Guía de recursos sobre medio ambiente
Autores corporativos: Ecologistas en Acción Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África Autores personales: Kucharz, Tom
1. Presentación Las empresas de reducidas dimensiones tienen problemas para abordar todos aquellos aspectos de la gestión que requieren conocimientos especializados y asesoría. Dificultades para abordar una planificación estratégica, para contar con asesorías fiscales y jurídicas y, de igual forma, para abordar una gestión ambiental. Esta problemática se agrava cuando las empresas están compuestas por personas que provienen de colectivos con dificultades especiales de inserción. En el caso de las empresas formadas por inmigrantes hay unos condicionantes impuestos a todos los instrumentos de formación y gestión empresarial que, en general provienen de las limitaciones de los procesos de integración social y cultural. En este caso los programas formativos se enfrentan a dificultades que se multiplican por la ausencia, frecuente, de una experiencia específica que permita enfrentar las necesidades también específicas de estos colectivos. En consecuencia, la propuesta que se desarrolla a continuación se construye sobre las dos ideas principales que se desprenden de los párrafos anteriores:
Que las empresas pequeñas, por problemas de economía de escala, requieren de un fuerte apoyo para ser capaces de implementar sistemas de gestión ambiental con un mínimo de contenido efectivo. El observatorio debe ser, en consecuencia un elemento activo de apoyo. Que los instrumentos que se utilicen para abordar la problemática ambiental en empresas orientadas a colectivos con dificultades especiales de inserción deben ser sensibles a su problemática específica y, en consecuencia, flexibles para poder operar y obtener resultados. Por ello es fundamental integrar en la metodología de trabajo actividades orientadas a recoger e incorporar estas necesidades específicas. Debe servir como guía para obtener recursos, contactos y material bibliográfico sirviendo de puerta de entrada para aquellos usuarios que deseen profundizar en el conocimiento de los aspectos abordados y para emplear una gestión ambiental en su entorno laboral.
2. Los problemas ambientales y sus causas. Los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no se tiene en cuenta una perspectiva global, ya que surgen como consecuencia de múltiples factores que interactúan. Nuestro modelo de vida supone un gasto de recursos naturales y energéticos cada vez más creciente e insostenible. Las formas industriales de producción y consumo masivos que lo hacen posible suponen a medio plazo la destrucción del planeta. Algunos efectos de la crisis ecológica ya están claramente perceptibles: aumento de las temperaturas, agujero en la capa de ozono, desertificación, acumulación de residuos radiactivos, extensión de enfermedades como el cáncer o la malaria, insalubridad del agua dulce, inseguridad alimentaría, agotamiento de los recursos renovables y no renovables, etc. El despilfarro de unas sociedades repercute directamente en la pobreza de otras y contribuye al deterioro ambiental general. Es sabido que con sólo el 23% de la población mundial, los países industrializados consumen el 80% de la producción mundial de energía comercial, el 79% del acero, el 85% del papel y el 86% de los metales no ferrosos. Las empresas transnacionales promueven un desmesurado crecimiento del transporte de mercancías a grandes distancias -causando enormes emisiones de CO2, la construcción de infraestructura de transporte y una mayor dependencia de la extracción de recursos petrolíferos. El aumento generalizado de las demandas de transporte es preciso satisfacerla con grandes infraestructuras que permitan un funcionamiento fluido de la economía mundial y, al mismo tiempo, incentiva los procesos de urbanización y extensión de la movilidad motorizada. En paralelo con el intenso crecimiento de población, se aceleran los procesos de concentración urbana, particularmente en los países del Sur donde el 90% del crecimiento poblacional tendrá un carácter urbano. La población urbana mundial pasará de 2.000 millones en 1985 a 5.100 millones en el 2025. Hay que tener en cuenta que los límites de los recursos naturales (petróleo, madera, minerales, biodiversidad, etc.) indican que el actual modo de vida es insostenible. El consumo en constante expansión somete a tensión al medio ambiente, con emisiones y derroches que contaminan la tierra y destruyen los ecosistemas. Se produce un agotamiento y la degradación en aumento de los recursos: la quema de combustibles fósiles se ha casi quintuplicado desde 1950; el consumo de agua dulce se ha casi duplicado desde 1960; la captura marina se ha cuadruplicado; el consumo de madera es ahora 40% superior a lo que era hace 25 años. Entre 1960 y 1998 mientras la población mundial se ha duplicado, las emisiones de CO2 por tres, el consumo de fertilizantes por cinco y la producción de energía por seis. Además, este nivel de consumo no repercute sólo en la naturaleza, sino también en la mayor parte de las personas de este planeta, puesto que sufren directamente los efectos de este irracional modelo de vida. Los países empobrecidos no son los mayores causantes de esta crisis ambiental pese a ser lugares donde se producen buena parte de los efectos que a su vez generan importantes flujos migratorios.
Consecuencias ambientales de los modos de vida y consumo
Aumento del efecto invernadero: El efecto invernadero es un fenómeno natural de la atmósfera que consiste en que la energía solar que llega a la tierra, al tomar contacto con el suelo, se refleja sólo en parte, siendo el resto absorbida. El efecto de esta absorción es un calentamiento y se manifiesta por una irradiación de energía hacia la atmósfera. Sin embargo, al viajar hacia la atmósfera se encuentra con gases que actúan de freno, produciéndose la vuelta hacia la tierra y evitando que la energía se escape en su totalidad
hacia el exterior calentado más el suelo del planeta. La actividad humana, con el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural) está variando este equilibrio natural, produciendo la emisión de gases de invernadero (las emisiones anuales de dióxido de carbono CO2 se cuadruplicaron en los últimos cincuenta años) que, junto con otros provenientes de otras actividades, provocan el recalentamiento mundial de la atmósfera, que está generando una ruptura de los equilibrios naturales. Algunos de los efectos son: cambios climáticos, lo que supone una grave amenaza para las cosechas, inundaciones, aumento de la frecuencia de las tormentas y las sequías, aceleración de la extinción de especies, difusión de enfermedades contagiosas. La generación de energía y el transporte motorizado son las causas más importantes del efecto invernadero. En España el pro medio cada persona son 8,2 toneladas de CO2 por año. El agujero de la capa de ozono: El ozono es el gas encargado de la protección de la Tierra contra las radiaciones ultravioletas. La introducción de nuevos compuestos artificiales (como los clorofluorocarbonos o CFCs, presentes en los aerosoles y aparatos de refrigeración), así como de fertilizantes, reducen la concentración de ozono en la atmósfera, lo que hace que penetren más cantidad de rayos ultravioletas. Esto provoca graves consecuencias para el desarrollo de la vida vegetal y animal, pudiendo producir mutaciones genéticas, y cáncer de piel en las personas. La lluvia ácida: Los óxidos de nitrógeno y azufre, emitidos por las industrias y automóviles a la atmósfera, reaccionan con el vapor de agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estos ácidos caen sobre la tierra en forma de lluvia, produciendo la acidificación de los suelos y aguas, pérdida de zonas de cultivo, muerte de bosques, etc. Contaminación de aguas y suelo: Esta se está debiendo tanto a los vertidos urbanos, industriales y ganaderos, como a la utilización de pesticidas y fertilizantes en la agricultura intensiva. Además la explotación y el transporte de recursos naturales (petróleo, oro, carbón, mercurio, metales, etc.) son enormemente contaminantes. Para conseguir un anillo de oro es necesario sacar 4.000 kilo de tierra. La erosión y la salinización del suelo siguen siendo problemas graves. Contaminación del aire: El aumento de tráfico origina "smog" (ozono) con la consiguiente amenaza para la salud humana (graves problemas respiratorios) y la vegetación. Las concentraciones más altas se registran a lo largo del verano. Los datos muestran que una gran mayoría de ciudades superan los valores permitidos para no poner en riesgo la salud humana. Cerca de 25 millones de personas en Europa sufren episodios de niebla tóxica invernal y cerca de 40 millones están expuestas a nieblas tóxicas del verano. Deforestación: La deforestación es la pérdida de bosques, lo que tiene graves consecuencias, como son la erosión del suelo debido a la falta de vegetación, la pérdida de terreno fértil, ya que se pierden los nutrientes del suelo, la pérdida de flora y fauna, interrupción del ciclo del agua o el aumento de los niveles de CO2 cuando se queman los bosques. Una sexta parte de la superficie terrestre del mundo se ha degradado como resultado de la ganadería intensiva y de malas prácticas de cultivo agrícola. Si sigue el actual ritmo de tala de árboles en el Amazonas, nuestro "pulmón verde" más importante del mundo desaparece en 40 años. Erosión-desertificación del suelo: El proceso de deforestación está íntimamente ligado al de la erosión y desertificación, que supone una pérdida irreversible de la fertilidad del suelo. Pero la infertilidad del suelo, que provoca su desertificación, también puede estar
causada por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o por la acumulación de residuos de todo tipo. Producción de residuos: Otro problema es el tipo de residuos que se producen y su acumulación. Hay un incremento en la cantidad de basuras y desechos, tanto domésticos como industriales (mención especial merecen los residuos nucleares y tóxicos por su peligrosidad y no descomposición durante mucho tiempo). En los países industriales la generación per cápita de desechos se ha casi triplicado en los últimos 20 años. Cada año se producen 400 millones de toneladas de residuos tóxicos. El reducir la cantidad de residuos y evitar su acumulación son medidas necesarias pero que no son llevados a la práctica, en cambio sigue dominando la opción más económica: los vertederos. Productos químicos: Debido al gran numero de sustancias de uso común y el desconocimiento sobre sus consecuencias ecológicas y para el ser humano el uso de los productos químicos representa un peligro y una amenaza muy importante para el medio ambiente y para la salud humana. Agotamiento de los recursos naturales: 38 países del mundo sufren una aguda escasez de agua dulce, 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, 2.400 millones están sin saneamiento. De los 4.000 millones de casos de Diarrea cada año, 2.2 millones de personas se mueren innecesariamente. Enfermedades prevenibles relacionadas a agua contaminada causan 5 millones de muertos al año. Mientras un turista en un hotel gasta 1.200 litros de agua al día, un tercio de la población mundial sobrevive con menos de 30 litros. La agricultura intensiva utiliza el 80% del agua dulce disponible en el mundo; así por ejemplo para producir 1 kilo de carne de vacuno se utilizan entre 100.000 y 200.000 litros de agua. La calidad de las aguas se ve amenazada por la altas concentraciones de productos químicos (nitratos, plaguicidas, metales pesados, hidrocarburos clorados, fosfatos de los detergentes, etc.) de la agricultura, la industria y los usos domésticos, con el consiguiente riesgo para la salud humana. Pérdida de biodiversidad y de espacios naturales: Las especies silvestres se están extinguiendo de 50 a 100 veces más rápido que su tasa natural de extinción por la presión de la actividades humanas (agricultura intensiva, actividades de explotación de los bosques, pesca intensiva, urbanización, desarrollo de infraestructuras, contaminación). Si estas especies se pierden, las consecuencias más inmediatas son la ruptura del equilibrio de los ecosistemas y del equilibrio planetario y, a más largo plazo, la pérdida de información genética. Así por ejemplo las existencias de peces se están reduciendo: cerca de la cuarta parte está actualmente agotada o en peligro de agotamiento y otro 44% se está pescando hasta llegar a su límite biológico. Las presiones sobre la biodiversidad y los espacios naturales proceden de una agricultura insostenible y la explotación de bosques cada vez a mayor escala, una fragmentación del paisaje, el vertido de productos químicos, la construcción de embalses y trasvases de agua, la caza o pesca industrial y el desplazamiento de especies, etc. Medio ambiente urbano: La población urbana no cesa en crecer y las ciudades muestran importantes signos de tensión ambiental: mala calidad del aire (industria, generación de electricidad, transporte), exceso de ruido, atascos de tráfico, pérdida de zonas verdes, invasión de espacios protegidos, vertidos de agua no depurada y de residuos, insalubridad del agua potable, falta de servicios públicos adecuados, etc.
El progreso como creación de necesidades
El crecimiento económico que supuso la revolución industrial no podía sino venir ligado a profundos cambios sociales, en el modo de vida y de consumo. El consumo en los países del Norte adquiere ahora un papel fundamental. El consumo mundial ha aumentado a un ritmo sin precedentes a lo largo del siglo XX: en 1998 el gasto del consumo privado y público llegó a ser el doble del nivel de 1975 y seis veces el de 1950. Podrían distinguirse dos grandes modelos de consumo: el de los países del Norte y el de los del Sur; aunque es importantísimo, para no simplificar, indicar matices en cada uno de ellos. El consumo en los países del Norte: Para que el sistema capitalista pueda funcionar necesita aumentar constantemente los beneficios (la acumulación de riqueza). Esto produce que la producción y el consumo tenga que aumentar constantemente. Es en los países del Norte donde el crecimiento del consumo se ha producido de forma más intensa, hasta unos niveles tan elevados que las distinciones entre lujo y necesidad se desvanecen. Se consume sobre todo "energía cultural" (coches, televisión, electrodomésticos, etc.) y el único límite para el consumo de energía lo pone el dinero. A escala mundial, el 20% de los habitantes de los países del Norte hacen el 86% del total de los gastos en consumo privado y, en lo que al gasto energético se refiere, el 5% más rico, consume el 58% del total de la energía. Así, corresponde a la quinta parte de la población mundial que vive en los países de ingreso más elevado el 53% de las emisiones de dióxido de carbono. Además se fomenta una "cultura del despilfarro", en la que se favorecen los productos de corta duración, que intensifican, aún más, el consumo. A esto también se le ha llamado "cultura de usar y tirar". Se favorecen además el consumo de objetos con una gran cantidad de embalajes o el transporte privado frente al público. Esta "cultura del despilfarro" se ve posibilitada por: a) el bajo coste de producción gracias a la tecnología y sobre todo por las condiciones en los países del Sur (mano de obra barata, desregulación laboral y ambiental, etc.); b) una energía barata (el petróleo principalmente), lo que permite un comercio mundial de largas distancias; c) el abaratamiento constante de los productos basado en el saqueo de las materias primas en los países del Sur (condicionados económica y políticamente para vender sus riquezas naturales); d) un mercado liberalizado, donde se fomenta la competitividad y la dominación de las empresas transnacionales de los países del Norte; y e) el papel fundamental de los medios de comunicación para difundir e inculcar la necesidad de consumo. El consumo en los países del Sur: El consumo de los países del Sur dista mucho de alcanzar los niveles de los países del Norte. El 20% más pobre de los habitantes del mundo ha quedado excluido de la explosión del consumo. Una niña nacida por ejemplo en Madrid agrega más al consumo y la contaminación a lo largo de su vida que entre 30 y 50 nacidos en países del Sur. El promedio de consumo de cualquier persona de los países occidentales es 300 veces mayor que el de una persona de Bangladesh. Aunque es preocupante también los elevados costes ambientales en países como Brasil, China, India, Indonesia o Méjico, a causa de las deslocalizaciones de la producción industrial de los países occidentales hacía los países del Sur, así como el crecimiento del consumo que los países del Sur están experimentando. Esto ocurre porque en países del Sudeste Asiático y América Latina, el crecimiento industrial y del consumo se está dando de forma más violenta. La superpoblación de muchos estados del Sur, por si misma, no determina un distinto uso de los recursos, sino que éste viene determinado por la capacidad adquisitiva de las familias, y es justamente esta última la que condiciona la tasa de natalidad y, en último término, la superpoblación. La elevada población de los países del Sur crea una presión sobre el medio (deforestación, erosión del suelo, emisión de contaminantes etc.). Sin embargo, el factor
determinante en le deterioro ambiental del planeta es, como ya se ha comentado, la globalización económica. Así en una familia del Sur casi todas sus posesiones están relacionadas con la alimentación, mientras que en la del Norte las cosas relacionadas con la alimentación sólo suponen una pequeña parte de lo que tienen, lo que determina el tipo de energía que se consume. En los países del Sur casi no se consume este tipo de "energía cultural", no existe la sociedad de bienestar, sino una vida casi de supervivencia, en la que los hijos e hijas son imprescindibles para trabajar y mantener a los padres, creándose así un círculo vicioso en el que la pobreza lleva a un mayor crecimiento demográfico, que conduce a una mayor degradación del entorno local, que a su vez produce una mayor pobreza, y así sucesivamente. Es importante resaltar que no por tener muchos hijos se han convertido en pobres, sino al revés. 2.1. ¿Cómo está nuestro medio ambiente? ¿Desarrollo sostenible o crecimiento sostenido? Hace 2.500 años Confucio decía que cuando las palabras pierden su sentido, las personas pierden su libertad. En los últimos 20 años pocos términos han resultado tan polémicos, tan entusiastamente defendidos o descuidadamente alterados en la interlocución y en la comunicación pública como el término desarrollo sostenible. Apenas sin discusión sobre sus implicaciones o sus contenidos y sin reparar demasiado en su trascendencia y en sus posibilidades, el desarrollo sostenible ha resultado ser el banderín de enganche de todos aquellos que pretenden defender unas mejores relaciones entre economía y ecología. Otras opciones Empero, desarrollo sostenible no es un término caído del cielo. Había otras opciones. Si nos remitimos a la primera Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Humano Man and Biosphere en Estocolmo (1972) el término utilizado frente a la crisis ambiental fue ecodesarrollo. Un término demasiado claro y estrechamente vinculado a un movimiento social de protesta como para ser aceptado de buen grado como máximo común denominador. H. Kissinger se encargó de hacerlo desaparecer de los textos la diplomacia internacional. El término desarrollo sostenible en su acepción inglesa (sustainable development) aparece en la Estrategia Ambiental Mundial de la UICN en 1980. Sin embargo sus auténticos promotores fueron los miembros de la Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU) redactores del documento Nuestro Futuro Común. Desde la aparición de tal texto (1987) el término se puso en boga en el camino hacia la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, junio de 1992), donde se popularizó y reafirmó ostensiblemente. No obstante, las polémicas en torno a su uso y abuso no se han producido por la indefinición adjudicada al concepto desarrollo sostenible sino por el sesgo desarrollista que sus críticos vislumbran en su utilización. La calculada ambigüedad del término, ha resultado ser un terreno de discordia entre aquellos que tratan de dar mayor relevancia al desarrollocrecimiento económico y aquellas personas preocupados por los riesgos de estar sobrepasando límites naturales físico-biológicos, es decir por la sostenibilidad ecológica.
Corren tiempos en que la economía prima sobre lo político, sobre lo religioso y lo cultural. Tanto en el Norte como en el Sur las polémicas sobre el desarrollo sostenible están siempre teñidas con tinte económico. Es ahí donde se produce la contradicción entre crecimiento y desarrollo. No es correcto mezclar magnitud y proceso, es decir, tratar de asimilar lo que significa aumento cuantitativo de ciertas magnitudes (crecimiento) con aquello que trata de significar despliegue y articulación de variables cualitativas (desarrollo). Desarrollo es sinónimo de desenvolvimiento, de transición, de actitud de transformación, de modernización y de autoorganización, mientras que el crecimiento esta relacionado con el aumento de lo mensurable, con el incremento aritmético y numérico. Aunque pueden coincidir, en los temas que nos ocupan, esto es, en las actuales polémicas económicas, ecológicas y político-sociales, suelen devenir marcadamente opuestos y encontrados. Crecer al 3% anual significa doblar la producción cada 24 años y las investigaciones de los últimos 20 años reflejan claramente el resultado anti-ecológico y anti-social de tal empeño. La relación de subordinación entre el sustantivo (desarrollo) referido, confundido y trastocado como crecimiento y el adjetivo segundón (sostenible) ha supuesto la pérdida de su posible fecundidad innovadora. Para muestra un botón. El artículo 2 del Tratado de Maastricht reza así: "El primer objetivo de la Unión Europea es promover el crecimiento sostenible [sustainable growth] respetando el medio ambiente". Cambio radical hacia la sostenibilidad La búsqueda de un desarrollo humano sostenible tiene más que ver con la redistribución que con el crecimiento y significa reconducir la actual situación hacia una nueva lógica que no olvide a los desheredados de la Tierra, ni a las generaciones futuras. Significa poner en cuestión el modelo de crecimiento y exigir una radical redistribución y reducción de los recursos utilizados por una minoría rica y despilfarradora. El discurso renovador de la sostenibilidad, basado en el largo plazo y en el equilibrio de intereses y de aspectos sociales, ambientales y económicos casa mal con el corto plazo y los planes de desarrollo amparados en los ciclos de renovación política al uso. Frenar la larga lista de proyectos infraestructurales (trenes de alta velocidad, aeropuertos, carreteras y autopistas, embalses y trasvases, puertos comerciales y deportivos, incineradoras, centrales térmicas, centros comerciales y polígonos industriales, campos de golf...) que crece día a día es una labor prioritaria y perentoria. Generar un amplio abanico de oposición y de crítica al desarrollismo devastador debe ser el abono para pergeñar una nueva cultura política que nos abra el camino hacia la sostenibilidad. Existen muy diferentes formas de entender el desarrollo sostenible y más allá de la semántica y la moda se encuentran las tangibles realidades y las voluntades de cambio social. El crecimiento sostenido además de una quimera, es una contradictio in terminis que conlleva marginación y caos. La desnaturalización del desarrollo sostenible es un hecho, por eso el ecologismo tiende a sustantivar el término sostenible, como parte principal del binomio. La transición hacia un modelo sostenible supondrá la transformación radical de las actuales relaciones no sólo entre economía y ecología, sino también de ambas para con la sociedad. La sostenibilidad exige una voluntad de cambio radical que combine el imperativo ecológico, la redistribución social y un reforzamiento político que contribuya a una gestión ecológica que
mejore la participación y auto-organización, local y globalmente. Autor/a: Iñaki Barcena El Estado Ecológico: propaganda al servicio de la destrucción ambiental Al comienzo del Libro Cuarto de La Política, que lleva por título Teoría general de la ciudad perfecta, Aristóteles alude a la codicia de los seres humanos, uno de sus temas favoritos, en los términos siguientes: "Se considera uno siempre con bastante virtud, por poca que tenga; pero tratándose de riqueza, fortuna, poder, reputación y todos los demás bienes de este género, no encontramos límites que ponerles, cualquiera que sea la cantidad en que los poseamos". Aristóteles, y la cultura griega en general, no se limitaron a criticar la codicia humana, sino que cantaron las excelencias de la moderación y el justo medio como vía para la búsqueda de la virtud y, a través de ésta, de la felicidad. Buda y otros pensadores orientales de la Antigüedad fueron más lejos, y predicaron la renuncia completa al deseo, y especialmente a cualquier afán de poseer bienes materiales, como camino hacia la perfección y hacia la superación del sufrimiento. Un minoritario hilo dorado Tanto en Oriente como en Occidente, el hilo dorado de la búsqueda de la felicidad a través de la autolimitación, ha atravesado todas las épocas y todas las culturas. Pero siempre ha sido una actitud minoritaria. El mismo Aristóteles ya se lamentaba de que "la gran mayoría de la sociedad vive para satisfacer sus apetitos". Si ahora levantara la cabeza, vería lo lejos que el mundo ha ido de su ideal de la ciudad perfecta. El ecologismo está al final de ese hilo dorado. Desde sus inicios, ha predicado la moderación no sólo como un principio ético, sino como una actitud práctica y de salvaguardia del destino colectivo. Sólo el autocontrol de los seres humanos en la explotación de la Naturaleza podría superar la incapacidad del planeta para satisfacer los deseos ilimitados de una especie que se ha reproducido de un modo explosivo, dominando técnicas que le permiten transformar cualquier elemento de la Naturaleza en riqueza, fortuna y poder. Ahora, cuando el ecologismo ya ha cumplido holgadamente una generación, se puede concluir sin mucho riesgo de error que, de nuevo en esta ocasión, el mensaje de la moderación no ha tenido más éxito que el que alcanzó en los intentos que le precedieron a lo largo de la historia. Sin cambios a mejor En realidad, era ilusoria la idea de que la existencia de graves riesgos ecológicos determinaría necesariamente cambios en las conductas mayoritarias. Las grandes amenazas ecológicas (el cambio climático, la disrupción hormonal, la dispersión de organismos genéticamente modificados, etc.), están provocadas por poderosos intereses económicos, y para ellos la forma más provechosa de gestionarlas es ocultarlas utilizando los medios de comunicación de masas, especialmente si se cuenta con la colaboración de los gobiernos. Así se ha hecho.
El deterioro ecológico local, siempre más visible, va siendo asimilado por el cuerpo social como un "coste del progreso". Se forma así un bucle de adaptación cultural que se retroalimenta mediáticamente y se legitima con el consumo, obteniendo la aquiescencia mayoritaria. La Naturaleza se va desvalorizando como objeto de interés social, mientras la atención mayoritaria se centra en otro tipo de objetos o de mitos sociales. Viviendo de espaldas a la Naturaleza, lo que le ocurra a ésta no es preocupante. De este modo, las cosas se están poniendo muy feas en materia ambiental. Desde los años ochenta, o antes, se sabía que era imprescindible que los países desarrollados renunciaran al crecimiento cuantitativo y se dedicaran a perfeccionar sus estructuras sociales, dejando espacio ecológico para que otros países, que sí lo necesitaban, pudieran mejorar su bienestar material sin desbordar las capacidades de carga a escala global y local. Era también imprescindible que los países que tienen desde hace décadas sobrada riqueza material avanzaran hacia modelos distintos de organización social y económica que sirvieran de patrón para la evolución de otros países. Nada de eso se ha logrado, sobre todo porque apenas se ha intentado. El norte desarrollado ha continuado su carrera obsesiva por el crecimiento cuantitativo, el desarrollo territorial y el despliegue infraestructural, cuando ya no había ninguna necesidad de hacerlo, e incluso cuando en muchos casos resultaba contraproducente. Ahora ya es demasiado tarde. Johanesburgo, sólo diez años después de Río, dejó un regusto de escepticismo fácilmente perceptible. Nadie se creía nada, porque todo el mundo sabía que no sólo iba a continuar sin cambios el cinismo ecológico occidental, sino que el desarrollo económico de Asia estaba entrando en la fase exponencial, apoyado en los más insostenibles patrones occidentales. En una o dos décadas, la población mundial con modos de vida insostenibles se habrá multiplicado por cuatro o por cinco respecto a la que había a finales del siglo XX. Y ningún país o institución internacional está legitimado para cuestionar ese proceso. Propaganda para cambiar la percepción El deterioro ambiental global y local es ahora galopante, y sólo se puede combatir con mucha propaganda. Puesto que el impacto ambiental es una construcción social, se puede combatir corrigiendo el problema que lo causa, o bien modificando la percepción social del mismo. La primera solución puede afectar al crecimiento económico, esto es, a los procesos de acumulación de riqueza, fortuna y poder. La segunda no sólo no afecta, sino que puede ayudar a esos procesos de acumulación. No hay duda de que millones de decisiones económicas de todos los alcances seguirán actuando en consecuencia día a día. No hace falta una malvada dirección central. La cultura social de la acumulación material y la desvalorización de la Naturaleza es mucho más eficiente. Los Estados jugarán un papel clave en la gestión del desplome ecológico del siglo XXI. Tienen que ser Estados Ecológicos, esto es, tienen que hacer creer a la población que existe una política ambiental, que es prioritaria, que se está aplicando, y que está funcionando. El Estado Ecológico será la nueva imagen de la ciudad perfecta. Se está construyendo sobre conceptos tales como la desmaterialización de la economía o la disociación del crecimiento económico y el transporte, esto es, sobre los nuevos cuentos de la corriente académica principal de la economía, una vez comienza a agotarse la cuerda del desarrollo sostenible.
La propuesta de Lovelock en defensa de la energía nuclear encaja perfectamente en el nuevo Estado Ecológico, y es un buen indicador de la situación límite a la que se está llegando. Un anciano de 85 años, abrumado por lo que está viendo desde una posición de información privilegiada, lanza una propuesta tan desesperada como inoperante. La energía nuclear no parará el efecto invernadero, entre otras cosas porque su ciclo de vida completo emite cantidades ingentes de CO2, porque sólo puede sustituir a una pequeña parte de los combustibles fósiles, y porque más energía generaría más crecimiento y más transporte, esto es, más efecto invernadero. Nadie parará el cambio climático, porque las emisiones no se van a frenar de modo sustancial. Hay que cruzar los dedos para que no veamos un colapso climático, sino un cambio más o menos gradual. Con la propuesta de Lovelock simplemente habría dos problemas enormes en vez de uno: el efecto invernadero y la energía nuclear. Es una lástima que, al final de su vida, Lovelock haya perdido la serenidad. La crisis ecológica, parafraseando a Lorca, hay que mirarla cara a cara. Sin duda alguna, el planeta acabará siendo desarrollado por completo, y todos los recursos valorizables en forma de riqueza, fortuna y poder acabarán siendo monetarizados y finalmente destruidos. Para verlo, es sólo cuestión de esperar el tiempo suficiente. Pero precisamente porque ésa es la situación real, el trabajo y la determinación de la minoría que mantiene el hilo dorado es ahora más importante que nunca. Para los seres humanos, el tiempo es literalmente el factor vital. Por eso, en la cuestión ambiental, el factor tiempo, esto es, el ritmo del deterioro ecológico, es crucial. Rebajando ese ritmo es posible evitar que se destruyan ciertas cosas mientras uno vive, evitando el dolor que conlleva presenciarlo. Y además, ganando tiempo se facilita a la gente una adaptación menos traumática al deterioro de su entorno. Se reduce, en suma, el estrés y el dolor ecológico colectivo. El deterioro ecológico no se puede frenar sin limitar el crecimiento cuantitativo en los países sobredesarrollados. Esta tesis, nada nueva, sigue siendo incontestable, más allá de la propaganda desarrollista en la que siguen ancladas las instituciones. El verdadero freno al crecimiento sólo se consigue actuando sobre las perspectivas de rentabilidad de los grandes capitales nacionales o globales. Esto es, obstaculizando sus oportunidades de inversión, dificultando su reproducción, y desanimando a sus gestores y a sus propietarios, para que el dinero se mueva lo menos posible. El Estado Ecológico tratará de impedirlo, pero esperemos que sólo lo consiga en parte. Mucha gente seguirá estirando, palmo a palmo, el hilo dorado. Autor/a: Antonio Estevan Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo Frente al pensamiento único, os proponemos una primera reflexión sobre algunos puntos de encuentro y desencuentro entre feminismo y ecologismo -en particular por lo que se refiere al trabajo de las mujeres y la utilización de los recursos naturales-. Se trata de iniciar un diálogo que nos permita repensar la economía desde una perspectiva más amplia y con otros objetivos que tengan más que ver con la vida humana y menos con el beneficio capitalista [1]. Un primer punto de encuentro entre el feminismo y el ecologismo lo situamos en lo que ambos pensamientos se plantean como objetivo básico y primero, es decir, hacia el que
debiera orientarse tanto la reflexión como la acción: la llamada sostenibilidad humana, social y ecológica, entendida como proceso que no sólo hace referencia a la posibilidad real de que la vida continúe -en términos humanos, sociales y ecológicos-, sino a que dicho proceso signifique desarrollar niveles de vida, estándares de vida o calidad de vida aceptables para toda la población [2]. Sostenibilidad que supone pues una relación armónica entre humanidad y naturaleza, y entre humanas y humanos. En consecuencia, será imposible hablar de sostenibilidad si no va acompañada de equidad. Acerca de la sostenibilidad y las necesidades humanas Desde el feminismo se mantiene actualmente una reflexión abierta sobre los estándares de vida como algo que va mucho más allá de "una cesta de bienes". La idea de estándares de vida es un concepto complejo, que además de la satisfacción de las necesidades biológicas y sociales, incorpora también la satisfacción de las necesidades emocionales y afectivas. En este sentido, se trata no de una situación estática, sino más bien de un proceso que debe ser continuamente reconstruido, que requiere de recursos materiales pero también de contextos y relaciones de cuidado y afecto, proporcionadas éstas en gran medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares. La reflexión sobre los "estándares de vida aceptables para todas y todos" tiene puntos de conexión con el debate sobre calidad de vida y desarrollo humano en los términos expresados por Amartya Sen [3]. El planteamiento de Sen está en la base de la idea de desarrollo humano que maneja el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Sin embargo, cuando el debate sobre desarrollo humano se orienta hacia la medición y cuantificación -como hace el PNUD- entonces dicho concepto se aleja del de estándares de vida que aquí manejamos. Los aspectos emocionales y afectivos que señalábamos no son susceptibles de cuantificación y, de hecho, los indicadores del PNUD no los consideran. De aquí que la cuantificación, al restringir el concepto a aquello que es cuantificable, reduce su contenido y, por tanto, lo empobrece[4]. Por otra parte, hablar de niveles de vida significa afrontar el tema de las necesidades humanas. La discusión sobre las necesidades humanas plantea terrenos complicados que han sido tratados desde diversas perspectivas. En cualquier caso, esta problemática nunca ha sido abordada por la economía neoclásica, que se ha limitado a hablar de preferencias, deseos y demandas (de mercado) [5]. Pero naturalmente, no es lo mismo. Existe una serie de aspectos, como el cariño, las relaciones, la creatividad, la libertad, etc. que no pasan por el mercado y ninguna persona sensata se atrevería a decir que no son necesidades humanas básicas. En consecuencia, al hablar de estándares de vida, es necesario analizar la relación entre el bienestar y la satisfacción de ciertas necesidades humanas fundamentales. Entre los autores que han reflexionado sobre ello, Max-Neef [6] identifica como necesidades fundamentales las de subsistencia, protección, afectividad, comprensión y conocimiento, ocio, creatividad, identidad, participación y libertad; que operarían en las cuatro categorías existenciales de ser, tener, hacer e interactuar. Necesidades que tienen que ver con el cuerpo, con los sentimientos y con la mente de manera integrada, es decir, cada necesidad aparece claramente interrelacionada con las demás. El autor ve las necesidades señaladas sin jerarquía entre ellas, lo que le permite captar a los seres humanos en su totalidad, sin parcelaciones. Max-Neef no trata las necesidades humanas como carencia sino como motor de la
existencia humana cultural: entenderlas sólo como carencia sería restringirlas al aspecto meramente fisiológico que es el ámbito donde la necesidad asume con más fuerza la sensación de que falta alguna cosa. De esta manera, el autor acepta las necesidades de los seres humanos, dándoles un lugar en el ámbito socio-simbólico y asignándoles un papel en el juego de interrelaciones entre la vida biológica y la vida cultural. Las necesidades entonces se viven y satisfacen de manera continua y renovada de acuerdo a las características y condiciones del ciclo vital. Cuestión que conecta con la de "estándares de vida" como un proceso dinámico en continua adaptación de las identidades individuales y las relaciones sociales [7]. Volviendo ahora sobre la idea inicial, constatamos que las condiciones ambientales y el trabajo de las mujeres están en la base de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Desde el pensamiento ecologista se plantea específicamente la participación de la naturaleza en la satisfacción de las necesidades, en el sentido de que el medio ambiente proporciona los recursos que se convierten en medios o servicios de muy diferentes tipos, para cubrir ciertas necesidades humanas básicas o que son necesarios para mantener una cierta calidad de vida, como determinadas condiciones ambientales (de temperatura, climáticas, etc.). Desde el pensamiento feminista se está planteando la relación directa que tiene el trabajo que tradicionalmente han realizado las mujeres en el hogar con la satisfacción de las necesidades humanas básicas, en especial con aquellas que tienen que ver con los aspectos más subjetivos señalados por Max-Neef. Población creciente y recursos decrecientes Ahora bien, a pesar de la analogía entre ambos pensamientos, existe una diferencia importante, un punto de desencuentro. El ecologismo cuestiona el capitalismo -y con ello, cuestiona algunos aspectos del patriarcado verdaderamente importantes como son las relaciones entre humanidad y naturaleza- pero no acaba de llegar al núcleo del problema. No llega a plantearse -y por tanto, a denunciar- la pérdida de centralidad de la vida humana. Si la vida humana deja de ser el valor central en nuestra sociedad, entonces puede ser objeto de manipulación en función de objetivos o necesidades establecidas por el patriarcado y/o el capitalismo. Desde el feminismo se pone en cuestión todo el sistema patriarcal capitalista, su contradicción profunda entre la obtención de beneficio y los estándares de vida de toda la población. Desde esta perspectiva, la vida humana adquiere un valor central y, en consecuencia, los estándares de vida en todas sus dimensiones deberían ser el objetivo básico de toda la actividad de mujeres y hombres. En consecuencia, el feminismo está en la búsqueda de una relación profunda entre la actividad y actitud de las mujeres hacia el cuidado de la vida y el cuidado de la naturaleza como la base de toda vida. Probablemente el fundamento de esta diferencia que se detecta en ambos discursos se sitúa en la presencia/ausencia de la experiencia vivida. El feminismo crece dando significado a la experiencia femenina y se enraíza, por tanto, en un cuerpo sexuado en femenino [8]. De ahí que para el feminismo sea más difícil desencarnar los discursos, permitir la instrumentalización de los cuerpos o justificar la destrucción de la vida, precisamente porque el discurso pasa por lo vivido en primera persona. El ecologismo, en cambio, no se plantea desde un sujeto con experiencia a la cual dar significado. Habla en nombre de la especie humana y de su relación con la naturaleza. Se puede, pues, dar en el ecologismo un discurso desencarnado con el mismo nivel de
abstracción que en cualquier otro discurso científico o político masculino. El ecologismo parte del conocimiento que las ciencias naturales aportan sobre las relaciones entre el sistema social y el sistema ecológico. Pero este conocimiento, falto de experiencia significada es incapaz de abarcar toda la complejidad de tales relaciones y corre el peligro de acabar reduciéndolas a un mero conjunto de datos y reglas. Susanne Schultz [9] explica cómo este reduccionismo tiene consecuencias importantes en el ámbito de la acción social: "Gracias a estos sistemas cibernéticos, el sistema ecológico debe convertirse de nuevo en previsible y controlable: el hombre como gestor ecológico debe simular o controlar los procesos naturales, concebidos en forma de estructuras circulatorias y sistemas de reglas, para evitar así un colapso ecológico". Y de ahí que se pueda llegar a aceptar la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres -en el tema del control de la poblaciónen nombre de la sostenibilidad ecológica. Desde el ecologismo, la mayoría de planteamientos, con más o menos matices, consideran el control de la población como una necesidad para reducir el desequilibrio existente a nivel mundial entre unos recursos naturales decrecientes y una población creciente. Los desacuerdos con la visión desde el feminismo [10] aparecen ya en la propia manera de nombrar el tema y de plantear la cuestión. La mayoría de autores que la analizan desde una visión ecologista coinciden en plantearla como un problema de sobrepoblación. En cambio, desde el feminismo se considera que el problema radica en el desequilibrio existente entre población y recursos [11]. Para poder hablar de sobrepoblación, previamente se ha dado un proceso de abstracción de algo tan elemental como que la población son seres humanos, son la humanidad. Pero el proceso durante el cual la humanidad se convierte en biomasa, permanece invisible. Incluso las posiciones más críticas dentro del ecologismo -tal como dice Schultz- aceptan la separación entre sociedad (seres humanos) y biomasa de población susceptible de ser regulada. Es decir, los seres humanos de carne y hueso se convierten en una abstracción susceptible de ser manipulada; dejan de ser sujeto pensante, miembros de la sociedad humana, para devenir una variable llamada población que se utiliza como un factor más de la ecuación POBLACIÓN x NIVEL DE CONSUMO x TECNOLOGÍA = RECURSOS CONSUMIDOS [12]. Una vez deshumanizado el concepto población y convertido en variable ya no hay motivos éticos que impidan legitimar la intervención del Estado para reducir la población. En cambio el Estado, de acuerdo con los principios del liberalismo, no interviene para decidir cuál debe ser el nivel de consumo ni el desarrollo tecnológico de la sociedad; tal decisión está en manos de los actores económicos que incluso en el ámbito de la investigación priman por encima de la comunidad científica. De manera que el Estado respeta la libertad de los actores económicos para decidir cuánto y en que dirección invierten, en función de sus intereses, permitiendo que sea un ente abstracto y ciego como es el mercado quien decida. En cambio cuando se trata de la capacidad reproductiva de la especie humana, que está en manos de las mujeres, seres humanos inteligentes, considera que no tienen criterio para decidir como gestionar esta capacidad, e interviene con la justificación de salvaguardar el interés público. Si del interés público se trata, y obviamente la buena gestión de los recursos naturales para atender las necesidades de una población en crecimiento es de interés público, ¿por qué el Estado no se plantea intervenir para racionalizar los demás factores de la ecuación? La respuesta, compartida incluso por los ecosocialistas, es que las desigualdades sociales provocadas por el sistema económico se consideran inalterables a medio y largo plazo [13].
Schultz sostiene que este proceso niega "la historicidad de construcciones como la fecundidad, la feminidad, la sexualidad y la organización social de la educación y el cuidado de los hijos". No se es capaz de ver el significado profundo que tiene esta negación, a partir de la cual el Estado se arroga el derecho de "convertir el cuerpo de las mujeres y su fecundidad en una magnitud maximizable tecnocráticamente". Tal ceguera en este punto vital debilita su discurso al cuestionar al neoliberalismo, y permite que el sistema, culpabilizando a los pobres de su pobreza -porque son demasiados-, obtenga un considerable margen de credibilidad que no podría tener si el pensamiento ecologista incorporara, con todas sus consecuencias, el carácter sagrado de la vida humana y del cuerpo femenino, que no pueden jamás considerarse una variable. Si partiéramos del carácter sagrado de la vida humana, habría que replantear el análisis de la relación entre población y recursos, comenzando por entender las estrategias reproductivas que desarrollan las mujeres en función de las condiciones socioeconómicas y culturales de la comunidad a la que pertenecen. Ellas son quienes introducen civilización en medio de la barbarie, quienes convierten las piedras en pan para alimentar a sus familias, quienes con su inteligencia y su trabajo maximizan los recursos a su alcance para garantizar el futuro de su comunidad, de acuerdo con los valores culturales que la definen. Son quienes se hacen cargo de atender las necesidades humanas, y en función de ello construyen sus estrategias. Habría que contar con su experiencia y sus conocimientos para saber qué factores socioeconómicos debieran ser modificados en cada sociedad concreta con el fin de garantizar la sostenibilidad humana. En este punto nos remitimos al concepto inicial de sostenibilidad entendida como una relación armónica entre la humanidad y la naturaleza, que no puede existir si no está vinculada al concepto de equidad. Ahí es donde debieran intervenir los Estados y las organizaciones internacionales como NN UU, FMI, Banco Mundial, y tal intervención no tendría nada que ver con las políticas de población, que en este nuevo contexto no sólo carecen de sentido sino que son un atentado contra la vida humana. Desearíamos que las reflexiones planteadas contribuyeran de alguna manera al necesario diálogo entre ecologismo y feminismo, convencidas de que puede resultar enriquecedor para ambas y reforzar los instrumentos de que disponemos para hacer realidad este otro mundo posible. Autor/a: Anna Bosch, Cristina Carrasco y Elena Grau, participan en el grupo Dones i Treballs de Ca la Dona NOTAS: 1. ® Este artículo se basa en el texto "Verde que te quiero violeta" escrito por la mismas autoras como epílogo a la publicación La historia cuenta de Enric Tello, El Viejo Topo, 2005. 2. ® A este respecto se puede ver Picchio, A, "Un enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida" en Carrasco, C, edit, Tiempos, trabajos y género, Publicaciones de la UB, Barcelona 2001 y Tello, E. "Eliminar residuos o gestionar materiales", en Medi Ambient, Tecnología i Cultura, número 29 (versión castellana pp 78-89). 3. ® Sen, A., Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona 2000. La discusión sobre calidad de vida, estándares de vida o desarrollo humano continúa abierta. A veces se ha
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
propuesto no utilizar el término de estándares de vida ya que la economía lo ha subordinado a un significado económico limitado, y usar en su lugar el de calidad de vida. En cualquier caso, como es obvio, el problema es mucho más que semántico. ® Aunque se han intentado desarrollar indicadores cualitativos que expresen percepción de aspectos subjetivos, en nuestra opinión, aún son muy insatisfactorios. ® Ver Jackson, T., y Marcs, N., "Consumo, bienestar sostenible y necesidades humanas" en Ecología Política, número 12, pp 67-80, 1996. ® Max-Neef, M., Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Icaria, Barcelona 1994. ® La idea de que las necesidades se satisfacen continuamente y no se "superan" es esencial en la crítica del pensamiento feminista a la ideología patriarcal. ® Grau, E., "No prescindir de los cuerpos", En Pie de Paz, número 53, dic 2000 ® Schultz, S., "El discreto encanto de la política demográfica" en Mientrastanto, nº 65, pp 115-138, 1996. ® Entre las diferentes corrientes de pensamiento feminista, quienes han tratado el tema a fondo han sido las pensadoras identificadas con el ecofeminismo. ® Ver el tema desarrollado en BOSCH, A, "¿En manos de quien está la reproducción humana? Una crítica ecofeminista al problema de la población", en Ecología Política nº 12, pp 9-17, 1996. ® En tal ecuación a veces se excluye el factor "nivel de consumo", de manera que no se tiene en cuenta algo tan fundamental como la inequidad en el reparto de los recursos. ® Sarkar, S., "¿Una síntesis ecosocialista del problema de la sobrepoblación?" en Ecología Política nº 6, pp 143-152, 1993. Pese al tiempo transcurrido desde la publicación de este artículo, sus argumentos continúan siendo utilizados por algunos ecosocialistas, e incluso ecoanarquistas para justificar las políticas de población.
La retórica verde de la Unión Europea El discurso ambiental de la Unión En los últimos tiempos, la Unión Europea ha ido desarrollando, en el terreno medioambiental, una legislación que en muchas ocasiones resulta más garantista que la de los propios estados miembros. Sin embargo, esta preocupación ambiental no obedece a un verdadero intento por acercarse a la sostenibilidad, sino más bien a que el deterioro ecológico no se puede ya ocultar por más tiempo, así como al hecho de que la población europea ha incrementado su sensibilidad acerca de los problemas ambientales. La Unión Europea ha tratado de liderar mundialmente el avance hacia un modelo de desarrollo sostenible. Y para ello ha reelaborado la definición de este concepto: desarrollo sostenible significa, para la Unión, la perpetuación de un modelo capitalista de producción y consumo, la entronización de la economía financiera como motor de crecimiento y, a la vez, el aderezo de sus discursos y tratados con un lenguaje ecológico que se adapte a las necesidades del momento [14]. Como muestra de ello, desde el principio del articulado del Tratado de Constitución Europea se deja constancia de los valores en que se va a inspirar para alcanzar sus objetivos. Así, se hace mención dentro de los objetivos de la Unión (art. I-3.3) a que "la
Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente". Durante todo el articulado del Proyecto de Constitución se reitera una y otra vez que lo que se pretende es conjugar la protección ambiental con la economía de mercado. Pero están hablando de un imposible, ya que es precisamente dicha economía de mercado la responsable última de la crisis ecológica en que vivimos. Y cuando se trata de escoger entre una y otra, las políticas de la Unión, como iremos detallando, responden a esta pregunta de una manera meridianamente clara. Además, estos valores se exportarán, ya que "en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses" y "contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo de los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, (...)" (art. I-3.4). Toda esta retórica verde, con la que la Unión Europea intenta lavar su cara menos amable, se ve completada con más afirmaciones en la misma línea: "las exigencias de la protección del Medio Ambiente deberán integrarse en la definición y ejecución de la políticas y acciones (...) con objeto de fomentar un desarrollo sostenible" (art. III-119), y "las exigencias de la protección de los consumidores se tendrán en cuenta" (art. III-120). Pero ¿cómo lograrlo?, ¿hasta qué punto?, ¿quién lo va a llevar a cabo?... Y es que, en definitiva, su propia indefinición deja estos objetivos como un mero brindis al sol. Como retórico resulta también el artículo II-97, según el cual "las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad". Llama la atención, en efecto, que este artículo no prevea el derecho subjetivo de las personas a un medio ambiente sano (como reconoce el Convenio de Aarhus, firmado por la Unión Europea y por todos los Estados miembros) sino que sea un simple principio rector, es decir, que se trate de un deber de los poderes públicos que no es susceptible de ser exigido por los particulares. Así, las referencias ambientalistas del Proyecto constitucional encajan perfectamente con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2001 elaborada por la Unión Europea, que intentaba vestir al capitalismo productivista con un disfraz verde. En cualquier caso, hay que señalar que es difícil mantener todo este discurso sin caer en la incoherencia. Las contradicciones se ven reflejadas, por ejemplo, al fijarnos en la extensión y el detalle con el que tratan las políticas económicas. En este sentido, existe un apartado exclusivo para el mercado interior y otro para la política económica y monetaria, en los cuales se detallan claramente los criterios de convergencia (art. III-198.1), el control de la inflación (art. I-30.2) o el control del déficit (art. III-185.1), cosa que por supuesto no ocurre con ninguno de los vagos propósitos ambientalistas expresados en el Tratado. Los aspectos medioambientales aparecen en el capítulo de "Políticas de otros ámbitos específicos". Ante tamaña declaración de intenciones, podemos preguntarnos qué es lo que ha venido haciendo en el pasado la Unión Europea para conseguir la sostenibilidad. Para ello, quizás resulte aclaratorio ir comparando el discurso y la práctica: vamos a ilustrar el texto del articulado constitucional con las políticas sectoriales que a tal efecto se han venido desarrollando, para ver no solo que esos propósitos son inalcanzables sino que ni siquiera
hay interés en lograrlos. La política realmente existente de la Unión Europea, insistimos, deja de lado su teórico respeto por el medio ambiente, puesto que choca con la preponderancia de los objetivos económicos neoliberales, los cuales son incompatibles con el avance hacia un modelo social ecológicamente sostenible. Antes de entrar en el análisis pormenorizado por sectores, conviene dejar constancia de algunos principios fundamentales que rigen el engranaje neoliberal del proyecto europeo, y que tienen enormes repercusiones sobre el entorno. El dogma de fe por el cual el bienestar se sigue midiendo a través del PIB (Producto Interior Bruto) -magnitud diseñada básicamente para medir los flujos monetarios, esto es, la actividad de los mercados- constituye también una buena prueba del estrecho cauce por el que se desarrolla la tan cacareada sensibilidad ecológica de la Unión Europea, puesto que muchos hechos que atentan contra la calidad del medio ambiente hallan un reflejo positivo en la contabilidad del PIB. Por ejemplo, esto sucede si el agua del grifo deja de ser potable y hemos de comprar agua mineral embotellada, si se fabrican más automóviles o si se talan más bosques. Para el capitalismo es más rentable destruir para luego reconstruir. La Unión Europea se define como un mercado único de competencia libre y no falseada (art. I-3.2) y esto es radicalmente incompatible con la sostenibilidad. Porque ¿cómo puede ser sostenible el continuo transporte de mercancías a través de miles de kilómetros con la ayuda de combustibles fósiles y con el único criterio del beneficio económico? La preponderancia del capital financiero en este modelo económico que consolida el actual Proyecto consolida es otro rasgo que pone de manifiesto la primacía de los intereses económicos sobre los ambientales. El impulso promovido por la Unión Europea para la creación de un mercado financiero único [15] refuerza el capital especulativo, el cual tiene funestas consecuencias en el plano ambiental. No en vano, las continuas crisis que causa la especulación financiera se hallan en el origen del desmantelamiento del tejido productivo (especialmente el de pequeña escala local, mucho más integrado en el medio) y del incremento de la presión para que los países periféricos exploten al máximo sus recursos naturales con el fin de obtener divisas. Además, no hay que olvidar que el capital financiero es el que permite que un pequeño porcentaje de la población mantenga unas altísimas e insostenibles cotas de consumo. NOTAS: 14. ® Vid. Chusa Lamarca Lapuente, La Unión Europea: retórica sostenible y políticas insostenibles, 2001. 15. ® Un ejemplo sería el proceso de fusión de bolsas europeas o el intento que es la Constitución Europea de convertir al euro en la principal moneda mundial. Transporte La Unión Europea ha sido concebida para deslocalizar y disgregar en el continente la producción, así como para establecer una distribución y un comercio a largas distancias, lo que incrementa el consumo de energía y la emisión de contaminantes. Esta deslocalización es mayoritariamente interna, pero también se está haciendo de cara al exterior, como lo atestigua el fuerte impulso de la Unión Europea a la apertura de una nueva ronda de negociaciones en el seno de la OMC, la creación de un Área de Libre Comercio en el
Mediterráneo o los tratados de libre comercio con Mercosur. En este modelo de transporte, los costes ecológicos no aparecen en la cuenta de gastos. En la actualidad, el transporte está creciendo por encima del PIB en el seno de la Unión [16] (llegando al caso extremo del aéreo que está aumentando anualmente el 7,4%). Además, la ampliación de la Unión a otros diez países va a aumentar el mercado interno, incrementando el transporte [17]. Como dato significativo, podemos señalar que el gasto total del transporte supone más del 10% del PIB de la Unión Europea [18]. Por todo ello, la Unión apuesta fuertemente por la creación de grandes infraestructuras de transporte, como autopistas [19], trenes de alta velocidad, superpuertos y aeropuertos. Y en el Proyecto de Constitución Europea, el art. III-246 expone que "la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de las redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transportes, las telecomunicaciones y la energía. (...) En el contexto de un sistema de mercados abiertos y competitivos, la Unión favorecerá la interconexión de las redes nacionales, así como el acceso a dichas redes". Y, por otra parte, este es uno de los pocos sectores en los que la Unión podrá aportar fondos para su realización (art. III-247). Y estos artículos ya no son una mera retórica, porque la Unión apuesta, presionada por la ERT [20], por mayores infraestructuras de transporte. Actualmente, el objetivo prioritario de las redes de comunicación que conectan la Unión es eliminar los cuellos de botella existentes (Alpes, Pirineos, etc.) y conectar con el Este de Europa para la ampliación. Todo ello apostando por la carretera y el tren de alta velocidad, que es mucho más impactante que el tren convencional (el AVE consume casi lo mismo que un avión y tiene una importante incidencia en el territorio), como se recoge en el plan aprobado por la Comisión en diciembre de 2003. Todo ello aumenta las emisiones de CO2, con los consiguientes efectos sobre el cambio climático [21]. Este modelo implica también la desarticulación del territorio (ya que se concibe para favorecer la comunicación sólo entre los grandes polos económicos), y la dispersión urbana. Así se empuja a la población hacia espacios altamente urbanizados (la Unión es la región más urbanizada del globo [22]), aumentando su impacto en el medio. Además, cada día se asfaltan 10 hectáreas para construir autopistas, troceándose más el territorio, con la amenaza que esto supone para la biodiversidad. Otra consecuencia importante del actual modelo de transporte es la siniestralidad, que conlleva que las muertes en accidente de tráfico sean la tercera causa de defunción entre la población. El problema que tiene actualmente la Unión es que el transporte está alcanzando el punto de saturación [23]. En un informe de 1990 encargado por la Comisión Europea se alertaba de que "desde hace algunos años, Europa parece haber sobrepasado el punto más allá del cual cualquier incremento del tráfico es contraproducente. La suma de efectos negativos parece cancelar los incrementos de riqueza, eficiencia, confort y facilidad de transportarse que deberían resultar del crecimiento del volumen de tráfico". Así, la Unión plantea un menor aumento del transporte por carretera (el que menos posibilidades de incremento presenta) del previsto inicialmente; se pretende que sea de sólo un 38% (frente al 50% planeado) para mercancías y un 24% (frente al 43%) para pasajeros para 2010. El ferrocarril empieza a ser barajado no como una alternativa al transporte por carretera, sino como una forma de continuar el aumento de la movilidad. Eso sí, en líneas de alta velocidad y para el transporte a largas distancias tanto de personas como de mercancías [24]. NOTAS:
16. ® La movilidad personal se ha incrementado de 17 km/persona/día en 1970 a 35 km/persona/día en 1998. 17. ® Se prevé que se cuadruplique o quintuplique el transporte en Europa del Este tras su integración en la UE. 18. ® Uno de cada tres nuevos empleos que se generen en la UE durante los próximos 10 años estarán vinculados a la logística, según datos de la Dirección General de Transportes de las Comisión Europea. 19. ® El 79% de los pasajeros/as y el 44% de las mercancías se traslada por carretera. El número de coches y de kilómetros de autopista en la UE se ha multiplicado por 3 desde 1970 (en la Unión ya hay un coche por cada 2 habitantes). Mientras, desde 1970, se han cerrado al tráfico 600 km de vías férreas convencionales al año (las carreteras han crecido 12000 km/año). La cuota del transporte ferroviario de mercancías ha pasado del 21,1 al 8% y la de pasajeros/as del 10 al 6% desde 1970. 20. ® Siglas en inglés de la Mesa Redonda Europea de Industrias, que está integrada por 45 grandes empresas. 21. ® Actualmente, el transporte es el responsable del 28% de las emisiones de CO2 (de las cuales el 82% provienen del transporte por carretera). Además, para 2010 está previsto que su contribución a la emisión de CO2 aumente hasta el 40%. 22. ® Entre 1980 y 2000 la superficie edificada en la UE ha aumentado un 20%, mientras que la población lo ha hecho un 6%. 23. ® El 10% de las carreteras están afectadas diariamente por atascos, el 20% de la red ferroviaria se considera cuello de botella y los 16 aeropuertos principales sufren retrasos superiores a los 15 minutos en el 30% de los vuelos. 24. ® Vid. Juan Bárcena y Paco Segura: "El mito de las infraestructuras", El Ecologista, nº 30, 2002. Energía La Unión se ha convertido, a pesar de ser la responsable del 24% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero, en uno de los organismos que lideran la lucha mundial contra el cambio climático. Sin embargo, esto es más un resultado de omisiones ajenas que de méritos propios. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señaló la conveniencia de limitar las emisiones mundiales de gases de invernadero, para 2005, en un 20% con respecto a los valores de 1990. Esto supondría que, al ser la Unión Europea uno de los principales emisores de estos gases, su reducción debería ser notablemente mayor de dicho porcentaje. Pero la Unión aprovechó la cerrazón de Estados Unidos y Japón para, en la firma del Protocolo de Kioto, disminuir sus recortes de emisiones hasta el 8%. Y también transigió posteriormente con los llamados mecanismos de flexibilidad (como, por ejemplo, el comercio de emisiones o los mecanismos de producción limpia) que hacen que los recortes de emisiones sean aun más escasos. En cualquier caso, no hace falta volver a explicar qué hay entre el dicho y el hecho, como lo atestigua el dato de que el Estado español ha incrementado ya la producción de CO2 en un 38% entre 1990 y 2002, cuando lo permitido por la Unión Europea hasta 2010 era el 15%. En el resto de la Unión, aunque la situación es mejor, los datos no apuntan por el momento a que se vaya a cumplir el pírrico objetivo firmado en el Protocolo de Kioto [25]. Se sabe que la política económica es inflexible: el incumplimiento del Pacto de Estabilidad acarrea sanciones (aunque, en ocasiones, Francia y Alemania se lo puedan saltar). Pero el
medio ambiente es un asunto distinto. Y el problema no termina aquí, porque la Unión está poniendo en marcha un mercado de comercio de emisiones para 2005. La filosofía economicista que subyace es la de dar viabilidad a los procesos más contaminantes a costa de los menos emisores, favoreciendo sólo la disminución de gases de efecto invernadero que resulten más baratas. Además, los Estados serán los que asignen el grueso de las emisiones que podrán realizar las distintas industrias, lo que beneficiará a los sectores más contaminantes; frente a un sistema de subasta de emisiones que haría lo contrario. Por lo tanto, el comercio de emisiones va a retrasar el abordaje de reducciones más ambiciosas [26]. Respecto a la política energética, la seguridad de suministro y la disponibilidad de energía a bajo precio (que se pretende conseguir, a nivel interno, fomentando la competitividad) son los objetivos esenciales [27]. Para aumentar la competitividad, una de las medidas está siendo la creación de un mercado único de la energía [28]. Esto va a traer como consecuencia más probable un aumento del consumo, y una tendencia a que la producción se realice con menos criterios ambientales (ya que se tendrán que bajar los costes para aumentar la competitividad). Además habrá que construir más redes de distribución, sabiendo que las líneas de alta tensión así como los gaseoductos [29] producen impactos sobre la salud y el medio natural [30]. El Tratado Constitucional refleja estos aspectos: "(...) la política energética de la Unión tendrá por objetivo: a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; b) garantizar la seguridad del abastecimiento de la Unión, y c) fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energía nuevas y renovables" (art. III-256.1). Como comentábamos al principio, se pretende conjugar las políticas neoliberales con la relación armónica con el medio, en un intento desesperado por lograr la cuadratura del círculo. Finalmente, y contradiciendo el último artículo citado, hay que destacar que continúa la apuesta por los combustibles fósiles (especialmente el petróleo y el gas natural), quedando en un lugar residual las energías renovables, ya que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar el 12% de energías renovables para 2010. Y para colmo, no se termina de abandonar la apuesta por el carbón, aunque los informes de la Unión Europea reconocen su fuerte contribución al cambio climático, la lluvia ácida o la emisión de metales pesados. No en vano, junto a la energía hidráulica, el carbón es casi la única fuente energética propia que tiene la Unión. Y eso por no hablar de las renovadas presiones que parten desde el seno de la Comisión Europea (nuevamente expresadas por Loyola de Palacio) a favor de la energía nuclear, que ahora resulta ser la energía más ecológica al no emitir gases de efecto invernadero. NOTAS: 25. ® Vid. Ecologistas en Acción: Crítica a la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible (2002). 26. ® Vid. Cristina Rois: "El comercio de emisiones de la UE", El Ecologista, nº 37, 2003. 27. ® La Unión Europea es el segundo consumidor mundial de energía, y los intercambios energéticos suponen el 25% del PIB de la Unión. 28. ® Realmente habría que hablar de mercados, ya que son distintas las situaciones del petróleo, el carbón, el gas natural y la electricidad.
29. ® La extensión de la red de gasoductos implicará el aumento de fugas de metano, que es un agente de efecto invernadero veinte veces más poderoso que el CO2. 30. ® Vid. Ecologistas en Acción: Foro ecologista con motivo de la cumbre de la UE de Barcelona. Unión Europea: discursos sostenibles, políticas insostenibles (2002).
Agroalimentación El sistema agroalimentario que el proyecto europeo ha colaborado a crear en todo el mundo ha tenido como consecuencia la contaminación del agua y del suelo, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y desertificación, la eutrofización de lagos y mares, la pérdida del derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, el caso de las vacas locas y de los pollos con dioxinas, la desaparición del campesinado, el hecho de que las grandes multinacionales agro-químico-farmacéuticas controlen toda la cadena de producción agraria... En el marco de la Unión Europea, la política agraria se ha llevado a cabo por medio de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Los principios básicos que la guiaron en sus comienzos fueron [31]: a. Unicidad del mercado: se basa en la libre circulación de productos agrarios, la armonización de otras políticas relacionadas (como la sanitaria) y unos precios uniformes. b. Preferencia comunitaria: implica la protección del mercado europeo frente a las importaciones. c. Solidaridad financiera común: los gastos de la PAC se pagan con cargo al presupuesto comunitario. De este modo, la PAC se crea con una clara vocación productivista y con la finalidad de asegurar que la Unión es una potencia mundial en este asunto estratégico. Por lo tanto, la PAC se ha venido realizando a medida de las grandes multinacionales, puesto que favorece la concentración y las grandes explotaciones [32] intensivas de monocultivos, apuesta por un modelo que abusa de los fertilizantes químicos [33] y los pesticidas [34], supone un gasto insostenible de los recursos hídricos (especialmente en el Sur [35]) y de plástico, y potencia el uso de unas pocas razas hiperproductivas alimentadas con piensos compuestos y atiborradas de fármacos. Y como lo único que importa es el mercado, la producción agríc ola europea se dedica al comercio y a la exportación, creando undumpingde los precios que arruina la producción de la periferia. Todo ello hace que el gasto energético del actual modelo agrícola también aumente [36]. Un estudio del Wuppertal Institut de Alemania ha calculado las millas de transporte de los ingredientes de un yogur. Aunque todos estos componentes podrían haberse producido en un entorno de 50 millas, fueron transportados más de 7000. En esta apuesta por la productividad, se vuelcan las subvenciones en los grandes propietarios y en ciertas regiones [37]. Y las zonas que no reciben ningún tipo de protección son muchas veces las de mayor valor ecológico y en las que la disminución
de la actividad agraria provoca un fuerte deterioro del paisaje. En los últimos años se han venido realizando una serie de reformas en la PAC, la última de las cuales tuvo lugar en 2003. Dichas reformas son el resultado de presiones internas y externas. Entre los factores internos, destaca el elevado coste financiero producido por los crecientes problemas de gestión de los grandes excedentes, así como el hecho de que la Unión Europea es ya la segunda potencia mundial (después de Estados Unidos) en el campo de la agroalimentación. En el debate público también tuvieron relevancia los impactos medioambientales derivados del modelo estimulado por la PAC. Como factores externos, son decisivas las rondas de negociaciones en el seno de la OMC, donde se regulan los mercados agroalimentarios. En sucesivas rondas de negociación se han ido imponiendo importantes rebajas arancelarias, a las subvenciones y a las ayudas a la producción. De este modo, en la actualidad, sólo son permitidas medidas que se considere que no tienen efectos distorsionadores sobre los precios y los mercados (del tipo de la protección ambiental, el desarrollo rural o que no se traduzcan en pagos que no sean excepcionales a los/as agricultores/as). Todo ello ha reforzado la retórica sobre la sostenibilidad agraria en la PAC. Las cesiones por parte de la Unión Europea en estos aspectos en el seno de la OMC no han sido altruistas, por supuesto, sino que responden a los factores internos anteriormente nombrados y a que las negociaciones estaban sujetas al "principio de globalidad", por el que no se concluirían sin llegar a un acuerdo en todos los aspectos propuestos en la agenda inicial, los cuales eran mucho más jugosos para la Unión. En este contexto, los nuevos objetivos formales de la PAC resultante de las reformas se centraron en la reducción de la producción, de los excedentes y del gasto presupuestario. La pieza clave de las reformas de la PAC ha sido la reducción de los precios garantizados a los/as agricultores/as, ya que éstos pasan a estar prohibidos por la OMC. Un segundo aspecto fundamental es la disociación de las ayudas de la producción, de manera que las explotaciones agrarias reciban las ayudas en forma de pago único por explotación, calculado a partir de las ayudas recibidas en el periodo 2000-2002 (es decir, que en el fondo se sigue tomando como referencia la producción, premiando el productivismo histórico). Además, hay que añadir que dicha disociación no es completa y permanece en bastantes aspectos de la producción agraria. Sin embargo, la Unión Europea no está dispuesta a desmantelar su política de apoyo a la agricultura. Así, la nueva PAC trata de compensar la caída de los precios de intervención mediante ayudas directas, los llamados pagos compensatorios, en el caso de los cultivos herbáceos, desvinculados de la producción. Y mediante medidas estructurales, las denominadas "medidas de acompañamiento", entre las que se incluyen las medioambientales. La renovada PAC implica también la ampliación de la política de desarrollo rural, enmarcada dentro de la política de desarrollo regional de la Unión y, por tanto, también permitida por la OMC. Pero conviene señalar que las ayudas directas y medioambientales son claramente inferiores a las ayudas productivas, por lo que la PAC no rompe su carácter productivista. Ahora las ayudas estarán teóricamente condicionadas al cumplimiento de ciertos criterios no productivos, que tratan de responder a demandas ciudadanas sobre la calidad de los alimentos y respeto por el medio ambiente. Esta condición es un
instrumento que se adecua perfectamente a las medidas aceptadas por la OMC, lo que apunta a que se trata esencialmente de una coartada para seguir subvencionando la agricultura, ya que no se han puesto medidas reales para hacer posible la verificación de dichos criterios ambientales [38]. De este modo, y resumiendo, la única novedad ambiental que se está introduciendo desde los noventa en la PAC es el impulso de dos vías paralelas que convivan en la producción agrícola: la intensiva tradicional, de la que nos alimentaremos la mayor parte de la ciudadanías, y la ecológica, de mayor calidad. Y, con este Proyecto constitucional, no hemos de esperar ningún cambio de rumbo. El art. III-227 es bien explícito: "los objetivos de la política agrícola común serán: incrementarla productividad agrícola ,fomentando el progresotécnico, garantizar un nivel de vida a la población agrícola y estabilizar los mercados. (...) Se deberá tener en cuenta que la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía". Más de lo mismo. Respecto a los alimentos transgénicos, acaba de finalizar la moratoria sobre nuevas autorizaciones que estaba vigente desde 1998. Esta moratoria supuso un relativo respiro a la introducción masiva de transgénicos, pero el proceso de reforma legislativa que la motivó ya ha concluido. Así, existe una larga lista de transgénicos pendientes de aprobación, a los que la Comisión intentará dar luz verde cuanto antes, cediendo a las presiones de Estados Unidos y de la industria biotecnológica. De este modo, la normativa aprobada abre la puerta a la entrada masiva de transgénicos. Además, aparecen generosos coladeros para la industria biotecnológica, como la normativa sobre semillas, que es lo suficientemente laxa como para permitir la contaminación de campos no transgénicos por otros transgénicos y la imposibilidad de diferenciar unos de otros. Y se observa la ausencia de una normativa que establezca la responsabilidad civil de la industria biotecnológica en caso de daños o de contaminación por transgénicos. De todos modos, aunque insuficiente, la legislación es más estricta que la anterior en lo que se refiere a requisitos para las autorizaciones de liberación de nuevos transgénicos en la Unión Europea, así como para el etiquetado. Por último, la Directiva Europea de Patentes permite, a través de argucias legales, patentar genes, líneas celulares, animales y plantas. No se necesita el consentimiento del donante y no es preciso que el país de origen del material biológico figure siquiera en la patente. Todo esto favorece el robo por parte de las multinacionales de la biodiversidad genética y el conocimiento milenario de las culturas que la utilizan [39]. NOTAS: 31. ® Vid. Marta Soler Montiel: "La política agraria de la Unión Europea", Libre Pensamiento, Ecologista, La Lletra A (edición especial sobre la UE conjunta), 2005. 32. ® El 80% de la producción agrícola se realiza en el 20% de las tierras. 33. ® Desde 1985 hasta 1996, su uso aumentó en un 29,7%, aunque en los últimos años la tendencia haya sido levemente descendente. 34. ® Su utilización aumentó en un 82,1% entre 1985 y 1996, si bien últimamente se ha observado una cierta tendencia descendente. 35. ® En el Estado español el 80% del agua dulce se emplea en la agricultura.
36. ® Entre 1985 y 1996, el consumo de energía en la agricultura en el Estado español se incrementó un 27,7%, al tiempo que la superficie agraria usada disminuía un 5,6%. 37. ® El 50% de las explotaciones agrarias son pequeñas y se llevan sólo el 8% del presupuesto, mientras que el 4% mayor acapara el 40%. Esto continuará con la reforma de la PAC, a pesar de su retórica de recorte de las ayudas a las grandes extensiones. 38. ® Vid. Marta Soler Montiel: "La política agraria de la Unión Europea", Libre Pensamiento, Ecologista, La Lletra A (edición especial conjunta sobre la UE), 2005. 39. ® Vid. Ecologistas en Acción, Crítica a la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible, ya citado. Biodiversidad La Comisión Europea reconoce que "la pérdida de biodiversidad en Europa se ha acelerado de forma drástica en las últimas décadas" [40]. Sin embargo, no señala la gran responsabilidad que en la aceleración del proceso de extinción de especies, en la reducción de la diversidad genética y en la alteración de los hábitats naturales han tenido las políticas de la Unión Europea. Ante este panorama, los esfuerzos realizados resultan ridículos. Ni siquiera están teniendo éxito los que se han hecho en los últimos años para lograr la implantación de la Red Natura 2000 [41] en la Unión, como demuestran los más de cinco años de retraso acumulados en la designación de los Lugares de Interés Comunitario (LICs). En lo que respecta a los recursos pesqueros, basta decir que los caladeros que se encuentran en mejor estado son los del Atlántico Nororiental, donde el ritmo de pesca comporta que un 62% de la población esté en peligro de extinción. Al respecto, la Unión se reserva mediante la Constitución Europea la competencia exclusiva en la protección de los recursos biológicos marinos (art. I-13.1). Lo primero que hay que destacar es que este aspecto es el único de carácter claramente no económico de los que aparecen. Sin embargo, cuando vemos cuál es la política pesquera que está aplicando la Unión Europea, observamos que no desentona con el resto del articulado. La Unión trata los recursos biológicos marinos como un bien ilimitado al que esquilmar sacando el máximo provecho económico, como lo demuestra su reiterada pasividad en reducir el insostenible nivel de explotación de los caladeros. NOTAS: 40. ® La perdida de variedades y razas autóctonas en las ultimas décadas ha sido también devastadora, y supone una gravísima amenaza para el futuro de la agricultura europea. 41. ® Su objetivo es proteger las zonas de mayor valor biológico.
Residuos y salud pública La producción de residuos en la Unión continúa incrementándose año tras año [42], a pesar de la incorporación a la normativa comunitaria desde 1991 del principio de prevención en su generación. La Comisión sigue sin definir unas políticas económicas
fiscales que promuevan la reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos, limitándose a regular los sistemas de vertido y a plantear objetivos mínimos de reciclado [43]. Se llega al absurdo total cuando los documentos de la Unión afirman que es posible una "desmaterialización de la economía". ¿En qué consistirá dicha desmaterialización cuando el consumo de productos materiales y la producción de residuos, también muy materiales, no paran de crecer? Con todo, la legislación europea de protección de la salud pública relacionada con los residuos ha ido en aumento [44]. Y en algunos aspectos se ha reducido la contaminación (emisión de precursores de ozono troposférico y dióxido de azufre, presencia de fosfatos en ríos). Pero la legislación es insuficiente [45], ya que los riesgos que suponen los residuos siguen presentes [46], e incluso continúan aumentando en muchos casos (partículas en suspensión o nitratos en ríos). Por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado recientemente la Directiva sobre Responsabilidad Ambiental, que afectará únicamente a determinados sectores industriales, entre los que no se encuentran el nuclear ni el petrolero. Además, dicha Directiva no incluye la obligatoriedad de que las industrias de alto riesgo estén cubiertas por un seguro que garantice que los gastos de limpieza medioambientales no son pagados por los contribuyentes en caso de que aquellas se declaren insolventes [47]. Los objetivos genéricos que se plantean en la sección del Proyecto constitucional que trata el medio ambiente (art. III-233) son la "conservación, protección y mejora del medio ambiente; protección de la salud de las personas; uso prudente y racional de los recursos naturales; fomento de medidas a escala internacional(...)", y afirma que "se basará en los principios de cautela y acción preventiva, y en el principio de quien contamina paga". Pero leyendo con mayor detenimiento, nos damos cuenta de que "sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada implique costes desproporcionados para un Estado miembro, (...) se establecerán: excepciones de carácter temporal; apoyo financiero con cargo al fondo de cohesión". Así quien contamine tendrá que rascarse el bolsillo... pero parece que no demasiado. Además, "los principios de cautela y acción preventiva" a buen seguro se seguirán pasando por alto para la energía nuclear, los transgénicos, muchos aditivos químicos y para las radiaciones de las antenas de telefonía [48]. Por otra parte, la Unión se basa en la creciente asignación de derechos de propiedad sobre los recursos naturales para la protección del medio ambiente. Las herramientas de las que se sirve para hacer frente a los graves desafíos medioambientales son, principalmente, los denominados impuestos ecológicos [49] o ecotasas. Estos instrumentos sin duda pueden contribuir a mejorar la protección del entorno, pero su insuficiencia es manifiesta si no se acompañan de otras medidas: quienes tienen dinero suficiente, pagando, pueden seguir contaminando. El principio de "quien contamina paga" (art. III-233) del actual Proyecto se vería así satisfecho sin que por ello nuestra relación con el entorno saliera necesariamente beneficiada. Además, es evidente que es imposible cuantificar con valores monetarios todas y cada una de las variables ambientales: ¿cuánto debe pagarse a quien contrae cáncer a causa de emisiones electromagnéticas?, ¿cuánto pagarían las generaciones futuras por un clima inalterado? Por último, clama al cielo la confianza de la Unión Europea en la tecnología para abordar con éxito los problemas ambientales [50]. No hay duda de que la mejora de la eficiencia es importante, pero en sí misma y sin afrontar los otros elementos del problema ecológico resulta totalmente insuficiente. Un botón de muestra es la introducción de los catalizadores en los automóviles: la reducción de contaminantes supuso un efecto beneficioso inicial que,
sin embargo, pronto se vio truncado por el aumento del parque automovilístico. Autor/a: Luis González Reyes y Pedro Ramiro, Ecologistas en Acción NOTAS: 42. ® En los años noventa la generación de basura en la UE aumentó un 14%, de manera que la ciudadanía europea produjo 545 kilos de residuos por persona y año. 43. ® En 1998 sólo se reciclaba un 20% de la basura, mientras un 57% iba a vertederos. 44. ® Por ejemplo, con el Libro Blanco sobre Sustancias y Preparados Químicos o con la suscripción del Protocolo de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 45. ® Como un ejemplo, el nuevo sistema REACH que pretende revisar el riesgo para la salud de 30.000 sustancias químicas dejará fuera 70.000 que se seguirán comercializando casi sin control. 46. ® No existe información suficiente sobre la salubridad del 90% de las sustancias presentes en el mercado, y sobre muchas (PTS, PCB o PBDE) hay pruebas de su toxicidad. Ya que, aparte de las reglas que se aplican a los medicamentos, plaguicidas o aditivos alimentarios, la legislación comunitaria no prevé un sistema de autorización previa a la comercialización de productos. En la mayoría de los casos, corresponde a la ciudadanía demostrar el riesgo que entraña un procedimiento o un producto que ya se ha comercializado. 47. ® Como ocurrió en el vertido de lodos tóxicos de Boliden Apirsa, la empresa minera de Aznalcóllar. 48. ® En 2001 el Tribunal de la UE condenó a Francia por anteponer el principio de precaución al Mercado Único y mantener su embargo al vacuno británico. 49. ® El número de los impuestos llamados ecológicos se ha multiplicado por 4 en los últimos 20 años. 50. ® Art. III-248: "la Unión tiene como objetivo fortalecer las bases científicas y tecnológicas (...) favoreciendo el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria (...)". Y es que la investigación tecnológica nos llevará indefectiblemente al progreso... Referencias
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Legislación Al echar una ojeada al desarrollo de las medidas y normativas aprobadas para la protección del medio ambiente durante los últimos 25 años, puede dar la sensación de que se ha avanzado mucho en dicha protección. Se calcula en más de 6.000 las normas internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas y municipales- en materia de agua, atmósfera, sustancias tóxicas, residuos, especies, espacios naturales, forestal, ruido, autorizaciones ambientales, urbanismo, etc. Pero ¿es real esa protección? Efectivamente, el marco jurídico ha cambiado mucho en las últimas décadas. Se ha pasado de la existencia de unas incipientes disposiciones legales a que, a partir del marco constitucional de 1978, se desarrollara una compleja estructura administrativa, especialmente autonómica, con competencias para el desarrollo legislativo en materia de medio ambiente, para la gestión del mismo y para el control de su aplicación. El ingreso del Estado español en 1986 en la entonces Comunidad Económica Europea ha supuesto, aunque sea con extrema lentitud y desidia, la incorporación de una gran cantidad de normas ambientales cada vez más exigentes. En el ámbito penal es un hito muy importante la aprobación del Código Penal de 1995 que, ampliando los delitos ecológicos existentes hasta esa fecha, incluyó varias decenas de tipos penales contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio. Incumplimiento sistemático Sin embargo, a pesar de esta mejora indudable de los instrumentos jurídicos para la protección del medio ambiente, los indicadores de su estado evidencian un deterioro notable del mismo. Por ejemplo, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente los parámetros que miden la calidad del ambiente y de los ecosistemas empeoran a escala europea, con la excepción de sólo algunos contaminantes atmosféricos. Y no digamos la evolución de las emisiones de CO2 y las alteraciones del clima derivadas de aquellas. Y es que, frente a las políticas e instrumentos para la protección del medio ambiente, existen otras (urbanísticas, energéticas, de transporte, industriales...), tanto en el plano
internacional (p. ej. condiciones en las que se desarrolla el comercio) como en el interno (p. ej. inversión en infraestructuras, normas sobre precios, fiscalidad), que van en dirección contraria y producen efectos opuestos a aquellas. Además, podemos afirmar que este derecho ambiental se incumple sistemáticamente en todos los niveles competenciales a los que antes hemos hecho referencia: comunitarios, estatales, autonómicos y locales. Puede parecer ésta una afirmación muy tajante, pero no sólo es ésa la sensación que existe entre organizaciones ecologistas y entre muchos profesionales del derecho, sino que también es constatable por datos tales cómo el número de expedientes abiertos contra el Estado español en la Comisión Europea por infracción del derecho comunitario o el elevado número de denuncias por infracciones ambientales, administrativas o penales, ante diversos organismos (Consejerías de Medio Ambiente, Confederaciones Hidrográficas, Juzgados y Fiscalías) y los pocos casos en que prospera su tramitación y se logra hacer efectiva una sanción. Pasividad, corrupción y trabas para la acción pública Esto sucede por la concurrencia de una serie de circunstancias. En primer lugar, existe una extraordinaria pasividad a la hora de perseguir las infracciones por parte de las administraciones ambientales competentes. Gran parte de estos incumplimientos ambientales de carácter administrativo se pierden por los vericuetos de los expedientes sancionadores. Las Consejerías, las Confederaciones Hidrográficas, etc. carecen de suficiente personal y, sobre todo, de voluntad para tramitar estos expedientes y sancionar a los infractores. Por cierto que la escasez de recursos humanos es, también, falta de voluntad política. En algunos casos se puede hablar sin ambigüedad de corrupción, como ha señalado la Fundación Nueva Cultura del Agua en su informe "Aguas limpias, manos limpias: corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España" (enero 2004). En el terreno urbanístico la situación es similar. Las administraciones no persiguen las infracciones, no paralizan las obras ilegales y no dan cuenta a los tribunales de muchas construcciones que pueden ser constitutivas de delitos urbanísticos. Esto se revela particularmente grave en zonas como Madrid, Almería, Málaga, Cantabria o la Comunidad Valenciana. La existencia de algunos fiscales de medio ambiente ha permitido la investigación de delitos ecológicos de manera más exhaustiva, pero muchos de estos fiscales aún no tienen los medios suficientes (ecotoxicólogos forenses, suficiente policía judicial...) y, lo que es peor, la mayor parte de las Audiencias Provinciales aún no disponen de ellos. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) pudo configurarse como un instrumento para prevenir, a través de este procedimiento de autorización de infraestructuras o instalaciones, los efectos ambientales negativos de las mismas. Pero no ha sido así. La EIA a menudo se ha convertido en un mero trámite administrativo que han tenido que cubrir las empresas o las administraciones promotoras de proyectos. ¿Pasará lo mismo con la Autorización Ambiental Integrada que se ha puesto en marcha recientemente derivada de la normativa europea de Prevención y Control Integrado de la Contaminación? Aunque se ha avanzado mucho para que en el ámbito administrativo y contencioso se reconozca la legitimación de las organizaciones ecologistas para defender los llamados intereses difusos medioambientales, no existe aún con carácter generalizado una acción pública en esta jurisdicción. Lo cierto es que las dificultades de las asociaciones para acceder
a la justicia de manera real y efectiva son muy grandes. Y no es por falta de abogados, sino por circunstancias como dificultades procesales tales como las elevadas fianzas que en ocasiones se imponen, la lentitud en la tramitación de los procesos que a veces hace inefectivas las sentencias favorables (un derecho de información que te reconocen a los 6 años, una obra declarada ilegal que ya está construida) o falta de peritos que contrarresten informes bien pagados por algunas empresas. Pero, como en todos los ámbitos de la defensa del medio ambiente, lo que no podemos hacer es tirar la toalla. Tenemos claro qué hay que reivindicar: normas más exigentes en la protección de los intereses ambientales; que las administraciones competentes se doten de más medios humanos y materiales para la vigilancia y el control del derecho ambiental; que los jueces tengan formación específica y también más medios; que se constituyan Fiscalías especiales de medio ambiente en todos los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales; y que se reconozca la acción popular en la jurisdicción administrativa para asegurar la efectiva aplicación de la legislación de protección del medio ambiente. Autor/a: Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción de Madrid 2.2. Las causas de la crisis ambiental global Entrevista a Federico Aguilera Klink: "La economía mundial es insostenible porque está absolutamente divorciada de la Naturaleza" Nació en Ciudad Real en 1953. Vive en Tenerife desde 1966 y a partir de 1995 es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Recibió en 2004 el Premio Nacional Lucas Mellada de Economía y Medio Ambiente, distinción otorgada anualmente por el Ministerio de Medio Ambiente. Desde los quince años pertenece al Grupo de Montañeros de Tenerife y ha caminado por doquier en las Islas Canarias y escalado por los Alpes y los Andes. La economía y el medio natural, puntos de partida de una conversación en la que también se habló de democracia y participación. ¿A qué responde el concepto de Economía Aplicada y cómo se ha especializado en él Federico Aguilera? La Economía Aplicada es una denominación muy genérica y amplia, abarca asignaturas de matemáticas, estadística, economía fiscal, hacienda pública, economía de la salud. Puedes encontrar, en las distintas universidades, distintos contenidos. Aquí, por ejemplo, en la de La Laguna, se estudia economía del turismo, economía del desarrollo, economía del territorio, economía canaria. Es una denominación administrativa, departamental, donde los investigadores aplicamos esquemas teóricos para comprender la realidad. Yo me especialicé inicialmente en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, hace ya más de veinte años, cuando aquí ni siquiera existía esa etiqueta de Economía Aplicada. Conseguimos incorporarla al currículo de la facultad y me he dedicado a ella, si bien me he ido especializando en Economía Ecológica, sobre todo en Economía del Agua, la gestión de acuíferos y los trasvases en la Península, y en Canarias en torno a los mercados del agua y aspectos teóricos sobre Economía Ambiental y Ecológica.
¿Qué vínculos podrías establecer entre un concepto como el de Economía Ecológica y el modelo económico que prevalece globalmente? La Economía Ecológica sugiere que la economía es un subsistema del medio ambiente. Lo decía ya Aristóteles, cuando distinguía entre economía y crematística: economía equivale a la gestión de la casa, del planeta, y la crematística tiene más que ver con los negocios. Sin embargo, hay un divorcio entre negocios y economía, la economía mundial es insostenible porque está absolutamente divorciada de la Naturaleza. Como decía Goethe, "hemos perdido la consciencia de nuestra dependencia de la Naturaleza". Y no sólo como seres humanos que ignoramos que somos también Naturaleza, sino como consumidores que ignoramos que dependemos de las funciones ambientales de la Naturaleza y creemos que con la tecnología podemos sustituir esas funciones. Pero el cambio climático nos está mostrando que no podemos sustituirlas, que podemos desalar agua, por ejemplo, en un contexto de escasez física, pero entonces transformaremos la escasez de agua en escasez de energía, porque, a no ser que desalemos con energías renovables, estaremos consumiendo energía fósil y emitiendo CO2. Y somos tan poco conscientes de dónde vivimos, que no se nos ocurre pensar que el recurso más escaso no es la energía fósil, sino la capacidad de asimilación del CO2. Tenemos muchísima energía renovable, sólo hay que captarla adecuadamente. Y en Canarias la cuestión no es introducir más energía, sino ahorrar; el potencial de ahorro y deficiencia energética que tenemos es impresionante, pero no se le presta atención por intereses concretos. ¿Y qué políticas correctoras podrías apuntar en esa línea, la del ahorro? Recientemente leí en un periódico local que una consultora había hecho un estudio sobre la eficiencia en los hoteles en Canarias, y apuntaba que se puede ahorrar el 40% de la energía que se usa. No sé si somos conscientes de eso. Ahorrar el 40% significa que tenemos un suministro adicional un 40% más elevado. Esto en Estados Unidos se lleva tiempo trabajando con la política energética al menor coste, la Least Cost Planning, que consiste en no permitir aumentar la capacidad de energía instalada hasta que se haya utilizado el potencial de ahorro. Hay, además, un principio muy claro: es más barato ahorrar un kilovatio que generar uno nuevo. Y ahí las tarifas son muy importantes, pudiendo cambiarse por un sistema tarifario que incentive el ahorro, como ocurre con el agua. En Estados Unidos se llama vender negavatios, vender incentivos para el ahorro. Insisto, creo que hay un gran potencial para ahorrar. Primero el ahorro y luego energías limpias, y en Canarias el potencial para las energías alternativas es impresionante. ¿Cuál es tu valoración respecto de la participación ciudadana? ¿Cómo entonces, a tu juicio, deben ser tomadas en cuenta la voz del científico y del estudioso y la del ciudadano común? Mi evaluación es que los políticos no están interesados en la participación ciudadana real, le tienen miedo. Porque ellos, a menudo, dan la solución antes de plantear el problema y porque hay intereses empresariales o de quienes financian los partidos y se insiste entonces en determinadas opciones. Por ejemplo, el tema del puerto en Granadilla. En un artículo publicado por el expresidente de Unelco, Antonio Castellano, leía algo que también hemos dicho desde la Asamblea por Tenerife: el gas no hace falta en Canarias, es simplemente una cuestión de negocios privados, no va a resolver ningún problema. Él se lo dice a los políticos en su artículo.
¿Cómo influimos desde la Universidad? Pues muy poco, porque, y es mi percepción, los políticos quieren una Universidad obediente, que les dé la razón en sus cuestiones, pero no que piense por cuenta propia y abra los problemas. Yo creo que la participación real no les interesa, porque ésta empieza por compartir el diagnóstico, no el proyecto final. Cualquier político mínimamente democrático estaría orgulloso de la riqueza y la creatividad que demostró Canarias con las cien mil personas que salieron a la calle el pasado 27 de noviembre de 2004 [en una manifestación contra la especulación y contra el puerto de Granadilla]. A este respecto, ¿sabes de las palabras de apoyo a la construcción del puerto en Granadilla y a modo de impulso definitivo a dicho proyecto que el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, remitió en forma de comunicado a los distintos medios de comunicación, al término mismo de la manifestación? Sí. Los políticos no escuchan a la gente, pero cuando además reaccionan de esa manera, con un manifiesto que ya debían tener elaborado, lo que hacen es profundizar en su descrédito, simplemente. Cómo podemos creer toda esa pantomima que han hecho para contar las personas que íbamos en la manifestación. No se dan cuenta de la poca credibilidad que tienen y siguen pensando que la gente no ve. Pero lo bueno de esto es que la gente se ha quitado la venda de los ojos, ya no nos creemos las mentiras. Y cuando un pueblo deja de creerse las mentiras los políticos se echan a temblar. Se han vertido también juicios a fin de desacreditar a quienes apuestan por otro modelo de desarrollo y progreso... Cuando insultan, lo que pretenden es intimidar, y a veces uno se descoloca un poco. Pero yo lo he dicho muchas veces: mi trabajo es público, tengo que argumentar en clase y estoy sujeto a críticas por los alumnos, cuando publico un trabajo en una revista científica es evaluado previamente y criticado. Yo no rehuyo la argumentación y el debate público, al contrario, creo que forma parte de mi trabajo. No hay participación sin debate público, pero, eso sí, en igualdad de condiciones y con la misma información. No estamos pidiendo nada, no es hacer la revolución, es una democracia razonable. Mi parecer es que en Tenerife la democracia está secuestrada, porque no se quiere debatir, discutir. Pero cuando somos tantos ciudadanos de a pie, sin dinero y con menos capacidad técnica, y capaces de presentar alternativas, es como para emocionarse con la calidad humana e intelectual de la gente que está aquí. Pero los periódicos deben estar preocupados, porque la gente respondió, su censura no ha servido para nada. Si existe una negativa al debate público y se puede estar ocultando información, ¿por dónde crees que pasa esa ocultación, a qué intereses o estrategias puede responder? El Gobierno ha insistido desde que se empezó con el tema de Granadilla en que el puerto de Santa Cruz estaba saturado. Desde la Universidad ha habido personas que han demostrado que el puerto de Santa Cruz se puede ampliar. Según Pedro Anatael Meneses, antiguo presidente de la Autoridad Portuaria y de la Marina Mercante, alguien que sabe de lo que habla, Santa Cruz no sólo no está saturado, sino que está infrautilizado y mal gestionado. ¿Por qué se han negado a debatir sobre ese punto de partida? Pues no, vuelven con que está saturado y, cuando se ve que no es así, salen con que es muy costoso ampliarlo y vuelve Pedro Anatael a demostrar que no es tan costoso y que se puede incluso duplicar su superficie. Si lo que quieren es transformar esto en una plataforma logística,
Santa Cruz se puede ampliar y jugar ese papel, incluso abriéndola al mar. Además, el turista se sorprende con el paisaje tan impresionante que tiene esta isla, no con parques temáticos. Y con lo del impacto ambiental ha ocurrido lo mismo. El departamento de Biología Marina ha demostrado el impacto irreversible que generan las obras del puerto de Granadilla y el Gobierno sigue negándolo. Pero es el tema en el que insisto tanto, el de los megaproyectos. Al financiarse con fondos públicos estatales y europeos, nadie le presta atención, y se sabe que gran parte de esos fondos públicos son transferencias de renta a los empresarios de la construcción. ¿Contrasta este proyecto con infraestructuras de otra índole, sociales, culturales, sanitarias, que pudiera precisar la isla? En un contexto en el que hay una alternativa viable mucho más barata y hay unas prioridades sociales más importantes, en educación, en sanidad, creo que ésta es una inversión ineficiente y que no resuelve los problemas que pretende resolver. ¿Por dónde pasa tu planteamiento de modelo de desarrollo o progreso ideal? Ideal sería lo del desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible es imposible aquí, porque es incompatible con la actividad económica. Sí que hay un potencial muy elevado para gestionar el territorio de otra manera, para disminuir la generación de residuos, para cambiar el modelo de transporte y para cambiar el uso de la energía y del agua. Se puede minimizar el impacto de la economía sobre la Naturaleza y el medio ambiente. Creo que hay otras maneras de hacer las cosas, y hay mucha literatura al respecto, que sugiere ideas en estos cinco o seis campos. Estamos recibiendo mucho dinero de la Unión Europea para cosas peregrinas. Vamos a apostar con ese dinero por otro tipo de transporte, por una gestión de residuos más clara, por una eficiencia en la energía y por una mayor gestión del agua y del territorio. ¿Y a escala global? No hay otra opción: o somos capaces de integrarnos o desaparecemos. Pero esto no es una entelequia, es saber dónde vivimos. Hemos de procurar que el sistema económico coevolucione con el sistema natural, para integrase en él. O vamos reorientando, cambiando nuestro estilo de vida hacia uno que sea más compatible con el medio ambiente, o esto colapsará en algún momento, sin saber siquiera cómo, porque estamos viendo que el cambio climático no va a ser lineal, que un incremento pequeño de temperatura puede desarticular los ecosistemas globales. Y habrá otras especies que sí tengan más capacidad de resistencia, pero nosotros somos tremendamente vulnerables. Así que vamos a ver qué pasa... Autor/a: Ben Magec, Ecologistas en Acción Dependemos cada vez más de recursos no renovables Hace años que, desde el punto de vista económico-ambiental, venimos asistiendo a un interesante debate que se puede resumir de la siguiente forma: ¿es realmente cierto que la tradicional pérdida de peso de la agricultura y la industria en el Producto Interior Bruto, permite a las economías industriales seguir creciendo económicamente pero utilizando, a la
vez, menos recursos naturales? ¿Son de verdad el sector servicios y la nueva economía menos intensivos en energía y materiales? La discusión, conocida como controversia sobre la desmaterialización, no sólo ha hecho correr ríos de tinta durante largo tiempo, sino que ha sido el último episodio del viejo enfrentamiento entre los defensores del crecimiento económico, y aquellos que opinan que existen límites físicos a la producción de bienes y servicios. De productores a adquirientes Ahora bien, ¿ha participado la economía española de esta tendencia desmaterializadora? Lamentablemente, nuestro país viene desde hace tiempo reafirmándose en una estrategia de crecimiento económico que, ecológicamente, presenta dos rasgos de insostenibilidad muy acentuados. Por un lado, son ya muy visibles las consecuencias de una mutación ambiental que tuvo su origen en los años sesenta: España pasó de ser una economía de la producción apoyada en la generación mayoritaria de recursos renovables (biomasa agrícola, forestal...) para satisfacer su modo de producción y consumo, a convertirse en una economía de la adquisición de recursos no renovables preexistentes, procedentes de la corteza terrestre y que, por ello, tienen un carácter netamente agotable. En la actualidad más de cuatro quintas partes de los recursos naturales que son utilizados por el sistema económico son de carácter no renovable (energía, minerales y productos de cantera). No en vano, entre lo que se extrae en el propio territorio y lo que procede del resto del mundo -sólo computando los recursos naturales que obtienen una valoración monetaria- la economía española requiere para su funcionamiento de casi 20 toneladas por habitante y año. De ellos, aproximadamente la mitad lo constituyen los productos de cantera, denotando así la estrecha y problemática dependencia entre la expansión del sector de la construcción y el crecimiento económico en nuestro país. Parece razonable, por tanto, que cualquier estrategia de sostenibilidad intente reducir ese trasiego de recursos, en vez de convertir a la economía española en un país con una imagen de dispendio en energía y materiales poco acorde con su papel de furgón de cola de la Unión Europea. De exportadores a importadores de recursos naturales Pero ha existido una segunda mutación que refuerza notablemente el anterior resultado: en la misma medida en que se produce el tránsito desde una economía de la producción hacia una economía de la adquisición, el milagro económico observado desde hace tiempo entraña que, en términos físicos, España deja de ser abastecedora neta de recursos naturales al resto del mundo para convertirse en importadora neta de materias primas y población. Actualmente por cada tonelada que sale de nuestro país en forma de exportaciones entran como importaciones tres toneladas más. Pero en una asimetría digna de nota, mientras la balanza de pagos en términos monetarios nos informa de que nuestra deuda comercial tiene como acreedores fundamentalmente a los países de la UE, el grueso del déficit en términos físicos lo tenemos contraído con países de África, América Latina y Asia. La economía española acelera así su desplazamiento en la carrera hacia el desarrollo, avanzando hacia posiciones en las cuales disminuye la exigencia física de energía y materiales internos -porque se toman de otros territorios- concentrándose en las actividades de elaboración de manufacturas, comercialización y turismo como forma de equilibrar en lo monetario el desfase y la dependencia existente en términos físicos. El comercio internacional aparece entonces como un mecanismo que permite consolidar esa
economía de la adquisición, recurriendo a la captación en terceros países, y a precios de saldo, de recursos naturales con que alimentar nuestra maquinaria económica. La conjunción de ambos factores explicaría, además, otro resultado notable: nuestro país es el protagonista del mayor crecimiento en la utilización de recursos naturales en comparación con las principales economías industriales. Pero no hay que olvidar que el déficit físico anterior y su insostenibilidad ambiental posee también una traducción en términos de déficit territorial a través de la huella ecológica, esto es, el espacio que cada habitante de nuestro país ocupa para satisfacer su modo de producción y consumo y absorber sus residuos en forma de dióxido de carbono. La economía española ocupaba en 2000 por estos motivos 5 hectáreas/hab y, dado que la tierra ecológicamente productiva per cápita ascendía a 1,4 ha/hab, esto quiere decir que estamos incurriendo en un déficit ecológico equivalente a casi cuatro veces nuestra propia superficie productiva. Evidentemente, esta superficie, se está ocupando, tanto en países de nuestro entorno de los que importamos bienes, como de regiones enteras del Tercer Mundo que nos abastecen de combustibles fósiles, minerales, alimento para el ganado o madera. Ahora bien, no sólo el comercio internacional ha servido como acicate para consolidar la economía de la adquisición. También el sistema financiero internacional funciona como palanca importante para consolidar el carácter adquisitivo de la economía española: la compra de patrimonio empresarial de terceros países como Argentina, Chile o Bolivia en sectores muy vinculados a la utilización y comercialización de recursos naturales (producción y distribución de electricidad, gas y agua, e industrias extractivas y refino de petróleo) pone de relieve el importante papel desempeñado en dicha estrategia por empresas nacionales como Iberdrola, Endesa, Aguas de Barcelona, Unión Fenosa, Gas Natural o Repsol. En definitiva, que en vez de encaminar nuestro modelo energético hacia la renovabilidad, y la gestión de los flujos de materiales hacia la reducción y la reutilización por métodos y técnicas suficientemente conocidas, los requerimientos de recursos naturales de la economía española han crecido y crecen, en todas sus versiones, a tasas superiores a las del resto de los países ricos o industrializados, y se aproximan ya a los niveles más elevados de éstos. Por tanto, la pérdida de peso de la agricultura, la minería y la industria, unida a la creciente terciarización de nuestra economía, no ha originado en España ninguna desmaterialización de la misma sino que, por el contrario, ha dado lugar a una rematerialización continuada desde hace años. De lo que cabe concluir que la economía española ha mostrado en su desarrollo una eficiencia ecológico-ambiental bastante escasa. Y se comprende que no le falte razón a Antonio Estevan cuando sostiene que "el Estado español lleva camino de convertirse en una auténtica peña ultrasur [anti]ecológica, y no sólo por su ubicación geográfica" en la Unión Europea. Autor/a: Óscar Carpintero Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad Llamamos Ecología Política al estudio de esos conflictos ecológico-distributivos. Los actores de tales conflictos usan diversos lenguajes de valoración. Por ejemplo, pueden
argumentar que quieren lograr una compensación monetaria equivalente a los daños ambientales sufridos pero también pueden decir que el territorio en cuestión es sagrado o pueden apelar a la defensa de los derechos humanos o de los derechos colectivos indígenas, o pueden insistir en valores ecológicos que no pueden ser realmente expresados en dinero. La Economía Ecológica estudia las relaciones entre el crecimiento económico y el medio natural. Desde el punto de vista de la sustentabilidad "fuerte", eso requiere usar indicadores físicos como la HANPP o la Contabilidad de Flujos de Materiales. Este artículo tiene la intención de mostrar que los conflictos ecológico-distributivos pueden ser explicados e incluso previstos por esos indicadores físicos de (in)sustentabilidad. Introducción En la Economía Ecológica se ha planteado un debate entre los conceptos "débil" y "fuerte" de la sustentabilidad, según los daños ecológicos y el agotamiento de recursos se valoren en dinero o se valoren directamente en términos físicos. En este artículo uso el concepto "fuerte" de sustentabilidad. Doy una tipología de conflictos ecológico-distributivos, y señalo sus conexiones con los indicadores físicos de (in)sustentabilidad. Así, por ejemplo, un mayor Flujo de Materiales causa conflictos sobre el trazado y los impactos de nuevas infraestructuras de transportes (ya sean oleoductos, hidrovías, puertos o nuevas autopistas). A medida que la economía y la población humana crecen, usamos más recursos naturales y producimos más residuos. Hay impactos sobre otras especies y sobre las generaciones humanas futuras pero también sobre la generación actual. Ahora bien, no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos o conflictos de "justicia ambiental". Esos conflictos ecológico-distributivos se expresan en distintos lenguajes de valoración. Así, los perjudicados pueden pedir la internalización de las externalidades y una indemnización monetaria pero también pueden argumentar (si su cultura local se lo permite) que el medio ambiente en cuestión tiene un gran valor ecológico o paisajístico, o que esa tierra es sagrada, o que los recursos de ese territorio están excluidos del mercado por disposiciones internacionales que protegen a grupos indígenas. En cualquier conflicto ecológico-distributivo, podemos preguntarnos: ¿quién tiene o se arroga el poder de determinar cuáles son los lenguajes de valoración pertinentes? La Economía Ecológica estudia las relaciones entre la economía y el medio ambiente (lo que incluye el debate sobre la sustentabilidad ecológica de la economía y el debate sobre el valor de los daños ambientales). La Ecología Política estudia los conflictos ecológico-distributivos. Así pues, el presente artículo estudia las relaciones entre la Economía Ecológica y la Ecología Política. La cuestión no es si el valor económico puede ser determinado únicamente en mercados concretos ya que los economistas hace ya tiempo que desarrollaron métodos de valoración monetaria para bienes o servicios ambientales o para externalidades negativas que se dan fuera del mercado. La cuestión es (Funtowicz y Ravetz, 1994: 198) si en cualquier diálogo o conflicto (ya sea sobre extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, o la destrucción de un manglar para poner una camaronera, o la determinación de los niveles tolerados de emisión d