El Papel de la Cooperación Internacional en el Plan Puebla-Panamá. Un análisis de la Cooperación Española
Diego Iceta Cormenzana Pese a las múltiples movilizaciones que se han desarrollado, tanto en los países del Centro como en los de la Periferia, reclamando el cumplimiento del compromiso adquirido por las Naciones Unidas para destinar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (PNB) en Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), la ayuda internacional de los países “donantes” apenas alcanzó el 0,22% del PNB en 2001. Si bien existe un consenso a nivel internacional de que la citada ayuda debe orientarse al combate de la pobreza y focalizarse en las comunidades excluidas de los actuales modelos de desarrollo, frecuentemente la AOD se utiliza como un instrumento comercial, destinado a favorecer la entrada de empresas y productos del país donante en el país receptor. Un buen ejemplo de este modelo de “ayudas para el desarrollo” son las destinadas a financiar el Plan Puebla-Panamá, presentado en noviembre de 2000 por el presidente electo de México, Vicente Fox, avalado por los presidentes centroamericanos en marzo de 2001, y rechazado por las comunidades indígenas y campesinas de Centroamérica y el Sur de México. En la primera parte de este articulo se describen las características y objetivos del Plan Puebla Panamá (PPP) enmarcándolo en un contexto de liberalización comercial acelerada. Posteriormente se analizan los apoyos del Estado Español a las empresas transnacionales españolas, para su incursión en los mercados mesoamericanos en el marco del PPP. Si bien esta clase de ayudas para la internacionalización de las empresas españolas son diversas, el análisis se ha limitado a aquellas que se incluyen en la AOD española y que por ley deberían enfocarse hacia la luc ha contra la pobreza. El Plan Puebla-Panamá: la nueva ofensiva del neoliberalismo contra los pueblos de Mesoamérica La agenda que marca la doctrina neoliberal en esta región pasa por la liberalización absoluta del comercio en todas las áreas de la economía, con el único objetivo de fomentar una mayor y más favorable introducción de las grandes transnacionales en nuevos mercados. Así, y como paso previo al establecimiento del ALCA, los gobiernos de Centroamérica han comenzado desde 2003 las negociaciones encaminadas a la firma de un TLC con Estados Unidos. La aplicación de los programas de estabilización y ajuste estructural que durante la década pasada impusieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ha dejado como resultado una mayor concentración de la riqueza en la región y el empobrecimiento masivo de la población excluida, fundamentalmente pequeñ@s productores agrícolas. Las políticas adoptadas por las élites gobernantes de Centroamérica, cuyos vínculos con la gran empresa son flagrantes, se han concentrado en favorecer los intereses del gran capital. En este aspecto, el triangulo de pobreza extrema, emigración al exterior y remesas juegan un papel clave, al sostener los enormes déficit en la balanza comercial que muestran estas economías, favorecer el desarrollo de los sector bancario y dotar a las familias de dólares suficientes para
financiar las importaciones. Desde esta perspectiva, de apoyo al sector bancario e importador, hay que entender la reciente dolarización vivida por El Salvador, las políticas fiscales3y ausencia de ayudas a la agricultura, impuestas por los sectores dominantes y destinadas fomentar la emigración hacia el exterior. Ahora, la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU, supondrá un nuevo y duro golpe para los empobrecidos pueblos centroamericanos. Con el TLC los bancos podrán hacer mejores negocios en los Estados Unidos y las importaciones serán crecientes y entrarán a un menor coste. En contraposición, las perspectivas para la micro y pequeña empresa, es decir, la que da empleo a más de tres cuartas partes de los/as trabajadores/as, son bastante negativas; deberán competir sin protección ni tecnificación con los productos de las grandes corporaciones estadounidenses. Los/as otros/as grandes perjudicados/as serán los/as campesinos/as, que actualmente luchan por sobrevivir con los escasos ingresos que les produce la venta de algunos excedentes. Estos pequeños productores agrícolas verán los mercados locales cubiertos por los productos procedentes de los Estados Unidos, cuyos subsidios a la agricultura superan el PIB de la mayoría de los países centroamericanos, utilizan las últimas tecnologías y cuentan con créditos y asistencias técnicas que les brinda su gobierno. Como ya sucede en México a raíz del TLC que entró en vigor en 1994, las comunidades indígenas y campesinas, incapaces de obtener el excedente necesario para la reproducción de su cosecha, se ven obligados a vender sus tierras y a emigrar al exterior, fundamentalmente los Estados Unidos, en busca de alternativas. En este contexto de empobrecimiento agudo de la población campesina, el Plan Puebla Panamá, aspira a dirigir las inversiones de los estados centroamericanos durante los próximos 25 años hacia la construcción de autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, presas, redes eléctricas de alta tensión, gaseoductos etc., necesarios para la explotación de los todavía bien conservadas riquezas naturales, el establecimiento de la maquila y la circulación sin trabas de los productos procedentes de México y Estados Unidos. Tratándose de una recopilación de viejas ideas propuestas por el gran capital para México y Centroamérica, el PPP enseguida ha logrado un fuerte apoyo, tanto logístico como financiero, de los bancos multilaterales de desarrollo, en especial, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Así mismo, antes de iniciarse siquiera un proceso de debate y consulta entre los pueblos afectados por el PPP, diversas potencias internacionales con intereses geoestratégicos en la región, principalmente Estados Unidos, Japón y España, han ofrecido recursos de su Ayuda Oficial al Desarrollo, siempre que se favorezca la apropiación por parte de sus empresas de los posibles beneficios económicos que repercutan de la ejecución del mismo. Pese a que la demagogia oficial apunta como fin del PPP “potenciar la riqueza humana y ecológica de la región”, más del 93%5 de los recursos comprometidos hasta la fecha se han destinado a la construcción de los corredores de integración vial del Pacífico y del Atlántico y al Sistema de Interconexión Eléctrica (SIEPAC). Estos megaproyectos, de tendencia privatizadora, lejos de mejorar las condiciones de vida de la empobrecida población centroamericana, son necesarios para el establecimiento en la región de las grandes transnacionales. Mientras tanto, los proyectos de desarrollo humano y sostenible, que buscan legitimar el PPP ante la opinión pública, reciben el 0,99% y el
1,39%6 de los recursos, respectivamente. El siguiente cuadro, extraído de los documentos oficiales que publica el BID, es suficientemente ilustrativo sobre las prioridades del PPP y su intención de contribuir al desarrollo humano y sostenible. Así, los verdaderos objetivos del PPP, ligados al establecimiento de Tratados de Libre Comercio y al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pasan por aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de Centroamérica para la construcción de infraestructuras Estados Unidos en la región. Las infraestructuras vendrán acompañadas de maquilas que aprovecharan las débiles legislaciones nacionales en materia laboral y medioambiental, así como la miseria de la población, para maximizar sus ganancias en producciones destinadas a la exportación. Aprovechando la miseria en las áreas rurales, que el ALCA y los acuerdos de liberalización comercial ayudarán a aumentar, el PPP supone un nuevo intento de romper las tradicionales estructuras indígenas comunales de propiedad de la tierra, con el fin de facilitar el acceso de las grandes transnacionales a las enormes riquezas naturales que posee este área geográfica, considerada la segunda región del mundo con mayor riqueza biogenética, tras la amazonía sudamericana. Por eso, el PPP reserva un papel importante dentro del mismo al viejo proyecto del Banco Mundial de “Corredor Biológico Mesoamericano”. La biopiratería de nuevo auspiciada por los Organismos Financieros y la Cooperación Internacional. Además, el PPP busca garantizar el control por parte de las grandes empresas estadounidenses, europeas y mexicanas del petróleo, del potencial de generación de energía hidroeléctrica, de los recursos minerales y de las zonas con potencial turístico. Por último, mediante el PPP el gobierno de México pretende separar a los grupos armados que operan en la región Sur de ese país y en especial el Ejército zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de sus bases sociales y aumentar la militarización con un fin contrainsurgente. El Gobierno del Estado Español y el Plan Puebla Panamá Sin que se haya iniciado un proceso de consulta con la población afectada y mientras los movimientos sociales y la población mesoamericana comienzan a articular movilizaciones y protestas en contra del PPP, el Gobierno del Estado Español ha apoyado el Plan desde sus inicios. El 16 de octubre de 2001, al final de la visita de Vicente Fox a España, Aznar manifestaba en conferencia de prensa el "respaldo al desarrollo del Plan Puebla-Panamá, cuyo objetivo es dotar de infraestructuras comunes a la región mesoamericana, favoreciendo el desarrollo económico, social, cultural y ecológico de la zona, así como para que reciba el impulso de la Unión Europea durante la presidencia española". Las claves de este apoyo hay que buscarlas en la participación de multinacionales españolas en el Sistema de Interconexión Eléctrica Centroamericano (SIEPAC), un megaproyecto eléctrico que comenzó a debatirse a mediados de la década pasada y que ahora es incluido en el PPP como condición “sine qua non” para el desarrollo de esta región. Mediante este sistema, se interconectaran los mercados eléctricos centroamericanos con la intención de atender las necesidades energéticas que supondrá el establecimiento de grandes polos maquileros en este área geográfica8 y poder distribuir los excedentes a los Estados Unidos de América. El proyecto avanza hacia la
privatización total de la distribución de la energía eléctrica en Centroamérica. El SIEPAC vendrá acompañado de la construcción de grandes represas. El BID estima que “durante la próxima década solo en generación, la región centroamericana necesitará inversiones por US$ 700 millones anuales”9. Nuevamente el SIEP AC sirve de mecanismo de presión para fomentar la privatización de la generación de energía eléctrica. Las inundaciones que acompañarán la construcción de estas represas desplazarán a miles de personas, a la par que causarán serios daños ambientales. De hecho, solo la construcción de la línea de transmisión eléctrica de 230Kw que proyecta el SIEPAC generará una deforestación de una franja de 19 Km de ancho10 a lo largo de los 1830 Km por donde pasará la línea. Como ha venido sucediendo en la última década, las privatizaciones son aprovechadas por las grandes corporaciones, en este caso españolas, para apropiarse de las riquezas de la región a precio de saldo. Así, ENDESA, conocida ya por los pueblos indígenas latinoamericanos por sus agresivas estrategias de mercado, es una de las multinacionales que extraerá un jugoso negocio con este Plan. Ya es propietaria de la Empresa Transmisora de la Línea SIEPAC con una aportación que no supera los 45,8 millones de dólares. Es decir, aportando el 13,59% del coste total del proyecto se hace con el control de la empresa, que le permitirá extraer y repatriar a España suculentos beneficios. El apoyo del gobierno español no se ha reducido a palabras, sino que financia parte del PPP utilizando fondos de cooperación al desarrollo, que por ley deberían estar orientados a la lucha contra la pobreza. A través del Fondo V Centenario12 puesto a disposición del BID, aporta al SIEPAC otros 70 millones en forma de crédito, es decir, el 20,67% del coste del proyecto. El resto de la operación, 221,2 millones de dólares, más del 65,64% del proyecto, al igual que el crédito concedido por España a través del BID, deberá pagarlo la población centroamericana, ya sea a través de las aportaciones directas de sus gobiernos, o mediante la devolución de los préstamos que tan rápidamente se ha dispuesto a ofrecer el BID. Los fondos aportados por España para apoyar el PPP y favorecer la entrada de las multinacionales eléctricas en la región no se limitan a créditos multilaterales a través del BID. Los créditos FAD, también incluidos en la raquítica AOD española y de escasa orientación a la lucha contra la pobreza, también juegan un papel importante en este objetivo. Por ejemplo, durante 2001, se desembolsó un nuevo y gigantesco crédito FAD para la reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de Nacaome en Honduras. En efecto, y a pesar del elevado nivel de endeudamiento del estado hondureño, que hace que este incluido en el grupo de los países más pobres y endeudados del mundo, la Cooperación Española destinó un crédito reembolsable de más de 14,25 millones de euros13 para la reconstrucción de esa central condicionando ese crédito a la contratación de una empresa española, en este caso ELECNOR. Así en una región como la del Valle de Nacaome en Honduras, donde la energía eléctrica apenas llega al 57.9% de la población14, los fondos de cooperación para el desarrollo sirven para la reconstrucción de un represa hidroeléctrica cuya energía se conectará primero a la red nacional hondureña y posteriormente al SIEPAC para beneficio de dos trasnacionales españolas, ELECNOR Y ENDESA. La misma lógica de “cooperación” se repitió en Nicaragua y República Dominicana donde se concedieron sendos créditos FAD en 2001 para el sector de transmisión y distribució n de energía eléctrica. En ambos países, los FAD contribuyen a aumentar los
beneficios de Unión FENOSA, reduciendo sus costes de mantenimiento de la red, a la par que los consumidores soportan un pésimo servicio, altísimos cobros e innumerables abusos por parte de la trasnacional española. En Nicaragua, y con los créditos de la cooperación española destinados a la reconstrucción post-Mitch, se financió la subestación eléctrica de Ticuantepe, una subestación eléctrica móvil, la subestación de Tipitapa, la planta eléctrica de Santa Bárbara, la modernización de la planta eléctrica Nicaragua. Todos estos proyectos y en especial la subestación eléctrica de Ticuantepe, incluida en el proyecto SIEPAC, están enmarcados en el Plan Puebla Panamá y beneficiarán tanto a UNIÓN FENOSA como a ENDESA. El gobierno del Estado Español no parece tener en cuenta la creciente indignación de la población nicaragüense respecto al servicio que presta Unión FENOSA. La red de consumidores de Nicaragua ha denunciado sistemáticamente los abusos que comete Unión FENOSA con la población. Entre otros, destaca el incumplimiento de las leyes del país y la utilización de medidores de dudosa eficacia para el cobro de tarifas infladas. Por otro lado, como generoso aporte al desarrollo del país, Unión FENOSA ofrece contratos “leoninos” a las alcaldías, que impiden que el alumbrado público se extienda por las municipalidades con el consiguiente perjuicio para la población. Además, la pésima calidad del servicio que ofrece unión FENOSA y los constantes cortes de luz y bajas de tensión afectan a los electrodomésticos de la población, que frecuentemente debe afrontar elevados costes de reparación. En consecuencia, las denuncias y luchas contra la compañía en el país son cada vez más fuertes y numerosas e incluso se orientan ahora a exigir al estado la renacionalización de la energía, que permita a los consumidores poder acceder a un bien de primera necesidad. En República Dominicana, donde Unión FENOSA también controla la distribución de la energía eléctrica, también se destinaron créditos FAD, con la intención de reducir los costes de mantenimiento de la red, responsabilidad de la transnacional española. Así, el 22 de diciembre de 2000, el Consejo de Ministros aprobaba “un crédito FAD de 3.549.511,025 dólares (unos 656 millones de pesetas) para financiar la construcción de líneas de transmisión eléctrica.”, dentro de un paquete comprometido tras el paso del Huracán George por el que se destinaron 14 millones dólares para la construcción de Líneas de Transmisión y una subestación para la Corporación Dominicana de Electricidad. Así, la población dominicana tras sufrir las consecuencias del paso del Huracán George, recibió como “ayuda española” un apoyo para la transnacional UNIÓN FENOSA que, tras realizar labores de asesoría a la Corporación Dominicana de Salud, se hizo con el control de la compañía a través de un proceso de privatización lleno de irregularidades, con una subvaloración estimada en 700 millones de dólares. En la actualidad la población dominicana, que paga las tarifas más altas de la región, sufre apagones diarios de entre 8 y 12 horas18 con el consecuente impacto sobre la economía del país. Es interesante comprobar como estas inversiones no se traducen en mejoras en el acceso de la población a la energía eléctrica, sino que están únicamente destinadas a favorecer la obtención y repatriación de los beneficios por parte de las multinacionales españolas. En Guatemala Unión FENOSA controla desde 1998 la distribución de la electricidad en áreas rurales. Imponiendo la lógica de mercado, las comunidades más alejadas, allí donde no es rentable tirar el cable, no tienen acceso a la electricidad. Según los datos que publica la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica Guatemalteca20 la cobertura
en el Petén es del 36.2%, departamento donde el PPP proyecta la construcción de hasta 5 represas hidroeléctricas en el mismo rio (Usumacinta). De nuevo las poblaciones indígenas y campesinas deberán enfrentar desplazamientos y devastación del medio ambiente para la generación de una energía de la que no se verán beneficiados. Estas acciones confirman el papel facilitador del gobierno español en la apropiación por parte de las grandes corporaciones eléctricas de los recursos naturales de la zona. Además, y pese a la intención mercantilista, usa fondos de cooperación al desarrollo para ello. Más allá de declaraciones formales y promesas incumplidas, para la cooperación con Centroamérica no parece servir el criterio de lucha contra la pobreza. De hecho, hasta los criterios de medición más abiertos inventados desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, reflejan que en Honduras solo un 39%21de los desembolsos de AOD española en 2001 se destinaron a acciones con incidencia en la lucha contra la pobreza. En Guatemala, apenas un 43,38%22. De nuevo se pone de manifiesto que los criterios comerciales siguen guiando la “ayuda española”. Sin embargo, tratándose de cooperación de gobierno a Gobierno no extrañan las cínicas declaraciones que se producen cada vez que Aznar visita algún país de la región. Entonces todo lo que parecen haber venido a hacer es combatir la pobreza. Así, en una reciente visita a Honduras, el padre político de la ley de extranjería animaba a un grupo de estudiantes “en cada proyecto que emprendáis, en toda iniciativa para superaros, acuérdense que pueden acudir a España, ustedes no están solos”, mientras firmaba con el presidente hondureño un paquete financiero para dos proyectos hidroeléctricos vinculados a empresas.