Horas cruciales
Silencio Que al mundo asoma La Gran Deudora del Sur. DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (1811-1888)
La sequedad de Rodrigo Rato hizo que Roberto Lavagna perdiera sus maneras diplomáticas y le respondiera en el mismo tono tajante. Rato hablaba desde su oficina de Washington. Lavagna, desde la soledad del amplio despacho del Ministerio de Economía remodelado unos años antes por Domingo Cavallo. Aquel 28 de julio de 2004, el flamante titular del Fondo comunicaba al ministro una decisión de graves consecuencias económicas y políticas: el FMI no iba a aprobar las metas del acuerdo firmado entre el organismo y la Argentina, lo cual implicaba que el país perdía el paraguas financiero de la entidad. La Argentina tendría que hacer una oferta a los acreedores sin el aval del Fondo Monetario. ––Ministro, lo llamo para notificarle de que la revisión y aprobación del acuerdo con la Argentina no está, por ahora, en la agenda del directorio del Fondo Monetario. La decisión se adoptó porque ustedes no avanzaron en las reformas estructurales comprometidas en la carta de intención de marzo. ––La decisión del Fondo refleja la mala voluntad que tiene el organismo hacia la Argentina ––contestó Lavagna. Cuando Rato fue elegido el 4 de mayo como presidente del FMI, los adulones del poder que abundan en Buenos Aires se encargaron de difundir un superficial análisis del cambio: el conocimiento que Rato tenía de la Argentina y la circunstancia de que hablara la misma lengua podrían facilitar el diálogo con Néstor Kirchner. Pero a Rato ––entonces–– sólo lo preocuparon tres cosas. La primera era de índole política: alinearse decididamente con el Grupo de los Siete, formado por las naciones más poderosas del mundo que habían bendecido su nombramiento; la segunda, de tipo personal: pedirle a los periodistas acreditados en el Fondo que no lo llamaran Rodrigo Rato, como había hecho la prensa española durante su etapa de ministro de Economía de Aznar. El nuevo presidente quería ser conocido como Rodrigo de Rato y Figaredo.
Un diálogo áspero
Su diálogo con Lavagna fue muy áspero. Los dos se echaron en cara cuestiones personales atragantadas desde hacía tiempo. Rato acusó al ministro argentino de no respetar la palabra dada cuando le recordó el préstamo de mil
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millones de dólares otorgado por España en el peor momento de la crisis argentina. Como ministro de Economía, Rato había jugado un papel decisivo en la concesión de ese préstamo que Lavagna, en vez de devolver, había incluido en la cuenta del default. El ministro retrucó y acusó a Rato de exagerar su dureza hacia la Argentina sólo por complacer a los funcionarios del G7. Le dijo: ––El Fondo Monetario tomó partido por la posición de los acreedores privados y, por primera vez en la historia reciente, no va a acompañar una reestructuración de la deuda como lo hizo en la negociación del default de Rusia y Ecuador. ––¿Por qué vamos a acompañar? La Argentina no cumplió el compromiso de hacer una propuesta sustentable para salir del default que tenga una amplia aceptación, del orden del 80%, como tuvieron otras reestructuraciones y como necesita la Argentina para superar el problema. ––Si bien es favorable que haya un amplio grado de aceptación, eso sólo es conveniente si la oferta es consistente con la capacidad de pago del país. Rato siguió con la ofensiva: ––La Argentina podría mejorar los pagos sin un mayor ajuste fiscal, revaluando el peso en un 22% y dejando el dólar a un valor de 2,3 pesos. ––Eso es políticamente imposible porque ataca el corazón del modelo de reactivación. ––La Argentina tampoco renegoció los contratos de los servicios públicos ni fijó una senda de aumento de las tarifas, como usted se comprometió en marzo, y tampoco avanzaron en elaborar una nueva ley de coparticipación de impuestos. Lavagna se defendió: ––Eso es una cuestión de política interna y depende del Parlamento. ¿Qué quiere? ¿Qué vulneremos la Constitución y avasallemos a las provincias? Es altamente cuestionable que el FMI imponga condiciones estructurales con medidas que van más allá de las atribuciones del gobierno en un régimen republicano. ––Para el directorio del Fondo, el país asociado es la Argentina. Los problemas políticos internos son una cuestión interna que deben resolver sus dirigentes. ––Ustedes han hecho una autocrítica del pasado. Pero eso no sirve si el Fondo no repara sus errores. Ya el organismo incurrió en una severa equivocación en el diagnóstico, lo que llevó a sugerir recomendaciones inadecuadas. ––Mire, ministro, los incumplimientos argentinos son constantes. Hacen anuncios y firman promesas pero después hacen otra cosa cuando instrumentan las medidas.1 El diálogo terminó en el momento en que ambos se convencieron de la imposibilidad de cambiar la opinión del otro. Estaban a punto de comenzar los agravios personales, más propios de una cancha de fútbol que de dos calificados funcionarios que negocian la deuda externa. Lavagna reunió a su equipo negociador de inmediato y les contó la conversación con el español. Reconoció que le había disgustado el intercambio de opiniones. Rato hizo otro tanto, según una confidencia hecha en el
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Banco Central por el representante permanente adjunto del Fondo en Buenos Aires, Luis Cubbedú: “Tengo entendido que fue una conversación mala, que estuvo al borde de los agravios personales y que generó un disgusto personal en Rato”. Unos días después, Lavagna distribuyó un documento oficial que ratificaba parte de lo que había expuesto frente a Rato: “El cuerpo técnico del FMI no parece totalmente preparado para hacer frente a una situación de crisis como la que tuvo la Argentina”. Rato, que entonces viajaba por África, respondió displicente desde Gabón. Confirmó que el FMI no aprobaría las metas y recordó todos los incumplimientos de Lavagna en política económica. Se refirió al texto de una carta de intención firmada por el ministro el 10 de marzo, que nunca había sido llevada adelante.
Sin el apoyo del G7
La conversación telefónica y el cruce a través de los medios de información eran el corolario de una vertiginosa negociación y el fruto de una decisión tomada unos días antes por el Grupo de los Siete contra la Argentina. El domingo 18 de julio, los viceministros de finanzas del G7 se habían encontrado en una reunión top secret en California, invitados por el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor. Los delegados europeos y del Japón se quejaron de la desigualdad entre la palabra empeñada por el Ministerio de Economía de la Argentina y los hechos producidos por Lavagna. Dijeron que el ministro prometía pero después no implementaba. Sin el habitual apoyo de Taylor, a quien sólo le preocupaba entonces la campaña electoral de George W. Bush, el grupo resolvió dejar al equipo económico argentino librado a su suerte. La decisión del G7 se convertió, prácticamente, en una orden para el directorio del Fondo. Dos días después, el 20 de julio, los dirigentes del FMI fueron convocados a una reunión informal. El director del Hemisferio Occidental del organismo, Anoop Singh, detalló ocho incumplimientos de la Argentina y aumentó la mala predisposición de los directores hacia el equipo económico. El italiano Pier Carlo Padoan acusó a los funcionarios argentinos de “mala fe”. El japonés Shigeo Kashiwagi habló de “la necesidad de que los funcionarios respeten los compromisos asumidos frente al FMI”. El delegado de Lavagna en el directorio del Fondo, Héctor Torres, resumió el encuentro en un memo confidencial de tres carillas que envió al ministerio. Terminaba así: “Ministro, la reunión informal del directorio fue muy negativa”.2 Dos días después, Lavagna convocó en su despacho a un encuentro secreto del equipo económico para rearmar la estrategia de negociación. Unas semanas antes, el ministro había elevado a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos la oferta internacional de pago a los acreedores con las modificaciones del 1º de junio. La nueva propuesta de junio aumentaba los pagos a los bonistas en más de un ciento cincuenta por ciento, en relación
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con la primera oferta hecha en Dubai. En lugar de 8 centavos, reconocía la devolución de 25 centavos por cada dólar adeudado.3 Pero la reunión informal del Fondo del 20 de julio dejaba esa propuesta sin paraguas político internacional. A pesar de que la Argentina hacía un esfuerzo por ofrecer mayores pagos, no tenía el aval del Fondo, necesario para bendecir la salida del default, ni tampoco el apoyo ––más importante, tal vez–– del G7. El 22 de julio, por primera vez, Lavagna y su equipo evaluaron una salida a la encerrona internacional. Ese día habló con sus colaboradores acerca de una propuesta de pago a los acreedores que no incluyera el acuerdo del FMI y del influyente G7. No se trataba de una decisión propia. La Argentina se adaptaba a la situación en la cual la habían puesto los poderosos en los centros financieros internacionales. De hecho, Lavagna se veía forzado a recorrer el camino inverso al que había elegido desde su asunción como ministro en mayo de 2002. En los veintiocho meses transcurridos desde entonces, el ministro siempre había buscado entrar en un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional para asegurar una garantía frente a los acreedores privados. En la reunión del equipo, primero se habló de los riesgos implícitos en una oferta sin el paraguas político internacional. Después, buscaron la forma de presentarlo en los medios de modo que no pareciera lo que en verdad era: un fracaso en las negociaciones. Tratarían de hacerla parecer como una decisión autónoma, parte de una estrategia de Hacienda. Así se lo dijo el ministro a sus colaboradores: ––No tenemos apoyo pero no podemos presentarlo así, porque sería admitir un fracaso político. Tenemos que presentar el nuevo escenario como una decisión propia y que cambiamos la estrategia para hacer nuestra propia política económica porque actuamos como un país soberano.4 El 23 de julio escribí en una nota los detalles de esa reunión del equipo económico. La única respuesta que obtuve entonces de Hacienda fue el silencio más absoluto. Cinco días más tarde tuvo lugar la dura conversación telefónica entre Rato y Lavagna que terminó por decidir la nueva estrategia del ministro. El Fondo no ayudaba: había que convertir el fracaso en virtud. El FMI hizo trascender que había postergado la revisión del acuerdo. En efecto, se había caído el programa; de hecho, la Argentina ya no tenía convenio con el FMI. Confirmando la decisión, la cúpula del Fondo decidió tomarse el mes de agosto de vacaciones sin responder antes a Lavagna. Rodrigo Rato se fue a África, Anne Krueger, fuera de Washington (nunca se supo a dónde) y Anoop Singh, a la India.
Manipulando la información
La operación política que enhebraba el equipo económico era riesgosa. Objetivamente, era muy difícil convertir en una decisión propia y beneficiosa para la Argentina lo que había sido el resultado de la presión del Fondo. Más aún, hacerlo sin que eso generase el descrédito internacional.
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En primer lugar, porque esa supuesta decisión “autónoma” obligaba a la Argentina a incrementar los pagos al FMI con cargo a las reservas del Banco Central. El Fondo no sólo dejaba de girar un reembolso previsto de 728 millones de dólares, también iba a trabar un giro del Banco Mundial por otros 250 millones de dólares. Por otro lado, el congelamiento obligaba a que nuestro país cancelara con billetes propios otra parte de la deuda de capital con vencimiento antes de fin de 2004 por un total de 1.450 millones de dólares. A pesar de todo, imperaba el optimismo. En definitiva, la operación político-mediática decidida formaba parte de la estrategia global instrumentada por Lavagna desde el comienzo de la negociación con el exterior: hacerse el duro e intransigente en público para negociar en privado las condiciones de los acuerdos. El sábado 7 de agosto Lavagna puso en marcha la operación. Ese día salió a decir que el Palacio de Hacienda tomaba la medida por decisión propia: “Vamos a postergar el acuerdo con el FMI hasta no salir del default, porque vamos a darle prioridad a la discusión del canje con los acreedores privados”. Lavagna utilizó la estrategia política de orientar la información desde el inicio de su ministerio durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Una de las primeras veces fue en el 2002, cuando anunció que negociaba un amplio acuerdo con el FMI y, en verdad, se trataba sólo de un convenio transitorio con postergación de vencimientos y sin un solo dólar de “plata fresca”. La tendencia al doble discurso de Hacienda se acentuaría a partir de las negociaciones con el exterior del período de Néstor Kirchner. Sería una de las dos constantes de aquellas conversaciones. La otra fue sin duda la extraordinaria dureza de las negociaciones. Los funcionarios argentinos enfrentaban a un Fondo Monetario Internacional que no aceptaba su corresponsabilidad en la crisis, como tampoco querían asumirla los bancos que habían ganado jugosas comisiones colocando los bonos emitidos por la Argentina entre jubilados y pequeños ahorristas de todo el mundo. Con Kirchner, el discurso público de la Argentina contra el Fondo fue duro y contestatario como nunca lo había sido antes. La estrategia mejoraba la percepción que el pueblo tenía del gobierno a la vez que instalaba la idea de que el país no otorgaba concesiones al FMI. Pero el discurso no evitaría que el Palacio de Hacienda siguiera jugando con las reglas del organismo. La Argentina se había dado el lujo de rechazar algunas de las medidas sugeridas por el FMI, pero asumía la obligación de cancelar deuda de capital con el Fondo como no lo había hecho antes. De esta manera el Fondo lograba uno de sus objetivos principales: reducir su riesgo de exposición con la Argentina. Hasta ese momento, lo normal era que la Argentina no pagase las deudas con el FMI. Cuando llegaba un vencimiento, éste se refinanciaba a través de un nuevo préstamo. Pero en los últimos años la política se había modificado, y Lavagna aceptaba cancelar con reservas propias las obligaciones. Desde la declaración del default hasta septiembre de 2004 se pagaron 8.852 millones de dólares a los organismos financieros internacionales. De ellos, la mitad correspondió a devoluciones del capital. Además, la ruptura de las negociacio17
nes de julio obligó a la Argentina a abonar en los últimos seis meses de 2004 unos 1.450 millones de dólares adicionales. Es decir que en la misma época en que recrudecía el discurso contestatario contra el Fondo, la Argentina le abonaba en efectivo alrededor de diez mil millones de dólares a las tres principales entidades de financiación multilateral: el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un monto que equivale al 50% de las reservas que tiene el Banco Central a fines de 2004.5
una mejora en el nivel de actividad, pero también porque muchas áreas del Estado, especialmente las vinculadas a la asistencia, como acción social y obras públicas, gastaron mucho menos de lo establecido en el presupuesto. El aumento del superávit no viene del aire sino que afecta a la sociedad. Son fondos que se obtienen del bolsillo de los particulares. Por medio de una mayor presión fiscal, van a parar a las arcas estatales, en parte para cancelar deudas con el FMI. Al mantener la estructura tributaria de los noventa, los mayores impuestos no profundizaron en la redistribución del ingreso que habría mejorado la situación de los más pobres y de la maltratada clase media.
El superávit “inalcanzable” Los cambios de Dubai
El doble discurso se repetiría con la oposición al aumento del superávit fiscal reclamado por el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino lo rechazó sistemáticamente argumentando que el tope de ahorro fiscal sería del 3%. El discurso público sobre este punto incurrió en al menos tres contradicciones: • En primer lugar, por mucho que abominara de él, Roberto Lavagna aceptó el criterio del FMI de la pauta creciente en el superávit desde el acuerdo de septiembre de 2003. En el punto octavo de la carta de intención firmada por el ministro y elevada al FMI el 10 de septiembre de 2003, el equipo económico se comprometió a un superávit fiscal creciente para cancelar los compromisos externos en los años 2004, 2005 y 2006. De ahí que en el presupuesto para el año 2004 se estableciera un superávit de la administración central del 2,4% y otro para todo el país (incluyendo a las provincias) del 3%. Para el 2005 se propone aumentar el primero al 2,8%, y el total al 3,9%. • Por otro lado, la meta del 3% que el gobierno defendía como sustentable y alcanzable era de por sí muy elevada y poco consistente con la historia económica argentina. El gobierno promociona ese supuesto tope teórico como si fuera perfectamente alcanzable. No hay que llamarse a engaño: el 3% es un porcentaje sensiblemente mayor al nivel de ahorro fiscal promedio del país. Entre 1991 y 2001, el superávit fiscal promedio fue del 0,57%. En la mejor época de la convertibilidad, llegó a un máximo del 1,33% del producto bruto interno. • Pero lo más paradójico sería que al fin el área de Economía terminaría instrumentando un sobreajuste presupuestario. No querían superar el 3%, y sin embargo llegaron a unas proyecciones de superávit para el año 2004 muy por encima de lo comprometido con el Fondo: un 4,3% para la administración central y un adicional en las provincias del 1,5%. En total, el ahorro del Estado se ubicaría en la cifra histórica, récord para la economía nacional, del 6,1%.6 El sobrecumplimiento implica que en vez de los aproximadamente 12.300 millones de pesos que la Argentina había comprometido con el FMI, se generaría un ahorro de 25.000 millones de pesos. El fenómeno se explica por
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Con los bonistas, el gobierno utilizaría la misma técnica de endurecer el discurso y ablandarse en las negociaciones. Con los acreedores, el discurso oficial duro de Dubai fue mutando hasta que, al promediar el año 2004, Lavagna corrigió las cifras y prometió un sensible aumento de los pagos a los acreedores. El Tesoro de los Estados Unidos sería en parte responsable de la corrección de la propuesta. El 11 de enero de 2004, durante la misión a Monterrey que reunió a George Bush y Néstor Kirchner, John Taylor le propuso a Lavagna la elaboración de una nueva propuesta que incluyera una quita del orden del 60% a valor nominal (equivalente al 75% al valor presente). Cinco meses después, la Argentina cambió su propuesta original al adoptar exactamente los valores sugeridos por el gobierno republicano de Bush. A pesar de que mejoraba la posición de los acreedores, la propuesta implicaba una quita muy importante. El 1º de junio, Lavagna hizo pública la que se llamaría la Propuesta de Buenos Aires. Néstor Kirchner fue el responsable de la estrategia política de la deuda en default. En septiembre de 2003 fue él quien frenó la propuesta original que Lavagna pretendía presentar en Dubai, por considerarla demasiado blanda. Aquella decisión marcaría el nuevo estilo negociador impuesto por la Casa Rosada: mayor dureza inicial para pasar a la actitud conciliadora después. Fue también Kirchner quien en mayo de 2004 avaló los cambios y decidió, junto con Lavagna, aflojar la presión a los acreedores. A mediados de ese mes, un funcionario de Merrill Lynch me había advertido de que los bancos asesores trabajaban con el equipo económico en una flexibilización de la propuesta de pago. Pero los líderes del equipo negociador, Leonardo Madcur y Guillermo Nielsen, lo desmentían sistemáticamente. Este tipo de anticipos informativos provocarían la sistemática ira del ministro Lavagna. El domingo 23 de mayo, próximo a cumplir un año al frente de la presidencia, Kirchner concedió varias extensas entrevistas para la edición dominical de los principales diarios. En Página/12, el presidente deslizó por primera vez una frase que pasaría inadvertida en aquella nota pero cuya importancia era trascendental: “Estamos discutiendo una quita del 75%, sea a valor nominal o a valor presente”. Por primera vez, y aunque tratara de hacer parecer que a valor nominal o a valor presente significaba lo mismo,
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Kirchner anunciaba el cambio en la propuesta de Dubai que implicaría mayores pagos a los acreedores. Ese día Racing le ganó por tres goles a uno a Independiente, su clásico rival, y yo le había dedicado toda la tarde a los festejos. No leí la nota a Kirchner hasta la noche, pero al hacerlo intuí su importancia. Sin duda, el gobierno estaba preparando el terreno para confirmar los cambios en la propuesta. Al día siguiente me sorprendió mucho la ausencia de repercusiones económicas por los dichos del presidente. El dato había pasado sin pena ni gloria para los habitualmente sensibles mercados, pero yo estaba seguro de que Kirchner no se había equivocado porque siempre era muy minucioso en el tema de la deuda externa. Decidí seguir la pista. Después de varios sondeos ratifiqué que se estaba trabajando en algo muy importante, pero ningún funcionario quería confirmar que se avecinaba un cambio de la propuesta de pago de Dubai. Hablé con mi editora en Clarín, Silvia Naishtat, y le comuniqué los resultados de mi investigación. El martes 25 de mayo anticipamos que el presidente Kirchner evaluaba una nueva propuesta para mejorar la oferta a los acreedores. Fue el título de tapa del diario. No se produjeron las previsibles desmentidas, lo cual, de algún modo, confirmó nuestra información. Se trataba de un tema muy sensible. Estaba en juego una negociación de cuyo resultado dependía el futuro económico de la sociedad. La gravedad de la situación exigía una confirmación del más alto nivel antes de dar informaciones categóricas. Un par de días después logré comunicarme con el presidente. Kirchner me sorprendió: ––Usted fue el único que se dio cuenta de lo que dije en Página/12. ––El tema es muy delicado para el país ––le respondí––. Por lo que usted me dice, ¿se va a cambiar la propuesta? ––Lo único que le puedo decir es que la quita se mantendrá en los 61.000 millones de dólares.7 Con ese dato clave y la confirmación implícita, la conclusión era evidente: iba a haber un cambio en línea con las sugerencias del Tesoro de los Estados Unidos. Al domingo siguiente estuvimos en posición de afinar ya los detalles del replanteo. El 1º de junio, Lavagna anunció la Propuesta de Buenos Aires que, a fines de 2004, sigue en negociación con los acreedores y que parte de una devolución mínima de 25 centavos por cada dólar en default. En mi opinión, en sus lineamientos generales se trataba de un programa aceptable para los acreedores, que podría permitir a la Argentina salir del default a lo largo de 2004. Pero errores técnicos de presentación y de estrategia posterior en la negociación provocaron una confusión que los acreedores utilizaron para quitarle a la propuesta argentina el apoyo de las naciones que controlan el FMI y el Grupo de los Siete.
Cumbre de los acreedores
La primera señal de la batalla que se venía se dio durante la cumbre de acreedores organizada por el Club de París una semana después del anuncio de Lavagna. El Club de París agrupa a los países con derechos acreedores sobre las naciones endeudadas, y en él se contabiliza la deuda de Estado a Estado. En el caso de la Argentina, la deuda totaliza 7.930 millones de dólares y los principales acreedores son España, Japón y Alemania. En aquella cumbre estaban todos los países acreedores del país. Entre ellos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Japón, Alemania, así como Rusia, Suecia, Australia y Países Bajos. En total, el 9 de junio se reunieron en París delegados de 15 países acreedores de la Argentina. A su vez, los delegados de esas naciones invitaron a veinte agrupaciones de acreedores privados de bonistas institucionales. Una verdadera “cumbre de los acreedores”. El anfitrión y en ese momento titular del Tesoro de Francia, Jean Pierre Jouyet, reflejó la postura adversa hacia nuestro país: ––Argentina no está comprometida con una política económica y financiera que posibilite negociar con el conjunto de los acreedores una salida del default.8 Durante el encuentro se escucharían muchas objeciones contra los negociadores argentinos Madcur y Nielsen, a quienes acusaban de meter a la Argentina en una situación crítica. Los acreedores aprovecharían la reunión privada para cuestionar la pasividad del Fondo Monetario Internacional. El ex titular del FMI, Jacques De Larosière, ahora directivo del Banco Nacional de París, objetó la excesiva complacencia del Fondo: ––No compartimos la actitud del Fondo Monetario por su blandura y por conformarse con ser un acreedor de privilegio para lograr que la Argentina cancele sus deudas con el organismo. […] El FMI directamente no debería aprobar la tercera revisión del acuerdo con la Argentina hasta tanto el ministro Lavagna no mejore los pagos a los acreedores privados. La agresividad de De Larosière provocó la reacción del funcionario del Fondo presente en la reunión, Martín Gillman: ––Yo voy a elevar estos pedidos al titular del FMI, Rodrigo de Rato. Pero quiero que sepan las graves consecuencias que tendrá para la Argentina no aprobar la tercera revisión del acuerdo stand by. El enfrentamiento provocado por De Larosière expresaba claramente la estrategia que pensaban llevar adelante los acreedores con ayuda de los gobiernos del G7. En aquella cumbre de acreedores participaron líderes de grupos privados de bonistas: Nicola Stock, del Comité Global de Acreedores; Yopsuke Horiguchi, del Instituto Internacional de Finanzas; J. Linder, del Deutsche Bank; John Sheik, de ABN Amro Bank; Michael Fine, del Morgan Stanley International; Makoto Arakata, del Bank of Tokio-Mitsubishi, y Hans Humes, del Grey Lock Capital Ass. El 24 y 25 de junio los acreedores repetirían la cumbre, esta vez en la ciudad de Versailles. Allí terminó de definirse la estrategia: que fuera el FMI el que presionara a la Argentina para que aumentara el monto de sus pagos.
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Después de eso vendría el diálogo telefónico de Rato con Lavagna que dejó a la Argentina sin acuerdo y la traumática visita del español a Buenos Aires. Cuando el titular del Fondo le pidió “todo” al gobierno, Kirchner repitió su juego preferido: salir a torearlo para granjearse un apoyo político interno. ––Lavagna me habló bien de usted… pero yo no le creo. Una sonrisa que parecía un rictus se reflejó en el rostro de Rato: ––Presidente, yo le quiero trasmitir que la Argentina tiene que mejorar la propuesta a los bonistas para lograr un alto umbral de aceptación y poder salir de la cesación de pagos. ––Yo le pido al Fondo Monetario que nos deje hacer la oferta y no interfiera en la operación, porque están actuando como lobbistas de los acreedores privados. ––En la Argentina no hay clima de inversión […]. Para eso tienen que aumentar el superávit fiscal del año próximo al 4% para abonar a los acreedores y establecer una senda de aumento en las tarifas públicas. ––Usted fue ministro de España y sabe que en su país tardaron veinticinco años para salir, con el apoyo de la Comunidad Económica Europea. No nos obligue a saltar el corral, porque lo vamos hacer. La dureza de Rato obedecía a la nueva estrategia de los acreedores y a la decisión política del G7, pero también a la existencia de grupos españoles interesados en invertir nuevamente en la Argentina, para lo cual necesitaban que el país superara el default. Así se reflejó en el viaje realizado el 10 de septiembre (una semana después de la visita de Rato) por el canciller español Miguel Ángel Moratinos. Antes de llegar, el funcionario había anticipado desde Madrid que venía a exigirle a Kirchner que cumpliera con el FMI. Sin embargo, una vez en Buenos Aires su actitud fue más bien condescendiente. Quien habló claro entonces fue Miguel Sebastián Gascón, el principal asesor económico del ministro de Economía de España, Pedro Solbes. Gascón le dijo a Lavagna: ––España considera que la Argentina no puede tener dos frentes abiertos simultáneamente en el exterior. Nosotros pensamos que la Argentina tiene que terminar con la pelea con los bonistas y cerrar el acuerdo con los acreedores privados porque será difícil negociar con el FMI en enero si está abierto el problema de la deuda con los bonistas. Después del contacto con la misión española en Buenos Aires y de una reunión de idéntico tenor en Nueva York con José Luis Rodríguez Zapatero, Kirchner tomó la determinación de avanzar en la negociación y cerrar los acuerdos con acreedores privados argentinos para salir del default. Entre ellos, el controvertido convenio con el sistema de jubilación privada de las AFJP. El gobierno adoptó así una doble estrategia para los últimos meses de 2004. Por un lado, anunciar avances en la negociación con los bonistas y, por el otro, prepararse para enfrentar el cimbronazo del pago de las obligaciones externas durante el año 2005. Aun con un exitoso acuerdo con los acreedores privados, la Argentina tendrá que hacer frente a extraordinarias obligaciones a partir de enero de 2005: unos 4.483 millones de dólares al Fondo Monetario y otros 5.255 mi22
llones de dólares por amortizaciones de títulos públicos como los Boden. También, pagos al BID, por 1.063 millones de dólares; y al Banco Mundial, por 1.073 millones. En total, los vencimientos de la deuda externa para el 2005 suman nada menos que 11.620 millones de dólares, lo cual equivale al 7,45% de la estimación que el Ministerio de Economía hizo para el producto bruto interno (PBI) de 2005. El PBI es la medida de la actividad económica de un país. Se trata de un cuadro delicado para la Argentina inmediata. El país podrá negociar con éxito la salida del default, pero eso no implica que resuelva el problema de fondo: la deuda externa. Aunque se obtuviera un amplio apoyo de los bonistas, la deuda continuaría en aproximadamente 125.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, el 85% de su PBI. Si bien significa una importante mejora con respecto a los 180 mil millones a los que asciende el total de la deuda antes de la quita, sigue representando un porcentaje muy elevado. En el momento del default, cuando ya la deuda era “impagable”, las obligaciones representaban un 57% del total del PBI. Aun en el mejor de los escenarios, la deuda continuará siendo una carga excesiva en relación con la capacidad de generar riqueza de la economía argentina. A nivel internacional, se considera que una deuda es sustentable para un país en desarrollo cuando su volumen representa, como máximo, el 30% del PBI.9 Los vencimientos inmediatos de intereses anuncian un nuevo enfrentamiento con el Fondo Monetario. Para enfrentarlos y para disminuir el monto total de la deuda hay un solo camino: un plan económico firme y crecimiento económico sostenido.
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