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Scotiabank Balanced Scorecard - DOC

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					                                  Nº 13-09

     CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las

catorce horas del diecisiete de febrero del dos mil nueve.

     Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Mora, Presidente; de

las licenciadas Milena Conejo Aguilar y Lupita Chaves Cervantes, el

licenciado Marvin Martínez Fernández y la Suplente licenciada Ana Cecilia

Ching Vargas en plaza vacante. Asiste también el Director Ejecutivo,

licenciado Alfredo Jones León.

CONDOLENCIAS

                               ARTÍCULO I

      Ante el sentido fallecimiento del señor Francisco Castillo Arroyo,

padre del servidor Martín Castillo Alvarado, Auxiliar Judicial de la

Dirección Nacional de Notariado, se acuerda expresar las condolencias de

la Corte Plena y de este Consejo a don Martín y a su estimable familia.

                              ARTÍCULO II

      Con motivo del sentido fallecimiento de la señora Elieth Argüello

Benavides, madre de la servidora María Teresa Benavides Argüello,

Profesional de la Sección de Control y Evaluación del Departamento de

Planificación, se acuerda expresar las condolencias de la Corte Plena y de

este Consejo a doña María Teresa y a su estimable familia.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                              ARTÍCULO III
      En sesión Nº 10-09 celebrada el 5 de febrero en curso, artículo

LXXIX, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―La licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón, Jefa
       interina de la Sección de Asesoría Legal, con el visto bueno del
       licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N°
       169-DE/AL-2009 de 28 de enero último, emitió el siguiente
       criterio:

             ―Para que por su digno medio sea del conocimiento del
       Consejo Superior, le remito el presente criterio legal respecto de
       la solicitud del señor Pierre Aimé Jacques, propietario del local
       que albergó la Delegación del O.I.J. de Pococí-Guácimo.

            ANTECEDENTES DEL CASO:

             1) En contrato N° 18-AR-02 suscrito entre el Poder Judicial
       y el señor Pierre Eliphete Aimé Jacques, apoderado generalísimo
       de AMAPRIFA S.A.; se formalizó el arrendamiento para
       albergar la Delegación del Organismo de Investigación Judicial
       de Pococí.

            2) El local fue desocupado por el Poder Judicial y
       entregado conforme el 13 de octubre de 2008, para cuyos efectos
       se informó previamente al propietario mediante oficio 621-
       DP/12-2008 de 6 de febrero de 2008.

             3) En el acta de recepción del inmueble el señor Aimé
       Jacques indica que realizará las mejoras al bien para
       acondicionarlo tal y como se encontraba en el momento de
       alquilarlo al Poder Judicial y procederá al cobro respectivo.

             4) Por nota de fecha 31 de octubre de 2008, dirigida al
       Licenciado Luis Solís Jiménez, Administrador del II Circuito
       Judicial de la Zona Atlántica, y remitido a esta Dirección por
       oficio No. 1201-ARIICZA-08 de 11 de noviembre de 2008, el
       señor Aimé Jacques, apoderado generalísimo de AMAPIFRA
       DEL CARIBE S.A., presentó el desglose de gastos realizados en
       la reparación del inmueble entregado, solicitando realizar las
       gestiones necesarias para que el Poder Judicial le cancele a su
       representada tales gastos.

            5) En atención al escrito anterior, esta Dirección por oficio
       8669-DE-2008, de 12 de noviembre de 2008, solicitó al
Departamento de Proveeduría rendir el informe correspondiente
sobre los rubros solicitados.

     6) Recabada la información pertinente, el Departamento de
Proveeduría informó a esta Dirección mediante oficio 85-DP/48-
2009 de 7 de enero de 2009, lo siguiente:

     "Mediante los oficios Nº 8669-DE-2008 del 12 de
noviembre y N° 9024-DE-2008 del 21 de noviembre de 2008,
suscritos por su persona, solicitó rendir informe respecto de la
notas N° 1201-ARIICZA-08 del 11 de noviembre y N° 1233-
ARIICZA-08 del 19 de noviembre pasado, por medio de los
cuales, el Licenciado Luis Solís Jiménez, Administrador
Regional de Pococí, comunicó el reclamo presentado por el
Doctor Pierre Aimé Jacques, propietario del local que albergó a
la Delegación Regional de Pococí, solicitando se le paguen las
reparaciones realizadas a su local. En dicho escrito textualmente
señala el contratista lo siguiente:

      La presente es para saludarlo y aprovechar para presentarle
el monto gastado en mano de obra, pintura tanto interno (sic)
como externo (sic) del edificio que albergaba a la Delegación de
la (sic) OIJ de Pococí y guácimo según el contrato N° 18-AR-02.

      A continuación detalles de lo gastado:

     Mano de obra ................................... ¢600.000,00 colones
     Pintura y accesorios ..........................¢700.320,00 colones
     Dos Lámparas de emergencia .......... ¢59.990,00 colones
     Total ……………………………..¢1.360.923,00
     Nota: Estos (sic) dos lámparas fueron arrancadas en la
planta baja del edificio.

     Ruégole hacer las gestiones para que el Poder Judicial me
deposite (sic) esta suma en la cuenta: 001-0232423-7 en colones
de AMAPIFRA DEL CARIBE S.A del banco de Costa Rica".

      Posteriormente indicó:

     "En adición a la nota del 31 de octubre del año en curso,
donde se presentó un desglose de la mano de obra, pintura del
área externa e interna del local que albergaba la Delegación
Regional de Pococí y Guácimo, a saber:


     Casa Comercial                Materiales                Monto
 Faji Moda Color S.A        TRES MASTER              ¢ 71.121,00
                           UNO DILUYENTE              ¢ 6.954,00
                              TRES SEAL              ¢ 60.375,00
                            UN DILUYENTE              ¢ 9.954,00
                              UNA FELPA               ¢ 1.753,00
                             UNA BROCHA                ¢ 754,00
        TOTAL                                        ¢ 116.997,00

      En prueba de las reparaciones adjunto copia de las
facturas".

     Así las cosas, para lo que estime conveniente resolver, se
rinde el informe solicitado, conforme al contrato N° 18-AR-02:

      Revisado el expediente de la contratación, en relación con
el tema de interés, se pudo detectar lo siguiente:

     I.- Mediante el oficio N° 1471-05-SG-2008 del 26 de
noviembre, el Departamento de Servicios Generales, remitió el
informe N° 459-12-Al-2008 del 25 de noviembre de 2008,
suscrito por el Arquitecto Sergio Napoleón Sotelo Doña, el cual
indicó:

      "En respuesta al oficio N° 8669-DE-2008, respecto al costo
de indemnización que solicita el Dr. Pierre Aimé Jacques,
propietario del local que ocupó el O.I.J. de Pococí en Guápiles,
como resultado de las reparaciones que incurrió después que el
Poder Judicial rescindió (sic) del contrato de alquiler, le informo:
/ En nota escrita el 31 de octubre del 2008 el señor Aimé
presenta un desglose de los costos que asumió para dejar
debidamente pintado en forma general el edificio que ocupó el
OIJ de Pococí y que a raíz del traslado de esta Sub-Delegación al
nuevo edificio de los Tribunales, la pintura del local había
quedado dañada. Así mismo incluye el cobro de dos lámparas de
emergencias, las cuales en el momento de recibir el inmueble ya
no se encontraban. El costo total del desglose suman
¢1.360.923,00, de los cuales ¢60.000 son de las dos lámparas de
emergencias. / Durante la visita realizada el martes 18 de
noviembre el señor Aimé aportó nuevas facturas de más costos
de materiales incorporados en la misma labor de pintura, con un
costo de ¢116.997,00 / De esta forma el monto total sumaría
¢1.479.085 / Durante la visita de inspección en compañía del
asistente de la Unidad Administrativa, el Lic. William Cerdas, el
Dr. Pierre Aimé y este servidor se constató que efectivamente no
se encontraban las lámparas de emergencias en los lugares que
según lo afirma el Dr. Aimé debía de estar. / En vista de que
tanto el Jefe del OIJ y su personal como la Administración del
Edificio no dan información sobre el paradero de esas lámparas y
la imposibilidad del Dr. Aimé de demostrar que le devolvieron el
local sin las lámparas, el suscrito no puede autorizar el pago de
esos ¢60.000 (sesenta mil colones). Por lo tanto la valoración de
los daños se limitará únicamente a los daños de la pintura, que
efectivamente se constató que el edificio estaba recién pintado. /
Las áreas de oficina del edificio miden 150m2 en la planta baja y
160 en la planta alta, y en área de celda la planta de 40m2. / Las
superficies pintadas del edificio comprenden las paredes
exteriores para un aproximado de 337 m2, las paredes interiores
con 324m2, los cielos rasos con 310, las celdas con 140m2 y el
costado de la tapia de cochera con 54m2 para un total general de
1,165m2. / En caso de que el Poder Judicial contratará este
trabajo de pintura con esa misma cantidad de metros cuadrados
de superficie, le costaría aproximadamente ¢2.097.000, de ahí
que el costo solicitado por el propietario del edificio, excluyendo
el precio de las lámparas, es razonable y se le debería reconocer
dicho pago".

      Mediante correo electrónico del 09 de diciembre del 2008,
se solicitó al Departamento de Servicios Generales: "(...) se
sirvan aclarar, en cuanto al informe que remiten con oficio de
referencia, en qué se basa la recomendación de pago de pintura
total para el inmueble que ocupara el OIJ de Pococí. Lo anterior
siendo que la información ofrecida en el informe, no permite
deducir si el local había sido recientemente pintado por el
contratista o se dio alguna situación especial, que obligue a la
administración a pintarlo por uso indebido, por ejemplo. / Se está
copiando a don Luis Solís, a fin que manifieste si conoce
alguna situación particular respecto a lo indicado. No omito
indicar que la Dirección Ejecutiva ha insistido en la necesidad
de finalizar el presente proceso".

      El 15 de diciembre el Licenciado Luis Solís Jiménez,
comunicó: "Realizada las respectivas consultas, me informan
que en el año 2002 se contrató el local, para aquel entonces
estaba nuevo, del 2002 a la fecha el contratista pintó el local en
una oportunidad, ya que se estaban presentando problemas de
hongos". Asimismo, el 16 de diciembre, indicó: "Es importante
aclarar que el Poder Judicial recibió recién construido el local
que albergaba al OIJ de Pococí. Por problemas de hongos el
dueño del local procedió a pintar las paredes internas del local en
el segundo semestre del año 2006. Con recursos institucionales
nunca se pintó el edificio".
      El Arquitecto Sotelo Dona,          manifestó   vía   correo
electrónico del 17 de diciembre:

      "Inicialmente el suscrito valoró desde el punto de vista
técnico el costo de lo que la Intimidación podría invertir en una
contratación de pintura general para este local. Una vez que se
establece eso monto se compara con la suma invertida por el
propietario para determinar si es razonable indemmnizarle esa
inversión. / Cuando en mi informe se recomienda al final que la
Institución le debe pagar al dueño ese dinero es porque en alguna
medida el propietario lo solicita porque en los contrato de
arrendamiento, en la cláusula sexta indica que el Poder Judicial
devolverá el inmueble en las mismas condiciones que lo ha
recibido. (...)" Durante la visita de inspección por el suscrito se
observó que la en edificación se estaba finalizando la pintura
por lo que no se pude determinar el grado de deterioro que llevó
al propietario de repintar el edificio. (El Subrayado no es del
original)

      La cláusula sexta y sétima del contrato N° 18-AR-02,
dispone: SEXTA: El arrendatario se compromete y se obliga a
entregar el inmueble en las mismas condiciones en que lo
recibió, salvo el deterioro normal que sufra por el transcurso del
tiempo. / SÉTIMA: La arrendante se obliga a entregar el local al
Poder Judicial, para la ejecución o los fines de este contrato, en
condiciones óptimas para su uso. (...)Esta obligación de la
arrendante se mantendrá durante el curso de ejecución de este
contrato. Asimismo, la arrendante velará por el mantenimiento
general del local y si ocurriere algún desperfecto o daño en sus
instalaciones lo subsanará en el plazo de un mes, a partir de la
fecha en que se le notifique el respectivo requerimiento. En caso
de omisión, el arrendatario lo hará con sus propios recursos y su
costo lo rebajará del futuro pago inmediato del precio del
arrendamiento.

      Por tanto, visto que el local fue recientemente pintado por
el contratista, y ausencia de elementos de prueba que evidencien
o demuestren daños en la pintura del local provocados por
funcionarios del Poder Judicial, salvo por su deterioro normal, en
criterio de este Departamento, los costos de pintura y mano de
obra, no se deben indemnizar al contratista.

     II- De igual forma, en vista que el acta de entrega del local,
no se consignó nada respecto a la ausencia de las lámparas de
emergencia y que el Arquitecto Sotelo sólo expresó que en la
inspección realizada no se encontraban las lámparas, el 18 de
diciembre, se solicitó a la Administración Regional de Pococí y a
la Delegación de OIJ de Pococí, se sirvieran aclarar la cantidad
de lámparas que poseía el local, y el destino de las mismas,
siendo que el 19 de diciembre, el señor William Cerdas,
funcionario de la Administración de Pococí comunicó: "Con
respecto a la cantidad de lámparas le indico que era un total de
cuatro, distribuidas de la siguiente forma: 1 Por las escaleras que
comunicaban a la segunda planta, 1 Otra por la entrada principal
de las celdas, 2 En la primera planta donde se encontraban los
investigadores. De momento es información que tengo, misma
que fue suministrada por Doña Luisa On Centeno, OIJ de
Pococí.

    Adicionalmente, el 06 de enero de 2009, el señor Cerdas
comunicó:

      "El día que realizamos la inspección del inmueble tanto
Don Sotelo como mi persona y junto con el propietario del
local, este último nos hace referencia de dos lámparas que se
encontraban en la primera planta propiamente en el área de los
investigadores donde se suponía que las lámparas debían estar,
constatamos que no están. / Una vez terminada la inspección
Don Sotelo y mi persona nos dirigimos al O.I.J, a consultarle al
Licenciado Carlos Thomas sobre lo sucedido, el Sr. Thomas a su
vez le consulta a la funcionaria Shirley Porter Asistente
Administrativa sobre el destino de las lámparas, se inicia una
búsqueda en una de las bodegas con resultados negativos al final
nos indican que efectivamente si existían dos lámparas pero
desconocen el destino de las mismas. / Cabe indicar que el día
que personalmente se hizo entrega del inmueble al propietario,
yo desconocía de la existencia de las lámparas en mención, por
tal motivo NO SE INDICO EN EL ACTA DE ENTREGA, se
debe indicar que las lámparas no fueron retiradas por personal de
la Administración, desconozco si el retiro lo realizaron los
funcionarios del O.I.J, que si sabían de la existencia de las
lámparas y que final no saben indicarnos donde se encuentran".

     De todo lo anteriormente señalado, se indica:

     1- Conforme a la solicitud realizada por el Doctor Pierre
Aimé y visto el informe técnico rendido por el Arquitecto Sergio
Napoleón Sotelo Doña, y de conformidad con los numerales 26,
33, 34, 35, 37, 44 inciso c), 46, 47, 48, 49, 50, 53 y 55 de la Ley
de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, a nuestro criterio: el
mantenimiento general del local en perfecto estado de uso y
conservación corresponderá al contratista, no siendo
indemnizable el costo de la pintura y mano de obra en que
incurrió el contratista por la suma de ¢ 1.419.095,00 (un millón
cuatrocientos diecinueve mil noventa y cinco colones), pues el
Poder Judicial devolvió el inmueble en perfecto estado de
conservación, salvo el deterioro normal por el transcurso del
tiempo, situación no atribuible a la Institución.

      2- En cuanto a la reposición de las lámparas de emergencia,
ha quedado claramente establecida, la existencia de las lámparas
de emergencia en el local, sin que se pudiera determinar quién
las retiró y dónde se encuentran, por lo cual, se debe indemnizar
la suma de ¢59.990,01 (cincuenta y nueve mil novecientos
noventa colones con 01/100), por el costo de 02 lámparas de
emergencia."

     CRITERIO DE LA ASESORÍA LEGAL:

      Como bien lo expone el Departamento de Proveeduría,
basados en la visita al local por servidores de la Administración
Regional de Pococí y el Departamento de Servicios Generales, se
constató únicamente que el local estaba recién pintado, además
de la falta de dos lámparas de seguridad que poseía el bien al
momento de ser arrendado.

       En este sentido, una vez analizada la Ley General de
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se desprende la
obligación de todo arrendatario de conservar y devolver al
arrendador el objeto arrendado en buen estado, según lo
disponen los numerales 44 inciso c y 55 de la ley en mención.
Tal obligación, se refuerza en el artículo 47 al disponer que es
deber del arrendatario "...responder por todo daño o deterioro
que se cause por su falta, culpa, negligencia, o por la acción u
omisión de las personas que habitan con él, sus familiares,
trabajadores, clientes, huéspedes y visitantes."

     En razón de lo anterior, efectivamente le asiste al
arrendador el derecho de exigir que se efectúen las reparaciones
del caso sobre el bien arrendado, así como reclamar el pago de
daños y perjuicios cuando no se conserve adecuadamente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley General
de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.

      Ahora bien, según se expuso supra, de acuerdo con la
normativa de marras, un elemento primordial para que procedan
los reclamos es la demostración del daño, situación que en el
presente caso no se ha dado, ya que al momento de la inspección
por parte de los servidores del Poder Judicial, no se logró
determinar si existían daños en el inmueble que obligaran a
pintarlo nuevamente, y de forma total.

      Lo anterior, se desprende de lo informado por el arquitecto
Sergio Napoleón Sotela Doña, del Departamento de Servicios
Generales el cual indicó que "...Durante la visita de inspección
por el suscrito se observó que la en edificación se estaba
finalizando la pintura por lo que no se pude determinar el
grado de deterioro que llevó al propietario de repintar el
edificio..." (Negrita es nuestra).

       Aunado a lo anterior, cabe referir que el clausulado del
contrato de arrendamiento establece la obligación del Poder
Judicial de entregar el bien en las mismas condiciones que lo
recibió, excepto por el deterioro normal que éste sufra por el
paso del tiempo (cláusula sexta); de donde se desprende que de
no existir daños que evidencien un uso indebido del bien, no se
está incumpliendo con las responsabilidades pactadas.

      Siendo que en el presente asunto, no se demostró que el
inmueble presentaba daños en la pintura causados con ocasión
del uso para la prestación del servicio que el Poder Judicial
brindaba en él, comparte esta Asesoría la recomendación del
Departamento de Proveeduría de no ordenar el pago por las
reparaciones en que incurrió el solicitante por considerar que
obedecen al mantenimiento ordinario del local, ya que según se
expuso, la responsabilidad del Poder Judicial es sólo respecto de
los daños y deterioro ocasionados conforme a las normas citadas
en los párrafos que anteceden, de forma tal que queda excluido
resarcir por deterioro normal de la cosa.

      Adicionalmente, en cuanto a las lámparas de emergencia
que solicita el señor Aimé Jacquet le sean canceladas, cabe
mencionar que de acuerdo con la opinión de servidores del
Organismo de Investigación Judicial, las lámparas si existían en
los lugares mencionados por el arrendante, verificándose así el
daño, pues no puede determinarse su paradero, ni quién las
retiró, por lo que procede la cancelación de la suma
recomendada por el Departamento de Proveeduría.

      En virtud de lo expuesto, esta Asesoría recomienda acoger
el informe del Departamento de Proveeduría rendido mediante
oficio 85-DP/48-2009, y en consecuencia:

     a) Ordenar el pago por la suma de ¢59.990,01 (cincuenta y
       nueve mil novecientos noventa con 1/100) correspondientes al
       costo de las dos lámparas de emergencia faltantes.

            b) Rechazar el cobro por los gastos en que incurrió
       AMAPRIFA DEL CARIBE S.A. en la pintura del local que
       albergaba la delegación del Organismo de Investigación Judicial
       de Pococí, pues no se ha podido determinar ningún daño al bien
       arrendado imputable al Poder Judicial.‖
                                     -0-
            Acoger la recomendación emitida por la Sección de
       Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva y con base en las
       razones ahí expuestas, se acordó: 1) Ordenar el pago por la
       suma de ¢59.990,01 (cincuenta y nueve mil novecientos noventa
       con un céntimo) correspondiente al costo de las dos lámparas de
       emergencia faltantes. 2) Rechazar el cobro por los gastos en que
       incurrió AMAPRIFA DEL CARIBE S.A. en la pintura del local
       que albergaba la Delegación del Organismo de Investigación
       Judicial del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, pues
       no se ha podido determinar ningún daño al bien arrendado
       imputable al Poder Judicial.

            La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría,
       tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara este
       acuerdo firme.”
                                     -0-

      El doctor Pierre Aimé Jacques, en condición de apoderado

generalísimo de la empresa Amaprifa del Caribe S.A., en nota de 9 de

febrero en curso, interpone recurso de reconsideración contra lo resuelto en

el acuerdo anteriormente citado, en los siguientes términos:

             ―… para poner de su conocimiento mi inconformidad por el
       rechazo de las facturas por la reparación en pintura hecha al
       edificio que alojaba la Delegación del OIJ Guácimo-Pococí
       según el Contrato # 18-AR-02.

             Según la cláusula # 6 del Contrato de Arrendamiento para
       alojar la Delegación del Organismo de Investigación Judicial de
       Guácimo-Pococí, firmado entre el Poder Judicial representado
       por el Lic. Alfonso Chaves Ramírez, Presidente en ejercicio en
       ese entonces de la Corte Suprema de Justicia y mi persona,
       aprobado el 28 de noviembre 2002; dice textualmente: EL
       ARRENDATARIO SE COMPROMETE Y SE OBLIGA A
       ENTREGAR EL INMUEBLE EN LAS MISMAS
       CONDICIONES EN QUE LO RECIBIÓ, SALVO EL
       DETERIORO        NORMAL        QUE       SUFRA       POR     EL
       TRANSCURSO DEL TIEMPO. La delegación de la OIJ estrenó
       este edificio en condición impecable, pero lo entregaron en
       condiciones deplorables. Y decir que el edificio siempre ha sido
       bien mantenido por mi persona. Cuando me entregaron las
       llaves, la Subunidad Administrativa de Pococí-Guácimo me
       encomendó hacer el trabajo de pintura y luego pasarle las
       facturas.

             Otra condición que se debe tomar en cuenta: Se alquiló el
       edificio sin depósito de garantía a petición del Poder Judicial.
       Además la Delegación del OIJ ingresó al edificio en el mes de
       noviembre 2002, pasó 3 MESES SIN PAGAR NADA hasta que
       la Contraloría de la República refrendó el Contrato mediante
       Oficio AA-2039 (00815) de fecha 31 de enero 2003. Estos 3
       meses que disfrutaron cómodamente en el edificio nunca me han
       sido pagados y ahora no me quieren pagar tampoco la reparación
       en pintura que se hizo.

           EL PODER JUDICIAL COMO SU NOMBRE LO
       INDICA, NO ES PARA HACER INJUSTICIA SINO HACER
       JUSTICIA. RUÉGOLE CUMPLIR CON ESE APÓSTOL.‖
                                     -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: 1.) Solicitar

al licenciado Luis Solís Jiménez, Administrador Regional del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se refiera a lo manifestado por el

doctor Pierre Eliphete Aimé Jacques, quien afirma que esa Administración

le encomendó realizara las mejoras al inmueble que albergó a la

Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de esa

localidad, en cuenta la pintura del edificio y procediera al cobro respectivo.

2.) El Departamento de Proveeduría rendirá el informe respectivo, respecto

a la fecha en que fue ocupado el local que se da cuenta y si efectivamente

el Poder Judicial no sufragó el pago de alquiler, durante el período
indicado por el doctor Aimé Jacques y en caso de que efectivamente no se

haya hecho ese pago, el motivo para proceder de esa forma.

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS

                               ARTÍCULO IV

      El   licenciado    Wilberth     Kidd    Alvarado,     Jefe   interino   del

Departamento de Proveeduría, en oficio N° 861-DP/46-08 de 5 de febrero

en curso, expuso lo siguiente:

             ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000149-PROV “Alquiler de local para alojar al Juzgado
       Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso”, remitimos
       a usted la documentación adjunta, para que sea sometida a
       conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que se tome el
       acuerdo que consideren conveniente.

             En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30
       días hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte
       condiciones generales del cartel para resolver esta contratación,
       vence el 26 de febrero de 2009.

             Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
       Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de
       acuerdo con los documentos aportados y los que conserva esta
       Proveeduría, se determinó que:

              1. Ofertas presentadas

              1.1 Al concurso licitatorio se presento oferta de:

             N° 1. CORPORACIÓN RIVAS Y ASOCIADOS S.A.,
       cédula jurídica N° 3-101-103232, por una renta mensual de
       ¢1.300.000,00.

              2.   Solicitud de informes técnicos

             2.1 Mediante oficios 0406 y 0407-DP/09-2009, de fecha
       16 de enero de 2009, se remitió copia de la única oferta recibida
       a concurso, a los Departamentos de Servicios Generales y
Seguridad, con el fin de que se realizara la valoración técnica del
inmueble ofertado.

       2.2   Análisis técnico

       2.2.1 Mediante oficio N° 118-05-SG-2009, recibido el 27
de enero del año en curso, la Licenciada Nacira Valverde
Bermúdez, SubJefa del Departamento de Servicios Generales,
remite el informe técnico número 51-12-AI-2008, realizado por
el arquitecto Sergio Sotelo Doña, Profesional 2 de la Sección de
Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento, e informe 06-
SEG/LOC-2009, suscrito por el Licenciado German Rojas
Monge, Jefe del Departamento de Seguridad.

       En informe del Departamento de Servicios Generales
indica lo siguiente:

      ―En respuesta al oficio N° 0406-DP/09-2009, respecto a la
supervisión de un inmueble ofrecido en alquiler para alojar el
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso de
Cartago, de acuerdo con la Licitación Abreviada N°
2008LA000149-PROV., le informo:

       Oferta presentada por Corporación y Asociados S.A.

       Área del local.………………..............…..................….385
m²
       Precio del     alquiler……........……............................¢
1.300,000
       Precio     del         alquiler     por                metro
cuadrado……………¢3.376,62

             CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

       Generalidades

       La oferta contempla el alquiler de un edificio de dos
pisos, diseñado como locales comerciales.

       La edificación se encuentra a 50 metros al oeste de la
Municipalidad de Paraíso, frente al parque central de la
localidad.

       Esta ubicación es céntrica y bastante favorable para el
despacho ya que es de fácil acceso para el usuario. La
edificación no se encuentra cerca de salones de baile, ni de
reuniones públicas, como tampoco de instituciones de enseñanza
ni de establecimientos comerciales que generen ruidos excesivos.
Mas bien la zona donde es básicamente de oficinas, locales
comerciales e institucionales.

       El inmueble tiene acceso directo a una calle pública
asfaltada porque el lote donde se construyó con un retiro de
aproximadamente de 6 metros del borde de la acera hacia el
fondo.

        El edificio cuenta con dos fachadas, la principal que da a
la calle, hacia el parque central y la otra que da al patio. Es por
medio de esas fachadas por donde entra la ventilación e
iluminación natural la cual es deficiente porque el lote es
rectangular, aproximadamente 7 de frente por 28 metros de
largo, con edificaciones colindantes en los dos lados. Por esa
razón se trató de iluminar y ventilar en la planta alta por medio
de tragaluces en el techo.

       Las oficinas de la planta alta no disponen de cielo raso
individualmente, son abiertas para que el aire que circula a todo
lo largo y pueda llegar a cada una de ellas. Esta solución no es
muy conveniente para el despacho porque muchas veces se
requiere privacidad.

       De ahí es que se considera que la iluminación y
ventilación del inmueble no es muy buena porque incluso se
observa muy manchado de hongo el cielo raso principal como
producto de la concentración de humedad.

       La seguridad de la edificación está basada en el uso de
verjas y cortinas metálicas arrollables en la planta baja, no así en
la planta alta, ya que es de fácil acceso y no dispone de ningún
sistema de protección en ventanas y puertas.

       La seguridad en la parte de atrás de la propiedad es muy
vulnerable puesto que da a grandes patios y baldíos de las otras
propiedades, de donde se corre el riesgo de que alguien pueda
ingresar por aquí.

       El edificio presenta en la planta baja una serie de daños
físicos como producto del poco mantenimiento que se le debe
dar a los edificios. Se ve como la pintura está muy dañada al
igual que las estructuras de metal, pisos manchados, vidrios
quebrados, áreas sin cielo raso por lo que se considera que la
calidad de la construcción no es buena. Una situación similar
ocurre en la planta alta, donde se puede ver cielo rasos
manchados y sucios. La calidad de las divisiones livianas
tampoco es de buena calidad.

      Se observa al final de este piso que se hizo un agregado
con un piso de madera, siendo el existente de concreto, pareciera
que hay problemas de goteras por el charco de agua que se
encontró en el pasillo como consecuencia de la lluvia que se
presentaba en ese momento.

      Existe la disponibilidad de los servicios básicos como
agua potable, alumbrado público, servicio telefónico, recolección
de basura, eléctrico y un sistema de cloacas para recolectar las
aguas negras.

      La distribución arquitectónica del primer piso está
conformada por un solo salón con un servicio sanitario. Aquí se
encuentra funcionando actualmente una panadería. Hay un
pequeño sótano en el fondo de la propiedad, el cual se ve muy
húmedo y oscuro.

       La distribución del segundo piso está conformada cuatro
oficinas, dos servicios sanitarios y un gran salón usado para
reuniones. Esta distribución arquitectónica no cuenta con rampas
ni un ascensor para personas con discapacidades por lo que este
segundo piso no se ajusta a la Ley 7,600.

        En relación al precio del alquiler de la oferta, ¢1.300,000
por un área de 385 m², lo que equivale en pagar a ¢3.376,62 m²
de construcción útil de oficina. Se considera que este precio es
razonable porque está dentro del rango de los precios de mercado
se tiene en esta zona. Sin embargo por no tener el edificio una
buena calidad de la construcción, además de las deficiencias en
la iluminación natural y ventilación natural, en la seguridad de la
propiedad, la oferta no se ajusta al objeto del Contrato de esta
licitación. Además El área ofrecida casi duplica al área que fue
solicitada en el cartel, lo que nos lleva a que se deba pagar el
doble del precio del alquiler que se tiene presupuestado en esta
Licitación, según lo indicó la Administradora Regional de
Cartago. El propietario ha establecido que el precio es por todo
el edificio y no está dispuesto a alquilar solo una planta.

       De ahí es que se recomienda que se desestime la oferta
por todas las razones técnicas antes expuestas.‖

      En informe del Departamento de Seguridad indica lo
siguiente:

      ―Para lo que corresponda, le remito el estudio de la oferta
presentada por:

       CORPORACIÓN RIVAS Y ASOCIADOS S.A.

       DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD

       I.    OBJETIVO:

      Valoración de las condiciones de un local para alojar al
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso de
Cartago, petición solicitada por el Departamento de
Proveeduría, según oficio 0407-DP/09-2009.

       II.    METODOLOGÍA:

      La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo
Vega, Asistente de Seguridad del Departamento de Seguridad y
el Bachiller Franck Montero Acosta, Técnico en Salud
Ocupacional de Cartago, y el Arquitecto Sergio Sotelo Dona,
del Departamento de Servicios Generales.

       III    DIAGNÓSTICO

      Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:

           El inmueble está ubicado frente al parque de
Paraíso, 50 metros oeste de la Municipalidad de esa localidad.

    ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

           La primera planta no cuenta con divisiones, es una
sola área, los pisos, las paredes y cielo de la estructura se
observan muy sucios y algunas partes presentan deterioro,

            Existe un sótano que da a un patio sin salida en la
parte de atrás del edificio.

           La parte trasera del local tiene tapias de zinc
bastante bajas, un lote con maleza.
          No se observa ningún tipo de señalización o
iluminación de emergencia.

           Se aprecia que el local cuenta con poca ventilación
natural ya que no tiene ventanas en sus costados.

           La iluminación natural y artificial se observan
niveles bajos. La primera planta cuenta con lámparas
fluorescentes que se observan en estado de deterioro y la
segunda planta tiene en su mayoría luz amarilla (bombillos), lo
cual no es adecuado, lo recomendado en luz blanca.

           El acceso a la segunda planta es a través de unas
gradas de 1.10 m de ancho aproximadamente, las cuales son de
superficie deslizante y no posee cinta antideslizante.

          Algunas paredes y cielos rasos de la segunda planta
tienen moho.

            El local está ubicado frente a una parada de taxis, da
a vía pública muy transitada.

           No se observa hidrante cerca.

          Las ventanas se encuentran bastante sucias, algunas
quebradas y no cuentan con verjas.

          No existe acceso para personas con discapacidad a la
segunda planta.

           La edificación no cuenta con servicio sanitario que
reúna las condiciones mínimas para personas con discapacidad.

      CONCLUSIÓN

      Por los aspectos antes mencionados, el local no se
recomienda para alojar el despacho en mención.‖

      3. Análisis legal de la oferta:

       3.1 Mediante el oficio 0534-DP/09-09 de 21 de enero del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de las ofertas
recibidas, de la manera siguiente:

      ―Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal
de la única oferta recibida en la Licitación Abreviada N°
2008LA-000149-PROV, denominada “Alquiler de local para
ubicar al Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de
Paraíso, Cartago”, para lo cual adjunto el respectivo expediente
administrativo.

       Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de la
oferta y qué defectos u omisiones son subsanables, seguidamente
se detallan los aspectos más relevantes que se han advertido
producto de la revisión inicial de los documentos aportados en la
oferta, respecto de los cuales se solicita especial
pronunciamiento de la Sección a su cargo.

    OFERTA N°              1    CORPORACIÓN            RIVAS       Y
ASOCIADOS S.A.:

       1. No aporta certificación o documentación extendida
por la Municipalidad, en la que se indique que el inmueble
ofertado, puede ser alquilado para ubicar algún despacho judicial.

       3. La certificación de personería jurídica aportada está
incompleta, al indicar únicamente el nombre del presidente de la
sociedad.

      4. No aporta certificación sobre la naturaleza y
propiedad de las acciones.

       En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.‖

       3.2 Mediante oficio N° 145-DE/AL-09 recibido el 22 de
agosto de 2008, la Licda. Itzia Araya García, Asesora Legal a.í.
de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de la única
oferta recibida, señaló:

       ―En respuesta al oficio N° 0534-DP/09-09 de 21 de enero
del año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández
Arley, Jefa a.i. del Subproceso de Licitaciones de ese
Departamento, requiriendo el análisis legal de la propuesta de la
oferente Corporación Rivas y Asociados S.A. recibida en la
Licitación Abreviada N°2008LA-000149-PROV, cuyo objeto
es el “Alquiler de local para ubicar al Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de Paraíso, Cartago”; me
       permito referirle que por tratarse de un procedimiento en el que
       participa un único oferente, deben aplicarse los reiterados
       criterios de esta Asesoría, en cuanto a la posibilidad de solicitarle
       que aporte cualquier dato o documento omitidos para valorar su
       propuesta, y se es del caso, se ajuste a los requerimientos
       cartelarios. En ese sentido, se le debe prevenir a la oferente que
       aporte lo requerido en la cláusulas 5.1.13 del apartado de las
       ―Condiciones Especificas‖ y lo requerido en la cláusula 6.2.12
       inciso a) y b) del apartado de ―Condiciones Generales‖ del
       cartel.

              Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede
       ante los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
       participantes; de ahí que al procurar la adjudicación el negocio,
       se protegerá la satisfacción del interés general y el cumplimiento
       de los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
       previamente se verifique la idoneidad técnicas de ese único
       oferente y la razonabilidad del precio que cotiza, según los
       parámetros del artículo 30 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa.‖

              4. Prevenciones

              4.1 De acuerdo con la recomendación emitida en el
       estudio legal, era posible prevenir a la oferta N° 1 de
       Corporación Rivas y Asociados S.A., sin embargo, no fue
       cursada la prevención, en virtud de que la oferta no cumple
       técnicamente con los requerimientos institucionales.

              5.    Recomendación:

              De conformidad con los criterios técnicos y legales
       detallados anteriormente, a la luz de la normativa aplicable, y
       según las circunstancias concurrentes, este Departamento de
       Proveeduría concluye que no es dable arrendar el local ofertado,
       en virtud de que la única oferta recibida de Corporación Rivas y
       Asociados S.A., cuentan con incumplimientos técnicos. Así las
       cosas, se recomienda declarar infructuosa la presente licitación.‖

                                       -0-

     Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de

Proveeduría, en consecuencia, declarar infructuoso el procedimiento de

Licitación Abreviada N° 2008LA-000149-PROV denominada ―Alquiler de
local para alojar al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Paraíso‖.

      La Dirección Ejecutiva y el Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Paraíso, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara

acuerdo firme.

                               ARTÍCULO V

     El licenciado Wilbert Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento

de Proveeduría, en oficio N° 0936-DP/09-09 de 3 de febrero en curso,

indicó lo siguiente:

              ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000156-PROV “Alquiler de local para alojar la Fiscalía de
       Pavas”, remitimos a usted la documentación adjunta, para que
       sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de
       que se tome el acuerdo que consideren conveniente.
             En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30
       días hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte
       condiciones generales del cartel para resolver esta contratación,
       vence el 04 de marzo de 2009.
             Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
       Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de
       acuerdo con los documentos aportados y los que conserva esta
       Proveeduría, se determinó que:
              1. Ofertas presentadas
              1.1 Al concurso licitatorio se presentaron ofertas de:
             N° 1 Leveche S.A., cédula jurídica N° 3-101-041987-31,
       por una renta mensual de $6.500,00.
             N° 2 Leveche S.A., cédula jurídica N° 3-101-041987-31,
       por una renta mensual de $6.500,00.
            N° 3 Corporación JCIC S.A., cédula jurídica N° 3-101-
       322838, por una renta mensual de ¢2.025.000,00.
             Cabe aclarar que la oferta N° 1 de Leveche S.A., fue
       presentada en este concurso, sin embargo, mediante nota del 22
de enero de 2009, suscrita por la señora Ileana Pikz Kalina, en su
condición de apoderada generalísima de dicha sociedad, indica
que ésta oferta debía ser tomada para la licitación abreviada N°
2008LA-000151-PROV, denominada ―Alquiler de local o casa
de habitación para ubicar al Juzgado Penal de Pavas‖, cuya
apertura se realizó el 12 de enero en curso. Así las cosas, se
procedió trasladar dicha oferta al expediente de la licitación
anteriormente mencionada, quedando ésta como extemporánea.
      2. Análisis legal de la oferta:
       2.1 Mediante el oficio 0665-DP/46-09 de 26 de enero del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de las ofertas
recibidas, de la manera siguiente:
        ―Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal
de las dos ofertas recibidas en la Licitación Abreviada N°
2008LA-000156-PROV, denominada “Alquiler de local para
ubicar a la Fiscalía de Pavas”, para lo cual adjunto el
respectivo expediente administrativo.
       Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de las
ofertas y qué defectos u omisiones son subsanables,
seguidamente se detallan los aspectos más relevantes que se han
advertido producto de la revisión inicial de los documentos
aportados en las ofertas, respecto de los cuales se solicita
especial pronunciamiento de la Sección a su cargo.
      OFERTA N°1 (sic) LEVECHE S.A.:

        1. Cotiza en dólares, sin embargo, solicita incremento
anual. Cotiza: $6.000,00 para el primer año, $7.500,00 para el
segundo año y cada año al iniciarse el tercer año solicita un
incremento anual de 3,5% sobre el último alquiler, folio 38 de la
cejilla de ―ofertas‖.
        2. Adjunta copia del plano catastrado, indica aportar
copia de la distribución arquitectónica del local así como
fotografías, pero no aporta.
        3. Indica estar de acuerdo con la cláusula 5.1.11.
        4. No aporta Certificación del Registro de Propiedad,
solicitada en la cláusula 5.1.12.
        5. No aporta fotocopia de la cédula de identidad de quien
suscribe la oferta así como la cédula jurídica de la empresa,
solicitadas en la cláusula 6.2.3.
        6. No aporta certificación sobre la naturaleza y
propiedad de las acciones.
      OFERTA N° 2 (sic) CORPORACIÓN JCIC DE SAN
JOSÉ S.A.:
       1.   Indica estar de acuerdo con la cláusula 5.1.11.
       2. No aporta certificación o documentación extendida
por la Municipalidad, en la que se indique que el inmueble
ofertado, puede ser alquilado para ubicar algún despacho judicial.
      3.    No aporta fotocopia de la cédula jurídica de la
empresa.
       4. La certificación de personería jurídica aportada indica
únicamente el nombre de dos integrantes de la Junta Directa,
(Presidente y Secretario).
      5.    No aporta certificación sobre la naturaleza y
propiedad de las acciones.
       6. No aporta constancia que indique que se encuentra al
día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, se
procede a realizar la consulta en el ―sicere‖, instalado en la
Proveeduría; el cual indica que no aparece inscrita, sin embargo,
por tratarse de un arrendamiento, esta Proveeduría se acoge a lo
indicado por esa Asesoría Legal, en el oficio 542-DE/AL-08
recibido el 10 de marzo de 2008.
       En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.‖
       2.2 Mediante oficio N° 170-DE/AL-09 recibido el 29 de
enero de 2009, la Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón,
Asesora Legal a.í. de la Dirección Ejecutiva, al referirse al
estudio legal de las ofertas recibidas, señaló:
       ―Me refiero al oficio N° 0665-DP/46-09 de 26 de enero
del año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández
Arley, Jefa a.i. del Subproceso de Licitaciones de ese
Departamento, requiriendo el análisis legal de las dos ofertas
presentadas en la Licitación Abreviada N° 2008LA-000118-
PROV (sic), cuyo objeto es el “Alquiler de local para ubicar
la Fiscalía de Pavas”.
       OFERTA Nº 1.(sic)- Leveche S.A.:
       Vistas las observaciones señaladas en los puntos 1) y 3),
estima esta Asesoría que por existir una contradicción entre la
cotización del precio del arrendamiento indicado a folio 38 del
apartado de ―Ofertas‖ del expediente administrativo de
contratación y la aceptación de la cláusula 5.1.11 del cartel, es
preciso cursar prevención a la oferente para que aclare este
punto.
       En cuanto a los puntos 2) y 5), se le debe prevenir a la
oferente que aporte el plano catastrado con la distribución
arquitectónica del local y las fotografías; además, copia de la
cédula de identidad de quien suscribe la plica y copia de la
cédula jurídica de la empresa.
       Respecto al punto, se le debe solicitar certificación de
propiedad del inmueble, conforme se requiere en la cláusula
5.1.12 del apartado de las ―Condiciones Específicas‖ del cartel,
de lo que se debe constatar que la oferente es el legítimo
propietario para ofertar el inmueble ofrecido en arriendo.
        OFERTA Nº 2.(sic)- Corporación JCIC de San José
S.A.:
       En lo concerniente a la observación señalada en el punto
1), no es necesario realizar prevención, toda vez que el
representante de la empresa manifiesta estar de acuerdo con lo
referente al reajuste de precio establecido en la cláusula 5.1.11
del cartel.
       Respecto al punto 2), por ser un hecho histórico e
invariable resulta ser un aspecto subsanable según lo establecen
los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, por lo que se le debe prevenir a la oferente que
presente certificación extendida por la Municipalidad en la que
indique que el inmueble ofertado puede ser alquilado para ubicar
algún despacho judicial.
       En cuanto a los puntos 3), 4) y 5), son aspectos
subsanables conforme a la normativa citada, por lo que se le
debe prevenir que aporte copia de la cédula jurídica de la
empresa, certificación de la personería jurídica en la que conste
al menos 3 integrantes de la Junta Directiva y certificación sobre
la naturaleza y propiedad de las acciones.‖
        3. Prevenciones
       3.1 De acuerdo con la recomendación emitida en el
estudio legal, era posible prevenir a las oferentes, sin embargo,
no fueron cursadas las prevenciones, en virtud de que las ofertas
no cumplen técnicamente, por lo tanto no pueden ser
consideradas como posibles adjudicatarias.
        4.   Solicitud de informes técnicos
       4.1 Mediante oficios 592 y 593-DP/46-09, recibidos el 22
de enero de 2009, se remitió copia de las ofertas presentadas, a
los Departamentos de Servicios Generales y Seguridad,
respectivamente, con el fin de que se realizara la valoración
técnica del inmueble ofertado.
      4.2    Análisis técnico
       4.2.1 Mediante oficio N° 149-05-SG-2009, del 02 de
febrero del año en curso, la licenciada Nacira Valverde
Bermúdez, Subjefa del Departamento de Servicios Generales,
remite el informe técnico número 057-12-AI-2008, realizado por
el arquitecto Luis Umaña Ugalde, Profesional 2 de ese
Departamento, en conjunto con el Departamento de Seguridad.
En el mismo se indica lo siguiente:
      (….)
                 Oferta presentada por Leveche S.A.


      Área del local_______________________________632
m²
      Precio del alquiler__( $6,000 )______________¢
3,387,960
     Precio del alquiler por metro cuadrado
___________¢5,360
      CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
      Generalidades
      Ubicación:
       El inmueble se encuentra a 125 metros sur de la Librería
Internacional en el Boulevard de Rorhmoser de Pavas, contiguo
al Oficentro Nunziatura.
      Características del sector:
        Se ubica dentro del sector solicitado por el cartel de
licitación.
       Es un sector con vocación habitacional de clase alta, en
proceso de transformación a zona de de carácter comercial. El
sitio se caracteriza por viviendas de gran tamaño y excelente
calidad. La calle, frente al local, se encuentra asfaltada,
presentan aceras, alcantarillado pluvial, cordón y caño. La parte
posterior del inmueble colinda con la carretera de
circunvalación.
      Servicios públicos:
      Cuenta con agua potable, servicios eléctricos, teléfono y
alumbrado público, recolección de basura, y servicios
comunales, etc.
      Características del Terreno:
      El terreno, según el plano catastrado, aportado en la
oferta, es una propiedad esquinera medianera de 657,94 metros
cuadrados, de forma regular.
       La topografía del sector en general es plana y cuenta con
todos los elementos urbanísticos.
       El local ofertado es una casa de Habitación de 2 pisos,
construida aproximadamente hace 20 años.
      Área constructiva:
       La oferta presenta un área superior utilizable a los
430m2, pero el área real útil de construcción es de 632 metros
cuadrados de construcción (de acuerdo a los cálculos realizados,
por este servidor, en los planos brindados por el propietario
durante la visitar (sic) de e(sic) inspección). Dicha condición
establece un exceso de 182 metros cuadrados de construcción,
equivalente a un 29 % superior de lo solicitado en el cartel.
      Descripción de la construcción:
      Generalidades de       la   construcción:   Construcción
medianera de 2 niveles.
      Destino: Edificación diseñada para casa de habitación.
      Clase: Mampostería en concreto y ladrillo de barro.
      Fachada: En concreto.
       Cimientos:    No se pudo verificar su condición y
características.
      Pisos: variados tipos: parquet, cerámica y concreto.
    Paredes exteriores: Las paredes exteriores son en
mampostería.
      Paredes interiores: Paredes en mampostería.
      Estructura de paredes: Sin información.
       Entrepisos:   No se pudo inspeccionar el sistema a
constructivo.
       Marcos de ventanas: En general tanto en ventanas
externas son en marcos de aluminio con doble vidrio para aislar
el sonido.
       Estructura de techos: No se pudo verificar su condición
y características.
      Puertas: Madera sólida de cristóbal.
       Altura de paredes: En general la altura de las paredes
externas están en 2.50 metros.
      Sistema eléctrico: sistema polarizado.
      Cielos rasos: gypsum
      Escaleras: en Concreto (sic).
       Cubierta de techos: La cubierta en general son láminas
de hierro esmaltado.
       Servicios sanitarios: Dispone de 5 servicios sanitarios
pero ninguno cumple con las exigencias de la Ley 7600.
      Edad estimada: aproximadamente 20 años.
      Vida útil: 50 años.
      Estado: Excelente estado general.
      Precio de arriendo:
        Para el área ofertada de 632 metros cuadrados el costo
solicitado es de $6.000,oo equivalente a ¢3.387.960,oo
mensuales (tipo de cambio ¢ 564,66) lo que equivaldría a ¢5.360
mensuales por cada metro cuadrado de construcción.
       Dicho costo va de acuerdo a las calidades constructivas
del inmueble de lujo. Las condiciones de la construcción y sus
acabados son muy superiores a las que normalmente son
requeridas para un despacho judicial.
     Flexibilidad de la distribución arquitectónica del
inmueble:


      Las condiciones establecidas en la cláusula Nº 2 del cartel
definen el Objeto del Contrato al determinar que el local a
arrendar debe reunir los siguientes requisitos:
      El Poder Judicial requiere alquilar un inmueble con un
área mínima de 430m2 y un máximo de de 450m2 que reúna
todos los requerimientos de espacios apropiados para el
despacho judicial.
       El local deberá contemplar al menos 15 aposentos de
entre 10 y 15 m2 cada uno, para ser utilizados como oficinas
para los Fiscales Auxiliares ( 10 aprox.), Asistente Judicial,
Sala de Atención a las víctimas, área de comedor, oficina para
los citadores, 4 aposentos de entre 15 y 20 m2, para un Fiscal
Adjunto, una sala de reuniones, una bodega de evidencias, una
bodega para expedientes y suministros, un área de 40 a 45m2
para utilizarse como salón para los auxiliares, y un área de de 20
a 30 m2 para la recepción y atención del público. Debe poseer un
mínimo de dos servicios sanitarios, uno para el personal de la
Fiscalía y otro para l público. Uno de ellos deberá cumplir con
los requisitos de la Ley 7,600. Además el local deberá tener un
área de cochera cerrada (portones, verjas) para resguardar un
vehículo oficial y cuatro motocicletas para los localizadores.
      Distribución Arquitectónica del inmueble
      La edificación dispone de un frente a calle pública de
aproximadamente 25 metros.
       A pesar de que el precio del arriendo por metro cuadrado,
del local, es adecuado para las condiciones de acabados del
inmueble, existe la gran dificultad de que la distribución
arquitectónica de la edificación no se adapta a los espacios que
han sido requeridos en el cartel indicados anteriormente, a pesar
que la edificación dispone de 182m2 más de lo solicitado.
      Planta Baja
       La planta baja tiene aproximadamente 384 metros
cuadrados de construcción conformados desde la entrada por una
sala informal de televisión, alejada de los demás espacios
importantes de la casa. Más adelante se encuentran el amplio
vestíbulo que conduce a las grandes escaleras que nos lleva al
segundo piso. A un costado de dicho vestíbulo se ubica un
servicio sanitario de visitas para continuar con dos jardines
internos que separan al gran salón compuesto por el área de sala
y comedor. Dos terrazas abiertas se anteponen a cada una de
estas áreas. Luego se encuentra el comedor informal junto con la
cocina con su bodega de suministros, en centro de la edificación
y a un costado de las escaleras. Más a la izquierda se localizan el
cuarto de pilas junto al cuarto de servicio con su baño completo
incluido. Detrás del ducto de las escaleras se encuentra el cuarto
de la bomba y un cuarto de trabajo pequeño. Por último y a un
costado de la casa se construyó una cochera con portones
metálicos arrollables con la capacidad de guardar cuatro
vehículos.
      Planta Alta
       La planta alta aproximadamente de 248 metros cuadrados
de construcción está compuesta por siete aposentos, de los cuales
cuatro son dormitorios, dos son oficinas y uno es un cuarto de
vestidor, además hay tres servicios sanitarios.
       Como se puede ver la edificación sólo cuenta con 9
aposentos para oficinas de las 12 oficinas que fueron solicitadas
en el cartel para 12 fiscales. El área del comedor informal podría
ser utilizada como para la sala de atención de la víctima. El
cuarto de pilas puede convertirse en el cuarto para expedientes y
el cuarto de trabajo de la casa para las evidencias y suministros.
La cochera es amplia y puede guardar el vehículo oficial y las
motocicletas del despacho sin ningún problema. Con esta
reubicación preliminar de los espacios que la edificación
dispone, se termina toda el área construida. El espacio del
vestíbulo principal de la entrada y de tránsito interno es el único
que queda para ubicar ahí la recepción y atención del público,
siendo este espacio el más incómodo de todos porque es el lugar
de paso hacia todos los demás aposentos de la casa, incluyendo a
las escaleras, por lo que el área útil para desarrollar estas
funciones del despacho quedaría muy afectado y disminuida.
       Por otro lado no hay más espacios en el inmueble ofrecido
para acomodar la oficina de los Citadores, la Sala de Reuniones
y las 3 oficinas de los Fiscales que faltan, esto sin contar con una
cuarta oficina para el Fiscal que llegará el próximo año, según se
nos ha indicado por el personal del despacho.
        Si bien es cierto que hay más área construida de lo que el
cartel solicita para el despacho, la verdad es que gran cantidad de
esa superficie construida, es usada para muchos pasillos de
circulación así como patios de luz internos y un gran núcleo de
escaleras con su doble altura del vacío contiguo.
       Por estas razones se considera que la distribución
arquitectónica del inmueble no es flexible y no se ajusta a las
necesidades de espacios que requiere la Fiscalía, por lo que la
oferta debe desestimarse.
       Oferta presentada por Corporación JCIC de San José
S.A.
       Área del local_______________________________310
m²
       Precio                                                   del
alquiler________________________¢2,025.000
     Precio    del        alquiler     por     metro      cuadrado
________¢6,532.25
       CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
       Generalidades
       Ubicación:
       El inmueble se encuentra a 125 metros sur de la Librería
Internacional en el Boulevard de Rorhmoser de Pavas, contiguo
al Oficentro Nunziatura.
       Características del sector:
        Se ubica dentro del sector solicitado por el cartel de
licitación.
       Es un sector con vocación habitacional de clase alta, en
proceso de transformación a zona de carácter comercial. El sitio
se caracteriza por viviendas de gran tamaño y excelente calidad.
La calle, frente al local, se encuentra asfaltada, presentan aceras
alcantarillado pluvial, cordón y caño. La parte posterior del
inmueble colinda con la carretera de circunvalación.
      Servicios públicos:
      Cuenta con agua potable, servicios eléctricos, teléfono y
alumbrado público, recolección de basura, y servicios
comunales, etc.
      Precio de arriendo:
       Para el área real ofertada de 310 metros cuadrados el
costo solicitado es de ¢2.025,000, lo que (sic) equivalente a
pagar a ¢6,532.25 mensuales por cada metro cuadrado de
construcción, siendo este precio muy alto para la calidad de la
construcción, la cual no es de altos niveles de acabados y para
los precios de mercado que se paga en la zona que va de ¢4,000
a ¢5,500.
      Área constructiva:
       La oferta presenta un área construida utilizable de
aproximadamente de 450m2, sin embargo las medidas que se
tomaron en el sitio indicaron que el área real de construcción es
de 310 metros cuadrados, por lo que la oferta no cumple con el
Objeto del Contrato por lo que la oferta también se debe
descalificar.
      Se adjunta el informe del Departamento de Seguridad y
Salud Ocupacional
      DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD
     I.     OBJETIVO:
       Valoración de las condiciones del inmueble de dos ofertas
presentadas para alojar la Fiscalía de Pavas, petición solicitada
por el Departamento de Proveeduría, según oficio 593-DP/46-09.
      II.     METODOLOGÍA:
      La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo
Vega, Asistente de Seguridad, del Departamento de Seguridad y
el Arquitecto Sergio Sotelo Doña, del Departamento de Servicios
Generales.
      III    DIAGNÓSTICO
      Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:
      OFERTA 1) LEVENCHE
      El inmueble está ubicado de la Librería Internacional en
el Boulevard de Rorhmoser 125 al sur, contiguo al oficentro
Nunziatura.
    ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
        Es un local amplio de dos plantas.
             Cuenta con muy buena ventilación e iluminación
natural.
           Se debe cambiar la iluminación existente por
fluorescentes.
          En el primer piso hay un servicio sanitario que
cumple con las medidas solicitadas para ser utilizado por
personas con discapacidad, deben ampliar el ancho de la puerta,
que la misma abra hacia fuera y colocar todos los accesorios que
cumplan con dicha ley.
            No cuenta con rampas de acceso para personas con
discapacidad física, sin embargo del dueño en el punto 3.2. del
cartel se compromete a instalar dichas rampas.
             Cuenta con tapias altas, no así alambre navaja.
            Cuenta con sistema de alarmas, pero no compatible
con las del Poder Judicial.
       CONCLUSIÓN
       Realizando las mejoras antes indicadas el local cumple
para alojar el despacho en estudio.
       OFERTA 2) CORPORACIÓN PCIC DE SAN JOSE
S.A.
      El local está ubicado en Sabana Oeste 300 metros al oeste
y 25 metros al norte, contiguo a Panadería Mora.
    ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
             Es un local de una planta.
            Cuenta con dos cocheras una cerrada con portón
eléctrico y la otra sin ninguna protección.
          Algunos aposentos carecen de ventilación e
iluminación natural y artificial, ya que no cuentan con ventanas.
             Las tapias traseras no cuentan con alambre navaja.
             Los ventanales no cuentan con película de
seguridad.
             El área es insuficiente.
       CONCLUSIONES
               El local no se recomienda para alojar el despacho en
        estudio, si bien es cierto los aspectos de seguridad pueden ser
        subsanables no así el de (sic) área requerida.‖
              5     Recomendación:
               De conformidad con los criterios técnicos y legales
        detallados anteriormente, a la luz de la normativa aplicable, y
        según las circunstancias concurrentes, este Departamento de
        Proveeduría concluye que no es dable arrendar los locales
        ofertados, en virtud de que la oferta N° 2 de Leveche S.A., posee
        una distribución arquitectónica del inmueble que no es flexible y
        no se ajusta a las necesidades de espacio que requiere la
        Fiscalía. En el caso de la Oferta N° 3 de Corporación JCIC de
        San José S.A., solicita un monto excesivo para la calidad de la
        construcción y ofrece una cantidad de metros cuadrados de
        construcción menor a la requerida en el cartel. Así las cosas, se
        recomienda declarar infructuosa la presente licitación.‖
                                      -0-

      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de

Proveeduría, en consecuencia, declarar infructuoso el procedimiento de

Licitación Abreviada N° 2008LA-000156-PROV denominada "Alquiler de

local para alojar la Fiscalía de Pavas".

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO VI

      El licenciado Wilbert Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento

de Proveeduría, en oficio N° 1098-DP/28-09 de 6 de febrero en curso,

manifestó:

              ―En referencia a la Licitación Abreviada N° 2008LA-
        000154-PROV denominada “Contratación de servicios de
        bombeo de combustible para vehículos del Organismo de
        Investigación Judicial, Ministerio Público y Administrativos
        de los Circuitos Judiciales de Heredia, I y II de la Zona
        Atlántica, Santa Cruz y despachos judiciales de La Unión de
       Cartago”, remitimos a usted la documentación adjunta, para que
       sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de
       que tomen el acuerdo que consideren conveniente.

             La apertura de las ofertas para este concurso, se efectuó el
       día de hoy, no obstante, no se presentaron oferentes, por lo cual
       es menester recomendar se declare infructuosa la contratación de
       interés.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud del Departamento de Proveeduría y

conforme se recomienda, declarar infructuoso el procedimiento de

Licitación    Abreviada      N°      2008LA-000154-PROV            denominado

―Contratación de servicios de bombeo de combustible para vehículos del

Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Administrativos

de los Circuitos Judiciales de Heredia, Primer y Segundo de la Zona

Atlántica, Santa Cruz y despachos judiciales de La Unión de Cartago‖.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO VII

      En oficio N° 0816-DP/46-09 de 6 de febrero en curso, el licenciado

Wilbert Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento de Proveeduría,

comunicó:

            ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000151-PROV “Alquiler de local para ubicar el Juzgado
       Penal de Pavas”, remitimos a usted la documentación adjunta,
       para que sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a
       efecto de que se tome el acuerdo que consideren conveniente.

            En este sentido, es importante indicar que el plazo que se
       dispuso para resolver esta contratación es de 30 días hábiles y el
cual vence el 20 de febrero de 2009.

     Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de
acuerdo con los documentos aportados y los que conserva esta
Proveeduría, se determinó que:

     1. Ofertas presentadas

     1.1 Al concurso licitatorio se presentaron tres ofertas de:

      N° 1. MUCHA CANCHA DE SAN JOSÉ S.A., cédula
jurídica Nº 3-101-55117, por una renta mensual de $4.100,00.

     N° 2. ANGERS S.A., cédula jurídica Nº 3-101-126156,
por una renta mensual de $4.000,00.

      N° 3. LEVECHE S.A., cédula jurídica Nº 3-101-041987,
por una renta mensual de $6.000,00 para el primer año,
$7.500,00 para el segundo año y cada año al iniciarse el tercer
año, tendrá incrementos anuales del 3.5% sobre el último
alquiler.

       Cabe aclarar que esta última no fue considera en el
concurso, en virtud, de que mediante nota recibida el 22 de enero
en curso, la señora Ileana Piszk Kalina, en su condición de
representante legal, indica que esta oferta debe de considerarse
para la licitación 2008LA-000151-PROV, correspondiente al
“Alquiler de local para ubicar el Juzgado Penal de Pavas”, y
no como se consignó en su oferta inicial, sin embargo, la misma
se recibe como extemporánea, en vista de que la apertura de la
mencionada licitación fue el 12 de enero de 2009.

     2. Análisis legal de las ofertas:

      2.1 Mediante el oficio 0321-DP/09-2009 de 14 de enero del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de las dos ofertas
recibidas, de la manera siguiente:

     ―Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de
las dos ofertas recibidas en la Licitación Abreviada N°
2008LA-000151-PROV, denominada “Alquiler de local para
ubicar al Juzgado Penal de Pavas”, para lo cual adjunto el
respectivo expediente administrativo.
      Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de las
ofertas y qué defectos u omisiones son subsanables,
seguidamente se detallan los aspectos más relevantes que se han
advertido producto de la revisión inicial de los documentos
aportados en las ofertas, respecto de los cuales se solicita
especial pronunciamiento de la Sección a su cargo.‖

     OFERTA N° 1 MUCHA CANCHA DE SAN JOSE S.A:

      1.   Cotiza en dólares, sin embargo, solicita incremento
anual.
      2.   No aporta certificación o documentación extendida
por la Municipalidad, en la que se indique que el inmueble
ofertado, puede ser alquilado para ubicar algún despacho
judicial.

     3.     No aporta la documentación solicitada en las
cláusulas 5.1.12, 6.2.4, 6.2.12 del cartel.

     4.     No aporta las declaraciones juradas solicitadas en las
cláusula 6.2.13 incisos a), b), d) y e) del cartel.

      5.     No aporta constancia que indique que se encuentra
al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, se
procede a realizar la consulta en el ―sicere‖, instalado en la
Proveeduría; el cual indica que no aparece inscrita, sin embargo,
por tratarse de un arrendamiento, esta Proveeduría se acoge a lo
indicado por esa Asesoría Legal, en el oficio 542-DE/AL-08
recibido el 10 de marzo de 2008.

     OFERTA N° 2 ANGERS S.A.:

     1.     Cotiza en dólares pero solicita un incremento anual.

      2.   No aporta certificación o documentación extendida
por la Municipalidad, en la que se indique que el inmueble
ofertado, puede ser alquilado para ubicar algún despacho
judicial.

     3.     La certificación de personería jurídica aportada está
incompleta, al indicar únicamente el nombre del presidente de la
sociedad.

     4.    No aporta certificación sobre la naturaleza y
propiedad de las acciones.
      En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.‖

      2.2 Mediante oficio N° 110-DE/AL-09 recibido el 19 de
enero de 2009, la Licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón,
Jefa de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,
al referirse al estudio legal de las ofertas recibidas, señaló:

     ―Me refiero a oficio #321-DP/09-09 de 14 de enero del año
en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa
a.i. del Subproceso de Licitaciones de ese Departamento,
requiriendo el análisis legal de las dos ofertas presentadas en la
Licitación Abreviada N°2008LA-000151-PROV, cuyo objeto
es el “Alquiler de local para ubicar al Juzgado Penal de
Pavas”.

     OFERTA N° 1.- Mucha Cancha de San José, S.A.:

       En cuanto a que cotiza en dólares y solicita incremento
anual del inciso a) del artículo 67 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos (15%), es un condicionamiento grave que
la inhibe de participar en el concurso, en virtud de que el último
párrafo de esta normativa textualmente indica: “Cuando el
precio del arrendamiento de una vivienda sea en moneda
extranjera, se mantendrá la suma convenida por todo el
plazo del contrato, sin derecho a reajuste”.

     Por ello, se omite pronunciamiento sobre los otros puntos
consultados.

     OFERTA N° 2.- Angers, S.A.:

      En lo que respecta a los puntos 2, 3 y 4, son aspectos
subsanables mediante prevención conforme a lo dispuesto por el
artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

     Por último, cabe señalar que esta Asesoría no determinó
que en esta oferta se solicite un incremento anual como lo señala
ese Departamento. ‖

     3. Prevenciones
      3.1 De acuerdo con el criterio legal, con oficio 0613-
DP/46-09, del 23 de enero del presente año, se curso prevención
a la única oferta susceptible de resultar adjudicataria Angers,
S.A. La cual mediante nota recibida el 27 de enero de 2009, la
oferente aportó la documentación solicitada, quedando pendiente
la certificación o documentación extendida por la Municipalidad,
en la que se indique que el inmueble ofertado, puede ser
alquilado para ubicar algún despacho judicial.

       3.2     El 05 de febrero de 2009, se recibe la
documentación pendiente por parte de Angers S.A., en la cual la
Municipalidad de San José, certifica que no se permite ubicar en
el inmueble ubicar algún despacho judicial, en virtud de
encontrase dentro de una zona residencial.

     4.      Solicitud de informes técnicos

     4.1 Mediante oficios 0227 y 0228-DP/09-2009, de fecha 12
de enero de 2009, se remitió copia de las dos ofertas presentadas
en la licitación, a los Departamentos de Servicios Generales y
Seguridad, respectivamente, con el fin de que se realizara la
valoración técnica de los inmuebles ofertados.

     4.2    Análisis técnico

      4.2.1 Mediante oficio N° 91-05-SG-2009, recibido el 21 de
enero pasado, la Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Subjefa
del Departamento de Servicios Generales, remite el informe
técnico número 040-12-ai-2009, realizado por el arquitecto
Sergio Napoleón Sotelo Doña, Supervisor de Construcciones de
la Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento, e
informe número 05-SEG/LOC-09, suscrito por el Licenciado
German Rojas Monge, Jefe del Departamento de Seguridad.

      El Departamento de Servicios Generales indica lo
siguiente:

     ―En respuesta al oficio N° 0227-DP/09-2009, respecto a la
supervisión de dos inmuebles ofrecido en alquiler para trasladar el
Juzgado Penal de Pavas, de acuerdo con la Licitación Abreviada
N°2008LA000151-PROV., le informo:

     La Oferta N°1 presentada por Mucha Cancha S.A. no será
evaluada porque desde el punto de vista legal quedó descalificada,
según el correo electrónico adjunto.
                 Oferta presentada por Angers S.A.

  Área del local…………….……….……………..............480 m²
      Precio del alquiler……..........($4,000).………..................¢
                              2,236,800
  Precio del alquiler por metro
cuadrado......……………..........¢4,660


        CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN

        Generalidades

       La oferta contempla el alquiler de un edificio esquinero de
  dos pisos, diseñado como casa de habitación la cual no tiene más
  de 20 años de construida.

        La edificación se encuentra a 400 metros de la calle
  principal de Pavas ( Ruta 104 ), y a 200 metros al norte de la
  Fiscalía de Pavas, en la Urbanización La Favorita, o bien de
  Plaza Mayor 200 metros oeste y 200 sur, frente al parque de la
  localidad.

        Esta ubicación es céntrica y bastante favorable para el
  despacho ya que es de fácil acceso para el usuario, sí (sic) como
  la cercanía que tendría con la Fiscalía ya que gran parte de las
  funciones de ambos despachos se relacionan entre sí.

       El edificio ofrecido no se encuentra cerca de paradas de
  buses o taxis, cantinas o salones de baile, ni de reuniones
  públicas, como tampoco de instituciones de enseñanza ni de
  establecimientos comerciales que generen ruidos excesivos. Mas
  bien la zona donde se encuentra es básicamente de oficinas,
  pocas residencias y locales comerciales.

        El inmueble tiene acceso directo a dos calles públicas
  asfaltadas porque el lote donde se construyó es esquinero.

        Iluminación y ventilación del inmueble

        El edificio cuenta con dos fachadas principales orientadas
  hacia el este y el sur. Además hay un gran patio que sirve de
  cochera la cual esta techado con láminas transparentes sin
  perjudicar la ventilación porque la estructura del está por arriba
  de las precintas de los aleros de la edificación. Este patio de luz y
  ventilación natural es muy necesario para los aposentos que
tienen las ventanas hacia el patio central. De ahí es que se
considera que la iluminación y ventilación del inmueble es muy
buena porque al ser esquinero con un patio central, todos los
aposentos que conforman la casa disponen de estos dos aspectos.

      La iluminación eléctrica está compuesta por lámparas
incandescentes las que deberán ser sustituidas a lámparas
fluorescentes para tener la suficiente cantidad de luz que se
requiere en un edificio de oficinas.

     Por ser un lote esquinero se construyó la casa con un retiro
en ambos lados de la acera, creando así un antejardín que será
iluminado en horas nocturnas por reflectores.

     Seguridad del inmueble

       La seguridad de la edificación está basada en el uso de
verjas metálicas en las ventanas y portones en las puertas de
acceso de la planta baja. En las dos cocheras se colocaron
cortinas de metal arrollables.

       El edificio cuenta con un sistema eléctrico que cumple
con las normas del Código Eléctrico y posee además un sistema
electrónico de alarma.

       El edificio no tiene problemas de ingresos por las tapias
de colindancias porque las paredes de la edificación continuan
(sic) hasta el segundo piso por lo que no se corre el riesgo de
que alguien pueda escalar las paredes colindantes.

       Entre la acera y el antejardín se construyó un enrejado
sobre un sócalo de concreto para darle una mayor protección a la
casa desde el exterior.

      Calidad de la Construcción

       El edificio presenta una buena calidad de la construcción
como producto de un buen mantenimiento preventivo y
correctivo. Los pisos, en ambas plantas, son de cerámica, la cual
fue colocada sobre un cascote de concreto en la planta baja y
sobre un entrepiso de concreto en la planta alta.

        Las paredes son de concreto tanto externas como internas,
el cielo raso es de tablilla de madera. La edificación no presenta
daños estructurales y cumple con las normas del Código
Eléctrico ya que se observan todos los tomacorrientes
polarizados así todos los tableros de distribución de los
respectivos circuitos.

       El inmueble cuenta con dos servicios sanitarios en el
primer piso y tres en el segundo. Existe la disponibilidad de los
servicios básicos como agua potable, alumbrado público,
servicio telefónico, recolección de basura, eléctrico y un sistema
de cloacas para recolectar las aguas negras.

       La edificación cuenta con un sistema de bombeo de agua
potable y se encuentra debidamente pintada.

      Flexibilidad de la distribución arquitectónica

      Planta Baja

       La distribución arquitectónica del primer piso está
conformada por tres salas, que se podrían convertir en el área de
despacho de los auxiliares judiciales, el área de mostrador y la
sala de audiencias que se solicita en el cartel. Hay además un
área de cocina, un cuarto de pilas, un área de desayunador, un
cuarto de estudio a un costado de la entrada principal, donde se
acondicionaría fácilmente el servicio sanitario del público y para
discapacitados, ya que dos de las paredes exteriores dan al
antejardín y cerca de ahí están algunas cajas de registros de
aguas negras. Debajo de las escaleras se encuentra un medio
baño. En el fondo de la propiedad se localiza el cuarto de
servicio con un baño completo incorporado y una bodega
construida con paredes de concreto y un portón de metal. Este
cuarto podría ser utilizado como cuarto de bodega de
expedientes y como el sitio para el reconocimiento físico o zona
para rendir declaraciones, según lo indica el cartel.

       Por ser un lote esquinero y rectangular, el terreno se
aprovechó mucho más ubicar dos entradas vehicular (sic) bajo
techo a cada lado de las paredes colindantes. Esto hace que los
espacios de entrada discrecional se ajustan a las necesidades de
espacios solicitadas en el cartel. Es decir una entrada apta para
trasladar a los privados de libertad a una celda.

      Planta Alta.

       La distribución del segundo piso está conformada cinco
aposentos, cuatro de ellos son dormitorios que se convertirían en
las cuatro oficinas de los jueces que conforman el despacho. El
quinto aposento es un espacio de gimnasio, con una entrada
fuerte de la luz solar por el techo. A este espacio se llega por
medio de un pasillo ubicado dentro de uno de los dormitorios. El
área del gimnasio quedaría como área de reserva para una futura
ampliación. Dos de los dormitorios tienen un servicio sanitario
completo incorporado. Hay un tercer servicio sanitario que es
compartido por los dos dormitorios restantes.

      La distribución arquitectónica del inmueble ofrecido es
favorable y se ajusta para acomodar apropiadamente las
funciones del despacho, como ya se ha podido describir.

       En caso de que se presente en el despacho una persona
con discapacidad, ésta será atendida en la sala de audiencias de
la planta baja, sobretodo para aquellos momentos en que no se
pueda llevar una audiencia dentro de las oficinas de los jueces
cuando son con pocas personas.

       Por otra parte es necesario que el propietario haga una
serie de modificaciones a la distribución arquitectónica para
mejorar y acondicionar apropiadamente los espacios que se
destinarán a las zonas del despacho, donde se reubicará al
personal auxiliar, así como otras funciones del despacho. A este
respecto se enumeran a continuación las áreas que deben ser
modificadas:

      En planta baja:

       1. Se debe acondicionar un servicio sanitario para
personas con discapacidad, que cumpla la Ley 7,600, utilizando
uno de los espacios existentes contiguo a la entrada principal.
       2. Abrir un buque en la pared de concreto que queda
enfrente a la entrada principal, para ubicar ahí el mueble de
mostrador.
       3. Construir varias paredes livianas con puertas para
acondicionar la sala de audiencias, así como darle una mayor
privacidad al área de las escaleras de forma que las personas del
público no pueda entrar sin autorización.
       4. Colocar aproximadamente unos 12 tomacorrientes en la
sala que será ocupada por los auxiliares judiciales y unos 4 en el
área de mostrador.
       5. Sustituir las lámparas incandescentes existentes por
tubos fluorescentes, suficientes para iluminar adecuadamente la
zona de trabajo en ambos pisos.
       6. Colocar un llavín eléctrico y brazo hidráulico en el
portón de metal de la entrada principal, con un pulsador cerca del
mueble de mostrador y otro en la puerta que da a las escaleras.
       7. Se deberá mejorar la seguridad del portón de letal de la
bodega que será usada como celda. Para ello habrá que eliminar
la lámina acrílica por un doble forro de lámina expandida del
tipo jordomex para que siempre pueda existir una buena entrada
de aire.
       8. Construir las rampas necesarias para superar todos los
niveles de pisos desde la entrada hasta dentro de la edificación
(sic).

       A este respecto se le hizo la consulta al representante del
propietario de si estaba dispuesto a hacerle frente a estas
modificaciones físicas del edificio para que el mismo cumpla con
todos los requerimientos de espacios que se han establecidos en las
condiciones del Cartel, quien dijo estar de acuerdo.

       Precio del alquiler

       En relación al precio del alquiler de la oferta, ¢2,236,800 (
$4,000 ), por un área de 480 m², lo que equivale en pagar a
¢4,660 el m² de construcción útil de oficina. Se considera que
este precio es razonable porque está dentro del rango de los
precios de mercado se tiene en esta zona. Los mismos fueron
analizados en el oficio N° 424-10-AI-08, del 5 de noviembre del
2008 por el Arq. Luis Umaña Ugalde de este Departamento,
donde se establece que los montos de alquiler van de un mínimo
¢3,968 a máximo de ¢5,655 el m² de construcción útil de oficina,
de cuyos montos dependerán, en gran medida, de las calidades
constructivas así como los acabados que el inmueble presente y
sean significativos en valorar.

       Recomendación

       Como se ha indicado anteriormente el costo de la
remodelación del inmueble lo asumirá el propietario, y si a ello le
sumamos lo difícil que es encontrar edificios grandes en esta zona,
con una buena calidad de construcción, una excelente ubicación,
cerca de otros despachos judiciales ( a 200 metros de la Fiscalía ),
frente a un lugar abierto como lo es el parque de la localidad, con
un precio de alquiler razonable, se concluye que el edificio cumple
con el objeto de esta licitación y de los intereses del Poder
Judicial‖

       Informe del Departamento de Seguridad:

       ―Para lo que corresponda, le remito el estudio de las
ofertas presentadas por:
           MUCHA CANCHA S.A.
           ANGERS S.A.

      DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD

      I.    OBJETIVO:

        Valoración de las condiciones del inmueble de dos ofertas
presentadas para alojar EL Juzgado Penal de Pavas, petición
solicitada por el Departamento de Proveeduría, según oficio
0228-DP/09-09.

      II.      METODOLOGÍA:

      La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo
Vega, Asistente de Seguridad, del Departamento de Seguridad y
el Arquitecto Sergio Sotela Doña, del Departamento de Servicios
Generales.

      III     DIAGNÓSTICO

      Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:

      OFERTA 1) MUCHA CANCHA S.A.

       El inmueble está ubicada en Rohrmoser, del Scotiabank,
frente a Cemaco 100 metros norte, cada esquinera a mano
izquierda.


     ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE
        SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

            Es un local de dos plantas, el acceso a la segunda
planta se puede realizar por dos escaleras (una en cada lado).
            Cuenta con muy buena iluminación y ventilación
tanto natural como artificial.
            Esta cerrado con tapia tipo verjas y alambre navaja a
su alrededor.
            Cuenta con enrejado en ventanas, únicamente como
dos no lo tienen.
            Existen barreras arquitectónicas que impiden el libre
acceso de personas con discapacidad, se deben hacer rampas.
            No cuenta con el servicio sanitario que cumpla con
   la ley 7600, se debe construir.
               No cuenta con sistema de alarmas.
               Los ventanales no cuentan con película de
   seguridad, se le debe colocar.

           OFERTA 2) ANGERS S.A.

          El local está ubicado 400 metros norte de la entrada
   principal de la Plaza Rohrmoser, esquina noroeste, Urbanización
   La Favorita.

         ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE
            SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

               Es un local de dos plantas.
               Cuenta con muy buena iluminación y ventilación
   natural.
               No cuenta con el servicio sanitario que cumpla con
   la ley 7600, se debe construir.
               Las tapias son tipo verjas no tienen alambre navaja,
   se le debe colocar.
               Existen barreras arquitectónicas que impiden el libre
   acceso de personas con discapacidad, se deben hacer rampas.
               Las ventanas cuentan con verjas.
               Cuenta con sistema de alarmas, el mismo no es
   compatible con las del Poder Judicial
               Los ventanales que no cuentan con película de
   seguridad, deben colocarle.

                              CALIFICACIÓN

                                        OFERTA 1          OFERTA 2
Iluminación natural y artificial              5                5
Ventilación natural y artifical (sic)         5                5
Sistemas de protección interna                3                4
Seguridad                                     5                4
Perimetral
           TOTAL                              18                 18

         CONCLUSIÓN

         Corrigiendo los aspectos mencionados en materia de
   Seguridad y Salud Ocupacional ambas ofertas cumplirían.‖

         10.     Recomendación

         De conformidad con los criterios técnicos y legales
       detallados anteriormente, a la luz de la normativa aplicable, y
       según las circunstancias concurrentes, este Departamento de
       Proveeduría concluye que no es dable arrendar los locales
       ofertados, en virtud de que la oferta N° 1 Mucha Cancha S.A.,
       no cumple legalmente ya que cotiza en dólares y solicita un
       incremento anual y de conformidad con lo expresado por la
       Sección de Asesoría Legal, esto es un condicionamiento grave
       que la inhibe a participar en el concurso, aspecto que la deja
       fuera de concurso y la Oferta N° 2 de Angers S.A., si bien es
       cierto cumple técnicamente pero no legalmente, por lo tanto, no
       puede ser tomada en consideración para resultar adjudicataria, en
       virtud de que el inmueble por encontrarse en zona residencial, no
       puede ser usado para ubicar algún despacho judicial. Así las
       cosas, se recomienda declarar infructuosa la presente licitación.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de

Proveeduría, en consecuencia, declarar infructuoso el procedimiento de

Licitación Abreviada N° 2008LA-000151-PROV denominada ―Alquiler de

local para ubicar el Juzgado Penal de Pavas.‖

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO VIII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 0751-DP/46-09 de 10 de febrero en curso,

manifestó lo siguiente:

              ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000140-PROV “Alquiler de local para ubicar la Defensa
       Pública de Sarapiquí”, remitimos a usted la documentación
       adjunta, para que sea sometida a conocimiento del Consejo
       Superior, a efecto de que se tome el acuerdo que consideren
       conveniente.

             En este sentido, es importante indicar que el plazo que se
       dispuso para resolver esta contratación es de 30 días hábiles y el
cual vence el 17 de febrero de 2009.

      Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de
acuerdo con los documentos aportados y los que conserva esta
Proveeduría, se determinó que:

      1. Ofertas presentadas

      1.1 Al concurso licitatorio se presentaron dos ofertas de:

      N° 1. LA VOZ DEL NORTE S.R.L., cédula jurídica N°
3-102-057101, por una renta mensual de ¢814.000,00.

      N° 2. ARGO DE SARAPIQUÍ SA., cédula jurídica N°
3-101-275811, por una renta mensual de ¢730.000,00.

      2. Análisis legal de las ofertas:

       2.1 Mediante el oficio 0230-DP/09-09 de 12 de enero del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de las dos ofertas
recibidas, de la manera siguiente:

       ―Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal
de las dos ofertas recibidas en la Licitación Abreviada N°
2008LA-000140-PROV, denominada “Alquiler de local para
ubicar la Defensa Pública de Sarapiquí”, para lo cual adjunto
el respectivo expediente administrativo.

       Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de las
ofertas y qué defectos u omisiones son subsanables,
seguidamente se detallan los aspectos más relevantes que se han
advertido producto de la revisión inicial de los documentos
aportados en las ofertas, respecto de los cuales se solicita
especial pronunciamiento de la Sección a su cargo.

      OFERTA N° 1: LA VOZ DEL NORTE S.R.L:

      1.    No presenta vicios u omisiones.

      OFERTA N° 2: ARGO DE SARAPIQUÍ A y G S.A.:

      1. Solicita un incremento anual del 15%.
      2. No aporta certificación o documentación extendida por
la Municipalidad, en la que se indique que el inmueble ofertado,
puede ser alquilado para ubicar algún despacho judicial.

       3. No aporta certificación de personería jurídica.

       4. No aporta certificación sobre la naturaleza y propiedad
de las acciones.

       En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.‖

       2.2 Mediante oficio N° 78-DE/AL-09 recibido el 14 de
enero de 2009, las Licenciadas Itzia Araya García, Asesora
Jurídica y Ana Patricia Alvarez Mondragón, Jefa de la Sección
de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, al referirse al
estudio legal de las ofertas recibidas, señaló:

       ―En atención al oficio N° 230-DP/09-08 de 12 de enero
del año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández
Arley, Jefa a. i. del Proceso de Licitaciones de ese
Departamento, requiriendo el análisis legal de las ofertas
recibidas en la Licitación Abreviada N°2008LA-000140-
PROV, cuyo objeto es el “Alquiler de local para ubicar la
Defensa Pública de Sarapiquí”; me permito referirle lo
siguiente:

       OFERTA N° 1.- LA VOZ DEL NORTE S.R.L.:

       Legalmente califica a una eventual adjudicación.

       OFERTA N° 2.- ARGO DE SARAPIQUI A Y G S.A.:

       Respecto al punto 1) se le debe prevenir a la oferente que
se ajuste a lo requerido en la cláusula 5.1.11 del pliego de
condiciones que reglamenta los aumentos porcentuales anuales
sobre el precio de la renta.

      En atención al punto 2), se le debe prevenir a la empresa
que aporte la certificación o documentación extendida por la
municipalidad en la que indique si existe plan regulador en la
zona.
       En lo concerniente a la observación señalada por ese
Departamento en los puntos 3 y 4, son aspectos subsanables
según lo establecen los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa, por lo que se le debe prevenir al
representante de la empresa que aporte certificación de
personería jurídica en la que indique la vigencia de la empresa, el
domicilio social y el nombre de los integrantes de la Junta
Directiva; además, que contenga la naturaleza y propiedad de las
cuotas y acciones solicitadas en la cláusula 6.2.12 inciso a) y b)
del cartel.

        Además, se le debe solicitar al oferente que aporte
certificación de propiedad del inmueble y constatar que la
persona que firma la plica, está facultado legalmente para
hacerlo, conforme lo establecen las cláusulas 5.1.12 y 6.2.4 del
apartado de las ―Condiciones Generales‖ del cartel. ‖

      3. Prevenciones

       3.1 De acuerdo con el criterio legal, con oficio 0442-
DP/09-09, del 19 de enero del presente año, se cursó prevención
a la empresa ARGO DE SARAPIQUÍ A Y G S.A., la cual fue
atendida en tiempo y forma.

      4.    Solicitud de informes técnicos

       4.1 Mediante oficios 0157 y 0160-DP/09-2009, de fecha
06 de enero de 2009, se remitió copia de las dos ofertas
presentadas en la licitación, a los Departamentos de Servicios
Generales y Seguridad, respectivamente, con el fin de que se
realizara la valoración técnica de los inmuebles ofertados.

      4.2   Análisis técnico

      4.2.1 Mediante oficio N° 67-05-SG-2009, recibido el 14
de enero pasado, la Licenciada Nacira Valverde Bermúdez,
Subjefa del Departamento de Servicios Generales, remite el
informe técnico número 27-ai-2009, realizado por el arquitecto
Héctor Maroto Cambronero, Supervisor de Construcciones de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento, e
informe número 03-SEG/LOC-09, suscrito por el Licenciado
German Rojas Monge, Jefe del Departamento de Seguridad.

       El Departamento de Servicios Generales indica lo
siguiente:
             ―En respuesta a la solicitud del Departamento de
      Proveeduría según oficio 159-DP/09-2009 enviado por la Licda
      Nidia Fernandez (sic) Arley Jefa a.í Subproceso de Licitaciones,
      para realizar la valoración (sic) de las ofertas de los inmuebles
      ofrecidos para contratar el alquiler y trasladar a la Defensa
      Pública de Sarapiqui, le informo:

              Oferta 1 presentada por la empresa La Voz del Norte
      S.R.L

      Área del local                                      148.00 m²
     Precio del alquiler                     ¢ 814.000.oo
      Precio del alquiler por metro cuadrado
¢5.500

                 CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

                                Generalidades

             La oferta contempla el alquiler de un local de una planta en
      concreto, el cual está debidamente construído (sic), el mismo se
      ubica en Heredia, Sarapiqui, Puerto Viejo, costado Noroeste de la
      Plaza de Deportes.

             El total del área útil ofrecida es de 148 m2 la cual se ajusta
      a la superficie solicitada en el cartel, cuyo espacio debe ser de138
      m2 mínimo hasta 148m2 como máximo. A su vez se observa que
      los espacios que conforman la superficie ofrecida, se encuentran en
      planta libre.

             Esta ubicación es céntrica y bastante favorable para el
      despacho ya que es de fácil acceso para el usuario el cual lo hará
      desde la acera que da al acceso principal que es una puerta en
      vidrio de dos hojas la cual mide 2 metros de ancho.

             El local tiene dos accesos, uno que es el principal a calle
      asfaltada, lo que hace fácil una posible evacuación del inmueble en
      caso de emergencia y una secundaria al costado norte que da a una
      entrada común a varios locales y al parqueo.

             El edificio ofrecido no se encuentra cerca de paradas de
      buses o taxis, cantinas o salones de baile, ni de reuniones públicas,
      como tampoco de instituciones de enseñanza ni de
      establecimientos comerciales que generen ruidos excesivos. Mas
      bien la zona donde se encuentra es básicamente de oficinas, pocas
      residencias y locales comerciales además contiguo al mismo en
una segunda planta se ubica actualmente otros despachos
judiciales entre ellos la Defensa Pública.

        El inmueble tiene acceso directo a la calle pública asfaltada
y a la acera, por lo que el mismo, facilita el acceso de personas con
alguna discapacidad por lo que cumple con la Ley 7600.

        De acuerdo a las necesidades y espacios que se requieren
para el despacho se considera que al tener el local una planta libre,
la distribución arquitectónica que se necesita en el sitio se ajusta a
las necesidades del despacho y es convieniente para que el
despacho cumpla las funciones a entera satisfacción de los
usuarios y el personal que las utilizará.

       Por otra parte, cabe mencionar que la ubicación de las
zonas útiles, que se puedan establecer en planta pueden recibir
buena iluminación y ventilación esto a raíz de que a lo largo de
todo el perímetro del local se encuentran paños de vidrio bastantes
amplios.

       En cuanto a lo referente a que si cumple con lo establecido
por la Ley 7600, en relación a la accesibilidad de personas con
alguna discapacidad el mismo cumple a satisfacción.

       Además cuenta con un espacio de parqueo en la parte
posterior del terreno donde esta ubicado el local.

       Iluminación y ventilación del inmueble

       El local a lo largo de todo su perímetro, tiene cerramientos
en paños de vidrio bastantes amplios, que poseen vidrio fijo y
celosías, por lo que dicha situación genera que las estancias
internas lleguen a poseer todos buena ventilación e iluminación
natural cruzada.

       Todas las zonas a habitar contarán con ventanales muy
amplios en vidrio fijo y celosías (sic) que provocaran una entrada y
salida de aire y luz continuo, haciendo que se de una renovación
del aire con más eficiencia. La iluminación eléctrica estarará (sic)
compuesta por lámparas fluorescentes las cuales darán una mayor
iluminación a los espacios internos.

       Seguridad del inmueble

       El edificio está construído (sic) completamente en concreto
a base de vigas y columnas tanto las paredes perimetrales como las
internas, es decir materiales altamente resistentes al fuego.

        La seguridad de la edificación estará basada en todo su
perímetro ya que el mismo posee cerramientos con paños de
vidrio, los cuales en su totalidad cuentan con cortinas de acero que
le dan la seguridad adecuada que evitan el paso de alguna persona.

      El edificio es relativamente nuevo ya que según oferta tiene
una antiguedad (sic) de 9 años y cuenta con un sistema eléctrico
que cumple con las normas del Código Eléctrico.

       El edificio no tiene problemas de ingresos por las tapias ya
que el mismo no tiene.

       Calidad de la Construcción

      El edificio en lo que respecta al área ofrecida es bastante
nuevo y se observa en muy buen estado, de ahí que se observa una
buena calidad de la construcción. Las paredes perimetrales y las
pocas internas son de concreto y están pintadas. El piso es en
mosaico.

       Los materiales parecen ser de buena calidad. Así mismo la
altura de N.P.T a N.C.T es bastante amplia lo que permite una
mayor circulación de aire.

       El inmueble cuenta con dos servicios sanitarios bastante
amplios terminados uno para funcionarios y otro para personas con
discapacidad y público en general.

       Existe la disponibilidad de los servicios básicos como agua
potable, alumbrado público, servicio telefónico, recolección de
basura y eléctrico.

       Flexibilidad de la distribución arquitectónica

       El edificio está diseñado en una sola planta y esta dispuesto
en planta libre, lo que hace que la flexibilidad del mismo se pueda
adecuar fácilmente para las necesidades de espacios que necesita la
Defensa Pública.

        En cuanto a la posible distribución arquitectónica el
propietario del inmueble se compromete a realizar todos los
cambios necesarios para que la distribución de espacios, que fue
solicitada en el cartel y en la visita al sitio, se ajuste a las
necesidades físicas del despacho.
        Por lo que al ser el espacio flexible la Defensa Pública de
Sarapiquí se puede ubicar sin ningún problema en el local
ofrecido, sin embargo se deberá hacer otra inspección una vez
finalizados los trabajos si el mismo fuera adjudicado para verificar
el cumplimiento de los mismos. Entre los cambios que se solicitan
están los siguientes:

       1.   Confeccionar las paredes livianas necesarias para
acondicionar el espacio disponible, a fin de poder distribuir y
construir los espacios requeridos para el funcionamiento del
despacho. ( Distribución Arquitectónica)

       2.   Construcción de un Mueble para la atención al
público que cumpla la normativa de la Ley 7600.

       3.   En cuanto a los espacios requeridos, se deberán hacer
los siguientes aposentos en la ubicación que se indique
posteriormente si fuese adjudicado; 4 oficinas para defensores, 1
Recepción, 1 área de espera, 1 área de atención al público, 1
Archivo y 1 área de cocina con fregadero y tres servicios sanitarios
2 para funcionarios y 1 para público en general que cumpla con la
Ley 7600.

       4.    Se deberá reforza (sic) la estructura del cielo raso
existente y hacer el cambio de algunas láminas que estan (sic)
deterioradas.

       5.    Pintar el Local.

       Precio del alquiler

       El precio del alquiler de la oferta es de ¢814.000.oo.oo (sic)
por un área de 148m², lo que es equivalente a pagar a ¢ 5.500 el
m² de construcción útil de oficina. Se considera que este precio es
bastante elevado por no estar dentro del rango de los precios de
mercado que se deberían estar pagando en la zona los cuales van
de ¢ 2500 a ¢ 3500 si se toma como referencia el precio que se
estableció mediante oficio 53-12-AI-2008 de Marzo del 2008.

       Recomendación

       En resumen se indica que técnicamente la oferta cumple
con el objeto de esta licitación y de los intereses del Poder Judicial
y con los requerimientos físicos solicitados para alojar en el mismo
a la Defensa Pública, sin enbargo (sic), el precio que se ofertó esta
muy elevado en relación al rango de precios que se están pagando
en la zona. Sin embargo a lo anterior, en la zona es difícil
encontrar edificios grandes que se adapten fácilmente a las
necesidades requeridas por la Defensa Pública, además el edificio
es relativamente nuevo, tiene una excelente ubicación, la
ventilación e iluminación natural es bastante eficiente, el local es
seguro y esta a disponibilidad de la institución.

      Oferta 2 presentada por la empresa Argo de Sarapiquí
A y G S.A

       Área del local                  210 m²
       Precio del alquiler             ¢ 730.000.oo
       Precio del alquiler por metro cuadrado
      ¢3476.19

             CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

       Generalidades

       La oferta contempla el alquiler de un local en una segunda
planta el cual está construído (sic) en concreto, el mismo se ubica
en Heredia, Sarapiqui, Puerto Viejo, costado Sur de la Plaza de
Deportes.

       El total del área útil ofrecida es de 210 m2 la cual sobrepasa
la superficie solicitada en el cartel, cuyo espacio debe ser de138
m2 mínimo hasta 148m2 como máximo. A su vez se observa que
los espacios que conforman la superficie ofrecida, se encuentran en
planta libre.

       Esta ubicación es céntrica y bastante favorable para el
despacho ya que es de fácil acceso para el usuario el cual lo hará
por medio de una rampa o bien por medio de escalera desde la
acera, que da a un corredor que se utilza (sic) conjuntamente con el
Tribunal de Juicio que se ubica en el mismo edificio

       El local tiene solo un acceso principal que da a un balcon
(sic) que une las entradas del Tribunal de Juicios y el local
ofrecido con la rampa existente, por donde se evacuaría el
inmueble en caso de emergencia.

       El edificio ofrecido no se encuentra cerca de paradas de
buses o taxis, cantinas o salones de baile, ni de reuniones públicas,
como tampoco de instituciones de enseñanza ni de
establecimientos comerciales que generen ruidos excesivos. Mas
bien la zona donde se encuentra es básicamente de oficinas, pocas
residencias y locales comerciales además contiguo al mismo igual
en la segunda planta se ubica actualmente el Tribunal de Juicio de
Sarapiquí.

       El inmueble tiene acceso a un costado de la edificación, por
medio de rampa o escalera, por lo que el mismo, facilita el acceso
de personas con alguna discapacidad por lo que cumple con la Ley
7600, solo la puerta de aceso (sic) al local que mide 80 cm, lo que
deberá modificarse.

        De acuerdo a las necesidades y espacios que se requieren
para el despacho se considera que al tener el local una planta libre,
la distribución arquitectónica que se necesita en el sitio se ajusta a
las necesidades del despacho y es convieniente (sic) para que el
despacho cumpla las funciones a entera satisfacción de los
usuarios y el personal que las utilizará.

        Por otra parte cabe mencionar que la ubicación de las zonas
útiles, que se puedan establecer en planta pueden recibir buena
iluminación y ventilación esto a raíz de que el acceso principal
tiene a todo lo ancho un cerramiento en vidrio con puerta
corrediza.

       En cuanto a lo referente a que si cumple con lo establecido
por la Ley 7600, en relación a la accesibilidad de personas con
alguna discapacidad el mismo cumple a satisfacción en cuanto a
rampa solo es la puerta de ingreso a la oficina que mide 80cm,
pero el propietario indicó que lo modificacaría (sic) para que
tuviera 90cm de ancho libre. Además cuenta con un espacio de
parqueo.

       Iluminación y ventilación del inmueble

        El local a lo largo de todo su perímetro del costado oeste,
posee un cerramiento en pared de concreto completamente
cerrado, por lo que el propietario del inmueble se comprometió a
realizar ventanas de por lo menos 60cm de alto en la parte
superios (sic), a todo lo largo de esa pared en celosías para darle
iluminación y ventilación, además se cuenta en la parte frontal
osea (sic) en el acceso con un cerramiento en vidrio con ventanas
corredizas que generan bastante iluminación y ventilación al
interior

      La iluminación eléctrica estarará (sic) compuesta por
lámparas fluorescentes las cuales darán una mayor iluminación a
los espacios internos.

       Seguridad del inmueble

       El edificio está construído (sic) completamente en concreto
a base de vigas y columnas en las paredes perimetrales, y las
internas en fibrolit, con estructura en metal, es decir materiales
altamente resistentes al fuego.

       La seguridad de la edificación estará basada en su acceso
principal y lateral ya que el mismo posee cerramientos en vidrio,
los cuales sugún (sic) manifestación del propietario se le pondrán a
todas las secciones de puerta y ventanas verjas, para darle
seguridad al local y evitar asi (sic) el paso de alguna persona.

       El edificio es relativamente nuevo ya que según
manifestación del propietario tiene dos años de construido y cuenta
con un sistema eléctrico que cumple con las normas del Código
Eléctrico.

       El edificio no tiene problemas de ingresos por las tapias ya
que las alturas son mu (sic) altas.

       Calidad de la Construcción

        El edificio en lo que respecta al área ofrecida es bastante
nuevo y se observa en muy buen estado, de ahí que se observa una
buena calidad de la construcción. Las paredes perimetrales son en
concreto a base de vigas y columnas y las pocas internas son en
fibrolit con estructura en metal. El piso es en Granito Brillante.

       Los materiales parecen ser de buena calidad. Así mismo la
altura de N.P.T a N.C.T es bastante amplia lo que permite una
mayor circulación de aire.

       El inmueble cuenta con dos espacios para ubicar servicios
sanitarios para funcionarios y se construirá otro para personas con
discapacidad y público en general en una posible recepción.

       Existe la disponibilidad de los servicios básicos como agua
potable, alumbrado público, servicio telefónico, recolección de
basura y eléctrico.

       Flexibilidad de la distribución arquitectónica

       El edificio está diseñado en una sola planta y la cual posee
dos paredes que delimitan tres espacios, sin embargo el propietario
esta esperando, para eliminarlas y asi (sic) disponer de una planta
libre para adecuarla a las necesidaes (sic) del despacho a ubicar, lo
que hace que la flexibilidad del mismo se pueda adecuar
fácilmente para las necesidades de espacios que necesita la
Defensa Pública.

        En cuanto a la posible distribución arquitectónica el
propietario del inmueble se compromete a realizar todos los
cambios necesarios para que la distribución de espacios, que fue
solicitada en el cartel y en la visita al sitio, se ajuste a las
necesidades físicas del despacho.

        Por lo que al ser el espacio flexible la Defensa Pública de
Sarapiquí se puede ubicar sin ningún problema en el local
ofrecido, sin embargo se deberá hacer otra inspección una vez
finalizados los trabajos si el mismo fuera adjudicado para verificar
el cumplimiento de los mismos.

       Entre los cambios que se deben de solicitar están los
siguientes:

       1- Confeccionar las paredes livianas necesarias para
acondicionar el espacio disponible, a fin de poder distribuir y
construir los espacios requeridos para el funcionamiento del
despacho (Distribución Arquitectónica).

      2- Construcción de un Mueble para la atención al público
que cumpla la normativa de la Ley 7600.

       3- En cuanto a los espacios requeridos, se deberán hacer
los siguientes aposentos en la ubicación que se indique
posteriormente si fuese adjudicado; 4 oficinas para defensores, 1
Recepción, 1 área de espera, 1 área de atención al público, 1
Archivo y 1 área de cocina con fregadero y tres servicios sanitarios
2 para funcionarios y 1 para público en general que cumpla con la
Ley 7600.

       4- Confeccionar en el perímetro oeste del local una franja
de ventanas en la parte superior, para darle iluminación y
ventilación al interior del local y de ser necesario se le deberá
confeccionar un alero para proteger (sic) el interior de filtraciones
de agua.

       5- Ampliar la puerta de acceso para que mida 90cm libre.
       6- Enrejar todas las ventanas existentes y las que se van a
cosnrtruir (sic) además de las puertas para asegurar el lugar.

        7- Reforzar si fuera necesario el acondicionamiento
eléctrico, en caso de instalar equipo de aire acondicionado y otros.

       8- Pintar el local internamente.

       9- Debe colocarse un acrílico para evitar el ingreso de
agua al balcón.

       10-En las paredes que dividen los dos locales al ser
livianas deberán tener una malla electrosoldada en la parte
interior de los forros, para evitar que ingrese una persona al
romper los forros.

       11-Se deberán mejorar la ubicación de los bajantes que se
ubican por la rampa con los codos respectivos y aderidos (sic) a
la pared.

       12- De ser necesario se deberá construir tragaluces en la
parte interior del local para darle mejor iluminación al lugar

       Precio del alquiler

       El precio del alquiler de la oferta es de ¢730.000.oo.oo (sic)
por un área de 210m², lo que es equivalente a pagar a ¢ 3.476.19
el m² de construcción útil de oficina. Se considera que este precio
es RAZONABLE por estar dentro del rango de los precios de
mercado que se deberían estar pagando en la zona los cuales van
de ¢ 2500 a ¢ 3500 si se toma como referencia el precio que se
estableció mediante oficio 53-12-AI-2008 de Marzo del 2008

       Recomendación

        En resumen se dan las siguientes razones técnicas que hace
que la oferta cumpla con el objeto de esta licitación y de los
intereses del Poder Judicial y con los requerimientos físicos
solicitados por este Departamento, a saber,

      1. Por el costo de la remodelación indicada la cual será
asumida por el propietario.

      2. Por lo difícil que es encontrar edificios grandes en esta
zona que se adapten fácilmente a las necesidades requeridas por la
Defensa Pública.
      3. Porque el edificio es nuevo y presenta una buena calidad
de construcción.

         4. El local tiene una excelente ubicación.

       5. El precio del alquiler mensual es razonable por la
cantidad de metros ofrecidos.

       6. La ventilación e iluminación natural después de
hacercele (sic) algunas modificaciones que indico el propietario al
parecer es bastante eficiente.

       7. El local es seguro y por la disponibilidad que indica el
propietario de ocupar la propiedad una vez finalizadas las mejoras
indicadas.

         Tabla de Calificación.

Ofertas                           OFERTA 1            OFERTA 2

Precio                               49.33%                 55%

Antigüedad del Local.                2 %                    2%

Estado de Paredes.                     3%                    3%

Estado de pisos.                       2 %                   2%

Estado de Pinturas.                    1%                     1%

Estado de Aguas potables.               2%                    2%

Estado de Aguas Negras.                 3%                    3%

Estado del Sistema Eléctrico.           3%                    3%

Estado sistema Pluvial y Techos.        3%                    3%

Ubicación.                             5%                  5%
                                  ____________________________
TOTAL                              73.33                 79%

       No obstante a lo anterior se requerirá de una nueva
vista al sitio una vez terminadas las obras.”
      El informe del Departamento de Seguridad indicó:

       ―Para lo que corresponda, le remito el estudio de las
ofertas presentadas por:

           LA VOZ DEL NORTE S.R.L.

           ARGO DE SARAPIQUÍ S.A.


      DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD

      I.    OBJETIVO:

        Valoración de las condiciones del inmueble de dos ofertas
presentadas para alojar la Defensa Pública de Sarapiquí, petición
solicitada por el Departamento de Proveeduría, según oficio
0160-DP/09-09.
      II.     METODOLOGÍA:
      La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo
Vega, Asistente de Seguridad, señor Allan León Villalobos,
Técnico en la Unidad de Salud Ocupacional, ambos del
Departamento de Seguridad y el Arquitecto Héctor Maroto
Cambronero, del Departamento de Servicios Generales.

      III     DIAGNÓSTICO

      Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:

      OFERTA 1) LA VOZ DEL NORTE S.R.L.

      El inmueble está ubicado al costado noroeste de la plaza
de deportes, en la primer (sic) planta de donde actualmente se
encuentra la Defensa Pública y Juzgado Penal.


    ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

          Es un local ubicado en una primer planta,
anteriormente era utilizado por el Banco Popular.

           Es un local sin divisiones, dos oficinas pequeñas,
dos servicios sanitarios, uno de éstos cumple con las ley 7600.
           Consta de grandes ventanales, protegidos por
cortinas metálicas.

            Cuenta con muy buena iluminación y ventilación
natural y artificial.

           No cuenta con barreras arquitectónicas, que eviten el
ingreso de personas con discapacidad.

         OFERTA 2) ARGO DE SARAPIQUÍ S.A.

      El local está ubicado al costado oeste de la plaza de
deportes, contiguo al Tribunal de Juicios del lugar.


    ASPECTOS ENCONTRADOS EN                      MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

           Es un local ubicado en una segunda planta, el acceso
se puede dar a través de gradas o rampa.

           En un local amplio sin divisiones internas, ni
servicios sanitarios. Debe construir un servicios sic) sanitario
que cumpla con la ley 7600.

            El único ingreso de ventilación e iluminación natural
es a través de la puerta y ventanales frontales, por lo que el área
más alejada de este punto tiene un cerramiento total, careciendo
totalmente de los aspectos antes mencionados. En este aspecto
el dueño va a colocar celosías en todo el alrededor de la parte
superior.

           Debe colocarse un acrílico para evitar el ingreso de
agua al balcón.

           Debe adicionar mayor cantidad de barras metálicas
en la baranda de la rampa de acceso.

           Se debe enrejar los ventanales existentes y los que
van a construir.

            Debe ampliar el ancho de la puerta principal a 90 cm
libre.

         Debido a que la oferta No. 2, se encuentra en fase de
construcción y a la espera de las modificaciones que el Poder
Judicial le indique, como se mencionó actualmente es un local
sin divisiones, sin ventanas (ventilación e iluminación natural y
artificial), verjas, no se podría evaluar objetivamente porque en
este momento no cumple, pero el dueño del local se
comprometió a realizar todas las mejoras que se le soliciten, por
lo que ya con éstas estaría cumpliendo con los aspectos antes
señalados.

      CONCLUSIONES

       Corrigiendo los aspectos mencionados en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional ambas ofertas cumplirían, no
obstante el precio del local No. 1 es elevado, situación que
valorará el Departamento de Servicios Generales.‖

      5.    Mejoras a realizar al inmueble

       5.1 Con oficio 0441-DP/09-09 del 19 de enero en curso,
se solicitó la señora María Eugenia Víquez Barrantes,
representante legal de La Voz del Norte S.R.L., manifestar su
compromiso de adaptar el edificio a las necesidades que se
requieren para ubicar a la Defensa Pública de de Sarapiquí, a
saber:

       1. Confeccionar las paredes livianas necesarias para
acondicionar el espacio disponible, a fin de poder distribuir y
construir los espacios requeridos para el funcionamiento del
despacho.

      2. Construcción de un mueble para la atención al público
que cumpla con la Ley 7600.

       3. Se deberán hacer los siguientes aposentos en la
ubicación que se indique posteriormente, 4 oficinas para
defensores, 1 área de recepción, 1 área de espera, 1 área de
atención al público, 1 archivo y 1 área de cocina con fregadero y
tres servicios sanitarios, 2 para los funcionarios y 1 para el
público que cumpla con la Ley 7600.

      4. Reforzar la estructura del cielo raso existente y cambiar
algunas que están deterioradas.

      5. Pintura total del inmueble.

      Así mismo, indicar cuál es el tiempo que se estima tardará
en la realización de esas mejoras, esto una vez que este
debidamente refrendado el contrato.

      Por último, dado que el arquitecto Maroto al referirse a la
razonabilidad del precio indicó que el precio ofertado es
excesivo al compararlo con los montos de alquiler que se pagan
en esa zona, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, se le solicitó manifestar las
razones que subyacen para presentar el precio cotizado.

       Mediante nota recibida 22 de enero en curso, la señora
Víquez Barrantes, se compromete adaptar el edificio de acuerdo
a los requerimientos institucionales, en un plazo de noventa días
naturales, plazo que evidentemente en caso de resultar
adjudicatario empezaría a correr en el momento que esté
debidamente refrendado el contrato. Por otra parte, ofrece un
descuento de ¢900,00 por metro cuadrado, sobre el precio
ofertado. Así las cosas, el precio ofertado por el metro cuadrado
ascendería a ¢4.600,00, suma que sigue siendo excesiva respecto
a los parámetros de mercado que se ubican entre los ¢2.500,00 y
¢3.500,00.

       5.2 Al mismo tiempo, mediante oficio N° 0442-DP/09-
09 del 19 de enero en curso, se solicitó al señor Juan Ramón
Araya Castro, manifestar su compromiso de adaptar el edificio a
las necesidades que se requieren para ubicar a la Defensa Pública
de Sarapiquí, a saber:

       1. Confección de las paredes livianas, para
acondicionar el espacio disponible para poder distribuir y
construir los espacios que se requieren para el funcionamiento
del despacho, se deberán hacer los siguientes aposentos en la
ubicación que se indique posteriormente, 4 oficinas para
defensores, 1 área de recepción, 1 área de espera, 1 área de
atención al público, 1 archivo y 1 área de cocina con fregadero y
tres servicios sanitarios, 2 para los funcionarios y 1 para el
público que cumpla con la Ley 7600.

      2. Construcción de un mueble para atención al público
que cumpla con la Ley 7600.

       3. Confeccionar en el perímetro oeste del local una
franja de ventanas en la parte superior, para darle iluminación y
ventilación al interior del local y confeccionar un alero para
proteger el interior de filtraciones de agua.
         4.   Ampliar la puerta de acceso para que mida 90 cm
libre.

      5. Enrejar todas las ventanas existentes, así como
también las que se van a construir y las puertas.

       6. Reforzar el acondicionamiento eléctrico, en caso de
instalar equipo de aire acondicionado y otros.

         7.   Pintar internamente el local.

       8.     Colocación de acrílico para evitar el ingreso de agua
al balcón.

       9. En las paredes que dividen los dos locales al ser
livianas deberán tener una malla electrosoldada en la parte
interior de los forros.

        10. Mejorar la ubicación de los bajantes que se ubican
en la rampa con los codos respectivos y adheridos a la pared.

         11. Construcción de tragaluces en la parte interior del
local.

       Así mismo, indicar cuál es el tiempo que se estima tardará
en la realización de esas mejoras, esto una vez que este
debidamente refrendado el contrato y se le de la orden de inicio
de las mismas.

       Mediante nota recibida 21 de enero en curso, el señor
Juan Ramón Araya Castro, se compromete adaptar el edificio de
acuerdo a los requerimientos institucionales, en un plazo de 40
días naturales, plazo que evidentemente en caso de resultar
adjudicatario empezaría a correr en el momento que esté
debidamente refrendado el contrato.

         6. Análisis y valoración:

      6.1 Conforme a lo señalado en los informes de legalidad
y técnicos antes transcritos, se procede seguidamente a la
exposición, análisis y valoración de las circunstancias
concurrentes en el presente procedimiento de contratación.

       6.2 Se tiene como primer resultado de la promoción de
este procedimiento de contratación, la participación de dos
ofertas presentadas por LA VOZ DEL NORTE S.R.L. y ARGO
DE SARAPIQUÍ A Y G S.A.

       6.3 Luego de haber analizado el estudio de carácter legal
detallado en los puntos anteriores, se concluye que ambas ofertas
recibidas, resultan admisibles al procedimiento de contratación.

        6.4 De acuerdo con el resultado del estudio técnico, la
oferente número 1 de La Voz del Norte S.R.L., cotiza un precio
excesivo y al prevenirle que manifestará la razón que subyace
para presentar el precio cotizado, la oferente rebaja el precio de
¢814.000,00 a ¢680.800,00, sin embargo, el mismo continua
siendo excesivo, esto de conformidad con lo indicado por el
arquitecto Maroto Cambronero, respecto a los parámetros de
mercado de la zona, por lo tanto, la oferta se desestima del
concurso. En cuanto a la oferta número 2 de Argo de Sarapiquí
A y G S.A., si bien es cierto, presenta un área mayor a la
solicitada en el cartel, es la única oferta admisible al concurso,
razón por la cual, esta Proveeduría se acoge a lo establecido en la
cláusula 11.10 del pliego de condiciones que indica: ―Se
aceptarán ofertas por locales ya sea en proceso de construcción o
cuyas características difieran de las indicadas, si son expresamente
señaladas en la propuesta, pero su admisión quedará a juicio del
Poder Judicial fundamentalmente por caso de inopia,...‖. Al
respecto, se debe valorar que el precio cotizado por metro
cuadrado es razonable, ya que se encuentra dentro del rango de
los precios de mercado, la distribución arquitectónica que posee
el inmueble, permite que se pueda adaptar a las necesidades del
despacho, lo que permitirá contar con mayor espacio a los
servidores de la Defensa Pública y además, existe el compromiso
del propietario por realizar todos los cambios que se requieran
para el buen funcionamiento del despacho.

       7.   Evaluación

       7.1 En el presente concurso no se aplicó el sistema de
evaluación establecido en el cartel, en vista de que al resultar
solamente una oferta admisible al concurso, la evaluación pierde
transcendencia, sin embargo, se verificó el cumplimiento de las
cláusulas obligatorias.

       8    Análisis de precios

      8.1 Partiendo de que el precio mensual asciende a
¢730.000,00 y que el área ofertada es de aproximadamente 210
m² de construcción, el costo sería de ¢3.476.19 por metro
cuadrado de construcción, valor que de conformidad con el
criterio técnico se considera razonable, ya que tal y como lo
indicó el Arquitecto Héctor Maroto Cambronero, en oficio 27-ai-
2009, el rango de precios se encuentra dentro de los precios de
mercado que se deberían estar pagando en la zona los cuales van
de ¢2.500,00 a ¢3.500,00 el metro cuadrado de construcción.
Además, existe el compromiso del propietario de realizar las
mejoras al local, las cuales se indicaron anteriormente. Cabe
aclarar que, el avalúo del inmueble fue realizado por personal
especializado de la Sección de Arquitectura e Ingeniería de este
Poder de la República.

      9.    Contenido presupuestario:

       9.1 Con oficio 0144-P-2009, del 10 de febrero de 2009, el
MSc. Walter Jiménez Sorio, Jefe a.í, del Departamento Financiero
Contable, certificó en el programa 930, IP 25, subpartida 1.01.01,
la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios
suficientes para cubrir durante todo el período del año 2009, el
pago del alquiler por la suma de ¢7.300.000,00.

      10. Recomendación

       De acuerdo con los análisis de los estudios de carácter
legal y técnico detallados en los puntos anteriores, a la luz de la
normativa aplicable, y según las circunstancias concurrentes,
este Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la
presente licitación a la sociedad ARGO DE SARAPIQUÍ A Y
G SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica N° 3-101-275811,
representada por su presidente el señor Juan Ramón Araya
Castro, cédula de identidad 2-0406-0346, correspondiente al
inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, matrícula
162230, situado en el Distrito Primero del Cantón Puerto Viejo, de
la Provincia de Heredia, por una renta mensual de ¢730.000,00,
más un incremento anual de conformidad con los parámetros
establecidos en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, pagaderos por mes vencido, para alojar a
la Defensa Pública de Sarapiquí, por un plazo indefinido, (esto de
conformidad con lo externado por la Contraloría General de la
República, en oficio 01298 del 11 de febrero de 2008). La
revisión del precio se verificará una vez que haya transcurrido el
término de tres años, desde la fecha en que empezó a regir el
precio que se pretende modificar. La propietaria realizará las
mejoras que le competen, en un término no mayor a 40 días
naturales contados a partir del comunicado del refrendo del
contrato.
                   Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en
           la tarifa básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial.
           En caso de que exista una paja de agua y no se pueda diferenciar
           entre la tarifa básica y el exceso de consumo, corresponderá a la
           arrendante cancelar dicho pago. Asimismo, debido a que por
           imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede reconocer el
           pago por servicios que efectivamente le hayan sido prestados,
           conforme a los incisos a) y b) del artículo 26 de la Ley General de
           Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se reafirma que es
           obligación del arrendador entregar al Poder Judicial el inmueble
           con los pagos de los servicios de electricidad y agua debidamente
           cancelados, de previo a iniciar la relación contractual. En caso de
           que haya pagos pendientes por uno u otros conceptos, se hará un
           requerimiento de pago a los propietarios para que en un término de
           cinco días hábiles proceda a cancelar el monto que corresponda, en
           el entendido de que si no lo hiciere, el Poder Judicial estará
           facultado para rebajarlo del pago de la renta del inmueble.

                  De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del
           Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la
           Administración Regional de Heredia en coordinación con la
           Administración de la Defensa Pública, deberán tomar las
           previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el pago
           de las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios
           presupuestarios que involucren la relación contractual.‖

                                          -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial, 80 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y la recomendación formulada por el Departamento de

Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso: Adjudicar la

Licitación Abreviada N° 2008LA-000140-PROV denominada ―Alquiler de

local para ubicar la Defensa Pública de Sarapiquí‖, conforme al siguiente

detalle:

      A la empresa Argo de Sarapiquí A Y G Sociedad Anónima, cédula
jurídica N° 3-101-275811, representada por su presidente el señor Juan

Ramón Araya Castro, cédula de identidad N° 2-0406-0346, correspondiente

al inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, matrícula N°

162230, situado en el Distrito Primero del Cantón Puerto Viejo, de la

Provincia de Heredia, por una renta mensual de ¢730.000,00 (setecientos

treinta mil colones exactos), más un incremento anual de conformidad con

los parámetros establecidos en el artículo 67 de la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, pagaderos por mes vencido, para

alojar a la Defensa Pública de Sarapiquí, por un plazo indefinido, (esto de

conformidad con lo externado por la Contraloría General de la República,

en oficio 01298 del 11 de febrero del 2008). La revisión del precio se

verificará una vez que haya transcurrido el término de tres años, desde la

fecha en que empezó a regir el precio que se pretende modificar. La

propietaria en un término no mayor a 40 días naturales contados a partir del

comunicado del refrendo del contrato, realizará las mejoras que se dirán:

      1.     Confección de las paredes livianas, para acondicionar el

espacio disponible para poder distribuir y construir los espacios que se

requieren para el funcionamiento del despacho, se deberán hacer los

siguientes aposentos en la ubicación que se indique posteriormente, 4

oficinas para defensores, 1 área de recepción, 1 área de espera, 1 área de

atención al público, 1 archivo y 1 área de cocina con fregadero y tres

servicios sanitarios, 2 para los funcionarios y 1 para el público que cumpla
con la Ley 7600.

        2.    Construcción de un mueble para atención al público que

cumpla con la Ley 7600.

        3.    Confeccionar en el perímetro oeste del local una franja de

ventanas en la parte superior, para darle iluminación y ventilación al

interior del local y confeccionar un alero para proteger el interior de

filtraciones de agua.

        4.    Ampliar la puerta de acceso para que mida 90 cm libre.

        5.    Enrejar todas las ventanas existentes, así como también las que

se van a construir y las puertas.

        6.    Reforzar el acondicionamiento eléctrico, en caso de instalar

equipo de aire acondicionado y otros.

        7.    Pintar internamente el local.

        8.    Colocación de acrílico para evitar el ingreso de agua al balcón.

        9.    En las paredes que dividen los dos locales al ser livianas

deberán tener una malla electrosoldada en la parte interior de los forros.

        10.   Mejorar la ubicación de los bajantes que se ubican en la rampa

con los codos respectivos y adheridos a la pared.

        11.   Construcción de tragaluces en la parte interior del local.

        12.   Debe construir un servicio sanitario que cumpla con la ley

7600.

        13.   Debe adicionar mayor cantidad de barras metálicas en
   la baranda de la rampa de acceso.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la tarifa

básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso de que exista

una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa básica y el exceso de

consumo, corresponderá a la arrendante cancelar dicho pago. Asimismo,

debido a que por imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede

reconocer el pago por servicios que efectivamente le hayan sido prestados,

conforme a los incisos a) y b) del artículo 26 de la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se reafirma que es obligación del

arrendador entregar al Poder Judicial el inmueble con los pagos de los

servicios de electricidad y agua debidamente cancelados, de previo a iniciar

la relación contractual. En caso de que haya pagos pendientes por uno u

otros conceptos, se hará un requerimiento de pago a los propietarios para que

en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar el monto que

corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el Poder Judicial estará

facultado para rebajarlo del pago de la renta del inmueble.

      De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, la Administración Regional de

Heredia en coordinación con la Administración de la Defensa Pública,

deberán tomar las previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad

el pago de las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios

presupuestarios que involucren la relación contractual.
      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                               ARTÍCULO IX

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por

designados como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y

por las fechas que se dirán:

1- EN EL JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE

CARTAGO

El 18 de febrero a:

Licenciada Lidia Ma. Morales Díaz

Licenciado Willy Fernández Muñoz

Licenciado Luis Guillermo Valverde Rivera

2- EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE CARTAGO

El 19 de febrero a:

Licenciada Patricia Lobo Marín

Licenciada Mayela Gómez Pacheco

Licenciada Derling Talavera Polanco

Licenciada Ana Noelia Prendas Ugalde

Licenciado Eduardo Arias Hernández

Licenciado Yuri López Casal
3- EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE ALA JUELA

El 23 de febrero a:

Licenciado Yuri López Casal

4- EN EL JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE

ALAJUELA

El 25 de febrero a:

Licenciada Lidia Ma. Morales Díaz

Licenciada Ericka Robleto Artola

Licenciada Jessenia Brenes González

El 24 de febrero a:

Licenciado Willy Fernández Muñoz. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO X

      El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, en carácter de Presidente del

Consejo de la Judicatura, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal y la máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa de la

Sección Administrativa de la Carrera Judicial, en oficio N° SACJ-0346-09

de 5 de febrero en curso, manifestaron lo siguiente:

             ―En atención al oficio N° 9741-08 de la Secretaría General
       de la Corte de fecha 8 de diciembre de 2008 se remiten las
       siguientes ternas de Juez (a) 1 en materia Civil para nombrar en
       los despachos que se detallan.

                             Códigos
     DESPACHO(S)               de                   Observaciones
                             Puesto
1.    Juzgado       Menor    353166     Plaza extraordinaria creada dentro del
   Cuantía de Cartago                    presupuesto del año 2009, por 11 meses.
2. Juzgado Menor Cuantía de              Plaza extraordinaria creada dentro del
                               353180
Heredia                                  presupuesto del año 2009, por 11 meses.
3. Juzgado Menor Cuantía de              Plaza extraordinaria creada dentro del
                               353154
San Ramón                                presupuesto del año 2009, por 11 meses.

                              PRIMERA TERNA

             Despacho: Juzgado Menor Cuantía de Cartago
             Plaza extraordinaria por 11 meses. N° 353166

             Aspirantes:

                                           POSICIÓN EN
      NOMBRE                  PROMEDIO       LISTA DE        OBSERVACIONES
                                            ELEGIBLES
1. Ronald Figueroa Acuña       86.3510          124
2. Marlene Martínez
                               85.6849           134
González
3. Óscar Mena Valverde         83.8041           178


             Suplente:

                                           POSICIÓN EN
      NOMBRE                  PROMEDIO       LISTA DE        OBSERVACIONES
                                            ELEGIBLES
4. Guillermo Guevara Solano    83.5093          187

             * El licenciado Guevara Solano se encuentra participando
        simultáneamente en las ternas de Juez 1 Genérico, oficio SACJ-
        0065-09 que fueron entregadas el 03 de febrero de 2009 a la
        Secretaría de la Corte.

             Nota: No se encuentra interino (a) nombrado (a) en este
        código de puesto.

                              SEGUNDA TERNA

             Despacho: Juzgado Menor Cuantía de Heredia
             Plaza extraordinaria por 11 meses. N° 353180

             Aspirantes:

                                           POSICIÓN EN
      NOMBRE                  PROMEDIO       LISTA DE        OBSERVACIONES
                                            ELEGIBLES
1. Gabriela Morera Guerrero     89.6805           83
2. Luis Guillermo Ruiz Bravo    87.4790          112
3. Marlene Martínez
                                85.6849          134
González

              La licenciada Morera Guerrero se encuentra participando
        simultáneamente en las ternas de Juez 1 Genérico, oficio SACJ-
        0065-09 que fueron entregadas el 03 de febrero de 2009 a la
        Secretaría de la Corte, la cual manifestó vía telefónica que su
        prioridad es la plaza vacante en el Juzgado Contravencional y
        Menor Cuantía de Santo Domingo de Heredia.

              La     licenciada    Martínez      González       participa
        simultáneamente en la terna anterior por lo que se adicionan los
        siguientes suplentes:

                                            POSICIÓN EN
      NOMBRE                   PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                             ELEGIBLES
4. Óscar Mena Valverde          83.8041          178
5. Sindy Campos Coto            83.6650          184

             Nota: No se encuentra interino (a) nombrado (a) en este
        código de puesto.

                               TERCERA TERNA

             Despacho: Juzgado Menor Cuantía de San Ramón
             Plaza extraordinaria por 11 meses. N° 353154

             Aspirantes:

                                            POSICIÓN EN
            NOMBRE             PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                             ELEGIBLES
1. Jensie Montero López         94.4508          20
2. José Francisco Molina
                                92.7208           29
Salas
3. Freddy Aikman Espinoza       88.1702          106

             Suplente:

                                            POSICIÓN EN
      NOMBRE                   PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                             ELEGIBLES
4. Minor Jiménez Vargas         84.5669          161

             Nota: No se encuentra interino (a) nombrado (a) en
       este código de puesto.

             Observaciones Generales:

           I.      Las ternas se integran con tres aspirantes conforme
       la Ley de Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el
       Consejo de la Judicatura en sesión No CJ-23-01, Artículo VI,
       celebrada el 10 de julio de 2001 y el Consejo Superior en sesión
       No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de agosto de 2001.

          II.       Esta terna se conforma con la lista de elegibles de
       Juez (a) 1 en materia Civil.

         III.       El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-18-06,
       celebrada el 18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: ―...
       4) que en futuras ternas se incluya a un cuarto aspirante en
       calidad de suplente, en caso de que uno de los integrantes decline
       su participación...‖

         IV.         Los nombramientos interinos están sujetos a que
       regrese el titular o que la plaza quede vacante.

          V.      En concordancia con el artículo VI de la sesión de
       Corte Plena No.30-04 celebrada el 23 de agosto último, en caso
       de que la plaza quede vacante, se procederá a realizar la
       designación mediante el respectivo concurso que establece la
       Ley de Carrera Judicial.

             Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de
       los interesados.‖
                                      -0-

      Se procede a realizar el nombramiento de Juez 1 en el Juzgado de

Menor Cuantía de Cartago, plaza extraordinaria Nº 353166, la terna es la

siguiente:

Ronald Figueroa Acuña

Marlene Martínez González

Óscar Mena Valverde

      Por mayoría, se acordó: Nombrar al licenciado Ronald Figueroa
Acuña, a partir del 1° de marzo y hasta el 6 de diciembre del año en curso.

El licenciado Óscar Mena Valverde recibió un voto.

      A continuación se procede a realizar el nombramiento de Juez 1 en el

Juzgado de Menor Cuantía de Heredia, puesto extraordinario Nº 353180,

con base en la siguiente terna:

Gabriela Morera Guerrero

Luis Guillermo Ruiz Bravo

Marlene Martínez González

      Por mayoría, se acordó: Designar a la licenciada Gabriela Morera

Guerrero, a partir del 9 de marzo y hasta el 6 de diciembre del año en

curso. El licenciado Luis Guillermo Ruiz Bravo obtuvo dos votos.

      Finalmente para el nombramiento de Juez 1 en el Juzgado de Menor

Cuantía de San Ramón, plaza extraordinaria Nº 353154, la terna es la

siguiente:

Jensie Montero López

José Francisco Molina Salas

Freddy Aikman Espinoza

       Por mayoría, se acordó: Nombrar al licenciado José Francisco

Molina Salas, a partir del 1° de marzo y hasta el 6 de diciembre del año en

curso. La licenciada Jensie Montero López recibió dos votos.

      Se ordenó, además, solicitar a la Sección Administrativa de la

Carrera Judicial la remisión de las ternas correspondientes para llenar las
siguientes plazas:

      a. Para ocupar interinamente el puesto N° 57077 de Juez 3 en el

Juzgado Contra la Violencia Doméstica de Cartago, con ocasión del

nombramiento en plaza extraordinaria del licenciado Ronald Figueroa

Acuña.

      b. Para llenar la plaza N° 44584 de Juez 1 del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Poás, con motivo del

nombramiento interino de la licenciada Gabriela Morera Guerrero.

      c. Para nombrar en la plaza Nº 103675 de Juez 1 en el Tribunal del

Tercer Circuito Judicial de Alajuela, en razón del nombramiento interino

del licenciado José Francisco Molina Salas.

      Asimismo, de conformidad con lo que establece el artículo 19 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, la licenciada Gabriela Morera Guerrero y

los licenciados Ronald Figueroa Acuña y José Francisco Molina Salas para

poder ejercer válidamente el cargo en el que fueron designadas, deberán

suscribir la póliza de fidelidad respectiva y proceder a su juramentación.

      Además deberán los mencionados funcionarios asumir dicho cargo

en la fecha indicada.

      Es entendido que dichas plazas pueden ser removidas o ubicadas a

otros despachos judiciales.

      Al mismo tiempo, se hace del conocimiento de los funcionarios

designados, que de conformidad con el artículo 141, párrafo segundo,
deben apersonarse a la Secretaría General de la Corte, a registrar su firma

para los fines que dicha norma establece.

      El Despacho del Presidente, el Departamento de Personal, la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial y los despachos interesados, tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                              ARTÍCULO XI

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 472 de 4 de febrero en curso, comunicó

que ese Tribunal, al resolver la queja N° 393-08-M, impuso al licenciado

Marvin Arce Portuguez, Juez Civil de Cartago, la corrección disciplinaria

de advertencia, la cual quedó firme a partir del 28 de enero último, por

atraso injustificado en la tramitación de un interdicto, falta que se calificó

como leve.

      Se adjunta copia de la resolución N° 962-2008.

      Se dispuso: Tomar nota, lo que también hará el Departamento de

Personal, para que quede constando en el expediente personal del

licenciado Marvin Arce Portuguez. Se declara este acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XII

      Conoce este Consejo el recurso de apelación interpuesto por el

licenciado Gerardo Enrique Arroyo Rojas y nulidad concomitante contra la

resolución N° 388 de las 14:10 horas del doce de mayo de 2008, dictada
por el Tribunal de la Inspección Judicial, en la cual declaró con lugar la

queja disciplinaria seguida en su contra, bajo el expediente N° 07-000864-

031-IJ, calificó la falta cometida como gravísima, e impuso la sanción de

revocatoria de nombramiento.

      La Comisión de Relaciones Laborales mediante resolución número

72- 2008 de las 8:30 horas del 26 de setiembre de 2008, recomendó el

archivo de la causa al considerar que la falta atribuida al encartado en este

caso no es sancionable.

      I- Al folio 31 del expediente, consta el traslado de cargos que hizo el

Tribunal de la Inspección Judicial, al encausado, mediante resolución de las

14:40 horas del 16 de noviembre de 2007: ―Se le atribuye conducta

irregular; concretamente que al adquirir el traslado en propiedad como Juez

Contravencional y de Menor Cuantía de Turrialba, y por haberlo usted

solicitado expresamente al Departamento de Personal, desde el primero de

febrero del dos mil seis usted recibe pago por la compensación económica

denominada ―zonaje‖ que consiste en un plus salarial que se le paga al

funcionario por tener un domicilio diferente al lugar donde labora, es así

como en declaración jurada que consta en su expediente personal, usted

señaló como residencia temporal la siguiente: Verbena Sur, Turrialba,

Cartago, apartamento del señor Joaquín Ramírez Binns, diagonal a

Chicharronera ―Porfi‖. No obstante ello, usted no tiene un domicilio

temporal en Turrialba, sino que permanece en su residencia habitual o
permanente en San José que es Residencial El Bosque en San Francisco de

Dos Ríos, 150 metros este del final del Boulevard, frente a Taquería Alina

y viaja a su lugar de trabajo en la ciudad de Turrialba, y solo pernocta en

Turrialba cuando le corresponde por rol la disponibilidad. Lo anterior se

constata en las vigilancias realizadas por el personal de investigación de la

Inspección Judicial, tal y como se indica a continuación:

      Martes 11 de Setiembre del 2007: Al ser las 04:30 horas, la Oficial

de

      Inspección Ana Lucía Mena Sandí se trasladó hasta las afueras de su

casa en San Francisco de Dos Ríos y se ubicó al costado norte de la

Taquería Alina, cuando, al ser las 04:56 horas, lo vio a usted salir de su

casa vistiendo un pantalón color crema, abrigo negro con franjas blancas en

los brazos, cargando un salveque color rojo en la espalda, usted camina en

dirección este, luego sigue hacia el norte dirigiéndose al centro de

Desamparados. Al ser las 05:08 horas usted subió al autobús placa SJB

10524, color blanco, de Autotransportes Desamparados S.A., proveniente

del cantón de Aserrí. A las 05:13 horas usted baja del Autobús, entre

avenidas 6 y 8, calle 11, dirigiéndose a la avenida 2, entre calles 11 y 13,

frente al Hotel Washington, en donde la Oficial Mena Sandí lo se (sic)

observó a usted tratar de detener algunos buses, pero al ser las 05:19 horas,

Mena Sandí se retiró del lugar, para evitar sospechas.

      Miércoles 03 de Octubre del 2007: a las 04:30 horas de la mañana,
nuevamente la Oficial de Inspección Ana Lucía Mena Sandí se ubicó al

costado sur de la Taquería Alina, para divisar la hora en que usted salía de

su casa en San Francisco de dos Ríos, siendo que al ser las 04:50 horas,

usted sale con pantalón oscuro, abrigo negro con franjas blancas en los

brazos y el salveque color rojo en la espalda, nuevamente se dirige al

centro de Desamparados, en esta ocasión no se le siguió hasta el centro de

la capital. En la ciudad de Turrialba, al ser las 11:40 horas la Oficial Mena

Sandí lo observa a usted cerrar la puerta de su oficina, la cual se ubica en la

parte posterior derecha del Edificio en donde se ubica el Juzgado

Contravencional. Al ser las 16:40 horas, usted se retira del despacho, con

su salveque rojo y el abrigo negro, sin embargo, toma un rumbo

desconocido, en donde la Oficial Mena Sandí pierde el contacto.

      Jueves 04 de Octubre del 2007: al ser las 04:22 horas, el Oficial de

Inspección Jorge Saprissa Vásquez, se estacionó en las afueras de su casa

San Francisco de Dos Ríos, observando que su casa se encuentra en

oscuridad total, sin embargo, a las 4:44 horas se prende una luz y se apaga

a las 04: 55 horas. A las 04:55 horas, usted sale de la casa vestido con

pantalón claro, abrigo oscuro con franjas blancas en los brazos, maletín de

colores claros en la mano y otro maletín color rojo en la espalda, en

dirección al centro de Desamparados. Posteriormente, a las 05:00 horas,

usted pasa por enfrente de la Cruz Roja de Desamparados a las 05:04 horas

usted llega al parque de Desamparados y se sube en un Autobús blanco con
azul de ruta Los Guido placa SJB 11074, unidad numero 143. Al ser las

05:10 horas, el autobús pasa frente a Plaza Víquez. A las 05:14 horas, usted

se baja cien metros norte del Cinema Dos Mil y camina rumbo

desconocido; finalmente al ser las 05:16 horas, se termina el seguimiento

por parte del Oficial Jorge Saprissa Vásquez, por cuanto lo perdió de vista

a usted. Sin embargo, al ser las 06:45 horas el Oficial de Inspección José

Eduardo González Bonilla, toma un autobús, en la Estación de

Transportes Turrialba (TRANSTUSA), ubicada al costado sur de los

Tribunales de Justicia en Cartago, el cual se dirige a la localidad de

Turrialba. A ser las 05:58 horas, el Oficial González Bonilla, lo observa a

usted, tomar el mismo autobús en Paraíso de Cartago, frente a AMANCO

de Costa Rica. A las 07:00 horas, llegó el autobús a la Estación de Buses en

Turrialba, siendo que el Oficial de Inspección González Bonilla lo observa

a usted salir por la puerta que se ubica a un costado de dicha estación,

camina hacia el centro de la localidad pasando por el parque y al ser las

07:13 horas usted, ingresó al despacho, sea al Juzgado Contravencional y

de Menor Cuantía de Turrialba. Al ser las 11:00 horas, los oficiales Mena

Sandí y González Bonilla, lo observan a usted, salir del despacho e ingresar

a una pequeña verdulería ubicada frente al Ministerio de Salud de la

localidad y al ser las 11:05 horas ingresó al despacho. A las 14:50 horas,

usted sale nuevamente del despacho, sin determinar su rumbo, sin embargo,

a las 15:00 horas, ingresa al despacho. A las 16:50 horas, los Oficiales lo
observan a usted salir de la oficina, conduciendo una motocicleta color

negro, marca Sanyang, con un bolso de flores estampadas y el salveque

rojo en su espalda, dirigiéndose hacía el oeste, siguiendo el camino a Santa

Rosa de Turrialba, ingresando a las 17:03 horas, a una vivienda color

amarilla ubicada frente a Chicharronera ―Porfi‖.

      Martes 09 de Octubre del 2007: al ser las 04: 39 horas, nuevamente

el Oficial de Inspección Jorge Saprissa Vásquez, se ubica en las afueras de

su vivienda en San Francisco de Dos Ríos y al llegar al lugar ya se

encuentra una luz prendida en su casa. A las 04:46 horas, el Oficial de

Inspección Saprissa Vásquez, lo observa a usted salir de su casa, vestido

con abrigo negro con rayas blancas en los brazos, pantalón claro, maletín

mediano de colores claros en la mano y maletín color rojo en la espalda. A

las 04:50 horas, usted pasa por el frente de la Cruz Roja de Desamparados.

A las 04:56 horas, usted aborda Autobús blanco con azul, unidad numero

70 Autotransportes Desamparados sin placas metálicas de ruta Capri al

costado del parque de Desamparados. A las 05:04 horas usted, se baja cien

metros este del parque de las Garantías Sociales y al ser las 05:06 horas,

usted se pierde entre una gran cantidad de personas. Finalmente, al ser las

05:07 horas, se termina el seguimiento por parte del Oficial Jorge Saprissa

Vásquez. Al ser las 15:57 horas, en la localidad de Turrialba, la Oficial

Mena Sandí; lo observó a usted, salir del despacho con rumbo al oeste

pasando frente a MEGASUPER, sin lograr divisar que dirección toma, sin
embargo, al ser las 16:00 horas usted regresa al despacho. A las 16:30

horas, se le ve a usted nuevamente salir del Juzgado, con un coffemaker en

mano e ingresar a la verdulería que se ubica frente al Ministerio de Salud,

retirándose del lugar a las 16.36 horas e ingresó al despacho. A las 16:53

horas, usted sale del despacho, manejando la motocicleta color negro,

marca Sanyang, con el salvaque rojo en su espalda y se dirige 100 metros al

este y luego al norte ingresando a Royal Store Celulares y Accesorios, al

ser las 16:56 horas. A las 17:06 horas, usted sale del local rumbo al este,

sin que la Oficial Mena Sandí pudiera continuar con el seguimiento ya que

lo perdió de vista.

      Jueves 11 de Octubre del 2007: al ser las 04:30 horas, los Oficiales

Jorge Saprissa Vásquez y Ana Lucía Mena Sandí se ubicaron al costado

oeste de la Taquería Alina, frente a su casa del licenciado Arroyo Rojas,

cuando al ser las 04:53 horas le observaron a usted salir de la vivienda,

vistiendo pantalón verde musgo, abrigo negro con franjas en los brazos y

salveque rojo en su espalda. A las 05:03 horas usted toma el bus de la ruta

de los Guido, unidad 135, placa SJB 9565 Al ser las 05:19 horas usted se

baja del bus, al costado norte de la Iglesia la Dolorosa entre avenidas 4 y 6,

camina hacia la avenida 2, nuevamente frente a las paradas que se ubican

frente al Hotel Washington e intenta detener algunos autobuses. Usted

camina hacia el este y se ubica al costado sur de la Defensa Pública de San

José y al ser las 05:39 horas, sube al autobús de la Cooperativa de
Transportistas de Paraíso, unidad 80, placa CB 2153, rumbo a Paraíso de

Cartago. Al ser las 06:17 horas, la Oficial Mena Sandí tomó el autobús

placa CB 2105 de la compañía TRANSTUSA S. A., frente a AMANCO de

Costa Rica, en Paraíso de Cartago, el cual se dirige hacia Turrialba. Al ser

las 06:20 horas, el Oficial Saprissa Vásquez lo observa a usted bajarse del

autobús de la ruta Paraíso en la parada que se ubica frente al Estadio de esa

localidad, en donde al ser las 06:22 horas, usted toma el mismo autobús

placa CB 2105 de la compañía TRANSTUSA LA, en el que viaja la Oficial

Mena Sandí quien logra observar que si hubo intercambio de dinero entre

usted y el chofer del automotor. Al marcar el reloj las 07:31 horas, arribó el

autobús a la Estación de Transportes en Turrialba. Desde el vehículo

oficial, el Investigador Saprissa Vásquez, observa cuando usted sale de la

terminal de buses por la puerta trasera. A las 07:39 horas, los Oficiales de

Inspección, Ana Lucía Mena y Jorge Saprissa, lo observan a usted ingresar

al despacho.

      Viernes 12 de Octubre del 2007: el Oficial de Inspección Jorge

Saprissa Vásquez, a las 04:35 horas, se ubica en las afueras de su casa de

habitación en San Francisco de Dos Ríos y a esa hora las luces de su casa

ya se encontraban encendidas. A las 04:43 horas, usted sale del interior de

la casa, entra al vehículo marca Isuzu, Rodeo, recoge unos objetos y de

nuevo ingresa a la vivienda. A las 04:46 horas, usted sale de la casa

vistiendo pantalón claro, abrigo oscuro con franjas blancas en los brazos,
maletín de colores claros en la mano y el maletín color rojo en la espalda,

en dirección al centro de Desamparados. A las 04:50 horas, usted pasa

caminando frente de la Cruz Roja de Desamparados y al ser las 04:55

horas, camina frente al Banco HSBC de Desamparados. Cerca de las 04:56

horas, usted aborda el Autobús placas SJB 10791, color blanco con azul,

unidad 48, a un costado del parque de Desamparados. Al ser las 05:03

horas, usted se baja del Autobús al frente del Teatro Lucho Barahona, en

calle 11, se dirige hacia el norte buscando la A venida Segunda. Camina

hacia unas paradas ubicadas cien metros al oeste de la Defensa Publica,

sobre la Avenida Segunda, a eso de las 05:10 horas. A las 05:18 horas,

usted aborda otro Autobús al que le hizo parada en el centro de la calle,

placas CB 1417, verde con blanco, de la ruta Paraíso de Cartago, de la

Empresa Contrapar, el autobús se encuentra sin pasajeros y solo usted,

viaja en el mismo y se dirige hacia San Pedro. A las 5:26 horas se termina

el seguimiento por parte del Oficial Jorge Saprissa Vásquez, al pasar por

plaza del Sol en Curridabat.

      II.- El Tribunal de la Inspección Judicial, en la resolución

impugnada, tuvo por probados los siguientes hechos de importancia: ―1).-

El señor Gerardo Enrique Arroyo Rojas fue nombrado como Juez

Contravencional de Menor Cuantía de Turrialba a partir del día primero de

febrero del año dos mil seis, según sesión del Consejo Superior del Poder

Judicial del jueves diecisiete de enero del año dos mil seis. (ver folio 25 del
expediente). 2).- El día seis de febrero de ese mismo año, don Gerardo

solicita al Departamento de Personal del Poder Judicial, el pago del

beneficio de zonaje, pues reside en un lugar diferente a donde laborará, ya

que habita en San Francisco de Dos Ríos, Residencial El Bosque, y su lugar

de trabajo será la ciudad de Turrialba. (ver solicitud de beneficio de zonaje

a folio 25 del expediente). 3).- Sin precisar fecha, este órgano disciplinario

recibió una llamada anónima donde se le informaba una serie de conductas

irregulares por parte del licenciado Gerardo Enrique Arroyo Rojas, Juez

Contravencional de Turrialba, entre éstas se indica que este profesional

realiza el cobro completo de zonaje, cuando únicamente se queda en

Turrialba los fines de semana que le corresponde la disponibilidad, los

demás días viaja a San José (ver informe de folios 1 a 9). 4).- En oficio de

29 de junio del año dos mil siete, se ordenó realizar una investigación

preliminar No I-101, donde se concluye sin lugar a dudas que dicho

profesional pernoctaba en su casa de habitación ubicada en San Francisco

de Dos Ríos, Residencial El Bosque, de donde salía a tempranas horas de la

mañana de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo en la ciudad de

Turrialba. (ver Oficio 165-IJ-07 de dieciséis de octubre del año dos mil

siete donde se plasmó lo evacuado en el Informe de Investigación visible

folios 1 a 9 del expediente). 5).- En oficio N° 0379-AS-2007 del ocho de

octubre del año dos mil siete el Jefe del Departamento de Administración

Salarial y el Subjefe del Departamento de Personal M.B.A. RONALD
CALVO COTO y M.B.A. JOSÉ LUIS BERMÚDEZ OBANDO

informaron que el Licenciado Gerardo Arroyo Rojas, recibe pago por la

compensación económica denominada ―zonaje ―, desde el primero de

febrero del año dos mil seis, fecha en que adquirió el traslado en propiedad

en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Turrialba, excepto

por el período comprendido entre el primero de diciembre del año 2006 al

veintiocho de febrero del año dos mil siete, por cuanto estuvo trasladado

interinamente como Juez 1 en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II

Circuito Judicial de San José. (ver oficio a folio 23 del expediente). 6).- En

declaración jurada rendida ante el Departamento de Personal, Gestión

Humana, Administración Salarial, Unidad de Pagos, el día cuatro de

octubre del año dos mil siete, el acusado declaró que su residencia temporal

es en Verbena Sur, Turrialba Centro, apartamento del señor Joaquín

Ramírez Binns, diagonal a Chicharronera ―Porfi‖. (ver copia de la

declaración jurada a folio 24 del expediente). La lista de hechos

demostrados, estima este Consejo, debe ser modificada en los aspectos que

se dirán y adicionada en otros extremos que se encuentran debidamente

acreditados:

      Se modifica el Hecho 4) que se tuvo por demostrado de la

siguiente forma: ―Mediante Oficio de 29 de junio del año 2007, se ordenó

realizar una investigación preliminar (folios 1 al 9 del expediente, Informe

de Investigación N° 165-IJ-07 [I-101] ), que arrojó que el encausado el día
martes 11 de setiembre del 2007, salió de su casa ubicada en San Francisco

de dos Ríos al ser 4:56 horas; que el miércoles 3 de octubre del 2007 salió

también de la ubicación de la casa señalada al ser las 4:50 horas y que a las

16:40 horas se retira del despacho en Turrialba, sin que indique el informe

el rumbo luego de la jornada de trabajo; que el jueves 4 de octubre usted

sale de su casa en ubicación indicada a las 4:55 horas y que a las 16:50

horas lo observan salir de la oficina, conduciendo una motocicleta color

negro, marca Sanyan dirigiéndose hacia el oeste, siguiendo el camino a

Santa Rosa de Turrialba, ingresando a las 17:03 horas, a una vivienda color

amarilla ubicada frente a Chicharronera ―Porfi‖; que el martes 9 de octubre

se le ve salir de su casa a las 4:46 horas y a las 16:53 horas sale del

despacho en Turrialba, manejando la motocicleta color negro, y se dirige

100 metros al este y luego al norte, ingresando a Royal Store Celulares y

Accesorios, al ser las 17:06 horas, sale del local rumbo al este, sin que se

indique el destino último, ya que se consigna en el informe, que la Oficial

investigadora no pudo continuar con el seguimiento porque se le perdió de

vista; el jueves 11 de octubre, se le observa salir de su vivienda en San José

a las 4:53 horas, no se hace seguimiento a la salida del despacho en la

segunda audiencia; el viernes 12 de octubre se le observa salir de su casa en

San José a las 4:46 horas, este último seguimiento concluye a las 5:26

horas.

         A esta lista de hechos demostrados, estima este Consejo, procede
agregar además, los siguientes extremos que se encuentran debidamente

acreditados:

      7) A folio 94 del expediente, consta certificación emitida por el

Registro Civil, de la unión matrimonial del señor José Joaquín Gabriel

Binns y la señora Marlen de los Ángeles Jiménez Araya; 8) Se incorpora la

declaración jurada rendida bajo la fe del juramento el día 20 de agosto del

2008 por la señora Marlen Jiménez (folio 109) y presentada ante la

Comisión de Relaciones Laborales, en la que señala que su esposo es

propietario del inmueble donde habita como casa de habitación y en el

sótano del mismo con entrada independiente, se construyó un apartamento

de cuatro aposentos, que por referencias le alquilaron al encausado, y que

por trabajar su esposo fuera de San José, la señora Jiménez manifiesta que

es la que firma los recibos por concepto de pago de la renta que hacía el

señor Gerardo Enrique Arroyo; 9) A folio 42 constan los recibos números

0152378 y 0152376, por montos recibidos del señor Gerardo Arroyo por

concepto de alquiler del 16 de julio al 16 de agosto y de esa fecha al 16 de

setiembre, firmados por la señora Marlen Jiménez; 10) A folio 42 constan

los recibos números 0152379 y otro sin número por monto recibido del

señor Gerardo Arroyo por concepto de alquiler del 16 de setiembre al 16 de

octubre del 2007 firmado por la señora Marlen Jiménez; y recibo extendido

por el Dr. Adrián Gutiérrez Arguedas especialista en ortopedia y

traumatología de fecha 1ero de octubre del 2007, por un monto de veinte
mil colones; 11) A folio 44 constan los recibos números 0152374 y

0152377, por montos recibidos del señor Gerardo Arroyo por concepto de

alquiler del 16 de junio al 16 de julio del 2007 y de esa fecha al 16 de

agosto del 2007 firmados por la señora Marlen Jiménez; 12) A folio 45

constan recibos extendidos por el Dr. Adrián Gutiérrez Arguedas

especialista en ortopedia y traumatología que consignan que el señor

Gerardo Arroyo fue atendido el día 3 de agosto del 2007 a las 17 horas y

que la próxima cita del joven Allan Arroyo (hijo del encausado) será el 29

de octubre a las 15 horas; 13) Se incorpora la prueba testimonial evacuada

en el seno de la Comisión de Relaciones Laborales que consta a folio 111,

en la que esa Comisión toma declaración al testigo Joaquín Gabriel Binns

el día 19 de setiembre del 2008; 14) Se incorpora consulta al Registro de la

Propiedad, por número de Finca que consta a folio 110, en la que se señala

que el señor José Joaquín Gabriel Binns es propietario de la finca situada

en el de Santa Rosa, Turrialba.

      III.- El acusado interpuso recurso de apelación contra la resolución

final dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, a la vez alegó

nulidad concomitante en escrito de fecha 11 de junio del 2008, recibido en

la Inspección Judicial el 12 de ese mes (folios 82 al 93).

      IV.- Como primer aspecto procede analizar la nulidad invocada. El

apelante se limita a invocar la nulidad concomitante, no indica los motivos

concretos de nulidad, tampoco hace un análisis por aparte de las razones
por las cuales considera que este asunto es nulo. No obstante, revisados los

autos no se observan vicios que vengan a afectar el derecho de defensa y el

debido proceso del licenciado Arroyo Rojas.

      V.- Corresponde como segundo punto, resolver la solicitud expresa

del acusado con el fin de que este Consejo procediera a evacuar prueba

testimonial de los señores: William Coto Molina, Eduardo Georgin Vaglio

Mora, Daniel Gamboa, para que declararan sobre el hecho de su residencia

temporal en Turrialba. Este Consejo rechaza la solicitud. El rechazo se

fundamenta, en que al momento de responder la imputación de cargos, el

acusado no aportó prueba testimonial, no obstante, se ha considerado

también que no tiene sentido procurar la prueba solicitada, si del

expediente se genera la información que se pretende demostrar, basta

constatar la adición de hechos demostrados que se han agregado al resolver

esta apelación, con fundamento en pruebas evacuadas en el seno de la

Comisión de Relaciones Laborales.

      VI.- Agravios del apelante: Como agravios el apelante señala que

no es cierto que mintió al rendir la declaración jurada para canalizar el pago

de zonaje, ya que efectivamente alquilaba un apartamento al señor Joaquín

Ramírez Binns, y que si bien de vez en cuando venía a San José, ha

explicado los motivos. Que es falso y calumnioso el Hecho III del

considerando de la resolución recurrida, que no ha cometido ninguna

conducta irregular, y que no fue considerada la prueba documental aportada
en la que demostró que arrendaba un pequeño apartamento en Turrialba al

señor Joaquín Ramírez y que su esposa Marlen Jiménez era la que le

confeccionaba los recibos y que cuando se hicieron las vigilancias, se

deduce del informe que a la salida del Despacho había ingresado a una casa

ubicada frente a la Chicharronera, que es donde se ubica el apartamento,

sin embargo a pesar de que los investigadores constataron eso, no le dieron

ninguna importancia probatoria. Considera que el Tribunal de la Inspección

Judicial, no realiza la valoración de la prueba de forma objetiva y señala

como vicios que en dos ocasiones se le haya seguido a la salida del trabajo

y se indicara que iba en moto y que como iba para el este de la ciudad no se

le siguiera. Agrega que la investigación preliminar de vigilancia, debió

haber indagado al señor Joaquín Ramírez (propietario del apartamento)

para corroborar si le arrendaba el inmueble de su propiedad, y si el recibo

que confeccionaba la esposa del señor Ramírez era legítimo. Que no es

correcto afirmar como lo hace la resolución impugnada, que ―de acuerdo a

la investigación preliminar todos los días salía muy temprano de su casa de

habitación en San Francisco de Dos Ríos rumbo a Turrialba...‖, cuando en

realidad de la prueba que obra en el expediente se hicieron seis fijos en

total que cubrían tanto Turrialba como San José, y en días alternos, no

continuos. Argumenta que no hubo equilibrio en la valoración de la prueba.

Considera injusto el tratamiento que se le ha dado a la queja, al extremo de

solicitar la revocatoria de su nombramiento, cuando en ningún momento ha
faltado a la verdad, y ha demostrado que paga alquiler de apartamento en

Turrialba y que desayuna, almuerza y cena en Turrialba y cuando viene a

San José, paga pasajes de ida y regreso y llega temprano a su oficina, Por

último, solicita que se revoque la resolución impugnada.

      VII.- Sobre el fondo: Acorde con el listado de hechos probados que

se han agregado y la modificación del hecho cuarto, en los términos

consignados, encuentra este Órgano mérito para acoger las razones

aducidas por el recurrente en el recurso de apelación y variar lo dispuesto

por el a quo. Efectivamente, no se logra acreditar en la investigación

realizada por el Tribunal de la Inspección Judicial, que el encausado reciba

pago por la compensación económica denominada‖ zonaje‖ de manera

improcedente, y que no incurre en gastos generados por alquiler de

apartamento en la zona de Turrialba. Si bien, de la investigación preliminar

se deduce que algunas noches pernoctaba en San José, el análisis de la

prueba es omiso en destacar también que en otras oportunidades cuando

conducía la moto, llegaba al lugar que había consignado como su vivienda

temporal, y en otras oportunidades, la investigación preliminar se

suspendía, lo que no permitió demostrar que no dormía esos días en

Turrialba. Le asiste razón al acusado, al argumentar la ausencia de

valoración de probanzas como los recibos aportados de pago de alquiler en

la investigación y de las visitas al médico a San José y que el Tribunal al

resolver por el fondo solo se limitó a señalar que ―a la hora de contestar la
queja presenta unos recibos que no merecen para este Tribunal ninguna

veracidad del alquiler de la casa por parte de la señora Marlen Jiménez

Araya‖. Estima este Consejo, que el rechazo al análisis de esas probanzas,

sin especificar las razones por las cuales no le merecen veracidad, debieron

de haberse indicado, a fin de fundamentar debidamente. No era suficiente

el rechazo en la forma que se hizo, con base en la investigación preliminar,

máxime que la investigación tal y como lo señala el recurrente, no fue

continua, sino días alternos, que no permitieron desacreditar su no

permanencia temporal en Turrialba, como tampoco permitieron acreditar la

permanencia domiciliaria en San José. Concuerda este Consejo, con el

análisis llevado a cabo por la Comisión de Relaciones Laborales, en la

resolución señalada, que condujo a la verdad real de los hechos, llamando a

declarar bajo juramento al propietario del apartamento que arrendaba el

acusado, cuyos recibos por pago de alquiler había aportado oportunamente

ante el Tribunal de la Inspección Judicial (folios 59 al 62 y 111). La

búsqueda de la verdad real, condujo también a determinar, mediante

certificaciones incorporadas por la Comisión citada, que el propietario del

bien inmueble que arrendaba el licenciado Arroyo Rojas efectivamente, es

el cónyuge de la señora Marlen Jiménez, misma que firmaba los recibos

por el pago del alquiler que le entregaba el acusado (declaración jurada

aportada ante el seno de la Comisión rendida por la señora Marlen Jiménez

(folios 109 y 94).
      Por lo expuesto, este Consejo estima que, se ha tenido por

demostrado que el acusado durante el tiempo de la investigación, incurría

en gastos de hospedaje en la zona de Turrialba, por el desarraigo de su

lugar de residencia ubicada en San José, San Francisco de dos Ríos y que el

monto del alquiler era de treinta y cinco mil colones.

      En consecuencia, lo procedente por las razones que se han señalado

es rechazar la nulidad invocada, y acoger por parte de este Órgano

colegiado, la recomendación que hace la Comisión de Relaciones

Laborales (Resolución N° 72-2008 ya citada), de archivar la causa, al no

compartir este Consejo al igual que lo hace la citada Comisión, la

calificación de la falta ni la sanción impuesta al acusado por parte del

Tribunal de la Inspección Judicial y no encontrar mérito para la aplicación

del régimen disciplinario.

      Se acoró: 1.) Rechazar la nulidad invocada. 2.) Revocar el acto

administrativo impugnado y ordenar el archivo de la causa por no encontrar

mérito para la aplicación del régimen disciplinario.

PERMISOS

                             ARTÍCULO XIII

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y

la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefes del Departamento de Personal,

Desarrollo Humano y de la Sección Gestión de la Capacitación,

respectivamente, en oficio N° 042-CAP-09 de 5 de febrero en curso,
manifestaron lo siguiente:

               ―Para que por su digno medio sea puesto en conocimiento
       de los señores miembros del Consejo Superior, nos permitimos
       solicitar se autorice la participación del Ing. Sergio Mora
       Elizondo, cédula N° 1-0999-0049 , de la Sección de Arquitectura
       e Ingeniería, en el Curso “Diseño Mecánico”, esta actividad
       formativa es organizada por el Colegio de Ingenieros
       Electricistas, Mecánicos e Industriales, con un costo total de
       ¢120.000.00 (ciento veinte mil colones exactos) y será impartido
       en el siguiente horario:

Módulo       Modalidad           Fechas             Horario          Lugar       Horas
                          I Módulo. 23 de                         Aula     N°3,
            Participación febrero, 2, 9, 16, 23,                  Casa Anexa 63
                          30, de marzo y 13 de                    del   Colegio horas
                          abril del 2009.                         Federado de
                          II Módulo 20, 27 de                     Ingenieros y
Curso
                          abril, 04, 11, 18, 25, 6:00 p.m.      a Arquitectos
“Diseño
                          de mayo y 01 de 9:00 p.m.
Mecánico”
                          junio del 2009.
                          III Módulo 08, 15,
                          22, 29 de junio, 06,
                          14, y 21 de julio del
                          2009

             Temas a desarrollar:

             Módulo I

                   Repaso de Ciencias de la Ingeniería
                   Diseño y cálculo de estructuras estáticas.
                   Diseño y cálculo de estructuras dinámicas.
                   Materiales estructurales.
                   Vibraciones en estructuras.
                   Lubricación de las máquinas.

             Módulo II

                   Repaso y ciencias de la Ingeniería.
                   Diseño y cálculo de cámaras de refrigeración para
       alimentos y bebidas.
                   El acondicionamiento del aire.
                   Generadores de vapor.
                   Sistemas de tuberías de vapor y de condensados.
                   Algunos usos industriales del vapor.

              Módulo III

                   Repaso de las ciencias de la ingeniería.
                   Diseño y cálculo de tuberías de agua.
                   Los sistemas fijos de incendio en instalaciones
       comerciales e industriales.
                   Los sistemas de agua potable en edificaciones.
                   Los sistemas de aguas pluviales en edificaciones.
                   Cálculo de las tuberías.

              La participación del señor Mora Elizondo, es gestionada
       por la Máster Ana Beatriz Méndez Alvarado, Jefa del
       Departamento de Servicios Generales, quien expresa que dicha
       capacitación constituye una oportunidad valiosa de
       actualización.

              Para los efectos correspondientes, se adjunta la constancia
       de contenido presupuestario confeccionada de conformidad con
       los controles de esta oficina.‖
                                       -0-

      Al respecto, se adjunta constancia de contenido presupuestario,

suscrita por la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefa de la Sección Gestión

de la Capacitación del Departamento de Personal, en la que indica que

existen los recursos necesarios para cubrir el costo de la actividad que se da

cuenta, el cual está considerado dentro del IP 35, programa 926, subpartida

10701 ―Actividades de Capacitación‖, por un monto de ¢120.000,00

(ciento veinte mil colones exactos).

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Autorizar   al ingeniero Sergio Mora Elizondo, Profesional 2 del

Departamento de Servicios Generales, para que participe en el curso

"Diseño Mecánico", a realizarse el 23 de febrero, 2, 9, 16, 23 y 30 de
marzo, 13, 20 y 27 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo, 1°, 8, 15, 22, 29 de

junio y 6, 14 y 21 de julio del año en curso, en el Colegio Federado de

Ingenieros y Arquitectos. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte

sustancialmente el servicio público a su cargo, lo cual implica que dará

prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus

funciones en el Poder Judicial. 2.) Aprobar el gasto de ¢120.000,00 (ciento

veinte mil colones exactos), con cargo al programa 926. 3.) En virtud de la

importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá don Sergio

coordinar lo necesario con la jefatura del departamento, a fin de transmitir

los conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podrían ser

de gran utilidad en las labores que realizan.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XIV

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y

la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefes del Departamento de Personal,

Desarrollo Humano y de la Sección Gestión de la Capacitación,

respectivamente, en oficio N° 37-CAP-09 de 2 de febrero en curso,

manifestaron lo siguiente:

               ―Para que por su digno medio sea puesto en conocimiento
       de los señores miembros del Consejo Superior, nos permitimos
       solicitar se autorice la participación del MBA. Fabián Gutiérrez
       Villalobos, cédula N° 1-575-738, de la Auditoría Judicial en el
       Curso “Auditoría Operacional Avanzada”, esta capacitación
      fue gestionada mediante oficio N° 51-AUD-2009, y es
      organizada por la empresa Consultores Internacionales y
      Capacitación Interamericana, con un costo total de ¢169.556.85
      (ciento sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis 85/100
      colones exactos) y será impartido en el siguiente horario:

Módulo           Modalidad         Fechas          Horario        Lugar   Horas
                                                       Instalaciones
Curso
“Auditoría       Participación 26 y 27 de 8:00 a.m. a del Colegio de 7 horas
                                                       Contadores
Operacional                    febrero, 2009 4:00 p.m.
                                                       Públicos de
Avanzada”
                                                       Costa Rica

             El Objetivo del curso es “fortalecer los conocimientos
      de los participantes, a fin de que coadyuven con su entidad a
      alcanzar el éxito anticipado de problemas operativos,
      identificando riesgos emergentes y verificando el uso
      eficiente, eficaz y económico de los recursos financieros,
      humanos operativos y técnicos de la entidad”.

            Este evento de capacitación tratará temas de suma
      importancia, dentro de los cuales se mencionan los siguientes:

                   La consultoría como parte integral de la Auditoría
      Interna.
                   Servicios de Consultoría.
                   La identificación de problemas.
                   Las debilidades en los procesos operativos.
                   El desarrollo de soluciones.
                   Convirtiéndose en agente de cambio.
                   Más allá del cumplimiento.

             Es importante resaltar que se solicitó al Departamento de
      Proveeduría que la contratación se realice de forma directa, lo
      anterior con base al artículo 131 inciso e) Servicios de
      capacitación de la Reforma al Reglamento a la Ley de
      Contratación Administrativa, que literalmente dice:

             ―Los servicios de capacitación únicamente en los
      supuestos de capacitación abierta, entendida como aquella en la
      que se hace invitación al público en general y no es programada
      en atención a las necesidades puntuales de una Administración y
      en la cual se justifique su necesidad en función del cumplimiento
      de los fines institucionales.‖
              En virtud de lo anterior, se solicita autorizar el pago de la
       actividad y la participación del MBA. Fabián Gutiérrez
       Villalobos, cédula N° 1-575-738 de la Auditoría Judicial. Para
       los efectos correspondientes, se adjunta oficio N° 55-AUD-2009,
       mediante el cual el licenciado Hugo Ramos Gutiérrez, Director
       General de la Auditoría Judicial hace constar que dentro del
       presupuesto de la Auditoría para el período 2009, IP 19,
       programa 926, subpartida 10701 ―Actividades de Capacitación‖,
       existe contenido presupuestario para cubrir un monto de
       ¢169.556,85 (ciento sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y
       seis 85/100 colones exactos).‖

                                      -0-

      Al respecto, se adjunta oficio N° 55-AUD-2009 de 27 de enero

último, suscrito por el licenciado Hugo Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial,

en el que indica que existen los recursos necesarios para cubrir el costo que

se da cuenta, el cual está considerado dentro del IP 19, programa 926,

subpartida 10701 ―Actividades de Capacitación‖, por un monto de

¢169.556,85 (ciento sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis

colones con ochenta y cinco céntimos).

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Autorizar al máster Fabián Gutiérrez Villalobos, Jefe Administrativo 4 de

la Sección de Auditoría Operativa, para que participe en el curso "Auditoría

Operacional Avanzada", a realizarse el 26 y 27 de febrero en curso, en las

instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 2.)

Aprobar el gasto de ¢169.556,85 (ciento sesenta y nueve mil quinientos

cincuenta y seis colones con ochenta y cinco céntimos), con cargo al

programa 926, para los fines indicados. 3.) En virtud de la importancia del
contenido de la capacitación a recibir, deberá don Fabián coordinar lo

necesario, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás

compañeros, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores que realizan.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, así como la

Auditoría Judicial, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara

acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XV

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y

la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefes del Departamento de Personal,

Desarrollo Humano y de la Sección Gestión de la Capacitación,

respectivamente, en oficio N° 45-CAP-09 de 5 de febrero en

curso, manifestaron lo siguiente:

               ―Para que por su digno medio sea puesto en conocimiento
       de los señores miembros del Consejo Superior, nos permitimos
       solicitar se autorice la participación de dos servidores(as)
       judiciales (lista adjunta), en el Módulo IV del Programa Gestión
       por Competencias y su aplicación en la Acción Gerencial
       denominado ―Capacitación y Desarrollo del Talento Humano
       por Competencias”; esta capacitación es organizada por el
       Programa Educación Continua CICAP-UCR, con un costo
       ¢103.000,00 (ciento tres mil colones con 00/100) por persona y
       será impartido en el siguiente horario:

Módulo             Modalidad          Fechas        Horario        Lugar       Horas
Capacitación y                 Los      días
Desarrollo del Aprovechamiento miércoles del                    Facultad de 24 horas
                                              8:00 a.m. a
Talento                        04 de marzo                      Ciencias
                                              12:00 m.d.
Humano por                     al 08 de abril                   Económicas
Competencias                   del 2009                         de la UCR

              El programa está dirigido a “profesionales de gestión
            humana, gerentes de diferentes áreas de la organización, que
            requieran o deseen saber el qué y el cómo se gestionan las
            competencias críticas y de aprendizaje continuo para el logro
            del alineamiento de las personas con las estrategias de la
            organización”.

                  A continuación se detalla el contenido temático

                  La Capacitación del capital humano por competencias.
                  La identificación de requerimientos de capacitación por
            competencias.
                  El proceso de capacitación de personal (Modelo de
            momentos).
                  Características de los programas de capacitación por
            competencias.
                  Sistema de Evaluación por Competencias.
                  Viabilidad de aplicación en la organización.

                   Es importante resaltar que se solicitó al Departamento de
            Proveeduría que la contratación se realice de forma directa, lo
            anterior con base al artículo 131 inciso e) Servicios de
            capacitación de la Reforma al Reglamento a la Ley de
            Contratación Administrativa, que literalmente dice:

                   ―Los servicios de capacitación únicamente en los
            supuestos de capacitación abierta, entendida como aquella en la
            que se hace invitación al público en general y no es programada
            en atención a las necesidades puntuales de una Administración y
            en la cual se justifique su necesidad en función del cumplimiento
            de los fines institucionales.‖

                   Para los efectos correspondientes, se adjunta la constancia
            de contenido presupuestario confeccionada de conformidad con
            los controles de esta oficina.

                            LISTA DE PARTICIPANTES

        Nombre            Cédula               Puesto                   Oficina
Soto Blanco Gloriela    1-1011-660          Profesional 2      Gestión de la Capacitación
Chaves         Sanabria 3-290-890           Profesional 2      Gestión        de        la
Malberth                                                       Capacitación.‖
                                          -0-

          Al respecto, se adjunta constancia suscrita por la licenciada Waiman

    Hin Herrera, Jefa de la Sección de Gestión de la Capacitación, en la que
indica que existen los recursos necesarios, para financiar los gastos

asociados al desarrollo del citado curso, por un monto de ¢206.000.00

(doscientos seis mil colones exactos), con cargo al Programa 926,

subpartida 10701 ―Actividades de Capacitación‖.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.)

Autorizar a los servidores Gloriela Soto Blanco y Malberth Chaves

Sanabria, para que participen en el curso denominado ―Capacitación y

Desarrollo del Talento Humano por Competencias‖, a realizarse del 4 de

marzo al 8 de abril del año en curso, de las 8:00 a las 12:00 horas, en la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 2.)

Aprobar el gasto de ¢206.000.00 (doscientos seis mil colones exactos), para

cubrir el costo de la actividad indicada, con cargo al programa

presupuestario 926. 3.) En virtud de la importancia del contenido de la

capacitación a recibir, deberán los citados profesionales coordinar lo

necesario con la jefatura del departamento, a fin de transmitir los

conocimientos adquiridos a los demás servidores del despacho, ya que

podrían ser de gran utilidad en las labores que realizan.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XVI

      En sesión N° 65-07 celebrada el 4 de setiembre de 2007, artículo

XXXVI, de conformidad con el artículo 44, párrafo 4º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se prorrogó el permiso sin goce de salario a las

licenciadas Virginia Araya Alvarado y Luz María Vargas Alvarado,

Auxiliares Judiciales 3 del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la

Zona Atlántica, a partir del 16 de setiembre de 2007 y hasta el 15 de marzo

de 2008, para que se desempeñaran como Profesionales 2 en Psicología y

Derecho, respectivamente, en el Centro de Atención Institucional de

Pococí, Adaptación Social, Ministerio de Justicia y Gracia.

      Posteriormente, en sesión N° 16-08 efectuada el 28 de febrero de

2008, artículo XXI, de conformidad con la normativa citada, se prorrogó el

permiso sin goce de salario a las licenciadas Araya Alvarado y Vargas

Alvarado, a partir del 16 de marzo de 2008 y hasta el 15 de marzo de 2009,

para los fines indicados.

      En nota de 2 de febrero en curso, las licenciadas Virginia Araya

Alvarado y Luz María Vargas Alvarado, en su expresado carácter, solicitan

se les prorrogue el permiso sin goce de salario que actualmente disfrutan, a

partir del 16 de marzo de este año y hasta el 15 de marzo de 2010, para

continuar laborando como Profesionales 2 en Psicología y Derecho,

respectivamente, en el Centro de Atención Institucional de Pococí.

      Por su parte, el licenciado Gilberth Zamora Mora, Director del

Centro de Atención Institucional de Pococí, en nota de 2 de febrero en

curso, solicita se prorrogue el citado permiso por el período indicado a las

licenciadas Araya Alvarado y Vargas Alvarado.
      Asimismo, la licenciada Mylene Acosta Chavarría y el licenciado

Orlando Campos Zamora, por su orden, Jueza Coordinadora y Juez

Tramitador del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona

Atlántica, en correo electrónico recibido el 9 de este mes, indican no tener

inconveniente alguno, para que se otorgue el permiso requerido por las

citadas servidoras.

      De conformidad con el artículo 44, párrafo 4º de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se acordó: Prorrogar el permiso sin goce de salario a las

licenciadas Virginia Araya Alvarado y Luz María Vargas Alvarado, a partir

del 16 de marzo de este año y hasta el 15 de marzo de 2010, para los fines

indicados.

      El Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y el

Departamento de Personal tomarán nota para lo que a cada uno

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XVII

      En sesión N° 09-09 celebrada el 3 de febrero en curso, artículo XX,

se comunicó al licenciado Manuel Giovanni Mena Artavia, Juez del

Tribunal de Puntarenas, que este Consejo no tenía objeción para que

impartiera lecciones en la Universidad Hispanoamericana, sede Puntarenas,

en el entendido de que el tiempo utilizado para labores de docencia en

centros de estudios superiores no excediera de 10 horas por semana, 5

horas efectivas de lección y 5 para preparar las lecciones, corregir
exámenes y otras labores relacionadas, por lo que se le solicitó a don

Manuel Giovanni, que informara a este Consejo, la forma en que cumpliría

con ese requerimiento, pues su solicitud se refería a un mayor número de

horas.

      En atención a lo dispuesto en el acuerdo citado, el licenciado Mena

Artavia, en su expresado carácter, en correo electrónico de 5 de este mes,

informó lo siguiente:

                 ―En respuesta a su oficio 1025-09 del 4 de febrero del año
          en curso, me permito indicar que, a fin de cumplir con las
          limitaciones establecidas para impartir lecciones, se ha acordado
          con los estudiantes del curso Derecho Procesal Penal II que el
          horario de las clases de dicho curso se ajustará a dos horas treinta
          minutos y que la media hora restante deberán dedicarla a realizar
          trabajos adicionales extra clase (estudio de jurisprudencia,
          investigaciones, etc.), que en cada lección se les irán asignando.‖

                                         -0-

         La Sala Constitucional, mediante resolución N° 2009-001660 de las

11:51 horas del 6 febrero en curso, anuló los acuerdos tomados por este

Consejo y el de la Judicatura, en cuanto a la exigencia impuesta a los

funcionarios judiciales, de solicitar autorización para impartir lecciones

fuera de la jornada ordinaria y también restringir el tiempo que ha

establecido para ello.

         De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional N° 2009-

001660 de las 11:51 horas del 6 de este mes, se acordó: Tomar nota de que

el licenciado Manuel Giovanni Mena Artavia impartirá lecciones en el

citado centro de estudios superiores, los días y las horas indicadas.
        El Tribunal de la Inspección Judicial, el Tribunal de Puntarenas y el

Departamento de Personal, tomarán nota de lo resuelto para los fines

consiguientes.

                             ARTÍCULO XVIII

        En sesión N° 91-08 celebrada el 27 de noviembre de 2008, artículo

XXII, se autorizó a los servidores que ahí se indicaron, para que

participaran en el curso ―Lesco Nivel I‖; el tercer grupo iniciaría el 16 de

enero último, los viernes de las 8:00 a las 11:00 horas, durante 13 semanas

para un total de 40 horas. Lo anterior, en el entendido de que no se afectara

sustancialmente el servicio público a cargo de quienes se autorizaba a

participar, lo cual implicaba que deberían dar prioridad a la atención de los

asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial.

Además, en virtud de la importancia del contenido de la capacitación a

recibir, debían los asistentes coordinar lo necesario con la jefatura

inmediata, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás

servidores del despacho, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores

que realizan.

        El tercer grupo que se dio cuenta quedó conformado de la siguiente

manera:

                  Tercer Grupo de Lenguaje LESCO Nivel I

   1.   Flor Fonseca Cordero         1-1071-782    Delitos Sexuales
   2.   Raymond Tosso Torres         1-940-188     Robo de vehículos
   3.   Alexander Delgado Alvarado   1-1207-846    Asaltos
   4.   Sonia Sánchez Solano         7-076-916     Robo de Vehículos
   5. Jorge Chiny Chavarría          1-612-417        Especializada de Tránsito
   6. Maricela Artavia Corredera     1-882-634        Delitos Informáticos
   7. Karen Solano Zúñiga            3-367-237        Estupefacientes
   8. Hazel Rodríguez Rodríguez      1-920-504        Capturas
   9. Lidia Ufión Chaves             1-192-0225       Homicidios
   10. Delroy Carranza Reyes         3-382-612        Jefatura      Investigaciones
                                                      Criminales
   11. Ma. Ángeles Corella Cordero   1-731-159        Robos
   12. Jéssica Roldan Briceño        6-305-268        OIJ Garabito
   13. Arelis López Villalobos       2-594-659        OIJ Sarapiquí
   14. Nills Rojas Jara                               OIJ OSA
   15. Luis Camacho Brenes           3-345-274        OIJ Turrialba
   16. Roberto Varela Obando         1-895-358        OIJ San Ramón
   17. Greivin Vargas Pérez                           OIJ Aguirre y Parrita
   18. Roberto Cerdas Quirós         5-246-973        OIJ Santa Cruz
   19.       Jonnathan      Gamboa   2-495-512        OIJ Buenos Aires
       Valladares
   20. Mario A. Sánchez Alvarado     6-332-224        OIJ Cóbano.‖

                                       -0-

       El licenciado Randall Zamora Zamora, Jefe interino del

Departamento     de    Investigaciones       Criminales   del   Organismo       de

Investigación Judicial, en oficio N° 0090-DICR-2009 de 6 de febrero en

curso, expresó lo siguiente:

              ―Respetuosamente nos permitimos remitir la corrección
       del tercer grupo de participantes que recibirán el próximo año
       2009 el Curso de Lesco Nivel I, según lo autorizado por su
       representada en acuerdo del 27 de noviembre del año en curso,
       sesión 91-09, artículo XXII, y comunicado mediante oficio
       10508-08 a los interesados.

              A fin de hacer uso adecuado de los espacios en el curso,
       en último momento y por razones de fuerza mayor se requiere
       hacer modificaciones en el último grupo de participantes a dicha
       capacitación, quedando conformado de la siguiente manera, cabe
       agregar que se mantiene el mismo horario aprobado por su
       Autoridad, (iniciaría el 16 de enero 2009, los días viernes de
       8:00 a.m. a 11.00 m.d., tres horas diarias una vez por semana),
       durante 13 semanas para un total de 40 horas.

                       Tercer Grupo de Lenguaje LESCO Nivel 1
  1. Flor Fonseca Cordero                 1-1071-782        Delitos Sexuales
  2. Roberto Varela Obando                 1-895-358        OIJ San Ramón
  3. Susan Mora Salazar                    4-170-254        Sección Delitos Varios
  4. Donald Arias Valverde                1-1074-309        Robo de Vehículos
  5. Jorge Chiny Chavarría                 1-612-417        Especializada de Tránsito
  6. Maricela Artavia Corredera            1-882-634        Delitos Informáticos
  7. Karen Solano Zúñiga                   3-367-237        Estupefacientes
  8. Gabriela González Jiménez            1-1014-131        Capturas
  9. Lidia Unión Chaves                   1-192-0225        Homicidios
  10. Delroy Carranza Reyes                3-382-612        Jefaturas Investigaciones
                                                            Criminales
  11. Ma. Ángeles Corella Cordero         1-731-159         Robos
  12. Jéssica Roldán Briceño              6-305-268         OIJ Garabito
  13. Arelis López Villalobos             2-594-659         OIJ Sarapiquí
  14. Nills Rojas Jara                                      OIJ OSA
  15. Luis Camacho Brenes                 3-345-274         OIJ Turrialba
  16. Mileidy Montiel Velásquez           7-147-664         OIJ Guácimo
  17. Tony Acuña Paniagua                 1-913-412         Fraudes
  18. Roberto Cerdas Quirós               5-246-973         OIJ Santa Cruz
  19. Vicky Valverde Arguedas             1-737-194         OIJ Buenos Aires
  20. Mario A. Sánchez Alvarado           6-332-224         OIJ Cóbano.‖

                                    -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, modificar

el acuerdo tomado en la sesión N° 91-08 del 27 de noviembre de 2008,

artículo XXII, en el sentido de que se deja sin efecto el permiso otorgado a

los servidores Raymond Tosso Torres, Alexander Delgado Alvarado, Sonia

Sánchez Solano, Hazel Rodríguez Rodríguez, Greivin Vargas Pérez y

Jonnathan Gamboa Valladares, para que participen en el curso de Lesco

Nivel I, y en su lugar, se autoriza a los servidores Susan Mora Salazar,

Donald Arias Valverde, Gabriela González Jiménez, Mileidy Montiel

Velásquez, Tony Acuña Paniagua y Vicky Valverde Arguedas, en igualdad

de condiciones establecidas en la citada sesión.
      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y los

Departamentos de Investigaciones Criminales, Personal y Financiero

Contable, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo

firme.

                                ARTÍCULO XIX

      Mediante nota de 19 de enero último, recibida el 5 de febrero en

curso, la señora Cecilia Medina, Directora del Diploma de Postítulo en

Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica del Centro de Derechos

Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, expresó lo

siguiente:

               ―Nos complace informarle que hemos iniciado el proceso
         de difusión del Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y
         Mujeres: Teoría y Práctica, organizado por sexto año
         consecutivo por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la
         Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este programa
         de postítulo se realizará entre el 3 de agosto y el 18 de diciembre
         de 2009 y combinará la modalidad de enseñanza a distancia (en
         línea) con dos períodos de clases presénciales en Santiago de
         Chile.

               Este programa busca capacitar a 25 abogadas/os
         latinoamericanos tanto en la correcta aplicación interna del
         Derecho Internacional de los Derechos Humanos a temas
         relativos a los derechos humanos de las mujeres, como en el uso
         apropiado de los mecanismos de protección internacional de los
         derechos humanos. Además, se proporcionará a las y los
         participantes nociones básicas de teoría feminista para el cabal
         entendimiento de las dinámicas de la problemática de género en
         nuestra región y en el resto del mundo. El programa ofrece un
         número limitado de becas.

               Adjunto podrá encontrar información más detallada sobre
         el programa, la cual también se encuentra disponible en nuestra
         página web www.cdh.uchiie.cl.
              Agradeciendo desde ya su colaboración en la difusión de
        este programa de postítulo.‖
                                       -0-

      Por su parte, los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio

Quirós Álvarez y la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefes del

Departamento de Personal, Desarrollo Humano y Subproceso Gestión de

Capacitación, en oficio N° 048-CAP-2009 de 6 de este mes, manifestaron

lo siguiente:

              ―… nos permitimos informarle que mediante oficio Nº
        02-2009, suscrito por la Magistrada Zarella Villanueva Monge,
        Magistrada de la Sala Primera (sic), remite para su respectiva
        divulgación la convocatoria del siguiente Diploma de Postítulo:
        “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”.
               Este programa de Postítulo se realizará entre el 03 de
        agosto al 18 de diciembre de 2009 y combinará la modalidad de
        enseñanza a distancia (en línea), con dos períodos de clases
        presenciales, estos en Santiago de Chile, del 24 de agosto al 04
        de setiembre y del 14 al 18 de diciembre de 2009,
        respectivamente.
                Seguidamente se detallan los aspectos generales del taller:
                Objetivos:
               El Diploma de Postítulo tiene como principal objetivo
        capacitar a abogadas y abogados en el Derecho Internacional de
        los Derechos Humanos y en la adecuada defensa nacional e
        internacional de casos que tengan en su base la discriminación en
        razón del sexo. De esta manera se pretende contribuir a la plena
        vigencia de los derechos humanos de las mujeres a través de la
        creación y proyección de un espacio de formación y defensa
        jurídica en el marco del Derecho Internacional de los Derechos
        Humanos.
               Además, este programa busca generar un espacio de
        sistematización de jurisprudencia y experiencias de defensa de
        casos en materia de derechos humanos de las mujeres y sentar
        las bases para la creación de una comunidad jurídica regional
        para la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
                Costo:
                El programa tiene un costo de US $800 (o su equivalente
       en Pesos Chilenos), el cual incluye matrícula, materiales de
       estudio, uso de biblioteca y sala de computación.
              Los alumnos (as) que incurran con fondos propios
       deberán solventar además del arancel, 2 pasajes aéreos de ida y
       vuelta a Santiago de Chile, traslados desde y hacia el aeropuerto
       en Chile; gastos de estadía en Santiago (un total de 3 semanas) y
       seguro médico válido en Chile.
             Contenido temático:
                   Introducción:     Movimiento        de      Mujeres,
       discriminación. Teoría feminista, género y derecho internacional
       de los derechos humanos.
                   Perspectiva de género en el derecho y mecanismos
       de protección de los Derechos Humanos.
                   Principio de no discriminación: manifestaciones y
       aplicaciones Concretas.
                   Estudio de realidad nacional.
              Es necesario indicar que según los registros para el
       otorgamiento de permisos para becas del año 2009, se
       contemplan dos permisos con goce de salario para el Programa
       Derechos Humanos y Mujeres. (Acuerdo tomado por el Consejo
       Superior, en sesión de trabajo de presupuesto 2009, acta Nº 10,
       celebrada el 23 de abril de 2008, artículo VI)
              Por considerar este Departamento que la actividad es
       atinente a nuestra institución, es necesario que se autorice la
       divulgación correspondiente, así como designar los beneficios y
       condiciones en que se avalará la participación.‖
                                     -0-

      Se dispuso: Tomar nota de las comunicaciones anteriores y

trasladarlas al Consejo de Personal, a fin de que a la brevedad realice el

concurso respectivo, en el entendido de que este Consejo otorgará a dos

servidores judiciales, permiso con goce de salario y sustitución, en los

casos en que resulte indispensable, además los interesados deberán cubrir el

costo del boleto aéreo para asistir a la mencionada capacitación. Se declara

acuerdo firme.
                              ARTÍCULO XX

      El señor Víctor Molina Zamora, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado

Especializado de Cobros del Segundo Circuito Judicial de San José, con el

visto bueno de la licenciada Gabriela Campos Ruíz, Jueza Coordinadora de

ese despacho, en nota de 15 de enero último, recibida el 6 de febrero en

curso, presentó la siguiente solicitud:

            ―… solicitar de la manera más atenta, interpongan sus
       buenos oficios, con el fin de que me autoricen salir los días
       viernes a las tres de la tarde por motivo de estudio, durante el
       primer cuatrimestre de este año, lo anterior por motivos internos
       en la Universidad donde el curso lo dan solo a esa hora, por el
       profesional que lo imparte, no sin antes indicar que me
       comprometo a salir una hora mas tarde los días martes, miércoles
       y jueves, para reponer la hora solicitada, además de que cuento
       con el aval de la Licenciada Gabriela Campos Ruíz Jueza
       Coordinadora del Juzgado Civil de Hacienda del Segundo
       Circuito judicial de San José.‖

                                     -0-

      Según el informe de matrícula y guía de horarios adjunto, emitidos

por la Universidad Central, el interesado cursará el VIII cuatrimestre de la

carrera de derecho; y el curso ―Derecho Contractual II‖, sólo se impartirá

los viernes de las 15:15 a las 18:15 horas.

      Por mayoría, se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar al

servidor Víctor Molina Zamora, para que se ausente del despacho los

viernes de cada semana, a partir de las 15:00 horas durante el primer

cuatrimestre de este año, a fin de que asista a lecciones en la Universidad

Central. Es entendido que deberá reponer el tiempo que ocupe en dicha
labor en la forma propuesta, a fin de mantener el trabajo al día y sin que se

afecte sustancialmente el servicio público a su cargo. A esos efectos deberá

coordinar lo pertinente con la jefatura.

      Asimismo, el servidor deberá comprobar ante el Departamento de

Personal el resultado final que obtenga del mencionado curso.

      Debe entenderse, además, que el consentimiento de la jefatura

respectiva se da, porque esa oficina cuenta con personal suficiente para

hacerle frente a la ausencia temporal del citado servidor y no requiere de

recurso humano adicional.

      El señor Presidente Magistrado Mora, vota por denegar la solicitud

anterior, en virtud de lo dispuesto por este Consejo en sesión Nº 63-05

celebrada el 16 de agosto del 2005, artículo XXVII, que dispuso informar a

los servidores y funcionarios judiciales, que a partir de ese año, sólo en

casos excepcionales, se concederían permisos para estudios universitarios,

en aquellas carreras que resulten de interés para el Poder Judicial, por lo

que los interesados deberán tomar las previsiones del caso para matricular

cualquier curso después de las 16:30 horas.

      El Tribunal de la Inspección Judicial, el Juzgado de Cobro del

Segundo Circuito Judicial de San José y el Departamento de Personal,

tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXI

      El máster Guillermo Thiele Mora, Biólogo del Departamento de
Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación

Judicial, con el visto bueno del máster Marvin Salas Zúñiga, Jefe del citado

departamento, en oficio N° 004-GTM-2009 de 4 de febrero en curso,

expuso lo siguiente:

              ―Por medio de la presente les solicito de la manera más
       respetuosa se sirvan concederme su autorización para impartir
       lecciones en la Universidad Latina los días domingo de 8:00 a.m.
       a 9:00 a.m. (tutoría) y en la Universidad para la Cooperación
       Internacional los días miércoles de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

             La solicitud se plantea para un total de 3.0 horas
       semanales, en horario no laboral, a partir del próximo 12 de
       marzo. Conviene indicar que el curso de la Universidad Latina,
       es una tutoría que se imparte quincenalmente, por lo que se
       contabiliza como 0.5 horas semanales y se ubica en horario de
       domingo para evitar choques con otras materias.

              Se tiene presente que en caso necesario, se interrumpirán
       las lecciones para atender situaciones de emergencia o bien otros
       compromisos laborales.‖
                                     -0-

     Asimismo, en oficio N° 006-GTM-2009 de 6 de este mes, el máster

Thiele Mora, aclaró la gestión anterior, en los siguientes términos:

              ―En la Universidad para la Cooperación Internacional
       UCI, el curso a impartir es el de Biología de la Conservación,
       que tiene una duración de 5 semanas, tiene un horario los días
       miércoles de 6:00 a 8:30 p.m. (por lo que se contabiliza como
       2.5 horas semanales), se imparte en gran porcentaje por la
       modalidad de clases virtuales, e inicia el 12 de marzo.

              En la Universidad Latina de Costa Rica, el curso de
       Investigación de Problemas Especiales en Ecología, el cual se
       imparte por la modalidad de tutoría, tiene un horario de 8:00 a
       9:00 a.m. los días domingo (para evitar choques con las otras
       materias que cursan los estudiantes), se imparte una hora
       quincenal (por lo que se contabiliza como 0.5 horas semanales) y
       tiene como fin el desarrollo de una tesina, ya que esta materia
       corresponde al grado académico de Bachillerato de la Carrera de
       Ciencias Biológicas con énfasis en Ecología y Desarrollo
       Sostenible, y se desarrolla a lo largo del cuatrimestre I-2009.

              Se tiene presente que en caso necesario, se interrumpirán
       las lecciones para atender situaciones de emergencia o bien otros
       compromisos laborales.‖

                                     -0-

      La Sala Constitucional, mediante resolución N° 2009-001660 de las

11:51 horas del 6 febrero en curso, anuló los acuerdos tomados por este

Consejo y el de la Judicatura, en cuanto a la exigencia impuesta a los

funcionarios judiciales de solicitar autorización para impartir lecciones

fuera de la jornada ordinaria y también restringir el tiempo que ha

establecido para ello.

      De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional N° 2009-

001660 de las 11:51 horas del 6 febrero del año en curso, se acordó:

Tomar nota de que el máster Guillermo Thiele Mora impartirá lecciones en

los citados centros de estudios superiores, los días y las horas indicadas.

      Los Departamentos de Personal y Laboratorios de Ciencias Forenses

del Organismo de Investigación Judicial, tomarán nota para los fines

consiguientes.

                             ARTÍCULO XXII

      En sesión N° 17-08 celebrada el 4 de marzo del 2008, artículo XIII,

de conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se concedió permiso sin goce de salario al licenciado Guillermo

Morales Cárdenas, Auxiliar de Servicios Generales del Departamento de
Seguridad, del 17 de marzo al 16 de setiembre de ese año, para que

laborara como Asesor Legal en la Dirección Nacional de Resolución

Alterna de Conflictos (DINARAC) del Ministerio de Justicia y Gracia.

     Posteriormente, en sesión N° 66-08 efectuada el 3 de setiembre de

2008, artículo IX, de conformidad con la normativa citada, se prorrogó el

permiso sin goce de salario al licenciado Morales Cárdenas, del 17 de

setiembre de 2008 y hasta el 16 de marzo de 2009, para que continuara

laborando como Asesor Legal en la Dirección Nacional de Resolución

Alterna de Conflictos (DINARAC) del Ministerio de Justicia y Gracia.

      En nota de 5 de febrero en curso, el licenciado Guillermo Morales

Cárdenas, en su expresado carácter, con el visto bueno del licenciado

German Rojas Monge, Jefe del Departamento de Seguridad, solicitó lo

siguiente:

             ―… desde el 16 de setiembre del dos mil siete cuento con
       permiso sin goce de salario, mismo que vence el 16 de marzo del
       dos mil nueve, según resolución N° 7647-08, firmado por la
       señora Catalina Conejo Valverde, a.i. Prosecretaria General.

              Que desde la fecha de mi primer permiso sin goce de
       salario, he estado nombrado de forma interina, en el Ministerio
       de Justicia, en la plaza vacante N° 088623, categoría Profesional
       de Servicio Civil 1, grupo B, en el puesto Asesor Legal, de la
       Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.

              En razón de que el próximo 16 de marzo del año en curso,
       se me vence dicho permiso, les solicito se me conceda permiso
       sin goce de salario del 17 de marzo del 2009 al 16 de setiembre
       del 2009.

              No omito manifestar que dicho permiso desde el inicio de
       la gestión ha contado con el visto bueno del licenciado German
       Rojas Monge, Jefe inmediato del suscrito y del Departamento de
       Seguridad.

             Notificaciones: Fax 2233-09-05,

              De la esquina sureste de la Corte Suprema de Justicia I
       Circuito Judicial, 350 metros sur, despacho de la Viceministra de
       Justicia.‖
                                     -0-

      Asimismo, la licenciada María José Alonso Vega, Directora

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del citado Ministerio, en

nota de 5 de febrero en curso, hace constar que el licenciado Guillermo

Morales Cárdenas, está nombrado interinamente en la plaza vacante N°

088623, categoría Profesional de Servicio Civil 1, grupo B, en el puesto

Asesor Legal de esa Dirección, desde el 16 de setiembre del 2007 y hasta

que se dé el nombramiento definitivo en dicho puesto vacante.

      De conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se acordó: Acoger la solicitud anterior y prorrogar el

permiso sin goce de salario al licenciado Guillermo Morales Cárdenas, del

17 de marzo y hasta el 16 de setiembre del año en curso, para que continúe

laborando como Asesor Legal en la Dirección Nacional de Resolución

Alterna de Conflictos (DINARAC) del Ministerio de Justicia y Gracia.

      Los Departamentos de Personal y de Seguridad, tomarán nota para

los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXIII

      La licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscala Adjunta de la Fiscalía
General de la República, en oficio Nº FGR-151-2009 de 9 de febrero en

curso, manifestó:

              ―... con el fin de solicitar el permiso con goce de salario y
       sustitución en los casos que se indican, para la participación de
       los funcionarios (as) como docentes en el curso de Inducción
       para Fiscales y Fiscalas que organiza la Unidad de Capacitación
       y Supervisión del Ministerio Público.

NOMBRE          DESPACH             CURSO          LUGAR          SUSTITUCIÒ
DOCENT          O                                  ,              N
E                                                  FECHA

Licda. Olga Secretaría             Ética     y San José, 6 No
Ovares      Técnica      de        Valores     y 13 de
Araya       Ética y Valores                    marzo de
                                               2009
Licda.        Secretaría           Género      y San José, No
Jeannette     Técnica        de    Accesibilida 31         de
Arias Meza    Género               d             marzo, 26
                                                 junio, 29 de
                                                 julio,    25
                                                 noviembre
                                                 de 2009
Lic. Omar     Tribunal      I      Negociación   San José, Sí
White         Penal de San                       del 13 al 17
Ward      y   José, Tribunal                     de abril del
MSc.          de       Juicio                    2009
Marvin        Cartago
Arce
Portuguez
MSc. Sofía Oficina    de           Actualizació San José, No
Wilson     Atención a la           n en materia 19 de mayo
Morales,   Víctima   del           Penal Juvenil y 7 de julio
           Delito                                de 2009
Dra. Mayra Fiscalía        Penal   Actualizació San José, No
Campos     Juvenil                 n en materia 19-20     de
Zúñiga                             Penal Juvenil mayo y 7-8
                                                 de julio de
                                                 2009
Lic. Edgar Fiscalía        Penal   Actualizació San José, No
Barquero                           n en materia 20 de mayo
Ramírez      Juvenil           Penal Juvenil y 8 de julio
                                             2009
Dr. Omar Tribunal    de        Actualizació San José, Sí
Vargas   Casación Penal        n en materia 20 de mayo
Rojas                          Penal Juvenil y 9 de julio
                                             2009
Lic. Omar Fiscalía             Actualizació San José, No
Jiménez   Ejecución            n en materia 22 mayo y
Madrigal  Penal Juvenil        Penal Juvenil 10 de julio
                                             de 2009
Licda.       Juez       de     Actualizació San José, No
Priscila     Ejecución de      n en materia 22 mayo y
Madrigal     las Sanciones     Penal Juvenil 10 de julio
González     Penales                         de 2009
             Juveniles
Lic. Carlos Comisión    de     Sobre la Ley San José, No.‖
Montenegr Control Interno      de Control 8-15-22-29
o Zúñiga,                      Interno
Lic. Juan
Carlos
Sebiani
Serrano,
Licda.
Indira
Alfaro


                                     -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Autorizar la participación como docentes al "Curso de Inducción para

Fiscales y Fiscalas", a los servidores de la lista transcrita, con sustitución

únicamente para el licenciado Omar White Ward, máster Marvin Arce

Portugués y doctor Omar Vargas Rojas, durante las fechas mencionadas.

2.) Indicar a los docentes, que la inasistencia al curso de referencia, deberá

justificarse directamente ante los organizadores y no ante este Consejo. 3.)

Es entendido que conforme lo dispuso este Consejo en la sesión N° 03-08,
celebrada el 15 de enero del 2008, artículo LXXII, publicado en la circular

N° 20-08 del 12 de febrero de este año, no podrán asistir a la actividad

aquellos servidores que aún y cuando hayan sido convocados, si el sustituto

no ha asumido el puesto, o en el caso que no pueda ser posible su

sustitución.

      El Despacho del Presidente y el Departamento de Personal, tomarán

nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO XXIV

      En sesión N° 02-09 del 8 de enero de este año, artículo XI, se

comunicó al licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Juez del

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, que este Consejo

no tenía objeción para que impartiera lecciones de Filosofía del Derecho I

en la Universidad de Costa Rica, los lunes y jueves de las 17:00 a las 20:50

horas de febrero y hasta marzo próximo, en el entendido de que el tiempo

utilizado para labores de docencia en centros de estudios superiores no

excediera de 10 horas por semana, 5 horas efectivas de lección y 5 para

preparar las lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas, por

lo que se le solicitó a don Gustavo, que informara a este Consejo la forma

en que cumpliría con ese requerimiento, pues su solicitud se refería a un

mayor número de horas.

      En sesión N° 05-09 celebrada el 20 de enero último, artículo LII, se

tomó el acuerdo que en lo conducente dice:
      ―[…]

       En atención a lo anterior, el licenciado Jiménez Madrigal,
en su expresado carácter, en correo electrónico recibido el 19 de
enero en curso, expresó:

      ―Con relación al permiso para impartir lecciones otorgado
por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión 02-09, y
comunicada al suscrito vía correo electrónico mediante oficio
164-09 fechado en San José a 09 de enero de 2009, me permito
dar respuesta a los puntos planteados al suscrito, de previo a lo
cual agradezco el permiso concedido:

      1.En primer lugar conviene dejar claro que siempre he
antepuesto mis labores jurisdiccionales a cualquier otra
actividad, la que en algunas ocasiones he sacrificado para
proseguir con mis tareas jurisdiccionales muchas veces más allá
de la jornada oficial que concluye a las 16:30 horas;

      2. Respecto al número de horas por semana, para las
tareas de revisión y calificación de exámenes, así como la
preparación de mis clases, siempre he utilizado los fines de
semana (sábados y domingos), por lo que no se ve
comprometido en forma alguna el tiempo que debo dedicar a mis
labores jurisdiccionales;

     3. En cuanto al horario establecido por la Facultad de
Derecho para impartir en horario de verano el curso de Filosofía
del Derecho 1, éste fue establecido por la Universidad de Costa
Rica, por lo que no podría ser variado por el suscrito sin
perjuicio de los y las estudiantes. En todo caso, y como acabo de
mencionar, mis tareas jurisdiccionales siempre tendrán
preeminencia por sobre cualquier otra función, lo que podrá ser
objeto de supervisión por parte del Sr. Juez Coordinador Marcos
Mairena Navarro.

     Dejo así contestada la consultada planteada por ese órgano
colegiado. Quedo de Vdes. para cualquier aclaración ó duda.‖

                              -0-
        Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior y
reiterar al licenciado Gustavo Jiménez Madrigal, que debe
informar a este Consejo la forma en que ajustará su horario
lectivo al número de horas que se indicó en el acuerdo en que se
le autorizó a dar lecciones bajo apercibimiento de que de no
hacerlo los hechos serán puestos en conocimiento de la
       Inspección Judicial para lo correspondiente.”
                                     -0-

      La Sala Constitucional, mediante resolución N° 2009-001660 de las

11:51 horas del 6 febrero en curso, anuló los acuerdos tomados por este

Consejo y el de la Judicatura, en cuanto a la exigencia impuesta a los

funcionarios judiciales, de solicitar autorización para impartir lecciones

fuera de la jornada ordinaria y también restringir el tiempo que ha

establecido para ello.

      El licenciado Jiménez Madrigal, en su expresado carácter, en correo

electrónico de 6 de febrero en curso, informó lo siguiente:

              ―Con relación a la prevención que me hace el honorable
       Consejo Superior del Poder Judicial en el oficio 1043-09, por
       este medio señalo que las 5 horas por semana que se pueden
       dedicar a impartir directamente las lecciones, adaptaré mi
       horario a ese límite, de manera que las lecciones a impartir los
       días Lunes y Jueves de cada semana las lecciones iniciarán a las
       5 p.m. y concluirán a las 7.30 p.m., para un total por semana de 5
       horas.‖

                                     -0-

      De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional N° 2009-

001660 de las 11:51 horas del 6 febrero del año en curso, se acordó:

Tomar nota de que el licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal

impartirá lecciones en el citado centro de estudios superiores, los días y las

horas indicadas.

      El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José y el

Departamento de Personal, tomarán nota de lo resuelto para los fines
consiguientes.

                              ARTÍCULO XXV

      El licenciado Francisco Dall´Anese Ruiz, Fiscal General de la

República, en oficio N° FGR 0167-2009 de 9 de febrero en curso, expuso

lo siguiente:

               ―Hace muchos meses gestioné, en mi condición de Fiscal
        General de la República, ayuda de la Fiscalía General de
        Colombia para formar agentes de protección de personas. Tanto
        el Fiscal General de Colombia Mario Iguarán, como el Jefe de la
        Oficina de Protección y Asistencia del Ministerio Público
        colombiano, señor José Gilberto Martínez Guzmán, gentilmente
        nos han girado invitaciones de las que ya se han beneficiado los
        oficiales del OIJ Rodrigo Castro y Hugo Monge, quienes
        estuvieron asignados a mi escolta.

               Se ha recibido una nueva invitación a uno de mis actuales
        escoltas, esta vez para el oficial del OIJ Carlos Fabián Sandoval
        Durán, para participar en el ―Programa especial en técnicas
        operativas de protección‖, a realizarse en Bogotá del 2 al 20 de
        marzo de 2.009.

                El entrenamiento será financiado por el Departamento de
        Justicia de los Estados Unidos de América, y está organizado por
        el Servicio de Marshals. Los gastos correspondientes a tiquetes
        aéreos, alojamiento y alimentación serán cubiertos por la
        Embajada de los Estados Unidos de América en Bogotá.

              Según fuimos informados, debo confirmar la asistencia
        del señor Sandoval Durán a la brevedad, por lo que he
        conversado con el Director General del OIJ licenciado Jorge
        Rojas Vargas, y me ha autorizado a acudir directamente al
        Consejo para solicitar la licencia con goce de salario del señor
        Sandoval Durán, para participar en el entrenamiento de marras.

               Ruego, en consecuencia, conceder licencia al oficial del
        OIJ Carlos Fabián Sandoval Durán, para participar en dicha
        actividad.‖

                                      -0-
      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Conceder permiso con goce de salario del 2 al 20 de marzo del año en

curso, al servidor Carlos Fabián Sandoval Durán, a fin de que participe en

el ―Programa especial en técnicas operativas de protección‖, a realizarse en

Bogotá, Colombia. Lo anterior, en el entendido que lo correspondiente a

tiquetes aéreos, alojamiento y alimentación serán cubiertos por la

Embajada de los Estados Unidos de América, en Bogotá. 2.) En virtud de la

importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá don Carlos,

coordinar lo necesario con la jefatura, a fin de transmitir los conocimientos

adquiridos a los demás servidores, ya que podrían ser de gran utilidad en

las labores que realizan.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el

Ministerio Público y el Departamento de Personal tomarán nota para los

fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXVI

      La licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscal Adjunta de la Fiscalía

General de la República, en oficio Nº FGR-140-2009 de 6 de febrero en

curso, manifestó lo siguiente:

            ―… con el propósito de solicitar se apruebe el permiso con
       goce de salario y sustitución para el Licenciado Ramón Zamora
       Montes, Juez del Juzgado de Violencia Doméstica del II Circuito
       Judicial, a fin de que participe como docente en los Talleres
       sobre la Ley de Penalización en Violencia Doméstica, que
       tendrán lugar los días 9 de marzo en Limón, 20 de agosto en
       Puntarenas y 28 de setiembre en San José, con un horario de
       8:00 a 4:30, organizados por la Unidad de Capacitación y
       Supervisión del Ministerio Público.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud anterior, en

consecuencia: 1.) Autorizar la participación del licenciado Ramón Zamora

Montes, en calidad de docente en los talleres sobre la Ley de Penalización

en Violencia Doméstica, a efectuarse el 9 de marzo, 20 de agosto y 28 de

setiembre del año en curso en los lugares indicados, de las 8:00 a las 16:30

horas. 2.) Denegar la sustitución del licenciado Zamora Montes, en razón

de que este Consejo en sesión N° 05-09 del 20 de enero en curso, artículo

LX, aprobó una política restrictiva en materia de sustituciones, permisos

con goce de salario y otros rubros que afectan la partida de salarios, en

razón de la economía que debe hacerse debido al aumento salarial otorgado

por la Corte Plena en sesión N° 02-09 celebrada el 12 de enero último,

artículo III, por lo que a futuro deberán ajustarse a lo establecido en el Plan

de Vacaciones.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXVII

      A continuación se somete a consideración de este Consejo, las

solicitudes de permisos para impartir lecciones en centros de estudios

universitarios de los siguientes servidores judiciales:
   NOMBRE        PUESTO Y    N° DE           CENTRO DE         MATERIAS HORARIO Y
                OFICINA EN OFICIO Y           ESTUDIOS        A IMPARTIR   CICLO
                    QUE     FECHA            SUPERIORES                   LECTIVO
                  LABORA    EN QUE                                         EN QUE
                              SE                                         IMPARTIRÁ
                           SOLICITA                                      LECCIONES
                              EL
                           PERMISO
1 Licenciado   Juez         del 2 de febrero Universidad   del Derecho        K: de las
  Francisco    Tribunal         del 2009     Valle             Administrativo 18:00 a las
  Javier       Contencioso                                     I              21:00 horas
  Muñoz        Administrativo
  Chacón       del Segundo
               Circuito
               Judicial de San                                               Durante el I
               José                                                          Cuatrimestre
                                                                             del 2009 y por
                                                                             el resto el año

2 Licenciado Juez         del 5 de febrero Universidad      Sucesiones       K: de      las
  Johnny Mora Juzgado Civil del 2009       Latina de Costa                   17:00 a las
  Hamblin     del      Primer              Rica, sede Limón                  19:30 horas.
              Circuito
              Judicial    del
              Primer
              Circuito                                                       A partir de
              Judicial de la                                                 enero y hasta
              Zona Atlántica                                                 abril del 2009


           L= lunes, K= martes, M= miércoles, J= jueves, V= viernes, S= sábados


           La Sala Constitucional, mediante resolución N° 2009-001660 de las

    11:51 horas del 6 febrero en curso, anuló los acuerdos tomados por este

    Consejo y el de la Judicatura, en cuanto a la exigencia impuesta a los

    funcionarios judiciales de solicitar autorización para impartir lecciones

    fuera de la jornada ordinaria y también restringir el tiempo que ha

    establecido para ello.

           De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional N° 2009-
001660 de las 11:51 horas del 6 febrero del año en curso, se acordó:

Tomar nota de que los licenciados Francisco Javier Muñoz Chacón y

Johnny Mora Hamblin, impartirán lecciones en los citados centros de

estudios superiores, los días y las horas indicadas.

      El Juez Coordinador del Tribunal Contencioso Administrativo del

Segundo Circuito Judicial de San José, deberá corroborar que el permiso

otorgado no dificulte la realización de audiencias orales y que la sección de

la que forma parte don Francisco Javier, se reúna para conocer de los

asuntos que le corresponde resolver, circunstancia que de presentarse

deberán procurar buscarle solución e informar a este Consejo.

      El Departamento de Personal y los despachos interesados, tomarán

nota para los fines consiguientes.

                           ARTÍCULO XXVIII

     En sesión N° 06-09 celebrada el 22 de enero último, artículo XXI, se

concedió permiso con goce de salario, al doctor Jorge Alberto López

González, Juez del Tribunal de Cartago, del 9 al 13 de febrero en curso, a

fin de que impartiera la capacitación denominada ―El Proceso de

Resarcimiento en Sede Penal‖, a realizarse en Nicaragua. Lo anterior, en el

entendido que los organizadores del evento cubrirían los gastos por

concepto de alimentación, hospedaje y transporte.

      El doctor Jorge Alberto López González, en su citada condición, en

nota de 5 de febrero en curso, expresó lo siguiente:
              ―Debo externar mi agradecimiento a dicho Consejo y al
       Doctor Carlos Padilla Narváez Presidente de la Asociación de
       Jueces y Magistrados de Nicaragua. Al Consejo por su
       disposición a colaborar con esa actividad de capacitación y al
       Doctor Padilla Narváez por su formal invitación.

              Muy a mi pesar, me permito comunicar que en las fechas
       en que se me concede el permiso no me será posible cumplir con
       esa honrosa invitación. Como es de ustedes conocido, en este
       momento me encuentro colaborando con la Maestría en
       Administración de Justicia de este mismo Poder Judicial. A
       finales del año pasado me vi obligado a suspender clases de la
       maestría para asistir al Congreso de Derecho Procesal en
       Nicaragua y no quisiera hacerlo nuevamente, en perjuicio de la
       calidad de esa maestría y de sus alumnos.

              Tengo entendido, aunque no se me ha comunicado
       oficialmente, que entre los organizadores existe la idea de que la
       actividad de capacitación se traslade para la semana del 9 al 13
       de marzo. Para esa fecha, salvo que Dios diga otra cosa yo no
       tendría inconveniente en colaborar, si es que los señores de
       Nicaragua no dicen otra cosa.

              Por lo anterior solicito, muy respetuosamente: 1) Se
       mantenga el permiso, sujeto a una formal comunicación mía y de
       los organizadores acerca de la fecha en que se dará la
       capacitación. 2) Aclarar el punto 2) del acuerdo. En él se dice:
       ―2.) Es entendido que los organizadores del evento cubrirán los
       gastos por concepto de alimentación, hospedaje y transporte.‖
       Los organizadores solo ofrecieron el transporte dentro de
       Nicaragua. Me parece necesario que se diga claramente si el
       Transporte Costa Rica-Managua y Managua- Costa Rica,
       deberán cubrirlo los organizadores. De eso podría depender el
       interés de los señores de Nicaragua en mis servicios.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Modificar el acuerdo tomado en la sesión N° 06-09 celebrada el 22 de

enero último, artículo XXI, en cuanto a que el permiso otorgado al doctor

Jorge Alberto López González, para que imparta la capacitación

denominada ―El Proceso de Resarcimiento en Sede Penal‖, lo es del 9 al 13
de marzo próximo. 2.) Aclarar a don Jorge que lo concerniente al transporte

Costa Rica-Managua, Nicaragua y viceversa, también corresponde

sufragarlo a los organizadores del evento, toda vez que no está

presupuestado este tipo de gastos.

       El Tribunal de Cartago, el Despacho del Presidente y el

Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                            ARTICULO XXIX

      La doctora Gioconda Batres Méndez, Directora del Programa

Regional de Capacitación contra la Violencia de Género y Trauma del

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del

Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en nota de 5 de febrero

en curso, manifestó lo siguiente:

               ―… me dirijo a ustedes para hacer del estimable
       conocimiento de ese honorable Consejo Superior, que el
       Programa Regional del ILANUD ha sido invitado por el Centro
       de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, México,
       para participar en un Foro sobre la violencia contra las mujeres
       desde el marco de los nuevos sistemas de justicia penal en
       América Latina y los derechos de las mujeres, específicamente,
       por estar estrenando México un nuevo sistema de justicia penal
       desde el 2007 que incluye una nueva modalidad de juicios
       orales.

              En virtud de lo anterior y conocedora de la experiencia de
       la Licda. Floribeth Rodríguez en diversas actividades de
       capacitación del Programa Regional, desde su perspectiva como
       Fiscal de la República en la Unidad Especializada en Delitos
       Sexuales y Violencia Doméstica; como Fiscal de Juicio y
       Coordinadora de las Unidades de Delitos Sexuales y Violencia
       Doméstica, en la Unidad de Penalización de la Violencia contra
       las Mujeres y en la Unidad de Delitos contra la Propiedad, es que
       el Programa Regional ha considerado para representarlo a la
       Licda. Floribeth Rodríguez, y por ello, me permito solicitarles,
       muy respetuosamente, otorgar el permiso con goce de salario
       para que pueda participar en el Foro en la ciudad de Chihuahua,
       México del 19 al 27 de febrero del año en curso.

               Estoy segura de que esta representación es un valioso
       aporte para los sistemas de justicia penal de Costa Rica y
       México, así como una oportunidad de promocionar la aplicación
       de la ley desde la experiencia judicial costarricense.‖

                                     -0-

      La Secretaría General de la Corte, con oficio Nº 1167-09 de 9 de este

mes, remitió la anterior gestión al licenciado Francisco Dall´Anese Ruiz,

Fiscal General de la República, con el fin de que emitiera criterio respecto

al permiso solicitado para la licenciada Floribeth Rodríguez Picado.

      En atención a lo anterior, mediante correo electrónico de 12 de los

corrientes, la servidora Nohemy Acuña Segura, Asistente Judicial 2 de la

Fiscalía General de la República, expuso lo siguiente:

               ―Con instrucciones del señor Fiscal General y con base en
       el informe rendido por la Fiscala Adjunta del Primer Circuito
       Judicial de Alajuela licenciada Annia Enríquez Chavarría, con
       respecto a la solicitud de permiso planteada ante ese Consejo
       por la licenciada Floribeth Rodríguez, para participar en el ―Foro
       sobre la Violencia contra las Mujeres desde el marco de los
       nuevos sistemas judiciales penal en América Latina y los
       derechos de las Mujeres‖, le informo que cuenta con el visto
       bueno de la Jefatura para asistir a dicho evento.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a la licenciada

Floribeth Rodríguez Picado, del 19 al 27 de febrero en curso, a fin de que
participe en el ―Foro sobre la violencia contra las mujeres desde el marco

de los nuevos sistemas de justicia penal en América Latina y los derechos

de las mujeres‖, a realizarse en Chihuahua, México. 2.) En virtud de la

importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá doña

Floribeth coordinar lo necesario, a fin de transmitir los conocimientos

adquiridos a los demás compañeros del despacho, ya que podrían ser de

gran utilidad en las labores que realizan.

      El Departamento de Personal y el Ministerio Público tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTICULO XXX

      La máster Kattia Campos Zúñiga, Jefa de la Unidad de Capacitación

del Organismo de Investigación Judicial, con el visto bueno del máster

Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° EJ-

CAP-012-2009 de 13 de febrero en curso, expuso lo siguiente:

              ―La Organización Internacional para las Migraciones
       estará desarrollando un curso en línea para la formación del
       recurso humano en la atención y prevención de la trata de
       personas. Para el diseño de este curso en línea, se va a desarrollar
       un proceso participativo en el cual un grupo seleccionado de
       personas serán capacitadas y entrenadas en el manejo de las
       herramientas informáticas y de tecnología virtual, así como en el
       tema propio de la trata de personas.

             El curso a desarrollar se llama: Curso en Línea sobre trata
       de Personas, tendrá una duración aproximada de 5 meses e
       implica una inversión de tiempo de 4 horas semanales, iniciando
       el jueves 19 de Febrero, de 8 a.m. a 12 p.m.. Adjunto se
       encuentran especificados los objetivos generales del curso.

              Para esta invitación les solicitamos muy respetuosamente
       su aprobación para que la Licenciada Sonia Méndez González,
       […] de la Unidad de Capacitación del O.I.J., Escuela Judicial,
       asista a dicho curso.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Autorizar a la licenciada Sonia Méndez González, Profesional en Métodos

de Enseñanza, para que participe en el ―Curso en Línea sobre trata de

personas‖, durante el período y horas indicadas. 2.) En virtud de la

importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá doña Sonia

coordinar lo necesario con la jefatura inmediata, a fin de transmitir los

conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podrían ser de

gran utilidad en las labores que realizan.

      El Departamento de Personal, la Unidad de Capacitación del

Organismo de Investigación Judicial y la Escuela Judicial, tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                            ARTÍCULO XXXI

      La doctora Ana Isabel Tristán Sánchez, Profesional en Métodos de

Enseñanza de la Escuela Judicial, en correo electrónico de 4 de diciembre

de 2008, solicitó al Departamento de Personal, realizara los cálculos

correspondientes de su jubilación, a partir del 16 de febrero en curso,

únicamente para fijar derecho.

      En oficio N° 0091-UJP-2009 de 6 de este mes, el máster Francisco
Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, la licenciada Olga

Guerrero Córdoba, Jefa interina de la Sección de Administración de

Personal y el licenciado Randall Castillo Hernández, Profesional 1 de la

Unidad de Jubilaciones y Pensiones, indicaron lo siguiente:

         Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por la
“ASUNTO: señora Tristan Sánchez Ana Isabel, cédula 01-0513-0593, a partir del
         16 de febrero del 2009.
Al 15 de febrero del 2009, la señora Tristan Sánchez habrá laborado para el Poder
Judicial, 13 años, 5 días. Cabe mencionar que reconoció tiempo laborado para el
Estado para efectos de jubilación, a saber: 16 años, 2 meses
TOTAL TIEMPO SERVIDO:              29 años, 2 meses, 5 días.
EDAD:       55 años, 2 meses.
ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:                       Profesional   en     Métodos   de
                                                Enseñanza, Escuela Judicial.
ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                  ¢1.683.970,40
SALARIO PROMEDIO:                ¢1.448.483,68
MONTO      DE ¢1.408.918,92 (97,27% del salario promedio de los veinticuatro
JUBILACIÓN:   mejores salarios ordinarios)
NORMA LEGAL: ―Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de la Ley
             Orgánica Actual, así como lo dispuesto por el Consejo Superior
             en sesión celebrada el 28/02/2006.‖
MONTO      DE Salario promedio * Tiempo Laborado= Monto de Jubilación
JUBILACIÓN:              30 años.‖

                                     -0-

      Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación de la doctora Ana

Isabel Tristán Sánchez y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha

a partir de la cual se acogerá a ese derecho.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

Se declara acuerdo firme.
                            ARTÍCULO XXXII

      En nota de 30 de enero último, el señor José Isidro Avendaño

Bolaños, Auxiliar de Servicios Generales 4 de la Sección de Transportes de

Magistrados, solicitó al Departamento de Personal, el trámite de su

jubilación a partir del 16 de febrero en curso.

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, la licenciada Olga Guerrero

Córdoba y el licenciado Randall Castillo Hernández, por su orden, Jefe del

Departamento de Personal, Jefa interina de Administración de Personal y

Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, en oficio N° 0094-

UJP-2009 de 10 de febrero en curso, manifestaron lo siguiente:

 “ASUNTO: Solicitud de jubilación presentada por el señor José Isidro
          Avendaño Bolaños, cédula número 04-0083-0362, a partir del 16
          de febrero de 2009. […].

 Al 15 de febrero del 2009, el señor Avendaño Bolaños habrá laborado para el
 Poder Judicial 19 años, 3 meses y 13 días.

 TOTAL                TIEMPO 19 años, 3 meses y 13 días.
 SERVIDO:

 EDAD:      66 años, 9 meses, 11 días

 ÚLTIMO                      CARGO Auxiliar de Servicios Generales 4,
 DESEMPEÑADO:                      Sección de Transportes.

 ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                ¢547.017,99

 SALARIO                   ¢460.758,29
 PROMEDIO:

 MONTO                    DE ¢296.207,85 (64,29% del salario promedio de
 JUBILACIÓN:                 los veinticuatro mejores salarios)

 NORMA LEGAL: “Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto en
              la Actual Ley Orgánica, así como lo dispuesto por el
                    Consejo Superior en sesión celebrada el 28 de febrero
                    del 2006”.


 FÓRMULA                    Salario promedio * tiempo laborado = Monto
 APLICADA:                  de Jubilación
                                      30 años.”


                                    -0-

      Se dispuso: 1.) Aprobar la jubilación del señor José Isidro Avendaño

Bolaños, cuya asignación mensual será de ¢296.207,85 (doscientos noventa

y seis mil doscientos siete colones con ochenta y cinco céntimos), a partir

del 16 de febrero en curso. 2.) Agradecer a don José Isidro los servicios

prestados al Poder Judicial y de conformidad con los artículos 1° y 3° del

Reglamento    respectivo,    otorgarle    un   pergamino   de   Mérito    y

Reconocimiento, que se le entregará oportunamente.

      Los Departamentos de Personal, Financiero Contable y la Oficina de

Protocolo y Relaciones Públicas, tomarán nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXXIII

      Por haberse aprobado el informe de la jubilación del señor José

Isidro Avendaño Bolaños, a partir del 16 de febrero en curso, según consta

en el artículo que antecede y con base en los informes elaborados por el

Departamento de Personal números 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100 y

0101-UJP-AP-2009 de 10 de febrero en curso, se dispone el pago a su
favor de ¢2.756.637,58 (dos millones setecientos cincuenta y seis mil

seiscientos treinta y siete colones con cincuenta y ocho céntimos) por

auxilio de cesantía; ¢49.536,00 (cuarenta y nueve mil quinientos treinta y

seis colones exactos), ¢109.509,90 (ciento nueve mil quinientos nueve

colones con noventa céntimos), ¢114.482,20 (ciento catorce mil

cuatrocientos ochenta y dos colones con veinte céntimos), ¢131.327,30

(ciento treinta y un mil trescientos veintisiete colones con treinta

céntimos), ¢150.134,50 (ciento cincuenta mil ciento treinta y cuatro

colones con cincuenta céntimos) y ¢187.426,00 (ciento ochenta y siete mil

cuatrocientos veintiséis colones exactos) por concepto de vacaciones

proporcionales correspondiente al período del 01-11-2002 al 30-09-2003,

del 01-11-2003 al 30-09-2004, del 01-11-2004 al 30-09-2005, del 01-11-

2005 al 30-09-2006, del 01-11-2006 al 30-09-2007 y del 01-11-2007 al 30-

09-2008, respectivamente.

      Se adjuntan constancias de los Departamentos Financiero Contable

y de Personal de que don José Isidro no tiene deudas pendientes.

      Se advierte al señor Avendaño Bolaños, que en el eventual caso que

llegare a laborar para otro ente estatal, se le suspenderá el goce de la

jubilación durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del

Estado, según lo establece el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial. Además se le informa que tiene imposibilidad de laborar para el

Estado, de conformidad con lo normado en el artículo 586 del Código de
Trabajo, la cantidad de 160 días.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                           ARTÍCULO XXXIV

      En sesión N° 04-09 celebrada el 15 de enero último, artículo XI, se

concedió la pensión a las señoras Miriam Campos Bolaños y Ana María

Sandoval Solano, en condición de madre y esposa respectivamente del

exservidor judicial fallecido Alexis González Campos, equivalente al 100%

de la jubilación que le hubiere correspondido a don Alexis, asimismo se

dispuso que respecto a la suma de ¢153.070,45 (ciento cincuenta y tres mil

setenta colones con cuarenta y cinco céntimos) adeudada por el señor

González Campos, por pago de más por anuales, se remitía a la Dirección

Ejecutiva a efecto de recuperar ese monto.

      Manifiesta la Secretaria General, que el monto que se indica en el

párrafo anterior se tomó de los informes del Departamento de Personal

números 719 y 720-UJP-AP-2008 de 18 de diciembre de 2008. No

obstante, se hizo llegar certificación del citado departamento, en la que se

indica que el monto líquido a cobrar por pago de más por anuales,

corresponde a la suma de ¢149.146,68 (ciento cuarenta y nueve mil ciento

cuarenta y seis colones con sesenta y ocho céntimos), por lo que debe

modificarse el acuerdo citado.
      Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la Secretaria

General. 2.) Modificar el acuerdo tomado en la sesión N° 04-09 del 15 de

enero último, artículo XI, en el sentido que el monto adeudado por el

exservidor judicial fallecido Alexis González Campos, por pago de más por

anuales del 1° al 15 de julio de 2005, del 1° al 15 de julio de 2006 y del 1°

al 15 de julio de 2007, según estudio de anuales N° 708-ANU-2008,

corresponde a la suma de ¢149.146,68 (ciento cuarenta y nueve mil ciento

cuarenta y seis colones con sesenta y ocho céntimos).

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXXV

     Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando

y Ronald Calvo Coto, Jefes del Departamento de Personal, Administración

Humana y Administración Salarial, respectivamente, en oficio N° 0024-

UCS-AS-2009 de 14 de enero último, recibido el 6 de febrero en curso,

manifestaron lo siguiente:

             “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado de la señorita Jazmín Orozco Arias.

            1. Gestión

             Mediante nota de fecha veinticuatro de setiembre del dos
       mil siete, la señorita Jazmín Orozco Arias, solicita se le
       reconozca el tiempo servido en la Junta de Pensiones y
       Jubilaciones del Magisterio Nacional.

            Cabe mencionar que la relación de dicha funcionaria con la
       Junta de Pensiones, fue mediada por el Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Junta
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

       2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

     La señorita Orozco Arias labora interinamente para este
Poder. Se desempeña como Profesional 1 a.i. en la Sección de
Administración Salarial.

     Cabe indicar que señala como lugar para notificaciones su
correo electrónico personal jorozco@poder-judicial.go.cr.

     3. Disposiciones Legales

     3.1    Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

      ―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que
los servidores del Poder Judicial hayan servido en él
consecutivamente ni en puestos de igual categoría. Se tomarán
en cuenta también los años de trabajo remunerado que se
hubiesen servido en otras dependencias o instituciones públicas
estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial los últimos
cinco años...‖
      3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

      ―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las
anualidades y la jubilación, podrá realizarla el servidor activo
en cualquier momento de su relación de servicio,
independientemente del tiempo transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no
hayan solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante
su relación laboral con este Poder de la República, lo podrán
hacer en el momento que a bien lo tengan, independientemente
del tiempo transcurrido.
      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.‖

     3.3    Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

      ―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo
Servido.

     3.4 Sesión del Consejo Superior N° 054-07 del
veintiséis de julio del dos mil siete, artículo XLVI:

     Se conoce y aprueba el criterio legal del Departamento de
Personal, en consecuencia se acuerda reconocer solamente para
efectos de pago de anualidades, el tiempo servido en la Junta
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en razón de
que no es una institución pública estatal.

     3.5 Sesión del Consejo Superior N° 076-08 celebrada
el nueve de octubre del dos mil ocho, artículo XLIII:

     El Consejo Superior acuerda reconocer únicamente para
efectos de pago de anualidades dada su naturaleza jurídica de
ente público no estatal, al señor Mauricio Pérez Soto, 9 meses y
6 días laborados para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional.

     3.6 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en
otras instituciones del Estado para efectos de jubilación N°
RTFPJ-0107-2008:

      De acuerdo con la documentación presentada, se determinó
que a la señorita Orozco Arias, se le debe reconocer para efectos
de pago de anualidades once meses y veinte días, laborados para
la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

     5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

     5.1 De conformidad con los acuerdos existentes en el
tema de reconocimiento de tiempo servido para la Junta de
Pensiones y Jubilaciones el Magisterio Nacional, señalados en
los puntos 3.4 y 3.5, a la señorita Jazmín Orozco Arias resulta
procedente reconocer el tiempo servido en dicha institución para
efectos de anualidad.

     5.2    Por consiguiente, se solicita la aprobación del
       estudio N° RTFPJ-0109-2008 de reconocimiento de tiempo
       servido en otras instituciones del Estado, el cual determina que a
       la señorita Jazmín Orozco Arias se le debe reconocer para
       efectos de pago de anualidades once meses y veinte días,
       laborados para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
       Magisterio Nacional.‖

                                     -0-
      El informe N° RTFPJ-0109-2008 de 14 de agosto del 2008,

determina que a la servidora Jazmín Orozco Arias, Técnico Administrativa

2 de la Sección de Administración Salarial se le debe reconocer 11 meses y

20 días laborados para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio

Nacional, correspondiente al período del 16 de enero del 2006 al 5 de enero

del 2007.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, reconocer únicamente para efectos de anualidades a la

servidora Jazmín Orozco Arias, 11 meses y 20 días laborados para la Junta

de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Por ser una entidad

pública no estatal, este tiempo no se reconoce para efectos de jubilación. Se

declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO XXXVI

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes

de Administración Humana y Administración Salarial, respectivamente, en

oficio N° 0071-UCS-AS-2009 de 21 de enero último, recibido por correo

electrónico el 6 de febrero en curso, manifestaron lo siguiente:
              “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
        instituciones del Estado a la señora Marcia Acosta Arquín.

             1. Gestión

             Mediante nota de fecha siete de agosto del dos mil ocho, la
        señora Marcia Acosta Arquín, solicita se le reconozca el tiempo
        servido en el Ministerio de Justicia y Gracia.

             2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

              La señora Acosta Arquín labora de manera interina para
        este Poder, se desempeña como Investigador 1, en la Sección de
        Delitos Contra la Propiedad.

              La servidora señala para recibir notificaciones el correo
        electrónico de la Sección de Delitos Contra la Propiedad.

             3. Disposiciones Legales

             3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

             ―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que
        los servidores del Poder Judicial hayan servido en él
        consecutivamente ni en puestos de igual categoría. Se tomarán
        en cuenta también los años de trabajo remunerado que se
        hubiesen servido en otras dependencias o instituciones estatales,
        debiendo haber servido al Poder Judicial los últimos cinco
        años...‖

             3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
        Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
        efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
        Judicial, artículo 6:

              ―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
        efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
        reconocimiento de tiempo servido para efectos de las
        anualidades y la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en
        cualquier     momento      de     su    relación    de     servicio,
        independientemente del tiempo transcurrido.
              En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
        solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su
        relación laboral con

 este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento que a bien lo tengan,
independientemente del tiempo transcurrido.
      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas, se efectuará a petición del funcionario
o de la funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de
jubilación.‖

     4. Otras Consideraciones

     4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en
otras instituciones del Estado para efectos de jubilación N°
RTFPJ-0003-2009:

      De conformidad con la documentación que consta en el
expediente personal de la servidora y la que este despacho
solicitó con la finalidad de tener la información necesaria para
realizar el estudio, se determinó que la señora Acosta Arquín
debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
¢4.133.906,93 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago
de anualidades y jubilación once años, once meses y dos días
laborados para el Ministerio de Justicia y Gracia.

     4.2 Oficio N° 0037-UCS-AS-2009 del diecinueve de
enero de dos mil nueve:

     Mediante el oficio Nº 0037-UCS-AS-2009 del diecinueve
de enero de dos mil nueve, se le informa a la señora Acosta
Arquín del estudio N° RTFPJ-0003-2009, el cual fue enviado al
correo electrónico de la Sección de Delitos contra la Propiedad.

     Cabe indicar que mediante oficio del primero de diciembre
del dos mil ocho, la señora Acosta Arquín manifiesta su
conformidad con el estudio mencionado.

     5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

      De conformidad con las disposiciones legales existentes en
el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
RTFPJ-003-2009, el cual determina que la señora Marcia
Acosta Arquín debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢4.133.906,93 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación once
años, once meses y dos días laborados para el Ministerio de
Justicia y Gracia.‖

                              -0-
        El informe Nº RTFPJ-0003-2009 de 9 de enero último, reporta que el

monto a reintegrar por la servidora Marcia Acosta Arquín, Investigadora 1

de la Sección Delitos contra la Propiedad del Organismo de Investigación

Judicial, asciende a la suma de ¢4.133.906,93 (cuatro millones ciento

treinta y tres mil novecientos seis colones con noventa y tres céntimos),

para que se le pueda reconocer 11 años, 11 meses y 2 días laborados para el

Ministerio de Justicia y Gracia, para efectos de anualidades y jubilación,

correspondientes al período del 19 de agosto de 1996 al 20 de julio del

2008.

        Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la

señora Marcia Acosta Arquín, 11 años, 11 meses y 2 días laborados para el

Ministerio de Justicia y Gracia, con la obligación de reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la suma de ¢4.133.906,93

(cuatro millones ciento treinta y tres mil novecientos seis colones con

noventa y tres céntimos), que se le deducirá de su salario en el tanto de un

10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla

en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o

1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para

que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas
correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes

elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO XXXVII

      En sesión N° 83-08 celebrada el 4 del noviembre de 2008, artículo

XII, se acordó devolver a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial,

lo relacionado con el nombramiento de la plaza Nº 47548 de Juez 1 en el

Juzgado Tercero Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de

San José, para que se realizara una nueva consulta a los oferentes y se

hiciera el concurso respectivo, con la indicación de que las plazas vacantes

de juez para los Juzgados Civiles de Mayor y Menor Cuantía de San José,

son para ser ocupadas interinamente y no en propiedad, hasta tanto no se

realice la evaluación de los Juzgados Civiles y Cobratorios.

      En sesión N° 05-09 efectuada el 20 de enero último, artículo IX, se

nombró interinamente a las licenciadas Marlene Martínez González e

Isabel Alfaro Obando, como Juezas 1 en los Juzgados Tercero Civil de

Menor Cuantía y Juzgado Civil de Menor Cuantía del Primer y Segundo

Circuito Judicial de San José, puestos números 47548 y 44293,

respectivamente, a partir del 1° de febrero en curso.

     Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando

y Rónald Calvo Coto, Jefes del Departamento de Personal, Proceso Gestión

Salarial y Administración Salarial, respectivamente, en oficio N° 038-UPS-
AS-2009 de 4 de febrero en curso, indicaron lo siguiente:

              ―El Consejo Superior aprobó de manera indefinida los
       nombramientos en puestos ordinarios de los siguientes
       servidores:

          Servidor              Período                       Sesión
 Martínez         González A partir del 01-02-      N° 05-09 del 20-01-09
 Marlene                   2009                     artículo IX
 Alfaro Obando Isabel      A partir del 01-02-      N° 05-09 del 20-01-09
                           2009                     artículo IX

              Sin embargo, debido a las características propias del
       Sistema de Gestión Administrativa resulta imposible registrar un
       nombramiento que no contenga una fecha de fin de vigencia. En
       virtud de lo anterior le solicitamos nos indique hasta que fecha
       deben ser registrados dichos movimientos.‖
                                    -0-

      Se acordó: Comunicar al Departamento de Personal que los

nombramientos de las licenciadas Marlene Martínez González e Isabel

Alfaro Obando, rigen por períodos de hasta un año a partir del 1° de febrero

en curso, lo anterior hasta tanto no se resuelva la evaluación de los

Juzgados Civiles y Cobratorios.

      El Despacho del Presidente, el Departamento de Personal, la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial y los despachos interesados, tomarán

nota para lo que a cada uno corresponda.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                          ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión N° 78-06 celebrada el 17 de octubre de 2006, artículo

XXXII, se acogió el informe N° 1651-PLA-2006 del Departamento de
Planificación, en que se recomendó ampliar el horario de servicio de la

Sección de Bioquímica del Departamento de Laboratorios de Ciencias

Forenses del      Organismo    de Investigación Judicial, con tiempo

extraordinario de las 16:30 hasta las 21 horas, de lunes a viernes, pasados

seis meses debía evaluar los resultados de esta decisión.

      Lo anterior, con el objetivo de minimizar la revictimización de los

pacientes que acuden a la Sección de Clínica Médico Forense del

Departamento de Medicina Legal, después de las 16:30 horas.

      Luego en sesión N° 91-06 del 30 de noviembre de 2006, artículo

XXV, se conoció el informe N° 669-BQM-2006 del 13 de octubre de

2006, suscrito por servidores de la Sección de Bioquímica, donde

manifestaban su disconformidad con la ampliación del horario acordado en

el punto anterior; igualmente se conoció el oficio N° 1050-DG-06 del 03

de ese mes, remitido por el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director

General del Organismo de Investigación Judicial, en que indicó que lo más

conveniente era la ejecución de ambas jornadas (extraordinaria y rol de

disponibilidad); sin embargo, por limitaciones presupuestarias, estimaba

pertinente la aplicación temporal de la jornada extraordinaria por seis

meses y valorar los resultados. Ante esta situación, este Consejo mantuvo

lo acordado de ampliar la jornada de la Sección de Bioquímica, con tiempo

extraordinario.

     Posteriormente, en sesión N° 45-07 del 19 de junio de 2007, artículo
XCV, se solicitó a la Jefatura de la Sección de Bioquímica del

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, informara las razones

por las cuales no se estaba cumpliendo con lo dispuesto por este Consejo

en sesión del 30 de noviembre de 2006, artículo XXV, en caso de negativa,

se procedería a la aplicación del régimen disciplinario. Asimismo, se

evaluaría en seis meses el servicio, para lo cual la Sección de Bioquímica

llevaría un control específico de los pacientes atendidos en ese período

extraordinario, así como el control de pacientes que no se habían atendido.

      En atención a lo dispuesto en este último acuerdo, en sesión N° 61-07

celebrada el 21 de agosto de 2007, artículo XXXVII, se tuvo por recibido el

informe de la Sección de Bioquímica y por establecido el horario de tiempo

de atención propuesto por esa Sección, hasta por un plazo de seis meses a

partir del 1° de setiembre de ese año, de lunes a viernes de 4:30 a 9:00 p.m.

      Seguidamente, en sesión N° 74-08 celebrada el 20 de octubre de

2008, artículo LXVI, con vista en el informe N° 037-CE-2008-B de la

Sección de Control y Evaluación del Departamento de Planificación,

relacionado con la situación de atención de las víctimas, en los casos de

delitos sexuales que son remitidos por la Sección de Clínica Médico

Forense a la Sección de Bioquímica, en horario fuera de la jornada laboral,

se tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

             ―[...]

             4- Recomendaciones.
               En vista de la situación expuesta en el presente documento,
         se propone las siguientes recomendaciones.

               1. De las opciones planteadas se sugiere implementar la
         ―N° 6‖ la cual consiste en establecer una jornada vespertina con
         dos grupos de trabajo; uno de ellos en horario de lunes a viernes
         de las 15:00 a las 22:00 horas, y otro con el mismo horario al
         anterior de miércoles a viernes; sábado y domingo cubriría de las
         8:00 a las 17:00 horas. Los casos que se presenten fuera de estas
         horas, deberán ser atendidos bajo la modalidad de disponibilidad.

               2. Si no se presentan casos de víctimas de delitos sexuales
         en ese horario de atención efectiva, el personal destacado deberá
         laborar en casos ordinarios que tenga a su haber la Sección. Esto
         permite un mejor aprovechamiento de los recursos materiales así
         como de las instalaciones físicas.

                3. En cuanto al traslado de este personal en horario de
         disponibilidad, se recomienda que este sea asumido por el propio
         personal como lo realiza a la fecha los servidores/as judiciales
         (jueces/as, fiscales/as y defensores/as públicas) que cubren estas
         disponibilidades. De lo contrario, si el Poder Judicial asume el
         traslado, se tendría que reforzar con más recursos humanos y
         materiales al ―Alfa 6‖, ya que cuenta con limitaciones de éstos,
         tal como se mencionó en el presente documento, además de que
         el servicio no sería tan oportuno como se requiere al tardarse en
         trasladar no solo el personal de la Sección Clínica Médico
         Forense, sino además el personal de la Sección de Bioquímica.

                4. Es necesario que las jefaturas de los Departamentos y
         Secciones antes indicados se reúnan a fin de determinar la
         conveniencia de que los cuestionarios que se aplican para delitos
         sexuales cuando son atendidos los pacientes, se rellenen
         inicialmente en la Clínica Médico Forense y posteriormente sean
         remitidos junto con la solicitud de análisis a la Sección de
         Bioquímica, ya que se evidencia que gran parte de la
         información contenida en ese cuestionario es igualmente
         necesaria para la Clínica Médico Forense. Lo que se pretende
         con esta medida es disminuir la revictimización, evitando
         preguntar las mismas cosas en diferentes Secciones.

                    5.   Se      sugiere    conformar    una     comisión
         interinstitucional([1]) con el fin de buscar una solución alterna

[1]       Conformada al menos por el Director del OIJ, la Secretaría Técnica de Género y las
jefaturas de los departamentos de Medicina Legal y Laboratorio de Ciencias Forenses.
      mediante un convenio con la CCSS para que se recolecten las
      muestras de laboratorio de sangre y orina en otras localidades
      del país, teniendo presente que lo necesario es la toma y el
      centrifugado para evitar la revictimización y el traslado de
      pacientes de localidades lejanas a la Ciudad Judicial de San
      Joaquín de Flores, teniendo presente que la preservación y
      análisis así como el costo de los recursos materiales que se
      requieran([2]), estarían a cargo del Poder Judicial. Con esta
      recomendación se estaría evitando que una gran parte de los
      usuarios deban trasladarse a la Ciudad Judicial de San Joaquín de
      Flores, principalmente cuando son de zonas alejadas. Es del
      caso anotar que no todos los casos podrían ser objeto de este
      sistema, ya que en algunos de ellos dependiendo del tipo de
      análisis solicitado, estos se deben tomar las muestras e iniciar
      inmediatamente, y no se deben preservar bajo ninguna
      circunstancia las muestras tomadas, lo anterior según
      indicaciones de la Jefatura de la Sección de Bioquímica.

             6. La Ley General de Administración Pública, incisos 2 y
      3, artículo N° 113 literalmente indican:

      ―…
           2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la
      Administración Pública cuando pueda estar en conflicto.

      Es un punto que el Órgano Superior deberá tomar en cuenta,
      tanto en la aplicación del Reglamento de Disponibilidad, vigente
      en el Poder Judicial desde el 2002, para los servidores judiciales
      que deban atender casos fuera de la jornada laboral, así como
      para las otras alternativas de solución propuestas dentro del
      presente documento, las cuales se estiman tienen un costo
      económico más alto.

            7. Es necesario que tanto la Jefatura del Departamento
      Laboratorio de Ciencias Forenses como la de la Sección de
      Bioquímica, establezcan los controles que se requieran para el
      momento en que se den los cambios de personal entre la jornada
      ordinaria y la jornada vespertina. Igualmente, se deberán diseñar
      los controles estadísticos necesarios en cada una de las jornadas
      laborales a fin de medir posteriormente el rendimiento de trabajo
      que se presenta. También se deberán definir los controles
      necesarios para la atención en horario de disponibilidad, sean
      control de horas extra, libro de conocimientos, cantidad de casos
      atendidos, tipo de análisis solicitados, entre otras cosas.


[2]   Tubos y otros.
      8. El Departamento de Personal deberá fijar el porcentaje
del salario a pagar para quienes participen del rol de
disponibilidad, conforme lo especificado en el Reglamento de
Disponibilidad, y el pago de horas extra de acuerdo a la duración
de la diligencia a practicar.‖
                               -0-

       La Integrante Lupita Chaves Cervantes, a quien le
correspondió el estudio de estas diligencias, indica que del
análisis de las referencias, del oficio N° 282-BQM-2008,
suscrito por profesionales y técnicos de la Sección de
Bioquímica y del Departamento de Laboratorios de Ciencias
Forenses, con el visto bueno de los jefes correspondientes y del
Director General del Organismo de Investigación Judicial, así
como de la reunión sostenida con profesionales del
Departamento       de    Planificación,    considera    que     las
recomendaciones emitidas en el informe de cita, si bien no
concluye en el establecimiento de jornadas de 24 horas que sería
lo ideal para brindar un servicio ininterrumpido a las víctimas, al
menos permiten una respuesta adecuada a la situación de
atención de las víctimas en los casos de delitos sexuales que son
remitidos por la Sección de Clínica Médico Forense a la Sección
de Bioquímica, en horario fuera de la jornada normal de trabajo,
a efecto de que se atienda oportunamente a las víctimas y evitar
su revictimización.

       En vista de lo anterior, se acordó: 1.) Aprobar las
recomendaciones números 1 y 2. 2.) Respecto a la recomendación
N° 3 se resuelve que el traslado de los servidores que laboren en
horario de disponibilidad, sea asumido por el propio personal,
como lo realizan jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensoras y
defensores públicos, que cubren disponibilidades. 3.) Acoger la
recomendación N° 4 y solicitar que a más tardar en el término de
15 días, contados a partir del siguiente a la comunicación de este
acuerdo, las jefaturas citadas informen a este Consejo, la forma en
que cumplirán para utilizar un solo formulario que incluya la
información requerida en las diferentes secciones, a fin de evitar
la revictimización. 4.) Respecto a la recomendación N° 5, se
comisiona a la Dirección General del Organismo de Investigación
Judicial, para que atienda la conformación de la citada comisión
interinstitucional, debiendo informar a este Consejo, en dos meses
sobre el avance de las gestiones que le corresponden a la citada
Comisión que cita el informe. 5.) Sobre la recomendación N° 7
que las Jefaturas del Departamento de Laboratorios de Ciencias
Forenses y de la Sección de Bioquímica, establezcan los controles
       referidos e informen a este Consejo en el plazo de un mes,
       contado a partir del día siguiente al recibido de este acuerdo. 6.)
       En cuanto a la recomendación N° 8 que el Departamento de
       Personal fije el porcentaje del salario a pagar, para quienes
       participen del rol de disponibilidad, conforme lo especificado en
       el Reglamento de Disponibilidad y el pago de horas extra, de
       acuerdo a la duración de la diligencia a practicar. 7.) Solicitar a la
       Jefatura de la Sección de Bioquímica del Departamento de
        Laboratorios de Ciencias Forenses, que establezca el mecanismo
       para la atención de los usuarios durante los feriados y los
       períodos de cierres colectivos, a efecto de tener definido ese tema.
       8.) Deberá el Departamento de Personal, conforme queden plazas
       vacantes ir ajustando las condiciones del contrato laboral en estas
       plazas, a fin de brindar un servicio que permita jornadas
       vespertinas y cubrir los fines de semana, en aras de brindar un
       mejor servicio público en el futuro.‖
                                       -0-

      Finalmente, en sesión N° 83-08 de 4 de noviembre de 2008, artículo

XLVIII, se tomó el acuerdo que en lo que interesa dice:

              ―[…]

            La doctora Marta Espinoza Esquivel, Jefa de la Sección de
       Bioquímica del Departamento de Laboratorios de Ciencias
       Forenses del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N°
       418-BQM-2008 de 23 de octubre último, manifestó lo siguiente:
             ―Respecto al oficio Nº 9142 y al acuerdo tomado por el
       Consejo Superior en la Sesión Nº 74-08 del 2 de octubre en
       curso, sobre la atención las 24 horas a las víctimas de abuso
       sexual por parte de la Sección de Bioquímica del Departamento
       de Ciencias Forenses y evitar así su revictimización, informo lo
       siguiente:
               Las plazas del Proyecto de Seguridad Ciudadana se
       solicitaron y otorgaron al igual que a otras Secciones del
       Departamento de Ciencias Forenses, para enfrentar el incremento
       de casos que se generen producto del trabajo de 500 nuevos
       investigadores y mantener de esta forma tiempos de respuesta
       razonables en la emisión de los dictámenes periciales. Sin
       embargo, según lo acordado, la Sección tendrá como recargo la
       atención a las víctimas de abuso sexual dentro del horario normal
       de trabajo de los servidores, de lunes a viernes hasta las 10 p.m.
       y los fines de semana de 8 a.m. a 5 p.m. El brindar parte de
       este nuevo servicio dentro del horario laboral como recargo
definitivamente generará una disminución en la
productividad, con el consecuente aumento en los tiempos de
emisión de los dictámenes periciales y en el pendiente de la
Sección, dado que se estarían empleando en un plan que
excluye y lesiona el de reducir las solicitudes pendientes.


       Este perjuicio afectará principalmente a la Unidad de
Análisis de Fluidos Biológicos de la Sección, pues entre otras
funciones es la encargada de la atención de las víctimas de abuso
sexual en horas hábiles, Unidad que viene experimentando un
aumento en el ingreso de solicitudes desde mayo del año en
curso, pasando de recibir un promedio de 500 a 850 solicitudes
mensuales en setiembre pasado, como se puede observar en el
siguiente gráfico.

        Es importante para esta Jefatura de Sección hacer ver al
Consejo Superior esta problemática que enfrentará la Sección de
Bioquímica al implementar la recomendación N° 1 del informe
1651-PLA-2008, pues este recargo de funciones generará un
aumento mayor del número de solicitudes pendientes en la
mencionada Unidad, que a setiembre pasado era ya de 1,630
solicitudes.

        Ya que las plazas del Proyecto de Seguridad Ciudadana se
otorgaron primordialmente para evacuar pericias, es que se
insiste que la atención de las víctimas de abuso sexual no debe
asumirse como recargo sino mediante tiempo extraordinario y
disponibilidad, en concordancia a lo aprobado en su oportunidad
para la Sección de Clínica Médico Forense del Departamento de
Medicina Legal, a fin de no perjudicar y demorar la emisión de
los dictámenes periciales a cargo de la Sección de Bioquímica.‖

                          -0-

      Por su parte, los doctores Glen Arrieta Castro, Luis
González Salas, Diego Navarro Arias, las doctoras Loreley
Cerdas Ávila, Eugenia Fernández Mora, Fabiola Herrera
Rodríguez, Ana Isabel Morales Cordero, Ana María Muñoz
Quesada, Gladys Núñez Rivas, Anayansi Rodríguez Quesada,
Ingrid Sanou Karlson, Magaly Segura Castillo, los técnicos
Pedro Acuña Delgado, Cynthia González Vargas, Nuria
González Villalobos, Guillermo Méndez Vallejos, Concepción
Morelli Concenza, la Ingeniera Anayanssy Morales Valverde y
la Bióloga Melissa Rojas Araya, todos servidores de la Sección
de Bioquímica del Departamento de Laboratorios de Ciencias
Forenses, en oficio N° 419-BQM-2008 de 23 de octubre último,
expusieron lo siguiente:

      ―El presente oficio es para solicitar su reconsideración al
acuerdo tomado en la sesión N° 78-08 del 02 de octubre del año
en curso, Artículo LXVI e informado como oficio N° 9143-08,
en relación a la atención por parte de la Sección de Bioquímica
de las víctimas de abuso sexual, que remite la Sección de Clínica
Médico Forense del Departamento de Medicina Legal en horas
no hábiles:

     Se aprobó implementar la opción N° 6 desarrollada por el
Departamento de Planificación en el oficio 1626-PLA-2008.
También se aprobó que el traslado del personal en horario de
disponibilidad sea asumido por el propio personal.

      Nuestra solicitud de reconsideración a lo aprobado por
los miembros de este Consejo, se fundamenta en los
siguientes aspectos:

     2.Para la implementación de la atención de víctimas de
Delitos Sexuales se recomienda recargar la labor en las plazas
nuevas del Proyecto de Seguridad Ciudadana por medio de
jornada vespertina (de las 15:00 a las 22:00 hrs) e incluyendo
sábados y domingos de 8:00 a 17:00 horas.

     3.El asignarle esta labor a las plazas del Proyecto de
Acción Ciudadana, necesariamente implicará un cambio en el
objetivo para el que fueron creadas.

      4.Nuestra función al cubrir este servicio es homóloga a la
desempeñada por el personal del Departamento de Medicina
Legal, ya que es sobre las mismas víctimas y las mismas causas,
incluyendo la realización de análisis periciales, algunos de los
cuales deben realizarse de inmediato. Otro aspecto que apoya
este argumento es que al igual que los médicos, nuestros peritos
están cubiertos por el mismo régimen salarial (Ley de
Incentivos Médicos), por lo tanto, insistimos en que el
porcentaje de incentivo o sobresueldo que se otorga por la
prestación del servicio en igualdad de condiciones (incluyendo el
transporte que se les brinda), debe de ser el mismo para los
peritos de ambos departamentos, por lo cual demandamos la
equiparación o trato igualitario, lo anterior de acuerdo al
principio de Equidad y Razonabilidad.

      Las plazas del Proyecto de Seguridad Ciudadana fueron
asignadas con la finalidad de solventar el incremento de
casos que se generen producto del trabajo de los 500 nuevos
investigadores, y mantener de esta forma tiempos de respuesta
razonables. En lo concerniente a la Sección de Bioquímica,
implica desde ya un aumento en el ingreso de casos, debido a
que se están realizando los análisis clínicos a todos los oferentes
de estas plazas, situación que no experimentan otras secciones
del departamento y hasta el momento hemos emitido alrededor
de 700 informes de estado de salud. De variarse la finalidad de
estas plazas, es previsible un aumento en los tiempos de
respuesta, el cual ya se está presentado.

      También es importante informar sobre el incremento anual
en el ingreso de casos que recibe la Unidad a cargo de la
atención de las víctimas, proyectándose para el año 2008 un
ingreso de más de 7000 solicitudes (de las cuales 6221 ya se
recibieron), mientras que no ha sido proporcional el
incremento en el recurso humano para asumir la demanda
de servicios. Ver el gráfico No. 1 donde detalla el ingreso de
casos en esta Unidad en el período 2000-2008.




   .
     Gráfico 1: Número de casos correspondientes a contagio
venéreo y análisis de fluidos biológicos recibidos en el período
comprendido entre los años 2000 y 2008.* Proyección basada
según el ingreso a julio del año 2008.

     Por lo tanto, insistimos en que la implementación de la
propuesta del Planificación provocará trastornos e
inconvenientes en el trabajo de la Sección, como una
disminución de la productividad de la sección y por ende un
aumento de los tiempos de respuesta de los dictámenes periciales
solicitados por las diferentes autoridades judiciales, dado que las
plazas nuevas se estarían utilizando en un plan que excluye y
lesiona el objetivo de reducir las solicitudes pendientes de
dictamen pericial.

      Es por lo anteriormente expuesto, que consideramos que la
opción más acorde con nuestra realidad, la cual fue valorada y
aceptada por nuestros superiores inmediatos, es la descrita en
nuestro oficio 382-BQM-2008, ya que no se afectan los planes
trazados por la Sección y se disminuye la revictimización, el cual
es el fin principal del mismo. La opción se detalla a
continuación:

     1.     La atención de víctimas de abuso sexual se hará en
 el horario de 7:30 a 16:30 con el personal de planta (una pareja
 de un profesional en microbiología y un técnico). Después de
 las 16:30 el horario se cubrirá con una pareja (un profesional y
 un técnico) quienes continuarán laborando mediante la
 modalidad de horas extra hasta las 22:00 horas.

     2.    Después de las 22:00 horas, se aplicará la
 modalidad de disponibilidad y pago de horas extra para lo
 cual se designará una pareja de guardia, en igualdad de
 condiciones a la Clínica de Medicina Legal, que involucrará
 mediante rotación a la totalidad del personal de planta.

     3.     Para reducir el número de horas extra y la
 dependencia de personal laborando bajo esta modalidad, se
 solicita que con respecto al profesional, a la plaza de
 microbiólogo que se solicitó para el año 2009 se le asigne
 prioridad 1 (asunto en estudio en el Departamento de
 Planificación) y contar con esta plaza como ordinaria para el
 próximo año. Quedaría pendiente la asignación de una plaza
 extraordinaria de técnico laboratorista forense para el 2009 y
 que se convierta en ordinaria para el 2010.‖

                               -0-

      El máster Marvin Salas Zúñiga y la doctora Marta
Espinoza Esquivel, Jefes del Departamento de Laboratorios de
Ciencias Forenses y de la Sección de Bioquímica,
respectivamente, en oficio N° 626-DCF-2008 de 14 de octubre
último, recibido el 24 de ese mes, expresaron:
      ―Con el debido respeto sometemos a consideración del
Consejo Superior, la siguiente consulta sobre el acuerdo tomado
en la sesión N° 78-08 del 02 de octubre del año en curso,
Artículo LXVI e informado como oficio N° 9143-08, en relación
al punto en el que se indica lo siguiente:

       ―Es necesario que las jefaturas de los Departamentos y
Secciones antes indicados se reúnan a fin de determinar la
conveniencia de que los cuestionarios que se aplican para delitos
sexuales cuando son atendidos los pacientes, se rellenen
inicialmente en la Clínica Médico Forense y posteriormente sean
remitidos junto con la solicitud de análisis a la Sección de
Bioquímica , ya que se evidencia que gran parte de la
información contenida en ese cuestionario es igualmente
necesaria para la Clínica Médico Forense. Lo que se pretende
con esta medida es disminuir la revictimización, evitando
preguntar las mismas cosas en diferentes Secciones.‖

      Lo anterior, debido a que desde el año 2007 se inició una
consultoría como parte del proyecto ―Humanización del
Ministerio Público‖, sobre la Reducción de la Revictimización
de personas víctimas de delitos sexuales y violencia
intrafamiliar, que forman parte de la ejecución del Convenio de
Préstamo 1377/OC-CR entre el Gobierno de la República de
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para dicho
proyecto, se conformó una comisión interdisciplinaria con
miembros del Ministerio Público, Secretaría Técnica de Género,
Defensa Pública, Departamento de Trabajo Social, Departamento
de Medicina Legal y del Departamento de Ciencias Forenses,
coordinados por personal del ILANUD. Como producto del
trabajo de esta comisión, se confeccionaron los protocolos de
Atención a Víctimas de Violencia Sexual y/o Doméstica. Dentro
de ellos, se incluye un PROTOCOLO DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O DOMÉSTICA
EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORENSES, el
cual contiene un cuestionario de información a recopilar durante
la entrevista a la víctima, que es requerida por la Sección de
Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses previo a su
atención.

      Adicionalmente, fueron revisados y establecidos otros
protocolos compatibles con el anterior, para otras instancias del
Poder Judicial, los cuales consideran las posibilidades,
condiciones y requerimientos institucionales.
       Por lo anterior, es nuestro deseo conocer si dichos
protocolos que fueron producidos por el esfuerzo del Ministerio
Público en la consultoría contratada, tendrán vigencia o por el
contrario, se requiere que el Departamento de Ciencias Forenses
y el de Medicina Legal, de manera conjunta, elaboren otro
documento sustitutivo total o parcialmente de los anteriores.
Cabe reiterar que los primeros fueron hechos con la participación
y consenso de personal de estos departamentos con el auxilio de
otros expertos.

      Por último, es nuestro deseo recomendar, que de requerirse
modificación o reemplazo de los protocolos elaborados por la
comisión de expertos que fue reunida para su elaboración, ésta
última sea nuevamente participada para aprovechar al máximo
el tiempo y el esfuerzo invertido, salvo mejor criterio del
Honorable Consejo Superior.‖
                               -0-
      Por último, en oficio N° J.D.M.L.-2008-2123 de 27 del
mes pasado, la doctora Leslie Solano Calderón y los doctores
Allan Chaves Moreno y Max Paguaga López, Jefes del
Departamento de Medicina Legal, Sección Clínica Médico
Forense y Coordinador de la Sección C del Consejo Médico
Forense, respectivamente, indicaron lo siguiente:

      ―Con el fin de que sea conocido por el Consejo Superior del
Poder Judicial y en cumplimiento de lo acordado en el punto No. 3
de la Sesión No. 74-08 del 2 de octubre de 2008, artículo LXVI,
nos permitimos informarles lo siguiente.

      1. Mediante oficio No. JDML 2008-2061 (del cual
adjuntamos copia con fecha y hora de recibido), convocamos a la
reunión ordenada por el Honorable Consejo al señor Jefe del
Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses y a la
señora Jefe de la Sección de Bioquímica de ese Departamento
para el 24 de octubre de 2008 a las 13:30 horas.

      2. El 24 de octubre de 2008 a las 12:17 horas recibimos
correo electrónico conteniendo oficio No. 627-DCF-2008 donde
declinan asistir a la reunión.

      3. Debemos indicar que desde el año 2000, ha sido
manifiesta la preocupación constante de los profesionales del
Departamento de Medicina Legal por el horario de atención (al
usuario que requiere exámenes de laboratorio) por parte del
Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, el cual como
el Honorable Consejo Superior sabe, se acortó sustancialmente con
el traslado a San Joaquín de Flores.

      4. También manifiesta y preocupante desde el año 2000 y
que requiere pronta resolución es la revictimización resultante del
interrogatorio a que es sometida sobretodo la víctima del delito
sexual cuando debe responder repetidamente a las mismas
interrogantes en Medicina Legal y luego en el Laboratorio de
Ciencias Forenses.

      Sugerimos que mientras se pueda resolver las actualizaciones
de cualquier cuestionario ó protocolo, se remita a la brevedad al
Departamento de Medicina Legal el protocolo que se está
aplicando actualmente y diariamente a las víctimas de abuso
sexual en la Sección de Bioquímica del Departamento de
Laboratorios de Ciencias Forenses y que si se considera actualizar,
como es nuestra obligación como científicos, no sólo se actualice
ahora sino periódicamente, pues el avance en estos temas es
acelerado en nuestro tiempo.

      Si el Honorable Consejo Superior así lo estima, podemos
estudiar el protocolo que se encuentra aplicando el Departamento
de Laboratorios en la Sección de Bioquímica a los pacientes de
Delitos Sexuales y valorar su implementación inmediata las 24
horas del día por el médico forense de la Sección de Clínica
Médico Forense y en horario judicial en las Unidades Médico
Legales Regionales que atienden este tipo de víctimas.

      En caso de que no sea posible la reunión que ordena el
Consejo Superior del Poder Judicial con el Departamento de
Laboratorios de Ciencias Forenses por razones fuera de nuestro
control, el aplicar dicho protocolo en Medicina Legal por médicos
forenses expertos en interrogatorio, disminuye obviamente de
inmediato el número de personas revictimizadas.‖
                                -0-
       Finalmente en oficio N° 430-BQM-2008 de 30 de octubre
último, los técnicos Pedro Acuña Delgado, Guillermo Méndez
Vallejos, Cynthia González Vargas y Concepción Morelli
Concenza, la ingeniera Anayanssy Morales Valverde y los
doctores Loreley Cerdas Ávila, Luis González Salas, Fabiola
Herrera Rodríguez, Ana María Muñoz Quesada, Gladys Núñez
Rivas, Ingrid Sanou Karlson, Glen Arrieta Castro, Eugenia
Fernández Mora, Alejandro Hernández Bolaños, Ana Isabel
Morales Cordero, Diego Navarro Arias, Anayanci Rodríguez
Quesada, Magali Segura Castillo y la bióloga Melissa Rojas
Araya, servidores de la Sección de Bioquímica del Departamento
de Ciencias Forenses, expresaron lo siguiente:
       ―Reciban un cordial saludo. El presente oficio tiene como

fin ampliar la reconsideración solicitada bajo el oficio 419 BQM

2008, en relación al acuerdo tomado en la sesión N° 78-08 del 02

de octubre del año en curso, Artículo LXVI para la atención por

parte de la Sección de Bioquímica de las víctimas de abuso

sexual, que remite la Sección de Clínica Médico Forense del

Departamento de Medicina Legal en horas no hábiles.


      De acuerdo a lo conversado en la reunión sostenida el día
28 de octubre del presente, con miembros de este honorable
consejo: Lic. Marvin Martínez Fernández, Licda. Milena Conejo
Aguilar y la Licda Lupita Chaves Cervantes, es que sometemos a
consideración la opción discutida en dicha reunión, la cual se
detalla a continuación tomando en consideración las
observaciones planteadas:

      1.    Para mantener la atención de pacientes 24 horas al
día los 365 días al año sin afectar la productividad y los tiempos
de respuesta actuales de la Sección es que se hace necesario
contar con dos grupos de trabajo a fin de que realicen la atención
de pacientes en horario vespertino y los fines de semana. Por esta
razón es que se solicita para conformar los dos grupos, que la
plaza de microbiólogo que se asignó a la Sección de
Bioquímica para el año 2009 (asunto pendiente de aprobación
en la Asamblea Legislativa) sea ordinaria para el próximo año.
De igual forma, sería necesario la asignación de dos plazas
extraordinarias de técnico laboratorista forense y una plaza de
microbiólogo para el 2009, que se conviertan en ordinarias para
el 2010. Lo anterior, para que uno de los grupos atienda las
victimas (entre otras labores) de lunes a viernes de las 15:00 a
las 22:00 horas, y el otro grupo las atienda de miércoles a viernes
de 15:00 a las 22:00 horas y sábados y domingos de las 08:00 a
las 17:00 horas.

      2.     En el período que se requiera para la aprobación de
las plazas, la atención de víctimas de abuso sexual, después de
las 16:30, se cubrirá con una pareja (un profesional y un técnico)
quienes continuarán laborando mediante la modalidad de horas
extra hasta las 22:00 horas.

      3.     Después de las 22:00 horas, se aplicará la
modalidad de disponibilidad y pago de horas extra para lo cual
se designará una pareja de guardia, en igualdad de condiciones a
la Clínica de Medicina Legal, que involucrará mediante rotación
a la totalidad del personal de planta.

      4.     En tanto se cuenta con las plazas solicitadas en el
punto uno, para cubrir el servicio solicitado por ustedes de
acuerdo a las necesidades institucionales, de laborar fines de
semana por medio de horario efectivo, este se cubriría por medio
de horas extras. Para ello, se designará una pareja de guardia,
que involucrará mediante rotación a la totalidad del personal de
planta, de las 08:00 a las 16:00 horas. Cabe indicar sobre este
particular, que laborar horario efectivo sería valioso en tanto se
aplique de igual forma para todas aquellas Secciones, tanto del
Departamento de Ciencias Forenses como del Departamento de
Medicina Legal, que estén involucradas en la atención de las
víctimas de abuso sexual. Dado que lo que se pretende es que las
víctimas sean atendidas lo más pronto posible y que éstas
requieren ser valoradas primeramente por el Médico Forense, el
cual se encuentra bajo la modalidad de disponibilidad (y que este
invierte en la valoración de las mismas aproximadamente una
hora), parece no tener sentido que el personal de la Sección de
Bioquímica se encuentre laborando los días sábados y domingos.
Esto por cuanto se debe esperar el tiempo que el medico dure en
su traslado y en la atención de las victimas, para posteriormente
atenderlas en esta Sección, y continuar con las marchas analíticas
correspondientes. En caso de que por lo anteriormente expuesto
se considere innecesario laborar los fines de semana, hasta que la
Clínica Médico Forense y el resto de las Secciones involucradas
no laboren dichos días, se puede entonces prescindir del segundo
grupo de trabajo solicitado en el primer punto y cubrir el fin de
semana bajo la modalidad de disponibilidad.

      5.    Por último, para no depender de horarios de
disponibilidad y considerando la experiencia de instancias como
la CCSS en la atención de pacientes 24 horas al día, 365 días al
año, es que sugerimos se valore la asignación de un grupo de
trabajo compuesto por nuevas plazas contratadas (un
microbiólogo y un técnico) para dicho fin para que cubran el
horario de las 22:00 horas a las 6:00 del día siguiente (tercer
turno).‖

                               -0-
              Se acordó: 1) Previamente a resolver lo que corresponda,
       trasladar al Departamento de Planificación para que analice la
       propuesta que realiza la Sección de Bioquímica del
       Departamento de Ciencias Forenses, y con base a lo que
       establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
       contemple la posibilidad de conceder permiso con goce de
       salario a una plaza de microbiólogo y dos técnicos, así como la
       ampliación del horario de atención. 2) Respecto a la consulta que
       se hace sobre la vigencia de los protocolos de atención a
       víctimas de violencia sexual y/o doméstica en el Departamento
       de Laboratorios de Ciencias Forenses, se aclara que deben
       utilizar los que están vigentes al momento y remitir al
       Departamento de Planificación, para que analice e informe a este
       Consejo, si se les debe realizar alguna modificación para lo cual
       requerirá del criterio tanto del Departamento de Medicina Legal,
       cuanto del Laboratorio de Ciencias Forenses.‖

                                     -0-

      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación, con oficio N° 180-PLA-2009 de 6 de febrero en curso,

remitió el informe N° 007-CE-2009 de la Sección de Control y Evaluación,

acerca del análisis de la propuesta realizada por la Sección de Bioquímica y

la posibilidad de conceder permiso con goce de salario a una plaza de

microbiólogo y dos técnicos, así como la ampliación del horario de

atención, cuyas conclusiones y recomendaciones literalmente dice:

            ―Después de analizar la propuesta realizada por la Sección
       de Bioquímica, se concluye lo siguiente:

                  Se llega a determinar que se han presentado factores
       que reflejan un aumento en la carga de trabajo que recibe la
       Sección de Bioquímica, especialmente la Unidad de Fluidos
       Biológicos, los cuales son debido al reforzamiento de recurso
       humano que dio para la UCII, los análisis de hemogramas que se
       llevan a cabo al personal de nuevo ingreso del OIJ, entre otras
       cosas.

                  Debido al aumento de trabajo registrado en los
asuntos entrados, se corre el riesgo que al dejar pasar cierto
tiempo sin analizar los fluidos biológicos en las pruebas
remitidas, se llenen de ―hongos‖ o bacterias y no puedan ser
objeto de estudio y rendir los informes periciales, trayendo
como consecuencia la interposición de recursos de amparo u
otras gestiones jurídicas al tener que desecharse la prueba.

           No es conveniente en este momento recomendar el
personal solicitado por la Sección de Bioquímica en forma
ordinaria para el 2010, debido a que no se cuentan con elementos
suficientes que garanticen la plena utilización de los recursos,
tomando en cuenta que se esta presentando una situación
particular con la realización de los hemogramas al personal de
nuevo ingreso al OIJ, labores que tendrá la Sección en estudio
por un tiempo limitado y que se espera sea atendida en el corto
plazo.

           Se mantiene el criterio de poner en práctica la
jornada vespertina tal con se había recomendado en el informe
N° 1626-PLA-2008 elaborado por el Departamento de
Planificación, a fin de aprovechar el nuevo recurso humano que
se asignó a la Sección de Bioquímica por parte del Proyecto de
Seguridad Ciudadana, así como para atender en un horario más
amplio a las víctimas de abuso sexual, sin tener que incurrir el
Poder Judicial en pago de horas extra.

           Es importante hacer ver que dentro de las
organizaciones no solamente se resuelven los problemas de
cargas de trabajo asignando más personal, sino que se debe
considerar la capacidad operativa de los equipos tecnológicos
que se requieren para llevar a cabo la labor encomendada. En
este caso sería importante que en el corto plazo, se realice una
investigación con personal especializado en el campo, donde se
determine mediante un informe de tiempos y movimientos, la
capacidad operativa que tiene la Sección de Bioquímica tanto a
nivel de recurso humano como de equipo especializado, además
de valorar la posibilidad de oficializar dentro de la estructura
organizacional las unidades informales de Fluidos Biológicos y
Genética Forense y determinar la cantidad de personal que debe
tener cada una de las unidades.

     4- Recomendaciones.

     Después de valorar las propuestas aportadas por la Sección
de Bioquímica, se proponen las siguientes recomendaciones:
             1.     De momento no es conveniente recomendar recurso
       humano en forma ordinaria, debido a que si bien es cierto se nota
       un aumento en la carga de trabajo que recibe la Sección en
       análisis, parte de ella obedece a una situación particular que se
       espera sea concluida en el corto plazo.

             2.      La carga de trabajo de la Sección de Bioquímica, se
       ha visto afectada principalmente por la decisión de que ahí se
       realicen los hemogramas para los oferentes de los nuevos
       puestos de investigador, lo que ha provocado que se presente un
       recargo de labores y por lo tanto un cúmulo de trabajo. Lo
       correcto es que este examen de laboratorio sea aportado
       directamente por los oferentes, tal y como sucede con cualquier
       otra persona que quiera ingresar a laborar al Poder Judicial, y de
       esa forma no desviar recursos para fines que no corresponden a
       ninguna investigación judicial en particular. Caso contrario, de
       persistir esta práctica sería conveniente, que se asigne con base a
       lo que establece el artículo N° 44 de la Ley Orgánica del Poder
       Judicial (permiso con goce de salario), una plaza de Perito
       Judicial (Microbiólogo) y dos de Técnico Laboratorista por un
       período de seis meses para el proceso de reclutamiento y
       selección del personal de nuevo ingreso al OIJ. Si la carga de
       trabajo lo permite, en ese período podrían coadyuvar en otras
       labores de la Sección bajo análisis.

            3.      De otorgarse el personal antes recomendado, deberá
       laborar en jornada ordinaria de trabajo 7:30-16:30 horas, a fin de
       que se ponga en práctica el servicio de la jornada vespertina tal
       como se recomendó en el informe 1626-PLA-2008 elaborado por
       el Departamento de Planificación del 02 de setiembre del 2008,
       teniendo como ventaja la ampliación del horario en días entre
       semana y cubrir los sábados y domingos (8:00-17:00 horas) sin
       incurrir en el pago de horas extra. Los horarios que queden al
       descubierto, deberán ser atendidos mediante la modalidad de
       disponibilidad.

             4.    Se recomienda que la Sección de Bioquímica realice
       las gestiones pertinentes ante el Departamento de Personal, en
       relación con el tema del pago de la disponibilidad, a fin de que
       expongan sus argumentos sobre la desigualdad que consideran
       existe.‖
                                      -0-

     Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Citar a dos

representantes de la Sección de Bioquímica, a personal del Departamento
de Planificación y de la Fiscalía General de la República, así como de la

Secretaría Técnica de Género, a una reunión con los Integrantes de este

Consejo, a fin de analizar la propuesta que se da cuenta, a cuyos efectos se

señala las 8 horas 30 minutos del 16 de marzo del año en curso, en la

oficina 504 del Edificio de la Corte Suprema de Justicia.

                           ARTÍCULO XXXIX

      I. En la sesión de este Consejo Nº 070-08 del 18 de setiembre de

2008, artículo L, se tomó el siguiente acuerdo:

            ―La licenciada Teresita Chinchilla Fonseca, Jueza Contra la
       Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de la Zona
       Atlántica, en nota de 5 de setiembre en curso, manifestó:

            "Este Despacho desde el momento de la especialización,
       cuenta con una plaza extraordinaria de auxiliar de servicios
       generales dos, plaza que, se dispuso mantener hasta el mes de
       diciembre de este año.

            Sin embargo, les pido se valore la posibilidad de que dicha
       plaza se convierta en ordinaria al igual que los demás despachos
       de este circuito que al ser trasladados al nuevo edificio, las
       plazas de auxiliar de servicios generales, se convierten en plazas
       de auxiliar judicial.

            Para valorar mi gestión, solicito que se considere el estudio
       que se realizó en todos los despachos de Violencia Doméstica
       del país (ESTUDIO INTEGRAL PARA LOS JUZGADOS DEL
       PAÍS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA),
       Informe: 038- Pla - PI-2008 ). Se establece que todos los
       Juzgados de Violencia Doméstica del país, cuentan con una
       plaza de auxiliar de servicios generales, como San José, Hatillo,
       Tercer Circuito Judicial, Alajuela, Segundo Circuito Judicial,
       Cartago, Puntarenas, Primer Circuito de la Zona Atlántica,
       Primer Circuito de la Zona Sur, la mayor parte de estos
       despachos cuentan con servicio de limpieza privado.

            Que nuestro despacho cuenta con la plaza de auxiliar de
       Servicios Generales Dos, pero no se tomó en cuenta que dicha
plaza será cerrada en diciembre próximo. Situación que nos deja
en absoluta desventaja en relación a los demás juzgados de
Violencia Doméstica del país.

      Los despachos que no cuentan con plaza de auxiliar de
servicios generales como el segundo Circuito, Heredia y Primer
Circuito Judicial de la Zona Sur, cuentan con tres plazas de
auxiliares judiciales. Nuestro despacho cuenta con solo dos
plazas de auxiliares judiciales.

     Con motivo del traslado al edificio, si bien es cierto que ahí
no se va a hacer necesario el servicio de limpieza, porque se
contaría con el servicio de limpieza privado. Lo cierto es que la
persona que se encuentra actualmente en esta plaza, cumple con
muchas funciones que no son precisamente de limpieza, las
cuales paso a detallar:

a) Hacer el listado de lo entregado y devuelto del notificador.

b) Llevar control de las comisiones que salen y entran de otros
despachos. c) Acompañar al usuario a sacar fotocopias del
expediente y además ir a fotocopiar expedientes por orden del
despacho para el respectivo testimonio de piezas.

d) Archivar expedientes terminados.

e) Atención al público y del teléfono.

f) Apoyo recibiendo solicitudes de medidas de protección.

g) Hacer oficios, preparar el correo interno del despacho,
distribuir el correo externo del despacho a cada auxiliar.

h) Entregar documentos a otros despachos

i ) LLevar control de asuntos por conocimiento.

j ) Control de expedientes enviados al Tribunal Superior de
Familia.

     Esta plaza es de mucho apoyo. Nuestro despacho es de una
gran afluencia de público y en la mayoría de ocasiones se hace
imposible realizar todas las funciones, con el actual personal,
peor aún con menos personal.

     Con fundamento en las razones expuestas, en aras de no
       afectar el servicio público y atendiendo a los fines de la materia
       de Violencia Doméstica. Les solicito se nos apruebe la plaza de
       auxiliar de servicios Generales Dos, la cual se estaría cerrando
       en diciembre próximo, que no se cierre, por el contrario se
       convierta en una plaza de auxiliar judicial o se mantenga como
       plaza de auxiliar de servicios generales dos, como en los otros
       despachos de violencia doméstica del país."
                                       -0-
             Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó:
       Trasladar la gestión anterior al Departamento de Planificación
       para su respectivo análisis.‖
                                      -0-

      II. En cumplimiento de lo anterior, la Licda Bernardita Madrigal

Córdoba, Subjefa interina del Departamento de Planificación, con oficio N°

066-PLA-2009 de 19 de enero último, remitió el informe N° 03-DO-2009,

suscrito por el máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de Desarrollo

Organizacional, el cual en lo que interesa dice:

              “[…]

              III. ELEMENTOS CONCLUSIVOS

             3.1.- El Juzgado de Violencia Doméstica del II Circuito de
       la Zona Atlántica cuenta con una de las estructuras de personal
       (personal de apoyo) más reducida de los despachos
       especializados (1 Asistente Judicial y 2 auxiliares judiciales). Al
       no contar con la plaza de Auxiliar de Servicios Generales 2
       estará en desventaja con respecto a sus homólogos que sí tienen
       esa plaza y además tienen igual o más cantidad de plazas de
       auxiliar judicial.

             3.2.- La carga de trabajo del personal de apoyo (promedio
       mensual de asuntos entrados por auxiliar judicial) del Juzgado
       del II Circuito de la Zona Atlántica es intermedia respecto de la
       presentada en los despachos homólogos que cuentan con una
       plaza de auxiliar de servicios generales. Respecto de los
       despachos que no tienen plaza de auxiliar de servicios generales,
       la carga de trabajo en el II Circuito de la Zona Atlántica es
       mayor o igual, y mantiene la desventaja de que los otros
       despachos cuentan con más plazas de auxiliar judicial, lo que les
permite redistribuir las labores de apoyo oficinesco de mejor
forma.

      3.3.- La carga de trabajo de este despacho ha sido
fluctuante en los últimos años, pero para el último presentó una
disminución considerable. A pesar de la disminución, el análisis
comparativo presenta las condiciones mencionadas en la
conclusión del punto anterior.

     3.4.- El criterio de algunos de los consultados es que de no
contarse con la plaza en estudio, el servicio del despacho se
podría ver afectado debido a las siguientes situaciones:

            Los únicos dos auxiliares judiciales deberán asumir
las tareas asignadas a este puesto, con el fin de no dejar de
atender las necesidades de los usuarios.
            Se requerirá de mayor tiempo para brindar respuesta
al usuario, en virtud de que se cuenta con menos personal para
brindar el servicio.

    3.5..- Desde el punto de vista de impacto social, preocupa a
este Departamento que de no contarse con esta plaza se pueda
ver afectado el servicio del despacho, ya que aunque no queda
muy e clara la necesidad desde el punto de vista de carga de
trabajo, este Departamento considera que al ser un juzgado que
atiende una de las materias de mayor impacto social se requiere
que cuente con una estructura de personal propicia para atender y
ofrecer una justicia pronta y cumplida ya que de no atenderse a
tiempo a un(a) usuario(a) se puede incurrir en un delito penal.

   3.6. No existe posibilidad de prorrogar la actual plaza de
Auxiliar de Servicios Generales 2, que labora en forma
extraordinaria hasta el mes de diciembre de este año. El apoyo al
Juzgado de Violencia Doméstica del II Circuito Judicial de la
Zona Atlántica se deberá solventar mediante otros medios.

   IV. RECOMENDACIONES

    4.1.- Respecto a la petición específica de convertir en
ordinaria la plaza extraordinaria de Auxiliar de Servicios
Generales 2 que se desempeña en el Juzgado de Violencia
Doméstica del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, para el
año 2009; no es posible atenderla debido a que el presupuesto
del próximo año ya fue elaborado y no existe tal posibilidad.

    Igualmente, no se podrá contar con ayuda de un Auxiliar
Supernumerario, en virtud de que éstos ya están asignados para
el próximo año en los diferentes despachos del II Circuito
Judicial de la Zona Atlántica y en el proceso de implementación
del Sistema de Gestión.

    4.2.- Este Departamento recomienda que en el próximo
estudio integral de necesidades de recurso humano para los
Juzgados de Violencia Doméstica del país, se retome el análisis
del caso del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica,
considerando los puntos de vista que se han desarrollado en el
presente informe (estructura de personal reducida, alto impacto
social en la zona, etc.).

    De igual forma, ese nuevo análisis permitirá contar con
nueva información sobre el comportamiento de la variable
―asuntos entrados‖ y determinar si la disminución sufrida
durante el año 2008 responde a una situación coyuntural o más
bien, se empieza a determinar algún tipo de tendencia.

    Es importante mencionar que el presente informe se envío a
consulta a los interesados mediante oficio N° 2194-PLA-2008,
para conocer su criterio.

    En respuesta a lo anterior, la Licda. Chinchilla Fonseca,
Jueza Coordinadora del juzgado en estudio, remitió mediante
oficio del 05 de enero pasado su criterio, solicitando tener en
consideración los siguientes puntos:

           En el presente informe se demuestra que el juzgado
ocupa una posición intermedia analizando su carga de trabajo, y
que se debe tener en consideración ese estado de desigualdad
ante sus homólogos.

     En línea con lo anterior, menciona que en el estudio 038-
PLA-PI-2008 no se tomó en consideración que la plaza de
Auxiliar de Servicios Generales funcionaba hasta el último día
laboral del mes de diciembre pasado, para aprobarle al despacho
la plaza solicitada de Auxiliar Judicial.

           La Administración Regional no podrá brindar ayuda
al despacho con recurso supernumerario, en virtud de que éste
está asignado a otros despachos y al proceso de implementación
del Sistema de Gestión.

          El aspecto relacionado con el impacto social le
preocupa, ya que podrá verse en problemas para brindar un
       eficiente servicio a los (as) usuarios (as), al contar únicamente
       con tres servidores para ese efecto, criterio que manifestó en el
       presente informe la Licda. Graciela Lugo Solano, socióloga de
       este Departamento.

           Del mismo modo manifiesta que no está de acuerdo con la
       recomendación 4.1, ya que han venido solicitando la plaza de
       Auxiliar de Servicios Generales desde que se especializó el
       despacho y no se puede esperar hasta el 2010 para que el
       problema sea solucionado por el tipo de materia que atiende el
       despacho y la cantidad de usuarios(as) que buscan solución
       pronta a su problema.

           Una vez analizados los argumentos presentados por la Licda.
       Chinchilla    Fonseca,    este    Departamento    reitera   las
       recomendaciones vertidas en el presente informe; en virtud de
       que presupuestariamente no se puede asignar recurso para que
       inicie labores en el presente año y el apoyo de personal
       supernumerario, se dificulta en este momento, en razón de que
       actualmente está asignado en otros despachos.‖

                                     -0-

      Informa la Integrante Milena Conejo Aguilar, a quien correspondió

el estudio de este asunto, que conversó con la licenciada Chinchilla

Fonseca, quien le transmitió su preocupación, por la situación actual del

despacho a su cargo, pues la plaza que se le suprimió, es indispensable para

poder dar una respuesta oportuna, en los procesos judiciales de una materia

que, requiere de soluciones rápidas, lo cual con el escaso personal que tiene

no puede hacer, por ello reitera su solicitud para que sea atendida su

gestión y se le otorgue algún tipo de ayuda para este año.

      Por lo anterior, estimando que se ha acreditado que con la supresión

de la plaza indicada, se ha ocasionado un perjuicio al servicio de justicia

que brinda ese despacho judicial, en una materia tan sensible como lo es
violencia doméstica, que además requiere de respuesta rápida al conflicto,

asimismo que el sentido de la especialización es mejorar la calidad de la

justicia, se acordó: 1.) Tener por rendido el anterior informe del

Departamento de Planificación y por hechas las manifestaciones de la

Integrante Conejo Aguilar. 2.) Ejecutar un proyecto especial en el Juzgado

Contra la Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de la Zona

Atlántica, que permita dar una respuesta ágil a los procesos sometidos a su

conocimiento, para lo que de conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de

la Ley Orgánica del Poder Judicial y por ser un asunto de interés

institucional, se concede permiso con goce de salario y sustitución a las

servidoras Elizabeth Martínez Zúñiga y María del Carmen Sánchez Castro,

Auxiliares Judiciales 2 de ese despacho, por tres meses a cada una, a partir

del 5 de marzo del año en curso, para que se dediquen a poner al día la

tramitación y a dar un servicio eficiente a los usuarios y usuarias. 3.) El

Departamento de Planificación mantendrá un seguimiento del citado

despacho, para determinar si resulta indispensable tomar alguna decisión,

para el presupuesto del 2010, sin perjuicio de la Política aprobada por la

Corte Plena para su elaboración.

ESCUELA JUDICIAL

                             ARTÍCULO XL

     En sesión N° 05-09 celebrada el 20 de enero último, artículo XXXII,

con vista en la solicitud del doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la
Escuela Judicial, respecto al permiso con goce de salario y suplencia para

el máster Diego Benavides Santos, Juez del Tribunal de Familia del Primer

Circuito Judicial de San José, por el período comprendido entre el lunes 19

de enero y el viernes 18 de setiembre de 2009, para que continuara en la

elaboración del diagnóstico sobre las necesidades de formación,

capacitación y actualización de la jurisdicción de Familia, en el quehacer

de las y los administradores de justicia y la implementación del Programa

de Formación, Capacitación y Actualización de la Jurisdicción de Familia,

dirigido a jueces y juezas, previamente a resolver lo pertinente, se dispuso

comunicar al Director de la citada Escuela, que debía ajustar el permiso

gestionado para don Diego, a un período más corto, con el fin de reducir

costos en la partida presupuestaria de sustituciones, para obtener una mayor

economía y maximización de los recursos públicos.

      Asimismo, se reiteró a don Marvin, que la certificación de contenido

presupuestario que debía presentar para este tipo de gestiones, es la que

emite el Departamento de Personal y no la del Departamento Financiero

Contable.

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela

Judicial, en oficio N° EJ-DIR-024-2009 de 28 de enero último, manifestó

lo siguiente:

               ―Conforme a lo resuelto por este honorable Consejo en el
        artículo XXXII, de la Sesión N° 05-09 celebrada el 20 de enero
        del año en curso, se solicitó a la Escuela Judicial ajustar el
        permiso solicitado para el máster Diego Benavides Santos a un
        período más corto del solicitado de ocho meses, en aras de
        maximizar los recursos públicos en la partida presupuestaria de
        sustituciones.

               Por tal razón, y en acatamiento de lo solicitado por este
        Consejo, la Escuela Judicial de seguido expone la propuesta
        reformulada, la cual contiene un recorte a la mitad del plazo
        solicitado (sea 4 meses) y conforme al cronograma que se
        adjunta, y que establece los pasos metodológicos y el plazo
        mínimo requerido para realizar un diagnóstico de necesidades de
        capacitación para el área jurisdiccional de familia, bajo el
        Programa de Especialización de Jueces y Juezas de la Escuela
        Judicial.

     Etapas                  Objetivos                 Técnicas          Cronograma           Recursos

                                                  Sistematización                         - Equipo de
I. Delimitación del   Establecer las aptitudes,   normativa y                             trabajo,
sistema de familia,   destrezas              y    revisión
pensiones             conocimientos                                                       - Transporte y
                                                  documental            Del 16 de
alimentarias      y   necesarios para que un/a                                            viáticos de
                                                  (doctrina,            febrero de 2009
violencia             juez/a    de     familia,                                           personal de
                                                  jurisprudencia y      al 13 de marzo
doméstica        de   pensiones alimentarias y                                            apoyo
                                                  diferentes estudios   de 2009.
conformidad con       violencia     doméstica     estadísticos)                           - Fotocopiado de
las exigencias y      desarrolle sus labores                                              documentos
requerimientos del    en concordancia con las
                                                  Categorización de
ordenamiento          exigencias de un Estado
                                                  entrevistas a
jurídico.             democrático de derecho.
                                                  expertos/as

                      Determinar cómo han         Revisión                                - Equipo de
                      ejercido su función los     documental                              trabajo,
                      jueces y las juezas de      (estadísticas,
II. Análisis del                                                                          - Transporte y
                      familia, pensiones          estudios,
desempeño real del                                                                        viáticos de
                      alimentarias y violencia    expedientes, c.).     Del 16 de
juez y de la jueza                                                                        personal de
penal.                doméstica.                                        marzo de 2009     apoyo
                                                                        al 15 de mayo
                                                                                          - Fotocopiado de
                                                                        de 2009
                      Analizar
      Etapas                 Objetivos                 Técnicas           Cronograma          Recursos
                       comparativamente      la                                           documentos
                                                  Encuestas a
                       función jurisdiccional
                                                  litigantes de las
                       desarrollada por los/las
                                                  materias,
                       jueces/ezas de familia,
                                                  académicos (as) y
                       pensiones alimentarias y
                                                  funcionarios (as)
                       violencia doméstica y
                                                  de instituciones
                       los requerimientos que
                                                  públicas y privadas
                       el sistema democrático
                                                  relacionadas con la
                       de derecho les impone.
                                                  temática (PANI,
                                                  INAMU,
                                                  Ministerios de
                                                  Salud, Seguridad
                                                  Pública entre otros)



                                                  Grupos focales.
                                                  (jueces/ezas,
                                                  expertos/as,
                                                  fiscales,
                                                  defensores/as,
                                                  litigantes, etc.).

                       Determinar           las                          Del 18 de mayo   - Equipo de
                       inconsistencias de la                             al 19 de junio   trabajo,
                       brecha     que     están                          de 2009
                                                                                          - Transporte y
                       relacionadas         con
                                                                                          viáticos del
                       necesidades           de  Aplicación de                            equipo de trabajo
                       formación              y  instrumentos
                       capacitación de los/las   (jueces/ezas de
                       jueces/ezas de familia,   familia, pensiones
                       pensiones alimentarias y  alimentarias y
                       violencia doméstica.      violencia
III. Priorización de
                       Identificar           las doméstica).
las necesidades de
                       necesidades            de
capacitación      de
                       formación               y
los/las jueces/ezas
                       capacitación prioritarias
penales.
                       de los/as jueces/ezas de
                       familia,       pensiones
                       alimentarias y violencia
                       doméstica en aspectos
                       de carácter procesal y Talleres de análisis
                       en aspectos sustantivos (expertos/as).
                       vinculados             al
                       desempeño       de     su
                       función decisoria.




              De esta manera, muy respetuosamente les solicito
        conceder permiso con goce de salario y suplencia al MSc. Santos
       Benavides, por el período de cuatro meses, comprendido entre el
       16 de febrero y el 19 de junio de 2009.

               Por ello, y con el objetivo de cumplir con los
       compromisos que la Escuela Judicial ha asumido
       institucionalmente, se efectúo la reserve respectiva en el
       presupuesto ordinario del 2009, para cubrir el permiso del MSc.
       Diego Benavides.

               Asimismo, para sufragar su sustitución, solicitamos se
       gire el monto correspondiente del Programa 927, relativo a
       ―salarios de suplencia‖, dentro de la reserva destinada a la
       Escuela Judicial, conforme se deriva de la certificación de
       contenido presupuestario del Departamento de Financiero
       Contable expedida mediante oficio No. 36-P-2009 y que fuese
       conocida en la Sesión No. 05-09 celebrada el 20 de enero del año
       en curso ( Art. XXXII) la cual da sustento a la presente gestión,
       así como a la información a ese respecto que preparó el
       Departamento de Personal y que se adjunta, conforme a lo
       solicitado por este honorable Consejo.

              Aprovecho la oportunidad para reiterar mi agradecimiento
       por el apoyo que el Consejo Superior nos ha brindado, así como
       por la labor que continuaremos realizando en la Escuela Judicial
       durante este 2009.‖
                                     -0-

        Por su parte, los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis

Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes del Departamento de

Personal,    Administración      Humana       y    Administración       Salarial,

respectivamente, en oficio N° 0067-UPEE-AS-2008 de 9 de febrero en

curso, indicaron lo siguiente:

              ―El Consejo Superior en sesión 05-09 del 20 de enero del
       2009, artículo XXXII, dispuso lo siguiente:

              ―Comunicar al Director de la Escuela Judicial, que deberá
       ajustar el permiso solicitado para el máster Diego Benavides
       Santos, a un período más corto, con el fin de reducir costos en la
       partida presupuestaria de sustituciones para obtener una mayor
       economía y maximización de los recursos públicos, pues dado el
acuerdo de Corte Plena relacionado con el aumento por costo de
vida para el primer trimestre de este año, se debe reducir
sustancialmente los gastos presupuestados en la partida de
salarios. Finalmente reiterar a don Marvin, que la certificación
de contenido presupuestario que debe presentar para este tipo de
gestiones es la que emite el Departamento de Personal y no la del
Departamento Financiero Contable, pues lo que se requiere es
conocer la ejecución de los fondos presupuestados para estos
fines específicos. Se declara este acuerdo firme.‖

      Sobre este particular es importante indicar lo siguiente:

            En acuerdo tomado por el Consejo Superior, en
sesión de trabajo de presupuesto 2009, acta No. 10, celebrada el
23 de abril del 2008, artículo VI se aprobó en el punto 3) lo
siguiente:

        ―Cada Centro de Responsabilidad debe llevar un control
de los permisos con goce de salario que se otorguen para
capacitación que tiene aprobado cada programa, así como de los
recursos que vayan ejecutando, a efecto de que cada vez que
soliciten un permiso, adjunten certificación de que tienen
contenido presupuestario. El control del Programa 927
corresponde a la Escuela Judicial…‖

           A su vez dentro de los supuestos de formulación
para el año 2009, se estableció por parte de la Comisión de
Presupuesto la asignación de 10 permisos con goce de salario de
puestos de Juez 4 por 12 meses para efectos de capacitación a
cargo de la Escuela Judicial y el programa 927 Jurisdiccional y
por un monto total de 240 millones.

           Por lo expuesto, le informamos que este
departamento brinda a la Escuela Judicial y al Departamento
Financiero Contable los cálculos salariales, para que éste último
como ―Oficial Presupuestal‖ de la Institución, certifique el
contenido económico en las subpartidas correspondientes y la
Escuela Judicial lleve el control de los permisos que se otorguen
para capacitación, tal y como lo dispuso el Consejo Superior.

           A su vez por medio de Circular No. DGPN-0681 de
la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda
en su carácter de ente rector del sistema de presupuesto y
enviada al señor Presidente del Poder Judicial se indica:

      ―…Los órganos del Gobierno de la República, a través de
la debida coordinación entre sus unidades administrativas de
financieras y de recursos humanos, deberán llevar un registro de
la ejecución presupuestarias de las subpartidas que financias los
pagos de salarios, incluidas las contribuciones sociales, en los
niveles institucional, programático, subprogramático, partida,
subpartida y coletillas, con una periodicidad al menos bimensual
y acumuladas, que permita en todo momento a la administración
activa tomar las previsiones que se requieran para garantizar la
continuidad en los pagos de sueldos y salarios...‖

           De acuerdo con el control presupuestario que lleva
el Departamento Financiero Contable, actualmente se han
certificado ¢120.577.035,80 (Ciento veinte millones quinientos
setenta y siete mil treinta y cinco colones con 80/100) en
diversos permisos con goce aprobados a la Escuela Judicial por
parte del Consejo Superior, quedando un saldo de
¢119.855.773,00 (ciento diecinueve millones ochocientos
cincuenta y cinco mil setecientos setenta y tres colones con
00/100), sin tomar en cuenta los alcances de la sesión 05-09
antes mencionada.

           Actualmente los datos salariales del Lic. Diego
Benavides Santos al primer semestre del 2008 son los que a
continuación se detallan, tomando en cuenta los 8 meses de
licencia que solicitó la Escuela Judicial:

                                  Diego Benavides Santos
                     Subpartida           Juez 4
       Salario Base     105                    836,600.00
       Anuales          301                    361,130.13
       Refj             399                    217,516.00
       Prohibición      302                    543,790.00
       Carrera Prof.    399                    186,756.00
       I.C.S.           399                      39,947.65
       Laudo            399                      11,215.50
       Salario
                                              2,196,955.28
       mensual



       Salario Base     105                   6,692,800.00
       Anuales          301                   2,889,041.04
       Refj             399                   1,740,128.00
       Prohibición      302                   4,350,320.00
       Carrera Prof.    399                   1,494,048.00
       I.C.S.           399                     319,581.20
       Laudo            399                      89,724.00
              Costo total
                                                    17,575,642.24
              del permiso


                   Es conocido por parte de ese Consejo que para el
       ejercicio del 2009 y ante el aumento por costo de vida mayor al
       presupuestado en el primer semestre, se presentan faltantes
       proyectados importantes en la partida de salarios, por ende la
       política que se defina sobre los permisos con goce de salario
       debe ser analizada bajo la óptica de las posibles medidas de
       contingencia que se adopten. Es claro que si las decisiones son
       tendientes hacia la restricción del gasto estos permisos deben
       minimizarse, sin embargo si las medidas de ahorro por
       sustituciones que se propongan sufren los efectos deseados no
       serian necesarias estas restricciones. Concretamente si nos
       basamos en la visión de corto plazo es preferible no continuar
       con estos permisos, pero es claro que estas decisiones afectarían
       los planes de trabajo definidas o bien implicarían modificaciones
       a ellos. Por ende se trata de un tema de definición política a
       juicio de ese ente superior y sopesando el proceso de
       formulación y ejecución contra el de planificación.

              Finalmente, es necesario indicar que conforme a las
       regulaciones técnicas y legales en materia presupuestaria, este
       departamento coordina permanente y eficazmente con el
       departamento Financiero Contable, quien es el oficial
       presupuestal, para brindar la información necesaria para los fines
       pretendidos, por lo que la responsabilidad y competencia legal
       corresponde a dicho órgano y no al departamento de Gestión
       Humana.‖

                                     -0-

      Se acordó: Acoger las gestiones anteriores, en consecuencia: 1) De

conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley

Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés

institucional, conceder permiso con goce de salario y sustitución al máster

Diego Benavides Santos, Juez del Tribunal de Familia, del 16 de febrero al

19 de junio del año en curso, para que realice el diagnóstico de necesidades
de capacitación para el área jurisdiccional de familia, bajo el Programa de

Especialización de Jueces y Juezas de la Escuela Judicial. 2) Es entendido

que conforme lo dispuso este Consejo en la sesión N° 03-08, celebrada el

15 de enero del 2008, artículo LXXXII, publicado en la circular N° 20-08

del 12 de febrero de ese año, no podrá dedicarse a la actividad que se le ha

encargado, si el sustituto no ha asumido el puesto, o en el caso que no

pueda ser posible su sustitución.

      3) Conforme se indicó, dicha sustitución se sufragará del Programa

927 correspondiente a "Proyectos de Capacitación y otras Suplencias‖,

dentro de la reserva destinada a la Escuela Judicial.

      El Despacho del Presidente, el Tribunal de Familia, la Escuela

Judicial y los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán

nota para lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.

TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                             ARTÍCULO XLI

      El licenciado José Miguel Bonilla Cordero, Inspector Judicial

Tramitador del Tribunal de la Inspección Judicial, en oficio Nº 426 de 3 de

febrero en curso, comunicó lo siguiente:

             ―… me permito transcribirle resolución de las diez horas y
       cuarenta y cinco minutos del dos de los corrientes, dictada dentro
       del expediente número 541-2008 F, que es queja establecida por
       la licenciada Tatiana Sotelo Matamoros, Jueza a.i. del Juzgado
       Contravencional de Tilarán contra el señor William Villegas
       Barrantes, Auxiliar Judicial de ese mismo Juzgado, que
       literalmente dice:
              "INSPECCION JUDICIAL.- San José, a las diez horas y
       cuarenta y cinco minutos del dos de febrero del año dos mil
       nueve.- Hágase del conocimiento del Consejo Superior, para lo
       que a bien tenga disponer, la solicitud de medida cautelar de
       separar del puesto al señor William Villegas Barrantes, Auxiliar
       Judicial del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
       Tilarán, visible a los folios 83 y 84, atendiendo las
       consideraciones que expone la licenciada Cinthia Sáenz Valerio,
       Jueza de ese mismo Despacho y la gravedad de los hechos
       acusados en el auto de traslado de cargos y ampliación de los
       mismos, de las quince horas catorce minutos del dieciocho de
       julio, dieciséis horas veintisiete minutos del ocho de agosto y
       quince horas y veinte minutos del veintiuno de agosto, todos del
       año dos mil ocho (folios 50 y 51, 63 y 64 y 136 y 137).-
       Notifíquese. F) Licenciado José Miguel Bonilla Cordero,
       Inspector Judicial Tramitador. Exp. 541-2008 F.‖

                                     -0-

      Se acordó: Denegar la medida cautelar solicitada por el licenciado

José Miguel Bonilla Cordero, en razón de que este Consejo no encuentra

motivos que justifiquen la aplicación de una suspensión en este caso, por

cuanto el servidor encausado debe ajustar sus acciones a lo que disponga su

jefatura; además de que este Consejo viene aplicando una política

restrictiva en materia de sustituciones, permisos con goce de salario y otros

rubros que afectan la partida de salarios.

                             ARTICULO XLII

       En aras de una sana utilización de los fondos públicos, se acordó

Hacer una atenta instancia al Tribunal de la Inspección Judicial para que se

de prioridad a los procesos disciplinarios en que los servidores judiciales se

encuentren suspendidos con goce de salario, con el fin de que en estos la

instrucción sea concluida en el menor plazo posible, pues para el Poder
Judicial es sumamente oneroso mantenerlos suspendidos en esa condición

por períodos prolongados, lo anterior, con motivo de la aprobación de la

política restrictiva en materia de sustituciones, permisos con goce de salario

y otros rubros que afectan la partida de salarios.

COMISIONES

                             ARTÍCULO XLIII

      El Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, en condición de

Presidente de la Comisión de la Jurisdicción Penal, en oficio N° CAP046-

08 de 19 de diciembre de 2008, recibido el 26 de enero último, comunicó lo

siguiente:

              ―… hacer de su conocimiento el acuerdo adoptado por la
       Comisión de Asuntos Penales con respecto a los programas de
       atención que brinda el Ministerio de Justicia a la población penal
       juvenil con consumo de sustancias psicoactivas, lo anterior con
       el fin de que si el Consejo Superior lo estima necesario lo haga
       del conocimiento de los funcionarios del Poder Judicial que
       atienden esta materia, mediante circular.

              Según información suministrada a la Comisión de
       Asuntos Penales por funcionarios del Ministerio de Justicia, el
       Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil,
       cuenta con los siguientes proyectos de atención: 1. Atención
       Institucional (Centro de Formación Juvenil Zurquí y Centro
       Adulto Joven) y 2. Atención Ambulatoria (Programa de
       Sanciones Alternativas).

              En el primer Proyecto se atiende a las personas
       condenadas con pena privativa de libertad, quienes desde el
       momento de su ingreso al Centro Institucional son introducidos
       en los programas de atención a jóvenes consumidores de
       sustancias psicoactivas, el cual se compone de tres fases, a saber:
       diagnóstico, motivacional y de tratamiento o terapéutica (ésta
       última opera con quienes quieren hacer un cambio en sus vidas).

              En el Segundo Proyecto se atiende la población
       sancionada con una medida alternativa, población que se atiende
       por medio de tratamiento ambulatorio.

              Según se informó, el Ministerio de Justicia no cuenta
       con programas desintoxicación en ninguno de los proyectos
       que atiende. Además la población con suspensión del proceso a
       prueba y aquella a la que se le impone una medida cautelar no
       forma parte de estos programas, pues la competencia del
       Ministerio comprende únicamente a las personas jóvenes sobre
       las que ha recaído una sentencia firme.

              Los operadores jurídicos de la materia penal juvenil
       deberán tomar en consideración esta información a la hora de
       definir la situación jurídica de los imputados y pueden consultar
       a los funcionarios que atienden estos proyectos en los teléfonos:
       2268-7528 y 2268-7526.‖
                                     -0-

      Asimismo, el Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, en su

expresado carácter, en oficio N° CAP005-09 de 28 de enero citado,

manifestó lo siguiente:

              ―Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo
       adoptado por la Comisión de Asuntos Penales con respecto a los
       programas de atención que brinda el Ministerio de Justicia a la
       población penal juvenil con consumo de sustancias psicoactivas,
       lo anterior con el fin de que si el Consejo Superior lo estima
       necesario lo haga del conocimiento de los funcionarios del Poder
       Judicial que atienden esta materia, mediante circular.

                            “CIRCULAR Nº: …-09

               ASUNTO: Proyecto del Programa Nacional de Atención
       a la Población Penal Juvenil.

        A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE TRAMITAN
               MATERIA PENAL JUVENIL DEL PAÍS

                          SE LES HACE SABER QUE:

               El Consejo Superior, en sesión N° ----09, celebrada el …
       de octubre del 2009, artículo …., a solicitud de la Comisión de la
       Jurisdicción Penal, dispuso comunicar lo siguiente:
               Según información suministrada por funcionarios de la
       Dirección Nacional de Adaptación Social de Ministerio de
       Justicia y Gracia, el Programa Nacional de Atención a la
       Población Penal Juvenil, cuenta con los siguientes proyectos de
       atención: 1. Atención Institucional (Centro de Formación
       Juvenil Zurquí y Centro Adulto Joven) y 2. Atención
       Ambulatoria (Programa de Sanciones Alternativas).

              En el primer Proyecto se atiende a las personas
       condenadas con pena privativa de libertad, quienes desde el
       momento de su ingreso al Centro Institucional son introducidos
       en los programas de atención a jóvenes consumidores de
       sustancias psicoactivas, el cual se compone de tres fases, a saber:
       diagnóstico, motivacional y de tratamiento o terapéutica (ésta
       última opera con quienes quieren hacer un cambio en sus vidas).

              En el Segundo Proyecto se atiende la población
       sancionada con una medida alternativa, población que se
       atiende por medio de tratamiento ambulatorio.

              Según se informó, el Ministerio de Justicia no cuenta
       con programas desintoxicación en ninguno de los proyectos
       que atiende. Además la población con suspensión del proceso a
       prueba y aquella a la que se le impone una medida cautelar no
       forma parte de estos programas, pues la competencia del
       Ministerio comprende únicamente a las personas jóvenes sobre
       las que ha recaído una sentencia firme.

              Los operadores jurídicos de la materia penal juvenil
       deberán tomar en consideración esta información a la hora de
       definir la situación jurídica de los imputados. Se informa
       también que pueden consultar a los funcionarios que atienden
       estos proyectos en los teléfonos: 2268-7528 y 2268-7526.

             San José, … de … de 2009‖

                                      -0-


      Se dispuso: Acoger la solicitud de la Comisión de la Jurisdicción

Penal, en consecuencia, disponer la publicación de la siguiente circular,

dirigida a los funcionarios judiciales que laboran en materia penal juvenil,

en cuanto a los proyectos del Programa Nacional de Atención a la
Población Penal Juvenil, en los siguiente términos:


                           “CIRCULAR Nº: …-09

               ASUNTO: Proyecto del Programa Nacional de Atención
       a la Población Penal Juvenil.

        A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE TRAMITAN
               MATERIA PENAL JUVENIL DEL PAÍS

                        SE LES HACE SABER QUE:

               El Consejo Superior, en sesión N° ----09, celebrada el …
       de octubre del 2009, artículo …., a solicitud de la Comisión de la
       Jurisdicción Penal, dispuso comunicar lo siguiente:

               Según información suministrada por funcionarios de la
       Dirección Nacional de Adaptación Social de Ministerio de
       Justicia y Gracia, el Programa Nacional de Atención a la
       Población Penal Juvenil, cuenta con los siguientes proyectos de
       atención: 1. Atención Institucional (Centro de Formación
       Juvenil Zurquí y Centro Adulto Joven) y 2. Atención
       Ambulatoria (Programa de Sanciones Alternativas).

              En el primer Proyecto se atiende a las personas
       condenadas con pena privativa de libertad, quienes desde el
       momento de su ingreso al Centro Institucional son introducidos
       en los programas de atención a jóvenes consumidores de
       sustancias psicoactivas, el cual se compone de tres fases, a saber:
       diagnóstico, motivacional y de tratamiento o terapéutica (ésta
       última opera con quienes quieren hacer un cambio en sus vidas).

              En el Segundo Proyecto se atiende la población
       sancionada con una medida alternativa, población que se
       atiende por medio de tratamiento ambulatorio.

              Según se informó, el Ministerio de Justicia no cuenta
       con programas desintoxicación en ninguno de los proyectos
       que atiende. Además la población con suspensión del proceso a
       prueba y aquella a la que se le impone una medida cautelar no
       forma parte de estos programas, pues la competencia del
       Ministerio comprende únicamente a las personas jóvenes sobre
       las que ha recaído una sentencia firme.

             Los operadores jurídicos de la materia penal juvenil
       deberán tomar en consideración esta información a la hora de
       definir la situación jurídica de los imputados. Se informa
       también que pueden consultar a los funcionarios que atienden
       estos proyectos en los teléfonos: 2268-7528 y 2268-7526.

               San José, … de … de 2009‖

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que

corresponda.

ASUNTOS VARIOS

                             ARTÍCULO XLIV

      Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General,

que a las 13:40 horas del 3 de febrero en curso, se recibió cédula de

notificación de la resolución dictada por la Sala Constitucional Nº 2008-

015895, en la que se declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto por

el licenciado Luis Gustavo Valverde Chavarría contra el Presidente de este

Consejo, por estimar que el acuerdo en que se le revocó su nombramiento

no se encontraba firme.

      Se dispuso: Tener por hechas las manifestaciones de la Secretaria

General y tomar nota de la resolución de la Sala Constitucional. Se declara

acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLV

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° DP 084-09 de 6 de febrero en curso, manifestó lo

siguiente:

               ―Se ha recibido información de la Oficina de Protocolo de
       la Corte Suprema de Justicia de Perú, que una delegación visitará
       nuestro país, la que estará integrada por el Señor Presidente de la
       Corte, Dr. Javier Villa Stein, el Dr Duberli Rodríguez Tineo, así
       como un asesor del Señor Presidente de la Corte, con el
       propósito de conocer los proyectos del Poder Judicial e
       intercambiar experiencias en diferentes campos de mucho interés
       para ambas partes.

              La delegación ingresará al país el 18 de febrero y
       permanecerá hasta el 21 de ese mes, y en razón de la visita se ha
       preparado una agenda de trabajo para atención de la delegación
       durante su visita a nuestro país. Asimismo, en un gesto de
       reciprocidad se cubrirá el hospedaje a dos representantes de la
       delegación que nos visita.

              En razón de lo anterior, me permito solicitar al Consejo
       Superior se autorice el gasto correspondiente para la atención de
       la delegación, para lo cual se adjunta una certificación de
       contenido presupuestario, monto que estará sujeto a liquidación
       una vez formalizada la correspondiente agenda de trabajo y otras
       atenciones a la delegación.

              Asimismo, se solicita la autorización para el uso del
       transporte correspondiente para la delegación.‖

                                      -0-

      Asimismo, se adjunta separación de contenido presupuestario Nº

10032 del Sistema de Presupuesto Judicial del Departamento Financiero

Contable, por un monto de ¢500.000,00 (quinientos mil colones), para

cubrir la citada erogación, con cargo al Programa 926, subpartida 10702.

     Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar el

gasto de ¢500.000,00 (quinientos mil colones exactos), con cargo al

Programa 926, subpartida 10702 y uso del transporte oficial, para los fines

indicados.

      El Despacho del Presidente, el Departamento Financiero Contable y
la Sección de Transportes Administrativos tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XLVI

      El señor Ronny Núñez Díaz, Asistente Judicial 2 del Juzgado Civil

de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en

nota de 6 de febrero en curso, solicitó lo siguiente:

              ―… prórroga para la presentación del informe mensual
       estadístico que corresponde al mes de enero del año en curso, por
       el plazo de quince días, lo anterior por cuanto indica la
       compañera Marcela Montero Flores del Departamento de
       Informática de nuestro Circuito Judicial, que tiene problemas de
       enlace con San José y que por esto no pueden generar los
       informes respectivos.‖

                                     -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y prorrogar al 28 de febrero

en curso, el plazo concedido al Juzgado Civil de Mayor Cuantía del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, para presentar el informe

estadístico correspondiente al mes de enero último.

      El Departamento de Planificación tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XLVII

      El señor Sergio Hernández Bermúdez, Asistente Judicial 2 del

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en

nota de 6 de febrero en curso, solicitó lo siguiente:

              ―… una prórroga para remitir el informe estadístico que
       corresponde al mes de enero del dos mil nueve, acudo ante tan
       honorable Consejo. Lo anterior se motiva en razón de que, según
       me indica la compañera Marcela Montero del Departamento de
       Informática, tiene problemas de comunicación o enlace con San
       José y esa circunstancia no le permite generar las estadísticas
       para que se realicen las comparaciones con dichos informes. El
       plazo pretendido puede ser de unos quince días. De tener los
       informes listos antes del tiempo requerido, serán remitidos sin
       más.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y prorrogar al 28 de febrero,

el plazo concedido al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de

la Zona Atlántica, para presentar el informe estadístico correspondiente al

mes de enero último.

      El Departamento de Planificación tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XLVIII

      La licenciada Fabiola Fonseca Madrigal y el señor Ramón Meza

Marín, Jueza Coordinadora y Asistente Judicial, respectivamente, del

Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, en correo electrónico de 5

de febrero en curso, solicitaron lo siguiente:

              ―… se nos conceda una prórroga de un mes, a fin de
       remitir el informe del cuarto trimestre 2008 y el informe mensual
       del mes de enero del presente año, en virtud de lo siguiente.

              1. Desde el que se hizo la instalación del Sistema de
       Gestión en esta oficina, los informes que se han remitido han
       sido en forma híbrida enviando datos tanto del Data (opción del
       sistema de gestión para confección de informes) y los obtenidos
       en forma manual, en virtud de que siempre han habido
       inconsistencias con estas dos fuentes de información. Siendo que
       hasta el momento no se nos había informado oficialmente de
       problema alguno con esta situación.
              2. No obstante lo anterior y en aplicación de la circular
       donde se ordena que los informes deben ser directamente los
       emitidos por el Sistema de Gestión, se nos informa oficialmente;
       que existe inconsistencia en el informe remitido por este
       despacho del cuarto trimestre dos mil ocho. En virtud de ello, se
       coordinó con el departamento de informática con el fin de
       corregir el error, siendo que a la fecha no ha dado resultado
       positivo las gestiones realizadas, por lo que se ha recomendado
       una depuración detallada y total de todos los expedientes de la
       oficina que alcanzan un aproximado de cinco mil trescientos
       setenta expedientes, con el fin de lograr conciliar el sistema con
       los datos existentes actualmente.

              3. Dada la especialidad de la materia durante el mes de
       enero nos fue imposible realizar la depuración que se requiere,
       en virtud de que como bien es sabido la materia alimentaría es
       una de las que más trabajo genera al fin y principio de año, sin
       dejar de lado que en este mes por las vacaciones colectivas solo
       se laboran tres semanas.

              4. Por lo anterior, a fin de poder realizar un depuración
       exhaustiva de esos cinco mil trescientos setenta expedientes de
       los cuales debe realizarse una confrontación minuciosa con los
       datos existentes en el sistema de gestión, se solicita la prórroga
       de un mes para la presentación de los informes indicados.‖

                                     -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y prorrogar al 28 de febrero,

el plazo concedido al Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, para

presentar los informes estadísticos correspondientes al cuarto trimestre del

2008 y el informe mensual del mes de enero último.

      El Departamento de Planificación tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XLIX

     Mediante Circular N° 125-08 de 22 de julio de 2008, publicada en el
Boletín Judicial N° 150-08 de 5 de agosto de ese año, se hizo de

conocimiento de las autoridades judiciales, que la Corte Plena en sesión N°

14-08 celebrada el 5 de mayo de 2008, artículo XIV, aprobó el

"Reglamento de la Cuenta Especial de la Oficina de Defensa Civil de las

Víctimas".

      La señora Carmen María Oviedo Bonilla, Auxiliar Supernumeraria

de la Secretaría Técnica de Género, en correo electrónico de 2 de febrero en

curso, expuso lo siguiente:

              ―Con instrucciones de doña Jeannette Arias, Jefa de esta
       Secretaría, les solicito de la manera más atenta su valiosa
       colaboración a fin de que se divulgue vía Intranet, el Reglamento
       de la Cuenta Especial de la Oficina de Defensa Civil de las
       Víctimas (se anexa seguidamente), aprobado en Sesión de Corte
       Plena, Nº 14-2008, celebrada el 5 de mayo del 2008, Artículo
       XIV (Se adjunta como referencia el artículo completo citado).
       Lo anterior, por ser de interés institucional y por las acciones que
       se llevan a cabo en materia de atención a víctimas.‖
                                      -0-

     Se acordó: 1) Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, aprobar

la divulgación por medio de la intranet del ―Reglamento de la Cuenta

Especial de la Oficina de Defensa Civil a las Víctimas‖. 2) Hacer este

acuerdo de conocimiento del Colegio de Abogados a efecto de que sea

divulgado en sus agremiados y agremiadas.

      Los Departamentos de Tecnología de Información y Prensa y

Comunicación Organizacional, tomarán nota para lo que a cada uno

corresponda.

                                ARTÍCULO L
      Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General,

que a las 13:45 horas del 4 de febrero en curso, se recibió cédula de

notificación de la resolución dictada por la Sala Constitucional Nº 2008-

013962, en que se declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por el

señor Ulises Arroyo Muñoz contra el Juzgado de Trabajo de Mayor

Cuantía de Puntarenas, que en lo conducente dice:

                             “[…] CONSIDERANDO:

               I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alegó que
       desde hace cuatro años se tramita, ante el Juzgado de Trabajo de
       Mayor Cuantía de Puntarenas, el proceso por riesgo laboral No.
       04-000630-418-LA-2, contra el Instituto Nacional de Seguros.
       Aseguró que, para el 18 de junio de 2008, fecha de interposición
       del recurso de amparo, no se había dictado sentencia, dado que la
       parte demandada no ha aportado una certificación reiteradamente
       solicitada por la autoridad jurisdiccional, por lo que estima
       lesionado su derecho a una justicia pronta y cumplida, tutelado
       por el artículo 41 de la Constitución Política.

              II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir
       el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los
       siguientes: 1) El 23 de noviembre de 2004, Ulises Arroyo
       Muñoz presentó, ante el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía
       de Puntarenas, una demanda por riesgo laboral contra el Instituto
       Nacional de Seguros (ver informe a folio 13). 2) El 5 de julio de
       2005, una vez efectuado el traslado de la demanda y conferidas
       las audiencias respectivas, el Juzgado de Trabajo de Mayor
       Cuantía de Puntarenas admitió, para ante el Consejo Médico
       Forense, un recurso de apelación, interpuesto por el amparado,
       en contra del dictamen rendido por la Sección de Medicina del
       Trabajo (visible a folio 16 y ver informe a folio 13). 3) El 15 de
       agosto de 2006, el Consejo Médico Forense rindió el dictamen
       pertinente (ver informe a folio 13). 4) El 11 de setiembre de
       2006, el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas
       otorgó audiencia a las partes, por el término de tres días, para
       que se refirieran al dictamen rendido por el Consejo Médico
       Forense, asimismo le solicitó al Instituto Nacional de Seguros,
       que presentara certificación de los días de incapacidad temporal
       otorgados al recurrente por el accidente que originó la demanda
(visible a folio 17). 5) El 20 de marzo de 2007, se remitió
recordatorio al Instituto Nacional de Seguros (visible a folio 18).
6) El 22 de junio de 2007, el Juzgado de Trabajo de Mayor
Cuantía de Puntarenas requirió al Consejo Médico Forense de
Heredia que ampliara el dictamen Médico presentado el 15 de
agosto de 2006, en el sentido que se consignaran los días de
incapacidad temporal otorgados al actor (visible a folio 19).7) El
31 de enero de 2008, el Juzgado recurrido emitió un nuevo
recordatorio, para que las autoridades del Instituto Nacional de
Seguros, certificaran el número de días otorgados por concepto
de incapacidad temporal (visible a folio 59). 8) El 6 de mayo de
2008, el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas
volvió a remitir un recordatorio a las autoridades del Instituto
Nacional de Seguros, para que cumpliera con lo solicitado
(visible a folio 21). 9) El 5 de junio de 2008, el Instituto
Nacional de Seguros presentó la certificación solicitada (visible a
folio 22 y ver informe a folio 14). 10) A las 8:40 hrs. del 27 de
junio de 2008, se notificó a la autoridad recurrida, el auto inicial
de este proceso de amparo (visible a folio 29). 11) A las 13:05
hrs. del 27 de junio de 2008, el Juzgado de Trabajo y de Mayor
Cuantía de Puntarenas confirió audiencia a las partes para que se
refirieran a la certificación presentada (visible a folio 23).

       III.- SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA
PRONTA Y CUMPLIDA. El artículo 41 de la Constitución
Política estipula: "Ocurriendo a las leyes, todos han de
encontrar reparación para las injurias o daños que hayan
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en
estricta conformidad con las leyes". En igual sentido, el artículo
8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita
en San José el 22 de noviembre de 1969 indica: "Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la substanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter". De lo anterior se colige que la Administración de
Justicia está obligada a resolver en un plazo razonable los
asuntos que le son planteados. El artículo 41 de la Constitución
Política –antes transcrito-, no ha constitucionalizado un derecho
a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que
su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable, lo que ha de
ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la
complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las
autoridades, así como las particularidades de cada tipo de
proceso.

        IV.- CASO CONCRETO. En este asunto está
plenamente demostrado que, el 23 de noviembre de 2004, Ulises
Arroyo Muñoz presentó, ante el Juzgado de Trabajo de Mayor
Cuantía de Puntarenas, una demanda por riesgo laboral, a la cual
se le asignó el número de expediente 04-000630-418-LA-2. La
Jueza Coordinara del Despacho justificó el retraso para dictar
sentencia, en el hecho que el Consejo Médico Forense tardó más
de un año para resolver el recurso de apelación que el amparado
presentó contra el dictamen rendido por la Sección de Medicina
del Trabajo, y en la renuencia de las autoridades del Instituto
Nacional de Seguros para aportar una certificación del número
de días otorgados por concepto de incapacidad temporal. Al
respecto, este Tribunal considera pertinente resaltar varios
puntos. En primer lugar, si bien cierto el recurso de apelación fue
admitido desde el 5 de julio de 2005 y el Consejo Médico
Forense rindió su dictamen hasta el 15 de agosto de 2006, esto
ocurrió 1 año, 10 meses y 17 días antes que se rindiera el
informe ordenado por esta Sala. De otra parte, tal y como lo
afirma la autoridad recurrida, por 1 año, 8 meses y 25 días, el
Instituto Nacional de Seguros se mostró reticente a presentar la
prueba solicitada mediante la resolución del 11 de setiembre de
2006, no obstante, le es exigible a la Jueza encargada, por su
posición dentro del proceso, las atribuciones y responsabilidades
que implica su investidura, una actitud más diligente. Resulta
obvio que ante el incumplimiento de una orden judicial, es
responsabilidad del juez imponer su autoridad y, con los
instrumentos que el ordenamiento jurídico brinda, forzar el
cumplimiento de sus directrices. Así, por ejemplo, en el presente
caso, ante la inercia de las autoridades del Instituto Nacional de
Seguros, entre las medidas que procedían era el testimonio de
piezas ante el Ministerio Público para la investigación del delito
de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la Jueza se limitó
a enviar recordatorios, el primero hasta el 20 de marzo de 2007,
6 meses y 9 días después de haber emitido la orden, el 31 de
enero de 2008, luego de 10 meses y 11 días desde que se envió
el primer recordatorio, y el 6 de mayo de 2008, 3 meses y 4 días
, después. Así, no es admisible que la autoridad recurrida, en el
presente asunto busque librarse de responsabilidad escudándose
en el actuar del Instituto, cuando, como se explicó, le es exigible
una conducta muchísimo más acuciosa como impulsor del
proceso. Además es importante tomar en cuenta que el Juzgado
de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas emitió la resolución
mediante la cual puso en conocimiento de las partes la
certificación aportada, el propio día en el cual se notificó el auto
inicial de este proceso de amparo. Entre el 23 noviembre de 2004
y el 2 de julio de 2007, fecha para en la cual la Jueza
coordinadora del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de
Puntarenas rindió su informe sin que se hubiera dictado la
sentencia, se evidencia un lapso de 3 años, 7 meses y 9 días,
término que, desde todo punto de vista, resulta irrazonable, sobre
todo si se toma en cuenta la naturaleza laboral del proceso, al
cual, por los intereses en juego, el legislador, respondiendo al
mandato contenido en el Título V de la Constitución Política,
decidió dotar de mecanismos flexibles, con el propósito de
solventar las controversias suscitadas en ese ámbito, y conseguir
con ello, el mantenimiento de la paz social. Por último, es
importante destacar que la Jueza Coordinadora del Juzgado de
Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas, también excusó el
atraso en resolver, en el alto circulante del despacho, así como,
en la escasez de recursos. En la tramitación de los procesos, las
autoridades judiciales pueden enfrentarse a problemas de índole
coyuntural, o también, crónicos o estructurales. Los problemas
coyunturales se presentan cuando, por circunstancias ajenas al
control de los Jueces, la cantidad de procesos que manejan las
oficinas se eleva de forma inusitada. Para la solución de
problemas de este tipo, se toman medidas transitorias, con el fin
de poder hacer frente a las vicisitudes. Paralelamente, ciertos
problemas en la administración de justicia se vuelven crónicos;
ante estos, las medidas que se deben tomar son más profundas y
exigen, una reacción rápida, para que, con el avance del tiempo,
la situación de los usuarios del servicio público de
administración de justicia no se agrave, de manera progresiva. El
caso de la jurisdicción laboral es particular en nuestro país, pues,
desde larga data se han reconocido los serios problemas
estructurales que sufre, no obstante, las autoridades competentes
no han tomado las disposiciones necesarias, para solucionarlos
definitivamente. Así las cosas, a partir de la argumentación
esbozada, este Tribunal Constitucional no considera que la
justificación ofrecida por la Jueza recurrida sea atendible, razón
por la cual, se concluye que la dilación es indebida, por lo que el
recurso debe declararse con lugar.

      V.- En cuanto al proceder del Instituto Nacional de
Seguros, esta Sala omite pronunciamiento por cuanto la
evaluación de su actuar y las consecuencias que puede aparejar,
son cuestiones que compete valorar al Juzgado de Trabajo de
Mayor Cuantía de Puntarenas, a la hora de determinar la
condenatoria.
               VI.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto se impone
       declarar con lugar el recurso, por lesión del derecho a una
       justicia pronta y cumplida, tutelado por el artículo 41 de la
       Constitución Política.
                                    POR TANTO:
               Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al
       pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos
       que sirvieron de base a la presente declaratoria, los que se
       liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
       administrativo. Notifíquese esta sentencia, a Luis Paulino Mora
       Mora, en su condición de Presidente de la Corte Suprema de
       Justicia, y Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial.‖
                                    -0-

      Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones de la Secretaria

General. 2) Tomar nota de la resolución de la Sala Constitucional y hacerla

de conocimiento del Juzgado de Trabajo de Puntarenas, de la Dirección

General del Organismo de Investigación Judicial y del Consejo Médico

Forense, a efecto de que tomen las previsiones del caso, para que en otros

asuntos no ocurran los atrasos que se presentaron, los que dieron como

consecuencia la anterior condenatoria de amparo, sin perjuicio de las

medidas que pueda adoptar y proponer este Consejo. 3) Hacer esta

sentencia de conocimiento de la Corte Plena y de la Comisión de la

Jurisdicción Laboral, para lo que a bien estimen resolver sobre su

pronunciamiento, el cual señala:―El caso de la jurisdicción laboral es

particular en nuestro país, pues, desde larga data se han reconocido los

serios problemas estructurales que sufre, no obstante, las autoridades

competentes no han tomado las disposiciones necesarias, para

solucionarlos definitivamente‖. 4) Hacer la citada resolución de
conocimiento del Instituto Nacional de Seguros y del Consejo de

Administración de Puntarenas.

                              ARTÍCULO LI

      En sesión N° 97-99 celebrada el 6 de diciembre de 1999, artículo VI,

se aceptó la renuncia del señor Raúl Porras Ramos, al cargo de Chofer 2 en

la Sección de Cárceles y Transportes del Organismo de Investigación

Judicial, a partir del 23 de noviembre de ese año y se dispuso que el

Departamento de Personal tomara nota para lo de su cargo.

      Posteriormente, en sesión N° 17-00 celebrada el 29 de febrero de

2000, artículo LII, se trasladó al Departamento de Personal, la solicitud del

señor Raúl Porras Ramos, para que se le cancelaran las prestaciones que

legalmente le pudieran corresponder, con motivo de su renuncia al cargo de

Chofer de la Sección de Cárceles y Transportes del Organismo de

Investigación Judicial, así como el pago de las vacaciones proporcionales.

      Seguidamente, en sesión N° 28-00 celebrada el 6 de abril de 2000,

artículo XII, se denegó la pretensión de pago de las prestaciones legales

reclamadas por el señor Porras Ramos. Asimismo, se solicitó al

Departamento de Personal, elaborara los cálculos respectivos en cuanto a

los otros extremos.

      Mediante oficio N° 8946-08 de 14 de octubre de 2008, la Secretaría

General de la Corte, solicitó al Departamento de Personal, un informe con

respecto a lo manifestado por el señor Raúl Porras Ramos, Auxiliar de
Servicios Generales 3 de la Sección de Cárceles del Organismo de

Investigación Judicial, en nota de 6 de ese mes, que literalmente dice:

              ―[…]

              HISTORIAL LABORAL:

             I. En el año 1988 ingresé a laborar al Poder Judicial en
       condición de interino, en la entonces Sección de Transportes,
       Cárceles y Citaciones del Organismo de Investigación Judicial.

             II. En fecha 16 de octubre de 1989 fui nombrado en
       propiedad con nota de 86.23%, como Chofer de la citada
       Sección.

              III. En fecha 23 de noviembre de 1999, renuncié al Poder
       Judicial con la idea de buscar otras oportunidades.

              IV. En el mes de julio del año 2002 regresé a laborar al
       Poder Judicial, a la Sección de Cárceles y Transportes del
       Organismo de Investigación Judicial, en condición de interino, y
       bajo la Jefatura de Sección del Licenciado Luis Enrique Arias
       Muñoz y, como Sub Jefe de Transportes el señor Jorge Gamboa
       García.

             V. En la actualidad sigo laborando en dicha sección en mi
       condición de interino.

              VI. Hasta la fecha no tengo sanciones disciplinarias ni
       mancha alguna en mi record laboral, por el contrario, mi labor ha
       sido reconocida por los distintos jefes en el transcurso de este
       tiempo, evidencia de ello es que el Lic. Luis Enrique Arias
       Muñoz y el Lic. Carlos Luis Corrales Jiménez, ambos en
       diferentes oportunidades, solicitaron al Departamento de
       Personal la inclusión de mi nombre en las ternas de plazas
       vacantes con la intención de nombrarme en propiedad.

              VII. Al día de hoy cuento con el apoyo del actual Jefe de
       la Sección de Transportes Licenciado Roberto Alfaro Montero,
       así como del Secretario General del Organismo de Investigación
       Judicial Licenciado Marlon Schlotterhausen Rojas, quienes me
       han expresado su deseo de ayudarme para que continúe
       laborando en la Sección, razón por la cual éste último mantuvo
       conversaciones con funcionarios del Departamento de Personal
       para conocer mi situación y la forma de ayudar para conseguir la
propiedad. Lo anterior no solo por mi sentido de solidaridad y
cooperación en la oficina, lo cual es reconocido por los actuales
Jefes, sino también por cuanto desde hace varios años y hasta la
actualidad, soy el encargado de conducir la única grúa del Poder
Judicial.

      SITUACIÓN ANTE DEPTO. PERSONAL:

       I. Mi condición actual es interino en el puesto de chofer
de la Sección de Transportes.

     II. Pese a que estuve en propiedad, con una nota de
86.23%, al regresar al Poder Judicial en el 2002, he tenido que
someterme a exámenes, con los siguientes inconvenientes:

      a) Que según las ―disposiciones‖ de Personal esos
exámenes vencen al año, lo cual obliga a que por alguna razón
interna del Departamento de Personal, transcurre el tiempo, y
hay que volverlos a hacer. b) Debido a lo anterior se causa un
grave perjuicio, toda vez que obliga a estar en esta situación en
forma indefinida, c) En el caso del suscrito, en la oficina de
Reclutamiento, consta que al 30 de Julio del 2003 tenía una
nota                         de                           91.23%
d) No obstante lo anterior y la citada nota, tuve que repetir
exámenes, y así sucesivamente, ganando unos y perdiendo otros,
lo cual me ha causado una situación de inseguridad jurídica y
laboral.

       Es así como las disposiciones del Departamento Personal
han obstaculizado mi nombramiento, ya que tienen
implementado un sistema, que en lugar de generar orden y
seguridad, suscitan inestabilidad, ya que ganar el examen, no
significa nada, ya que bien puede existir la ―necesidad‖ de
hacerlo de nuevo un año después, porque no sacaron las ternas, y
cuando lo hacen ya transcurrió el año, y ya el examen anterior no
está vigente, con el inconveniente que si el nuevo examen se
pierde, el anterior no vale y así sucesivamente.

       Este procedimiento establecido por Personal resulta
perjudicial y discriminatorio, al punto que una persona, en este
caso específico, cierta categoría de empleados del Poder Judicial,
podría estar sometida de forma indefinida a esta situación.

      Este contexto creado por el citado Departamento de
Personal, me ha perjudicado, ya que distintas jefaturas, han
tomado en consideración mi nombre para que sea incluido en
 terna, sin llegar a materializarse en razón de lo expuesto, ya que
 depende de la coyuntural nota que tenga de casualidad en ese
 momento ante Personal.

       PETICIÓN:

      I. Que se solicite al departamento de Personal un informe
 sobre mi situación, y todas las notas que he tenido desde mi
 ingreso al Poder Judicial.

      II. Que se establezca por parte de ese Consejo Superior en
 calidad de Superior Jerárquico Administrativo del Poder Judicial,
 que se respete y conserve la nota 91.23% para ulteriores
 concursos, sin necesidad de estar haciendo cada año exámenes,
 salvo que por propia voluntad, el suscrito desee mejorar el
 promedio. Lo anterior, porque se causa un grave perjuicio e
 inseguridad jurídica, y también resulta discriminatorio respecto
 de las reglas que rigen por ejemplo para Jueces y Fiscales, a
 quienes sí se les conserva la nota, incluso a los que han
 renunciado, sin necesidad de presentar un nuevo examen, salvo
 por decisión propia.

  III. Que se me reconozca como mi nota ante el Departamento
 de Personal, la nota que consta en Reclutamiento al 30 de Julio
 del 2003 a saber un 91.23%.

  IV. Que se le solicite al Jefe de la Sección de Transportes
 Licenciado Roberto Alfaro Montero, así como al Secretario
 General del Organismo de Investigación Judicial Licenciado
 Marlon Schlotterhausen Rojas, un informe sobre la situación
 planteada y la posición de las jefaturas ante la misma.

      DOCUMENTOS QUE SE APORTAN

       1.     Copia del oficio mediante el cual el Lic. Luis
 Enrique Arias pidió que se incluyera mi nombre en terna.

       2.      Copia del oficio mediante el cual el Lic. Carlos
 Corrales pidió que se incluyera mi nombre en terna.

        3.      Copia del documento donde consta mi nota al 30
 de julio del 2003 ante la Oficina de Reclutamiento.‖
                               -0-

En sesión N° 06-09 celebrada el 22 de enero del año en curso,
artículo XXXII, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva en lo conducente

dice:

        ―(…)

              Por lo expuesto, se acordó: 1) Tener por rendido el
        informe anterior. 2) Como medida de excepción, las plazas que
        estén vacantes a la fecha de la comunicación del presente
        acuerdo al Departamento de Personal, se llenarán mediante el
        sistema de nómina y no por el sistema de ternas. Al efecto se
        procederá conforme se indica en los siguientes apartados:

              a.) Para las plazas vacantes en las que el Departamento de
        Personal ya tramitó los respectivos concursos y se cuenta con
        las listas de elegibles, se le remitirá a cada jefe de oficina la
        nómina correspondiente, para que en un plazo máximo de cinco
        días hábiles efectúe la propuesta de nombramiento.
              b) Para las plazas vacantes en puestos en las que el
        Departamento de Personal ya publicó el concurso, pero aún no
        ha iniciado el proceso evaluativo, el citado Departamento
        determinará los participantes que cumplan con los requisitos
        establecidos en el Manual de Puestos y con éstos elaborará la
        respectiva nómina, la que se remitirá al jefe de oficina para que
        proceda a efectuar la proposición de nombramiento en el plazo
        máximo de cinco días hábiles.

              c.) Para las plazas vacantes en las que no se ha iniciado
        trámite de concurso, se harán los nombramientos en propiedad
        siguiendo las pautas que se citan a continuación:

             c.1 La Sección de Reclutamiento y Selección determinará
        por oficina si la persona que en ese momento ocupa el cargo, ha
        estado nombrada en esa misma vacante por un período continuo
        no menor a un año y verificará que ese servidor además cumpla
        con los requisitos de la clase establecidos en el Manual de
        Puestos.

              c.2 Identificadas estas plazas, los nombres de las personas
        que las ocupan, de conformidad con los requisitos del punto c.1,
        el Departamento de Personal remitirá a la jefatura de la oficina el
        respectivo documento en que se especifique el número de la(s)
        plaza(s) vacante(s) así como el nombre de la(s) persona(s) que
        la(s) viene(n) ocupando, de tal forma que propondrá en el plazo
        máximo de cinco días hábiles el nombramiento en propiedad,
        justificando las razones que motivan la designación. Caso
contrario, deberá justificar ante el Consejo de Personal los
motivos para no proceder con el nombramiento de quien ocupa
la plaza. En caso de que ese Órgano estime que las razones para
oponerse al nombramiento son justificadas, se realizará el
concurso respectivo y se resolverá por medio del sistema de
nómina.

       d.) En las cadenas de vacantes que surjan producto de los
movimientos al aplicar estas disposiciones, se procederá de la
forma establecida en los puntos c.1 y c.2, del inciso anterior,
siempre y cuando la persona interina que ocupe la nueva
vacante, haya estado en ese cargo por al menos un año en forma
continua. Caso contrario, la plaza se concursará y se llenará por
el sistema de nómina.

      e.) Las proposiciones de nombramientos de servidores en
propiedad, deberán contar con el consentimiento del jefe o jefa
titular de la oficina e indicar las razones por las que justifica el
nombramiento.

      f.) Se exceptúan de lo resuelto en los puntos anteriores, las
clases de puesto que por su naturaleza necesariamente requieren
de evaluaciones psicológicas tales como Guardas, Custodios de
Detenidos, Investigadores 1 y todos aquellos que por la
naturaleza de sus funciones requieren de la valoración de
idoneidad mental para portar armas de fuego, así como los
cargos de Juez, Defensor Público y Fiscal, que tienen un régimen
particular, u otros en donde existe una ley o normativa específica
que establezca procedimientos particulares en el proceso de
reclutamiento y selección como por ejemplo el Director de
Notariado, el Auditor y Subauditor, etc.

      g.) Por ser una medida de contingencia, lo dispuesto se
aplicará a las vacantes disponibles al 31 de diciembre del 2009,
incluyendo las que surjan producto de las cadenas que se
originen de estos nombramientos. En concordancia con lo
anterior, a partir del 2010, en las plazas creadas y vacantes para
ese año, las personas serán nombradas conforme al sistema de
evaluación y confección de ternas con base en las listas de
elegibles.

     h.) Para el cargo de Investigador de cualquier categoría,
también se procederá con el nombramiento mediante nómina
cumpliendo con los demás requisitos de la clase de puesto.

     i.) En los casos de plazas vacantes que requieren examen de
idoneidad mental para portar armas, la Sección de Reclutamiento
y Selección remitirá a la jefatura la lista de las personas
participantes, previa comprobación de los requisitos requeridos y
ésta elegirá por cada plaza al menos a tres oferentes a quienes el
referido Departamento le hará la prueba psicológica para
continuar con el trámite con sólo las personas que fueron
escogidas por el jefe. La designación se hará dentro del grupo
que superen la prueba psicológica y cuente con todos los
requisitos.

      j.) Las disposiciones vigentes sobre período de prueba se
aplicarán conforme lo dispone el Estatuto Judicial a los
servidores y servidoras que resulten nombrados bajo este
procedimiento.

      3.) Debido a las constantes solicitudes de traslados que
ingresan al Departamento de Personal, cuyo trámite podría
afectar a los servidores(as) a quienes les asiste la posibilidad de
optar por una propiedad con estas reglas, se suspende el trámite
de las gestiones de traslado presentadas al Departamento de
 Personal o las que a futuro ingresen durante el período de
aplicación de este sistema de nombramientos aprobado, con
excepción de aquellas que cuenten con el visto bueno de los
 jefes de oficina donde se trasladará la persona y las que a juicio
de este Consejo por interés institucional lo requieran.

      4.) De conformidad con lo establecido en el artículo 44,
 párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse
de un asunto de interés institucional, se dispone conceder
permisos con goce de salario y sustitución a los licenciados
Henry Camacho Esquivel y Jenny Arce Córdoba, Profesionales 2
de la Sección de Reclutamiento y Selección, quienes se
integrarán al equipo para ejecutar lo dispuesto. Adicionalmente
conceder permiso con goce de salario y sustitución a los
licenciados Pablo González Hernández y Raymond Valverde
Rojas (Profesional 2- Psicólogos), así como a Patricia Méndez
López (Asistente Administrativo 2), para que continúen con el
proceso de evaluación para el cargo de Investigador 1 y así
disponer de un banco de postulantes que permitan cubrir en
forma inmediata sustituciones por motivos de permisos,
vacaciones, incapacidades, suspensiones y ascensos, con cargo
al Programa 928 "Organismo de Investigación Judicial". Dichos
permisos rigen a partir del 16 de febrero y hasta el 31 de
diciembre del 2009.

     5.) La Secretaría General de la Corte, tomará nota para los
       efectos de la publicación de la circular correspondiente, dirigida
       a las asociaciones gremiales del Poder Judicial, servidores y
       servidoras judiciales.‖
       (…)

                                          -0-

      En atención a lo anterior, el máster José Luis Bermúdez Obando y el

licenciado Henry Camacho Esquivel, por su orden, Jefe de Administración

Humana y Jefe interino de la Sección de Reclutamiento y Selección del

Departamento de Personal, en oficio N° RS-4173-08 de 27 de enero último,

indicaron lo siguiente:

               ―Mediante oficio N° 8946-08 de fecha 14 de octubre
       anterior, la Secretaría General de la Corte solicita a la Sección de
       Reclutamiento y Selección un informe en relación con la gestión
       del señor Raúl Porras Ramos, Auxiliar de Servicios Generales 3
       (Chofer) interino de la Unidad de Transportes, respecto de la
       solicitud para que se le conserve la elegibilidad que poseía como
       Chofer, sobre el particular nos permitimos informarle lo
       siguiente:

              Se procedió a revisar el expediente personal que para tales
       efectos lleva el Departamento de Gestión Humana, con el fin de
       determinar las elegibilidades que posee el señor Raúl Porras y se
       comprobó que al día de hoy no se encuentra elegible para
       ninguna clase de puesto.

              Con base en lo expuesto por el servidor Porras Ramos en
       su nota de fecha 06 de octubre pasado, si bien es cierto que en el
       año 2003 obtuvo una elegibilidad de 91.23% para el cargo de
       Auxiliar de Servicios Generales 3 (Chofer), la misma tuvo una
       vigencia de un año y para volver a obtener la condición de
       elegible, el señor Raúl debía de someterse nuevamente a
       completar todo el proceso de selección.

              Así las cosas, el señor Raúl, se inscribió en el concurso N°
       014-2006, correspondiente a las plazas vacantes de Auxiliar de
       Servicios Generales 3 (Chofer) de todo el país, sin embargo, no
       superó las pruebas psicológicas respectivas, por lo que no quedó
       elegible para el puesto de interés.
               Por lo tanto, para que el señor Raúl Porras Ramos pueda
        obtener la elegibilidad que solicita, deberá inscribirse en el
        momento que se divulgue un nuevo concurso para la clase y
        zona de su preferencia, siguiendo los lineamientos y cumpliendo
        con los requisitos que para tales efectos indique la publicación y
        normativa vigente. Se eleva el presente informe para lo que a
        bien estimen disponer.‖
                                      -0-

      Se dispuso: 1) Tener por rendido el informe del Departamento de

Personal. 2) Comunicar al citado departamento, que de conformidad con lo

resuelto por el Consejo de Personal, en sesión N° 16-2008 del 17 de julio

del 2008, artículo II, la validez del resultado de las pruebas psicológicas

para los puestos de guarda, chofer, operador de radio, oficial de

localización, conductor de detenidos y disectores, al igual que investigador

1, no tienen período de vigencia, sin perjuicio de que de manera

excepcional, se recomiende una revaloración, en un tiempo predeterminado

a juicio de la jefatura, por lo que, la política de un año de vigencia para esas

pruebas en los puestos indicados se deja sin efecto, según lo dispuesto por

el Consejo de Personal en sesión N° 11 del 18 de mayo del 2004, artículo

X. 3) El Departamento de Personal analizará el caso de don Raúl, conforme

a lo resuelto en el punto anterior. 4) Hacer este acuerdo de conocimiento

del servidor Raúl Porras Ramos.

                               ARTÍCULO LII

      En sesión N° 08-09 celebrada el 29 de enero último, artículo XVIII,

se conoció el oficio N° 192 de 19 de ese mes, en que el señor José
Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial,

comunicó que ese Tribunal, al resolver la queja N° 34-2008-F, impuso al

licenciado Gustavo Alvarado Sánchez, a la sazón Juez Contravencional y

de Menor Cuantía de Upala, la corrección disciplinaria de tres meses de

suspensión sin goce de salario, la cual quedó firme a partir del 16 de enero

citado, por interesarse indebidamente en un proceso tramitado en el

despacho donde laboraba y no excusarse de conocerlo, teniendo causal para

ello, falta que se calificó como gravísima.

      En esa oportunidad, se dispuso tomar nota de la citada comunicación

y hacerla de conocimiento del Despacho del Presidente, para que informara

al Departamento de Personal, la fecha en que se haría efectiva la sanción

impuesta al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez.

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° DP 085-09 de 6 de febrero en curso, expuso lo

siguiente:

              ―Se ha recibido escrito del Lic. Bernan Luis Salazar
       Ureña, en su condición de abogado defensor particular del Lic.
       Martín Gustavo Alvarado Sánchez, en donde informa que el Lic.
       Alvarado Sánchez se encuentra incapacitado mentalmente para
       ejercer sus funciones, toda vez que el 31 de enero fue valorado e
       internado de emergencias del Hospital Nacional Psiquiátrico y
       que con fecha 3 de febrero fue trasladado al Hospital Chacón
       Paul ubicado en Tres Ríos.

              En razón de lo anterior solicita coordinar con el
       Departamento de Psiquiatría de la Medicatura Forense para la
       valoración del Lic Alvarado Sánchez, y ordenar la suspensión de
       los procedimientos y se comunique al Departamento de Personal
       la incapacidad del funcionario judicial.
                En virtud de lo anterior, y por no ser de competencia de
         este Despacho la solicitud que se plantea, me permito adjuntar el
         documento que se presenta para que el Consejo desde sus
         facultades aplique lo que corresponde en derecho.‖

                                       -0-

     Se acordó: 1) Tomar nota de la comunicación anterior. 2) Remitir al

licenciado Gustavo Alvarado Sánchez a valoración médica por parte del

Consejo Médico Forense, a fin de que se establezca su estado actual de

salud y determine si se encuentra incapacitado total y permanentemente

para desempeñar el puesto que ocupa en la actualidad. Se declara acuerdo

firme.

                               ARTÍCULO LIII

     Los licenciados Walter Gómez R y Danilo Ugalde V. Directores de la

empresa RC Invercom S.A., en oficio N° RCI-GG-004-2009 de 4 de

febrero en curso, expusieron lo siguiente:

                ―En nombre de nuestra representada RC Invercom S.A. y
         los clientes a los cuales nos debemos, hacemos patente nuestra
         legítima preocupación por los resultados obtenidos producto de
         nuestra gestión en el Juzgado Especializado de Cobro,
         concretamente en cuanto al procedimiento de presentación y
         trámite de las demandas presentada en forma electrónica.
                Desde el mes de junio a la fecha, hemos presentado cerca
         de 4.500 demandas físicas de las cuales únicamente hemos
         recibido aproximadamente el 30% de los traslados y de los 1.116
         procesos digitales, tenemos únicamente 371 acuses de recibo;
         esto sin contar la cantidad de escritos de terminación de procesos
         y otras solicitudes a las cuales tampoco tenemos respuesta por
         parte del Juzgado Especializado.
              Esta situación nos ha puesto en una posición
         comprometida frente a nuestros clientes, debido a que nos es
       posible justificar los problemas de tiempos de respuesta del
       Juzgado durante tantos meses. Lo anterior ha generado dudas
       sobre nuestra eficiencia y afecta nuestra reputación como
       Recuperadora de Créditos Morosos. La situación se agrava
       cuando además, los medios de comunicación anuncian y enteran
       a nuestros clientes de la modernización y exitosos cambios a
       nivel del Juzgado Especializado de Cobro, siendo otra la realidad
       que campea por lo menos para los grandes usuarios.
              Con toda vehemencia solicitamos interponer sus buenos
       oficios a fin de que este juzgado cuente con los recursos,
       humanos y técnicos para poder hacer frente a las necesidades de
       los usuarios de dicho servicio y poder cumplir con los
       compromisos que hemos adquirido para con nuestros clientes y
       sobre todo hacer patente el principio de justicia pronta y
       cumplida.‖

                                     -0-

     Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar a la

Comisión de la Jurisdicción Civil y al Coordinador del Juzgado

Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, se sirvan

rendir un informe, con respecto a lo manifestado por los licenciados Walter

Gómez R., y Danilo Ugalde V.

                             ARTÍCULO LIV

     En sesión N° 71-08 celebrada el 23 de setiembre de 2008, artículo

XXIX, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se concedió permiso sin goce de salario y por el término de tres

años, a partir del 1° de octubre de ese año, a la licenciada Patricia Vargas

González, Profesional en Derecho 3 de la Sala Tercera, a efecto de que

realizara estudios doctorales en la Universidad Salamanca, España.

Además, se autorizó una ayuda económica de $ 1.000 (mil dólares
exactos), con cargo al presupuesto del Poder Judicial y sujeto a la

existencia de contenido presupuestario.

     La licenciada Patricia Vargas González, en su expresado carácter, en

nota de 30 de enero último, recibida el 5 de febrero en curso, manifestó lo

siguiente:

              ―Desde octubre del año recién pasado estoy realizando
       estudios doctorales en Derecho Penal en la Universidad de
       Salamanca, España. Para estos efectos, ustedes me concedieron
       permiso sin goce de salario.

              Como era previsible, en los estudios requiero abundante
       material bibliográfico. Tanto en los cursos, como en la
       elaboración las investigaciones, me es indispensable contar con
       diversos libros, muchos de los cuales son de publicación
       reciente. Ahora bien, en Salamanca, como en el resto de España,
       la posibilidad de reproducir el material bibliográfico, incluso con
       fines académicos, es prácticamente nula. Esto, como entenderán,
       me acarrea muchos problemas, ya que no cuento con dinero
       suficiente para comprar los libros que necesito. Aunado a esto, la
       oferta de libros en la biblioteca de la Facultad es limitada, de ahí
       que me vea en la obligación de adquirir, por mi cuenta, aquellos
       que sean de interés para las investigaciones que realice, así como
       para la tesis doctoral.

              Como también saben ustedes, dada mi situación
       económica en este país (viajé con mi esposo -becario de la UCR-
       y mi dos hijas a España; la beca que me concedió la AECID para
       realizar estos estudios solamente contempla mi manutención y la
       beca otorgada a mi esposo consiste en una ayuda parcial), me
       impide destinar parte del dinero a la adquisición del mencionado
       material.

               Por lo anterior me permito solicitarles, respetuosamente,
       se valore la posibilidad de concederme alguna ayuda económica
       para sufragar el pago de libros, durante el período en que esté
       realizando los estudios doctorales. No omito reiterar, tal y como
       lo expuso el Magistrado Arroyo Gutiérrez al dar el aval para que
       se me otorgara permiso, que los estudios que estoy cursando son
       de interés institucional y que será el aparato de administración de
       justicia el que se verá beneficiado con ellos.‖
                                     -0-

        Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Patricia Vargas

González, en consecuencia: 1) Conceder una ayuda económica de €500

(quinientos euros) para sufragar el pago de libros durante el período en que

esté realizando los estudios doctorales, en el entendido que una vez

finalizados los mismos deberá entregar los textos adquiridos a la Biblioteca

Judicial. 2) Deberá doña Patricia suscribir el correspondiente addendum al

contrato respectivo.

        Los Departamentos Financiero Contable y de Personal, la Auditoría

Judicial, así como la Biblioteca Judicial, tomarán nota para lo que a cada

uno corresponda.

                               ARTÍCULO LV

        Mediante oficio N° 961-09 de 3 de febrero en curso, la Secretaría

General de la Corte, solicitó al licenciado Alexander Matarrita Casanova,

Administrador Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, un

informe respecto a lo manifestado por la licenciada Shirley Barrantes

Barrantes, Asistente Administrativa 2 de ese despacho, que literalmente

dice:

                ―Respetuosamente me dirijo ante ustedes a exponer mi
         caso. La suscrita Shirley Barrantes Barrantes, mayor, soltera,
         licenciada en Administración de Empresas con un énfasis en
         Contabilidad y Finanzas, egresada de la UNED, incorporada al
         Colegio de Ciencias Económicas, actualmente asistente
         Administrativa II, de la Sub Unidad Administrativa de San
         Carlos, cédula de identidad número 02-0497-0859, vecina de
         Florencia de San Carlos.
        Laboro en la Subunidad Administrativa del Segundo
Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), desde su comienzo en
julio del año 1997, y para el Poder Judicial, tengo 14 años de
servir, quedé en propiedad en julio del año 1998, como
digitadora, por mi desempeño, y mi preparación académica, en
cuanto existió oportunidad he obtenido ascensos, primero
ascendí como cajera (plaza transformada a Auxiliar
Administrativo II), actualmente tengo la propiedad como
Asistente Administrativa II, y cuando el licenciado Alexander
Matarrita, salía por vacaciones me recomendó para hacer las
sustituciones, las cuales siempre acepté, nunca he tenido una
queja de mi desempeño, incluso el mismo Alexander me ha
felicitado, por mi labor.

       Mis funciones son de mucho cuidado y responsabilidad,
ya que manejo el sistema de Control de Presupuesto, análisis de
subpartidas,     reservas,    modificaciones      presupuestarias,
disponible, confección y archivos de reintegros, revisión de
viáticos, atención a proveedores y clientes internos, control de
caja chica, hacer conciliaciones y arqueos de caja, confección y
archivo de cheques, llevar el control de los títulos valores,
confección de oficios, archivo de oficios, control sobre las
necesidades que tienen los despachos respecto los oficios del
obrero especializado, y la realización de los mismos, revisión,
trámite y archivo de servicios de fotocopiado, eléctrico, bombeo,
consultas, reuniones en Financiero Contable, giras a las
periferias Guatuso, Upala, Fortuna y Los Chiles, para asuntos
relacionados con proveedores, caja chica y otros en general,
además siempre que don Alexander no se encontraba, quedaba a
cargo de la oficina, para cualquier consulta o problema para
buscar la mejor solución.

       En el 2006 se realizaron estudios de planificación, los
cuales estaban revalorando la plaza que ocupaba, ya que por su
complejidad y funciones estaban por pasarla directamente a
profesional I o II, ya que con esta responsabilidad, ni siquiera se
reconoce salarialmente el bachiller universitario.

      Sufrí un accidente cuando iba hacia mi trabajo, y posterior
a él se me ocasionó una hernia cervical C5C6, la cual me
imposibilitaba trabajar, ya que me presionaba hacia los brazos y
manos, el dolor no me permitía ni siquiera dormir, por el cual me
estuvo viendo el INS, actualmente tengo control en la CCSS,
aunque los médicos me indicaron que no mejoraría sin la
operación, siempre busco alternativas y opiniones diferentes.
Primero que todo la ayuda de nuestro señor Jesucristo, y gracias
a Dios y alternativas nuevas que he encontrado, he tenido una
mejoría sorprendente inclusive para mi persona, e incluso el
mismo neurocirujano me indicó, que no tenía explicación médica
de mi mejoría, ya que ni si quiera, podía sostener una sombrilla
para taparme o un bolso, y actualmente la última vez que me
valoró estaba ya alzando pesas de cinco libras. Por lo que el
neurocirujano me dijo, que si me llamaban para operarme,
indicara que me dejaran en la lista, pero como estoy actualmente
no es necesario operar, por lo que me envió a laborar, mi última
incapacidad fue hasta el 19 de diciembre del 2008. Por lo que
inicié mis labores normalmente el cinco de enero del 2009.
Tengo exámenes de sobra, donde se demuestra que mi
incapacidad era necesaria, fui incapacitada por todos los médicos
que me valoraron, tanto en el INS, como en la CCSS. Hasta
ahora tuve una mejoría increíble, estoy laborando y me siento
bien, gracias a Dios.

        El día viernes 16 de enero del año 2009, me solicitó el
licenciado Alexander Matarrita, que fuera a su oficina, me
comunica que vienen dos plazas de profesional para el área de
administración, para febrero o marzo del presente año, y que
como yo estaba incapacitada, él tomó la decisión y trató de traer
a dos profesionales de San José, pero que fue rechazado por los
dos, entonces nombrará a una compañera que labora actualmente
en la administración, y otra la traerá de otra oficina. Me dice, por
supuesto si usted hubiese estado en esta oficina,
indiscutiblemente la plaza es suya, pero como no estaba, con
usted no puedo contar. Me indica que me informa, para que no
piense que la decisión es tomada con mala intensión, por lo que
le manifesté que lo que está haciendo es discriminación, y que no
tenía la culpa de mi incapacidad, que tengo los exámenes incluso
la resonancia magnética, donde mi enfermedad es totalmente
legal y demostrable. Me dice que no me los pone en duda, pero
que simplemente él ya tomó una decisión, y con mi persona lo
único que tiene es un compromiso moral por mi trabajo, pero que
para él un compromiso moral no es importante. Por lo que le
indiqué que no entendía su actitud, que hasta donde yo sabía
nunca había tenido una queja acerca de mi trabajo, y me
responde no la hay, por lo que le indiqué que me ponía en una
situación que no me gustaba, porque siempre me agrada arreglar
cualquier situación de frente, pero que nunca, voy a estar de
acuerdo con una injusticia (desigualdad, discriminación). Que es
lo que siento actualmente que me está sucediendo. Le indiqué
usted me conoce, no me parece lo que está haciendo, pero yo
intentaré hacer valer mis derechos, por lo que me responde que
      no hay ningún problema, pero lo único que me va a decir, es que
      ya él averiguó en todas las dependencias a las que yo puedo
      acudir, y que no tengo ningún derecho legal, que lo único que él
      tiene es un compromiso moral, pero eso no vale.

             Me parece que se está violentando totalmente el derecho
      de igualdad, ya que cuento con la vasta experiencia para ocupar
      el cargo de profesional o más, el requisito que se pide es de
      bachiller universitario en administración, y desde antes de mi
      incapacidad tengo el título como licenciada en administración de
      empresas, con un énfasis en Contabilidad y Finanzas, egresada
      de la UNED, incorporada al Colegio de Ciencias Económicas,
      con una antigüedad de laborar dentro del Poder Judicial de 14
      años, sin una queja por mi desempeño, más bien felicitaciones, y
      ahora vuelvo de una incapacidad y el administrador me indica
      que no se puede contar con mi persona. Y antes de mi
      incapacidad mi puesto era el segundo a cargo después de él, de
      hecho si él no se encontraba, me tocaba resolver cualquier
      situación, siempre contó con mi persona, inclusive estuve
      nombrada como administradora en octubre 2006, que él sacó
      vacaciones, y él mismo me recomendó para ocupar el cargo. Mi
      incapacidad inició en noviembre 2006.

             Respetuosamente expongo ante ustedes los hechos
      supracitados, con el fin de solicitarles reconsideración para que
      se le indique al Licenciado Alexander Matarrita Casanova,
      Subadministrador Regional de San Carlos, que por los años de
      servicio, desempeño, experiencia y preparación académica,
      debería corresponderme a mí, una de las dos plazas de
      profesional en administración, que viene para esta
      administración, y que no se debería ver mi incapacidad anterior,
      como motivo para no tomarme en cuenta, porque sería
      discriminación.

            NOTIFICACIONES:

             Para notificaciones señalo el correo electrónico interno
      que aparece al indicar en Para: Shirley Barrantes Barrantes:
      sbarrantesb@poder-judicial.go.cr‖

                                    -0-

     En atención a lo anterior, el licenciado Alexander Matarrita

Casanova, en su expresado carácter, en oficio N° 107-SAN CARLOS de 5
de este mes, informó lo siguiente:

              ―En atención al contenido de su oficio 961-09 del 3 de
       febrero anterior, donde me pide referirme al oficio suscrito por la
       Licda. Shirley Barrantes Barrantes, me permito indicarle que
       efectivamente tal y como lo señala en su oficio, la Licda.
       Barrantes Barrantes es una funcionaria excelente que ha
       contribuido de manera notable al fortalecimiento de los servicios
       que durante años ha brindado la Administración Regional de San
       Carlos.

              Sí debo señalar que la decisión de no nombrar a la Licda.
       Barrantes Barrantes en una de las dos plazas de profesionales
       que se abrieron de manera extraordinaria durante este año, no
       obedece por ningún motivo a la enfermedad que la mantuvo
       incapacitada por espacio de dos años. Lo que sucedió fue que en
       el lapso de su último año de incapacidad fue cuando se aprobó la
       nueva estructura de las Administraciones Regionales y la
       incorporación a partir de enero de 2009 de las plazas de
       profesional, tuve que tomar la decisión en aquel momento de
       ofrecer esas plazas a otras profesionales que ya trabajaban en el
       Circuito, ante la incertidumbre del regreso de la Licda. Barrantes
       Barrantes.‖

                                      -0-

      Se dispuso: 1) Tener por rendido el informe del licenciado

Alexander Matarrita Casanova. 2) Comunicar a la licenciada Shirley

Barrantes Barrantes, que cuando se hicieron los nombramientos en las

plazas que hace referencia, se realizaron conforme a las facultades que

tiene la jefatura y no encuentra este Consejo ninguna ilegalidad en ellos.

                              ARTÍCULO LVI

      En sesión N° 47-07 celebrada el 26 de junio de 2007, artículo

XXXVII, se tomó el acuerdo, cuya parte dispositiva, literalmente dice:

            ―Se acordó: 1.- Acoger las recomendaciones del Informe
       N° 1137-PLA-2007 del Departamento de Planificación referente
       a "Valoración de las labores de Conserjería que realiza el
       auxiliar de Servicios Generales 2 del Juzgado Penal de San
       Ramón en el Tribunal Penal de ese Circuito". 2.- En
       consecuencia, se mantiene la colaboración al Tribunal de Juicio
       del Circuito por parte del Auxiliar de Servicios Generales 2,
       apoyo que deberá brindarse durante la segunda audiencia de cada
       día, como medida temporal por lo que resta del año. 3.- En razón
       de que no corresponde al Auxiliar de Servicios Generales, los
       Auxiliares Judiciales del Tribunal, deberán agregar escritos en
       los expedientes que se tramitan. 4.- El Departamento de
       Planificación considerará crear esa plaza para el Tribunal al
       momento de analizar el proyecto de presupuesto para el año
       2009, y solamente en el caso de que se haya contratado la
       limpieza privada, se postergará la creación de la plaza de
       Auxiliar de Servicios Generales 2 para el Tribunal. Se declara
       este acuerdo firme.‖
                                    -0-

      Posteriormente, en sesión N° 07-09 celebrada el 27 de enero último,

artículo LXIX, se dispuso mantener la colaboración que brinda el Auxiliar

de Servicios Generales 2 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de

Alajuela, al Juzgado Penal de ese Circuito, apoyo que debía hacerse

durante la segunda audiencia de cada día, como medida temporal por lo que

restaba del año.

      El licenciado Máximo Esquivel Carranza, Juez Coordinador del

Juzgado Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 4 de

febrero en curso, manifestó lo siguiente:

              ―[…]

              Teniendo conocimiento el suscrito que dicho Consejo en
       sesión número 7-09 celebrada el 20 de enero del 2009 , articulo
       LXIX, acogió gestión del Lic José Francisco Molina Salas del
       Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San
       Ramón) y dispuso mantener la colaboración a dicho Tribunal por
       parte del Auxiliar de Servicios Generales 2 del Juzgado Penal de
       San Ramón, apoyo que deberá brindarse durante la segunda
       audiencia de cada día, como medida temporal por lo que resta
del año.

        Acuerdo que causa gran perjuicio al Juzgado a mi cargo,
ello especialmente si se toma en consideración que el asunto con
el citado Auxiliar de Servicios Generales 2 del Juzgado Penal de
San Ramón, y de una plaza de auxiliar supernumerario en el III
Circuito Judicial de Alajuela creada para apoyar al citado
Tribunal de Juicio y al Juzgado Penal de San Ramón ya se había
resuelto ante el Consejo de Administración del Tercer Circuito
Judicial de Alajuela San Ramón.

       Así procedo a informarles que en sesión celebrada por el
Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de
Alajuela San Ramón , a la cual fue convocado el suscrito y con
el visto bueno del Lic Jorge Steve Fernández Rodríguez en
representación del Tribunal de Juicio local, dado que a partir del
año 2008 se crearon tres plazas de auxiliar supernumerario en el
III Circuito Judicial de Alajuela y se recomienda que una de esas
plazas colabore en ambos despachos (Tribunal de Juicio y
Juzgado Penal en labores propias de oficina ; de forma tal que el
auxiliar de servicios generales pueda realizar las labores de
limpieza y demás propias de su puesto con mayor holgura.

       Fue así , como en sesión del Consejo de Administración
de San Ramón se acordó que dicho auxiliar supernumerario
laborara las dos audiencias en el Tribunal de Juicio y no una sola
audiencia como lo recomienda el Departamento de Planificación
, pero a cambio el auxiliar de Servicios Generales del Juzgado
Penal, también se quedaría las dos audiencias en el Juzgado
Penal; además el suscrito estuve anuente el auxiliar de Servicios
Generales del Juzgado Penal de San Ramón procediera a realizar
labores de limpieza en el Tribunal de Juicio dos horas , dos veces
a la semana concretamente los días martes y jueves en la primera
o segunda audiencia todo lo cual como se dijo fue avalado por el
Consejo de Administración ; de todo ello se puede solicitar
información al Consejo de Administración de San Ramón.

       Como podrá notarse con lo ahora acordado por ustedes
como Consejo Superior, se esta modificando notoriamente lo
pactado con el Presidente del Tribunal de Juicio y el suscrito
como Juez Coordinador del Juzgado Penal, pues como se dijo, se
acordó que el auxiliar supernumerario creado para laborar una
audiencia en el Tribunal de Juicio y la otra audiencia el Juzgado
Penal así recomendado por el Departamento de Planificación,
laborara las dos audiencias en el Tribunal de Juicio, pero con la
condición de que el auxiliar de Servicios Generales del Juzgado
Penal , también se quedara las dos audiencias en el Juzgado
Penal, en todo caso como se dijo se acordó además que con un
afán de colaboración extra de parte del Juzgado a mi cargo, el
citado auxiliar de Servicios Generales procediera a realizar
labores únicamente de limpieza en el Tribunal de Juicio de San
Ramón dos horas dos veces a la semana, concretamente los días
martes y jueves y así solventarles el problema de limpieza de ese
Tribunal.

       Cabe la oportunidad, para indicarles que en el último año
la carga laboral en el Juzgado Penal de San Ramón se ha
incrementado en forma significativa máxime que se creó una
nueva plaza de Juez Penal, lo cual ha venido a acrecentar las
diferentes labores, por ello se requiere que el auxiliar de
Servicios Generales continué laborando en este Juzgado las dos
audiencias.

       Por todo ello interpongo recurso de reconsideración o
revocatoria contra el citado acuerdo de Consejo Superior tomado
en sesión número 7-09 celebrada el 20 de enero del 2009 ,
articulo LXIX, y se ordene mantener lo pactado por el Presidente
del Tribunal de Juicio de San Ramón , el suscrito en
representación del Juzgado Penal de San Ramón y ya avalado
por el Consejo de Administración de San Ramón; sea que el
auxiliar supernumerario creado en principio para dar apoyo al
Tribunal de Juicio de San Ramón (una audiencia) y al Juzgado
Penal de San Ramón (la otra audiencia), continué laborando las
dos audiencias en el citado Tribunal de Juicio y que el auxiliar de
Servicios Generales del Juzgado Penal continúe también
laborando las dos audiencia en el Juzgado Penal, prestando
únicamente colaboración de limpieza dos horas, dos veces a la
semana , concretamente los días martes y jueves en la primera o
segunda audiencia. Esto durante el año 2009 como medida
temporal.

       De no acogerse mi petición, sea de mantenerse el citado
acuerdo tomado en sesión número 7-09 celebrada el 20 de enero
del 2009, artículo LXIX, solicito a dicho Consejo que ordene
proceder como lo recomendó el Departamento de Planificación
en documento 050-DO-2007 de fecha 05 de junio del 2007
sucrito por el Master Randall Quirós Soto, de la Sección de
Desarrollo Organizacional, sea, que la citada plaza de auxiliar
supernumerario colabore con ambos despachos (Tribunal de
Juicio y Juzgado Penal) una audiencia en cada despacho; lo cual
vendría a solventar la ausencia del auxiliar de Servicios
Generales, el cual se estima de vital importancia su permanencia
        las dos audiencias en el Juzgado a mi cargo.‖
                                      -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Conceder

audiencia al Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de

Alajuela, para que en el plazo de 8 días contados a partir del siguiente a la

comunicación de este acuerdo, se refiera a lo manifestado por el licenciado

Máximo Esquivel Carranza.

                              ARTÍCULO LVII

      En sesión N° 55-06 celebrada el 27 de julio de 2006, artículo XLIII,

entre otros aspectos, se autorizó la pensión a la señora Rosa María Chaves

Díaz, cónyuge sobreviviente del exservidor judicial fallecido Eduardo Chen

Quesada. Sin embargo, en virtud de que se encontraba laborando para el

Estado, de conformidad con lo que establece el artículo 234 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, se le suspendió dicho beneficio durante el

tiempo en que se mantenga esa condición.

      La señora Rosa María Chaves Díaz, en su expresado carácter, en

nota recibida el 6 de febrero en curso, solicitó lo siguiente:

              ―Visto el voto de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA
        CORTE SUPREMA DE JUSTICIA dictado en San José, a las
        catorce horas y cincuenta minutos del cinco de noviembre del
        dos mil ocho y cuyo ―por tanto‖ señala:

               ―Se interpreta conforme al Derecho de la Constitución que
        el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es
        inconstitucional en la medida que se interprete que el concepto
        de ―pensionado‖ ahí contenido, no incluye a los familiares
        ―beneficiarios‖ del trabajador, sino únicamente a los pensionados
        directos (ex trabajadores) del Poder Judicial. Reséñese este
       pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese
       íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.‖

              Así mismo es menester indicar que el Consejo Superior
       del Poder Judicial en la sesión 55-06, artículo XLIII se acordó
       entre otras cosas y en lo que interesa:

              ―… 2) Se autoriza también la pensión para a la señora
       Rosa María Chaves Días, sin embargo en virtud de que se
       encuentra laborando para el estado, de conformidad por lo que
       establece el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
       se le suspende dicho beneficio durante el tiempo en que se
       mantenga en esa condición ...‖

              Ante lo expuesto, les solicito se levante la suspensión de
       la pensión que me afecta por ser esposa sobreviviente del
       exservidor Eduardo Chen Quesada, cédula No. 6-0112-0741.
       Esto por cuanto me asiste derecho por el artículo 232 de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial que además fue deseo del mi esposo
       fallecido que yo y mis hijas así como su hijo fuesen
       beneficiarios.

             Le ruego hacer efectiva tal solicitud en forma retroactiva
       desde el momento en que se dictó el voto mencionado esto es
       desde el 5 de noviembre del 2008.

             Pongo la siguiente dirección para notificar:

             Urbanización ―La Constancia‖ del abastecedor ―El
       Quetzal‖ 75 al oeste y 100 al norte casa No. 38. San Antonio de
       Desamparados.

             Correo electrónico: vietach10@hotmail.com […]‖
                                     -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Modificar el acuerdo tomado en la sesión N° N° 55-06 celebrada el 27 de

julio de 2006, artículo XLIII, en cuanto a la suspensión de la pensión de la

señora Rosa María Chaves Díaz, de conformidad con lo que establece el

artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.) Remitir la gestión de
doña Rosa al Departamento de Personal para que rinda el informe

correspondiente, lo anterior de conformidad con lo resuelto por la Sala

Constitucional en la sentencia N° 2008-016564 de las 14 horas 50 minutos

del 5 de noviembre del 2008, dictada en acción de inconstitucionalidad

contra el artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 7333 de 5

de mayo de 1993. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO LVIII

      En sesión N° 08-09 celebrada el 29 de enero último, artículo XLI, se

autorizó el traslado en propiedad de la señora Lizette Gamboa Bolaños,

Auxiliar Administrativo 1 de la Administración Regional del Primer

Circuito Judicial de Guanacaste, a la plaza vacante de igual categoría N°

103650, adscrita a la Oficina de Trabajo Social de Desamparados, a partir

del 1° de marzo próximo, pues cumplía con los requisitos establecidos, lo

anterior con base en la modificación a las políticas de traslado por

residencia, aprobadas por este Consejo en sesión N° 51-08 del 15 de julio

de 2008, artículo XXIV.

      La señora Lizette Gamboa Bolaños, en su expresado carácter, en

correo electrónico recibido el 4 de febrero en curso, solicitó lo siguiente:

           ―… AGRACEDER POR LA GESTIÓN DE MI
       TRASLADO A SAN JOSÉ. RESPECTO A DICHO
       TRASLADO, EN EL OFICIO QUE HACE LLEGAR LA
       SECRETARÍA GENERAL, DEL ACUERDO EN FIRME, SE
       MENCIONAN 3 PLAZAS VACANTES MÁS, DE LAS
       CUALES YO NO PUDE ENTERARME PUES CUANDO
       LLAMABA A LA SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO EL
       FUNCIONARIO ANTHONY CON QUIEN SIEMPRE HABLÉ,
       PUES ES EL ENCARGADO DE LOS TRASLADOS DE ESTA
       ZONA DE GUANACASTE, ME DIJO EN UNA OCASIÓN
       QUE EXISTÍAN VARIAS PLAZAS PARA MI TRASLADO
       PERO QUE NO ESTABA AUTORIZADO PARA
       INFORMARME DE ELLAS. ES POR ESTA RAZÓN QUE
       ACUDO UNA VEZ MÁS ANTE USTEDES, PUES POR
       RAZONES DE DISTANCIA ME CONVIENE MUCHO MÁS
       LA PLAZA N° 103615, QUE ES EN EL REGISTRO
       JUDICIAL EN SAN JOSE, PUES COMO MI DOMICILIO ES
       EN PAVAS, ME QUEDARÍA MUY INCÓMODO VIAJAR
       HASTA DESAMPARADOS DESDE ESA ZONA, Y QUIERO
       SABER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE MI
       TRASLADO SE APRUEBE EN LA MENCIONADA PLAZA,
       SI ES QUE AÚN SE ENCUENTRA VACANTE, DE NO SER
       ASÍ, PODRÍA SER TAMBIÉN EN LA PLAZA N° 44085 DE
       LA O.C.N. DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE S.J.‖
                                     -0-

      En sesión N° 08-09 celebrada el 29 de enero último, artículo XLI, se

autorizó el traslado en propiedad de la señora Lizette Gamboa Bolaños,

Auxiliar Administrativo 1 de la Administración Regional del Primer

Circuito Judicial de Guanacaste, a la plaza vacante de igual categoría N°

103650, adscrita a la Oficina de Trabajo Social de Desamparados, a partir

del 1° de marzo próximo, pues cumplía con los requisitos establecidos, lo

anterior con base en la modificación a las políticas de traslado por

residencia, aprobadas por este Consejo en sesión N° 51-08 del 15 de julio

de 2008, artículo XXIV.

      La señora Lizette Gamboa Bolaños, en su expresado carácter, en

correo electrónico recibido el 4 de febrero en curso, solicitó lo siguiente:

           ―… AGRACEDER POR LA GESTIÓN DE MI
       TRASLADO A SAN JOSÉ. RESPECTO A DICHO
       TRASLADO, EN EL OFICIO QUE HACE LLEGAR LA
       SECRETARÍA GENERAL, DEL ACUERDO EN FIRME, SE
       MENCIONAN 3 PLAZAS VACANTES MÁS, DE LAS
       CUALES YO NO PUDE ENTERARME PUES CUANDO
       LLAMABA A LA SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO EL
       FUNCIONARIO ANTHONY CON QUIEN SIEMPRE HABLÉ,
       PUES ES EL ENCARGADO DE LOS TRASLADOS DE ESTA
       ZONA DE GUANACASTE, ME DIJO EN UNA OCASIÓN
       QUE EXISTÍAN VARIAS PLAZAS PARA MI TRASLADO
       PERO QUE NO ESTABA AUTORIZADO PARA
       INFORMARME DE ELLAS. ES POR ESTA RAZÓN QUE
       ACUDO UNA VEZ MÁS ANTE USTEDES, PUES POR
       RAZONES DE DISTANCIA ME CONVIENE MUCHO MÁS
       LA PLAZA N° 103615, QUE ES EN EL REGISTRO
       JUDICIAL EN SAN JOSE, PUES COMO MI DOMICILIO ES
       EN PAVAS, ME QUEDARÍA MUY INCÓMODO VIAJAR
       HASTA DESAMPARADOS DESDE ESA ZONA, Y QUIERO
       SABER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE MI
       TRASLADO SE APRUEBE EN LA MENCIONADA PLAZA,
       SI ES QUE AÚN SE ENCUENTRA VACANTE, DE NO SER
       ASÍ, PODRÍA SER TAMBIÉN EN LA PLAZA N° 44085 DE
       LA O.C.N. DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE S.J.‖
                                   -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Modificar el acuerdo tomado en la sesión N° 08-09 del 29 de enero último,

artículo XLI, en el sentido de que el traslado en propiedad autorizado a la

señora Lizette Gamboa Bolaños, Auxiliar Administrativo 1 de la

Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, lo es,

a la plaza vacante de igual categoría N° 103615, adscrita al Registro

Judicial, a partir del 1° de mayo del año en curso, en razón de que cumple

con los requisitos establecidos. 2.) Comuníquese este acuerdo al señor Hans

Alberto Martínez Pereira.

      Los Departamentos de Personal, Administración Regional del Primer

Circuito Judicial de Guanacaste, Oficina de Trabajo Social de
Desamparados y Registro Judicial, tomarán nota para lo que cada uno

corresponda.

                             ARTÍCULO LIX

      En la circular N° 82-2005 de 21 de julio de 2005, publicada en el

Boletín Judicial N° 150 del 5 de agosto de ese año, la Secretaría General de

la Corte, hizo de conocimiento de los despachos judiciales del país, lo

siguiente:

                         “CIRCULAR No. 82-2005

             ASUNTO: Competencia de pronunciamiento sobre las
       medidas de aislamiento de personas que se encuentran
       indiciadas.

             A TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAIS
                      SE LES HACE SABER QUE:

             El Consejo Superior en sesión N° 44-05, celebrada 9 de
       junio de 2005, artículo XXXV, acogió el informe emitido por la
       Comisión de la Jurisdicción Penal, respecto a la competencia de
       pronunciamiento sobre las medidas de aislamiento de personas
       que se encuentran indiciadas, cuyo texto literalmente dice:
       "El tema que se propone en la presente consulta se resuelve, en
       criterio de esta Comisión, conforme a la normativa procesal
       vigente y, en especificó (sic), con respecto a los principios de
       legalidad procesal y de juez natural.

             En este sentido, según lo dispone el principio de legalidad,
       nuestro ordenamiento jurídico es claro al decir que las personas
       sometidas a un proceso, solo pueden ser juzgadas conforme las
       reglas establecidas previamente por el legislador y de acuerdo
       con lo que ordena la Constitución Política (ver artículo 1 del
       Código Procesal Penal y 39 de la Constitución Política). Por su
       parte, el principio de juez natural nos señala que nadie puede
       ser juzgado por un Tribunal designado especialmente para el
       caso, ni por órganos a quienes no se la ha asignado legalmente
       la facultad o el poder para ello, es decir, para conocer de una
       causa o asunto específico (artículo 3 del Código Procesal
       Penal).
      Ahora bien, analizando estos dos principios podemos decir
lo siguiente:

      1 ) Si al Juez de la Ejecución de la Pena se le ha asignado
por ley el conocimiento exclusivo de las incidencias
relacionadas con la ejecución, sustitución, modificación o
extinción de la pena o las medidas de seguridad, resulta claro
que su competencia se inicia una vez que esté firme la sentencia
condenatoria o la que imponga una medida de seguridad y no
antes, o sea, no es competente para conocer de las incidencias
que se produzcan durante el trámite ordinario de la causa
(artículos 453 párrafo 2do., y 454 del CPP y 112 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial).

      2) De igual forma, si el Juzgado Penal o el Tribunal de
Juicio son las instancias que pueden ordenar la prisión
preventiva de una persona, lo mismo que su cese o modificación
(artículos 238, 244 257 y 258 del CPP), se debe decir que,
interpretando de manera integral la normativa procesal, resulta
claro que cualquier acto que agrave la situación jurídica del
indiciado, aun cuando sea en sede administrativa, debe ser
conocido y resuelto (aprobado y controlado) por dicha
autoridad jurisdiccional, a cuya orden se encuentre la persona
indiciada.

      3) De igual forma, si el Ministerio de Justicia, a través de
las instancias administrativas respectivas, le corresponde la
ejecución material de los pronunciamientos judiciales y deben
responder ante las autoridades jurisdiccionales que las dictan o
que han sido previstas para conocer de las incidencias que se
presentan durante el cumplimiento de estas decisiones, las
acciones que se tomen en el ámbito institucional o
administrativo, deberán ser conocidas, controladas o aprobadas
por la autoridad jurisdiccional que dictó el pronunciamiento
original que llevó a una persona a ser recluida o privada de su
libertad.

      Por lo anterior, se considera que la autoridad competente
para conocer de las incidencias relacionados por la aprobación
o no de las medidas de aislamiento de una persona indiciada,
será la instancia jurisdiccional que ordenó la prisión preventiva
de ésta, no así el Juzgado de Ejecución de la Pena, cuya
competencia por ley, inicia una vez que la sentencia dictada ha
alcanzado firmeza."
       San José, 21 de julio de 2005.”
                                         -0-

      La máster Yamileth Valverde Granados, Directora del Centro de

Atención Institucional Pérez Zeledón, en oficio N° 157-09-DC-PZ de 6 de

febrero en curso, manifestó lo siguiente:

              ―… la presente tiene como fin hacer del conocimiento de
       ustedes la resolución emitida por la Licenciada Karol Vanessa
       Delgado Rivera, Jueza Coordinadora a.i. del Tribunal del II
       Circuito Judicial de la Zona Sur, en relación a solicitud de
       prórroga de aislamiento de medida cautelar que tomé, en el caso
       de un privado de libertad que se encuentra a la orden del
       Tribunal de Juicio de Corredores, dado que se me vencían las 48
       horas y al no tenía (sic) ubicación el sujeto dentro de pabellón
       colectivo, así como, mientras se gestiona el traslado a otro centro
       para salvaguardar la integridad física del privado de libertad.

              La solicitud de PRÓRROGA DE AISLAMIENTO DE
       PRIVADO DE LIBERTAD CON PRISIÓN PREVENTIVA,
       (documento adjunto), la fundamenté conforme la normativa
       interna y lo establecido en la CIRCULAR N° 82-2005,
       ―Competencia de pronunciamiento sobre las medidas de
       aislamiento de personas que se encuentran indiciadas‖, publicada
       en el boletín Judicial N° 150, de fecha 05 de agosto 2005‖. De la
       Secretaría General.

              En la nota la señora Juez contesta... ―Al respecto, se
       considera que el Ministerio de Justicia y Gracia tiene sus propias
       políticas en dicha materia para lo cual no es competencia del
       Poder Judicial en este caso Jurisdiccional. … somos dos
       jurisdicciones totalmente independientes. Ustedes en materia
       penitenciaria y administrativa de los reos y nosotros de lo penal
       y jurisdiccional. ... pero de ahí; a que nosotros ordenemos un
       aislamiento en centro penal es únicamente competencia
       administrativa y de ustedes…‖ (Documento de fecha 05 de
       febrero 2009, Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Sur)

              Habiendo cumplido con lo que ha derecho me
       corresponde como funcionaria penitenciaria, y ante la resolución
       de la Juez, supra indicada. Les consulto a ustedes si ha variado la
       normativa en esta materia, ya que a nivel del Ministerio de
       Justicia se mantiene la Circular girada en el 2005, sin embargo la
       señora juez me indica que no es competencia judicial sobre
       solicitud de prórrogas de aislamiento.‖
                                     -0-

      Se dispuso: 1) Comunicar a la máster Yamileth Valverde Granados

que la circular N° 82-2005 del 21 de julio de 2005, publicada en el Boletín

Judicial N° 150 del 5 de agosto de ese año, se encuentra vigente. 2)

Trasladar copia de la nota de doña Yamileth al Tribunal del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Sur para el trámite respectivo.

                              ARTÍCULO LX

      En sesión N° 97-08 celebrada el 16 de diciembre de 2008, artículo

LXV, en virtud que hubo un error por parte de la Jefatura de la Unidad

Médico Legal de Cartago, al haberle aceptado a la licenciada María Elena

Cortés Solís, Psicóloga Clínica de esa Unidad, el horario que tuvo mientras

laboró en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, se acordó

mantenerle a la licenciada María Elena Cortés Solís, el horario en que se

venía desempeñando, en razón de haber adquirido un derecho a su favor.

      La doctora Sonia Uribe Medrano, Jefa de la Unidad Médico Legal de

Cartago, en oficio N° 2009-309 de 6 de febrero en curso, solicitó lo

siguiente:

              ―… en relación con el oficio No. 432-09 de fecha 19-1-
       09, que contiene el Acuerdo del Consejo Superior de la sesión
       97-08 artículo LXV de fecha 16 de diciembre de 2008 recibido
       en esta Unidad Médico Legal el 20-01-09 vía correo electrónico,
       aclarar:

              1- Desde el año 1998 la licenciada Cortés Solís trabaja en
       la Unidad Médico Legal de Cartago en virtud de que se creó la
       plaza de Psicóloga Clínica en dicha Unidad, la incorporación de
       la licenciada a dicha plaza fue como la de cualquier otro servidor
       que accede a una plaza, no mediaron condiciones especiales para
       ello por ejemplo la condiciones climáticas.

             2- Nunca se le concedió un horario especial a la licenciada
       Cortés Solís en forma oral o escrita.

              3- Para acatar lo ordenado por el honorable Consejo, se
       hizo la Consulta a la Administración de la Ciudad Judicial San
       Joaquín de Flores de cual era el horario de los funcionarios que
       no viajan en bus y el 4-2-09 a las 11:16 a.m. se recibe vía correo
       electrónico que dicho horario es de 7:30 a 4:30 p.m.

              Solicito respetuosamente se me indique cuál es el horario
       en el que deberá laborar la licenciada Cortés Solís.‖
                                     -0-

      Se dispuso: Comunicar a la doctora Sonia Uribe Medrano, que el

horario en que debe laborar la licenciada María Elena Cortés Solís, es el

establecido institucionalmente, sea de las 7:30 a las 16:30 horas, en ese

sentido se tiene por modificado el acuerdo de la sesión N° 97-08 celebrada

el 16 de diciembre del 2008, artículo LXV, en razón de que es el que ha

venido cumpliendo desde su traslado a Cartago.

                             ARTÍCULO LXI

      En sesión N° 94-08 celebrada el 9 de diciembre de 2008, artículo

XLIV, con vista en el informe sobre el Consejo Ampliado realizado el 14

de noviembre de ese año, en el Circuito Judicial de Puntarenas, entre otros

aspectos, se dispuso solicitar a la Presidencia de la Sala Segunda, que

indicara el estado en que se encontraba el caso de Fertica, que se dio cuenta

en esa oportunidad.
      En atención a lo dispuesto en el acuerdo anteriormente citado, el

Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda, en

nota de 3 de febrero en curso, indicó lo siguiente:

               ―En atención al oficio 0401-09 del pasado 19 de enero, le
       informo que el expediente número 96-000 160-02 15-LA, que es
       proceso ordinario de Alfredo Vega Reyes y otros contra
       Fertilizantes de Centro América, se encuentra en esta Sala
       pendiente de resolver. El trámite que se ha dado a esta causa es
       el siguiente:

             1. El 2 de abril de 2008 la parte demandada, Fertilizantes
       de Centro América, presentó recurso de casación.

             2. Ese mismo día (2 de abril de 2008), se introdujeron los
       datos del expediente al sistema de gestión, y mediante oficio
       540-2008, se pidió al Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta del
       Segundo Circuito Judicial de San José remitir a esta Sala el
       expediente principal y todos los documentos aportados en el
       proceso (folios 832-833).

              3. El expediente ingresó a este despacho el 21 de abril de
       2008 y se le asignó a uno de los compañeros auxiliares realizar el
       legajo de casación (folio 816).

             4. El 28 de abril de 2008 se le distribuyó al suscrito
       magistrado.

              5. El 21 de mayo de 2008, debido al fallecimiento de uno
       de los coactores la Sala dictó la siguiente resolución: ―(...)
       Asimismo, se tiene por informado por ambas partes el
       fallecimiento del coactor Marco Antonio Guzmán Rodríguez. Se
       les previene comprobar oportunamente quién es el o la albacea
       de su sucesión, para lo cual la Sala toma nota de la tardanza que
       se pueda producir en la inscripción de su defunción en el
       Registro Civil. Mientras tanto el asunto continuará en estudio, en
       espera de que haga aquella comprobación antes de ser fallado
       por la Sala. (...)‖ (énfasis suplido) (Folio 836). La anterior
       prevención a la fecha no ha sido cumplida.

              6. El 23 de octubre de 2008, a raíz de una solicitud de
       embargo preventivo realizado por la parte actora, se ordenó
       enviar el asunto al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito
       Judicial de San José. (Folio 845)
               7. El expediente reingresó a esta Sala el 20 de enero de
       2009.

             8. El 21 de enero del presente año se pasó a la oficina
       asignada para estudio y para la redacción del proyecto de
       sentencia.

             9. Y el día de hoy se dictó resolución en donde se reitera
       la prevención hecha el 21 de mayo de 2008 para que se
       compruebe quién es el albacea de la sucesión del coactor Marco
       Antonio Guzmán Rodríguez.

              De conformidad con lo anterior el expediente ingresó a
       esta Sala en abril de 2008. El dictado del fallo se atrasó debido a
       que falleció uno de los actores y luego porque el asunto se tuvo
       que devolver al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito
       Judicial. Reentró a este despacho hasta el pasado 20 de enero.
       Sin embargo, antes de que el asunto sea fallado es necesario que
       se compruebe ante esta Sala quién es el albacea de la sucesión de
       Marco Antonio Guzmán Rodríguez.‖

                                      -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe del Magistrado Orlando

Aguirre Gómez y hacerlo de conocimiento del Consejo de Administración

de Puntarenas y del señor Indalacio Ordoñez Calvo, exempleado de

Fertilizantes de Centro América (FERTICA).

                             ARTÍCULO LXII

     La Corte Plena en sesión N° 4-09 celebrada el 2 de febrero en curso,

artículo VII, tomó el acuerdo que literalmente dice:

            ―En la sesión celebrada el 28 de julio del 2.003, artículo
       XXVIII, se tomó el siguiente acuerdo:

              ―El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor
       Judicial, en oficio Nº 260-100-AF-2.003 de 21 de abril de este
       año, expresó:
      ―Para su conocimiento y fines consiguientes, y a efecto de
que lo haga del conocimiento de la Corte Plena, en su calidad de
Secretaria de dicho Órgano Superior, de la manera más atenta
procedo a plantear la siguiente inquietud, relacionada con una
diferencia de criterios entre lo acordado por el Consejo Superior,
con respecto a lo externado por la Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva y esta Auditoría, en cuanto a la aplicación correcta que
debe dársele a la normativa existente en lo referente a la
posibilidad de que los jubilados y pensionados del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, puedan impartir
lecciones sin límite de tiempo en cualquier centro de enseñanza
universitario estatal, o bien ejercer otro tipo de funciones
administrativas, como es el puesto de Vicedecano de cualquier
Facultad, sin que por ello tengan que suspender el beneficio de
jubilación o pensión que reciben, tal como lo establece la
normativa existente.

      Al respecto, a continuación se mencionan una serie de
hechos y criterios que se han considerado sobre este particular:
      El artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula el
tiempo efectivo que los servidores judiciales pueden impartir
lecciones en instituciones universitarias. De esta manera, se
establece que:

     ―Se prohíbe a todos lo funcionarios y empleados del Poder
Judicial: …

      3. Desempeñar cualquier otro empleo público. Esta
prohibición no comprende los casos exceptuados en la ley ni el
cargo de profesor en escuelas universitarias siempre que el
Consejo Superior del Poder Judicial así lo autorice y las horas
lectivas que deba impartir en horas laborales, no excedan de
cinco por semana…‖

      De esta forma es clara la limitante de los servidores
judiciales para impartir lecciones en escuelas universitarias del
Estado, mientras mantengan esa posición, pues una vez que se
jubilan dejan su condición de servidor judicial, debiéndose regir,
evidentemente por lo estipulado en el Artículo 234 de la Ley en
mención, el cual establece claramente que:

     ―Al jubilado o pensionado se le suspenderá del goce del
beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro
sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las
municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de
economía mixta…"
      A raíz de lo anterior, el Consejo Superior ha procedido a
suspender el beneficio en mención de algunos jubilados y
pensionados que laboran en el sector público, incluyendo casos
de docentes de primaria y secundaria, y ha ordenado al
Departamento Financiero Contable la ejecución de un estudio
que permita determinar los casos que están en esa condición, a
efecto de suspender el beneficio, pues a pesar de que esta
Auditoría ha señalado en algunas oportunidades una serie de
beneficiarios que estaban en esas condiciones, no se suspendió
en ese momento el beneficio aludido, con la evidente violación a
la normativa existente . No obstante, en el caso de jubilados y
pensionados que imparten lecciones en escuelas universitarias,
oportunamente el Consejo Superior emitió un criterio específico,
a través del cual se establece que la normativa en referencia no le
es aplicable a los beneficiarios de este Régimen que se
encuentran en estas condiciones. Específicamente, el acuerdo
citado señala, entre otros aspectos lo siguiente:

      ―…Ahora bien, si la misma ley hace la excepción para los
funcionarios activos, incluso hasta los limita en el caso del
Poder Judicial a cinco horas por razones obvias de descanso y
de prestación del servicio judicial. Interpretar literalmente la
norma 234 como lo pretende el asesor legal de la Dirección
Ejecutiva; se estaría haciendo una discriminación odiosa y
egoísta ante situaciones similares, razón de más para hacerla
para los jubilados o pensionados, que no tienen ninguna
limitación de horas lectivas, al no afectar la prestación del
servicio ni estar sujetos a horario. Así las cosas, de una
interpretación conglobante de la Ley Orgánica del Poder
Judicial en sus artículos 234 en relación con el 9 inciso 3,
ninguna prohibición tienen los jubilados o pensionados de
ejercer cargos de profesor en escuelas universitarias.

      SE ACORDÓ: Por mayoría aprobar la interpretación que
se le da al artículo 234 en relación con el 9 inciso 3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. El Lic. Campos salva su voto y
aprueba la interpretación que de dicho artículo hace el asesor
legal de la Dirección Ejecutiva.‖

      En contraposición con el acuerdo en mención, mediante
oficio Nº 952-DE-01 de fecha 20 de julio del año 2001, el Dr.
Luis Eduardo Vargas Jiménez, Ex-Director Ejecutivo, remitió al
Consejo Superior el oficio Nº 039-DE/AL-2001 emitido por la
Asesoría Legal, en atención a la solicitud del Consejo Superior
para que ese Despacho interpretara si la sentencia 054-V-91-
CON de la Sala Primera le es aplicable a los jubilados y
pensionados de este Poder, específicamente en el caso del Lic.
Wilberth Arroyo Álvarez, quien es jubilado de esta Institución y
en ese momento, laboraba como catedrático a tiempo completo
en la Universidad de Costa Rica, pues actualmente ocupa el
puesto de Vice- Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica.

     Sobre este particular, la Asesoría Legal señala claramente
que dicha sentencia no es aplicable, ya que la Ley Orgánica del
Poder Judicial fue emitida con posterioridad al citado voto en el
año 1993, indicando entre otros aspectos lo siguiente:

      ―…En atención al oficio Nº 7753-01 fechado 27 de junio
del presente año, suscrito por la Licenciada Silvia Navarro
Romanini, mediante el cual pone en conocimiento de la Sección
de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva la sentencia Nº 054-
F-91-CON, de la Sala Primera, enviada por el Licenciado
Wilberth Arroyo Álvarez, para que se tome en cuenta al
momento de elaborar el estudio e informe sobre la aplicación del
artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; me permito
referirle lo siguiente:..

     En lo que a la materia de análisis se refiere, sea la situación
de aquellos exservidores o exfuncionarios judiciales que han
adquirido derecho a gozar jubilación o pensión y que se
encuentran percibiendo otro salario por parte del Estado (en su
más amplia concepción), la sentencia que nos ocupa no es
explícita en el tratamiento del tema, pero si analiza una
circunstancia similar…

      Cabe analizar lo que establece la Ley Orgánica del Poder
Judicial, Nº 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas,
reformada totalmente por la Ley Nº 7333 del 5 de mayo de 1993
y sus reformas, la cual entra en vigencia con posterioridad a la
normativa citada en la resolución Nº 054-F-91-CON de la Sala
Primera, e inclusive es posterior al dictado de la resolución
misma, razón por la cual no pudo ser tomada en consideración a
la hora de resolver el presente caso.

      Si bien es cierto que el artículo 9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial establece las prohibiciones a las que deben
limitarse los funcionarios y empleados judiciales, entre ellas,
según el inciso tercero, el desempeñar cualquier otro empleo
público, se indica en el mismo inciso, los casos exceptuados,
sean aquellos de Ley, o el ejercicio del cargo de profesor en
escuelas universitarias, siempre que se cumplan los requisitos
preestablecidos:

    ―Artículo 9. Se prohíbe a todos los funcionarios y
empleados del Poder Judicial:

     (…)

      3. Desempeñar cualquier otro empleo público. Esta
prohibición no comprende los casos exceptuados en la ley ni el
cargo de profesor en escuelas universitarias, siempre que el
Consejo Superior del Poder Judicial así lo autorice y las horas
lectivas que deba impartir en horas laborales, no excedan de
cinco por semanas.‖

      En principio, siguiendo el razonamiento emitido por la Sala
Primera, permitiéndose en el artículo reseñado el desempeño
simultáneo de más de un cargo dentro de la Administración
Pública (siempre que el segundo sea autorizado por Ley especial,
o se realice en carácter de docente en las aulas universitarias), y
aplicándose un régimen legal fundamentado en el inciso a) del
artículo 15 de la Ley General de Pensiones y en el artículo 6 de
la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional,
podría un empleado jubilarse como profesor de una Universidad,
y como servidor judicial, si hubiere abonado a diferentes
regímenes de pensión de cotización obligatoria y; por otro lado,
dependiendo de la circunstancia que rodee a cada caso, el
empleado judicial tiene derecho como servidor inactivo jubilado
a continuar como servidor activo en su cargo de profesor.

      Lo precedente es válido si seguimos la tesis sostenida por
la Sala Primera, según lo redactado en el párrafo anterior, pero
tan sólo en principio, pues si recurrimos al artículo 234 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial para complementar el numeral 9 del
mismo cuerpo normativo, notaremos que el Legislador no
estableció excepción alguna en los casos de servidores o
funcionarios judiciales jubilados que perciban cualquier otro
sueldo del Estado.

      ―Artículo 234. Al jubilado o pensionado, se le suspenderá
del goce del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo
cualquier otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus
instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación
y de las empresas de economía mixta.

     También se podrá suspender, según las circunstancias, el
goce del beneficio, cuando este hubiera sido acordado en razón
de enfermedad y se tenga noticia de que la persona esta
desempeñando otro empleo, mientras se mantenga esta última
situación.‖

      Es importante recordar que la Ley Orgánica del Poder
Judicial fue promulgada y entró en vigencia posterior a la
resolución Nº 054-F-91-C0N de la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, y de la misma no se desprende ningún
sistema de excepción para la regla general que engloba el
artículo de comentario. Se estipula en forma definitiva que al
jubilado o pensionado, se le suspende el goce del beneficio,
durante el tiempo que se ejerza el cargo y se encuentre
percibiendo otro salario de Instituciones Públicas.

      En virtud de lo anterior, y salvo mejor criterio,
considera el suscrito que de lo dispuesto por la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en su numeral 9 inciso 3), no se puede
desprender excepción alguna frente a la regla general
contenida en el artículo 234 de la misma Ley, aún y cuando
se utilicen como sustento legal normas de anterior
promulgación, como son el inciso a) del artículo 15 de la Ley
General de Pensiones y el artículo 6 de la Ley de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional N° 2248 del 5 de
setiembre de 1958, norma de continua aplicación debido a lo
dispuesto por los artículos primero, segundo y octavo de la
Ley N° 7531, Reforma Integral del Sistema de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional…" (El resaltado no es
del original)

     Por otra parte, nuestra asesora Legal, Licda. Ana Lía
Umaña Salazar, mediante oficio Nº 49-UJ-01 de fecha 21 de
setiembre del año 2001, señaló entre otros aspectos lo siguiente:

      ―…Sin embargo, un aspecto importante en todo esto, es que
la ley, como reiteramos, establece una limitación. Al respecto la
misma Sala Constitucional en su voto 2001-00296 del once de
enero del dos mil uno, menciona:

      ―En efecto, dedicar cinco horas semanales a la educación
superior, no es un exceso de tal identidad, como para que se
pueda afirmar que se está dando un mal uso de los fondos
públicos, sobre todo si se repara en que la excepción tiene íntima
relación con la historia moderna de los estudios superiores."

     Interpretando lo dispuesto por la Sala Constitucional en
este párrafo, pareciera que cuando exista un exceso en la
prestación de servicio de docencia, cuando al mismo tiempo se
percibe otro sueldo del Estado (en este caso un servidor judicial
activo), se podría incurrir en un mal uso de los fondos públicos,
con la necesaria consecuencia de obligar al funcionario a
sujetarse al límite máximo legal.

     Todo lo mencionado es perfectamente aplicable al servidor
activo, pero ¿qué ocurre en el caso de los jubilados?.

      Siguiendo con este análisis, el artículo 234 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, antes transcrito, es muy claro
cuando establece que al jubilado se le debe suspender el goce del
beneficio durante el tiempo en que esté percibiendo un sueldo
del Estado o de sus instituciones. No hay duda de que las
Universidades Públicas son instituciones estatales. Sin embargo
estimamos, que debe conciliarse en alguna medida esta norma
con la del artículo 9 citado, en relación con la excepción que se
hace para el caso de la docencia, pero de una manera muy
estricta, ya que el problema de la norma contenida en el artículo
234 es que establece una limitación evidente, que parece impedir
de manera absoluta, percibir cualquier otra ganancia proveniente
de fondos públicos.

      Pese a lo expuesto, la norma del 234 aunque es muy
estricta y tajante, no puede violentarse y mucho menos cuando
esa infracción pueda implicar un mal uso de los fondos públicos,
permitiéndosele a una persona percibir dos o más retribuciones
del Estado, según lo mencionado por la Sala Constitucional…"

      De esta manera y considerando que en los criterios
señalados anteriormente, existe una diversidad de opiniones
sobre este particular, es conveniente contar con un criterio
uniforme y equitativo, que venga a definir la situación que aquí
nos ocupa, cual es la potestad o no de los jubilados y
pensionados de este Poder de impartir la docencia, no sólo a
nivel universitario, sino a otros niveles, pues salvo mejor criterio,
independientemente del nivel que se trate, ya sea preescolar,
primaria o secundaria, se está impartiendo dicha función.

     Asimismo, cabe indicar que mediante Art. XXIV de la
sesión de Corte Plena del 3 de diciembre del año 2001, se
conoció el Oficio N° 1.535-01, del 19 de noviembre del 2001,
mediante el cual se transcribe el criterio de la Comisión del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones, respecto a los jubilados y
pensionados que laboran en el Sector Público, el cual señaló,
entre otros aspectos lo siguiente:

      ―Hacer ver a la Corte que la Comisión del Fondo de
Jubilaciones no comparte el criterio tomado por el Consejo
Superior, en la sesión N° 78-01, celebrada el 2 de octubre
último, en relación con la interpretación que se da al artículo 234
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por no estar a derecho. La
Comisión considera que para el caso de docencia, se debe
otorgar a los jubilados y pensionados un período igual al que se
le concede a un empleado activo del Poder Judicial."

      No obstante lo anterior, y luego de que varios magistrados
se refirieron al Acuerdo de la Comisión, así como al del Consejo
Superior sobre este particular, se indica lo siguiente:

      ―…El Magistrado Chaves expresa: "Considera la
Presidencia que el asunto es de competencia del Consejo y el
Consejo lo resolvió de esta forma y lo que habría que hacer es
tomar nota de las manifestaciones de la Comisión de
Jubilaciones y Pensiones."

     Se dispuso: Tomar nota del anterior acuerdo de la
Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial y trasladarlo al Consejo Superior, para lo que
corresponda."

     En vista de lo anterior, en la Sesión del Consejo Superior
del 22 de enero del 2002 se conoció el acuerdo precitado de
Corte Plena, señalándose lo siguiente:

      ―La Corte Plena en sesión celebrada el 3 de diciembre del
año en curso, artículo XXIV, conoció el oficio N° 1535-01 de 19
de noviembre del año pasado, en que se transcribe el acuerdo
tomado por la Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Poder Judicial, referente al criterio tomado por el Consejo
Superior, en la sesión N° 78-01, celebrada el 2 de octubre de ese
año, en relación con la interpretación que se da al artículo 234 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por no estar a derecho. La
Comisión considera que para el caso de la docencia, se debe
otorgar a los jubilados y pensionados un período igual al que se
le concede a un empleado activo del Poder Judicial, dispuso
tomar nota del acuerdo de la Comisión y trasladarlo al Consejo
Superior para lo que corresponda.

    El Lic. Campos, deja constancia que su criterio se
mantiene en cuanto al pronunciamiento que había emitido la
Auditoría Judicial sobre el particular.

     Por mayoría, se acordó: Tener por hechas las
manifestaciones anteriores y tomar nota del acuerdo de la
Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

      La Licda. Rojas se abstiene de votar. (El resaltado no es
del original)

      Por otra parte, preocupa a esta Auditoría la interpretación
que debe dársele a esta situación, sobre todo considerando la
necesidad que se dé un trato igualitario y equitativo a todos los
jubilados y pensionados beneficiarios de este régimen, pues
mientras que a algunos se les permite dar lecciones en la
Universidad de Costa Rica, ejerciendo incluso puestos
administrativos como el de Vicedecano, sin que se les suspenda
la jubilación, a pesar de que esta Auditoría lo comunicó
oportunamente al Consejo Superior, actualmente existen otros
beneficiarios de este Régimen que tienen suspendido su derecho
por laborar en instituciones públicas, e incluso, existen casos a
los que se le suspendió el beneficio por ejercer la docencia a
nivel de primaria o secundaria, con lo que a nuestro entender, se
estaría dando un trato desigual, lo cual riñe con los principios de
igualdad y equidad estipulados en nuestra Constitución Política,
y promulgados en reiteradas oportunidades por la Sala
Constitucional.

      Por lo tanto, dada la situación precitada, considerando que
el Consejo Superior ya se pronunció al respecto, y amparados a
lo establecido en la Ley General de Control Interno, se considera
indispensable que la Corte Plena se refiera a la situación en
mención, a efecto de estar a derecho con la normativa existente,
dándose a su vez un trato igualitario a todos los jubilados y
pensionados que se encuentran en esas condiciones,
específicamente considerando el caso del Lic. Wilbert Arroyo
Álvarez, quien actualmente recibe una jubilación ascendente a ¢
384.758,40 (No incluye el último incremento del mes de enero,
el cual está pendiente de aplicar), por un tiempo aproximado de
quince años laborados en esta Institución y reconocidos en el
sector público, y quien actualmente ejerce el puesto de Vice-
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa
Rica.

     Únicamente, y a manera de referencia, cabe indicar que a
través del oficio Nº 8663 del 28 de agosto del 2000 la División
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría
General de la República, se comunicó al Lic. Randall Araya
Robles, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, un
pronunciamiento de ese Órgano Contralor, cuyo asunto se refiere
al: ―Impedimento para que una persona con pensión del Estado
ejerza el puesto de Alcalde Municipal y perciba por ello un
salario‖.

      Sobre lo antes mencionado, considero pertinente traer a
colación que de conformidad con el artículo 71, inciso c) de La
Ley General de Control Interno, las auditorías internas están
facultadas para consultar directamente el criterio técnico-jurídico
de la Procuraduría General de la República y sin acompañar el
criterio de la asesoría legal. No obstante, en el presente caso no
se ha formulado dicha consulta, por considerar que de
conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el Consejo Superior es un órgano subordinado de la
Corte Plena, por lo cual ante una eventual diferencia entre la
Auditoría y el Consejo, según el artículo 36 de la Ley General de
Control, corresponde resolverla a la Corte, ya que en caso
contrario, no parece razonable que la Auditoría tenga que estar
recurriendo frecuentemente a otras instancias externas al Poder
Judicial, pudiendo agotar previamente esta posibilidad adicional
que la Ley referida ofrece, ya que este tipo de consultas, de
acuerdo con el artículo 38 de la mencionada Ley, deberían
efectuarse únicamente cuando haya discrepancias entre el
máximo jerarca y la Auditoría Interna.

      Con fundamento en lo expuesto anteriormente, y en caso de
que la Corte no considere pertinente pronunciarse sobre el
particular, por ser un asunto relacionado con el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones, es conveniente que se Consulte esta
situación a la Procuraduría General de la República, a efecto de
aclarar la situación susodicha, y mantener un criterio uniforme y
equitativo en la aplicación de dicha normativa, pues no debemos
olvidar que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones recibe un
aporte considerable proveniente de Fondos del Estado,
ascendente al 12% del Presupuesto asignado a esta Institución, y
por ende, es un deber de este Despacho y de la Administración
Superior, velar por el buen uso de los recursos de este Fondo, de
conformidad con la normativa existente.

      No omito indicar que el Art. 12 de la Ley General de
Control Interno denominado, "Deberes del jerarca y los titulares
subordinados en el sistema de control interno", establece en el
inciso b) y c) lo siguiente:
      "En materia de control interno, el jerarca y los titulares
subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los
siguientes deberes:…

     b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

      c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones,
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría
interna, la Contraloría General de la República, la auditoría
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que
correspondan…."

     Asimismo, el Artículo 39 de dicha ley denominado,
"Causales de responsabilidad administrativa", señala entre otros
aspectos lo siguiente:

      ―El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley,
sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a
la respectiva relación de servicios.
      El jerarca, los titulares subordinados y los demás
funcionarios      públicos    incurrirán     en     responsabilidad
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de
control interno u omitan las actuaciones necesarias para
establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la
normativa técnica aplicable…"
                                -0-
      Las diligencias se remitieron a estudio del Magistrado
Ramírez, quien rinde el siguiente informe:

      ―El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor
Judicial, solicita un pronunciamiento de Corte Plena en lo
relativo a si debe o no suspenderse el pago de la jubilación a los
servidores jubilados y pensionados del Poder Judicial que
laboran en el sector público, impartiendo lecciones en
universidades estatales o, incluso, en centros de enseñanza
primaria y secundaria. Señala que existen criterios dispares, lo
que ha originado un trato desigual a los jubilados y que el
Consejo Superior señaló que tales personas podían ejercer la
docencia universitaria, aplicándoseles por analogía lo dispuesto
en el artículo 9 inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
tanto permite a los servidores activos impartir lecciones en
escuelas universitarias, siempre que las horas lectivas, dentro del
horario laboral, no excedan de cinco por semana.
     El problema planteado se relaciona con varios principios
fundamentales entre los cuales cabe destacar el de legalidad
administrativa, la prohibición de percibir una doble
remuneración a cargo del Estado y el derecho al trabajo.

     El artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
dispone: ―Al jubilado o pensionado se le suspenderá del goce
del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier
otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de
las municipalidades, de las juntas de educación y de las
empresas de economía mixta...‖.

      Esta norma es similar a las existentes en otros textos
legales que regulan la situación de quienes reciben del Estado
prestaciones económicas por concepto de jubilaciones o
pensiones y significa una prohibición clara y tajante para
continuar percibiéndolas cuando se asuma el desempeño de un
nuevo cargo público (no así el ejercicio liberal de una profesión
o el prestar servicios bajo un patrono privado, pues en estas áreas
no existen limitaciones de ninguna naturaleza. También debe
distinguirse la situación de quienes imparten docencia
universitaria durante su servicio activo en el Poder Judicial –
antes de jubilarse-, pues tales personas pueden continuar
ejerciendo la docencia e incluso acogerse a los dos regímenes de
pensiones).

      La norma extiende su limitación, entonces, únicamente a
quien después de jubilarse en el Poder Judicial, inicia el
desempeño de un nuevo cargo público, ya se trate de impartir
lecciones en universidades públicas o en otros centros de
educación con cargo al presupuesto del Estado.

     Puesto que se trata de una prohibición legal, la única
manera de excepcionarla (en virtud del principio de legalidad
que rige las actuaciones administrativas y las limita a lo que
expresamente se encuentra permitido), es a través de una norma
de idéntico rango formal, es decir: de una ley que levante la
prohibición en circunstancias definidas por el propio legislador.

     Lamentablemente, la Ley Orgánica del Poder Judicial solo
estableció la prohibición y no señaló ningún modo expreso de
excepcionarla, por lo que en estricto rigor técnico, debe
concluirse que a los jubilados y pensionados que inicien, luego
de acogerse a la jubilación o pensión, el desempeño de un cargo
público, ha de suspendérseles el goce del beneficio mientras
continúen desempeñándolo.

      El criterio adoptado por mayoría del Consejo Superior (de
aplicar analógicamente la excepción prevista para los servidores
activos y permitir que se imparta docencia universitaria), no
resulta viable por varias razones. En primer término, no existe
ningún vacío jurídico que deba llenarse a través de
interpretaciones analógicas, sino una clara y terminante
prohibición expresa establecida por el legislador. En segundo
lugar, esta analogía viene, en realidad, a erigir una excepción que
solo podría operar si hubiese sido prevista en la ley. La
administración no puede otorgar beneficios que el legislador no
concede; ni imponer o dispensar de requisitos que las normas no
autorizan. Se trata, además, de una analogía que afecta el
patrimonio estatal.
      En tercer lugar, la situación de los servidores activos y los
jubilados es por completo y evidentemente distinta, por lo que no
puede acudirse a analogías solo con base en el denominador
común de la entidad en la que se presta o se prestó servicios. El
artículo 9 inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite
a los funcionarios ejercer la docencia, pero limitándola
estrictamente a la universitaria y a cinco horas semanales, dentro
de la jornada laboral. Fuera de esta jornada, los servidores
pueden impartir lecciones sin limitación horaria. Ahora bien, los
jubilados, por razones obvias, no se encuentran sujetos a una
jornada laboral, por lo que restringir la posibilidad de que
impartan clases a cinco horas semanales (como se ha propuesto
en alguna oportunidad), carece de todo sentido y habría de
concluirse que podrían desempeñar a tiempo completo un cargo
público, por ejemplo, como rector de una universidad estatal, y
percibir tanto el salario correspondiente como su pensión
también a cargo del Estado, y todo esto con base en una
interpretación hecha en vía administrativa sin ningún asidero en
la ley.

    En otros textos legales sí se establecen excepciones expresas
para los trabajadores pensionados de ciertos sectores. Como se
dijo, lamentablemente tal cosa se omitió en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y no existe una excepción genérica dispuesta en
otras normativas. Conviene transcribir aquí el criterio vertido
por la Procuraduría General de la República en oficio No. C-
266-2002 de 8 de octubre de 2002:

   ―I. PROBLEMA PLANTEADO:

   Se solicita el criterio de este Órgano Asesor, respecto a la
procedencia jurídica de que la Universidad Estatal a Distancia
pueda recontratar personal que goza de jubilación por parte del
Magisterio Nacional, de manera que pueda percibir salario y
pensión en forma simultánea, aún y cuándo dicha recontratación
no sea para Programas de Postgrado ni de Investigación.

   Al efecto, y cumpliendo con la disposición contenida en el
numeral 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, se adjunta oficio número O.J. 2002-178, de fecha 13
de mayo del presente año, que contiene la opinión legal de la
Institución, concluyéndose, con respecto al tema de interés, que:

    "Así las cosas, la excepción que ampara sin restricciones (en
cuanto a jornada o cargo) a funcionario de la Universidad de
Costa Rica para que reciban pensión o salario de forma
simultánea, también es aplicable a los demás funcionarios de
instituciones de educación superior universitaria estatal, por lo
que los funcionarios de la UNED acogidos a la Ley N.2248,
tienen derecho a recibir pensión y salario de forma simultánea."
(El destacado corresponde al texto original)

   II. PREÁMBULO:

      La consulta planteada tiene como objeto precisar, si desde
el punto de vista legal, es posible recontratar a los pensionados
del Magisterio Nacional, percibiendo simultáneamente pensión y
salario, para desarrollar actividades que no sean, necesariamente,
Programas de Postgrado o de Investigación. De previo a
examinar el fondo del asunto planteado, consideramos oportuno
referirnos a algunos aspectos preliminares que nos ayudarán a
dilucidar el tema consultado.

     En primer término, es importante traer a colación la
definición que sobre el término "jubilación", desarrolla el autor
Guillermo Cabanellas, en su obra "Diccionario de Derecho
Usual", indicando al respecto que constituye:

      "(El) Retiro del trabajo particular o de una función
pública, con derecho a percibir una remuneración calculada
según los años de servicios y la paga habida. Cuantía o importe
de lo que se percibe sin prestación de esfuerzo actual, y por la
actividad profesional desplegada hasta alcanzar cierta edad o
encontrarse en otra situación, como la invalidez, que anticipen
tal derecho o compensación. La jubilación no solo afecta a los
empleados públicos, sino también a quienes prestan servicios a
empresas particulares, siendo tendencia general la de extender
los beneficios de la jubilación a todos los trabajadores mediante
fondos constituidos o integrados por aportes de patronos,
obreros y del Estado." (Cabanellas, Guillermo. Diccionario de
Derecho Usual, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1974,
pp.443)

      Teniendo claro el concepto trascrito, es importante
referirnos ahora a la prohibición que existe en nuestro
Ordenamiento Jurídico de percibir doble salario, por el
desempeño simultáneo de más de un cargo remunerado en la
Administración Pública, o por el nombramiento de una persona
jubilada, en un puesto remunerado, con el disfrute conjunto del
beneficio de su pensión, salvo las excepciones que al respecto se
dispongan. Téngase en consideración, que la Ley número 1279,
de 2 de mayo de 1951, Ley de Administración Financiera de la
República, contemplaba tal prohibición, mediante el enunciado
contenido en el numeral 49 de la referida Ley, mismo que en lo
conducente indicaba:

     "ARTICULO 49.- Ninguna persona podrá desempeñar
simultáneamente más de un cargo remunerado de la
Administración Pública, ni recibir más de un giro por concepto
de sueldos. Quedan a salvo de esta prohibición los profesores o
maestros en cuanto a funciones docentes, los médicos en razón
del ejercicio de su profesión y los funcionarios judiciales con
respecto a las actividades relacionadas con el Código de
Trabajo que desempeñen como recargo y los Agentes de Policía
que ejercen como recargo la Administración de Correos. (Así
reformado por el artículo Único de la Ley Nº 1381 de 18 de
diciembre de 1951).

      La persona que goce de jubilación o pensión de derecho o
de gracia y acepte cargo o función remunerada en la
Administración Pública, perderá por ese mismo hecho el
beneficio de la pensión o jubilación que le correspondería
recibir durante el tiempo que dure el ejercicio del cargo
referido. Quedan exceptuadas de esta disposición aquellas
personas que por la índole de los servicios especializados que
estén en capacidad de prestar, sean objeto de un nombramiento
remunerado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones,
durante los seis meses anteriores a la fecha de una elección y
hasta un mes después de la verificación de la misma. (Así
reformado por Ley Nº 4533 de 23 de febrero de 1970, artículo
1º) Aparte de los sueldos o dietas devengados no podrá
autorizarse, por planillas ni por otro medio, pago alguno a favor
de los funcionarios o empleados como retribución por los
servicios ordinarios prestados. Igual prohibición rige en cuanto
a las personas que reciban pensión o jubilación de cualquier
especie a cargo del Tesoro Público (…)".

      El Cuerpo Legal, del cual forma parte el artículo recién
trascrito, fue derogado con la promulgación de la Ley número
8131, de fecha 18 de setiembre de 2001, Ley de Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que en su
numeral 127 dispuso, en forma expresa la derogatoria en
mención. Cabe agregar, que del estudio del nuevo texto legal, se
evidencia que no se contempló en el mismo, la aludida
prohibición, lo que podría hacer pensar que la misma ya fue
superada.
      No obstante, es dable tener presente que nuestro
Ordenamiento Jurídico se suple de diferentes fuentes de derecho,
contando entre las mismas, las resoluciones emitidas por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las cuales, a
tenor de lo preceptuado por el artículo 13 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, Ley número 7135, de fecha 11 de
octubre de 1989, constituyen jurisprudencia de carácter
vinculante.

      En lo tocante a la prohibición del doble pago, que aquí nos
ocupa, el Órgano Constitucional ha emitido suficiente
jurisprudencia ratificando el tema, lo cual, teniendo en cuenta lo
esbozado en el párrafo anterior, implica que deban considerarse,
en su carácter de vinculantes, las resoluciones emitidas en esa
Sede. En virtud de ello, y a manera de ilustración, traemos a
colación la resolución dictada por ese Órgano Constitucional, a
las dieciséis horas y treinta y seis minutos del cuatro de julio de
1995, en donde, con fundamento en otras sentencias dictadas por
el mismo, se adujo que resultaba inconstitucional el disfrute
simultáneo de pensión y salario. En dicha resolución, la Sala, en
forma expresa, consideró que existía jurisprudencia
constitucional suficiente, que impedía esa doble percepción. Al
respecto, manifestó lo siguiente:

      "En la acción se discute, exclusivamente, la validez
constitucional del párrafo segundo del artículo 49 de la Ley de
la Administración Financiera de la República; es decir sobre la
razonabilidad de la norma que se prohíba pagar a una misma
persona, simultáneamente y con fondos públicos, salario y
jubilación. Sobre el tema, la Sala ha producido alguna
jurisprudencia, en el sentido de que tal prohibición no es
irrazonable y por ello constitucional (…) En razón de todo lo
dicho, la Sala estima que la jurisprudencia citada debe ser
confirmada en esta sentencia y la acción resulta totalmente
improcedente y en consecuencia, procede su rechazo por el
fondo. "(Voto número 3451-95, de las 16 horas y 36 minutos del
4 de julio de 1995)

     En adición a lo expuesto, valga resaltar que existe otra
norma legal, con plena vigencia, que recoge la prohibición
contemplada en el derogado artículo 49 de la Ley de la
Administración Financiera, y se encuentra prevista en el numeral
14 de la Ley General de Pensiones, que es Ley número 14, de
fecha 2 de diciembre de 1935, la cual, en su texto dispone:

     "ARTÍCULO 14.- Ninguna persona que retire pensión del
Estado, por cualquier concepto que sea, de derecho o de gracia,
puede ser nombrada para el desempeño de un empleo o cargo
público remunerado, salvo que renuncie expresamente a la
pensión que le correspondería durante el tiempo que ocupe tal
puesto o cargo(…)".

     De acuerdo a lo esbozado, es claro hacer notar, que si bien
es cierto, la nueva Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos no contempló la prohibición
aludida, existe, en nuestro Ordenamiento Jurídico, suficiente
regulación en cuanto a la imposibilidad de recibir jubilación o
pensión, y ocupar a la vez un cargo remunerado en la
Administración Pública, regulación que según lo examinado está
dispuesta tanto a nivel normativo como a nivel jurisprudencial.

      Así las cosas, se denota que la prohibición en análisis se
encuentra totalmente vigente, y es de acatamiento obligatorio,
por estar expresamente contemplada en nuestro Ordenamiento
Jurídico.

     Finalmente, dentro de este marco introductorio,
consideramos importante transcribir el artículo 84 de nuestra
Carta Magna, que en cuanto a las instituciones estatales de
educación superior de nuestro país, reza:

      "ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una
institución de cultura superior que goza de independencia para
el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para
darse su organización y gobierno propios. Las demás
instituciones de educación superior universitaria del Estado
tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad
jurídica que la Universidad de Costa Rica.
      El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en
su financiación."

     (Así reformado por ley No.5697 de 9 de junio de 1975)

      Del precepto constitucional transcrito se denota, que las
Instituciones Estatales de Educación Superior Universitaria
cuentan con independencia en los ámbitos administrativo,
político, financiero y organizativo. No obstante, es de resaltar
que la referida independencia que se les asigna, no implica, de
modo alguno, que dichas entidades no estén afectas al principio
de legalidad, que impera en nuestro Ordenamiento Jurídico, pues
en su carácter de instituciones públicas, están sometidas a dicho
principio.

      A mayor abundamiento, recuérdese que el principio de
legalidad, es el principio rector de todo el actuar administrativo,
y se encuentra dispuesto en los artículos 11 de la Constitución
Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.
Con relación a éste, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia ha realizado importantes consideraciones, las cuales
rescatamos, a manera de ilustración, en el presente dictamen.

     Mediante voto número 3410-92, de las 14:45 horas del 10
de noviembre de 1992, el Órgano Constitucional expresó:

      ―El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11
de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley
General de la Administración Pública, significa que los actos y
comportamientos de la Administración deben estar regulados
por norma escrita, lo que significa, desde luego, el
sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y
en general a todas las otras normas del ordenamiento jurídico -
reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en
última instancia, a lo que se conoce como el "principio de
juridicidad de la Administración". ( El destacado no es del
original)

      En el mismo sentido, mediante voto número 1739-92, de
las 11:45 horas del primero de julio de 1992 indicó:

     ―(...) en el estado de derecho postula una forma especial de
vinculación de las autoridades e instituciones públicas al
ordenamiento jurídico, partir de su definición básica según la
cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente
puede actuar en la medida en la que se encuentre apoderada
para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a
texto expreso - para las autoridades e instituciones públicas sólo
está permitido lo que esté autorizado en forma expresa, y todo lo
que no les esté autorizado les está vedado- (...)". (El resaltado es
nuestro).

     De lo anterior, podemos concluir que las Instituciones
Estatales de Educación Superior Universitaria, deben regir sus
actuaciones sobre la base del principio de legalidad, y de esta
forma, deben ajustarse a la normativa existente.

     I.SOBRE EL FONDO:

      Realizadas las consideraciones preliminares, nos
abocaremos al estudio del punto medular de la consulta que nos
ocupa, referente a la procedencia legal de que la Universidad
Estatal a Distancia recontrate personal, que goza de jubilación
por parte del Magisterio Nacional, a fin de que puedan percibir
salario y pensión en forma simultánea, aún y cuándo dicha
recontratación no sea para Programas de Postgrado ni de
Investigación.

      Valga señalar que según lo examinado en el acápite
anterior, existe a nivel de nuestro Ordenamiento Jurídico una
prohibición expresa de percibir doble salario, por el desempeño
simultáneo de más de un cargo remunerado en la Administración
Pública, o por el hecho de que una persona jubilada acepte un
puesto remunerado en esa Administración, percibiendo a la vez
el beneficio de su pensión.

      En el caso que nos ocupa, se hace referencia específica a la
posibilidad de recontratar jubilados del régimen del Magisterio
Nacional, para que gocen de su pensión y salario, en forma
simultánea. Según lo examinado, la percepción de doble salario
por parte de los jubilados de ese régimen, estaría, en principio,
prohibida, porque tal percepción transgrediría las disposiciones
analizadas en relación con el impedimento del doble pago, y en
consecuencia, se estaría violentado, por parte de las instituciones
estatales de educación superior universitaria, el principio de
legalidad que rige en nuestro Ordenamiento Jurídico. No
obstante, hacemos la salvedad que tal conclusión es solo de
principio, pues en la consulta que por este medio atendemos, se
hace alusión expresa a los jubilados de un régimen específico,
esto es, del Magisterio Nacional, y en ese sentido es importante
abocar nuestro análisis al estudio de la legislación promulgada
sobre dicho régimen, a fin de tener plena certeza de que la
prohibición aludida no cuenta con una excepción, a texto legal
expreso, que posibilite su inobservancia en el caso de estos
jubilados.

      En primer término, téngase presente que fue mediante Ley
número 2248, de 5 de setiembre de 1958, Ley de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional, que se vino a regular lo
relativo a las pensiones y jubilaciones de los funcionarios de
dicho Magisterio. Este Cuerpo Legal ha sufrido una serie de
modificaciones a lo largo de su vigencia, dentro de las que
pasaremos a examinar sus últimas reformas integrales, así como
la modificación promulgada en forma más reciente, que cambió
el texto legal en cuestión, de forma parcial.

      La primera reforma integral a la que hacemos alusión, se
originó mediante la promulgación de la Ley número 7268, de
fecha 14 de noviembre de 1991, misma que fue reformada
íntegramente por la Ley Número 7531 del 10 de julio de 1995,
siendo importante de destacar, que ésta última, en su artículo
primero, delimitó los regímenes comprendidos en ese Cuerpo
Legal, al señalar que: " El Sistema de Pensiones y Jubilaciones
del Magisterio Nacional está compuesto por: a) El régimen de
pensiones otorgadas al amparo de la Ley No. 2248, del 5 de
setiembre de 1958, y sus reformas, excepto la reforma integral
realizada mediante la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de
1991. b) El régimen de pensiones otorgadas al amparo de la
reforma introducida por la Ley No. 7268, del 14 de noviembre
de 1991. c) El Régimen transitorio de reparto, regulado en el
Título III de la presente ley. d) El Régimen de capitalización de
pensiones y jubilaciones, regulado en el Título II de esta ley."

      Cabe añadir, que mediante Ley número 7946, de fecha 18
de noviembre de 1999, se hizo una nueva reforma a la Ley de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, sólo que de
carácter parcial, modificándose el contenido de los numerales 2,
3, 14, 15, 24, 37, 44, 45, 79, 86, 89, 91, 92, 99, 105, 107, 111 y
113 del Cuerpo Legal de referencia, según el texto aprobado por
la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional, Número 7531.

      Del estudio del contenido de los Cuerpos Legales citados,
es importante denotar que en la última reforma integral sufrida
por la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
(Ley número 7531 de 10 de julio de 1995), se encuentra el
numeral 76, hoy vigente, en virtud de que no fue modificado en
la última reforma señalada, mismo que contiene una disposición
de gran importancia en cuanto al punto que aquí analizamos, y
en virtud de lo cual lo transcribimos en forma textual:

      "ARTÍCULO 76.- El jubilado que reingrese en la vida
activa, con percepción de salario a cargo del Estado o sus
instituciones, suspenderá la percepción de su jubilación durante
el tiempo en que se encuentre activo a excepción, estrictamente,
del personal académico al servicio de las instituciones de
enseñanza superior estatales recontratados hasta por un
máximo de medio tiempo, para programas de postgrado o
investigación, de conformidad con los requisitos que cada
entidad establecerá al efecto. Para lo dispuesto en el párrafo
anterior, el jubilado que vuelva a la vida activa deberá
comunicar su alta, con copia del acto de nombramiento, dirigida
a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional,
que ordenará suspender las prestaciones durante el tiempo que
indique el acto de nombramiento." (Lo resaltado no
corresponde al texto original).

      La anterior norma denota, que en el caso específico de los
jubilados del Magisterio Nacional, se encuentra una excepción
legalmente dispuesta a la prohibición examinada, de percibir
doble salario, por el desempeño simultáneo de más de un cargo
remunerado en la Administración Pública, o del nombramiento
de una persona jubilada en un puesto remunerado de esta
Administración, percibiendo a la vez el beneficio de su pensión.
Sin embargo, y por tratarse de una excepción a la prohibición
tantas veces comentada, es menester realizar un análisis
minucioso de la norma, para delimitar con precisión los
supuestos en que procede dicha excepción.

      Respecto a ello, el texto legal en cuestión es claro en
indicar que la excepción prevista, se limita al caso del personal
académico, de las instituciones estatales de educación superior,
que se recontratan hasta por un máximo de medio tiempo (no es
dable contemplar una jornada mayor en estos casos),
recontratación que debe ser únicamente para cumplir con
programas de postgrado o de investigación, en forma estricta.
Enfatizamos en el punto de que los supuestos bajo los cuales
cabe hacer la excepción de referencia, están claramente
delimitados por la misma norma, y no admiten otro tipo de
interpretaciones o adiciones a las contempladas, bajo pena de
transgredir lo estipulado en la misma, y en consecuencia,
violentar el principio de legalidad que debe imperar en nuestro
Ordenamiento Jurídico.
     El incumplimiento a los supuestos contemplados en la
excepción de cita, tiene incluso prevista una sanción en el
numeral 77 del mismo Cuerpo Legal de referencia, que
textualmente dispone:

       "ARTÍCULO 77.- Sanciones. Si por dolo o culpa suya el
jubilado o pensionado por vejez, invalidez o supervivencia,
percibe simultáneamente sueldo y jubilación, deberá reintegrar
al Estado las prestaciones de jubilación o pensión recibidas
ilícitamente, más un veinticinco por ciento (25%) por concepto
de cláusula penal. Si la devolución no se realiza dentro del mes
inmediato posterior a la percepción, el jubilado deberá
reconocer los intereses moratorios vencidos, para lo cual se
aplicará lo dispuesto en el artículo 1163 del Código Civil."

      Así las cosas, y de acuerdo a lo expuesto, las instituciones
estatales de educación superior únicamente pueden hacer
aplicación de la excepción prevista, en el caso del personal
académico, recontratado hasta por un máximo de medio tiempo,
para programas de Investigación o Postgrado, en forma estricta.

      Finalmente, como respaldo a lo anterior, valga señalar que
este Órgano Asesor ha realizado un estudio de otras
disposiciones normativas atinentes a la materia, y que tienen
relación, propiamente con la Institución consultante, las cuales
traemos a colación, para evidenciar que los supuestos de
excepción contemplados en el numeral 76 de cita, se encuentran
también previstos, en los mismo términos, en otros Cuerpos
Normativos.

     En este sentido, citamos el Estatuto de Personal de la
Universidad Estatal a Distancia, aprobado por el Consejo
Universitario en la Sesión número 464, Artículo 6, acuerdo
número 549 del 29 de noviembre de 1983, y sus modificaciones,
que en su Sección III, denominada "Categorías fuera del
Régimen de Carrera Universitaria", define aquéllas que no
forman parte de este Régimen (artículo 101), contemplándose,
dentro de las mismas, a los jubilados, los eméritos, los "ad
honorem" y los invitados. Con respecto a la primera categoría
señalada, y que es a la que nuestros efectos interesa, dispone el
numeral 102 de este Estatuto:

     "ARTÍCULO 102: Jubilado. Los funcionarios en carrera
universitaria que se acojan a los beneficios de la jubilación,
cesarán en sus funciones. Podrán participar en todos los actos
oficiales y ser asumidos en forma remunerada temporalmente,
para trabajar en proyectos de investigación y extensión, hasta
un máximo de media jornada, en cuyo caso tendrán todos los
derechos como funcionarios.
      Los jubilados de la UNED tendrán derecho a un descuento
de un 50% en la compra al contado de un ejemplar de cada
título editado por la EUNED. El descuento en la compra de un
segundo ejemplar de un mismo título editado por la EUNED
será de un 20%. Asimismo, los jubilados podrán hacer uso de
los servicios de biblioteca, así como participar en los cursos de
capacitación impartidos por la Universidad a sus funcionarios,
en este último caso siempre que existan suficientes cupos, de
manera que no se afecte la prioridad que poseen los
funcionarios activos."

     (Modificado por el Consejo Universitario en sesión No.
1527, Art. III, inciso 5) celebrada el 24 de agosto del 2001). (El
destacado no es del texto original)

      Del numeral trascrito se evidencia, que en cumplimiento
estricto al artículo 76 de La Ley de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional, el Estatuto de Personal de la Universidad
Estatal a Distancia, reitera los supuestos en que procede la
excepción a la prohibición del doble pago que analizamos en esta
consulta, delimitándose la contratación para proyectos de
investigación y extensión (que se asume hacen referencia a
Programas de Posgrado, según lo manda la referida Ley), y por
una jornada máxima de medio tiempo, de acuerdo a lo estipulado
en el Cuerpo Normativo en mención.

      Dentro del mismo marco de referencia, es importante
indicar la existencia del Reglamento para la Contratación y
Recontratación de Personal Académico de la Universidad Estatal
a Distancia, amparado al Régimen de Pensiones y Jubilaciones
del Magisterio Nacional, aprobado por el Consejo Universitario
en Sesión número 1068, Artículo V, inciso 9), celebrada el día
primero de diciembre de 1993, en donde se incluyen normas en
el mismo sentido en que se ha venido exponiendo. Con carácter
ilustrativo, traemos a colación algunas de éstas, que reiteran los
términos del numeral 76 en estudio:

      "ARTICULO 2: La contratación de personal jubilado se
efectuará por la modalidad de servicios profesionales,
tratándose de programas de grado, según lo estipula el Art. 10
de este Reglamento. La recontratación se efectuará para el
desarrollo de los programas de investigación o posgrado."
     "ARTICULO 3: Tanto la contratación por servicios
profesionales como la recontratación se efectuará únicamente a
instancia de la Institución. La recontratación será hasta por
una jornada de medio tiempo. La contratación por servicios
profesionales tendrá carácter excepcional, bajo condiciones y
circunstancias calificadas."

     "ARTICULO 4: La recontratación para posgrado o
investigación será hasta por dos años, pudiendo ser renovada
conforme con los procedimientos establecidos en el presente
reglamento." (Los resaltados no son de los textos originales)".

      Así las cosas, y de acuerdo al estudio realizado, es dable
concluir que en el caso de las Instituciones Estatales de
Educación Superior, el marco normativo específico que las
ampara ha previsto una excepción a la prohibición establecida en
nuestro Ordenamiento Jurídico, de no percibir doble salario, por
el desempeño simultáneo de más de un cargo remunerado en la
Administración Pública, o por el hecho de que una persona
jubilada acepte un puesto remunerado en esa Administración,
percibiendo a la vez el beneficio de su pensión, de modo que es
factible, legalmente, que en el caso del personal académico, de
estas instituciones, se puedan recontratar jubilados, hasta por un
máximo de medio tiempo, para cumplir con programas de
posgrado o de investigación, en forma estricta.

     IV. CONCLUSIONES:

    Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría
General de la República que:

      1.- En el caso de los jubilados del Régimen del Magisterio
Nacional, existe una excepción a la prohibición instaurada en
nuestro Ordenamiento Jurídico, de percibir doble salario, por el
desempeño simultáneo de más de un cargo remunerado en la
Administración Pública, o por el nombramiento de una persona
jubilada en un puesto remunerado de esta Administración, con el
goce simultáneo del beneficio de su pensión; excepción que se
encuentra prevista en el artículo 76 de la Ley de Reforma
Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional, Ley número 7531, de 10 de julio de 1995, y que
permite la recontratación de esos jubilados, bajo dichas
condiciones.

     2.- Que la aludida excepción, se aplica en forma restrictiva,
para el personal académico al servicio de las instituciones
estatales de educación superior, recontratados hasta por un
máximo de medio tiempo, para programas de posgrado o de
investigación, en forma estricta.

      3.- Que los supuestos bajo los cuales cabe hacer la
excepción de referencia, están claramente delimitados por la
misma norma, y no admiten otro tipo de interpretaciones o
adiciones a las contempladas, bajo pena de transgredir lo
estipulado en la misma, y en consecuencia, violentar el principio
de legalidad que debe imperar en nuestro Ordenamiento
Jurídico.‖.

     Conforme se observa, la Procuraduría General de la
República sostiene el criterio de la estricta vigencia del principio
de legalidad respecto de prohibiciones legales como la contenida
en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
necesidad de contar con excepciones establecidas con idéntico
rango legal, para poder levantarlas.

     Conclusión de lo expuesto es que –a falta de norma legal
autorizante-, los jubilados y pensionados del Poder Judicial que
asuman el desempeño de nuevos cargos públicos, incluida la
docencia universitaria en centros estatales de estudios, sufrirán la
suspensión del pago de sus pensiones o jubilaciones.

      De cualquier modo, se estima muy aconsejable que la
institución plantee una consulta formal sobre el tema a la
Procuraduría General de la República, a fin de contar con su
criterio jurídico y despejar las dudas que puedan existir.

      Asimismo, es recomendable gestionar una reforma
legislativa del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, a fin de permitir a los jubilados y pensionados de la
institución gozar de las excepciones que disfrutan sus similares
de otros sectores que sí cuentan con una previsión legal expresa
en esta materia. Dicha reforma debería contemplar, al menos, la
posibilidad de continuar percibiendo la pensión o jubilación
cuando se imparta la docencia en universidades estatales.‖
                               -0-
       El Presidente, Magistrado Mora, señala: ―Sobre este tema,
cuando lo analizamos en el Consejo Superior, a mí me pareció
que una interpretación como la que nos hace ahora el Magistrado
Ramírez, es posible, pero creo que no es lógica, me parece que
esa es la misma razón que lleva luego al Magistrado Ramírez a
recomendarnos hacer una reforma legislativa. Creo que la Ley
Orgánica del Poder Judicial se preocupa por señalar de que
podemos trabajar en función docente, casualmente porque
nuestra función primordial es administrar justicia, y no
tendríamos ninguna posibilidad dedicarnos a otra cosa si no es
porque la ley lo faculta, pero cuando hay una jubilación de por
medio, yo no le veo que exista ninguna razón para no interpretar
que se aplica la misma autorización, ante el Consejo lo estimé de
esa manera y así lo razono ahora. Además estimo que en el caso
no existe restricción en cuanto al horario, porque ya no hay
ninguna relación laboral para con el Poder Judicial, pues se está
jubilado; diferente es si se reingresara a la Administración
pública, caso en que creo sí se aplica el antecedente que nos
señala el Magistrado Ramírez, si se regresa a la Administración
Pública, se debe suspender el disfrute de la pensión. Por eso al
igual que lo hice en el Consejo Superior estimo de que la
autorización para que cuando se esté trabajando, se pueda
dedicar tiempo a la docencia por un número de horas a la
semana, obedece a que se esta trabajando, pero que no hay
ninguna razón para restringir ese número de horas una vez que se
está jubilado, por el contrario, la restricción horaria que hay en la
legislación es casualmente porque se está en el desempeño del
cargo.‖

      La Magistrada León refiere: ―Yo traía una reflexión en
términos muy similares, pienso que el espíritu de la excepción
del artículo 9 de la Ley Orgánica, es precisamente garantizar una
mayor dedicación de horas en el desempeño del cargo, porque
inclusive se dice se prohíbe a todos los funcionarios y
empleados, entenderíamos que el jubilado o el pensionado pues
de ninguna manera no estaría cubierto por el concepto de
funcionario y empleado, entonces si de alguna manera se hace
una diferencia de que el que era un empleado activo y ya daba
clases una vez pensionado, retirado, pueda seguirlas
desempeñando, no encontraría en principio la ley que marque la
diferencia entre dar clases siendo activo o siéndolo con
posterioridad. Me llama también la atención de la preocupación
del señor Auditor en el sentido de que al fondo nada le afecta y
por el contrario en mucho beneficia la educación del país el que
personas con experiencia en el desempeño de un cargo puedan
ahora con mucho mayor tiempo pues dedicarse a la educación,
entonces yo sí creo que si se ha permitido que los que siendo
activos daban clases, una vez retirados la sigan dando, no hay
norma que expresamente prohíba o marque una diferencia,
porque más bien estaríamos creando una desigualdad frente al
pensionado de que usted sí porque lo tuvo antes, pero usted
como no lo tuvo no lo podrá ejercer nunca, cuando la Ley no lo
pone en condición de que tenga que ser un requisito previo el
que siendo activo lo hubiera dado, entonces yo me inclinaba por
hacer una propuesta de que tal vez viéramos un poco el espíritu,
la finalidad de la Ley que se orientaba en la limitación del
horario para quienes desempeñábamos el cargo activamente.‖

      Adiciona la Magistrada Varela: ―Me parece que es
irrazonable ponerle límites cuando ya están pensionados y
precisamente como lo han señalado ya el señor Presidente y la
Magistrada León, estamos partiendo de un trato hasta
discriminatorio sería este, y además, si el límite es precisamente
para que no se afecte el servicio público, no hay, esa razón
desaparece, desaparece una vez que ya está pensionado, claro
está que no se podría dar es que un pensionado pues esté de lleno
por completo devengando pensión y salario porque hay norma
expresa que prohíbe que se devenguen los dos simultáneamente,
pero eso ya es otro tema. Entonces yo no veo por qué limitarlo.‖

      Agrega el Magistrado Ramírez: ―A mí me parece que ante
ciertas posiciones que ha externado la Procuraduría sobre este
tema, lo correcto sería hacer la consulta a la Procuraduría,
porque lo que acaba de indicar la Magistrada Varela, claro, lo
que se indica es que cualquiera que vaya a tener salario después
de jubilado, tiene que suspender la jubilación porque no puede
tener jubilación y salario, en consecuencia a mí me parece que el
artículo 234 es absolutamente claro, al establecer que: ―... al
jubilado se le debe suspender el goce del beneficio durante el
tiempo que esté percibiendo un sueldo del Estado o de sus
Instituciones…‖, no hace ninguna excepción.‖

      El Magistrado Jinesta manifiesta: ―Hay que tomar en
consideración que el ejercicio de la docencia sobre todo cuando
se trata de enseñanza superior universitaria, está ligada a ciertos
derechos de carácter fundamental como son la libertad de
pensamiento, la libertad de opinión y evidentemente la famosa
libertad de cátedra, puede estar ligada íntimamente a esos
derechos fundamentales. Pienso que con todo respeto la
interpretación del informe nos podría llevar como en algún
momento se señalaba por ahí, a una interpretación
discriminatoria respecto de los funcionarios activos y es que hay
que tomar en consideración que clásicamente en la función
pública una excepción a la prohibición ha sido y ya no solamente
en Costa Rica sino en el Derecho Comparado, el ejercicio de
actividades docentes y sobre todo actividades docentes a nivel
universitario, de tal forma que yo no entendería que el 234 hace
referencia o prohíbe el ejercicio de la docencia por parte de un
jubilado, es decir, lo tendría que decir a texto expreso para poder
entender limitados esos derechos fundamentales de que
hablábamos, es decir la libertad de pensamiento de opinión y la
libertad de cátedra, porque si le damos una interpretación
extensiva al 234, estamos restringiendo derechos fundamentales
que puede ejercer un jubilado y además una excepción que está
unánimemente y pacíficamente admitida en el Derecho de la
función pública a nivel comparado, de tal forma yo más bien en
ese sentido me separaría del informe del Magistrado Ramírez,
con todo respeto.‖

      El Magistrado suplente Alfaro señala: ―Yo quisiera hacer
una observación que no es propiamente jurídica. Esto lo he
dicho muchas veces aquí en Corte, este país en estos momentos
está pasando por una tremenda situación de carestía de guías,
de indicadores, de ejemplos, de parámetros y las culturas a
través de los tiempos siempre han recurrido a las personas
precisamente que ya han culminado su parte muy importante de
su vida productiva y demás y que tienen ese cúmulo de
experiencias que se ha bautizado como sabiduría. En estos
momentos casi yo me atrevería a decir que hay un derecho de
parte de los costarricenses a contar con las luces de quienes se
hayan jubilado precisamente en la docencia, precisamente en
enseñanza para las nuevas generaciones, es decir, yo aquí no lo
estoy viendo como un derecho del jubilado a trabajar en la
docencia, lo estoy viendo como un derecho de la sociedad a que
el jubilado le de la docencia y creo que además del caso
concreto de los funcionarios judiciales hay una excepción
expresa que les permite ejercer la docencia. Hay otras
actividades remuneradas que no pueden desempeñar los
funcionarios judiciales, la docencia está expresamente
exceptuada. Además de eso, yo me atrevería a decir otra cosa y
es que el problema de si hay una doble remuneración o no, eso
se puede arreglar como los sistemas lo tienen previsto, es el
hecho de que no pareciera legítimo en una interpretación
integral del Derecho, es decir, aplicando todos esos principios
que ahora me señalaba el Magistrado Arguedas, del artículo 10
del Código Civil y el principio de que el Derecho es un ente
universal que rige toda la conducta humana, a mí me parece que
nosotros no podemos castigar al funcionario judicial que se
jubila, diciéndole: ―... jubílese pero ya no puede seguir dando
clases, lo que sí le permitíamos cuando era funcionario judicial
siempre y cuando no interfiriera con su labor...‖, es un
contrasentido, cuando es precisamente en ese momento que más
bien diríamos, con todo respecto, es el momento de exprimirlo a
fondo para sacarle toda esa sabiduría acumulada de todos esos
años de servicio, creo que la sociedad lo está necesitando a
gritos, por eso yo con todo respeto pediría una reconsideración
del dictamen en el sentido de que hay argumentos jurídicos que
permiten interpretar que a un jubilado no se le puede disminuir
en sus derechos fundamentales y a la sociedad en sus
expectativas sobre lo que puede aportar un jubilado y además,
en el caso de que tuviéramos duda de que hubiera un escollo
legal, esto amerita también en el que pensemos hacer las
reformas correspondientes, porque fíjense de los casos que
conocemos personalmente, es decir, como quisiera yo por
ejemplo que la salud de un Ulises Odio le permitiera estar
dando clases, ¿ustedes se imaginan lo que eso sería?, si
estuviera vivo un Fernando Coto, jubilado dando clases, o tener
a Miguel Blanco, simplemente por los que se me viene porque
fueron mis profesores, pero incluso de los más recientes
jubilados, incluso hoy en día tenemos jubilados que se jubilan en
la plenitud de sus facultades y con muy buena salud, como es
posible que la docencia del país los haga a un lado. Además,
quiero decir otra cosa: yo soy producto de la escuela de
Derecho de la Universidad de Costa Rica y le tengo un gran
cariño a mi alma máter, quienes ligerito encuentran ―la comba
al palo‖ son las universidades privadas y es precisamente
nuestra escuela de derecho la que se vería privada de esa
posibilidad, por eso con todo respeto yo pediría que se
reconsiderara el criterio.

      Recibida la votación correspondiente, por mayoría de
once votos, se dispuso: Improbar el informe del Magistrado
Ramírez, en razón de que esta Corte interpreta la situación de
manera tal que se permite al jubilado judicial desempeñar la
docencia universitaria sin límite de horas. Así votaron los
Magistrados Mora, León, González Camacho, van der Laat,
Solano, Arguedas, Armijo, Jinesta y los suplentes Vargas
Vásquez, Castillo y Alfaro.

       Los Magistrados Rivas, Solís, Aguirre, Varela, Vega,
Ramírez, Chaves y Castro, emitieron su voto por aprobar el
informe en lo que respecta a formular la consulta a la
Procuraduría General de la República.
       La Magistrada Villanueva votó por aprobar el informe.‖
                             -0-
       En oficio N° 461-38-AF-2007 de 19 de junio del 2.007, el
licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial,
manifiesta:

    ―De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley General de Control Interno, con el propósito de que lo haga
del conocimiento de la Corte Plena, le remito el estudio
efectuado por la Sección de Auditoría Financiera del Despacho a
mi cargo, referente a los aspectos relacionados con la excepción
aplicada al artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para que los jubilados o pensionados laboren y perciban un
salario, como docentes en Universidades Estatales y reciban
simultáneamente una jubilación o pensión.
      Según se desprende del estudio referido, es necesario que la
Corte Plena revise el acuerdo tomado en sesión celebrada el 28
de julio del 2003, artículo XXVIII, en relación con el
cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo del artículo
234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto de acuerdo
con el dictamen emitido por la Procuraduría General de la
República, en su dictamen Nº C-082-2007 del 19 de marzo del
2007, no es posible que los jubilados o pensionados laboren y
perciban un salario, como docentes o decanos en Universidades
Estatales y reciban simultáneamente una jubilación o pensión,
criterio que es coincidente con el emitido por el Magistrado
Jesús Ramírez Quirós, la Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, y esta Auditoría.‖

      El estudio elaborado por la Sección de Auditoría
Financiera, en lo que interesa dice:

        ―1.1. Trámite de los informes de Auditoría según la Ley
General de Control Interno
      De conformidad con las directrices emitidas por la
Contraloría General de la República a las auditorías internas, con
respecto al tratamiento que se le debe dar a los informes que se
emitan como producto de los estudios de auditoría, seguidamente
se transcribe el contenido del artículo 37 de la Ley General de
Control Interno
      ―Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el
informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar
al titular subordinado que corresponda, en un plazo
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha
de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones.
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado
deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente
disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la
auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.
      Artículo 38.-Planteamiento de conflictos ante la Contraloría
General de la República. Firme la resolución del jerarca que
ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría
interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos
de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el
asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que
el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas.
      La Contraloría General de la República dirimirá el
conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la
auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles,
una vez completado el expediente que se formará al efecto. El
hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por
el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994‖.

     1.2. Origen del estudio

      El presente estudio se desarrolla de conformidad con lo
estipulado en el Plan Anual de Trabajo de la Sección de
Auditoría Financiera, en la categoría de estudios no
programados.

     1.3. Objetivo general

      Analizar la excepción aplicada en la Institución al
cumplimiento del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, para que los Jubilados o pensionados, puedan laborar
como docentes o decanos en las Universidades Estatales, sin que
se les suspenda el beneficio de la jubilación.

     1.4. Alcance y naturaleza del estudio

      El estudio comprendió la recopilación de todos los
acontecimientos que surgieron a raíz de la aplicación incorrecta
de lo establecido en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, así como los criterios vertidos por los distintos Órganos.
      Esta evaluación es de carácter financiero y de índole legal.

     2. RESULTADOS

      A continuación se muestran los resultados de la evaluación
realizada por esta Auditoría, sobre la excepción aplicada al
artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      2.1. Aspectos relacionados con la excepción aplicada al
artículo 234 de Ley Orgánica del Poder Judicial.

     En el primer párrafo del artículo 234 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se establece literalmente lo siguiente:

     ―Al jubilado o pensionado, se le suspenderá del goce del
beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro
sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las
municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de
economía mixta.‖

      Respecto a la aplicación de la norma previamente citada,
esta Auditoría ha determinado a través de las evaluaciones de los
estados financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que
no se ha dado un cumplimiento integral a esta normativa, toda
vez que el Consejo Superior y Corte Plena establecieron una
excepción para que los Jubilados o pensionados, puedan laborar
como docentes o decanos en las Universidades Estatales, sin que
se les suspenda el beneficio de la jubilación.

      A continuación se presenta una breve reseña de lo
acontecido sobre este tema en particular, resaltando los criterios
vertidos por los diferentes Órganos internos y externos al Poder
Judicial, tales como: Dirección Ejecutiva, Auditoría Interna,
Consejo Superior, Comisión del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones, Corte Plena y por último la Procuraduría General de
la República.

      Como parte de la ―Evaluación de los estados financieros
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del período l998 y 1999‖,
se realizó un seguimiento y evaluación de lo señalado en el
artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se
recomendó al Consejo Superior suspender a la brevedad el goce
del beneficio de aquellos Jubilados y Pensionados que laboraban
en las diferentes instituciones del Estado, según lo establecido en
la normativa.

       En virtud de la audiencia concedida al Departamento
Financiero Contable sobre el informe previamente citado,
mediante oficio 1192-FJPJ-2001 del 16 de octubre del 2001, los
licenciados Walter Jiménez Sorio y David Jiménez Carpio,
manifestaron que el tema en cuestión se había consultado al
Consejo Superior por medio de la Dirección Ejecutiva.

     De esta forma, en la sesión Nº 60-01 del 31 de julio del
2001, artículo LV, el Consejo Superior conoció el informe N°
972-DE/AL-2001, suscrito por el Lic. Carlos Toscano Mora
Rodríguez; Jefe de la Sección de Asesoría Legal, sobre la
procedencia de que un Jubilado Judicial pueda o no prestar
servicios de docencia en universidades estatales, en el cual se
concluye literalmente lo siguiente:

      ―[...] considera el suscrito que de lo dispuesto por la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en su numeral 9 inciso 3), no se
puede desprender excepción alguna frente a la regla general
contenida en el artículo 234 de la misma Ley, aún y cuando se
utilicen como sustento legal normas de anterior promulgación,
como son el inciso a) del artículo 15 de la Ley General de
Pensiones y el artículo 6 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones
del Magisterio Nacional N° 2248 de 5 de setiembre de 1958,
norma de continua aplicación debido a lo dispuesto por los
artículos primero, segundo y octavo de la Ley N° 7531, Reforma
Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional.‖
(el subrayado no pertenece al original)

    No obstante lo anterior, el criterio que prevaleció en el
Consejo Superior fue el siguiente:

      ―Informa el Lic. Rojas que la interpretación del artículo
234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede ser literal ni
aislada del resto del ordenamiento, si bien en dicha norma se
establece ―Al jubilado o pensionado, se le suspenderá del goce
del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier
otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las
Municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de
economía mixta...‖. Debe ser interpretado en armonía con el
artículo 9 inciso 3 Ibidem, cuando indica: ―Se prohíbe a todos los
funcionarios y empleados del Poder Judicial:...3. Desempeñar
cualquier otro empleo público. Esta prohibición no comprende
los casos exceptuados en la ley ni el cargo de profesor en
escuelas universitarias...‖ El principio general de derecho
público de esta excepción lo encontramos en el artículo 49 de la
Ley de la Administración Financiera de la República :―Ninguna
persona podrá desempeñar simultáneamente más de un cargo o
función remunerada de la Administración Pública, ni recibir más
de un giro por concepto de sueldos. Quedan a salvo de esta
prohibición los profesores o maestros en cuanto a funciones
docentes, los médicos en razón del ejercicio de su profesión, los
funcionarios judiciales con respecto a las actividades
relacionadas con el Código de Trabajo que desempeñan como
recargo y los Agentes de Policía que ejercen como recargo la
Administración de Correos. La Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, al referirse a este tema en el Voto 2001-
00296, de las 10 horas once de enero del dos mil uno, señaló:
―Desde esta perspectiva lo que el legislador ha tenido en mente
es que los funcionarios públicos puedan ser profesores en los
centros de educación superior, como una manera de colaborar
con la formación de las futuras generaciones. La Sala no
encuentra que en ello exista ninguna contradicción con los
principios y valores de la Constitución Política y, obviamente
estima que esas excepciones no resultan irrazonables y
desproporcionadas. En efecto, dedicar cinco horas semanales a la
educación superior, no es un exceso de tal identidad, como para
que se pueda afirmar que se está dando un mal uso a los fondos
públicos, sobre todo si se repara en que la excepción tienen
intima relación con la historia moderna de los estudios
superiores. En efecto, al fundarse la Universidad de Costa Rica,
el estado costarricense, como un todo, centró sus esfuerzos en
colaborar con la estructuración y organización, del entonces
único centro de educación superior, promoviendo su excelencia
para que la juventud del país pudiera tener la mejor formación
profesional.‖ Ahora bien, si la misma ley hace la excepción para
los funcionarios activos, incluso hasta los limita en el caso del
Poder Judicial a cinco horas por razones obvias de descanso y de
prestación del servicio judicial. Interpretar literalmente la norma
234 como lo pretende el asesor legal de la Dirección Ejecutiva;
se estaría haciendo una discriminación odiosa y egoísta ante
situaciones similares, razón de más para hacerla para los
jubilados o pensionados, que no tienen ninguna limitación de
horas lectivas, al no afectar la prestación del servicio ni estar
sujetos a horario. Así las cosas, de una interpretación
conglobante de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus
artículos 234 en relación con el 9 inciso 3, ninguna prohibición
tienen los jubilados o pensionados de ejercer cargos de profesor
en escuelas universitarias.
      SE ACORDO: Por mayoría aprobar la interpretación que se
le da al artículo 234 en relación con el 9 inciso 3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. El Lic. Campos salva su voto y
aprueba la interpretación que de dicho artículo hace el asesor
legal de la Dirección Ejecutiva."
(el subrayado no pertenece al original)

      De esta manera, el Consejo Superior autorizó a los
jubilados y pensionados para que ejerzan cargos de docencia en
Universidades Estatales, sin que se les suspenda el pago del
beneficio.
      Así las cosas, mediante oficio 871-240-AF-2001 del 26 de
setiembre del 2001, esta Auditoría solicitó al Consejo Superior
una revisión del acuerdo previamente citado, el cual fue
conocido por dicho Órgano en la sesión Nº 78-01 del 2 de
octubre del 2001, artículo L.

     Entre los aspectos más importantes que señaló la Auditoría,
se pueden transcribir los siguientes:

      ―...luego de hacer un análisis de la situación precitada, esta
Auditoría, de la manera más respetuosa, y dentro del plazo que
otorga la ley, solicita una revisión al acuerdo en mención, dado
que a criterio de este Despacho la normativa actual es clara y
explícita al señalar la prohibición de los jubilados y pensionados
de laborar en el sector público, sin haber suspendido el beneficio
que reciben por ese concepto, de tal forma que la prohibición no
es irrestricta.

      Asimismo, y salvo mejor criterio, se considera que si se
desease dar la oportunidad a los jubilados y pensionados de este
régimen de impartir lecciones debería ser a través de alguna
norma expresa que regule esta situación, pues salta la inquietud
si la autorización sería por un número de horas determinadas, o
si podrían dar lecciones a tiempo completo y además funciones
administrativas, como es el caso del Lic. Wilberth Arroyo
Alvarez, jubilado judicial, quien recibe una jubilación
ascendente a ¢316.758,40 y desempeña el puesto de Catedrático
a tiempo completo en la Universidad de Costa Rica.

      Por otra parte, y considerando lo anterior, esta Auditoría es
del criterio que de darse una norma de esa índole existiría una
discriminación y trato desigual al resto de los jubilados o
pensionados que desean prestar sus servicios en el sector
público, y que por circunstancias de la vida, esa función que
desean desempeñar no es la docencia, o bien ejercen la docencia
no necesariamente en alguna universidad.

      Asimismo, preocupa a esta Auditoría que desde ya, se está
dando un trato desigual a algunos jubilados y pensionados que
laboran en el sector público, a los cuales el Consejo Superior en
forma inmediata les ha ordenado la suspensión de la jubilación
por ese hecho, amparados a la normativa existente.‖
(el subrayado no pertenece al original).

     A pesar de lo indicado por esta Auditoría, el Consejo
Superior acordó:

      ―Denegar la revisión de lo dispuesto en la sesión del 31 de
julio de este año, artículo LV. El Lic. Campos salva su voto,
pues coincide con el criterio del señor Auditor Judicial.‖
       Posteriormente, en la sesión del 3 de diciembre del 2001,
artículo XXIV, Corte Plena conoce el informe que rindió, sobre
el asunto en cuestión, la ―Comisión del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones‖, a través del oficio Nº 1.535-01, del 19 de noviembre
del 2001.

      Seguidamente se transcriben algunos aspectos relevantes
del criterio vertido por la citada Comisión, así como lo acordado
por Corte Plena:

      ―Hacer ver a la Corte que la Comisión del Fondo de
Jubilaciones no comparte el criterio tomado por el Consejo
Superior, en la sesión N° 78-01, celebrada el 2 de octubre
último, en relación con la interpretación que se da al artículo 234
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por no estar a derecho. La
Comisión considera que para el caso de docencia, se debe
otorgar a los jubilados y pensionados un período igual al que se
le concede a un empleado activo del Poder Judicial.

      Indica el Presidente en ejercicio, Magistrado Chaves, que:
"el Consejo Superior consideró por mayoría, que las personas
jubiladas del Poder Judicial que estén dando clases o lecciones
en Universidades Públicas, no se les suspende la jubilación, sino
que pueden estar recibiendo el monto de la jubilación y además
el estipendio, salario o como se denomine que les pagan en
Universidades Públicas, pero la Comisión del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, interpreta el artículo
234 de distinta forma a como lo hizo el Consejo. Expresamente
la Comisión considera que para el caso de la docencia se debe
otorgar a los jubilados y pensionados un período igual al que se
le concede a un empleado activo del Poder Judicial y entonces se
somete a consideración de la Corte ambas cuestiones".
      [...]

     El Magistrado Chaves expresa: "Considera la Presidencia
que el asunto es de competencia del Consejo y el Consejo lo
resolvió de esa forma y lo que habría que hacer es tomar nota de
las manifestaciones de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones."

      Se dispuso: Tomar nota del anterior acuerdo de la
Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial y trasladarlo al Consejo Superior, para lo que
corresponda."
(el subrayado no pertenece al original).
      En aplicación del artículo 36 de la Ley General de Control
Interno, esta Auditoría procedió a plantear ante Corte Plena,
como Jerarca de la Institución, la divergencia de criterios antes
señalada, mediante oficio N° 260-100-AF-2003, el cual fue
conocido en la sesión del 28 de julio del 2003, artículo XXVIII.

     Entre los aspectos más importantes que fueron señalados en
dicho documento, se encuentra el criterio vertido por la Asesora
Legal de esta Auditoría, a través de oficio Nº 49-UJ-01 del 21 de
setiembre del 2001, el cual indica entre otras cosas lo siguiente:

      ―…aspecto importante en todo esto, es que la ley, como
reiteramos, establece una limitación. Al respecto la misma Sala
Constitucional en su voto 2001-00296 del once de enero del dos
mil uno, menciona:

      ―En efecto, dedicar cinco horas semanales a la educación
superior, no es un exceso de tal identidad, como para que se
pueda afirmar que se está dando un mal uso de los fondos
públicos, sobre todo si se repara en que la excepción tiene íntima
relación con la historia moderna de los estudios superiores."

      Interpretando lo dispuesto por la Sala Constitucional en
este párrafo, pareciera que cuando exista un exceso en la
prestación de servicio de docencia, cuando al mismo tiempo se
percibe otro sueldo del Estado (en este caso un servidor judicial
activo), se podría incurrir en un mal uso de los fondos públicos,
con la necesaria consecuencia de obligar al funcionario a
sujetarse al límite máximo legal.

     Todo lo mencionado es perfectamente aplicable al servidor
activo, pero ¿qué ocurre en el caso de los jubilados?…

      Siguiendo con este análisis, el artículo 234 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, antes transcrito, es muy claro
cuando establece que al jubilado se le debe suspender el goce del
beneficio durante el tiempo en que esté percibiendo un sueldo
del Estado o de sus instituciones. No hay duda de que las
Universidades Públicas son instituciones estatales. Sin embargo
estimamos, que debe conciliarse en alguna medida esta norma
con la del artículo 9 citado, en relación con la excepción que se
hace para el caso de la docencia, pero de una manera muy
estricta, ya que el problema de la norma contenida en el artículo
234 es que establece una limitación evidente, que parece impedir
de manera absoluta, percibir cualquier otra ganancia proveniente
de fondos públicos…
      Pese a lo expuesto, la norma del 234 aunque es muy
estricta y tajante, no puede violentarse y mucho menos cuando
esa infracción pueda implicar un mal uso de los fondos públicos,
permitiéndosele a una persona percibir dos o más retribuciones
del Estado, según lo mencionado por la Sala Constitucional…"
(el subrayado no pertenece al original)

     Por lo anterior, esta Auditoría en el oficio N° 260-100-AF-
2003 indicó a Corte Plena la necesidad de definir lo
correspondiente, señalando que:

      ―De esta manera y considerando que en los criterios
señalados anteriormente, existe una diversidad de opiniones
sobre este particular, es conveniente contar con un criterio
uniforme y equitativo, que venga a definir la situación que aquí
nos ocupa, cual es la potestad o no de los jubilados y
pensionados de este Poder de impartir la docencia, no sólo a
nivel universitario, sino a otros niveles, pues salvo mejor criterio,
independientemente del nivel que se trate, ya sea preescolar,
primaria o secundaria, se está impartiendo dicha función.

      Por otra parte, preocupa a esta Auditoría la interpretación
que debe dársele a esta situación, sobre todo considerando la
necesidad que se dé un trato igualitario y equitativo a todos los
jubilados y pensionados beneficiarios de este régimen, pues
mientras que a algunos se les permite dar lecciones en la
Universidad de Costa Rica, ejerciendo incluso puestos
administrativos como el de Vicedecano, sin que se les suspenda
la jubilación, a pesar de que esta Auditoría lo comunicó
oportunamente al Consejo Superior, actualmente existen otros
beneficiarios de este Régimen que tienen suspendido su derecho
por laborar en instituciones públicas, e incluso, existen casos a
los que se le suspendió el beneficio por ejercer la docencia a
nivel de primaria o secundaria, con lo que a nuestro entender, se
estaría dando un trato desigual, lo cual riñe con los principios de
igualdad y equidad estipulados en nuestra Constitución Política,
y promulgados en reiteradas oportunidades por la Sala
Constitucional.

      Por lo tanto, dada la situación precitada, considerando que
el Consejo Superior ya se pronunció al respecto, y amparados a
lo establecido en la Ley General de Control Interno, se considera
indispensable que la Corte Plena se refiera a la situación en
mención, a efecto de estar a derecho con la normativa existente,
dándose a su vez un trato igualitario a todos los jubilados y
pensionados que se encuentran en esas condiciones,
específicamente considerando el caso del Lic. Wilbert Arroyo
Alvarez, quien actualmente recibe una jubilación ascendente a ¢
384.758,40 (No incluye el último incremento del mes de enero,
el cual está pendiente de aplicar), por un tiempo aproximado de
quince años laborados en esta Institución y reconocidos en el
sector público, y quien actualmente ejerce el puesto de Vice-
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa
Rica.

      Únicamente, y a manera de referencia, cabe indicar que a
través del oficio Nº 8663 del 28 de agosto del 2000 la División
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría
General de la República, se comunicó al Lic. Randall Araya
Robles, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, un
pronunciamiento de ese Órgano Contralor, cuyo asunto se refiere
al: ―Impedimento para que una persona con pensión del Estado
ejerza el puesto de Alcalde Municipal y perciba por ello un
salario‖.

      Adicionalmente, esta Auditoría en el oficio precitado
señaló a Corte Plena la conveniencia de plantear la consulta
respectiva a la Procuraduría General de la República, a efecto de
aclarar la situación susodicha, y mantener un criterio uniforme y
equitativo en la aplicación de dicha normativa, considerando que
el Fondo de Jubilaciones y Pensiones recibe un aporte
considerable proveniente de Fondos del Estado, ascendente al
12% del Presupuesto asignado a esta Institución, y por ende,
como un deber de la Auditoría y de la Administración Superior,
de velar por el buen uso de los recursos de este Fondo.
Asimismo, recordó la necesidad de dar cumplimiento a los
incisos b) y c), del artículo 12 de la Ley General de Control
Interno denominado, "Deberes del jerarca y los titulares
subordinados en el sistema de control interno", y al artículo 39
de dicha ley denominado "Causales de responsabilidad
administrativa‖.

      De esta forma, Corte Plena procedió a designar al
Magistrado Jesús Ramírez Quirós el estudio correspondiente
para que rindiese un informe al respecto, en el cual concluye lo
siguiente:

    ―Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría
General de la República que:

     1.- En el caso de los jubilados del Régimen del Magisterio
Nacional, existe una excepción a la prohibición instaurada en
nuestro Ordenamiento Jurídico, de percibir doble salario, por el
desempeño simultáneo de más de un cargo remunerado en la
Administración Pública, o por el nombramiento de una persona
jubilada en un puesto remunerado de esta Administración, con el
goce simultáneo del beneficio de su pensión; excepción que se
encuentra prevista en el artículo 76 de la Ley de Reforma
Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional, Ley número 7531, de 10 de julio de 1995, y que
permite la recontratación de esos jubilados, bajo dichas
condiciones.

      2.- Que la aludida excepción, se aplica en forma restrictiva,
para el personal académico al servicio de las instituciones
estatales de educación superior, recontratados hasta por un
máximo de medio tiempo, para programas de posgrado o de
investigación, en forma estricta.

      3.- Que los supuestos bajo los cuales cabe hacer la
excepción de referencia, están claramente delimitados por la
misma norma, y no admiten otro tipo de interpretaciones o
adiciones a las contempladas, bajo pena de transgredir lo
estipulado en la misma, y en consecuencia, violentar el principio
de legalidad que debe imperar en nuestro Ordenamiento
Jurídico.‖.

     Conforme se observa, la Procuraduría General de la
República sostiene el criterio de la estricta vigencia del principio
de legalidad respecto de prohibiciones legales como la contenida
en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
necesidad de contar con excepciones establecidas con idéntico
rango legal, para poder levantarlas.

     Conclusión de lo expuesto es que –a falta de norma legal
autorizante-, los jubilados y pensionados del Poder Judicial que
asuman el desempeño de nuevos cargos públicos, incluida la
docencia universitaria en centros estatales de estudios, sufrirán la
suspensión del pago de sus pensiones o jubilaciones.
De cualquier modo, se estima muy aconsejable que la institución
plantee una consulta formal sobre el tema a la Procuraduría
General de la República, a fin de contar con su criterio jurídico y
despejar las dudas que puedan existir.

      Asimismo, es recomendable gestionar una reforma
legislativa del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, a fin de permitir a los jubilados y pensionados de la
institución gozar de las excepciones que disfrutan sus similares
de otros sectores que sí cuentan con una previsión legal expresa
en esta materia. Dicha reforma debería contemplar, al menos, la
posibilidad de continuar percibiendo la pensión o jubilación
cuando se imparta la docencia en universidades estatales.‖
(el subrayado no pertenece al original)

      Al respecto la Corte Plena en sesión celebrada el 28 de
julio del 2003, artículo XXVIII, conoció el informe emitido por
el Magistrado Ramírez Quirós, acordando lo siguiente:

     ―Recibida la votación correspondiente, por mayoría de
once votos, se dispuso: Improbar el informe del Magistrado
Ramírez, en razón de que esta Corte interpreta la situación de
manera tal que se permite al jubilado judicial desempeñar la
docencia universitaria sin límite de horas. Así votaron los
Magistrados Mora, León, González Camacho, van der Laat,
Solano, Arguedas, Armijo, Jinesta y los suplentes Vargas
Vásquez, Castillo y Alfaro.

     Los Magistrados Rivas, Solís, Aguirre, Varela, Vega,
Ramírez, Chaves y Castro, emitieron su voto por aprobar el
informe en lo que respecta a formular la consulta a la
Procuraduría General de la República.

      La Magistrada Villanueva votó por aprobar el informe.
(el subrayado no pertenece al original).

      Por lo anterior y de conformidad con las potestades de las
Auditorías, establecidas en la Ley General de Control Interno, se
procedió a remitir la consulta correspondiente a la Procuraduría
General de la República, mediante oficio 814-397-AF-2003, del
10 de octubre del 2003, quien emitió el respectivo dictamen a
través del oficio C-082-2007, del 19 de marzo del 2007, del cual
se adjunta copia y se transcriben en este documento las
conclusiones a que se llega en dicho pronunciamiento:

―...
          El desempeño remunerado de un puesto de trabajo
en el sector público es incompatible económicamente con la
percepción de una jubilación o pensión por cualquier sistema o
modelo de gestión de Seguridad Social público y obligatorio,
con las salvedades o excepciones y en los términos que
legalmente se determinen.
          Lo anterior no impide que el pensionista o jubilado
pueda trabajar una vez que deje en suspenso temporalmente el
derecho a la pensión, entendida como la prestación económica
periódica, contributiva o no contributiva, en la que ésta se
manifiesta.

           En el caso concreto del Poder Judicial, según
previsión legal expresa de su régimen contributivo especial de
jubilaciones y pensiones:

           El disfrute de la jubilación o pensión por dicho
régimen, es incompatible con el desempeño de un cargo público
remunerado en el sector público.
           Dicha incompatibilidad, como regla general, no
admite salvedades o excepciones; esto a falta de previsión legal
expresa al respecto.

           Los acuerdos administrativos que hayan sido
adoptados al seno del Poder Judicial aún en contrario a lo aquí
concluido, obligan a su inmediato cumplimiento aunque se
discrepe sustancialmente de su legalidad, hasta tanto no sean
revertidos por los medios formales que prevé el ordenamiento
jurídico.

           Puede valorar el Poder Judicial elaborar una reforma
legal de la norma contenida en el numeral 234 de su Ley
Orgánica, a fin de establecer las excepciones que considere
pertinentes...‖

      De conformidad con lo indicado por la Procuraduría
General de la República, se nota un incumplimiento por parte del
la Institución de lo establecido en el primer párrafo del artículo
234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

     En relación con lo indicado por la Procuraduría, sobre la
posibilidad de valorar una reforma legal al artículo 234, con el
fin de incorporar dicha excepción, esta Auditoría observó en
uno de los últimos borradores del ―Proyecto de reforma a la Ley
Orgánica Actual‖ que ésta ha sido contemplada.

     3. CONCLUSION

      De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del
artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es posible
que los jubilados o pensionados laboren y perciban un salario,
como docentes o decanos en Universidades Estatales y reciban
simultáneamente una jubilación o pensión.
      Lo anterior, amparado al criterio emitido por la
Procuraduría General de la República, en su dictamen Nº C-082-
2007 del 19 de marzo del 2007, quien concluye que dicha
normativa no admite salvedades, esto a falta de previsión legal
expresa, situación que fue señalada oportunamente por los
diferentes Asesores legales de la Institución y por el Magistrado
Jesús Ramírez Quirós en su informe a Corte Plena.

     4. RECOMENDACIÓN

      De conformidad con el resultado obtenido en la evaluación,
esta Auditoría procede a plantear la siguiente recomendación, la
cual va orientada a fortalecer aún más el sistema de control
interno existente para el manejo de los recursos asignados al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, al
cumplimiento de principio de legalidad y dictamen emitido por
la Procuraduría General de la República.

    A Corte Plena

      Revisar el acuerdo tomado en sesión celebrada el 28 de
julio del 2003, artículo XXVIII, en relación con el cumplimiento
de lo establecido en el primer párrafo del artículo 234 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a los jubilados que
imparten lecciones en instituciones de educación superior o
fungen como decanos, considerando el dictamen emitido por la
Procuraduría General de la República, mediante oficio Nº C-
082-2007, del 19 de marzo del 2007, a efecto de que esta
situación se apegue al marco de la legalidad, lo cual también fue
señalado en su momento por el informe del Magistrado Ramírez,
la Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva y esta Auditoría.

                              -0-

      Las diligencias se remitieron a estudio de la Magistrada
León, quien en nota de 16 de agosto del 2007, rindió el siguiente
informe:

      “Por su digno medio, me permito presentar a la Corte Plena
el estudio que me fuera requerido sobre el ―Informe efectuado
por la Sección de Auditoria Financiera, referente a los aspectos
relacionados con la excepción aplicada al artículo 234 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, para que los jubilados o
pensionados laboren y perciban un salario, como docentes en
Universidades Estatales y reciban simultáneamente una
jubilación o pensión‖. Traslado de documento no. 043-2007.
MOTIVO DEL INFORME

      La Auditoría Interna, solicita a esta Corte, que revise el
acuerdo tomado en la sesión celebrada el 28 de julio del 2003,
artículo XXVIII, en relación con el cumplimiento de lo
establecido en el primer párrafo del artículo 234 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de que se apegue al
marco de legalidad, por cuanto de consuno con el dictamen no.
C-082-2007, emitido por la Procuraduría General de la
República, el 19 de marzo del año en curso, no es posible que los
jubilados o pensionados laboren y perciban un salario como
docentes o decanos en Universidades Estatales simultáneamente
con una jubilación o pensión.
      Para efectos de este informe, rescato diferentes aspectos
que estimé relevantes para responder a la gestión formulada por
el señor Auditor.

MARCO JURÍDICO DE LA CONSULTA

      En primer término, conviene tener presente los artículos 37
y 38 de la Ley de Control Interno, que establecen, por su orden,
la posibilidad del jerarca de discrepar de las recomendaciones de
la Auditoría, en cuyo caso, debe ordenar, en forma motivada,
soluciones alternas a comunicar tanto a la Auditoría como al
correspondiente titular subordinado. Ante esta eventualidad,
aquélla podrá, en un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la comunicación, exponer los motivos de su
inconformidad y solicitar que el conflicto se remita, dentro de los
ocho días hábiles siguientes, a la Contraloría General de la
República, para que dirima el conflicto. De no ejecutarse
injustificadamente lo resuelto en firme por esa instancia, se
aplicarán las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley
Orgánica del ente contralor.

      Cabe indicar que esta normativa, aún y cuando la cita el
informe en estudio, en mi criterio no resultaría aplicable, en
virtud de que el diferendo en cuanto al criterio externado por la
Auditoría y la Corte Plena, no ha sido elevado a la Contraloría.

      En la especie, el señor Auditor solicitó el criterio técnico-
jurídico a la Procuraduría General de la República, al amparo de
la facultad prevista en el numeral 4 de su Ley Orgánica,
reformado por el precepto 45 de la Ley de Control Interno, cuyos
alcances se abordarán más adelante.
ANTECEDENTES DEL CASO

      Precisa hacer una breve síntesis cronológica de las
interpretaciones que tanto en esta Corte como en el Consejo
Superior, se ha dado al artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ en lo sucesivo), en punto a si es procedente que
un jubilado judicial, pueda o no prestar servicios de docencia en
universidades estatales.

     Ese numeral dispone a la letra:

      Artículo 234: ―Al jubilado o pensionado, se le suspenderá
del goce del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo
cualquier otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus
instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación
y de las empresas de economía mixta.‖

1.- CONSEJO SUPERIOR. SESIÓN NO. 060-01 DEL 31
DE JULIO DEL 2001. ARTÍCULO LV

      Con base en una ―Evaluación de los estados financieros del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del período 1998 y 1999‖, la
Auditoría recomendó al Consejo Superior, suspender el beneficio
de pensión o jubilación a quienes laboran en las diferentes
instituciones del Estado.

      De ello se dio audiencia al Departamento Financiero
Contable, cuyos jerarcas manifestaron que el Consejo, ante una
solicitud formulada por ese Departamento, en la sesión del 29 de
mayo de ese año, había consultado a la Dirección Ejecutiva.

     La Sección de Asesoría Legal de esa Dirección, indicó que
ya se había pronunciado en el oficio no. 533-DE/AL-2001, de 6
de abril del 2001, del cual se adjuntó copia.

      Sin embargo, ante un fallo de la Sala Primera, en que se
estimó que un jubilado del Régimen de Pensiones de Hacienda
podía continuar en forma activa su labor de docente, la citada
Asesoría Jurídica amplió su dictamen y concluyó que: ―… el
Legislador no estableció excepción alguna en los casos de
servidores o funcionarios judiciales jubilados que perciban
cualquier otro sueldo del Estado.‖ Agregó que la LOPJ, fue
promulgada y entró en vigencia con posterioridad a la emisión
del fallo de la Sala Primera, sin que contemplara ningún sistema
de excepción a la regla general que engloba el artículo de
comentario.
      El Consejo, luego de una amplia deliberación, de la que
interesa destacar la interpretación de la norma en comentario en
armonía con el inciso 3 del numeral 9 de la ya citada LOPJ, el 49
de la Ley de la Administración Financiera de la República y un
fallo de la Sala Constitucional sobre el límite de horas que puede
destinar un funcionario activo a la enseñanza en la educación
superior, por mayoría, autorizó a los jubilados y pensionados
para que ejerzan cargos de docencia en Universidades Estatales,
sin que se les suspenda el pago del beneficio.

    2.- CONSEJO SUPERIOR. SESIÓN NO. 078-01 DEL
2 DE OCTUBRE DEL 2001 RTÍCULO L.

      Se conoció en esa oportunidad, el recurso de revisión
planteado por el señor Auditor Interno, mediante oficio no. 871-
240-AF-2001 del 26 de setiembre de ese año, contra lo acordado
en la sesión supra indicada.

     El recurso parte de la base de que la normativa es clara y
explícita en la prohibición de los jubilados y pensionados de
laborar en el sector público, sin haber suspendido el beneficio
que perciben.

      Además, de que la ausencia de una norma, deja la inquietud
de si la autorización sería por un determinado número de horas, a
tiempo completo y si comprende funciones administrativas, lo
que puede crear una discriminación y trato desigual para quienes
opten por funciones distintas a la docencia, lo que ya está
ocurriendo, dado que en esas circunstancias, en algunos casos, se
ha ordenado la suspensión de la pensión y en otros no. Solicitó
que, de no acogerse la revisión, se consulte a la Procuraduría
General de la República.

     El Consejo, por mayoría, denegó la revisión peticionada.

3.- CORTE PLENA. SESIÓN NO. 043-01, DEL 3 DE
DICIEMBRE DEL 2001.

ARTÍCULO XXIV
      Fue conocido el acuerdo tomado por la Comisión del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en sesión
celebrada el 12 de este mes, en que se dispuso: "Hacer ver a la
Corte que la Comisión del Fondo de Jubilaciones no comparte el
criterio tomado por el Consejo Superior, en la sesión N° 78-01,
celebrada el 2 de octubre último, en relación con la
interpretación que se da al artículo 234 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, por no estar a derecho. La Comisión considera
que para el caso de docencia, se debe otorgar a los jubilados y
pensionados un período igual al que se le concede a un empleado
activo del Poder Judicial.‖

     Luego de deliberar sobre la solicitud planteada, se acordó
tomar nota del anterior acuerdo y trasladarlo al Consejo
Superior, para lo que corresponda.

4.- CONSEJO SUPERIOR. SESIÓN NO. 032-02 DEL 22
DE ENERO DEL 2002 ARTÍCULO XLIV.

      Conoció del acuerdo de la Comisión del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en virtud de la
remisión que le hiciera la Corte Plena, limitándose a tener por
hechas esas manifestaciones y tomar nota de lo dispuesto por la
Comisión de cita.

5.- CORTE PLENA. SESIÓN NO. 028-03 DEL 28 DE
JULIO DEL 2003
ARTÍCULO XXVIII

      En esa oportunidad, el señor Auditor, en oficio no. 260-
100-AF-2.003 de 21 de abril de este año, planteó su inquietud,
relacionada con la diferencia de criterios entre el Consejo
Superior y lo externado por la Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva y la Auditoría.

      En su opinión, es clara la limitante en el sentido de que una
vez que el funcionario se jubila deja su condición de servidor
judicial, debiéndose regir por lo estipulado en el Artículo 234 de
la Ley en mención.

      Señala que el Consejo Superior suspendió la pensión de
algunos jubilados y pensionados que laboran en el sector
público, incluyendo casos de docentes de primaria y secundaria,
ordenando al Departamento Financiero Contable la ejecución de
un estudio que permita determinar los casos que están en esa
condición, a efecto de suspender el beneficio, pues a pesar de
que la Auditoría ha señalado, en algunas oportunidades, una
serie de beneficiarios que estaban en esas condiciones, no se
suspendió en ese momento el beneficio aludido, con la evidente
violación a la normativa existente.

     No obstante, destaca que para los jubilados y pensionados
que imparten lecciones en escuelas universitarias, el Consejo
Superior emitió un criterio específico, a través del cual se
establece que la normativa en referencia no es aplicable a los
beneficiarios de este Régimen.

      De acuerdo con ese planteamiento y dado que existe
diversidad de opiniones sobre este particular, estimó necesario
contar con un criterio uniforme y equitativo, para definir la
situación de los jubilados y pensionados de impartir la docencia,
no sólo a nivel universitario, sino a otros, pues, salvo mejor
criterio, independientemente del nivel que se trate, ya sea
preescolar, primaria o secundaria, constituye la misma función.

      Insistió en que, dado que el Consejo Superior ya se
pronunció, al amparo de lo establecido en la Ley General de
Control Interno, es indispensable que la Corte Plena se refiera al
respecto, a efecto de estar a derecho con la normativa existente y
dar a su vez un trato igualitario a todos los jubilados y
pensionados que se encuentran en esas condiciones,
específicamente, considerando el caso de una persona que, para
esa fecha, recibe una jubilación y ejerce el puesto de Vicedecano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

      Trajo a colación que, de conformidad con la Ley General
de Control Interno, las auditorías internas están facultadas para
consultar directamente el criterio técnico-jurídico de la
Procuraduría General de la República, sin acompañar el criterio
de la asesoría legal. No obstante, en el presente caso no se ha
formulado la consulta, por estimar que, según el artículo 67 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo Superior es un
órgano subordinado de la Corte Plena, por lo cual, ante una
eventual diferencia con la Auditoría, según el canon 36 de
aquella Ley, corresponde resolverla a la Corte. En ese sentido,
consideró que no parece razonable que la Auditoría tenga que
estar recurriendo, con frecuencia, a otras instancias externas al
Poder Judicial, pudiendo agotar previamente esta posibilidad
adicional, además de que, a tenor del numeral 38 de la
mencionada Ley, deben efectuarse solo cuando hay
discrepancias entre el máximo jerarca y la Auditoría Interna.
Señaló la conveniencia de que la Corte efectué la consulta,
partiendo de que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones recibe un
aporte considerable del Estado (12% del presupuesto asignado a
la Institución) y, por ende, es un deber de su Despacho y de la
Administración Superior, velar por el buen uso de los recursos
de este Fondo, de acuerdo con la normativa existente.
      Las diligencias se remitieron a estudio del Magistrado
Ramírez, quien en su informe señaló, entre otros aspectos, que el
problema planteado se relaciona con varios principios
fundamentales, entre los que destaca el de la legalidad
administrativa, la prohibición de recibir una doble remuneración
a cargo del Estado y el derecho al trabajo.

      En su opinión, el artículo 234 de la LOPJ, es similar a la
que existe en otros textos legales que regulan la situación de
quienes reciben del Estado prestaciones económicas por
concepto de jubilaciones o pensiones y significa una prohibición
clara y tajante para continuar percibiéndolas cuando se asume un
nuevo cargo público, no así el ejercicio liberal de una profesión o
el prestar servicios bajo un patrono privado, pues en estas áreas
no existen limitaciones de ninguna naturaleza. También debe
distinguirse la situación de quienes imparten docencia
universitaria durante su servicio activo en el Poder Judicial –
antes de jubilarse-, en cuyo caso, pueden continuar ejerciendo la
docencia e incluso acogerse a los dos regímenes de pensiones.

      De esta manera, concluyó que la norma limita sólo a quien
después de jubilarse en el Poder Judicial, inicia sus labores en un
nuevo puesto público, ya sea impartiendo lecciones en
universidades públicas o en otros centros de educación con cargo
al presupuesto del Estado. Como la prohibición es legal, la única
manera de excepcionarla es, en su opinión, a través de una
norma de idéntico rango formal.

      Hizo ver que el criterio del Consejo no es viable porque: 1.-
No existe ningún vacío jurídico que deba suplirse con
interpretaciones analógicas, sino una clara prohibición legal. 2.-
Esta analogía, en realidad, erige una excepción que solo podría
operar si hubiese sido prevista en la ley. La Administración no
puede otorgar beneficios que el legislador no concede, ni
imponer o dispensar requisitos que las normas no autorizan,
máxime si se afecta el patrimonio estatal. 3.- La situación de los
servidores activos y los jubilados es distinta, por lo que no puede
acudirse a la analogía solo con base en el denominador común de
la entidad en la que se presta o prestó servicios.

     En consecuencia, recomendó gestionar una reforma legal, a
fin de permitir a los jubilados y pensionados de la Institución,
gozar de las excepciones que disfrutan sus similares de otros
sectores que sí cuentan con una previsión normativa expresa.

    Luego de diversas intervenciones de magistradas y
magistrados, por mayoría de once votos, se dispuso: improbar el
informe del Magistrado Ramírez, en razón de que esta Corte
interpreta la situación de manera tal que se permite al jubilado
judicial desempeñar la docencia universitaria sin límite de horas.

INFORME DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.

     Ante la situación descrita, la Auditoría formuló consulta a
la Procuraduría General de la República, mediante oficio no.
814-397-AF-2003, del 13 de octubre del 2003, quien emitió el
respectivo dictamen a través del oficio no. C-082-2007, del 19 de
marzo del 2007, del que se transcriben textualmente sus
conclusiones:

     ―…El desempeño remunerado de un puesto de trabajo en el
sector público es incompatible económicamente con la
percepción de una jubilación o pensión por cualquier sistema o
modelo de gestión de Seguridad Social público y obligatorio,
con las salvedades o excepciones y en los términos que
legalmente se determinen.

      Lo anterior no impide que el pensionista o jubilado pueda
trabajar una vez que deje en suspenso temporalmente el derecho
a la pensión, entendida como la prestación económica periódica,
contributiva o no contributiva, en la que ésta se manifiesta.

      En el caso concreto del Poder Judicial, según previsión
legal expresa de su régimen contributivo especial de jubilaciones
y pensiones:

      El disfrute de la jubilación o pensión por dicho régimen, es
incompatible con el desempeño de un cargo público remunerado
en el sector público.

      Dicha incompatibilidad, como regla general, no admite
salvedades o excepciones; esto a falta de previsión legal expresa
al respecto.

      Los acuerdos administrativos que hayan sido adoptados al
seno del Poder Judicial aún en contrario a lo aquí concluido,
obligan a su inmediato cumplimiento aunque se discrepe
sustancialmente de su legalidad, hasta tanto no sean revertidos
por los medios formales que prevé el ordenamiento jurídico.

      Puede valorar el Poder Judicial elaborar una reforma legal
de la norma contenida en el numeral 234 de su Ley Orgánica, a
fin de establecer las excepciones que considere pertinentes...‖

RECOMENDACION DE LA AUDITORIA

     Con apoyo en el dictamen de la Procuraduría General de la
República, concluye el señor Auditor que se nota un
incumplimiento por parte de la Institución de lo establecido en el
primer párrafo del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

     Destaca que en el ―Proyecto de reforma a la Ley Orgánica
Actual‖, se propone la reforma a que hace referencia la
Procuraduría.

     En concreto, solicita se revise el acuerdo último de esta
Corte, considerando al efecto el dictamen de la Procuraduría.

CONCLUSIÓN

     De conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, sus dictámenes
―constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento
obligatorio para la Administración Pública‖.

      Por su parte, el numeral 4 de la Ley General de Control
Interno, faculta a los auditores internos para que realicen la
consulta directamente.

      En consecuencia, habiéndose pronunciado la Procuraduría
en los términos indicados, y siendo su criterio vinculante, sólo
puedo sugerir a la Corte Plena que se acojan las
recomendaciones hechas por la Auditoría Interna y, en ese
sentido, revise el acuerdo adoptado en el artículo XXVIII de la
sesión celebrada el 28 de julio del 2003.

     Deberá, por consiguiente, en sustitución del acuerdo
vigente, adoptar uno nuevo, que se ajuste al dictamen de la
Procuraduría, el cual, a la postre, es coincidente con el criterio
que en su oportunidad externaron el Magistrado Ramírez, la
propia Auditoría y la Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva.

      Estimo importante que se ordene a quien corresponda
elaborar un estudio de las personas que se encuentran en esa
situación, a fin de adoptar las medidas que se estimen
pertinentes, partiendo de que la propia Procuraduría
específicamente señala que ―…mientras no se hubiere declarado
la nulidad o revertido la validez y eficacia de aquellos acuerdos
atinentes a la materia en consulta, éstos surten plenos efectos, y
por tanto, el pago de la pensión en esos casos es ineludible‖
                               -0-
       En la sesión verificada el 5 de noviembre del 2.007,
artículo XXI, se dispuso tener por presentado el informe de la
Magistrada León, y resolver lo que corresponda una vez que la
Sala Constitucional emita pronunciamiento sobre la acción de
inconstitucionalidad que se interpuso contra el artículo 234 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

     El licenciado Ramos Gutiérrez, en oficio Nº 1071-333-
AF-2008 de 20 de noviembre del 2.008, manifiesta:

      “En la sesión celebrada por Corte Plena, el 5 de noviembre
del 2007, artículo XXI, se cita el informe Nº 461-38-AF-2007,
de fecha 19 de junio del 2007, elaborado por la Auditoría
Judicial, referente a los aspectos relacionados con la excepción
aplicada al artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para que los jubilados o pensionados laboren y perciban un
salario, como docentes en Universidades Estatales y reciban
simultáneamente una jubilación o pensión. Además, se menciona
el estudio realizado por la Magistrada Anabelle León Feoli,
quien presentó el informe respectivo con nota del 16 de agosto
del 2007. No obstante, en dicha sesión se dispuso tener por
presentado el mismo y conocerlo hasta que se resolviera la
acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 234
citado.

     Al respecto, cabe mencionar que la Sala Constitucional en
su sentencia 2008-16564, de fecha 5 de noviembre del 2008,
indicó lo siguiente:

     ―Expediente 06-10697-0007-CO. A las catorce horas con
cincuenta minutos. Acción de Inconstitucionalidad. Rosa Emilia
Ureña Zúñiga en contra del artículo 234 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Se interpreta conforme al Derecho de la
Constitución que el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial no es inconstitucional en la medida que se interprete
que el concepto de "pensionado" ahí contenido, no incluye a los
familiares "beneficiarios" del trabajador, sino únicamente a los
pensionados directos (ex trabajadores) del Poder Judicial.‖

      Dada la reciente sentencia de la Sala Constitucional y en
virtud de las competencias de esta Auditoría, en relación con la
necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones que se
       emiten en nuestros informes, sometemos a consideración de la
       Corte Plena dicha situación, a fin de que resuelva lo que
       corresponda.‖

              Se acordó: Revisar el acuerdo tomado en sesión
       celebrada el 28 de julio del 2003, artículo XXVIII, en relación
       con el cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo del
       artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a
       los jubilados que imparten lecciones en instituciones de
       educación superior o fungen como decanos. En su lugar disponer
       que resulta incompatible el desempeño de cargos administrativos
       o docentes en las universidades públicas, por quienes disfrutan
       de una jubilación en el régimen del Poder Judicial, conforme se
       señala en el dictamen emitido por la Procuraduría General de la
       República, mediante oficio Nº C-082-2007, del 19 de marzo del
       2007. Debe el Departamento de Personal realizar un estudio de
       las personas que se encuentran en esa situación, e informar a esta
       Corte, en el plazo de veinte días contados a partir de la
       comunicación de este acuerdo, a efecto de adoptar las medidas
       correspondientes, en relación con quienes se encuentran en la
       situación señalada. Se declara acuerdo firme.‖
                                     -0-

     Se dispuso: Tomar nota del acuerdo adoptado por la Corte Plena.

                            ARTÍCULO LXIII

     La Corte Plena en sesión N° 4-09 celebrada el 2 de febrero en curso,

artículo VIII, tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―El Consejo Superior, en la sesión celebrada el 25 de
       noviembre del año pasado, artículo XXVII, tomó el siguiente
       acuerdo:

             ―La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento
       de Planificación, en oficio Nº 2049-PLA-2008 de 14 de
       noviembre en curso, expresó:
           ―Con el fin de contar con el criterio del Consejo Superior,
       me permito plantear la siguiente consulta:
            A nivel presupuestario, todos los circuitos judiciales
       establecidos legalmente como tales aparecen como centros de
       responsabilidad. De esta forma, cada uno de ellos presenta su
       plan estratégico y solicitud de presupuesto, aprobado por su
       respectivo Consejo de Administración.
      En algún momento de las sesiones de trabajo de
presupuesto, se criticó el hecho de que se les había dado esa
categoría de circuito, y por tanto de centros de responsabilidad, a
regiones que no lo tenían, tal es el caso de Santa Cruz que es
parte del II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) y Golfito
que es parte del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur
(Corredores). En esa oportunidad, lo que había sucedido es que
se les separó presupuestariamente porque se había construido un
edificio que alojaba varias oficinas; además, habían conformado
un Consejo de Administración de Circuito.
     En Acta 7, artículo XVIII, de la sesión de presupuesto
celebrada el 22 de marzo del 2007, se presentó un detalle de
todos los llamados ―circuitos‖ que presentaban presupuesto. En
esa ocasión se discutió y dispuso lo siguiente:
     ―El Dr. Mora Mora menciona que algunos Consejos de
Administración funcionan al margen de lo legalmente
establecido, por cuanto los circuitos judiciales que representan
no están definidos formalmente. Específicamente se refiere a los
casos de Santa Cruz y Golfito. Considera que en estos casos, los
consejos de administración de Corredores y el de Nicoya, son los
que deben asumir la representación de esas regiones.
     La Licda. Conejo Aguilar comenta que hay que buscar un
mecanismo para que la gente de Golfito entre en el Consejo de
Corredores, por cuanto no estarían representados; igualmente
sucede con Nicoya y Santa Cruz. Además de otras localidades
aledañas como es el caso de Osa.
     La Licda. Chaves Cervantes opina que este deberá ser tema
de conversación en talleres que están próximos a realizar con los
consejos de administración.
      El Lic. Jones León propone que se defina una instancia de
análisis, discusión y proyección de las soluciones a los
problemas que se tienen en Golfito y Santa Cruz, que no se llame
Consejo de Administración.
      La Licda. Conejo Aguilar dice podría llamarse Comité de
Apoyo Administrativo; pero que mejor es que el tema se discuta
en los talleres.
     Después de un intercambio de opiniones se acuerda: 1)
Tomar nota de la información presentada por el Departamento de
Planificación. 2) Discutir el tema en los talleres que
próximamente se realizarán con los Consejos de
Administración.‖
     Actualmente, se está solicitando que por motivo de la
construcción del edificio de Turrialba, se separe como un centro
 de responsabilidad aparte de Cartago que es donde actualmente
 pertenecen las oficinas. Por lo que se estima pertinente que el
 Consejo Superior se manifieste al respecto, precisamente porque
 fue un tema que generó discusión y no se resolvió.
      Igualmente, es preciso que si se resuelve que Turrialba no
 debe separarse de Cartago, se indique la forma de proceder con
 Santa Cruz y Golfito, en cuanto a la presentación de sus
 presupuestos y la relación entre los consejos de administración
 que cada uno de ellos tiene.
      Es importante señalar que aunque una zona no tenga
 carácter de circuito, ante condiciones particulares de la región, se
 podrá constituir un Consejo de Administración, aspecto que
 establece el artículo N° 2, del Reglamento del Consejo de
 Administración de Circuito, que en lo que interesa dice:
       ARTÍCULO 2: ―De conformidad con lo establecido en el
 artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tomando en
 consideración las condiciones particulares de la región, la Corte
 Suprema de Justicia podrá disponer sobre la creación de otros
 circuitos judiciales o constituir Consejos de Administración en
 circunscripciones judiciales aún cuando no se les reconozca el
 carácter de circuito…‖
                                -0-
       Se acordó: Tomar nota de la comunicación del
 Departamento de Planificación y trasladarla a conocimiento de la
 Corte Plena con la atenta recomendación que de conformidad
 con las atribuciones que le confiere el artículo 143 de la Ley
 Orgánica del Poder Judicial, disponga la creación de un Consejo
 de Administración en Turrialba y Golfito.‖
                               -0-
        Se acordó: Acoger la recomendación del Consejo
 Superior y en consecuencia disponer la creación de los Consejos
 de Administración de Turrialba y Golfito, a partir del 1° de abril
 del año en curso. Solicitar al Colegio de Abogados enviar las
 ternas correspondientes para el nombramiento de sus
 representantes en esos Consejos. Deben los servidores judiciales
 de esas localidades realizar los nombramientos respectivos
 siguiendo el trámite señalado en el Reglamento del Consejo de
 Administración de Circuito. Se declara acuerdo firme. ‖
                                -0-

Se dispuso: Tomar nota del acuerdo adoptado por la Corte Plena.

                       ARTÍCULO LXIV
      En sesión de Corte Plena N° 6-09 celebrada el 16 de febrero en

curso, artículo XIX, se dispuso desestimar la recomendación formulada por

el Consejo de Personal, tendente a reasignar el puesto de Profesional 2 la

Secretaría Técnica de Ética y Valores, a Jefe de ese oficina.

      El máster José Luis Bermúdez Obando, Jefe de Administración

Humana, en correo electrónico de 9 de enero último, remitió el oficio N°

1507-JP-2008 de 23 de diciembre de 2008, en que comunicó el acuerdo

tomado por el Consejo de Personal, en sesión N° 25-2008 celebrada el 27

de noviembre de ese año, artículo VI, referente a la reasignación del puesto

de Jefe Secretaría Técnica de Ética y Valores, el cual está por ser conocido

por la Corte Plena.

      En lo que compete a este Consejo, se transcriben los anexos de ese

documento:



            ―Con la finalidad de que sea conocido por el Consejo de
       Personal, nos permitimos informarle que el Consejo Superior en
       la sesión Nº 08-07 celebrada el 27 de marzo del año 2007,
       Artículo XXI; aprobó la recomendación emitida por el
       Departamento de Planificación, mediante el Informe de Plazas
       Nuevas para el 2008 N° 044-PLAZAS-2007, respecto a la
       creación de una plaza de ―Profesional 2‖ y una plaza de
       ―Auxiliar Administrativo 1‖ para conformar a partir del mes de
       enero del presente año, la Secretaría Técnica de Ética y
       Valores.

             Según se indica en el informe de cita, debido a la
       naturaleza de las tareas de la Comisión de Valores, no se cuenta
       con una estadística formalmente establecida que permita medir
       en términos cuantitativos su accionar; por lo que se consideraron
       otros elementos de crecimiento institucional que repercuten y
    requieren de una mayor y mejor presencia de la Comisión de
    Valores, entre los que se destacan: el incremento del número de
    despachos y de servidores judiciales, así como las subcomisiones
    en distintos circuitos judiciales del país. Por lo tanto, la
    recomendación emitida se acoge a la necesidad de fortalecer los
    valores institucionales del Poder Judicial y al desempeño que ha
    tenido la Comisión de Valores en los últimos años.

        La creación de esta dependencia se debe también a
  objetivos dirigidos al fortalecimiento de los valores
  institucionales del Poder Judicial, establecidos en el Plan
  Estratégico 2007-2011, tales como:
              Incorporar la necesidad de fortalecer los valores
  institucionales en la planificación estratégica y operativa del
  Poder Judicial.

              Fortalecer los valores        institucionales   en   la
    formación del recurso humano

I. Identificación del Puesto

    Cuadro Nº 1

          Características del Puesto
          N. Puesto:             350103
          Clasificación actual Profesional 2
          Condición              Vacante
          Nombre del titular     Olga Ovares Araya
          Condición              Interina
          Oficina                Dirección Ejecutiva
          Presupuestaria
          Ubicación      física Secretaría Técnica de Ética y
          actual                 Valores
II. Observaciones Generales

    1. Comisión Nacional de Valores

    La Comisión Nacional de Rescate de Valores, se formó en
    defensa y fortalecimiento de los valores de la sociedad
    costarricense, de conformidad con los Decretos Ejecutivos Nº
    17908-J del 03 de diciembre del 2007, artículo 1° y Nº 23944-J-
    C del 12 de diciembre de 1994 artículo 2°, según lo dispuesto en
    los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política.
    Asimismo se declaró de interés nacional el Plan de Recate de
    Valores, Morales, Cívicos y Religiosos, instando a las
            instituciones descentralizadas, empresa públicas y a los otros
            Poderes del Estado a conformar las respectivas Comisiones
            Institucionales de Rescate y Formación de Valores.


            Esta organización dedicada a promover y formar valores, tiene
            como objetivos:


         Incentivar en la ciudadanía una conciencia crítica, respecto a la
           crisis de valores que padecemos, y una actitud positiva que
           genere las respuestas deseables.
         Rescatar y fortalecer nuestros valores más genuinos; aquellos
           sobre los cuales se gestó y creció la nacionalidad costarricense.
         Promover la manifestación de actitudes personales que
           conduzcan a la adquisición de valores, con los cuales la
           idiosincrasia del ser costarricense se enriquezca.
         Robustecer la formación integral del hombre, con énfasis en la
           familia, en la educación formal y no formal.

            Se encarga además, de dictar las políticas y objetivos generales
            a los que están sometidas las comisiones ministeriales e
            institucionales; con el fin de promover la ética en el servicio y
            contribuir a la eficiencia en el sector público.
            Cada una de las comisiones debe analizar las causas y efectos de
            la crisis de valores, al interior de las instituciones y con relación
            a la sociedad, así como determinar las posibles soluciones. Por
            su parte, la Comisión Nacional de Rescate de Valores, dirige y
            coordina las acciones que estas comisiones decidan ejecutar.
            Para ello, ha establecido una metodología uniforme de
            planeamiento que permite dar seguimiento y evaluar
            periódicamente la eficiencia y eficacia de su gestión.

            Actualmente, además del Poder Judicial son varias las
            instituciones que tienen Comisión de Valores e integran el
            Sistema Nacional de Comisiones de Valores de la CNRV [3]
            entre estas están : Caja Costarricense del Seguro Social,
            Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes,
             Refinadora Costarricense de Petróleo, Acueductos y
            Alcantarillados , Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco de
            Costa Rica , Instituto Mixto de Ayuda Social , Ministerio de
            Hacienda, Contraloría General de la República, Servicio Civil,
            Junta de Protección Social, Migración y Extranjería,
             Municipalidad de San Pedro, ARESEP, Ministerio de Justicia
            (Prevención del Delito), Ministerio de Obras Públicas y
[3]
      Comisión Nacional de Rescate de Valores
         Transportes, Universidad Nacional Estatal a Distancia , Instituto
         Nacional de Aprendizaje, Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco
         dependencia, Ministerio de Educación Pública entre otras.

         2. Comisión de Valores del Poder Judicial

         Una vez adquirido el compromiso y al reconocerse parte del
         ―Plan Nacional de Rescate de Valores Morales, Cívicos y
         Religiosos de 1987‖[4], el Poder Judicial mediante acuerdo de
         Corte Plena, en la sesión del 20 de julio del año 1992 ese año,
         artículo XX, creó la Comisión de Valores del Poder Judicial.

         Quienes se suscribieron a este documento, se comprometieron a
         realizar todos los esfuerzos necesarios para el rescate de los más
         preciados valores; reconociendo que el caudal ético, cívico y
         religioso, constituye el medio regulador de toda sociedad, para
         una convivencia armoniosa y feliz entre los hombres.

         El Poder Judicial como parte del compromiso, mediante esta
         Comisión, integrada voluntariamente por representantes de la
         Judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación
         Judicial, Defensa Pública, Contraloría de Servicios, Despacho de
         la Presidencia, Departamento de Personal, Escuela Judicial,
         Tribunal de la Inspección Judicial, Departamento de
         Planificación, Departamento de Trabajo Social y Psicología,
         Servicio de Salud para Empleados, Secretaría General de la
         Corte y la Asociación de Jubilados; pretende su fortalecimiento
         para que todas sus dependencias y tribunales, así como el
         personal que trabaja en ellos, se ajusten estrictamente a sus
         deberes institucionales.

         Actualmente, la Comisión cuenta con subcomisiones de valores
         en el I Circuito Judicial de San José, II Circuito Judicial de San
         José ( Goicoechea), Alajuela, Pérez Zeledón, Puntarenas, San
         Ramón, I Circuito Judicial Zona Atlántica (Guápiles), II Circuito
         Zona Atlántica (Limón), Liberia, Santa Cruz y Nicoya. Todas
         dependientes de la asesoría y dirección de la Comisión
         Institucional, cada una desarrolla proyectos de valores en su
         respectivo circuito con el propósito de promover valores que
         incidan en el crecimiento personal de los servidores judiciales y
         en la calidad de servicio.


[4]
   Surge en el año 1987, como parte de una campaña de concienciación nacional, para el rescate
de valores; a efecto de combatir con actitudes positivas los flagelos que doblegaban a buena
parte de los habitantes del país. Involucra a la educación formal y no formal, al Estado con sus
instituciones, a las empresas, los sindicatos, a los medios de comunicación y a las iglesias.
     ¿Qué hace la Comisión de Valores?

     Realiza diagnósticos para identificar el estado de los valores en
     el Poder Judicial
     Procura incidir en las políticas del Poder Judicial en materia de
     valores, mediante la participación activa en la formulación de
     planes estratégicos del Poder Judicial y la asesoría en valores,
     entre otros
     Establece alianzas estratégicas con otras comisiones o
     instituciones del sector público o privado y con la Comisión
     Nacional de Rescate de Valores, entre otros
     Dicta políticas, objetivos, y acciones a las Sub-Comisiones de
     Valores de cada uno de los circuitos judiciales
     Formula programas para promover valores
     Coordina con la Escuela Judicial y la Unidad de capacitación del
     Departamento de Personal-Gestión Humana la capitación en
     valores que recibirá el personal.
     Establece y mantiene una constante coordinación con la
     Comisión Nacional de Valores
     Brinda asesoría a los despachos judiciales sobre asuntos
     relacionados con la aplicación de valores

III. Consideraciones Previas

     1. Desde su creación en el año 1992 y hasta diciembre del año
     2007, la Comisión de Valores del Poder Judicial contó con la
     cooperación del puesto Nº 022855 clasificado como Profesional
     2, adscrito al Departamento de Prensa y Comunicación y
     ocupado en condición de propietaria por la Licenciada Anayancy
     Espinoza Alvarado.

     Inicialmente este fue cedido medio tiempo, para brindar
     colaboración y asesoría a la Comisión Institucional de Valores
     en el área de comunicación; sin embargo, a partir del año 2005
     se le asignó por tiempo completo debido a sus crecientes
     labores.

     Del informe IDH-180-2006 de la entonces Sección de
     Investigación y Desarrollo, se obtienen las actividades que
     realizaba la Licenciada Espinoza Alvarado:

  Planear, proponer y ejecutar proyectos de comunicación para la
    Comisión de Valores del Poder Judicial
  Brindar asesoría en comunicación a las subcomisiones de
    valores.
  Desarrollar campañas de comunicación.
 Diseñar formatos de comunicación (afiches, plegables, volantes)
   y coordinar la divulgación.
 Coordinar, ejecutar, divulgar y evaluar las actividades de la
   Comisión.
 Coordinar y ultimar detalles con otras dependencias para la
   realización de los trabajos que requieren las distintas
   estrategias de comunicación.
 Dirigir la ejecución de proyectos de comunicación con las
   subcomisiones de valores.
 Brindar charlas sobre objetivos y funciones de la Comisión y
   otros temas afines.
 Asistir y representar a la comisión en reuniones y actividades.
 Coadyuvar en la organización y formulación de las
   capacitaciones de las subcomisiones de valores y las que se
   ofrecen a servidores judiciales en cada localidad.
 Convocar, asistir y tomar actas de las sesiones de la Comisión
 Elaborar informes variados.
 Atender consultas relacionadas con el área de su competencia.

   2. Si bien es cierto, formalmente existe una oficina denominada
   Secretaría Técnica de Ética y Valores, que bajo las instrucciones
   generales de la Comisión de Valores del Poder Judicial
   pretende lograr cambios importantes a nivel institucional como
   promover una cultura que sustente la gestión ―Administración
   de Justicia‖ basada en valores. El puesto que en este momento
   cumple el ―rol‖ de jefatura o encargado de esta dependencia,
   corresponde a un puesto nuevo cuya clasificación actual
   “Profesional 2”, fue dada por acuerdo del Consejo Superior y
   no por un estudio técnico que justifique esta categorización.


   3. El Consejo Superior en sesión de trabajo del presupuesto
   2009, celebrada el 02 de abril del presente año, Acta Nº 7,
   Artículo VII, conoció el informe Nº 048-PLA-CE-2008,
   elaborado por el Departamento de Planificación, relacionado
   con el estudio para la Secretaría Técnica de Ética y Valores. Por
   lo tanto, aprobó la recomendación de asignar en forma
   ordinaria el puesto clasificado como ―Auxiliar Administrativo
   1‖, así como asignar en forma extraordinaria del primer hasta
   el último día hábil del 2009, un puesto clasificado como
   ―Profesional 2‖, para lo concerniente a temas de formación y
   desarrollo.


   Según lo expone la Señora Magda Díaz Bolaños en correo
   electrónico de fecha viernes 11 de abril del presente año, con
   instrucciones de la Master Olga Ovares las tareas que deberá
    realizar la ocupante de dicho puesto son:


  Asistir técnicamente a las Subcomisiones de Valores
  Ofrecer asesoría y seguimiento en los procesos de diagnósticos de
    oportunidad
  Dar seguimiento al trabajo que realizan las Subcomisiones de
    Valores
  Diseñar estrategias para el facultamiento de las personas que
    laboran en el Poder Judicial en la formación y fortalecimiento de
    los valores
  Diseñar contenidos para las iniciativas y alternativas de
    aprendizajes axiológicos
  Contribuir con el proceso de identificación de valores
    compartidos y diseño del manual de prácticas sanas
  Asistir a los despachos judiciales en el componente axiológico
    señalado en los Planes Anuales Operativos
  Contribuir con la promoción del proceso para el diseño de la
    política axiológica y con el proceso de rediseñar una cultura
    sustentada en valores compartidos
  Establecer procesos y mecanismos para el fortalecimiento y
    promoción de la ética y los valores en el Poder Judicial
  Mantener comunicación permanente con sus superiores sobre el
    trabajo a desarrollar
  Integrar diversos comités y grupos de trabajo
  Atender y evacuar consultas relacionadas con las tareas del puesto
  Rendir informes diversos

IV. Descripción de la Información Obtenida

    A la falta de conocer el detalle de las tareas del puesto,
    responsabilidades, complejidad, ubicación y otros, se procedió
    a realizar el trabajo de campo necesario. Por lo que a
    continuación se presentan los alcances obtenidos con la
    investigación realizada:


    1. Tareas del puesto Nº 350103, Profesional 2 de la Secretaría
    Técnica de Ética y valores


  Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las funciones
   administrativas de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

  Diseñar y formular la política de valores de la institución.
 Fortalecer los valores institucionales en la planificación
  estratégica y operativa.

 Coadyuvar en el fortalecimiento de los valores institucionales en la
  formación del recurso humano del Poder Judicial.

 Establecer políticas y directrices referentes al funcionamiento de
  las Subcomisiones de Valores y Ética.

 Definir normas y procedimientos para la coordinación de las
  funciones con otras dependencias del Poder Judicial.

 Convocar y asistir a las sesiones, preparar las agendas y revisar
  las actas respectivas, de la Comisión de Valores del Poder
  Judicial.

 Ejecutar los acuerdos de la Comisión de Valores, así como las
  políticas institucionales, orientadas a mejorar la administración
  de justicia, en el que se incluye la operativización de aspectos
  relacionados con la ética y los valores, orientadas a desarrollar
  el potencial humano tanto en el servicio externo como en la
  organización interna.

 Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos de la Comisión de
  Valores del Poder Judicial.

 Informar a la Comisión de Valores del Poder Judicial sobre las
   gestiones realizadas, avances y porcentaje de cumplimiento de
   los acuerdos.

 Autorizar los gastos que deban realizarse en las Subcomisiones de
  Valores y Ética por concepto de viáticos, copias, diligencias y
  otros servicios de la misma índole.

 Ejecutar los acuerdos de pago, una vez que los gastos hayan sido
  debidamente aprobados y autorizados tanto por el Consejo
  Superior, como por la Comisión de Valores del Poder Judicial.

 Formular programas que sean necesarios para el fortalecimiento
  de los valores y el comportamiento ético del Poder Judicial.

 Proponer al Consejo Superior procesos para promover y fortalecer
  valores y el comportamiento ético en los servicios administrativos
  y en las oficinas judiciales existentes en el país.

 Coordinar y ejecutar evaluaciones y revisiones a los proyectos y
   actividades a cargo de la Comisión de Valores y la Secretaría
   Técnica de Ética y Valores

 Promover y redactar programas de trabajo, presupuestos,
  proyectos, informes y otros documentos a solicitud de sus
  superiores.

 Coordinar la ejecución de programas, proyectos, en el proceso
  de transversalizar Valores en los diferentes procesos del Poder
  Judicial.

 Identificar recursos que permitan brindar asistencia técnica a
   instituciones del sector por medio de la Comisión de Valores y la
   Secretaría Técnica de Ética y Valores.

 Preparar informe de logro de los objetivos del plan de trabajo
  para las instituciones u organizaciones con que se tienen
  convenios.

 Publicar y difundir oportunamente los documentos que
  determinen sus Superiores.

 Recibir, analizar y gestionar sugerencias, información y
  proyectos de interés para el sector y presentar propuestas a la
  Comisión de Valores.

 Asesorar a quienes conforman la Comisión de Valores y las
  Subcomisiones de Valores en la materia de su especialidad.

 Mantener comunicación permanente con sus superiores sobre el
  trabajo a desarrollar.

 Integrar diversos comités y grupos de trabajo.

 Atender y evacuar consultas relacionadas con las tareas del
  puesto.

 Atender las directrices emanadas de la Comisión Nacional de
  Rescate de Valores y someterlas a conocimiento de la Comisión de
  Valores del Poder Judicial.

 Asistir a las Sesiones de Trabajo del Sistema Nacional de
  Comisiones de Valores con voz y voto.

 Rendir informes diversos.
   2. Consulta realizada a otras instituciones públicas

   Con el propósito de conocer a nivel de instituciones públicas si
   existen oficinas similares a la Secretaría Técnica de Ética y
   Valores del Poder Judicial, así como puestos que cumplan el
   ‖rol‖ de jefatura de estas dependencias encargadas de asistir a
   una comisión de valores .Se procedió a consultar al Tribunal
   Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes,
   Contraloría General de la República, la Caja Costarricense del
   Seguro Social y otras, siendo esta última, la única institución de
   las consultadas que cuenta con una oficina y dos profesionales
   dedicados tiempo completo a la formación y capacitación en
   valores; ya que los coordinadores o encargados, así como los
   miembros que integran las comisiones de las otras instituciones,
   trabajan en forma voluntaria sin recibir ningún tipo de
   remuneración económica.

    2.1 Caja Costarricense del Seguro Social

   El Programa Institucional de Rescate de Valores de la Caja
   Costarricense del Seguro Social, es una dependencia de la
   Gerencia Administrativa de esta Institución, es responsable de la
   formación y capacitación axiológica de 110 Unidades de
   Recursos Humanos. Esta a cargo del Licenciado en Sociología.
   Carlos Eduardo González, quien ocupa un puesto clasificado
   como ―Profesional 3‖ y dentro de sus principales tareas y
   responsabilidades se encuentra:

 Diseñar y elaborar programas, procesos y proyectos formativos
   y de capacitación en el área ética, moral y valores.
 Ejecutar actividades de formación y capacitación en apoyo con
   las unidades de Recursos Humanos de la institución.
 Coordinar y organizar eventos de formación y capacitación con
   todas las unidades de trabajo de la CCSS en todo el país.
 Desarrollar charlas, talleres, foros, conversa torios, seminarios y
   actividades afines en la temática ética, moral y de valores.

   Está oficina cuenta además con un asistente con un puesto
   clasificado como ―Profesional 1‖, ocupado por el Licenciado en
   Psicología. Carlos Fernández, quién al igual que el Señor
   González colabora con la formación y capacitación en valores
   de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social.


   2.2 Sobre los Requisitos
             De acuerdo al perfil establecido por la Caja Costarricense del
             Seguro Social para los puestos que conforman el Programa
             Institucional de Rescate de Valores, sus ocupantes deben ser
             profesionales en Psicología y Sociología, con grados
             académicos de bachillerato y licenciatura respectivamente e
             incorporados al colegio de profesionales respectivo.

             Con competencias tales como: formación específica en el área
             ética moral y valores, conocimiento teórico y práctico en diseño
             de programas educativos (cursos, talleres, seminarios, entre
             otros) y manejo técnico de metodologías y herramientas
             didácticas.

             Conocedores de la estructura interna de la CCSS, con capacidad
             para planificar tiempos, distancias, costos, recursos e insumos
             diversos para las actividades de capacitación, habilidad para
             negociar, coordinar, interactuar e improvisar con diversas
             jefaturas y personal institucional y disponibilidad para
             desplazarse a todo el país.

             Habilidad para dialogar y comunicarse eficientemente,
             experiencia en andragogía[5], conocimiento y manejo fluido de
             técnicas de trabajo grupal y de las corrientes de pensamiento
             educativo y administrativo modernas, pasión por el crecimiento
             y desarrollo de los seres humanos, humildad y capacidad para
             trabajar en equipo y ejecutar informes de diversa índole.

             3. Análisis Comparativo

             3.1 Otras instituciones

             Una vez conocidas las tareas que realizan los encargados de
             oficinas similares a la Secretaría Técnica de Ética y Valores en
             otras instituciones públicas, como lo es el Programa Institucional
             de Rescate de Valores de la Caja Costarricense del Seguro
             Social, e identificadas las tareas del puesto Nº 350103. Se tiene
             que, a pesar de existir un fin común, respecto a promover y
             fortalecer los valores en el quehacer de ambas instituciones;
             existen considerables diferencias en cuanto a las tareas y
             complejidad de los puestos que las conforman, ya que la
             Secretaría Técnica de Ética y Valores además de querer
             fortalecer los valores mediante la herramienta de la
             capacitación, tiene como objetivo promover una cultura que
             sustente la gestión del Poder Judicial basada en valores, con la
             visión de incidir en la definición y evaluación de las políticas,
[5]
      Experiencia en trabajo educativo con adultos.
         lo que procura realizar mediante la formación y conocimiento
         moral, la comunicación efectiva y el desarrollo de proyectos
         tales como: Dirección Por Valores, Valores Para Vivir , Manual
         De Prácticas Sanas, Diagnóstico de Clima Ético, Carácter
         Primero, Valores Compartidos , entre otros.

         3.2 Tareas del puesto que brinda asistencia a la Comisión
         Nacional de Valores

         Atendidas las tareas que realizaba la Licenciada Anayancy
         Espinoza Alvarado desde el Departamento de Prensa y
         Comunicación y conocidas las que actualmente ejecuta la Master
         Olga Ovares Araya desde la Secretaría Técnica de Éticas y
         Valores , se procede a realizar una comparación entre estás, tal y
         como se muestra en el siguiente cuadro.

         Cuadro Nº 2

Tareas Anteriores                          Tareas Actuales
   ***                                         Planificar, organizar, dirigir,
                                                coordinar y supervisar las
                                                funciones administrativas de la
                                                Secretaría Técnica de Ética y
                                                Valores.

   ***                                         Diseñar y formular la política de
                                                valores de la institución.

   ***                                         Fortalecer      los       valores
                                                institucionales       en       la
                                                planificación    estratégica    y
                                                operativa.


    Coadyuvar en la organización y            Coadyuvar en el fortalecimiento
     formulación         de       las           de los valores institucionales en
     capacitaciones       de      las           la formación del recurso humano
     subcomisiones de valores y las             del Poder Judicial
     que se ofrecen a servidores
     judiciales en cada localidad

   ***                                         Establecer políticas y directrices
                                                referentes al funcionamiento de
                                                las Subcomisiones de Valores y
                                       Ética.
***                                   Definir normas y procedimientos
                                       para la coordinación de las
                                       funciones       con        otras
                                       dependencias del Poder Judicial.


.                                     Convocar y asistir a las sesiones,
     Convocar, asistir y tomar        preparar las agendas y revisar las
      actas de las sesiones de la      actas respectivas, de la Comisión
      Comisión                         de Valores del Poder Judicial

                                      Ejecutar los acuerdos de la
     Coordinar,         ejecutar,     Comisión de Valores, así como
      divulgar y evaluar las           las políticas institucionales,
      actividades de la Comisión       orientadas    a    mejorar     la
                                       administración de justicia, en el
                                       que       se     incluye       la
                                       operativización de aspectos
                                       relacionados con la ética y los
                                       valores, orientadas a desarrollar
                                       el potencial humano tanto en el
                                       servicio externo como en la
                                       organización interna.

***                                   Dar       seguimiento       al
                                       cumplimiento de acuerdos de la
                                       Comisión de Valores del Poder
                                       Judicial.

                                      Informar a la Comisión de
***                                    Valores del Poder Judicial sobre
                                       las    gestiones    realizadas,
                                       avances     y porcentaje de
                                       cumplimiento de los acuerdos.


***                                   Autorizar los gastos que deban
                                       realizarse en las Subcomisiones
                                       de Valores y Ética por concepto
                                       de viáticos, copias, diligencias y
                                       otros servicios de la misma
                                       índole.
***                                   Ejecutar los acuerdos de pago,
           una vez que los gastos hayan
           sido debidamente aprobados y
           autorizados tanto por el Consejo
           Superior, como por la Comisión
           de Valores del Poder Judicial.

  ***    Formular programas que sean
          necesarios        para        el
          fortalecimiento de los valores y
          el comportamiento ético del
          Poder Judicial.


  ***    Proponer al Consejo Superior
          procesos para promover y
          fortalecer    valores     y     el
          comportamiento ético en los
          servicios administrativos y en
          las oficinas judiciales existentes
          en el país

  ***    Coordinar       y       ejecutar
          evaluaciones y revisiones a los
          proyectos y actividades a cargo
          de la Comisión de Valores y la
          Secretaría Técnica de Ética y
          Valores


 ***     Promover y redactar programas
          de     trabajo,  presupuestos,
          proyectos, informes y otros
          documentos a solicitud de sus
          superiores.

 ***     Coordinar la ejecución de
          programas, proyectos, en el
          proceso de transversalizar
          Valores en los diferentes
          procesos del Poder Judicial.

***      Identificar recursos    que
          permitan brindar asistencia
          técnica a instituciones del
                                            sector por medio de la
                                            Comisión de Valores y la
                                            Secretaría Técnica de Ética y
                                            Valores.


***                                       Preparar informe de logro de
                                           los objetivos del plan de trabajo
                                           para    las    instituciones    u
                                           organizaciones con que se
                                           tienen convenios.


   Desarrollar      campañas       de    Publicar      y       difundir
    comunicación.                          oportunamente los documentos
   Diseñar        formatos         de     que determinen sus Superiores.
    comunicación             (afiches,
    plegables, volantes) y coordinar
    la divulgación.
   Dirigir    la     ejecución     de
    proyectos de comunicación
    con las subcomisiones de
    valores
   Brindar charlas sobre objetivos
    y funciones de la Comisión y
    otros temas afines.
   Coordinar y ultimar detalles
    con otras dependencias para la
    realización de los trabajos que
    requieren       las      distintas
    estrategias de comunicación
   Planear, proponer y ejecutar
    proyectos de comunicación
    para la Comisión de Valores del
    Poder Judicial


  ***                                     Recibir, analizar y gestionar
                                           sugerencias, información y
                                           proyectos de interés para el
                                           sector y presentar propuestas a
                                           la Comisión de Valores
   Brindar      asesoría           en    Asesorar a quienes conforman
    comunicación        a          las     la Comisión de Valores y las
    subcomisiones de valores               Subcomisiones de Valores en
                                                       la materia de su especialidad.


   ***                                              Mantener           comunicación
                                                     permanente con sus superiores
                                                     sobre el trabajo a desarrollar
   ***                                              Integrar diversos comités y
                                                     grupos de trabajo
     Atender consultas relacionadas                Atender y evacuar consultas
      con el área de su competencia                  relacionadas con las tareas del
                                                     puesto.


***                                                 Atender las directrices emanadas
                                                     de la Comisión Nacional de
                                                     Rescate de Valores y someterlas
                                                     a conocimiento de la Comisión
                                                     de Valores del Poder Judicial.


     Asistir y representar a la                    Asistir a las Sesiones de Trabajo
      comisión en reuniones y                        del Sistema Nacional de
      actividades.                                   Comisiones de Valores con voz
                                                     y voto
     Elaborar informes variados                    Rendir informes diversos.

Fuente: Informe IDH-180-2006 de la Sección de Análisis de Puestos y entrevista


         Del cuadro anterior se desprende que existe un cambio
         sustancial respecto a la complejidad de las tareas que
         anteriormente ejecutaba la Licenciada Anayancy Espinoza
         (Puesto Nº 022855) y las tareas asignadas al puesto Nº 350103
         de la Secretaría Técnica de Valores.

         Las primeras corresponden a actividades dirigidas a la
         obtención, elaboración, interpretación y difusión de información
         con el fin de comunicar e informar sobre los valores morales,
         cívicos y religiosos y de esta forma influir en la opinión de los
         servidores judiciales. Dichas actividades son propias del
         periodismo (ciencia de la comunicación colectiva) y responden
         al objetivo de brindar colaboración y asesoría en el área de
         comunicación, por el cual fue cedida en condición de préstamo
         esta plaza a la Comisión de Valores.
         Dentro de las tareas establecidas para el puesto recientemente
         asignado a la Secretaría Técnica de Ética y Valores se
         encuentran además de las tareas de comunicación y formación,
         tareas administrativas tales como: la planeación, organización,
         dirección y supervisión de una dependencia., que brinda
         asistencia técnica a la Comisión de Valores Institucional con el
         fin de promover, fomentar y fortalecer los valores y
         comportamiento ético en el quehacer judicial.

         La responsabilidad de sus funciones, va más allá de una
         comunicación asertiva, es responsable de identificar los
         problemas específicos relacionados con valores, mediante
         instrumentos tales como: el diagnóstico de oportunidad[6] y la
         matriz axiológica[7], de los cuales obtiene información
         cualitativa y cuantitativa de los principales problemas aquejan
         al Poder Judicial, utilizando como referencia los valores
         tutelados y la cultura organizacional actual. Posteriormente
         basándose en la información obtenida desarrollar programas
         que generen impacto y cambios importantes en la institución a
         nivel de cultura, políticas, normas y procedimientos.

          Es decir, es la encargada de auditar y desarrollar el tema
         axiológico y ético en la actividad laboral del Poder Judicial,
         además de identificar con la aplicación de distintos
         instrumentos de investigación social ( encuestas, evaluaciones,
         auditorias) los problemas relacionados con valores, así como los
         valores presentes y mediante múltiples actividades de
         sensibilización como la comunicación, capacitación y reflexión
         entre otros; rediseñar la cultura organizacional y de esta forma
         incidir en las administración de la justicia

         En cuanto a las condiciones de trabajo, en el desempeño de sus
         funciones debe trasladarse a diversos lugares del país, así como
         relacionarse con representantes de la comisiones de valores de
         distintas instituciones públicas y privadas, y la Comisión
         Nacional de Rescate de Valores en representación de nuestra
         institución, así como con los miembros de las subcomisiones
         presentes en los distintos circuitos judiciales y regionales, y por
         supuesto con todas los funcionarios judiciales y público en
         general , por lo que su ámbito de acción es nacional.

         La dificultad de determinar de manera precisa, los problemas

[6]
    Metodología sistemática para identificar problemas sociales, determinar sus alcances, definir,
de manera precisa, la población meta a la cual se debe servir y la naturaleza de los servicios
requeridos‖ .
[7]
    Instrumento para medir problemas sociales
relacionados con valores se centran en la amplitud y lo
abstracto del objeto de estudio es decir los propios valores.

Depende también de la flexibilidad de la institución y el tiempo
que tarde en evidenciarse el cambio, ya que los resultados del
trabajo en valores son lentos. Sin embargo, existen indicadores
empíricos y sistemas de niveles que facilitan la labor de
investigación, ya que definen los valores dentro de la institución
como es el caso de la normativa y reglamentos o fuera como es
la normativa general de la sociedad.

Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales de
la Comisión de Valores del Poder Judicial, que a su vez recibe
orientación por parte de la Comisión Nacional de Rescate de
Valores. Debe rendir informes sobre las gestiones realizadas,
avances y porcentaje de cumplimiento de los acuerdos a los
miembros de la Comisión, quienes ocupan puestos de alto nivel
jerárquico dentro de la Institución, así como debe supervisar las
tareas y demás del asistente de la Secretaría Técnica de Ética y
Valores.

Consecuencia del error

Los disvalores corrompen a la sociedad, es por esto que el
fracaso de un proyecto dirigido a la promoción y
fortalecimiento de los valores de la institución, , así como
estrategias inadecuadas de comunicación , capacitación y de
cualquier otra actividad dirigida a mejorar las relaciones
interpersonales de todos los distintos grupos que conforman el
Poder Judicial, colaboraría con la crisis de valores que
actualmente se vive , desacreditaría el trabajo de la Comisión de
Valores, faltaría al compromiso adquirido y se estaría más lejos
de un cambio de cultura y una administración de justicia basada
en valores

4. De las Ciencias Sociales

De la información obtenida, se desprende que quienes
actualmente se desempeñan en puestos de jefatura en oficinas
promotoras de valores a nivel de instituciones públicas, son
profesionales en ciencias sociales.

La disciplina de las ciencias sociales como una "ciencia"
descansa en su propósito y su método. El método científico
incluye la observación y el experimento, seguido por la apli-
cación de hipótesis matemáticas para explicar un resultado y
predecir otros. El propósito último de las ciencias sociales es
descubrir, explicar, y predecir la realidad social de la misma
manera que lo hacen los científicos en relación con las fuerzas
físicas o biológicas.

Los diversos conocimientos, enfoques y análisis sobre las
Ciencias Sociales son abordados desde la Psicología, Trabajo
Social, Ciencias de la Comunicación Colectiva y otras.

Por lo expuesto anteriormente y en virtud de que actualmente no
existe una carrera específica que como tal desarrolle el tema de
los valores. A continuación se definen y detallan las
características de algunas de las especialidades de las ciencias
sociales que por estar íntimamente interesadas en la personali-
dad humana, la complejidad del comportamiento humano y el
medio ambiente social constantemente cambiante se ajustan a la
naturaleza y funciones de la Secretaría Técnica de Ética y
Valores.

Bajo el principio de que los seres humanos pueden tener mucho
en común, pero dos personas o grupos de personas no son
idénticos, ni pueden ser estudiados bajo condiciones idénticas; se
establece que los profesionales en este campo han adquirido
desde esta perspectiva los conocimientos útiles para desarrollar
a mediano y largo plazo las actividades, proyectos y demás
acciones orientadas a cambios de cultura basándose en los
resultados obtenidos de la aplicación de técnicas de diagnóstico
social . Todo en función de incorporar e institucionalizar en
este caso, los valores en el Poder Judicial.

Así las cosas, y teniendo claro el objetivo de la Secretaría
Técnica de Ética y Valores de brindar asistencia técnica y
orientación axiológica (valores) a la Comisión de Valores del
Poder Judicial y definidas las tareas que debe realizar quién
dirige esta dependencia para cumplir con los objetivos propios
de la Comisión, así como con los compromisos adquiridos por la
institución de fortalecer los valores institucionales, incorporando
esta necesidad en la planificación estratégica y operativa del
Poder Judicial y la formación del recurso humano.

Se comprende la necesidad que tiene esta dependencia de
efectuar diagnósticos sobre problemas relacionados con valores a
nivel institucional y según los resultados obtenidos identificar y
formular proyectos y compromisos que permitan mejorar la
situación actual. Así como realizar la pre-evaluación técnica,
económica, social y cultural de los mismos y las negociaciones
        necesarias antes de su ejecución; y una vez en marcha los
        proyectos, evaluarlos constantemente, operar los cambios
        necesarios y darles seguimiento, todo con una orientación
        axiológica.

        Es por esto que se presentan solamente las carreras de
        psicología, sociología, y trabajo social. Ya que a pesar de no ser
        especialidades propias o puras en ―valores‖, facilitan el
        desarrollo de estos a nivel institucional por ser el estudio del
        comportamiento humano una actividad propia de su
        especialidad.

        Cuadro Nº 3

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS,                         ESPECIALIDADES                DE   LAS
CIENCIA SOCIALES
Psicología       Sociología                                       Trabajo Social
                                                                  La     especialidad      es
Conceptúa aquella actividad        Abarca aquella actividad       aplicable en puestos cuya
relativa a puestos con             dirigida a las funciones de    actividad se centra en a
deberes y responsabilidades        diseño,         diagnóstico,   organización, dirección y
que se enmarcan dentro de          asesoramiento,                 control de programas de
un contexto en donde es            coordinación               e   bienestar social, en los
imperativo el estudio de la        investigación sobre el         cuales se ayuda a los
conducta humana.                   origen,     desarrollo     y   individuos y a las familias
                                   relaciones sociales de lo      a superar las dificultades
                                   grupos humanos.                de    orden     social    y
                                                                  personal.
Características

                                   Características
Se     caracteriza    por     la                                  Características
aplicación de técnicas en el
análisis     de    situaciones
concretas.      Su     objetivo    Esta       actividad     se
entonces estará en función de      caracteriza por el diseño y    El propósito de esta
un mejor desarrollo y              dirección                de    actividad consiste en
desenvolvimiento del ser           investigaciones        para    prestar     servicios   de
humano como un ser                 determinar los recursos        consulta para prevenir las
integral. Pueden actuar como       humanos del país. Los          dificultades de orden
asesores, o en su defecto,         funcionarios que llevan a      social y personal. El
como profesionales o como          cabo esta actividad se         especialista     de   esta
miembros de un equipo              relacionan con funciones       materia determina en
interno multidisciplinario         que abarcan el desarrollo      origen y la naturaleza de
 (Integrado generalmente por       de las comunidades y           los problemas; examina
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS, ESPECIALIDADES DE LAS
CIENCIA SOCIALES
Psicología                       Sociología                 Trabajo Social
sociólogos,        trabajadores demás fenómenos sociales. mediante entrevistas o por
sociales,             abogados, Colaboran        con    las otro        método,        la
penalistas, administradores comunidades resolviendo idiosincrasia y ambiente
de      recursos      humanos, diversos programas como de la persona o grupo;
educadores,       médicos      y educación,     fuerza   de ayuda a los individuos a
médicos           especialistas, trabajo, efectos de la comprender                   más
enfermeras u orientadores). migración y otros de claramente su situación y
Le     puede      corresponder similar naturaleza; realiza encontrar solución a sus
funciones               variadas investigaciones       para problema;      alienta      y
dependiendo          de      las determinar el impacto de estimula         el       buen
Institución en la cual labore, programas políticos (en desarrollo, el espíritu
entre éstas puede citarse: la áreas económico – social) social y los reajustes
colaboración a funcionarios sobre las comunidades.          personales ; determina los
en     el    tratamiento      de                            derechos del individuo a
problemas          psicológicos                             asistencia       financiera,
producto del trabajo que                                    médica o de otra clase y
realizan o de situaciones                                   gestiona si concesión;
familiares; analizar puestos                                envía a los individuos a
en lo referente a sus                                       los centros que dispone la
condiciones de trabajo y                                    comunidad,             como
exigencias psicofísicas y                                   hospitales,         clínicas,
otros estudios en los cuales                                iglesias, lugares de recreo
deba aplicarse conocimientos                                y escuelas especiales;
específicos        de       esta                            coloca a los niños en
formación.                                                  instituciones de adopción,
                                                            observa la evolución de
                                                            los casos después de
                                                            resueltos los problemas
                                                            inmediatos; organiza y
                                                            dirige          actividades
                                                            recreativas      y      lleva
                                                            registro y redacta informa
                                                            periódicos
Fuente: Página de la Dirección General del Servicio Civil, www.sercivil.go.cr/ Manual de
Especialidades


        Del cuadro anterior se desprende que la psicología es una
        ciencia que recoge hechos sobre la conducta y la experiencia,
        los organiza sistemáticamente y elabora teorías para su
        comprensión. Estas teorías le ayudan a conocer y explicar el
        comportamiento del individuo y en alguna ocasión predecir sus
        acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas.
Por su parte la sociología, comprende actividades dirigidas a
las funciones de diseño, diagnóstico, asesoramiento,
coordinación e investigación sobre el origen, desarrollo y
relaciones sociales de lo grupos humanos. Es decir se encarga
de identificar y categorizar los fenómenos y problemas sociales,
relacionados con valores ya que estos forman parte de la
cultura así como las creencias y los conocimientos;
posteriormente conceptualiza las soluciones y las lleva a la
práctica.

En el caso de trabajo social, esta es una especialidad que
determina el origen y la naturaleza de los problemas; examina
mediante entrevistas o por otro método, la idiosincrasia y
ambiente de la persona o grupo; ayuda a los individuos a
comprender más claramente su situación y encontrar solución a
sus problemas; alienta y estimula el buen desarrollo, el espíritu
social y los reajustes personales. Generalmente se centra en
programas de bienestar social que ayuden al individuo y las
familias a nivel de comunidad.

Así las cosas, considerando el tamaño de la institución, las
funciones de la Secretaría Técnica de Ética y Valores y el
impacto institucional que se proyecta, la técnica establece que la
persona encargada o bien quien cumpla el rol de ―jefatura‖ de la
Secretaría Técnica de Ética y Valores, así como el ―Profesional
2‖ que colabore con este, deben tener su formación en alguna de
estas especialidades, a saber Sociología, Psicología o bien
Trabajo Social. Toda vez que la Secretaría Técnica de Ética y
Valores requiere de analistas e investigadores sociales, que
pongan en evidencia las contradicciones y los problemas de la
Institución, críticos y publicistas sociales, capaces de
problematizar y plantear soluciones por encima del sentido
común, facilitadores de cambios, donde su conocimiento de la
realidad social les permita sistematizar diagnósticos y evaluar
proyectos sociales y por último constructores de soluciones o
catalizadores de los mismos dentro de regiones, sectores, grupos
y colectivos sociales.
En cuanto a las tareas específicas de la Secretaría Técnica de
Ética y Valores , estos profesionales se deben desempeñar como
investigadores versátiles, consultores y asesores en equipos
interdisciplinarios    y    multidisciplinarios,    capacitadores
,promotores y asesores de distintos grupos u organizaciones,
organizadores y directores de trabajos de campo, ejecutores de
proyectos de investigación, diagnósticos, evaluación y gestión
social, así como empresarios en el campo de las encuestas de
        opinión y en la realización de diagnósticos, evaluaciones y la
        gestión de proyectos.

        6. Revisada la situación académica de la señora Olga Ovares
        Araya, quien actualmente y desde su creación ocupa el puesto
        Nº 350103 en condición de interina de la Secretaría Técnica de
        Ética y Valores, se tiene que la Señora Ovares es Licenciada en
        Relaciones Públicas y Master en Administración de Empresas.


        Con el fin de conocer las características de la profesión que
        ostenta la ocupante del puesto actualmente, a continuación se
        presenta un detalle que nos permite tener una orientación clara
        sobre los alcances y actividades que se desarrollan en las
        Relaciones Públicas, la Publicidad y el Periodismo y su relación
        profesional con la actividad especializada en Ética y Valores.

        Cuadro Nº 4


DEFINICIÓN Y CARACTERISTÍCAS,                         ESPECIALIDADES          DE     LAS
CIENCIAS SOCIALES
Relaciones Públicas Publicidad                                 Periodismo
                                                               Abarca aquella actividad
Se     refiere    a     aquellas   Es     una     forma     de dirigida a la obtención,
actividades efectuadas por un      comunicación                elaboración,
grupo,      con     vistas     a   estructurada, compuesta,    interpretación y o difusión
establecer y mantener buenas       planificada,             no de información, con el fin
relaciones       entre       los   personalizada, persuasiva e de comunicar, informar o
miembros del grupo y los           informativa       de     un influir en la opinión del
diferentes sectores de la          producto, servicio o idea, ypúblico.
opinión pública. Es el             se difunde a través de
conjunto        de       medios    diversos     medios      de También es aplicable a
utilizados        por        las   comunicación.
instituciones a fin de crear un                                 puestos    cuyas    tareas
clima de confianza en su                                        consisten en la dirección,
personal, en los medios con                                     coordinación             y
los cuales tiene relación y,                                    supervisión    de     esta
generalmente, en el público,                                    actividad
con vistas a sostener su
actividad y favorecer su
desarrollo.
                                   Características
Características                                                Características

El    propósito      de    esta Su objetivo es informar y La actividad pueda darse
DEFINICIÓN Y CARACTERISTÍCAS, ESPECIALIDADES DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
Relaciones Públicas            Publicidad                    Periodismo
actividad es desarrollar un persuadir al público meta y caracterizada por una
proceso de atención e despertar en él interés labor                        informativa,
información a un individuo sobre un producto , consistente                    en      la
o grupo de personas sobre servicio o idea que una comunicación de hechos;
determinado tema.              organización          ofrece, o bien, incluir en ella la
                               creándole una impresión interpretación de los
                               efectiva     y     duradera, mismos,      dando      una
Se hace necesario que mediante la creación de opinión de las causas que
quienes ocupen puestos de mensajes             publicitarios los han producido, sus
esta especialidad realicen un veraces, concebidos con resultados y posibles
esfuerzo      continuo     de criticidad y ética. Debe de consecuencias.
transmitir su institución hacer uso de los medios
hacia el público. Esta publicitarios.                     Su
especialidad    permite     la característica fundamental Asimismo, comprende la
claridad y agudeza en el es            servir      a      la labor efectuada con miras
diagnóstico e interpretación comunicación con unos a establecer y mantener
de       las      situaciones, fines          determinados: buenas relaciones entre
reacciones                   y informativos, recreativos, los miembros de una
comportamientos del ser formativos.                          organización y entre la
humano.                                                      organización      y     los
                               La     finalidad     de    la diferentes sectores de la
                               publicidad es lograr un opinión pública.
                               objetivo que se compagine
                               con las metas de la
                               empresa u organización, La función por lo general
                               entre las cuales pueda conlleva               investigar,
                               estar la maximización de obtener, seleccionar y o
                               beneficios a largo plazo, la adoptar, para su posterior
                               estabilidad, el crecimiento, divulgación o comentario,
                               la responsabilidad social, mediante los diversos
                               promover un producto, es medios de comunicación,
                               decir, crear ventas actuales colectiva,    noticias     o
                               ó futuras, o dar a la acontecimientos                  de
                               empresa       renombre      y interés público o del
                               popularidad que le merezca quehacer institucional.
                               el respeto del público.

                                                              La     especialidad    es
                               Abarca aquella actividad       aplicable en puestos cuya
                               dirigida a las funciones de    actividad se centra en a
                               diseño,         diagnóstico,   organización, dirección y
                               asesoramiento,                 control de programas de
                               coordinación               e   bienestar social, en los
                               investigación sobre el         cuales se ayuda a los
DEFINICIÓN Y CARACTERISTÍCAS, ESPECIALIDADES DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
Relaciones Públicas Publicidad                Periodismo
                    origen,    desarrollo   y individuos y a las familiar
                    relaciones sociales de lo a superar las dificultades
                    grupos humanos.           de    orden     social    y
                                              personal.


Fuente: Página en Internet, Dirección General del Servicio Civil, www.sercivil.go.cr/ Manual
de Especialidades
         Las Relaciones Públicas es una especialidad que permite
         claridad y agudeza en el diagnóstico e interpretación de las
         situaciones, reacciones y comportamientos del ser humano. Sin
         embargo, sus actividades están orientadas a las buenas
         relaciones entre los miembros del grupo y los diferentes sectores
         de la opinión pública, es decir a una cuestión de imagen y
         percepción. Y en el caso del periodismo y la publicidad su
         esencia esta en la comunicación; por lo tanto ninguna de las
         anteriores se ajusta a los objetivos, tareas y responsabilidades
         de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

         Es importante señalar que la valiosa experiencia y capacitación
         en ética y valores y en materia axiológica que tiene la ocupante
         del cargo, no es producto de su profesión como relacionista
         pública o administradora sino más bien es un cúmulo de
         conocimientos y experiencias adquiridas mientras se
         desempeñaba como Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional
         de Rescate y Formación de Valores y una cantidad sustantiva e
         importante de capacitaciones especializadas en ese campo..

         A continuación se enlistan los certificados de participación,
         aprovechamiento, asistencia, así como reconocimientos y
         agradecimientos con los que cuenta la Master Olga Ovares
         Araya:

         Certificados de Participación

      Taller de Planeamiento Estratégico Comisiones de Rescate de
        Valores
      Programa de Formación Anual 1999
      ―Haz que tu gente crezca‖ con Larry Biddle , Camino Asesores
      Carta de la Tierra como Visión de Futuro, Amana- Key
      ―Semana de los Valores‖, Bancrédito
      Estrategias e Implementación de la Dirección por Valores
     ,Comisión Nacional de Rescate de Valores
   Primer Encuentro de Subcomisiones Regionales de Valores,
     Comisión de Valores del Poder Judicial
   ―Gestión por Valores en las Organizaciones‖, Sociotécnica S.A
   Formación de Ética y Valores, Asociación Internacional de
     Clubes de Leones
   Taller ― Rescate y Fromación de Valores‖, Caja Costarricense del
     Seguro Social
   Liderazgo Empresarial Basado en Valores, Instituto
     Latinoamericano de Liderazgo
   Seminario ― Valores y su Creación en las Sociedades en Cambio‖,
     Universidad Nacional
   Taller de Formación a Formadores del Triángulo de Solidaridad,
     Triángulo de Solidaridad
   VII Seminario Taller Valores al Servicio del Cliente, Instituto
     Costarricense de Electricidad
   Taller ―Imágenes y voces de esperanza para el mañana‖, Centro
     para el Desarrollo Académico del Comunicador del Colegio de
     Periodistas CEDAC y la Universidad Espiritual Mundial, Brama
     Kumaris
   Curso- Taller de Capacitación Inicial, Universidad para la Paz,
     Programa Cultura de Paz y Democracia en América Central
   ―Taller para la Difusión e Implementación de la Convención
     Interamericana contra la Corrupción‖, Comisión Nacional para el
     Mejoramiento de la Administración de Justicia CONAMAJ
   Balanced Scorecard para Recursos Humanos, Van Der Leer
   Programa de Gestión Avanzada Building Communities of
     Carácter Conference, Internacional Association of Character
     Cities


     Certificados de Aprovechamiento

 ―Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos
   Sociales‖Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el
   Delito del Ministerio de Justicia
 Ética de Ciudadanos para funcionarios integrantes de la Comisión
   Nacional de Rescate de Valores
 Segundo seminario de Ética para coordinadores de las Comisiones
   Institucionales de Valores
 ―Curso sobre el Enfoque de Control Interno Adaptado para el
   Poder Judicial‖, Escuela Judicial, Poder Judicial
 Teoría General de Valores , Ética Organizacional, Universidad
   Juan Pablo II

     Certificados de Asistencia
 ―Diagnostico Social‖, Dirección General de Servicio Civil y la
   Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores
 ―Inteligencia Emocional‖ Dirección General de Servicio Civil y la
   Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores
 ―Relaciones Interpersonales ―Dirección General de Servicio Civil
   y la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores
 ―Ética en la Función Pública‖, Dirección General de Servicio
   Civil
 ―Motivación y Liderazgo‖, Dirección General de Servicio Civil
 ―Relajación y Manejo de Estrés‖, Dirección General de Servicio
   Civil
 ―La Administración para el cambio‖, Dirección General de
   Servicio Civil y la Comisión Nacional de Rescate y Formación
   de Valores
 ―Cultivo del Mundo Interior y valores ―,Dirección General de
   Servicio Civil y la Comisión Nacional de Rescate y Formación
   de Valores
 ―Rescate de Valores a Través de un Nuevo Estilo de Vida‖
   Dirección General de Servicio Civil y la Comisión Nacional de
   Rescate y Formación de Valores
 ―Conocete a ti mismo y acepta a los demás‖ Dirección General de
   Servicio Civil y la Comisión Nacional de Rescate y Formación
   de Valores
 ―Trabajo en equipo‖ Dirección General de Servicio Civil y la
   Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores
 Primer Encuentro de experiencia a Nivel Nacional en
   Administración por Valores, Instituto Nacional de Aprendizaje
   Reconocimientos

 Por asesoría técnica brindada a la Comisión de Valores del Poder
  Judicial
 Por su participación en el Primer Campamento de Formación de
  Valores, Jóvenes con una Misión
 Honor al Mérito, por sus rectitud en el desempeño de su labor
  cotidiana con motivo de la celebración del Día Nacional de los
  Valores

   Agradecimientos

 Por su participación en Grupo Socieducativo para ―Madres Jefas
   de Hogar ―, Hospital Clínica Bíblica y Hospital Clínica Católica
 Por su apoyo a la Comisión Institucional de Valores del
   Ministerio de Hacienda en la inducción del Curso
   ―Administración por Valores‖
 Por impartir conferencia ―Ética, Integridad y Relaciones
   Públicas‖, Universidad Interamericana
 Por los conocimientos sobre teoría de valores y ética impartidos
   en el ―Taller de Inducción para Subcomisiones de Valores del
   Poder Judicial‖, Comisión de Valores del Poder Judicial
 Por su participación en ―IV Semana Nacional de los Valores ―
   Instituto Nacional de Aprendizaje
 Por su participación como panelista en el Seminario
   ―Administración por Valores‖ Comisión Nacional de Rescate de
   Valores u Van Der Leer.

   V. CONCLUSIONES
   1. Como parte del compromiso adquirido al unirse al Plan
   Nacional de Rescate de Valores Morales, Cívicos y Religiosos y
   debido a la necesidad de fortalecer los valores en las
   instituciones públicas. El Poder Judicial desde el año 1992, creó
   la Comisión de Valores Institucional integrada voluntariamente
   por representantes de la Judicatura, Ministerio Público,
   Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública,
   Contraloría de Servicios, Despacho de la Presidencia,
   Departamento de Personal, Escuela Judicial, Tribunal de la
   Inspección     Judicial,    Departamento     de     Planificación,
   Departamento de Trabajo Social y Psicología, Servicio de Salud
   para Empleados, Secretaría General de la Corte y la
   Asociación de Jubilados.

   2. Desde su creación y hasta diciembre del año 2007, la
   Comisión de Valores contó con la colaboración inicialmente por
   medio tiempo y a partir del 2005 tiempo completo, del puesto Nº
   22855 adscrito al Departamento de Prensa y Comunicación,
   ocupado en condición de propietaria por la licenciada
   Anayancy Espinoza Alvarado.
   3. A partir de enero del presente año se encuentra dentro de la
   estructura organizacional del Poder Judicial la Secretaría
   Técnica de Ética y Valores. Por acuerdo del Consejo Superior se
   asignaron a esta dependencia, una plaza de ―Profesional 2‖
   ordinaria la cual es objeto de este estudio y una plaza de
   ―Auxiliar Administrativo 1‖ en condición extraordinaria.
   4. La Secretaría Técnica de Ética y Valores es un órgano
   administrativo que orienta y brinda asesoría técnica en materia
   axiológica (valores) a la Comisión de Valores, con el objetivo de
   promover y fortalecer los valores en el quehacer institucional,
   así como incidir en la elaboración y evaluación de políticas, esto
   mediante la elaboración de diagnósticos, desarrollo de
   proyectos, diseño de planes de acción, medios de acercamiento,
   comunicación y capacitación, así como su ejecución y
seguimiento.


5. Existen considerables diferencias en cuanto al tipo y
complejidad de las tareas, que anteriormente realizaba la
Licenciada Anayancy Espinoza desde el Departamento de
Prensa y las que actualmente debe realizar la Master. Olga
Ovares, Profesional 2 de la Secretaría Técnica de Ética y
Valores.


 Las tareas que realizaba la Licenciada. Espinoza corresponden
a actividades dirigidas a la obtención, elaboración,
interpretación y difusión de información con el fin de
comunicar, informar o influir sobre los valores morales, cívicos
y religiosos, en la opinión de los servidores judiciales; las cuales
por ser propias del periodismo, se ajustaban al objetivo de
brindar colaboración y asesoría en el área de comunicación,
por el cual fue cedida en condición de préstamo esta plaza a la
Comisión de Valores. Sin embargo, las tareas actuales del
profesional 2 de la Secretaría Técnica de Ética y Valores
incluyen labores administrativas propias de una jefatura tales
como la planeación, organización, dirección, coordinación y
control de programas. Esto además de la realización de
diagnósticos, identificación de alternativas de solución para la
formación y restauración de valores, diseño y ejecución de
planes y programas para la promoción de valores según los
resultados del diagnóstico, desarrollar y organizar actividades
educativas y dirigidas a fomentar el mejoramiento de las
relaciones interpersonales, celebrar con la participación de
todas la personas fechas conmemorativas, realizar gestiones
ante diferentes instancias formales e informales, organizar la
ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de
Valores Institucional, asistir a las actividades convocadas por la
Comisión Nacional de Rescate de Valores, entre otras.


6. Analizado el conjunto de actividades actuales, se concluye
que van más allá de un puesto de profesional, toda vez que le
corresponde cumplir con el rol de jefe de la Secretaría Técnica
de Ética y Valores. Por lo tanto, la clasificación actual del
puesto N° 350103 no se ajusta a sus tareas y responsabilidades.


7. Consultado el mercado se tiene que varias instituciones
públicas poseen comisiones de valores cuyos miembros las
conforman voluntariamente sin embargo, de las consultadas
efectuadas solamente la Caja Costarricense del Seguro Social
cuenta con una dependencia denomina ―Programa Institucional
de Rescate de Valores de la Caja Costarricense del Seguro
Social‖, dedicada a la promoción y fortalecimiento de valores,
mediante actividades educativas y de capacitación. Esta oficina
se encuentra a cargo de un profesional en sociología, quién a su
vez cuenta con la asistencia de un profesional en psicología,
quienes dedican el 100% de su tiempo laboral a este fin. No
obstante, debido al tipo de tareas que realizan estos
profesionales: diseñar y elaborar programas, procesos y
proyectos formativos y de capacitación en el área ética, moral y
valores, ejecutar actividades de formación y capacitación en
apoyo con las unidades de Recursos Humanos de la institución,
coordinar y organizar eventos de formación y capacitación con
todas las unidades de trabajo de la CCSS en todo el país y
desarrollar charlas, talleres, foros, conversa torios, seminarios y
actividades afines en la temática ética, moral y de valores, no
se consideran para efectos de este estudio, homólogos del puesto
N° 350103 de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

8. Los puestos que conforman el ―Programa Institucional de
Rescate de Valores de la Caja Costarricense del Seguro Social‖
no se consideran similares al puesto de la Secretaría Técnica de
Ética y Valores, por sus tareas, más si por la afinidad de los
requisitos académicos establecidos para estos.

―Los valores contribuyen a que una persona, una institución o
una sociedad establezca sus rumbos, sus metas y sus fines.
Algunos sociólogos consideran que los elementos básicos
determinantes de una cultura son: las creencias, los
conocimientos y los valores‖. En virtud de no existir una carrera
profesional que provea a las instituciones y empresas de
conocimientos     especializados    en    materia      axiológica,
encontramos que los sociólogos, sicólogos y trabajadores
sociales son profesionales que si bien es cierto no son
especialistas en esta materia, poseen una clara afinidad,
proporcionada por conocimientos del comportamiento humano
que les puede permitir conjuntamente con capacitación
especializada en materia de Ética y Valores, desempeñar de
manera apropiada cargos en esa Secretaría.


9. Al finalizar el presente informe, se tiene conocimiento de la
asignación en forma extraordinaria de un puesto de
―Profesional 2‖ para la Comisión Técnica de Ética y Valores.
La recomendación fue dada por el Departamento de
Planificación, al concluir que actualmente se tiene una
expectativa diferente a lo que hace poco se conocía como la
Comisión de Rescate de Valores, ya que se conformó una
Secretaría que le corresponde conocer todos los temas de
interés para el Poder Judicial, la cual requiere de la
conformación de una estructura organizacional que le permite
cubrir todo sus campo de acción de acuerdo con el plan de
trabajo y los objetivos planteados.


Por tal razón, siendo consecuentes con lo establecido en el Plan
Estratégico del Poder Judicial, en su tema estratégico Nº 14
―Fortalecimiento de los valores institucionales del conjunto del
Poder Judicial‖, según lo indica la señora Magda Díaz Bolaños
con instrucciones de la Master Olga Ovares, Encargada de la
Secretaría Técnica de Ética y Valores , quien ocupe este puesto
a partir del año 2009 tendrá que ejecutar las siguientes tareas:
asistir técnicamente a las Subcomisiones de Valores y Ética,
ofrecer asesoría y seguimiento en los procesos de diagnósticos
de oportunidad, (herramienta para la identificación de clima
ético),dar seguimiento al trabajo que realizan las Subcomisiones
de Valores y Ética, diseñar estrategias para el facultamiento de
las personas que laboran en el Poder Judicial en la formación y
fortalecimiento de los valores, diseñar contenidos para las
iniciativas y alternativas de aprendizajes axiológicos, contribuir
con el proceso de identificación de valores compartidos y con
los proceso de diseño del manual de prácticas sanas, asistir a los
despachos judiciales en el componente axiológico señalado en
los PAOS, contribuir con la promoción del proceso para el
diseño de la política axiológica y con el proceso de rediseñar
una cultura sustentada en valores compartidos, establecer
procesos y mecanismos para el fortalecimiento y promoción de
la ética y los valores en el Poder Judicial, mantener
comunicación permanente con sus superiores sobre el trabajo a
desarrollar, entre otros.

10. Analizada la formación académica de la señora Ovares,
quién actualmente ocupa en condición interina el puesto Nº
350103, se tiene que la ocupante del cargo posee una
licenciatura en Relaciones Públicas y una Maestría en
Administración. Asimismo cuenta con una amplia experiencia en
el campo axiológico así como un sinnúmero de capacitaciones
de diferente naturaleza relacionadas con la materia que
actualmente desempeña en la Secretaría Técnica de Ética y
Valores..
       11. Existen dentro de la Institución otros puestos de Jefatura,
       que por su naturaleza, responsabilidad, tareas, dificultad y otros
       factores, se asemejan al cargo de jefatura de la Secretaría
       Técnica de Ética y Valores, veamos:

CATEGORÍA                CLASIFICACIÓN                            SALARIO
                                                                  BASE
8273                     JEFE SERVICIO MÉDICO               DE    530.600
                         EMPRESA
9217                     MEDICO JEFE UNIDAD 1                     564.200
172                      ADMINISTRADOR REGIONAL 2                 565.000
6942                     JEFE SECRETARÍA TÉCNICA DE               565.000
                         ÉTICA Y VALORES
7072                     JEFE DE CÁRCEL                           565.000
7072                     JEFE DE TRANSPORTES                      565.000
7322                     JEFE DE INVESTIGACION 3                  565.000
7368                     JEFE DE BIBLIOTECA JUDICIAL              565.000
8145                     JEFE SECC. DEL. ECONÓMICOS Y             579.400
                         FIN.
9218                     MEDICO JEFE UNIDAD 2                     579.400
8199                     JEFE SECC. LABORATORIO CIENC.            591.800
                         FOR.
       Fuente: Índice Salarial, Primer Semestre 2008

       El cuadro anterior, permite identificar a la Jefatura de la
       Secretaría Técnica de Ética y Valores dentro de un estrato
       salarial conformado por puestos que tienen como uno de sus
       principales componentes labores asociadas a la consecución de
       objetivos mediante equipos de trabajo y actividades relacionadas
       a una jefatura formal que permiten desarrollar programas y
       proyectos de alta complejidad y diversa naturaleza, y por ende
       de mucha responsabilidad.

       Tareas como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar
       comprenden la naturaleza de estos puestos, así como la
       administración de una variada cantidad de personal profesional,
       técnico y administrativo.

       La labor que realizan los ocupantes de dichos puestos, es
       evaluada mediante el análisis de los informes que rindan y la
       apreciación de la calidad de los resultados que se obtengan.
                               VI. RECOMENDACIONES

                               1. Reasignar el puesto asignado a la Secretaría Técnica de Ética
                               y Valores, de ―Profesional 2” a “Jefe Secretaría Técnica de
                               Ética y Valores” tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

                               Cuadro Nº 5

Datos Generales                 Situación actual                           Situación Propuesta
Puesto     Ocupante             Clase ancha     Clase           Base       Clase ancha       Clase     angosta    Base     Diferencias
                                actual          angosta                    actual            actual                        salario base
                                                actual
350103     Olga Ovares          Profesional 2   Profesional 2   435800     Jefe              Jefe    Secretaría   565000   129200
           Araya *                                                         Secretaría        Técnica de Ética y
                                                                           Técnica de        Valores
                                                                           Ética      y
                                                                           Valores
                  * Ocupante en condición interina
                  Fuente: Índice salarial vigente para el Primer Semestre del 2008.

                                     Aunado a lo anterior, considerar el 65% sobre el salario
                               base por “dedicación exclusiva”, el 22 % de ―R.E.F.J”,
                               ¢13385.46 (trece mil trescientos ochenta y cinco colones, con
                               cuarenta y seis céntimos) correspondientes a la “anualidad” y
                               ¢33140 por los 20 puntos de “carrera profesional” cada uno
                               con un valor de ¢1657 (mil seiscientos cincuenta y siete
                               colones).

                                      Dicha categorización pertenece al estrato conformado por
                               puestos profesionales clasificados como : Jefe de Investigación
                               3, Administrador Regional 2, Jefe del Archivo Judicial, Jefe del
                               Registro Judicial, Jefe de la Sección de Arquitectura e
                               Ingeniería, Jefe de Cárceles, Jefe Transportes, Jefe de Biblioteca
                               Judicial, entre otros . Cuya naturaleza responde a la planeación,
                               ejecución, control, supervisión y evaluación de programas
                               complejos, así como al desarrollo de proyectos de gran
                               responsabilidad por el impacto institucional y social. Además de
                               la administración de personal profesional, técnico y
                               administrativo.

                                      2. Aprobar el perfil del puesto ―Jefe de Secretaría
                               Técnica de Ética y Valores” y del puesto de “Profesional en
                               Materia Axiológica”[8] tal y como se detalla en los anexos, para
                               los cuales se establece como requisitos mínimos el nivel
                               académico de licenciatura en las carreras de: Sociología,
                               Psicología o Trabajo Social o bien una carrera afin a juicio de

                  [8]
                        Para efectos de pago se incluye en la clase ancha de Profesional 2
          los órganos competentes. Los requisitos apuntados se establecen
          en virtud de no existir una carrera profesional específica en
          materia axiológica, razón por la cual y de manera
          complementaria la Psicología, el Trabajo Social y la Sociología,
          son campos que analizan y estudian el comportamiento humano,
          aspectos que conjuntamente con una adecuada capacitación en
          Ética y Valores pueden desarrollar las diferentes actividades y
          tareas que se ejecutan en la oficina analizada.

                  Así las cosas, para efectos de futuros nombramientos
          (interinos o en propiedad) la Comisión de Valores en conjunto
          con la jefatura correspondiente, deberán considerar los requisitos
          que mediante este informe se establecen para los diferentes
          cargos que componen la Secretaría Técnico de Ética y Valores.
                  3. El puesto extraordinario de Profesional 2 (con fecha de
          vigencia 01-01-2009) recomendado por el Departamento de
          Planificación e incluido en el Proyecto de Presupuesto para el
          año 2009, deberá mantener la clase ancha de Profesional 2 y
          ajustarse la clase angosta a ―Profesional en Materia Axiológica‖.

                 4. En virtud de no existir una carrera específica en
          materia axiológica, y debido a que la formación académica de la
          Master Olga Ovares Araya, no se ajusta a las carreras
          complementarias que ha definido esta oficina para ocupar este
          cargo, queda a juicio de los órganos competentes determinar
          según los requisitos que al efecto se han establecido si la señora
          Ovares puede seguir ocupando el cargo de ―Jefe de Secretaría
          Técnica de Ética de Valores.

                                   ANEXO N° 1

   I.         IDENTIFICACION DEL PUESTO

TITULO DEL PUESTO:                JEFE    SECRETARÍA TÉCNICA DE ÉTICA Y
VALORES

   II.        CONTENIDO

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificación, organización, dirección, coordinación,
supervisión y control de labores profesionales, técnicas y asistenciales complejas, de
programas administrativos y proyectos de ética ,valores (materia axiológica) y otros.


   III.       TAREAS TIPICAS
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS


    Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las labores
     profesionales, técnicas y asistenciales de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

    Organizar, dirigir y ejecutar investigaciones, estudios y diagnósticos variados en la
     materia de su especialidad y valores.

    Asignar, supervisar y evaluar las labores del personal profesional, técnico y
     asistencial encargado de ejecutar los diferentes proyectos.

    Coordinar la aprobación, supervisión y control de los proyectos de la Comisión
     de Valores y Subcomisiones con las instancias correspondientes.

    Proponer, desarrollar, ejecutar y evaluar proyectos que promuevan, fomenten y
     fortalezcan los valores y el comportamiento ético en el quehacer judicial, en
     concordancia con los planes institucionales, ajustados a las previsiones de
     recursos dispuestos y de conformidad con las disposiciones legales y
     reglamentarias que le resulten aplicables.

    Recopilar información, elaborar presupuestos, planes, programas de trabajo y
     controlar su desarrollo, conforme a las prioridades indicadas por la Comisión de
     Valores.

    Diseñar, evaluar y mantener actualizados los sistemas,                  métodos    y
     procedimientos de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

    Participar en la elaboración de los planes y ejecución de los acuerdos de la
     Comisión de Valores, así como dar seguimiento a su cumplimiento.

    Coordinar y ejecutar las evaluaciones de los proyectos y actividades e informar
     a la Comisión de Valores sobre las gestiones realizadas, avances y cumplimiento
     de los acuerdos.

    Establecer políticas y directrices        referentes al funcionamiento de las
     Subcomisiones.

    Llevar el control sobre los movimientos de caja chica, cuando corresponda.

    Coordinar actividades con instancias internas y externas, con fines diversos.
          Convocar y asistir a las sesiones de la Comisión de Valores, preparar agendas y
           revisar actas.

          Asistir a las actividades de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, atender
           las directrices de este órgano y someterlas a conocimiento de la Comisión de
           Valores Institucional.

          Integrar diversos comités y grupos de trabajo.

          Asesorar a los miembros de la Comisión, Subcomisiones de Valores y otras
           instancias en la materia de su especialidad.

          Informar oportuna y asertivamente, todo aquello que la Comisión de Valores
           determine.

          Coordinar y organizar la celebración de fechas conmemorativas, con el propósito
           de exaltar el significado de los valores.

          Revisar, analizar y gestionar sugerencias.

          Controlar la ejecución del presupuesto y formular recomendaciones.

          Identificar recursos que permitan brindar asistencia técnica en materia
           axiológica.

          Rendir informes diversos.

          Atender, resolver consultas y orientar al personal a su cargo.

          Organizar actividades de comunicación y capacitación sobre temas relativos a la
           ética, moral, valores, buenas costumbres y otros.

          Realizar otras labores propias del cargo.


IV. RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES


Trabaja con independencia siguiendo instrucciones generales, las normas, los
procedimientos técnicos, administrativos y legales que se dicten al efecto. Supervisa
personal profesional, técnico y asistencial. La actividad origina relacionarse constantemente
con superiores, compañeros, funcionarios de instituciones públicas y privadas, las cuales
deben ser atendidas con tacto y cordialidad. En el desempeño de sus funciones le puede
corresponder trasladarse a diversos lugares del país y prestar los servicios cuando sean
requeridos. Debe observar discreción, confidencialidad y objetividad con respecto a los
asuntos e información que se le encomiendan. Su labor es evaluada mediante el análisis de
los informes que presenta, la eficiencia y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los
objetivos asignados y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.


     V. CARACTERÍSTICAS PERSONALES


         Habilidad analítica, crítica y de síntesis.
         Habilidad para organizar y dirigir el trabajo del personal a su cargo.
         Habilidad para relacionarse con sus superiores, colaboradores, proveedores y
          público en general.
         Capacidad de persuasión, empatía y asertividad para lograr resultados
          satisfactorios.
         Capacidad para trabajar bajo presión y en cumplimiento de metas y
          objetivos.
         Capacidad para la resolución de problemas y situaciones imprevistas.
         Facilidad de expresión verbal y escrita.
         Habilidad para trabajar en equipo.


     VI. REQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

                  Bachiller en Educación Media.
                                        Disciplinas
                  Nivel académico       académicas-áreas      Requisito Legal
                                        temáticas
                                                              Incorporado al Colegio
                                                              respectivo,       cuando
                                         Sociología           exista esta entidad para
                                                              la correspondiente área
                                                              profesional.
Formación
Académica
                  Licenciatura                                Incorporado al Colegio
                                                              de Psicólogos de Costa
                                         Psicología
                                                              Rica.

                                                              Incorporado al Colegio
                                                              de          Trabajadores
                                         Trabajo Social
                                                              Sociales de Costa Rica.

                                         O carrera afín a
                                         juicio    de     los
                                         órganos
                                         competentes.
                  Requiere un mínimo de dos años de experiencia en labores
                  relacionadas con la materia de axiológica.
Experiencia
                  Requiere un mínimo de un año de experiencia en supervisión de
                  personal.


Capacitación      Capitación en ética y valores (materia axiológica).

                  Manejo de los ambientes computadorizados y los sistemas de
Otros             información existentes en el área de trabajo.
requerimientos
                  Conocimiento de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

VII. DESCRIPCIÓN DE CLASE DE PUESTO ESPECÍFICA PARA:

                                          CLASE DE PUESTO
DESPACHOS                                 Ancha               Angosta
                                          Jefe     Secretaría Jefe Secretaría Técnica
Secretaría Técnica de Ética y Valores     Técnica de Ética y de Ética y Valores
                                          Valores


                                 ANEXO N°2

        I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO


TITULO DEL PUESTO: PROFESIONAL EN MATERIA AXIOLÓGICA


       II. CONTENIDO


NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores profesionales complejas y
variadas relacionadas en el campo axiológico.


       III. TAREAS TIPICAS

   DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

    Diseñar y realizar investigaciones, planes, programas de trabajo, proyectos y análisis
     complejos en áreas diversas de la axiología
 Participar en la preparación y formulación de objetivos, planes, programas de trabajo,
  presupuestos, informes estadísticos, proyectos, determinación de recursos y otros.

 Realizar estudios para la formación y fortalecimiento de los valores en el Poder
  Judicial

 Recopilar, clasificar, tabular y analizar información variada y compleja para proponer
  la adopción de políticas institucionales.

 Efectuar labores de revisión, análisis y control de los planes, información estadística,
  programas y proyectos de ejecución.

 Evaluar la implantación y desarrollo de las propuestas formuladas.

 Analizar sistemas, métodos, instrumentos, procedimientos, cuestionarios, formularios
  y registros existentes a fin de recomendar los ajustes, cambios y demás medidas para
  resolver problemas.

 Elaborar contenidos, manuales e instructivos para las iniciativas y alternativas del
  aprendizaje axiológico y otros documentos similares.

 Efectuar entrevistas ya sea estructuradas, semiestructuradas, técnicas, especializadas,
  etc, como parte del desarrollo de las actividades encomendadas.

 Evaluar la productividad y rendimiento de los recursos asignados a diferentes
  programas.

 Participar en el establecimiento de indicadores que permitan dar seguimiento a la
  ejecución del presupuesto, planes de trabajo, programas y proyectos.

 Preparar, analizar e interpretar cuadros, gráficos, tendencias e información variada.

 Realizar investigaciones, encuestas, análisis estadísticos, matemáticos y otros de
  carácter profesional.

 Llevar a cabo análisis de variancias, correlaciones, proyecciones para el diseño,
  aprobación y ejecución de los planes, programas y proyectos.

 Coordinar las actividades con sus superiores, compañeros de trabajo y personal
  interno y externo de la institución en los casos que se requiera.

 Redactar informes, proyectos, normas, procedimientos y otros documentos que surgen
  como consecuencia de las actividades que realiza, presentando las recomendaciones
  y observaciones pertinentes.
    Exponer ante los órganos competentes, en los casos que así se requiera, los criterios y
     alcances planteados en los informes que elabora.

    Llevar controles variados sobre las actividades bajo su responsabilidad y velar
     porque éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos
     establecidos.

    Asistir a reuniones, seminarios, charlas y otras actividades similares y representar a la
     institución ante organismos públicos y privados, en los casos que se requiera

    Atender consultas y resolver imprevistos           relacionados con el campo de su
     especialidad, según lo permita la ley.

    Impartir charlas y cursos propios de su área de competencia.

    Velar por el trámite correcto, oportuno y la legalidad de la documentación que revisa,
     según su campo de acción.

           Integrar diversos comités y grupos de trabajo.

           Asesorar y asistir a los miembros de las Subcomisiones

           Rendir informes diversos.

           Realizar otras labores propias del cargo.


     IV. RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES


Trabaja con independencia siguiendo instrucciones generales, las normas, los
procedimientos técnicos, administrativos y legales que se dicten al efecto. Le puede
corresponder integrar grupos de trabajo interdisciplinarios, coordinar y supervisar el
trabajo de otras personas. La actividad origina relacionarse constantemente con superiores,
compañeros, funcionarios de instituciones públicas y privadas, las cuales deben ser atendidas
con tacto y cordialidad. En el desempeño de sus funciones debe trasladarse a diversos
lugares del país y prestar los servicios cuando sean requeridos. Debe observar discreción,
confidencialidad y objetividad con respecto a los asuntos e información que se le
encomiendan. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la
eficiencia y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados y la
comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.


     V. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
   Habilidad crítica, analítica y de síntesis.
   Habilidad para estructurar y planificar su trabajo.
   Capacidad para abstraer, interpretar y discriminar información.
   Capacidad para resolver actividades simultáneas y ser creativo.
   Capacidad para trabajar bajo presión y en cumplimiento de plazos establecidos.
   Habilidad para efectuar cálculos aritméticos.
   Habilidad para la investigación y desarrollo de proyectos.
   Habilidad para trabajar en equipo.
   Habilidad para relacionarse en forma cortés y satisfactoria con el usuario
    interno y externo.
   Facilidad de expresión verbal y escrita.


      VI. REQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

                Bachiller en Educación Media.
                                      Disciplinas
                Nivel académico       académicas-áreas       Requisito Legal
                                      temáticas
                                                             Incorporado al Colegio
                                                             respectivo,       cuando
                                       Sociología            exista esta entidad para
                                                             la correspondiente área
Formación                                                    profesional.
Académica
                Licenciatura                                 Incorporado al Colegio
                                                             de Psicólogos de Costa
                                       Psicología
                                                             Rica.

                                                             Incorporado al Colegio
                                                             de          Trabajadores
                                       Trabajo Social
                                                             Sociales de Costa Rica.

                                       O carrera afín a
                                       juicio    de     los
                                       órganos
                                       competentes.
                Requiere un mínimo de un año de experiencia en labores
Experiencia     relacionadas con la materia de axiológica.


Capacitación    Capitación en ética y valores (materia axiológica).

Otros           Manejo de los ambientes computadorizados y los sistemas de
requerimientos    información existentes en el área de trabajo.

                  Conocimiento de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

     VII. DESCRIPCIÓN DE CLASE DE PUESTO ESPECÍFICA PARA:

                                            CLASE DE PUESTO
DESPACHOS                                   Ancha         Angosta
                                            Profesional 2 Profesional en Materia
Secretaría Técnica de Ética y Valores                     Axiológica
                                      -0-

      Se acordó: Aprobar el informe anterior salvo en lo que se refiere al

requisito de nivel académico para ese puesto, el cual se aprueba abierto a

profesionales con carreras afines a las ciencias sociales.

                             ARTICULO LXV

      En escrito de 11 de febrero en curso, las licenciadas Alexandra Loría

Beeche, Olga María Castillo Morales y el licenciado Jorge Fisher Aragón,

Abogados, solicitaron lo siguiente:

             ―…Primero: Ante el Tribunal Supremo de Elecciones,
        bajo el expediente número: 196-E-2008, se tramita la
        “GESTION PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS”, en
        orden a convocar al pueblo costarricense a un referéndum que
        apruebe o impruebe el Proyecto de Ley, identificado como:
        ―LEY DE UNION CIVIL ENTRE PERSONAS DEL MISMO
        SEXO‖, que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa
        bajo el Expediente número: ―16390‖, publicado en el Diario
        Oficial La Gaceta número 214 del día 8 de Noviembre del año
        2006, cuyo texto corregido por el Departamento de Servicios
        Técnicos de la Asamblea Legislativa fue publicado en la Gaceta
        número 206 del 24 de octubre del 2008.

             Segundo: Dicha gestión fue promovida por Alexandra
        Loría Beeche, Jorge Fisher Aragón, Gustavo Edwards Valenn y
        Cleto Lacey Lacey, los dos últimos confirieron en su
        oportunidad mandato a Castillo Morales para que los
        representase.
      Tercero: Dentro del trámite de dicha ―Gestión para la
Recolección de Firmas‖, el Tribunal Supremo de Elecciones,
dictó la resolución “3401-E9-2008”, de las ―nueve horas diez
minutos del treinta de setiembre del dos mil ocho‖, que en lo que
aquí interesa nos recordó ―...que legalmente se encuentran
autorizados para facilitar un espacio físico en sus instalaciones,
cuando así lo consideren oportuno y en coordinación con el
Tribunal, las municipalidades, las escuelas, los colegios y las
instituciones públicas en general‖

      Cuarto: Dicho Tribunal también dictó la resolución de las
“catorce horas cinco minutos del cinco de diciembre de dos
mil ocho”, en la que en lo que aquí interesa, aprobó el Plan de
Recolección de Firmas, el listado de las personas responsables de
la custodia de los formularios y autorizó los lugares propuestos
para la recolección de esas firmas, entre ellos, todos los edificios
de los Tribunales de Justicia, del Organismo de Investigación
Judicial, de la Oficina de Defensores Públicos, del Ministerio
Público o Fiscalías, del Poder Judicial en todo el territorio
nacional.

      Quinto: Como es de su conocimiento, de conformidad con
los
principios que informa el artículo 105 de la Constitución Política
y la Ley 8492, ―REGULACION DEL REFERENDUM”, uno
de los principios rectores fundamentales, es el de la participación
popular, a efecto de que la mayor cantidad de ciudadanas y
ciudadanos, puedan decir libremente, si respaldan mediante su
firma, la convocatoria propuesta por los suscritos gestores al
referéndum de iniciativa ciudadana relativo al proyecto de ley ya
citado.

      Sexto: Como corolario de lo que viene expuesto, siempre
en lo que aquí interesa, nos proponemos recoger firmas de:
Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces Superiores, Juezas y
Jueces de Primera Instancia, Fiscales del Ministerio Público,
Auxiliares Judiciales, Personal Administrativo, Personal de
Seguridad y toda otra persona empleada del Poder Judicial a
nivel nacional, que quiera respaldar dicha convocatoria, así como
también, de todas aquellas personas que visitan todos los
edificios de los Tribunales de Justicia, del Organismo de
Investigación Judicial, de la Oficina de Defensores Públicos, del
Ministerio Público o Fiscalías del Poder Judicial , en todo el
territorio nacional.

     Sétimo:     Conscientes    de    la   majestuosidad    de    la
       Administración de la Justicia aquí en esta nuestra Costa Rica,
       República democrática, libre e independiente, queremos hacer
       todo con el respeto y el orden debido.
             Octavo: Con base en todo lo expuesto, siempre con
       respeto, le solicitamos Señor Magistrado Presidente, realizar
       todas las gestiones que estén dentro del ámbito de su
       competencia, a efecto de que la Corte Plena proceda a realizar el
       pronunciamiento correspondiente, para que todas aquellas
       personas sobredichas (ciudadanas) que laboran para el Poder
       Judicial, puedan decidir libremente si respaldan mediante su
       firma, la convocatoria que hemos propuesto como ―iniciativa
       particular‖, así como también, girar las instrucciones pertinentes
       a quien corresponda, para que en coordinación con los suscritos,
       se nos facilite un espacio físico en todos los edificios de los
       Tribunales de Justicia, del Organismo de Investigación Judicial,
       de la Oficina de Defensores Públicos, del Ministerio Público o
       Fiscalías, en todo el territorio nacional, para dar oportunidad a
       las ciudadanas y ciudadanos costarricenses, a efecto de que
       puedan participar libremente en este proceso de referéndum en
       su etapa de Recolección de Firmas.

            Noveno: Acompañamos con este escrito:

            1) Certificación de la resolución ―3401-E9-2008‖, de las
       ―nueve horas diez minutos del treinta de setiembre del dos mil
       ocho‖.

             2) Certificación en lo que aquí interesa del memorial
       recibido el día 25 de noviembre del 2008 en la Secretaría del
       Tribunal Supremo de Elecciones, identificado como: ―PLAN DE
       RECOLECCION DE FIRMAS‖.

           3) Certificación de la resolución de las ―catorce horas cinco
       minutos del cinco de diciembre de dos mil ocho‖.

             Décimo: Comunicaciones y-o-notificaciones, señalamos la
       oficina de la suscrita Loría Beeche, sita aquí en San José,
       avenida 10 bis, calles 17 y 19 transversal, número 1038, es decir,
       del costado suroeste del Edificio del Organismo de Investigación
       Judicial (O.I.J), 125 metros al sur y 25 metros al este.‖

                                        -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1)

Autorizar la recolección de firmas, con el fin de convocar a un referéndum
de iniciativa ciudadana, para someter a consulta el proyecto de ―Ley de

unión civil entre personas del mismo sexo‖, (expediente legislativo número

16.390), publicado en La Gaceta número 214 del 8 de noviembre del 2006,

en los edificios en que se encuentren ubicadas oficinas judiciales, lo

anterior de conformidad con la resolución N° 3401-E9-2008 de las 9 horas,

10 minutos del 30 de setiembre del 2008 del Tribunal Supremo de

Elecciones y en el entendido que el mobiliario que sea necesario para esa

labor, será suplido por los petentes. 2) Hágase este acuerdo de

conocimiento de las Administraciones Regionales del país para lo que

corresponda.

                            ARTICULO LXVI

      La doctora Lilliana García Vargas, la máster Rosaura Chinchilla

Calderón, la licenciada Sandra Eugenia Zúñiga Morales, los doctores

Alfredo Chirino Sánchez, Rafael Ángel Sanabria Rojas, Ronald Salazar

Murillo y los licenciados Ulises Zúñiga Morales, Jorge Luis Arce Víquez,

Jueces del Tribunal de Casación Penal, en nota de 29 de enero último,

recibida el 13 de febrero en curso, presentaron la siguiente solicitud:

              ―… la elaboración de un estudio con el propósito de
       adecuar nuestra remuneración a las funciones desempeñadas en
       la actualidad. Lo anterior, sobre la base de lo siguiente:

              1.- En el año 1993, mediante la Ley Orgánica del Poder
       Judicial (Ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993, publicado en la
       Gaceta N° 124 del 1 de julio de 1993) se crea el Tribunal de
       Casación Penal, con la categoría de Juez 5, con competencia para
       conocer los delitos menores, con penas de hasta 3 años de prisión
       o los delitos de penas de multa, como las injurias, calumnias y
difamación, reservando los casos más graves a conocimiento de
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

       II.- Posteriormente, se han ido agregando funciones y
variando la competencia del Tribunal de Casación, paso de ser
un tribunal de conocimiento de asuntos sencillos, al
conocimiento de hechos de la mayor gravedad, equiparando la
naturaleza de las funciones con la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia. El proceso se da de la siguiente forma:

       a. En materia penal juvenil mediante Ley N° 7576 se crea
la Ley de Justicia Penal Juvenil, cuerpo normativo que asignó la
competencia a este tribunal para conocer de los recursos de
segunda instancia de los Juzgados Penales Juveniles (artículo
28), regulación que entró en vigencia a partir del 1° de mayo de
1996.

      b. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal,
en 1998, en el artículo 258 del Código Procesal Penal se le
encomendó al Tribunal conocer de la prórroga de la prisión
preventiva a nivel nacional, lo que aumentó en forma importante
y agravó la función del Juez 5, pues le ha correspondido conocer
la medida cautelar de mayor gravedad que se impone en el
proceso penal, y especialmente extenderla más allá de los
términos ordinarios, lo que supone un alto grado de exigencia,
cuidado y conocimiento.

       c. Luego, mediante la Ley de Reorganización Judicial
(Ley No.7728 del 15 de diciembre de 1997) se dieron varias
modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre ellas, el
artículo 96 bis que establecía como competencia de los
tribunales penales de juicio constituidos con uno solo de sus
miembros, de ―... los juicios por delitos sancionados con penas
no privativas de libertad o hasta con un máximo de cinco años de
prisión...‖, lo que repercutió en las atribuciones del Tribunal de
Casación, que en adelante conforme lo dispone el artículo 93
conoce de los siguientes asuntos:

       ―1.- Del recurso de casación y el procedimiento de
revisión, en asuntos de conocimiento del tribunal de juicio
integrado por un juez.

        2.- En apelación, de las resoluciones que dicten los jueces
del tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la procedencia del
recurso.
       3.- De las apelaciones en asuntos de migración y
extranjería que la ley establezca

       4.- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones,
de sus integrantes propietarios y suplentes.

       5.- De los conflictos de competencia que no deban ser
resueltos por los tribunales de juicio.

      6.- De los conflictos suscitados           entre   juzgados
contravencionales y tribunales de juicio.

      7.- De los demás asuntos que se determinen en la ley.‖

       Con la reforma anterior se ampliaron las funciones del
Tribunal de Casación, trasladando el conocimiento de todos los
asuntos resueltos por la vía del procedimiento abreviado, lo que
incluyó todo tipo de delitos resueltos por ese mecanismo, como
tráfico de drogas, violación, estafas, fraudes, robos, secuestros,
homicidios, etc, de manera que una vez más se trasladó la
competencia de asuntos de mayor gravedad que hasta entonces,
habían sido del conocimiento de la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia.

      d. Finalmente, con ocasión de la Ley de Apertura de la
Casación Penal (No.8503) se reformó el artículo 93 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, se que quedó redactado así:

      ―El Tribunal de Casación Penal conocerá:

       1) Del recurso de casación y el procedimiento de revisión,
en asuntos de conocimiento del tribunal de juicio integrado por
un juez.

       2) Del recurso de casación y el procedimiento de revisión,
en los delitos contra la libertad sexual y los referidos a
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no
autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

      Si en el mismo proceso se atribuyen otros delitos, además
de los antes mencionados, su conocimiento corresponderá al
órgano de casación competente para conocer del delito de mayor
gravedad.

        3) En apelación, de las resoluciones que dicten los jueces
del tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la procedencia del
recurso.

       4) De las apelaciones en asuntos de migración y
extranjería que la ley establezca.

       5) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de
sus integrantes propietarios y suplentes.

       6) De los conflictos de competencia que no deban ser
resueltos por los tribunales de juicio.

      7) De los conflictos suscitados            entre   juzgados
contravencionales y tribunales de juicio.

      8) De los demás asuntos que se determinen por ley.‖

       Con la anterior reforma se trasladó a conocimiento del
Tribunal de Casación, todos los casos del país en materia de
tráfico de drogas (Ley de Sustancias Psicotrópicas y Drogas de
Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades
Conexas) y los delitos sexuales, que son hechos extremadamente
graves, que por esa circunstancia se habían estimado de
conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.

      III- Cambio de Naturaleza de las Funciones de los Jueces
de Casación:

        Como queda expuesto, el fenómeno paulatino de
aumentar las funciones, pero especialmente la competencia,
provocó que las labores más complejas (antes ejecutadas por la
Sala Tercera, autoridad de máxima jerarquía en materia penal),
se trasladaran a los Jueces de Casación Penal.

       Esto ha tenido una muy importante repercusión en la
función del Juez. Así en los casos de psicotrópicos hemos visto
sustancialmente modificada nuestra función, pues es del
conocimiento común que este tipo de delincuencia conlleva una
mayor gravedad e incluso un riesgo mayor a nuestra integridad
personal y familiar, dadas las características de esta criminalidad
y su mayor peligrosidad, debido entre otros factores, al número
de personas que involucra y que funcionan por lo general como
grupos de crimen organizado, en procesos cuyas sanciones son
muy elevadas (lo que provoca mayor tensión en los encartados
por lo general sometidos a prisión preventiva), que normalmente
implica la incautación de importantes cantidades de drogas, y
donde incluso, el comiso de dinero o bienes es un tema de los
       más controvertidos.

              Por otro lado, los delitos sexuales tienen una naturaleza
       muy particular, involucran un sufrimiento importante en las
       víctimas, especialmente cuando de menores de edad se trata y la
       decisión suele ser compleja, por la prueba que los sustenta, que
       en todos los casos es diferente a la de los casos comunes.
       También ello repercute en la vivencia personal y familiar de los
       Jueces.

              En consecuencia, se trata de la complejidad de los asuntos
       pero sobre todo de la naturaleza de los procesos asignados a este
       tribunal.

              IV.- Por lo anterior, estimamos que ese cambio sustancial
       de funciones y competencias que la Institución nos ha trasladado,
       de un Tribunal de la mayor jerarquía del Poder Judicial al
       Tribunal de Casación, debe llevar aparejado un reconocimiento
       económico, por la naturaleza de las funciones que se nos han
       acordado. En función de la gravedad de los hechos, de la
       penalidad de las figuras y del riesgo que implica el ejercicio de
       nuestras labores.

              Solicitamos por ello que el Consejo Superior del Poder
       Judicial le de trámite a esta solicitud y que a través del
       Departamento de Planificación y de Personal se elabore un
       estudio al respecto, en donde se nos dé participación, a efecto de
       determinar el nuevo marco salarial, de acuerdo con los extremos
       planteados y de forma retroactiva. Caso contrario solicitamos se
       dé por agotada la vía administrativa.‖
                                     -0-

      Se acordó: Tener por recibida la solicitud planteada por los Jueces

del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y

trasladarla a los Departamentos de Planificación y Personal, para que

rindan el informen correspondiente, una vez elaborado deberán remitirlo a

la Corte Plena para su conocimiento en razón de que el tema planteado es

de su competencia.

                             ARTICULO LXVII
      El licenciado Hugo Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en correo

electrónico de 12 de febrero en curso, solicita lo siguiente:

              “Con motivo de la designación en propiedad del master
        Walter Jiménez en el puesto de Subauditor Judicial, mucho le
        estimaré interponer sus buenos oficios, a efecto de que conforme
        a las políticas existentes en la Institución, se le suministre un
        teléfono celular. (…)”
                                         -0-

      Por mayoría, se acordó: Comunicar al licenciado Hugo Ramos

Gutiérrez, que no es posible acceder a lo solicitado, por cuanto se debe

velar por un uso racional de los recursos presupuestarios con que se cuenta

y no se tienen elementos de juicio suficientes para concluir que para el

ejercicio del cargo señalado resulta indispensable suplir el recurso

solicitado.

      Las Integrantes Milena Conejo Aguilar y Ana Cecilia Ching Vargas,

emiten su voto en el sentido de suministrar al señor Subauditor un teléfono

celular, ya que dentro de la estructura del Poder Judicial, ese puesto se

encuentra dentro del estrato gerencial y tiene asignadas labores que

ameritan su constante localización.

                            ARTÍCULO LXVIII

      En sesión N° 03-09 celebrada el 13 de enero último, artículo

XXXVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

               ―El doctor Marvin Carvajal, Director de la Escuela
        Judicial, en oficio N° 057-CD/EJ-08 de 27 de noviembre del
        2008, recibido por correo electrónico el 2 de diciembre de ese
        año, remitió conocimiento de este Consejo, el acuerdo tomado
por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión N°
9-08 celebrada el 26 de noviembre citado, artículo II, en que se
aprobó el Plan de Capacitación para el 2009.
       Informa la integrante Chaves Cervantes, a quien por turno
le correspondió el estudio de los planes de capacitación del
Ministerio Público, Defensa Pública, Gestión Humana y de la
Escuela Judicial, aprobados por el Consejo Directivo de la
Escuela Judicial en la sesión N° 09-08 del 26 de noviembre del
2008, que analizados los mismos, hace las siguientes
observaciones:

        Por la particularidad que contienen los cursos del Plan
Anual del Departamento Gestión Humana como de la Escuela
Judicial, que están diseñados para toda la población judicial en
general, a diferencia de los dirigidos al Ministerio Público o a la
Defensa, sería recomendable, limitar las inscripciones abiertas en
general, y procurar enfocar la capacitación a la obtención de
resultados de eficiencia, asegurándose que los servidores/as que
asistirán a la capacitación, puedan mejorar el servicio que
prestan, poniendo en práctica en el lugar de su trabajo lo
aprendido. Por años, se ha utilizado el método de inscripción
abierta y no se ha logrado medir el impacto de la capacitación.
Una inscripción abierta, diluye ese impacto en los diferentes
lugares de trabajo. Podría pensarse en un plan diferente de
convocatoria a la capacitación, de tal manera que la Escuela
Judicial y los diferentes centros de capacitación, con base en la
información que cuentan -situaciones particulares en los centros
de trabajo, o por circuito- sean los que seleccionen a los
asistentes como estrategia, ya sea por nombres o por puestos que
ocupen, lo que les permitirá a la vez dar seguimiento al
aprendizaje obtenido y medir los resultados. Al menos como un
plan piloto. De esta manera se evita que siempre muestren
interés en asistir los mismos/as, y que quienes realmente
necesitan capacitación, y no participan de las convocatorias, se
vean motivados o hasta obligados a asistir, si la propia Escuela o
centro de capacitación los llama al curso. Esto permitiría planes
de capacitación más específicos para atender realmente las
poblaciones que requieren capacitación para mejorar el servicio
que se presta. A su vez permitiría enfocar la capacitación de
todos los centros (MP, Defensa, Personal, Escuela Judicial), a
lugares que no tienen mucho acceso o que presentan una
problemática por el servicio que prestan, por ejemplo zonas
como Upala, Guatuso, Cóbano, Coto Brus, etc., que se tiene
conocimiento de la necesidad de prestar atención especial para el
mejoramiento del servicio que se presta a las personas usuarias.
       En la Institución, se requiere mucha capacitación no solo
en conocimiento, sino también en Desarrollo Humano, por lo
que también sería recomendable para mejorar las relaciones
interpersonales, estilos de vida, comunicación asertiva, trabajo
en equipo, etc., procurar determinar los centros de trabajo -
oficinas, despachos judiciales- que actualmente afrontan
problemas relacionados con estos temas, para que año con año,
se vaya visualizando una mejoría en ese personal, por las razones
apuntadas, para este tipo de capacitación también se debería de
limitar la inscripción abierta.

       En general los temas en capacitación a desarrollar
responden a las necesidades institucionales. No obstante, en lo
que se refiere a técnicas en oralidad para fortalecer la política
actual de introducción de la oralidad, bien se pudo esperar que
cada uno de los planes de capacitación le diera mayor énfasis.
Si bien está incluida por los diferentes centros, sería conveniente
reforzar a la población judicial con más cursos de oralidad, para
lograr expandir esta capacitación y colocarla como centro de
necesidad y prioridad institucional.

       Se destaca la importancia que se está dando a capacitar
en informática y gestión. Las capacitaciones en Apoyo
informático, están expuestas en el Plan, de la manera
recomendada supra, es decir, por poblaciones específicas, no
abiertas, lo cual ha permitido el seguimiento y la medición de
resultados, no obstante no se visualizan cursos informáticos para
poblaciones como Limón, Guanacaste, Puntarenas, Zona Sur.

       Se debería reforzar más los planes de capacitación que se
analizan, con capacitación en atención a las personas usuarias,
que incluya el Estatuto de la Justicia y los Derechos de las
Personas Usuarias aprobado por Corte Plena, dando prioridad a
los circuitos, oficinas, despachos judiciales que estadísticamente
consumen mayor cantidad de quejas por el mal servicio,
información que se podría obtener con la Contraloría de
Servicios. En este tipo de capacitación, sería recomendable
introducir capacitación del derecho de acceso a la justicia a las
poblaciones en condición vulnerable.

       Llama la atención, que el Plan de Capacitación del
Ministerio Público, con excepción del dirigido a la formación de
auxiliares judiciales, está concentrado en San José. En ese
sentido, para evitar el desplazamiento de personal a San José,
sería conveniente, se planificara la capacitación en el Ministerio
Público por regiones, y se procure el uso del video-conferencia,
          para que el personal fuera de San José, pueda tener acceso.
                 El Presidente, Magistrado Mora señala que le parece
          conveniente comunicar al Consejo Directivo de la Escuela que
          resulta de conveniencia institucional se le de importancia
          especial a la capacitación en oralidad, la que debería ser de
          forma intensiva y sobre todo en las materias que actualmente
          están utilizando esa forma para la tramitación judicial, también
          en gestión judicial, uso de nuevas tecnologías y reducción del
          uso del papel en la tramitación judicial. Igualmente, en razón de
          la entrada en vigencia de la Ley de Notificaciones, dado que
          permite que se pueda notificar por medio de fax y correo
          electrónico, se debe capacitar a los auxiliares judiciales para que
          puedan enviar por esos medios las notificaciones de las
          resoluciones que hayan redactado, una vez que el juez las haya
          autorizado y en general se tomen las previsiones del caso para
          brindar capacitación respecto de la nueva legislación que se
          produzca y los proyectos de ley que en materia procesal se han
          presentado a la Asamblea Legislativa o están en proceso para
          hacerlo.

                 Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones del
          señor Presidente, Magistrado Mora y de la licenciada Chaves
          Cervantes. 2) Previamente a resolver lo que corresponda, hacer
          de conocimiento de la Escuela Judicial las observaciones hechas
          al Plan de Capacitación del 2009 y al propio tiempo solicitar una
          audiencia al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, para que
          atienda en pleno a los integrantes de este Consejo Superior, con
          la finalidad de discutir ampliamente las observaciones
          transcritas.
                                        -0-

         Manifiesta la Secretaria General, que la audiencia solicitada por los

Integrantes de este Consejo al Consejo Directivo de la Escuela, en el

acuerdo de referencia, se efectuó el lunes 9 de febrero en curso, a las 9:15

horas.

         Se acordó: 1.) Tomar nota de la manifestación de la Secretaria

General. 2.) Resolver en una próxima sesión el Plan de Capacitación para

el 2009 presentado por la Escuela Judicial, con el fin de contar con las
observaciones que oportunamente remitirán los Integrantes de este Consejo

al citado Plan.

                             ARTICULO LXIX

      Mediante circular N° 01-09 publicada en el Boletín Judicial 12 del

19 de enero del año en curso, se hizo de conocimiento de los despachos

judiciales que atienden las materias laboral, familia, pensiones alimentarias

y violencia doméstica, el uso de carátulas color terracota (rojo marrón), en

los expedientes en los que figure como parte una persona adulta mayor.

      Manifiesta la Integrante Lupita Chaves Cervantes, que la citada

circular debe ampliarse en el sentido de indicar que el uso de la carátula

color terracota (rojo marrón), para los expedientes donde figura como parte

una persona adulta mayor, debe ser para todas las materias y no solamente

para las indicadas en esa circular.

      Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Chaves Cervantes y

ampliar la circular N° 01-09 publicada en el Boletín Judicial N° 12 del 19

de enero del año en curso, en el sentido que el uso de la carátula color

terracota (rojo marrón) para los expedientes donde figura como parte una

persona adulta mayor, es para todas las materias.

                             ARTICULO LXX

      En sesión Nº 12-08 celebrada el 14 de febrero de 2008, artículo

XLV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―En sesión Nº 24-07 celebrada el 29 de marzo del 2007,
artículo LXIII, se dispuso, solicitar al Departamento de
Planificación, analizara dónde deben estar ubicadas las plazas
que tienen la función de localización y presentación de las
personas requeridas por los Tribunales de Justicia, que antes se
encontraban a cargo del Organismo de Investigación Judicial y
ahora son parte de las Fiscalías del Ministerio Público y de las
Unidades y Subunidades Administrativas Regionales.

     En atención al acuerdo anterior, la máster Marta Asch
Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con oficio Nº
215-PLA-2008 de 6 de febrero en curso, remite el informe Nº
009-CE-2008 de esa fecha, suscrito por el máster Elías Muñoz
Jiménez, Jefe de la Sección de Control y Evaluación, cuyas
conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

     Del análisis realizado se       arriba   a   las   siguientes
conclusiones y recomendaciones:

      1-A pesar de que actualmente, existen 134 plazas de Oficial
de Localización que implican a la institución un costo de
aproximadamente ¢962.000.000 al año sólo en remuneraciones,
el modelo utilizado ha mostrado poca efectividad en la atención
de las localizaciones y presentaciones, favoreciendo el retraso
judicial y la impunidad, por cuanto se logra concretar un mínimo
de estas gestiones; debido a la falta de supervisión, controles,
equipos, instrumentos, herramientas, convenios de cooperación y
capacitación, entre otras.

      2-Actualmente existe una duplicidad de funciones, por
cuanto las localizaciones, citaciones y presentaciones están
siendo atendidas por las ULCPP, el OIJ y la Fuerza Pública,
indistintamente. Establecer la conveniencia de trasladar estas
tareas exclusivamente al OIJ, considerando que ya cuenta con
vehículos, materiales, equipos y personal muy capacitado;
resulta una falacia, toda vez que estos recursos se han asignado
en función de su carga de trabajo investigativa, de ahí que
solicitar la atención de las localizaciones y presentaciones con
base en éstos recursos, implicaría subyugar su labor sustantiva.

      3-Bajo este panorama, trasladar la atención de estas
gestiones a responsabilidad del OIJ, más que la solución, implica
el traslado del problema; por esta razón, de momento definir
quién debe asumir la responsabilidad de atender las
localizaciones, citaciones y presentaciones, no resulta relevante
por cuanto se considera que el problema se refiere a recursos.
      4-En este sentido y si bien las carencias apuntadas, resultan
reiteradas, respecto de estudios previos, más que identificar el
ente que debería asumir la responsabilidad de las localizaciones
y presentaciones, se estima conveniente atender los siguientes
aspectos:

      La asignación de vehículos, para atender exclusivamente el
servicio de localización, citación y presentación.

     La adquisición de equipos de comunicación para los
servidores que atienden las localizaciones y presentaciones.

     Si bien en el informe N° 175-DO-2005-B del 16 de febrero
del 2006, la Sección de Desarrollo Organizacional, no
recomendó la creación de figuras de "Encargado", para las
unidades con reducido personal y volumen de trabajo, a partir
del análisis aquí realizado, se estima necesario la definición de
un servidor propio de cada Unidad, que ejerza la coordinación,
supervisión y rendición de cuentas; sin embargo, éste figura debe
establecerse con carácter temporal, pues de trasladarse
posteriormente la responsabilidad al OIJ, estas tareas podrían ser
asumidas por alguna de las figuras de autoridad que ya tienen las
Delegaciones Regionales.

      Se establezcan los controles necesarios para medir el
volumen de asuntos entrados, tiempos de respuesta, resultados de
gestión y lugares visitados, entre otros datos que deben ser
concatenados por la Sección de Estadística.

      Se capacite al personal, sobre las bases legales a partir de
los cuales resulta correcta la citación o presentación.

      Se establezca un centro especializado en la localización de
personas, con equipo de cómputo moderno y conexiones a
Internet de alta velocidad, para atender las localizaciones
oportunamente.

     5-Paralelamente, resulta necesario que el Departamento de
Tecnología de la Información desarrolle o contrate la elaboración
de un sistema informático, capaz de extraer del Sistema
Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el Expediente
Criminal Único (ECU) e incluso del registro de proveedores, la
dirección u otros detalles (fax, teléfonos, etc.) de las personas
que en algún momento se aproximaron a la institución y
actualmente son requeridas por una autoridad judicial.
      6-Debido a que la legislación vigente lo permite, los
despachos solicitan el servicio de localización, citación y
presentación de personas al OIJ, Policía Administrativa y
ULCPP indistintamente, propiciando una duplicidad de
funciones y distracción del personal de investigación, ante este
panorama se estima necesario emitir una circular dirigida a todos
los despachos, solicitándoles que gestionen las citaciones,
localizaciones y presentaciones mediante las ULCPP y sólo en
casos estrictamente necesarios, las canalicen con el OIJ o la
Fuerza Pública.

     7-Complementariamente y en procura de dar un uso
racional a los recursos, se recomienda no crear plazas ordinarias
para el 2009, en las ULCPP; en tanto se resuelve la asignación
de los vehículos, recursos materiales, herramientas informáticas
y demás suministros necesarios para que las unidades ofrezcan
un servicio de calidad."

                               -0-
      Indica la licenciada Milena Conejo que estima necesario
que el Departamento de Planificación analice de forma más
profunda este tema, por cuanto las unidades de localización no
han podido cumplir a cabalidad con todos los requerimientos
que les hacen los despachos judiciales, sobre todo en cuanto a
presentaciones, que requieren de recursos especiales, por tratarse
de personas que no han acudido a la citación y estas unidades
tienen problemas de transporte y seguridad para llevar estas
personas ante los tribunales.
Es importante valorar con el Organismo de Investigación
Judicial, la forma en que se pueden cumplir las presentaciones,
ya que si se pasan de forma exclusiva a las unidades de
localización, este servicio no se prestará de forma adecuada, tal
como lo han informado algunos jueces y fiscales. Asimismo el
apoyo que ha dado la Policía Administrativa en muchos lugares
donde existe limitación de personal en las unidades ha sido
importante para cumplir las gestiones de los despachos
judiciales. Por ello lo procedente es hacer una propuesta de
coordinación con las instancias involucradas y definir en forma
precisa las atribuciones de cada una de ellas.

      El Integrante Martínez agrega que en los términos en que
se presenta este informe, le preocuparía dejar por sentado que no
se efectuarán estudios de plazas en las Unidades de
Localizaciones, en vista de que se está planteando concentrar en
estas oficinas las presentaciones citaciones y localizaciones y
sólo en casos excepcionales diligenciarlo por intermedio del
       Organismo de Investigación Judicial o la Policía Administrativa;
       por lo que no es posible concluir a priori que no se requerirá más
       recurso humano para estas unidades en el 2009, por lo que su
       propuesta sería que el Departamento de Planificación siempre
       considere y remita los estudios respectivos para valorar la
       situación en el momento oportuno en la formulación del
       presupuesto.

            Informa la licenciada Miriam Anchía, que tiene para
       estudio la gestión presentada por varios servidores de diferentes
       Unidades de Localización en que solicitan definir sus potestades
       para la ejecución de las órdenes de detención, traslado y
       presentación de personas que las autoridades jurisdiccionales o
       del Ministerio Público dispongan en el ejercicio de sus labores,
       lo cual se relaciona con el tema que se está discutiendo.

             Se acordó: 1) Tener por rendido el informe. 2) Con base en
       lo manifestado por las licenciadas Conejo Aguilar y Anchía
       Paniagua y el licenciado Martínez, devolver el presente informe
       al Departamento de Planificación para que se analice de nuevo el
       tema planteado, considerando las variables señaladas, la gestión
       de los servidores de las Unidades de Localización, así como el
       criterio de la Dirección General del Organismo de Investigación
       Judicial, la Fiscalía General y la Comisión de la Jurisdicción
       Penal. 3) El Departamento de Planificación analizará los
       requerimientos de recurso humano presentados por estas
       unidades en sus estudios para la formulación del presupuesto del
       2009.‖

                                     -0-

      En cumplimiento de lo anterior, la máster Marta Asch Corrales, Jefa

del Departamento de Planificación, con oficio N° 100-PLA-2009 de 21 de

enero último, remitió el informe N° 004-CE-2009 suscrito por el máster

Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de Control y Evaluación,

relacionado con la ubicación de las plazas que tienen la función de localizar

y presentar personas, cuyas recomendaciones literalmente dicen:

            “V- RECOMENDACIONES
              Analizadas las ventajas y desventajas de que el OIJ asuma
         el servicio de localización y presentación de personas, se
         recomienda:

               Cabe rescatar que si bien algunos involucrados son del
         criterio que las localizaciones se pueden continuar atendiendo
         desde el ámbito administrativo, cabe rescatar que estas conllevan
         una labor de seguimiento y entrevistas a vecinos, familiares e
         informantes que eventualmente podrían poner en peligro a
         personal no capacitado en aspectos policiales. También se
         identificó que regularmente las presentaciones incluyen la
         solicitud de localizar, (localizar y presentar) de ahí la pertinencia
         de mantener estas dos tareas bajo la responsabilidad del mismo
         ente y evitar que un mismo trabajo se realice dos veces, cuando
         se trata de personas que se niegan a presentarse voluntariamente
         y se ocultan.

              1- Trasladar esta responsabilidad al OIJ. En este sentido,
         es necesario que los administradores regionales identifiquen
         formalmente el personal que estaría dispuesto a trasladarse
         voluntariamente de las ULCPP al OIJ para atender
         presentaciones y localizaciones.

              2- Este traslado requiere que al interno del OIJ, se cree una
         ―Unidad Especializada en Localizaciones y Presentaciones‖,
         ubicada en la Sección de Capturas del Departamento de
         Investigaciones Criminales. En esta línea, se estima conveniente
         encomendar la coordinación de esa Unidad a una persona que
         haya ingresado al OIJ, con todos los requisitos del programa; por
         lo cual, para que la asuma se podría reclasificar a Oficial de
         Investigación una de las plazas de Investigador 2, de la Sección
         de Capturas.

               3- En las dependencias regionales del OIJ, se estarían
         ubicando de una a dos parejas de ―Presentadores‖, cantidad que
         no justifica crear unidades con este fin; por esta razón, ese
         personal puede quedar bajo la responsabilidad directa de la
         jefatura de la Delegación o Subdelegación, según cada caso([9]).

              4- Debido a que el traslado de algunas plazas al OIJ,
         implicaría que las ULCPP queden con recursos insuficientes para

[9]
  No obstante, de llegarse a concretar y generalizar la estructura propuesta por el Departamento
de Planificación en el informe N°003-PLA-CE-2007, ampliamente citado, (que establece crear
en las delegaciones, unidades especializadas por tipo de delito); este personal se podría ubicar
en la Unidad de Cárceles, que le resulta más afín.
atender correctamente las citaciones, resulta necesario hacer las
siguientes variaciones, para no afectar el servicio y alcanzar un
máximo provecho de los recursos de telemática, transporte,
comunicación y personal.

      4-1 Fusionar en cada Circuito Judicial, las ULCPP, con las
OCN, en nuevas estructuras a denominar ―Oficinas de
Comunicación Judicial‖ (OCJ), que tendrían a cargo, la
distribución de citaciones, notificaciones y cualquier otro
comunicado judicial indistintamente.

      4-2 El Departamento de Personal deberá fusionar los
puestos de Oficial de Localización y Notificador, (Incluso los
notificadores de despacho) en una sola categoría ―Notificador-
Citador‖, que en adelante distribuya cualquier tipo de
comunicado judicial, sea notificaciones, citaciones u otro.

      4-3 Hace más de siete años, para ocupar plazas de
Notificador en propiedad, se estableció como requisito la
licencia para conducir motocicleta; no obstante, algunos
servidores contratados antes de ese acuerdo, a la fecha no tienen
la licencia, situación que está afectando el servicio
encomendado, especialmente el trámite de comisiones fuera del
perímetro judicial, por esta razón se estima necesario que el
Departamento de Personal analice una posible solución al
inconveniente; en tanto el criterio del Departamento de
Planificación, con base en el artículo N°192 de la Constitución
Política, es revocar el nombramiento a quienes no demuestren
idoneidad con el puesto, dado que están afectando el servicio
encomendado.

      4-4 Debido a que algunos servidores se mostraron algo
exacerbados ante la fusión de citaciones y notificaciones, de
llegarse a aprobar la reestructuración aquí promovida, el
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, deberá
desplegar una campaña de divulgación y sensibilización sobre
los alcances, beneficios y necesidad de esta reorganización.

     5-   Con base en las anteriores consideraciones, se
sugiere la siguiente distribución del personal que
actualmente está ubicado en las ULCPP.


                       OFICINA DE ORIGEN
       1.-ULCPP DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
     Plazas                               Oficina de Destino
1. Encargado de Apoyo a la
                                    Oficina Adm. Primer Circ. Jud. San José
Jurisdicción

7 Oficial de Localización
                                       Sección de Capturas del OIJ
1 Auxiliar Administrativo

2 Oficial de Localización              Sección Penal Juvenil del OIJ

1 Oficial de Localización (plaza
                                       Delegación Regional del OIJ en Cuidad Neilly
vacante)

1 Oficial de Localización (plaza
                                       Delegación Regional del OIJ de Cartago
vacante)

10 Oficial de Localización             Oficina de Comunicaciones Judiciales del Primer Circuito
1 Auxiliar Administrativo              Judicial de San José



                              OFICINA DE ORIGEN
              2.- ULCPP DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
             Plazas                                        Oficina de Destino

1. Encargado de Unidad              Oficina Adm. Segundo Circ. Jud. San José

2 Oficial de Localización              Sección de Capturas del OIJ

5 Oficial de Localización              Oficina de Comunicaciones Judiciales del Segundo Circuito
1 Auxiliar Administrativo              Judicial de San José



                       TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
                         OFICINA DE ORIGEN
3.- ULCPP DE DESAMPARADOS
PLAZAS                                 OFICINA DE DESTINO

1 Oficial de Localización               Sección de Capturas del OIJ

3 Oficial de Localización               Oficina de Comunicaciones Judiciales de Desamparados
                                   OFICINA DE ORIGEN
4.- UL CPP DE PAVAS
             Plazas                                        Oficina de Destino

1 Oficial de Localización               Sección de Capturas del OIJ

3 Oficial de Localización               Oficina de Comunicaciones Judiciales de Pavas
                                   OFICINA DE ORIGEN
5.- UL CPP DE HATILLO
             Plazas                                        Oficina de Destino

1 Oficial de Localización              Sección de Capturas del OIJ
  1 Encargado de Unidad
  3 Oficial de Localización            Oficina de Comunicaciones Judiciales de Hatillo
  1 Auxiliar Administrativo


                              OFICINA DE ORIGEN
     6. ULCPP DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN)
  Plazas                                   Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización                Delegación Regional de Pérez Zeledón.

  3 Oficial de Localización              Oficina de Comunicaciones Judiciales de Pérez Zeledón


                              OFICINA DE ORIGEN
7. ULCPP DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA
                Plazas                                          Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización            Delegación Regional del OIJ de Alajuela

  3 Oficial de Localización                Oficina de Comunicaciones Judiciales del Primer Circuito
  1 Auxiliar Administrativo                Judicial de Alajuela




                             OFICINA DE ORIGEN
8- ULCPP DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN CARLOS)
                Plazas                                          Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización            Delegación Regional del OIJ de San Carlos

  3 Oficial de Localización                Oficina de Comunicaciones Judiciales del Segundo Circuito
  1 Auxiliar Administrativo                Judicial de Alajuela

  1 Oficial de Localización                Oficina de Comunicaciones Judiciales de Los Chiles(*).

  Nota: (*) Instancia que estaría a cargo de la Fiscalía del lugar.
  Con esta medida, se atiende la falta de personal para atender citaciones y notificaciones en la
  zona de Los Chiles, según expone en su nota N°289-FLCH-2008, el Lic. Obando Zúñiga.


                              OFICINA DE ORIGEN
9- ULCPP DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMÓN)
  Plazas                                   Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización            Delegación Regional del OIJ de San Ramón

  2 Oficial de Localización                Oficina de Comunicaciones Judiciales de San Ramón


                               OFICINA DE ORIGEN
10.- ULCPP DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO
               Plazas                                 Oficina de Destino

  1 Oficial de Localización    Delegación Regional del OIJ de Cartago

  4 Oficial de Localización       Oficina de Comunicaciones Judiciales de Cartago




                               OFICINA DE ORIGEN
11.- ULCPP DEL CIRCUITO JUDICIAL DE HEREDIA
               Plazas                                 Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización    Delegación Regional del OIJ de Heredia

  4 Oficial de Localización       Oficina de Comunicaciones Judiciales de Heredia


                              OFICINA DE ORIGEN
12.- ULCPP DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
               Plazas                                 Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización    Delegación Regional del OIJ de Liberia

  2 Oficial de Localización       Oficina de Comunicaciones Judiciales de Liberia


                              OFICINA DE ORIGEN
13.- ULCPP DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (NICOYA)
               Plazas                                 Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización    Subdelegación Regional del OIJ de Nicoya

  2 Oficial de Localización       Oficina de Comunicaciones Judiciales de Nicoya


                              OFICINA DE ORIGEN
14.- ULCPP DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (SANTA CRUZ)
               Plazas                                 Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización    Oficina Regional del OIJ de Santa Cruz

  1 Oficial de Localización       Oficina de Comunicaciones Judiciales de Santa Cruz




  CIRCUITO JUDICIAL DE PUNTARENAS
                              OFICINA DE ORIGEN
15.- ULCPP DE PUNTARENAS
               Plazas                                 Oficina de Destino
  2 Oficial de Localización         Delegación Regional del OIJ de Puntarenas

  3 Oficial de Localización            Oficina de Comunicaciones Judiciales de Puntarenas (*)

  Nota: (*) Al no existir de momento OCN en Puntarenas, se recomienda que la ULCPP, se
  convierta en la “Oficina de Comunicaciones Judiciales”, a la que una vez que existan las
  condiciones, se incorporarán los notificadores del lugar.


  SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR
                                   OFICINA DE ORIGEN
16.- ULCPP DE CORREDORES
               Plazas                                       Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización         Delegación Regional del OIJ de Cuidad Neilly

  2 Oficial de Localización            Oficina de Comunicaciones Judiciales de Corredores


                                   OFICINA DE ORIGEN
17.- ULCPP DE GOLFITO
               Plazas                                       Oficina de Destino

  1 Oficial de Localización (*)     Delegación Regional del OIJ de Ciudad Neilly

  2 Oficial de Localización            Oficina de Comunicaciones Judiciales de Golfito

  Nota: (*) Para completar una pareja de “Oficiales de Presentación”, se requiere trasladar una
  plaza desde la ULCPP del Primer Circuito Judicial de San José.




                              OFICINA DE ORIGEN
18.- ULCPP DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA (LIMÓN)
  Plazas                               Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización         Delegación Regional del OIJ de Limón

                                       Oficina de Comunicaciones Judiciales del Primer Circuito
  2 Oficial de Localización
                                       Judicial de la Zona Atlántica


                              OFICINA DE ORIGEN
19.- ULCPP DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA (POCOCÍ)
               Plazas                                       Oficina de Destino

  2 Oficial de Localización         Delegación Regional del OIJ de Pococí-Guácimo

                                       Oficina de Comunicaciones Judiciales del Segundo Circuito
  3 Oficial de Localización
                                       Judicial de la Zona Atlántica
               6- Adicionalmente, existen las ULCPP de Puriscal, Grecia,
         Atenas, Upala, Guatuso, Turrialba, Tarrazú, La unión, Sarapiquí,
         Buenos Aires, Aguirre-Parita, Coto Brus, Osa, Cañas, Bribrí y
         Siquirres([10]), todas a cargo del Ministerio Público y reportando
         cargas de trabajo tan bajas que no se justifican la asignación de
         personal especializado para sus presentaciones; sin embargo, de
         acogerse la recomendación, de trasladar las localizaciones y
         presentaciones al OIJ, sí habría que apoyar con vehículos e
         implementos de seguridad, para garantizar la adecuada atención
         de las presentaciones por parte del OIJ.

               7- Si bien, es necesario que éstas ULCPP se mantengan
         bajo la responsabilidad del Ministerio Público([11]), cabe ajustar
         su nombre al de ―Oficinas de Comunicación Judicial‖ de cada
         lugar, mientras su personal deberá ser reclasificado a
         ―Notificador-Citador‖, en este sentido es necesario que el
         Departamento de Personal, les defina una figura que ejerza la
         coordinación y rinda cuentas sobre el servicio encomendado. En
         el entendido que a partir del momento que se den las
         condiciones, se le trasladarán los notificadores de despacho
         (también reclasificados a citador-notificador), para atender el
         servicio de forma centralizada.

               No obstante, de momento y hasta nuevo aviso, las
         ―Oficinas de Comunicación‖ a cargo del Ministerio Público,
         continuarán citando y sólo notificarán comisiones fuera del
         perímetro judicial. En tanto, los notificadores de despacho, bajo
         la nueva clasificación de ―Citador-Notificador‖, notificarán y
         sólo citarán para el despacho dentro del perímetro judicial.

               8- De ser acogido este informe, se deberá emitir un
         comunicado oficial para todos los despachos del país, sobre el
         cambio de funciones y responsabilidades, a partir de la fusión de
         citaciones y notificaciones en las nuevas ―Oficina de
         Comunicación Judicial‖, así como la obligación de canalizar a
         futuro las solicitudes de localización y presentación al OIJ, según
         corresponda.


[10]
     Con este informe también, se atiende el acuerdo de Consejo Superior del 22 de mayo de
2008, artículo LIX, relacionado con un análisis de la carga de trabajo de la ULCPP de Siquirres.
[11]
     Cabe recordar que el Consejo Superior, en sesión del 2 de junio de 1997, artículo VII, acordó
que las Unidades de Localización, Citación y Presentación estarían adscritas a las Unidades
Administrativas Regionales; asimismo, que en los lugares donde no se cuente con esas
dependencias administrativas, fueran ubicadas en la oficina del Ministerio Público de la zona
"...en el entendido que tendrá una dependencia administrativa de esa Oficina y que deberán
brindar el servicio al despacho que lo requiera independientemente del ámbito donde se
encuentre".
               9- Es necesario que la Sección de Estadística defina la
         información que se requiere recolectar y analizar que generan las
         presentaciones en el OIJ, así como las citaciones y notificaciones
         en las ―Oficinas Centralizadas de Comunicación‖, para facilitar
         la toma de futuras decisiones sobre este nuevo modelo. Para lo
         anterior, coordinará con la Sección de Desarrollo
         Organizacional.

               10- Según informó el CEJA, una práctica con resultados
         positivos para reducir la suspensión de debates, es el
         ―Encadenamiento de las Audiencias‖, (concluidas las fases a
         cargo del Juzgado, de inmediato se solicita a la persona ponerse
         a la orden del Tribunal), tema que la Escuela Judicial, puede
         incorporar en sus cursos en materia Penal, buscando que el
         Juzgado Penal y Tribunal de Juicio estén en sintonía; procurando
         que el área de manifestación y trámite del Tribunal Penal,
         procuren suministrar información clara y precisa en relación con
         el día y hora del debate.

               11- Complementariamente, en busca de reducir las
         rebeldías, según planteó el Lic. Solórzano Sánchez, de la
         Defensa Pública, se considera oportuno establecer un plan piloto
         en el Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, a partir
         del cual, la responsabilidad de presentar al imputado y sus
         testigos se traslade totalmente a la Defensa([12]) con total apoyo
         de la ―Oficina de Comunicaciones Judiciales‖.

               Como parte de este plan piloto, las oficinas de
         comunicaciones de ambos circuitos, deberán tener estricta
         comunicación con la Defensa Pública y de ser necesario designar
         personal especializado, por cuanto, el nivel de confianza
         alcanzado entre el/la Defensor(a) y el imputado, hacen presumir
         que el segundo está más dispuesto a atender su llamado, al
         recibido directamente del Tribunal; no obstante, la Sección de
         Estadística deberá establecer si este modelo incide sobre el
         número de rebeldías.

              12- El Departamento de Planificación, deberá analizar las
         incidencias de esta reestructuración, seis meses después de
         haberse implementado.

               13.- De ser acogido este informe, es necesario crear una

[12]
    Esta medida, aplica sólo para casos con Defensor (a) Público y excepcionalmente con
defensores privados, Asimismo, el Defensor queda en la obligación de informar con antelación
su imposibilidad de presentar al imputado, para que el Tribunal declare su rebeldía y ordene la
presentación forzada.
       plaza de Auxiliar de Servicios Generales 3 (Chofer) en la Oficina
       Administrativa del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur,
       toda vez que esta labor se había venido recargando en uno de los
       oficiales de localización, que ahora se requiere trasladar
       siguiendo la reestructuración promovida.

            14.- Además es necesario reiterar la recomendación n°5 del
       informe 009-CE-2008 del 6 de febrero de 2008 elaborado por la
       Sección de Control y Evaluación del Departamento de
       Planificación, conocido por el Consejo Superior en la sesión del
       14 de febrero del 2008, artículo XLV, la cual se transcribe.

            ―5-Paralelamente, resulta necesario que el Departamento de
       Tecnología de la Información desarrolle o contrate la elaboración
       de un sistema informático, capaz de extraer del Sistema
       Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el Expediente
       Criminal Único (ECU) e incluso del registro de proveedores, la
       dirección u otros detalles (fax, teléfonos, etc.) de las personas
       que en algún momento se aproximaron a la institución y
       actualmente son requeridas por una autoridad judicial.‖
                                     -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Citar a las

Comisiones de la Jurisdicción Penal y de Notificaciones, al Director del

Organismo de Investigación Judicial y representantes de la Fiscalía General

de la República, Defensa Pública, Dirección Ejecutiva y Departamento de

Planificación, a una reunión con los Integrantes de este Consejo, a fin de

que realicen una propuesta sobre el presente informe, a cuyos efectos se

señala las 14:00 horas del 5 de marzo del año en curso, en el Salón

Multiuso del tercer piso del Edificio de la Corte Suprema de Justicia.

                            ARTICULO LXXI

     Manifiesta la Integrante Lupita Chaves Cervantes, que en razón de la

resolución dictada por la Sala Constitucional N° 2008-013962 de las 9
horas, 31 minutos del 19 de setiembre del 2008, dentro del recurso de

amparo contra el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, se disponga un aviso

para hacer de conocimiento de los jueces del país, que tramitan materia

laboral los alcances de dicha resolución, en razón del interés institucional

de evitar el retraso judicial que ocasionan otras instancias jurisdiccionales.

      Se acordó: 1) Acoger la propuesta de la licenciada Lupita Chaves

Cervantes y disponer la publicación del siguiente aviso a los jueces del

país, con el fin de que tomen las medidas que correspondan para evitar el

retraso judicial.

                                     “AVISO No. -09

      Asunto: Alcances de la resolución Nº 2008-013962, dictada por la
       Sala Constitucional a las 9:31 horas del 19 de septiembre del
       2008.

         A LOS JUECES DEL PAÍS QUE TRAMITAN MATERIA
                           LABORAL

                        SE LES HACE SABER QUE:

              El Consejo Superior en sesión Nº 13-09, celebrada el 17 de
        febrero del 2009, artículo LXXI, dispuso comunicar a los jueces
        del país que tramitan materia laboral, los alcances de la
        resolución Nº 2008-013962, dictada por la Sala Constitucional a
        las 9:31 horas del 19 de septiembre del 2008, que es recurso de
        amparo contra el Juzgado de Trabajo de Puntarenas. Dicha
        resolución en sus considerandos y parte dispositiva, señala
        literalmente:

              ―(…) I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alegó
        que desde hace cuatro años se tramita, ante el Juzgado de
        Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas, el proceso por riesgo
        laboral No. 04-000630-418-LA-2, contra el Instituto Nacional de
        Seguros. Aseguró que, para el 18 de junio de 2008, fecha de
        interposición del recurso de amparo, no se había dictado
        sentencia, dado que la parte demandada no ha aportado una
certificación reiteradamente solicitada por la autoridad
jurisdiccional, por lo que estima lesionado su derecho a una
justicia pronta y cumplida, tutelado por el artículo 41 de la
Constitución Política.

      II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el
presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los
siguientes: 1) El 23 de noviembre de 2004, Ulises Arroyo Muñoz
presentó, ante el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de
Puntarenas, una demanda por riesgo laboral contra el Instituto
Nacional de Seguros (ver informe a folio 13). 2) El 5 de julio de
2005, una vez efectuado el traslado de la demanda y conferidas
las audiencias respectivas, el Juzgado de Trabajo de Mayor
Cuantía de Puntarenas admitió, para ante el Consejo Médico
Forense, un recurso de apelación, interpuesto por el amparado,
en contra del dictamen rendido por la Sección de Medicina del
Trabajo (visible a folio 16 y ver informe a folio 13). 3) El 15 de
agosto de 2006, el Consejo Médico Forense rindió el dictamen
pertinente (ver informe a folio 13). 4) El 11 de setiembre de
2006, el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas
otorgó audiencia a las partes, por el término de tres días, para
que se refirieran al dictamen rendido por el Consejo Médico
Forense, asimismo le solicitó al Instituto Nacional de Seguros,
que presentara certificación de los días de incapacidad temporal
otorgados al recurrente por el accidente que originó la demanda
(visible a folio 17). 5) El 20 de marzo de 2007, se remitió
recordatorio al Instituto Nacional de Seguros (visible a folio
18). 6) El 22 de junio de 2007, el Juzgado de Trabajo de Mayor
Cuantía de Puntarenas requirió al Consejo Médico Forense de
Heredia que ampliara el dictamen Médico presentado el 15 de
agosto de 2006, en el sentido que se consignaran los días de
incapacidad temporal otorgados al actor (visible a folio 19).7)
El 31 de enero de 2008, el Juzgado recurrido emitió un nuevo
recordatorio, para que las autoridades del Instituto Nacional de
Seguros, certificaran el número de días otorgados por concepto
de incapacidad temporal (visible a folio 59). 8) El 6 de mayo de
2008, el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas
volvió a remitir un recordatorio a las autoridades del Instituto
Nacional de Seguros, para que cumpliera con lo solicitado
(visible a folio 21). 9) El 5 de junio de 2008, el Instituto
Nacional de Seguros presentó la certificación solicitada (visible
a folio 22 y ver informe a folio 14). 10) A las 8:40 hrs. del 27 de
junio de 2008, se notificó a la autoridad recurrida, el auto
inicial de este proceso de amparo (visible a folio 29). 11) A las
13:05 hrs. del 27 de junio de 2008, el Juzgado de Trabajo y de
Mayor Cuantía de Puntarenas confirió audiencia a las partes
para que se refirieran a la certificación presentada (visible a
folio 23).

      III.- SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA
PRONTA Y CUMPLIDA. El artículo 41 de la Constitución
Política estipula: "Ocurriendo a las leyes, todos han de
encontrar reparación para las injurias o daños que hayan
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en
estricta conformidad con las leyes". En igual sentido, el artículo
8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita
en San José el 22 de noviembre de 1969 indica: "Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la substanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter". De lo anterior se colige que la Administración de
Justicia está obligada a resolver en un plazo razonable los
asuntos que le son planteados. El artículo 41 de la Constitución
Política –antes transcrito-, no ha constitucionalizado un derecho
a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que
su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable, lo que ha de
ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la
complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las
autoridades, así como las particularidades de cada tipo de
proceso.

      IV.- CASO CONCRETO. En este asunto está plenamente
demostrado que, el 23 de noviembre de 2004, Ulises Arroyo
Muñoz presentó, ante el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía
de Puntarenas, una demanda por riesgo laboral, a la cual se le
asignó el número de expediente 04-000630-418-LA-2. La Jueza
Coordinara del Despacho justificó el retraso para dictar
sentencia, en el hecho que el Consejo Médico Forense tardó más
de un año para resolver el recurso de apelación que el
amparado presentó contra el dictamen rendido por la Sección de
Medicina del Trabajo, y en la renuencia de las autoridades del
Instituto Nacional de Seguros para aportar una certificación del
número de días otorgados por concepto de incapacidad
temporal. Al respecto, este Tribunal considera pertinente
resaltar varios puntos. En primer lugar, si bien cierto el recurso
de apelación fue admitido desde el 5 de julio de 2005 y el
Consejo Médico Forense rindió su dictamen hasta el 15 de
agosto de 2006, esto ocurrió 1 año, 10 meses y 17 días antes que
se rindiera el informe ordenado por esta Sala. De otra parte, tal
y como lo afirma la autoridad recurrida, por 1 año, 8 meses y
25 días, el Instituto Nacional de Seguros se mostró reticente a
presentar la prueba solicitada mediante la resolución del 11 de
setiembre de 2006, no obstante, le es exigible a la Jueza
encargada, por su posición dentro del proceso, las atribuciones
y responsabilidades que implica su investidura, una actitud más
diligente. Resulta obvio que ante el incumplimiento de una orden
judicial, es responsabilidad del juez imponer su autoridad y, con
los instrumentos que el ordenamiento jurídico brinda, forzar el
cumplimiento de sus directrices. Así, por ejemplo, en el presente
caso, ante la inercia de las autoridades del Instituto Nacional de
Seguros, entre las medidas que procedían era el testimonio de
piezas ante el Ministerio Público para la investigación del delito
de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la Jueza se limitó
a enviar recordatorios, el primero hasta el 20 de marzo de 2007,
6 meses y 9 días después de haber emitido la orden, el 31 de
enero de 2008, luego de 10 meses y 11 días desde que se envió el
primer recordatorio, y el 6 de mayo de 2008, 3 meses y 4 días ,
después. Así, no es admisible que la autoridad recurrida, en el
presente asunto busque librarse de responsabilidad escudándose
en el actuar del Instituto, cuando, como se explicó, le es exigible
una conducta muchísimo más acuciosa como impulsor del
proceso. Además es importante tomar en cuenta que el Juzgado
de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas emitió la
resolución mediante la cual puso en conocimiento de las partes
la certificación aportada, el propio día en el cual se notificó el
auto inicial de este proceso de amparo. Entre el 23 noviembre de
2004 y el 2 de julio de 2007, fecha para en la cual la Jueza
coordinadora del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de
Puntarenas rindió su informe sin que se hubiera dictado la
sentencia, se evidencia un lapso de 3 años, 7 meses y 9 días,
término que, desde todo punto de vista, resulta irrazonable,
sobre todo si se toma en cuenta la naturaleza laboral del
proceso, al cual, por los intereses en juego, el legislador,
respondiendo al mandato contenido en el Título V de la
Constitución Política, decidió dotar de mecanismos flexibles,
con el propósito de solventar las controversias suscitadas en ese
ámbito, y conseguir con ello, el mantenimiento de la paz social.
Por último, es importante destacar que la Jueza Coordinadora
del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas,
también excusó el atraso en resolver, en el alto circulante del
despacho, así como, en la escasez de recursos. En la tramitación
de los procesos, las autoridades judiciales pueden enfrentarse a
problemas de índole coyuntural, o también, crónicos o
estructurales. Los problemas coyunturales se presentan cuando,
       por circunstancias ajenas al control de los Jueces, la cantidad
       de procesos que manejan las oficinas se eleva de forma
       inusitada. Para la solución de problemas de este tipo, se toman
       medidas transitorias, con el fin de poder hacer frente a las
       vicisitudes. Paralelamente, ciertos problemas en la
       administración de justicia se vuelven crónicos; ante estos, las
       medidas que se deben tomar son más profundas y exigen, una
       reacción rápida, para que, con el avance del tiempo, la situación
       de los usuarios del servicio público de administración de justicia
       no se agrave, de manera progresiva. El caso de la jurisdicción
       laboral es particular en nuestro país, pues, desde larga data se
       han reconocido los serios problemas estructurales que sufre, no
       obstante, las autoridades competentes no han tomado las
       disposiciones necesarias, para solucionarlos definitivamente.
       Así las cosas, a partir de la argumentación esbozada, este
       Tribunal Constitucional no considera que la justificación
       ofrecida por la Jueza recurrida sea atendible, razón por la cual,
       se concluye que la dilación es indebida, por lo que el recurso
       debe declararse con lugar.

            V.- En cuanto al proceder del Instituto Nacional de
       Seguros, esta Sala omite pronunciamiento por cuanto la
       evaluación de su actuar y las consecuencias que puede aparejar,
       son cuestiones que compete valorar al Juzgado de Trabajo de
       Mayor Cuantía de Puntarenas, a la hora de determinar la
       condenatoria.

             VI.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto se impone
       declarar con lugar el recurso, por lesión del derecho a una
       justicia pronta y cumplida, tutelado por el artículo 41 de la
       Constitución Política.
                                 POR TANTO:
             Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al
       pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos
       que sirvieron de base a la presente declaratoria, los que se
       liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
       administrativo. Notifíquese esta sentencia, a Luis Paulino Mora
       Mora, en su condición de Presidente de la Corte Suprema de
       Justicia, y Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial.‖

       San José, 23 de febrero de 2009.”

    2) Hacer el acuerdo anterior de conocimiento de la Comisión de la

Jurisdicción Laboral y del Colegio de Abogados.
DIRECCIÓN EJECUTIVA

                            ARTÍCULO LXXII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°

1039-DE-2009 de 5 de febrero en curso, remitió nota N° 314-TI-2009 de 3

de este mes, suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del

Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

             ―Para su conocimiento y fines consiguientes, nos
       permitimos presentar el informe de las inversiones realizadas,
       con fecha de corte al 31 de diciembre del 2008, de las siguientes
       dependencias administrativas:

                       Dependencia Administrativa
                Fondo de Emergencia
                Contaduría Judicial
                Ingresos sobre Cuentas Corrientes Judiciales

             Al respecto, en el Anexo adjunto se presenta el detalle por
       Dependencia Administrativa, de las inversiones efectuadas y el
       rendimiento obtenido en el mes de diciembre del 2008. Como
       puede observarse, la mayor parte de los recursos monetarios se
       mantienen invertidos en Cuentas Platino y a corto plazo, dado
       que pueden ser requeridos en cualquier momento, conforme a las
       necesidades institucionales.

              A continuación se comentan algunos aspectos relevantes
       de las inversiones ejecutadas en cada una de las Dependencias
       Administrativas antes mencionadas:

             1. Fondo de Emergencia:

             Su origen se fundamenta en el artículo 250, de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, el cual en lo conducente reza:
       “Este fondo será utilizado para satisfacer necesidades
       urgentes o imprevistas, originadas en fenómenos naturales,
       conmoción interna o calamidad pública, que afecten la
       administración de justicia sus instancias y servicio, y
       declaración del estado de necesidad del Poder Ejecutivo” (el
       enmarcado no pertenece al documento original).
      Estos recursos monetarios se tienen en Títulos de
Propiedad y Bonos de Estabilización Monetaria de Interés Fijo
en Colones, e Inversiones a corto plazo, que se encuentran
custodiadas en el ―Fideicomiso de Administración e Inversión
Corte Suprema de Justicia – Banco Nacional de Costa Rica,
Sucursal Avenida 10 Este‖, cuyo monto total asciende a
¢1.774.200.000.00. Estas inversiones en el mes de diciembre del
2008, generaron un interés por la suma de ¢18.504.187.22 (ver
Anexo, punto 1).

      2. Contaduría Judicial

       Su finalidad es el manejo de todos aquellos dineros cuyo
origen no es presupuestario. Aunado a lo anterior, esta Cuenta
Corriente es utilizada entre otras cosas, para el depósito de
sobrantes de recursos económicos de caja chica, pólizas de
fidelidad, intereses de las cuentas de caja y sub-caja chica, cobro
administrativo, comisión de reciclaje, garantías de participación
y cumplimento, recursos económicos por incapacidades de Caja
Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) e Instituto Nacional
de Seguros (INS).

      La Cuenta Platino No.229-49-3 en este mes de diciembre
del 2008, no cuenta con saldo alguno, por lo tanto tampoco
genera ningún interés, (ver Anexo, punto 2), y en la Cuenta
Corriente Judicial Nº 20192-8 existe el monto de
¢146.007.744.80.

      Por otra parte, cabe indicar que al 31 de diciembre del
2008, existen inversiones a Corto Plazo en Certificados de
Depósito a Plazo de Bancos Estatales, por el monto de
¢1.324.456.478.43, las cuales generaron intereses por
¢12.934.671.99 al finalizar el mes de comentario.

      3. Cuenta de Ingresos sobre Cuentas Corrientes
Judiciales

       En esta Dependencia Administrativa se mantiene la
Cuenta Corriente No. 217979-2, con el Banco de Costa Rica,
Entidad que acredita mensualmente, los intereses ganados por
los saldos de las Cuentas Corrientes Judiciales (dólares y
colones) y del sistema de Depósitos Judiciales. Su apertura se
realizó mediante oficio 117-CC-2000 del 22 de marzo de 2000.
El saldo en el Libro Auxiliar de Bancos, a la fecha de este
informe alcanza la suma de ¢9.208.601.428.73, el cual incluye
los intereses pagados de ejercicios anteriores, por el Banco de
cita.

       Por otra parte, también se colocaron recursos económicos
en Títulos Unidades de Desarrollo (TUDES), del Ministerio de
Hacienda, por un monto de ¢7,000,000,000.00, mismos que por
característica propia del cálculo de rendimientos no devengan
intereses mensuales, empero si en Unidades de Desarrollo, las
cuales se generan diariamente acumulándose al valor transado
del título valor, por lo que a la fecha tiene un valor de
¢13.544.563.116.16.

       Es importante mencionar, que mediante Addendum al
Convenio para la Operación del Sistema Automatizado de
Depósitos Judiciales en el Banco de Costa Rica, suscrito entre el
Poder Judicial y el Banco de Costa Rica No. 33-CG-98, por un
monto de ¢6,000,000,000.00, el cual comenzó a regir a partir del
01 de octubre de 2004, y una tasa de interés del 8%, sobre saldos
diarios de la Cuenta Platino Nº 229-39-6. Lo anterior, fue
aprobado mediante Acuerdo del Consejo Superior, celebrado en
Sesión Nº 65, del 31/08/2004, artículo No. LXXXI.

       No obstante, a partir del 12 de setiembre del 2007 se
modificó la Cláusula Segunda de dicho Convenio, fijando la tasa
de interés en un 5%, el cual es firmado el 11 de setiembre de ese
mismo año.

        Consecuentemente, a partir del 16/04/2008, nuevamente
se modificó los términos del Convenio, siendo que ese Banco
pagará durante todo el plazo una tasa de interés igual a la tasa
básica pasiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), menos
2.25%, con un piso de un 4% y un techo del 19%. Es importante
citar, que lo expuesto fue aprobado por el Consejo Superior en la
Sesión Nº27-08, del 15/04/2008 Artículo LXIV.

       Cabe mencionar, que a la fecha del informe los dineros
del supracitado Convenio se mantienen conforme a la
distribución que se presenta en el Anexo punto 3, en la Cuenta
Platino No. 229-39-6, la cual refleja la cuantía de
¢6,000.000.000.00, correspondiendo al rubro por intereses
ganados la suma de ¢26.301.369.60.

       Por otra parte, en la Cuenta Corriente Nº 1657-2,
denominada Poder Judicial Intereses Judiciales, en el Banco
Nacional de Costa Rica, correspondiente al Convenio
Institucional de Servicios entre el Poder Judicial y el Banco
Nacional de Costa Rica, firmando el 19 de mayo del 2005, por la
       cuantía de ¢2.500.000.00, dentro del cual se fijó una tasa de
       interés igual a la tasa básica pasiva del BCCR más o menos 10
       puntos con un piso de un 8% y un techo del 19%.

             Posteriormente, bajo Addendum a este Convenio, de
       fecha 28 de setiembre del 2007, el monto se incrementó a
       ¢5.500.000.00, a una tasa de interés igual a la tasa básica pasiva
       del BCCR, menos 2.25%, con un piso de un 5% y un máximo de
       un 19%.

              Aunado a lo expuesto, mediante Addendum al citado
       Convenio, de fecha 17 de abril del 2008, se incrementó su monto
       a ¢10.500.000.00, a una tasa de interés igual a la tasa básica
       pasiva del BCCR, menos 2.25%, con un piso de un 4% y un
       máximo de un 19%, el cual fue aprobado mediante Acuerdo del
       Consejo Superior, en Sesión No. 28-08, del 17 de abril del 2008,
       artículo LV.

              Cabe mencionar, que a la fecha de este Informe el saldo
       que presenta este Convenio es de ¢11.076.860.689.72,
       generándose intereses durante el mes de ¢86.336.193.00, el cual
       incluye una diferencia de intereses ganados de meses anteriores,
       pendiente de cancelar. (ver Anexo punto 3).

             Por consiguiente, el monto total que se mantiene en esa
       Dependencia Administrativa, producto de los intereses sobre
       Cuentas Corrientes Judiciales, alcanza la suma de
       ¢39.830.025.234.61, tal como se observa en el Anexo antes
       mencionado.‖
                                     -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de

conocimiento de la Auditoría Judicial. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO LXXIII

      La máster Rebeca García Pandolfi, Jefa de la Sección de Trámite de

Cobro Administrativo, con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones

León, Director Ejecutivo, en oficio N° 1113-DE/CA-09 de 9 de febrero en

curso, indicó lo siguiente:
       ―En fecha 6 de noviembre de 2008, fue recibido en esta
Dirección reclamo económico interpuesto por la Sra. Flor Iveth
Rojas Aguilar, cédula de identidad No. 2-332-697, con motivo de
los daños ocasionados al vehículo de su propiedad placa N°
743921, ocurrido durante el tiempo que estuvo bajo custodia del
Poder Judicial. En virtud de lo anterior debe considerarse lo
siguiente:

        1. Que mediante escrito fechado 6 de noviembre de 2008 la
Sra. Flor Iveth Rojas Aguilar, cédula de identidad No. 2-332-697,
presenta formal reclamo económico por los daños ocasionados al
vehículo de su propiedad placa No. 743921, Mazda Protege,
modelo 2002, color negro, que se encontraba bajo custodia en el
Depósito de Vehículos en San Pablo de Heredia. Manifiesta la
reclamante que en fecha 17 de octubre de 2008 fue víctima de un
bajonazo y que su vehículo fue posteriormente encontrado en la
cercanías de un lugar donde se cometió un robo a mano armada,
razón por la cual debió ser decomisado por los oficiales del
Organismo de Investigación Judicial para tomar las huellas
digitales y realizar la investigación de rigor. Indica que por
retrasos de la Fiscalía de Goicoechea pudo recuperar su vehículo
hasta el día 3 de noviembre de 2008, y al momento del retiro del
Depósito de Vehículos fue informada por el encargado de dicho
plantel que el vehículo había sido golpeado por un camión que era
maniobrado por un empleado del Organismo de Investigación
Judicial dentro de las instalaciones del plantel. Manifiesta que
según pudo corroborar su vehículo presenta un golpe en el lateral
izquierdo, que le perforó la lata y rayó el vidrio, además de destruir
el empaque y división del vidrio de la puerta trasera izquierda.

       Señala en su escrito que retiró el vehículo del Depósito en
el entendido de que el Poder Judicial se haría responsable de cubrir
los costos de reparación de los daños ocasionados y dado que lo
requiere para trasladarse continuamente al hospital por problemas
de salud, solicita se le resuelva prontamente su gestión. Adjunta
su reclamo copia del reporte de salida del vehículo, donde consta
que no tenía ningún daño al momento de su ingreso al Depósito,
fotocopia de fotografías del vehículo que muestran sus daños,
copia del certificado de propiedad del vehículo, de su cédula de
identidad, de la tarjeta de circulación y factura pro forma del costo
de reparación del bien, extendida por el Taller de Enderezado y
Pintura Vargas Matamoros por un costo total de trescientos
ochenta y ocho mil novecientos diez colones con cuarenta y tres
céntimos (¢388.910,43) –folios 1 al 8-.

       2.- En atención al reclamo interpuesto, mediante auto de
apertura No. 4017-08 de las nueve horas diez minutos del primero
de diciembre de dos mil ocho, esta Dirección, ordena iniciar las
diligencias correspondientes con el fin de realizar las
averiguaciones pertinentes necesarias para determinar la eventual
responsabilidad pecuniaria de orden solidario que pudiera
corresponder al Poder Judicial sobre los hechos descritos. En el
mismo acto se solicita al Departamento de Proveeduría realizar
una valoración sobre el costo de reparación de los daños
ocasionados al vehículo de interés de conformidad con los costos
por mano de obra y repuestos presentados por la reclamante (folio
22).

       3.- Que por copia de oficio No. 785-DVD-2008 del 4 de
noviembre de 2008 suscrito por el Lic. Jorge William Calvo
Madrigal, Encargado del Depósito de Vehículos, se hace del
conocimiento de esta Dirección el informe suscrito por el Sr.
Alfredo Sánchez Segura, Auxiliar de Servicios Generales III, en el
cual informa sobre los daños ocasionados al vehículo particular
placa 743921, al momento de movilizar el camión placa CL-
126902 para ser entregado. Se indica en dicho oficio que al
momento de trasladar el camión, al dar la vuelta en la calle
estrecha debido a la gran cantidad de vehículos estacionados a
cada lado, con la parte trasera de este, impacta involuntaria y
accidentalmente, el paral trasero izquierdo del vehículo Mazda,
produciéndole daños considerables. Señala además que
actualmente el Depósito se encuentra totalmente lleno, todas las
calles se encuentran con vehículos y en algunos casos a ambos
lados, lo que dificulta y limita el paso de estos por la zona,
haciendo que el tránsito pueda resultar muy peligroso; además, de
que han ingresado últimamente vehículos de más de dos toneladas.

        Por último, se indica en el oficio que el vehículo fue
entregado a su propietaria el día 3 de noviembre, previa
explicación de lo sucedido y del trámite administrativo
correspondiente para ser indemnizada por los daños ocasionados.
Señala además el Lic. Calvo Madrigal, que esa jefatura no duda de
la experiencia, responsabilidad y pericia del servidor Sánchez
Segura, quien considera no actuó con negligencia. Adjunta a su
informe copia del expediente correspondiente y algunas
fotografías tomadas minutos después de ocurrido el percance
(folios 9 al 21).

       4.- Que por oficio de esta Dirección No. 9228-DE/CA-08
del 1° de diciembre, se solicitó al Departamento de Proveeduría
rendir un informe por parte del perito oficial sobre la estimación de
los daños y su costo de reparación, conforme a las diligencias que
constan en el expediente, informe rendido por el Sr. Giovanni
Calderón Mora, Perito de la Proveeduría y remitido a esta
Dirección por oficio No. 11553-DP/39-2008 del 16 de diciembre
de 2008, suscrito por la Licda. Ana I. Olivares Leitón, Jefa a.í.
Proceso de Adquisiciones. En dicho informe señala el Señor
Perito:

       (…) La estimación de daños adjunta incluye el tiempo
correspondiente para reparación del costado trasero izquierdo,
los forros interiores, el desmontaje y montaje de todas las piezas
aledañas a la reparación y necesarias para realizar la reparación
del costado.

       Es necesario indicar que al momento de realizar esta
estimación de daños el vehículo se presenta reparado, se le instaló
nuevo el vidrio de la puerta trasera izquierda así como el vidrio de
aleta de esa misma puerta, se le instaló también el riel vertical del
vidrio trasero izquierda, la moldura del vidrio de aleta de la
puerta trasera izquierda.

       En virtud de lo anterior el costo por mano de obra de
acuerdo a la estimación de daños realizada en base a la
documentación aportada y con las tarifas que para este efecto
cuenta esta Proveeduría, asciende a la suma de ¢426.080,00 S.I.V.
(cuatrocientos veinte seis mil ochenta colones). Este monto no
incluye el valor de los repuestos mismo que según la copia de la
factura número 0149660 de AESA (Auto Ensambladora) ascendió
a la suma de ¢75.270,00 (setenta y cinco mil doscientos setenta
colones).‖ (folio 28 al 33).

        5.- Que por escrito de fecha 2 de febrero del año en curso,
la Sra. Flor Iveth Rojas Aguilar, presenta ante esta Dirección
documentos correspondientes a la liquidación de gastos que
realizara el Instituto Nacional de Seguros en aplicación de la póliza
que cubre a su vehículo, documentos solicitados por esta
Dirección, en virtud de en fecha 28 de enero del año en curso se
comunica con la suscrita y manifiesta que ha utilizado la póliza de
su vehículo para reparar los daños y que es su interés ser
indemnizada únicamente por el deducible pagado a la entidad
aseguradora, el cual asciende a la suma de ciento un mil
cuatrocientos ochenta y cinco colones exactos (¢101.485,00) –
folios 50 y s.s.-.

       6.- En conclusión, de conformidad con lo expuesto y los
numerales 190 y 191 de la Ley General de la Administración
Pública, sobre la responsabilidad que compete a la Administración
       por su funcionamiento, al demostrarse en autos que efectivamente
       fue dañado el vehículo de la interesada mientras se encontraba bajo
       custodia oficial en el Depósito de Vehículos Decomisados, resulta
       procedente el reclamo interpuesto por la Sra. Flor Iveth Rojas
       Aguilar, toda vez que el vehículo se encontraba en buen estado al
       momento de ingresar en depósito judicial y es bajo esa custodia
       que se suscitan los daños. Siendo igualmente que la indemnización
       ha sido solicitada por la legítima propietaria del vehículo, y que
       esta ha advertido a la Administración de la modificación de su
       pretensión inicial puesto que ha cubierto la reparación de los daños
       con su póliza de seguros, la suscrita recomienda que debe
       reconocérsele como valor económico el deducible cobrado por el
       Instituto Nacional de Seguros, que fuera cancelado por la
       reclamante, el cual asciende a la suma de ciento un mil
       cuatrocientos ochenta y cinco colones exactos (¢101.485,00).‖
                                      -0-

     De conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 de la Ley

General de la Administración Pública y por las razones expuestas por la

licenciada Rebeca García Pandolfi, Jefa de la Sección de Trámite de Cobro

Administrativo de la Dirección Ejecutiva, se dispuso: Acoger el reclamo

interpuesto por la señora Flor Iveth Rojas Aguilar, en consecuencia,

reconocer como indemnización por el daño causado, la suma de

¢101.485,00 (ciento un mil cuatrocientos ochenta y cinco colones exactos),

correspondiente al deducible por el costo de reparación del vehículo de su

propiedad.

     El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO LXXIV

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°

231-DE/AL-2009 de 6 de febrero en curso, a solicitud de la máster María
Gamboa Aguilar, Jefa de Verificación y Ejecución Contractual del

Departamento de Proveeduría, remitió el proyecto de ―Addendum al

Contrato de Servicios de Mantenimiento y Calibración de Equipo de

Medición, Nº 113-CG-06‖, a suscribir entre el Poder Judicial y la empresa

―SCM Metrología y Laboratorios Sociedad Anónima.‖

      Se acordó: Aprobar el addendum al contrato N° 113-CG-06.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO LXXV

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N°

250-DE/AL-2009 de 11 de febrero en curso, manifestó lo siguiente:

             ―… 1.) Mediante oficio N° 85-BCR-2009 de 21 de enero
       del año en curso, suscrito por el licenciado Álvaro Vindas Garita,
       Gerente de Zona, y la licenciada Hazel Chaves Arias, Ejecutiva
       Comercial, ambos de la División Comercial San José Centro del
       Banco de Costa Rica, solicitó modificar el último addendum al
       "Convenio entre el Banco de Costa Rica y la Corte Suprema de
       Justicia para la Operación del Sistema Automatizado de
       Depósitos Judiciales", el cual fue suscrito entre el BCR y el
       Poder Judicial el 16 de abril de 2008, a efecto de modificar la
       tasa de interés que se paga en la cuenta platino y las cuentas
       corrientes judiciales; además, propuso realizar una inversión por
       medio de un Depósito a Plazo por ¢4.000.000.000,00 (cuatro mil
       millones de colones), a seis meses.

            2.) Por oficio N° 595-DE-2009 de 22 de enero en curso,
       esta Dirección solicitó al Departamento Financiero Contable
       emitiera criterio sobre lo indicado en el oficio N° 85-BCR-2009
       del Banco de Costa Rica.

            3.) Mediante oficio N° 41-FC-2009 de 28 de enero de este
       año, suscrito por el master Walter Jiménez Sorio, Jefe del
       Departamento Financiero Contable, manifestó que "(...) se
       considera razonable lo planteado por el Banco de Costa Rica en
       el oficio precitado, respecto de la tasa por reconocer sobre la
       cuenta platino y las cuentas corrientes judiciales. De igual
       manera, la propuesta de realizar una inversión por la suma de
       cuatro mil millones de colones nos parece conveniente, empero,
       consideramos que debería ser bajo las mismas condiciones
       establecidas con el Banco Nacional de Costa Rica (...)".

             4.) Por correo electrónico de 5 de febrero del año en curso,
       se le solicitó al master Walter Jiménez Sorio, Jefe del
       Departamento Financiero Contable, revisara el borrador del
       "Addendum al Convenio entre el Banco de Costa Rica y la Corte
       Suprema de Justicia para la Operación del Sistema
       Automatizado de Depósitos Judiciales", a lo cual dio respuesta el
       mismo día, e indicó que no tenía observaciones. Así mismo, se
       hizo del conocimiento de la licenciada Hazel Chaves Arias,
       Ejecutiva Comercial del Banco de Costa Rica, el addendum de
       cita.

             En virtud de lo anteriormente expuesto, adjunto remito el
       "Addendum al Convenio entre el Banco de Costa Rica y la Corte
       Suprema de Justicia para la Operación del Sistema
       Automatizado de Depósitos Judiciales", para su aprobación por
       parte del Consejo Superior.‖
                                     -0-

      Se acordó: Aprobar el addendum al ―Convenio entre el Banco de

Costa Rica y la Corte Suprema de Justicia para la Operación del Sistema

Automatizado de Depósitos Judiciales‖.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO LXXVI

      En sesión N° 72-08 celebrada el 25 de setiembre de 2008, artículo V,

se acordó adjudicar la licitación pública N° 2008LN-000027-PROV a la

sociedad ODEMARIS S.A., cédula jurídica Nº 3-007-021405, representada

por la señora María de los Ángeles Pozuelo Freer, en su condición de
presidenta, cédula de identidad N° 1-0244-0897, para alojar las Oficinas del

Ministerio Público del I Circuito Judicial de San José, por un plazo de tres

años. La propietaria realizaría las mejoras indicadas en el citado acuerdo.

      La licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón, Jefa de la Sección

Asesoría Legal, con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León,

Director Ejecutivo, en oficio N° 205-DE/AL-2009 de 4 de febrero en curso,

en lo conducente expuso:

              ―1.) En sesión N° 72-08 celebrada el 25 de setiembre de
       2008, artículo V, el Consejo Superior dispuso adjudicar la
       Licitación Pública N° 2008LN-000027-PROV, a la sociedad
       ODEMARIS S.A. cédula jurídica N° 3-007-021405.
              2.) Mediante el ―Contrato de Arrendamiento para alojar
       las Oficinas del Ministerio Público del I Circuito Judicial de San
       José, N° 15-02-08‖, se formalizó la citada licitación, y este fue
       refrendado por la Contraloría General de la República el 28 de
       enero de este año.
              3.) Por oficio FGR-067--2009 de 20 de enero del año en
       curso, suscrito por el doctor Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal
       General de la República, solicitó autorización para que en lugar
       de ubicar a las Oficinas del Ministerio Público del I Circuito
       Judicial de San José, se ubique el (…).
               4.) La cláusula segunda del contrato supracitado reza:
       ―(...) El Poder Judicial toma en arriendo los locales, con el
       propósito de alojar las Oficinas del Ministerio Público del I
       Circuito Judicial de San José, sin perjuicio que posteriormente
       pueda instalar allí otras dependencias (...)‖
              En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Asesoría
       considera que desde el punto de vista legal, es posible ubicar en
       el inmueble arrendado a la empresa Odemaris S.A., el (…), en
       virtud de que se trata de una dependencia del Ministerio Público
       y así quedó pactado en la cláusula segunda del contrato
       referido.‖
                                      -0-
      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1)
Autorizar la ubicación del cualquier dependencia del Ministerio Público en

el referido local de conformidad con la cláusula segunda del contrato de

arrendamiento N° 15-02-08. 2) La Administración tomará nota de lo

anterior, por cuanto las remodelaciones al local deben hacerse para los

fines ahora señalados. 3) Hacer este acuerdo de conocimiento de la señora

María de los Ángeles Pozuelo Freer, Apoderada Generalísima de la

sociedad ODEMARIS S.A.

      La Fiscalía General de la República, la Dirección Ejecutiva, el

Departamento de Proveeduría y la Administración del Primer Circuito

Judicial de San José, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                       -o0o-

A las 16:29 horas terminó la sesión.

				
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