Docstoc

Derecho a una educacion de calidad

Document Sample
Derecho a una educacion de calidad Powered By Docstoc
					DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD... PARA QUIEN??
La educación se concibe, en la actualidad, como un componente integral, inalienable e indivisible, de los derechos de los cuales son portadores los seres humanos. Los derechos humanos que ahora reconocemos han surgido históricamente como resultado de la evolución y consolidación de los derechos ciudadanos a partir del siglo XVIII. Este proceso puede representarse gráficamente como una serie de círculos concéntricos. Cada círculo representa la articulación de un nuevo consenso social sobre el ordenamiento político y económico de la sociedad, la ampliación de espacios públicos relativamente independientes del Estado, y la institucionalización de un nuevo marco de derechos ciudadanos. Utilizando la interpretación de T.S. Marshall sobre el desarrollo de la ciudadanía en Inglaterra, es posible visualizar en un primer círculo concéntrico el surgimiento e institucionalización de los derechos civiles en el siglo XVIII. En un segundo círculo, el surgimiento e institucionalización de los derechos políticos en el siglo XIX. Y en un tercero, el surgimiento e institucionalización de los derechos económicos y sociales en el siglo XX. La educación es parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, y la institucionalización de este nuevo marco de derechos humanos ha conducido a que el denominado Estado de Derecho se constituyese en un “Estado Social de Derecho”, tal y como la Constitución Política de Nicaragua cataloga a nuestro Estado. De ahí el surgimiento del “constitucionalismo social” que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que todas las personas disfruten de estos derechos, de manera efectiva. En este caso, se concibe como responsabilidad ineludible del Estado llevar a cabo las acciones y políticas que aseguren la materialización efectiva del derecho de todas las personas a una educación de calidad. La educación es considerada además como un mecanismo fundamental para avanzar en la reducción de las enormes desigualdades sociales que caracterizan a nuestros países, y de superación de la denominada “reproducción intergeneracional de la pobreza”. El acceso a educación de calidad, y la progresión en logros educativos y aprendizajes efectivos, permite a las personas tener oportunidades claramente superiores para acceder a mejor nivel de vida, mayores opciones para aprovechar sus potencialidades y más libertad efectiva para realizar sus proyectos de vida.

Invertir en educación sigue siendo, desde la perspectiva del impacto social y productivo, una de las inversiones con más alta tasa de retorno. Por lo mismo, la brecha entre diferentes segmentos de la población, debido a razones de carácter socio-económico, de género o de territorio de residencia, en el acceso a educación de calidad, en logros educativos y en aprendizajes efectivos, debe ser considerada como una brecha de primera importancia: a través de ella se perpetúa la brecha en ingresos, en calidad del trabajo y en acceso al bienestar, tanto a lo largo de la propia vida como de una generación a la siguiente. Por lo tanto, la lucha por el derecho humano fundamental a la educación, por la universalización en el acceso a una educación de calidad, es ante todo la lucha por asegurar este derecho para todos aquellos que, en una sociedad socialmente polarizada, portadora de grandes desigualdades, no están en capacidad de acceder a este bien público por las vías del mercado. En el contexto de un país como el nuestro, caracterizado por una enorme desigualdad, en el cual la mayor parte de los niños y jóvenes se localiza en los hogares con la menor participación relativa en la distribución del ingreso - en el seno de los cuales el ingreso percápita resulta ser inferior a los US$ 1 o US$ 2 diarios -, determina que sólo una minoría de los niños y jóvenes del país, aquellos que corresponden al quintil más rico de los hogares, tendrá asegurada, por las vías “normales” del mercado, sus derechos fundamentales. En una situación así, las políticas públicas, materializadas a través de los Presupuestos Públicos, adquieren una relevancia fundamental para contribuir a contrarrestar estas profundas desigualdades, asegurando una tendencia hacia el acceso universal de los ciudadanos a una educación y salud de calidad. El Sector Publico tiene por tanto la responsabilidad fundamental de asegurar que todos los niños, independientemente del nivel de ingreso de los hogares de los cuales provienen, tengan acceso a servicios sociales de calidad, que constituyen además derechos humanos inalienables En todo el mundo, el Sector Público es el que logra o no este objetivo, de asegurar con su gasto el máximo acceso universal posible a estos servicios básicos. Así lo muestra el siguiente cuadro, en el caso de la Educación: Para ello, el sector público debe estar adecuadamente financiado, y sobre todo, en orden de poder asegurar servicios sociales de vocación universal, con carácter estructural y permanente, es preciso que los segmentos de la población que concentran de manera desusada el ingreso en nuestros países - en la región con la peor distribución del ingreso en todo el planeta - contribuyan a dicho financiamiento en la proporción adecuada, a través del sistema tributario. De esta manera, en la medida en que estos segmentos más ricos de la población aporten una parte fundamental de los ingresos fiscales del Estado, dado que como

proporción de la población representan un segmento muy reducido, los mayores beneficios de servicios sociales de calidad con vocación universal serán para la población - sobre todo para los niños - que sobrevive en el seno de los hogares de menores ingresos. De lo contrario, continuaría reproduciéndose el predominio de un sistema educativo segmentado y altamente polarizado: por un lado, un sistema educativo privado, al que pueden acceder quienes pueden sufragarlo, el cual cumple la función de proporcionar una educación de mayor calidad a los segmentos de niños y jóvenes de los hogares mayores ingresos relativos, para que puedan ocupar las posiciones predominantes en la sociedad, y por otro lado, un sistema educativo público, muy pobremente financiado, totalmente incapaz de proveer acceso a una escolaridad suficiente y de calidad para todos, especialmente para los segmentos marginalizados y excluidos. Las políticas públicas, para poder asegurar el acceso de todos y todas a estos derechos humanos básicos, deberán colocar por lo tanto un énfasis muy especial en lograr una estructura tributaria progresiva, que permita obtener los ingresos necesarios para financiar los niveles de inversión en capital y desarrollo humano, requeridos para permitir a los grandes segmentos de la población excluidos acceder a servicios sociales de adecuada cobertura y calidad. Como lo reconoció Rodrigo De Rato, Director-Gerente del FMI, de acuerdo a declaraciones efectuadas durante su visita a (Diario El Comercio, Perú, “FMI: impuestos en América Latina son "injustos y distorsionantes" (21/2/05)”. el sistema tributario en América Latina es tanto ineficiente, como inequitativo. El sistema tributario de la región es ineficiente porque que en promedio la recaudación sólo rinde un 17% del PIB (nivel que Nicaragua alcanzó recién en 2005), y “es imposible hacer ni política social, ni política de desarrollo, ni políticas de nada con una gestión tributaria de ese calibre". Es también regresivo: “una de las trabas más importantes es un sistema tributario "muy malo" en la mayoría de los países, en el que los que menos tienen pagan relativamente más al Estado que los ricos, lo que perpetúa la extrema desigualdad de la región. En lugar de recaudar según los ingresos, algunos gobiernos dependen de impuestos al consumo, como el IVA, que afectan a toda la población por igual”. La importancia de la educación finalmente se aprecia mejor si se considera que en ella se juega, en gran medida, el futuro de nuestras sociedades. Es evidente que el futuro de nuestras sociedades no podrá ser mejor que el presente de sus niños y sus jóvenes, por lo que debiera ser igualmente obvio que la incapacidad de atender en el presente las necesidades básicas de éstos, y de dotarlos de las capacidades indispensables para afrontar los desafíos de su inserción en la vida social, no es más que una forma segura de hipotecar su futuro, el de sus familias y el de nuestras propias sociedades.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:103
posted:7/4/2008
language:Spanish
pages:3
richard quintanilla richard quintanilla computer technician
About