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					                           Exp. Nº 13/2004: “Rophe S.A. c/Dirección Pro-
                           vincial de Rentas de Bs. As. s/medida cautelar”




///Gral. San Martín, 3 de septiembre de 2004.
       Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:
       I. Que Rophe SA solicitó el dictado de una medida cautelar
autónoma, en los términos del art. 22 del CCA, a fin de que se ordenara
a la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires
(DPR) que se abstuviera de: a) declarar la caducidad del Plan de
Facilidades de Pago otorgado a su parte, en el marco de la ley 13.145 y
sus reglamentaciones, por falta de pago o pago en defecto de los
anticipos mínimos correspondientes al impuesto sobre los ingresos
brutos del período fiscal 2004 y b) intimar administrativa y judicialmente
a la empresa al pago de los anticipos y demás obligaciones
involucrados en el mencionado Plan. Peticionó que la medida se
concediera hasta que se resolviera en sede administrativa el reclamo
que había presentado el 10 de mayo de este año, a fin de que se
recalcularan los montos mínimos a pagar en concepto de anticipo del
impuesto sobre los ingresos brutos (IIB), habida cuenta de que, según
planteó, la DPR debió considerar, para el cálculo de aquéllos, la
alícuota del 1,5% establecida por la ley 13.113 (fs. 28/38).
       II. Que el Sr. juez de primera instancia hizo lugar a la medida
solicitada y, en consecuencia, ordenó a la DPR “no innovar” en lo
referente al Plan de Facilidades de Pago otorgado a Rophe SA
mediante la resolución 7/021100364574, en los términos de la ley
13.145. Asimismo, dejó en suspenso cualquier trámite relacionado con
la caducidad de dicho Plan por falta de pago de anticipos mínimos del
IIB correspondientes al período fiscal 2004, hasta tanto se resolviera en
sede administrativa el reclamo efectuado por la peticionante de la
medida. Fijó caución juratoria (fs. 39/41).
       III. Contra esa decisión, la Fiscalía de Estado (Delegación San
Isidro) dedujo recurso de apelación (fs. 51/57). Expuso los siguientes
agravios: a) No se encontraba reunido ninguno de los requisitos de
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procedencia de la cautelar solicitada; b) Se concedió la tutela con la
única condición de que la firma presentara caución juratoria, decisión
que resulta lesiva al interés público pues, aunque aquélla pretenda
pagar los anticipos sobre la base de una      alícuota del 1,5%, el monto
mínimo de la primera cuota sería de $ 31.182,21, por lo que la
contracautela en cuestión resulta insuficiente; c) el caso reviste
gravedad institucional, pues excede el interés de las partes para afectar
de modo directo al de la comunidad, al incidir en la percepción de la
renta pública. Plantea cuestión federal.
        IV. Que el recurso de apelación es procedente, toda vez que se
dirige contra una decisión que resolvió conceder una medida cautelar y
se han cumplido los recaudos formales pertinentes (arts. 55, inc. 2º, ap.
b y 56 del CCA).
        V. Que corresponde reseñar, en primer lugar, la normativa del
Plan de Sinceramiento Fiscal (PSF) al que se acogió la empresa Rophe
SA:
        a) La ley 13.145, que autoriza a la DPR a establecer por un plazo
que no podrá exceder el período fiscal 2004, un Programa de
Sinceramiento Fiscal (PSF, art. 1º).
        Como condición para acceder al PSF, se requiere que los
contribuyentes suscriban un “compromiso” de pago de un importe
mínimo y en plazo, por cada anticipo y durante un término de hasta 18
meses.
        Asimismo se determina que los contribuyentes que consideren
desproporcionado el importe mínimo respecto de la magnitud de sus
ingresos, pueden solicitar a la autoridad de aplicación, después de
transcurrido un lapso inicial de al menos dos meses según ésta
establezca, la fiscalización de sus actividades con la finalidad de ajustar
el importe mínimo de sus anticipos a la magnitud real de sus ingresos
(art. 2º).
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      b) La disposición normativa serie B Nº 012/04, mediante la cual el
Subsecretario de Ingresos Públicos, en uso de las atribuciones
inherentes al cargo del Director Provincial de Rentas, estableció las
pautas del PSF.
      Determinó que la formalización de ingreso al Programa se
produciría mediante la suscripción de la adhesión contenida en el anexo
II de la disposición (art. 9º), y fijó, entre las obligaciones del
contribuyente, el pago, en concepto de anticipo de IIB, en tiempo y
forma, y durante un plazo de 12 meses, de un monto que no podría ser
inferior al que, para cada mes y para cada caso, establecería la DPR
(art. 12). Es relevante la disposición del art. 13, conforme a la cual
“para la conformación del importe mínimo mensual que en
concepto de anticipo del IIB deberá abonar el contribuyente que
ingrese al PSF, la DPR tomará en consideración los índices de
crecimiento de la actividad económica y de evasión fiscal del
sector en el cual aquél desarrolla su actividad, y el coeficiente de
riesgo de cada contribuyente”.
      En concordancia con lo dispuesto en el art. 2º de la ley, se
determina     que     aquellos     contribuyentes       que     consideren
desproporcionado con la magnitud real de sus ingresos el importe
mínimo mensual en concepto de anticipo del impuesto, establecido por
la DPR de conformidad con lo previsto en el art. 13 reseñado en el
párrafo anterior, podrán solicitar, por única vez, después de transcurrido
un lapso de tres meses contado a partir de la fecha de ingreso al
Programa, la fiscalización de sus actividades con la finalidad de ajustar
dicho importe. A tal fin, el contribuyente deberá presentar, conforme a la
nota modelo que se aprueba como anexo III de la disposición, la
solicitud de fiscalización y adecuación del anticipo mínimo establecido
por la DPR, en la que declarará cuál es el importe mínimo que
corresponde abonar en función de la real magnitud de sus ingresos (art.
                             Exp. Nº 13/2004: “Rophe S.A. c/Dirección Pro-
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14). Asimismo se establece que, hasta tanto la DPR notifique al
contribuyente     la    modificación    del    monto      mínimo     mensual
oportunamente establecido, éste deberá continuar ingresando sus
anticipos del impuesto de conformidad al importe establecido por
aquélla. Sin perjuicio de ello, si transcurridos 60 días corridos contados
desde la fecha de recepción de la solicitud de fiscalización presentada
por el contribuyente, la DPR no se hubiese expedido, aquél deberá
comenzar a abonar los anticipos que venzan con posterioridad a dicho
lapso, tomando en consideración el monto mínimo mensual que hubiese
estimado que le corresponde abonar, de conformidad con lo previsto en
el segundo párrafo del art. 14. Los saldos a favor del contribuyente que
resulten de los pagos realizados desde el ingreso al Programa podrán
ser descontados, a prorrata, en los anticipos que resten del período al
que se refiere el art. 11 (art. 17).
       VI. Que la empresa Rophe se acogió al Plan, en los términos que
surgen de la reseña normativa precedente, el 28 de abril de este año. El
10 de mayo presentó una nota a la Delegación de Rentas solicitando
una revisión de sus anticipos mínimos, en la que argumentó que
correspondía aplicar la alícuota del 1,5% conforme a lo prescripto en la
ley 13.113. Posteriormente peticionó el dictado de la medida cautelar
apelada, con fundamento en el mismo argumento, que fue utilizado por
el juez para concederla.
       VII. Que cabe en primer lugar recordar que el régimen de
medidas cautelares en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser
examinado con particular estrictez, pues su admisión o denegación
excede el interés individual de las partes y atañe también a la
comunidad en razón de su aptitud para perturbar la oportuna percepción
de la renta pública (confr. Fallos: 319:1317, entre muchos otros).
       VIII. Que el acogimiento al plan, además de estar establecido
como recaudo en la normativa, surge de lo expuesto por la apoderada
                           Exp. Nº 13/2004: “Rophe S.A. c/Dirección Pro-
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de la empresa en la nota del 10 de mayo (fs. 8/10), al reconocer, en
cuanto a los importes mínimos fijados por la DPR para su caso, que
ellos se calculaban tomando en consideración los índices de
crecimiento de la actividad económica y de evasión fiscal del sector en
el cual desarrollaba sus actividades, así como el coeficiente de riesgo
de cada contribuyente, aspectos que su parte no cuestionaba en esa
instancia (el subrayado pertenece a la propia presentación de la
empresa), y que también aceptaba que debía esperar a que
transcurriera el plazo de tres meses dispuesto por el art. 14 de la
disposición normativa serie B Nº 012/04 para formular impugnación. No
obstante ello, objetó la determinación de los pagos mínimos pues la
DPR debió aplicar, a su juicio, la alícuota prevista en la ley 13.113.
      VIII. Que cabe destacar que el contribuyente, al solicitar su
acogimiento al Plan de Facilidades de Pago, adhiere al régimen
respectivo. La solicitante de la cautelar no realizó, a ese momento,
reparo alguno sobre las condiciones del Programa. Tampoco lo hizo al
momento de solicitar el dictado de la cautelar, razón por la cual dejó
incólume la normativa sobre la cual se realizó la determinación de los
anticipos.
      De esa normativa corresponde resaltar el art. 13 de la disposición
normativa citada, reproducido en el considerando V y recordado por
Rophe SA en su presentación administrativa, que otorga a la DPR
amplias facultades en orden a la determinación del monto mínimo a
abonar, razón por la cual no se advierte en la actuación administrativa la
configuración de vicios determinantes de su ilegitimidad absoluta y
manifiesta que autoricen, en este estado liminar del proceso, a
desvirtuar la presunción       de legitimidad del obrar estatal y, en
consecuencia, a tener por acreditada la verosimilitud del derecho de la
empresa citada.
                                 Exp. Nº 13/2004: “Rophe S.A. c/Dirección Pro-
                                 vincial de Rentas de Bs. As. s/medida cautelar”




         IX. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para
la concesión de la medida cautelar solicitada (conf. art. 22 del CCA),
ello es suficiente para denegarla y revocar, en consecuencia, la decisión
apelada.
         Por ello, este Tribunal RESUELVE: Revocar la decisión de fs.
39/41.
         Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.




                                                   JORGE AUGUSTO SAULQUIN




         ANA MARIA BEZZI




                                                   LAURA MERCEDES MONTI




Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo-San Martín
         Registro de Autos Interlocutorios Nº 12
                                 ANTE MÍ