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                       DAÑOS PUNITIVOS EN LA LEY 24.240

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Los daños punitivos son “prestaciones dinerarias o de otra naturaleza (v.g. de hacer, art.
625, Cod. Civil) que el tribunal jurisdiccional o arbitral ordena pagar a la víctima de un
acto o hecho antijurídico o a un tercero (que puede ser o no el Estado) que el tribunal
determine, que pueden agregarse a los restantes rubros indemnizatorios (o no) en
relación a los daños realmente experimentados por el damnificado, teniendo como base
elementos tales como los beneficios obtenidos por el dañador, el dolo, lo repugnante de
la conducta y otras circunstancias valoradas en el caso concreto, cuya finalidad es
sancionatoria y preventiva. (Carlos A. Sandoval, “Elementos para una
conceptualización adecuada de los daños punitivos a partir de un área de aplicación”,
MJ-DOC-2242-AR).

De origen anglosajón, fueron introducidos en la legislación argentina por la Ley 26361 -
que incluyó la ley 24240 el art. 52 bis- y tienen en mira la sanción del ofensor más que
la reparación del daño sufrido por el damnificado. Su campo de aplicación es vastísimo
pues sirven para sancionar conductas relacionadas con el medio ambiente, el consumo,
la propiedad intelectual, la elaboración inescrupulosa de productos, la discriminación
racial y tantas más.

Sus finalidades son:

   -   castigar determinadas conductas que lesionan gravemente el interés comunitario,
   -   evitar que el sancionado u otros sujetos similares a éste, realicen conductas
       parecidas a aquella que se condena,
   -   evitar el enriquecimiento ilícito: se trata de destruir el beneficio adicional que el
       sancionado obtuvo sobre el sacrificio ajeno (del demandante o de otros sujetos);
       esto es, que el beneficio ilícitamente obtenido no quede en manos del dañador,
       pues si así fuera, este último habría obtenido lo que se propuso al causar o al no
       evitar el daño, cuando estaba impelido a hacerlo.

Respecto de las características con que fueron incluidos en la Ley del Consumidor,
podemos mencionar:

   a) Su naturaleza es la de una pena o multa civil; se adiciona a la indemnización
      compensatoria de los daños sufridos por la víctima para castigar una conducta
      especialmente disvaliosa; esto es, no tienen naturaleza resarcitoria sino represiva
      y preventiva.
   b) Se impone contra el/los proveedores del bien o servicio, entendiendo por tales a
      todos los integrantes de la cadena de comercialización, tal como se indica en el
      art.40 de la ley.
   c) No se requiere mala fe o dolo o culpa en los proveedores. Se ha criticado este
      aspecto de la normativa, dado que no parece ajustado a derecho que una pena
      privada sea aplicada en virtud de un factor objetivo de responsabilidad,
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        prescindiendo totalmente del elemento subjetivo, de la reprochabilidad de la
        conducta.
   d)   La responsabilidad de los proveedores es solidaria, pero pueden ejercer acciones
        de regreso entre ellos (argumento art 40).
   e)   No puede imponerse de oficio, se requiere la instancia de un particular. Esta
        exigencia resulta adecuada, pues ello permite que el ofensor pueda ejercer su
        legítimo derecho a la defensa en juicio; los daños punitivos constituyen una
        sanción y por tanto el presunto responsable debe ser oído y debe poder ofrecer
        prueba y argumentar todo lo que haga a su derecho (art 18 C.N).
   f)   Discrecionalidad del juez para imponerlos: la norma indica “el juez podrá
        aplicar”.
   g)   El monto de la sanción debe oscilar entre cien y cinco millones de pesos (art. 47
        de la ley)
   h)   La determinación del monto de la sanción depende de “la gravedad del hecho y
        demás circunstancias del caso”; hay aquí una diferencia esencial con la
        indemnización tradicional en las que ésta se relaciona con el daño sufrido por la
        víctima ya que el monto de los daños punitivos tiene relación, básicamente, con
        la gravedad de la falta. Entre las circunstancias a considerar podemos mencionar
        las reseñadas en el art 49 de la ley: el perjuicio resultante de la infracción para el
        consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del
        beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de
        los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
        reincidencia y también otras como carácter antisocial de la conducta, actitud del
        demandado una vez descubierta su falta, numero y nivel de empleados
        comprometidos en la inconducta, posibilidad de haber evitado el daño, la grave
        indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia
        colectiva.
   i)   Se imponen a favor del consumidor: Si bien axiológicamente hubiera resultado
        más adecuado distribuir la sanción entre todos los afectados, desde un punto de
        vista práctico ello es muy difícil de lograr y es conveniente la solución legal
        pues un desdoblamiento entre el legitimado activo y el destinatario de la multa,
        puede constituir un factor disuasivo de la demanda judicial en aquellos casos en
        que el daño sufrido por cada uno de los consumidores sea ínfimo y, no obstante,
        el beneficio obtenido por el agente dañador sea importante.
   j)   No reemplazan otro tipo de indemnización, como por ejemplo, el daño
        patrimonial o el daño moral; esto es, los daños punitivos pueden concurrir con
        sanciones de tipo indemnizatorias y con la pena accesoria de tener el infractor
        que publicar (o la autoridad de aplicación efectuarlo a costa del infractor) la
        resolución condenatoria, conforme lo establecido por art. 47 de la ley 24240.
   k)   Prescriben en el término de tres años (art. 50).

VALORACIÓN CRITICA A LA NORMATIVA

Muchos autores argentinos defienden la norma con fundamento en que los
constituyentes del 94 han introducido con el art. 42 un nuevo sistema jurídico: el
Derecho del Consumo, que importa un cambio de posición ius filosófica por parte del
Estado a la hora de enfrentarse con el mercado. Señalan, asimismo que la institución es
coherente con una economía global y de mercado, donde quien disminuye los costos
(aún a costa de daños al medio ambiente, o de no cumplir con normas esenciales de
seguridad o calidad) se impone en el mercado. Quien publicita características que no
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poseen los productos que fabrica o comercializa puede competir con aquellos productos
que en verdad poseen aquellas características, ya que su precio podrá ser más bajo. El
nuevo instituto es, en opinión de sus defensores, la mejor forma de poner coto al
negocio de violar la ley, convirtiéndolo por su intermedio, en deficitario.

Otro argumento de peso que se esgrime es el hecho de que, aún más amplio concepto de
reparación integral a la víctima no resuelve la lesión a la justicia pues los beneficios
obtenidos por el dañador suelen ser muy superiores a lo que tuvo que abonar en
concepto de indemnización y por ello, el resarcimiento no lo disuade de continuar las
violaciones a los derechos ajenos.

Se alega, asimismo, que el Derecho Penal, por el requisito de la tipicidad de las
conductas que sanciona y por la personalidad de la sanción, no es adecuado para la
defensa de los intereses que se protegen a través de los daños punitivos

Sin embargo, comparto la opinión de los detractores de la reforma en análisis. Las
siguientes son las principales críticas que se pueden efectuar:

   a) Por su función represiva desconoce la dicotomía entre las funciones de la ley
      penal y la civil: los conceptos de disuasión y punición no resultan familiares en
      materia de responsabilidad civil, donde lo que se pretende es la reparación del
      daño.

   b) Dado que muchas de las conductas que pretenden punirse a través de este
      instituto, ya son objeto de sanción por las normas penales y administrativas,
      puede llegar a suceder que por el mismo hecho, el infractor reciba hasta tres
      sanciones punitivo-represivas.

   c)    En el ámbito civil, el infractor no cuenta con las garantías del ámbito penal:
        principio de inocencia, derecho al silencio, tipicidad. Este es uno de los
        principales argumentos para postular la inconstitucionalidad del precepto.

   d)     En el Derecho Argentino clásico, es un principio de derecho que la
        indemnización no debe enriquecer a la víctima, sino mantenerla indemne; con la
        introducción de los “daños punitivos” se rompe este esquema: so pretexto de un
        “castigo ejemplar y ejemplificador” al responsable la víctima recibe una suma
        que, en la lógica de nuestro Derecho Civil, importa un enriquecimiento sin
        causa.

   e) El art. 52 bis no exige, para la aplicación de una sanción, una actitud subjetiva
      reprochable, basta con el incumplimiento de los deberes contractuales o legales
      y sin siquiera exigir la existencia de un daño probado.

   f)    Tampoco es comprensible que se imponga la solidaridad a todos los integrantes
        de la cadena de producción y distribución, pues los recaudos de la punición
        pueden haberse configurado respecto de algunos pero no de todos ellos.

   g) Que no se ha tenido en cuenta que la aplicación de la sanción puede expandirse
      con alcances absurdos, pues cada uno de los perjudicados podría llegar a
      solicitar la misma indemnización que se otorgara a la víctima que accionó en
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        primer lugar, lo que podría llegar a importar que la misma persona sea
        sancionada repetidamente por causar exactamente los mismos daños a las
        mismas personas: violación del non bis in idem

   h)     Que con esta institución puede provocarse un importante aumento de la
        litigiosidad en la búsqueda de grandes beneficios económicos, muchas veces sin
        suficiente fundamento.




JURISPRUDENCIA

Recientemente la Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata,
Sala II, en autos “Machinandiarena Hernández, Nicolás c. Telefónica de Argentina” ha
condenado a la empresa a abonar daños punitivos al actor, pues éste, discapacitado, no
pudo ingresar a uno de los locales de Telefónica dada la ausencia de rampas. El fallo, de
fecha 27/05/2009, fue publicado en LA LEY 2009-C, 647

Estados Unidos

Las Cortes de los Estados Unidos han trabajado incesantemente sobre el tema de los
límites que deben imponerse a los “punitive damages” y las condiciones para su
procedencia, sentando algunos criterios que luego fueron acogidos a nivel mundial.
Entre los más resonantes casos judiciales, en temas vinculados con los derechos del
consumidor, podemos citar:

   -    Grimshaw v. Ford Motor Company, 119 Cal App 3d 757 (1981) En este caso
        judicial se condenó a la demandada a abonar daños punitivos atento que la
        Compañía, basada en razones estrictamente financieras, se negó a modificar un
        defecto de fabricación del Ford Pinto que determinaba que, ante cualquier
        choque en un determinado sector del auto, explotaba el tanque de gasolina y ello
        había derivado en varios accidentes fatales.
   -    BMW of North America v. Gore, 517 U.S. 559 (1996): limita la responsabilidad
        por daños punitivos teniendo en cuenta tres parámetros: la reprochabilidad de la
        conducta del ofensor, la proporcionalidad de los daños punitivos concedidos con
        el daño sufrido por el demandante, y la comparación entre la suma otorgada y
        otras sanciones civiles y penales que la legislación del Estado donde se causara
        el daño previeran para conductas de esa naturaleza.
   -    State Farm Mutual Auto Insurance Co v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003) La
        Corte señala que el factor más importante para graduar la sanción es la
        reprochabilidad de la conducta del ofensor, y establece que la relación entre la
        suma otorgada en concepto de indemnización por los daños sufridos y la
        concedida como daño punitivo no debía exceder de un dígito -generalmente la
        escala debía fijarse entre el 1 y el 4.
   -    Philip Morris v. Williams, Personal representative of Estate of Williams,
        deceased, Nº 05-1256 (2007) se cuestionaba la sentencia de la Corte de Oregon
        en cuanto había tenido en consideración para fijar la indemnización en concepto
        de daños punitivos, los perjuicios sufridos por quienes no eran parte en el juicio
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y en cuanto se alegaba que la suma fijada era inconstitucional por no ajustarse a
la escala fijada por la Corte en State Farm. La Corte acogió el recurso y reenvió
la causa para su resolución conforme a las pautas mencionadas.

				
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