 33,147 del Tomo V-1 de la Sesión N° 13 de fecha 15 de abril del 2004, (Declaración de
José Alejandro Delmar Colina) “Señor Fiscal Superior: (...) y desde cuando usted conoce o en que
circunstancias conoce a José Luis Aybar Cancho; Acusado: A José Luis Aybar Cancho me lo
presenta Juan Manuel López más o menos en marzo del 99, (...) y no lo vuelvo a ver hasta más o
menos (...) en setiembre aproximadamente del 99”.. Fojas 33,148. “Señor Fiscal Superior: Y al
acusado Luis Frank Aybar. Acusado: A Luis Frank Aybar Cancho lo conozco en enero del 2000
(...)”.

[202 ] Fojas 33,158 a 33,159 Tomo V-1 de la Sesión N° 13 de fecha 15 de abril del 2004;
(Declaración de José Alejandro Delmar Colina) “Señor Fiscal Superior: Quién le pago los pasajes,
quién costeó lo de su viaje, este primer viaje a Jordania. Acusado: Yo personalmente. Señor Fiscal
                                                                              i
Superior: De su peculio personal o de la empresa. Acusado. No, era de m peculio personal, el
pasaje costaba alrededor de mil cuatrocientos dólares. Señor Fiscal Superior: Usted estaba entonces
muy interesado en (...) este negocio (...). Acusado: Si, no podía esperar la decisión de la Junta de
Acreedores para que me de una autorización para poder solventar mis gastos.
                                                                                                   200


         encontraba en Jordania, sin ocupación alguna en esos momentos,[203 ]:
         cuan necesaria era su presencia?.


329.     Los viajes con Acelor si bien no cambia su versión, es insostenible la
         explicación que da [204 ], al interrogatorio que formula la defensa del antes
         nombrado en la que señala que viajo para conversar con Acelor en
         Amsterdan[205 ], hecho admitido con evasivas por el antes nombrado[ 206 ].
         La pregunta es que hacían dos financistas que se habian vinculado con los
                                 n
         procesados Aybar Cancho e Europa, específicamente en la ciudad de
         Amsterdan, citada por Yu Kuchin como uno de los lugares usado para sus
         actividades.- (Ver carta de fojas 948).


330.     La evidente actitud obstruccionista de la actividad probatoria por parte de
         los co acusados, quienes en forma unánime se han declarado inocentes, no
         ha permitido conocer de las actividades de Delmar Colina, los indicios

[203 ] Fojas 36,737 del Tomo A-2 de la Sesión N° 26 de fecha 13 de julio del 2004 (Declaración de
Juan Manuel López Rodríguez) “Señor Fiscal Superior: Usted no ha dicho, que se dedicaba también
a la traducción, que usted era traductor (...). Acusado: Claro, no, en ningún momento yo he hecho
cargo de ningún papel de traductor, (...), pero mi trabajo era profesional, como Ingeniero Comercial,
especializado justamente en la Asesoría de Empresas, del punto de vista de transporte marítimo.

[204 ] Fojas 33,174 del Tomo V-1 de la Sesión N° 13 de fecha 15 de abril del 2004; (Declaración de
José Alejandro Delmar Colina) “Señor Fiscal Superior: (...) se lo presentan en el aeropuerto, José
Luis le dice que tiene que hablar con Acelor porque es una persona importante, etc., y usted viaja
para reunirse con él hasta Amsterdan. Acusado: O sea, yo viajo más que nada para reunirme con las
personas que él se iba a reunir (...). Fiscal Superor: Y que personas conoció. Acusado (...)
banqueros, nombre no le podría decir, tendría que buscar tarjetas de ellos”.

[205 ] Fojas 33,243 del Tomo V-1 de la Sesión 13 de fecha 15 de abril del 2004 (Declaración de José
Alejandro Delmar Colina) “Defensa de Acelor Cokeran: El acusado ha referido que conoce a Acelor
en el aeropuerto y viaja con él con el objeto de conversar sobre el financiamiento de algunos
proyectos; mi pregunta es, por qué esta reunión no se aprovecha que se haga en el Perú, cuando
Acelor estuvo en el Perú, cómo explica esto que tuvo que subir a la volada para reunirse con Acelor
(...) Acusado: El señor Acelor (...) esta siempre continuamente viajando (...) yo no lo conocía (...) si
lo hubiera conocido antes, hubiera buscado una situación acá, aparentemente Acelor estuvo reunido
con el señor José Aybar y producto de esas reuniones es que este señor Aybar me dijo si yo podía
acompañar al señor Acelor, (...) si me lo presenta inmediatamente trato de que se quede unos días
más, para cerrar el tema”.

[206 ] A fojas 36,199 a 36,202 del Tomo Z-1 de la Sesión N° 23 de fecha 24 de junio del 2004.
(Declaración Charles Max Damien Acelor) “Señor Fiscal Superior: Usted conoce al acusado Delmar
Colina. Acusado responde en idioma frances. Traductora: Si doctor (...) estuvimos juntos en
Amsterdam (...) Lo conocí en el avión (...) me habían hablado de Delmar Colina, me habían dicho
que quizás viajaría en el mismo avión que yo y él se acercó a mí en el avión. (..) yo lo encontré en el
avión y me acuerdo muy bien de eso (...) El se presentó haciendo referencia a Aybar Cancho (...) Si
lo encontré de nuevo (...) no recuerdo si fue en Lima o quizás en Miami o en Amsterdam.
Seguramente Amsterdam, una de esas tres ciudades (...)”.
                                                                                            201


        precedentemente enunciados, generan duda sobre su inocencia, empero no
        son suficientes para condenarlo.


331.    Liliana Villarreal Landeo cuya calidad de cónyuge de Luis Frank Aybar
        Cancho esta probada con la partida de matrimonio de fojas 58,382 del
        Tomo E-3, como se ha señalado en el fundamento 323 tenia la calidad de
        Directora de la empresa Nippon Corporation S.A., a su vez integraba el
        Directorio de Nippon Textil S.A. (Ver fojas 2,384 y 2,385 del Tomo D). Ha
        pretendido desvincularse de los hechos, alegando vivir separada de su
        cónyuge co-acusado, lo que no es cierto, este se encontraba en su domicilio
        el día 16 de agosto del 2000 en que se produce la detención de su hermano
        José Luis en las primeras horas de la mañana[207 ]. Registra viajes al
        extranjero[208 ]: explico que en el segundo viaje a FrancIa se reúne con su
        esposo. Si ella no generaba ingresos, quien costeo los viajes                     fue su
        cónyuge. La pregunta es conocía de las actividades de este y de sus
        coacusados, la que le permitía asumir esos gastos?. El constituirse el
        27.AGO.OO a las oficinas de la empresa donde fue intervenida sito en
        Calle N° 04 Mz. GC Lote 25 (Ver Acta de fojas 12 del Anexo I del
        Atestado), cuando era un hecho publico y notorio por la denuncia que el
        Presidente de la República había formulado: las ilícitas actividades en que
        se habían involucrado sus parientes por afinidad, es mas conocía
        personalmente de la detención de su cuñado José Luis Aybar Cancho, pues
        ocupan un departamento en el mismo edificio, restan firmeza a la
        explicación que da para justificar su concurrencia a ese local. La intención
        de encubrir el patrimonio adquirido con las ilícitas actividades de sus
        coacusados, dada su formación universitaria, constituyen referentes de que
        conocía que las actividades de su cónyuge y sus hermanos acusados
        generaban ingresos, que les permitían efectuar cuantiosas inversiones en
        viajes y otros, no acordes con el desarrollo normal de la empresa, mas ello



[207 ] Fojas 941 Tomo B, obra el Parte N° 249 –DINSE. No señala la hora de intervención

[208 ] Fojas 50,401 del Tomo T Nombre: VILLARREAL LANDEO LILIANA; Nacionalidad:
                              -2.
PERUANA; Fecha de movimiento: 2000-03-04; Proc/Dest FRA; Pasaporte: 1854408, Calidad
Migratoria: Peruano;
                                                                                               202


        no es suficiente para imputarle responsabilidad, surgiendo dudas que se
        resuelven en forma favorable a su presunción de inocencia.


332.    Alex Víctor Torres Seminario, acusado cuya vinculación con José Luis, Luis
        Frank Aybar Cancho y la empresa Nippon Corporation S.A. se conoce a
        partir de las exportaciones que realizan los antes nombrados por
        intermedio de la empresa Nippon Corporation S.A. desde esta ciudad a la
        de Ammán. De acuerdo a la documentación aportada y examinada en el
        fundamento 197, la participación de su empresa, A.T.S.S.R.Limitada,
        inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 1989 como se prueba
        con la ficha de fojas 354 Anexo I del Atestado, era la prestar servicio para
        esas actividades, relativas a la importación y exportación en general,
        transporte aéreo, terrestre, maritimo, fluvial y otros; facilitando al cliente
        la tramitación de la documentación respectiva y el embarque de sus bienes,
        estándole permitido obtener permisos para que estos los supervisen, como
        lo hizo. Su actividad fue mas allá, pues ha admitido que los ayudo a
        adquirir los bienes a exportar[209 ], incluso contrato los servicios de Meza
        Rodríguez a propuesta de los Aybar Cancho, según refirió Delmar Colina
        desde la etapa instructiva y en el acto oral, se involucro en proyectos[210 ] y
        con posterioridad al arribo de las aeronaves al aeropuerto internacional
        Jorge Chavez, viajo al Brasil (Ver fojas 50,400 del Tomo T-2) donde los co-
        acusados Aybar Cancho le remitieron dinero (Ver fojas 803 del Anexo B de
        la Procuraduria). Si bien toda la actividad comercial con los antes

[209 ] Fojas 34,568 a 34,569 Tomo X-1; Sesión N° 17 de fecha 13 de Mayo del 2004; (Declaración de
Alex Víctor Torres Seminario) “Señor Fiscal Superior: Nos puede decir brevemente en que iba a
consistir su trabajo. Acusado: Mi trabajo consistía, primero en localizarles el mejor producto del
mercado, (...) les hacia llegar las muestras de los productos a través de Freddy Castillo (...) o el
señor Luis Aybar, le entregaba las muestras y ellos decidían que productos comprar y las cantidades
(...) entonces me daban la relación, presentaba el producto (...) yo hablaba con el proveedor, ellos
personalmente (...) a través del mismo Luis Aybar o a través del señor Freddy Castillo (...) iban y
hacían los pagos, (...) de mercadería, digamos los pagos de montos altos los hacían ellos y la
relación de gastos digamos el promedio de gastos (...)”.

[210 ] Fojas 33,217 a 33,218 del Tomo V de la Sesión N° 13 de fecha 15 de Abril del 2004;
                                             -1
(Declaración del Acuado José Alejandro Delmar Colina) “Señora Directora de Debates: A Alex
Torres Seminario, usted también lo llega a conocer (...) Acusado: Lo conozco a Alex Torres, cuando
empezamos a ver la parte del proyecto de los buses, esto ya es en el dos mil, ahí es cuando lo
conozco (...). Señora Directora de Debates: Torres Seminario mantenía vínculos con Nippon, ellos
se lo presentan.. Acusado: Si, en esa época me lo presentan para ese efecto. Señora Directora de
Debates: Usted había visto antes a Torres Seminario en las oficinas de Nippon (...). Acusado: Si lo
había visto (...) En algunas oportunidades, si lo vi.”.
                                                                               203


       nombrados esta debidamente documentada y se ha efectuado con
       observancia de las formalidades legales, no existe certeza absoluta de que
       se hallan limitado a lo que se conoce, más no existe prueba que permitan
       fundamentar una condena.


333.   Ana Doris Aybar Cancho, hermana de los co-acusados José Luis, Luis
       Frank, Brichani Wilford y Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar
       Cancho, ha demostrado durante el desarrollo del proceso, ser una persona
       que no respeta las normas, como es de advertirse del acta de fojas 22,319 a
       22,323 del Tomo H-1, su osadía la llevo a ingresar a la Sede Judicial del
       Callao, donde debia realizarse una diligencia de confrontación lo que no le
       era permitido y también colaborando con sus hermanos, a perturbar a la
       señora abogada del procesado Montesinos Torres como consta del acta de
       Sesión N° 109 que obra de fojas 50,393 a 50,695 del Tomo T-2. Trabajaba
       con ellos en el desarrollo de sus actividades empresariales, por lo que se
       vinculo con López Rodríguez, Acelor Cockeran e Ivachine, conoció a
       Cenepo Shapiama y a Meza Rodríguez a quienes pago o dio adelantos por
       sus servicios, remitió dinero a sus hermanos acusados y a terceros. No se
       ha podido establecer que fue ella, quien remitió el Certificado de Uso Final
       a Jordania, ni que conocía las actividades de todos los nombrados. Ha
       obstruido la actividad probatoria, con negativas frente a hechos evidentes,
       por lo que la prueba actuada hasta el momento, no justifica una condena.


334.   Por constituir actos preparatorios no punibles:


       A don Alfredo Landeo Bastidas.
       Conforme el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal, “La pena,
       necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos
       tutelados por ley”:


335.   Aparece de la acusación fiscal, que la conducta que se imputa al procesado
       Landeo Bastidas, Delito contra la Administración Pública – Contra la
       Administración de Justicia – Encubrimiento Real en grado de Tentativa,
                                                                                 204


       esta constituida por el hecho de haber ingresado el 27 de agosto del 2000
       al inmueble sito en Calle 04 Mz. GC, Lote 25 de la Urbanización “Santa
       Patricia”, distrito de La Molina, donde funcionaba una de las oficinas de
       Nippon Corporation S.A., intentando ocultar documentación relacionada
       con los delitos materia de investigación.


336.   Don Alfredo Landeo Bastidas fue intervenido cuando se encontraba con su
       sobrina Liliana Villarreal Landeo quien es esposa del acusado Luis Frank
       Aybar Cancho, desarmando los muebles de oficina, esto es, en la fase de
       los llamados actos preparatorios: No punibles, en atención a que como lo
       señala el ya citado art. IV del Título Preliminar del Código Penal, se
       reprime la ejecución del delito, constituyéndose como limite genérico para
       la intervención penal, el inicio de los actos constitutivos de la conducta
       típica.


337.   La Sala deja constancia, que desde el 27 de agosto del 2000 (en que se
       atribuye la comisión del delito) hasta la fecha en que se dicta ésta sentencia
       han transcurrido 6 años y 25 días, por lo que la acción penal ha prescrito;
       no obstante ello la no proposición como medio técnico de defensa por parte
       de la defensa, importa una renuncia tácita.




       De la absolución de todos los procesados, comprendidos en
       agravio del Estado Colombiano.


338.   Al formularse acusación fiscal se comprendió al Estado Colombiano como
       agraviado, por la comisión de los hechos criminales que se denunciaban.


339.   Como se ha señalado en fundamento precedente, la extensión de la
       jurisdicción del órgano nacional, se sustenta en que el bien jurídico
       afectado esta constituido por el deber que tiene el Estado de respetar y
       hacer que sus nacionales respeten la soberanía de los Estados extranjeros,
       dentro del lineamiento constitucional de integración latinoamericana,
                                                                            205


       como forma de contribuir a la paz y el respeto a los derechos humanos de
       los pueblos, consecuentemente el Estado Colombiano no tiene la calidad de
       agraviado, por lo que cabe absolver a LUIS FRANK AYBAR CANCHO,
       JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO, SANTOS CENEPO SHAPIAMA , LUIS
       ALBERTO       MEZA      RODRÍGUEZ,        JUAN     MANUEL        LÓPEZ
       RODRÍGUEZ, CHARLE ACELOR COKERAN o CHARLES ACELOR
       COKERAN o CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN o
       CHARLES MAX DAMIAN ACELOR COKERAN, LUIS JORGE
       GARCÍA TAMARIZ, CARLOS RAMÓN REÁTEGUI ALENCAR,
       AGAPITO MÁXIMO NAVARRO QUISPE, ALEX VÍCTOR TORRES
       SEMINARIO,       LILIANA      VILLARREAL         LANDEO,      MARISOL
       CABREJOS TORRES, JOSÉ ALEJANDRO DELMAR COLINA, ANA
       DORIS AYBAR CANCHO, CARMEN ASTRIT AYBAR CANCHO o
       ASTRITH AYBAR CANCHO, BRICHANI AYBAR CANCHO o
       BRICHANI WILFORD AYBAR CANCHO, SARKIS SOGHANALIAN o
       SARKIS SORGHA NORIAN o ZARKIS SORGHAN NORIAN o
       ALESANDRETTE SOGHANALIAN SARKIS, GREGORIO QUINO
       CHÁVEZ, de la acusación fiscal por los delitos de contra el Estado y la
       Defensa Nacional – Delitos que Comprometen las Relaciones Exteriores del
       Estado – Violación de Soberanía de Estado Extranjero; contra el Estado y
       la Defensa Nacional – Delitos que Comprometen las Relaciones Exteriores
       del Estado – Actos Hostiles contra Estado Extranjero; contra el Estado y
       la Defensa Nacional – Delitos que Comprometen las Relaciones Exteriores
       del Estado – Conspiración contra Estado Extranjero; contra la Seguridad
       Pública – Delito de Peligro Común – Suministro de Armas; contra la
       Tranquilidad Pública – contra la Paz Pública – Asociación Ilícita para
       Delinquir, en agravio del Estado Colombiano.


340.   A los acusados DMITRI NAFIKOV, ERNEST SEVOSTIANOV, IOURI
       KALIAN, BORYS TYMOFEYEV, VYACHESLAV ZAGURDAYEV,
       YEVGEN NEPOCHATOV o YAVGEN NEPOCHATOV, VALERI
       IGNATIEV,      SERGIY      BILIBUKHA,       MYKHAYLO        MOROZOV,
       ANATOLIY KAPELIST, DMYTRO CHORNY, ANDRIY NAYDENKO o
       ANDRLY NAYDENKO, VLADIMIR GAVRILOV, de la acusación fiscal
                                                                               206


        por los delitos de contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
        Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado – Violación de
        Soberanía de Estado Extranjero; contra el Estado y la Defensa Nacional –
        Delitos que Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado – Actos
        Hostiles contra Estado Extranjero; contra la Seguridad Pública – Delito
        de Peligro Común – Suministro de Armas; contra la Tranquilidad Pública
        – contra la Paz Pública – Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio del
        Estado Colombiano.


341.    Al acusado VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, de la acusación fiscal
        por los delitos de contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
        Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado – Violación de
        Soberanía de Estado Extranjero; contra el Estado y la Defensa Nacional –
        Delitos que Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado –
        Conspiración contra Estado Extranjero; en agravio del Estado
        Colombiano.


342.    Al acusado TOMAS MEDINA CARACAS o TOMAS MOLINA
        CARACAS, de la acusación fiscal por el delito de contra la Seguridad
        Pública – Delito de Peligro Común – Suministro de Armas; en agravio del
        Estado Colombiano.




V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA


       La Sala precisa, desde la perspectiva del derecho internacional y del
       derecho constitucional



343.    El delito de suministro de armas, es per se atentatorio contra diversos
        principios y normas del derecho, tanto de orden constitucional cuanto de
        orden internacional, a nivel de derecho internacional público, derecho
        internacional   de   los   derechos   humanos   y   derecho   internacional
        humanitario.
                                                                                               207




344.    Afecta las relaciones exteriores del Estado, que se enmarcan dentro de lo
        previsto por el artículo 44° de la Constitución, que busca promover la
        integración latinoamericana como parte de la política exterior del Perú.


345.    Este caso vulneró el artículo 1° de la Carta Constitucional que consagra la
        defensa de la persona y el respeto de su dignidad como fin supremo de la
        sociedad, en la medida que el suministro de armas a la guerrilla
        colombiana implicaba la aceptación del probable uso de este armamento
        para la comisión de graves violaciones al derecho internacional
        humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, tales
        como los atentados contra la vida y la integridad corporal de civiles,
        especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos
        crueles y degradantes y en general atentados contra la dignidad personal.


346.    Cabe señalar que, si bien este principio constitucional rige para el
        ordenamiento        jurídico    interno,     hoy    asistimos     a    un    proceso     de
        constitucionalismo global que implica que el Estado Constitucional, como
        bien apunta Peter Häberle, “no pueda desentenderse de representar hacia
        fuera los mismos valores que considera en lo interno como elementos de su
        identidad y de su concepción de sí mismo”[ 211 ].


347.    La época del constitucionalismo global - recordemos que para Luigi
        Ferrajoli está aún en proceso de formación un “constitucionalismo de
        derecho internacional”[ 212 ] -          supone que los Estados no sólo están
        llamados a contribuir a garantizar los derechos de sus nacionales, sino
        además a aportar a la construcción de un garantismo internacional. Para
        ello, sin embargo, es necesario, entre otros elementos, un dialogo
        interjudicial tanto entre tribunales nacionales como con los tribunales




[211 ] Häberle, Peter, El Estado Constitucional, Lima, UNAM-PUCP, 2da. edición, 2003, p. 75.

[212 ] Ferrajoli, Luigi, “La soberanía en el mundo moderno”, en Id. Derechos y garantías: La ley del
más débil, Madrid, Trotta, segunda edición, 2001, p. 152 y siguientes.
                                                                                               208


         internacionales, a fin de coadyuvar a la construcción de un orden mundial
         acorde con los principios de los derechos humanos[ 213 ].


348.     El Estado constitucional moderno se caracteriza por ser cooperativo y
         abierto. La apertura constitucional implica no solo un modelo de recepción
         jurídica del derecho internacional en el derecho interno[ 214 ], sino también
         la capacidad de contribuir a la solución de problemas comunes y de interés
         general para la comunidad internacional así como coadyuvar en la
         persecución y en la sanción de delitos que afectan el orden mundial. En fin
         de cuentas, todo esto se torna en una obligación para los Estados antes que
         en un mero acto de voluntad, en la medida que ellos están llamados a
         fortalecer y preservar el orden y los principios comunes de la sociedad
         internacional.


349.     Cabe relevar que los actos ilícitos cometidos, repercutían directamente
         contra las obligaciones de respeto y garantía de los derechos
         fundamentales de las personas que se encuentran consagradas por el
         derecho internacional de los derechos humanos, como son el Pacto
         Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
         sobre Derechos Humanos, entre otros.


350.     La comunidad internacional ha mostrado su rechazo en torno al trafico de
         armas en diversas instancias. En la actualidad, la regla establecida de
         manera sistemática en el ámbito internacional es que cada Estado asuma la
         obligación de combatir esta actividad, debido a sus efectos nocivos contra
         la seguridad de cada Estado y la comunidad internacional en su conjunto,
         pues se pone en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y
         económico y su derecho a vivir en paz. A nivel interamericano, de la propia


[213 ] Del Toro Huerta, Mauricio Iván, “La apertura constitucional al derecho internacional de los
derechos humanos en la era de la mundialización y sus consecuencias en la práctica judicial”, en
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, año XXXVIII, N° 112, enero-abril del
2005, p. 355. Cf. También Cancado Trindade, Antonio, “La interacción entre el derecho
internacional y el dercho interno en la protección de los derechos humanos”, en Id., El derecho
internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, Santiago, E ditorial Jurídica de Chile, 2001,
p. 270 y ss.

[214 ] Del Toro Huerta, Mauricio Iván, op. cit., p. 356.
                                                                                                   209


        Comunidad Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los
        Estados han ratificado esta postura.


351.    La Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1,997 aprobó la
        Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de
        Armas de Fuego, la misma que entró en vigencia el 07 de enero de 1,998 y
        que el Perú ratificó el 6 de abril de 1,999, realizó el depósito de dicha
        ratificación el 6 de agosto del mismo año y entró en vigor en nuestro
        ordenamiento el trigésimo día posterior a este deposito.


352.    Si bien el suministro de armas a las FARC ocurrido en 1,999 se realizó
        meses antes de que dicho instrumento internacional fuera vinculante para el
        país, ya la decisión y la voluntad del Estado de ratificar dicho tratado
        interamericano nos muestra su propósito de adherirse a los estándares
        internacionales que proscribían el tráfico ilícito de armas con fechas
        bastante anteriores a la de la Convención en mención.


353.    La ONU, desde 1,991, ha emitido una serie de directrices para la
        transferencia de armas, y en la actualidad distintas organizaciones y
        Estados se encuentran promoviendo un tratado de carácter universal sobre
        el tráfico ilícito de armas. Estas directrices señalan que los Estados deben
        “respetar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
        incluidos el derecho de legítima defensa; la igualdad soberana de todos sus
        Miembros; la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; la
        obligación de los Miembros de abstenerse en sus relaciones internacionales
        de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad
        territorial o la independencia política de cualquier Estado; el arreglo de
        controversias por medios pacíficos; y el respeto de los derechos
        humanos…”[215 ].




[215 ] Directrices de la ONU para las Transferencias Internacionales de Armas, párrafos 13 y 14.
                                                                               210


354.   Queda, pues, en evidencia la gravedad de los ilícitos penales investigados,
       por la afectación de diversos valores recogidos por el ordenamiento
       constitucional, los cuales buscan promover vínculos armoniosos entre el
       Perú y los restantes Estados de la Comunidad Internacional, favorables,
       ante todo, a la efectividad y maximización de los derechos humanos, la paz
       y la seguridad de las naciones.




       LA PRUEBA


355.   Como enseña Cafferata Nores: "La verificación de los hechos contenidos en
       la hipótesis acusatoria debe procurarse mediante el intento de su
       reconstrucción conceptual en el juicio. El medio más seguro de lograrlo de
       un modo comprobable y demostrable, es el de valerse de los rastros o
       huellas que tales hechos pudieran haber dejado en cosas (v.gr., daños) o
       personas (v.gr., pericias) o razonamientos (v.gr., indicios) sobre aquéllos:
       esto es lo que vulgarmente se conoce como prueba [ 216 ].


356.   En materia penal el tema de la prueba se vincula al derecho fundamental de
       la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional en la sentencia N°
       10107-2005-PHC/TC (Caso Cadillo López) ha dicho: "En el Sistema
       Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la
       presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la
       Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que
       'Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
       inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
       juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
       necesarias para su defensa. (...)'. De igual modo, el citado derecho es
       enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
       Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos


[216 ] CAFFERATA NORES, José I.- PROCESO PENAL Y DERECHOS HUMANOS, 2000,
Editores del Puerto s.r.l.- Buenos Aires, pág. 138 y 139
                                                                               211


       Humanos. En relación con esta última, “ (...) la Corte ha afirmado que en el
       principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías
       judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su
       culpabilidad es demostrada.


357.   En concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de
       los derechos humanos, el artículo 2.º, inciso 24, de la Constitución
       establece que 'Toda persona es considerada inocente mientras no se haya
       declarado judicialmente su responsabilidad'. De esta manera, el
       constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho
       fundamental. El fundamento del derecho a la presunción de inocencia se
       halla tanto en el principio-derecho de dignidad humana ('La defensa de la
       persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
       sociedad y del Estado', artículo 1.° de la Constitución), así como en el
       principio pro hómine".


358.   Precisando el contenido de este derecho el Tribunal en la misma sentencia
       señala que éste comprende : "el principio de libre valoración de la prueba
       en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que
       la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y
       que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la
       evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la
       responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la
       presunción (...) No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la
       presunción de inocencia, es pertinente hacer algunas precisiones
       adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en
       mención. En primer lugar, se quiere decir que, como todo derecho
       fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble
       carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también
       una institución objetiva dado que comporta determinados valores
       inherentes al ordenamiento constitucional"; Miranda Estrampes llega a
                                                                                 212


         puntualizar que que el principio in dubio pro reo forma parte del núcleo del
         derecho a la presunción de inocencia[ 217 ].


359.     Maier, por su parte, precisa que el contenido del aforismo-principio in
         dubio pro reo es claro: "la exigencia de que la sentencia de condena y, por
         ende, la aplicación de una pena sólo puede estar fundada en la certeza del
         tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al
         acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del
         Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la            ley
         (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la
         absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda
         o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución"
         [218 ].




         La Valoración


360.     La valoración de la prueba - fase de la actividad probatoria en este estadio
         del proceso - se constituye como: "operación intelectual destinada a
         establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos (o
         sea, qué “prueba” la prueba). Tiende a determinar cuál es su verdadera
         utilidad a los fines de la reconstrucción conceptual del acontecimiento
         histórico cuya afirmación dio origen al proceso, en otras palabras, cual es
         el grado de conocimiento que puede aportar sobre aquél”. [ 219 ] .


361.     Conforme a ello, la Sala pasa a expresar los criterios valorativos sobre
         determinadas cuestiones relativas a la prueba en el proceso en concreto.




[217 ] MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. LA MINIMA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL
PROCESO PENAL, José María Bosch Editor, Barcelona 1997, pág. 617.

[218 ] Julio B.J.Maier. Ob. Cit. Pág. 495

[219 ] CAFFERATA NORES, José I. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Ediciones De Palma,
Buenos Aires 1998, pág.45 (subrayado agregado).
                                                                                213


       Declaración de los co-imputados: valor probatorio.


362.   En acuerdo plenario N° 2-2005/CJ-116- de fecha 30 setiembre de 2005- El
       Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitoria de la
       Corte Suprema de Justicia, ha precisado que: "Dos son las normas que
       rigen los fundamentos y criterios de valoración de la prueba penal. En
       primer lugar, el artículo 2°, numeral 24, literal d), de la Constitución, que
       consagra la presunción de inocencia; y, en segundo lugar, el artículo 283°
       del Código de Procedimientos Penales, que dispone que los hechos y las
       pruebas que los abonen serán apreciados por los jueces con criterio de
       conciencia. Ambas deben ser aplicadas, bajo la preeminencia del derecho a
       la presunción de inocencia. Si bien el Juez o la sala sentenciadora son
       soberanos en la apreciación de la prueba, ésta no puede llevarse a cabo sin
       limitación alguna, sino que sobre la base de una actividad probatoria
       concreta - nadie puede ser condenado sin pruebas y que éstas sean de
       cargo-, jurídicamente correcta - las pruebas han de ser practicadas con
       todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles-
       , se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de
       la experiencia- determinadas desde parámetros objetivos - o de la sana
       crítica, razonándola debidamente (...) El canon de suficiencia de la prueba-
       de la idoneidad de la prueba de cargo para fundamentar la incriminación
       del imputado-, sobre la base de la apreciación lógica realizada por el juez,
       en casos particularmente sensibles referidos a las declaraciones de los co
       imputados y de los agraviados - en los que por la posición especial de
       dichos sujetos en el proceso, por su relación con el objeto del proceso: el
       hecho punible-, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de
       determinadas reglas o criterios de valoración, que es del caso enunciar
       para asegurar la vigencia de las garantías de un proceso penal
       constitucionalmente configurado”.
                                                                                214


363.   Así, respecto a la valoración de la declaración de los co-imputados, con
       carácter de vinculantes, el Pleno ha establecido como circunstancias a
       valorar:


364.   Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del co
       imputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio.
       También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que
       éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de
       obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad
       están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se
       tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su
       vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.


365.   Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté
       mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra
       del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa,
       aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador.


366.   Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del
       coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no
       admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del
       proceso. El cambio de versión del co-imputado no necesariamente la
       inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de
       las declaraciones del mismo co imputado se hayan sometido a debate y
       análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada”.




       Absolución: ausencia de prueba, in dubio pro reo.


367.   Con acierto, Miranda Estrampes señala, como supuestos de absolución del
       imputado por aplicación del principio de presunción de inocencia:


368.   En los casos de ausencia de prueba adecuada; es decir, cuando las pruebas
       practicadas no presenten un carácter incriminatorio o inculpatorio, de las
                                                                               215


       que se pueda deducir la culpabilidad del acusado o cuando siendo "de
       cargo" no se hayan practicado con todas las garantías constitucionales y
       legales: es decir, cuando las pruebas no reúnan aquellas condiciones
       necesarias para que puedan servir de base para la formación de la
       convicción judicial. En estos casos, la presunción de inocencia, como
       verdad interina o provisional, conlleva la absolución del acusado
       cualquiera que sea el convencimiento íntimo del juzgador acerca de su
       culpabilidad. Este convencimiento se consideraría, a tal efecto, como
       irrelevante.


369.   En los casos de insuficiencia de la prueba de cargo: es decir, cuando a
       pesar de existir una prueba adecuada "de cargo", ésta no sea suficiente a
       los efectos de formar la convicción judicial acerca de la culpabilidad del
       acusado, eliminando toda duda razonable. Este venía siendo el campo de
       aplicación propio del principio in dubio pro reo. En la actualidad, la
       absolución por insuficiencia de prueba, es decir, por falta de pleno
       convencimiento del Juez en orden a la culpabilidad del acusado, no es más
       que una consecuencia de la aplicación de la presunción de inocencia como
       regla de juicio”.[ 220 ]


370.   En el primero de los supuestos la presunción de inocencia se mantiene y la
       aplicación del in dubio pro reo - en la ausencia de prueba (incluida en ella
       la "actuada" sin las debidas garantías) - resulta más que innecesaria,
       incongruente. En el segundo de los supuestos, actuada la prueba, su
       resultado no genera certeza en el juzgador, estando por ello - en
       cumplimiento de un mandato constitucional - obligado a la absolución del
       procesado en aplicación del principio in dubio pro reo, que (como ya se
       dijo) forma parte del contenido del derecho fundamental a la presunción de
       inocencia.




[220 ] MIRANDA ESTAMPRES, Manuel -LA MINIMA ACTIVIDAD PROBATORIA; José María
Bosch Editor, Barcelona 1997; Pág. 618
                                                                                          216


371.    Maier, en su conocido "Derecho Procesal Penal" ha dicho que: "La
        inocencia o la culpabilidad se mide, sin embargo, según lo que el imputado
        ha hecho o ha dejado de hacer en el momento del hecho que le es atribuido:
        es inocente si no desobedeció ningún mandato o no infringió ninguna
        prohibición o si, comportándose de esa manera, lo hizo al amparo de una
        regla permisiva que eliminaba la antijuridicidad de ese comportamiento, o
        bien concurrió alguna causa que eliminaba su culpabilidad o, en fin, se
        arriba al mismo resultado práctico ante la existencia de una de las causas
        que excluyen la punibilidad; culpable es, por el contrario, quien se
        comportó contraviniendo un mandato o una prohibición, de manera
        antijurídica, culpable y punible”[ 221 ]




        Prueba Indiciaria


372.    “El Código de 1940 no regula la prueba indiciaria, lo cual por cierto no
        significa que los tribunales no deben utilizarla, puesto que la prueba
        indiciaria no es más que un mecanismo intelectivo para la prueba” [ 222 ].


373.    Climent Durán la define como “la prueba de un hecho, de probanza
        dificultosa por inexistencia de prueba o por no ser convincente, mediante la
        prueba de otro u otros hechos conectados lógicamente con aquél, según
        criterios de experiencia, y no contradichos por otras pruebas, de manera
        que la prueba de este o estos hechos implica la prueba de aquel otro
        hecho” [ 223 ]; asumiendo la presunción como un verdadero medio de prueba
        y no un mero razonamiento indica: “las presunciones no son meros
        razonamientos judiciales que se desarrollan con posterioridad a la práctica
        de las pruebas de confesión, testifical, documental o de inspección ocular,

[221 ] Julio B.J.Maier. Derecho Procesal Penal.Tomo I; Editores del Puerto S.R.L. Buenos Aires-
2004-2da. Edición, pág.491.

[222 ] SAN MARTIN CASTRO, César. DERECHO PROCESAL PENAL. Editorial Jurídica Grijley
2003, pág. 853.

[223 ] CLIMENT DURÁN, Carlos. LA PRUEBA PENAL. Tomo I. Editorial Tirant lo Blanch, 2da
Edición, Valencia 2005, pág. 869.
                                                                                217


       con la simple finalidad de perfilar los correspondientes resultados
       probatorios obtenidos con estas pruebas, sino que se configuran como una
       prueba que parte de los datos fácticos aportados por esos medios
       probatorios directos y que, como éstos, han tenido también su
       correspondiente procedimiento probatorio” [ 224 ].


374.   El autor citado distingue entre presunción abstracta y presunción concreta,
       encontrándose entre la primera tanto la llamada presunción legal como la
       judicial, siendo lo resaltante de ella – en cuanto a su estructura – que dos
       hechos (el hecho básico y el hecho presunto) “están conectados a través de
       un juicio de probabilidad que a su vez se apoya en la experiencia, de
       manera tal que la probanza de uno conlleva la probanza del otro” [ 225 ]. En
       el caso de la presunción concreta, el juicio hipotético de la presunción
       abstracta se ha subsumido en el caso concreto “una vez que se ha
       practicado o podido practicar la correspondiente contraprueba y se ha
       comprobado judicialmente la existencia de un enlace racional entre el o los
       indicios y el hecho presunto, con descarte de cualquier otro posible hecho
       presunto. En puridad ya no cabe hablar de hecho presunto, sino de hecho
       probado. Su fundamento ya no se asienta en un juicio de probabilidad, sino
       en juicio de certeza (certeza moral), como cualquier otro medio probatorio,
       al que la presunción se parifica” [ 226 ].


375.   Lo citado reviste capital importancia en el proceso penal, puesto que la
       presunción – en el sentido técnico del término – puede constituir causa
       suficiente para destruir la presunción de inocencia, habida cuenta de que
       en muchos delitos resulta difícil o imposible recurrir a la prueba directa; y
       nos introduce al tema de la estructura de la presunción y sus requisitos
       doctrinarios y jurisprudenciales.




[224 ] CLIMENT DURÁN. Ob. Cit. pág. 886

[225 ] CLIMENT DURÁN. Ob. Cit. pág. 870.

[226 ] CLIMENT DURÁN. Ob. Cit. pág. 871.
                                                                                   218


376.   Respecto de la primera, ésta se compone de los indicios : “hecho base de la
       presunción. Es el punto de arranque o de apoyo de la presunción, es decir,
       su elemento estático, frente al elemento dinámico –consistente en el enlace
                                                                           227
       entre el hecho demostrado y aquel que se trata de demostrar –”            , debe
       encontrarse plenamente acreditado y por lo general se exige su pluralidad.
       La presunción, que Miranda Estrampes llama ‘afirmación presumida’ y que
       define como: “la afirmación que se obtiene a partir de la afirmación base y,
       por tanto, es distinta a esta última. Tiene una evidente significación
       probatoria en cuanto aporta un dato probatorio de trascendencia en el
       proceso y es la que formará parte del supuesto fáctico de la sentencia”
       [228 ]. El enlace, que se constituye en nexo lógico entre el indicio y la
       presunción o afirmación presumida, tal nexo funda su racionalidad en las
       máximas de la experiencia; Climent Durán llega a afirmar: “Aquí radica la
       esencia de toda presunción. La conexión entre el hecho base y el hecho
       presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una
       máxima de experiencia, es la esencia definitoria de toda presunción. La
       máxima de experiencia constituye el origen de toda presunción” [ 229 ].


377.   En cuanto a los indicios, San Martin Castro, siguiendo la clasificación
       tradicional los distingue: (1) antecedentes, que “Están referidos a la
       capacidad para delinquir y a la oportunidad para la comisión de un delito”
       – en ellos se encuentra los denominados indicios de móvil delictivo, “que
       son indicios psicológicos de suma importancia, en el entendido que toda
       acción humana, y, especialmente la delictiva, que implica sanciones y
       molestias, tiene una razón, un motivo que la impulsa”[ 230 ]; (2)
       concomitantes, “que resultan de la ejecución del delito. Se presentan
       simultáneamente con el delito. A este grupo pertenecen los indicios de
       presencia y los indicios de participación en el delito”; (3) subsiguientes,



[227 ] MIRANDA ESTRAMPES. Ob. Cit. pág. 227 y 228.

[228 ] MIRANDA ESTRAMPES. Ob. CIt. pág. 229.

[229 ] CLIMENT DURÁN. Ob. Cit. pág. 926.

[230 ] SAN MARTIN CASTRO. Ob. Cit. pág. 862, 863.
                                                                                 219


       “los que se presentan con posterioridad a la comisión del delito (…) se
       trata de los indicios de actitud sospechosa”.


378.   Como filtros depuradores para tener al hecho presunto como hecho
       plenamente probado, Climent Durán señala: “la posibilidad de realizar una
       prueba desvirtuadora del hecho presunto (prueba de lo contrario) y, de otro
       lado, el último análisis judicial sobre la conclusión presuntiva, dirigido a
       descartar cualquier otra posible conclusión hipotética que pudiera
       derivarse de los indicios (infirmaciones)”[ 231 ]; es decir, la posibilidad de
       destruir la presunción ya formada.


379.   Respecto de la potencialidad probatoria de los indicios, elementos a partir
       de los cuales sólo es posible llegar a la certeza en determinados delitos,
       como los que son materia del proceso, siguiendo a Climent Durán
       corresponde precisar: " para iniciar un procedimiento penal basta con
       unos indicios de baja intensidad probatoria, caracterizados por una
       equivocidad o ambigüedad bastante elevada. La instrucción sumarial se
       encargará de confirmar o destruir tales indicios. Pero para procesar o
       inculpar a una persona, sometiéndola a un proceso penal, se requiere que
       esos indicios tengan mayor intensidad probatoria, y que por tanto su
       equivosidad sea menor. Por último para dictar una sentencia condenatoria
       es aún mayor la intensidad probatoria de los indicios, hasta el punto de que
       han de devenir totalmente inequívocos, con descarte de la menor
       ambigüedad, duda o reticencia sobre su eficacia probatoria.


380.   Mientras existan unos indicios que puedan ser calificados como equívocos o
       ambiguos, la apariencia puede prevalecer sobre la realidad, con lo que se
       carece de la suficiente certidumbre para fundamentar una sentencia
       condenatoria. En consecuencia, es preciso analizar todas y cada una de las
       posibles hipótesis presuntivas que pueden ser construidas a partir de los
       indicios que han sido probados durante el juicio, con la finalidad de
       descartar todas aquellas hipótesis que carecen de la suficiente


[231 ] CLIMENT DURÁN. Ob. Cit. pág. 945.
                                                                                              220


        racionalidad, hasta alcanzar siempre que sea posible- la tesis presuntiva
        correcta, porque tiene un sólido fundamento racional. Si no es posible
        llegar a ninguna conclusión presuntiva segura, la decisión final habrá de
        favorecer al acusado (favor rei o in dubio pro reo)”.[ 232 ]




VI. DE LAS NULIDADES


       NULIDAD DE ACTOS U OBLIGACIONES QUE DISMINUYAN O
       HAGAN IMPOSIBLE EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL.


381.    “Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al
        hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado
        y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos
        jurídicos celebrados de buena fe por terceros”.


382.    En estos términos, el artículo 97º del Código Penal regula la sanción de
        nulidad para aquellos actos u obligaciones contraídos luego de cometido el
        ilícito penal.


383.    Dada la naturaleza eminentemente civil de la reparación, en que coincide la
        doctrina – esto es, que en puridad de términos no “derive” del delito en sí,
        sino del daño que tal hecho ilícito cause, aún cuando no se configure como
        delito - la institución halla su fundamento en la protección y garantía del
        derecho de aquel afectado con el hecho punible a obtener una restitutio in
        integrum, y ello supone el derecho a la persecución de los bienes del
        obligado y la reconstitución de su patrimonio.


384.    Como enseña DE LA OLIVA SANTOS: “es el tratamiento procesal lo que
        diferencia las acciones civiles derivadas de comportamientos ilícitos no
        delictivos y estas acciones civiles originadas por comportamientos que


[232 ] Carlos Climent Durán. La Prueba Penal; 2da Edición, Tomo I, Tirant lo blanch, Valencia 2005,
pág. 948 .
                                                                                      221


       aparecen dentro de la esfera de la ilicitud criminal. Éstas últimas acciones
       pueden ser objeto de un proceso penal, al ejercitarse conjuntamente con las
       acciones penales y pueden verse reconocidas y satisfechas en la sentencia
       que pone fin a ese proceso penal. En vez de hablar de acciones civiles
       derivadas del delito, es preferible denominarlas acciones civiles ejercitables
       en el proceso penal” [ 233 ].


385.   Señala VIDAL RAMÍREZ que: “El acto nulo es, pues, el que carece de
       alguno de los elementos esenciales o el que se celebra con transgresión de
       normas preceptivas, de orden público y, por ello (…) no produce efectos –
       ni favorables ni perjudiciales – para los interesados, según el principio
       tradicional ‘quod nullum est nullum producit effectum”, aunque esta
       expresión no puede tomarse a la letra, sino sólo como que pretende
       considerar el acto como no celebrado y negarle eficacia” [ 234 ].


386.   La causal de nulidad sub materia se enmarca en el inciso 7 del artículo
       219º del Código Civil: “El acto jurídico es nulo: (…) 7. Cuando la ley lo
       declara nulo” (nulidad expresa); sin embargo, su fundamento último sólo
       puede entenderse en su causa: la finalidad evidentemente ilícita de quienes
       concertan para sustraer los bienes con los que el afectado por las
       consecuencias dañosas de un hecho punible podría resarcirse. Se trata de
       la valoración de los efectos que las partes se propusieron con la
       celebración de los actos o al contraer las obligaciones.


387.   Si bien es cierto, la nulidad que contiene el artículo 97º del Código Penal
       guarda relación y similitud con la acción revocatoria o de ineficacia del
       acto jurídico por fraude (regulada en los artículos 195° y siguientes del
       Código Civil), la finalidad perseguida: garantizar el pago de una eventual
       reparación civil, así como el hecho de que el crédito a favor de la parte

[233 ] DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara; HINOJOSA
SEGOVIA, Rafael; MUERZA ESPARZA, Julio y TOMÉ GARCIA, José Antonio. DERECHO
PROCESAL PENAL. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 6ta Edición 2003, pág. 238
y 239..

[234 ] VIDAL RAMIREZ, Fernando. TEORIA GENERAL DEL ACTO JURIDICO. Cultural Cuzco
S.A. Editores, Lima 1985. Pág. 510
                                                                                  222


        civil recién surja con la sentencia, justifican y sostienen la opción del
        legislador para sancionar con nulidad absoluta – y no con declaración de
        ineficacia – tales actos u obligaciones; su trámite en vía penal supone la
        especial relevancia y valoración de hechos y medios probatorios
        acreditados y actuados en “otro” proceso: el proceso dentro del cual se
        origina la incidencia. Como lo señala el autor antes citado (al referirse a la
        acumulación contingente y eventual de la acción civil al proceso penal):
        “Se trata de opciones legislativas que, por economía procesal, tienden a
        extraer del proceso penal la máxima utilidad en beneficio de la justicia, al
        aprovechar la prueba del hecho con resultados dañosos y la presencia en el
        proceso de los sujetos jurídicos implicados”[ 235 ].


388.    La diferencia entre la acción revocatoria por fraude y la de nulidad que el
        artículo 97º del Código Penal contiene, no obsta para distinguir entre ellos
        elementos similares o por lo menos afines. Así, el supuesto de la norma en
        comento exige:


        a) La comisión de un hecho punible.
        b) La existencia de actos y obligaciones celebradas o asumidas con
            posterioridad al hecho punible.
        c) La disminución – a causa de tales actos y obligaciones – en el patrimonio
            del obligado a la reparación civil.
        d) La condena, debiéndose entender que se refiere a la condena del pago de
            la reparación civil.


389.    Aún cuando el incidente de nulidad de actos y obligaciones (que hagan
        insuficiente o imposible el cumplimiento de la reparación civil) revista el
        carácter de autónomo o nominado por su regulación legal expresa, como lo
        define San Martín Castro se entiende por incidente: “toda cuestión o
        contestación accesoria que sobrevenga o se forme durante el curso del
        proceso o acción principal y su nota característica es la vinculación



[235 ] Ob. Cit. Pág. 241 y 242 (subrayado agregado).
                                                                                  223


       inmediata con el proceso en que surge”. En el mismo sentido, ha de tenerse
       presente con Eugenio Florián - respecto a los hechos conocidos por el juez
       a consecuencia del ejercicio de sus funciones - que: "se trata o de
       diligencias o actos que el mismo juez ha realizado o de cosas sacadas de
       autos o documentos, fruto de la actividad ajena, pero que se encuentra en el
       proceso. Y entonces resulta que las cosas que se han conocido están
       consignadas en autos o documentos, que también constituyen su prueba, y
       por ello una prueba ulterior no es necesaria y sería superflua”.[ 236 ].


390.   Dicho ello, estando al supuesto de la norma y previamente al análisis de
       las pretensiones concretas formuladas por el Señor Procurador Público Ad
       Hoc, la Sala tiene como hechos no controvertidos y que fluyen de lo
       actuado:


       a.- La comisión de los ilícitos penales materia de proceso en los años 1998
          y 1999.


       b.- La celebración de actos jurídicos traslativos de propiedad por parte de
          los procesados Liliana Villarreal Landeo, Luis Frank Aybar Cancho y
          Brichani Wilford Aybar Cancho, actos que dieron lugar a la formación
          de los cuadernos incidentales y los actos procesales de las partes.


       c.- La disminución del patrimonio de los procesados, que lo hace
          insuficiente para el pago de la reparación civil (ver generales de ley en
          declaraciones en juicio oral de fojas 31,831 a 31,977; 32,821 a 32,954;
          34,148 a 34,279).


NULIDAD       DE     LA       TRANSFERENCIA          EFECTUADA          POR       LOS
PROCESADOS LILIANA VILLARREAL LANDEO Y LUIS FRANK AYBAR
CANCHO A FAVOR DE GILBERTO FRANCISCO LEÓN LANDEO.




[236 ] SAN MARTIN CASTRO, César. DERECHO PROCESAL PENAL. Editorial Jurídica Grijley,
2003, Volumen II, pág. 1497 – 1499.
                                                                               224


391.   Postulada por el Señor Procurador Público Ad Hoc en Sesión Nº 82 – de
       fecha 17 de Mayo del 2005, cuyas copias certificadas obran en el incidente
       de fojas 1,184 a 1,263 – la pretensión de nulidad de la transferencia de los
       lotes números 03 y 04 de la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores
       del Sector Agrario – APROVISA, celebrada por la procesada Liliana
       Villarreal Landeo (como transfiriente) y el tercero Gilberto León Landeo
       (como adquiriente), al amparo del artículo 97º del Código Penal, se
       sustenta en que: (a) la procesada Villarreal Landeo se encontraba en dicha
       situación jurídica desde el año 2000 por hechos de los años 1998, 1999 y
       2000, siendo que: (b) la Municipalidad de La Molina informa que don
       Gilberto León Landeo figura como titular del inmueble desde noviembre del
       2000.


392.   Procediendo conforme al artículo 188-A° del Código de Procedimientos
       Penales (introducido por Decreto Legislativo Nº 959) y formado el
       cuaderno correspondiente, mediante resolución de fecha 23 de Mayo del
       2005 (fojas 1,265) se confieren los traslados de la nulidad formulada,
       incorporando como emplazado al procesado Luis Frank Aybar Cancho
       dada su condición de cónyuge de la procesada Villarreal Landeo e
       interviniente como parte vendedora en la transferencia materia de nulidad.


393.   Mediante escrito obrante de fojas 1,293 la procesada Villarreal Landeo
       absuelve el traslado sosteniendo: (a) haber sido socia de la Cooperativa de
       Vivienda de los Trabajadores del Sector Agrario – APROVISA “por haber
       adquirido los lotes signados con los números 3 y 4 de la Mz. “J” de
       propiedad de la indicada entidad…”, desde el 26 de Febrero de 1993 hasta
       el 01 de Setiembre de 1999 en que renunció a dicha condición “por haber
       transferido los indicados lotes a favor de don Gilberto Francisco León
       Landeo”, habiendo poseído el bien “de manera pública, pacífica y sin
       interferencia de nadie (…) conforme es de conocimiento de las autoridades
       competentes y colectividad en general”; (b) que en el año 1995, el fallecido
       Héctor Aybar Cancho formula un Proyecto de Construcción de un edificio
       de cuatro pisos sobres sus dos lotes de terreno, para luego asociarse con
       Gilberto Francisco León Landeo en dicho proyecto. Como compensación
                                                                                225


       por el aporte de sus lotes de terreno, la procesada recibiría el primer piso,
       y por ser dueña de ellos garantizó la inversión de León Landeo; éste
       encargó la dirección de la obra a Héctor Aybar Cancho; (c) fallecido Aybar
       Cancho el 18 de Octubre de 1996, León Landeo le encarga la continuación
       de la construcción. La construcción del “casco” finalizó en junio de 1997,
       el acabado en 1998 y los “últimos toques” en junio de 1999, en que se
       inscribió la declaratoria de fábrica en el Registro Predial Urbano; (d)
       culminada la construcción del “casco” tomó posesión del primer piso.
       Acaba la obra, la familia del fallecido Héctor Aybar Cancho toma posesión
       del cuarto piso, lo que genera que el inversionista León Landeo exigiera el
       pago inmediato y total de su inversión, circunstancia que la obliga a
       venderle ambos lotes de terreno el 25 de Agosto de 1999, “desligándome
       definitivamente de la propiedad, aún cuando me dieron la opción de ocupar
       por algún tiempo más hasta que su real propietario la vendiera”.


394.   Ofrece como medios probatorios: (1) la copia del acta de incorporación
       como socia de la Cooperativa APROVISA, (2) certificado de adjudicación
       de los lotes Nº 3 y 4 de la Mz. “J” de la Cooperativa, (3) copia de su carta
       de renuncia a su condición de socia de la Cooperativa, de fecha 1º de
       setiembre de 1999.


395.   A fojas 1,301 obra la resolución de fecha 03 de Junio del 2005, mediante la
       cual se tiene por absuelto el traslado en los términos expuestos.


396.   El procesado Luis Frank Aybar Cancho absuelve el traslado mediante
       escrito obrante de fojas 1,302 a 1,303, argumentando: (a) que su anterior
       esposa – la procesada Villarreal Landeo – adquirió los lotes de terreno,
       “con los que se hizo socia [de la Cooperativa APROVISA]; donde, figuré
       como esposo por estar casado con ella”, (b) en 1995 su hermano Héctor
       Aybar Cancho proyecta la construcción de un edificio de cuatro pisos,
       asociándose para ello en 1996 con Gilberto Francisco León Landeo, y
       “proponiéndole a la señora Villarreal Landeo, la propiedad del primer piso
       en compensación por el valor de sus lotes”. Fallecido su hermano en 1996,
       la procesada, por encargo de León Landeo, se encargó de continuar la
                                                                              226


       obra; (c) separado de su cónyuge desde 1997, desconoce sus actividades,
       toma luego conocimiento que ésta había ocupado el inmueble y que sus
       padres habían tomado posesión de uno de los pisos en reclamo de la
       participación de su fallecido hermano; (d) en setiembre de 1999 su ex-
       esposa le solicita firmar la renuncia ante la Cooperativa, dado que León
       Landeo exigía la devolución de su inversión o la transferencia de los lotes
       de terreno; (e) si bien a la fecha ocupa uno de los pisos, en donde cumple
       arresto domiciliario, lo hace pagando el alquiler correspondiente.


397.   Mediante resolución Nº 04, de fecha 03 de Junio del 2005 (Fs. 1,305) se
       tiene por absuelto el traslado.


398.   Mediante resolución Nº 06, de fecha 24 de Junio del 2005, (fojas 1,322) con
       la rebeldía del emplazado León Landeo se abre el incidente a prueba por
       ocho días.


399.   Mediante resolución Nº 12, de fecha 03 de Abril del 2006 (de fojas 1,517 a
       1,518), se integra la relación procesal teniendo a la Cooperativa de
       Vivienda de los Trabajadores del Sector Agrario – APROVISA Limitada
       como litisconsorte de los emplazados; corrido traslado de la nulidad
       formulada, ésta no fue absuelta.


       CONSIDERACIONES DE LA SALA


400.   El bien era de propiedad de la sociedad conyugal conformada por Luis
       Frank Aybar Cancho y Liliana Villarreal Landeo, adquirido con los
       ingresos del primero de los nombrados.


401.   Hecho cierto al que se arriba teniendo como base indiciaria el de que la
       procesada Villarreal Landeo no trabajara sino a partir del año 2001
       (acreditado con su declaración en juicio oral obrante de fojas 32,821 a
       32,954 del Tomo U-1); indicio corroborado con su absolución al traslado
       de la nulidad al sostener que adquirió ambos lotes de terreno en el año
       1993, lo que supone que en realidad el dinero para la adquisición provino
                                                                                227


        de Luis Frank Aybar Cancho, al estar casados desde el año 1987 conforme
        es de verse del acta de matrimonio que obra a fojas 58,382 del Tomo E-3,
        siendo de aplicación la presunción contenida en el inciso 1° del artículo
        311° del Código Civil respecto del carácter social de los bienes adquiridos;
        y del mismo modo, con la prueba directa constituida por el contrato cuya
        nulidad se solicita, en que interviene el procesado Luis Frank Aybar
        Cancho. Resulta, por consiguiente, irrelevante que sólo la cónyuge figurase
        como socia respecto del derecho real de propiedad ejercido sobre los
        inmuebles, al tratarse de derechos de distinta naturaleza.


402.    En consecuencia, en nada afecta la responsabilidad - o la falta de ella - de
        la procesada Villarreal Landeo para la procedencia de la nulidad sub
        materia.


403.    El adquiriente ha procedido de mala fe.
        Hecho que queda acreditado cuando al declarar en juicio oral (sesión Nº 12
        de fecha 01 de Abril del 2004, obrante de fojas 32,821 a 32,954 del Tomo
        U-1) ante la pregunta de la Señora Directora de Debates respecto a quién
        financió la edificación sobres sus lotes de terreno, la procesada Villarreal
        Landeo admite: “La hizo mi esposo”; luego, a la pregunta: “El inmueble le
        pertenece a la sociedad conyugal”, responde: “Nos pertenecía, porque ya
        no soy socia”; más adelante formula como aclaración: “Acusada: Uno, que
        era socia del terreno pero ya no lo soy y mi esposo construyó la casa pero
        ya lo ha transferido”. Señora Directora de Debates: A quién se la ha
        transferido, Acusada: Al señor Francisco León;        Señora Directora de
        Debates: Cuándo la transfirió. Acusada: En el año dos mi dos. Señora
        Directora de Debates: Eso está inscrito en los Registros Públicos.
        Acusada: No, fue una transferencia privada”.


       La Sala corrobora el hecho a partir de valorar:


404.    Que al absolver el traslado Villarreal Landeo afirma que ‘garantizó’ ante el
        inversionista León Landeo, sin embargo no menciona ni la forma ni el
        monto de tal garantía; que sí precisa en posterior escrito (ver fojas 1,331
                                                                               228


       del cuaderno de nulidad de transferencia): se trataba de tres letras de
       cambio, pero no precisa monto, y que fueron destruidas al transferir los
       lotes de terreno.


405.   La circunstancia – en que coinciden Villarreal Landeo, Luis Frank Aybar
       Cancho y León Landeo – de que el factor que obligara a la transferencia
       fue la inopinada toma de posesión de los pisos segundo y cuarto por parte
       de los padres y el hermano del finado Héctor Aybar Cancho (José Luis),
       resulta insostenible si se tiene en cuenta que – según la propia versión de
       Villarreal Landeo – su aporte efectivo estaba constituido por los lotes de
       terreno sobre los que se edificara el edificio, que no podía verse afectado
       por supuestos actos de facto de terceros (es decir, que no pudiesen haberle
       sido atribuibles).


406.   El precio.    Señala el contrato de transferencia (obrante a fojas 1,341,
       anexado por el emplazado León Landeo) que el precio pagado por ambos
       lotes de terreno fue de US$ 10,000, monto que no guarda relación con el
       que se señala en los contratos de adjudicación otorgados por la
       Cooperativa: US$ 25,000 por cada lote. Y no obra constancia alguna de
       dichos pagos, salvo las declaraciones contenidas en los documentos de
       referencia.


407.   De los indicios antes detallados – entendiéndose que, en general, el prestar
       garantías o el pagar elevadas sumas de dinero sin contar con la
       documentación correspondiente los acredite, o el valorizar un mismo bien
       en sumas notoriamente diferentes, con la intervención de personas jurídicas
       que no ostentaban derecho alguno sobre el bien, y, alegar haber transferido
       el bien por razones que no afectaban a los transfirientes, constituyen
       circunstancias fuera del uso corriente que no pueden constituir sino meros
       argumentos de defensa - cabe derivar en la presunción concreta (certeza)
       respecto de la transferencia como un acto simulado celebrado recién en el
       año 2001 (en que fuera inscrita en el Registro Predial Urbano, conforme es
       de verse de la información remitida por la Superintendencia Nacional de
       los Registros Públicos que obra de fojas 1,507 a 1,514 del incidente y del
                                                                                229


       oficio remitido por la Municipalidad de la Molina que obra a fojas 1,501),
       con la finalidad de evadir la responsabilidad en el pago de la reparación
       civil. Y esta certeza coincide con la declaración que en juicio oral brindara
       la procesada Villarreal Landeo.


408.   A ello se agrega que al haberse declarado improcedente por extemporáneo
       el ofrecimiento de medios probatorios del emplazado León Landeo, no se ha
       ofrecido documento de fecha cierta alguna que acredite la adquisición que
       en su absolución extemporánea invoca.


409.   Habiéndose integrado a la relación procesal a la Cooperativa de Vivienda
       de los Trabajadores del Sector Agrario–APROVISA Limitada – en razón de
       la suscripción de contratos de adjudicación otorgados a favor de Gilberto
       Francisco León Landeo por los dos lotes de terreno con fecha 16 de Julio
       del 2001 (distintos del que es materia de nulidad) con la manifiesta
       finalidad de lograr su inscripción en el Registro Predial Urbano, conforme
       aparece de los documentos registrales glosados y lo reconoce la entidad
       emplazada en escrito que obra de fojas 1,502 a 1,503 – corresponde hacer
       uso de la atribución que el segundo párrafo del artículo 220° del Código
       Civil confiere y declararse su nulidad de oficio. En relación a ello, la Sala
       tiene en cuenta no sólo la conducta procesal de los directivos de la
       Cooperativa emplazada al no absolver el traslado conferido, sino los actos
       de quienes ejercieran su representación al extender documentación
       destinada a sustentar la transferencia materia de nulidad, a efectos de su
       investigación por el Órgano correspondiente.           Por estas razones,
       DECLARARON: NULA la transferencia de los lotes números 03 y 04 de la
       Mz. “J” de la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores del Sector
       Agrario Ltda. – APROVISA-, celebrada por la procesada Liliana Villarreal
       Landeo (como transfiriente) y el tercero Gilberto Francisco León Landeo
       (como adquiriente), contenida en el “Contrato de Transferencia” de fecha
       25 de Agosto de 1999 –que en copias legalizadas obra de fojas 1,341 a
       1,342; NULOS de oficio los Contratos de Adjudicación de fechas 16 de
       Julio del 2001 celebrados por la Cooperativa de Vivienda de los
       Trabajadores del Sector Agrario “APROVISA Ltda.”, como adjudicante y
                                                                                230


       Gilberto Francisco León Landeo como adjudicatario, respecto de los lotes
       03 y 04 de la Mz. “J” de la Cooperativa en referencia, que en copias
       legalizadas corren de fojas 1,458 a 1,461; y NULO el asiento registral Nº
       00002 de la partida Nº P02207377 así como el N° 002 de la partida N°
       P02207378 del Registro de Predios de Lima en que la transferencia corre
       inscrita.




       NULIDAD DE TRANSFERENCIA DEL VEHÍCULO DE BRICHANI
       WILFORD AYBAR CANCHO A FAVOR DE IVAN CESAR FALCÓN
       NAKASHIMA


410.   En sesión Nº 82, de fecha 17 de Mayo del 2005, el Sr. Procurador Público –
       ante un escrito presentado por el ciudadano Iván César Falcón Nakashima
       solicitando la desafectación del vehículo (ver cuaderno de embargo) –
       solicita la NULIDAD de la transferencia celebrada entre el procesado
       Brichani Aybar Cancho y el tercero Falcón Nakashima respecto del
       vehículo de placa PIB-062.


411.   Sustenta el pedido en que: (a) la transferencia se efectuó el 1º de Julio del
       2003, (b) Brichani Aybar Cancho se encuentra procesado desde setiembre
       del 2000, y los hechos corresponden a los años 1998 y 1999, (c) el vehículo
       se encontraba embargado en forma de inscripción por el Segundo Juzgado
       Penal Especial, (d) el artículo 97° del Código Penal establece que son nulos
       todo acto de transferencia que disminuya los bienes de las personas
       posteriores a los hechos punibles, (e) se trata del único bien del procesado;
       (ver fojas 1,060 del incidente de nulidad)


412.   En la misma Sesión, la Sala dispone “la formación del cuaderno
       correspondiente y luego se confieren los traslados que la Ley prevé”.


413.   Formado el cuaderno, mediante resolución Nº 01 de fecha 23 de Mayo del
       2005 (fs. 1,134 del incidente de nulidad de transferencia), de conformidad
       con lo dispuesto por el artículo 188-A° del Código de Procedimientos
                                                                                  231


       Penales (modificado por Decreto Legislativo Nº 959°), se corre traslado
       por el término de cinco días al procesado y al adquiriente.


414.   Mediante escrito que obra de fojas 1,138 a 1,139 del incidente, el
       procesado Brichani Aybar Cancho absuelve el traslado, manifestando: (a) a
       fojas 14 del cuaderno de embargo corre el oficio de fecha 07SET00,
       recepcionado el 13SET00, a través del cual el Juzgado solicita información
       a la ORLC – Registro Vehicular sobre “si existen vehículos a nombre del
       procesado Brichani Aybar Cancho”, la entidad oficiada responde
       informando que el procesado figura como propietario del vehículo de placa
       PIB 062; (b) recién el 07JUL03, al realizarse la diligencia de señalamiento
       de bienes libres, el procesado manifiesta que no tenía bienes por haber
       transferido el vehículo el 01JUL03; (c) la inscripción del embargo recién se
       materializa el 24JUL03 en la partida Nº PIB062, no existiendo ánimo en
       sustraer sus bienes puesto que al 1º de Julio del 2003 “no tenía
       conocimiento de ninguna medida coercitiva real sobre dicha unidad
       vehicular”; (d) el artículo 97º del Código Penal “sanciona de manera
       expresa y especial sólo a aquellos procesados sobre los que haya recaído
       una sentencia condenatoria; y aún así, se interpreta o entiende que la
       conducta reprochada se debería haber realizado una vez que dicho fallo
       alcance el estado de consentida o ejecutoriada. Esta exigencia
       condicionante para la sanción de nulidad del acto celebrado, encuentra
       lógica y sustento en la presunción de inocencia, asimismo, no se puede
       atribuir mala fe en el suscrito pues lo cierto y real es que para el 1° de julio
       del 2003 no tenía conocimiento y no existía anotado ningún tipo de medida
       cautelar”.


415.   Por resolución Nº 02, de fecha 03 de Junio del 2005, se tiene por absuelto
       el traslado (fojas 1,140 del mencionado incidente).


416.   Por resolución Nº 03, de fecha 24 de Junio del 2005, ante la rebeldía del
       tercero adquiriente Ivan Falcón Nakashima a la absolución del traslado, se
       abre el incidente a prueba por ocho días.
                                                                                 232


       CONSIDERACIONES


417.   La Sala considera que – en relación al procesado Brichani o Brichani
       Wilford Aybar Cancho – su argumento resulta inadmisible si se tiene en
       cuenta que al haberse abierto instrucción en su contra por delito contra el
       Estado y la Defensa Nacional – Delitos que comprometen las Relaciones
       Exteriores del Estado y contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita
       para delinquir, ambos en agravio del Estado, mediante auto de fecha 05 de
       Setiembre del 2000 en que se ordena trabar embargo sobre los bienes que
       señalara libres, tuvo cabal conocimiento del proceso y las consecuencias de
       éste como limitación para el gravamen o disposición de su patrimonio. Así,
       el argumento en que sostiene haber procedido a la transferencia del
       vehículo amparado en que hasta julio del 2003 no había señalado bienes
       libres y el embargo no había sido aún inscrito, por el contrario, evidencia el
       ánimo de aprovechamiento de la demora en la formalización de dicha
       medida cautelar.


418.   No habiendo, por su parte, el emplazado Falcón Nakashima absuelto el
       traslado, ni ofrecido medio probatorio alguno dentro del término de ley,
       dado su estado de rebeldía, no corresponde valorar los recaudos de sus
       posteriores escritos.


419.   No obstante ello – advirtiéndose de autos (fojas 45,550 a 45,557 del Tomo
       M-2 y fojas 46,493 del Tomo Ñ-2) – el pedido de levantamiento de embargo
       formulado por el emplazado Ivan César Falcón Nakashima, en el que se
       anexan el acta de transferencia notarial del vehículo, la copia de la tarjeta
       de propiedad y el certificado de gravamen, estando a que se trata de medios
       probatorios destinados a acreditar el derecho real que se invoca sobre el
       bien y dado el carácter incidental en que se tramita la nulidad, la Sala
       valora su mérito advirtiendo de ello:


420.   Que, por acta de transferencia notarial extendida ante la Notaría Gonzáles
       Bazán con fecha 01 de Julio del 2003, el procesado Brichani Wilford Aybar
                                                                                  233


       Cancho manifiesta su voluntad de transferir el vehículo a favor del
       emplazado Falcón Nakashima por el precio de US$ 5,780.


421.   Según consta en la tarjeta de propiedad y el certificado de gravamen del
       vehículo, la transferencia fue inscrita en el Registro de Propiedad Vehicular
       el 25 de Julio del 2003, constando en el certificado la anotación del
       embargo ordenado por el Segundo Juzgado Penal Especial con fecha 24 de
       Julio del 2003, esto es, un día antes de la inscripción de la propiedad.


422.   Estando a la secuencia antes descrita, resultaría imprescindible distinguir
       el momento en que en nuestro Ordenamiento Jurídico se produce la
       transferencia de la propiedad de los vehículos automotores, a efectos de
       determinar la prioridad registral en la inscripción de derechos de distinta
       naturaleza, según se desprende del escrito de absolución del procesado
       Aybar Cancho.


423.   Sin embargo, dado el supuesto en cuestión del artículo 97º del Código
       Penal, es decir, la determinación de la mala fe por parte del tercero
       adquiriente para la declaratoria de la nulidad propuesta, cabe precisar no
       existe limitación alguna para ello aún cuando la transferencia se hubiera
       inscrito en los Registros Públicos; probada la mala fe del adquiriente, la
       inscripción no sanea el título así obtenido.


424.   Estando a lo anterior, teniendo como hechos no controvertidos tanto la
       ubicación temporal de los hechos punibles atribuidos al procesado Brichani
       o Brichani Wilford Aybar Cancho (los que resultan muy anteriores a la
       transferencia en el 2003), así como – según propia declaración brindada
       en juicio oral (Sesión N° 15, de fojas 34,148 a 34,279 del Tomo W-1 ) – el
       no contar con bien alguno, la Sala considera, además, como hecho
       acreditado, la mala fe del tercero adquiriente en razón de que:


425.   Se trata de hechos no controvertidos, por ser de público conocimiento:
       tráfico de armas con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo,
       de connotaciones internacionales, con elevado número de involucrados, y
                                                                               234


       en el contexto de la caída del regimen de gobierno, entre otras
       circunstancias que han merecido amplia cobertura por la prensa nacional y
       extranjera.


426.   Iniciado el proceso en el año 2000 y realizada la transferencia cuya nulidad
       se ha solicitado en el año 2003, el tercero adquiriente de determinado
       derecho proveniente de las personas procesadas se hallaba en la razonable
       aptitud de conocer tal situación, presumiéndose, en consecuencia, el haber
       procedido con pleno conocimiento de la finalidad perseguida por su
       cocontratante.




       El pedido de desafectación formulado por Falcón Nakashima.


427.   Dado cuenta en sesión Nº 80 que corre de fojas 45,596 a 45,723 del Tomo
       N-2 (con el cuaderno de embargo correspondiente al procesado Brichani
       Wilford Aybar Cancho) del pedido de desafectación (levantamiento de
       embargo) formulado por el emplazado Falcón Nakashima mediante escrito
       de fojas 45,550 y siguiente del Tomo M-2 y fundamentado éste en la
       inexistencia de anotación de la medida cautelar de embargo al momento de
       extenderse el acta notarial de transferencia, debe estarse a lo glosado en
       los considerados precedentes. Por estas razones, DECLARARON: NULA
       la transferencia del vehículo de placa de rodaje Nº PIB-062 celebrada por
       Brichani Wilford Aybar Cancho, como vendedor, e Iván César Falcón
       Nakashima, como comprador, y contenida en el acta de transferencia
       vehicular notarial que corre de fojas 45,554 a 45,555 del Tomo M-2 y, en
       consecuencia, NULA la tarjeta de propiedad expedida por la Oficina
       Registral de Lima y Callao – Registro de Propiedad Vehicular que obra a
       fojas 45,556, cursándose los oficios correspondientes para su cancelación;
       e IMPROCEDENTE el pedido de desafectación formulado por Iván César
       Falcón Nakashima mediante escrito que corre de fojas 45,550 a 45,552 del
       Tomo M-2.
                                                                                 235


       VII.-DETERMINACIÓN DE LA PENA


428.   Habiéndose desvirtuado la presunción de inocencia constitucionalmente
       reconocida que les cubría, dentro de los cauces de un debido proceso, de
       los acusados: Vladimiro Montesinos Torres, José Luis Aybar Cancho, Luis
       Frank Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar
       Cancho, Juan Manuel López Rodríguez, Charle Acelor Cokeran o Charles
       Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max
       Damian Acelor Cokeran, José Alejandro Delmar Colina, Luis Alberto Meza
       Rodríguez, Santos Cenepo Shapiama y Luis Jorge García Tamariz; y
       establecido la culpabilidad de los mismos en la comisión de los ilícitos
       arriba mencionados, lo que sigue es la aplicación de las consecuencias
       jurídico-penales previstas en la norma penal específica, sobre la base de los
       principios y criterios que tanto el Código sustantivo y el adjetivo contienen,
       y el modelo de convivencia comunitaria que la Constitución Política del
       Estado consagra, esto es, el propio de un Estado Social y Democrático de
       Derecho fundado en la dignidad de la persona humana.


429.   En el proceso de dicha individualización, se recorre las siguientes etapas:
       Primero, determinar el marco punitivo aplicable en función a los márgenes
       de pena previstos en la ley penal; segundo, determinar la pena en base a la
       valoración del injusto y de la culpabilidad del hecho, por cuanto la
       responsabilidad y gravedad del hecho punible son las bases de tasación de
       la pena a las que debe acudir el órgano de fallo, pues, constituyen pautas
       genéricas de cuantificación o tasación de la pena: el grado de injusto y el
       grado de culpabilidad, notas propias de un derecho penal orientado hacia
       la retribución entendida como límite al ejercicio del ius puniendi del
       Estado, acorde con los principios del acto, de protección de bienes
       jurídicos, de culpabilidad, y de proporcionalidad contenidos en los
       artículos II, IV, VII y VIII del Título Preliminar del mismo Código; y,
       tercero, asumir una decisión preventiva de manera tal que las diferentes
       magnitudes de pena que se pueden observar a partir de la culpabilidad
       deben regularse en función a criterios preventivos especiales y generales.
                                                                                    236




430.     Así, en el presente caso, habida cuenta que son varios los delitos imputados,
         cuya comisión y responsabilidad se ha demostrado, una cuestión importante
         a examinar es el referido al tema del concurso de delitos, esto es, los
         denominados “concurso ideal” y “concurso real”. Según el artículo 48° del
         Código Penal, el concurso ideal tendrá lugar cuando varias disposiciones
         son aplicables al mismo hecho; “La base es la unidad de la acción; o según
         la terminología legal: “el mismo hecho”. Como es lógico advertir, éste
         tiene que reunir las exigencias de varios tipos que no se excluyan entre sí”:
         “[…] la acción única requiere la aplicación simultánea de varias
         disposiciones (tipicidad plural)”[ 237 ]. Por el contrario “las características
         específicas del concurso real son la pluralidad de acciones, la conformidad
         de éstas a ciertos tipos legales y su condición de delitos en sí mismas
         (independencia en cuanto a la tipicidad)”[ 238 ], o como lo señala el artículo
         50°: “varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos
         delitos independientes”. En el presente caso, de acuerdo al relato factual
         reseñado líneas arriba se tiene que el objeto de la asociación delictiva ha
         sido suministrar armas a la guerrilla colombiana de las FARC, acción
         criminal que como se dijo es de naturaleza compleja, cuyo despliegue ha
         requerido la aplicación de los tipos penales contenidos en los artículos
         337°, 338°, 339°, 361° y 427°, es decir, entre el delito de Suministro de
         Armas y los de Violación de Soberanía de Estado Extranjero, Conspiración
         contra Estado Extranjero, Actos Hostiles contra Estado Extranjero,
         Usurpación de Funciones y Falsificación de Documentos, se ha establecido
         un “paquete” o unidad de conducta, ergo, un concurso ideal. Por el
         contrario, cabe afirmar la independencia de los actos de Asociación Ilícita
         para Delinquir, Suministro de Armas, Encubrimiento Personal, y Falsedad
         Genérica, configurándose un concurso real entre ellos.


431.     El corolario de lo precedentemente expuesto es que a los procesados que se
         encuentran comprendidos por los delitos englobados tanto en el primer

[237 ] Hurtado Pozo, José; Ob. Cit. Pág. 929 y 929.

[238 ] Hurtado Pozo, José; Ob. Cit. Pág. 935.
                                                                               237


       caso (concurso ideal) como en el segundo (concurso real), se les reprimirá
       con la disposición que establezca la pena más grave, conforme a lo previsto
       en los artículos 48° y 50° del Código Penal, vigentes al tiempo de la
       perpetración de los hechos materia del proceso, debiendo tenerse en cuenta
       para los que se hallan dentro del supuesto del concurso real, las
       circunstancias de los otros delitos, referido a la valoración de la
       culpabilidad del agente.


432.   Dicho esto y habiéndose establecido en relación al procesado Montesinos
       Torres su culpabilidad en la comisión de los delitos de Asociación Ilícita
       para Delinquir, Suministro de Armas, Violación de Soberanía de Estado
       Extranjero, Conspiración contra Estado Extranjero y Falsedad Genérica,
       la pena a aplicársele es el correspondiente al delito de Suministro de
       Armas, cuyo marco punitivo es no menor de seis ni mayor de quince años
       de pena privativa de libertad, debiendo tenerse en cuenta para la
       especificación de la pena a imponérsele las circunstancias de los otros
       ilícitos que agravan la penalidad.


433.   En su caso, como se dijo líneas arriba, también es de aplicación el supuesto
       contemplado en el artículo 46-A° del Código Penal, por cuanto los ilícitos
       que se le imputan son delitos comunes. Esta norma prevé lo siguiente:
       “Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el
       sujeto activo se aprovecha de su condición de [...] autoridad, funcionario o
       servidor público, para cometer un hecho punible [...] En estos casos el Juez
       podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal
       fijado para el delito cometido […]”. Se desprende que los presupuestos
       son:   que el agente haya ejercido función pública al momento de la
       comisión del hecho, y que para la consumación de éste se haya prevalido
       del cargo público desempeñado; requisitos que en el caso del procesado
       Montesinos Torres concurren y se encuentran probados. Y resulta claro que
       dicha agravación lo es para los supuestos en los que el tipo penal no
       contempla especialmente tal consideración personal en el injusto, pues de
       lo contrario se quebrantaría la prohibición de la doble valoración, ello en
       razón precisamente a lo preceptuado en el último párrafo del citado
                                                                              238


       artículo, que dice: "No será aplicable [...] cuando la circunstancia
       agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o cuando ésta sea
       elemento constitutivo del hecho punible”.


434.   En ese sentido, dado que el actuar con la condición de funcionario público,
       aprovechándose del cargo para facilitarse la comisión del delito (conducta
       alevosa) o servirse de su condición para la realización del ilícito penal
       (conducta de prevalimiento), constituyen circunstancias agravantes, la Sala
       las pondera; por tales razones, estando a lo reseñado en este apartado y en
       los considerandos precedentes, el acusado Montesinos Torres debe ser
       merecedor del aumento del injusto (mayor desvalor de acción de la
       conducta) y aumento de la culpabilidad (mayor reproche social).


435.   En relación a los acusados José Luis Aybar Cancho y Santos Cenepo
       Shapiama se ha establecido su culpabilidad como autores de los delitos de
       Asociación   Ilícita   para   Delinquir,    Usurpación   de   Funciones   y
       Falsificación de Documentos, y su coautoría en la comisión de los delitos
       de Suministro de Armas, Violación de Soberanía de Estado Extranjero,
       Conspiración contra Estado Extranjero y Actos Hostiles contra Estado
       Extranjero. Con respecto a los acusados Luis Frank Aybar Cancho, Juan
       Manuel López Rodríguez y Charles o Charles Max Damien Acelor
       Cokeran está probado su culpabilidad como autores de los delitos de
       Asociación Ilícita para Delinquir y Falsificación de Documentos, y como
       coautores de los delitos de Suministro de Armas, Violación de Soberanía
       de Estado Extranjero, Conspiración contra Estado Extranjero y Actos
       Hostiles contra Estado Extranjero. En tanto que la culpabilidad de los
       procesados Meza Rodríguez, Brichani o Brichani Wilford Aybar Cancho y
       García Tamariz, se ha haya probado como partícipes en los delitos de
       Suministro de Armas, Violación de Soberanía de Estado Extranjero,
       Conspiración contra Estado Extranjero y Actos Hostiles contra Estado
       Extranjero; Consecuentemente, en atención a lo precisado ut supra la pena
       a aplicárseles es la correspondiente al delito de Suministro de Armas, cuyo
       quántum oscila, como lo prevé el citado artículo 279° entre seis y quince
                                                                               239


       años de pena privativa de libertad, debiendo valorarse las circunstancias de
       los otros ilícitos que agravan la penalidad, en cada caso.


436.   Resulta necesario puntualizar que la represión del partícipe según nuestro
       ordenamiento penal sustantivo, es con la misma pena prevista para el autor,
       conforme al primer párrafo del artículo 25° del Código Penal, salvo lo
       dispuesto en el segundo párrafo de esta misma norma, es decir, caso del
       cómplice secundario, supuesto en el que el órgano decisor disminuirá
       prudencialmente la pena. Según se tiene dicho, la cooperación o el auxilio
       prestado por los procesados Meza Rodríguez, Brichani Aybar Cancho y
       García Tamariz en la operación del suministro de armas ha sido necesario.


437.   En relación al procesado José Alejandro Delmar Colina. La culpabilidad
       de este procesado se ha demostrado en lo que respecta al delito de
       Encubrimiento Personal en grado de tentativa. El artículo 404° establece el
       marco penal de no menor de siete ni mayor de diez años de pena privativa
       de libertad, en caso de que los delitos precedentes sean contra la
       Tranquilidad Pública y contra el Estado y la Defensa Nacional, supuesto en
       el que se halla la situación del procesado Delmar Colina.


438.                6°
       El artículo 1 del Código Penal faculta al Juez reprimir la tentativa
       disminuyendo prudencialmente la pena. La diferente pena atiende, desde
       luego, a la distinta entidad objetiva de los diversos grados de realización
       del hecho punible, pues, en la medida en que el desvalor del resultado
       consumativo añada un factor adicional a la gravedad del injusto cometido,
       debe ser más grave que la del delito intentado.


       Eximente de Responsabilidad alegada por el Acusado Delmar Colina.


439.   La defensa del acusado Delmar Colina, al momento de efectuar sus
       alegatos finales, dijo: “El llamado (…) de López a Delmar era un llamado
       de auxilio (…) y la intención real era ponerlo a derecho sin arriesgar su
       vida ni de la familia, en la diligencia de confrontación López reconoce que
       acude a buscar a Delmar para pedirle apoyo porque estaba en peligro de
                                                                                240


       muerte (…) acá también hay un factor de exención de pena (…) yendo bajo
       el supuesto de que el señor Delmar tal como lo dice el Ministerio Público es
       un encubridor” (ver fojas 58,443 de la Sesión N° 142 de fecha 13 de julio
       del 2006), y el acusado Delmar Colina al complementar a su defensa: “Mi
       delito ha sido tratar de ayudar a un amigo en un momento de desgracia (…)
       yo tenía dudas de la situación política de ese momento” (ver fojas 60,483
       de la Sesión N° 148 de fecha 24 de agosto del 2006). De esta glosa se
       advierte que con esta defensa deslizan una causa de eximente de
       responsabilidad, un estado de necesidad, que es distinto a una causa de
       “exención de pena”. Se dice que la situación de peligro de muerte por el
       que atravesaba su amigo López, se debía al contexto político sin garantías
       en que vivía el país. Un requisito del estado de necesidad justificante,
       conforme al artículo 20°, inciso 4, es que dicho estado implique un peligro
       actual y real, es decir, tiene que ser probable y exista objetivamente. En el
       presente caso, ya se ha demostrado que la situación de peligro descrita
       alegada no se dio (confrontar fundamentos N° 3).




       De la confesión “parcial” del acusado López Rodríguez


440.   El procesado Juan Manuel López Rodríguez, a través del señor abogado
       que entonces ejercía su defensa, manifestó acogerse a la confesión sincera
       (ver fojas 36,704 de la Sesión N° 26 de fecha 13 de julio del 2004),
       precisando él mismo lo siguiente al iniciarse su interrogatorio: “(…) sobre
       la confesión sincera (…) era para decir la verdad pero en ningún momento
       para reconocer los cargos como culpable como hecho doloso, sino como
       participación (…) de reconocer mi participación o la imputación que me
       hacen, pero en ningún momento me declaro culpable de todos los (…)
       cargos” (ver fojas 36,736 y siguiente del Tomo A-2).


441.   Al respecto la Sala debe acotar lo siguiente:          La defensa procesal,
       siguiendo a la doctrina, debe entenderse como la actividad procesal que
       desarrolla una persona, primero como reacción ante una demanda y, luego,
       ante cualquier actividad procesal de la otra parte que afecte o pueda llegar
                                                                                241


       a afectar sus intereses en el transcurso de un juicio ya iniciado. Se
       constituye en uno de los que integran las garantías que consagra el artículo
       139 de la Constitución.


442.   El derecho de defensa, tiene doble dimensión: subjetiva, como garantía de
       la persona, y, objetiva, al asumir una dimensión institucional a partir de la
       cual su contenido sirve para la consecución de los fines sociales
       constitucionales. La Constitución, el ordenamiento internacional al que se
       adscribe el Estado peruano y las leyes, garantizan la libertad de la persona
       en el ejercicio de su autodefensa; por lo que cuando acude a un proceso
       penal en calidad de imputado: tiene las siguientes opciones: guardar
       silencio (artículo 127° y 245° del Código de Procedimientos Penales), no
       declarar contra sí mismo (artículo 8, ordinal 2, literal “g”, de la
       Convención Americana sobre Derechos Humanos), o           confesar (artículo
       136° del citado Código Adjetivo).


443.   Las características de la confesión, como lo anota el profesor San Martín
       Castro, son las siguientes: “a) es una declaración personal y oral del
       imputado […]; b) es una declaración libre y consciente […]; c) debe ser
       sincera, en cuya virtud el imputado debe proferir una narración veraz, con
       fidelidad a la memoria; d) debe tener un contenido verosímil, esto es, el
       relato debe ser de tal naturaleza y características que a la luz de una
       consideración razonable aparezca como susceptible de haber ocurrido, el
       relato debe ser explicable, cognoscible y no contrario a una ley natural, a
       un hecho notorio o a las leyes lógicas; e) debe ser circunstanciada, es
       decir, debe proporcionar los detalles pertinentes, debe dar “razón de su
       dicho” en orden a su intervención delictiva y a las circunstancias
       anteriores, concomitantes y posteriores, objetivas y subjetivas, del hecho y
       de su comportamiento; y, f) debe aceptar simple o calificadamente la
       imputación –en rigor no se debe decir total o parcialmente- que es su nota
       específica, o sea el imputado relata aceptando que intervino en una acción
       penalmente típica”. Y acota que: “El reconocer haber actuado de
                                                                                           242


        determinada manera, pero no el hecho típico objeto del proceso, no
        constituye en puridad confesión”[ 239 ].


444.    Dicho esto, en atención a la precisión dada por el propio acusado, cabe
        señalar que siendo la confesión aceptación de cargos, ella se da sin distingo
        del tipo de delito atribuido, puesto que la ley no prevé una confesión en
        específico por delito doloso y otra por delito culposo. De otro lado,
        examinando la declaración del acusado López Rodríguez de manera
        razonable, la Sala encuentra inverosímil las explicaciones que sobre las
        circunstancias de sus actos da en relación a la operación de la compra-
        venta de armas materia del proceso, como ya se tuvo ocasión de exponer en
        los considerandos precedentes; razones por las que no puede ser merecedor
        del beneficio que la norma procesal glosada prevé.




        De la inhabilitación


445.    El delito de Usurpación de Funciones se halla sancionado también con
        pena conjunta de Inhabilitación de acuerdo al artículo 36°, incisos 1, 2; por
        lo que en el caso de los acusados José Luis Aybar Cancho y Cenepo
        Shapiama, les alcanza la pena de: a) Privación de la función, cargo o
        comisión que ejercían; y, b) Incapacidad para obtener mandato, cargo,
        empleo o comisión de carácter público. En cuanto a la privación de la
        función, cargo o comisión, se tiene que tanto el procesado Aybar Cancho
        como Cenepo Shapiama tienen la calidad de oficial y suboficial del Ejército
        Peruano, respectivamente, en situación de retiro, por lo que no existe cargo
        o función del que se les pueda privar.


446.    En relación al procesado Montesinos Torres, estando a que se tiene
        establecido su culpabilidad en la comisión de los hechos típicos de
        Asociación Ilícita para Delinquir, Suministro de Armas, Violación de
        Soberanía de Estado Extranjero y Conspiración contra Estado Extranjero,

[239 ] San Martín Castro, César; Derecho Procesal Penal, Vol. II Segunda Edición, Octubre 2003,
Editorial Grijley; pág. 841.
                                                                                243


       con prevalimiento y abuso de la función de Asesor de Alta Dirección del
       Sistema Nacional de Inteligencia del país, debe imponérsele la sanción de
       inhabilitación como pena accesoria, debiendo aplicársele los incisos 2 y 4
       del artículo 36° del Código Penal.




       VIII.- REPARACIÓN CIVIL


447.   Que, el artículo noventidós del Código Penal, establece que de la comisión
       de un hecho delictivo se deriva tambien la denominada responsabilidad
       civil ex delito, la que estando a lo reglado en el artículo noventitrés del
       referido Código Sustantivo, comprende: I) La restitución del bien o, si no es
       posible, el pago de su valor; y II) La indemnización de los daños y
       perjuicios, constituyéndolos de esta manera en una categoría general
       acogedora de los efectos perjudiciales producidos por el delito. Ordenados
       así los conceptos el Colegiado procede a valorar los referentes aparejados
       en autos a efectos de determinar la consecuencia civil de la comisión de los
       delitos cometido por los acusados comprendidos en el presente proceso.




       IX.- DE LA RESERVA DEL PROCESO



448.   Que, en lo concerniente a los acusados SARKIS SOGHANALIAN o SARKIS
       SORGHA NORIAN o ZARKIS SORGHAN NORIAN o ALESANDRETTE
       SOGHANALIAN SARKIS, DMITRI NAFIKOV, ERNEST SEVOSTIANOV,
       IOURI KALIAN, BORYS TYMOFEYEV, VYACHESLAV ZAGURDAYEV,
       YEVGEN      NEPOCHATOV         o     YAVGEN     NEPOCHATOV,         VALERI
       IGNATIEV, SERGIY BILIBUKHA, MYKHAYLO MOROZOV, ANATOLIY
       KAPELIST, DMYTRO CHORNY, ANDRIY NAYDENKO o ANDRLY
       NAYDENKO; VLADIMIR GAVRILOV, TOMAS MEDINA CARACAS o
       TOMAS MOLINA CARACAS y GREGORIO QUINO CHÁVEZ, habiendo
       sido declarados Reos Ausentes, mediante resolución de fecha veinte de
       diciembre del año dos mil, corriente a fojas 6,750 del Tomo J; de
                                                                                 244


       conformidad con el numeral 321° del Código de Procedimientos Penales,
       procede la Reserva de sus Juzgamientos, hasta que sean habidos,
       capturados o puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente,
       debiendo, en consecuencia, reiterárseles las órdenes de captura a nivel
       nacional e internacional.




       X.- DE LA DENUNCIA DE TERCERAS PERSONAS


449.   La protección dispensada por funcionarios policiales y otros, al grupo
       criminal: permitieron       su permanencia, y posibilitaron continuaran los
       vuelos de suministro de armas que se conoce. La tergiversación posterior
       de los hechos , mediante la alteración del contenido del denominado Plan
       Siberia, la omisión de hechos relevantes en la investigación, el
       sometimiento de los órganos jurisdiccionales especiales y Ministerio
       Público a las ordenes dada desde el SIN por el procesado Montesinos
       Torres, con el propósito de liberarlo de toda responsabilidad, se convierten
       en los hechos materiales evidentes del acuerdo de voluntad o concierto
       doloso de quienes tuvieron participación en la investigación de los ilícitos ,
       que la Sala no valora por estar limitada su competencia a lo que es objeto
       de la acusación fiscal; por lo que debe procederse como lo señala el
       artículo 265° del Código de Procedimientos Penales a remitir copias al
       Ministerio Publico, para que se formulen las denuncias correspondientes.


450.   Que, igualmente debe procederse como se dispuso en la Sesión N° 98 de
       fecha 19 de agosto del año 2005, remitir copias para que se establezca la
       responsabilidad y se sancione a los que se apropiaron de parte de los
       bienes incautados del acusado José Alejandro Delmar Colina, al momento
       de su detención.


451.   Por estos fundamentos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos dos,
       doce, dieciséis, veintitrés, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treintiséis
       inciso   segundo    y   cuarto,    cuarentiuno,   cuarentidós,   cuarentitrés,
       cuarenticuatro, cuarenticinco, cuarentiséis, cuarentiséis – A, cuarentiocho,
                                                                                    245


        cuarentinueve, cincuenta, noventidós, noventitrés, doscientos setentinueve,
        trescientos diecisiete, trescientos treintisiete, trescientos treintiocho,
        trescientos treintinueve, trescientos sesentiuno, cuatrocientos cuatro,
        cuatrocientos   cinco,   cuatrocientos   veintisiete   (primer   párrafo)     y
        cuatrocientos treintiocho del Código Penal, concordante con los artículos
        doscientos ochentitrés, doscientos ochenticuatro, doscientos ochenticinco,
        doscientos ochentiséis del Código de Procedimientos Penales; la Primera
        Sala Penal Especial de la Corte superior de Justicia de Lima, en uso de las
        atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica del Poder
        Judicial:




                                     FALLO:



1.-     CUESTIONES PROCESALES:
        DECLARANDO:

      1.1.- INFUNDADAS las TACHAS formuladas contra los testigos JOSÉ
           GONZÁLES LOAYZA y ROBINSÓN RIVADENEYRA REÁTEGUI,
           por la defensa del procesado Montesinos Torres, respecto del primero, y
           por las defensas de los acusados José Luis, Luis Frank, Ana Doris,
           Astrid y Brichani Aybar Cancho respecto del segundo de ellos.


      1.2.- INFUNDADAS las TACHAS formuladas contra los contratos de
           adquisición de armas: PD3/132/98/16 de fecha veintitrés de diciembre
           de mil novecientos noventa y ocho, PD3/1/B/99, de abril            de mil
           novecientos noventa y nueve, PD3/11/B/99/7/A/9, del dieciocho de julio
           de mil novecientos noventinueve; así como contra el Certificado de Uso
           Final , por la defensa de los procesados Marisol Cabrejos Torres y Juan
           Manuel López Rodríguez; e INFUNDADAS las TACHAS formuladas
           contra todo lo actuado en el Fuero Castrense, la fotocopia del carné de
           identidad de José Luis Aybar Cancho, la fotocopia del contrato número
           PD3/132/98/16, el Atestado Policial número ciento cuarenta y uno –
           dos mil – DINSE – DIDSE y el Dictamen Fiscal de fecha nueve de
           Octubre del dos mil, en sus puntos: cuatro, diecinueve, veinte,
                                                                          246


     veinticinco, veintiséis, veintisiete y la conclusión del citado dictamen,
     referente a la responsabilidad penal de su patrocinado, por la defensa
     del acusado José Luis Aybar Cancho.


1.3.- INFUNDADA la TACHA formulada contra el perito aeronáutico don
     César Alejandro Martín Enrico Santana y CARECE de OBJETO en lo
     referente al perito aeronáutico Ricardo Rafael Pazos Rasgada, por la
     defensa del acusado Luis Frank Aybar Cancho en ambos casos.


1.4.- INADMISIBLE la NULIDAD e INSUBSISTENCIA deducidas contra:
     la diligencia de declaración testimonial de doña Carmen Guadalupe
     Delgado Méndez, la diligencia de reconocimiento del documento que
     obra a fojas cuatro mil trescientos veintiséis del tomo “G”, efectuado
     por el procesado Santos Cenepo Shapiama; y la diligencia de
     confrontación entre los procesados José Luis Aybar Cancho y Santos
     Cenepo Shapiama, de fecha veinte de Noviembre del dos mil,
     formuladas por la defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres.


1.5.- INFUNDADA la TACHA formulada contra el documento en idioma ruso
     denominado FAX, que corre a folios novecientos cuarenta y ocho del
     Tomo “B” del proceso, por la defensa de Víctor Ivachine.


1.6.- INFUNDADA la TACHA formulada contra el Vídeo presentado por el
     testigo Carlos Arbaiza Aldazábal y el vídeo rotulado “HERMANOS
     AYBAR (2) – AGENCIA PERU.COM”, promovidas por la defensa de
     los acusados Luís Jorge García Tamaríz y José Luis Aybar Cancho, en
     las sesiones Nº 83 y 88 de fechas 19 de Mayo y 22 de Junio del 2005 (
     Ver fojas 45,889 Tomo “N-2” y 46,978 Tomo “O-2”); e INADMISIBLE
     la TACHA formulada contra el referido vídeo por la defensa del
     procesado Luis Jorge García Tamariz en la sesión Nº 88 de fecha 22 de
     Junio del 2005 ( ver fojas 46,980/46,981)


1.7.- INADMISIBLE la NULIDAD deducida contra los actos en que hubiera
     intervenido el doctor Antenor Plácido Córdova Díaz, como Fiscal Ad
                                                                        247


     Hoc en el presente caso, promovidas por la defensa del acusado Juan
     Manuel López Rodríguez


1.8.- INFUNDADA la EXCEPCIÓN de NATURALEZA DE ACCIÓN
     deducida por la defensa del acusado JUAN MANUEL LÓPEZ
     RODRÍGUEZ respecto del proceso que se le sigue en su contra por el
     delito contra la Seguridad Pública – Delito de Peligro Común –
     Suministro Ilegal de Armas de Fuego – en agravio de los Estados
     Peruano y Colombiano; por delito contra el Estado y la Defensa
     Nacional – Delitos que comprometen las Relaciones Exteriores del
     Estado – Violación de la Soberanía de un Estado Extranjero, Actos
     Hostiles contra Estado Extranjero y Conspiración contra un Estado
     Extranjero – en agravio de los Estados Peruano y Colombiano; por
     delito contra la Tranquilidad Pública – Delito contra la Paz Pública –
     Asociación Ilícita para Delinquir – en agravio de los Estados Peruano y
     Colombiano; por el delito contra la Fe Pública – Falsificación de
     Documentos en General – Falsedad Material – en agravio del Estado.


1.9.- INFUNDADA la TACHA formulada contra: a) El Informe número cero
     cuarenta y cinco – dos mil cinco-UIF-DPA/COMUNICACIÓN, b) El
     informe UIF-número cero cero seis – dos mil cinco/CONJUNTA y c)
     El Informe cero trece - dos mil cinco, emitidos todos por la Unidad de
     Inteligencia Financiera, por la defensa de los acusados Charles Acelor
     Cokeran y Vladimiro Montesinos Torres contra todos los informes, y por
     la defensa de los procesados José Alejandro Delmar Colina y José Luis
     Aybar Cancho contra el segundo y tercer informe; y, CARECE DE
     OBJETO emitir pronunciamiento respecto de la TACHA contra los
     documentos ANEXOS al tercer informe, deducida por la defensa de
     Montesinos Torres.


1.10.- INFUNDADA la Excepción de Prescripción de la Acción Penal
     deducida por la defensa del procesado Montesinos Torres respecto del
     proceso que se le sigue por el delito contra Fe Pública – Falsedad
                                                                             248


         Genérica – en agravio del Estado Peruano, deducida en la Sesión Nº 151
         de fecha 18 de Setiembre del 2006.




2.- ABSOLUCIONES


2.1. ABSOLVIENDO: de la Acusación Fiscal a


   •   CARLOS RAMON REATEGUI ALENCAR
   •   AGAPITO MAXIMO NAVARRO QUISPE
   •   CARMEN ASTRIT AYBAR CANCHO ó ASTRITH AYBAR CANCHO
   •   ALEX VICTOR TORRES SEMINARIO
   •   LILIANA VILLARREAL LANDEO
   •   MARISOL CABREJOS TORRES
   •   ANA DORIS AYBAR CANCHO
   •   JOSÉ ALEJANDRO DELMAR COLINA
       De la Acusación Fiscal por el delito contra la Seguridad Pública – Delito
       de Peligro Común – Suministro Ilegal de Armas de Fuego – en agravio de
       los Estados Peruano y Colombiano;


       por delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
       comprometen las relaciones exteriores del Estado – Violación de la
       Soberanía de un Estado Extranjero, Actos Hostiles contra Estado
       Extranjero y Conspiración contra un Estado Extranjero – en agravio de
       los Estados Peruano y Colombiano


       por delito contra la Tranquilidad Pública – Delito contra la Paz Pública –
       Asociación Ilícita para Delinquir – en agravio de los Estados Peruano y
       Colombiano;
                                                                          249


2.2.     ABSOLVIENDO de la Acusación Fiscal a ALFREDO LANDEO
       BASTIDAS por el delito contra la Administración Pública – contra la
       Administración de Justicia – Encubrimiento Real en grado de Tentativa –
       en agravio del Estado Peruano;


2.3. ABSOLVIENDO de la Acusación Fiscal a LUIS ALBERTO MEZA
       RODRIGUEZ por el delito contra la Tranquilidad Pública – contra la
       Paz Pública – Asociación Ilícita para Delinquir – en agravio de los
       Estados Peruano y Colombiano


2.4.- ABSOLVIENDO de la Acusación Fiscal a LUIS FRANK AYBAR
       CANCHO, CHARLE ACELOR COKERAN ó CHARLES ACELOR
       COKERAN ó CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN ó
       CHARLES MAX DAMIAN ACELOR COKERAN y LUIS ALBERTO
       MEZA RODRIGUEZ por el delito contra la Fe Pública – Falsificación
       de Documentos en General – Falsedad Material – en agravio del Estado;


2.5.- ABSOLVIENDO de la Acusación Fiscal a VLADIMIRO MONTESINOS
       TORRES, del delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
       comprometen las relaciones exteriores del Estado – Violación de la
       Soberanía de un Estado Extranjero y Conspiración contra un Estado
       Extranjero – en agravio del Estado Colombiano


2.6.- ABSOLVIENDO de la Acusación Fiscal a
•      LUIS FRANK AYBAR CANCHO
•      JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO,
•      SANTOS CENEPO SHAPIAMA,
•      JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
•      CHARLE ACELOR COKERAN ó CHARLES ACELOR COKERAN ó
       CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN ó CHARLES MAX
       DAMIAN ACELOR COKERAN,
•      BRICHANI AYBAR CANCHO ó BRICHANI WILFORD AYBAR
       CANCHO,
•      LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ,
                                                                        250


•   LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ,


     Por el delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
     comprometen las relaciones exteriores del Estado – Violación de la
     Soberanía de un Estado Extranjero, Conspiración contra un Estado
     Extranjero y Actos Hostiles contra Estado Extranjero – en agravio del
     Estado Colombiano


     Por del delito contra la Seguridad Pública – Delito de Peligro Común –
     Suministro Ilegal de Armas de Fuego – en agravio del Estado
     Colombiano;


2.7.- ABSOLVIENDO de la Acusación Fiscal a
•   LUIS FRANK AYBAR CANCHO
•   JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO,
•   SANTOS CENEPO SHAPIAMA,
•   JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
•   CHARLE ACELOR COKERAN ó CHARLES ACELOR COKERAN ó
     CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN ó CHARLES MAX
     DAMIAN ACELOR COKERAN,
•   BRICHANI AYBAR CANCHO ó BRICHANI WILFORD AYBAR
     CANCHO,
•   LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ,
    Por el delito contra la Tranquilidad Pública – contra la Paz Pública –
     Asociación Ilícita para Delinquir – en agravio del Estado Colombiano




     DISPUSIERON: La Anulación de los Antecedentes Penales, Judiciales y
     Policiales que se le haya generado por este proceso; y MANDARON
     Archivar la causa en este extremo.
                                                                         251


3.-    CONDENAS:


      3.1.- CONDENANDO: a
         •   VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
         •   LUIS FRANK AYBAR CANCHO
         •   JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO,
         •   SANTOS CENEPO SHAPIAMA,
         •   JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
         •   CHARLE       ACELOR     COKERAN      ó   CHARLES      ACELOR
             COKERAN ó CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN ó
             CHARLES MAX DAMIAN ACELOR COKERAN como co -
             autores, y
         •   BRICHANI AYBAR CANCHO ó BRICHANI WILFORD AYBAR
             CANCHO,
         •   LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ,
         •   LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ, como cómplices primarios


      del delito contra la Seguridad Pública – Delito de Peligro Común –
      Suministro Ilegal de Armas de Fuego – en agravio del Estado Peruano;


      3.2.- CONDENANDO: a
         •   VLADIMIRO MONTESINOS TORRES,
         •   LUIS FRANK AYBAR CANCHO,
         •   JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO,
         •   SANTOS CENEPO SHAPIAMA,
         •   JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
         •   CHARLE       ACELOR     COKERAN      ó   CHARLES      ACELOR
             COKERAN ó CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN ó
             CHARLES MAX DAMIAN ACELOR COKERAN, como co -
             autores
         •   BRICHANI AYBAR CANCHO ó BRICHANI WILFORD AYBAR
             CANCHO,
         •   LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ,
                                                                       252


    •    LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ, como cómplices primarios
    del delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
    comprometen las relaciones exteriores del Estado – Violación de la
    Soberanía de un Estado Extranjero y Conspiración contra un Estado
    Extranjero – en agravio del Estado Peruano


3.3.- CONDENANDO: a
•        LUIS FRANK AYBAR CANCHO
•        JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO,
•        SANTOS CENEPO SHAPIAMA,
•        JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
•        CHARLE      ACELOR      COKERAN       ó   CHARLES          ACELOR
        COKERAN ó CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN ó
        CHARLES MAX DAMIAN ACELOR COKERAN, como co -
        autores, y
•       BRICHANI AYBAR CANCHO ó BRICHANI WILFORD AYBAR
        CANCHO,
•       LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ,
•       LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ, como cómplices primarios
        del delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Delitos que
        comprometen las relaciones exteriores del Estado – Actos Hostiles
        contra Estado Extranjero – en agravio del Estado Peruano;


3.4.- CONDENANDO: a
•        VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
•        LUIS FRANK AYBAR CANCHO,
•        JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO,
•        SANTOS CENEPO SHAPIAMA,
•        JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
•       CHARLE ACELOR COKERAN ó CHARLES ACELOR COKERAN
        ó CHARLES MAX DAMIEN ACELOR COKERAN ó CHARLES
        MAX DAMIAN ACELOR COKERAN, como co – autores. y
                                                                         253


     •   BRICHANI AYBAR CANCHO ó BRICHANI WILFORD AYBAR
         CANCHO,
     •   LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ, como cómplices primarios
         del delito contra la Tranquilidad Pública – contra la Paz Pública –
         Asociación Ilícita para Delinquir – en agravio del Estado Peruano;


     3.5.- CONDENANDO: a
     •   VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
         como autor del delito contra la Fe Pública – Falsedad Genérica – en
         agravio del Estado Peruano;


     3.6.- CONDENANDO: a
     •   JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
     •   JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO y
     •   SANTOS CENEPO SHAPIAMA
         como co - autores del delito contra la Fe Pública – Falsificación de
         Documentos en General – Falsedad Material – en agravio del
         Estado;


     3.7.- CONDENANDO: a
     •   JOSE LUIS AYBAR CANCHO y SANTOS CENEPO SHAPIAMA
         como coautores del delito contra la Administración Pública –
         Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores – Usurpación de
         Funciones – en agravio del Estado Peruano;


     3.8.- CONDENANDO: a
     •   JOSE ALEJANDRO DELMAR COLINA
         como autor del delito contra la Administración Pública – contra la
         Administración de Justicia – Encubrimiento Personal en grado de
         Tentativa – en agravio del Estado Peruano;


4.- PENA, MULTA e INHABILITACIÓN
                                                                          254


4.1.-   IMPUSIERON        a   VLADIMIRO         MONTESINOS         TORRES,
        VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
        EFECTIVA, la misma que con el descuento de la carcelería que
        sufrió desde el veinticinco de Junio del año dos mil uno (según
        notificación del Mandato de Detención de fojas dieciocho mil
        ochocientos veintiséis – Tomo “D – 1”) hasta el veintiocho de
        Diciembre del dos mil cuatro (según el oficio de libertad de fojas
        cuarenta mil novecientos siete – Tomo “ G – 2 ”) y la que empezará
        a sufrir por este proceso a partir de la fecha veintiuno de Setiembre
        del dos mil seis vencerá el DIECISIETE DE MARZO DEL DOS
        MIL VEINTITRÉS; TRESCIENTOS SESENTICINCO DÍAS
        MULTA a razón del veinticinco por ciento de sus ingresos diarios
        por Día Multa, e INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;


4.2.-   IMPUSIERON a LUIS FRANK AYBAR CANCHO, QUINCE
        AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la
        misma que con el descuento de la carcelería que sufrió desde el dos
        de Setiembre del año dos mil (según notificación de Detención de
        fojas 104-A Tomo A) hasta el doce de Diciembre del dos mil
        (resolución de fojas 6523/6524 Tomo “J”) y desde el catorce de
        Noviembre del dos mil uno (Notificación de Detención de fojas
        nueve mil trescientos sesentitrés “Tomo LL”) hasta el veintidós de
        Diciembre del dos mil cuatro (según el oficio de libertad de fojas
        cuarenta mil setecientos noventiuno – Tomo “ G – 2 ”) y la que
        empezará a sufrir a partir de la fecha veintiuno de Setiembre del
        dos mil seis vencerá el DOS DE MAYO DEL DOS MIL
        DIECIOCHO; TRESCIENTOS SESENTICINCO DÍAS MULTA
        a razón del veinticinco por ciento de sus ingresos diarios por Día
        Multa, e INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;


4.3.-   IMPUSIERON a JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO, QUINCE AÑOS
        DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la misma
        que con el descuento de la carcelería que sufrió desde el dieciséis de
        Agosto del año dos mil (según el Parte Policial de fojas 941 Tomo
                                                                          255


        B) hasta el veintidós de Diciembre del dos mil cuatro (según el
        oficio de libertad de fojas cuarenta mil setecientos noventidós Tomo
        “ G – 2 ”) y la que empezará a sufrir a partir de la fecha veintiuno
        de Setiembre del dos mil seis vencerá el CATORCE DE MAYO
        DEL DOS MIL DIECISIETE; TRESCIENTOS SESENTICINCO
        DÍAS MULTA a razón del veinticinco por ciento de sus ingresos
        diarios por Día Multa, e INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;


4.4.-   IMPUSIERON a SANTOS CENEPO SHAPIA MA, QUINCE
        AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la
        misma que con el descuento de la carcelería que sufrió desde el
        dieciséis de Agosto del año dos mil (según el Parte Policial de fojas
        809 Tomo B) hasta el veintidós de Diciembre del dos mil cuat ro
        (según el oficio de libertad de fojas cuarenta mil setecientos noventa
        y cuatro Tomo “ G – 2 ”) y la que empezará a sufrir a partir de la
        fecha veintiuno de Setiembre del dos mil seis vencerá el CATORCE
        DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE; TRESCIENTOS
        SESENTICINCO DÍAS MULTA a razón del veinticinco por ciento
        de sus ingresos diarios por Día Multa, e INHABILITACIÓN POR
        TRES AÑOS;


4.5.-   IMPUSIERON a JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
        QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
        EFECTIVA, la misma que con el descuento de la carcelería que
        sufrió desde el dos de Setiembre del año dos mil (según notificación
        de Detención de fojas 105 Tomo A) hasta el once de Diciembre del
        dos mil (oficio de libertad de fojas 6419 Tomo “J”) y la que viene
        sufriendo desde el veintitrés de Enero del dos mil cuatro (según
        acta de fojas 28421- Tomo “P 1” y oficio y oficio de internamiento
        de fojas 28428/28429) vencerá el TRECE DE OCTUBRE DEL
        DOS MIL DIECIOCHO TRESCIENTOS SESENTICINCO DÍAS
        MULTA a razón del veinticinco por ciento de sus ingresos diarios
        por Día Multa, e INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;
                                                                         256


4.6.-   IMPUSIERON a CHARLE ACELOR COKERAN ó CHARLES
        ACELOR COKERAN ó CHARLES MAX DAMIEN ACELOR
        COKERAN ó CHARLES MAX DAMIAN ACELOR COKERAN,
        QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
        EFECTIVA, la misma que con el descuento de la carcelería que
        sufrió desde el siete de Marzo del dos mil dos (en que fue detenido
        en el Aeropuerto de Frankfurt – Alemania según el Oficio de
        INTERPOL de fojas diez mil seiscientos setentidós a diez mil
        seiscientos setentitrés (Tomo “N”) hasta el once de Marzo del dos
        mil cinco (según el oficio de libertad de fojas cuarentitrés mil
        seiscientos sesentiuno Tomo “K–2”) y la que empezará a sufrir a
        partir de la fecha veintiuno de Setiembre del dos mil seis vencerá el
        DIECISÉIS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO;
        TRESCIENTOS SESENTICINCO DÍAS MULTA a razón del
        veinticinco por ciento de sus ingresos diarios por Día Multa, e
        INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;


4.7.-   IMPUSIERON a BRICHANI AYBAR CANCHO ó BRICHANI
        WILFORD AYBAR CANCHO, OCHO AÑOS DE PENA
        PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la misma que
        empezará a sufrir a partir de la fecha veintiuno de Setiembre del
        dos mil seis vencerá el VEINTE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL
        CATORCE; CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA a razón del
                        iento de sus ingresos diarios por Día Multa, e
        veinticinco por c
        INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;


4.8.-   IMPUSIERON a LUIS JORGE GARCÍA TAMARIZ, OCHO
        AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la
        misma que con el descuento de la carcelería que sufrió desde el tres
        de Enero del dos mil dos (según la notificación de detención de
        fojas diez mil sesentiocho Tomo “M”) hasta el treinta de Diciembre
        del dos mil cuatro (según el oficio de libertad de fojas cuarenta mil
        novecientos veinticuatro Tomo “G–2”) y la que empezará a sufrir a
        partir de la fecha veintiuno de Setiembre del dos mil seis vencerá el
                                                                               257


              VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL ONCE; CIENTO
              OCHENTA DÍAS MULTA a razón del veinticinco por ciento de sus
              ingresos diarios por Día Multa, e INHABILITACIÓN POR TRES
              AÑOS;


      4.9.-   IMPUSIERON a LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ, SEIS
              AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la
              misma que con el descuento de la carcelería que sufrió desde el
              dieciséis de Agosto del dos mil (según el Certificado de Detención
              de fojas veintisiete mil cuatrocientos veinte - Tomo “ Ñ - 1 ”) hasta
              el veintidós de Diciembre del dos mil cuatro (según el oficio de
              libertad de fojas cuarenta mil setecientos noventitrés Tomo “G–2”)
              y la que empezará a sufrir a partir de la fecha veintiuno de
              Setiembre del dos mil seis vencerá el CATORCE DE MAYO DEL
              DOS MIL OCHO; TRESCIENTOS SESENTICINCO DÍAS
              MULTA a razón del veinticinco por ciento de sus ingresos diarios
              por Día Multa, e INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;


      4.10.- IMPUSIERON a JOSE ALEJANDRO DELMAR COLINA,
              CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la
              misma que se suspende por el periodo de prueba de DOS AÑOS;
              Señalaron: Las siguientes reglas de conducta: a) No concurrir a
              lugares de dudosa reputación, b) No ausentarse del lugar de su
              residencia sin previo aviso al Juez, c) Comparecer mensual,
              personal y obligatoriamente al Juzgado a informar y justificar sus
              actividades; Bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de
              la pena en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de
              conducta señaladas; DOSCIENTOS DÍAS MULTA a razón del
              veinticinco por ciento de sus ingresos diarios por Día Multa,
              INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS;


5.-   CONSECUENCIAS CIVILES
      FIJARON: Como monto de Reparación Civil la suma DIEZ MILLONES
      DE NUEVOS SOLES, que deberán abonar en forma solidaria los
                                                                           258


      sentenciados por los delitos de Suministro de Armas, Violación de
      Soberanía de Estado Extranjero, Conspiración contra Estado Extranjero,
      Actos Hostiles contra Estado Extranjero, Asociación Ilícita para
      Delinquir a favor del Estado Peruano; En TRESCIENTOS MIL NUEVOS
      SOLES que deberán abonar los sentenciados por el delito de Falsedad
      Genérica en agravio del Estado Peruano; En TRESCIENTOS MIL
      NUEVOS SOLES que deberá abonar por concepto de reparación civil los
      sentenciados por el delito de Falsedad Material en agravio del Estado
      Peruano; y TRESCIENTOS MIL NUEVOS SOLES el sentenciado por el
      delito de Encubrimiento Personal en agravio del Estado Peruano.


6.-   RESERVARON:        El   juzgamiento    contra   los   acusados    SARKIS
      SOGHANALIAN o SARKIS SORGHAN NORIAN o ZARKIS SORGHAN
      NORIAN ó ALESANDRETTE SOGHANALIAN SARKIS, TOMAS
      MEDINA CARACAS o TOMAS MOLINA CARACAS, GREGORIO
      QUINO CHAVEZ, DMITRI NAFIKOV, ERNEST SEVOSTIANOV,
      IOURI      KALIAN,       BORYS         TYMOFEYEP,        VYACHESLAV
      ZAGURDAYEV,          YEVGEN           NEPOCHATOV         o       YAVGEN
      NEPOCHATOV,         VALERI      IGNATIEV,       SERGIY       BILIBUKHA,
      MYKHAYLO       MOROZOV,        ANATOLY      GALUSHKO,         ANATOLIY
      KAPELIST, DMYTRO CHORNY, ANDRIY NAYDENKO o ANDRLY
      NAYDENKO y VLADIMIR GAVRILOV hasta que sean habidos y puestos
      a disposición de la autoridad respectiva; reiterándose las ordenes de
      ubicación y captura impartidas a nivel Nacional e Internacional cada seis
      meses;
7.-    ORDENARON: Que por Secretaria se cursen los oficios correspondientes
       para que se proceda al internamiento de los sentenciados Vladimiro
       Montesinos Torres, Luis Frank Aybar Cancho, José Luis Aybar Cancho,
       Santos Cenepo Shapiama, Charle Acelor Cokeran ó Charles Acelor
       Cokeran ó Charles Max Damien Acelor Cokeran ó Charles Max
       Damian Acelor Cokeran, Brichani Aybar Cancho ó Brichani Wilford
       Aybar Cancho, Luis Jorge García Tamariz y Luis Alberto Meza
       Rodríguez en una cárcel pública en mérito de la presente sentencia;
       comunicándose al Instituto Nacional Penitenciario la condena impuesta a
                                                                                259


        Juan Manuel López Rodríguez, quien se encuentra recluido a la fecha en
        un Centro Penitenciario de la República.


8.-    DISPUSIERON: Remitir las copias certificadas de las actas de audiencias
       continuadas y de esta sentencia conforme se ha ordenado en el acápite IX
       de la RESPONSABILIDAD DE OTRAS PERSONAS; a la Mesa de Partes de
       la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, para los fines pertinentes.


9.-    MANDARON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente
       sentencia, se expidan los boletines y testimonios de condena, inscribiéndose
       en el registro respectivo; archivándose definitivamente la causa en los
       extremos absolutorios, debiendo procederse a la anulación de los
       antecedentes policiales y judiciales de conformidad con lo establecido en el
       Decreto Ley veinte mil quinientos setentinueve; igualmente en caso de ser
       apelada esta sentencia el Supremo Tribunal se pronunciará sobre las
       apelaciones concedidas con el carácter de diferidas, las que se precisaran
       en el oficio de elevación de ser el caso; con aviso al Juzgado de Origen.-

S.S.




INES VILLA BONILLA                                    INES TELLO DE ÑECCO
      Presidenta                                        Vocal Superior y D.D.




                            HILDA PIEDRA ROJAS
                               Vocal Superior