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									Código Tributario - Artículos 97 N°4 inciso primero, 97 N°4 inciso segundo y artículo 112

FACTURAS FALSAS – FRAUDE AL FISCO– REITERACIÓN DE DELITO – PROCEDIMIENTO
ABREVIADO – JUZGADO DE GARANTÍA DE VICUÑA – SENTENCIA CONDENATORIA

El Juzgado de Garantía de Vicuña condenó al imputado por aumento indebido del crédito fiscal a
través del uso de facturas falsas, considerando que había reiteración del delito.

El tribunal, agregó, en lo referente a la vulneración al principio de congruencia, que no es posible
hablar de concurso aparente de leyes penales, por cuanto en el caso en estudio se trata de dos o
más hechos punibles jurídica y fácticamente independientes y que debe primar el principio de
especialidad plasmado en el artículo 13 del Código Civil, por lo que procede dar aplicación al
Código Tributario por sobre el Código Penal, por ser aquél de carácter especial.

Por otra parte, para resolver que existía reiteración señaló que lo que determina que se esté frente
a una hipótesis de reiteración es la circunstancia de que los varios actos ilícitos constitutivos de
delito tributario se hayan prolongado por más del término de un año y no que los actos típicos
hayan sido cometidos en años calendarios diversos.



El texto de la sentencia se reproduce a continuación:

        Vistos y teniendo presente:


        PRIMERO: Que en esta audiencia, se conoció y resolvió acusación verbal en
procedimiento abreviado deducido en contra de don ITALO TOMAS SCHIAPPACASSE SASTRE,
cédula nacional de identidad Nº 7.124.456-3, nacido el 17 de abril de 1958, domiciliado en fundo
Santa Inés s/n Localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña.

        La audiencia se desarrollo con la presencia del fiscal adjunto Alex Montesinos Cardenas,
la parte querellante don Renato Nervia Rodríguez, con domicilios y formas de notificación ya
registradas en el Tribunal, del mencionado imputado y de su abogado defensor penal, don José
Ilabaca Saez, con domicilio y formas de notificación también ya registradas en el tribunal.

        SEGUNDO: Que, los hechos en que el Fiscal funda su acusación son los siguientes:

         Entre enero de 2001 y diciembre de 2002 en la comuna de Vicuña el imputado en su
calidad de contribuyente procedió a registrar en su libro de compra y venta y a declarar en su
formulario 29 13 facturas falsas provenientes de 4 supuestos proveedores a saber don Cesar
Mauricio Ovalle Lazcano del cual el acusado registra en su contabilidad las facturas N° 449 de
fecha 15 de noviembre de 2001 por un monto total de $ 23.175.200 y que incluía un valor al
impuesto agregado de $ 3.535.200 factura falsa y que nunca fue emitida por dicho proveedor otro
proveedor sociedad agrícola Agro guaico Limitada y en la que el imputado registra en su
contabilidad 2 facturas con los números 158 de fecha 13 de febrero de 2002 por un monto de $
21.207.460 que incluía un impuesto al valor agregado de $3.235.036 y la factura N° 156 de fecha
06 de febrero de 2002 por un monto total de $ 21.782.689 y que incluía un impuesto al valor
agregado de $ 3.322.783 ambas facturas falsas las cuales jamás fueron emitidas por el proveedor
antes sindicados doña Marcia Ernestina Tapia Díaz de las cuales el imputado registra en su
contabilidad la factura N° 61 de fecha 31 de enero de 2001 por un monto total de $ 20.219.300 y
que incluía un impuesto al valor agregado total de $ 3.084.300 factura falsa puesto que el valor en
ella indicado no corresponde al originalmente pactado con el proveedor y finalmente doña Ercira
Adriana Arancibia Rojas de la cual el imputado registra en su contabilidad 9 facturas con los
números 72 de fecha 24 de enero de 2001 N° 80 de fecha 29 de junio de 2001 factura N° 82 de
fecha 31 de julio de 2001 factura N° 83 de fecha 31 de julio de 2001 factura N° 88 de 29 de
septiembre de 2001, factura N° 92 de fecha 31 de octubre de 2001 factura N° 95 de fecha 30 de
noviembre de 2001 factura N° 100 de fecha 30 de diciembre de 2001y factura N° 118 de fecha 30
de noviembre de 2002 todas por un monto total de $ 86.528.061 y que incluía un impuesto al valor
agregado total de $13.199.196 facturas falsas puesto que el valor en ellas sindicado o no
correspondía al originalmente pactado con el proveedor o se trataba de servicios ficticios como se
señalo todos estos documentos eran material o ideológicamente falsos o bien correspondían a
facturas con numeración paralela a la autorizada por el servicio de puestos internos utilizando el
crédito recargado en ellas en sus declaraciones mensuales al impuesto al valor agregado el
perjuicio fiscal provocado con la conducta del imputado ya sea induciendo a que se le liquidara un
impuesto inferior al que correspondía o para aumentar el monto de los créditos que tenía derecho a
hacer valor alcanzó el valor de $ 134.709.198.
         A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos son constitutivos de un concurso
de delitos del código tributario un delito del artículo 97 N°4 inciso primero del código tributario y un
delito del articulo 97 N°4 inciso segundo del código tributario.

        En concepto del Ministerio Público, le corresponde al acusado participación en los hechos
por los cuales se ha formulado la presente acusación, en calidad de autor ejecutor, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

       El grado de desarrollo del delito es consumado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7°
del Código Penal.

        Que en la audiencia , el fiscal solicitó que se procediera conforme al procedimiento
abreviado, para lo cual modificó la acusación reconociéndole al imputado, además de la atenuante
del numeral 6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior, la
prevista en el numeral 9 del mismo artículo, correspondiente a la colaboración sustancial en la
investigación.

       Conforme a los antecedentes señalados, el Ministerio Público solicita se condene al
acusado, la pena ÚNICA de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO
MÁXIMO y ACCESORIAS LEGALES, MULTA DEL 100% de lo defraudado, esto es, la suma de $
134.709.198.-, sin costas.

         El querellante se adhirió a la acusación presentada por el ministerio publico con la
siguiente precisión que concurren el articulo 97 N° 4 inciso cuatro del código tributario que resuelve
la figura del concurso de delito y también el artículo 112 del código tributario el cual se refiere a la
reiteración y el artículo 351 del código procesal penal por cuanto las facturas incorporadas son del
año 2001 y 2002 y entendiendo que precede esta disposición se adhiere a la pena solicitada por el
Ministerio Público.

        En concepto del Ministerio Público, son aplicables en la especie los Artículos 1°, 2°, 7°, 14,
15 Nº 1, 24, 29, 47, 50, 67, 68 del Código Penal y Artículos 45, 166 y siguientes, 248 y 259 y
siguientes, y 406 y siguientes del Código Procesal Penal y artículo 97 número 4 inciso 1 y 2, inciso
4 y 112 del Código Tributario.

         TERCERO: Que, habiéndose solicitado por el Ministerio Público se proceda conforme a las
normas del procedimiento abreviado, el tribunal verificó, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 409 del Código Procesal Penal, que el acusado ha consentido libre y voluntariamente en
realizar un procedimiento abreviado, que conoce su derecho a exigir un juicio oral, que entiende los
términos del acuerdo y las consecuencias que éste puede significarle y que no ha sido objeto de
presiones ni coacciones indebidas por parte de persona alguna; de modo que cumpliéndose los
requisitos legales previstos en los artículos 406 y 410 del Código Procesal Penal, el tribunal aceptó
proceder conforme a las reglas del juicio abreviado.

       CUARTO: Que, los antecedentes de la investigación conocidos y aceptados por el
acusado y su Defensa son:

1.- Querella por delitos tributarios por servicio de puestos internos que da cuenta de los hechos
materia de la acusación, presentada con fecha 28 de enero de 2009.



2.- Extracto de filiación y antecedentes del acusado en las cuales no registra condenas anteriores.



 3.- Orden de investigar de la Policía de Investigaciones de Chile que da cuenta de las
declaraciones del acusado y de una de las supuestas proveedoras doña Ercira Adriana Arancibia
Rojas.



4.- Declaración voluntaria de don Italo Schiappacasse Sastre ante la fiscalía Local de Vicuña de
Fecha 22 de junio de 2009 que da cuenta de cómo habrían ocurrido los hechos.



5.- Declaración de la fiscalizadora de puesto internos Marlen Alejandra Yáñez González de fecha
07 de septiembre que da cuenta de los hechos materia de la acusación y sus montos.
6.- Declaración de don Roberto Andrés Rojas Santibáñez funcionario de Impuestos internos a
cargo del expediente de fiscalización del acusado, declaración prestada ante la fiscalía Local de
Vicuña con fecha 07 de septiembre la cual da de los hechos materia de la acusación y las
declaraciones que les tomó a los supuestos proveedores y los montos involucrados en las
operaciones denunciadas como falsas.



7.- Informe presentencial emitido por el Centro de Reinserción social de La Serena de fecha 07
de octubre de 2009 quien en su parte pertinente recomienda el ingreso a la medida de libertad
vigilada.



8.- Expediente de fiscalización N° 5.257-2 de Servicio de puestos internos el cual da cuenta de las
diligencias y se acompañan la totalidad de las facturas mencionadas en la acusación como facturas
falsas y diversas declaraciones y documentación toda que dice relación con el acusado y los
supuestos proveedores y montos de impuestos defraudados.

         QUINTO: Que, ante la aceptación de los hechos de la acusación y expresamente de los
antecedentes que la fundamentan por parte del acusado, aceptando el Tribunal proseguir la
tramitación de la presente causa mediante el procedimiento abreviado y dando lugar al debate
correspondiente. La defensa en primer lugar respecto de la calificación jurídica de los hechos
consideramos que dados los términos de la formalización que refiere en primer lugar solamente un
delito del inciso primero N° 4 del artículo 97 y solamente un delito del inciso segundo del N°4 del
articulo 97, creemos que no es posible en esos términos respetando el principio de congruencia
puedan ser considerados como reiterados y en segundo lugar conforme se ha resuelto
consideramos que en este caso estamos en presencia de lo que se conoce como un concurso
aparente de leyes penales por cuanto es un mismo hecho que aparece abarcado por dos tipos
penales el hecho más especifico que es aquel que se hace consistir en la incorporación en la
contabilidad de facturas falsas entendemos que en el principio de especialidad debería desplazar a
la figura típica contemplada en el inciso primero N° 4 del artículo 97 subsistiendo exclusivamente y
con carácter de delito único conforme a la formalización el tipo penal contemplado en el inciso
segundo del número 4 del artículo 7 eso en relación con la calificación jurídica de los delitos de
los hechos que se han imputado.

        En relación con la pena desde luego coincidimos con el ministerio publico y con la parte
querellante en el sentido de que concurren las circunstancias atenuantes de responsabilidad
contemplada en el articulo 11 N° 6 relacionada con la conducta anterior irreprochable anterior de
mi defendido en segundo lugar que concurre la circunstancias atenuantes del articulo 11N ° 9 en
relación con el artículo 407 del código procesal penal esto es la colaboración sustancial al
esclarecimiento de los hechos derivada de la aceptación de este juicio abreviado y en tercer lugar
invocamos como circunstancia atenuante propia por decirlo así aquella contemplada en el artículo
103 del código penal la que se conoce con el nombre de media prescripción habida consideración
que de acuerdo a la formalización y a los hechos que forman parte de esta acusación estos
hechos se habrían cometido el año 2001 y el año 2002 y a la querella de acuerdo a timbre de
ingreso se habría tramitado la querella el 09 de febrero de 2009 cuando han transcurrido con
creces el plazo que exige el artículo 103 del código procesal penal para considerarse que en ese
caso particular concurren el tribunal debe considerar el hecho como revestido de dos o más
circunstancias atenuantes muy calificadas y de ningún agravante pudiendo aplicar las restantes
reglas de determinación de pena que contempla el código penal de acuerdo a estas circunstancias
de acuerdo a las penas privativas de libertad eventual que pueda corresponderle a mi defendido
sostenemos que debemos considerarse las dos circunstancias propias de las media prescripción
mas las dos circunstancias atenuantes que han sido reconocidas y ningún agravante por lo tanto
podríamos de manera global sostener que concurren cuatro circunstancias atenuantes y ningún
agravante lo que de acuerdo con el artículo 63 del inciso tercero del código penal permite rebajar
la sanción probable hasta en 3 grados por lo que postulamos y pedimos desde ya que se aplique
en este caso considerando que se trata de un delito único la pena de 41 días de prisión en su
grado máximo.

        Respecto de la pena de multa entendemos que las disposiciones pertinentes del artículo 97
se encuentran tácitamente derogada en virtud de la reforma introducida al código penal el año
1996 que modifico el inciso 8 del artículo 25 del código penal para establecer que en aquellos
casos en que se impongan multas cuyo computo es debe hacerse a cantidades indeterminadas
como es el casos de la especie nunca podrán aquellas exceder de 30 UTM rango máximo por lo
tanto a lo que estamos todos los intervinientes sometidos esta doctrina generalmente es aceptada
ha sido declarada por la ilustrísima corte de apelaciones de la Serena en un fallo de fecha 8 de
octubre del año 2007 le corresponde un ROL de 31-2007 eso con relación con la pena de multa.
          Finalmente pedimos con relación con la ley 18.216 y de acuerdo con la pena solicitada se
aplique el beneficio de la remisión condicional de la pena pidiendo adicionalmente se prescinda de
las exigencias del pago previo de las indemnizaciones que pudieran corresponder para no hacer
ilusorio su derecho, ello en contravención a las garantías constitucionales que se han incorporado
en el artículo 5 de la ley política del estado y finalmente con la evitación del juicio oral solicitamos
en definitiva se exima de las costas de la causa.

        El fiscal respecto de las argumentaciones vertidas en relación con los delitos reiterados
solamente hace alusión al artículo 112 del código tributario efectivamente define y deja muy
establecido lo que para estos efectos se entiende por delito reiterados haciendo claramente alusión
que existe reiteración cuando se incurra en las conductas del articulo 97 propiamente tal como ya
se señalo en la acusación en más de un ejercicio comercial anual, entendiendo que el ejercicio
comercial va desde 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año y al momento de la acusación se
describieron los hechos describiendo que estamos en presencia de ilícitos cometidos en el año
2001 y 2002 creemos que efectivamente que los hechos quedan inmersos dentro de esas
hipótesis efectivamente no queda otra solución que efectivamente hacer aplicación de ese artículo
y que por lo mismo en su inciso primero remite el artículo 351 del código procesal penal y por el
cual se está pidiendo la pena ya rebajada y señaladas en la acusación respecto de lo que dice
relación con el concurso de delito aparente vertido también por la defensa como argumentación
efectivamente entendemos que existen dos delitos diversos uno dice relación                con las
declaraciones maliciosamente incompleta das falsas y el otro con maniobras tendiente a aumentar
el monto de los créditos que se tiene derecho a hacer valer por parte de los acusados entendemos
que son dos figuras distintas y dice relación con un mismo patrimonio fiscal un mismo bien jurídico
pero con distintas conductas que están penalizadas en diversa manera en incisos distintos
además por el mismo artículo del código tributario

Respecto de las medidas de prescripción también hace alusión de que la medida de prescripción
en los términos que los señala el código penal efectivamente dice relación con que se tendrá que
hacer valer 2 atenuantes muy calificadas y ninguna agravante eso partiendo de la base de la pena
originalmente solicitada por el ministerio publico que para el evento del abreviado fue modificado ya
entendiendo que la pena que el ministerio publico primitivamente entendió y que ya esta rebajada
para el efecto de los tres años y un día fue de 10 años y 1 día esa es la pena que eventualmente
el ministerio publico en el evento de un juicio oral, si entendemos que no existe otra atenuante
debiera rebajarse según la medida de prescripción debiera entenderse como las dos atenuantes y
ninguna agravante en ese caso caeríamos en la misma hipótesis de 3 años y 1 día, a menos que
el tribunal la baje en tres grados y estaríamos en la hipótesis del presidio menor en su grado
medio.

          La pena de multa efectivamente tiene como límite máximo las 30 UTM pero existe texto
expreso en la última parte del inciso 5 del artículo 25 del código penal quien atendida la gravedad
de los delitos el legislador podrá imponer multa de cuantía superior como el caso en cuestión se
ratifica se remite para estos efectos el código tributario.

         La parte querellante, señaló que la reiteración del articulo 112 esta concordancia con el
artículo 8 de la ley de la renta que define lo que se entiende como ejercicio comercial anual que va
desde el 01 de enero al 31 de diciembre y por último el articulo 25 la pena de multa entendemos
que existe el principio de especialidad a si el código tributario contiene las formas de determinar la
pena de multa por tanto no tenemos que recurrir a las normas del código penal en segundo lugar
no existiría tal determinación en el informe y en la carpeta esta determinado el monto del perjuicio
fiscal que habría incurrido el señor shiappacasse al incorporar estas facturas falsas a sus
contabilidad y por ultimo para salvar el concurso de delito tenemos el articulo 97 inciso cuarto.

         El defensor privado en relación con la reiteración efectivamente existen las normas del
articulo 112 sin embargo no nos asilamos en ella si no que en los propios términos de la
formalización y comenzamos diciendo que en términos de principio de congruencia debía
entenderse realizada por un delito como se lee expresamente en relación con el concurso aparente
de leyes penales entendemos como lo haya expresado el representante del ministerio publico
efectivamente la conducta que se le reprocha a mi defendido es el medio para configurar el inciso
segundo y que es el que permite ser calificado esa misma conducta como configurativa del tipo
penal del inciso primero de manera que claramente estamos en presencia de ese delito y al
entenderlo así habría un principio de Nom bis In Idem y respecto de la aplicación de la multa
efectivamente que fuera indicado discrepamos absolutamente con la interpretación por cuanto en
su propia lectura se desprende que ella alude a situaciones de pena de multas establecidas
específicamente y no como en el inciso posterior se refiere a aquellos casos de multas impuestas
en relaciones a cantidad indeterminadas cuyo es el caso en autos por lo tanto reafirmamos toda y
cada una de nuestras alegaciones originales.

       SEXTO: Que, los antecedentes de la investigación fiscal señalados en el considerando
cuarto de esta sentencia, aceptados expresamente por el acusado y su abogado defensor,
apreciados conforme a los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos
científicamente afianzados, permiten tener por acreditado que los hechos acontecieron como se ha
sostenido en la acusación.

         SÉPTIMO: Que, en tal sentido, los hechos descritos en la acusación, en relación al
acusado son constitutivos del los delitos previstos y sancionados artículo 97 N° 4 inciso primero y
artículo 97 N° 4 segundo del código tributario, en grado consumados, razón por la cual se le
condenará como autor de dichos delitos, a sufrir la pena que se determinará en los siguientes
considerandos.

       Asimismo, que el monto de lo defraudado corresponde a $ 134.709.198, por concepto de
IVA recargado, impuesto de primera categoría e impuesto global complementario.

          OCTAVO: Que, se reconocerán las atenuantes del artículo 11 Nº 6 y 11 Nº 9, ambas del
Código Penal, a saber, la irreprochable conducta del imputado, la que se configura con su extracto
de filiación libre de anotaciones prontuariales, y la colaboración sustancial en el esclarecimiento de
los hechos, entendida no sólo en el marco del artículo 407 del Código Procesal Penal, sino que tal
reconocimiento y renuncia a un juicio previo oral y público aceptando los antecedentes materia de
la investigación fiscal, es la mayor renuncia que una persona puede hacer dentro de las garantías
que se establecen en la nueva legislación procesal penal, relevando al Ministerio Público de llevar
adelante un juicio contradictorio configurándose respecto del imputado la atenuante que su
defensa solicita y que le fue, además reconocida por el órgano persecutor penal.

       Respecto de las alegaciones realizadas por los intervinientes, este tribunal se hará cargo
de cada una de ella en forma separada.

        -   En cuanto a la vulneración del principio de congruencia.

        Este sentenciador va a desechar tal solicitud, pues queda claro que en la audiencia de
formalización que la fiscalía formalizó al acusado por los dos delitos contemplados en el artículo 97
número 4 incisos 1 y artículo 97 número 2.

        Que no es posible hablar de concurso aparente de leyes penales, por cuanto en el caso en
estudio se trata de dos a más hechos punibles jurídica y fácticamente independiente consistente en
operaciones ficticias con el único objeto de aumentar el crédito fiscal rebajando así su carga
impositiva y que dichos ilícitos lo realizó en distintos ejercicios comerciales, esto es, el año 2001 y
2002, situación que se encuentra tipificada en dos normas distintas, esto es, artículo 97 número 4
incisos 1 y artículo 97 número 2 del Código Tributario, y que de acuerdo al artículo 112 del Código
Tributario, existe reiteración por haberse realizados en dos períodos distintos.

        En cuanto a la concurrencia del artículo 112 del Código Tributario.

          Que, corresponde dilucidar, primeramente, qué debe entenderse, para estos efectos, por
“ejercicio comercial anual”, lo que supone determinar el fundamento de esta especial norma de
agravación.
           En opinión de este sentenciador, el fundamento de la norma que se analiza radica en un
criterio temporal, pues lo que el legislador repudia son las conductas que se extienden por un lapso
apreciable, lapso que ha fijado normativamente en un año.
          Por lo tanto, lo que determina que se esté frente a una hipótesis de reiteración y, por ende,
ante la exasperación de la penalidad reglada en el artículo 112 del Código Tributario, es la
circunstancia de que los varios actos ilícitos constitutivos de delito tributario se hayan prolongado
por más del término de un año, contado en la forma que establece el artículo 48 inciso 2º del
Código Civil; y no que los actos típicos hayan sido cometidos en años calendarios diversos, pues
esta segunda solución conduciría al absurdo de que quien ejecuta una infracción tributaria el 31 de
diciembre de un año y una segunda el 01 de enero del inmediatamente siguiente, por esa sola
circunstancia habría incurrido en reiteración, en tanto que el que ha tenido la precaución de
perpetrarlas todas en un mismo año calendario (aunque las infracciones ejecutadas lo sean por
centenares) sólo habría incurrido en un hecho típico. Al efecto, cabe citar el artículo 2 Nro. 8 del
Decreto Ley Nro. 824, de 27 de diciembre de 1974, que contiene el texto de la Ley sobre Impuesto
a La Renta, que para los efectos de la aplicación de ese cuerpo legal define el “año comercial”
como un “período de doce meses” , agregando que ese período puede terminar “el 31 de diciembre
o el 30 de junio y, en los casos de término de giro, del primer ejercicio del contribuyente o de aquel
en que opere por primera vez la autorización de cambio de fecha de balance, el período que
abarque el ejercicio respectivo según las normas de los incisos séptimo y octavo del artículo 16 del
Código Tributario”.
          En el caso sub lite el acusado procedió a registrar en su libro de compra y venta y
posteriormente a declarar en el formulario 29 trece facturas falsas, entre los meses de enero de
2001 y diciembre de 2002, lo que cumple cabalmente con la interpretación sostenida
anteriormente, por lo que es procedente la aplicación del artículo 112 del Código tributario.
        Es dable señalar que la normativa del artículo 112 del Código Tributario no constituye una
agravante de responsabilidad criminal para los fines contemplados en los artículos 62 y siguientes
del Código Penal, sino una regla especial de exasperación de la pena que opera en la forma
explicada anteriormente.

       Que en virtud de lo anterior se acoge la solicitud de la parte acusadora, en cuanto a
considerar la reiteración del encausado en las infracciones a las leyes tributarias sancionadas con
pena corporal, según lo establece el artículo 112 del Código Tributario, puesto que el querellado
cometió dichas infracciones, en los períodos tributarios correspondientes a los años 2001 a 2002.

        -   En cuanto a la concurrencia del artículo 103 del Código Penal, esto es,               la
            prescripción gradual.

        Que el artículo 103 del Código Penal supone que el inculpado se presentare o fuere habido
antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal, pero habiendo ya transcurrido la
mitad del que se exige, en su caso, para tal prescripción. El ejercicio de la acción penal constituye
una forma de dirigir el procedimiento contra un individuo y produce, al tenor del artículo 96 del
Código Penal, el efecto de suspender el curso de la prescripción. Lo anterior obliga a determinar si
en la especie se produjo o no la suspensión del término de prescripción de la acción penal, que
empieza a correr, según lo dispone el artículo 95 del Código Penal, desde el día en que se hubiere
cometido el delito.

        Que las penas en abstracto para los delitos por el cual fue acusado, esto es, las
contempladas en el artículo 97 número 4 inciso 1 y 2 del Código Tributario, son penas de crimen y
prescriben en el plazo de 10 años, es necesario determinar si transcurrieron los plazos necesarios
para que tenga aplicación el artículo 103 del mencionado código.

         Que de los antecedentes de la carpeta fiscal se desprende que los hechos calificados
como delito tributario comenzaron en enero de 2001 y terminaron en diciembre de 2002, por lo que
debe tomarse como fecha del último hecho delictivo el mes de diciembre del 2002, siendo esta
fecha no controvertida en el juicio la que ha de tomarse en cuenta para resolver acerca de la
procedencia o improcedencia en la especie de la especial circunstancia de atenuación de la pena
prevista en el artículo 103 del cuerpo legal citado, que requiere el inicio del término de la
prescripción de la acción penal y su subsistencia, ajena a interrupción y suspensión durante la
mitad del plazo establecido en el artículo 94. La querella se presentó el 28 de enero de 2009, por lo
que han transcurrido más de seis años desde la fecha de la comisión del delito. Teniendo presente
lo anterior, se acoge la prescripción gradual de la acción penal, esgrimida por el acusado, y en
consecuencia, al determinar el quantum de la pena que en definitiva deberá aplicarse al
sentenciado, en su calidad de autor de los delitos de fraude tributario, contemplados en el artículo
97, N° 4, incisos 1 ° y 2° del Código Tributario, se considerará el hecho revestido de dos o más
circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante, debiendo rebajarse la sanción
legalmente asignada en uno, dos o tres grados, llegándose de esta manera a la que se fija en lo
resolutivo. Que en la especie es procedente, de acuerdo al artículo 68 del Código Punitivo rebajar
en tres grados la pena mayor asignada al delito más grave.




        -   En cuanto a la rebaja de la multa de acuerdo con las normas del Código Pena en
            su artículo 25.

         Este sentenciador es del criterio que debe primar el principio de especialidad plasmado en
el artículo 13 del Código Civil, en orden a que – Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o
negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando
entre las unas y las otras hubiere oposición -, por lo que procede dar aplicación al Código
Tributario por sobre el Código Penal, por ser aquél de carácter especial, máxime si se tiene en
cuenta que el legislador quiere proteger la seguridad o certeza de las operaciones mercantiles
sancionado de modo especifico y con altas penas este tipo de delitos. Criterio que ha sido
sostenido por la Corte Suprema, la cual señala en su parte pertinente lo siguiente; “ … DÉCIMO:
Que en lo que atañe a la causal prevista en el N° 1 del artículo 546, consistente en la imposición de
una pena pecuniaria superior al máximo establecido por la ley en el artículo 25 del Código Penal,
cabe destacar que en materia tributaria existe una norma especial que se vincula con las penas de
esta naturaleza, disposición que evidentemente prima por sobre la general del Código Punitivo.
Tratándose del delito contemplado en el artículo 97, N° 4°, inciso 2°, el legislador sanciona la
conducta con pena privativa de libertad y con pena pecuniaria que, con precisión establece entre el
100 y el 300 por ciento de lo defraudado... CORTE SUPREMA – 04.03.2008 – RECURSO DE
CASACION EN EL FONDO – SII C/ RODRIGO PARRA CANDIA - ROL 4067-2007 - MINISTROS
SRES. ALBERTO CHAIGNEAU – NIBALDO SEGURA – JAIME RODRIGUEZ – RUBEN
BALLESTEROS - HUGO DOLMESTCH. “

      - En cuanto a la pena aplicable en definitiva.
Pena corporal :

        Que la pena asignada en el inciso 1° del artículo 97 N°4 del Código Tributario es la de
presidio menor en sus grados medio a máximo y multa del cincuenta al trescientos por ciento del
valor del tributo eludido.

        Que la pena establecida en el inciso 2° del artículo 97 N°4 del Código Tributario es la de
presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa del cien por
ciento al trescientos por ciento de lo defraudado.

         Que concurre el artículo 112 del Código Tributario que señala que en casos de
infracciones reiteradas a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal, habrá de cumplirse
con lo dispuesto en el inciso 1, norma que ordena aplicar “la pena correspondiente a las diversas
infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola, en su caso, conforme a lo dispuesto en
el artículo 351 del Código Procesal Penal”. Esta remisión al artículo 351 del Código Procesal Penal
debe entenderse hecha a su inciso primero, regla que estatuye: “En los casos de reiteración de
crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las
diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados”.

         Que para la aplicación de la pena, tratándose de delitos reiterados, se estimarán las
distintas infracciones como un solo delito y se aplicará la pena correspondiente a la infracción más
grave contemplada en el inciso 2° del número 4° del artículo 97 del Código Tributario aumentada
en un grado, correspondiendo la de presidio mayor en su grado medio.

        Que concurre además la prescripción gradual de la acción penal, y en consecuencia, al
determinar el quantum de la pena que en definitiva se aplicará al sentenciado, en su calidad de
autor de los delitos de fraude tributario, contemplados en el artículo 97 N° 4 incisos 1 y 2 del
Código Tributario, se deberá considerar el hecho revestido de dos o más circunstancias atenuantes
muy calificadas y de ninguna agravante, teniendo presente que la normativa del artículo 112 del
Código Tributario no constituye una agravante de responsabilidad criminal para los fines
contemplados en los artículos 62 y siguientes del Código Penal, sino una regla especial de
exasperación de la pena, debiendo rebajarse la sanción legalmente asignada en uno, dos o tres
grados.

        Que en la especie es procedente, de acuerdo al artículo 68 del Código Punitivo rebajar en
tres grados la pena mayor asignada al delito más grave -presidio mayor en su grado medio-
llegándose así a una sanción de presidio menor en su grado medio.




Pena de multa :

         Que el monto de la multa, se rebajará al 50% de lo defraudado                 atendido a la
concurrencia de las atenuantes antes analizadas, estos es, irreprochable conducta anterior y
colaboración sustancial, ambas reconocidas por la fiscalía y además de la concurrencia del
artículo 103 del Código Penal, en relación con el artículo 70 del mismo Código, esto es, la entidad y
cantidad de las atenuantes y el elevado monto que el definitiva deberá pagar el acusado.

        NOVENO: Que, no se condenará en costas al acusado, en atención a que con su
aceptación del procedimiento abreviado, se evitó el juicio que significa un ahorro de recursos
materiales y humanos para el Estado, lo que hace aparecer razonable eximirle del pago de las
costas.

         DÉCIMO: Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5,
7, 11 N° 6 y 9, 14, 15 Nº 1, 18, 21, 25, 30, 47, 50, 68 y 103 del Código Penal; y artículos 1, 47, 166,
248, 259, 260, 297, 340, 351, 406, 407 y siguientes del Código Procesal Penal, artículo 97 número
4 inciso 1 y 2, y 112 del Código Tributario y demás disposiciones legales citadas, SE DECLARA:

        I.- Que, se condena a don ITALO TOMAS SCHIAPPACASSE SASTRE, cédula nacional
de identidad Nº 7.124.456-3, ya individualizado, a sufrir la pena única de TRES AÑOS DE
PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio
público durante el tiempo de la condena, y al pago de una multa del cincuenta por ciento (50%)
de lo defraudado, como autor de los delitos previsto y sancionados en el artículo 97 N°4 inciso
primero y artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario, cometido entre enero de 2001 y
diciembre de 2002, en el territorio jurisdiccional de este Tribunal.

         II.- Que, reuniendo los requisitos del Artículo 4° de la Ley N° 18.216, se le concede la
remisión condicional de la pena, debiendo quedar a disposición del Centro de Reinserción Social
de Gendarmería de Chile por el plazo de TRES AÑOS y cumplir con todas las exigencias que la
ley 18.216 le impone. En ejercicio de las facultades del tribunal, se le libera de cumplir con el pago
que impone la letra d) de ese precepto como condición para acceder a la medida alternativa, en
consideración a que por el elevado monto de la sanción pecuniaria calculada sobre el total del
perjuicio causado se haría prácticamente ilusorio el beneficio de que se trata, vinculado a casos en
los que precisamente aparece como innecesaria la ejecución efectiva de la pena (artículo cuarto,
letra d) de la Ley 18.216); sin perjuicio de que se persiga la obligación en conformidad a las reglas
generales.

        III.- Que, si el requerido no diere cumplimiento a la sentencia de la manera dispuesta y se
le revocare el beneficio concedido, deberá cumplir la pena o en reclusión nocturna o totalmente
privado de libertad, sin abonos que imputar.

       IV.- Que, en virtud del 70 del Código Penal se concederá para pago de multa 12 cuotas
comenzando por los primeros cinco días del mes de diciembre de 2009 y así sucesivamente. Se
deberá acreditar ante el Tribunal, el pago de cada cuota, con el comprobante respectivo. El no
pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

        V.- Que, atendiendo a la renuncia al juicio que hizo el requerido y lo dispuesto en el artículo
47 inciso tercero del Código Procesal Penal, se le eximirá totalmente del pago de las costas.

       Dese cumplimiento en su oportunidad a lo dispuesto en los artículos 468 del Código
Procesal Penal y archívese.

JUZGADO DE GARANTÍA DE VICUÑA – 13.10.2009 - SII C/ ITALO TOMAS SCHIAPPACASSE
SASTRE – RIT N° 67-2009 – JUEZ DE GARANTÍA MILENKO GRBIC MIRANDA

								
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