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TEDF-REA-004-2002

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                                      004/2002.

                                      ACTOR:          PARTIDO         DEL
                                      TRABAJO.

                                      AUTORIDAD RESPONSABLE:
                                      CONSEJO     GENERAL DEL
                                      INSTITUTO ELECTORAL DEL
                                      DISTRITO FEDERAL.

                                      MAGISTRADO                 PONENTE:
                                      RACIEL                      GARRIDO
                                      MALDONADO.

                                      SECRETARIO DE ESTUDIO Y
                                      CUENTA: GERARDO MORALES
                                      ZÁRATE.


México, Distrito Federal, a treinta y uno de julio de dos mil.


VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la
clave formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el
Partido del Trabaje] por conducto del ciudadano Víctor Hugo Martínez
Alvarado, en su carácter de representante suplente de dicho instituto
político, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en contra de la resolución emitida en sesión pública del
veintiocho de febrero de dos mil dos, por dicho organismo, en el
procedimiento de determinación e imposición de sanciones instaurado
en su contra y,


                          R E S U L T A N D O:
1. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil uno, el Partido del
Trabajo presentó, Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito
Federal, el informe anual del origen, destino y monto de los ingresos
del Partido, correspondientes al ejercicio de dos mil, a que se refiere el
artículo 37, fracción I del Código Electoral del Distrito Federal.


2. El diecinueve de abril de dos mil uno, la Comisión Fiscalización del
Instituto Electoral del Distrito Federal, dio inicio a la fiscalización del
informe anual del origen, destino y monto de los ingresos del Partido
del Trabajo, correspondientes al ejercicio de dos mil.


3. Con fecha veintisiete de junio de dos mil uno, la Comisión de
Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal concluyó la
fiscalización del informe anual del origen, destino y monto de los
ingresos del Partido del Trabajo.


4. El veintiocho de junio de dos mil uno, el citado instituto político
remitió al Instituto Electoral del Distrito Federal, el informe anual del
origen, destino y monto de los ingresos del Partido impetrado,
correspondientes al ejercicio de dos mil, corregido.


5. Mediante oficio DEAP/1373.01 de diez de octubre de dos mil uno, la
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, notificó al Partido del Trabajo los errores y omisiones
técnicas en que incurrió al rendir su informe anual del origen, monto, y
destino de los ingresos correspondientes al ejercicio de dos mil, a
efecto de que presentara las aclaraciones y rectificaciones que
estimara conducentes.


6. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil
uno, el Partido del Trabajo dio respuesta al oficio que antecede,
manifestando lo que a su derecho convino.


7. El veintisiete del noviembre del año próximo pasado, la Comisión de
Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, puso a
consideración del Consejo General de dicho organismo, el Dictamen
Consolidado en relación a los informes anuales del origen, monto y
destino de los ingresos de los Partidos Políticos correspondientes al
ejercicio del año dos mil, en el que, por lo que respecta al se
consignaron las siguientes conclusiones:

        "9. CONCLUSIONES

        En el curso de la fiscalización, la Comisión de Finanzas de la
        Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo en el Distrito
        Federal, aclaró diversas situaciones detalladas. No obstante,
        subsistieron irregularidades observadas que se detallan a
        continuación:

        9.1 SERVICIOS PERSONALES

        Se determinaron erogaciones realizadas en 23 casos por un total
        de $606,639.34 (seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres
        pesos 34/100 M.N.), que fueron documentadas con recibos de
        Reconocimientos por actividades Políticas (RERAP'S) para una
        persona física, que exceden los doscientos días de salario mínimo
        general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un
        mes. Los rebases ascienden a un importe de $227,693.34 (dos
        cientos veintisiete mil seis cientos noventa y tres pesos 34/100
        M.N.), incumpliendo con lo establecido en el numeral 15.4 de los
        Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la
        Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como se
        puede apreciar en el anexo 14 del apartado 10 de este Dictamen.
Se determinaron erogaciones realizadas en 10 casos por un total
de 749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos
cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), que fueron documentadas
con recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas
(RERAP'S) para una sola persona física, que exceden los mil
quinientos días de salario mínimo general diario vigente en\el
Distrito Federal en el transcurso de un año. Los rebases
ascienden a un importe de $181,352.53 (ciento ochenta y un mil
trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), incumpliendo con
lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los recursos
de los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo 14
del apartado 10 de este Dictamen.

Estas irregularidades se consideran sancionables.

9.2 BANCOS

El Partido realizó 30 pagos por un total de $222,296.00
(doscientos veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100
M.N.), en los que no expidió cheques nominativos, no obstante
que estos en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a
100 veces, el salario mínimo general diario vigente para el Distrito
Federal, por lo que incumplió con lo señalado en el numeral 12.1
de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para
la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos como se
puede apreciar en el anexo 15 del apartado 10 de este Dictamen.

Esta irregularidad se considera sancionable.

9.3 CUENTAS POR COBRAR

Como resultado de la revisión de los rubros de "Gastos a
comprobar" y "Anticipos a proveedores y prestadores de servicios”
cuyo saldo al 31 de diciembre de 2000 ascendió a $886,213.21
(ochocientos ochenta y seis mil doscientos trece pesos 21/100
M.N.), se determinó lo siguiente:

a) Saldos de la subcuenta Gastos (sic) por Comprobar (sic) por un
total de $262,827.86 (doscientos sesenta y dos mil ochocientos
veintisiete pesos 86/100 M.N.), con una antigüedad entre 3 y 12
meses.

b) Saldos de las subcuentas Anticipos (sic) a Proveedores (sic)
por un total de $535,302.85 (quinientos treinta y cinco mil
trescientos dos pesos 85/100 M.N.), con entre 3 y 12 meses.

b) Saldos de la subcuenta Anticipos (sic) a Prestadores (sic) de
servicios (sic) por un total de $88,082.50 (ochenta y ocho mil
ochenta y dos pesos 50/100 M.N.), con una antigüedad entre 6 y
12 meses.
         Todo lo anterior puede apreciarse en los anexos 16, 17 Y 18 del
         apartado 10 de este dictamen.

         Al respecto, se sugiere que el Partido adopte las acciones
         pertinentes' para que los saldos de referencia sean recuperados o
         comprobados a la brevedad.

         9.4 ASPECTOS GENERALES

         El Partido no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 30,
         fracción I, inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal que
         establece: "Cada Partido
         Político deberá destinar anualmente por lo menos el 2% del
         financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus
         Fundaciones o Institutos de Investigación", el importe a destinar
         debió ser por $279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil
         ochocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.).

         Esta irregularidad se considera sancionable.

         • El Partido presentó en forma extemporánea, durante el
         desarrollo de la fiscalización del Informe Anual, la siguiente
         información y documentación, que establecen 10$ numerales 17.3
         y 17.4 inciso a) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del
         Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los
         Partidos Políticos:

         a) Estados de cuenta bancarios.

         b) Integración detallada de pasivos al 31 de diciembre de 2000,
         con mención de: fecha, nombre, concepto y monto.

         c) Inventario de bienes muebles e inmuebles.

         Estas irregularidades se consideran sancionables.

         • El Partido la proporcionó el Control de Folios y las relaciones de
         personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas,
         y el monto total de cada una de ellas, a que se refiere el numeral
         15.5 inciso f) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
         Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos
         Políticos.

         Esta irregularidad de considera sancionable."



8. En sesión pública celebrada el treinta de noviembre de dos mil uno,
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó el
Dictamen Consolidado, instruyendo a la Comisión de Fiscalización
iniciar los procedimientos de determinación e imposición de sanciones
a diversos Partidos Políticos, entre ellos, al Partido del Trabajo.


9. El seis de diciembre) del año pasado, en cumplimiento a lo ordenado;
por el Consejo General del Instituto Electoral del distrito Federal, se
notificó personalmente al Partido del Trabajo, acerca del inicio del
procedimiento de determinación de imposición de sanciones y, en
consecuencia, del plazo de diez días hábiles que tenía dicho Instituto
Político para manifestar lo que a su derecho convino.


10. Mediante promoción presentada el ocho de enero dos mil dos, el
partido del Trabajo, por conducto de su represente suplente ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal al Víctor
Martínez Alvarado, compareció en el citado procedimiento, anexando
diversa documentación y manifestando lo que a su derecho convino.


11. Por acuerdo del veintidós de febrero del dos mil dos, la Comisión de
Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, tuvo por aportadas
en forma extemporánea las pruebas ofrecidas por el Partido del Trabajo
y decretó el cierre de instrucción en el procedimiento de determinación e
imposición de sanciones incoando a dicho Instituto Político.

12. Agotado el procedimiento, durante la sesión pública celebrada el
veintiocho de febrero de dos mil dos, el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal emitió la resolución correspondiente; cuyo
tenor literal es el siguiente:
"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL   DEL  DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN E IMPOSICIÓN DE
SANCIONES INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.

México, Distrito Federal, a veintiocho de febrero de dos mil dos.

VISTO para resolver el expediente integrado como consecuencia del
procedimiento de determinación e imposición de sanciones instaurado
al Partido del Trabajo, ordenado con fecha de treinta de noviembre de
dos mil uno, mediante Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, con motivo de las irregularidades
dictaminadas por la Comisión de Fiscalización como resultado del
proceso de revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio dos
mil, de dicha
Asociación Política, y

R E S U L T A N DO.

1. Que por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal recibió lo informes anuales presentados por los
Partidos políticos respecto de sus ingresos y egresos correspondientes
al ejercicio de dos mil, procediendo a su análisis y revisión, de
conformidad con los artículos 37, 38, 39, 66 incisos e) y l), y 77 inciso h)
del Código Electoral del Distrito Federal, así como los Lineamientos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos.

2. Que de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del
artículo 38 del Código Electoral del Distrito Federal, la autoridad
electoral notificó al Partido del Trabajo, por conducto de la Comisión de
Finanzas de su Comisión Ejecutiva Nacional, los errores u omisiones
técnicas que advirtió derivados de la revisión efectuada, para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.

3. Que una vez agotado el procedimiento descrito en los Resultandos
que anteceden y cumpliendo con lo dispuesto en las fracciones III, IV y
V del artículo 38 del Código de la materia, en sesión de Consejo
General de fecha treinta de noviembre de dos mil uno, la Comisión de
Fiscalización presentó al Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal el Dictamen Consolidado que contiene los resultados y
las conclusiones de la revisión de los Informes Anuales respecto] del
origen, destino y monto de los ingresos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio de dos mil, la mención de los errores o
irregularidades encontradas, el señalamiento de los requerimientos y
notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones
presentada por éstos.
4, Que una vez presentado el Dictamen Consolidado, el Consejo
General acordó, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil
uno, con fundamento en la fracción V del artículo 38 del Código
Electoral del Distrito Federal, ordenar el inicio del procedimiento
respectivo en contra del Partido del Trabajo con motivo de las
irregularidades dictaminadas por la Comisión de Fiscalización.

5, Que con fecha seis de diciembre de dos mil uno, la autoridad
electoral notificó mediante cédula al Partido del Trabajo, por conducto
de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, C. Juvenal Alejandro Núñez Mercado, el
inicio del procedimiento para la determinación e imposición de
sanciones a que se alude en el Resultando anterior, emplazándole para
que dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación
contestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que
considerara pertinentes.

6, Que en respuesta de lo anterior, mediante escrito presentado en
forma extemporánea, con fecha nueve de enero del año en curso, el
Partido del Trabajo, contestó el emplazamiento efectuado por esta
autoridad, exhibiendo los documentos que consideró pertinentes.

7. Que mediante Acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en
curso, la Comisión de Fiscalización del Consejo General, del Instituto
Electoral del Distrito Federal declaró cerrada la instrucción en este
procedimiento. En consecuencia, el procedimiento instaurado en contra
del Partido del Trabajo, quedó en estado de Resolución de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 38 fracción VI párrafo tercero del Código
Electoral del Distrito Federal.

8. Que una vez agotado el procedimiento al que se hace referencia en
el punto que antecede y toda vez que las irregularidades derivadas de la
revisión del Informe Anual respecto del origen, destino y monto de los
ingresos del Partido del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil,
constituyen una violación al marco normativo vigente en el Distrito
Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
previsto en el Código de la materia y los Lineamientos aprobados al
efecto por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
la Comisión de Fiscalización propone al Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal que en ejercicio de sus atribuciones y con
fundamento en el artículo 60, fracción XI del Código Electoral del Distrito
Federal, emita la presente Resolución con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. De conformidad con lo establecido en los artículos 122, 123, 124, 127
y 136 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 1º, 3°; 38 fracción
VI, párrafo tercero; 60 fracciones XI y XV; 274 inciso g); 275 párrafo
primero, incisos a) y e), y 276 párrafo primero, incisos a) y b) del Código
Electoral del Distrito Federal, es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones, y en su caso, imponer las sanciones que
correspondan en los términos previstos en el citado ordenamiento, así
como vigilar que las actividades prerrogativas de los Partidos
Políticos se desarrollen con apego a este ordenamiento y cumplan con
las obligaciones a que están sujetos.

II. Con base en las conclusiones contenidas en el Dictamen
Consolidado y la valoración hecha en la presente Resolución de los
elementos que obran en las presentes actuaciones, corresponde a este
Consejo General pronunciarse exclusivamente sobre las irregularidades
detectadas con motivo de la revisión de los informes anuales de los
Partidos Políticos, en cuanto al registro de sus ingresos y egresos, (sic)
del ejercicio dos mil, señaladas por la Comisión de Fiscalización, para
en consecuencia determinar si procede imponer sanción al Partido del
Trabajo

III. En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidada, en
la parte que atañe a esta litis, se advierte lo siguiente:

"9. CONCLUSIONES

En el curso de la fiscalización, la Comisión de Finanzas de la
Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo en el Distrito
Federal, aclaró diversas situaciones detectadas. No obstante,
subsistieron irregularidades observadas que se detallan a continuación:

9.1 SERVICIOS PERSONALES

Se determinaron erogaciones realizadas en 23 casos por un total de
$606,693.34 (seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos
34/100 M.N.), que fueron documentadas con recibos de Reconocimiento
e por Actividades Políticas (RERAP'S) para una sola persona física,
que exceden los doscientos días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes. Los rebases
ascienden a un importe de $227,693.34 (doscientos veintisiete mil
seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.), incumpliendo con lo
establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos como se puede apreciar en el anexo 14 del
apartado 10 de este Dictamen."

Se determinaron erogaciones realizadas en 10 casos por un total de
$749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y
dos pesos 53/100 M.N.), que fueron documentadas con recibos de
Reconocimientos por Actividades políticas (RERAP'S) para una sola
persona física, que exceden los mil quinientos días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año.
Los rebases ascienden a un importe de $181,352.53 (ciento ochenta y
un mil trescientos cincuenta y dos peso 53/100 M.N.) incumpliendo con
lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo 14 del
apartado 10 de este Dictamen.

Estas irregularidades se consideran sancionables (sic)

9.2 BANCOS

El Partido realizó 30 pagos por un total de $222,296.00 (doscientos
veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), en los que
no expidió cheques nominativos, no obstante que estos en forma
individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces el salario
mínimo general diario vigente pala el Distrito Federal, por lo que
incumplió con lo señalado en el numeral 12.1 de los Lineamientos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos como se puede apreciar en el anexo
15 del apartado 10 de este Dictamen.

Esta irregularidad se considera sancionable.

9.3 CUENTAS POR COBRAR

Como resultado de la revisión de los rubros de "Gastos a comprobar" y
"Anticipos a proveedores y prestadores de servicios" cuyo saldo al 31
de diciembre de 2000 ascendió a $886,213.21 (ochocientos ochenta y
seis mil doscientos trece pesos 21/100 M.N.) se determinó lo siguiente:

a) Saldos de la subcuenta Gastos (sic) por Comprobar (sic) por un total
de $262,827.86 (doscientos sesenta y dos mil ochocientos veintisiete
pesos 86/100 M.N.), con una antigüedad entre 3 y 12 meses.

b) Saldos de la subcuenta Anticipos (sic) a Proveedores (sic) por un
total de
$535,302.85 (quinientos treinta y cinco mil trescientos dos pesos 85/100
M.N.), con una antigüedad entre 3 y 12 meses.

c) Saldos de la subcuenta Anticipos (sic) a Prestadores) (sic) de
Servicios (sic) por un total de $88,082.50 (ochenta y ocho mil ochenta y
dos pesos 50/100\M.N.), con una antigüedad entre 6 y 12 meses.

Todo lo anterior puede apreciarse en los anexos 16, 17 y 18 del
apartado 10 de este Dictamen.

Al respecto, se sugiere que el partido adopte las acciones pertinentes
para que los saldos de referencia sean recuperados o comprobados a la
brevedad.

9.4 ASPECTOS GENERALES

El Partido no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 30, fracción
I, inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal que establece: "Cada
Partido Político deberá destinar mensualmente por lo menos el 2% del
financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus fundaciones
o Institutos de investigación", el importe a destinar debió ser por
$279,896.70 (dos cientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y
seis pesos 70/100 M.N.).

Esta irregularidad se considera sancionable.

El Partido Presentó en forma extemporánea, durante el desarrollo de la
fiscalización del Informe Anual, la siguiente información y
documentación, que establecen los numerales 17.3 y 17.4 (sic) inciso
(sic) a) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Estados de cuenta bancarios.

Integración detallada de pasivos al 31 de diciembre de 2000, con
mención de fecha, nombre, concepto y monto

Inventario de bienes muebles e inmuebles.

Estas irregularidades se consideran sancionables.

El Partido no proporcionó el Control de Folios y las relaciones de
personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas y
monto total de cada una de ellas, a que se refiere el numeral 15.5 inciso
f) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Estas irregularidades se consideran sancionables.


En tal virtud, se procede a analizar en los siguientes Considerandos, las
irregularidades materia de este procedimiento, acorde a las
observaciones consignadas en el Dictamen Consolidado.

IV. De la mayor importancia resulta señalar, que el Partido del Trabajo
con fecha nueve de enero del año en curso, presentó en forma
extemporánea su escrito de contestación a las irregularidades que
dieron origen al procedimiento en el que se actúa, exhibiendo la
documentación que consideró pertinente para soportar sus alegatos.

Debe precisarse, que el Partido Político infractor fue notificado con
fecha seis (de diciembre de dos mil uno, contando así, con un plazo de
diez días hábiles siguientes a la notificación, para contestar lo que a su
derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes,
es decir, el plazo que tuvo el Partido del Trabajo corrió del siete de
diciembre de dos mil uno al siete de enero del año en curso.

Con relación a lo anterior es oportuno mencionar que el Partido del
Trabajo al contestar el requerimiento efectuado por la autoridad
electoral, lo hizo fuera del plazo legalmente establecido, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 38 fracción VI, párrafo primero del
Código de la materia, motivo por el que, con fundamento en lo
establecido por el artículo 38, fracción VI párrafo segundo, 265 último
párrafo y 268 inciso d) del Código Electoral del Distrito Federal, esta
autoridad determina no tomar en cuenta la documentación referida la
cual, por ende, no forma parte de la valoración que sustenta la presente
Resolución.

V. En el Dictamen Consolidado emitido por la Comisión de Fiscalización
se determinó producto de la revisión a las cuentas del Partido del
Trabajo, como conclusión 9.4, la siguiente irregularidad:

"9.4 ASPECTOS GENERALES

El Partido presentó en forma extemporánea, durante el desarrollo de la
fiscalización del Informe Anual, la siguiente información y
documentación que establecen los numerales 17.3 y 17.4 (sic) inciso
(sic) a) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos:

a) Estados de cuenta bancarios.

b) integración detallada de pasivos al 31 de diciembre de 2000, con
mención de: fecha, nombre, concepto y monto.

c) Inventario e inmuebles de bienes muebles.

Estas irregularidades se consideran sancionables.

Toda vez que el Partido del Trabajo no exhibió en tiempo y forma
probanza alguna que desacreditara la imputación a que se refiere el
Dictamen Consolidado, se determina, que las infracciones consistentes
en haber presentado en forma extemporánea durante el desarrollo de la
fiscalización del Informe Anual, la siguiente documentación: estados de
cuenta bancarios; integración detallada de pasivos al treinta y uno de
diciembre de dos mil, con mención de fecha, nombre, concepto y monto;
e inventario de bienes muebles e inmuebles, subsisten en todos sus
términos, incumpliendo con ello lo dispuesto por los numerales 17.3 y
17.4 incisos a) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
violando así también lo dispuesto por los artículos 1º, párrafo primero y
25 párrafo primero, incisos a) y n) del Código de la materia; y que es
motivo del procedimiento en el que se actúa y se procede a analizar en
los términos siguientes:

a) Con fecha veintiocho de marzo de dos mil uno, la Comisión de
Finanzas de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo,
Instancia Interventora de ese Instituto Político en el Distrito Federal,
presentó su Informe Anual sobre el origen, destino y monto de los
ingresos que obtuvo durante dos mil, conforme lo establecido en la
fracción I del artículo 37 del Código Electoral del Distrito Federal y en
los numerales 16.1, 16.2, 16.3 y 17.1 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos.

b) Con fecha once de octubre de dos mil uno, mediante oficio
DEAP/1373.01 la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas le
notificó al Partido del Trabajo, los errores u omisiones técnicas
detectadas en la revisión en (sic) la (sic) revisión (sic) de su informe
Anual de dos mil, transcribiéndose a continuación, la parte concerniente
a la falta de estudio en el presente Considerando:

"Con fundamento en el artículo 38, fracción II del Código Electoral del
Distrito Federal, así como en los numerales 21.1 y 21.2 de los
Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en el marco del
proceso de fiscalización de los recursos ejercidos y consignados en su
Informe Anual correspondiente al ejercicio de 2000, la Comisión de
Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal ha dado
instrucciones así esta Dirección Ejecutiva para que notifique a ése
Partido Político los errores admisiones técnicas que a continuación se
enlistan:

3. El Partido presentó en forma extemporánea, durante el desarrollo de
la fiscalización del Informé Anual, la siguiente información y
documentación, que establecen las nulidades 17.3 y 17.4 (sic) inciso
(sic) a) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos:

a) Estados de cuente bancarios.
b) Integración detalladas de pasivos al 31 de diciembre de 2000 con
mención de fecha, nombre, concepto y monto.
c) Inventario de bienes muebles inmuebles.

Una vez relacionados, los diversos errores u omisiones que fueron
detectados, esta Dirección Ejecutiva como instancia de apoyo y soporte
de la Comisión de Fiscalización, y para dar cumplimiento a lo que
dispone el artículo 38, fracción II del Código Electoral del Distrito
Federal, le notifica a usted los errores u omisiones técnicas antes
referidos, con el propósito de que el Partido, por su apreciable conducto,
presente las aclaraciones y rectificaciones que estime pertinentes,
contando para ello con un plazo de diez días hábiles a partir de esta
notificación.

c) En atención a lo anterior, el día veinticinco de octubre de dos mil uno,
el Partido del Trabajo, por conducto del Lic. (sic) Jaime Esparza Fausto,
responsable de la obtención y administración de los recursos de dicho
Partido, presentó escrito ante Oficialía de Partes del Instituto Electoral
del Distrito Federal, mediante el cual formuló las aclaraciones y
rectificaciones que estimó pertinentes, solicitadas por la autoridad
electoral, cuyo contenido en la parte conducente, se transcribe a
continuación:
"Por este conducto damos respuesta en tiempo y forma al oficio recibido
numero (sic) DEAP11373.01 con fecha del día 10 del presente, por lo
que solicito amablemente considere los siguientes argumentos.

En cuanto al punto numero (sic) tres de su escrito, es necesario señalar
que la documentación ahí señalada finalmente si fue entregada durante
el desarrollo de la fiscalización, lo anteri6r en virtud de que alguna de
esta documentación se halla en poder de las oficinas nacionales."

Al respecto es oportuno señalar, que el Partido Político infractor,
únicamente se limitó a expresar que "la documentación allí señalada
finalmente sí fue entregada durante el desarrollo de la fiscalización, lo
anterior en virtud de que alguna de esta documentación se halla en
poder de las oficinas nacionales", sin desvirtuar en ningún momento la
observación mencionada.

d) En consecuencia, la comisión de Fiscalización señaló en el Dictamen
Consolidado aprobado con fecha treinta de noviembre de dos mil uno
por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, que el
Partido del Trabajo incumplió lo dispuesto por los numerales 17.3 y 17.4
incisos a) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

e) En tal virtud, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal en sesión de fecha 30 de noviembre de dos mil uno, mediante
Acuerdo aprobó el Dictamen de referencia y ordenó a la citada
Comisión iniciar el procedimiento que nos ocupa, en razón de la
irregularidad dictaminada (entre otras), en contra del Partido del
Trabajo.

f) En torno a lo anterior y en cumplimiento de lo ordenado por el
Consejo General, la Comisión de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento para la determinación e imposición de sanciones al
Partido del Trabajo mediante la cédula de Notificación Personal de
fecha seis de diciembre de dos mil uno, en los términos siguientes:

"En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de
diciembre de dos mil uno, siendo las diez horas con cincuenta minutos
del día de la fecha, el suscrito notificador me constituí en el inmueble
ubicado en la Calle de Ejercito Nacional 1130, Quinto (sic) piso, Colonia
Los Morales, Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad, en
busca del C. Juvenal Alejandro Núñez Mercado, Representante
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, a efecto de que se le notifique, con
fundamento en el artículo 38, fracciones V y VI del Código Electoral del
Distrito Federal, el inicio del procedimiento correspondiente, que ha
lugar con motivo de las irregularidades dictaminadas por la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal al Partido del trabajo, mismas que se expresan en la parte
relativa de las conclusiones del Dictamen Consolidado respectivo,
haciéndole saber a dicho Partido Político que goza de un plazo de diez
días hábiles contadas a partir del día siguiente al de la fecha de la
presente notificación, para que conteste por escrito lo que ha su
derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes;
corriéndole traslado para tal efecto, con la copia certificada de los
documentos siguientes: '(sic) Dictamen Consolidado que presenta la
omisión de Fiscalización al Consejo General sobre el Informe Anual del
Origen, Destino y monto (sic) de los Ingresos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2000'(sic) y el '(sic) Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba
el Dictamen Consolidad que presenta la Comisión de Fiscalización al
Consejo General sobre el Informe Anual del Origen, Destino y Monto de
los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2000, y se ordena a
la citada Comisión iniciar procedimientos de determinación e imposición
de sanciones en contra del Partido Acción Nacional, Partido
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia
por la Democracia, Partido Político Nacional otrora Partido de Centro
Democrático Partido de la Sociedad Nacional la, otrora Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Alianza Social y
Democracia Social, otrora Partido Político Nacional, todos ellos en el
Distrito Federal' (sic), de fecha treinta de noviembre de dos mil uno.
Cerciorado de ser esté, el domicilio antes citado, por así constar en la
nomenclatura y en el número del inmueble, procedí a desahogar la
presente diligencia con quien dijo llamarse Norma Mireya Hurtado
Flores y que desempeña el cargo de secretaria del Partido quien se
identifico con IFE277306799525 documento que se le devuelve en este
acto. A continuación, procedí con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 30 y 249 del Código Electoral del Distrito Federal a notificarle
personalmente el Dictamen y el Acuerdo de referencia en copia
certificada.
CONSTE.”

En torno a lo anterior y a efecto de poder determinar si en la especie se
encuentra debidamente comprobada la irregularidad referida en el
presente Considerando, dictaminada, por! la Comisión de Fiscalización
del Instituto Electoral del Distrito Federal y, por tanto, la falta
administrativa o infracción que se reprocha al Partido del Trabajo, se
impone el examen de todos y cada uno de los elementos de prueba que
obran en el expediente en cuestión.

De ese análisis, en términos de lo dispuesto por los artículos 261 incisos
a) y b) 262 párrafos primero, inciso b) y segundo; 264 y 265 del Código
Electoral del Distrito Federal, esta autoridad advierte que en la especie
resulta procedente el imponer una sanción administrativa al Partido del
Trabajo, ya que tales medios de prueba son aptos, y suficientes para
tener por comprobada la comisión de la infracción a los numerales 17.3
y 17.4 incisos a) y· e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del
Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, en relación con lo establecido por los artículos 1º párrafo
primero y 25 párrafo primero, incisos a) y n) del citado Código Electoral;
puesto que adminiculadas en su conjunto generan a esta autoridad
certeza plena sobre la verdad que se busca, consistente en que el,
Partido en comento, presentó en forma extemporánea durante el
desarrollo de la fiscalización el Informe Anual, la siguiente
documentación: estados de cuenta bancarios; integración detallada de
pasivos al treinta y uno de diciembre de dos mil, con mención de fecha,
nombre, concepto y monto; e inventario de bienes muebles e inmuebles.

Lo anterior, en virtud de que se acredita plenamente con los medios de
convicción que obran agregados en las presentes constancias, es decir,
con las Documentales Públicas consistentes en: a) original de acuse del
recibo del propio Oficio número DEAP/1373.01, de diez de octubre de
dos mil uno, suscrito por el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas;
y b) original del Dictamen Consolidado que contiene los resultados y las
conclusiones de la revisión de los Informes Anuales respecto del origen,
destino y monto de los ingresos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio dos mil, aprobado por el Consejo General
con fecha treinta de noviembre de dos mil uno; así como con la
Documental Privada, consistente en el original del escrito presentado
por el Partido del Trabajo el día veinticinco de octubre de dos mil uno,
ante Oficialía de Partes de este Instituto.

En efecto, ya que del análisis efectuado a las mismas se desprende que
el Partido del Trabajo no dio cabal cumplimiento a lo establecido por los
numerales 17.3 y 17.4 incisos a) y e) de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización dé los Recursos de
los Partidos Políticos, toda vez que como se observó como resultado del
análisis efectuado a la documentación que exhibió respecto de su
Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil, presentó en forma
extemporánea durante el desarrollo de la fiscalización del Informe
Anual, la siguiente documentación: estados de cuenta bancarios;
integración detallada de pasivos al treinta y uno de diciembre de dos mil
con mención de fecha, nombre, concepto y monto e inventario de
bienes mueble e inmuebles.

Por consiguiente, en términos de lo previsto por el artículo 264 del
Código Electoral del Distrito Federal, se colige que en el caso que nos
ocupa fueron violados los preceptos legales en cuestión, al acreditarse
ante esta autoridad lo dictaminado en lo conducente por la Comisión de
Fiscalización.

En este orden de ideas el Consejo General estima que la irregularidad
dictaminada en contra del Partido del Trabajo queda debidamente
comprobada en las presentes actuaciones por las razones aducidas con
anterioridad y en términos de lo previsto por los artículos 264 y 265 del
Código Electoral del Distrito Federal, dado que de las constancias que
integran este procedimiento, surgen datos bastantes que analizados en
su conjunto conducen la verdad conocida a la histórica que se busca, al
integrarse antecedente de los que se llegue al conocimiento íntegro de
que la asociación política de referencia ejecutó la conducta infractora
que se le reprocha.
Como se advierte en el presente Considerando, los medios de
convicción que constan en el expediente en estudio resultan suficientes
para tener por cierto que el Partido del Trabajo incumplió lo dispuesto
en los numerales 17.3 y 17.4 incisos a) y e) de los Lineamientos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos y, en consecuencia, los artículos 1º,
párrafo primero y 25 párrafo primero, incisos a) y n), del Código
Electoral del Distrito Federal.


Por tanto, se concluye que en j el presente procedimiento de
determinación e imposición de sanciones se acredita la falta
administrativa dictaminada en contra del Partido del Trabajo consistente
en la comisión de la infracción a los preceptos legales en comento, los
cuales son de orden público en el Distrito Federal y, por ende, que en la
especie existe razón o causa para imponer una sanción administrativa a
dicho Partido.

VI. Por lo que hace a la individualización de la sanción respecto a la
infracción cometida por el Partido del Trabajo referida en el
Considerando inmediato anterior de la presente Resolución, toda vez
que su realización no se vio desvirtuada y si, por el contrario, se
corrobora su responsabilidad en términos de lo antes expuesto esta
autoridad resolutora a efecto de determinar la sanción administrativa a
imponer, y tomando en consideración:

a) Que nos encontramos en presencia de una infracción administrativa
por la contravención a lo previsto en los numerales 17.3 y 17.4 incisos
a) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y en los
artículos 1º, párrafo primero y 25 párrafo primero, incisos a) y n) del
Código Electoral del Distrito Federal, los cuales contienen disposiciones
de observancia obligatoria para todas las asociaciones políticas, como
lo es, el Partido del Trabajo; toda vez que en el caso en cuestión trata
sobre la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de
irregularidades violaciones a la normatividad electoral, que en términos
del citado artículo 1º del de la materia, las normas jurídicas establecidas
en el mismo son de orden público y observancia general en el territorio
del Distrito Federal, lo que se traduce en que tales normas mandan o
imperan independientemente de la voluntad de las partes, de manera
que no es lícito dejar de cumplirlas.

Esto, en razón de que al ser disposiciones de orden público, atienden al
interés general, por lo que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de
los particulares, ni por las autoridades electorales, ni por los partidos
políticos, y, por 4tanto, los actos ejecutados contra lo dispuesto por,
ellas serán nulos, excepto cuando contenga otra sanción específica,
según corresponda.
De este modo, el presente procedimiento deviene de probables
infracciones a los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y al
Código Electoral del Distrito Federal, y tiene como fin establecer si el
Partido del Trabajo incurrió en alguna violación a las disposiciones
electorales, que son de orden público;

b) Que la falta en que se incurrió, dada su naturaleza, no se considera
como una infracción grave, ya que el incumplimiento cometido, en la
especie, no se actualiza en alguna de las hipótesis jurídico-normativas
establecidas en el artículo 276 párrafos segundo, tercero y cuarto del
Código Electoral del Distrito Federal; y

c) Que aunado al análisis de las constancias que integran el expediente
respectivo, claramente se observa que el Partido del Trabajo fue omiso
para responder en tiempo y forma al emplazamiento formulado por esta
autoridad con fecha seis de diciembre de dos mil uno, a pesar de haber
sido notificado en tiempo y forma; en tal virtud y como ha quedado
demostrado en el Considerando que antecede, por la causa
mencionada, la conducta del Partido del Trabajo, no se apegó a la
normatividad aplicable al caso concreto, como lo ordenan los numerales
17.3 y 17.4 incisos a) y e) de los Lineamientos multicitados así como los
artículos 1º, párrafo primero y 25 párrafo primero, incisos a) y n) del
Código de la materia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 274
inciso g), 275, párrafo primero, incisos a) y f), y 276, párrafo primero
inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal, se determina que el
Partido del Trabajo se hace acreedor a la sanción administrativa de
AMONESTACIÓN PÚBLICA, en los términos precisados en el
resolutivo correspondiente.

VII. En el dictamen consolidado emitido por la Comisión de Fiscalización
se determinó en el apartado de conclusiones correspondiente al Partido
del Trabajo identificado con el numeral 9.4, la siguiente irregularidad:

“9.4 ASPECTOS GENERALES
…
     El Partido no proporcionó el Control de Folios y las
relaciones de personas que recibieron reconocimientos por
actividades políticas, y el monto total de cada una de ellas, a que
se refiere el numeral 15.5 inciso f) de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos.


Esta irregularidad se considera sancionable.”

Toda vez que el Partido del Trabajo fue omiso para responder en tiempo
y formal al emplazamiento realizado por esta autoridad electoral con
fecha seis de diciembre de dos mil uno, la irregularidad dictaminada por
la Comisión de Fiscalización contenida en el Dictamen Consolidado
aprobado por el Consejo General con fecha treinta de noviembre del
mismo año, consistente en no proporcionar el control de folios y las
relaciones de personas que recibieron reconocimientos por actividades
políticas, y el monto total de cada una de ellas, subsiste en todos sus
términos, incumpliendo así lo establecido en el numeral 15.5 inciso f)
de los Lineamientos del Instituto electoral (sic) del Distrito Federal para
la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Por las razones expuestas, con sustento en el Dictamen Consolidado
aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
forma por el Partido del Trabajo procede sancionar
al citado Instituto Político.

Ahora bien, esta autoridad considera, como resultado del análisis de las
constancias que integran el expediente respectivo, que en el caso
concreto se trata de omisiones de tipo administrativo que se traducen en
que el Partido del Trabajo, no proporcionó el control de los folios y las
relaciones de personas que recibieron reconocimientos (sic) por
actividades políticas, y el monto total de cada una de ellas. Por tal
razón, se considera que la cometida se debe encuadrar como técnico-
administrativa no concurriendo por tanto, agravantes en el hecho que
se analiza.

Por lo anterior y al no tratarse de una conducta reincidente, en la que
además no concurren agravantes, tal y como se especifica en el párrafo
inmediato anterior, se considera que la sanción que corresponde
imponer por la infracción que se trata en el presente Considerando es la
de MULTA, cuyo monto se debe fijar de acuerdo con el grado de
responsabilidad del Partido Político infractor, dentro del rango existente
entre el máximo y mínimo previstos por el artículo 276 párrafo primero
inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal.

De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
Considerando, ubicada dentro del rango mínimo y máximo previstos por
el artículo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
Federal, consiste en atención a la gravedad de la falta cometida, en un
punto equidistante, entre el mínimo y la media existente entre mínimo y
la media resultante de la equidistante, entre el mínimo y la equidistante
existente entre el mínimo y la equidistante resultante del mínimo y la
media previstos por el citado inciso b) del precepto legal referido, es
decir, en 127 (ciento veintisiete) días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal, equivalentes a $5,353.05 (cinco mil
trescientos cincuenta y tres pesos 05/100 M.N.), monto que deberá ser
cubierto por el Partido Político infractor, con el apercibimiento a que se
refiere el artículo 277 inciso f) del Código de la materia, en los términos
precisados en el Resolutivo correspondiente.

VIII. Por lo que se refiere a las irregularidades identificadas en la
conclusión 9.1 del apartado correspondiente al Partido del Trabajo, en el
Dictamen Consolidado aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal con fecha treinta de noviembre de dos mil
uno, se determinó lo siguiente:

"9.1. SERVICIOS PERSONALES

Se determinaron erogaciones realizadas en 23 casos por un total de
$606,693.34 (seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos
34/100 M.N.), que fueron documentadas con recibos de
Reconocimientos por actividades Políticas (RERAP' S) para una sola
persona física que exceda los doscientos días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso del mes.
Los rebases ascienden a un importe de $227,693.34 (doscientos,
veintisiete mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.),
incumpliendo con lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos
del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos como se puede apreciar en el anexo
14 del apartado 10 de este Dictamen.

Se determinaron erogaciones realizadas en 10 casos por un total de
$749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y
dos pesos 53/100 M.N.), que fueron documentadas con recibos de
Reconocimientos por Actividades Políticas RERAP'S) para una sola
persona física, que exceden los mil quinientos días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año.
Los rebases ascienden a un importe de $181,352.53 (ciento ochenta y
un mil trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), incumpliendo
con lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo 14 del
apartado 10 de este Dictamen.

Estas irregularidades se consideran sancionables" (sic).

Toda vez que el Partido del Trabajo fue omiso para responder en tiempo
y forma el emplazamiento realizado por esta autoridad electoral con
fecha seis de diciembre de dos mil uno, las irregularidades dictaminadas
por la Comisión de Fiscalización contenidas en el Dictamen
Consolidado aprobado por el Consejo General consistentes en haber
realizado erogaciones en veintitrés casos por un total de $606,693.34
(seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.), que
fueron documentadas con recibos de Reconocimientos por Actividades
Políticas (RERAP'S) para una sola persona física, que excedieron los
doscientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal en el transcurso de un mes, cuyo rebase ascendió a un importe
de $227,693.34 (doscientos veintisiete mil seiscientos noventa y tres
pesos 34/100 M.N.), y haber realizado erogaciones en diez casos por un
total de 749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos
cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), que fueron documentadas con
recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP’S) para
una sola persona física, que excedieron los mil quinientos días de
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el
transcurso de un año, cuyo rebase ascendió a un importe de
$181,352.53 (ciento ochenta y un mil trescientos cincuenta y dos pesos
53/100 M.N.), subsistieron en todos sus términos, incumpliendo así, lo
establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
electoral (sic) del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos.

Por las razones expuestas con sustento en el Dictamen Consolidado
aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
forma por el Partido del Trabajo, procede sancionar al citado Instituto
Político.

Ahora bien, esta autoridad, considera, como resultado del análisis de las
constancias que integran el expediente respectivo, que en el caso
concreto se trata de omisiones de tipo administrativo que se traducen en
que el Partido del Trabajo, realizó erogaciones en: veintitrés casos por
un total de $606,693.34 (seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres
pesos 34/190 M.N.), que fueron documentadas con recibos de
Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP’S) para una sola
persona física, que excedieron los doscientos días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes,
cuyo rebase ascendió a un importe de $227,693.34 (doscientos
veintisiete mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.); Y en die{z
casos por un total de $749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil
ochocientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), que fueron
documentadas con recibos de Reconocimientos por Actividades
Políticas (RERAP'S) para una sola persona física, que excedieron los
mil quinientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal en el transcurso de un año, ¡puyo rebase ascendió a un importe
de $181,352.5f(ciento ochenta y un mil trescientos cincuenta y dos
pesos 53/100 M.N.). Por tal razón, se considera que la falta cometida
se debe encuadrar como técnico-administrativa y técnico-contable, no
concurriendo por tanto, agravantes en el hecho que se analiza.

Por lo anterior y al no tratarse de una conducta reincidente, en la que
además no concurren agravantes, tal y como se especifica en el párrafo
inmediato anterior, y en atención al monto Involucrado en la falta en
estudio cuyo total ascendió a $409,045.87 (cuatrocientos nueve mil
cuarenta y cinco pesos 87/100 M.N.), se considera que la sanción que
corresponde imponer por la infracción que se trata en el presente
Considerando es la de MULTA, cuyo monto se debe fijar de acuerdo
con el grado de responsabilidad del partido Político infractor, dentro del
rango existente entre el máximo y mínimo previstos por del artículo 276
párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal.

De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
Considerando, ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
el artículo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
Federal, consiste en atención a la gravedad de la falta cometida, en un
punto equidistante entre el mínimo y la equidistante existente entre el
mínimo y la equidistante resultante del mínimo y la media, previstos por
el citado inciso b) del precepto legal referido, es decir, en 359
(trescientos cincuenta y nueve) días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal, equivalentes a $15,131.85 (quince mil
ciento treinta y un pesos 85/100 M.N.), monto que deberá ser cubierto
por el Partido Político infractor, con el apercibimiento a que se refiere el
artículo 277 inciso f) del Código de la materia, en los términos
precisados en el Resolutivo correspondiente.



IX. Por lo que refiere a la irregularidad identificada en la conclusión 9.2
del apartado correspondiente al Partido del Trabajo, en el Dictamen
Consolidado aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal con fecha treinta de noviembre de dos mil uno, se
determinó lo siguiente:

"9.2 BANCOS

El Partido realizó 30 pagos por un total de $222,296.00 (doscientos
veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), en los que
no expidió cheques nominativos, no obstante que estos en forma
individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces el salario
mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por lo que
incumplió con lo señalado en el numeral 12.1 de los Lineamientos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos como se puede apreciar en el anexo
15 del apartado 10 de este Dictamen.

Esta irregularidad se considera sancionable. "

Toda vez que el Partido del Trabajo fue omiso para responder en tiempo
y forma al emplazamiento realizado por esta autoridad electoral con
fecha seis de diciembre de dos mil uno, las irregularidades dictaminadas
por la Comisión de Fiscalización contenidas en el Dictamen
Consolidado aprobado por el Consejo General, consistentes en haber
realizado treinta pagos por un total de $222,296.00 (doscientos
veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), en los que
no expidió cheques nominativos, no obstante que estos en forma
individual rebasaron la cantidad equivalente a cien veces el salario
mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, subsistieron en
todos sus términos, incumpliendo así, lo establecido en el numeral 12.1
de los Lineamientos del Instituto electoral (sic) del " Distrito Federal para
la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra
señala:

"Todo pago que efectúen los Partidos Políticos que rebase la cantidad
equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el
Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque nominativo, con
excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios
contenidos en nómina. A la documentación comprobatoria a que hace
referencia este numeral ¡deberán conservarse anexas las pólizas de los
cheques.

Por las razones expuestas, con sustento en el Dictamen Consolidado
aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
forma por el Partido del Trabajo procede sancionar al citado Instituto
Político.
Ahora bien, esta autoridad considera, como resultado del análisis de las
constancias que integran el expediente respectivo, que en el caso
concreto se trata de omisiones de tipo administrativo que se traducen en
que el Partido del Trabajo, realizó treinta pagos por un total de $222,
296,00 (doscientos veintidós mil doscientos noventa y seis pesos
00/100 M.N.), en los que no expidió cheques nominativos, no obstante
que estos en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a cien
veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal,
datos contenidos en el anexo 15 del Dictamen Consolidado aprobado
por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal que en
la especie, destacó lo siguiente:


 ANEXO 15
 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
 PARTIDO DEL TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL
 RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO NOMINATIVOS
 QUE REBASAN 100 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
 No.     INSTITUCIÓN     NÚM.CTA:       FECHA        NÚM. CHEQUE   IMPORTE
         BANCARIA
 1.      BANAMEX         612504-4       16/02/1996   3156          5,916.00
 2.      BANAMEX         612504-4       15/03/2000   3177          5,000.00
 3.      BANAMEX         612504-4       29/03/2000   3178          11,000.00
 4.      BANAMEX         612504-4       21/03/2000   3182          10,000.00
 5.      BANAMEX         612504-4       25/04/2000   3183          6,200.00
 6.      BANAMEX         612504-4       15/04/2000   3190          13,000.00
 7.      BANAMEX         612504-4       15/04/2000   3193          5,000.00
 8.      BANAMEX         612504-4       25/04/2000   3197          11,000.00
 9.      BANAMEX         612504-4       25/04/2000   3199          15,000.00
 10.     BANAMEX         612504-4       29/04/2000   3204          7,830.00
 11.     BANAMEX         612504-4       10/05/2000   3206          5,000.00
 12.     BANAMEX         612504-4       17/05/2000   3210          5,000.00
 13.     BANAMEX         612504-4       22/05/2000   3217          15,000.00
 14.     BANAMEX         613397-7       12/01/2000   754           5,000.00
 15.     BANAMEX         613397-7       04/02/2000   781           8,000.00
 16.     BANAMEX         613397-7       04/03/2000   825           5,000.00
 17.     BANAMEX         613397-7       13/03/2000   833           5,000.00
 18.     BANAMEX         613397-7       17/03/2000   840           5,000.00
 19.     BANAMEX         613397-7       17/03/2000   844           5,000.00
 20.     BANAMEX         613397-7       17/03/2000   846           5,750.00
 21.     BANAMEX         613397-7       28/03/2000   888           5,000.00
 22.     BANAMEX         613397-7       07/04/2000   9058          4,300.00
 23.     BANAMEX         613397-7       10/04/2000   909           4,300.00
 24.     BANAMEX         613397-7       10/04/2000   912           5,000.00
 25.     BANAMEX         613397-7       04/05/2000   1011          20,000.00
 26.     BANAMEX         613397-7       20/05/2000   1026          5,000.00
 27.     BANAMEX         613397-7       22/05/2000   1034          5,000.00
 28.     BANAMEX         613397-7       11/09/2000   1062          5,000.00
 29.     BANAMEX         613397-7       21/12/2000   1179          10,000.00
 30      BANAMEX         613397-7       22/12/2000   1182          5,000.00
Por tal razón, se considera que la falta cometida se debe encuadrar
como técnico-administrativa y técnico-contable, no concurriendo por
tanto, agravantes en el hecho que se analiza.

Por lo anterior y al no tratarse de una conducta reincidente, en la que
además no concurren agravantes, tal y como ser especifica en el
párrafo inmediato anterior, y en atención al monto involucrado en la falta
en estudio cuyo total ascendió a $222,296.00 (doscientos veintidós mil
doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), se considera que la
sanción que corresponde imponer por la infracción que se trata en el
presente Considerando es la de MULTA, cuyo monto se debe fijar de
acuerdo con el grado de responsabilidad del Partido Político infractor,
dentro del rango existente entre el máximo y mínimo previstos por el
articulo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
Federal.

De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
Considerando, ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
el artículo 276 párrafo primero, inciso b) del Código Electoral del Distrito
Federal, consiste en atención a la gravedad de la falta cometida, en un
punto equidistante, entre la media existente entre el mínimo y la
equidistante resultante el mínimo y la media y la media existente entre
el mínimo y la media existente entre el mínimo y el máximo, previstos
por el citado inciso b) del precepto legal referido, es decir, en 977
(novecientos setenta y siete) días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal, equivalentes a $41,180.55 (cuarenta y un
mil ciento ochenta pesos 55/100 M.N.), monto que deberé ser cubierto
por el Partido Político infractor, con el apercibimiento a que se refiere el
artículo 277 inciso f) del Código de la materia, en los términos
precisados en el Resolutivo correspondiente.

X. Por cuanto hace a la infracción consignada en el Dictamen
Consolidado aprobado por el Consejo General con fecha treinta de
noviembre de dos mil uno e identificada en la conclusión 9.4 del
apartado correspondiente al Partido del trabajo, que a la letra refiere:


"9.4 ASPECTOS GENERALES

• El Partido no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 30,
fracción I inciso e) del Código Electoral del Distrito Federal que
establece: "Cada Partido Político deberá destinar anualmente por lo
menos el 2% del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de
sus Fundaciones o Institutos de investigación", el importe destinar
debió ser por $279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil ochocientos
noventa y seis pesos 70/100 M.N.).
Esta irregularidad se considera sancionable. "

Toda vez que el Partido del trabajo fue omiso para responder en tiempo
y forma al emplazamiento realizado por esta autoridad electoral con
fecha seis de diciembre de dos mil uno, la irregularidad dictaminada por
la Comisión de Fiscalización contenida en el Dictamen consolidado
aprobado por el Consejo General con fecha treinta de noviembre del
mismo año, consistente en no haber destinado por lo menos el dos por
ciento del financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes, para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de
investigación, cuyo mént9 representó una cantidad de $279,896.70
(doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos
70/100 M.N.), subsiste en todos sus términos incumpliendo así, lo
dispuesto por el artículo 30, fracción I, inciso c) del Código Electoral del
Distrito Federal.

Por las razones expuestas con sustento en el Dictamen Consolidado
aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
forma por el Partido del Trabajo, procede sancionar al citado Instituto
Político.

Ahora bien, esta autoridad considera, como resultado del análisis de las
constancias que integran el expediente respectivo que en el caso
concreto deben valorarse las siguientes circunstancias:

 a) El porcentaje mínimo de financiamiento público que debe destinarse
por los Partidos Políticos para el desarrollo de sus fundaciones e
institutos de investigación, constituye una obligación que el legislador
les ha impuesto, con el propósito de que conduzcan sus actividades
dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático, respetando la libre participación política de las demás
asociaciones políticas y los derechos de los ciudadanos;

b) Acorde a la documentación proporcionada por el Partido del Trabajo,
durante el ejercicio correspondiente al año dos mil, dicho Partido, no
destinó los recursos correspondientes al porcentaje mínimo previsto en
el artículo 30 fracción I inciso e) del Código Electoral del Distrito Federal

c) El monto total involucrado que al menos debió destinarse por el
Partido del Trabajo para el desarrollo de sus fundaciones e institutos de
investigación, acorde al financiamiento público otorgado durante el año
dos mil, ascendió a $279,896.70 (doscientos s:etenta y nueve mil
ochocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.).

Por las razones expuestas, se considera que la falta cometida
representa el incumplimiento absoluto de la hipótesis normativa prevista
en el artículo 30 fracción primera inciso c) del Código de la materia.
Por lo anterior, en atención a la realización de la conducta infractora y al
monto total involucrado en la falta en comento, cuyo total ascendió a
$279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y seis
pesos 70/100 M.N.), se considera que la sanción que corresponde
imponer por la infracción que se trata en el presente Considerando es la
de MULTA, cuyo monto se debe fijar de acuerdo con el grado de
responsabilidad del Partido Político infractor, dentro del rango existente
entre el máximo y mínimo previstos por el articulo 276 párrafo primero
inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal.

De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
Considerando ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
el articulo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
Federal, consiste en atención a la gravedad de la falta cometida, en un
punto equidistante entre el monto mínimo y la media existente
entre el mínimo y máximo previstos por el citado inciso b) del precepto
legal referido, es decir, en 1,287 (mil doscientos ochenta y siete)
días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal
equivalentes a $54,247.05 (cincuenta y cuatro mil doscientos
cuarenta y siete pesos 05/10P M.N.), monto que deberá ser cubierto
por el Partido Político infractor, con el apercibimiento a que se refiere el
artículo 277 inciso f) del Código de la materia, en los términos
precisados en el Resolutivo correspondiente.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 122, 123,
124, 127 Y 13'6 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 3º,
25 párrafo primero incisos a) y n), 30 fracción I inciso e), 37
fracción I inciso b), 38 fracción V y VI, 60 fracciones XI y XV, 66
inciso i), 261 incisos a) y b), 262 párrafos primero inciso b) y
segundo, 264, 265, 274 inciso g), 275 incisos a) y e), 276 incisos a) y
b), y 277 inciso f) del Código Electoral del Distrito Federal, en
correlación con los Lineamientos Decimosegundo Decimoquinto y
Decimoséptimo, del Instituto Electoral del Distrito Federal para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, este Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal:

RESUELVE

PRIMERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad administrativa
en que incurrió el Partido del Trabajo, por la Comisión de Fiscalización
del Instituto Electoral del Distrito Federal, en términos de lo expuesto en
los Considerandos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la presente
Resolución.


SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 276 inciso a) del Código
Electoral del Distrito Federal, se impone al Partido del Trabajo una
sanción consistente en AMONESTACIÓN PUBLICA, en términos de los
Considerandos V y VI de la presente Resolución.
TERCERO.- Se impone al Partido del Trabajo, como sanción
administrativa una MULTA DE $5,353.05 (cinco mil trescientos
cincuenta y tres pesos 05/100 M.N.), equivalente a 127 (ciento
veintisiete) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito
Federal en términos del Considerando VII de la presente Resolución la
cual deberá ser pagada en la Dirección Ejecutiva de Administración y
del servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en un plazo improrrogable de quince días contados a partir del
siguiente a aquél en que la presente Resolución cause estado.

CUARTO.- Se impone al Partido del Trabajo, como sanción
administrativa, una MULTA DE $15,131.85 (quince mil ciento treinta (y
un pesos 85/100 M.N.), equivalente a 359 (tres, cientos cincuenta y
nueve) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito
Federal, en términos del Considerando VIII de la presente Resolución,
la cual deberá ser pagada en la Dirección Ejecutiva de Administración y
del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en un plazo improrrogable de quince días contados a partir del
siguiente a aquél en que la presente Resolución cause estado,
QUINTO.- Se impone al Partido del Trabajo, como sanción
administrativa, una MULTA DE $41,180.55 (cuarenta y un mil ciento
ochenta pesos 55/100 M.N.), equivalente a 977 (novecientos setenta y
siete) días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito
Federal en términos del Considerando IX de la presente Resolución la
cual deberá ser pagada en la Dirección Ejecutiva de Administración y
del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en un plazo improrrogable de quince días contados a partir del
siguiente a aquél en que la presente Resolución cause estado.

SEXTO.- Se impone al Partid,w\ del Trabajo, como sanción
administrativa, una MULTA DE $54,247.05 (cincuenta y cuatro mil
doscientos cuarenta y siete pesos 05/100 M.N.), equivalente a 1,287
(mil doscientos ochenta y siete) días de salario mínimo diario general
vigente para el Distrito Federal, en términos del Considerando X de la
presente Resolución, la cual deberá ser pagada en la Dirección
Ejecutiva de administración y del Servicio Profesional Electoral del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en un plazo improrrogable de
quince días contados a partir del siguiente a aquél en que la presente
Resolución cause estado.

NOTIFÍQUESE la presente Resolución personalmente al Partido del
Trabajo, por conducto de su representante propietario ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, y por oficio a la
Comisión de Fiscalización del citado
Instituto, para los efectos legales conducentes.


Asimismo, PUBLÍQUESE esta Resolución en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal en los estrados del Instituto Electoral del Distrito Federal
y en la página de Internet www.iedt.org.mx. y, en su oportunidad,
ARCHÍVESE el Presente             expediente,    como     asunto    total   y
definitivamente concluido.


13. El diecinueve de marzo de dos mil dos, la autoridad responsable
notificó personalmente al Partido del Trabajo la resolución a que se
refiere el numeral que antecede


14. Inconforme con la resolución anterior, el veinticinco de marzo del
dos mil dos, el Partido del Trabajo, por conducto del ciudadano Víctor
Martínez Alvarado, representante suplente ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, interpuso     un recurso de
apelación, haciendo valer los siguiente hechos y agravios:

“HECHOS

1.-EI H. Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en
Sesión Extraordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2002, aprobó la
Resolución respecto del Procedimiento de Determinación e Imposición
de sanciones Instaurado en contra del Partido del Trabajo, documento
que se acompaña y del que se desprende la forma en que la autoridad
responsable realizo (sic) una inexacta y errónea interpretación y
aplicación del Código Electoral del Distrito Federal; para anterior solicito
(sic) a este H. Tribunal que en virtud de no contar con ello al momento
de interponer el presente Recurso, con fundamento en el artículo 260
del Código Electoral del Distrito Federal, le requerirá a la autoridad
responsable del acto que hoy se impugna, la versión estenográfica de la
Sesión de fecha 28 de febrero de 2002 y en la cual se aprobó la
Resolución que hoy se impugna, Resolución la cual se aparta de la letra
de la ley y por consiguiente en la misma se estableció una aplicación
errónea e inexacta de los Artículos 22 párrafo primero y 41 de la
Constitución Política de los Estados unidos (sic) Mexicanos, 122 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 1º, 30, 60 fracción XI, 276
del Código Electoral del Distrito Federal, toda vez que, los dispositivos
legales antes citados, textualmente establecen lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Articulo (sic) 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier
especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera
otras penas inusitadas y trascendentales.

Artículo 41.-. (sic)- (sic) La ley fijara (sic) los criterios para determinar
los limites (sic) a las erogaciones de los partidos (sic) políticos (sic) en
sus campañas electorales, establecerá los montos máximos de las
aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con
que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse
por disposiciones.
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Articulo (sic) 122.- La ley electoral propiciara (sic) condiciones de
equidad para el acceso de los partidos (sic) politicos (sic) a los medios
de comunicación social. Asimismo fijara (sic) los criterios para
determinar los limites (sic) a las erogaciones de los partidos (sic)
políticos (sic) en sus campañas electorales, así como los montos
máximos de las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los
recursos con que cuenten los partidos (sic) pollticos (sic); establecerá
así mismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que
se expidan en la materia; (sic)

CODIGO (sic) ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

Articulo (sic) 1º.- Las disposiciones de este Código son de orden
publico (sic) y de observancia general en el territorio del distrito (sic)
Federal.

El presente ordenamiento regla ente, las normas de la Constitución
Política de los Estados Unidos mexicanos (sic) y el estatuto (sic) de
Gobierno del Distrito Federal relacionadas con:

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos;

b) Las prerrogativas, los derechos y las obligaciones de los partidos
(sic) políticos (sic);

c) La función de organizar las elecciones para Jefe de Gobierno
Diputados a la Asamblea legislativa (SIC) y Jefes Delegacionales así
como los procedimientos de participación ciudadana;

d) Faltas y sanciones electorales;

e) El sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de
los actos y resoluciones electorales; y

f) La organización y competencia del Instituto Electoral del Distrito
Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Artículo 3°.- La aplicación de las hormas de este Código corresponden
al Instituto Electoral del Distrito Federal, Tribunal Electoral del Distrito
Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus
respectivos ámbitos de competencia, quienes tendrán la obligación de
preservar su estricta observancia y cumplimiento.

Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de regirán por
os (sic) principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad v equidad.
La interpretación y aplicación del presente Código se hará conforme a la
letra, o interpretación jurídica de la misma, y la falta de está (sic) se
fundará en los principios generales del derecho, de acuerdo con lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.
Además, en materia electoral se observara (sic) el principio de
publicidad procesal.

Artículo 60.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

……..(sic)


XI.- Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones
que correspondan, en los términos previstos en el presente Código;

Artículo (sic) 276.- U-as sanciones a que se refieren las causas del
articulo (sic) anterior consistirán:

a) Con amonestación publica (síc);
b) Con multa de cincuenta y cinco mil días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal;
c) Con la reducción de asta (sic) el 50 por ciento de las ministraciones
del financiamiento publico (sic) que les corresponda, por el periodo que
se señale la resolución
d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del
financiamiento que le corresponda por el periodo que señale la
resolución, y
e) A las Agrupaciones Políticas locales hasta con la suspensión o
cancelación de su registro;

Las sanciones previstas en los incisos e) al e) se impondrán cuando el
incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático.

A quien viole las disposiciones de este Código sobre restricciones para
las aportaciones de financiamiento que no prevengan del erario publico
(sic), se le podrá sancionar con multa de hasta el doble del monto
aportado indebidamente:' Si se reincide en la falta, el monto de la multa
podrá ser aumentado hasta en dos tantos mas (sic).

Las violaciones a las prohibiciones establecidas en este Código serán
consideradas graves.

2.-Como se desprende de lo ante (sic) manifestado, se puede observar
(sic) el H. Consejo General del Instituto Electoral, del Distrito Federal,
con la Resolución recurrida vulnera lo establecido en los preceptos
transcritos, dado que no respeto (sic) los Principios Rectores de su
función que como órgano electoral debe cumplir, estos Principios son la
Certeza (sic) todos los actos que realicen las autoridades electorales
generan ser fidedignos y verificables, es decir, Comprobables )(sic);
Legalidad ( (sic) todos los actos y resoluciones de las autoridades
electorales deberán estar debidamente fundados y motivados ( (sic)
Independencia ( (sic) las autoridades Electorales deben estar libres de
insinuaciones, presiones u órdenes; su función solo (sic) esta (sic)
subordinada al mandato de la ley ) (sic); imparcialidad ( (sic) actitud con
que deben conducirse las actividades electorales para dejar de conocer
un asunto cuando existieren circunstancias que pudieran favorecer o
perjudicar a cualquiera de las partes )(sic); Objetividad ( (sic) principio
vinculado con la ausencia de cuestiones subjetivas que constituyan
violaciones al proceso electoral ) (sic); Equidad ( (sic) trato equitativo, no
igualitario, consistente en el reconocimiento de las diferencias
existentes entre los sujetos de derecho electoral ) (sic), y Publicidad
Procesal ( (sic) todas las actuaciones de las autoridades electorales
deben ser publicas (sic) ) (sic); en consecuencia al establecer en forma
desproporcionada y excesiva, las sanciones a nuestro Partido Político,
la autoridad responsable no tomó (sic) en cuenta las circunstancias
objetivas y subjetivas que rodearon a la contravención de la norma
administrativa.

Así también, con su actuar, a (sic) autoridad responsable transgredió lo
establecido en los artículos 1º y 3º del Código Electoral del Distrito
Federal, en lo que se refiere al primero de los numerales mencionados
(sic) deja de observar lo prescrito en el Código de esa materia y por lo
que hace al segundo, tenemos q e en el cumplimiento de sus
obligaciones se aparta, como ya se estableció, de los principios de
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y equidad.

Bajo esa perspectiva tenernos, que la Autoridad Responsable, aplico
(sic) en forma in equitativa (sic) y en consecuencia; con total
excesividad las sanciones previstas en el artículo 276 del Código
Electoral del Distrito Federal, pues el segundo párrafo de dicha
disposición establece de manera clara y objetiva lo siguiente:


"Las sanciones previstas en los incisos c) al e) se impondrán cuando el
incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático"
(sic)

3.-En ese orden de ideas, el proceder de la Autoridad Responsable
menoscaba las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutelan a
favor del Partido del Trabajo los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sin existir causa o
motivo justificados, nos priva de nuestros derechos, sin que se haya
efectuado urna interpretación exacta de los preceptos legales marcados
con los números 121, 123 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
así como de los numerales 1, 3 y 276 del Código en cita; esto es, sin
cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho. De la misma manera hemos
sido molestados como Instituto Político, en nuestras posesiones y
derechos, sin que exista mandamiento escrito, que funde y motive la
causa legal del procedimiento.
La Resolución impugnada de igual forma contraviene lo dispuesto, en el
artículo 41 de Nuestra Ley Fundamental, ya que ésta de manera clara e
indubitable señala:

"l.- Los partidos (sic) politicos (sic) tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios de ideas que postulan
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los
ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos (sic)
politicos (sic);

II. La ley garantizará que los partidos (sic) políticos (sic) nacionales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus
actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de
los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y
procedimientos que establezca la misma.

Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento
de los partidos (sic) políticos (sic) y sus campañas electorales, debiendo
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen
privado.


En tales condiciones se pone de manifiesto que el acto arbitrario que
hoy se impugna dictado por la Autoridad Responsable ha infringido las
Garantías Constitucionales citadas en los párrafos anteriores y
consecuentemente nos deja en estado de indefensión y nos priva del
financiamiento público a que tiene derecho el Partido del Trabajo, para
poder realizar todas nuestras! actividades ordinarias permanentes, pues
las sanciones excesivas que se nos imponen, menoscaban y
desmeritan en forma considerable el financiamiento a que tenemos
derecho, ya que como se establecerá y se desprenderá de las pruebas
que ofreceremos, en los Considerandos y puntos Resolutivos de la
Resolución que hoy se impugna se establece claramente una total
irfequidJ3d, falta de criterio y una excesiva dureza para establecer los
montos de las sanciones que se nos aplican.

4.-Acompañamos también a este Recurso, Copia Certificada de la
Resolución que hoy se impugna, en la cual en los Considerandos VIII,
IX Y X, en los cuales se identifican los errores u omisiones detectadas y
sancionadas al Partido del Trabajo, y en los cuales se aprecia clara y
textualmente y así lo aprecia el Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal: (sic) “(sic) Que las faltas cometidas se encuadran
como técnico-administrativas y técnico-contables, además de que no se
trata de conductas reincidentes, en las que además no concurren
agravantes, no existe falta de comprobación ni desviación de recursos
(sic) ; De (sic) lo que se desprendería claramente que no se trata de
faltas graves ni sistemáticas, pero el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito' Federal no toma en cuenta dichos elementos y
resuelve sancionar en forma excesiva al Partido del Trabajo; Por (sic) lo
cual consideramos y así deberá de resolverse por este H. Tribunal
Electoral del Distrito Federal, que hubo una total inequidad y exceso por
parte del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal para
imponer al partido del Trabajo las sanciones que se establecen en los
Resolutivos CUARTO, QUINTO y SEXTO de la sentencia que hoy se
impugna, por lo que solicitamos que los mismos sean revocados y en su
aso (sic) modificados, estableciendo una cuantía menor en las
sanciones que así Io ameriten.

AGRAVIOS

FUENTE DE AGRAVIO.

PRIMER AGRAVIO.- Causa Agravio al Partido del Trabajo la
Resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal en fecha 28 de Febrero (sic) de 2002, respecto del
Procedimiento de Determinación e Imposición de Sanciones Instaurado
en contra del Partido del Trabajo, en lo que respecta a la errónea e
inexacta aplicación del artículo 276 del Código Electoral del Distrito
Federal, que cita las sanciones aplicables a las asociaciones políticas
por incumplimiento, omisión o violación de las disposiciones aplicables
del Código Electoral del Distrito Federal.

PRECEPTOS VIOLADOS. Artículos 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 127 que Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; así corrjo los artículos 1 inciso d), 24 numeral I inciso
b); 38, 40, 60 fracciones X y XI, 274 inciso g); 276 del Código Electoral
del Distrito Federal, en lo que resta a su errónea e inexacta aplicación e
interpretación;

CONCEPTOS DE AGRAVIO. La Comisión de Fiscalización, así como el
Consejo General ambos del Instituto Elector al del Distrito Federal, han
violentado las garantías de legalidad y certeza que tienen su
fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en contra del Partido del Trabajo; Así (sic)
como violentando y pasado por alto los principios rectores de la Función
Estatal Electoral, que son los Lineamientos o Directrices que deben de
observar todas las autoridades electorales tanto administrativas como
jurisdiccionales para el debido cumplimiento de la función, entre estos
principios rectores violados encontraría el de la equidad, es decir,
imponer a cada cual lo justo; ya que al presentar y aprobar la
Resolución que hoy se impugna, respecto del procedimiento de
determinación e imposición de sanciones instaurado en contra del
partido del Trabajo, en el mismo hace una errónea e inexacta
interpretación y aplicación del articulo (sic) artículo 276 del Código
Electoral del Distrito Federal que cita las sanciones aplicables a las
asociaciones políticas por "incumplimiento, omisión o violaciones a las
disposiciones aplicables del Código Electoral en cita.
La Resolución que hoy se impugna, en la parte de los Considerandos
VIII, IX y X, en los cuales se identifican los errores u omisiones
detectados y sancionados en los Resolutivos CUARTO, QUINTO y
SEXTO, en contra del Partido del Trabajo, y en los cuales se aprecia
clara y textualmente y así lo aprecia el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, lo siguiente:

" (sic) Que las faltas cometidas se encuadran como técnico-
administrativas y técnico-contables, además de que no se trata de
conductas reincidentes, en las que no concurren agravantes, no existe
falta de comprobación ni desviación de recursos "(sic); Por (sic) lo que
en dicha Resolución se aprecia de que se sanciona por el numero (sic)
de faltas en su totalidad y no por 'cada una de ellas en lo individual;
De (sic) lo que se desprendería que no se trata de faltas graves ni
sistemáticas, pero el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal no toma en cuenta dichos elementos ni en ningún caso hace
referencia a las "circunstancias" para fijar la sanción que corresponde al
Partido del Trabajo por la infracción cometida, circunstancias las cuales
comprenderían tanto las de carácter objetivo ( (sic) la gravedad de los
hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de su ejecución )
(sic), como las subjetivas ( (sic) el enlace personal o subjetivo entre el
autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia,
y la reincidencia ) (sic) que rodean a la contravención de la norma
administrativa, (sic) Una vez acreditada la infracción por un Partido
Político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debió, en Primer
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave y en este ultimo
(sic) supuesto precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o
mayor, para saber si alcanza o no el grado de " (sic) particularmente
grave (sic)", así como dilucidar si se esta (sic) en presencia de una
infracción sistemática, y con todo esto, debe de proceder a localizar la
clase de sanción que legalmente corresponda (sic); Hay (sic) que
señalar también que se nos esta (sic) sancionando con un monto total
equivalente casi al 40% de la prerrogativa mensual que por Ley nos
corresponde, con lo que estaríamos en presencia de restricción a las
prerrogativas de nuestro Partido. Por lo antes expuesto consideramos y
así deberá de resolverse por este H. Tribunal Electoral del Distrito
Federal, que hubo una total ilegalidad de certeza, inequidad y exceso
por parte de del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal para imponer al Partido del Trabajo las sanciones que se
establecen en los Resolutivos CUARTO, QUINTO y SEXTO de la
sentencia que hoy se impugna, por lo que solicitamos que los mismo
(sic) sean revocados, modificándolos en su caso estableciendo una
cuantía menor en el monto de las sanciones que así lo ameritan.

SEGUNDO AGRAVIO.- Causa agravios al Partido del Trabajo El (sic)
Considerando VIII en relación con el Resolutivo CUARTO de la
Resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal en fecha 28 de Febrero (sic) del
2002, respecto del procedimiento de determinación e imposición de
sanciones instaurado en contra del Partido del Trabajo, en lo que
respecta a la errónea e inexacta aplicación del artículo 276 del Código
Electoral del Distrito Federal que cita-las sanciones aplicables a las
asociaciones políticas por incumplimiento, omisión o violación de las
disposiciones aplicables del Código Electoral del Distrito Federal.

PRECEPTOS VIOLADOS. Artículo 41 de la Constitución Política de 198
Estados Unidos Mexicanos, 124 y 127 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; así como los .artículos 1 inciso d), 24 numeral I inciso
b); 38, 40, 60 fracciones X y XI, 274 inciso g), y 276 del Código Electoral
del Distrito Federal, en lo que respecta a su errónea e inexacta
aplicación e interpretación; (sic)

CONCEPTOS DEL AGRAVIO. La Comisión de Fiscalización, así como
el Consejo General ambos del Instituto Electoral del Distrito Federal,
han violentado las garantías de legalidad y certeza que tienen su
fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en contra del Partido del Trabajo; Así (sic)
como violentado y pasando por alto los principios rectores de la Función
Estatal Electoral, que son los lineamientos (sic) o Directrices que deben
observar todas las autoridades electorales tanto administrativas como
jurisdiccionales para el debido cumplimiento de su función , entre estos
principios rectores violados se encontraría el de la equidad, es decir,
imponer a cada cual lo justo; ya que al presentar y aprobar la
Resolución que hoy se impugna, respecto del procedimiento de
determinación e imposición de sanciones instaurado en contra del
Partido del Trabajo en el mismo hace una errónea e inexacta
interpretación y aplicación del articulo (sic) artículo 276 del Código
Electoral del Distrito Federal que cita las sanciones aplicables a las
asociaciones políticas por incumplimiento, omisión o violación de las
disposiciones aplicables del Código citado.

El Resolutivo CUARTO de la resolución que hoy se impugna establece
lo siguiente:

CUARTO: (sic)- Se impone al Partido del Trabajo, como sanción
administrativa una MULTA DE $15,131.85 ( (sic) quince mil ciento
treinta y un pesos 85/100 M.N. ) (sic) equivalente a 359 ((sic) trescientos
cincuenta y nueve) (sic) días de salario mínimo diario) vigente para el
Distrito Federal, en términos del considerando (sic) VIII de la presente
Resolución, la cual deberá de ser pagada en la Dirección Ejecutiva de
Administración y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral
del Distrito Federal, en un plazo improrrogable de quince días contados
a partir del día siguiente a aquel en que la "presente resolución cause
estado.

El Considerando VIII de la Resolución que hoy se impugna establece lo
siguiente: (sic)

VI/I.- Por lo que se refiere a las irregularidades identificadas en la
conclusión 9.1 del apartado correspondiente al Partido del Trabajo, en el
Dictamen Consolidado aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal con fecha treinta de noviembre de dos mil
uno, se determino (sic) lo siguiente:

"9.1 SERVICIOS PERSONALES


Se determinaron erogaciones realizadas en 23 casos por un total de
$606,693.34 (seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos
34/100 M.N.) que fueron documentadas con recibos de
Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP'S) para una sola
persona física, que exceden los doscientos días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes.
Los rebases ascienden a un importe de $227,693.34 (doscientos
veintisiete mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N (sic) ),
incumpliendo con establecido en el numeral 15.4 de las Lineamientos
del Instituto Electoral del Distrito Federal para la fiscalización de los
Recursos de los Partido Políticos, como se puede apreciar en el anexo
14 del apartado 10 de este Dictamen.

Se determinaron erogaciones realizadas en 10 casos por un total de
$749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y
dos pesos 53/100 M.N.), que fueron documentados con recibos de
Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP'S) para una sola
persona física, que exceden los mil quinientos días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año.
Los rebases ascienden a un importé de $181,352.53 (ciento ochenta y
un mil trescientos cincuenta y dos pesos, 53/100 M.N.); incumpliendo
con lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo 14 del
apartado 10 de este Dictamen.


Estas irregularidades se consideran sancionables".

Toda vez que el Partido del Trabajo fue omiso para responder en tiempo
y forma al emplazamiento, realizado por esta autoridad electoral con
fecha seis de diciembre de dos mil uno, las irregularidades dictaminadas
por la Comisión de Fiscalización contenidas en el Dictamen
Consolidado aprobado por el Consejo General, consistentes en haber
realizado erogaciones en veintitrés casos por un total de $606,693.34
(seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N. (sic)
), que fueron documentadas con recibos de Reconocimientos por
Actividades Políticas (RERAP'S), para una sola persona física, que
excedieron los doscientos días de salario mínimo general diario vigente
en el Distrito Federal en el transcurso dl'f1 un mes, cuyo rebase
ascendió a un importe de 227,693.34 (doscientos veintisiete mil
seiscientos [noventa y tres pesos 34/100 M.N (sic) ); y haber realizado
erogaciones en diez casos por un total de 749,852.53 (setecientos
cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.),
que fueron documentados con recibos de Reconocimientos por
Actividades Políticas (RERAP'S) para una sola persona física, que
excedieron los mil quinientos días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año cuyo rebase
ascendió a un importe de $181,352.53 (ciento ochenta y un mil
trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M. N.), subsistieron en todos
sus términos, incumpliendo así lo establecido en el numeral 15.4 de los
Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Por las razones expuestas, con sustento en el Dictamen Consolidado
aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
forma por el Partido del Trabajo, procede sancionar al citado Instituto
Político.

Ahora bien, esta autoridad considera, como resultado del análisis de las
constancias que integran el expediente respectivo, que en el caso
concreto se trata de omisiones de tipo administrativo que se traducen en
que el Partido del Trabajo, realizo (sic) erogaciones en veintitrés casos
por un total de $606,693.34 (seiscientos seis mil seiscientos noventa y
tres pesos 34/100 M. N.), que fueron documentadas con recibos de
Recon6cimientos por Actividades Políticas (RERAP'S) para una sola
persona física, que excedieron los mil quinientos días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año,
cuyo rebase ascendió a un importe de $181,352.53 (ciento ochenta y un
mil trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), por tal razón, se
considera que la falta cometida se debe encuadrar como técnico-
administrativa v técnico-contable, no ocurriendo por tanto agravantes en
el hecho que se analiza.

Por lo anterior y al no tratarse de una conducta reincidente en la que
además no concurren agravantes tal y como se especifica en el párrafo
inmediato anterior, y en atención al monto involucrado en la falta en
estudio cuyo total ascendió a $409,045.87(cuatrocientos (nueve mil
cuarenta y cinco pesos 87/100 M.N.), se considera que la sanción que
corresponde imponer por la infracción que se trata en el presente
considerando es la de MULTA, cuyo monto se debe fijar de acuerdo con
el grado de responsabilidad del Partido Político infractor, dentro del
rango existente entre el máximo y el mínimo previstos por el articulo 276
párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal.

De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
Considerando, ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
el articulo 276 párrafo primero inciso b) del
Código Electoral del Distrito Federal, consiste en atención a la gravedad
de la falta cometida, en un punto equidistante, entre el mínimo y la
equidistante existente entre el mínimo y la equidistante resultante entre
el mínimo y la media, previstos por el citado inciso b) del precepto legal
referido, es decir, que 359 (trescientos cincuenta y nueve) días de
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, equivalente
a $15,131.85 (quince mil ciento treinta y un pesos 85/100 M.N.), monto
que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, con el
apercibimiento a que se refiere el artículo 277 inciso f) del Código de la
materia, en los términos precisados en el Resolutivo correspondiente.

De la Lectura del Considerando VIII, se aprecia clara y textualmente y
así lo dictamina el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal: (sic) "(sic) Que la falta cometida se encuadra como técnico-
administrativa y técnico-contable, además de que no se trata de
conductas reincidentes, en las que no concurren agravantes, no existe
falta de comprobación ni desviación de recursos "(sic); Por (sic) lo que
en dicha (sic) Considerando VIII de la Resolución que hoy se impugna,
se aprecia que no se trata de faltas graves ni sistemáticas, pero el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal no toma en
cuenta dichos elementos ni en ningún caso hace referencia a las"
circunstancias" para fijar la sanción que corresponda al Partido del
Trabajo por la infracción cometida, circunstancias las cuales
comprenderían tanto las de carácter objetivo ( (sic) la gravedad de los
hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de su ejecución)
(sic), como las subjetivas ( (sic) el enlace ¡personal o subjetivo entre el
auto y su acción verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y
la reincidencia) (sic) que rodean a la contravención de la norma
administrativa. (sic) Una vez acreditada la infracción por un Partido
Político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debió en primer
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este ultimo
(sic) supuesto precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o
mayor, para saber si alcanza o no el grado de "(sic) particularmente
grave (sic) ", así como dilucidar si se esta (sic) en presencia de una
infracción sistemática, ,(y con todo esto, debe de proceder a localizar la
clase de sanción que legalmente corresponda; y contraria e ilegalmente
nos establece una acción totalmente excesiva y desproporcionada en
relación con la naturaleza y circunstancias en que se dio la falta. En
consecuencia, consideramos y así deberá de resolverse por este H.
Tribunal Electoral del Distrito Federal, que hubo una total ilegalidad,
falta de certeza, inequidad y exceso por parte del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal para imponer al Partido del
Trabajo las sanciones que se establece en el Resolutivo CUARTO de la
sentencia que hoy se impugna, por lo que solicitamos que el mismo sea
revocado y en su caso modificarlo estableciendo una mejor cuantía en
cuanto al monto de la sanción que así amerite.

TERCERO (sic) AGRAVIO.- Causa agravios al Partido del Trabajo El
(sic) Considerando IX en relación con el Resolutivo QUINTO de la
Resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal en fecha 28 de Febrero (sic) del 2002, respecto del
procedimiento de determinación e imposición de sanciones instaurado
en contra del Partido del Trabajo, en lo que respecta a la errónea e
inexacta aplicación del artículo 276 del Código Electoral del Distrito
Federal que cita las sanciones aplicables a las asociaciones políticas
por incumplimiento, omisión o violación de las disposiciones aplicables
del Código Electoral del Distrito Federal.
PRECEPTOS VIOLADOS. Artículos 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 127 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; así corno los artículos 1 inciso d), 24 numeral I inciso
b); 38, 40, 60 fracciones X y XI, 274 inciso g) y 276 del Código Electoral
del Distrito Federal, en lo que respecta a su errónea e inexacta; (sic)
aplicación e interpretación;

CONCEPTOS DEL AGRAVIO. La Comisión de Fiscalización, así como
el Consejo General ambos del Instituto Electoral de Distrito Federal, han
violentado la garantía de legalidad y seguridad jurídica que tienen su
fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en contra del Partido del Trabajo; Asi (sic)
como violentado y pasado por alto los principios rectores de la Función
Estatal Electoral, que son los lineamientos (sic) o Directrices que deben
de observar todas las autoridades electorales tanto administrativas
como jurisdiccionales para el debido cumplimiento de su función, entre
estos principios rectores violados se encontraría el de la equidad, es
decir, imponer cada cual lo justo; ya que al presentar y aprobar la
Resolución que hoy se impugna, respecto del procedimiento de
determinación e imposición de sanciones instaurado en contra del
Partido d$1 Trabajo, en el mismo hace una errónea e inexacta
interpretación y aplicación del articulo (sic) artículo 276 del Código
Electoral del Distrito Federal que cita las sanciones aplicables a las
asociaciones políticas por incumplimiento, omisión o violación de las
disposiciones aplicables del Código Electoral citado.


El Resolutivo QUINTO de la resolución que hoy se impugna establece lo
siguiente:

QUINTO:- (sic) Se impone al Partido del Trabajo, como sanción
administrativa una MULTA DE $41,180.55 (cuarenta y un mil pesos (sic)
ciento ochenta pesos 55/100 M.N.), equivalente a 977 (novecientos
setenta y siete) días de salario mínimo diario vigente para el Distrito
Federal, en términos del considerando IXI (sic) de la presente
Resolución, la cual deberá de ser pagada en la Dirección Ejecutiva de
Administración y del Servicio Profesional Electoral de Instituto Electoral
del Distrito Federal, en un plazo improrrogable de quince días contados
a partir del día siguiente a aquel (sic) en que la presente
resolución\cause estado.

El considerando IX de la Resolución que hoy se impugna establece lo
siguiente (sic):

IX .- Por lo que refiere a la irregularidad identificada en la conclusión 9.2
del apartado correspondiente al Partido del Trabajo, en el Dictamen
Consolidado aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal con fecha treinta de noviembre de dos mil uno, se
determino (sic) lo siguiente:: (sic)
"9.2 BANCOS

El Partido realizó 30 pagos por un total de $222,296.00 (doscientos
veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), en los que
no expidió cheques nominativos, no obstante, que estos (sic) en forma
individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces de salario
mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por lo que
incumplió con lo señalado en el numeral 12.1 de los Lineamientos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo
15 del apartado 10 de este dictamen.

Esta irregularidad se considera sancionable.

Toda vez que el partido del trabajo (sic) fue omiso para responder en
tiempo y forma al emplazamiento realizado por esta autoridad electoral
con fecha seis de diciembre de dos mil uno, las irregularidades
dictaminadas por la Comisión de Fiscalización contenidas en el
Dictamen Consolidado aprobado por el consejo (sic) General
consistentes en haber realizado treinta pagos por un total de
$222,296.00 (doscientos veintidós mil doscientos noventa y seis pesos
00/100 M.N.), en los que no expidió cheques nominativos, no obstante
que estos (sic) en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a
cien veces de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal,
subsistieron en todos sus términos, incumpliendo a con lo establecido
en el numeral 12.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
que a la letra señalan (sic)

"Todo pago que efectúen los partidos (sic) Políticos que rebase la
cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque
nominativo, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y
salarios contenidos en nóminas. A la documentación comprobatoria a
que hace referencia este numeral deberán conservarse anexas a las
pólizas de los cheques. "(sic)

Por las razones expuestas, con sustento en el Dictamen Consolidado
aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
forma por el Partido del Trabajo, procede sancionar el citado Instituto
Político.

Ahora bien, esta autoridad considera, como resultado las constancias
que integran el expediente respectivo, que en el caso concreto se trata
de omisiones de tipo administrativo que se traducen en que el partido
(sic) del Trabajo, realizo (sic) treinta pagos por un total deis 222,296.00
(doscientos veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.),
en los que no expidió cheques nominativos, no obstante que estos: (sic)
en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a cien veces el
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, datos
canten/dos en el anexo 15 del Dictamen Consolidado aprobado por el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Por tal razón, se considera que la falta cometida se debe encuadrar
como técnico-administrativa v técnico-contable, no concurriendo por
tanto, agravantes en el hecho que se analiza.

Por lo anterior y al no tratarse de una conducta reincidente, en la que
además no concurren agravantes, tal y como se específica en el párrafo
inmediato anterior, y en atención al monto involucrado en la falta en
estudio cuyo total ascendió a $222,296.00 (doscientos veintidós mil
doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N (sic) ), se considera que la
sanción que corresponde imponer en la infracción que resulta en el
presente Considerando es la de MULTA cuyo monto se debe de fijar de
acuerdo con el grado de responsabilidad del Partido Político infractor,
dentro del rango existente entre el máximo y mínimo previstos por el
articulo (sic) 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del
Distrito Federal.

De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
Considerando, ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
el articulo (sic) 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del
Distrito Federal, consiste en atención a la gravedad de la, falta
cometida, en un punto equidistante, entre la media existente entre el
mínimo y la equidistante resultante del mínimo y la media y la media
existente entre el mínimo, previstos por el citado inciso b) del precepto
legal referido, es decir, en 977 (novecientos setenta y siete) días de
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, equivalentes
a $41,180.55 (cuarenta y un mil ciento ochenta pesos 55/100 M.N (sic),
monto que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, con el
apercibimiento a que se refiere el articulo (sic) 277 inciso f) del Código
de la materia en los términos precisados en el Resolutivo
correspondiente.

De la Lectura del Considerando IX, se aprecia clara y textualmente y así
lo dictamina el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal : (sic) " (sic) Que las (sic) falta cometida se encuadra como
técnico-administrativa y técnico-contable, además de que no se trata de
conductas reincidentes, en las que no concurren agravantes, no existe
falta de comprobación ni desviación de recursos "(sic); Por (sic) lo que
en dicha (sic) Considerando IX de la Resolución que hoy se impugna se
aprecia que no se trata de faltas graves ni sistemáticas pero el Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal no toma en cuenta
dichos elementos ni en ningún caso hace referencia a las "(sic)
circunstancias (sic) " para; fijar la sanción que corresponda al Partido
del Trabajo por la infracción cometida, circunstancias las cuales
comprenderían tanto las de carácter objetivo ((sic) la gravedad de los
hechos y sus consecuencias de tiempo, modo y lugar de su ejecución )
(sic) como las subjetivas ((sic) el enlace persona o subjetivo entre el
auto y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y
la reincidencia (sic) que rodean a la contravención de la norma
administrativa .(slc) Una vez acreditada la infracción por un Partido
Político y su imputación subjetiva la autoridad electoral debió, en primer
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este ultimo
(sic) supuesto precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o
mayor, para saber si alcanza o no el grado de "(sic) particularmente
grave (sic), así como dilucidar si se esta en presencia de una infracción
sistemática, y con todo esto, debió de proceder a localizar la clase de
sanción que legalmente corresponda, y contraria e ilegalmente nos
establece una sanción totalmente excesiva y desproporcionada en
relación con la naturaleza y circunstancias en que se dio (sic) la falta.
En consecuencia, consideramos y así deberá de resolverse por este H.
Tribunal Electoral del Distrito Federal, que existió una total ilegalidad,
falta de certeza, inequidad y exceso por parte del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal para imponer al Partido del
Trabajo las sanciones que se establecen en el Resolutivo QUINTO de
la sentencia que hoy se Impugna, por lo que solicitamos que el mismo
sea revocado y en su caso modificado estableciendo una sanción
menor en cuanto a su cuantía.

CUARTO AGRAVIO.- Causa agravios al Partido del Trabajo El (sic)
Considerando X en relación con el Resolutivo SEXTO de la Resolución
dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en fecha 28 de Febrero (sic) del 2002, respecto del
procedimiento de determinación e imposición de sanciones instaurado
en contra del Partido del Trabajo, en lo que: respecta a la errónea e
inexacta aplicación del artículo 276 del Código Electoral del Distrito
Federal que cita las sanciones aplicables a las asociaciones políticas
por incumplimiento, omisión o violación de las disposiciones aplicables]
del Código Electoral del
Distrito Federal.

PRECEPTOS VIOLADOS. Artículos 41 de la Constitución Política! de
los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 124 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; así como los artículos 1 inciso d), 24 numeral I inciso
b); 38,40,60 .fracciones X y XI, 274 inciso g) y 276 del Código Electoral
del Distrito Federal, en lo que respecta a su errónea e inexacta
aplicación e interpretación;

CONCEPTOS DEL AGRAVIO. La Comisión de Fiscalización, así corno
el Consejo General ambos del Instituto Electoral del Distrito Federal,
han violentado las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tienen
su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en contra del Partido del Trabajo; Así (sic)
como violentado y pasado por alto los principios rectores de la Función
Estatal Electoral, que son los lineamientos (sic) o Directrices que deben
de observar de todas las autoridades electorales tanto administrativas
corno jurisdiccionales para el debido cumplimiento de su función, entre
estos principios rectores violados se encontrarla el de la equidad, es
decir, imponer a cada cual lo justo; ya que al presentar y aprobar la
Resolución que hoy se impugna, respecto del procedimiento de
determinación e imposición de sanciones instaurado en contra del
Partido del Trabajo, en el mismo hace una errónea e inexacta
interpretación y aplicación del articulo (sic) articulo 276 del Código
Electoral del Distrito Federal que cita'[las sanciones aplicables a las
asociaciones políticas por incumplimiento, omisión o violación de las
disposiciones aplicables del Código Electoral citado, El Resolutivo
SEXTO de fa resolución que hoy se impugna establece lo siguiente:
(sic)

SEXTO: (sic): Se impone al Partido del Trabajo, como sanción
administrativa una MULTA DE $54,247.05 ((sic) cincuenta y cuatro mil
doscientos cuarenta y siete pesos 051100 M.N.), equivalente a 1287
((sic) mil doscientos ochenta y siete (sic) ) días de salario mínimo diario
vigente para el Distrito Federal, en términos del considerando (sic) X de
la presente Resolución, la cual deberá de ser pagada en la Dirección
Ejecutiva de Administración y del Servicios Profesional Electoral del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en un plazo improrrogable de
quince días contados a partir del die siguiente a aquel en que la
presente resolución cause estado.


El Considerando X de la Resolución que hoy se impugna establece lo
siguiente: (sic)

x.- Por cuanto hace a la infracción consignada en el Dictamen
Consolidado aprobado por el Consejo General con fecha treinta de
noviembre de dos mil uno e identificada en la conclusión 9.4 del
apartado correspondiente al Partido del Trabajo, que a la letra refiere:

"9.4 ASPECTOS GENERALES
El Partido no dio (sic) cumplimiento a lo establecido en el articulo (sic)
30, fracción I, inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal que
establece: "Cada Partido Político deberá destinar anualmente por lo
menos el 2% del financiamiento publico (sic) que reciba para el
desarrollo de sus Fundaciones o Institutos de investigación el Importe a
destinar debió ser por $279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil
ochocientos noventa y seis pesos 70/100 (sic)).

Esta irregularidad, se considera sancionable.


Toda vez que el Partido del Trabajo fue omiso para responder en tiempo
y forma al emplazamiento realizado por esta autoridad electoral con
echa (sic) seis de diciembre, de dos uno, la irregularidad dictaminada
por a (sic) Comisión de Fiscalización contenida en el Dictamen
Consolidado aprobado por al (sic) Consejo general (sic) con fecha
treinta de noviembre del mismo año, consistente en no haber destinado
por lo menos el dos por ciento del financiamiento público (sic) para
actividades ordinarias permanentes, para el desarrollo de sus
Fundaciones o Institutos de Investigación, cuyo monto represento (sic)
una cantidad de       279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil
ochocientos noventa y seis pesos 70/100 (sic) ), subsiste en todos sus
términos, incumpliendo así, lo dispuesto por el
articulo (sic) 30 fracción I inciso c) del Código Electoral del Distrito
Federal.

Por las razones expuestas, con sustento en el Dictamen Consolidado
aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
forma por el Partido del Trabajo, procede sancionar al citado Instituto
Político.


Ahora bien, esta autoridad considera, como resultado del análisis de las
constancias que integran el expediente respectivo, que en el caso
concreto deben valorarse las siguientes circunstancias:

a) El porcentaje mínimo de financiamiento publico (sic) que debe
destinarse por los Partidos Políticos para el desarrollo de sus
fundaciones e institutos de investigación, constituye una obligación que
el legislador les ha impuesto con el propósito de que conduzcan sus
actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas
internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático, respetando la libre participación política de las
demás asociaciones políticas y los derechos de los ciudadanos (sic).

b) Acorde a la documentación proporcionada por el Partido del Trabajo
durante el ejercicio correspondiente al año de dos mil, dicho Partido, no
destinó los recursos correspondientes al porcentaje mínimo previsto en
el articulo (sic) 30 fracción I inciso c) del Código Electoral del Distrito
Federal;

c) El monto total involucrado que al menos debió destinarse por el
Partido del Trabajo, para el desarrollo de sus Fundaciones e Institutos
de Investigación, acorde al financiamiento publico (sic) otorgado durante
el año dos mil, ascendió a $279,896. 70 (doscientos setenta y nueve mil
ochocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N (sic)).

Por las razones expuestas, se considera que la falta cometida
representa el incumplimiento absoluto de la hipótesis normativa prevista
en el articulo (sic) 30 facción (sic) primera inciso c) del Código de la
materia.

Por lo anterior, en atención a la, realización dela (sic) conducta
infractora y al monto total involucrado en la falta en comento, cuyo total
ascendió a $279,896.70 ( (sic) doscientos setenta y nueve mil
ochocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N (sic) ), se considera que
la sanción que corresponde imponer por la infracción que se trata en el
presente Considerando es la MULTA, cuyo monto se debe fijar de
acuerdo con el grado de responsabilidad del Partido Político infractor,
dentro del rango existente entre el máximo y mínimo previstos por el
artículo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
Federal.

De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
Considerando, ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
el articulo (sic) 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del
Distrito Federal, consiste en atención a la gravedad de la falta cometida,
en un punto equidistante entre el monto mínimo y la media existente
entre el mínimo y máximo previstos por el citado inciso b) del precepto
legal referido, es decir, en 1,287 (mil doscientos ochenta y siete)
días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal,
equivalentes a $54,247.05 (cincuenta y cuatro mil doscientos
cuarenta y siete pesos 05/100 M.N (sic) ), monto que deberá ser
cubierto por el Partido Político infractor, con el apercibimiento a que se
refiere el artículo 227 inciso f) del Código de la materia, en los términos
precisados en el Resolutivo correspondiente.

De la lectura del considerando se desprende clara y textualmente. y así
debió apreciarlo la Comisión de Fiscalización y el Consejo General
ambos del Instituto Electoral del Distrito Federal (sic) que en la falta
cometida no concurren agravantes ni se tratan de conductas
reincidentes (sic); por lo que el Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal, al dictar su Resolución que hoy se impugna fue
omiso al no apreciar que no se trataba de faltas graves ni sistemáticas,
a lo que al no tomar en cuenta dichos elementos ni en ningún momento
hace referencia a las (sic) circunstancias” (sic) para fijar la sanción que
correspondiera al Partido del Trabajo por la infracción cometida,
circunstancias las cuales comprenderían tanto las de carácter objetivo (
(sic) la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y
lugar de su ejecución) (sic), como las subjetivas ( (sic) el enlace
personal o subjetivo entre el auto y su acción, verbigracia el grado de
intencionalidad o negligencia, y la reincidencia ) (sic) qué rodean a la
contravención de la norma administrativa (sic) Una vez acreditada la
infracción por un Partido Político y su imputación subjetiva, la autoridad
electoral debió, en primer lugar, determinar, si la falta fue levísima, leve
o grave, y en este ultimo (sic) supuesto precisar si se trata de una
gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el
grado de (sic) particularmente grave, así como dilucidar si se estaba en
presencia de un infracción sistemática, y con todo esto, debió de
proceder a localizar la clase de sanción que legalmente correspondiera;
pero sin tomar en cuenta todos los elementos antes señalados,
ilegalmente nos impone una sanción totalmente correspondiera (sic)
excesiva y desproporcionada en relación con la naturaleza y
circunstancias en que se dio la falta, ya que el incumplimiento cometido,
en la especie, no se actualiza en alguna de las hipótesis jurídico-
normativas establecidas en el articulo (sic) 276 párrafo segundo, tercero
y cuatro (sic) del Código Electoral del Distrito Federal. En consecuencia,
consideramos que la sanción administrativa a la que debería haberse
hecho acreedor el Partido del Trabajo tendría que ser una
AMONESTACIÓN PUBLICA (sic); por lo que solicitamos a ese H.
Tribunal Electoral del Distrito Federal, Dictaminar (sic) y así Resolver
(sic) que existió un total ilegalidad, falta de certeza, inequidad y exceso
por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
para imponer al Partido del Trabajo las sanciones que se establecen en
el Resolutivo SEXTO de la sentencia que hoy se impugna, por lo que
solicitamos que el mismo sea revocado.

En apoyo a todas las manifestaciones a que hemos hecho referencia en
el presente Recurso, nos permitimos transcribir las siguientes Tesis de
Jurisprudencia:

SALA        SUPERIOR       (TERCERA       ÉPOCA-2001).       SANCIONES
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS.
PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN. La responsabilidad
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que
es una especie de ius poniendi, y consiste en la imputación o
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado sancionado
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y
consecuencias materiales y los efectos; perniciosos de las faltas
cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación
del infractor en la omisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve
de base para una interpretación sistemática y funcional de los artículos
270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y 10,1 del Reglamento que establece los lineamientos (sic)
Aplicables en la Integración de los de (sic) los (sic) expedientes y la
Substanciación del Procedimiento para la atención de las Quejas sobre
el Origen y Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de
los Partidos y Agrupaciones Políticas, el cual conduce a establecer que
la referencia a las "circunstancias" sujetas a consideración del Consejo
General, para fijar la sanción que corresponda al partido por la
infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la
gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo (sic) modo y
lugar de ejecución), como a las subjetivas ((sic) el enlace personal o
subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de
intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la
contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la
infracción cometida por un partido (sic) politico (sic) y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la
falta fue levísima, leve o grave, y en este ultimo (sic) supuesto, precisar
si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si
alcanza o no el grado de " (sic) particularmente grave" (sic), así como
dilucidar si se esta (sic) en presencia de una infracción sistemática, y
con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el ¡articulo (sic)
296 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Finalmente, si la sanción, dentro, de los márgenes admisibles por la ley,
atendiendo a las circunstancias antes apuntadas. Sala Superior.

S3EL 04112001 (sic)
      Recurso de apelación SUP-RAP -02912001. Partido Revolucionario
      Institucional. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. Ponente:
      Leonel Castillo González. Secretario: Jaime del Río Salcedo.


      SANCIONES Y MULTAS. PARÁMETRO A TENER EN CUENTA
      PARA LA PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN
      CONSTITUCIONAL ELECTORAL.—En el caso del requisito especial
      de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, previsto
      en el articulo (sic) 86, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema
      de Medios de Impugnación en materia (sic) Electoral, Hebe (sic) tenerse
      en cuenta que si por virtud de una multa o sanción emitida con violación
      de la Constitución, se afectan los recursos económicos de algún partido
      político en un monto equivalente o superior al costo mínimo de la
      campaña más económica que dichos partidos estén en aptitud de
      realizar, se esta (sic) en presencia de una restricción a las prerrogativas
      de los partidos (sic) políticos (sic), cuya constitucionalidad debe
      analizarse estudiando el fondo del asunto.

      Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-260/99.—Partido
      del Trabajo.—22 de diciembre de 1999.—Unanimidad de votos.—
      Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Jorge
      Mendoza Ruiz.

      Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-102/2000.—Partido
      del Trabajo.—21de (sic) junio de 200 (sic).—Unanimidad de votos.—
      Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Mario
      Torres López.



15. El primero de abril de dos mil dos, el Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, emitió el
acuerdo por el que se tuvo por presentado el recurso de apelación de
referencia, ordenando formar el expediente respectivo al cual se le
asignó el número IEDF-CG/RA004/2002.


16. Recibido el escrito recursal antes mencionado, la autoridad
responsable hizo del conocimiento público su presentación, mediante
fijación de cédula de notificación en los estrados del propio Instituto,
durante el plazo de setenta y dos horas, sin que haya comparecido
tercero interesado, según consta en las razones correspondientes.


17. Mediante oficio número SECG-IEDF/424/2002, de ocho de abril
de dos mil dos, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, remitió a esta autoridad electoral
jurisdiccional el expediente formado con motivo del Recurso de
Apelación, rindiendo el informe circunstanciado correspondiente.


18. Recibidas en este Tribunal las constancias de mérito, mediante
proveído del diez de abril del mismo año, el Presidente de este Órgano
Colegiado ordenó integrar el expediente respectivo, asignándole el
número TEDF-REA-004/2002, y turnarlo al Magistrado Ponente para
los efectos a que se refiere el artículo 257 del Código Electoral del
Distrito Federal.


19. Mediante oficio TEDF-SG-005/2002 de esa misma fecha, el
Secretario General de este Tribunal local, en cumplimiento al acuerdo
que antecede, puso a disposición del Magistrado Ponente los autos
que contienen el expediente en que se actúa.


20. Por auto de treinta de julio de dos mil dos, el Magistrado Ponente
determinó radicar el presente medio de impugnación y reconocer la
personalidad del representante del Partido recurrente, admitir dicho
recurso, proveyéndose respecto de la admisión y desahogo de las
pruebas ofrecidas por el apelante y, en consecuencia al no existir
prueba pendiente de admitirse o desahogarse, decretó el cierre de
instrucción, quedando el presente asunto en estado de resolución, al
que ahora se pronuncia, conforme a los siguientes:



                      CONSIDERANDOS:


I. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el
presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 128, 129, fracción VI, 130 Y 134 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal; 3º, párrafo primero, 222, 227, fracción 1, inciso e),
238, 242, inciso b), 244, párrafo segundo, 266, párrafo segundo y 269
del Código Electoral del Distrito Federal, en virtud de que se trata de
un recurso de apelación interpuesto por un Partido Político en contra
de una resolución del presuntas violaciones a las disposiciones que
rigen en la materia electoral.


II. Antes de entrar al estudio de fondo de la presente controversia es
preciso dejar asentado, que se tendrá como única autoridad
responsable al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en virtud de ser el órgano que aprobó el Dictamen respecto
del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos
correspondientes al ejercicio de dos mil, y que ordenó la iniciación del
procedimiento de determinación e imposición de sanciones de al
Partido recurrente, siendo esta misma autoridad la que resolvió dicho
procedimiento.
Al respecto, es pertinente señalar que no puede atribuirse a la
Comisión de Fiscalización el carácter de Autoridad responsable en el
presente asunto, ya que si bien interviene en la elaboración del
Dictamen Consolidado y en el tramite del procedimiento para la
determinación e imposición de sanciones, en términos de los
dispuesto por el artículo 38, fracciones III y V, del Código Electoral del
Distrito Federal, los actos de dichas autoridades no causan lesión
jurídica alguna al Partido actor, ya que no tienen efectos vinculatorios,
pues sólo constituyen la base para el dictado de los acuerdos del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. En esa
tesitura, es la única autoridad responsable, ya que las actividades de
la Comisión de Fiscalización se encuentran subordinadas a la voluntad
del Consejo General, que es quien aprueba o no los dictámenes o
proyectos que sobre el particular se le presenten para tal
determinación; sirve de criterio orientador, la Tesis Relevante
sostenida por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, que a
continuación se transcribe:



       "CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO
       FEDERAL. DEBE SER CONSIDERADO COMO ÚNICA AUTORIDAD
       RESPONSABLE EN EL CASO DE LA IMPUGNACIÓN DEL
       DICTAMEN CONSOLIDADO RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DEL
       ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTAN LOS
       PARTIDOS POLÍTICOS. No obstante que las fracciones III y V, del
       artículo 38, del Código Electoral del Distrito Federal, otorgan facultades
       a la Comisión de Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de
       Asociaciones Políticas, ambas del Instituto Electoral del Distrito Federal,
       para que intervengan tanto en la sustanciación del procedimiento de
       fiscalización derivado de la presentación de los informes anuales sobre
       el origen y destino de los recursos, con que cuentan los partidos
       políticos, como en la elaboración del dictamen respectivo; para efectos
       del medio de impugnación que, en Su caso, sea interpuesto en contra
       de aquél, solamente debe considerarse como autoridad responsable al
        Consejo General del Instituto, pues los actos que puedan atribuirse a las
        dos primeras autoridades mencionadas, no lesionan la esfera jurídica de
        los partidos políticos, toda vez que no tienen efectos vinculantes, sino
        que se trata de actos preparatorios, no definitivos, que constituyen una
        mera opinión técnica que sirve de base para que ese Consejo pronuncie
        la resolución definitiva.

        Recurso de Apelación TEDF-REA-235/99. Partido del Trabajo. 19 de
        noviembre de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rodolfo
        Terrazas Salgado. Secretarios de Estudio y Cuenta: José Francisco
        Delgado Estévez y Alejandro Juárez Cruz.

        Recurso de Apelación TEDF-REA-001/2000. Partido del Trabajo. 10 de
        febrero de 2000. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rodolfo Terrazas
        Salgado. Secretario de Estudio y Cuenta: José Francisco Delgado
        Estévez.

        CLAVE DE TESIS No.: TEDF002. FECHA DE SESIÓN: 15 DE
        FEBRERO DE 2000. INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL EL
        DISTRITO FEDERAL. FUENTE: SENTENCIA. ÉPOCA: SEGUNDA.
        MATERIA:         ELECTORAL.         CLAVE        DE
        PUBLlCACIÓN:TEDF2EL002/2000.


III. Previo al estudio de fondo, se impone analizar las causas de
improcedencia, cuyo examen resulta oficioso y preferente, por tratarse
dé una cuestión de orden público, tal y como lo establece la tesis de
jurisprudencia sostenida por este Tribunal, la cual se encuentra
identificada con el número TEDF001, 1EL3/99 J.01/99, que a la letra
dice:



        "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE
        Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR
        EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. Previamente al
        estudio de los agravios formulados a través de los medios de
        impugnación que regula el Código electoral del Distrito Federal, este
        Tribunal debe analizar las causales de improcedencia que en la especie
        puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público,
        de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 1º del
        Código Electoral del Distrito Federal.
      Recurso de apelación TEDF-AP-001/99. Partido Acción Nacional. 30 de
      marzo de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Estuardo Mario
      Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y Cuenta: Nohemí Reyes Buck.

      Recurso de apelación TEDF-REA-008/99. Partido Revolucionario
      Institucional, 21 de junio de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente:
      Rodolfo Terrazas salgado. Secretaria de Estudio y Cuenta: Alejandro
      Juárez Cruz.

      Recurso de apelación TEDF-REA-0011/99. Socorro Aparicio Cruz. 24
      de junio de 1999. Mayoría de tres votos. Ponente: Estuardo Mario
      Bermúdez Malina. Secretaria de Estudio y Cuenta: Nohemí Reyes Buck.



Al respecto, este Tribunal Electoral local no advierte causal de
improcedencia alguna.


No pasa por desapercibido para este Órgano Jurisdiccional, que la
notificación personal realizada por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, mediante la cual hizo saber al Partido
recurrente la resolución impugnada y que obra' a fojas mil trescientos
cinco, del volumen IV (cuatro romano) del expediente en que se actúa,
señala que la fecha en que se verificó                 tal acto jurídico fue el
diecinueve de marzo de dos mil uno, dato que resulta incorrecto, toda
vez que la fecha exacta tendría que haber sido el diecinueve de marzo
de dos mil dos, sin embargo, dicho error imputable a la autoridad
responsable no debe causar perjuicio alguno al Partido Político
recurrente en la defensa de sus intereses ante esta instancia
jurisdiccional, ni mucho menos, que se tome como un elemento
fundamental para que se actualice alguna causal de improcedencia,
en los términos del artículo 251 del Código Electoral del Distrito
Federal, razón por la cual, para los efectos procedimentales
correspondientes, se tomará como fecha de notificación la del
diecinueve de marzo de dos mil dos; máxime que de un análisis hecho
a la cédula de identificación respectiva, se observa que se notificó a
quién dijo llamarse Carlos Coronado Ortiz, ostentándose como
responsable de asuntos electorales en el Distrito Federal del Partido
del Trabajo; para lo cual recibió copia certificada de la resolución
referida, firmando al calce y señalando que le fue entregada el día
diecinueve de marzo de dos mil dos.


Ante tal situación, este Tribunal Electoral estima que en la especie, se
cumplieron las formalidades que establece el artículo 249, párrafo
tercero del Código Electoral local, para otorgar validez a la notificación
de mérito, ya que el error que se cometió en cuanto al año que refiere
la fecha de notificación de ningún modo deparó perjuicio al instituto
político hoy actor, habida cuenta que éste tuvo conocimiento de la
resolución que le fue notificada, tan es así, que interpuso el recurso de
apelación materia de este estudio.


En consecuencia, dicha notificación! surte todos sus efectos legales,
ya que de lo contrario, transgrediría la esfera jurídica de los
justiciables, máxime que se trata de errores no imputables a éstos,
sino a la autoridad que realizó tal acto.


En virtud de lo anterior, y toda vez que la autoridad responsable
tampoco hace valer, ninguna causal de improcedencia, procede a
entrar al, estudio de la legitimación del actor y la personalidad del
promovente, en términos del Considerando consecuente.
IV. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, inciso b), y
246, fracción I, inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal, es
detener por acreditada tanto la legitimación del Partido Impugnante
con la personería del provomente del recurso, ciudadano Víctor Hugo
Martínez Alvarado habida cuenta que del conformidad con los
numerales invocados, los Partidos Políticos, a través de sus
representantes legítimos, están facultados para interponer el recurso
de apelación en contra de los actos y resoluciones del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, y que, en la especie,
al momento de rendir su informe circunstanciado, la autoridad
responsable señaló que el ciudadano arriba citado, tiene reconocida
su personería como representante de la asociación política recurrente
ante esa autoridad electoral, lo cual queda debidamente acreditado
con la copia certificada del nombramiento expedido a favor de dicha
persona que obra a foja treinta y ocho del expediente de mérito.


V. Tomando en consideración que, tratándose de los medios de
impugnación    en materia      electoral,   el juzgador debe analizar
pormenorizadamente el escrito respectivo, a fin de desprender la
intención del promovente y deducir con precisión los agravios
expresados, independientemente del capítulo en que se encuentren,
este Órgano Jurisdiccional Electoral, procede a su deducción.


Sobre el particular, sirve como criterio orientador la tesis de
Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que textualmente señala:
      "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
      RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
      CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
      ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en matera electoral, el
      juzgador debe leer detenidamente y cuidadosamente el ocurso que,
      contenga el que se haga valer, para que de su correcta comprensión,
      advierta y atienda preferentemente a lo que quiso decir y no a lo que
      aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la
      intención del promoverte, ya que sólo de esta forma se puede lograr una
      recta administración eje justicia en materia electoral, al no aceptarse la
      relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del
      pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que
      el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en
      conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente interpretar el sentido
      de lo que se pretende.

      Sala superior. S3EL 048/97 K

      Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC074/97. Partido
      Revolucionario. Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de
      votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

      Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC099/ 97.Partido
      Acción Nacional 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.
      Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

      (Este criterio integra la Tesis de Jurisprudencia número J.04/99. Tercera
      época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de
      votos. 14 de abril de 1999)."



En la especie, examinando en su integridad el escrito recursal del
Partido del Trabajo, se aprecia que esencialmente aduce como
motivos de inconformidad los siguientes:


A. Respecto a las sanciones impuestas en los Considerandos VIII, IX
Y X de la resolución impugnada, la autoridad responsable transgredió,
en perjuicio del apelante, las garantías de legalidad y certeza que
consagran los artículos 14 Y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los principios rectores de la
actividad electoral, porque al momento de individualizar las sanciones
establecidas en dichos apartados, omitió referir a las circunstancias
objetivas y subjetivas que rodean a la contravención de las normas
administrativas; además, de no tomar en consideración que no se
trataban faltas graves o sistemáticas.


B. En relación a las sanciones impuestas en los Considerandos VIII, IX
y X de la resolución impugnada, argumenta el apelante que una vez
que se hubiera acreditado la infracción, con el afán de establecer la
clase de sanción que le correspondía, la autoridad responsable debió
determinar, primeramente, si la falta fue levísima, leve o grave, y en
caso de que se actualizara el último supuesto; precisar si se trataba de
una gravedad ordinaria, especial o mayor, para determinar su alcanza
o no el grado de particularmente grave; así mismo, aducir si se trataba
de una infracción sistemática.


C. En cuanto a las sanciones impuestas en los Considerandos VIII, IX
y X de la resolución impugnada, señala el recurrente que la autoridad
responsable hizo una inexacta y errónea interpretación y aplicación del
artículo 276, del Código Electoral local, ya que lo sancionó por el
número de faltas en su totalidad y no por cada una de ellas en lo
individual, ya que de haberlo hecho así se hubiera percatado que las
mismas no eran graves ni sistemáticas.


D. En referencia a las sanciones impuestas en los Considerandos VIII,
IX y X de la resolución impugnada, estima el apelante que como
resultado   de    la   indebida    individualización   del   grado   de
responsabilidad, la responsable le impuso sanciones totalmente
inequitativas, excesivas y desproporcionadas sin atender a la
naturaleza y a la naturaleza y circunstancias de las faltas.


E. Respecto a la sanción impuesta en la resolución impuesta en el
Considerando X de la resolución impugnada considera el apelante que
el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I, inciso c)
del Código Electoral del Distrito Federal, no actualiza alguna de las
hipótesis jurídico-normativas establecidas por el diverso artículo 276
del Código antes señalado; por tanto, en caso de que le
correspondiera la imposición de una sanción, ésta debió haber sido
una amonestación pública el circunstancias de las faltas.


F. Finalmente, el recurrente se queja que la responsable impone
sanciones que equivalen a casi el cuarenta por ciento de la
prerrogativa mensual que por ley le corresponde. Lo anterior se
traduce, argumenta el apelante, en una restricción indebida a las
prerrogativas de dicho partido.


Los agravios así resumidos, serán analizados de manera individual,
con excepción de los identificados con la letras A y D, los cuales se
estudiaran de manera conjunta por la íntima relación que guaran entre
sí.


En tal virtud por razón de técnica jurídica, se estudiarán primeramente
los agravios marcados con las letras B, C, E y F, y posteriormente, los
identificados A y D.
VI. Previo al análisis de los agravios referidos en el Considerando que
antecede, y toda vez que el recurrente aduce que el acto impugnado
viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales que
consagran garantías de seguridad jurídica, es conveniente dejar
sentado que este Tribunal se encuentra facultado para conocer y
resolver, a través del recurso de apelación, aquellos casos en que el
inconforme   reclama    la   posible   violación   de   estos   derechos
fundamentales, ya que como máxima autoridad jurisdiccional para la
solución de controversias en la materia, tiene por objeto garantizar que
todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales locales,
se ajusten invariablemente al principio de legalidad, referido éste no
sólo a que todo acto o resolución debe ser emitida conforme a las
leyes secundarias que los rigen, lo cual resulta limitado, sino también a
que tales actos deben respetar las garantías constitucionales de
seguridad jurídica que son susceptibles de ser violadas por las
autoridades electorales locales, como son, en el caso concreto, la de
petición (artículo 8°); de privación de derechos sólo mediante Juicio
seguido ante autoridades preestablecidas con las formalidades
esenciales del procedimiento (artículo 14, párrafo segundo); de
afectación de derechos por actos debidamente fundados y motivados
de autoridad competente (artículo 16, párrafo primero); así como de
una expedita y eficaz administración de justicia por autoridades que
emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial
(artículo 17, párrafo segundo).


Ello es así, toda vez que estas garantías o derechos públicos
subjetivos son un reflejo de los deberes jurídicos que deben cumplir
todas las autoridades, a fin de que la afectación en la esfera jurídica
de los gobernados esté justificada por encontrarse apegada a
derecho; por tal motivo, no debe excluirse a derecho electoral de la
observancia de las garantías de seguridad jurídica. En esa virtud, el
Tribunal, como garante del principio de legalidad, está obligado a
verificar que los actos o resoluciones emanados de las autoridades
electorales locales de carácter administrativo se ciñan a los citados
derechos fundamentales.


Sirve de criterio orientador, la siguiente tesis relevante sostenida por el
Pleno de este Órgano Colegiado, que a la letra dice:



       "GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, VIOLACIONES A LAS.
       CASOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO
       FEDERAL ES COMPETENTE PARA CONOCERLAS POR ACTOS O
       RESOLUCIONES              DE       AUTORIDADES            ELECTORALES
       ADMINISTRATIVAS LOCALES. De los artículos 122, apartado C, Base
       primera, fracción V, inciso f) y 116, fracción IV, incisos b) al i), de la
       Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
       el 128 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se desprende
       que por disposición constitucional y estatutaria, el Tribunal Electoral del
       Distrito Federal, en su carácter de órgano autónomo y máxima autoridad
       jurisdiccional para la solución de controversias en la materia, tiene como
       misión prioritaria que todos los actos y resoluciones que emitan las
       autoridades electorales administrativas locales; se sujeten al principio
       de legalidad, a través de la substanciación de los medios de
       impugnación que son de su competencia, específicamente, el recurso
       de apelación establecido en los artículos 238 y 212 del Código Electoral
       del Distrito Federal. La definición tradicional del principio de legalidad
       señala que todo acto o resolución que emitan las autoridades, deberá
       ser conforme a las leyes secundarias que lo rigen, obligando a aquéllas
       a ajustar su actuación concreta a la norma jurídica y a razonar
       correctamente su aplicación al caso que se trate; sin embargo, a juicio
       de este Tribunal, esta concepción del principio de legalidad, referida al
       ámbito electoral, resultaría limitada y, por tanto, inadmisible, si en virtud
       de ella, el Órgano Jurisdiccional estuviera impedido para conocer y
       resolver impugnaciones que derivaran del incumplimiento de otras
       disposiciones constitucionales, cuya inobservancia haría prácticamente
      nugatorio el principio en comento. En este contexto, resulta
      incuestionable que las garantías constitucionales de seguridad jurídica,
      susceptibles de ser violadas por actos o resoluciones dictados en
      agravio de ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones políticas
      locales son las de petición (artículo 8º); de no ser juzgado por leyes
      privativas y tribunales especiales (artículo 13); de irretroactividad de la
      ley en perjuicio de las personas (artículo 14, párrafo primero); de
      privación de derechos sólo mediante juicio seguido ante autoridad
      preestablecida con las' formalidades esenciales del procedimiento y de
      conformidad con las leyes expedidas con anterioridad a los hechos
      (artículo 14, párrafo segundo); de no ser sancionado mediante
      aplicación analógica de la ley o por mayoría de razón (artículo 14,
      párrafo tercero); de afectación de derechos por actos debidamente
      fundados y motivados de autoridad competente (artículo 16, párrafo
      primero); así como de una expedita y eficaz administración de justicia
      por autoridades que emitan sus resoluciones de lanera pronta, completa
      e imparcial (artículo 17, párrafo segundo). Este conjunto de derecho I o
      garantías constituyen formalidades a las que deben sujetarse todas las
      autoridades del Estado mexicano para afectar la esfera de las libertades
      de los gobernados; consecuentemente, al no existir razón alguna para
      excluir al derecho electoral de la observancia de las garantías de
      seguridad jurídica, es incuestionable que este Tribunal es competente, a
      través del recurso de apelación para conocer y resolver casos donde en
      diversos actos o resoluciones de autoridades electorales locales de
      carácter administrativo, se reclame la posible violación de las garantías
      de seguridad jurídica que necesariamente se encuentran inmersas en el
      principio de legalidad, cuyo respeto irrestricto corresponde salvaguardar
      a este Órgano Jurisdiccional.

      Recurso de Apelación. TEDF-REA-234/99, Partido Verde Ecologista de
      México 19 de noviembre de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente:
      Juan Martínez Veloz. Secretario de Estudio y Cuenta: Rogelio Martínez
      Meléndez.

      Clave de Tesis No.: TEDF024 .1 EL1/99. Fecha de Sesión: 9 de
      diciembre de 1999. Instancia: Tribunal Electoral del Distrito Federal.
      Fuente: Sentencia. Época: Primera. Materia: Electoral. Clave de
      Publicación: TEDF1EL 02 /99.”



Cabe agregar además que, por cuanto hace a la violación a lo
dispuesto en el artículo 22 de la carta Magna, específicamente en lo
relativo en la prohibición que tienen las autoridades electorales para
imponer multas excesivas y que recurrente hace valer en su escrito
impugnativo, esta autoridad jurisdiccional cuenta con facultades para
pronunciarse   sobre    la   posible   transgresión   a   este   derecho
fundamental, habida cuenta que si como se desprende de lo dispuesto
en los numerales 274, 275, 276 y 277 del Código de la materia, la
autoridad electoral administrativa está facultada para imponer
sanciones a los actores políticos por alguna infracción a la
normatividad electoral aplicable, es inconcuso que este Tribunal
Electoral, en su carácter de máxima autoridad jurisdicción en la
materia y garante del principio de legalidad de todos los actos y
resoluciones de las autoridades electorales locales según se
desprende de los numerales 129, fracción VI, del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, así como 222, 227, fracción I, inciso e) y 238 del
Código de la materia, es competente para examinar la validez de las
sanciones que hubiera impuesto el órgano electoral administrativo lo
que necesariamente implica determinar lo adecuado de su monto o
cuantía, de modo tal que, en caso de advertir la ilegalidad de éstas,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 269 del Código Electoral
local, estará obligado a modificarlas o revocarlas y, en su caso, a
determinar la sanción que conforme a derecho corresponda imponer al
infractor, siendo innegable por tanto, que cuenta con las facultades
necesarias para, en su caso pronunciarse respecto a la posible
violación al artículo 22, párrafo primero de la Constitución Federal, que
aduce el apelante en su recurso.


VII. El agravio identificado en esta resolución con la letra B, es
INFUNDADO.
Lo anterior es así, toda vez que en el Código Electoral del Distrito
Federal, se establecen las obligaciones de las Asociaciones Políticas,
entre las que destacan: la de permitir la práctica de auditorías y
verificaciones y la de rendir Informes. Así mismo, en el ordenamiento
precitado se faculta a la autoridad administrativa electoral para la
fiscalización sobre el origen, monto y destino de los ingresos de los
Partidos Políticos, señalamientos que se encuentran previstos en los
artículos 25, inciso g), 37 y 38 del Código de la materia.


En efecto, el artículo 25, párrafo primero, inciso g), del Código
Electoral del Distrito Federal, señala:

       "Artículo 25. Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:

       …

       g) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la
       autoridad electoral en materia de financiamiento, así como entregar la
       documentación que la propia Comisión les solicite respecto a sus
       ingresos y egresos;... "

       Asimismo, los artículos 37 y 38, del Código Electoral establecen:


       “Artículo 37. Las asociaciones políticas deberán presentar ante la
       Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal los
       informes del origen, destino y monto de los ingresos que reciban por
       cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
       aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

       I. Informes anuales:

       a) Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días
       siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se
       reporte; y

       b) En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos
       ordinarios que los partidos y las Agrupaciones Políticas hayan realizado
       durante el ejercicio objeto del informe

       II. Informes de campaña
a) Deberán presentarse por los Partidos Políticos que participen en el
proceso electoral, por cada una de las campañas en las elecciones
respectivas, especificando los gastos del Partido Político y el candidato
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

b) Los relativos a los gastos de campaña sujetos a topes serán
presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes
contados a partir del día en que concluyan las campañas electorales;

c) Los relativos a los gastos de campaña que no estén sujetos a topes
serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes
contados a partir del día siguiente en que concluya el proceso electoral;
y

d) En cada informe será reportado el origen de los recursos que se
hayan utilizado para fincar los gastos correspondientes a los rubros
comprendidos en los topes de gastos de campaña, así como el monto y
destino de dichas erogaciones.

Artículo 38. El procedimiento para la presentación y revisión de los
informes de las asociaciones políticas se sujetará a las siguientes
reglas:

I. La Comisión de Fiscalización contará con sesenta días para revisar
los informes anuales de las asociaciones políticas, y con noventa días
para revisar los informes de campaña presentados por los Partidos
Políticos. Tendrá en todo momento la facultad de requerir a los órganos
responsables del financiamiento de cada asociación política la
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado
en los informes;

II. Si durante la revisión de los informes y una vez hechos los
requerimientos que se refiere el párrafo anterior, la Comisión advierte la
existencia de errores u omisiones técnicas notificará al Partido Político o
a la Agrupación Política que hubiere incurrido en ellos, para que en un
plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

III. Al vencimiento de los plazos señalado en los incisos anteriores la
Comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un
dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro
de los tres días siguientes a su conclusión;

IV. El dictamen deberá contener por lo menos:

a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que
haya presentado los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas;

b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas
en los mismos; y
       c) El señalamiento de requerimiento y notificaciones realizadas, así
       como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los Partidos
       Políticos y las Agrupaciones Políticas.

       V. El dictamen se presentará ante el Consejo General, y en su caso,
       iniciará el procedimiento para determinación e imposición de sanciones;
       y

       VI. Para iniciar el procedimiento de determinación e imposición de
       sanciones, la Comisión de Fiscalización emplazará al presunto
       responsable para que en el plazo de 10 días hábiles conteste por escrito
       lo que a, su derecho convenga y aporte las pruebas que considere
       pertinentes en los términos de este Código.

       Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que se
       comparezca al procedimiento. Ninguna prueba aportada, fuera del plazo
       previsto para ello, será tomada en cuenta.

       Treinta días después de cerrado el proceso de instrucción, la Comisión
       de Fiscalización presentará el proyecto de resolución respectivo al
       Consejo General para su discusión y en su caso, aprobación.

       El Secretario Ejecutivo, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
       auxiliará a la Comisión de Fiscalización en la substanciación del
       procedimiento.

       VII. El Consejo General del Instituto, dará publicidad en la Gaceta Oficial
       del Distrito Federal al dictamen y, en su caso, a la resolución del
       Tribunal Electoral del Distrito Federal.

       Asimismo, acordará otros mecanismos que considere convenientes
       para la difusión pública del dictamen y, en su taso, de las resoluciones.
       En la Gaceta Oficial del Distrito Federal deberán publicarse los informes
       anuales de las asociaciones políticas."


De los artículos en mención, puede concluirse que una vez que los
partidos políticos entregaron sus informes anuales a la autoridad
responsable, ésta debe agotar el procedimiento de revisión para estar
en posibilidades de determinar si existen o no incumplimiento a la
normatividad. Si ocurre lo primero, la autoridad debe iniciar el
procedimiento de determinación e imposición de las sanciones
previstas en el artículo 276 del Código Electoral del Distrito Federal.
En efecto el artículo 276, del Código Electoral establece:

Articulo 276, Las sanciones a que se refieren las causas del artículo
anterior consistirán:


a) Con amonestación pública;


b) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para
el Distrito Federal;


c) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale
la resolución;


d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del
financiamiento que les corresponda, por el período que señale la
resolución; y


e) A las Agrupaciones Políticas locales hasta con la suspensión o
cancelación de su registro.


Las sanciones previstas en los incisos e) al e) se impondrán cuando el
incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático.


A quien viole las disposiciones de este Código sobre restricciones para
las aportaciones de financiamiento que no provengan del erario
público, se le podrá sancionar con multa de hasta el doble del monto
aportado indebidamente. Si se reincide en la falta, el monto de la multa
podrá (ser aumentado hasta en dos tantos más.


Las violaciones a las prohibiciones establecidas en este Código serán
consideradas graves."


Evidentemente, en este precepto se determina la existencia de las
faltas levísimas y leves, ya que sólo establece la existencia de faltas
particularmente graves y las sistemáticas, las que serán aplicadas de
acuerdo a las características particulares de cada caso; por lo tanto, la
técnica que reclama el partido recurrente que debió seguir la autoridad
responsable carece de sustento legal, en virtud de que no existe tal
denominación de faltas levísimas y leves y consecuentemente, no le
es exigible a la autoridad administrativa su aplicación.


En este sentido, conviene destacar que una vez que es acreditada la
infracción la autoridad electoral para determinar la gravedad de la
falta, debe administrativa, debe valorar no sólo las circunstancias en
que aquélla se cometió, sino todos los datos que fijen con precisión el
grado de dicha falta para, a posteriori, determinar con precisión la
sanción que corresponda y el contenido de la misma, tales datos son,
el ánimo con que se condujo la realización individual o colectiva del
hecho a sancionar, él alcance de afectación de la infracción, la mayor
o menor facilidad para cumplir con la norma transgredida y la
reincidencia, entre otras. Una vez que la autoridad cumple con lo
descrito válidamente puede establecer la gravedad de la falta, esto es
grave, particularmente grave o sistemática.


Por otra parte, tampoco le asiste la razón al recurrente, en el sentido
de que tratándose de faltas graves, la autoridad responsable debió
determinar si se trataba de una gravedad ordinaria, especial o mayor;
lo anterior en virtud de que, de igual modo, dicha calificación no
encuentra fundamento legal en el Código Electoral del Distrito Federal.
En esas condiciones, una vez que la autoridad administrativa
determina que una falta, debe proceder a sancionar al infractor
fundando y motivando dichos actos, en los términos anteriormente
mencionados.


Por todo cuanto se ha expuesto, este Órgano Jurisdiccional llega a la
conclusión de que el agravio en examen es infundado, en virtud de
que no existe disposición alguna que obligue a la autoridad
responsable a clasificar las faltas como levísimas o leves, ni tampoco
a determinar la existencia de una gravedad ordinaria, especial o
mayor; ello no obstante que la tesis emitida por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la establezca dicha clasificación de faltas, dado
que este criterio no es vinculatorio para este Tribunal, toda vez que en
estricto apego al principio de legalidad, dicha clasificación no tiene
cabida en el Código Electoral del Distrito Federal; en consecuencia, no
existe la posibilidad de su aplicación en el caso que nos ocupa.


VIII. De igual forma, es INFUNDADO el agravio identificado con la
letra C, mismo que el recurrente hizo consistir en que el Consejo
General    del      Instituto    Electoral    del   Distrito   Federal,   en    los
Considerandos VIII, IX y X de la resolución recurrida, sancionó al
Partido del Trabajo por el número de faltas en su totalidad y no en lo
individual, ya que de haberlo hecho así, la autoridad fiscalizadora se
hubiera percatado que las mismas no eran graves ni sistemáticas, por
las siguientes razones:


Tal y como se advierte en el Considerando VIII de la resolución
recurrida, la responsable analizó las irregularidades detectadas en el
Dictamen     Consolidado          relativas    al   rubro      "9.1   SERVICIOS
PERSONALES", mismas que se hicieron consistir en veintitrés
erogaciones por un total de $606,693.34 (seiscientos seis mil
seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.), que                          fueron
documentadas con recibos de Reconocimientos por Actividades
Políticas (RERAP' S) para una sola persona física, que exceden en
$227,693.34 (doscientos veintisiete mil seiscientos noventa y tres
pesos 34/100 M.N.) el margen aprobado de doscientos días de salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de
un mes; así como diez erogaciones por un total de 749,852.53
(setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos
53/100     M.N.),      que      fueron   documentadas          con    recibos   de
Reconocimientos por actividades Políticas (RERAP'S) para una sola
persona física que excedieron por un importe de $181,352.53 (ciento
ochenta y un mil trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.) el
límite anual para este tipo de gastos, incumpliendo con ello lo
dispuesto en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos.


Una vez que dichas irregularidades no fueron aclaradas por el partido
investigado, la autoridad electoral administrativa procedió a determinar
la naturaleza de la infracción, para lo cual estimó que en el caso
concreto se trataba de omisiones de tipo administrativo, que revestían
el carácter de técnico-administrativas y técnico-contables, y que en su
comisión no habían concurrido condiciones agravantes ni reincidencia.




Acto seguido, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal tomando consideración lo anterior y el monto involucrado en la
falta en estudio, procedió a imponer una multa equivalente a 359
(trescientos cincuenta y nueve) días de salario mínimo general diario
vigente, en el Distrito Federal.


Por su parte, en el Considerando IX de la resolución recurrida, la
autoridad electoral administrativa estudió las anomalías determinadas
en el rubro "9.2 BANCOS" del Dictamen Consolidado precitado,
relativas a treinta pagos por un total de $222,296.00 (doscientos
veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.). Estos
pagos en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a cien
veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal,
por lo tanto, debieron realizarse conforme a lo establecido en el
numeral 12.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
el cual impone la obligación de realizar dichos pagos con cheques
nominativos, lo cual, el Partido infractor, inobservado.


Ahora bien, el Partido del Trabajo se abstuvo de contradecir la
imputación de esta irregularidad, la responsable procedió el determinar
la naturaleza de la infracción, estimando que ésta constituía una
omisión de tipo administrativo y el carácter de técnico-contable y que
en tal conducta omisiva no habían concurrido condiciones agravantes,
ni reincidencia.


Hecho lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal individualizó la sanción respectiva, imponiéndole al apelante
una multa de 977 (novecientos setenta y siete) días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito      Federal. Para ello, tomó en
consideración las circunstancias siguientes: que la conducta del
infractor no tenía el carácter de reincidente, que no concurrían
agravantes, y el monto involucrado en la operación en análisis.


Por último, en el Considerando X de la resolución recurrida, la
autoridad responsable examinó la falta detectada en el rubro "9.4
ASPECTOS GENERALES", consistente en que el Partido investigado
no destinó al menos el dos por ciento del financiamiento público que
recibió, para el desarrollo de sus Fundaciones o Institutos de
investigación, incumpliendo lo establecido en el artículo 30, fracción I,
inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal.
Tal y como ocurrió con las demás irregularidades antes señaladas, el
Partido del Trabajo no aportó elemento alguno que le sirviera para
aclarar tal imputación, de forma tal que esta falta quedó acreditada.


En mérito de lo anterior, la autoridad procedió a determinar la
naturaleza de la falta cometida, para lo cual estimó que ésta constituía
una omisión de tipo administrativo, que encuadraba como técnico-
administrativa y técnico-contable, y que en tal conducta no habían
concurrido condiciones agravantes, ni reincidencia.


Posteriormente, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal individualizó la sanción respectiva, imponiéndole al apelante
una multa de 1,287 (mil doscientos ochenta y siete) días de salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, tomando en
consideración que la conducta del infractor no revestía el carácter de
reincidente, ni concurrían agravantes, así como el monto involucrado
en la anomalía detectada.


De conformidad con lo antes expuesto, se colige que para
individualizar la sanción correspondiente al Partido del Trabajo, la
autoridad electoral administrativa tomó en consideración en forma
singular, cada una de las irregularidades reportadas en los rubros del
Dictamen Consolidado relativo a los informes presentados por los
partidos políticos sobre el origen destino y monto de sus ingresos y
egresos correspondiente al año dos mil; por tal motivo, no le asiste la
razón al apelante en el sentido de que de haber hecho el estudio de
las irregularidades en forma individual, la responsable hubiera llegado
a la conclusión de que no se trataba de faltas graves ni sistemáticas,
pues independientemente de lo anteriormente señalado, del análisis
efectuado a las sanciones impuestas en los Considerandos VIII, IX y X
no se advierte que la responsable haya calificado las faltas detectadas
como graves ni sistemáticas.


En efecto, por lo que hace a la gravedad de las faltas dictaminadas, no
se   percibe    del   estudio   de   los   Considerandos    anteriormente
enunciados, que la autoridad responsable haya calificado la gravedad
de las infracciones que nos ocupan, pues simplemente se concretó al
señalar que no concurrían agravantes. Por otra parte en el contenido
de dichos Considerandos se estudia cada tina de las irregularidades.


Asimismo,      tampoco    se    observa    que   la   autoridad   electoral
administrativa haya considerado que las faltas eran sistemáticas, pues
se advierte que al momento de individualizar las sanciones
correspondientes, estimó que las sanciones a imponer debían ser
multas en términos del inciso b) del artículo 276 del Código Electoral
del Distrito Federal, en vez de una reducción o supresión de la entrega
de las ministraciones del financiamiento público que le correspondía a
dicho instituto político por un período de tiempo determinado, de
conformidad con los incisos d) y e) del citado artículo 276; sanciones
que, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo en comento, le
hubieran correspondido en caso de que efectivamente dichas faltas
hubieran sido consideradas sistemáticas.
Por todo lo anterior, deviene infundado el agravio en análisis.


IX. Resulta INFUNDADO el agravio identificado con la letra E, por los
siguientes razonamientos:


Conviene destacar, en primer término, que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Partido políticos son
entidades de interés público que tienen como fin, entre otros,
promover la participación del pueblo en la vida democrática. Así
mismo, que dichos que dichos institutos políticos deberán ser vigilados
y supervisados mediante los procedimientos que se emitan conforme a
leyes secundarias correspondientes, tal y como se colige de una
interpretación de los artículos 41, fracción II, 116, fracción IV inciso h),
y 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f) de la Carta
Magna.


En efecto, el artículo 41, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece:


       "Artículo. 41.

       …

       II.- La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten
       de manera equitativa con elementos para llevar a cabo', sus
       actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente
       de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y
       procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará
       las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos
       y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos
       públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

       …
       c).- Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen
       los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la
       educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
       como a las tareas editoriales.

La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones
de lo~' partidos políticos en sus campañas electorales establecerá los
montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus
simpatizantes 'Ir los procedimientos para el control y vigilancia del
origen y uso de todos los recursos con que cuenten y así mismo,
señalará las sanciones que deberán imponerse por el incumplimiento
de estas disposiciones... "


Por su parte el artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:


       "Artículo. 116.
       …

       IV.- Las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
       garantizarán que:

       …

       h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de
       los Partidos Políticos en sus campañas electorales, así como los
       montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus
       simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del
       origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos
       políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento
       a las disposiciones que se expidan en estas materias.


En razón de lo anterior, es evidente que los fundamentos sobre los
cuales se construye el régimen de fiscalización de los recursos con
que cuentan los Partidos Políticos, se encuentra en las' citadas
disposiciones constitucionales, las cuales sientan las bases jurídicas
para que las legislaturas de los Estados y el Distrito Federal expidan
los instrumentos jurídicos tendientes a reglamentar y desarrollar con
mayor precisión el contenido del texto constitucional.




Bajo este marco de jerarquización del sistema jurídico, el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, dispone que corresponde a la ley
electoral local, señalar las reglas a que se sujetará el otorgamiento del
financiamiento; fijar los criterios para determinar los límites a las
erogaciones de los           Partidos Políticos durante las campañas
electorales y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y
destino de los recursos con los que estos cuenten, previendo las
sanciones pertinentes para el caso de incumplimiento a tales
disposiciones.


Por su parte el artículo 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, establece:

       "Artículo 122.- La ley electoral propiciara condiciones de equidad pata el
       acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.
       Asimismo, fijara los criterios para determinar los límites a las
       erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así
       como los montos máximos de las aportaciones pecuniarias de sus
       simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen
       y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos;
       establecerá, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las
       disposiciones que se expidan en la materia."


De este modo, la ley electoral a la que alude el artículo anterior, es el
Código Electoral del Distrito Federal, el cual prescribe una serie de
Obligaciones que deben cumplir las Asociaciones Políticas. En una pe
ellas se señala que tales asociaciones deben sostener, por lo menos,
un centro de formación política para sus afiliados, así como
fundaciones      o    institutos    de     investigación,       debiendo       destinar
anualmente, por lo menos, el dos por ciento del financiamiento público
que reciban, por actividades ordinarias permanentes, tal y como se
advierte de los artículos 25, incisos I) y n), y 30, fracción I, inciso c),
del ordenamiento referido.


En efecto, el artículo 25, incisos l) y n) del Código Electoral del Distrito
Federal, establece:

       "Artículo 25. Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:

       …

       l) Sostener por lo menos un centro de formación política para sus
       afiliados, infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos
       en la lucha política;

       …

       n) Las demás que establezca este Código."


El artículo 30, fracción I, inciso c) del Código Electoral del Distrito
Federal, determina:

       …

       "Artículo 30. Los Partidos Políticos con representación en la Asamblea
       Legislativa del Distrito Federal, tendrán derecho al financiamiento
       público de sus actividades, independientemente de las demás
       prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones
       siguientes:


       I. Para el sostenimiento dé actividades ordinarias permanentes:
       …

       c) Cada Partido Político deberá destinar anualmente por lo menos el 2%
       del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus
       fundaciones o institutos de investigación... "


Ahora bien, como se señaló previamente el Partido recurrente tenía la
obligación de haber destinado, por lo menos, el 2% (dos por ciento)
del financiamiento público que recibió para el desarrollo de sus
fundaciones o institutos de investigación, consecuentemente el
incumplimiento de esta obligación constituye una falta que debe ser
sancionada, tal y como lo señala el artículo 275, inciso a), del Código
Electoral local, mismo que expresa:

       "Artículo 275. Las asociaciones políticas, independientemente de las
       responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o
       simpatizantes, serán sancionados por las causas siguientes:

       a) Incumplan con las obligaciones, o por cualquier medio violen las
       prohibiciones y demás disposiciones aplicables de este Código;"


En este sentido al acreditarse el incumplimiento de una obligación
impuesta por el propio: Código, tal y como se establece de la
conclusión     "9.4     ASPECTOS           GENERALES",             del    apartado
correspondiente al Partido del Trabajo, del Dictamen Consolidado,
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal el treinta de noviembre de dos mil uno, dicha conducta es
sancionable en términos del artículo 276 del Código precitado, por lo
que no le asiste la razón al recurrente en este punto.


Por otra parte, por lo que hace a lo señalado por el apelante en el
sentido de que el incumplimiento de su deber jurídico debe ser
sancionado fon una amonestación pública, este Órgano Jurisdiccional
considera que tampoco le asiste la razón al impugnante, en virtud de
los siguientes argumentos jurídicos.




Debe decirse, en primer lugar, que en ejercicio de su potestad
sancionadora la autoridad electoral del Distrito Federal en materia de
faltas administrativas, al individualizar una sanción proveniente de una
infracción, debe valorar no sólo las circunstancias en que aquélla se
cometió, sino todos los datos que fijen con precisión la gravedad de la
falta en que incurrió el infractor, ya sea que la favorezca o
desfavorezca, tales corno el ánimo\ con que se condujo, la realización
individual o colectiva del\ hecho a sancionar, el alcance de afectación
de la infracción, la mayor o menor facilidad para cumplir con la norma
transgredida, la reincidencia, entre otras; (para que la sanción esté
debidamente fundada y motivada y no incurrir en arbitrariedades) de
modo tal, que al aplicarse las normas sancionadoras, se cumplan los
principios electorales que norman las funciones de las autoridades
electorales y el marco jurídico de sanciones previsto en el artículo 276
del Código Electoral del Distrito Federal.


En la especie la autoridad responsable a efecto de individualizar la
sanción consideró que:


a) Que el porcentaje mínimo de financiamiento público que debe
destinarse por los Partidos Políticos para el desarrollo de sus
fundaciones e institutos de investigación, constituye una obligación
que el legislador les ha impuesto, con el propósito de que conduzcan
sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas
internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático, respetando la libre participación política de las
demás asociaciones políticas y los derechos de los ciudadanos.


b) Que el partido del Trabajo no destinó los recursos correspondientes
al porcentaje mínimo previsto en el artículo 30 fracción I, inciso c) del
Código de la materia


c) Que el monto total involucrado, que al menos debió destinarse para
el desarrollo de sus fundaciones e institutos de investigación durante
el año dos mil, ascendió a $279,896.70 (doscientos setenta y nueve
mil ochocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.), de acuerdo al
financiamiento público otorgado al Partido Político recurrente durante
el año dos mil.


d) Que la falta cometida representó incumplimiento absoluto de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 30, fracción I, inciso c) del
Código Electoral del Distrito Federal,


e) El hecho de que el Partido infractor no contestó en tiempo y forma
el emplazamiento de seis de diciembre de dos mil uno


Por lo anterior, la autoridad electoral administrativa determinó que la
sanción que debía corresponder al Partido infractor era una Multa en
términos del inciso b), del artículo 276, del citado Código, cuyo monto
se debía fijar en atención de la gravedad de la falta cometida, en un
punto equidistante, entre el monto mínimo y la media existente entre el
mínimo y máximo previstos por el citado inciso b), del precepto legal
referido, es decir, en 1,287 (mil doscientos ochenta y siete) días de
salario mínimo general tirio vigente en el Distrito Federal, equivalentes
a $54,247.05 (cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete peses
05/100 M.N.).


Ahora bien, este Órgano Colegiado considera que la sanción impuesta
al partido apelante, no debe consistir en una amonestación pública, ya
que en el caso que nos ocupa, se acreditan circunstancias
desfavorables como son el hecho de que el Partido infractor no
fomentó las actividades de investigación en sus afiliados, lo cual
generó un estancamiento en el conocimiento de la cultura política
electoral de sus afiliados así mismo es evidente que el Partido
recurrente estuvo en posibilidades de dar cumplimiento a la norma,
pues tuvo conocimiento de la misma, toda vez que el Código de la
materia es de orden público y observancia general en          el Distrito
Federal, a partir de la iniciación de su vigencia que ocurrió el seis de
enero de mil novecientos noventa y nueve en tal virtud, en opinión de
este Órgano Jurisdiccional la sanción a imponer no sólo debía consistir
en una llamada, de atención al Partido infractor, sino en una
consecuencia jurídica que propiciara la erradicación de prácticas que
permitan a la autoridad fiscalizadora ejercer debidamente sus
facultades de revisión.
Ahora bien, tomando en consideración que la amonestación pública es
la sanción mínima que contempla el citado artículo 276 del Código
Electoral local, este Tribunal está convencido que su imposición sólo
procede cuando la conducta infractora reviste una gravedad mínima.


En efecto, el artículo 276 in fine del Código Electoral del Distrito
Federal, dispone:

      "Artículo 276. Las sanciones a que se refieren las causas del artículo
      anterior consistirán:

      Las violaciones a las prohibiciones establecidas en este Código serán
      consideradas graves."

De dicho precepto legal, se advierte que la autoridad electoral
administrativa cuenta con un catálogo de sanciones ordenadas
jerárquicamente en cuanto a su gravedad. Así, respecto a un Partido
Político, una amonestación pública es la sanción mínima a que puede
hacerse acreedor un Partido Político, mientras que la supresión total
de la entrega de sus ministraciones mensuales constituye la sanción
más grave.


En este contexto, tal y como se ha señalado anteriormente, la
autoridad sancionadora debe ineludiblemente considerar todas las
condiciones favorables y desfavorables que concurrieron en la
comisión de la infracción, a fin de determinar con precisión la gravedad
de dicha falta e individualizar debidamente la sanción correspondiente.


En esas condiciones, en el caso en examen, la falta detectada no tiene
una gravedad mínima, ya que en su comisión concurrieron
circunstancias   desfavorables    mismas     que   al momento       de la
individualizar la sanción, fueron tomadas en cuenta.


Ahora bien como: ya ha quedado determinado anteriormente, la falta
cometida se tradujo en una inobservancia del artículo 30, fracción I,
inciso b) del Código Electoral local, incumplimiento que en términos de
la parte final del artículo 276 debe ser considerado como grave, en
razón de que las circunstancias desfavorables en el caso, tienen
mayor peso que las circunstancias favorables; luego entonces, la
conducta omisiva del infractor es grave y tal circunstancia no queda
desvirtuada por elemento alguno.


Por todo lo anterior y sin que este Tribunal se pronuncie aún respecto
a la legalidad en cuanto al monto de las multas impuestas, es que
deviene infundado dicho agravio.


X. Es INFUNDADO el agravio identificado con la letra F, por los
siguientes razonamientos:


El artículo 116, fracción IV, incisos c) e i), en relación al 122, BASE
PRIMERA, fracción V, inciso f), ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, disponen que en electoral, deberán
garantizar, entre otras cosas, que las autoridades que tengan a su
cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones; asimismo, que se
tipifiquen los delitos y se determinen las faltas en materia electoral, así
como las sanciones que para ellos deban imponerse.
En este tenor, los artículos 124 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y 52 del Código Electoral del Distrito Federal, establecen que
el Instituto Electoral del Distrito Federal es un organismo, público
autónomo, depositario de la autoridad electoral, independiente en sus
decisiones, profesional en su desempeño y con personalidad jurídica y
patrimonio propios.


En este mismo orden, tanto el citado artículo 124 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, como el diverso 54, inciso a), del Código
Electoral del Distrito Federal, prescriben que el Consejo General será
el órgano superior de dirección del citado Instituto.


Así, el artículo 60, incisos XI y XV, del Código precitado señala, por su
parte, entre otras atribuciones del Consejo General, la de conocer de
las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que
correspondan en los términos previstos en este Código, así como
vigilar que las actividades y prerrogativas de los partidos políticos se
desarrollen con apego al citado ordenamiento legal y cumplan las
obligaciones a que están sujetos.


Por su parte, el artículo 136 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal confiere al Código Electoral, la determinación de las faltas en
la materia y las sanciones correspondientes.


Finalmente, el Código local en la materia y, en especial, su artículo 25,
establece una serie de obligaciones a cargo de los partidos políticos,
susceptibles de traducirse en la imposición de una sanción con motivo
de su incumplimiento.


En estas condiciones, ante \el incumplimiento de una obligación por
parte de algún instituto político, el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal tiene la facultad de establecer la sanción
correspondiente de conformidad al catálogo establecido en el artículo
276 del citado cuerpo normativo; empero, esta facultad sancionatoria
no es arbitraria, ni está sujeta a la discrecionalidad. Como cualquier
acto de autoridad, se encuentra vinculada a cumplir no sólo con los
principios rectores de la actividad electoral, sino con los establecidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


En este sentido, los artículos 14 y 16 constitucionales, y 3º, párrafo
segundo, del Código Electoral del Distrito Federal, establecen el
principio de legalidad, el cual consiste esencialmente en que todo alto
de autoridad esté debidamente fundado y motivado lo cual significa,
por una parte, que los órganos de autoridad están obligados a señalar
claramente en sus actos los preceptos legales aplicables al caso
concreto, y, por la otra invocar las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su
emisión, debiendo existir congruencia entre los motii.ros aducidos y las
disposiciones legales invocadas, a fin de que los destinatarios cuenten
con los elementos suficientes para, en su caso, impugnar el acto de
autoridad y no quedar en estado de indefensión.
Ahora bien, en materia de sanciones, la autoridad electoral
administrativa cumple con este principio cuando al regula el caso
especifico de la sanción, expresa de manera suficiente, clara y directa,
las razones por las cuales consideró la adecuación de la conducta del
partido infractor c6n la hipótesis del precepto legal invocado,
explicando   la   conducta   o   hechos   realizados,   así   como   las
circunstancias y modalidades que objetivamente se dieron en el
encuadramiento del supuesto normativo en que se sustentó la sanción
impuesta. Sin embargo, cuando la norma que prevé la sanción a
imponer señala un mínimo y un máximo, adicionalmente, la autoridad
administrativa electoral se encuentra obligada individualizar la sanción
correspondiente, para lo cual debe valorar no sólo las circunstancias
en que la falta se cometió, sino todos los datos que fijen con precisión
la gravedad de la infracción en que incurrió el sujeto vinculado por la
norma, ya sea en el sentido de que favorezcan los intereses del
infractor y hagan disminuir el monto de la sanción, o bien, lo
desfavorezcan y, por tanto, aumentará dicho monto, tales como el
ánimo con que se condujo, la realización individual o colectiva del
hecho a sancionar, el alcance de afectación de la infracción, la mayor
o menor facilidad para cumplir con la norma transgredida, la
reincidencia, entre otras; de modo tal, que ello permita establecer con
la mayor racionalidad la sanción a imponer.


De lo anteriormente expuesto, se advierte que la autoridad electoral se
encuentra facultada para imponer las          sanciones que estime
conducentes, siempre y cuando las funde y motive suficientemente.
Bajo estas premisas, este Tribunal considera que la facultad
sancionadora    de   la    autoridad    no   tiene     más   límite   que    la
fundamentación y motivación jurídicas para establecer las sanciones
correspondientes, aún y cuando exista una concurrencia de faltas
individualmente consideradas, ya que aunque en un mismo momento
puedan determinarse un conjunto de faltas e imponerse las sanciones
correspondientes, la autoridad está obligada a realizar el análisis de
cada   una    de   ellas   en   forma    individual,    debiendo      precisar,
primeramente, si se presentó el incumplimiento a la norma que
analizando el cúmulo de circunstancias y datos que concurrieron en su
realización, para posteriormente establecer la sanción que le
corresponda. En tal virtud, cada sanción tiene un carácter individual y,
por ello, son independientes, de tal suerte que la comisión de una de
ellas, no determina a la otra, no afecta pues, la exigibilidad de las
demás.


Asimismo, de un análisis del catálogo de sanciones establecido en el
artículo 276 del Código precitado, se deduce que la autoridad puede,
incluso, sancionar la comisión de una falta con la supresión total de la
entrega de las ministraciones del financiamiento por un período de
tiempo determinado. Por ello, pese a que el monto de las multas
establecidas puedan alcanzar un porcentaje determinado de la
ministración mensual del partido infractor, ello no se traduce en una
violación al principio de legalidad, siempre y cuando éstas estén
suficientemente fundadas y motivadas, lo que obliga a la autoridad
responsable a tomar en consideración la capacidad económica del
sancionado.
De la lectura del artículo 276, del Código de la materia, se desprende
que la autoridad electoral administrativa puede llegar a imponer a los
Partidos infractores, sanciones pecuniarias que impliquen una Multa,
cuyo monto puede los oscilar entre 50 (cincuenta) y 5000 (cinco mil)
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
reducción de hasta del 50% de la ministración del financiamiento
público que corresponda por un periodo determinado; y con la
supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento
que le corresponda por un periodo determinado, para ello, deberá
individualizar la sanción tomando en cuenta las circunstancias
favorables y desfavorables en que incurrió el Partido infractor, así
como la gravedad de la conducta.


Ahora bien, en el caso de que sean varias sanciones pecuniarias, el
monto de las mismas válidamente puede ascender, incluso, a más de
la prerrogativa mensual de financiamiento público; sin embargo, en la
especie    no   fue   así,   pues   la   autoridad   electoral   fundó   los
Considerandos VIII, IX y X de la resolución impugnada en el inciso b)
del citado artículo, las cuales consistieron en Multas, mismas que no
equivalen, aunque válidamente pudo hacerlo, al 40 % de la
ministración mensual del Partido del Trabajo, por las siguientes
razones:


El monto del financiamiento público del Partido recurrente otorgado
para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio de dos mil
dos, de conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, de treinta y uno de enero de dos mil dos,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de dieciséis de abril
de ese mismo año, ascendió a la cantidad de $3,572,180.85 (tres
millones quinientos setenta y dos mil ciento ochenta pesos 85/100
M.N.).


Dicha cantidad se otorgó al Partido del Trabajo en ministraciones
mensuales conforme al calendario presupuestal, según lo dispuesto
por el artículo 30, fracción V del Código Electoral local, que dispone:

         "Artículo 30. Los Partidos Políticos con representación en la Asamblea
         Legislativa del Distrito Federal, tendrán derecho al financiamiento
         público de sus actividades, independientemente de las demás
         prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones
         siguientes:




         V. Las cantidades que en su caso se determinen para cada Partido
         Político, salvo las referidas en la fracción II, serán entregadas en
         ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se
         apruebe anualmente. Las cantidades previstas en la fracción II de este)
         artículo, serán entregadas en tres ministraciones, correspondientes al
         50 por ciento, 25 por ciento y 25 por ciento, en los meses de febrero,
         abril y junio, respectivamente, del año de la elección."



De esta manera, se observa que la prerrogativa mensual del Partido
del Trabajo equivale a $297, 681.74 (doscientos noventa y siete mil
seiscientos ochenta y un pesos 74/100 M/N), cantidad que se
desprende de dividir entre doce, la cantidad por financiamiento que le
corresponde a dicho Instituto Político.
Finalmente, el 40% (cuarenta por ciento) de la ministración mensual
equivale a la cantidad de $ 119,072.69 (ciento diecinueve mil setenta y
dos pesos 69/100 M/N).


Dicho lo anterior, de los Considerandos VIII, IX y X de la resolución
recurrida, se desprende que al apelante se le del Código Electoral del
Distrito Federal cuyos montos no equivalen juntos a dicho 40%
(cuarenta por ciento) de la prerrogativa mensual del Partido del
Trabajo.


En efecto, en el Considerando VIII de dicha resolución, se estableció
una sanción pon la irregularidad detectada de 359 (trescientos
cincuenta y nueve) días de salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal, equivalente a $15,131.85 (quince mil ciento treinta y
un pesos 85/100 M.N.).


Por su parte, en el en el Considerando IX la responsable determinó
que el monto de la multa que debía imponer con motivo de la
irregularidad detectada era de 977 (novecientos setenta y siete) días
de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal,
equivalentes a $41,180.55 (cuarenta y un mil ciento ochenta pesos
55/100 M.N.).


Finalmente, en el Considerando X el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal impuso una multa de 1,287 (mil
doscientos ochenta y siete) días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal, equivalente a (cincuenta y cuatro mil
doscientos cuarenta y siete pesos 05/100 M.N.).


Al sumar los montos de las multas impuestas se observa que éstas
ascienden a la cantidad de $110, 559.45 (ciento diez mil quinientos
cincuenta y nueve pesos 45/100 M.N.), la cual no equivale al 40 %
(cuarenta por ciento) de la ministración mensual que por concepto de
financiamiento por actividades ordinarias per8i1anentes recibió el
Partido del Trabajo, sino al 37% (treinta y siete por ciento), por lo que
evidentemente no se afecta de modo alguno el funcionamiento de
dicho Partido Político, ya que la cantidad expresada no es
desproporcionada en cuanto a su capacidad económica.


Por todo lo anterior, deviene infundado el agravio en análisis.


XI. En cambio, son FUNDADOS los motivos de inconformidad
planteados por el partido recurrente, identificados con las letras A y D,
referentes a que la autoridad responsable, en los Considerandos VIII,
IX y X de la resolución impugnada, violentó las garantías de legalidad
y certeza contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios rectores de
la actividad electoral, ya que dejó de hacer referencia a las
circunstancias objetivas que rodearon la contravención de las normas
administrativas, y no tomó en cuenta que se trataba de faltas quejno
tenían la calidad de graves o sistemáticas; así como, que en los
Considerandos VIII, IX y X de la resolución recurrida, le impuso
sanciones inequitativas, excesivas y desproporcionadas sin atender a
la naturaleza de la falta.




Por lo que corresponde al agravio identificado con la letra A, de esta
resolución debe decirse que obra a foja mil trescientos seis a la mil
cuatrocientos veintinueve del volumen IV (cuatro romano), del
expediente de mérito la prueba documental pública ofrecida por el
Partido recurrente, consistente en la versión estenográfica de la sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Distritito
Federal, celebrada él veintiocho de febrero de dos mil dos, a la cual
este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo,
dispuesto en el artículo 265, segundo párrafo del Código Electoral del
Distrito Federal, y de la cual queda acreditado que con esa fecha el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal celebró
dicha sesión, listando en el punto número NUEVE del orden del día, lo
correspondiente a los "ONCE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO
FEDERAL          RESPECTO           DEL      PROCEDIMIENTO           DE
DETERMINACIÓN            EN     FUNCIÓN     (SIC)   DE     SANCIONES
INSTAURADO EN CONTRA DE DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS
y OTRORA PARTIDOS POLÍTICOS"; como se lee de la foja mil
trescientos siete del expediente a estudio, así el cuarto proyecto de
resolución, que se discutió correspondió al "PROYECTO DE
RESOLUCIÓN         DEL       CONSEJO      GENERAL    DEL    INSTITUTO
ELECTORAL         DEL        DISTRITO   FEDERAL     RESPECTO        DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN (SIC) E IMPOSICIÓN DE
SANCIONES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL
TRABAJO”, como se desprende de la foja mil cuatrocientos tres del
citado expediente, proyecto que, en votación económica fue aprobado
por unanimidad, por los Consejeros Electorales integrantes del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, hecho que
se desprende de la foja mil cuatrocientos trece del expediente de
marras.


Ahora bien, este Tribunal considera que el alcance probatorio no es el
idóneo para acreditar la pretensión del Partido Político recurrente,
referente a que la autoridad responsable realizó una inexacta, errónea
interpretación y aplicación del Código Electoral del Distrito Federal,
porque a juicio de esta Autoridad Jurisdiccional, tal pretensión se
traduciría, en caso de que llegara a acreditarse, en una violación al
principio de legalidad, al no estar debidamente fundamentadas y
motivadas las sanciones impuestas por la autoridad responsable, qué
emanan de la resolución combatida y no de la sesión en comento.


En   efecto,   este   Tribunal   como   máxima    Autoridad    Electoral
Jurisdiccional, y garante del principio de legalidad tiene la obligación
de analizar dicha resolución y determinar si los preceptos legales
invocados y las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que tuvo en consideración la autoridad electoral
administrativa para determinar las sanciones que en esta vía se
impugnan, se ajustaron a derecho.
En el Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de
Fiscalización se determinó en el rubro "9.1 Servicios Personales", Io
siguiente:

       "9.1. SERVICIOS PERSONALES

       Se determinaron erogaciones realizadas en 23 casos por un total de
       $606,693.34 seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos
       34/100 M.N.), que fueron documentadas con recibos de
       Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP'S) para una sola
       persona física, que exceda los doscientos días de salario mínimo
       general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes.
       Los rebases ascienden a un importe de $227,693.34 (doscientos
       veintisiete mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.),
       incumpliendo con
       lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
       Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
       los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo 14 del
       apartado 10 de este Dictamen.

       Se determinaron erogaciones realizadas en 10 casos por un total de
       $749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y
       dos pesos 53/100 M.N;), que fueron documentadas con recibos de
       Reconocimientos por actividades Políticas (RERAP'S) para: una sola
       persona física, que exceden los mil quinientos días de salario mínimo
       general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año,
       Los rebases ascienden a un importe de $181,352.53 (ciento ochenta y
       un mil trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), incumpliendo
       con lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
       Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
       los Partidos Políticos, corno se puede apreciar en el anexo 14 del
       apartado 10 de este Dictamen.

       “Estas irregularidades se consideran sancionables"


Como se aprecia de la transcripción anterior, el Partido del Trabajo
incumplió Io establecido en el numeral 15.4 en relación con el diverso
11.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en
razón de que las mismos disponen:

       "15.4 Las erogaciones realizadas por los partidos políticos como
       reconocimientos a una sola persona física por una cantidad equivalente
      o superior a mil quinientos días de salario mínimo general diario vigente
      en el Distrito Federal, dentro del transcurso de un año, ya sea se pague
      en una o varias exhibiciones, no podrán ser comprobadas a través de
      los recibos previstos en los dos numerales anteriores. Tampoco podrán
      comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una
      sola persona física. Por este concepto, que excedan los doscientos días
      de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el
      transcurso de un mes. En ambos casos, tales erogaciones deberán de
      estar respaldadas de conformidad con lo establecido en el numeral 11.1
      de los presentes lineamientos."

      "11.1 Los egresos deberán registrarse contablemente y estar
      respaldados con la documentación interna y la que expida, a nombre del
      partido político, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha
      documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las
      disposiciones fiscales aplicables debidamente requisitada, con la
      excepción de lo señalado en los siguientes párrafos... "


Ahora bien, la autoridad responsable tuvo por no desvirtuada la falta
dictaminada, en virtud de que el Partido del Trabajo se abstuvo de
presentar en tiempo, los medios de prueba tendientes a solventarla, tal
y como se advierte del auto de veintidós de febrero de dos mil, dictado
por la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito
Federal, dentro del procedimiento para determinación e imposición de
sanciones incoado en contra del citado instituto político, mismo que
obra a fojas de la mil doscientos sesenta
y nueve a la mil doscientos setenta y dos del volumen III (tres romano)
del expediente en estudio.


Una vez comprobada la infracción comentada, la autoridad electoral
responsable, a efecto de individualizar la sanción, consideró que en el
caso concreto se trataba de omisiones de tipo administrativo, que la
falta cometida por el Partido del Trabajo era de carácter técnico-
administrativa y técnico-contable, y que en tal conducta omisiva no
habían concurrido condiciones agravantes, ni reincidencia, además,
tomó en consideración el monto involucrado en la comisión de la
irregularidad. En razón de lo anterior, le impuso una sanción
consistente en multa, en términos de lo que preceptúa el artículo 276,
párrafo primero, inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal, de
359 (trescientos cincuenta y nueve) días de salario mínimo general
diario vigente en el Distrito Federal equivalente a $15,131.85 (quince
mil ciento treinta y un pesos 85/100 M.N.)


Para concluir lo anterior, la autoridad administrativa ponderó
circunstancias tales como que no se trataba de una conducta
reincidente; que no concurrieron agravantes; el monto involucrado en
la falta en estudio, y el hecho de que el Partido infractor no aportó en
tiempo y forma documentación que justificara la erogación respectiva,
como se desprende de la resolución del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal de fecha veintiocho de febrero de dos mil
dos, la cual obra a fojas mil doscientos setenta y tres a mil trescientos
tres, del volumen IV (cuatro romano), del expediente que nos ocupa, la
cual, en su parte conducente establece:

       "Por lo anterior y al no tratarse de una conducta reincidente, en la que
       además no concurren agravantes, tal y como se especifica en el párrafo
       inmediato, y en atención al monto involucrado en la falta en estudio
       cuyo total ascendió a $409,045.87 (cuatrocientos nueve mil cuarenta y
       cinco pesos 87/100 M.N.), se considera que la sanción que corresponde
       imponer por la infracción que se trata en el presente Considerando es la
       de MULTA, cuyo monto se debe fijar de acuerdo con el grado de
       responsabilidad del Partido Político infractor, dentro del rango existente
       entre el máximo y mínimo previstos por el articulo ,276 párrafo primero
       inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal.

       De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
       partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
       Considerando, ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
       el articulo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
       Federal, consiste en atención a la gravedad de la falta cometida, en un
      punto equidistante, entre el mínimo y la equidistante existente entre el
      mínimo y la equidistante resultante del mínimo y la media, previstos por
      el citado inciso b) del precepto legal referido, es decir, en 359
      (trescientos cincuenta y nueve) días de salario mínimo general diario
      vigente en el Distrito, Federal, equivalente a $15,131.85 (quince mil
      ciento treinta y un pesos 85/100 M.N.), monto que deberá ser cubierto
      por el Partido Político infractor con el apercibimiento a que se refiere el
      artículo 277 inciso f) del Código de la materia, en los términos
      precisados en el Resolutivo correspondiente."

      "9.2 BANCOS

      Por su parte, estableció lo siguiente: conclusiones del Consolidado,
      precitado, se El Partido realizó 30 pagos por un total de$222,296.00
      (doscientos veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.),
      en los que no expidió cheques nominativos, no obstante que en estos
      en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces el
      salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por lo que
      incumplió con lo señalado en el numeral 12.1 de los Lineamientos del
      Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
      Recursos de los Partidos Políticos como se puede apreciar en el anexo
      15 del apartado 10 de este Dictamen.

      Esta irregularidad se considera sancionable."


Con esta conducta, el Partido del Trabajo incumplió lo establecido en
el numeral 12.1 de los lineamientos del Instituto Electoral del Distrito
Federal para la fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos,
mismo que dispone:



      "Todo pago que efectúen los Partidos Políticos que rebasen la cantidad
      equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el
      Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque nominativo, con
      excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios
      contenidos en nóminas. A la documentación comprobatoria a que hace
      referencia este numeral deberán conservarse anexas las pólizas de los
      cheques."


Esta irregularidad quedó firme en virtud de que el Partido del Trabajo
se abstuvo de presentar en tiempo los medios de prueba tendientes a
solventarla, tal y como se advierte del auto de veintidós de febrero de
dos mil, dictado por la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral
del Distrito Federal, dentro, del procedimiento para determinación de
imposición de sanciones incoado en contra del citado instituto político.


Una   vez   comprobada      la   irregularidad,   la   autoridad   electoral
administrativa, a efecto de individualizar la sanción, consideró que la
falta cometida por el Partido del Trabajo constituía una omisión de tipo
administrativo, que debía encuadrarse como técnico-administrativa y
técnico-contable, que en tal conducta omisiva no habían concurrido
condiciones agravantes, ni reincidencia, y que el monto total
involucrado en la operación ascendió a $222,296.00 (doscientos
veintidós mil dos cientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.). En razón
de lo anterior, le impuso una sanción consistente en multa, en
términos de lo que preceptúa el artículo 276, párrafo primero, inciso b)
del Código Electoral del Distrito Federal de 977 (novecientos setenta y
siete) días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal, equivalentes a $41,180.55 (cuarenta y un mil ciento ochenta
pesos 55/100 M.N.).


Para arribar a ello, la autoridad administrativa tomó en cuenta,
diversas circunstancias, como son que no se trataba de una conducta
reincidente; que no concurrieron agravantes, el monto involucrado en
la falta en estudio, y el hecho de que el Partido infractor no contestó en
tiempo y forma el emplazamiento de seis de diciembre de dos mil uno,
como se desprende de la resolución del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal de veintiocho de febrero de dos mil dos,
la cual, en su parte conducente consigna:
       “Por tal razón, se considera que la falta cometida se debe encuadrar
       como técnico-administrativa y técnico-contable, no concurriendo por
       tanto, agravantes en el hecho que se analiza.

       Por lo anterior y al no tratarse de un conducta reincidente, en la que
       además no concurren agravantes, tal y como se especifica en el párrafo
       inmediato anterior, y en atención al monto involucrado en la falta en
       estudio cuyo total ascendió a $222,296.00 (doscientos veintidós mil
       doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), se considera que la
       sanción que corresponde imponer por la infracción que se trata en el
       presente Considerando es la de MULTA, cuyo monto se debe fijar de
       acuerdo con el grado de responsabilidad del Partido Político infractor,
       dentro del rango existente entre el máximo y mínimo previstos por el
       artículo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
       Federal.

       De esta forma, se observa que el monto de la sanción a aplicar al
       Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente
       Considerando, ubicado dentro del rango mínimo y máximo previstos por
       el articulo 276 párrafo primero inciso b) del Código Electoral del Distrito
       Federal, consiste en atención a la gravedad de la falta cometida, en una
       punto equidistante, entre la media existente entre el mínimo y la
       equidistante resultante del mínimo y la media y la media existente entre
       el mínimo y la media existente entre el mínimo y máximo, previstos por
       el citado inciso b)del precepto legal referido, es decir, en 977
       (novecientos setenta y siete) días de salario mínimo general diario
       vigente en el Distrito Federal, equivalentes a $41,180.55 (cuarenta y un
       mil ciento ochenta pesos 55/100 M.N.), monto que deberá ser cubierto
       por el Partido Político infractor, con el apercibimiento a que se refiere el
       artículo 277 inciso f) del Código de la materia, en los términos
       precisados en el Resolutivo correspondiente."


Finalmente, por lo que hace el rubro "9.4 Aspectos Generales", la
autoridad fiscalizadora estableció:

       "9.4 ASPECTOS, GENERALES

       El Partido no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 30, fracción
       1, inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal que establece:
       "Cada Partido Político deberá destinar anualmente por lo menos el 2%
       del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus
       Fundaciones o Institutos de investigación" el importe a destinar debió
       ser por $279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil ochocientos
       noventa y seis pesos 70/100 M.N.).

       Esta irregularidad se considera sancionable."
       Dicha irregularidad trasgredió lo establecido en el artículo 30, fracción I,
       inciso c), del Código Electoral del Distrito Federal, mismo que dispone:


       "Artículo 30. Los Partidos Políticos con representación en la Asamblea
       Legislativa del Distrito Federal, tendrán derecho al financiamiento
       público de sus actividades, independientemente de las demás
       prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones
       siguientes:

       I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

       …

       c) Cada Partido Político deberá destinar anualmente por lo menos el 2%
       del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus
       fundaciones o
       Institutos de investigación.”


Esta infracción quedó firme porque el Partido del Trabajo no presentó
en tiempo medios de prueba tendientes a aclararla tal y como se
advierte del citado auto de veintidós de febrero de dos mil.


Ahora bien, a efecto de individualizar la sanción la autoridad electoral
administrativa consideró que, el porcentaje mínimo de financiamiento
público que debe destinarse por los Partidos Políticos para el
desarrollo de sus fundaciones e institutos de investigación, constituye
una obligación que el legislador les ha impuesto, con el propósito de
que conduzcan sus actividades dentro de los cauces legales, así como
de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a
los principios del Estado democrático, respetando la libre participación
política de las demás asociaciones políticas y los derechos de los
ciudadanos. En estas condiciones y de acuerde con la documentación
proporcionada por el Partido del Trabajo durante el ejercicio
correspondiente al año dos mil, se advertía que dicho Partido no
destinó los recursos correspondientes para cubrir el porcentaje mínimo
previsto en el artículo 30, fracción I, inciso c), del Código Electoral del
Distrito Federal, que, conforme al financiamiento público que le fue
otorgado ese año,       representaba la cantidad de $279,896.70
(doscientos setenta nueve mil ochocientos noventa y seis pesos
70/100 M.N.). En razón de todo lo anterior, la responsable le impuso al
Partido Político recurrente una sanción consistente en multa, en
términos de lo que preceptúa el artículo 276, párrafo primero, inciso b)
del Código Electoral del Distrito Federal, de 1,287 (mil doscientos
ochenta y siete) días de salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal, equivalentes a $54,247.05 (cincuenta y cuatro mil
doscientos cuarenta y siete pesos 05/100 M.N.).


Para determinar lo anterior, la autoridad administrativa tomó en cuenta
diversas circunstancias, como son la obligación preexistente impuesta
por el legislador para que los Partidos destinen parte de su
financiamiento público a los fines antes precisados; que el Partido del
Trabajo   incumplió    obligaciones    al   no   destinar   los   recursos
correspondientes al porcentaje mínimo previsto en el citado artículo
30, fracción I, inciso c), del Código local en la materia, el monto total
involucrado que al menos debió destinarse para el desarrollo de sus
fundaciones e institutos de investigación; y el hecho de que el Partido
infractor no contestó en tiempo y forma el emplazamiento de seis de
diciembre de dos mil uno.
Lo anterior, quedó asentado en la resolución del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, de veintiocho de febrero de dos
mil dos, de la cual, en la parte que interesa, se aprecia:

       "Toda vez que el partido del Trabajo fue omiso para responder en~
       tiempo ~y forma, al emplazamiento realizado por esta autoridad
       electoral con fecha seis de diciembre de dos mil uno, la irregularidad
       dictaminada por la Comisión de Fiscalización contenida en el Dictamen
       Consolidado aprobado por el Consejo General con fecha treinta de
       noviembre del mismo año, consistente en no haber destinado por lo
       menos el dos por ciento del financiamiento público para; actividades
       ordinarias permanentes, para el desarrollo de sus fundaciones o
       institutos de investigación cuyo monto representó una cantidad de
       $279,896.70(doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y seis
       pesos 70/100 M.N.), subsiste en todos sus términos; incumpliendo así,
       lo dispuesto por el artículo 30 fracción I inciso c) del Código Electoral del
       Distrito Federal.

       Por las razones expuestas, con sustento en el Dictamen Consolidado
       aprobado en su oportunidad por el Consejo General del Instituto
       Electoral del Distrito Federal, que no se vio desvirtuado en tiempo y
       forma por el Partido del Trabajo, procede sancionar al citado Instituto
       Político.

       Ahora bien, esta autoridad considera, como resultado del análisis de las
       constancias que integran el expediente respectivo, que en el caso
       concreto deben valorarse las siguientes circunstancias:

       a) El porcentaje mínimo de financiamiento público que debe destinarse
       por los Partidos Políticos para el desarrollo de sus fundaciones e
       institutos de investigación, constituye la obligación que el legislador les
       ha impuesto, con el propósito de que conduzcan sus actividades dentro
       de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su
       conducta y la de sus militantes los principios del Estado democrático,
       respetando la libre participación política de las demás asociaciones
       políticas y los derechos de los ciudadanos.

       b) Acorde a la documentación proporcionada por el Partido del Trabajo,
       durante el ejercicio correspondiente al año dos mil, dicho Partido, no
       destinó los recursos correspondientes al porcentaje mínimo previsto en
       el artículo 30 fracción I inciso v) del Código Electoral del Distrito Federal;

       El monto total involucrado que al menos debió destinarse por el Partido
       del Trabajo para el desarrollo de sus fundaciones e institutos de
       investigación, acorde al financiamiento público otorgado durante el año
       dos mil ascendió a $279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil
       ochocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.).
       Por las razones expuestas, le considera que la falta cometida
       representa el incumplimiento absoluto de la hipótesis normativa prevista
       en el artículo 30 fracción primera inciso c) del Código de la materia."

Ahora bien, una vez analizados los elementos aludidos por la
autoridad responsable, en los             Considerandos VIII, IX y X de la
resolución impugnada, este Tribunal considera que éstos no fueron
suficientes para motivar la imposición de las sanciones combatidas, ni
para determinar sus montos, ya que el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal no tomó en cuenta las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas para Sancionar
al Partido del Trabajo, como son su capacidad económica, el ánimo
con que se condujo, la realización individual o colectiva del hecho a
sancionar, el alcance de afectación de la infracción, la mayor o menor
facilidad para cumplir con la norma transgredida, la naturaleza de la
irregularidad,   según      esté    relacionada       con     aspectos      formales,
accesorios específicos o sustanciales de la contabilidad del apelante;
es decir, si la irregularidad se tradujo en eficiencias técnicas en cuanto
a controles o registros respecto del manejo de los recursos o si se
vincula a aspectos sustanciales tales como la malversación de fondos
que impliquen gastos indebidos, o, en su caso, que jamás se hubieran
realizado


Abundando al respecto debe decirse que estas circunstancias
específicas, como ha quedado precisado, no fueron tomadas en
consideración por la autoridad electoral administrativa para la
individualización de la sanción que nos ocupa, tampoco fueron
consideradlas al momento de precisar los montos de las multas en
revisión, lo cual se tradujo, por ende, en una inadecuada motivación.
En efecto, como es de explorado derecho, el principio de legalidad
obliga esencialmente a que todo acto de autoridad esté debidamente
fundado y motivado, lo cual significa, por una parte, que se señalen los
preceptos legales aplicables al caso concreto, y por otra, a invocar las
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
que se tomaron en ¡cuenta para su emisión; debiendo existir
congruencia entre los motivos aducidos y las disposiciones legales
invocadas, a fin de que los destinatarios cuenten con los elementos
suficientes para, en su caso, impugnar el acto de autoridad y no
queden en estado de indefensión.


En   este   contexto,      sirve    como      criterio    orientador,     la     Tesis
jurisprudencial sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:

      "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL
      INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN
      EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. La fundamentación
      y la motivación de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal
      Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, es entendible que
      no se exprese en términos similares que las de otros actos de autoridad.
      De ahí que para que un reglamento se considere fundado, basta que la
      facultad reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre
      prevista en la ley. Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el
      reglamento emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria, se
      refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas,
      sin que esto signifique que todas y cada una de las disposiciones que
      integran el reglamento deban ser necesariamente materia de una
      motivación específica. Esto es así, porque de acuerdo eón el artículo
      16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
      Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a los derechos
      previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. En la
      mayoría de los casos se considera, que lo primero se traduce, en que
      ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en
      que deben señalarse, las circunstancias especiales, razones
      particulares o causas; inmediatas que se hayan tenido en consideración
       para la emisión del acto; es necesario además, qué exista adecuación
       entre los motivos aducidos vi las normas aplicables, de manera que
       quedé evidenciado, que las circunstancias invocadas como motivo para
       la emisión del acto encuadran en la norma invocada como sustento del
       modo de proceder de la autoridad. El surtimiento de los requisitos está
       referido a la fundamentación y motivación de aquellos actos de
       autoridad concretos, dirigidos en forma específica a causar, por Io
       menos, molestia a sujetos determinados, en los derechos a que se
       refiere la propia norma constitucional. Es explicable que en esta clase
       de actos, la garantía de fundamentación y motivación se respete de la
       manera descrita, puesto que la importancia de los derechos a que se
       refiere el párrafo primero del artículo 16 constitucional provoca, que la
       simple molestia que pueda producir una autoridad a los titulares de
       aquellos debe estar apoyado clara y fehacientemente en la ley,
       situación de la cual debe tener pleno conocimiento el sujeto afectado,
       incluso para que, si a su interés conviene esté en condiciones de
       realizar la impugnación más adecuada, para librarse de ese acto de
       molestia. En cambio, como los reglamentos gozan de los atributos de
       impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente que su
       confrontación con el párrafo primero del artículo 16 constitucional para
       determinar, si se ha observado la garantía de fundamentación y
       motivación, debe hacerse sobre la base de otro punto de vista, como es
       el señalado al principio.

       Recurso de apelación, SUP- RAP-028/99. Partido Revolucionario
       Institucional. 6 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos.

       Recurso de apelación. SUP-RAP-029/99. Partido Revolucionario
       Institucional. 6 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos.

       Recurso de apelación. SUP-RAP-042/99. Coalición Alianza por México,
       Integrada podios partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo,
       Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza
       Social. 2 de marzo del año 2000. Unanimidad de votos.

       TESIS DE JURISPRUDENCIA J.01/2000. Tercera Época. Sala
       Superior. Materia Electoral. Aprobada por unanimidad de votos."


Así, el principio de legalidad obliga a las autoridades del Estado, ya
sean administrativas, jurisdiccionales u órganos autónomos, como en
el caso, del Instituto Electoral del Distrito Federal, en razón de que ese
deber jurídico es el reflejo de un derecho subjetivo previsto a nivel
constitucional, jerárquicamente superior a la legislación ordinaria; de
ahí que la facultad del órgano electoral administrativo de fiscalizar e
imponer a su libre arbitrio las sanciones que corresponda a los
Partidos Políticos, debe sujetarse invariablemente al referido principio.


Sobre el particular, este Tribunal considera que tratándose del
ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad electoral del
Distrito Federal en materia de faltas administrativas, al individualizar
una sanción y, posteriormente al determinar su monto ésta debe
valorar no sólo las circunstancias en que aquélla se cometió, sino
todos los datos que fijen con precisión la gravedad de la falta en que
incurrió el infractor, ya sea que le favorezca o desfavorezca, tales
como el ánimo con que se condujo, la realización individual o colectiva
del hecho a sancionar, el alcance de afectación de la infracción, la
mayor o menor facilidad para cumplir con la norma transgredida, la
reincidencia, entre otras; de modo tal, que ello permita establecer con
exactitud la sanción a imponer entre los parámetros que como mínimo
y máximo/establece el artículo 276, inciso b) del Código Electoral del
Distrito Federal, esto es, multa de cincuenta a cinco mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal.




Por lo antes expuesto, este Tribunal considera que el Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, motivó deficientemente las
sanciones (impuestas, ya que omitió analizar el artículo 275, párrafo
primero, inciso a) del Código Electoral Local, el cual constituye el
presupuesto necesario para la aplicación del artículo 276, inciso b) del
propio Código, además de que no precisó el porqué aplicó en los
Considerandos VIII, IX y X de la resolución combatida, multas en
términos del inciso b) del citado artículo 276 del Código de la materia;
tampoco determinó racionalmente los montos de éstas, pues no hizo
mención si en la especie concurrían circunstancias favorables o
desfavorables que sirvieran de parámetro para determinar la sanción
dentro de los rangos mínimos y máximos previstos en la ley, ni la
gravedad de las infracciones detectadas, ya que únicamente se
concretó a señalar que no concurrían agravantes en los hechos que
analizó sin precisar qué grado de gravedad revestían.




Por lo anterior, debe concluirse, que el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, al haber motivado insuficientemente las
sanciones impuestas al Partido del Trabajo y sus montos, violó los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 3°, párrafo segundo del Código Electoral local.


Ello es así, porque en los considerandos VIII, IX y X, relativos a la
aplicación y determinación de las sanciones de mérito, no precisó sí
con la conducta infractora atribuida al Partido del Trabajo se violaba
una prohibición, una obligación o alguna disposición del Código
Electoral del Distrito Federal, es decir, no analizó el artículo 275 del
código Electoral local, que dispone fundamentalmente que las
Asociaciones Políticas independientemente de las responsabilidades
en que incurren sus dirigentes, miembros y simpatizantes serán
sancionadas por incumplir con sus obligaciones o por violar las
prohibiciones y demás disposiciones del citado código, razón por la
cual se arriba a la convicción de que en el caso concreto se actualiza
una insuficiente aplicación de los preceptos normativos que permiten
determinar dichas sanciones; sin embargo, sólo se concretó dentro de
su margen de discrecionalidad que le otorga el artículo 276 del referido
Código Electoral, a determinar que las sanciones idóneas por las
infracciones cometidas tendrían que ser multas.




En relación al agravio identificado con la letra D, de esta resolución
debe quedar precisado que aunque las que aunque las multas
impuestas al Partido del Trabajo no son inequitativas, excesivas o
desproporcionadas en cuanto a sus montos, la autoridad responsable,
al haberlas motivado insuficientemente, violentó lo dispuesto por el
artículo 22 de la Carta Magna.




En efecto, el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, dispone:



    "Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia la marca,
    los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva,
    la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas
    trascendentales."


Ahora bien, para que una multa sea excesiva, ésta debe ser
desproporcionada a la capacidad económica del infractor en relación a
la gravedad de la falta. Así, cuando el monto de la multa rebasa esta
proporción, es evidente que se excede lo lícito y razonable.
De acuerdo con los razonamientos anteriores, para la imposición de
una multa, no sólo se deben tomar en cuenta las circunstancias que
concurrieron al momento de la infracción, si no que la autoridad
sancionadora debe ponderar también los factores inherentes al
infractor, tales como la reincidencia, el ánimo con que se condujo, su
capacidad económica y, en suma, cualquier otra circunstancia que le
sirva de base para fijar con mayor precisión el monto de la multa que
le corresponda.




Sirve como criterio orientador, la siguiente tesis de jurisprudencia
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:



      "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del
      vocablo “excesivo”, así como de las interpretaciones dadas por la
      doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el
      concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional
      se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva
      cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del
      infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va
      más adelante de lo lícito y Io razonable; y c) Una multa puede ser
      excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo
      tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe
      establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga
      posibilidad, en cada caso de determinar su monto o cuantía, tomando
      en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del
      infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho
      que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la
      gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar
      individualizadamente la multa que corresponda.

      Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A.
      de C.V. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. Ponte:
      Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante González.

      Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V. 22 de mayo
      de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
      Secretaria: Angelina
      Hernández Hernández.

      Amparo directo en revisión 866/94 Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo
      de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
      Secretario: Enrique Escobar Angeles.

      Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo de
      1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
      Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

      Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V. 29 de mayo de
      1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
      Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

      El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en
      curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente
      en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre
      Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David
      Góngora Pimentel; José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz
      Mayagoitia, Hummberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero
      y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 09/1995 (9a.) la tesis de
      jurisprudencia que antecede: y determinó que las votaciones de los
      precedentes son idóneas para integrarla. México, D.F., la veinte de junio
      de mil novecientos noventa y cinco.

      Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
      Gaceta. Época: Novena Época. Tomo II, Julio de 1995. Tesis: P./J 9/95
      Página: 5. Tesis de Jurisprudencia."


Así, en el considerando VIII de la resolución impugnada, se observa
que la, autoridad electoral administrativa, al determinar el monto de la
multa, no tomó en cuenta la gravedad de la infracción la capacidad
económica del Partido infractor, elementos de los cuales pudo haber
inferido la proporcionalidad en dicho monto, esto es, conforme a las
posibilidades económicas del citado instituto político, incurriendo así,
en una indebida motivación, al determinar el monto de la multa
impuesta.


En efecto, si bien la multa impuesta no es excesiva en cuanto a su
monto, debido a que se encuentra dentro de los rangos mínimos y
máximos que establece el inciso b) del artículo 276 del Código
Electoral del Distrito Federal, que dispone una multa que puede oscilar
entre 50 (cincuenta) y 5000 (cinco mil) días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal, que el monto involucrado asciende a
$409,045.87 (cuatrocientos nueve mil cuarenta y cinco pesos 87/100
M.N.) que representa el 2.92% (dos punto noventa y dos por ciento)
respecto del financiamiento público, otorgado para actividades
ordinarias permanentes, en el año dos mil, que ascendió a la cantidad
de $13,994, 835.44 (trece millones novecientos noventa y cuatro mil
ochocientos treinta y cinco pesos 30/100 M.N.); que la capacidad
económica del Partido impugnante, de acuerdo con el financiamiento
público que le fue otorgado para actividades ordinarias permanentes,
en el año en curso, es de $3,572, 180.85 (tres millones quinientos
setenta y dos mil ciento ochenta pesos 85/100 M.N.), de conformidad
al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal de treinta y uno de enero de dos mil dos, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal de dieciséis de abril del mismo año,
mientras    que    el   monto    de    la   sanción    impuesta    es    de
$15,131.85(quince mil ciento treinta y un pesos 85/100 M.N.), que
representó sólo el 0.4% (cero punto cuatro por ciento) de dicho
financiamiento público; no menos cierto es que al no haberse
determinado dentro de dicho Considerando la gravedad de la
conducta, ni tomando en cuenta la capacidad económica del Partido
infractor, ésta resulta contraria al artículo 22 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo mismo debe decirse de la diversa impuesta en el Considerando IX
de   la   resolución   Impugnada,   ya   que   la     autoridad   electoral
administrativa, al determinar el monto de la multa, tampoco tomó en
cuenta la gravedad de la infracción ni la capacidad económica del
Partido infractor, elementos de los cuales pudio haber inferido la
proporcionalidad entre la falta y las posibilidades económicas del
citado instituto político. Con esta conducta omisa, la autoridad
administrativa incurrió en una indebida motivación.


No es óbice lo anterior, que este Tribunal advierta que la multa
impuesta no es excesiva, ya que el monto involucrado en la infracción
asciende a $222,296.00 (doscientos veintidós mil doscientos noventa y
seis pesos 00/100 M.N.), que representa 1.58% (uno punto cincuenta
y cuatro mil ochocientos treinta por ciento) respecto del financiamiento
público, otorgado para actividades ordinarias permanentes, en el año
dos mil, que ascendió a la cantidad de $13,994, 835.44 (trece millones
novecientos noventa y cinco pesos 30/100 M.N.).


La capacidad económica del Partido impugnante, de acuerdo con el
financiamiento público que le fue otorgado para actividades ordinarias
permanentes, en el año en curso, es de $3, 572,180.85 (tres millones
quinientos setenta y dos mil ciento ochenta pesos 85/100 M.N.), de
conformidad al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal de treinta y uno de enero de dos mil dos, publicado en
la Gaceta Oficial del, Distrito Federal de dieciséis de abril del mismo
año, mientras que el monto de la sanción impuesta es de $ 41,180.55
(cuarenta y un mil ciento ochenta pesos 55/100 M.N.), que representó
sólo el 1.15% (uno punto quince por ciento) del financiamiento público;
otorgado para actividades ordinarias permanentes en el presente año;
pero al no haberse determinado la gravedad de la conducta, ni tomado
en cuenta la capacidad económica del Partido infractor dentro del
citado Considerando, la autoridad electoral administrativa transgredió
lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.


Finalmente, por lo que respecta al agravio contenido en el
Considerando X impugnado este Órgano Jurisdiccional Electoral
observa que la autoridad electoral administrativa incurrió en una
insuficiente motivación, y que dejó de analizar la gravedad de la
infracción, además no tomó en cuenta la capacidad económica del
Partido infractor, elementos de los cuales pudo haber determinado la
proporcionalidad del monto de la sanción en relación a la falta
cometida y las posibilidades económicas del infractor.


De igual forma la multa impuesta no es excesiva en cuanto a su monto
debido a que se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos
que establecen el citado inciso b) del artículo 276 del Código Electoral
local, además de que el monto involucrado en la infracción asciende a
$279,896.70 ¿doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y
seis pesos 70/100 M.N.), que representa 1.99% (uno punto noventa y
nueve) respecto del financiamiento público, otorgado para actividades
ordinarias permanentes, en el año dos mil, que ascendió a la cantidad
de $13,994,835.44 (trece millones novecientos noventa y cuatro mil
ochocientos treinta y cinco pesos 30/100 M.N.).
La capacidad económica del partido impugnante, de acuerdo con el
financiamiento público que le fue otorgado para actividades ordinarias
permanentes, en el año en curso, es de $3,572,180.85 (tres millones
quinientos setenta y dos mil ciento ochenta pesos 85/10$ M.N.), de
conformidad al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal de treinta y uno de enero de dos mil dos, publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal de dieciséis de abril del mismo
año, mientras que el monto de la sanción impuesta es de $54,247.05
(cincuenta   y     cuatro   mil   doscientos   cuarenta   y   siete   pesos
05/100·M.N.), que representó sólo el 1.51% (uno punto cincuenta y
uno por ciento) del financiamiento público, otorgado para actividades
ordinarias permanentes, en el presente año; pero dicha multa es y
contraria al artículo 22 Constitucional ya que la responsable debió
determinar la gravedad de la conducta, y haber tomado en cuenta la
capacidad económica del Partido infractor para así establecer la
proporcionalidad entre ambos datos y determinar con precisión el
monto de la multa que legalmente le correspondía.


Por   lo   antes    expuesto,     devienen     FUNDADOS       los   agravios
identificados con las letras A y D.


XII. Como ha quedado señalado en el cuerpo del presente fallo, el
Tribunal Electoral del Distrito Federal es órgano autónomo y máxima
autoridad jurisdiccional en la materia, garante de que todos los actos y
resoluciones de las autoridades electorales locales se ajusten
invariablemente al principio de legalidad; para tal fin le compete
resolver en forma definitiva e inatacable los medios de impugnación
previstos en el Código Electoral local, según se desprende de lo
dispuesto en los artículos 122, apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso f); en relación con el 116, fracción IV, incisos b), c), d), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120,123, 128,
129 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3°, 222, 238,
242, 244 Y269 del código de la materia.


De lo anterior, se colige que este Órgano Colegiado ejerce su
jurisdicción en forma pena respecto de los medios de impugnación que
se someten\ a su conocimiento, incluso cuenta con facultades
expresas    para    determinar       la     revocación     o    modificación   del
acto\reclamado en términos de lo dispuesto por el numeral 269 del
Código de la materia, para lo cual es menester que esta autoridad
emita un nuevo pronunciamiento en el que se subsanen las
irregularidades cometidas por la responsable, siempre que ello sea
posible de acuerdo al análisis de las constancias que obren en los
autos del expediente de que se trate, a fin de garantizar una
protección completa a los derechos del recurrente.


Por tanto, la actuación de este Tribunal no debe constreñirse a hacer
una declaración formal sobre la existencia de las irregularidades en
que haya incurrido la autoridad electoral administrativa, en cuya
hipótesis bastaría con determinar la revocación del acto o resolución
reclamado, para dejar a la responsable en posibilidad de que emita
otro, incluso con el mismo sentido de afectación; lo cual dejaría en
estado     de   incertidumbre    a        los   justiciables,   porque   lo    que
sustancialmente se persigue con la emisión de un fallo es poner en
claro no sólo una determinada situación jurídica, sino proveer a su
cumplimiento material.


En la inteligencia de que los agravios hechos valer en el expediente en
que se actúa resultaron fundados en términos de los razonamientos
vertidos en el considerando que antecede, y ello es suficiente pata
revocar la resolución impugnada en su parte atinente; este Tribunal
Electoral, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 269 del
Código de la materia, yen/estricto apego a los principios que rigen la
función electoral, procede a emitir un nuevo pronunciamiento en el que
se fundan y motivan las sanciones a imponer al Partido del Trabajo, ya
que de las constancias que obran en autos se desprende que existen
elementos suficientes para proceder en esta forma; habida cuenta que
la comisión de las infracciones atribuidas a dicho instituto político, así
como la responsabilidad de éste quedaron debidamente acreditadas y
el procedimiento del que derivó el acto impugnado quedó en estado de
dictar resolución, pues no existen pruebas ni diligencias pendientes de
desahogo; por lo que únicamente sería necesario subsanar las
inconsistencias   de     la   responsable   por   lo   que   hace   a   la
individualización de las sanciones impuestas en los Considerandos
VIII, IX y X, de la resolución recurrida, lo cual se hace al tenor de los
siguientes razonamientos:


Previo a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera que debe
dejar establecido cuáles son las sanciones que se pueden imponer al
Partido actor, de conformidad con el artículo 276 del Código Electoral
del Distrito Federal.


El artículo 276 del Código Electoral local, dispone:



       "Artículo 276. Las sanciones a que se refieren las causas del artículo
       anterior consistirán:

       a) Con amonestación pública;

       b) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para
       el Distrito Federal;

       c) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del
       financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
       resolución;

       d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del
       financiamiento que les corresponda, por el período que señale la
       resolución;

       e) A las Agrupaciones Políticas locales hasta con la suspensión o
       cancelación de su registro;

       Las sanciones previstas en los incisos c) al e) se impondrán cuando el
       incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático.

       A quien viole las disposiciones de este Código sobre restricciones para
       las aportaciones de financiamiento que no provengan del erario público,
       se le podrá sancionar con multa de hasta el doble del monto aportado
       indebidamente. Si se reincide en la falta, el monto de la multa podrá ser
       aumentado hasta en dos tantos más.

       Las violaciones a las Prohibiciones establecidas en este Código serán
       consideradas graves, y las sistemáticas.”


Como se aprecia de la lectura del artículo citado, el legislador
estableció tres categorías de faltas, las graves particularmente graves,
y las sistemáticas.
En efecto, de acuerdo con una interpretación de los artículos 3°, 18,
19, 25, 275 y 276 del Código Electoral del Distrito Federal, este
Tribunal considera que la categoría de faltas “particularmente graves”,
obedece primordialmente a los diversos valores fundamentales que,
por su jerarquía, gozan una tutela más enérgica que otras, por
ejemplo, cualquier incumplimiento, infracción o prohibición en que
incurran los Partidos Políticos que alteren o pongan en peligro los
principios del Estado Democrático, el orden público, perturben el goce
de las garantías o impidan el funcionamiento regular de los órganos
del gobierno, deben considerarse, en principio, como “particularmente
graves"; por lo tanto, reprimirse con una sanción más severa, que en
aquellos casos en los que no se produce un efecto dañino de tal
magnitud.


En esta tesitura, el Código Electoral local establece, una serie de
hipótesis normativas de las cuales puede deducirse determinado valor
y jerarquización. En tales supuestos subyacen una serie de
obligaciones que vinculan a las Asociaciones Políticas y cuyo
incumplimiento deviene en una sanción. En efecto, el artículo 25 de
este ordenamiento legal dispone:

      "Artículo 25. Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:

      a) Conducir sus actividad es dentro de los cauces legales así como de
      sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los
      principios del
      Estado democrático, respetando la libre participación política de las
      demás asociaciones políticas y los derechos de los ciudadanos;

      b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por
      objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las
      garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de
      gobierno;
c) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que
tengan registrados;

d) Cumplir con las normas de afiliación:

e) Contar con domicilio social para sus órganos directivos, así como
comunicar oportunamente los cambios al mismo;

f) Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de
carácter teórico, trimestral;

g) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la
autoridad electoral en materia de financiamiento, así como entregar la
documentación que la propia Comisión es solicite respecto a sus
ingresos y egresos;
h) Comunicar al Instituto Electoral del Distrito Federal cualquier
modificación a su declaración de principios, programa de acción o
estatutos;

i) Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la
integración de sus órganos directivos;

j) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con
Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o
entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión o
secta;

k) Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de
acuerdo a las disposiciones de este Código;

l) Sostener por lo menos un centro de formación política para sus
afiliados, infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos
en la lucha política;

m) Abstenerse de cualquier agresión que implique diatriba, calumnia,
infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las
instituciones públicas o a otras asociaciones políticas o candidatos; y

n) Las demás que establezca este Código.

Las Agrupaciones Políticas Locales tendrán asimismo las obligaciones
de no utilizar en su promoción los símbolos patrios símbolos religiosos,
o expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso. Así
como, mantener el mínimo de afiliados en las delegaciones, requeridos
para su constitución y registro.

Los Partidos Políticos, deberán: cumplir de forma especial lo dispuesto
por el inciso m) durante las campañas electorales y en la propaganda
política que se utilice durante las mismas. Lo dispuesto en el presente
       artículo será aplicable a los órganos de dichos partidos en el Distrito
       Federal."

De igual manera el artículo 275 establece causas por las cuales
podrán ser sancionadas las Asociaciones Políticas las cuales son:


       "Artículo 275. Las asociaciones políticas, independientemente de las
       responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o
       simpatizantes, serán sancionados por las causas siguientes:

       a) Incumplan con las obligaciones lo por cualquier medio violen las
       prohibiciones y demás disposiciones aplicables de este Código;

       b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Electoral del
       Distrito Federal;

       c) Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o
       entidades que no estén expresamente facultadas para ello o soliciten
       crédito a la banca de desarrollo para el financiamiento de sus
       actividades, en contravención a lo dispuesto por este Código;

       d) Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los
       límites señalados por este Código y el Consejo General;

       e) No presenten los informes anuales en los términos y plazos previsto,
       en este Código; y

       f) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este Código.

       Tratándose de Partidos Políticos, no presentar los informes de campaña
       electoral o sobrepasar los topes a los gastos fijados conforme a este
       Código durante la misma."


Ahora bien, del acuerdo con lo previsto en dichos numerales, es de
advertirse que el legislador impuso a los Partidos Políticos una serie
de obligaciones con el fin de, orientar su participación dentro de los
cauces legales; empero, según se ha dicho, no todas las obligaciones
previstas en los preceptos legales en comento tutelan bienes o valores
de la misma categoría, es decir, que mientras en unos supuestos lo
que se tutela es el valor que tiene la difusión de la cultura democrática
o la identidad e     identificación de los Partidos Políticos y, sus
programas de acción; en otras hipótesis lo que se tiende a proteger
son los principios del Estado Democrático, la libertad y derechos de
los ciudadanos; la libertad dl las demás Asociaciones Políticas y el
recto manejo de los recursos que reciben dichas entidades por
concepto de financiamiento público.


En este orden, es claro que cuando se afectan los supuestos del
último apartado, este Tribunal considera que, por su peso o
importancia político-social, son los que deben considerarse como
"faltas particularmente graves" en términos del artículo 276, del Código
Electoral local, dado que el incumplimiento no sólo se agota en la
inobservancia o inejecución de los mandado por la ley, sin que
trastoca los bienes, las y los derechos en los que se edifica tanto
nuestro régimen democrático y el funcionamiento regular de los
órganos de gobierno; por ejemplo, en opinión de este Tribunal, los
casos en que el incumplimiento se traduzca en el apoderamiento o
desvió de los recursos públicos; se violente los derechos electorales
de los ciudadanos o Asociaciones Políticas, se restrinjan las garantías
individuales, o bien, se recurra a la violencia y por ello se altere el
orden público.


Por su parte las "faltas sistemáticas" son aquellas en que el
incumplimiento, infracción o prohibición,      revista una    conducta
constante, consecutiva o persistente.
Las "faltas graves" en todas aquellas conductas que impliquen una
violación una prohibición expresa del Código Electoral local, o bien,
cuando    del    incumplimiento         de    una     obligación       se    acrediten
circunstancias desfavorables en perjuicio del Partido infractor siempre
y cuando éstas no estén comprendidas en las que corresponden a las
faltas particularmente graves, es decir que no traigan consigo, alterar o
poner en peligro los principios del Estado Democrático, el orden
público, perturbar el goce de las garantías, impidan el funcionamiento
regular de los órganos de gobierno, o el desvío de recursos en
beneficio de las Asociaciones Políticas.


Sentado lo anterior, este Órgano Colegiado procede al análisis de la
infracción del Partido del Trabajo, correspondiente al Considerando
VIII de la resolución recurrida, referente al rubro "9.1. SERVICIOS
PERSONALES", misma que se hizo consistir en lo siguiente:

       "Se determinaron erogaciones realizadas en 23 casos por un total de
       $606,693. 34 (seiscientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos
       34/100 M.N.), que fueron documentadas con recibos de
       Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP'S) para una sola
       persona física, que exceda los doscientos días de salario mínimo
       general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes.
       Los rebases ascienden a un importe de $227,693.34 (doscientos
       veintisiete mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.)
       Incumpliendo con lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos
       del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
       Recursos de los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo
       14 del apartado 10 de este Dictamen'.

       Se determinaron erogaciones realizadas en 10 casos por un total de
       $749,852.53 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y
       dos pesos 53/100 M.N.) que fueron documentadas con recibos de
       Reconocimientos por actividades Políticas (RERAP'S) para una sola
       persona física, que exceden los mil quinientos días de salario mínimo
       general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año.
       Los rebases ascienden a un Importe de $181,352.93 (ciento ochenta y
       un mil trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), incumpliendo
      con lo establecido en el numeral 15.4 de los Lineamientos del Instituto
      Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de
      los Partidos Políticos, como se puede apreciar en el anexo 14 del
      apartado 10 de este Dictamen.

      Estas irregularidades se consideran sancionables"


Ahora bien, la conducta al sancionar es la infracción al diverso 15.4 en
relación con el numeral 11.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral
del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, mismos que disponen:

      "15.4 Las erogaciones realizadas por los partidos políticos como
      reconocimientos a una sola persona física por una cantidad equivalente
      o superior a mil quinientos días de salario mínimo general diario vigente
      en el Distrito Federal, dentro del transcurso de un año, ya sea se pague
      en una o varias exhibiciones, no podrán ser comprobadas a través de
      los recibos previstos en los dos numerales anteriores. Tampoco podrán
      comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una
      sola persona física. Por este concepto, que excedan los doscientos días
      de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en! el
      transcurso de un mes. En ambos casos, tales erogaciones deberán de
      estar respaldadas de conformidad con lo establecido en el numeral 11.1
      de los presentes lineamientos"

      "11.1 Los egresos deberán registrarse contablemente y estar
      respaldados con la documentación interna y la que expida, a nombre del
      partido político, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha
      documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las
      disposiciones fiscales aplicables debidamente requisitada, con
      excepción de lo señalado en los siguientes párrafos ... "



Como se advierte de autos el Partido infractor no dio contestación en
tiempo al emplazamiento que se le hizo con motivo de esta
irregularidad, por lo que la falta dictaminada subsiste en todos sus
términos.
Hecho lo anterior, lo conducente es determinar la sanción que le
corresponde al Partido infractor; para ello, es necesario precisar la
naturaleza de la infracción y el alcance de su gravedad, es decir, si en
la especie se afectaron los principios del Estado Democrático, el orden
público, se perturbó el goce de las garantías o se impidió el
funcionamiento regular de los órganos del gobierno, si hubo desvío de
recursos derivado del mal manejo del financiamiento público que
recibió para el proceso electoral ordinario del año dos mil, así como
todas aquellas circunstancias particulares bajo los cuáles el Partido
infractor incurrió en las faltas sujetas a estudio por este Tribunal.


Sirve como criterio orientador la tesis de jurisprudencia sustentada por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
circuito, en la Tesis de Jurisprudencia número 872, consultable en el
Apéndice de 1995, Tomo VI, parte TCC, página 597, que a
continuación se transcribe:



       "MULTAS. DEBEN EX10NER'SE LAS RAZONES QUE DETERMINEN
       LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN. Para la correcta imposición de
       una sanción no basta la simple cita del precepto legal en que se funda,
       ya que debe determinarse la gravedad de la infracción y para ello es
       menester que las autoridades razonen pormenorizadamente las
       peculiaridades del infractor y de los hechos motivo de la infracción
       especificando, la forma y manera como influyen en su ánimo para
       detenerla en cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
       justificando así el ejercicio de su arbitrio para la fijación de las sanciones
       con base en la gravedad de la infracción.

       TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
       DEL PRIMER CIRCUITO.

       Séptima Época:
      Amparo directo 560/74, Unigas, S. A. 4 de octubre de 1974, Unanimidad
      de votos.

      Amparo directo 600/74. Combustibles Licuados y Equipos, S. A. 14 de
      noviem6re de 1974, Unanimidad de votos.

      Amparo directo 819/74, Unigas, S. A. 31 de enero de 1975, Unanimidad
      de votos.

      Amparo directo 39/75, Unigas, S, A. 28 de febrero de 1975, Unanimidad
      de votos".

La irregularidad detectada consistió en que se documentaron veintitrés
erogaciones por un total de $606,693.34 (seiscientos seis mil
seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.) con recibos de
Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP’S) para una sola
persona general diario vigente en el Distrito Federal, en el transcurso
de un mes. Los excedentes importan $227,693.34 (doscientos
veintisiete mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.). Así
mismo se documentaron otros diez casos por un total de $749,852.53
(setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos
53/100 M.N.), en cuyo caso las erogaciones fueron cubiertas con
recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas (RERAP'S) para
una sola persona física, que exceden los mil quinientos días de salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de
un año. Los excedentes suman $181,352.53 (ciento ochenta y un mil
trescientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.).


En este sentido, dicha infracción se originó en el deficiente manejo de
la administración del Partido infractor, por lo que ésta debe ser
considerada como técnico-administrativo y técnico contable.
Asimismo, la infracción en estudio trajo como consecuencia que el
Partido Político recurrente incumpliera con la obligación establecida en
el artículo 25 inciso k) en relación con el diverso 66 incisos a) y b) del
Código Electoral del Distrito Federal; y numerales 15.4, y 11.1, de los
Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal Para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.


Ahora bien, para determinar la gravedad de la infracción cometida por
el Partido impugnante, se tomarán en cuenta las circunstancias que
objetivamente puedan advertirse de los hechos que generaron y que,
para este Tribunal, son los siguientes:


a) No se advierte que se hayan afectado los principios del Estado
Democrático, el orden público, ni que se haya perturbado el goce de
las garantías o el funcionamiento regular de los órganos del gobierno;


b) No se acreditó que en Partido Político desviara recursos del
financiamiento público que recibió para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes correspondientes al año dos mil;


c) No se acreditó que la{erogaciones correspondientes no se hubieran
efectuado;


d) Las irregularidades en comento están relacionadas con cuestiones
formales, accesorias o periféricas, pero de ninguna manera con
aspectos sustantivos; se refieren a formalidades y deficiencias
técnicas en cuanto a controles y registros respecto al maneejo de los
recursos, pero no se acreditaron malversaciones o desviaciones de
fondos;


e) Existe un incumplimiento a la obligación establecida en el artículo
25 inciso k) del Código Electoral del Distrito Federal, así como al
numeral 15.4, en relación con el diverso 11.1 de los Lineamientos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos, la que se traduce en el mandato de
registrar   contablemente    los   egresos;   y      respaldarse   con   la
documentación interna y la que, expida a nombre del Partido Político
la persona a la que se efectuó el pago, además de que dicha
documentación debió cumplir con los requisitos que exigen las
disposiciones fiscales.


f) El Partido Político infractor tuvo conocimiento de la norma, y, por
tanto, debió cumplirla, toda vez que los citados lineamientos fueron
publicados en la Gaceta Oficial del Federal el catorce de diciembre de
mil novecientos noventa y nueve; y


g) El impugnante no expresó motivos de justificación por los cuales se
hubiese visto impedido para cumplir con la norma en relación con la
infracción que se le atribuye al Partido apelante.




Cabe señalar que a juicio de este Tribunal, las circunstancias
señaladas en el incisos del a) a la d), son consideradas favorables,
mientras que las señaladas en los demás incisos deben ser
consideradas como desfavorables al Partido apelante.




La anteriores circunstancias valoradas en su conjunto conforme a las
reglas de la racionalidad práctica en las que descansa el arbitrio
judicial, forman convicción en este órgano resolutor de qué la
infracción cometida por el Partido del Trabajo es grave, revistiendo un
grado de gravedad mínimo, en virtud de que el incumplimiento de la
norma no obedece a una conducta cuyo contenido sea una
prohibición, sino a una obligación que impone una acción, una
conducta positiva, denominada así por la doctrina, de hacer o realizar
cierta conducta, no a abstenerse de hacerla. Bajo este marco el
Tribunal Electoral considera que dado que toda obligación o deber
jurídico tiene, en relación con un sujeto de derecho, esto es, exigiendo
una conducta o prohibiéndola y habida cuenta que el legislador hace
énfasis, en el artículo 276, párrafo cuarto, in fine, del Código Electoral
local, en las obligaciones que contienen prohibiciones calificándolas de
graves, válidamente debe interpretarse que las obligaciones que
contienen mandamientos de efectuar conductas deben calificarse
también como graves; no obstante, al momento de individualizar la
sanción el monto previsto para tales conductas debe ser menor,
porque aun y cuando constituye el incumplimiento de una obligación,
lo es, en su vertiente de un hacer y no de un no hacer o prohibición;
por ello, justificada y razonablemente este Órgano Colegiado
interpreta que las Prohibiciones tienen un mayor peso para orientar el
criterio del Tribunal al momento de individualizar la sanción y, por
ende, la sanción en el incumplimiento de las obligaciones que ordenan
un hacer son también graves, en razón de que tanto las acciones
como las abstenciones forman parte del concepto de obligación
jurídica porque ambas constituyen la exigibilidad de una conducta; sin
embargo, entre ambos contenidos de la obligación existe una
jerarquización señalada por el legislador, en cuya escala las
prohibiciones tienen un carácter más relevante; además, este Tribunal
toma en cuenta que no hubo beneficio económico en favor del Partido
del Trabajo, sino un inadecuado control en el manejo de los recursos
asignados al Partido inconforme, al acreditarse el incumplimiento a la
obligación establecida en el articulo 25 inciso k) del Código Electoral
del Distrito Federal, consistente en que debió utilizar las prerrogativas
y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las disposiciones del
Código; ahora bien, una de estas disposiciones es la comprendida en
el artículo 66 del Código Electoral local, que señala que la Comisión
de Fiscalización establecerá lineamientos con bases técnicas para la
presentación de los informes de origen destino y monto de los
ingresos   de   las   asociaciones   políticas,   así   como   establecer
lineamientos para que las asociaciones políticas el registro de sus
ingresos y egresos y la documentación comprobatoria para el manejo
de sus recursos. Estos ordenamientos son los Lineamientos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos. En el caso, el Partido recurrente
dejó de observar lo que establece el numeral 15.4, en relación con el
diverso 11.1, lo cual, a juicio de esta autoridad, constituye una
circunstancia desfavorable en perjuicio del partido recurrente, de tal
forma que la sanción a imponer debe constituir un medio para evitar
que en el futuro no se presenten más anomalías de este tipo.


En tal virtud a juicio de este Tribunal Electoral debe imponerse al
Partido del Trabajo una MULTA, cuyo monto se deberá fijar
atendiendo a la garantía constitucional prevista en el primer párrafo del
artículo 22, que establece:


       "Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la
       marca, los azotes, los palos, el tormento de c6alquier especie, la multa
       excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas
       inusitadas y trascendentales."


Lo anterior, en virtud de que el Código Electoral no prevé un
mecanismo para la determinación del monto de las multas, ya que sólo
requiere el rango en que pueden oscilar, y que es como mínimo 50
(cincuenta) y como máximo 5000
(cinco mil) días de salario mimo general vigente para el Distrito
Federal.




En estas condiciones, la determinación en el monto de la multa a
imponer al Partido infractor queda al arbitrio de este Tribunal, con la
limitación de que ésta no sea irracional, desproporcionada o excesiva.


Así, para proceder a la determinación de la cuantía de la multa, se
tomarán nuevamente las consideraciones que se adujeron para
calificar la gravedad del infractor, pero además se ponderará el monto
involucrado, la capacidad económica del infractor y el hecho de que no
se acreditó que dicha irregularidad se haya detectado en revisiones
anteriores.


Sirve como criterio orientador la siguiente tesis aislada sostenida por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

       "MULTAS EXCESIVAS. EL SISTEMA QUE ESTABLECE SU
       IMPOSICIÓN EN PORCENTAJES FIJOS VIOLA EL ARTÍCULO 22
       CONSTITUCIONAL. Para que una ley respete la prohibición contenida
       en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
       Mexicanos, relativa a la imposición de multas excesivas, es necesario
       que establezca un sistema en el que la autoridad sancionadora esté en
       aptitud de tomar en cuenta la gravedad de la infracción cometida, el
       grado de responsabilidad en la conducta omitida o prohibida, y las
       condiciones económicas del infractor a fin de que pueda determinar
       razonablemente, en cada caso concreto, el monto de la multa que aquél
       amerite, atendiendo a dichas circunstancias de lo contrario, con un
       sistema de imposición de sanciones en porcentajes fijos, la
       Individualización de la multa no se consigue toda vez que cualquiera
       que sea la conducta omitida o realizada, el porcentaje de la sanción
       será siempre, para todos los casos, invariable, lo que da lugar a la
       imposición de multas excesivas, contraviniendo el artículo 22
       constitucional.

       Amparo en revisión 84/94. Elías Huerta Psihas. 23 de noviembre de
       1994. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón;
       Secretaria: Irma Rodríguez Franco.

       El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintisiete de abrir
       en curso, por unanimidad de once votos de los señores Ministros
       Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre
       Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan
       Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño
       Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga
       María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número
       X/95, la tesis que (antecede; y determinó que la votación no es idónea
       para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a
       veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco".


Sentado lo anterior, y como quedó explicado aunque la infracción
reviste el carácter de grave, su grado de gravedad es mínimo, ya que
no se acreditó malversación de fondos; empero, no debe soslayarse
que se trata de una conducta que refleja un deficiente control
administrativo y contable, que le impidió a dicho instituto politice
respaldar los gastos conforme a los lineamientos fijados por la
autoridad fiscalizadora.


Así mismo, debe hacerse notar que el monto involucrado en la
operación asciende a $409,045.87 (cuatrocientos nueve mil cuarenta y
cinco pesos 87/100 M/N.) cantidad que representa un 2.92% (dos
punto noventa y dos por ciento) respecto del financiamiento público
otorgado para actividades ordinarias permanentes en ese año al
infractor, que ascendió a la cantidad de a la cantidad de
$13,994,835.44 (trece millones novecientos noventa y cuatro mil
ochocientos treinta y cinco pesos 30/100 M.N.), de conformidad con lo
dispuesto en el acuerdo de quince de enero de dos mil, publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintiocho del mismo mes y
año.


Por lo que hace a la capacidad económica del infractor, ésta asciende,
de acuerdo con el financiamiento público que le fue otorgado para
actividades ordinarias permanentes del año dos mil dos, a la cantidad
de $3,572,180.85 (tres millones quinientos setenta y dos mil ciento
ochenta pesos 85/100 M.N.), de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, el dieciséis de abril del mismo año.
Ahora bien, de las constancias que obran en autos, no se advierte que
el Partido infractor tenga el carácter de reincidente respecto a la falta
dictaminada con relación a otros ejercicios.


Todas estas circunstancias orientan a este Órgano Jurisdiccional, para
estimar que el monto de la falta en examen se deberá ubicar dentro de
los rangos mínimos y máximos que establece el inciso b) del artículo
276 del Código Electoral del Distrito Federal, por tal motivo a
continuación este Órgano Jurisdiccional desarrollará las reglas del
procedimiento     sancionatorio,    cuyo    propósito    es      establecer
puntualmente el número de días multa que corresponde imponer al
Partido del Trabajo, en los términos que a continuación se enuncian:


A) El artículo 276, inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal,
establece una multa que oscila entre 50 a 5 mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal.


B) La sanción mínima que contempla dicho artículo es 50 y la máxima
de 5000, días me salario mínimo general diario vigente, en el Distrito
Federal.


C) El punto medio es el que resulta de sumar el mínimo y el máximo
(5000 + 50 = 5050) dividido tal resultado entre dos, arroja 2525 días de
salario mínimo general diario vigente, en el Distrito Federal.


D) El punto equidistante entre la mínima y la media, resulta de la suma
de ambas (50 +2,525= 2575), lo cual dividido entre dos, da como
resultado, 1287.5 días de salario mínimo general diario vigente, en el
Distrito Federal.


E) El punto equidistante, entre la mínima (50) y la equidistante entre la
mínima y la media (1287.5 ) resulta de la suma de éstas (50 + 1287.5=
1337.5) y dividir el resultado entre dos, dando como resultado 668.75
días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.


F) El punto medio resulta de sumar la equidistante anterior 668.75 y la
mínima 50, (668.75 + 50 =718.75) y dividirlo entre dos, lo que arroja la
cifra de 359.375 días.


Sentado lo anterior, a juicio de este Tribunal el número de días de
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal que en
concepto de multa debe aplicarse al Partido del Trabajo por la
comisión de la infracción en estudio asciende a 359.375, sin embargo,
a fin de estar a lo más favorable al infractor y en virtud de que el
Código de la materia no establece la posibilidad de que la sanción en
comento se imponga con base en fracciones de días, se tomará el
número entero inmediato inferior, es decir, 359 días, que representa
un monto asequible de acuerdo a las posibilidades económicas del
infractor.


Tal determinación deriva del arbitrio del que goza esta autoridad para
individualizar la sanción que se Impone, tomando en cuenta las
circunstancias exteriores que concurrieron en la comisión de la falta y
las condiciones y particulares del Partido del Trabajo, y la finalidad que
persigue la aplicación de sanciones en materia electoral, en el sentido
de que no solamente debe entenderse como una medida represiva,
sino también como un carácter correctivo preventivo, a fin de que la
asociación política de que se trate, omita incurrir nuevamente en la
comisión de una infracción; de donde se concluye que el monto de la
multa, si bien atiende a las circunstancias especificas en que se
cometió la infracción, se da también en función de la capacidad
económica del partido infractor con el fin de inhibirlo para que en lo
futuro incurra en nuevas irregularidades.


Ahora bien, el artículo 276, párrafo primero, inciso b) del código de la
materia establece que las multas que se impongan por la comisión de
infracciones se deberán cuantificar en base en días de salario mínimo
general vigente diario en el Distrito Federal. Al respecto, este órgano
Jurisdiccional estima que el precepto legal invocado debe interpretarse
en el sentido de que si se sanciona una conducta efectuada en un
lugar y tiempo determinados, entonces el monto del salario mínimo
que se debe tomar como referencia para cuantificar la multa
respectiva, es el vigente al momento en que tuvo lugar la conducta
infractora.


Una interpretación contraria, representaría una violación a los
principios de certeza y objetividad que rigen la función electoral, y que
se encuentran establecidos en el párrafo segundo del artículo 3º del
Código Electoral del Distrito Federal, pues de llegarse a aceptar que la
cuantificación de una multa se realice con base en el salario mínimo
general vigente al momento en que la autoridad determine su
imposición, con independencia de la fecha en que se cometió la
infracción; ello implicaría la inclusión de un elemento diferente al que
existía al cometerse ésta, cuando es innegable que para cumplir con
los referidos principios, en la imposición de una sanción, únicamente
deberán ser consideradas las circunstancias que concurrieron en su
realización.


Así mismo, debe considerarse que durante el lapso que transcurre
entre la comisión de una infracción y la imposición de una multa, el
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal puede
tener incrementos, por tal motivo, sería contrario a los referidos
principios que la sanción en comento se cuantificara con base en un
salario más elevado al que estaba vigente en el momento en que se
cometió la falta.


Sentado lo anterior, este Tribunal procede a cuantificar la sanción que
le impondrá al partido político infractor, para lo cual multiplicará al
partido político infractor, para lo cual multiplicará el monto de la multa
por el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que
imperaba en el año dos mil, que ascendía a la cantidad de $37.90
(treinta y siete pesos 90/100 M.N.), determinado por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve.


En consecuencia, se impone al Partido del Trabajo en el Distrito
Federal una multa de $13,606.10 (trece mil seiscientos seis pesos
10/100 M.N.), equivalente a 359 (trescientos cincuenta y nueve) días
de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por
concepto de la infracción en que incurrió.


Así mismo, este Tribunal advierte que la multa impuesta, en relación a
la capacidad económica del infractor en el año dos mil dos, de
conformidad al financiamiento público otorgado al Instituto político
recurrente, representa el 0.38%, (cero punto treinta y ocho por ciento),
misma que deberá ser pagada por el Partido Político infractor, en
términos de los dispuesto por el artículo 277, inciso f) del Código
Electoral del Distrito Federal.


Por lo que respecta a la infracción dictaminada en el considerando IX
de la resolución recurrida, la cual se hizo consistir en:

       “9.2 BANCOS

       El partido realizó 30 pagos por un total de $222,296.00 (doscientos
       veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), en los que
       no expidió cheques nominativos, no obstante que en estos en forma
       individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces el salario
       mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por lo que
       incumplió con lo señalado en el numeral 12.1 de los Lineamientos del
       Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
       Recursos de los Partidos Políticos como se puede apreciar en el anexo
       15 del apartado 10 de este Dictamen.

       Esta irregularidad se considera sancionable.”

El Partido del Trabajo trasgredió lo dispuesto en el numeral 12.1 de los
Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el cual, a
continuación, se transcribe:
       “todo pago que efectúen los Partidos Políticos que rebasen la cantidad
       equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el
       Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque nominativo, con
       excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios
       contenidos en nóminas. A la documentación comprobatoria a que hace
       referencia este numeral deberán conservarse anexas las pólizas de los
       cheques”.


Cabe señalar que como el Partido apelante no dio contestación al
emplazamiento 'hecho dentro del procedimiento para determinación e
imposición de sanciones, la falta dictaminada subsiste en todos sus
términos.


Ahora bien, con el jeto de determinar la sanción que en derecho
corresponde al Partido infractor, este Tribunal Electoral pasa a
determinar la naturaleza de la infracción y el alcance de su gravedad,
tomando      en     consideración        las    circunstancias        favorables   y
desfavorables bajo los cuales el Partido infractor cometió la falta que le
ha sido determinada.


La irregularidad dictaminada consistió en que el Partido del Trabajo,
realizó 30 (treinta) pagos por un total de $222,296.00 (doscientos
veintidós mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), en las que
no expidió cheques nominativos, no obstante que éstos en forma
individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 (cien) veces el
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal.


En este orden de idea dicha infracción se originó en el deficiente
manejo de la administración del Partido político, que se tradujo en que
la falta dictaminada por la Comisión de Fiscalización, deba ser
considerada técnico-administrativo y técnico-contable.


Asimismo, la infracción en, estudio trajo como consecuencia que el
Partido Político recurrente incumpliera con la obligación establecida en
el artículo 25 inciso k) en relación con el diverso 66 incisos a) y b), del
Código Electoral del Distrito Federal y el numeral 12.1, de los
Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.


Para determinarla gravedad de la infracción cometida por el Partido
apelante, se tomarán en cuenta las circunstancias que objetivamente
puedan advertirse de los hechos que la generaron y que para este
Tribunal, son las siguientes:


a) No se advierte que se hayan afectado los principios del Estado
Democrático, el orden público, ni que se haya perturbado el goce de
las garantías o el funcionamiento regular de los órganos del gobierno;


b) No se acreditó que el Partido Político desviara recursos del
financiamiento público que recibió para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes correspondientes al año dos mil;


c) Se acreditó que las erogaciones correspondientes se efectuaron;


d) Las irregularidades en comento están relacionadas con cuestiones
formales, y deficiencias técnicas en cuanto a controles y registros
aspecto al manejo de los recursos, pero no quedó acreditado que
estén vinculados con malversaciones o desviaciones de fondos;


e) Que la infracción en comento no perjudicó derecho de terceros,
habida cuenta que no existe constancia alguna de reclamo por parte
de los proveedores cuyos créditos fueron cubiertos con los respectivos
cheques;


f) Que de acuerdo con la documentación comprobatoria en comento,
se advierte que la suma involucrada fue ejercida en actividades que
legalmente tienen encomendadas el Instituto Político como entidad de
interés público, por corresponder a sus gastos ordinarios:


g) Existe un incumplimiento a la obligación establecida en el artículo
25 inciso k) del Código Electoral del Distrito Federal, y al numeral 12.1,
de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal, para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos;


h) El Partido infractor, tuvo conocimiento de la norma, y por tanto
debió cumplirlas, toda vez que los citados lineamientos fueron
publicados con la debida anticipación al ejercicio dos mil.


Cabe señalar que a juicio de este Tribunal, las circunstancias
señaladas en los inicios del a) al f), son consideradas favorables,
mientras que las señaladas en los demás incisos deben ser
consideradas como desfavorables al Partido apelante.
La anteriores circunstancias valoradas en su conjunto conforme a las
reglas de la racionalidad práctica en las que descansa el arbitrio
judicial forman convicción en este Órgano resolutor de que la
infracción cometida por el Partido del Trabajo es grave, revistiendo un
grado de gravedad mínimo, en virtud de que el incumplimiento de la
norma no obedece a una conducta cuyo contenido sea una
prohibición, sino a una obligación que impone una acción, una
conducta positiva, denominada así por la doctrina, de hacer o realizar
cierta conducta, no a abstenerse de hacerla. Bajo este marco el
Tribunal Electoral considera que dado que toda obligación o deber
jurídico tiene, en relación con un sujeto de derecho, dos funciones,
esto es exigiendo una conducta o prohibiéndola y habida cuenta que el
legislador hace énfasis en el artículo 276, párrafo cuarto, in fine, del
Código Electoral local, en las obligaciones que contienen prohibiciones
calificándolas de graves, válidamente debe interpretarse que las
obligaciones que contienen mandamientos de efectuar conductas
deben calificarse también como graves; no obstante, al momento de
individualizar la sanción el monto previsto para tales conductas debe
ser menor, porque aun y cuando constituye el incumplimiento de una
obligación, lo es, en su vertiente de un hacer y no de un no hacer o
prohibición; por ello, justificada y razonablemente este Órgano
Colegiado interpreta que las prohibiciones tienen un mayor peso para
orientar el criterio del Tribunal al momento de individualizar la sanción
y, por ende, la sanción en el incumplimiento de las obligaciones que
ordenan un hacer son también graves, en razón de que tanto las
acciones como las abstenciones forman parte del concepto de
obligación jurídica porque ambas constituyen la exigibilidad de una
conducta; sin embargo, entre ambos contenidos de la obligación existe
una jerarquización señalada por el legislador, en cuya escala las
prohibiciones tienen un carácter más relevante; además, este Tribunal
toma en cuenta que no hubo beneficio económico en favor del Partido
del Trabajo sino un inadecuado control en el manejo de los recursos
asignados al Partido inconforme, al acreditarse el incumplimiento a la
obligación establecida en el artículo 25 inciso k) del Código Electoral
del Distrito Federal, consistente en que debió utilizar las prerrogativas
y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las disposiciones del
Código; ahora bien, una de estas disposiciones es la comprendida en
el artículo 66 del Código Electoral local, que señala que la Comisión
de Fiscalización establecerá lineamientos con bases técnicas para la
presentación de los informes de origen destino y monto de los
ingresos   de   las   asociaciones   políticas,   así   como   establecer
lineamientos para que las asociaciones políticas lleven el registro de
sus ingresos y egresos y la documentación comprobatoria para el
manejo de sus recursos. Estos ordenamientos son los Lineamientos
del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos. En el caso, el Partido recurrente
dejó de observar lo que establece el numeral 12.1, por ello, representa
una circunstancia desfavorable en perjuicio del Partido del Trabajo, de
tal forma que la sanción a imponer debe constituir un medio para evitar
que en el futuro no se presenten más anomalías de este tipo. En estas
condiciones, este Órgano Jurisdiccional Electoral estima que debe
imponerse al infractor, una MULTA, cuyo monto se deberá fijar
atendiendo a la garantía constitucional prevista en el primer párrafo del
artículo 22.
Lo anterior, en Virtud de que el Código Electoral no le prevé un
mecanismo para la determinación del monto de las multas, ya que solo
refiere el rango en que pueden oscilar, y que es como mínimo 50
(cincuenta) y como máximo 5000 (cinco mil) días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal.




En estas condiciones, la determinación en el monto de la multa a
imponer al Partido infractor, queda al arbitrio de este Tribunal, con la
limitación de que ésta no sea irracional, desproporcionada o excesiva.


Así, para proceder a la determinación de la cuantía de la multa, se
tomaran nuevamente las consideraciones que se adujeron para
calificar a la gravedad del infractor, pero, además, considerará el
monto involucrado, la capacidad económica del infractor y el hecho de
que no se acreditó que dicha irregularidad se haya; detectado en
revisiones anteriores.


Lo anterior, en concordancia a la tesis intitulada "MULTAS. DEBEN
EXPONERSE LAS RAZONES QUE DETERMINEN LA GRAVEDAD
DE LA INFRACCIÓN", misma que fue reproducida anteriormente.


Sentado lo anterior y como quedó explicado aunque la infracción
reviste el carácter de grave, su grado de gravedad es mínimo, ya que
no se acreditaron maquinaciones fraudulentas; empero, no debe pasar
por alto que se trata de una conducta que refleja un deficiente control
administrativo y contable, que le impidió a dicho instituto político
respaldar los gastos conforme a los lineamientos fijados por la
autoridad fiscalizadora.


Asimismo, debe hacerse notar que el monto involucrado en la
operación es de $222,296.00 (doscientos veintidós mil doscientos
noventa y seis pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa un 1.58 %
(uno punto cincuenta y ocho por ciento) respecto del financiamiento
público otorgado para actividades ordinarias permanentes en ese año
al infractor, que ascendió a la cantidad de $13,994,835.44 (trece
millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y cinco
pesos 30/100 M.N.), de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de
quince de enero de dos mil, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, el veintiocho del mismo mes y año.


Respecto a la capacidad económica del infractor, de acuerdo con el
financiamiento público que le fue otorgado para actividades ordinarias
permanentes, correspondientes al ejercicio de dos mil dos, fue, de $
3,572,180.85 (tres millones quinientos setenta y dos mil ciento ochenta
pesos 85/100 M.N.), de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal de
treinta y uno de enero de dos mil dos, publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, el dieciséis de abril de ese mismo año.


De igual forma, de las constancias que obran en autos, no se advierte
que el partido infractor tenga el carácter de reincidente respecto a la
falta dictaminada con relación a otros ejercicios.
Todas estas circunstancias orientan a este Órgano Jurisdiccional, para
estimar que el monto de la falta en examen se deberá ubicar dentro de
los rangos mínimos y máximos que establece el inciso b) del artículo
276 del Código Electoral del Distrito Federal, por tal motivo a
continuación este Tribunal desarrollará las reglas del procedimiento c
sancionatorio, cuyo propósito es establecer puntualmente el número
de días multa que corresponde imponer al Partido del Trabajo, en los
términos que a continuación se enuncian:


A) El artículo 276, inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal,
establece una multa que oscila entre 50 a 5 mil días de salario mínino
general vigente para el Distrito Federal.


B) La sanción mínima que contempla dicho artículo es 50 y la máxima
de 5000 días de salario mínimo general diario vigente, en el Distrito
Federal.


C) El punto medio es el que resulta de sumar el mínimo y el máximo
(5000 + 50 =5000) dividido tal resultado entre dos, arroja 2525 días de
salario mínimo general diario vigente, en el Distrito Federal.


D) El punto equidistante entre la mínima y la media, resulta de la suma
de ambas (50 +2,525= 2575), lo cual dividido entre dos, da como
resultado, 1287.5 días de salario mínimo general diario vigente, en el
Distrito Federal.
E) El punto equidistante entre la mínima (50) y la equidistante entre la
mínima y la media (1287.5 ) resulta de la suma de éstas (50 + 1287.5=
1337.5) y dividir el resultado entre dos, dando como resultado 668.75
días de salario mínimo general diario vigente, en el Distrito Federal.


Sentado lo anterior, a juicio de este Tribunal, el número de días de
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal que en
concepto    de multa debe aplicarse al Partido del Trabajo por la
comisión de la infracción en estudio asciende a 668.75, sin embargo, a
fin de estar a lo más favorable al infractor y en virtud de que el Código
de la materia no establece la posibilidad de que la sanción en comento
se imponga con base en fracciones de días, se tomará el número
entero inmediato inferior, es decir, 668 días, que representa un monto
asequible de acuerdo a las posibilidades económicas del Infractor.


Tal determinación deriva del arbitrio del que goza esta autoridad para
individualizar la sanción que se impone, tomando en cuenta las
circunstancias exteriores que concurrieron en la comisión de la falta y
las condiciones del Partido del Trabajo, y la finalidad que persigue la
aplicación de sanciones en materia electoral, en el sentido de que no
solamente debe entenderse como una medida represiva, sino también
como un carácter correctivo preventivo, a fin de que la asociación
política de que se trate, omita incurrir nuevamente en la comisión de
una infracción; de donde se concluye que el monto de la multa, si bien
atiende a las circunstancias específicas en que se cometió la
infracción, se da también en función de la capacidad económica del
partido infractor con el fin de inhibirlo para que en lo futuro incurra en
nuevas irregularidades.


Ahora bien, el artículo 276 párrafo primero, inciso b) del Código de la
materia establece que las multas que se Impongan por la comisión de
infracciones se deberán cuantificar con base en días de salario mínimo
general vigente diario en el Distrito Federal. Al respecto, este Órgano
Jurisdiccional estima que el precepto legal invocado debe interpretarse
en el sentido \6e que si se sanciona una conducta efectuada en un
lugar y tiempo determinados, entonces el monto del salario mínimo
que se debe tomar como referencia para cuantificar la multa
respectiva, es el vigente al momento en que tuvo lugar la conducta
infractora.


Una interpretación contraria, representaría una violación a los
principios de certeza y 0tétividad que rigen la función electoral, y que
se encuentran establecidos en el párrafo segundo del artículo 3° del
Código Electoral del Distrito Federal, pues de llegarse a aceptar que la
cuantificación de una multa se realice con base en el salario mínimo
general vigente al momento en que la autoridad determine su
imposición, con independencia de la fecha en que se cometió la
infracción; ello implicara la inclusión de un elemento diferente al que
existía al cometerse ésta, cuando es innegable que para cumplir con
los referidos principios, en la imposición de una sanción únicamente
deberán ser consideradas las circunstancias que concurrieron en su
realización.
Así mismo, debe considerarse que durante el lapso que transcurre
entre la comisión de una infracción y la imposición de una multa, el
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal puede
tener incrementos, por tal motivo, sería contrario a los referidos
principios que la sanción en comento se cuantificara con, base en un
salario más elevado al que estaba vigente en el momento en que se
cometió la falta.


Sentado lo anterior, este Tribunal procede a cuantificar la sanción que
le impondrá al partido político infractor, para lo cual multiplicará el
monto de la multa por el salario mínimo general diario vigente para eI
Distrito Federal, que imperaba en el año dos mil, que ascendía a la
cantidad de $37.90 (treinta y siete pesos 90/100 M.N.), determinado
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el día treinta y uno de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve.


En consecuencia, se impone al Partido del Trabajo en el Distrito
Federal una multa de $25,317.02 (veinticinco mil trescientos diecisiete
pesos 02/100 M.N.), equivalente a 668 (seiscientos sesenta y ocho)
días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal,
por concepto de la infracción en que incurrió.


Así mismo este Tribunal advierte que la multa impuesta en relación a
la capacidad económica del infractor en el año dos mil dos, de acuerdo
con el financiamiento público otorgado al instituto político recurrente,
representa el 0.70 %, (cero punto setenta por ciento); misma que
deberá ser pagada por el Partido Político infractor, en términos de lo
dispuesto por el artículo 277 inciso f) del Código Electoral del Distrito
Federal.


Finalmente, por lo que respecta a la sanción impuesta en el
Considerando X, de la resolución recurrida, en la que se determinó:



       "9.4 ASPECTOS GENERALES

       El Partido no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 30, fracción
       I, inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal que establece: "Cada
       Partido Político deberá destinar anualmente por lo menos el 2% del
       financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus
       Fundaciones o Institutos de investigación" el importe a destinar debió
       ser por $279,896.70 (dos cientos setenta y nueve mil ochocientos
       noventa y seis pesos 70/100 M.N.).

       Esta irregularidad se considera sancionable."

En este sentido dicha infracción se originó en el deficiente manejo de
la administración del Partido infractor, por lo que ésta debe ser
considerada como técnico-administrativo y técnico-contable.


La infracción en estudio, trajo como consecuencia que el Partido
Político recurrente, incumpliera con la obligación establecida en los
artículos 25 inciso k) en relación con el 30, fracción I, inciso c) del
Código Electoral del Distrito Federal, mismos que disponen:


       "Artículo 25. Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:

       …

       k) Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de
       acuerdo a las disposiciones de este Código;
       …"


       "Artículo 30. Los Partidos Políticos con representación en la Asamblea
       Legislativa del Distrito Federal, tendrán derecho al financiamiento
       público de sus actividades, ir dependientemente de las demás
       prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones
       siguientes:

       I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

       …

       e) Cada Partido Político deberá destinar anualmente por lo menos el 2%
       del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus
       fundaciones o institutos de investigación.”


Ahora bien, para determinar la gravedad de la infracción cometida por
el Partido impugnante, se observarán las circunstancias que
Objetivamente puedan advertirse de los hechos que la generaron y
que, para este Tribunal Electoral, son las siguientes:


a) No se advierte que se hayan afectado los principios del Estado
Democrático, el orden público, ni que se haya perturbado el goce de
las garantías o el funcionamiento regular de los órganos del gobierno;


b) No se acreditó que el Partido, Político desviara recursos del
financiamiento público que recibió para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes correspondientes al año dos mil;


c) No se trata de una conducta reiterada del partido


d) Al no haber desarrollado fundaciones o institutos de investigación
se generó un estancamiento en el conocimiento de la cultura política
electoral, lo que se tradujo en el menoscabo de valores tales como la
democracia interna del Partido del Trabajo, hasta la recta observación
de las disposiciones establecidas en el Código de la materia, dentro y
fuera del proceso comicial;


e) Que con la transgresión a los artículos 25 inciso k) en relación con
el diverso 30, fracción I, inciso c) del Código Electoral del Distrito
Federal el instituto apelante dejó de manejar en forma adecuada los
recursos con que cuenta como entidad de interés público para el
cumplimiento de sus actividades.


f) El Partido Político, recurrente tuvo conocimiento de la norma y, por
lo tanto debió, cumplirla, toda vez que el Código de la materia es de
orden público y observancia general, en el Distrito Federal, y fue
aprobado el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho,
y publicado el cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, en
la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación.


g) No causó perjuicio al interés público, no menos cierto es que
implicó un detrimento para los derechos de los militantes del partido,
quienes no contaron con los insumas previstos legalmente para el
desarrollo de tales fundaciones e institutos de investigación


h) Que el partido político infractor tuvo en todo momento la
oportunidad y facilidad para cumplir con la obligación en comento,
habida cuenta que al estar prevista en el código de la materia, Mismo
que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de
enero de mil novecientos noventa y nueve, debió ser de su
conocimiento, máxime cuando se trate de una disposición de orden
público que rige la vida política de esta ciudad y que no es la primera
vez que el partido apelante rinde informes de esta naturaleza.


Cabe señalar que a juicio de este Tribunal, las circunstancias
señaladas en los incisos del a) al c), son consideradas favorables,
mientras que las señaladas en los           demás incisos deben ser
consideradas como desfavorables al Partido apelante.

La anteriores circunstancias, valoradas en su conjunto conforme a la
racionalidad práctica en las que descansa el arbitrio judicial, forman
convicción en este órgano resolutor de que la infracción cometida por
el Partido del Trabajo es grave, revistiendo un grado de gravedad
mínimo, en virtud de que el incumplimiento de la norma no obedece a
una conducta cuyo contenido sea una prohibición, sino a una
obligación que impone una acción, una conducta positiva, denominada
así por la doctrina, de hacer o realizar cierta conducta, no a
abstenerse de hacerla. Bajo este marco el Tribunal Electoral considera
que dado que toda obligación o deber jurídico tiene, en relación con un
sujeto de derecho, dos funciones, esto es, exigiendo una conducta o
prohibiéndola y habida cuenta que el legislado hace énfasis en el
artículo 276, párrafo cuarto, in fine, del Código Electoral local, en las
obligaciones que contienen prohibiciones calificándolas de graves,
válidamente debe interpretarse que las obligaciones que contienen
mandamientos de efectuar conductas deben calificarse también como
graves; no obstante, al momento de individualizar la sanción el monto
previsto para tales conductas debe ser menor, porque aun y cuando
constituye el incumplimiento de una obligación, lo es, en su vertiente
de y no de un no hacer d prohibición; por ello, justificada y
razonablemente     este    Órgano    Colegiado     interpreta   que    las
prohibiciones tienen un mayor peso para orientar el criterio del
Tribunal al momento de individualizar la sanción y, por ende, la
sanción en el incumplimiento de las obligaciones que ordenan un
hacer son también graves, en razón de que tanto las acciones como
las abstenciones forman parte del concepto de obligación jurídica
porque ambas constituyen la exigibilidad de una conducta; sin
embargo, entre ambos contenidos de la obligación existe una
jerarquización señalada por el legislador, en cuya escala las
prohibiciones tienen un carácter más relevante; además, este Tribunal
toma en cuenta que no hubo beneficio económico en favor del Partido
del Trabajo sino un inadecuado control en el manejo de los recursos
asignados al Partido inconforme, sin embargo, al acreditarse el
incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 25 inciso k)
del Código Electoral del Distrito Federal, consistente eh que debió
utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo
a las disposiciones del Código, ahora bien, una de esta disposiciones
es la comprendida er1, el artículo 30, fracción I, inciso e) del Código de
la materia, que al incumplirla generó un estancamiento en el
conocimiento de la cultura política electoral, lo que se tradujo en el
menoscabo de valores tales como la democracia interna del Partido
del Trabajo, hasta la observación de las disposiciones establecidas en
el Código Electoral local, dentro y fuera del proceso comicial; cuando
el Partido Político, recurrente tuvo conocimiento de la norma y, por lo
tanto debió cumplirla toda vez que el Código de la materia es de orden
público y observancia general, en el Distrito Federal; circunstancias
que son desfavorables para, el Partido del Trabajo, de tal forma que la
sanción a imponer debe constituir un medio para evitar que en el
futuro no se presenten más anomalías de este tipo.


En estas condiciones, este Órgano Jurisdiccional Electoral estima que
debe imponerse una MULTA, cuyo monto se deberá fijar atendiendo a
la garantía constitucional, prevista en el primer párrafo del artículo 22.


Lo anterior, en virtud de que el Código Electoral no prevé un
mecanismo para la determinación del monto de las multas, ya que solo
refiere el rango en que pueden oscilar, y que es como mínimo 50
(cincuenta) y como máximo 5000 (cinco mil) días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal.


En estas condiciones, la determinación en el monto de la multa a
imponer al Partido infractor, queda al arbitrio de Tribunal, con las
limitaciones de que ésta no sea irracional, desproporcionada o
excesiva.


Así, para proceder a la determinación de la cuantía de la multa, se
tomaran nuevamente las consideraciones que se adujeron para
calificar a la gravedad de la infracción, pero además se tomará en
cuenta el monto involucrado, la capacidad económica del infractor y el
hecho de que no se acreditó que dicha irregularidad se haya detectado
en revisiones anteriores; de acurdo con el criterio sostenido en la tesis
intitulada "MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE
DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN”, transcrita
anteriormente.


Sentado lo anterior, y como quedó explicado aunque la infracción
reviste el carácter de grave su grado de gravedad es mínimo; en la
que no se acreditó la existencia maquinaciones fraudulentas empero,
no puede pasar por alto que se trata de una conducta que refleja el
incumplimiento total el artículo 30, fracción primera, inciso c) del
Código Electoral del Distrito Federal.


Así mismo, debe hacerse notar que el monto involucrado es de
$279,896.70 (doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y
seis pesos 70/100 M.N.), que representa un 1.9 % (uno punto nueve
por ciento), respecto financiamiento público que le fue otorgado para
actividades ordinarias permanentes, correspondientes al ejercicio de
dos mil, que ascendió a ($13,994,835.44 (trece millones novecientos
noventa y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 44/100 M.N.),
de conformidad a lo dispuesto en el acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal de quince de enero de dos mil,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintiocho del
mismo mes y año.


Respecto de la capacidad económica del infractor asciende a la
cantidad   de    $3,572,180.85    pesos    de    conformidad    con    el
financiamiento público que le fue otorgado para actividades ordinarias
permanentes, correspondientes al ejercicio de dos mil dos en términos
del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal de treinta y uno de enero de dos mil dos publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el/dieciséis de abril de ese mismo
año.


Ahora bien, de las constancias que obran en autos no se advierte que
el Partido infractor tenga el carácter de reincidente respecto a la falta
dictaminada con relación a otros ejercicios.


Todas estas circunstancias orientan a este Órgano Jurisdiccional, para
estimar que el monto de la falta en examen se deberá ubicar dentro de
los rangos mínimos y máximos que establece el inciso b) del artículo
276 del Código Electoral del Dist6lto Federal, por tal motivo a
continuación este Órgano Jurisdiccional, desarrollará las Federal.


B) La sanción mínima que contempla dicho artículo es 50 y la máxima
de 5000, días de salario mínimo general diario vigente, en el Distrito
Federal.


C) El punto medio es el que resulta de sumar el mínimo y el máximo
(5000 + 50 = 5050), dividido tal resultado entre dos, arroja 2525 días
de salario mínimo general diario vigente, en el Distrito Federal.


D) El punto equidistante entre la mínima y la media, resulta de la suma
de ambas (50 + 2,525= 2575), lo cual dividido entre dos, da como
resultado, 1287.5 días de salario mínimo general diario vigente, en el
Distrito Federal.


Sentado lo anterior, a juicio de este Tribunal, el número de días de
salario mínitn0 general diario vigente para el Distrito Federal que en
concepto de multa debe aplicarse al Partido del Trabajo por la
comisión de la infracción en estudio asciende a 1287.5, sin embargo, a
fin de estar a lo más favorable al infractor y en virtud de que el Código
de la materia no establece la posibilidad de        que la sanción en
comento se imponga con base en fracciones de días, se tomará el
número entero inmediato inferior, es decir, 1287 días, que representa
un monto asequible de acuerdo a las posibilidades económicas del
infractor.


Tal determinación deriva del arbitrio del que goza esta autoridad para
individualizar la sanción que se impone, tomando en cuenta las
Circunstancias exteriores que concurrieron en la comisión eje la falta y
las condiciones particulares del Partido del Trabajo, y la finalidad que
persigue la aplicación de sanciones en materia electoral, en el sentido
de que no solamente debe entenderse como una medida represiva,
sino también como un carácter correctivo-preventivo, a fin de que la
asociación política de que se trate, omita incurrir nuevamente en la
comisión de una infracción; de donde se concluye que el monto de la
multa, si bien atiende a las circunstancias especificas en que se
cometió la infracción, se da también en función de la capacidad
económica del partido infractor con el fin de inhibirlo para que en lo
futuro incurra en nuevas irregularidades.
Ahora bien, el artículo 276 párrafo primero, inciso b) del Código de la
materia establece, que las multas que se impongan por la comisión de
infracciones se deberán cuantificar con base en días de salario mínimo
general vigente diario en el Distrito Federal. Al respecto, este Órgano
Jurisdiccional   estima   que,   el   precepto   legal   invocado   debe
interpretarse en el sentido de que si se sanciona una conducta
efectuada en un lugar y tiempo determinados, entonces el monto de
salario mínimo que se debe tomar como referencia para cuantificar la
multa respectiva, es el vigente al momento en que tuvo lugar la
conducta infractora.


Una interpretación contraria, representaría una violación a los
principios de certeza y objetividad que rigen la función electoral, y que
se encuentran establecidos en el párrafo segundo del artículo 3º del
Código Electoral del Distrito Federal, pues de llegarse a aceptar que la
cuantificación de una multa se realice con base en el salario mínimo
general vigente al momento en que la autoridad determine su
imposición, con independencia de la fecha en que se cometió la
infracción; ello implicaría la inclusión de un elemento diferente al que
existía al [cometerse ésta, cuando es innegable que para cumplir con
los referidos principios, en la imposición de una sanción, únicamente
deberán ser consideradas las circunstancias que concurrieron en su
realización.


Así mismo, debe considerarse que durante el lapso que transcurre
entre la comisión de una infracción y la imposición de una multa, el
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal puede
tener incrementos, por tal motivo, sería contrario a los referidos
principios que la sanción en comento se cuantificara con base en un
salario más elevado al que estaba vigente en el momento en que se
cometió la falta.


Sentado lo anterior, este Tribunal procede a cuantificar la sanción que
le impondrá al partido político infractor, para lo cual multiplicará el
monto de la multa por el salario mínimo general diario vigente para el
Distrito Federal, que imperaba en el año dos mil, que ascendía a la
cantidad de $37.90 (treinta y siete pesos 90/100 M.N.), determinado
por la Nacional de Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve.


En consecuencia, se impone al Partido del Trabajo en el Distrito
Federal una multa de $48,777.30 (cuarenta y ocho mil setecientos
setenta y siete pesos 30 1100 M.N.), equivalente a 1287 (mil
doscientos ochenta y siete) días de salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal, por concepto de la infracción en que
incurrió.


Así mismo, este Tribunal advierte que la multa impuesta en relación a
la capacidad económica del infractor en el año dos mil dos, de acuerdo
con el financiamiento público otorgado al instituto político recurrente,
representa el 1.36 %, (uno punto treinta y seis por ciento), misma que
deberá ser cubierta por el Partido Político infractor, en términos de lo
dispuesto por el artículo 277 inciso f) del Código Electoral del Distrito
Federal.


XIII. Ahora bien, tomando en consideración que el impugnante no hizo
valer agravio alguno respecto de las sanciones determinadas en los
Considerandos V, VI y VII de la resolución impugnada, éstas subsisten
en todos sus términos.


En relación a los agravios esgrimidos en contra de las sanciones
establecidas en los Considerandos VIII, IX y X, éstos resultan
parcialmente fundados; en consecuencia con fundamento en el párrafo
primero del artículo 269 del Código Electoral local, este Tribunal
procede a modificar la resolución del veintiocho de febrero de dos mil
dos, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, dentro del procedimiento para la determinación e imposición
de sanciones incoado al Partido del Trabajo, con motivo del Dictamen
Consolidado rendido por la Comisión de Fiscalización del propio
Instituto en relación a los informes anuales de origen, destino y montos
de los ingresos de los Partidos Políticos, en los términos precisados en
el Considerando que antecede y a ordenar a la autoridad responsable
que dé publicidad a los puntos resolutivos de la presente sentencia, a
través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los
estrados y en la página de internet del citado instituto, porque a través
de estas vías se dio publicidad a la resolución que en este acto se
modifica.


Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se
                            R E S U E L V E:


PRIMERO.- Es PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de apelación
interpuesto por el Partido del Trabajo, por medio de su representante
suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, ciudadano Víctor Hugo Martínez Alvarado, de conformidad
con los Considerandos VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de esta sentencia.


SEGUNDO.- En consecuencia, se MODIFICA la resolución emitida el
veintiocho de febrero de dos mil dos por el Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en sus Considerandos VIII, IX y
X y puntos resolutivos CUARTO, QUINTO Y SEXTO, en términos
precisados en el Considerando XIII de la presente resolución.


CUARTO.- NOTIFÍQUESE: personalmente al Partido del Trabajo, en
el domicilio ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 47, Colonia
Roma, Delegación Cuauhtémoc, y mediante oficio a la autoridad
responsable, acompañándoles copia certificada de la presente
resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 248 del
Código Electoral del Distrito Federal. En su oportunidad, archívese el
presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.



Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los integrantes del

Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Magistrados Raciel

Garrido Maldonado, Presidente; Juan Martinez Veloz, Hermilo Herrejón
Silva, quien fue el ponente; Pedro Rivas Monroy y Rodolfo Terrazas

Salgado, ante el Secretario General Alejandro Cárdenas Camacho, quien

autoriza y da fe.




                    RACIEL GARRIDO MALDONADO

                           MAGISTRADO




HERMILO HERREJÓN SILVA           JUAN MARTÍNEZ VELOZ



       MAGISTRADO                      MAGISTRADO




PEDRO RIVAS MONROY RODOLFO TERRAZAS SALGADO

     MAGISTRADO                        MAGISTRADO




                              DOY FE
ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO

    SECRETARIO GENERAL

				
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