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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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					                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

                          Proceso Nº 16441


                CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                  SALA DE CASACION PENAL




                  Aprobado acta No.089
                  Magistrado Ponente:
                  Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL




Santa Fe de Bogotá, D. C., veintinueve de mayo del dos mil.




Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto
contra la sentencia de 13 de mayo de 1998, mediante la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja condenó en causas
acumuladas     a JAIME CORTES ESPINOSA, ex-Alcalde del
Municipio de Pitalito (Huila), a la pena principal privativa de la
libertad de 13 años de prisión como autor responsable de los delitos de
peculado por apropiación agravado (causa 1530), peculado por
aplicación oficial diferente (causa 1629), peculado por apropiación
agravado y falsedad ideológica en documento público agravada por el
uso (causa 1531) y celebración indebida de contratos (causa 3579);
JESUS ALFONSO FERREIRA VILLEGAS, ex- Director del
Fondo de Desarrollo de Pitalito (Huila), a la pena principal privativa
de la libertad de 6 años de prisión como autor responsable de los
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

delitos de peculado por apropiación agravado (causa 1530), peculado
por aplicación oficial diferente agravado (causa 1629), y cómplice de
peculado por apropiación agravado (causa 1531); y HELMER
ROJAS RAMIREZ, ex-Almacenista del Municipio, a la pena
principal privativa de la libertad de 9 años de prisión, como autor
responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado y
falsedad ideológica en documento público agravada por el uso (causa
1531). Además de estos procesados fueron también condenados por
diversos delitos contra la Administración Publica, DANIEL DIAZ
REYES, ALVARO HERNANDO GOMEZ VARGAS, JAIME
TOVAR ROJAS, JOSE GUSTAVO CIFUENTES CORREA, JOSE
RICARDO VILLEGAS LOPEZ, JOSE LISIMACO LIEVANO
BONELO, JAIRO CORTES ESPINOSA Y JOSE RICAURTE
GALLEGO, pero en relación con ellos se dispuso después cesar todo
procedimiento, por prescripción de la acción penal.




Hechos y actuación procesal.




En primer lugar ha de precisarse que del proceso hacen parte nueve
(9) causas acumuladas (1530, 1531, 1533, 1534, 1543, 1629, 3579,
3591 y 3609) por diferentes delitos contra la administración pública,
la fe pública y la propiedad, de las cuales se encuentran vigentes las
distinguidas con los Nos.1530, 1531, 3579, 3591 y 3609, pues en
relación con las restantes operó el fenómeno prescriptivo de la acción
penal, y así fue declarado en su momento por los juzgadores de
instancia y la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, en el presente


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                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

acápite solo se hará referencia a las últimas, con la aclaración de que
algunos de los delitos investigados en ellas han sido también objeto de
declaración de prescripción.




1. Causa No.1530.




Está relacionada con el manejo administrativo y financiero del Fondo
de Desarrollo Municipal de Pitalito, establecimiento público del orden
Municipal, con personería Jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, adscrito al Despacho de la Alcaldía, creado
mediante Acuerdo No.105 de 1983. Dicho Fondo tenía como función
procurar la ejecución de las obras contempladas en el plan de
ordenamiento territorial y urbano del Municipio, y su dirección y
administración estaba a cargo de una Junta presidida por el Alcalde, y
de un Director designado por éste (Acuerdos Nos.001 de 23 de mayo
de 1986 y 001 de 1987). Los hechos versan sobre la apropiación de
dineros del Fondo a través de       diversos mecanismos fraudulentos
como simulación de suministros,        sobrefacturaciones, cuentas de
cobro ficticias, facturas falsas, y utilización de terceras personas para
hacer efectivos a través de sus cuentas corrientes el valor de los
cheques oficiales.


A la investigación fueron vinculados Jaime Cortés Espinosa (Alcalde
Municipal), Jesús Alfonso Ferreira Villegas (Director del Fondo),
Daniel Díaz Reyes (Tesorero del Fondo), Alvaro Hernando Gómez
Vargas (Asistente Administrativo del Fondo), Jaime Tovar Rojas
(Contralor Municipal), José Gustavo Cifuentes Correa (Particular -

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Proveedor del Fondo), José Ricardo Villegas López (Mensajero de la
Alcaldía Municipal), Héctor Gómez (Particular - Contratista), Gilberto
Espinosa Ortiz (Particular - primo del Alcalde), y José Lisímaco
Liévano Bonelo (Particular - amigo del Alcalde).


Mediante decisión de 19 de junio de 1990, el Juzgado Trece de
Instrucción Criminal Ambulante de Neiva calificó el mérito del
sumario con resolución de acusación contra Jesús Alfonso Ferreira
Villegas (Director del Fondo), Daniel Díaz Reyes (Tesorero del
Fondo), Alvaro Hernando Gómez Vargas (Asistente Administrativo
del Fondo),    Jaime Tovar Rojas (Contralor Municipal) y José
Gustavo Cifuentes Correa (Particular) por los delitos de peculado
por apropiación en concurso homogéneo sucesivo, falsedad ideológica
en documento público y falsedad en documento privado (también en
concurso homogéneo sucesivo); el primero en calidad de autor, y los
restantes en condición de cómplices. También llamó a responder en
juicio a Jaime Cortés Espinosa (Alcalde) como coautor del delito de
peculado por apropiación en concurso homogéneo sucesivo; Héctor
Gómez y José Ricardo Villegas López como cómplices del mismo
ilícito; y José Lisímaco Liévano y Gilberto Espinosa Ortiz en
calidad de autores del delito de encubrimiento por receptación (fls.830
y siguientes del cuaderno original No.3). Esta decisión causó
ejecutoria el 23 de julio siguiente, fecha en la cual el Juzgado
Instructor aceptó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto
por el defensor de José Gustavo Cifuentes Correa (fls.830, 874, 886,
900 y 900 vto. del cuaderno original No.3).


2. Causa No.1531.


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Dentro de esta causa se investigó el manejo de los bienes del
Municipio de Pitalito durante la administración del Alcalde Jaime
Cortés Espinosa. Los hechos se relacionan con la apropiación de
millonarias sumas de dinero del fisco, valiéndose de mecanismos
similares a los utilizados para defraudar el Fondo de Desarrollo:
sobrefacturaciones, cuentas de cobro ficticias, facturas falsas,
almacenes fantasmas, sustracción directa de materiales del Almacén
del Municipio, y utilización de cuentas corrientes de terceras personas
para hacer efectivos los cheques oficiales.


A la investigación fueron vinculados Jaime Cortés Espinosa (Alcalde),
Helmer Rojas Ramírez (Almacenista del Municipio), Jaime Tovar
Rojas (Contralor Municipal), Nelson Peña Castro (Tesorero del
Municipio), Jesús Alfonso Ferreira Villegas (Director Fondo), Jaime
Muñoz Valdés (Empleado de la Tesorería), Hernán Castro Torres
(Secretario de Gobierno), Jaime David Saab Molina (Presidente del
Concejo Municipal), José Ricaurte Gallego Ramírez (Particular -
Proveedor del Municipio), Jairo Cortés Espinosa (Particular -
Hermano del Alcalde), José Lisímaco Liévano Bonelo (Particular -
Amigo del Alcalde), Mario Ricardo Cortés Mateus (Particular).




Por auto de 17 de mayo de 1990, el Juzgado instructor llamó a
responder en juicio a Jaime Cortés Espinosa (Alcalde) y Helmer
Rojas Ramírez (Almacenista), como autores de los delitos de
peculado por apropiación agravado, peculado por aplicación oficial
diferente (imputado al primero, únicamente), falsedad ideológica en

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                                                      Jaime Cortés E.

documento público, falsedad en documento privado, celebración
indebida de contratos, y concierto para delinquir. Jairo Cortés
Espinosa, como cómplice de peculado por apropiación agravado,
autor de falsedad en documento privado y concierto para delinquir;
José Ricaurte Gallego Ramírez, como cómplice del delito de
peculado por apropiación agravado, cómplice del delito de falsedad
ideológica en documento público, autor de falsedad en documento
privado, y concierto para delinquir; Mario Ricardo Cortés Mateus,
como autor del delito de encubrimiento por receptación; José
Lisímaco Liévano Bonelo, como cómplice del delito de peculado por
apropiación agravado, y autor de falsedad en documento privado;
Jaime Tovar Rojas y Nelson Peña Castro, como autores de los
delitos de peculado culposo y celebración indebida de contratos; y,
Jesús Alfonso Ferreira Villegas, como cómplice del delito de
peculado por apropiación agravado y autor de falsedad en documento
privado. Respecto de Jaime Muñoz Valdés, Hernán Castro Torres
y Jaime David Saab Molina, ordenó cesar todo procedimiento. Los
delitos de peculado, falsedad y celebración indebida de contratos
fueron deducidos en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo
(fls.921 del cuaderno principal No.2).


Apelada esta decisión por los defensores de los procesados Mario
Ricardo Cortés Mateus, Jesús Alfonso Ferreira Villegas, Jaime Cortés
Espinosa y José Lisímaco Liévano Bonelo (fls.962, 970, 975, 979
ibidem), el Tribunal Superior, por auto de 16 de julio de 1990, revocó
la acusación por el delito de concierto para delinquir para en su lugar
disponer la cesación de todo procedimiento por dicho ilícito, y
confirmó en las demás partes la decisión impugnada, aclarando que


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en relación con el delito de falsedad ideológica en documento público
concurría la agravante del artículo 222 inciso segundo del Código
Penal, por el uso de los documentos (fls.32 del cuaderno del Tribunal).




3. Causa No. 3579.




Dice relación con el fraccionamiento indebido de los pedidos No.
0005876 de marzo 2 de 1989 por valor de $557.700.oo; No. 00487 de
mayo 15 de 1989 por valor de $552.200.oo; No. 000488 de mayo 15
de 1989 por valor de $385.000.oo; No. 0017803 de julio 17 de 1989
por valor de $319.000.oo. De igual manera, con la inobservancia de
los requisitos esenciales de contratación en relación con los pedido
Nos. 000220 por valor de $1‟197.000.oo (materiales de construcción);
000987 por valor de $675.000.oo (500 bultos de cemento); y un
contrato de suministro por valor de $1‟500.000.oo celebrado entre el
Municipio y José Gustavo Cifuentes.


A la investigación fue vinculado Jaime Cortés Espinosa, en
condición de Alcalde Municipal. El 6 de octubre de 1993, la Fiscalía
profirió en su contra resolución de acusación, por celebración
indebida de contratos, en concurso material homogéneo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 146 del Código Penal (fls.123 del
cuaderno principal). Este decisión causó ejecutoria el 13 de octubre
siguiente, según consta a folios 130 y vuelto del mismo cuaderno.




4. Causa No. 3591.

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Dentro de esta causa se sindica a Jaime Cortés Espinosa de haber
autorizado en condición de Alcalde Municipal, durante la vigencia
fiscal de 1989, gastos sin disponibilidad presupuestal en cuantía
superior a $29‟000.000.oo. Cerrada la investigación, la fiscalía,
mediante providencia de 30 de noviembre de 1993, calificó el mérito
del sumario con resolución de acusación en su contra por el delito de
peculado por destinación oficial diferente, en concurso homogéneo
sucesivo. Esta decisión causó ejecutoria el 21 de diciembre siguiente
(fls.122 y 137 del cuaderno principal).




5. Causa No.3609.




En este proceso se atribuye a         Jaime Tovar Rojas (Contralor
Municipal), haber solicitado dineros para el pago de cuentas de cobro,
y al procesado Helmer Rojas Ramírez (Almacenista) haber ocultado o
destruido algunas de ellas con el propósito de rehuir su pago. El 8 de
marzo de 1994 la Fiscalía formuló resolución en contra del primero
por el delito de concusión, y respecto de Rojas Ramírez por los delitos
de prevaricato por omisión, y falsedad por destrucción, supresión y
ocultamiento de documentos privados. Esta decisión causó ejecutoria
el 29 de los mismos mes y año (fls.282 y 309 vto. del cuaderno
principal, causa No.3609).




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Sentencias.




Dispuesta la acumulación de las causas, y celebrada la audiencia
pública, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Tunja, mediante
sentencia de 5 de abril de 1995, condenó a Jaime Cortés Espinosa a
la pena principal privativa de la libertad de 72 meses de prisión, como
autor responsable de los delitos de peculado, falsedad ideológica en
documento público y celebración indebida de contratos, imputados en
la causa 1531, absolviéndolo de los demás cargos (causas 1530, 1629,
3579 y 3591); a Jesús Alfonso Ferreira Villegas a la pena principal
privativa de la libertad de 35 meses de prisión como autor responsable
de los delitos de peculado, falsedad en documento público y falsedad
en documento privado, imputados en la causa No.1530, absolviéndolo
de los cargos deducidos en las causas 1531 y 1629; a Helmer Rojas
Ramírez a la pena principal privativa de la libertad de 54 meses de
prisión, como responsable de los delitos de peculado, falsedad y
celebración indebida de contratos imputados en la causa No.1531,
absolviéndolo de los demás cargos (causas 1533, 1534 y 3609); a
Gilberto Espinosa Ortiz a la pena de 6 meses de arresto como autor
responsable del delito de encubrimiento, imputado en la causa
No.1530; a Jairo Cortés Espinosa a la pena principal de un (1) año
de prisión, como autor responsable del delito de falsedad en
documento privado imputado en la causa No.1531, siendo absuelto
por los demás cargos (causa 1531); a José Ricaurte Gallego Ramírez
a la pena principal de un (1) año de prisión por el delito de falsedad
imputado en la causa No.1531, siendo absuelto por los demás cargos
(causa 1531); a José Gustavo Cifuentes Correa a la pena principal


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de 27 meses de prisión, por los delitos de peculado por apropiación,
falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento
privado, imputados en la causa No.1530; a José Lisímaco Liévano
Bonelo a la pena principal de 6 meses de prisión por el delito de
encubrimiento imputado en la causa No.1530, siendo absuelto de los
demás cargos (causa 1531); y, a Mario Ricardo Cortés Mateus a la
pena principal de 6 meses de prisión por el delito de encubrimiento
imputado en la causa 1531. En relación con los demás procesados,
profirió decisión absolutoria (fls.1129, paquete 10, cuaderno 2). Es de
precisar que para la fecha de esta decisión, ya había sido declarada la
prescripción de la causa 1543.


Apelado dicho fallo por el defensor de Jaime Cortés Espinosa, el
procesado Helmer Rojas Ramírez, y el apoderado de la parte civil, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, mediante el suyo de
16 de enero de 1996, declaró desierto los recursos interpuestos por los
últimos por falta de sustentación oral, y confirmó la decisión
impugnada en los puntos motivo de inconformidad (fls.121, cuaderno
No. 109, paquete 14).
Contra esta decisión recurrieron en sede extraordinaria el defensor del
procesado Jaime Cortés Espinosa y el apoderado de la parte civil, a
quien le fue concedida la impugnación por la vía del recurso de hecho.
La Corte, mediante fallo de 28 de agosto de 1997, casó oficiosamente
la sentencia impugnada, por considerar que la decisión del Tribunal de
abstenerse de pronunciarse sobre las apelaciones interpuestas contra el
fallo de primer grado por el defensor de Helmer Rojas Ramírez y el
apoderado de la parte civil, era ilegal. En consecuencia, decretó la
nulidad del fallo impugnado para que fuera dictado de nuevo, dando


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contestación a todas las impugnaciones. En la misma sentencia, la Sala
declaró prescrita las acciones penal y civil en relación con varios
delitos (fls.83 de cuaderno No.2 de la Corte, paquete 14).


El 13 de mayo de 1998, el Tribunal dictó nuevamente fallo de segunda
instancia, procediendo a sustituir integralmente el de primer grado,
para en su lugar, tomar, entre otras, las siguientes decisiones: 1)
Condenar a Jaime Cortés Espinosa a la pena principal privativa de la
libertad de trece (13) años de prisión como autor responsable de los
delitos de peculado por apropiación agravado (causa 1530), peculado
por aplicación oficial diferente (causa 1629), peculado por
apropiación agravado y falsedad ideológica en documento público
agravada por el uso (causa 1531), y celebración indebida de contratos
(causa 3579). 2) Condenar a Jesús Alfonso Ferreira Villegas a la
pena principal privativa de la libertad de seis (6) años de prisión como
autor responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado
(causa 1530), peculado por aplicación oficial diferente (causa No.
1629) y cómplice de peculado por apropiación agravado (causa No.
1531). 3) Condenar a Daniel Díaz Reyes a la pena principal privativa
de la libertad de 3 años y 3 meses de prisión como autor responsable
del delito de peculado por aplicación oficial diferente (causa 1629), y
cómplice de peculado por apropiación agravado (causa 1530). 4)
Condenar a Alvaro Hernando Gómez Vargas a la pena principal
privativa de la libertad de 3 años y un mes de prisión como cómplice
del delito de peculado por apropiación agravado (causa 1530), y
cómplice del delito de peculado por aplicación oficial diferente (causa
1629). 5) Condenar a Jaime Tovar Rojas a la pena principal privativa
de la libertad de 3 años y 3 meses de prisión como cómplice del delito


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de peculado por apropiación agravado (causa 1530), y autor de
peculado por aplicación oficial diferente (causa 1629). 6) Condenar a
José Gustavo Cifuentes Correa a la pena principal privativa de la
libertad de 3 años de prisión, como cómplice del delito de peculado
por apropiación agravado (causa 1530). 7) Condenar a Helmer Rojas
Ramírez a la pena principal privativa de la libertad de 9 años de
prisión como autor responsable del delito de peculado por apropiación
agravado y falsedad ideológica en documento público agravada por el
uso (causa 1531). 9) Condenar a José Lisímaco Liévano Bonelo a la
pena principal privativa de la libertad de 3 años de prisión, como
cómplice del delito de peculado por apropiación agravado (causa
1531). 10) Condenar a Jairo Cortés Espinosa a la pena principal
privativa de la libertad de 3 años de prisión, como cómplice del delito
de peculado por apropiación agravado (causa 1531). 11) Condenar a
José Ricaurte Gallego a la pena principal privativa de la libertad de 3
años de prisión, como cómplice del delito de peculado por apropiación
agravado (causa 1531). 12) Absolver a Jaime Cortés Espinosa de los
cargos imputados en la causa No.3591 por el delito de peculado por
aplicación oficial diferente. 13) Absolver a Jaime Tovar Rojas de los
cargos imputados en la causa No.3609 por el delito de concusión. 14)
Absolver a Helmer Rojas Ramírez de los cargos por los delitos de
prevaricato por omisión y falsedad por destrucción de documentos
privados, deducidos en la causa 3609 (fls.363, cuaderno No.109,
paquete No.14).


Contra esta decisión interpusieron oportunamente recurso de casación
los procesados Jaime Cortés Espinosa, José Gustavo Cifuentes Correa,
José Lisímaco Liévano Bonelo, Helmer Rojas Ramírez, José Ricardo


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Villegas López, Daniel Díaz Reyes, Alvaro Hernando Gómez Vargas,
Jaime Tovar Rojas, Jairo Cortés Espinosa y Jesús Alfonso Ferrreira
Villegas, el apoderado de la parte civil, y el Procurador Judicial Penal
174. Por auto de 18 de septiembre de 1998 el Tribunal concedió las
impugnaciones por todos los delitos, menos por el de celebración
indebida de contratos imputado en la causa No.3579, que fue negado
al procesado Jaime Cortés Espinosa y al Procurador Judicial 174, por
tener una pena máxima privativa de la libertad menor de 6 años, y no
ser conexo con los otros hechos investigados (fls.668 del cuaderno
No.109, paquete 14).


En el mismo proveído, y en pronunciamientos de 18 y 24 de
noviembre del mismo año (fls.668, 732 y 761 ibídem), el Tribunal
ordenó la cesación de todo procedimiento contra Daniel Díaz Reyes,
Alvaro Hernando Gómez Vargas, Jaime Tovar Rojas, José Gustavo
Cifuentes Correa, José Ricardo Villegas López, José Lisímaco
Liévano Bonelo, Jairo Cortés Espinosa y José Ricuarte Gallego, por
prescripción de la acción penal. También declaró la prescripción de
los delitos de peculado por aplicación oficial diferente imputados a
Jaime Cortés Espinosa y Jesús Alfonso Ferreira Villegas en la causa
1629; y peculado por apropiación agravado, imputado a este último en
calidad de cómplice en la causa 1531.


Del resumen que viene de hacerse de la actuación, se concluye que el
fallo mantiene vigencia en relación con las siguientes condenas y
absoluciones: 1. Condena de Jaime Cortés Espinosa (Alcalde) por
los delitos de peculado por apropiación agravado (causas 1530 y
1531), falsedad ideológica en documento público agravada por el uso
(causa 1531), y celebración indebida de contratos (causa 3579); 2.

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                                                     Casación 16441
                                                     Jaime Cortés E.

Condena de Jesús Alfonso Ferreira Villegas (Director del Fondo de
Desarrollo) como autor de peculado por apropiación agravado (causa
1530); 3. Condena de Helmer Rojas Ramírez (Almacenista) como
autor de los delitos de peculado por apropiación agravado (causa
1531) y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso
(causa 1531); 4. Absolución de Jaime Cortés Espinosa por el delito
de peculado por aplicación oficial diferente (causa 3591); 5.
Absolución de Helmer Rojas Ramírez por los delitos de prevaricato
y falsedad por destrucción imputados en la causa 3609; y, 5.
Absolución de Jaime Tovar Rojas (Contralor Municipal) por el
delito de concusión en la causa 3609.


Por auto de 19 de febrero de 1999, el Tribunal, tomando en cuenta que
los procesados José Gustavo Cifuentes Correa, José Lisímaco Liévano
Bonelo, José Ricardo Villegas López, Daniel Díaz Reyes, Alvaro
Hernando Gómez Vargas, Jaime Tovar Rojas y Jairo Cortés Espinosa,
habían perdido interés para recurrir en casación por haber sido
cobijados con cesación de todo procedimiento, dispuso correr traslado
para la presentación de las demandas únicamente a Jaime Cortés
Espinosa, Helmer Rojas Ramírez, Jesús Alfonso Ferreira Villegas,
el apoderado de la parte civil, y el Procurador Judicial 174 (fls.861
del citado cuaderno).




Las demandas.




1. A nombre del procesado Jaime Cortés Espinosa.


                                 14
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.




Con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo primero, el
casacionista acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley
sustancial, por falta de aplicación del artículo 139 del Código Penal,
inciso tercero, que establece una rebaja de pena hasta de una cuarta
parte, cuando el sujeto agente reintegra parcialmente lo apropiado,
perdido o extraviado, antes de dictarse sentencia de segunda instancia.


Sostiene que con posterioridad a la sustentación oral del recurso de
apelación interpuesto contra el fallo de primer grado, el procesado
consignó en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Popular la
suma de $8‟426.960.oo, pero que el Tribunal, al proferir sentencia de
segunda instancia, dejó de pronunciarse sobre la reducción de la pena
a que tenía derecho por reintegro parcial, no obstante la petición
expresa que en tal sentido presentó la defensa.


Pide, en consecuencia, casar el fallo impugnado, y aplicar la reducción
de pena consagrada en la mencionada disposición, en favor del
procesado Cortés Espinosa, acorde con lo establecido en el artículo
139 inciso tercero del Código Penal.




2. Demanda a nombre de Jesús Alfonso Ferreira Villegas.




Diez cargos, uno principal y nueve subsidiarios, presenta el
demandante contra la sentencia impugnada.


                                  15
                                                          Casación 16441
                                                          Jaime Cortés E.



2.1. Cargo primero (principal).




Violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del
artículo 139, inciso tercero del Código Penal, que establece una rebaja
de pena hasta de una cuarta parte, cuando ha operado restitución
parcial de los valores apropiados por el sujeto agente.


Sostiene que en el fallo de primera instancia el Juez reconoció al
procesado Ferreira Villegas una rebaja de pena de 15 meses de prisión
por restitución de lo apropiado, pero que este descuento no fue
aplicado en el fallo de segunda instancia, donde tampoco se dejó
consignada manifestación alguna en sentido contrario. Por tanto, ha de
entenderse que la rebaja continúa vigente, y que debe hacerse efectiva
procesalmente para todos los efectos legales, entre ellos la
prescripción de la acción penal.


En orden a determinar la procedencia de la rebaja punitiva del artículo
139 inciso tercero, en relación con el procesado Ferreira Villegas,
debe ser observado lo siguiente: 1) Que las cuantías de las causas
prescritas no le pueden ser imputadas a título alguno; 2) Que en el
estado procesal vigente, el monto de dinero devuelto de manera
solidaria constituye restitución por consignación parcial, que da
derecho a la rebaja punitiva; 3) Que en tales condiciones, no es dable
afirmar que la consignación sea insignificante o pírrica; 4) Que la
corrección monetaria de las sumas supuestamente apropiadas debe
también aplicarse a las sumas reintegradas; y, 5) Que los dictámenes
periciales relacionados con los avalúos de los perjuicios no pueden

                                   16
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

ser objeto de sentencia de condena por no haber sido puestos en
conocimiento del procesado.


Como quiera que el juzgador ad quem no disintió expresamente de la
rebaja reconocida por el a quo por la restitución parcial de lo
apropiado, debe entenderse que quedó vigente, y que se imponía su
reconocimiento “no menos para los efectos legales que implican la
redosificación punitiva de la sentencia atacada que, para el
componente básico del tipo penal modificado por circunstancias
atenuantes concurrentes, en lo referido al artículo 80 del Código
Penal”.


Al hacerse efectiva la rebaja, se presenta la siguiente situación: “El
Código de los delitos y de las penas, artículos 80, 82, 84, 133 y 139
ordenan tasar el tiempo máximo de pena para los efectos del instituto
de la prescripción de la acción en diez (10) años, y restarle los quince
(15) meses por restitución, para un total de ciento cinco (105) meses
como tiempo para la prescripción del caso en comento. El auto de
proceder de la causa 1530 tiene como fecha el día 23 de julio de 1990
prescribió (sic) la susodicha acción penal a favor de mi defendido, el
23 de abril de 1999”.


Pide a la Corte , en consecuencia, casar la sentencia impugnada y
disponer la cesación de todo procedimiento en favor de Ferreira
Villegas, por prescripción de la acción penal.




2.2. Cargo segundo (subsidiario).


                                  17
                                                     Casación 16441
                                                     Jaime Cortés E.



Causal tercera de casación. Comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afectan el debido proceso. Prescripción de la acción
penal.


Argumenta que en contra de Ferreira Villegas la justicia dictó tres
resoluciones de acusación, que posteriormente fueron acumuladas,
conformándose un solo proceso. La Corte Suprema de Justicia, al
conocer del recurso de casación inicialmente interpuesto contra la
sentencia de segunda instancia, cesó procedimiento en su favor por
prescripción de todos los delitos que venían siéndole imputados,
excepto por     peculado por apropiación y peculado por aplicación
oficial diferente.


Al dictarse nuevamente sentencia de segundo grado, el Tribunal
precisó: “El procesado terminará siendo condenado por ser autor del
delito de peculado por apropiación agravado, según cargos formulados
en la causa 1530, autor de peculado por aplicación diferente, según
cargos formulados en la causa 1531. Como quiera que el delito de
peculado por apropiación agravado tiene la pena más grave, que se
establece de 4 a 15 años de prisión y multa de $20.000.oo a
$2‟000.000.oo, la Sala impondrá ocho (8) aumentada en un (1) año
más, por los demás comportamientos, para un total de nueve (9) años
de prisión y multa de $400.000.oo a favor del Tesoro Nacional”.


Después se produjeron los interlocutorios de 19 y 24 de noviembre de
1998, que cesaron procedimiento en favor de Ferreira Villegas por
prescripción de las causas 1531 y 1629.


                                 18
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

Dado que los ocho (8) años de prisión impuestos como parte de la
pena al procesado corresponden al delito de peculado por apropiación
agravado, y que la imputación como cómplice del mismo ilícito dentro
de la causa 1531 fue declarada prescrita, queda modificado, de hecho,
“el máximo del delito base del artículo 133 del Código Penal, para la
causa 1530 y su prescripción”, pues uno de los hechos punibles,
fuente de la pena, ya no existe, y ello modifica el quantum punitivo,
por ser circunstancia que merma el máximo previsto en la ley, según el
artículo 80 del Código Penal.


“No existiendo ya la causa 1531, del máximo de 10 años ordenado por
los artículos 80, 82 y 84 del Código Penal para la causa 1530, debe ser
descontada una sexta parte de la pena según el artículo 24 del Código
Penal, que corresponde a 20 meses, para un total de cien meses, los
cuales tuvieron cumplimiento, a partir del 23 de julio de 1990, fecha
del auto de proceder, el día 23 de noviembre de 1998”.


Explica que acude a esta causal en razón a que la prescripción habría
operado con posterioridad a la sentencia impugnada y no con ocasión
a ella, y solicita a la Corte disponer la cesación de todo procedimiento.




2.3. Cargo tercero (subsidiario).




Causal tercera de casación. Comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afectan el debido proceso.




                                    19
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

Afirma que la actuación procesal se encuentra viciada de nulidad
desde la declaración de las prescripciones en las causas 1531 y 1629,
puesto que los hechos materia del proceso incluyen delitos que fueron
objeto de cesación de procedimiento por dicho motivo, siendo lo
indicado que el    juzgador de segunda instancia dictara de nuevo
sentencia, acorde con la nueva situación, ajustándola a la realidad
sobreviniente, y desechando lo prescrito. Como no lo hizo, se afectó el
debido proceso, generándose un vicio que debe ser subsanado. Por
tanto, pide a la Corte invalidar la sentencia de segunda instancia, y
dictar la que debe reemplazarla.




2.4. Cargo cuarto (subsidiario).




Causal primera de casación. Violación directa de la ley sustancial por
desconocimiento del artículo 189 del Código de Procedimiento Penal,
en concordancia con el 25 de la ley 81 de 1993 (190 ejusdem).


Sostiene que la defensora del procesado Ferreira Villegas no fue
notificada personalmente de la sentencia de segunda instancia, como
lo ordenan las normas citadas, cuyo contenido transcribe, ni de los
autos interlocutorios dictados antes y después de la misma, como lo
reconoce la propia Corte en decisión de octubre de 1999, dando lugar
a la violación del debido proceso, y al derecho de defensa, cuya
garantía corresponde al Estado.


La Corte ha sostenido que las notificaciones diferentes a la personal
son supletorias, lo que equivale a decir que el funcionario respectivo

                                   20
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

debe procurar, por todos los medios, notificar la sentencia de manera
personal, enviando, para tal efecto, las comunicaciones respectivas a
las direcciones registradas en el proceso, situación que no se cumplió
en el caso que es objeto de estudio.


Solicita, por tanto, decretar la nulidad “de las providencias dejadas de
notificar personalmente tanto al sindicado como el defensor, para que
se practique este rito procesal”.




2.5. Cargo quinto (subsidiario).




Causal primera de casación. Violación directa de la ley sustancial por
falta de aplicación del artículo 217 del Código de Procedimiento
Penal, que prohibe la reforma en peor.


Afirma que en la sentencia de primer grado, el Juez condenó a Ferreira
Villegas a la pena principal de 35 meses de prisión por los delitos
imputados en la causa 1530, siendo absuelto de los hechos atribuidos
dentro de las causas acumuladas 1531 y 1629. Este fallo fue apelado
por la parte civil y la defensa, pero sabido es que la primera solo tiene
interés en lo relativo al reconocimiento y cuantificación de los
perjuicios derivados del delito.


El artículo 217 del estatuto procesal prohibe la reforma peyorativa de
la sentencia cuando hay apelante único. Ferreira Villegas, ni siquiera
fue impugnante, de suerte que la pena de prisión no debió serle
aumentada en la sentencia de segundo grado a 72 meses. De otro lado,

                                    21
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

“con no aumentar las penas, no estaban siendo desmejorados los
intereses de la parte civil, pues en la sentencia de primera instancia,
Ferreira Villegas, fue condenado a pagar $65‟000.000.oo, por los
perjuicios, mientras que a la fecha es incierto el monto de lo supuesto
(sic) apropiado por las causas anotadas dentro de esta demanda”.


Consecuente con sus planteamientos pide a la Corte reformar la
sentencia de segunda instancia, en el sentido de imponer al procesado
la pena de 35 meses de prisión, y otorgarle el beneficio de la condena
de ejecución condicional.




2.6. Cargo sexto (subsidiario).




Causal tercera de casación. Comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afectan el debido proceso. Inaplicación del artículo
270 del Código de Procedimiento Penal.


Sostiene que el Juzgado Instructor omitió cumplir los trámites legales
para que Ferreira Villegas conociera el dictamen pericial que
cuantifica el monto de los valores supuestamente apropiados, y que en
tales condiciones, su contenido no podía ser tenido en cuenta en los
fallos, como aconteció, puesto que ello viola el debido proceso y el
derecho de defensa, y deja las condenaciones sin cuantía.


Pide, por tanto, anular lo actuado desde la sentencia de primera
instancia inclusive, para que se proceda a subsanar el vicio.


                                   22
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.



2.7. Cargo séptimo (subsidiario).




Causal segunda de casación. Inconsonancia de la sentencia con los
cargos formulados en la resolución de acusación.


Sostiene que al no haber sido notificados en legal forma los
dictámenes periciales sobre perjuicios a Ferreira Villegas, las
resoluciones de acusación dictadas en su contra, y las sentencias
proferidas con ocasión de ellas, quedan sin avalúo. En consecuencia,
el peculado por apropiación que se le imputa, al carecer de cuantía, no
puede ser agravado sino simple, presentándose, de este modo, un
desacuerdo de la sentencia de segunda instancia con los cargos
formulados en el auto de proceder.


Pide dictar fallo de reemplazo acorde con los cargos imputados en la
resolución de acusación.




2.8. Cargo octavo (subsidiario).


Causal tercera de casación. Comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afectan el debido proceso. Violación del principio
non bis in ídem.


Afirma que las causas 1530 y 1531 debieron ser juzgadas en el mismo
acto judicial, porque al ordenarse su acumulación, sobreviene la
unidad procedimental. El procesado fue condenado por el delito de

                                    23
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

peculado por apropiación en la causa 1530. Por tanto, “este abarca y
contiene al segundo y, con la condena de la causa 1530 es suficiente,
porque agregar la conducta de la 1531, es juzgar dos veces la misma
actuación del procesado”.


A la fecha, solo queda vigente la causa 1530, que en su oportunidad
procesal debió contener la 1531, para evitar la violación del principio
non bis in ídem. Por tanto, debe decretarse la nulidad de la sentencia
del ad quem, para que se haga juzgamiento de la conducta por una sola
vez.




2.9. Cargo noveno (subsidiario).




Causal tercera de casación. Comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afecta el debido proceso. Ausencia del representante
del Ministerio Público.


Sostiene que el Ministerio Público no se hizo presente en ninguna de
las diligencias practicadas durante toda la etapa procesal de la
investigación, con el fin de asegurar las garantías procesales mínimas
del sindicado, y que ello determinó la violación de los derechos
humanos, cuya protección, de acuerdo con lo establecido en el artículo
132 del Código de Procedimiento Penal,             corresponde a la
Procuraduría. Se violó de esta manera el debido proceso, durante toda
la etapa investigativa, generándose una nulidad que debe comprender
toda la fase del sumario.


                                   24
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.



2.10. Cargo décimo (subsidiario).




Causal tercera de casación. Comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afectan el debido proceso.


Mediante interlocutorios de 19 y 24 de noviembre de 1998, el
Tribunal decretó la prescripción de las causas 1629 y 1531. Sin
embargo, al hacer la dosificación punitiva, omitió eliminar los
incrementos que se hicieron por dichas imputaciones en la sentencia:
16 meses por razón de la causa 1531, y 12 meses por la causa 1629,
para un total de 28 meses, que descontados de 72 meses (pena
impuesta), arrojan una pena a aplicar de 44 meses de prisión.


De esta manera, ha quedado configurada una violación más del debido
proceso, con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, al
haberse efectuado una rebaja de pena, pero no en la cantidad adecuada
para Ferreira Villegas. Por tanto, debe redosificarse la pena, de
acuerdo con las consideraciones hechas, para que se fije en definitiva
en 44 meses de prisión.




3. Demanda a nombre del procesado Helmer Rojas Ramírez.




Dos cargos, uno principal y otro subsidiario, presenta el demandante
contra la sentencia impugnada.


                                  25
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.



3.1. Cargo principal.




Causal tercera de casación. Nulidad por afectación del debido proceso
y el derecho de defensa. Violación de los artículos 29 y 250 de la
Constitución Nacional y 304, numerales 2º y 3º, y 333 del Código de
Procedimiento Penal.


El artículo 250 de la Carta Política impone a la Fiscalía la obligación
de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al procesado, y
respetar sus derechos y garantías fundamentales, principio que es
desarrollado por el artículo 333 del estatuto procesal, donde se
establece que el funcionario instructor debe investigar con igual celo
lo favorable y desfavorable a los intereses del sindicado y los demás
sujetos procesales.


En el caso sub judice no se probó el destino de los 991 bultos de
cemento gris que fueron registrados como faltante en el Almacén a
cargo del procesado Rojas Ramírez, no obstante haberlo solicitado el
procesado y haberlo ordenado el funcionario instructor, según consta a
folios 581, 582, 654, 655 a 660 del cuaderno principal No.2. Dicha
comprobación resultaba importante, toda vez que el procesado
manifestó en su indagatoria que dichos bultos habían sido gastados en
la construcción del edificio municipal, y así lo ratificó bajo juramento
la testigo Deisy Veru Collazos (fls.658-660).


El Juzgado instructor, sin embargo, omitió citar y oír en declaración
juramentada al constructor, ingeniero o maestro encargado de la obra,

                                  26
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

con el fin de verificar su dicho, y este descuido, no puede achacársele
al procesado, puesto que la obligación de practicar pruebas
corresponde al Estado, en su condición de titular del ius puniendi.


Tampoco se probó en el proceso cuáles signaturas falsas corresponden
al puño y letra del acusado, pues lo que arroja la investigación es que
las cotizaciones y facturas eran presentadas por el Alcalde, quien
además recibía los cheques, los endosaba y los mandaba a cambiar al
banco con otras personas, como se deduce de sus propias versiones y
lo ratifica el dictamen pericial del grafólogo forense (fls.774 a 776).


Tales omisiones constituyen violación del derecho de defensa y el
debido proceso, originándose una nulidad que debe ser decretada
desde el sumario, con el fin de que dichas pruebas puedan ser
evacuadas. Pide, en consecuencia, casar la sentencia impugnada, y
decretar la nulidad de la actuación a partir de la resolución de
acusación de 17 de mayo de 1990.




3.2. Cargo subsidiario.




Causal primera de casación, cuerpo segundo. Violación indirecta de la
ley sustancial por error de derecho originado en un falso juicio de
convicción. Desconocimiento del valor probatorio de la consignación
del reintegro efectuada por el procesado Rojas Ramírez, que llevó a la
inaplicación de la rebaja de pena consagrada en el inciso segundo del
artículo 139 del Código Penal.


                                   27
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

Está probado en el proceso que Rojas Ramírez consignó a órdenes del
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Tunja la suma de $4‟417.863.oo,
después de que el Juez fijara dicho valor como correspondiente al
monto total de lo supuestamente apropiado. Además, la jurisprudencia
ha sostenido que las normas penales, como la mayoría de los
mandamientos jurídicos, son por esencia de carácter imperativo, de
suerte que cumplida la condición en ella fijada para su operancia, el
funcionario judicial no tiene alternativa distinta de aplicar la
consecuencia jurídica.
El ad quem, negó el reconocimiento de la atenuante argumentando
equivocadamente que el valor de lo apropiado ascendía a la suma de
$13‟558.000.oo, incluyendo en dicho guarismo el valor de
$8‟426.960.oo, que corresponde al mayor precio de la pintura
comprada por el Alcalde, y que también fuera reintegrada por la
esposa de éste para tener derecho a la rebaja de pena prevista en el
artículo 139 del Código Penal.


Acorde con sus argumentaciones, solicita a la Corte casar el fallo
impugnado y conceder al procesado la rebaja de pena prevista en el
inciso segundo del artículo 139 del Código Penal, por reintegro total
de lo apropiado.




4. Demanda del Procurador Judicial Penal 174.




Con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo primero, el
recurrente plantea violación directa de la ley sustancial por exclusión
evidente de los artículos 17 del Código de Procedimiento Penal y 31

                                  28
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

de la Constitución Nacional, que prohiben al superior agravar la pena
impuesta al procesado, cuando sea apelante único, incurriéndose, por
este modo, en un “error in procedendo de garantía”.


Se refiere en concreto a la condena del procesado Helmer Rojas
Ramírez para sostener que en su contra se adelantaron 4 causas: 1) La
No.1531, por los delitos de peculado, falsedad ideológica agravada y
celebración indebida de contratos, por el cual el Juzgado a quo lo
condenó a 54 meses de prisión, mediante sentencia de 5 de abril de
1995. El último delito (celebración indebida de contratos) fue
declarado prescrito por la Corte en fallo de 28 de agosto de 1997. 2)
Las Nos. 1533 y 1534, por el delito de peculado, respecto de las cuales
el Juzgado profirió decisión absolutoria. Después, la Corte, en la
decisión citada, declaró prescrito el caso. 3) La No.3609, por los
delitos de prevaricato y falsedad, que al igual que los dos anteriores,
recibió absolución por parte del Juzgado Sexto del Circuito.


En la sentencia de segunda instancia, Rojas Ramírez fue condenado
“como autor de peculado por apropiación agravado y falsedad
ideológica en documento público agravada por el uso (causa 1531)”, a
la pena principal de nueve (9) años de prisión y multa de $400.000.oo
en favor del Tesoro Público, e interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, con
lo cual vemos que se agravó ostensiblemente su situación.


El Tribunal, al entrar a modificar las condenas, argumentó que la parte
civil tenía interés para recurrir puesto que las absoluciones la privaban
de la posibilidad de obtener resarcimiento por los daños y perjuicios, y
que en tales condiciones, no operaba la limitante establecida en el

                                   29
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, siendo dable, en
consecuencia, revocar las absoluciones y agravar las penas impuestas,
en el evento de hallarse prueba para condenar.


Pero esta situación solo podía darse en los eventos en los cuales las
absoluciones se convirtieran en condenas, no en los casos en que esta
variante no se presentara, como ocurre con Rojas Ramírez. En efecto,
el procesado fue condenado en primera instancia por los delitos
imputados en la causa 1531 (peculado, falsedad y celebración
indebida de contratos), y absuelto por los demás cargos (causas 1533,
1534 y 3609). Contra esta sentencia interpusieron recurso de apelación
los defensores y la parte civil. No lo hace la Fiscalía ni el Ministerio
Público, de suerte que dicho procesado interviene como apelante
único. Después, la Corte declararía la prescripción de las causas 1533
y 1534.


El Tribunal, al resolver las apelaciones, ratificó la condena contra
Rojas Ramírez por los delitos imputados en la causa 1531, pero le
aumentó la pena siendo apelante único, pues en relación con la causa
3609 decidió también absolverlo, aunque por razones distintas de las
consignadas por el Juez a quo. En síntesis, contra el citado procesado
se siguen en definitiva dos causas: la 1531, por la cual fue condenado
en primera y segunda instancia; y la 3609, por la cual fue absuelto en
ambas instancias.


Siendo ello así, el Tribunal no podía entrar a agravar la pena en la
forma como lo hizo, pues ninguna de las absoluciones había terminado
en condena, y       la parte civil no tenía interés para demandar su
incremento. Por tanto, debe casarse parcialmente la sentencia, con el

                                  30
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

fin de invalidar la pena impuesta por el ad quem, y mantener la
señalada en el fallo de primer grado.


5. Demanda de la parte civil.




5.1. Cargo primero.




Causal primera de casación. Violación directa de la ley sustancial por
errónea interpretación de los artículos 106 del Código Penal y 55
inciso segundo del Código de Procedimiento Penal (en armonía con
los artículos 103 del Código Penal y 180.8 del estatuto procesal). El
Tribunal se equivocó al abstenerse de condenar a los procesados a
pagar solidariamente los perjuicios morales causados al Municipio de
Pitalito con ocasión de los delitos cometidos, argumentando que “este
tipo de daños no los pueden sufrir las personas morales o jurídicas
porque ellas no poseen sentimientos y por ende no los sufren ni de
naturaleza objetiva o cuantificable, ni tampoco de carácter subjetivo”.


Después de transcribir el contenido de las referidas disposiciones
normativas, sostiene que según su texto, CUANDO EL DAÑO
MORAL       NO    FUERE      SUSCEPTIBLE         DE    VALORACIÓN
ECONOMICA, el Juez debe condenar hasta por mil gramos oro,
teniendo en cuenta las modalidades de la infracción (en el caso sub
judice, múltiples, repetidas y agravadas), las condiciones de la persona
ofendida (indefensión del Municipio), y la naturaleza y consecuencias
del agravio sufrido (escandalosas).


                                  31
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

El Tribunal de Tunja tomó en consideración los artículos 106 del
Código Penal y 55 del estatuto procesal penal, pero los interpretó
erróneamente al estimar que una persona jurídica no podía sufrir daño
moral por no tener sentimientos. Hay otros valores intangibles que
pueden resultar también lesionados en estos casos, y que al serlo, se
traducen en un daño tangible objetivado, como ocurre con el Good
Will, y lo reconoció la Corte en decisión de 13 de marzo de 1993, con
ponencia del Magistrado doctor Calvete Rangel.


Se concluye, por consiguiente, que las personas morales y/o jurídicas
pueden ser sujetos pasivos de daños morales, y el Municipio de
Pitalito es una persona jurídica especial, una verdadera empresa: se
obligan, compran, venden, comercian, y tienen o no good will. Son
buenas o malas deudoras, y ese prestigio incide en sus finanzas, en su
capacidad de operación, de conseguir créditos.


En el caso en estudio, resulta evidente que el Municipio, después de
haber sufrido el “robo” continuado y generalizado de dineros de
créditos   frescos   obtenidos,   perdió   good    will,   porque   sus
administradores estaban en la cárcel, o huyendo, y nadie les fiaba una
puntilla, y nadie les prestaba un peso. Esos son perjuicios morales, que
determinaran reparación de carácter económico. Y si no están
probados, las normas transcritas facultan al Juez para condenar al
culpable hasta por mil gramos oro.


Pide a la Corte, en consecuencia, casar parcialmente el fallo
impugnado, y condenar a cada uno de los condenados a pagar
solidariamente un mil gramos de “oro puro”, por concepto de
perjuicios morales causados al Municipio de Pitalito.

                                  32
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.




5.2. Cargo segundo.




Causal primera de casación. Violación indirecta de la ley sustancial
por error de hecho en la apreciación de las pruebas, producto de falsos
juicios de existencia por omisión dentro de la causa No. 3579, que
llevaron a la inaplicación de los artículos 103, 105 y 107 del Código
Penal (normas fin), y desconocimiento de los artículos 247, 254, 259 y
274 del Código de Procedimiento Penal (normas medio), al no ser
reconocidos perjuicios materiales ni morales en favor del Municipio
de Pitalito.


El artículo 107 del Código Penal dispone que si el daño material
derivado del hecho punible no pudiere evaluarse pecuniariamente,
debido a que no existe dentro del proceso base suficiente para fijarlo
por medio de perito, el Juez debe fijar prudencialmente como
indemnización una suma equivalente en moneda nacional a 4.000
gramos oro, teniendo en cuenta factores tales como la naturaleza del
hecho, la ocupación del ofendido, la supresión o merma de la
capacidad productiva, y los gastos ocasionados por razón del hecho
punible.


Argumentar , como lo hace el Tribunal, que cuando los perjuicios
materiales no se encuentran establecidos probatoriamente no puede
condenarse a su pago, resulta equivocado, y contrario a lo dispuesto
en la norma, ya que si no existe prueba que permita determinar su


                                  33
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

monto,       el Juez no tiene alternativa distinta de tasarlos
prudencialmente hasta 4.000 gramos oro.


La investigación demostró que los procesados celebraron contratos
con inobservancia de requisitos legales, y que las órdenes de pedido y
de suministros irregulares suman en total $1‟814.200.oo (órdenes Nos.
5879, 487, 48 y 17803). Ello significa que los perjuicios materiales se
hallan probados peso por peso en dicha suma, es decir $1‟814.200.oo.
Pero si se considera que esto no constituye prueba de los daños
materiales, debe darse aplicación al artículo 107 del Código Penal.


En conclusión, el Tribunal omitió tener en cuenta la prueba
documental obtenida en la inspección judicial practicada en la
Alcaldía Municipal, que demuestra la celebración irregular de
contratos (causa 3579), y la causación de perjuicios materiales al
Municipio. Por tanto, debe casarse parcialmente la sentencia
impugnada, con el fin de condenar a Jaime Cortés Espinosa al pago de
perjuicios materiales por valor de $1‟814.200.oo, en solidaridad con
los procesados de las causas 1530 y 1531, más la indexación de esta
suma desde julio de 1989, hasta la fecha en que se realice el pago, o al
pago de un mil gramos de “oro puro”, o su valor al momento del pago.




5.3. Cargo tercero.




Causal primera de casación. Violación indirecta de la ley sustancial
por errores de hecho en la apreciación de las pruebas, resultado de
falsos juicios de existencia por omisión, dentro de la causa No.1530,

                                  34
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

que determinaron una condena por concepto de daños y perjuicios
muy inferior a la que legalmente correspondía, con infracción de los
artículos 103 y 105 del Código Penal (normas fin), y 55, 56, 247, 254,
273 y 274 del Código de Procedimiento Penal (normas medio).


El proceso demostró que José Gustavo Cifuentes Correa giró a Jesús
Alfonso Ferreira y/o familiares de éste, desde una cuenta corriente del
Banco Popular sucursal San Martín de Bogotá, la suma de
$37‟172.664.oo. Esto se estableció en la inspección judicial realizada
a dicho banco, según consta en los documentos de la causa 1530
(fls.26 a 103 del cuaderno No.4 de documentos) y se dejó consignado
en la resolución acusatoria.


Se tiene igualmente que José Ricardo Villegas cambió cheques del
Fondo de Desarrollo Urbano de Pitalito por valor de $28‟983.763.oo,
que entregó a Cifuentes Correa, quien a su vez los traspasó a Ferreira
Villegas y/o Jaime Cortés Espinosa, como se constata en el cuaderno
No.3 de la referida causa, y se dejó plasmado en la resolución
acusatoria. De igual manera, que cheques del Fondo de Desarrollo
Urbano por valor de $13‟058.577.oo fueron a parar a manos de
Gilberto Espinosa Ortiz (primo de Jaime Cortés Espinosa), cuenta
corriente No.71407130-5 del Banco Ganadero de Pitalito, y de allí a
Jaime Cortés Espinosa, por intermedio de José Lisímaco Liévano
Bonelo y María Fernanda Espinosa (sobrina del Alcalde), y de
Melania Ortiz (esposa de Liévano Bonelo). Ver cheques 126, 158, 94,
189, 140, 128 del cuaderno No.4 de documentos (fls. 1 y ss), y
cuaderno de pruebas No.7 (fls.77 a 79).




                                  35
                                                              Casación 16441
                                                              Jaime Cortés E.

También se estableció en la misma causa que José Lisímaco Liévano
Bonelo “participó en el lavado de otros dos cheques oficiales girados a
Jairo Rangel y Jaime Giraldo Gómez por $679.000.oo cada uno, que
aparecen en los Nos.204 y 207 del cuaderno de documentos No.2”, los
cuales suman $1‟358.140.oo. Así mismo, que los cheques 162, 97,
102, 169 y 155, por valor de $2‟715.288.oo, fueron a parar a manos de
Jaime Cortés Espinosa, quien también se hizo al producto de los
cheques Nos. 204, 205, 206 y 207 (cuaderno de documentos No.2),
por valor de $2‟716.280.oo.


Adicionalmente a lo anterior se tiene lo siguiente: Que a los bolsillos
de   Jaime     Cortés    Espinosa          llegaron    $1‟940.000.oo          por
sobrefacturación de 100 cuñetes de pintura. Que se registra un
sobrecosto de $150.000.oo en la negociación de 522 guaduas con
Alirio Hidaldo, dineros que fueron a parar a los bolsillos de Jesús A.
Ferreira Villegas. Que el particular Julio Useche realizó contratos por
valor de $6‟000.000.oo, y tenía que dar a los administradores del
Municipio    un    30%   de    coima,        porcentaje     que    equivale    a
$1‟800.000.oo. Que Julio Useche dijo haber recibido de los 6.651
bultos de cemento, no más de 2.000, lo que arroja una diferencia de
4.651 bultos. Y otros faltantes de cemento ascienden a 3.088 bultos,
para un total de 7.739, cuyo valor, a $1.346 unidad, arroja
$10‟416.694.oo.    Todos      estos        conceptos      suman,    en   total,
$100‟338.406.50.


El Tribunal, al fijar el monto, se valió exclusivamente del dictamen
pericial, dejando de apreciar los elementos probatorios a los cuales se
ha hecho mención, con desconocimiento de lo dispuesto en el artículo
273 del Código de Procedimiento Penal. Esta omisión determinó una

                                      36
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

condena por valor de $45‟803.583.oo, cuando se hallaban probados
perjuicios materiales por valor de $100‟338.406.50.


Solicita a la Corte, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia
impugnada, para condenar a los procesados Jesús Alfonso Ferreira
Villegas, Jaime Cortés Espinosa, Daniel Díaz Reyes, Alvaro Hernando
Gómez Vargas, Jaime Tovar Rojas, José Gustavo Cifuentes y José
Ricardo Villegas López, a restituir al Municipio la suma antes
indicada, mas la indexacción y los intereses comerciales corrientes
desde el mes de julio de 1989, hasta que se realice el pago.




5.4. Cargo cuarto.




Causal primera de casación. Violación indirecta de la ley sustancial
por errores de hecho, producto de falsos juicios de existencia por
omisión en la apreciación de la prueba dentro de la causa No.1531,
que hicieron que la condena por daños y perjuicios fuera menor de la
que legalmente correspondía, con violación de los artículos 55, 56,
103 y 105 del Código Penal, y 247, 254, 259, 273, 274 y 294 del
Código de Procedimiento Penal.


En la resolución de acusación de 17 de mayo de 1990 (causa 1531),
se habla de un cheque girado por el Municipio a Héctor Pulido por
valor de $646.223.oo que Jaime Cortés Espinosa le dio a Jesús
Alfonso Ferreira para que lo cambiara. Este falsificó la firma del
endoso, lo cobró y le entregó el dinero al Alcalde. También se hace
alusión a sobrefacturaciones por valor de $8‟426.960,oo en 9 casos de

                                  37
                                                             Casación 16441
                                                             Jaime Cortés E.

esmaltes y vinilos, según peritazgo visible a folios 803 del cuaderno
principal, dineros que llegaron a las arcas de Jaime Cortés Espinosa,
Helmer Rojas Ramírez, Jairo Cortés Espinosa, José Ricaurte Gallego y
José Lisímaco Liévano Bonelo.


En la misma resolución se habla de 2 giros que le hizo José Lisímaco
Liévano   Bonelo      a   Jaime    Cortés   Espinosa por valores         de
$5‟000.000.oo y $13‟000.000.oo, con dineros provenientes de
consignaciones que Liévano Bonelo hacía de cheques oficiales que
llegaban a sus manos por intermedio de José Ricardo Villegas López,
Gilberto Espinosa o Jaime Cortés. También se hace alusión a un
faltante detectado en el Almacén por valor de $3‟549.672.oo, y de un
desfase de cemento de 991 y 131 sacos, por valor de $1‟398.100.oo.


El 21 de febrero de 1990 el Juzgado de Instrucción practicó diligencia
de inspección judicial en la sucursal del banco Popular de Pitalito
sobre las dos cuentas de los esposos José Lisímaco Liévano Bonelo y
Melania   Ortiz,     estableciéndose     que   en    ellas    se   movieron
$69‟128.665.oo. A esta suma se le restaron $9‟247.860.oo que
corresponden a lavados de dineros provenientes del Fondo de
Desarrollo Urbano (causa 1530), y los $18‟000.000.oo de los dos
giros   a Cali, ya computados, quedando               un     remanente de
$41‟880.805.oo, correspondientes a cheques oficiales del Municipio
de Pitalito, cambiados o avalados por los dos cuentahabientes. Todos
estos   perjuicios    materiales    causados    al    Municipio      suman
$73‟902.760.oo para la causa 1531.


El Tribunal únicamente tomó en cuenta los valores correspondientes al
faltante en el almacén ($3‟549.672.oo), los faltantes de cemento

                                    38
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

($1‟398.320.oo), la sobrefacturación ($8‟426.960.oo), y los giros a
Cali ($18‟000.000.oo), para un total de $31‟558.000.oo, con exclusión
de los otros numerarios ($646.223.oo correspondientes al cheque de
Héctor Pulido, y $41‟880.805.oo de dineros lavados por Liévano), no
obstante existir en el proceso prueba elocuente y seria sobre el
particular, como la ya analizada, y las indagatorias de Lisímaco
Liévano Bonelo, Helmer Rojas Ramírez y Jesús Alfonso Ferreira
Villegas.


Pide, por tanto, casar parcialmente la sentencia impugnada con el fin
de condenar a Jaime Cortés Espinosa, Helmer Rojas Ramírez, José
Lisímaco Liévano Bonelo, Jesús Alfonso Ferreira Villegas, Jairo
Cortés Espinosa y José Ricaurte Gallego, a pagar al Municipio de
Pitalito, por concepto de perjuicios materiales por los hechos
investigados en la causa 1531, la suma de $73‟902.760.oo.




5.5. Cargo quinto.




Causal primera de casación. Violación indirecta de la ley sustancial
por errores de hecho en la apreciación de la prueba, provenientes de
falsos juicio de existencia por omisión, que llevaron a una condena
ínfima de 100 gramos oro por concepto de honorarios de la parte civil,
con violación de los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento
Civil, 21 del Código de Procedimiento Penal y 43 y siguientes
ejusdem.




                                 39
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

Después de aludir al contenido de las normas que afirma violadas,
sostiene que en el proceso se tramitó un incidente de regulación de
honorarios profesionales de la doctora Nancy Angel Muller, quien
atendió inicialmente la parte civil, donde se declaró que sus
honorarios equivalían al 10% de las condenas que se obtuvieran por
razón de perjuicios, lo cual arroja un total de $9‟011.000.oo, si se
tiene en cuenta que las condenas por perjuicios ascienden a
$90‟116.804.oo.


Esto permite establecer una relación de desproporción de 10 a 1 en
contra de los intereses del Municipio. Fuera de eso, se tiene que la
sola caución para embargar costó $800.000.oo, y que esos dineros no
son reembolsables. Por consiguiente, solicita a la Corte casar
parcialmente la sentencia impugnada, con el fin de que se condene a
los procesados a pagar en solidaridad al Municipio de Pitalito la suma
de 2.000 gramos de “oro puro”, o su valor, al momento de hacer el
pago respectivo, por concepto de honorarios del abogado.


Concepto del Ministerio Público.




1. Aclaraciones previas.




Antes de iniciar el estudio de las censuras, el Procurador Segundo
Delegado en lo Penal (E) hace algunas aclaraciones en relación con el
interés para recurrir en casación de los sujetos procesales a los cuales
les fue concedido el recurso, a partir de la consideración de que Jesús
Alfonso Ferreira Villegas y el Procurador Judicial Penal 174 no

                                  40
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

recurrieron el fallo de primer grado, y que ello, en principio, los
deslegitimaría para acceder en sede extraordinaria, en atención a la
doctrina de la Corte, según la cual, si una de las partes se abstiene de
interponer o sustentar en tiempo el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, estando en condiciones de hacerlo, ha
de entenderse que se muestra conforme con la decisión proferida, y
que en virtud de ese derecho de conformidad, el superior no puede
motu proprio, entrar a examinar su situación jurídica (Decisión de 11
de febrero de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fernando E. Arboleda
Ripoll).


Explica que este criterio no es sin embargo absoluto, como que la
misma Corte exceptúa los siguientes casos: a) Cuando en virtud del
recurso interpuesto por otros sujetos procesales, o los efectos
vinculantes de la decisión de segundo grado, el pronunciamiento
afecte su situación jurídica en forma desfavorable; b) Cuando el fallo
de primera instancia esté sujeto al grado jurisdiccional de consulta,
cualquiera sea el contenido de la decisión de segunda instancia; y, c)
Cuando la casación verse sobre nulidades.


Es un hecho procesal que Jesús Alfonso Ferreira Villegas no
impugnó la sentencia de primer grado y que tampoco lo hizo su
abogado. Sin embargo, su situación resultó agravada con el fallo de
segunda instancia, pues mientras el Juez a quo lo condenó a 35 meses
de prisión como responsable de los delitos imputados en la causa
No.1530, el Tribunal le impuso una pena de seis (6) años, tras haber
revocado las absoluciones proferidas en su favor por los cargos
contenidos en las causas 1531 y 1629, no quedando duda, entonces,
que le asiste interés para recurrir en casación, independientemente de

                                  41
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

que con posterioridad hayan sido decretadas prescripciones, y solo se
encuentren en este momento vigentes los cargos imputados en las
causa 1530.


El Ministerio Público tampoco impugnó la sentencia de primer grado.
Por tanto, habría que entrar a determinar si concurre alguna de las tres
excepciones. La primera se descarta porque siendo el Ministerio
Público un sujeto procesal que no persigue intereses particulares, su
situación no puede verse desmejorada por la decisión de segunda
instancia; y también la segunda, porque la sentencia de primer grado
no estaba sujeta al grado jurisdiccional de consulta. Restaría examinar
si el impugnante invoca una nulidad, pero del examen de la demanda
se advierte que el cargo se estructura sobre la base de la violación del
principio de no reformatio in pejus, en relación con el procesado
Helmer Rojas, que aunque no configura un error in procedendo, sino
uno in iudicando, atacable por la vía de la causal primera, sí constituye
violación a una garantía fundamental, que legitima al Ministerio
Público para impugnar la sentencia de segunda instancia.


Considera, por eso, que la tercera excepción a la no apelación de la
sentencia de primer grado, no debe limitarse a las nulidades, sino que
debe hacerse extensiva “a la propuesta de cualquier eventual violación
a garantías fundamentales como en efecto lo es la prohibición de la
reforma en perjuicio, que se yergue como una garantía procesal con
incidencia sustancial y no procesal; la que incluso opera, como
excepción al principio de limitación en esta sede, conforme lo
establece el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal”.




                                   42
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

Por último se refiere a la demanda presentada por el apoderado de la
parte civil para sostener que el Tribunal, al decidir sobre la admisión
de los recursos de casación, negó el relacionado con el delito de
celebración indebida de contratos imputado en la causa acumulada
No.3579, por considerar que dicho ilícito no tenía pena máxima
privativa de la libertad de seis años, ni la condición de conexo, y que
por tanto no se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 218
ejusdem para su procedencia.


Agrega que aunque en principio el argumento es aceptable, la Corte
tiene un criterio distinto, elaborado sobre el principio de integración
del fallo, y la consideración de que el concepto de conexidad que
maneja el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal no es el
restrictivo de la conexidad sustancial que describe el artículo 87
ibídem, sino uno más amplio y comprensivo de los fenómenos de la
acumulación de causas (Sentencia de 19 de marzo de 1999,
Magistrado Ponente Dr. Edgar Lombana Trujillo).


Siendo ello así, se concluye que el Tribunal, al negar la concesión del
recurso extraordinario por el mencionado delito, incurrió en una
irregularidad que cercena la posibilidad de acceder al mecanismo de
impugnación extraordinario, vulnerando el debido proceso, “con
proyecciones también en el derecho de defensa en tanto se coarta el
acceso a un recurso procesal y que, amerita debida corrección. En esa
medida, se debe aplicar el correctivo indispensable para que se
enmiende la situación, mediante la declaratoria de nulidad parcial del
auto en comento, numeral cuarto de la parte resolutiva, en lo que
concierne a la negativa a la concesión del recurso por el delito de


                                  43
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

indebida celebración de contratos contenido en la causa 3579,
afincada en los motivos expuestos” (fls.43 del concepto).




2. Respuesta a las demandas.




2.1. Demanda presentada por el defensor del procesado Jaime
Cortés Espinosa.




Considera que el único cargo que esta demanda contiene, relacionado
con la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del
artículo 139 del Código Penal, no debe prosperar, porque se sustenta
en una omisión probatoria (no haber considerado los juzgadores el
recibo de consignación por valor de $8‟426.960.oo), que debió haber
sido planteado por la vía de la violación indirecta. Invocar violación
directa de la ley, para a renglón seguido anclar el ataque en yerros de
apreciación probatoria, como el que aquí se propone, constituye un
total contrasentido, que viola el principio lógico de no contradicción,
impidiendo su estudio.




2.2. Demanda presentada por el defensor de Helmer Rojas
Ramírez.




                                   44
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

Cargo primero. Nulidad por violación del principio de investigación
integral: Sostiene que el casacionista solo se preocupa por enunciar las
pruebas que en su concepto dejaron de ser practicadas, pero olvida
señalar de manera concreta su incidencia en la responsabilidad final de
su cliente frente a la sentencia impugnada, o lo que es igual, por qué
esas pruebas tenían potencialidad para inmutar el fallo. Además de
ello, resulta una equivocación solicitar la nulidad a partir de la
resolución de acusación, ya que si lo pretendido es contar con una
nueva oportunidad para practicar pruebas, la invalidación debe
extenderse a la fase probatoria, ya del sumario, ora del juicio, siendo
esta segunda opción la de mayor conveniencia.


Cargo segundo. Violación indirecta de la ley sustancial por falta de
aplicación del artículo 139 inciso segundo del Código Penal. Error de
derecho por falso juicio de convicción. Desconocimiento del valor
probatorio del recibo de consignación: Argumenta que el error de
derecho por falso juicio de convicción no tiene cabida en nuestro
ordenamiento, salvo contadas excepciones, porque la apreciación de la
prueba no está sometida a tarifa legal, siendo el planteamiento, por
tanto, equivocado.


La apreciación de la prueba en nuestro ordenamiento está presidida
por el sistema de persuasión racional, y ello imponía demostrar que la
valoración realizada por los juzgadores desconocían las reglas de la
sana crítica, “aspecto que en absoluto intenta el libelista en el cargo
que se estudia, ya que solo insiste en que se negó un valor que ni
siquiera existe” (fls.47 y 48 del concepto).




                                   45
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

2.3. Demanda presentada por el apoderado de la parte civil.




Cargo primero. Violación directa de la ley sustancial por
interpretación errónea de los artículos 106 del Código Penal y 55 del
Código de Procedimiento Penal, en armonía con el 103 del Penal y
108.8 del estatuto procesal, que llevó a la desestimación de los
perjuicios morales: Dos reparos de orden técnico presenta la Delegada
en relación con esta censura: 1) haber omitido el libelista hacer
alusión a las causales establecidas en las normas que regulan la
casación civil (artículo 221 del Código de Procedimiento Penal); y, 2)
haber citado como norma indebidamente interpretada el artículo 106
del Código Penal, no obstante tratarse de la norma que se dejó de
aplicar.


Considera, sin embargo, que estos yerros no impiden el estudio de la
cuestión debatida, consistente en si una persona jurídica de derecho
público, como lo es el Municipio, puede ser objeto de perjuicios de
carácter moral, o si ellos solo pueden padecerlos personas naturales
que gozan de sentimientos y afectividad. En torno al punto, basta traer
a colación la sentencia de la Corte que el demandante transcribe,
donde se deja claramente establecido que las personas jurídicas
también pueden llegar a sufrir perjuicios de orden moral, como cuando
con la conducta ilícita se afecta su buen nombre, y ello genera
pérdidas de carácter económico (Sentencia de 13 de marzo de 1993,
Magistrado Ponente Dr. Ricardo Calvete Rangel), para concluir que al
demandante le asiste razón en la formulación de la censura.




                                  46
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

Solicita, por tanto, casar parcialmente el fallo impugnado, para que los
procesados sean condenados solidariamente al pago de los perjuicios
morales derivados de su actuar delictivo, en los términos indicados en
el artículo 106 del Código Penal.


Cargo segundo. Violación indirecta de la ley sustancial. Perjuicios
derivados del delito de celebración indebida de contratos: Se remite a
lo expuesto en el acápite de las aclaraciones previas sobre la
existencia de una nulidad, originada en la decisión del Tribunal
Superior de no conceder el recurso de casación por este delito. Pide,
en consecuencia, decretar la nulidad parcial, y conceder la
impugnación.


Cargos tercero y cuarto. Violación indirecta de la ley sustancial,
producto de errores de existencia por omisión en la apreciación de la
prueba allegada al proceso. Haberse apoyado el Tribunal Superior
para la tasación de los perjuicios exclusivamente en el dictamen
pericial : Dice que la censura que se plantea en estos dos cargos es
sustancialmente idéntica, aunque referida a causas distintas (1530 y
1531, respectivamente), y que por ello resulta pertinente su estudio
conjunto.


Destaca como inconsistencia técnica que el demandante hubiera
omitido acudir a las causales y normas de la casación civil, conforme
lo ordena el artículo 221 del estatuto procesal penal, pero asegura que
esta falencia no impide su estudio, por ser la causal alegada común en
la normatividad civil y penal. Es del criterio, sin embargo, que el
cargo no está llamado a prosperar, toda vez que se encamina a
cuestionar la facultad que la ley le confiere al Juez en el artículo 55

                                    47
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

del Código de Procedimiento Penal, de disponer la intervención de un
perito para la liquidación de los perjuicios cuando ello fuere necesario,
atendida la complejidad del asunto, como ocurría en el caso sub
examine.


Y si la ley permite hacerlo, mal puede cuestionarse al funcionario por
haberlo hecho. Además, su apreciación se basa en la libre persuasión,
y el demandante no demuestra que los juzgadores hayan desconocido
las pautas impuestas por la sana crítica, advirtiéndose en su alegación
no más que la pretensión velada de revivir una discusión sobre el
contenido del dictamen, que debió haberse planteado en tiempo
oportuno, dentro de las instancias procesales.


Cargo quinto: Violación indirecta de la ley sustancial por error de
hecho por falso juicio de existencia, que determinó una condena
insignificante por concepto de honorarios profesionales: Considera
que el casacionista carece de interés para recurrir por cuanto la
censura está dirigida a obtener por este concepto una condena de
2.000 gramos oro, en lugar de los 100 a que fueron condenados los
procesados en el fallo, y que la diferencia perseguida arroja un total en
pesos de $28‟469.771.oo para la fecha de presentación de la demanda,
que resulta ser menor de la requerida en ese entonces para la
procedencia del recurso en materia civil: $53‟782.400.oo.




2.4. Demanda presentada por el Procurador Judicial 174.




                                   48
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

Violación del principio de no reformatio en pejus en relación con el
procesado Helmer Rojas Ramírez: Se opone a las pretensiones del
demandante por considerar que para la estructuración de una violación
de esta naturaleza se requiere el cumplimiento de cuatro (4)
condiciones, y que no todas concurren en el caso en estudio: a) Que se
trate de sentencia condenatoria; b) Que el superior conozca de la
sentencia en virtud del recurso de apelación; c) Que el condenado sea
apelante único; y, d) Que el superior agrave la pena impuesta en la
decisión recurrida.


Es un hecho procesal que la pena fue agravada por el superior para el
condenado Rojas Ramírez en virtud del recurso de apelación
interpuesto contra una sentencia condenatoria, reuniéndose, de esta
manera, los presupuestos de los literales a), b) y d), pero el tercero,
relativo a la condición de apelante único, no se cumple, toda vez que
la sentencia de primer grado fue impugnada no solo por los
defensores, sino también por la parte civil.


Cierto es que este sujeto procesal desempeña en el proceso penal un
papel especialmente indemnizatorio, pero dicha naturaleza inherente a
este sujeto procesal muy poco tiene que ver con el instituto en estudio,
pues si el legislador hubiese querido “ampliar la prohibición también
frente a la apelación concurrente del condenado con la parte civil,
cuando disiente en relación con los perjuicios impuestos, que vienen a
ser prácticamente todas las veces en que apela, así lo habría
expresado”. Pero obsérvese que el artículo 34 de la ley 81 de 1993,
modificatorio del 217 del estatuto procesal, permite al superior
modificar el fallo cuando la sentencia condenatoria ha sido apelada
por el Fiscal o la parte civil: “La consulta permite al superior decidir

                                   49
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella; la
apelación le permite revisar únicamente los aspectos impugnatorios.
Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá en caso
alguno agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal o el agente del
Ministerio Público o la parte civil cuando tuviere interés para ello,
la hubiere recurrido (Subrayas de la Delegada)”.


En este orden de ideas, es claro que el procesado Rojas Ramírez no
actuaba como apelante único, porque la parte civil, estando
plenamente revestida para hacerlo, interpuso el recurso de alzada
contra el fallo de primera instancia en busca de obtener el
resarcimiento de los perjuicios causados con los ilícitos, por lo que el
superior que dirimió el recurso, tenía total facultad para agravar la
pena impuesta, dentro del marco de legalidad, sin que obstruyera esa
potestad el instituto de la prohibición de reforma en perjuicio,
enarbolado en el reproche.




2.5. Demanda presentada por el defensor del procesado Jesús
Alfonso Ferreira Villegas.




Cargo primero. Violación directa de la ley sustancial por falta de
aplicación del artículo 139 del Código Penal: Expresa que el
casacionista se desvía del aspecto central de la censura al entremezclar
en su desarrollo situaciones ajenas al mismo, como la prescripción de
la acción, e inclusive contradictorias con su naturaleza, como la
violación del debido proceso y del derecho de defensa por no haber


                                  50
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

sido puestos en conocimiento del procesado los dictámenes periciales,
terminando el reparo en una irreconciliable amalgama de conceptos,
que no puede ser aceptada en sede extraordinaria.
Cuando se elige la causal primera de casación, se parte del supuesto
que la actuación ha sido rituada conforme a los rigorismos procesales,
y que en ella no se han socavado garantías de índole procesal; por
tanto, se debe estar conforme a la actuación surtida, puesto que el
origen del ataque estriba en los yerros jurídicos en que pudo incurrir el
Juez al momento de aplicar, interpretar o seleccionar el precepto
(errores in iudicando). Y cuando se acude a la causal tercera, por la
ruta de la nulidad de la actuación, lo cuestionado debe ser que la
actuación no ha satisfecho los rigorismos establecidos en la ley, o que
se han vulnerado las garantías fundamentales del procesado (errores in
procedendo).


Esa contradicción, determina por sí sola el fracaso del reproche,
puesto que el principio de limitación que preside el recurso impide
que este tipo de yerros puedan ser refaccionados en sede
extraordinaria. Por tanto, el cargo no debe prosperar.


Cargo segundo. Causal tercera de casación. Nulidad por prescripción
de la acción penal. Destaca el craso desconocimiento que el actor tiene
sobre la forma como opera el fenómeno de la prescripción de la acción
penal, en cuanto desconoce que el término prescriptivo opera sobre la
pena fijada en la ley, no sobre la fijada en el fallo, como también que
la prescripción corre de manera independiente para cada hecho
punible, según puede inferirse del claro texto de los artículos 80 y 85
del Código Penal. Pide, en consecuencia, desestimar el cargo.


                                   51
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

Cargo tercero. Causal tercera de casación. Nulidad de la actuación
por haber omitido el Tribunal redosificar la pena al declarar la
prescripción de varios delitos después de la sentencia de segunda
instancia: Sostiene que esta petición no tiene arraigo en sede
extraordinaria, cuyo objeto radica en realizar un juicio de legalidad al
fallo, por uno cualquiera de los tres motivos previstos en el artículo
220 del estatuto procesal penal, no de cuestionar actuaciones no
relacionadas con ella. Por tanto, resulta totalmente errática la
propuesta del casacionista, enderezada a obtener un pronunciamiento
de nulidad en razón de una situación que ha tenido lugar con
posterioridad al fallo impugnado.


El camino adecuado para la solución de una situación como la
planteada por el libelista no es la casación, cuyo objetivo único lo
constituye la revisión de la legalidad del fallo (artículo 218 del C. de
P. P.), sino las instancias o solicitud directa al funcionario competente.


Cargo cuarto. Causal primera de casación por desconocimiento de lo
dispuesto sobre notificaciones en el artículo 189 del Código de
Procedimiento Penal: Afirma que el actor termina involucrando una
amalgama indescifrable de conceptos, pues al tiempo que plantea
violación directa de la ley, denuncia violación del debido proceso y
desconocimiento del derecho de defensa, lo cual desdice del principio
técnico según el cual no deben ser entremezclados dentro de una
misma censura argumentaciones correspondientes a causales distintas.


Aparte de ello, el cargo no tiene coherencia, como quiera que en un
principio se hace consistir la irregularidad en no haberse notificado en
forma personal la sentencia de segunda instancia a la defensora del

                                    52
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

procesado, para después, de manera inconexa, asegurar que también
deviene de la falta de notificación “de los autos interlocutorios antes y
posteriores de la misma”, sin concretar siquiera a qué clase de
proveídos se refiere, si a todos, incluyéndose la totalidad de las
providencias, o a una parte de ellos.


Más aún, si la inconformidad tiene asiento en el proceso de
notificación de la sentencia de segunda instancia, la casación no
tendría cabida, por tratarse de un vicio surgido con posterioridad a
ella. Además, el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal, cuya
violación afirma el recurrente, no se refiere a la pretendida obligación
de notificar en forma personal los interlocutorios y la sentencia de
segunda instancia. Dicha norma, simplemente define el procedimiento
a seguir para llevar a cabo la notificación personal. La obligación de
notificar personalmente algunas decisiones, dimana del artículo 188
ibídem, sistemáticamente analizado con otras normas. Sabido es, de
otra parte, que por virtud del principio de integración, las sentencias
que no puedan ser notificadas personalmente en materia penal deben
serlo por edicto, y que la misma regla opera en segunda instancia
(Auto de 19 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Arboleda
Ripoll).


Finalmente, la irregularidad, de haberse realmente presentado, no
tendría trascendencia alguna, por cuanto con la notificación de la
sentencia de segunda instancia se persigue que los sujetos procesales
puedan interponer el recurso extraordinario de casación, y dicho
recurso fue oportunamente propuesto.




                                   53
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

Cargo quinto. Violación directa de la ley sustancial por falta de
aplicación del artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, que
consagra el principio de la no reformatio in pejus: En relación con este
cargo la Delegada se remite a lo expuesto al contestar la demanda del
Procurador Judicial, para afirmar la improcedencia de la censura.


Cargo sexto. Causal tercera de casación. Nulidad de la actuación por
falta de notificación de los dictámenes periciales por medio de los
cuales se tasa el monto de la apropiación, con desconocimiento de lo
dispuesto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal: La
Delegada inicia la contestación de este reparo recordando al libelista
que el artículo 270 no podía haber sido aplicado porque no existía
para   la   época   en   que   se    adelantó    la   instrucción.   Pero
independientemente de ello, es claro que el expediente siempre estuvo
a disposición de los sujetos procesales,        quienes pudieron haber
cuestionado el dictamen si no compartían sus conclusiones.


En estas condiciones, no puede prosperar la nulidad, por resultar en
contravía de los principios que deben inspirar su declaración (artículo
308 C. P. P.), principalmente el de convalidación, según el cual los
sujetos procesales “con su aquiescencia o su consentimiento (tácito o
expreso) convalidan actos irregulares” (fls. 64 del concepto), y porque
frente a un dictamen pericial subyace la oportunidad de contradecirlo
en cualquier momento de la actuación.


Cargo séptimo. Causal segunda de casación. Inconsonancia de la
sentencia con los cargos imputados en la resolución de acusación, en
punto a la cuantía del ilícito: Sostiene que el impugnante no hace cosa


                                    54
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

distinta de trasladar el argumento usado en el cargo anterior, para
adecuarlo a un nuevo reproche, esta vez por la vía de la causal
segunda, sin ninguna fortuna.


Si consideraba que la base probatoria de la cuantía no fue
correctamente apreciada, y que por ello el delito atribuido dejaba de
ser agravado para convertirse en simple, debió plantear un error in
iudicando, por la vía de la causal primera, cuerpo segundo, mas no
alegar un error in procedendo de naturaleza conceptual que no se
presenta, por existir entre las dos decisiones (resolución de acusación
y sentencias) total correspondencia, siendo ello suficiente para
desestimar la censura.


Cargo octavo. Causal tercera de casación. Nulidad por violación del
principio constitucional y legal non bis in ídem: Estima que la causal
apropiada para plantear y desarrollar este censura no es la tercera, sino
la primera, puesto que no se requiere invalidar lo actuado en las
causas 1530 y 1531, que según el demandante versan sobre lo mismo,
para corregir el error denunciado. Se trata de la violación de una
garantía fundamental con incidencia sustancial y no procesal, que
origina un error in iudicando.


Esto, desde una perspectiva puramente técnica, pues el casacionista
tampoco explica por qué las causas 1530 y 1531 tratan sobre los
mismos hechos, pretendiendo, a partir de meras generalizaciones, que
la Corte atienda el cargo, sin cumplir la obligación de demostrarlo. A
esto se suma su intrascendencia, pues en relación con la causa 1531 el
Tribunal declaró la cesación de todo procedimiento en su favor,
siendo del criterio, por tanto, que se desestime la censura.

                                   55
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.



Cargo noveno. Causal tercera de casación. Nulidad por ausencia del
representante del Ministerio Público en la práctica de diligencias:
Argumenta que si bien es cierto el Agente del Ministerio Público es el
encargado de velar por la transparencia de la actuación, ello no
implica que su presencia física sea indispensable en todas las
diligencias procesales para que las mismas queden revestidas de
legalidad. Lo importante es que el proceso cuente con un
representante de la sociedad, como sucedió en el presente caso, para
que actúe de manera acorde con sus funciones y facultades legales. El
demandante no cita la norma legal que exige la presencia física del
representante de la sociedad en todas las actuaciones procesales, por la
sencilla razón de que un tal precepto no existe, resultando evidente la
improsperidad del reproche.


Cargo décimo. Causal tercera de casación. Nulidad de la sentencia de
segunda instancia por no haberse efectuado en debida forma la
redosificación de la pena impuesta en ella al procesado, al ser
declarada la prescripción de las causas 1629 y 1531: Sostiene que esta
alegación no tiene cabida en sede extraordinaria, por cuanto la
casación está instituida como juicio de legalidad al fallo de segunda
instancia, no de actuaciones posteriores al mismo. La petición, para
hacer valer estos derechos, debió      presentarse ante el funcionario
competente, de manera directa, para la realización de los ajustes
pertinentes.




Peticiones finales:


                                  56
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.




A manera de conclusión, la Delegada solicita a la Corte casar
parcialmente la sentencia impugnada en lo relativo al cargo primero de
la demanda presentada por el apoderado de la parte civil, con el fin de
que se condene a los procesados a pagar solidariamente en favor del
Municipio de Pitalito los perjuicios morales causados con las
infracciones. De la misma manera, se decrete oficiosamente la nulidad
parcial del proceso a partir del auto de 18 de septiembre de 1998, por
medio del cual el Tribunal       negó la procedencia del recurso de
casación en relación con el cargo segundo de la demanda presentada
por el apoderado de la parte civil, concerniente a la celebración
indebida de contratos, para los fines pertinentes.


Respecto de los cargos contenidos en las otras demandas, solicita su
desestimación.




SE CONSIDERA:




Cuestiones previas.




1. Nulidad del trámite casacional.




                                   57
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

El Procurador Segundo Delegado en lo Penal (E) solicita a la Corte
declarar la nulidad parcial del auto mediante el cual el Tribunal negó
la concesión del recurso de casación por el delito de celebración
indebida de contratos, imputado en la causa No.3579, con el fin de
que sean aplicados los “correctivos indispensables”, pues considera
que esta decisión vulnera el debido proceso y atenta contra el derecho
de defensa, ya que la Corte, en reiterados pronunciamientos, ha
sostenido que el concepto de conexidad a que se refiere el inciso
segundo del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal no es el
restrictivo de la conexidad sustancial que recoge el 87 ejusdem, sino
uno más amplio, comprensivo del fenómeno de la acumulación de las
causas.


En torno a este aspecto, debe decirse que la Corte, al precisar el
alcance del inciso segundo del artículo 218 del Código de
Procedimiento Penal (modificado por el 35 de la ley 81 de 1993), ha
hecho ciertamente las precisiones a que alude el colaborador Fiscal, y
que frente a dicha comprensión de la norma, el recurso de casación
por el delito de celebración indebida de contratos imputado en la
causa No.3579, resultaba procedente.


Pero no puede dejar de considerarse que las nulidades surgen no por la
circunstancia de haberse incurrido en una irregularidad, sino porque
existiendo ella, y siendo de carácter sustancial, afecta las garantías de
los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la
instrucción o juzgamiento, aspectos sobre los cuales la Delegada no
hace ninguna clase de consideración, no obstante su condición de
sujeto procesal postulante del vicio (artículos 307 y 308.2 C. P. P.).
Más    aún,   nada    dice   sobre      sus   implicaciones   procesales,

                                   58
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

desconociéndose si lo que pretende es que se invalide todo el trámite
casacional a partir de la declaración de improcedencia del recurso; o
solo parcialmente para que se conceda el recurso por el referido delito,
y las partes tengan la oportunidad de complementar sus demandas, en
cuyo evento habría que ordenar la suspensión del proceso mientras se
cumple dicho trámite adicional; o que la Corte dicte sentencia de
casación de acuerdo con los cargos presentados por los impugnantes,
y ordene escindir la unidad procesal para que separadamente se
tramite el recurso por el delito de celebración indebida de contratos.


En el caso sub judice, los sujetos procesales interesados en la
concesión de la impugnación extraordinaria pudieron haber solicitado
reposición de la decisión, e inclusive, interponer el recurso de hecho
para que la Corte decidiera sobre su otorgamiento, pero no lo hicieron,
sino que se allanaron a lo decidido por el ad quem, con lo cual debe
entenderse que renunciaron al derecho que les asistía, y que la
irregularidad, a pesar de haberse presentado, fue consentida por los
perjudicados, propiciando con su pasiva actitud la convalidación del
vicio.


Reiterados han sido los pronunciamiento de la Sala donde se sostiene
que cuando la irregularidad compromete un acto de postulación
discrecional de los sujetos procesales, como por ejemplo el recurso de
impugnación, sus efectos invalidatorios dependerán no solo de su
trascendencia, sino de la circunstancia de no haber sido saneado con
motivo de la actitud procesal asumida por la parte afectada, puesto que
si guarda silencio frente a ella, o concita la prosecución del trámite
procesal, habrá de entenderse que dispone del derecho que le fue
socavado, renunciando a su eventual ejercicio, y que el vicio, por

                                   59
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

tanto, ha sido convalidado, acorde con lo previsto en el artículo 308.4
del estatuto procesal (Casaciones de 18 de febrero de 1998, 27 de abril
del 2000, entre otras, Magistrado Ponente, doctor Fernando E.
Arboleda Ripoll).


Las razones expuestas constituyen fundamento suficiente para negar la
solicitud de nulidad presentada por la Delegada.




2. Interés para recurrir en casación del procesado Jesús Alfonso
Ferreira Villegas y el Procurador Judicial Penal 174.




A manera de aclaración el Procurador Delegado sostiene que estos dos
recurrentes no interpusieron recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, pero que ello no deslegitima sus impugnaciones
extraordinarias, puesto que la situación jurídica del primero fue
agravada en el fallo de segundo grado, quedando por dicho motivo
habilitado para interponer el recurso, y que el segundo alega la
violación de una garantía fundamental en relación con el procesado
Helmer Rojas Ramírez, que lo autoriza para proponer la impugnación,
no obstante que el ataque no involucre la nulidad de la actuación.


Para la Sala, al igual que lo es para la Delegada, resulta claro que
ambos sujetos procesales tienen interés para recurrir, no obstante
haber dejado de impugnar el fallo de primera instancia, y que en las
anotadas condiciones, ninguna objeción cabe hacer a la concesión del
recurso por parte del Tribunal. En relación con Ferreira Villegas, basta
confrontar los fallos de primera y segunda instancia para advertir que

                                  60
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

su situación jurídica fue agravada por el ad quem, y que esta
modificación en disfavor lo autorizaba para recurrir en casación.


En cuanto al Procurador Judicial Penal su interés surge de la
circunstancia de haberse presentado una modificación en el fallo de
segunda instancia en relación con el procesado Helmer Rojas Ramírez,
que agrava su situación jurídica, y que el representante del Ministerio
Público considera violatoria de la ley sustancial y las garantías
fundamentales del acusado. En este caso, el Procurador actúa dentro
de la primera de las hipótesis que excepcionalmente permiten acceder
al recurso extraordinario cuando la parte ha guardado silencio frente al
fallo de primer grado, según lo consignado por la Corte en decisión de
11 de febrero de 1999, pues interviene con pretensiones de defensa,
siendo su impugnación perfectamente legítima, indistintamente que la
garantía fundamental cuya transgresión alega sea de naturaleza
sustancial o procesal, y que su planteamiento deba hacerse dentro del
ámbito de las causales primera o tercera.




Respuesta a las demandas.




1. Demanda a nombre del procesado Jaime Cortés Espinosa.




1.1. Cargo único. Causal primera de casación. Violación directa de
la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 139 inciso




                                  61
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

tercero del Código Penal. Reintegro parcial de los bienes
apropiados. Disminución de pena.




La Sala comparte el criterio expresado por el Procurador Delegado en
su concepto en el sentido que la censura debió plantearse por la vía de
la violación indirecta, pero no las razones que le sirven de sustento,
pues del estudio de la sentencia de segunda instancia se establece que
el Tribunal sí tuvo en cuenta la consignación por valor de
$8‟426.960.oo realizada antes de dictarse el fallo de segunda
instancia, solo que se abstuvo de reconocer la diminuente por
considerar que el reintegro resultaba insignificante, como puede ser
constatado de la lectura de los siguientes apartes de la sentencia:


“9.1. Causa 1530. La cuantía de lo apropiado fueron $45‟803.583.oo
que deberán restituir solidariamente y en forma indexada, según lo
anteriormente dicho, Jesús Alfonso Ferreira Villegas, Jaime Cortés
Espinosa, Daniel Díaz Reyes, Alvaro Hernando Gómez Vargas, Jaime
Tovar Rojas, José Gustavo Cifuentes Correa y José Ricardo Villegas
López. A más de lo anterior, por concepto de lucro cesante se
condenará a los intereses legales corrientes que se hubieren causado
desde la fecha de la apropiación (julio de 1989) hasta aquella en que
se produzca el reintegro. Como quiera que el valor de lo
reintegrado por el ingeniero Jaime Cortés Espinosa es ínfimo, no
se le disminuirá la pena” (fls.125 del fallo de segundo grado.
Subrayas fuera de texto).

Siendo entonces claro que la prueba de la consignación fue tenida en
cuenta por el Tribunal, pues no de otra manera se entiende que haya
rehusado aplicar la rebaja de pena por considerar el reintegro irrisorio,
se descarta la configuración de un error de hecho por falsos juicios de
existencia por omisión en relación con dicho elemento de juicio, y


                                   62
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

pierden sustento las consideraciones del Procurador Delegado, en el
sentido de que el ataque debió encausarse por dicha vía, y que el
planteamiento del censor es contradictorio.


La equivocación del planteamiento radica en considerar que la rebaja
de pena prevista en el artículo 139 del Código penal opera por el
simple hecho del reintegro, lo cual es inexacto. Del contenido de la
norma citada se establece que el legislador regló separadamente lo
relativo a la rebaja de pena por reintegro total y parcial, haciendo
depender su reconocimiento de presupuestos distintos, y adscribiendo
a cada hipótesis consecuencias jurídicas diversas.


En los incisos primero y segundo, regula lo referente al reintegro total,
señalando que si el agente, por sí o por tercera persona, hace cesar el
mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido,
extraviado, o su valor, antes de iniciarse investigación, “la pena se
disminuirá hasta en las tres cuartas partes”, y si el reintegro se
efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, “la pena se
disminuirá hasta en la mitad”.


En esta primera hipótesis, la reducción de pena opera ipso iure, de
suerte que cumplida la condición en ella establecida (reintegro total),
surge para el    juzgador la obligación de aplicar la consecuencia
jurídica (disminución de la pena), perteneciendo al ámbito de su
discrecionalidad solo la determinación del quantum de la rebaja
aplicable en cada caso, dentro de los límites allí prefijados: Si la
restitución total se hizo antes de iniciada la investigación, la rebaja
podrá oscilar entre un (1) día y las ¾ partes de la pena; y, si acontece


                                   63
                                                            Casación 16441
                                                            Jaime Cortés E.

entre este momento procesal y la sentencia de segunda instancia, el
descuento podrá fluctuar entre un (1) día y la mitad de la pena.


En el inciso tercero, regula lo concerniente al reintegro parcial,
precisando que cuando la restitución sea de esta índole, el Juez puede,
“en casos excepcionales y teniendo en cuenta las circunstancias
previstas en el artículo 61, disminuir la pena hasta en una cuarta
parte”. En esta ocasión, el legislador refiere la excepcionalidad de las
condiciones de procedencia, “en casos excepcionales” expresa, para
indicar que la rebaja no es viable en todos los eventos, como acontece
cuando la restitución ha sido total, sino solo en aquellos en los cuales
la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de
culpabilidad,   las   circunstancias    de   agravación      y     atenuación
concurrentes, la personalidad del procesado, lo recomienden.


A diferencia, entonces, de lo que ocurre cuando el reintegro es total,
en cuyo supuesto la rebaja de pena opera por el simple hecho de su
realización,    cuando   la   restitución    es   parcial     se    requiere,
adicionalmente, el análisis de las circunstancias del artículo 61 del
Código Penal, con el fin de establecer si el descuento resulta
procedente, función que corresponde al Juez, quien debe exponer
razonadamente los motivos de su reconocimiento o rechazo.


En suma, para que opere el descuento previsto en el inciso tercero del
artículo 139 del Código Penal, se requiere el cumplimiento de dos
presupuestos: a) Que exista reintegro parcial, debiéndose entender por
tal el que reviste alguna significación patrimonial frente al valor de los
bienes apropiados, perdidos o extraviados; y, b) Que la naturaleza y


                                   64
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, las
circunstancias de atenuación o agravación,     y la personalidad del
sujeto agente, recomienden su aplicación.


Sentadas estas premisas, se concluye sin mayor esfuerzo que el ataque
planteado por el demandante resulta no solo incompleto, sino
equivocado en su formulación. Lo primero, porque adicionalmente a
la existencia del reintegro, era su obligación demostrar que las
circunstancias del artículo 61 del Código Penal hacían viable su
reconocimiento. Lo segundo, porque ello implicaba tener que acreditar
que el Tribunal incurrió en errores de hecho o de derecho en la
apreciación probatoria, y esto necesariamente imponía acudir a la
causal primera de casación, cuerpo segundo (violación indirecta de la
ley sustancial).


Se desestima la censura.




2. Demanda a nombre de Jesús Alfonso Ferreira Villegas.




Siguiendo el orden lógico que impone el principio de prevalencia de
las causales en casación, la Corte estudiará en primer término los
cargos planteados al amparo de la tercera, incluyendo dentro de ellos
el primero, que contiene una solicitud de declaración de prescripción,
y ha sido formulado como principal.




                                 65
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

2.1. Cargo principal. Causa No.1530. Causal primera de casación.
Violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del
artículo 139, inciso tercero del Código Penal. Prescripción de la
acción penal.




En este cargo el demandante hace un planteamiento mixto: Invoca
violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del
artículo 139 inciso tercero del Código Penal (rebaja de pena por
reintegro parcial), y como consecuencia de la prosperidad de este
reproche, solicita declarar la prescripción de la acción penal, pues
sostiene que al ser aplicada la rebaja de pena de 15 meses, que le fue
reconocida por dicho concepto al procesado en la sentencia de primera
instancia, el término prescriptivo no sería de 120 meses, sino 105, los
cuales habrían tenido cumplimiento en el año de 1999.


Las Corte no advierte en esta propuesta de ataque        contradicción
intrínseca alguna que impida su estudio, como lo postula el
Procurador Delegado en su concepto. Por el contrario, considera que
la solicitud de prescripción al interior del mismo cargo resulta
correcta, en cuanto se presenta como consecuencia de su prosperidad.
Tampoco advierte equivocación en la selección de la causal invocada,
pues la prescripción, en los términos en que ha sido planteada en la
demanda, solo se consolidaría con ocasión de la decisión que llegara
a tomarse en esta sede como motivo del recurso de casación, situación
que resulta ser distinta de aquella en la cual el fenómeno prescriptivo
se ha consolidado antes de ser proferido el fallo de segundo grado, en
cuyo caso la causal a invocar debe ser la tercera.


                                   66
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

No obstante su conformidad técnica, el cargo no está llamado a
prosperar, por dos razones: 1) porque se estructura sobre una premisa
equivocada, como es considerar que el fallo de segundo grado acogió
implícitamente la rebaja de pena de 15 meses reconocida en la
sentencia de primer grado al procesado Ferreira Villegas por
restitución parcial; y, 2) porque un descuento de esta naturaleza no
tiene la virtualidad de afectar el término prescriptivo de la acción
penal, por las razones que se dejaron consignadas en el auto de 9 de
mayo del presente año, dictado en virtud de la solicitud de
prescripción presentada en los mismos términos por el defensor del
procesado.


En cuanto a lo primero, se tiene que en la sentencia de primera
instancia de 5 de abril de 1995, el Juez aplicó en efecto una rebaja de
pena de 15 meses por restitución parcial, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 139, inciso tercero del Código Penal (fls.1129 y 1162
cuaderno 2, paquete 10), que el superior acogió en fallo de 16 de
enero de 1996, pero este segundo pronunciamiento fue anulado
oficiosamente por la Corte al conocer del recurso de casación
interpuesto en su contra, y el ad quem, al dictar el nuevo fallo, no
aplicó el descuento.


Cierto es que el Tribunal no consignó expresamente los motivos de
esta decisión, pero ello no significa que haya consentido el
reconocimiento de la rebaja aplicada por el a quo. Ha de entenderse,
en sana lógica, que lo hizo por las mismas razones que expuso para
negar la rebaja al procesado Jaime Cortés Espinosa, quien se hallaba
en condiciones similares, y en razón a que variaba el fundamento
fáctico de la decisión de condena, como quiera que el procesado era

                                  67
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

declarado también responsable del delito de peculado por apropiación
investigado dentro de la causa No.1531, cuya cuantía asciende a
$31‟558.000.oo, que sumados a los $45‟803.583.oo, que corresponden
a la cuantía del delito dentro de la causa No.1530, arrojan un total de
$77‟361.583.oo, y la restitución que hizo Ferreira Villegas, según lo
expresado por el propio demandante, asciende a $873.111.50, suma
que resulta ridícula frente al monto de lo apropiado.
En relación con segundo aspecto, la Corte, en la citada providencia de
9 de mayo del año en curso, hizo las siguiente precisiones:


“Al margen de esto se tiene que la rebaja que la norma establece está
referida a la dosificación judicial (cuando el reintegro fuere parcial, el
Juez podrá, en casos excepcionales y teniendo en cuenta las
circunstancias previstas en el artículo 61, disminuir la pena hasta en
una cuarta parte, reza el precepto), no a los extremos punitivos
señalados en el tipo penal que describe la conducta punible imputada
al procesado, y que en tales condiciones, su aplicación no tiene la
virtualidad de afectar el término prescriptivo de la acción penal (Cfr.
Casación de 23 de noviembre de 1998, Magistrado Ponente Dr.
Arboleda Ripoll)”.

El cargo no prospera.



2.2. Primer cargo de nulidad. Causa No.1530. Prescripción del
delito de peculado por apropiación agravado por el cual se
encuentra actualmente condenado Jesús Alfonso Ferreira Villegas
en condición de autor.




Este reparo carece de todo fundamento. Sostener, como lo hace el
censor, que el tiempo de prescripción para el referido delito sufre


                                   68
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

alteraciones por la circunstancia de haberse declarado la prescripción
de los ilícitos investigados en las otras causas, concretamente en la
No.1531, donde le fueron formulados cargos por un delito de igual
naturaleza (peculado por apropiación agravado), pero en calidad de
cómplice, carece de fundamento.


La prescripción de la acción penal, ha sido dicho por la Corte (Cfr.
Auto de 9 de mayo del 2000, antes citado), opera para cada delito de
manera autónoma, conforme a lo establecido en el artículo 85 del
Código Penal. Por consiguiente, su declaración en relación con un
determinado hecho punible, ninguna incidencia puede llegar a tener en
la   consolidación   del   fenómeno     prescriptivo    de   otros   cuya
investigación o juzgamiento se adelanta de manera conjunta.


El artículo 80 del Código Penal dispone que la acción penal prescribe
en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere
privativa de la libertad, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior de
cinco (5) o mayor de veinte, tenidas en cuenta las circunstancias de
atenuación o agravación punitivas concurrentes en cada caso
particular. Dicho término, de acuerdo con lo establecido en el 84
ejusdem, se reduce a la mitad en la etapa del juicio, contado a partir de
la ejecutoria de la resolución de acusación.


El artículo 133 del Código Penal, vigente para la época en que
ocurrieron los hechos, adscribía como sanción para el delito de
peculado por apropiación agravado (único hecho punible por el cual
Ferreira Villegas se encuentra actualmente procesado), pena privativa
de la liberta de 4 a 15 años de prisión. Por tanto, el término
prescriptivo de la acción para el citado delito sería, en principio, de 15

                                   69
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

años en el sumario (pena máxima prevista en la ley), y de 7 años y 6
meses (la mitad) en el juicio.


Pero como el delito fue cometido por servidor público en ejercicio de
sus funciones, el término de prescripción, conforme a lo establecido
en el artículo 82 ejusdem, debe ser aumentado en una tercera (1/3)
parte, de donde se sigue que la prescripción de la acción para el delito
objeto de juzgamiento, en la etapa de la causa, opera en diez (10) años
(7 años y 6 meses + 2 años y 6 meses, que equivalen a 1/3 parte),
contados a partir de la ejecutoria de la formulación de cargos.


Pues bien. La resolución acusatoria dentro de la causa No.1530, en la
cual se imputa al procesado Ferreira Villegas el delito de peculado por
apropiación agravado, en calidad de autor, causó ejecutoria el 23 de
julio de 1990, fecha en la cual el Juzgado instructor aceptó el
desistimiento del recurso de apelación interpuesto en su contra por el
defensor del procesado José Gustavo Cifuentes Correa (fls.830, 874,
886, 900 y vto. del cuaderno original No.3, causa 1530). Por tanto, el
término de prescripción (10 años), solo vendría a cumplirse el 23 de
julio del año en curso.


Se desestima la censura.




2.3. Segundo cargo de nulidad. Ineficacia del fallo de segundo
grado por haber perdido vigencia su sustento fáctico con motivo
de las prescripciones de las causas 1531 y 1629. Necesidad de que
se dicte nueva sentencia con fundamento en los cargos vigentes.


                                   70
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.



Este reparo carece de todo sentido. Cuando varios delitos han sido
objeto de condena conjunta, y uno de ellos prescribe antes de la
ejecutoria del fallo, como ocurrió en el presente caso, su declaración
no afecta la validez de las condenas proferidas por los otros ilícitos,
sino solo la correspondiente del hecho punible cuya prescripción se
declara, siendo suficiente para la solución del problema, que el
funcionario competente entre a redosificar la pena, con exclusión de
las consecuencias jurídicas aplicadas por el delito prescrito.


Se desestima la censura.




2.4. Tercer cargo de nulidad. Causa 1530. Ineficacia de la
actuación procesal por no haber sido puesto en conocimiento del
procesado Ferreira Villegas el dictamen pericial que cuantifica en
el sumario el monto de los valores apropiados. Violación del
artículo 270 del Código de Procedimiento Penal. Nulidad de la
sentencia de primera instancia.




Aunque el demandante identifica plenamente la irregularidad que se
habría presentado en el trámite procedimental, e invoca la norma
procesal violada (claro está que debió haber citado el artículo 276 del
Código de 1987, por ser la norma entonces vigente), omite demostrar
de qué manera la omisión denunciada afectó las garantías de Ferreira
Villegas, o el debido proceso, y explicar por qué razón el vicio




                                   71
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

afectaría de nulidad la actuación a partir de la sentencia de primera
instancia.


Aparte de ello, se tiene que el dictamen cuyo traslado a los sujetos
procesales habría sido pretermitido en la etapa del sumario (fls.652 del
cuaderno     original   No.3,   causa    No.1530),    fue    objeto   de
complementación en la fase del juicio (fls.177, 178 vto., 250,
cuaderno original No.3, causa No.1531), y que en relación con este
último, se cumplieron los traslados de ley, y las notificaciones a los
sujetos procesales, entre ellos a Ferreira Villegas, como consta a folios
255 y vuelto del mismo cuaderno, sin que se presentara ninguna
reclamación al respecto.


A estas consideraciones, de suyo suficientes para desestimar el cargo,
se suman las vertidas en su concepto por la Delegada, en el sentido de
que frente a un dictamen pericial subyace para los sujetos procesales
la posibilidad de contradecirlo en cualquier momento de la actuación,
si el traslado no se ha presentado, o aún habiéndolo sido, y que en
tales condiciones, la informalidad alegada resultaría intrascendente
(artículos 276 y 277 del Código de 1987 y 270.2 del estatuto actual).


El cargo no prospera.




2.5. Cuarto cargo de nulidad. Violación del principio non bis in
ídem. Haber sido Ferreira Villegas condenado por el mismo delito
(peculado por apropiación agravado) en las causas Nos. 1530 y
1531. Nulidad de la sentencia de segunda instancia.


                                   72
                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.



Esta censura debe ser desestimada por dos razones: 1) Porque el delito
de peculado por apropiación imputado al procesado Ferreira Villegas
en la causa No.1531, en calidad de cómplice, fue declarado prescrito
por auto de 18 de noviembre de 1998, y esto hace que el reproche
pierda todo sustento; y, 2) porque el planteamiento es equivocado, en
cuanto el demandante hace depender la violación del principio non bis
in ídem de la identidad de los delitos imputados al procesado en las
causas 1530 y 1531 (peculado por apropiación agravado), no de la
identidad de los hechos investigados, como corresponde ser
demostrado en estos casos.


El cargo no prospera.




2.6. Quinto cargo de nulidad. Causa 1530. Ausencia del
representante del Ministerio Público durante la fase de la
instrucción. Producción de pruebas sin su asistencia. Violación del
artículo 132 del Código de Procedimiento Penal.




El planteamiento que contiene este reproche es confuso, en cuanto no
logra entenderse si lo denunciado por el demandante es la ausencia del
Ministerio Público como sujeto procesal durante toda la fase de la
instrucción, en cuyo caso la vía de impugnación escogida sería la
correcta, o el incumplimiento de sus funciones al interior del proceso,
por no haber estado presente en la práctica de pruebas que exigían su
asistencia, propuesta que imponía orientar el ataque por la vía de la


                                  73
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

causal primera, cuerpo segundo, por errores de derecho por falsos
juicios de legalidad en la apreciación de las pruebas.


La configuración del primer vicio se descarta, toda vez que del
examen del proceso se establece que el Ministerio Público actuó
como sujeto procesal en la fase del sumario, siendo representado
inicialmente por el Personero Primero Delegado en lo Penal de la
ciudad de Neiva (después de haber sido resueltos los impedimentos
manifestados por el Personero Municipal de Pitalito y un Fiscal
Superior de la dicha ciudad), y posteriormente por un Agente
Especial.


El segundo tampoco se configura, ya que el representante el
Ministerio Público no tiene la obligación de intervenir en la práctica
de todas las pruebas, ni en todas las actuaciones procesales, sino solo
en aquellas en las cuales deba hacerlo por mandato legal, y del
contenido de la censura no surge que quien cumplía dichas funciones
hubiese dejado de asistir a una diligencia que requería su presencia.
Además de esto, la vía escogida para presentar el cargo sería, como ya
se dejó dicho, equivocada, puesto que la ineficacia de una determinada
prueba por defectos de producción, no tiene la virtualidad de afectar la
validez del proceso.


Se desestima la censura.


2.7. Sexto cargo de nulidad. No haberse efectuado en debida forma
la redosificación de la pena impuesta al procesado en la sentencia
de segunda instancia, con motivo de la declaración de prescripción
de las causas 1531 y 1629.

                                   74
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.




Razón le asiste a la Delegada cuando sostiene que este vicio escapa al
control en sede extraordinaria, por no estar orientado a discutir la
legalidad de la sentencia, sino una actuación posterior, siendo
totalmente errada la propuesta del casacionista. Por tanto, se
desestimará la censura, no sin dejar de precisar que los ajustes de pena
realizados por el Tribunal Superior en proveídos de 24 de noviembre
de 1998 y 25 de noviembre de 1999, fueron de carácter      provisional,
en cuanto su definitividad depende de la decisión del recurso de
casación.




2.8. Causal segunda. Cargo único. Inconsonancia de la sentencia
con los cargos formulados en la resolución de acusación.
Disconformidad respecto de la cuantía del ilícito.




La alegación que el demandante introduce a través de este cargo
resulta totalmente ajena a la causal invocada, como quiera que hace
depender la existencia del vicio, no de la falta de consonancia entre la
resolución de acusación y la sentencia, sino de la ilegalidad de la
prueba que sirvió de sustrato al funcionario instructor para deducir la
agravante por razón de la cuantía. Esto, y la circunstancia de existir
absoluta conformidad entre el fallo y la acusación en torno a la
deducción de la referida agravante, tornan absolutamente inane el
reparo propuesto.


                                  75
                                                          Casación 16441
                                                          Jaime Cortés E.



2.9. Causal primera de casación. Cargo primero. Violación
directa de la ley sustancial. Desconocimiento de las normas que
regulan lo relacionado con la notificación de las providencias a los
sujetos procesales. Nulidad de la sentencia de segunda instancia y
de las decisiones interlocutorias dictadas antes y después de la
misma, que no fueron notificadas personalmente a la defensora
del procesado.




Múltiples son las inconsistencias de carácter técnico y de
fundamentación que determinan la desestimación de la censura. Ante
todo   debe   decirse     que   el   planteamiento   es    absolutamente
incongruente, como quiera que se invoca como causal de casación la
primera (que presupone la violación de una norma de derecho
sustancial y el pronunciamiento de un fallo de reemplazo), y se
termina solicitando la nulidad del proceso, sobre la base de haber sido
desconocidas normas de derecho procesal, lo cual implica entronizar
el reproche dentro del marco de la causal tercera.


Adicionalmente a este desacierto, se tiene que las irregularidades que
se presentaron en el proceso de notificación de las providencia que
decidieron sobre la concesión del recurso de casación, y los traslados
para la presentación de las demandas, que el casacionista plantea
como motivo de nulidad, fueron objeto de enmienda en el trámite
casacional, y que esta clase de vicios escapan, además, al control en
sede extraordinaria, por no guardar pertinencia con la legalidad del
fallo de segundo grado.


                                     76
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.



Los otros dos vicios de actividad que el recurrente denuncia, relativos
a la notificación de los autos que antecedieron a la sentencia de
segunda instancia, y del fallo mismo, aparte de no haber sido
concretados, no tendrían la trascendencia que el libelista reclama. La
notificación personal al procesado no era obligatoria por no
encontrarse privado de la libertad, y la circunstancia de no haberlo
sido personalmente a su defensora, obedeció a su no comparencia
oportuna al proceso, según se desprende de la constatación de las
notificaciones de los autos inmediatamente anteriores a la sentencia
(fls.269 y 324). Y aunque el demandante se refiere de manera general
a todas las providencias dictadas antes de ésta, omite precisar en
cuáles de ellas se habría presentado la irregularidad, como también
demostrar sus implicaciones en el ejercicio del derecho de defensa del
procesado.


En relación con el proceso de notificación de la sentencia, se advierte
que tanto el acusado como su defensora fueron notificados de su
contenido por edicto, como corresponde hacerlo cuando las partes no
comparecen a notificarse personalmente de su contenido (Cfr. Auto de
19 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Arboleda Ripoll).
Y si bien es cierto la secretaría omitió librar comunicación a la
defensora para que asistiera a hacerlo en forma personal, esta
informalidad resulta intrascendente, si se toma en cuenta que el acto
de la notificación, en las condiciones realizadas, cumplió la finalidad
para el cual estaba destinado: enterar a los sujetos procesales de su
contenido, y permitirles la interposición del recurso de casación.


El cargo no prospera.

                                   77
                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.




2.10.Causal primera de casación. Cargo segundo. Violación
directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 217
del estatuto procesal. Prohibición de la reformatio in pejus.




Afirma el demandante que la pena impuesta al procesado Ferreira
Villegas en el fallo de primer grado (35 meses de prisión) no podía ser
aumentada por el Tribunal en segunda instancia, porque la parte civil,
a pesar de ser apelante, no tenía interés para cuestionar este aspecto, y
las otras impugnaciones interpuestas proveían de los procesados Jaime
Cortés Espinosa y Helmer Rojas Ramírez.


Cierto es, como lo sostiene el casacionista, que la parte civil no
puede, en principio, solicitar la modificación de la pena privativa de la
libertad impuesta al procesado, por carecer de interés para ello, pero
esta no es la situación que se presenta en el caso sub judice. El
incremento punitivo que experimentó Ferreira Villegas en el fallo de
segundo grado obedeció a las nuevas condenas proferidas en su contra
por los delitos de peculado por apropiación agravado y peculado por
destinación oficial diferente, imputados, respectivamente, en las
causas Nos. 1531 y 1629, por los cuales había sido absuelto en
primera instancia.


No se trata, entonces, como lo postula el casacionista, de la aplicación
de un incremento caprichoso por parte del Tribunal, sino de la
adaptación de la pena a la nueva situación jurídica, al haber sido
transformadas varias absoluciones en condenas, con motivo de la

                                   78
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

impugnación propuesta por el apoderado de la parte civil contra las
decisiones absolutorias contenidas en la sentencia de primera
instancia, aspecto en relación con el cual le asistía interés para
recurrir.


La Corte ha sido insistente en precisar que si el fallo es absolutorio, la
parte civil tiene legitimación para solicitar la condena del procesado,
puesto que sin declaración de responsabilidad penal, no tiene cabida la
reclamación de indemnización por daños y perjuicios . Y en ese
sentido se orientó la impugnación de la parte civil, al protestar por las
decisiones absolutorias, y solicitar, en relación concretamente con
Ferreira Villegas, que se le condenara al pago solidario de los
perjuicios causados con los delitos por los cuales había sido absuelto,
y de los dineros apropiados que no fueron comprendidos por la
decisión impugnada (Cfr. fls.1211 y siguientes del cuaderno No. 2,
paquete No.10).


Se desestima la censura




3. Demanda a nombre del procesado Helmer Rojas Ramírez.




3.1. Cargo principal. Causa 1531. Causal tercera de casación.
Violación del principio de investigación integral. Desconocimiento
de los artículos 250 de la Constitución Nacional y 333 del estatuto
procesal. Nulidad del proceso desde la resolución de acusación.




                                   79
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.



Esta censura se apoya en la consideración de que los funcionarios
instructores omitieron practicar los testimonios orientados a verificar
el dicho del procesado en indagatoria, en el sentido de que los 991
bultos de cemento registrados como faltante en el Almacén a su cargo,
fueron gastados en la construcción del edificio Municipal,         como
también ordenar una experticia grafológica con el fin de establecer si
las signaturas falsas correspondían al puño y letra de Rojas Ramírez..


La Corte ha sido insistente en sostener que cuando se plantea nulidad
del proceso por violación del principio de investigación integral,
compete al casacionista demostrar que la prueba, además de no haber
sido practicada, era procedente (expresión que comprende los
conceptos de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad), y que
de haberse incorporado oportunamente al proceso, las conclusiones
fácticas y jurídicas del fallo habrían sido distintas.
También ha dicho que la actividad probatoria orientada a verificar las
afirmaciones y citas hechas por el procesado en indagatoria, solo
resultan viables en la medida que revistan un cierto grado de
verosimilitud, guarden relación con los hechos investigados, y sean
racionales, puesto que si estas condiciones no se cumplen, mal puede
exigírsele al instructor que oriente su labor investigativa hacia
comprobaciones      innecesarias     o   inútiles   (Segunda   Instancia.
Noviembre 26/97. Magistrado Ponente Dr. Arboleda Ripoll).


Estos aspectos, relacionados todos con la procedencia de la pruebas,
no son demostrados por el casacionista, quien tampoco se esfuerza en
acreditar su trascendencia en las conclusiones del fallo, no obstante
existir constancias en el proceso de que los testimonios que echa de

                                    80
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

menos, relacionados con la destinación que habrían tenido 991 bultos
de cemento, dejaron de ser practicados porque se los consideró
irrelevantes, no por descuido o desidia de los funcionarios
instructores, como lo sugiere el casacionista. Los siguientes apartes de
las resoluciones de primera y segunda instancia, dan fe de estas
afirmaciones:


RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. “Lo anterior es
suficientemente significativo y explicativo sobre la razón para que la
Contraloría haya realizado requerimientos administrativos al
almacenista Municipal de Pitalito. El faltante detectado en el almacén
y que dio origen a los requerimientos, no se originó porque HELMER
ROJAS RAMIREZ y sus subalternos se olvidaran de hacer firmar los
recibos de los elementos que se entregaban en el Almacén, sino, todo
lo contrario, que todos esos elementos hicieron parte del festín que se
obtuvo desde 1988 hasta octubre de 1989 en la dependencia oficial
aludida y que representa una suma de $3‟549.672.oo. Una prueba
adicional de la capacidad esquilmatoria que tenía Rojas Ramírez se
puede observar en la declaración de Guillermo Ocampo (fls.649 vto.),
persona con quien tenía una deuda y pensó cancelársela con bultos de
cemento de propiedad del Municipio.

“Todo lo expuesto explica también la razón de para que no haya
información sobre los 991 bultos de cemento que fueron avaluados en
la suma de $1‟245.130.oo (ver folios 689 y ss), y otros 131 sacos de
cemento por valor total de $144.000.oo (fls.798) que fueron
„recibidos‟ por el propio Almacenista y que tuvieron destinación
supuestamente para obras Municipales, lo que resulta absolutamente
inverosímil dada la forma como estaba actuando Rojas Ramírez.

“La justificación que da en relación con el faltante de cemento, pues
de un lado es imposible que la remodelación del Palacio Municipal de
pitalito se haya destinado tal cantidad de ese insumo en la
construcción y en cambio debe resaltarse que todo gasto público debe
estar debidamente respaldado, lo que significa la existencia de la
orden pertinente y el documento de entrega y consumo de elementos,
los que no existen” (fls.933 y 934, cuaderno principal No.2, causa
1531, paquete No.2).


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                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

RESOLUCION DE ACUSACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.
“Por último, no es cierto…que no se haya establecido en el sumario la
cuantía del cemento apropiado. Pericialmente se determinó el faltante
en 991 bultos, avaluados en la suma de $1‟254.130.oo, más 131 por
un valor de $144.100.oo. Estos últimos no se gastaron en la
remodelación del Palacio Municipal de Pitalito, como lo recalca el
citado mandatario judicial, no solo porque esa obra ya había sido
realizada con mucha anterioridad, sino también porque como lo
registra el a quo, resulta osadamente exagerada la afirmación y se
verificó la inexistencia de la orden de entrega y consumo de tales
bienes en obra alguna” (fls.44, cuaderno del Tribunal. Causa 1531,
Paquete No.2).

El otro cuestionamiento, consistente en no haberse practicado una
prueba grafológica con el fin de establecer si las signaturas falsas
corresponden o no a la signatura de Rojas Ramírez, solo causa
desconcierto, por su impertinencia. Basta recordar que el procesado
se encuentra condenado por el delito de falsedad ideológica en
documento público agravada por el uso, por haber suscrito en
calidad de Almacenista del Municipio cuentas de cobro donde se
hacían afirmaciones contrarias a la verdad, para concluir que la prueba
echada de menos no tenía razón de ser, al menos no para demostrar
esta conducta ilícita. Todo parece indicar que la propuesta del
casacionista guarda relación con la falsificación por fingimiento de las
firmas de los beneficiarios de algunos cheques, que dio lugar a la
imputación del delito de falsedad en documento privado, pero este
hecho punible fue declarado prescrito.


La censura no prospera.




                                  82
                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

3.2. Cargo subsidiario. Causal primera de casación. Violación
indirecta de la ley sustancial. Inaplicación del artículo 139 inciso
segundo del Código Penal (descuento de pena por reintegro total
antes de la sentencia de segunda instancia). Error de derecho por
falso juicio de convicción. Desconocimiento del valor probatorio
de la consignación.




Sostiene el demandante que el procesado consignó a órdenes del
Juzgado de primera instancia la suma de $4‟417.863.oo, que fue el
monto fijado en la sentencia como valor de lo apropiado. A pesar de
ello, el ad quem negó el reconocimiento de la atenuante consagrada en
el artículo 139.2 del Código Penal, argumentando, equivocadamente,
que la cuantía de lo apropiado ascendía a la suma de $13‟558.000.oo,
guarismo que comprende los $8‟426.960.oo por sobreprecio de la
pintura, objeto también de devolución por parte de la esposa del
Alcalde.


La Sala no logra entender el planteamiento del libelista. El error de
derecho por falso juicio de convicción solo puede llegar a
estructurarse dentro de un sistema de tarifa legal, es decir donde el
valor y eficacia de la prueba se encuentren predeterminadas en la ley.
En un sistema como el nuestro, donde la prueba debe ser valorada por
el juez con arreglo a las reglas de la sana crítica (sistema de persuasión
racional), dicho vicio no tiene cabida, a menos que el Juez
equivocadamente considere que una determinada prueba tiene valor
tasado por la ley, sin tenerlo, situación que no es la propuesta por el
demandante, ni surge del estudio de la sentencia.


                                   83
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.



Descartada la configuración de este error, no queda alternativa distinta
de desestimar la censura, pero como el censor asegura que su
representado reintegró el valor total del los bienes apropiados, y ello
daría lugar a la aplicación ipso iure la rebaja de pena por restitución
consagrada en el inciso segundo del artículo 139 del Código Penal, se
impone precisar, desde ya, que eso no es cierto.


Los bienes de los cuales Helmer Rojas Ramírez y Jaime Cortés
Espinosa se apoderaron en condición de coadministradores del
patrimonio del Municipio, actuando de común acuerdo (causa
No.1531),    ascienden     a    $31‟558.262.oo,      distribuidos   así:
$8‟426.960.oo        por       sobrefacturaciones;       $4‟947.902.oo
correspondientes al faltante detectado en el almacén (dentro de este
ítem se incluyen los siguientes valores: $3‟549.672.oo de bienes
varios, y $1‟398.230.oo del faltante de cemento);          $183.400.oo
correspondientes al valor de los barriles de pintura que Rojas Ramírez
entregó a Mario Ricardo Cortés Mateus para la venta; y,
$18‟000.000.oo correspondientes a valores de cheques oficiales que
fueron consignados en cuentas de terceras personas, y luego
traspasados al Alcalde, o girados a personas señaladas por éste.


Esto, para dejar establecido que la consignación realizada por Rojas
Ramírez, ni siquiera alcanza a cubrir el valor del faltante detectado en
el Almacén, y que dicha suma resulta ser considerablemente menor del
valor de lo apropiado en connivencia con el Alcalde. Y no es dable
entrar en consideraciones en torno a la rebaja de pena por restitución
parcial, por no haber sido planteado por el casacionista, y porque un


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                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

ataque de esa naturaleza impone acreditar que se cumplían las otras
condiciones establecidas en la norma para su procedencia.


El cargo no prospera.




4. Demanda presentada por el Procurador Judicial Penal 174.




Cargo Unico. Causal primera de casación. Violación directa de la
ley. Desconocimiento de los artículos 31 de la Constitución y 17 del
Código de Procedimiento Penal en relación con el procesado
Helmer Rojas Ramírez. Violación del principio que prohibe la
reforma en peor.




Asegura el representante del Ministerio Público que el aumento de
pena realizado en segunda instancia por el Tribunal a Rojas Ramírez
es ilegal, puesto que la decisión de condena se mantuvo por los
mismos delitos, y el procesado tenía la condición de apelante único, ya
que los otros impugnantes fueron el procesado Jaime Cortés Espinosa,
y el apoderado de la parte civil, y esta última tenía interés para
solicitar la indemnización de perjuicios, pero no el incremento de
pena.


Helmer Rojas Ramírez fue condenado en primera instancia a la pena
principal de 54 meses de prisión, como autor responsable de los
delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica


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                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

en documento público agravada por el uso, falsedad en documento
privado y celebración indebida de contratos, imputados en la
causa No.1531, siendo absuelto por los demás cargos (numerales
décimo tercero y décimo cuarto de la parte resolutiva del fallo
respectivo). Al dosificar la pena se precisó: “Partiendo del delito más
grave que impone una pena mínima de 48 meses de prisión, le
agregamos seis meses más por el concurso material para que nos de un
gran total de 54 meses de prisión como pena principal” (fls. 1129,
1166 y 1185 del cuaderno original No.2, paquete No.10). Contra este
fallo interpusieron recurso de apelación los procesados Jaime Cortés
Espinosa (a través de su defensor), Helmer Rojas Ramírez, y el
apoderado de la parte civil (fls.1200, 1211, 1222, 1224, 1231 del
mismo cuaderno.


Al resolver las impugnaciones, el Tribunal condenó al procesado
Rojas Ramírez a la pena principal de 108 meses de prisión (9 años),
multa de $400.000.oo, e interdicción de derechos y funciones públicas
por el mismo tiempo de la principal, como autor responsable de los
delitos de peculado por apropiación agravado y falsedad
ideológica en documento público agravada por el uso, imputados
en la causa No.1531, siendo absuelto por los delitos de prevaricato
por omisión y falsedad por destrucción de documento privado, que le
fueron imputados en la causa No.3609 (numerales noveno y vigésimo
primero de la parte resolutiva). Sobre los demás delitos atribuidos a
Rojas Ramírez el Tribunal dejó de pronunciarse por haber sido
declarados prescritos. Y al dosificar la pena, precisó: “Es autor
responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado y
falsedad ideológica en documento público agravada por el uso. Como


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                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

quiera que el delito más grave es el de peculado por apropiación, la
Sala partirá de la pena impuesta para ese delito que es de 4 a 15 años
de prisión y multa de $20.000.oo a $2‟000.000.oo. Se le impondrá la
pena de ocho (8) años, aumentada en un (1) año más por el otro delito,
para un total de nueve (9) años de prisión y multa de $400.000.oo a
favor del Tesoro Nacional, e interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo período de la pena principal” ( Fls.363, 491 y
494 del cuaderno original No.109, paquete 14).


De la confrontación de estas dos decisiones se establece que el fallo de
segunda instancia no solo no incorporó nuevas condenas en relación
con el procesado Rojas Ramírez, sino que redujo el número de ilícitos
por los cuales había sido condenado en primera instancia (fueron
excluidos los delitos de falsedad en documento privado y celebración
indebida de contratos, por prescripción de la acción penal), situación
que en principio pareciera darle la razón al impugnante cuando
sostiene que, en las anotadas condiciones, el Tribunal no podía entrar
a agravar la pena señalada por el a quo. Más aún, podría decirse que el
censor se    quedó corto en el planteamiento, porque frente a las
premisas que sienta, la conclusión no solo sería que el aumento es
ilegal, sino que se imponía una disminución de pena, en razón a que el
número de delitos por los cuales fue proferida decisión de condena en
segunda instancia resultaba ser menor.


Las argumentaciones del censor, sin embargo, no dejan de ser un
sofisma. Si se estudia integralmente el contenido de los fallos de
primera y segunda instancia (que no solo su parte resolutiva), se
establecerá que en el primero de ellos al procesado se le condenó por
el delito de peculado por apropiación agravado, en cuantía de solo

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                                                          Casación 16441
                                                          Jaime Cortés E.

$4‟417.863.oo, en el equivocado entendido que únicamente debía
responder por el faltante detectado en el almacén, no obstante que los
cargos formulados en la resolución de acusación involucraban
apropiaciones por sumas superiores a los 31 millones de pesos, y que
por estos hechos fueron llamados a juicio en calidad de coautores
Jaime Cortés Espinosa y Helmer Rojas Ramírez.


Esta condena irrisoria originó la protesta de la parte civil, que
demandó en el escrito de impugnación su modificación, con el fin de
que se ajustara a los valores establecidos en el proceso, aspecto en
relación con el cual tenía legítimo interés para recurrir, en cuanto
incidía en el monto de los perjuicios, y en la posibilidad de poder
contar con una garantía personal adicional para perseguir el pago de la
indemnización, como en efecto lo consiguió, al obtener que el
Tribunal condenara a Rojas Ramírez al pago solidario de
$31‟558.000.oo, correspondientes a la cuantía de lo apropiado (fls.116
a 118, 126 y 131 del fallo del Tribunal Superior).


Cabe preguntar ahora si frente a las condiciones vistas, el Tribunal
tenía o no facultad para modificar la pena impuesta al procesado.
Desde luego que sí, por una razón elemental: porque la pretensión de
la parte civil incidía en la cuantía del ilícito, y ésta a su vez repercute
en la dosificación de la pena. No es lo mismo, para efectos punitivos,
que el sujeto agente se apropie de $4‟417.863.oo, a que lo haga de
$31‟558.000.oo . Y en este sentido lo asumió el Tribunal al proceder a
dosificar de nuevo la pena impuesta a Rojas Ramírez, para hacerle un
aumento que resultara acorde con la cuantía de lo realmente
apropiado.


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                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

Por estas razones, y no por la sola circunstancia de haber sido
impugnado el fallo por el apoderado de parte civil, sin consideración a
sus pretensiones, como lo postula el Procurador Delegado en su
concepto, se desestimará la censura.




5. Demanda de la parte civil.




5.1. Cargo primero. Causal primera de casación. Violación directa
de la ley sustancial. Errónea interpretación de los artículos 106 del
Código Penal y 55 inciso segundo del Código de Procedimiento.
Perjuicios morales. Causación en tratándose de personas
jurídicas.




La propuesta de ataque del casacionista se relaciona con la decisión
del Tribunal de abstenerse de condenar a los procesados a pagar en
favor del Municipio de Pitalito indemnización por concepto de daños
morales de orden objetivo y subjetivo, por considerar que este tipo de
perjuicios “no los pueden sufrir las personas morales o jurídicas
porque ellas no poseen sentimientos”, la cual considera equivocada.
En idéntico sentido se pronuncia el Procurador Delegado, quien pide
que se case la sentencia, y se condene a los procesados al pago
respectivo.


No obstante que el demandante omite tomar en cuenta las normas que
regulan la casación en materia civil, y que este error es común a todos


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                                                             Casación 16441
                                                             Jaime Cortés E.

los cargos, la Corte ha venido sosteniendo que un tal desacierto no
tiene la virtualidad de enervar el estudio de la demanda cuando la
causal aducida se encuentra consagrada en ambos estatutos, y su
contenido es sustancialmente idéntico, como ocurre con la primera
(violación directa e indirecta de la ley sustancial), que es la invocada
por el actor en el caso sub judice.


Pero este no es el único error que la censura presenta. Para que el
juzgador pueda hacer uso de la facultad discrecional prevista en el
artículo 106 del Código Penal (en armonía con lo establecido en el 55
inciso segundo del Código Procedimiento Penal), se requiere
demostrar que el perjuicio moral realmente existió, que su causación
se encuentra acreditada en el proceso, y que solo resta cuantificar su
precio, pues no se trata, como parece entenderlo el demandante, de
dejar al arbitrio del juzgador el reconocimiento de la existencia del
perjuicio, sino solo de permitirle tasar racionalmente su valor dentro
de los límites que la misma norma establece.


Esto imponía el demandante tener que enderezar el ataque por la vía
de la violación indirecta de la ley, con el fin de demostrar la existencia
de los perjuicios de orden moral causados con los ilícitos, con
indicación de las pruebas que los acreditaban, y los errores de hecho o
de derecho en que habrían incurrido los juzgadores en el
cumplimiento      de   la   actividad      in   iudicando,    al   negar   su
reconocimiento.


Dicho ejercicio argumentativo resulta ser muy distinto del presentado
por el impugnante, quien, como se dejó visto en el resumen del cargo,
sustenta el ataque en consideraciones de carácter general sobre la

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                                                        Casación 16441
                                                        Jaime Cortés E.

afectación del buen nombre del Municipio, al extremo de hacer
derivar   la existencia de los daños morales del hecho de haberse
despertado con ocasión de la comisión de los ilícitos un sentimiento
de desconfianza por parte de prestamistas y proveedores, que en modo
alguno demuestra, y que de haberse manifestado en la realidad,
tampoco tendrían la virtualidad de erigirse en daño de carácter moral.
Cierto es que el Tribunal se equivocó al considerar que en ningún caso
las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos de daños morales.
Pero ello no quiere decir que siempre los sufran, o que surjan por el
solo hecho de haberse visto involucrado su nombre en un escándalo.
En reciente decisión, la Corte fijó algunas pautas sobre el particular,
tras señalar que cuando se afecta el buen nombre o reputación de una
persona jurídica, sus consecuencias solo son estimables como
detrimento resarcible si amenazan concretamente su existencia, o
merman significativamente su capacidad de acción en el concierto de
su desenvolvimiento, o las ponen en franca inferioridad frente a otras
de igual género o especie, situaciones que no concurren en el presente
caso. Veamos lo dicho por la Sala sobre este concreto aspecto:


“En relación con la segunda cuestión propuesta por el apelante, es
decir, la existencia de perjuicios extrapatrimoniales, es cierto que las
personas jurídicas pueden padecerlos, verbigracia, cuando se afecta su
buen nombre y reputación, mas tales consecuencias solo son
estimables como detrimento resarcible cuando amenazan
concretamente su existencia, o merman significativamente su
capacidad de acción en el concierto de su desenvolvimiento o las
ponen en franca inferioridad frente a otras de su género o especie, si es
que se mueven en el ámbito de una competencia comercial o de la
prestación de servicios apreciables por la demanda de usuarios.

“Ni pensar en la modalidad de perjuicio moral subjetivo (pretium
doloris), porque por su naturaleza las personas jurídicas no pueden
experimentar el dolor físico o moral, salvo que la acción dañina se

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                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

refleje en alguno de los socios o miembros o en la persona del
representante legal, caso en el cual la propuesta de reparación deberá
hacerse individualmente por quien haya sufrido daño.

“En relación con las personas jurídicas de derecho público que nacen
y se desenvuelven por mandato y privilegio constitucional o legal, sin
necesidad de un reconocimiento gubernativo de personería jurídica…,
el desprestigio que sus servidores le ocasionan con algunas conductas
desviadas hace parte de la naturaleza, gravedad y modalidades propias
de cada delito (daño público), pero en manera alguna se proyecta en
un menoscabo particular que ponga en peligro su existencia o la
disminuya considerablemente en su operatividad, porque, aún con la
presencia de funcionarios corruptos, la actividad estatal no puede
detenerse ni arredrarse.

“Como ese deterioro de la imagen de la institución pública, que se
produce por la acción delictiva del servidor público, no puede
deslindarse de la esencia misma del hecho punible, ni es extraño a los
fines preventivos generales y especiales que está llamada a cumplir la
eventual pena, tampoco será posible individualizar un perjuicio que
justifique el ejercicio simultáneo de una acción con fines
compensatorios como es la civil.

“En efecto, de acuerdo con el sistema penal colombiano, la sola pena
está determinada para recomponer el ordenamiento jurídico violado, y
es esa la manera principal como el Estado autoconstata su imperio y le
confirma a los ciudadanos la vigencia de las instituciones y el derecho,
además de ser un modo singular de recuperar la imagen comprometida
no solo con el comportamiento del servidor que comete un delito
especial o común, sino también por la conducta de cualquier particular
que por la misma vía se burla de la ley.

“Gracias a la regulación del artículo 104 del Código Penal, en relación
con los artículos 43, 48 y 56 del Código de Procedimiento Penal, que
reseñan y hacen énfasis en la naturaleza privada de la acción
resarcitoria (así la llegare a ejercer un ente de derecho público), el
perjuicio susceptible de reclamación por la vía unitaria del proceso
penal no solo debe ser real sino que debe connotarse como algo
distinto a los fines que atiende la acción penal (artículo 24 C.P.). Es
decir, aquellas pretensiones que apuntan a una reposición de la imagen
deteriorada de la institución agraviada, como se pregona en el caso,
quedan satisfechas con el desarrollo del objeto principal del proceso
penal, como consecuencia de la ordenación o reordenación de la

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                                                       Jaime Cortés E.

convivencia o de los fines colectivos y/o estatales que se buscan con
la pena, sin que sea procedente acudir a una excesiva y extraña
compensación monetaria o simbólica que no puede justificarse en otra
realidad dañina que pueda permanecer después de la sanción principal.
Cosa distinta es que ese efecto nocivo consustancial al delito se
extienda a otras personas o aún en el mismo titular del bien jurídico,
después de presupuestada la pena, como ocurre patéticamente, por
ejemplo, con el ciudadano que es víctima de una exacción por la vía
de un injusto de concusión (atentado contra la administración
pública)” (Auto de segunda instancia, febrero 11 de 1999, Magistrado
Ponente Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

El cargo no prospera.




5.2. Cargo segundo. Causa No.3579. Celebración indebida de
contratos. Causal primera de casación. Violación indirecta de la
ley   sustancial. Falsos    juicios de existencia por omisión.
Inobservancia de los artículos 103, 105 y 107 del Código Penal.
Perjuicios materiales y morales derivados de la comisión del hecho
punible. Desconocimiento por parte del Tribunal.




El Procurador Delegado sostiene que esta censura no puede ser
estudiada porque respecto del delito de celebración indebida de
contratos no fue concedido el recurso de casación, siendo procedente,
y que lo indicado, por tanto, es decretar la nulidad del auto que negó
su otorgamiento para que, en su lugar, sea admitido, tal como lo
solicitó en las aclaraciones preliminares de su concepto.


La apreciación del colaborador fiscal es equivocada. Del estudio del
auto de 18 de septiembre de 1998, por medio del cual se concedieron


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                                                       Jaime Cortés E.

los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal
(fls.668 y siguientes del cuaderno No.109, paquete No.14), se advierte
que la impugnación extraordinaria por el referido delito no fue negada
a la parte civil, sino a Jaime Cortés Espinosa y el Procurador Judicial
174, lo cual se explica si se toma en cuenta que la decisión de rechazo
se apoyó en el incumplimiento del requisito punitivo, aspecto que,
como es sabido, no opera cuando el recurso tiene por objeto
únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en
la sentencia (artículo 221 C. P. P.). De allí que la Corte proceda a dar
contestación al reproche.


El casacionista incurre en el mismo error del cargo anterior:
considerar que la facultad discrecional que contienen los artículos 106
y 107 del Código Penal versa sobre la declaración de existencia de los
perjuicios, y que el Juzgador puede condenar a su pago aún en la
hipótesis de no aparecer demostrados en el         proceso. Nada más
equivocado. La norma, solo defiere al Juzgador la posibilidad de
cuantificación, dentro de los límites por ella establecidos, pero
siempre sobre la base de la comprobación de la existencia del
perjuicio, como claramente surge de su texto, y de la confrontación de
las distintas normas que regulan lo concerniente a la reparación de los
daños provenientes del delito.


Este equivocado entendimiento hace que el actor inicie sus
alegaciones sosteniendo que si los perjuicios materiales y morales no
fueron establecidos probatoriamente en el proceso, como se dejó
consignado en el fallo impugnado, el Tribunal tenía la alternativa de
entrar a condenar con arreglo a la facultad discrecional conferida por
el artículo 107 del Código Penal, hasta un monto equivalente a 4.000

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gramos oro, planteamiento que, como se ha venido insistiendo, resulta
totalmente desacertado.


Complementariamente el actor agrega que en el proceso sí existe
prueba de la causación de los perjuicios, como quiera que a través de
inspecciones judiciales se allegaron al informativo los soportes
documentales (órdenes de pedido), que no fueron tenidos en cuenta
por los juzgadores, con los cuales se prueba que en varios contratos
existió fraccionamiento e inobservancia de requisitos legales,
confundiendo, de esta manera, la prueba de la comisión del ilícito
imputado al procesado (celebración indebida de contratos), con la
prueba de la causación de        perjuicios materiales y morales al
Municipio por estos hechos.


Pretender, como lo hace el impugnante, que el valor de los contratos
celebrados sin el cumplimiento de los requisitos legales sea tenido
como valor de los perjuicios materiales causados al Municipio, carece
de sentido. Ello sería solo posible si el Municipio hubiese hecho los
desembolsos correspondientes a los valores de los contratos y el
contratista hubiese incumplido, o cumplido en parte, o irregularmente,
pero en el presente caso, hasta donde se tiene evidencia, los contratos
se ejecutaron, de suerte que mal puede pretenderse una indemnización
por valores correspondientes a bienes que ingresan al haber del ente
territorial.


Adicionalmente a lo dicho se tiene que la pretensión económica del
demandante en relación con este delito no superaría los dos millones
de pesos, según puede inferirse del contenido de sus alegaciones,
valor que resulta ser muy inferior al legalmente requerido para poder

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acceder al recurso extraordinario con pretensiones indemnizatorias,
conforme ha sido previsto en el artículo 221 del estatuto procesal
penal. De suerte que, además de los desaciertos de carácter técnico y
de fundamentación que la censura presenta, el actor carecería de
interés para recurrir.


Se desestima la censura.




5.3. Cargo tercero. Causa No.1530. Causal primera de casación.
Violación indirecta de la ley sustancial. Falsos juicios de existencia
por omisión. Inobservancia de los artículos 103 y 105 del Código
Penal. Estimación de los perjuicios materiales.




Esta censura se fundamenta en la consideración de que los dineros del
Fondo de Desarrollo del Municipio de Pitalito que fueron objeto de
apropiación por parte de los procesados suman $100‟338.406.50, y no
$45‟803.583.oo, como lo declaró el Tribunal Superior con apoyo en el
dictamen visto a folios 652 a 654 del cuaderno original No. 3 de la
causa No.1530.


Dos precisiones deben hacerse en relación con esta propuesta de
ataque: En primer término, que adolece de falta de motivación, como
que el actor se limita a presentar una relación de sumas de dinero, y a
totalizarlas, sin individualizar las pruebas que fueron dejadas de
apreciar por el Tribunal, ni precisar su connotación probatoria, e
incidencia en las decisiones indemnizatorias del fallo, en el
equivocado entendido de que las premisas fácticas de que parte se

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encuentran probatoriamente establecidas en el proceso, y que ello
acredita, de suyo, la existencia de la apropiación en la cuantía por él
indicada.


En segundo lugar, que varios de los ítem que relaciona para pedir el
incremento de la condena por perjuicios, aparecen doblemente
contabilizados, haciendo que la censura resulte infundada, como
ocurre, por ejemplo con los dineros que fueron girados a Jesús
Alfonso Ferreira Villegas y familiares suyos, a través de la cuenta de
José Gustavo Cifuentes Correa (proveedor del Fondo), cuyo valor
($37‟000.000.oo) dejó de ser considerado por el Tribunal, no por
descuido, sino porque se trataba de sumas ya contabilizadas.


Igual acontece con los dineros provenientes de subrefacturaciones de
pintura, los cuales quedaron comprendidos dentro de los valores que
llegaron a poder del Alcalde, y con los procedentes de cuentas de
cobro ficticias, a cuya especie pertenecen las relacionadas con los
materiales supuestamente recibidos por Julio Useche. Otros rubros,
nada tienen que ver con el hecho investigado, como ocurre con los
dineros provenientes de exigencias de comisiones a los contratistas del
Fondo, los cuales se relacionan con el delito de concusión.


Es de recordar, para mejor entendimiento de lo expuesto, que los
dineros del Fondo que fueron objeto de apropiación por parte de los
procesados, y que totalizan $45‟803.583.oo, aparecen divididos en dos
grupos, así:


1. Cheques correspondientes a cuentas de cobro ficticias, que fueron
retirados de las oficina del Fondo y cobrados por José Ricardo

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Villegas López. Estos dineros, según la versión de Villegas López,
pasaban a manos de José Gustavo Cifuentes Correa (proveedor del
Fondo), quien los giraba a Jesús Alfonso Ferreira Villegas (Director
del Fondo) o familiares suyos a través de su cuenta corriente del
Banco Popular sucursal San Martín de la ciudad de Bogotá. Dichos
cheques sumaron en total $28‟982.763.oo, que fue la cifra tomada por
el perito y el Tribunal, por tratarse de un dato cierto.


Inspeccionada la cuenta de Cifuentes Correa en el Banco Popular
sucursal Bogotá, se estableció que a través de ella se hicieron giros a
Ferreira Villegas y familiares suyos por valor de $37‟172.644.oo, que
es el valor que la parte civil pretende que se incluya como suma
autónoma, sin tener en cuenta que los dineros cobrados por José
Ricardo Villegas López, pasaban a poder de Cifuentes Correa, según
lo afirmado por Villegas López, y que en relación con la diferencia el
demandante no acredita que correspondan a dineros del Fondo.


Hechas estas aclaraciones, se concluye que la obligación de demostrar
el cargo no se cumplía con la sola afirmación que los juzgadores
omitieron tener en cuenta la inspección judicial que indicaba que
Cifuentes Correa había girado a Ferreira Villegas y familiares suyos la
suma de $37‟172. 644.oo, sino que era necesario entrar a demostrar
que esta suma era independiente de los $28‟983.763.oo cobrados por
Villegas López, con indicación de los errores cometidos por el
Tribunal en la apreciación de la prueba, lo cual no hace el actor.


2. Cheques provenientes del Fondo, girados a personas distintas, que
fueron consignados en las cuentas corrientes de María Fernanda Ortiz
Espinosa, Gilberto Espinosa Ortiz y José Lisímaco Liévano Bonelo, y

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                                                      Casación 16441
                                                      Jaime Cortés E.

luego el dinero entregado a Jaime Cortés Espinosa (Alcalde). Dichos
cheques suman $16‟819.820, e incluyen, entre otros valores,        los
correspondientes a las sobrefacturaciones por pintura (cheques 204,
205, 206 y 207, folios 654 y 844 del cuaderno original No.3, causa
No.1530), dos de los cuales aparecen consignados en la cuenta de
Lisímaco Liévano, cada uno por la suma de $679.070.oo, cuyos
valores el casacionista echa de menos (fls.652 ibidem).


Se desestima la censura.




5.4. Cargo cuarto. Causa 1531. Causal primera de casación.
Violación indirecta de la ley sustancial. Falsos juicios de existencia
por omisión. Inobservancia de los artículos 103 y 105 del Código
penal. Estimación de los perjuicios materiales.




Asegura el impugnante que en el proceso se encuentra establecido que
los acusados se apropiaron de bienes por valores de $73‟902.760.oo,
pero que el Tribunal solo condenó por la suma de $31‟558.000.oo,
dejando de computar $41‟880.805.oo correspondientes a movimientos
detectados en las cuentas corrientes de José Lisímaco Liévano Bonelo
y su esposa; y, $646.223.oo pertenecientes a un cheque girado a
nombre de Héctor Pulido, que fue cobrado por Jesús Alfonso Ferreira
Villegas.


En este cargo el censor incurre en el mismo error de circunscribir sus
alegaciones a la presentación de una relación de cifras, y dar por
establecido que los dineros correspondientes a los dos últimos ítem

                                  99
                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

hacen también parte de la apropiación imputada a los procesados, sin
entrar a demostrarlo, y sin precisar los errores de hecho por omisión
en los cuales habría incurrido el juzgador de segunda instancia al
condenar solo por la cifra de $31‟558.000.oo, siendo la censura, desde
el punto de vista técnico, inestudiable por fundamentación deficiente.


Pero esto no es todo. Del estudio de la resolución de acusación de
primera y segunda instancia se establece que de los movimientos
detectados en las cuentas corrientes de los esposos Liévano Ortiz, solo
fueron tomados como dineros provenientes del fisco Municipal la
suma de $18‟000.000.oo, correspondientes a los giros a Cali, los
cuales aparecen incluidos en los $31‟558.000.oo, objeto de la
condena. Esto significa que la parte civil no tendría interés para
reclamar ahora la inclusión de los $41‟880.885 que echa de menos,
porque ello implicaría introducir modificaciones a la resolución de
acusación en relación con la cuantía del ilícito de peculado, y tener
que proferir una sentencia en disconformidad con ella.


Esta clase de reclamaciones deben hacerse en el momento de ser
proferida la resolución de acusación, ya que después no resulta posible
tomar decisiones que hagan más gravosa la situación del procesado, en
razón a la relación de congruencia fáctica y jurídica que debe existir
entre el fallo y el pliego de cargos, la cual se rompería si se modifica
la cuantía del ilícito, como lo pretende el apoderado de la parte civil,
con detrimento, además, del derecho de defensa de los acusados.


El cargo no prospera.




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                                                       Casación 16441
                                                       Jaime Cortés E.

5.5. Causal primera de casación. Violación indirecta de la ley
sustancial. Falsos juicios de existencia por omisión de prueba.
Condena en costas. Agencias en derecho. Inobservancia de los
artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil.




Sostiene el censor que la condena al pago de 100 gramos oro por
concepto de honorarios que contiene la sentencia de sentencia de
segunda instancia es desproporcionada, por cuanto en un incidente de
regulación de honorarios de la profesional que atendió inicialmente la
parte civil, el Tribunal le reconoció el equivalente al 10% del valor de
las condenas, que resulta ser muy superior al que ahora reconoce por
la gestión de los nuevos abogados.


Aparte de las consideraciones expuestas por el Procurador Delegado
para solicitar la desestimación del cargo, relativas a la cuantía del
interés para recurrir este aspecto, debe decirse que el demandante, no
obstante invocar un error de hecho por falsos juicios de existencia por
omisión, incumple señalar las pruebas dejadas de apreciar por el
Tribunal, y su incidencia en la determinación del quantum de la
condena por concepto de honorarios. Sus argumentaciones se
circunscriben a la simple invocación del precedente incidental, en el
equivocado entendido de que ello resulta suficiente para la
demostración del error denunciado.


Se desestima la censura.


En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACION PENAL, oído el concepto del Procurador

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                                                         Casación 16441
                                                         Jaime Cortés E.

Segundo Delegado en lo Penal (E), administrando justicia en nombre
de la república y por autoridad de la ley,




R E S U E L V E:




NO CASAR la sentencia impugnada.


Devuélvase al Tribunal de origen. CUMPLASE.




                   EDGAR LOMBANA TRUJILLO




FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL                  JORGE CORDOBA POVEDA
                                                     No hay firma




CARLOS GALVEZ ARGOTE                         JORGE A. GOMEZ GALLEGO




MARIO MANTILLA NOUGUES                       CARLOS E. MEJIA ESCOBAR




ALVARO O. PEREZ PINZON                       NILSON PINILLA PINILLA




                          Teresa Ruiz Nuñez

                                   102
             Casación 16441
             Jaime Cortés E.

SECRETARIA




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