Ley de Participacin Ciudadana

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Ley de Participacin Ciudadana Powered By Docstoc
					CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES


El que suscribe Diputado José Lauro Sánchez López, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo
establecido en los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción XI, 69 fracción II, 70 y
71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y 93 fracción VI y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la
siguiente “INICIATIVA DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE PUEBLA”, al tenor de la siguiente:


                           EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Que la participación social debe ser considerada dentro de las políticas públicas
de gobierno como la forma más viable para responder a las libertades y derechos
de los Ciudadanos, por lo que las autoridades deben tomar en cuenta que
compartir el poder con los Ciudadanos no es perderlo, sino ampliar las
posibilidades democráticas para una mejor gobernabilidad, lo que garantiza el
desarrollo integral del Estado. La participación ciudadana genera consensos,
elabora propuestas y contribuye en la toma de decisiones para alcanzar el
bienestar social.

Que para promover la participación social y crear las condiciones para su pleno
desarrollo, es indispensable que las autoridades gubernamentales estén en
contacto con los grupos sociales, que exista un intercambio de ideas y
experiencias, ya que los círculos participativos representan una importante fuente,
innovadora y creativa en la estructura social, que aporten soluciones a los asuntos
que atañen a su entorno social, debido a que el espacio de lo público ha dejado de
ser exclusivo del gobierno para ser un espacio social pleno.


Que es un imperativo reconocer, que los instrumentos de participación ciudadana
representan una necesidad de los sistemas políticos democráticos actuales, pues
en la medida en que se vayan implementando, el propio gobierno garantizará la
gobernabilidad del sistema representativo y dará pauta a una mejora continua en
la relación gobernantes-Ciudadanos.

Que los beneficios que se derivan de la participación ciudadana son múltiples, en
primer término, es una instancia mixta de toma de decisiones con un mayor
sentido realista y social, porque está presente la parte que vive y padece la
necesidad, así como la que diseña las políticas públicas y asume la toma de
decisiones oficiales; en segunda instancia, los esfuerzos públicos y sociales
pueden ser complementarios en términos económicos o de gestión facilitando las
acciones operativas.

Que cuando una decisión, por delicada que sea, se toma de manera
mancomunada entre la autoridad y los Ciudadanos, favorece el ambiente de
credibilidad y corresponsabilidad, quedando satisfechos los Ciudadanos y
otorgando mayor respaldo y legitimidad hacia la autoridad. Por eso, sostenemos
que la participación social no es una concesión de la autoridad, sino un acuerdo
de mutuo beneficio que mucho ayuda a la autoridad a cumplir sus funciones, y al
Ciudadano a ser partícipe de la satisfacción de una necesidad o la solución de un
problema.

Que una decisión compartida siempre tendrá mayor aceptación por parte de la
población en general, despertará una mejor disposición de colaboración colectiva
y generará sentimientos de solidaridad con la autoridad, esto redundará finalmente
en una cadena de propósitos y buenas acciones comunes en beneficio de la
propia comunidad. La organización de la sociedad con propósitos participativos
comunitarios alienta el interés general de la población por conocer a fondo los
problemas, las necesidades, las potencialidades y alcances de su participación
organizada respecto a las gestiones.

Que la organización consciente de una comunidad propicia una mayor identidad
como grupo social respecto a su territorio, los saberes colectivos afloran y se
enriquecen en un proceso comunicativo, atrayendo mayor información que nutre a
la comunidad, que por su parte abreva nuevas o mejores ideas y cultura; e inicia
un proceso de empoderamiento de sus capacidades y alcances para
transformarse a sí misma mediante la gestión de su propio desarrollo.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece el
plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, como instrumentos democráticos
de participación ciudadana.

Que a través del plebiscito, los actos de la administración pública, son
susceptibles de sometimiento a la opinión y consulta de los gobernados.

Que por la vía del referéndum, la ciudadanía podrá expresar su punto de vista en
relación al contenido de leyes, decretos y reglamentos, a regir en los ámbitos
estatal o municipal.

Que la iniciativa popular abre la posibilidad a los Ciudadanos poblanos, de
intervenir efectivamente como órganos generadores de leyes y reglamentos que
respondan a las expectativas de la vida comunitaria del Estado y sus municipios.

Que la ley que ahora se presenta, establece el conjunto de normas que regularán
la aplicación de éstos instrumentos de democracia directa. Propiciando con ello el
replanteamiento de las relaciones gobierno sociedad, en un marco de
corresponsabilidad, lo mismo en lo que concierne al orden jurídico, que en lo que
atañe a las acciones relevantes de la administración pública y derechos políticos
de los Ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones
constitucionales y legales previamente invocadas, someto a su consideración la
siguiente iniciativa de:


                     LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
                          DEL ESTADO DE PUEBLA


                               TÍTULO PRIMERO
                          DISPOSICIONES GENERALES

                                CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 3 fracción II, 12
fracción XII, 20 fracción I, 57 fracción XXII, 63 fracción V, 68, 79 fracciones XXXIV,
XXXV y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, es
de orden público y de interés general y de aplicación en el territorio del Estado,
teniendo por objeto consolidar, fomentar, promover y regular los instrumentos que
permitan la organización y desarrollo del proceso democrático de la Participación
Ciudadana en los asuntos políticos de la entidad.

Artículo 2.- La participación ciudadana es el derecho que tienen los Ciudadanos
del Estado de Puebla a intervenir, organizarse y participar, de forma directa en la
toma de decisiones políticas y actos de gobierno, contribuyendo a la solución de
problemas de interés general, debiendo la autoridad promover y fomentar a través
de todos los medios a su alcance el debido ejercicio de los derechos político-
electorales de los Ciudadanos.

Artículo 3.- Los instrumentos de Participación Ciudadana, son:

I.   Plebiscito;

II. Referéndum; y

III. Iniciativa Popular.

Los principios que deben regir la participación ciudadana son la democracia, la
corresponsabilidad, la solidaridad, la legalidad, la sustentabilidad y la equidad.

Artículo 4.- Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

I. Código.- Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado;

II. Constitución Federal.- La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

III. Constitución Local.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla;

IV. Consejo.- Consejo General del Instituto Electoral del Estado;

V. Corresponsabilidad.- Compromiso compartido de acatar, por parte de la
ciudadanía y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente
convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de los Ciudadanos a
proponer y decidir sobre los asuntos públicos; postulando que la participación
ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de
las responsabilidades del mismo;

VI. Democracia.- Es la igualdad que tienen los Ciudadanos para participar en la
toma de decisiones públicas, sin discriminaciones de carácter político, religioso,
racial, ideológico, de género o de alguna otra especie;

VII. Inclusión.- La obligación que tiene la autoridad en tomar en consideración las
opiniones de los Ciudadanos, reconociendo las diversidades de opinión,
promoviendo un desarrollo equitativo de la sociedad;

VIII. Instituto.- El Instituto Electoral del Estado;

IX. Legalidad.- Es una de las garantías de los Ciudadanos, para lo cual las
decisiones del gobierno, siempre deberán estar motivadas y fundadas, con pleno
apego a derecho;

X. Ley.- La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla;

XI. Lista Nominal.- Las listas nominales de electores con fotografía, expedidas por
el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral;

XII. Padrón.- El Padrón Electoral formado por el Registro Federal de Electores del
Instituto Federal Electoral;

XIII. Respeto.- Es el reconocimiento a la diversidad de opiniones o criterios
relativos a los derechos de los Ciudadanos en materia político-electorales;

XIV. Tolerancia.- Es el respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes
conforman la sociedad, y como un elemento esencial en la construcción de
consensos;

XV. Solidaridad.- Es la colaboración y ayuda en la solución de los problemas entre
los integrantes de la sociedad, con la finalidad de lograr objetivos comunes,
propiciando su desarrollo económico, social y la participación adecuada en sus
derechos político-electorales; y

XVI. Tribunal.- El Tribunal Electoral del Estado;
Artículo 5.- A falta de disposición expresa en la presente Ley, se estará a lo que
dispone el Código, y en su caso lo que establece los principios generales del
derecho.

En la interpretación de la presente Ley, se tomarán en cuenta el objeto y los
principios rectores de la participación ciudadana, atendiendo a los criterios
gramatical, sistemático y funcional.

Artículo 6.- Tendrán derecho a participar en los procesos que establece la
presente Ley, los Ciudadanos poblanos que no tengan suspendidas sus
prerrogativas en términos del Artículo 22 de la Constitución Local.

Artículo 7.- La organización, planeación y desarrollo de los instrumentos de
participación ciudadana que prevé la presente Ley, se implementarán sin que se
altere la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular
instituida por los Artículos 40 y 115 de la Constitución Federal.

Artículo 8.- Durante la celebración de un Proceso Electoral Federal o Estatal, no
se podrá realizar Referéndum o Plebiscito.

Artículo 9.- En el año en que se verifique elección de representantes populares y
durante los noventa días naturales posteriores a la conclusión del proceso
electoral, no podrá realizarse plebiscito alguno. Asimismo, no podrán desarrollarse
dos plebiscitos en el mismo año; y

En el caso de elecciones extraordinarias, no podrán llevarse a cabo procesos de
plebiscito o referéndum, una vez emitida la convocatoria por el Congreso del
Estado y hasta la terminación del proceso electoral correspondiente, en el ámbito
territorial de que se trate.

Artículo 10.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por leyes
trascendentales para el orden público o interés social, las relativas a las siguientes
materias:

I.     Ecología, agua o saneamiento;
II.    Salud, asistencia social o beneficencia pública;
III.   Seguridad pública o derechos humanos,
IV.    Comunicaciones, vialidad o transporte;
V.     Educación, cultura, turismo o deportes;
VI. Electoral;
VI. Responsabilidades de los servidores públicos;
VII. Civil o penal;
VIII. Desarrollo Económico; o
IX. Desarrollo urbano.

Artículo 11.- Se consideraran como actos o decisiones del Gobernador del Estado
que sean trascendentales para el orden público o el interés social de la Entidad,
aquellos que incidan, alteren y afecten la planeación y servicios en las materias de
salud, educación, seguridad pública, así como el desarrollo económico y social de
los Ciudadanos.


                           TÍTULO SEGUNDO
                 DE LAS AUTORIDADES Y LOS CIUDADANOS


                                  CAPÍTULO I
                             DE LAS AUTORIDADES


Artículo 12.- La aplicación y ejecución de las normas contenidas en esta Ley,
dentro de su respectivo ámbito de competencia, corresponden a:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Ejecutivo;
III. Los Ayuntamientos del Estado;
IV. El Instituto Electoral del Estado; y
V. El Tribunal Electoral del Estado.

Los Ciudadanos, los Poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos
electorales son corresponsables en la organización, preparación, desarrollo,
vigilancia y resultado de los instrumentos de participación ciudadana, en los
términos que disponen la Constitución Local y la presente Ley.

Para el desempeño de sus funciones el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal
Electoral del Estado ejercerán aquellas atribuciones y facultades que les otorgan
otras leyes, siempre que no se contrapongan a esta Ley.

Artículo 13.- La organización, planeación y desarrollo de los instrumentos de
Participación Ciudadana que establece esta Ley, con excepción de la Iniciativa
Popular, estarán a cargo del Instituto Electoral del Estado, el cual, para el
desempeño de sus funciones, tendrá el apoyo y colaboración de las autoridades
estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia.

El Instituto podrá celebrar convenios con autoridades federales para el debido
cumplimiento de sus objetivos.


                           CAPÍTULO II
         DE LOS CIUDADANOS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 14.- Para la prerrogativas establecidas en la presente Ley, son
Ciudadanos los poblanos, hombres y mujeres de nacionalidad mexicana, que
residan en la Entidad, que tengan dieciocho años, un modo honesto de vivir y
reunan los requisitos establecidos en el artículo 12 del Código.

Artículo 15.- Los Ciudadanos tienen los siguientes derechos:

I. Obtener la información oportuna, adecuada y correcta de los actos y acciones
del Titular del Poder Ejecutivo y la expedición de Leyes del Congreso del Estado;
II. Ejercer el plebiscito para aprobar o rechazar los actos o decisiones del
Gobernador del Estado que sean trascendentes para el orden público e interés
social;
III. Ejercer el referéndum para la aprobación, modificación, derogación o
abrogación, de leyes que expida el Congreso del Estado, en los términos de la
presente Ley;
IV. Presentar iniciativas populares al Congreso del Estado sobre proyectos de
creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de las materias
que sean competencia legislativa de la misma y en los términos de esta Ley;
V. Organizarse para intervenir en la planeación, desarrollo y evaluación de los
Instrumentos de participación ciudadana, de conformidad a la presente Ley, y
demás ordenamientos legales aplicables; y
VI. Los demás que establezca ésta Ley y otras disposiciones legales aplicables en
la materia.
Artículo 16.- Los Ciudadanos tienen las siguientes obligaciones:

I. Intervenir, participar y ejercer sus derechos en el desarrollo de los instrumentos
de participación ciudadana;
II. Desempeñar los cargos que le sean encomendados por las autoridades
competentes, con motivo de la aplicación de la presente Ley; y
III. Las demás que establezca ésta Ley y otras disposiciones legales aplicables en
la materia.


                          TÍTULO TERCERO
          DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

                              CAPÍTULO I
             DEL PLEBISCITO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

Artículo 17.- El Plebiscito es el instrumento de Participación Ciudadana a través
del cual, el Titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado podrán consultar a los
Ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo, previo a actos o
decisiones del Gobernador del Estado que sean trascendentales para el orden
público o el interés social de la Entidad.

Artículo 18.- Son objeto del Plebiscito los actos o decisiones del Gobernador del
Estado, o de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, que sean
considerados de trascendencia para la vida pública o el interés social; y

No podrán ser objeto de Plebiscito los actos o decisiones del Gobernador del
Estado relativos a disposiciones de carácter tributario o fiscal, así como de
egresos de la Entidad, al régimen interno de los órganos de la administración
pública del Estado, así como de los actos cuya realización sea obligatoria en
términos de las leyes aplicables.

Artículo 19.- Podrán solicitar la realización del Plebiscito:

I. El Gobernador del Estado, respecto de sus propios actos o decisiones o de los
titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo;

II. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes; y

III. Los Ciudadanos del Estado inscritos en el Registro Federal de Electores que
constituyan el cinco por ciento del Padrón Estatal Electoral, cuando se trate de
actos o decisiones del Poder Ejecutivo, que sean considerados de trascendencia
para la vida pública o el interés social de la entidad.

El porcentaje a que se refiere la fracción anterior, deberá ser representativo de
todo el Estado de Puebla.

Artículo 20.- La solicitud de Plebiscito deberá contener los siguientes requisitos:

I. El acto o decisión de gobierno que se solicita someter a Plebiscito;

II. La exposición de los motivos y razones por los cuales el acto o decisión se
considera de importancia trascendente para la vida pública o el interés social del
Estado;

III. Autoridades que participan en la emisión del acto materia de la solicitud;

IV. Así mismo, si la solicitud es presentada por Ciudadanos, deberá reunir, los
siguientes requisitos:

a. Nombre completo;

b. Domicilio;

c. Clave de elector, folio de la Credencial de elector y Sección Electoral;

d. Firma; y

e. Nombre del representante común y domicilio para oír notificaciones en la
Ciudad de Puebla. Si no se hacen tales señalamientos, será representante común
quien encabece la lista de solicitantes, y las notificaciones se harán por estrados.

V. Si la solicitud es presentada por autoridades, aquélla se hará por oficio.


                               CAPÍTULO II
              DEL PLEBISCITO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
Artículo 21.- El Titular del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado podrán
solicitar al Instituto Electoral del Estado dé inicio al proceso de plebiscito, mediante
convocatoria que expida el propio Instituto cuando menos noventa días naturales,
antes de la fecha de realización del mismo. La convocatoria se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación en la Entidad, y
deberá contener:

a) La explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del acto
o decisión sometido a plebiscito;

b) La fecha en que habrá de verificarse el plebiscito; y

c) La pregunta o preguntas conforme a las cuales los Ciudadanos expresarán su
aprobación o rechazo.

Artículo 22.- Cuando el plebiscito sea solicitado por alguna de las partes
facultades para ello, el procedimiento suspenderá los efectos del acto o decisión
correspondiente.
En el caso de que el solicitante del plebiscito decida desistirse, quedara sin efecto
el procedimiento de plebiscito siempre y cuando sea al menos con una
anticipación de treinta días hábiles previa a la fecha programada.

Artículo 23.- La solicitud de Plebiscito deberá contener los siguientes requisitos:

I. La solicitud deberá presentarse mediante oficio;

II. El acto o decisión que se solicita someter a Plebiscito;

III. La exposición de los motivos y razones por los cuales el acto o decisión se
considera de importancia trascendente para la vida pública o el interés social del
Estado; y

IV. Autoridades que participan en la emisión del acto materia de la solicitud;

Artículo 24.- Para que la solicitud de Plebiscito sea admitida, será necesario:

I. Que el acto sea de trascendencia para la vida pública o el interés social del
Estado, y sea aprobada por el Instituto en base al cumplimiento de todos los
requisitos;
II. Que el acto que pretende realizar la autoridad, no derive de un mandato de Ley,
ni se relacione con disposiciones tributarias o con acuerdos referentes a las tarifas
de los servicios públicos; y

III. Que el acto no se haya ejecutado o esté en proceso de ejecución, tratándose
de obras públicas.


                                 CAPÍTULO III
                               DEL REFERÉNDUM

Artículo 25.- El Referéndum es el instrumento de participación ciudadana
mediante el cual, a través del voto mayoritario de los Ciudadanos aprueban o
rechazan una decisión del Congreso del Estado la creación, reforma, derogación o
abrogación de normas generales, en su contenido total o parcial.

No podrán ser objeto de Referéndum:

I. Las reformas, adiciones o derogaciones a los preceptos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

II. Las Leyes en materia Tributaria, Fiscal y Egresos.

III. Las Leyes que regulen la organización y funcionamiento de los Poderes del
Estado y de los Municipios, o de sus dependencias y entidades.

IV. Los reglamentos o disposiciones administrativas de observancia general, que
se refieran a la organización y funcionamiento del Ayuntamiento o de la
administración pública municipal;

V. Lo relacionado con materias reservadas a la Federación;

VI. Las reformas o adiciones a Leyes que se deriven de reformas a la Constitución
Federal o Local; y

VII. Las demás que determinen las leyes.
Artículo 26.- El resultado del Proceso de Consulta tendrá el efecto de recabar la
decisión de los Ciudadanos, respecto de si la Legislatura aprueba o no, el
contenido total o parcial de creación, reforma, derogación o abrogación de las
Leyes trascendentales para el orden público e interés social, que hayan sido
materia de la consulta.

Artículo 27.- Podrán solicitar la realización del Referéndum:

I. El Gobernador del Estado; y

II. Los Ciudadanos poblanos, siempre que constituyan el quince por ciento del
Padrón Estatal Electoral.

Artículo 28.- La solicitud de Referéndum deberá presentarse por escrito ante el
Instituto, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se
publique en el Periódico Oficial del Estado la Ley o Leyes trascendentales para el
orden público e interés social.

Artículo 29.- El inicio del proceso de referéndum, así declarado por el Instituto
Electoral del Estado en el periodo de treinta días naturales a que hace mención el
artículo anterior, tendrá efectos suspensivos, salvo los casos de urgencia,
determinada por el Titular del Ejecutivo o por el Congreso del Estado.

Artículo 30.- Toda solicitud de Referéndum deberá contener los siguientes
requisitos:

I. La Ley que se propone someter a Referéndum;

II. Exposición de motivos;

III. Autoridades que participan en el proceso legislativo de la norma general
materia de la solicitud;

IV. Si la solicitud es presentada por Ciudadanos, deberá reunir adicionalmente, los
siguientes requisitos:

a. Nombre completo;

b. Domicilio;
c. Clave de elector, folio de la Credencial de elector y Sección Electoral;

d. Firma; y

e. Nombre del representante común y domicilio para oír notificaciones en la
Ciudad de Puebla. Si no se hacen tales señalamientos, será representante común
quien encabece la lista de solicitantes, y las notificaciones se harán por estrados.

V. Si la solicitud es presentada por autoridades, aquélla se hará por oficio.


                                  CAPÍTULO IV
                           DE LA INICIATIVA POPULAR

Artículo 31.- La Iniciativa Popular es el derecho que faculta a los Ciudadanos
poblanos a presentar ante el Congreso del Estado:

I. Iniciativas de Ley, como propuesta formal de normas generales, abstractas,
impersonales y de observancia obligatoria;

II. Iniciativas de Decreto, como propuesta formal de normas particulares,
concretas, personales y obligatorias; y

III. Iniciativas de reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales.

Artículo 32.- No podrán ser objeto de Iniciativa Popular las disposiciones en
materia fiscal o tributaria, ni la expropiación de bienes, aunque se alegue causa de
interés público.

Artículo 33.- Los Ciudadanos poblanos podrán ejercer el derecho de Iniciativa
Popular en forma espontánea o a Convocatoria del Congreso del Estado.

Artículo 34.- Las iniciativas de ley, decreto, reforma, adición, derogación o
abrogación de normas generales, que en forma espontánea sean formuladas por
los Ciudadanos poblanos, deberán ser suscritas cuando menos por el equivalente
al dos punto cinco por ciento de Ciudadanos inscritos en el Padrón Estatal
Electoral y será dirigida al Congreso del Estado y presentada ante la Oficialía de
Partes de la propia Legislatura.
El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser representativo de todo
el Estado de Puebla.

El escrito de presentación deberá señalar al representante común; el domicilio
para oír notificaciones en la Ciudad de Puebla y acompañarse de la lista de
promoventes, que deberá contener:

a. Nombre completo;

b. Domicilio;

c. Clave de elector;

d. Folio de la Credencial de elector;

e. Sección electoral; y

f. Firmas respectivas.

Artículo 35.- Las Iniciativas contendrán:

I. Nombre de la Iniciativa, proyecto, ley o decreto que se propone;

II. Exposición de motivos;

III. Texto de la propuesta con estructura lógico-jurídica; y

IV. Artículos transitorios.

Artículo 36.- Recibida la Iniciativa, el Congreso del Estado o la Comisión
Permanente, en su caso, turnara la lista de promoventes al Instituto para que
verifique que se encuentren en el listado nominal.

El Instituto, certificará asimismo, si se cubre o no, el porcentaje de Ciudadanos
autores de la Iniciativa requerido por esta Ley.

El Instituto deberá contestar al Congreso del Estado dentro de un término de
quince días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea turnada la solicitud,
la procedencia o no de la misma.
Artículo 37.- Si la respuesta del Instituto es en el sentido de que la lista de
promoventes satisface los requisitos previstos en el artículo anterior, el Secretario
General del Congreso del Estado dará cuenta al Secretario de la Mesa Directiva, o
en su caso, al de la Comisión Permanente, para que la Iniciativa entre a trámite,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

En caso contrario, previa autorización del Secretario de la Mesa Directiva, el
Secretario General dictará acuerdo de archivo de la Iniciativa, notificándolo a los
promoventes, sin que proceda recurso alguno.

Artículo 38.- El Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso,
deberá dar trámite expreso a las Iniciativas presentadas en forma espontánea por
los Ciudadanos poblanos, dentro del término de doce meses.

Artículo 39.- Toda Iniciativa Popular desechada, no podrá volver a presentarse
sino hasta transcurrido un año posterior a la fecha en que se desechó.

Artículo 40.- El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes, podrá convocar a los Ciudadanos poblanos para que presenten
iniciativas de Ley o decreto, o de reforma, adición, derogación o abrogación de
normas generales, respecto de temas y materias específicas.
La presentación y trámite de las Iniciativas Populares que provengan de consultas
convocadas en forma expresa por el Congreso del Estado, se sujetarán a las
bases y trámites previstos en la respectiva Convocatoria.

                          CAPÍTULO V
       DISPOSICIONES COMUNES DEL PLEBISCITO Y REFERENDÚM

Artículo 41.- Recibida la solicitud de Plebiscito o Referéndum, el Consejero
Presidente del Instituto dará cuenta al Consejo General de éste, dentro de los
cinco días hábiles siguientes.

En el mismo término, el Instituto notificará a las autoridades que participen en la
emisión del acto o Ley materia de la solicitud, para que si lo desean, en un plazo
de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, presenten
cualquier aclaración, complementación o comentarios, debidamente sustentados.
Artículo 42.- Al resolver la solicitud, el Consejo General del Instituto deberá
revisar:

I. Que el acto o Ley motivo de la solicitud respectiva, sea susceptible de
someterse a Plebiscito o Referéndum;

II. Que la solicitud haya sido presentada en tiempo y reúna los requisitos
establecidos en Ley; y

III. Las observaciones que, en su caso, haga la autoridad.

Artículo 43.- La resolución del Consejo General del Instituto deberá estar fundada
y motivada y se emitirá dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que
se haya recibido la solicitud.

Artículo 44.- El Instituto resolverá la improcedencia del Plebiscito o Referéndum,
en los casos siguientes:

I. Cuando la solicitud se presente extemporáneamente;

II. Cuando el acto o Ley de que se trate, no sean materia de Plebiscito o
Referéndum, según el caso;

III. Cuando los solicitantes no cumplan con los requisitos establecidos en la
presente Ley; y

IV. Tratándose de solicitudes presentadas por los Ciudadanos, cuando exista error
u omisión en más del diez por ciento de los datos de la lista de solicitantes o no se
reúnan los porcentajes mínimos de Ciudadanos promoventes exigidos por esta
Ley.

Artículo 45.- Si se declara procedente el Plebiscito o el Referéndum, según se
trate, se expedirá la Convocatoria dentro de los cinco días hábiles siguientes de
emitida la resolución.

Si se declara improcedente el Plebiscito o el Referéndum, la resolución se
notificará dentro del mismo término a los solicitantes y a las autoridades que
participan en la emisión del acto o norma general materia de la solicitud
correspondiente.
                        TÍTULO CUARTO
     DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE CONSULTA

                                 CAPÍTULO I
                              REGLAS COMUNES


Artículo 46.- El Consejo General del Instituto, según las necesidades, naturaleza
y ámbito territorial de aplicación del proceso, creará e integrará los Órganos
Distritales o Municipales necesarios para operar el proceso y garantizar la
confiabilidad de los resultados, que tendrán las facultades y atribuciones que les
sean conferidas.

Artículo 47.- En el desarrollo y proceso de los instrumentos de participación
ciudadana, regirá el principio de definitividad. Se entiende que los actos son
definitivos, firmes e inatacables cuando no fueron impugnados en su momento
oportuno o cuando se dicte la resolución correspondiente en última instancia.

Artículo 48.- Las etapas de los procesos de Plebiscito y Referéndum son:

I. De preparación.- Comprende desde la expedición de la Convocatoria al proceso
de consulta de que se trate, hasta el principio de la jornada correspondiente;

II. Jornada.- Inicia a las ocho horas del día señalado para realizar la consulta
ciudadana, y concluye a las dieciocho horas con la clausura de las casillas; y

III. Resultados y declaración de validez.- Comienza con la remisión de la
documentación y los expedientes de las mesas de casilla al Instituto, y termina con
la declaración de validez del proceso, o bien con la resolución, que en su caso,
pronuncie en última instancia el tribunal competente.

Artículo 49.- La Convocatoria estará sujeta en su forma y contenido a lo que
determine el Consejo General del Instituto y en todos los casos deberá precisar:

I. Fundamentación;
II. Procedencia de la solicitud, señalando si ésta tiene su origen en alguna
autoridad o en la ciudadanía;

III. El objetivo del Plebiscito o Referéndum, según sea el caso debe estar fundado
y motivado, absteniéndose de emitir juicios de valor respecto de la disposición o
acto materia de la consulta;

IV. Condiciones para el registro; y

V. Lugar, fecha y hora en que deberá realizarse la Jornada.
La Convocatoria se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y en los
principales medios locales de comunicación y, además, se dará a conocer a través
de los mecanismos que el Instituto juzgue convenientes.

Artículo 50.- Para la recepción del voto en los Procesos de Participación
Ciudadana se instalarán casillas, de acuerdo al estudio, planeación y
programación que realice el Instituto.

Artículo 51.- El Instituto, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la
publicación de la Convocatoria, dará a conocer la ubicación y el número de
casillas a instalar.

Los lugares para la ubicación de las casillas deberán reunir los requisitos que
establece el Código, utilizando preferentemente los lugares habituales en los
Procesos Electorales.

Artículo 52.- La designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla
se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Se nombrará de preferencia a los Ciudadanos designados como funcionarios de
casilla en la última Elección Ordinaria;

II. Para el nombramiento de nuevos Ciudadanos integrantes de casillas, éstos
deberán reunir los requisitos a que se refiere el artículo 141 del Código.

II. De no completarse la integración de las mesas directivas de casilla, se estará a
lo que disponga el Consejo.
Artículo 53.- El Consejo, al aprobar el formato de la boleta que habrá de utilizarse,
tomará las medidas que estime necesarias para garantizar la certeza en la emisión
del voto. La boleta deberá contener, cuando menos, los siguientes datos:

I. Señalar el tipo de proceso;

II. La pregunta sobre si el Ciudadano está de acuerdo de manera íntegra o no, con
el acto que se somete a Plebiscito o la norma general sometida a Referéndum;

III. Cuadros o círculos para el SÍ y para el NO; colocados simétricamente y en
tamaño apropiado para facilitar su identificación por el Ciudadano al momento de
emitir su voto;

IV. El objeto de la consulta; y

V. Las firmas impresas del Presidente y Secretario General del Consejo General
del Instituto.

Artículo 54.- Será responsabilidad del Consejo aprobar, proveer y salvaguardar la
documentación y material destinado a la preparación de la Jornada.

Artículo 55.- El material necesario para la realización de la Jornada deberá ser
entregado a los Presidentes de las Mesas de Casilla, dentro de los cinco días
anteriores a la fecha de la misma.


                               CAPÍTULO II
                     DE LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN

Artículo 56.- Se consideran campañas de información al conjunto de acciones de
difusión realizadas por las autoridades o los Ciudadanos para promover la
participación en los Procesos de Consulta, buscando la ratificación o no, de los
actos de gobierno o de las normas generales, materia del Plebiscito o del
Referéndum.

Artículo 57.- Los actos informativos podrán realizarse desde la publicación de la
Convocatoria y hasta tres días antes de la Jornada de Consulta, y deberán
propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los objetivos del Plebiscito o
Referéndum.
Artículo 58.- Toda propaganda impresa que se utilice o difunda durante los
procesos de consulta deberá contener la identificación plena de quienes la hacen
circular y no tendrá más limitaciones que el respeto a los derechos de terceros y
evitará atentar contra la dignidad de las personas e instituciones.

Para la colocación y fijación de la propaganda se estará a lo dispuesto en el
Código.


                              TÍTULO QUINTO
                       DE LA JORNADA DE CONSULTA


                               CAPÍTULO I
                   DE LA INSTALACIÓN DE LAS CASILLAS


Artículo 59.- La Jornada de Consulta se sujetará al procedimiento dispuesto por el
Código para la celebración de la Jornada Electoral, con las particularidades que
prevé el presente Título.

Artículo 60.- De no instalarse la casilla con los funcionarios propietarios
designados por el Instituto, a la hora señalada por esta Ley, se procederá en la
forma siguiente:

I. Si a las 08:15 horas no se presentara alguno o algunos de los funcionarios
propietarios, actuarán en su lugar los suplentes de éstos;

II. Si a las 08:30 horas no está integrada la Mesa Directiva conforme a la fracción
anterior, pero estuviera el Presidente o su Suplente, de entre los Ciudadanos
presentes, designará a los funcionarios para suplir a los ausentes y procederá a su
instalación; y

III. De no encontrarse el Presidente o su Suplente, los funcionarios que se
encuentren presentes tomarán acuerdo para designar a quien deba asumir el
puesto, quien, de ser necesario, procederá conforme a la fracción anterior.
Al actualizarse alguna de las hipótesis previstas por este artículo, deberá
asentarse en el acta de instalación.


                              CAPÍTULO II
                 DE LA VOTACIÓN, ESCRUTINIO Y CÓMPUTO


Artículo 61.- Una vez realizados los trabajos de instalación y firmada el acta por
los integrantes de la Mesa de Casilla, el Presidente anunciará el inicio de la
votación, que se sujetará a los requisitos, normas y procedimientos dispuestos en
el Código.

Artículo 62.- En los procesos de Plebiscito y Referéndum, los Ciudadanos sólo
podrán ejercer su derecho de voto en la Sección Electoral a que pertenecen.

Artículo 63.- Una vez cerrada la votación en los términos del Código, se
procederá a realizar el escrutinio y cómputo de los votos, de acuerdo a las
siguientes reglas:

I. El Secretario contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos
rayas diagonales con crayón; las guardará en un sobre especial el que quedará
cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que contiene;

II. El Primer Escrutador contará el número de Ciudadanos que aparezca que
votaron conforme a la lista nominal de la Sección;

III. El Presidente abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que
la urna quedó vacía;

IV. El Segundo Escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

V. Los dos Escrutadores, bajo la supervisión del Presidente, clasificarán las
boletas para determinar:
a. El número de votos emitidos a favor del SÍ;

b. El número de votos emitidos a favor del NO;

c. El número de votos que sean nulos; y
VI. El Secretario asentará en el acta correspondiente el resultado de la votación y
los incidentes que se hayan presentado durante la Jornada.

Artículo 64.- Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las
siguientes reglas:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el Ciudadano en un solo cuadro
o círculo que determine claramente el sentido del voto como SÍ o NO; y
II. Se contará como voto nulo por la marca que haga el Ciudadano en ambos
cuadros o círculos, lo deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la
boleta.

Artículo 65.- Agotado el procedimiento de escrutinio y cómputo se levantarán las
actas correspondientes, que deberán firmar todos los funcionarios, y se procederá
a integrar el expediente de la Casilla con la siguiente documentación:

I. Un ejemplar del Acta de la Jornada;

II. Un ejemplar del Acta de escrutinio y cómputo;

III. Sobres por separado que contengan: La lista nominal, las boletas sobrantes,
los votos válidos y los votos nulos; y

IV. En la parte exterior del paquete se adherirá un sobre que contenga copia del
Acta de escrutinio y cómputo.

Artículo 66.- Una vez concluidas las fases anteriores, el Presidente publicará en
el exterior de la casilla los resultados de la consulta ciudadana.

Artículo 67.- El Presidente de la Mesa de Casilla, bajo su responsabilidad, hará
llegar los paquetes y expedientes de Casilla al Órgano Electoral correspondiente,
en la forma y plazos que el mismo Instituto determine.


                          CAPÍTULO III
    DE LOS RESULTADOS Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL PROCESO
Artículo 68.- El cómputo deberá celebrarse en los Órganos Distritales o
Municipales conforme se vayan recibiendo los resultados de las Casillas
instaladas.

Artículo 69.- Concluido el cómputo distrital o municipal, se remitirán los
resultados, junto con la documentación, al Consejo General del Instituto a fin de
que el domingo siguiente a la jornada, proceda a informar del computo definitivo y
determinar la declaración de validez.

El Consejo dará a conocer los resultados del proceso y, en su caso, hará la
declaración de validez, ordenando se notifique el resultado a las partes
interesadas.

Artículo 70.- Las leyes sometidas a referéndum sólo podrán ser derogadas si en
el proceso respectivo participa cuando menos el treinta por ciento de los
Ciudadanos inscritos en el Registro Federal de Electores correspondiente al
Estado, y de éstos, más del cincuenta por ciento emita su voto en ese sentido.

Artículo 71.- Para que el resultado de un proceso de plebiscito pueda ser
considerado válido, se requerirá la participación de por lo menos el treinta por
ciento de los Ciudadanos inscritos en la lista nominal correspondiente y se
pronuncien en el mismo sentido, más del cincuenta por ciento de los participantes.

Si no se alcanzara el porcentaje mínimo de participación ciudadana, se declarará
nulo el proceso y no tendrá ningún efecto sobre la disposición o acto que lo
provocó.

Artículo 72.- Concluida la calificación del proceso de consulta, cualquiera que sea
su resultado, el Consejo, lo notificará al Gobernador y al Congreso del Estado,
para que tomen las decisiones que correspondan. Asimismo, se realizará la
notificación correspondiente al promovente.


                         TÍTULO SEXTO
     DE LAS RECURSOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

                               CAPÍTULO ÚNICO
                              DE LOS RECURSOS
Artículo 73.- Los recursos son los medios de impugnación que se interponen por
la ciudadanía, o en su caso, a través de su representante común, para combatir
los actos o resoluciones de los órganos electorales o aquéllos que produzcan
efectos similares en los procesos de plebiscito y referéndum.

Artículo 74.- Los recursos que podrán interponerse son:

I. Apelación; e

II. Inconformidad.

Artículo 75.- La apelación es el recurso jurisdiccional a través del cual se
combaten los actos o resoluciones del Consejo o aquéllos que produzcan efectos
similares. El término para interponerlo será de tres días hábiles, contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto que se recurre.

Artículo 76.- La inconformidad es el recurso jurisdiccional a través del cual se
combaten los resultados consignados en las actas de cómputo municipal o
distrital, para hacer valer presuntas causas de nulidad, con el objeto de obtener la
declaratoria de nulidad en los procesos de plebiscito y referéndum. El término para
interponer el recurso, será de tres días hábiles contados a partir del día siguiente
de que concluya la práctica del cómputo correspondiente.

Artículo 77.- Una vez recibido el recurso de inconformidad, los Consejeros
Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales, integrarán el expediente
que le corresponda en los términos que señala el Código y lo remitirán de
inmediato al Consejo, para que éste lo remita al Tribunal.

Artículo 78.- En el caso del recurso de inconformidad, se deberá señalar:

I. El cómputo y el proceso de plebiscito o referéndum que se combate;
II. La Casilla o las Casillas, de manera individual, cuya votación se solicite se
declare nula, y la causal que se invoque para cada una de ellas; y
III. La relación, en su caso, que guarde el recurso con otras impugnaciones.

Artículo 79.- Los recursos se sustanciarán y resolverán por el Tribunal conforme a
las disposiciones establecidas en el Código. Su presentación no tendrá efectos
suspensivos.
                          ARTÍCULOS TRANSITORIOS


PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Cuando haya lugar a un proceso de Plebiscito o Referéndum, el
Ejecutivo del Estado realizará las transferencias presupuestales necesarias para
su financiamiento, al Instituto Electoral del Estado.

TERCERO.- En la aplicación de esta Ley, se aprovecharán los convenios de
colaboración suscritos entre el Instituto Electoral del Estado y el Instituto Federal
Electoral.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.


                           ATENTAMENTE
                   H. PUEBLA DE Z., A 1 DE JUNIO DE 2011




                      DIP. JOSÉ LAURO SÁNCHEZ LÓPEZ

				
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