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					                        CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2008-SS
                        SUSCITADA    ENTRE     EL    PRIMER
                        TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
                        PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO
                        CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL
                        COLEGIADO        EN         MATERIA
                        ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO




  PONENTE: MINISTRO MARIANO AZUELA GÜITRÓN
  SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: FRANCISCO MIGONI
  GOSLINGA
  Secretaria administrativa: María de la Luz Méndez Pérez
Vo. Bo.
          México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
  Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
  nueve de abril de dos mil ocho.

COTEJÓ:

                             V I S T O S; y,
                          R E S U L T A N D O:


          PRIMERO. Mediante ocurso recibido en la Oficina de
  Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de
  Justicia de la Nación, el seis de febrero de dos mil ocho, Domingo
  Gutiérrez Mendívil, en representación de MALVERN SYSTEMS
  DE MÉXICO, S. A. DE C. V., denunció la posible contradicción de
  tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del
  Quinto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
  Administrativa del Quinto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado
  en Materia Administrativa del Primer Circuito.
                                CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2008-SS




     SEGUNDO. Por auto de diecinueve de febrero del citado
año, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ordenó formar el expediente y requirió al
Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito a efecto de que remitiera copia certificada de
las ejecutorias en las que se sostuvo el criterio que se denuncia
como contradictorio.


     TERCERO. Mediante proveído de veintiséis de febrero de
dos mil ocho, se tuvieron por recibidas las copias certificadas a
que se alude en el resultando anterior y se ordenó dar vista al
Procurador General de la República quien, por conducto de la
Agente del Ministerio Público que designó, manifestó que la
contradicción de tesis debía declararse inexistente. Finalmente,
se ordenó que se turnara el asunto al Ministro Mariano Azuela
Güitrón.


                    C O N S I D E R A N D O:

     PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es competente para resolver la presente
denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de
Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, en relación con el punto Segundo del Acuerdo
5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en
virtud de que se trata de tesis sustentadas en materia



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administrativa cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda
Sala.


        SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene
de parte legítima en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de
la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el licenciado
Domingo Gutiérrez Mendívil, en representación de MALVERN
SYSTEMS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., la cual tuvo el carácter
de quejosa en uno de los juicios de amparo indirecto en revisión
de los que derivó el recurso de reclamación de cuya ejecutoria
emanó uno de los criterios que se estiman contradictorios.


        TERCERO. Las consideraciones en las que se sustenta la
sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el recurso de
reclamación 7/2007, en lo conducente dicen:


        “QUINTO. En su agravio aduce el recurrente que si
        bien conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo la
        autoridad    responsable         está    legitimada    para
        interponer el recurso de revisión en contra de la
        sentencia     que     se      dicte     en   la    audiencia
        constitucional del juicio de garantías, supuesto
        este que constituye una regla general,             debe ser
        interpretado en el sentido de que en los casos en
        que el acto reclamado fuese dictado en un
        procedimiento en el que la autoridad actúa como
        órgano      que     realiza    funciones      de    carácter
        materialmente jurisdiccional y se resuelve una


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controversia entre particulares, la decisión sólo
afecta a éstos, por lo que dicha autoridad carece de
legitimación para interponer el recurso de revisión;
que el concepto de juez en sentido amplio debe ser
aplicado en todos aquellos órganos de autoridad
que ejercen materialmente la función jurisdiccional,
que culmina con una resolución en la que se
concede el mejor derecho a alguna de las partes,
quienes son en definitiva las que pueden resultar
afectadas con las mismas; admitir lo contrario
significaría la pérdida de la imparcialidad del
juzgador y el rompimiento del equilibrio procesal
entre las partes litigantes; cita en su apoyo la tesis
de   jurisprudencia     del    rubro:    ‘REVISIÓN    EN
AMPARO          INDIRECTO.          LA      AUTORIDAD
RESPONSABLE EMISORA DE LA RESOLUCIÓN
RECLAMADA,       NO     ESTÁ        LEGITIMADA     PARA
INTERPONERLO’; asimismo, se cita la resolución
emitida   por    este   tribunal,    bajo   la   anterior
denominación,     en el       recurso de    reclamación
derivado del toca de revisión número 384/2003.


El agravio reseñado es infundado al partir de una
premisa incorrecta.


De las constancias que informan el juicio de
garantías 817/2006 del índice del Juzgado Primero
de Distrito en el Estado con residencia en esta
Ciudad, antecedente en el presente recurso de


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reclamación,     se   desprende    que   los   actos    y
autoridades son los siguientes:


‘III. AUTORIDADES RESPONSABLES:


1. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
2. Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora.
3. Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.


IV. ACTOS RECLAMADOS:


1. De la primera autoridad señalada como responsable
se reclama:


A. El acuerdo aprobado en la sesión celebrada el
veintiocho de septiembre de dos mil uno (Acta número
31), a través del cual:


a) Ratificó y validó tanto la instrucción emitida por la
Comisión de Hacienda a la Oficialía Mayor del
Ayuntamiento de Hermosillo para llevar a cabo la
substanciación del procedimiento relativo a la licitación
pública número 5/2001, como la substanciación misma
del procedimiento de la mencionada licitación que
efectuó la Oficialía Mayor, y


b) Autorizó al Presidente Municipal de Hermosillo, con
el debido refrendo del Secretario del Ayuntamiento
para celebrar a nombre de este último el contrato para


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adquirir de la empresa GEDAS NORTH AMERICA,
S.A. DE C.V. un sistema de información computacional
para la Administración Pública Municipal.


B. Todas las consecuencias jurídicas de las anteriores
determinaciones.


2.   De   la     segunda   autoridad   señalada   como
responsable se reclama:


A. La celebración, a nombre del Ayuntamiento de
Hermosillo, de un contrato para adquirir de la empresa
GEDAS NORTH AMERICA, S.A. DE C.V. un sistema
de información computacional para la Administración
Pública Municipal.


B. Todas las consecuencias jurídicas de la anterior
determinación.


3. De la tercera autoridad señalada como responsable
se reclama:


A. El refrendo del acto específico que se reclama al
Presidente Municipal de Hermosillo.


B. Todas las consecuencias jurídicas de la anterior
determinación.’




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De lo anterior se advierte que el acto reclamado
consiste esencialmente en el procedimiento de
licitación pública número 5/2001, por el que se
autoriza al Presidente Municipal de este Municipio a
celebrar a nombre del Ayuntamiento un contrato
para adquirir un sistema de cómputo con la
empresa GEDAS NORTH AMERICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien tiene el
carácter de tercero perjudicado en el referido juicio
de garantías.


Al    constituir   el   acto    reclamado       el     citado
procedimiento de licitación pública, ello lleva a
concluir que no se trata de un acto emitido por una
autoridad    ejerciendo      funciones       materialmente
jurisdiccionales, pues la naturaleza jurídica de la
licitación pública es la de un procedimiento
administrativo integrado por una diversidad de
actos de esa naturaleza y simples actos de la
administración,         como        formas           jurídicas
preparatorias      de su actividad contractual, que
consiste en un llamado que la administración
pública hace a los particulares de forma impersonal
para que le formulen ofertas a fin de llevar a cabo
una    contratación,    es     decir    el   Ayuntamiento
Municipal     a    través      de      sus   órganos       de
representación actúa como contratante en dicha
licitación y no como una autoridad ejerciendo
funciones materialmente jurisdiccionales, ya que


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no se resuelve una controversia entre particulares,
ni se decide a quién corresponde el mejor derecho,
no reviste la característica de imparcialidad que
impera en una resolución jurisdiccional.


Se cita en apoyo la tesis aislada que este tribunal
comparte del tenor siguiente: (. . .)


‘LICITACIÓN        PÚBLICA.        SU     NATURALEZA
JURÍDICA.’ (Resulta innecesaria su transcripción).


El procedimiento administrativo de licitación se
rige por los principios de concurrencia que asegura
a la administración pública la participación de un
mayor número de ofertas, lo cual permite tener
posibilidades      más   amplias     de    selección    y
obtención de mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre
otras; asimismo, la igualdad, que es la posición que
guardan los oferentes frente a la administración,
así como la posición de cada uno de ellos frente a
los demás; publicidad, que implica la posibilidad de
que los interesados conozcan todo lo relativo a la
licitación    correspondiente;       y,   oposición     o
contradicción que deriva del principio del debido
proceso      que   implica   la   intervención   de    los
interesados en las discusiones de controversia de
intereses de dos o más particulares.




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Es ilustrativa a la consideración anterior la tesis
aislada que se comparte, que dice: (. . .)


‘LICITACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIOS ESENCIALES
QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
RESPECTIVO.’        (Resulta        innecesaria        su
transcripción).


En consecuencia de lo anterior, la licitación pública
que constituye el acto reclamado en el juicio de
garantías atribuido a las autoridades responsables
que interpusieron el recurso de revisión cuya
admisión aquí se controvierte, no fue emitido por
autoridades    ejerciendo     funciones    de     carácter
materialmente jurisdiccionales, pues no resuelven
una controversia entre particulares, por tanto no se
les puede equiparar a un juzgador en sentido
amplio en su actuar, pues no decidieron una
controversia en la que reconocieron el mejor
derecho de alguna de las partes, por el contrario,
como se dijo, la finalidad de la licitación pública es
llevar a cabo una contratación con aquel proveedor
de bienes o servicios que asegure las condiciones
que más convengan a la administración municipal
contratante, por lo que se trata de simples actos de
administración desarrollados en un procedimiento
integrado     por   una       diversidad     de     actos
administrativos, no jurisdiccionales, de ahí que
resulte infundado el argumento del quejoso y por


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     tanto inaplicable la tesis de jurisprudencia en el
     que lo apoya.


     No se soslaya la cita del precedente del recurso de
     reclamación derivado del toca de revisión 384/2003
     del índice de este Tribunal Colegiado, en su
     anterior denominación (Primer Tribunal Colegiado
     del Quinto Circuito), ya que el mismo no tiene
     identidad esencial en sus antecedentes, único
     supuesto en el que se puede aplicar el principio de
     analogía, esto es en virtud de que en el referido
     precedente el acto reclamado en el juicio de
     garantías era precisamente una resolución que
     resuelve el recurso de reconsideración en sede
     administrativa, en donde el Contralor Municipal
     resuelve la controversia entre particulares, es decir
     no se trata del procedimiento de licitación en sí
     como en este caso, lo anterior se dice con vista en
     las constancias del juicio de garantías 384/2003 y
     del recurso de reclamación 13/2003 derivado del
     toca antes mencionado, que se traen a la vista
     como un hecho notorio para los integrantes de este
     cuerpo colegiado…”


     CUARTO. Las consideraciones en las que se sustenta la
ejecutoria pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión
176/2001    (que     son   sustancialmente   parecidas   a    los
razonamientos contenidos en las ejecutorias emitidas en los tocas


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de revisión 386/2001, 1306/2001, 1356/2001 y 1481/2001) son
del tenor literal siguiente:


     “QUINTO.- Previamente al estudio de los agravios
     que hace valer la autoridad del Instituto Mexicano
     de la Propiedad, debe examinarse la procedencia
     del recurso, pues si bien la responsable es parte en
     el juicio de amparo, y conforme al artículo 87 de la
     ley de la materia, está legitimada para interponer el
     recurso de revisión en los casos en que la
     sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto
     afecte directamente el acto que se reclame, debe
     destacarse, que en el caso concreto, carece de
     interés legítimo para interponer el recurso, porque
     el acto reclamado fue dictado en un procedimiento
     en el que la autoridad obra como órgano que
     realiza    funciones      de     carácter   materialmente
     jurisdiccionales, en el que sólo está resolviendo
     una controversia entre particulares, cuya decisión
     sólo afecta a éstos, por ello lo conducente es
     desechar el recurso de revisión interpuesto por la
     autoridad responsable.


     Sirve     de    apoyo     la   tesis   cuyos    datos   de
     identificación son los siguientes: (. . .)


     ‘REVISIÓN. LA         AUTORIDAD RESPONSABLE NO
     ESTÁ FACULTADA PARA INTERPONERLA.’ (Resulta
     innecesaria su transcripción).


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Cabe apuntar que este Tribunal Colegiado acorde a
la doctrina, admite la existencia del concepto de
Jueces lato sensu que son todos aquellos titulares
de los órganos de autoridad, que dependiendo del
Poder Judicial o de alguno de los otros Poderes,
ejercen la función jurisdiccional, al estar facultados
legalmente    para   decidir   controversias    entre
particulares mediante procedimientos establecidos
en la ley, los que necesariamente culminarán en
una resolución reconociendo el mejor derecho de
alguna de las partes litigantes. Así, al examinar el
concepto de juzgador vemos que actúa como uno
de los sujetos de la trilogía procesal „actor,
demandado y juez‟, lo que hace con el carácter de
imparcial, encargado de dirimir la controversia
planteada entre actor y demandado; a su vez, las
normas que rigen el procedimiento, mediante el
que se desenvuelve la controversia, confieren a los
otros dos de los sujetos de la relación procesal,
derechos y obligaciones con el fin de lograr la
solución de la controversia, procedimiento en el
que se tendrá que garantizar la igualdad ad
procesum en cuanto al trato y oportunidades
respecto de los contendientes, las cuales han de
ser otorgadas por el juzgador, cuya función en ese
sentido será la de actuar como director del
proceso.




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En   este    marco      de    referencia,     las    normas
procedimentales tienen como único y exclusivo
objeto garantizar la satisfacción de los intereses de
los particulares; por ello, cuando la actuación del
juzgador no se apega a la imparcialidad, las normas
procedimentales      conceden       a   los    particulares
lesionados   la   vía    de    impugnación,         esto   es,
incidentes, recursos o inclusive, el juicio de
amparo.


Ahora bien, la autoridad responsable en ejercicio
de sus facultades jurisdiccionales al haber emitido
la   sentencia,   laudo        o   resolución        en    un
procedimiento, en el juicio de amparo, tiene la
oportunidad de defender la constitucionalidad de
sus actos, para ello se le brinda la posibilidad, que
constituye tanto un derecho como una obligación,
consistente en rendir un informe justificado con
todas las prerrogativas que la ley de la materia
concede; sin embargo, carece de legitimación para
hacer valer los medios de defensa referidos en el
párrafo anterior, por haberse establecido sólo en
beneficio de los particulares afectados por los
actos de la propia autoridad jurisdicente. Admitir lo
contrario significaría la pérdida de la imparcialidad
del juzgador y el rompimiento del equilibrio entre
las partes litigantes al conferir la facultad de actuar
a favor de una de ellas, para impugnar lo que no
obtuvo a través de la sentencia de amparo dictada


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por el Juez de Distrito, pues se dan casos en los
que el particular que se vio afectado con dicha
sentencia, por resultar contraria a sus intereses,
tácitamente se conforma con ella, al no hacer valer
el recurso de revisión a que tiene derecho, y sin
embargo, de aceptar que la autoridad puede
interponer el recurso, prácticamente se estaría
sustituyendo a la voluntad respecto de quien
realmente asiste el derecho tutelado por la ley.


Además, el agravio que otorga la legitimación para
acudir al juicio constitucional así como al recurso
de revisión debe provenir de la afectación a un
derecho reconocido legalmente, del cual carece la
autoridad emisora de la resolución constituyente
del acto reclamado, pues no puede argüir tener
derecho a que se reconozca la legalidad de su
actuación, pues no obstante que esto pudiera
constituir un argumento válido para la autoridad,
no lo es para la procedencia del recurso, dado que
ninguna ley en forma específica dispone que deba
fallarse siempre a favor de la determinación de la
autoridad, motivo por el que no puede invocarse la
existencia de un derecho a su favor en tal sentido.


Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, los
criterios sustentados en las tesis cuyos datos de
identificación son los siguientes: (. . .)




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     ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. CARECE DE
     LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBU-
     NAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA.’
     (Resulta innecesaria su transcripción).


     (. . .)


     ‘REVISIÓN        EN    AMPARO        DIRECTO.       LAS
     AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSA-
     BLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTER-
     PONERLA.’ (Resulta innecesaria su transcripción).


     En las anteriores condiciones, procede desechar el
     recurso hecho valer por la autoridad recurrente.”


     QUINTO. Es improcedente la denuncia de contradicción de
tesis respecto de los criterios sustentados por el Primer Tribunal
Colegiado del Quinto Circuito al resolver el recurso de
reclamación 13/2003 (criterio que por las razones que más
adelante se apuntan no se transcribió en los considerandos
anteriores) y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del mismo circuito al resolver el diverso recurso de
reclamación 7/2007.


     El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo
dispone:


     “Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados
     de Circuito sustenten tesis contradictorias en los


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     juicios de amparo de su competencia, los Ministros
     de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador
     General     de   la   República,     los   mencionados
     tribunales o los magistrados que los integren, o las
     partes que intervinieron en los juicios en que tales
     tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar
     la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia,
     la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El
     Procurador General de la República, por sí o por
     conducto del agente que al efecto designe, podrá,
     si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro
     del plazo de treinta días.”


     Del precepto transcrito se desprende que es condición sine
quo non para que pueda actualizarse una contradicción de tesis
que los criterios que se denuncian como opuestos provengan de
Tribunales Colegiados diferentes, pues dicho artículo en forma
expresa dispone que los criterios jurídicos correspondientes
deben sustentarse por “Tribunales Colegiados”, es decir, emplea
el plural y no el singular lo que denota la imposibilidad jurídica de
que se configure una contradicción de tesis respecto de criterios
sostenidos por el mismo órgano jurisdiccional. Lo anterior se
explica porque en el supuesto de que las tesis que se consideran
opuestas provengan de un mismo Tribunal Colegiado, no podría
válidamente hablarse de “una contradicción de tesis” pues lo que
en tal supuesto se actualizaría es un cambio o modificación del
criterio que previamente el propio tribunal había sostenido, lo cual
es jurídicamente dable pues si la Ley de Amparo prevé la
posibilidad de que los órganos jurisdiccionales competentes


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interrumpan las jurisprudencias que hubieran sustentado, es
lógico suponer, por mayoría de razón, que también pueden variar
los criterios aislados que hubieren sostenido.


        En relación con lo expuesto en el párrafo anterior resulta
aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, visible en la página 42, del Tomo X, correspondiente al
mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Octava
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que
dice:


        “CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS QUE
        SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN PROVENIR
        DE ÓRGANOS DIFERENTES. El planteamiento de
        una contradicción de tesis en el ámbito de la
        justicia federal, ya sea en juicios de amparo o en
        revisiones   de    contenciosos     administrativos,
        supone por esencia la existencia de criterios
        diferentes al conocer de un determinado problema
        jurídico de condiciones similares. Así, en aras de la
        seguridad jurídica, un tribunal jerárquicamente
        superior debe decidir cuál de las tesis contrarias
        debe prevalecer con características obligatorias,
        por lo que los razonamientos a examen deben
        provenir de órganos diferentes. Ello es así porque
        cuando los criterios que se consideran en pugna
        provienen de un mismo tribunal se está en
        presencia de una modificación o variación de
        criterio, mas no de una contradicción de tesis.”


                                                                17
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     En el caso, el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito
y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa
del mismo circuito (que según el denunciante de la contradicción
de tesis sostuvieron criterios divergentes), son en realidad el
mismo órgano jurisdiccional, lo que impide considerar que en el
caso pueda configurarse la contradicción denunciada. En efecto,
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco
de octubre de dos mil cinco, aprobó el “Acuerdo General 41/2005,
relativo a la fecha de Inicio de Especialización, Nueva
Denominación y Competencia de los Tribunales Colegiados del
Quinto Circuito, con Residencia en Hermosillo, Sonora, a las
Reglas de Turno, Sistema de Recepción y Distribución de
Asuntos entre los Mencionados Tribunales Colegiados.” El
acuerdo de que se trata en lo conducente dice:


     “PRIMERO.- A partir del treinta y uno de octubre de
     dos mil cinco, los Tribunales Colegiados del Quinto
     Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora,
     serán especializados: tres en materias penal y
     administrativa, y dos en materias civil y de trabajo.


     SEGUNDO.- Desde la fecha indicada en el punto de
     acuerdo anterior, los Tribunales Colegiados que se
     especializan    conservarán      la    residencia       y
     jurisdicción territorial que tienen asignadas y su
     nueva denominación será la siguiente:




                                                                 18
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 Denominación actual            Nueva denominación

 Primer Tribunal                Primer Tribunal
 Colegiado del Quinto           Colegiado en Materias
 Circuito.                      Penal y Administrativa
                                del Quinto Circuito.
 Cuarto Tribunal                Segundo Tribunal
 Colegiado del Quinto           Colegiado en Materias
 Circuito.                      Penal y Administrativa
                                del Quinto Circuito.
 Quinto Tribunal                Tercer Tribunal
 Colegiado del Quinto           Colegiado en Materias
 Circuito.                      Penal y Administrativa
                                del Quinto Circuito.
 Segundo Tribunal               Primer Tribunal
 Colegiado del Quinto           Colegiado en Materias
 Circuito.                      Civil y de Trabajo del
                                Quinto Circuito.
 Tercer Tribunal                Segundo Tribunal
 Colegiado del Quinto           Colegiado en Materias
 Circuito.                      Civil y de Trabajo del
                                Quinto Circuito.




SÉPTIMO.- El Primer, Cuarto y Quinto Tribunales
Colegiados del Quinto Circuito, ahora denominados
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa     del   Quinto     Circuito;     Segundo
Tribunal    Colegiado      en      Materias      Penal   y
Administrativa     del   Quinto     Circuito;    y   Tercer
Tribunal    Colegiado      en      Materias      Penal   y
Administrativa del Quinto Circuito; conservarán los
asuntos relativos a las materias en que se
especializan y recibirán todos los expedientes
relativos a dichas materias, de los anteriormente
denominados Segundo Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito.




                                                              19
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      DÉCIMO PRIMERO.- Los Tribunales Colegiados que
      se especializan conservarán los libros de gobierno
      del órgano de origen, que seguirán utilizando para
      anotar los movimientos de aquellos asuntos que
      por razón de materia permanezcan en el tribunal
      ahora especializado.


      DÉCIMO CUARTO.- La especialización ordenada en
      el presente acuerdo, no implica costo adicional al
      presupuesto del Poder Judicial de la Federación,
      pues no se requiere de plazas adicionales, ni
      elementos materiales para su inicio.”


      Como se ve, la especialización de los Tribunales Colegiados
del   Quinto   Circuito   no   implicó   la   creación   de   órganos
jurisdiccionales diversos a los que ya estaban instalados, sino
únicamente su cambio de denominación. En efecto, además de
que en el título del citado Acuerdo General se emplea en forma
destacada la locución “Nueva Denominación” (y no el vocablo
“creación”), los citados preceptos revelan que los órganos
jurisdiccionales que se especializaron conservaron la residencia y
jurisdicción territorial que tenían asignadas, así como los libros de
gobierno del “órgano de origen”, mismos que debieron seguir
empleando para anotar los movimientos de los asuntos que por
razón de materia permanecieron en el propio tribunal. Cabe
precisar que la afirmación consistente en que la especialización
de que se trata implicó un cambio de denominación y no la
creación de órganos jurisdiccionales diversos a los que ya
existían se corrobora con lo establecido en el punto Décimo


                                                                   20
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Cuarto del Acuerdo General antes transcrito, conforme al cual
dicha especialización “no implica costo adicional al presupuesto
del Poder Judicial de la Federación, pues no se requiere de
plazas adicionales, ni elementos materiales para su inicio.”


     De lo hasta aquí expuesto se deduce que una vez que surtió
efectos la especialización indicada en el citado Acuerdo General,
los criterios que había sostenido el Primer Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito son atribuibles al Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del mismo circuito, pues lo que
sucedió con motivo de la referida especialización fue que cambió
la denominación del órgano jurisdiccional mencionado en primer
término por la precisada en segundo lugar, sin que pueda
estimarse que tal cambio de denominación suponga la creación
de órganos jurisdiccionales diversos. En este orden de ideas, si
los criterios que se denuncian como opuestos (sustentados en los
recursos de reclamación 13/2003 y 7/2007) provienen del mismo
Tribunal Colegiado de Circuito, es incuestionable que no se
configura el requisito sine quo non para que se actualice la
contradicción de tesis (relativo a que los referidos criterios
provengan de diversos Tribunales Colegiados de Circuito).


     Lo expuesto en el párrafo anterior se corrobora con lo que
se afirmó en la ejecutoria que el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito emitió en el
recurso de reclamación 7/2007. En efecto, en dicha ejecutoria se
sostuvo en forma destacada lo siguiente:




                                                                21
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     “No se soslaya la cita del precedente del recurso de
     reclamación derivado del toca de revisión 384/2003
     del índice de este Tribunal Colegiado, en su
     anterior denominación (Primer Tribunal Colegiado
     del Quinto Circuito), ya que el mismo no tiene
     identidad esencial en sus antecedentes. . .”


     Como se ve, el Tribunal Colegiado de que se trata asumió
como propio el criterio que sustentó al resolver el diverso recurso
de reclamación 13/2003 (que es precisamente el que toma en
consideración el denunciante para estimar que se actualiza la
contradicción de tesis), pues expresó que tal criterio fue
sustentado por el tribunal “en su anterior denominación”.


     Por las razones que la informan sirve de apoyo a lo
expuesto precedentemente la tesis sustentada por la otrora
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible
en la página 218, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre
de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:


     “CONTRADICCIÓN DE TESIS. IMPROCEDENCIA DE
     LA DENUNCIA        CUANDO       LAS SUSTENTÓ           EL
     MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.
     Cuando se denuncia la contradicción de tesis pero
     las mismas fueron sustentadas por un mismo
     Tribunal Colegiado, aun cuando haya cambiado de
     nomenclatura por la creación de otro tribunal en el
     mismo Circuito y/o haya variado su integración,


                                                                 22
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     debe considerarse improcedente la denuncia, pues
     se está en el caso de un cambio de criterio, lo que
     es conforme a derecho, toda vez que aun la
     Suprema Corte puede proceder de este modo,
     llegando    incluso    a   poder    interrumpir    una
     jurisprudencia.”


     En tales condiciones, es incuestionable que la contradicción
de tesis denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado del Quinto
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito es improcedente.


     SEXTO. No existe la contradicción de tesis entre las
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de
reclamación 7/2007, y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito al resolver, entre otros, el
recurso de revisión 176/2001.


     El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de
Amparo, emitió la jurisprudencia número P./J. 26/2001, visible en
la página 76, del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de
dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que dice:


     “CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES
     COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA


                                                               23
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     SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que
     establecen los artículos 107, fracción XIII, primer
     párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la
     Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados
     de Circuito sustenten tesis contradictorias en los
     juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la
     Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala
     que corresponda deben decidir cuál tesis ha de
     prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen
     tesis     contradictorias    cuando     concurren     los
     siguientes supuestos: a) que al resolver los
     negocios      jurídicos     se   examinen    cuestiones
     jurídicas esencialmente iguales y se adopten
     posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b)
     que la diferencia de criterios se presente en las
     consideraciones, razonamientos o interpretaciones
     jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que
     los distintos criterios provengan del examen de los
     mismos elementos.”


     De la citada jurisprudencia se desprende que para que
exista contradicción de tesis deben actualizarse los siguientes
requisitos:


     a) Que al resolver asuntos en los que se examinen
cuestiones jurídicas esencialmente iguales, se adopten criterios
divergentes;




                                                                 24
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     b) Que la diferencia de criterios se presente en la parte
considerativa de las sentencias respectivas; y,


     c) Que los criterios discrepantes provengan del análisis de
los mismos elementos.


     En el caso no puede válidamente afirmarse que exista la
contradicción de tesis denunciada pues los referidos tribunales
colegiados no examinaron cuestiones jurídicas esencialmente
iguales y, además, los criterios que sostuvieron no derivan del
análisis de los mismos elementos. Para demostrar este aserto es
necesario reseñar los antecedentes más importantes de los
asuntos de los que cada uno de dichos tribunales colegiados
conoció y resumir el criterio que sustentaron.


     El recurso de reclamación 7/2007, que se resolvió por el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Quinto Circuito tiene los siguientes antecedentes:


     I. MALVERN SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.,
promovió juicio de amparo indirecto en contra de actos emitidos
tanto por el Ayuntamiento Municipal de Hermosillo, Sonora, como
por el Presidente, Secretario y Síndico del referido Ayuntamiento,
consistentes en el acuerdo aprobado por el cabildo mediante el
cual se ratificó y validó el procedimiento relativo a la licitación
pública 5/2001, así como la autorización que se confirió al
Presidente Municipal a efecto de que celebrara en representación
del Ayuntamiento Municipal de Hermosillo, Sonora, el contrato
correspondiente con la empresa adjudicataria.


                                                                25
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     II. Previos los trámites de ley, el juzgador federal otorgó a la
quejosa la protección constitucional solicitada. Inconforme con la
sentencia de primera instancia, las autoridades mencionadas en
el párrafo anterior interpusieron recurso de revisión, el cual se
admitió a trámite por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. En contra
del auto admisorio la quejosa, por conducto de su representante,
interpuso   recurso   de   reclamación    al   considerar   que    las
autoridades responsables no estaban legitimadas para interponer
recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en el
juicio de amparo indirecto, pues al emitir las resoluciones
reclamadas realizaron actos materialmente jurisdiccionales, dado
que resolvieron una controversia entre particulares (empresas que
intervinieron en la licitación) al determinar, en forma imparcial, la
empresa ganadora en la licitación correspondiente.


     Al resolver el mencionado recurso de reclamación el Primer
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto
Circuito sostuvo que los agravios resultaban infundados, pues las
autoridades responsables sí estaban legitimadas para interponer
el recurso de revisión. Este criterio se sustenta en las siguientes
consideraciones torales:


     ● El juicio de amparo indirecto se promovió en contra de la
resolución que ratificó y validó la sustanciación de la licitación
pública correspondiente y autorizó al Presidente Municipal para
que, en representación de Ayuntamiento Municipal de Hermosillo,
Sonora, celebrara el contrato con la empresa que resultó
triunfadora en la licitación. De lo anterior se advierte que los actos


                                                                   26
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reclamados no fueron producto de un proceder materialmente
jurisdiccional por parte de las autoridades responsables, sino que
fueron el resultado de una serie de actos administrativos
derivados del interés del Municipio por contratar en las mejores
condiciones posibles.


     ● La licitación pública es un procedimiento administrativo
integrado por una diversidad de actos que son preparatorios de la
actividad gubernamental contractual. Luego, las autoridades
municipales        no   ejercieron      funciones     materialmente
jurisdiccionales pues no resolvieron una controversia entre partes
ni decidieron si alguna de éstas tenía o no un mejor derecho; por
el contrario, actuaron con un interés contractual que no “reviste la
característica de imparcialidad que impera en una resolución
jurisdiccional.”


     Por otra parte, el recurso de revisión 176/2001 que resolvió
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito (y cuyos razonamientos son similares a los que contienen
las resoluciones que emitió en los diversos recursos de revisión
386/2001,     1306/2001,   1356/2001    y 1481/2001),      tiene   los
antecedentes que a continuación se reseñan:


     I. LUCKY BRAND DUNGAREES, INC., por conducto de su
representante, demandó ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial la nulidad del registro marcario número
592632 LUCKY JEANS AMERICA, cuyo titular es el Grupo
Bonafortuna, S. A. de C. V. Previos los trámites de ley, la titular de
la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del


                                                                   27
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió resolución en
la que determinó que no procedía entrar al estudio del fondo de la
nulidad demandada en virtud de que resultó fundada la excepción
de falta de interés jurídico.


       II. Inconforme con la citada resolución LUCKY BRAND
DUNGAREES, INC., por conducto de su representante, promovió
juicio de amparo indirecto que se resolvió en el sentido de
conceder la protección constitucional solicitada. En contra de esta
resolución tanto la tercero perjudicada como la autoridad
responsable (Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad
Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)
interpusieron recurso de revisión, los cuales fueron admitidos por
el   Presidente    del   Sexto     Tribunal   Colegiado      en    Materia
Administrativa del Primer Circuito.


       Al resolver el recurso de revisión de que se trata, el referido
órgano jurisdiccional, en lo que aquí interesa, desechó el recurso
de revisión interpuesto por la Subdirectora Divisional de Procesos
de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial al considerar que no estaba legitimada para interponer
el citado medio de defensa. Este criterio se apoya en las
siguientes razones fundamentales:


       ● La doctrina admite la existencia de jueces lato sensu, que
son aquellas autoridades que aun cuando no dependen del Poder
Judicial ejercen una función jurisdiccional, pues están facultados
para     decidir   controversias      entre   particulares        mediante
procedimientos establecidos en la ley.


                                                                        28
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     ● Los procedimientos en los que dichas autoridades ejercen
funciones    materialmente      jurisdiccionales   necesariamente
culminan con una resolución en la que se reconoce que una de
las partes tiene mejor derecho. Así, en dichos procedimientos se
actualiza una “trilogía procesal actor, demandado y juez.”


     ● En los procedimientos de que se trata la autoridad
correspondiente debe ser imparcial, pues está encargada de
resolver conforme a derecho el conflicto que existe entre el actor y
el demandado.


     ● En el caso, la Subdirectora Divisional de Procesos de
Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, al dictar la resolución en contra de la que se promovió
el juicio de amparo indirecto, realizó una función de carácter
materialmente jurisdiccional, pues resolvió una controversia entre
particulares. De aquí, que no esté legitimada para impugnar la
sentencia que se dictó en el juicio de amparo indirecto, pues
estimar lo contrario implicaría desconocer la imparcialidad que le
debe caracterizar.


     De lo hasta aquí expuesto se desprende que no existe la
contradicción de tesis denunciada entre el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito. Se afirma lo anterior, pues aun cuando ambos órganos
jurisdiccionales se pronunciaron respecto a la legitimación de las
autoridades responsables para interponer recurso de revisión en


                                                                 29
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contra de la sentencia dictada en sendos juicios de amparo
indirecto, lo cierto es que los pronunciamientos relativos se
hicieron a partir de circunstancias jurídicas diversas en las que se
examinaron elementos de derecho disímbolos, de manera que lo
afirmado por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito no se
opone a lo sostenido por el otro.


     En efecto, mientras que en el asunto que examinó el Primer
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto
Circuito la resolución en contra de la que se promovió el juicio de
amparo indirecto fue emitida por autoridades municipales; en el
expediente que estudió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito la resolución reclamada fue
pronunciada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Así, en el primer caso las autoridades responsables eran
municipales, es decir, se trató de autoridades que integran un
órgano de gobierno, en tanto que en el segundo caso la autoridad
responsable fue un organismo descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propios, esto es, se trató de un órgano
administrativo subordinado jerárquicamente al Ejecutivo Federal
con atribuciones específicas de tipo administrativo tendentes a
proteger la propiedad industrial.


     Aunado a lo anterior, los asuntos que fueron sometidos al
conocimiento de los mencionados órganos jurisdiccionales tienen
orígenes diversos pues uno de ellos derivó de una licitación
pública que fue convocada por el Ayuntamiento Municipal de
Hermosillo, Sonora, con el objeto de obtener un sistema de
cómputo; mientras que el otro emanó de un procedimiento


                                                                   30
                                     CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2008-SS




administrativo en el que se demandó la nulidad de un registro
marcario. Cabe precisar que la diferencia en el origen de los
referidos asuntos fue destacada por los mencionados órganos
jurisdiccionales, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinó en forma
expresa que el procedimiento de licitación no podía considerarse
“materialmente jurisdiccional”, en tanto que el Sexto Tribunal
Colegiado      en    Materia     Administrativa    del   Primer    Circuito,
estableció que el procedimiento seguido ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial debía estimarse de esa naturaleza.


      Como se ve, lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver
el   recurso    de    reclamación     7/2007,      no    puede    estimarse
contradictorio con lo que sostuvo el Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, entre otros,
el   recurso    de    revisión    176/2001,       pues   ambos     órganos
jurisdiccionales abordaron el problema jurídico relativo desde
planos diversos y a la luz de elementos jurídicos distintos, de
manera que se carece de un punto común respecto del cual lo
que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa.
En este orden de ideas, es inconcuso que no existe la
contradicción de tesis denunciada.


      En apoyo a las anteriores consideraciones conviene invocar
la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, visible en la página 48, del Tomo VII,
correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y




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                                CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2008-SS




uno, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, que dice:


     “CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO BASTA PARA
     QUE SE GENERE QUE UN TRIBUNAL AFIRME QUE
     NO COMPARTE EL CRITERIO DE OTRO. Es
     insuficiente     para    concluir   que     existe     la
     contradicción de tesis que un tribunal afirme en
     una sentencia que no comparte el criterio de otro,
     sino que es necesario que lo sostenido por uno al
     examinar       un    determinado      problema        sea
     contradictorio a lo señalado por el otro al abordar
     el mismo problema, en el mismo plano y a la luz de
     preceptos jurídicos iguales o coincidentes, pues si
     no, se carece de un punto común respecto del cual
     lo que se afirma en una sentencia se niegue en la
     otra o viceversa.”


     Por lo expuesto y fundado, se resuelve:


     PRIMERO. Es improcedente la contradicción de tesis entre
los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito.


     SEGUNDO. No existe la contradicción de tesis entre los
criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.


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                               CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2008-SS




     Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los
tribunales colegiados respectivos. En su oportunidad archívese el
expediente.


     Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los
señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Genaro David
Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Ministro Presidente José Fernando Franco
González Salas.


     Fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón.


     Firman el Ministro Presidente y el Ministro Ponente con el
Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.



                   MINISTRO PRESIDENTE



              JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ
                          SALAS




                     MINISTRO PONENTE




                  MARIANO AZUELA GÜITRÓN




                                                               33
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                     SECRETARIO DE ACUERDOS




              LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ


Esta hoja corresponde a la CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2008-SS
SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fallada
el nueve de abril de dos mil ocho. En la que se resolvió: “PRIMERO. Es
improcedente la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Quinto Circuito. SEGUNDO. No existe la contradicción
de tesis entre los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.” Conste.




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