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           En. Quilmes, a los veintidos días del mes de noviem-
bre del año dos mil cinco, se reúnen en la Sala de Acuerdos
los señores Jueces integrantes del Tribunal del Trabajo n°3
de esta ciudad, Doctores Silvia Ester Bàrtola, ana Rosa Binda
y Oscar Adolfo Pozzolo, bajo la Presidencia de la primera de
los nombrados y presente la Actuaria a efectos de dictar ve-
redicto en la causa n° 15.453 caratulada "Colombo Marta Elena
c/ Barrera Ramòn Nicolàs Ventura y otro s/ daños y perjui-
cios".
     Practicada la desinsaculación que determina el artículo
44 inc. c) de la ley 11.653, resultó el siguiente orden de
votación: Dres. BARTOLA - BINDA - POZZOLO.
                   C U E S T I O N E S
         PRIMERA: Se ha probado: a) si el causante Miguel Angel
Dìaz trabajó en relación de subordinación y dependencia para
don Ramòn Nicolàs Ventura Barrera, en el comercio denominado
“Planchados Mèxico”, sito en calle Mèxico 4.085 de Capital
Federal?; b) que ingresó el 1 de marzo de 1.992?; c) que se
desempeñó en calidad de “encargado” de la secciòn reparto,
debiendo repartir y retirar prendas en distintas tintorerìas
y peleterías de la zona?; d) el horario de trabajo del ac-
tor?; e) que percibió su mejor salario en el mes de mayo de
1.998 y que èste montò a $ 496.-?;
         SEGUNDA: Se acreditó: a) que el causante padeciera el
accidente que relata en la demanda, el día 14 de mayo de
1.998, siendo aproximadamente las 12:35 horas, mientras se
hallaba cumpliendo sus tareas habituales, cuando habiendo
salido del establecimiento perteneciente al demandado, hacia
Avellaneda y Quilmas, con el fin de retirar y repartir pren-
das en distintas tintorerías y peleterìas de la zona, tras-
ladàndose en un rodado de propiedad del accionado, marca Su-
zuki, color celeste, patente VZM 932, conducido por el señor
Marcelo Sala, chofer de reparto dependiente del accionado, al
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llegar a la altura de la Avenida San Martín entre Ameghino y
Alem de la localidad de Bernal, yendo hacia Quilmas, al in-
tentar superar por su izquierda a vehìculos que circulaban
delante suyo, resultò embestido de frente por un microómnibus
de la Lìnea 22 S.A., interno 309, patente BGV 582, a raìz de
lo cual el causante sufriò graves lesiones, perdiendo inme-
diatamente el conocimiento y permaneciendo en “coma” y poli-
traumatismos   que    motivaron   su   internaciòn     en    el   Hospital
Iriarte de Quilmas, donde permaneciò internado, con grave
pronòstico desde la misma fecha del accidente hasta el 18 de
junio de 1.998, en que fuera trasladado al Sanatorio San Pa-
tricio de Capital Federal donde permaneciò internado en grave
estado hasta el 15 de julio de 1.998, en que falleciera?;               b)
que con motivo del accidente se labraron actuaciones penales
que tramitaron por ante el Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional nº 2 de Quilmas, actualmente Juzgado de Transición nº
1 de Quilmas, en la causa “Sala Marcelo y Dìaz Miguel Angel
s/ lesiones culposas”, causa nº 18.568, luego recaratulada
“homicio y lesiones culposas”?; c) si ha existido culpa de la
víctima o de un tercero por quien no deba responder el deman-
dado, en la producción del evento dañoso?; d) si el señor
Marcelo Alberto Sala revistaba como empleado dependiente del
accionado a la fecha del evento dañoso?; e) si el vehìculo en
el cual se accidentó el causante se hallaba bajo la titulari-
dad del accionado a la fecha del evento dañoso?;
      TERCERA:   Se    ha   probado    cuáles   eran   las   condiciones
personales del causante?;
      CUARTA: Se justificó: a) si entre el demandado Ramòn
Nicolas Ventura Barrera y “Omega Aseguradora de Riesgos del
Trabajo S.A.” (actualmente “CNA Omega Aseguradora de Riesgos
del Trabajo S.A.”), existiò un contrato de afiliaciòn confor-
me los presupuestos de la ley 24.557?, en su caso: fecha de
vigencia; b) si la aseguradora de riesgos del trabajo cumpli-
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mentò las obligaciones a su cargo impuestas por la L.R.T.?;
c) si la aseguradora de riesgos del trabajo efectuò pago al-
guno relacionado con los hechos de autos?
      QUINTA:   Se probò: a) que Miguel Angel Dìaz y Marta
Elena Colombo contrajeron matrimonio el 4 de noviembre de
1.976 y que de dicha uniòn nacieron Melina Soledad Dìaz el 19
de junio de 1.978; Hernàn Ariel Dìaz el 17 de diciembre de
1.979 e Ignacio Matìas Dìaz el 23 de noviembre de 1.982?
     A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA
SILVIA ESTER BARTOLA DIJO:
          1.- Con    el escrito de demanda de fs. 21/43; la
contestación de la acción por parte del codemandado Ventura
Barrera a fs. 85/88, y los recibos de remuneraciones de fs.
173/179, tengo por demostrados los puntos a), b) c) y e) de
la presente cuestión.
      2.- No ha sido denunciado, ni acreditado el horario de
trabajo cumplido por el causante, aùn cuando de autos surge
reconocido por todas las partes intervinientes, que el si-
niestro por el que se reclama indemnización, acaeciò en horas
de trabajo del señor Dìaz (punto d).
      ASI LO VOTO
     A la misma cuestión planteada los Dres. Ana Rosa Binda
y Oscar Adolfo Pozzolo adhieren por sus fundamentos.
     A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA
SILVIA ESTER BARTOLA DIJO:
                1.- La existencia del accidente narrado en la
demanda y su modalidad de acaecimiento, no han sido descono-
cidas por el accionado, ni por la aseguradora de riesgos del
trabajo, y asimismo surge plenamente acreditado con las cons-
tancias de la causa penal nº 18.568, que tramitara por ante
el Juzgado en lo Criminal y Correccional nº 2 del Departamen-
to Judicial Quilmas, caratulada “Sala Marcelo Alberto, Dìaz
Miguel Angel s/lesiones culposas, homicidio”, que luego tra-
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mitaron por ante el Juzgado de Transiciòn nº 1 de Quilmas,
cuyas fotocopias remitidas por el Juzgado actuante obran glo-
sadas por cuerda separada.
        2.- De dichas actuaciones surge asimismo que el causan-
te Miguel Angel Dìaz, como consecuencia del accidente padeci-
do mientras cumplìa su trabajo el 14 de mayo de 1.998, quedò
internado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmas, sala de
terapia intensiva, en estado de coma grado 2, 3 y al exàmen
fìsico presentaba politraumatismo, traumatismo encefalocra-
neano, fractura de femur derecho, fractura de tibia y peronè
de miembro inferior derecho e izquierdo, fractura mùltiple de
ambas parrillas costales, hemoneumotorax bilateral, estado
constatado por el mèdico de policìa Dr. Roberto Prado, con-
forme surge de fs. 17 bis vuelta, de las copias de causa pe-
nal glosada por cuerda.
        3.- El estado del causante al momento del accidente,
su posterior evoluciòn mèdica y su fallecimientgo el dìa 15
de julio de 1.998, surgen de las constancias de las historias
clìnicas remitidas por la Unidad Coronaria Mòvil Quilmas; del
Hospital Iriarte de Quilmas y Sanatorio San Patricio de Capi-
tal Federal, glosadas a fs. 95/96; 55/93 y 137/185 de la cau-
sa penal citada supra y fs. 191/257 de los presentes autos,
asì como del certificado de defunción glosado a fs. 361.
        4.- La muerte del causante Dìaz acaeciò como consecuen-
cia de la sepsis en un paciente seriamente comprometido por
el politraumatismo sufrido el 14 de mayo de 1.998, que afectò
encèfalo, torax y miembros inferiores (ver causa penal fs.
189),    y   segùn   el   informe   pericial   mèdico   glosado   a   fs.
297/300 de autos, no objetado por las partes en este ìtem,
desde la perspectiva mèdica el cuadro sèptico debe interpre-
tarse como una consecuencia inevitable (por la mayùscula gra-
vedad y el tipo de lesiones sufridas), del hecho traumàtico
por el que aquì se reclama, concluyendo el experto mèdico que
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“del anàlisis de los datos mèdicos obrantes en la causa este
perito deduce que el fallecimiento del señor Miguel Angel
Dìaz guarda relaciòn de causalidad con las muy graves lesio-
nes traumàticas sufridas a consecuencia del accidente que en
la demanda se relata” (asì se prueban los puntos a) y b) del
la cuestiòn planteada).
     5.- La parte demandada Ventura Barrera imputa, en el
conteste de la acciòn de fs. 85/88, culpa grave al actor dado
que, manifiesta, al poseer el chofer Marcelo Sala, de 23 años
de edad, una antigüedad escasa de un mes y medio en la firma,
incumbìa al causante Dìaz, como parte de la responsabilidad
inherente a sus funciones, no solo dirigir el itinerario,
sino tambièn todo lo relativo a las responsabilidades propias
de una conducción vial responsable que asegurara la seguridad
de ambos y del vehìculo, asì como utilizar los elementos de
protecciòn (cinturón de seguridad), con que estaba equipado
el automotor.
      6.- Negado por la parte actora que el causante incu-
rriera en culpa grave en la producción del daño causado, in-
cumbiò al demandado Ventura Barrera la efectiva demostración
de la conducta presuntamente culposa que endilgò a don Dìaz.
     7.- Sin embargo ninguna prueba aportò el accionado en
sustento   de   sus   dichos   (art.   375   C.P.C.C.,   art.   63   ley
11.653), dado que no acercò elemento alguno que permitiera
inferir que Dìaz resultaba incumplidor en su obligación de
portar el cinturón de seguridad (ello no surge de la prueba
de autos, ni de las constancias de la causa penal glosada por
cuerda, ni siquiera sabemos si el vehìculo Suzuki celeste de
propiedad del demandado, modelo 1.980, poseìa cinturones de
seguridad), ni surge Dìaz que hubiera guardado una conducta
reprochable en cuanto a su responsabilidad vial, no obstante
que ello no era de su incumbencia, ni su obligación, (es màs
ni siquiera sabemos si Dìaz sabìa conducir un vehìculo), dado
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que el causante iba como transportado, sentado en el asiento
derecho del vehìculo, y el chofer era Sala ya que asì habìa
sido designado por su empleador, y asì surge su categorìa del
listado entregado a la A.R.T. obrante a fs. 75 de autos, por
lo que, no obstante su escasa antigüedad y la mayor antigüe-
dad de Dìaz a la fecha del siniestro, era a Sala, en su cali-
dad de conductor del vehìculo a quien incumbìa la responsabi-
lidad vial, y por otro lado, no obstante ello, dado la forma
en que ocurrieron los hechos ese dìa, no sabemos si quizà
Dìaz pudo haber advertido a Sala sobre su inconducta al con-
ducir y èste haber hecho caso omiso a las advertencias, dado
que producido el siniestro Dìaz entrò en estado de coma y
luego falleciò sin haber brindado su versión de los hechos, y
Sala se negò a declarar en sede penal (ver fs. 295 de la cau-
sa penal), y no fue ofrecido como testigo en sede laboral,
por lo que mal podrìamos saber cuàl fue la conducta de Dìaz
para endilgarle culpa grave en el acaecimiento del daño del
14 de mayo de 1.998 (se tiene por no probado el punto c) de
la presente cuestión).
     8.- La calidad de empleado dependiente de Marcelo Sala
<conductor del vehìculo siniestrado el 14 de mayo de 1.998>,
en relaciòn al codemandado Ventura Barrera, surge no solo del
reconocimiento practicado en el conteste de la acciòn de fs.
85/88 por el demandado, sino tambièn de las constancias de su
declaraciòn en la causa penal labrada como consecuencia del
accidente de autos, a fs. 24 de la misma, habiendo ingresado
Sala a trabajar a las òrdenes de Ventura Barrera el 1º de
abril de 1.998, segùn surge de la planilla entregada a la
A.R.T. segùn contrato 44.551, obrante a fs. 75, en la cual
consta asimismo su condiciòn de chofer de reparto.
     9.- Cabe poner de resalto en este punto que el señor
Marcelo Sala se encontraba al 19 de junio de 2.001 <con pos-
terioridad al accidente del 14 de mayo de 1.998, que nos ocu-
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pa>, condenado por ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº
11, por el delito de Robo Calificado con Armas, a la pena de
cuatro (04) años de prisiòn, cuyo vencimiento operò el 14 de
abril de 2.003, libertad condicional 14 de diciembre de 2.001
y se encontraba a disposición exclusiva del Juzgado Nacional
de Ejecución Penal nº 3, segùn lo informado por el Servicio
Penitenciario Federal, a fs. 294 de la causal penal (asì se
prueba el punto d) de la presente cuestión).
     10.- No se ha esgrimido en esta causa por parte del de-
mandado, ni de la aseguradora de riesgos del trabajo, la
existencia de culpa de un tercero por quien el demandado no
deberìa responder, sin perjuicio de lo cual y a todo evento,
corresponde señalar que no se ha probado tampoco en esta cau-
sa que hubiera existido culpa de parte del conductor del mi-
croomnibus interno 309 de la lìnea 22, patente BGV 582, invo-
lucrado en el accidente que costara la vida a Dìaz. Ello en
tanto de las circunstancias fàcticas colectadas en la causa
penal (ver fs.11/14), se colije que èste habrìa guardado una
conducta vial correcta, y por otro lado la causa penal fina-
lizò por extinciòn de la acciòn penal (ver fs. 296 de la cau-
sa penal), sin que se hubieran determinado en la misma las
responsabilidades que les cupo a las partes intervinientes en
el siniestro, lo cual, sin otras probanzas a valorar en la
presente causa, me conduce a tener por no acreditada culpa
alguna en el conductor del referido microomnibus.
     11.- La titularidad del vehìculo siniestrado, de pro-
piedad del codemandado Ventura Barrera, no ha sido negada en
autos y asì surge acreditada de las constancias de la causa
penal glosada por cuerda (ver fs.24, 25 y 25 bis de la mis-
ma), por lo que ademàs, no resultando un hecho controvertido,
asì se lo tiene por acreditado (se prueba el punto e) de la
presente cuestión).
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    12.- Cabe resaltar aquì asimismo que el demandado Ventura
Barrera no demostrò haber efectuado al dependiente Marcelo
Sala (ingresado el 1 de abril de 1.998), el exàmen preocupa-
cional previsto en los arts. 1, 2, 13, 14, anexo I <especial-
mente en el punto V>, y cc. de la resoluciòn de la S.R.T.
43/97, especialmente no demostrò haber efectuado a Sala el
exàmen neurològico y sicologico cuando el postulante pudiera
cumplir actividades que pudieran significar riesgos para si o
para terceros o para las instalaciones, previstos en el anexo
I de la resoluciòn S.R.T. 43/97.
         ASI LO VOTO
        A la misma cuestión planteada los Dres. Ana Rosa Bin-
da y Oscar Adolfo Pozzolo adhieren por sus fundamentos.
     A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA
SILVIA ESTER BARTOLA DIJO:
     1.- Con los escritos de demanda de fs. 21/43 y de con-
testaciòn de la acciòn de fs. 85/88 (Ventura Barrera), y de
fs. 59/64 (A.R.T.), asì como de las constancias de las parti-
das de nacimiento obrantes a fs. 170, 363, 364 y 365, y de
matrimonio obrante a fs. 367, tengo por acreditado de Miguel
Angel Dìaz nació el 7 de mayo de 1.951, por lo que contaba
con 47 años a la fecha del accidente de autos; era casado,
padre de tres hijos menores, trabajaba como encargado de re-
parto, en el establecimiento de lavado y tintorerìa pertene-
ciente al demandado Ventura Barrera, y devengò en el mes de
abril de 1.998 un salario de $ 496,00.-.
     ASI LO VOTO
     A la misma cuestión planteada los Dres. Ana Rosa Binda
y Oscar Adolfo Pozzolo adhieren por sus fundamentos.
     A LA CUARTA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA
SILVIA ESTER BARTOLA DIJO:
     1.- Con la contestaciòn de demanda de Ventura Barrera
de fs. 85/88; la contestaciòn de demanda de la aseguradora de
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riesgos del trabajo de fs. 59/64 y las constancias del infor-
me pericial contable de fs. 283/285, no objetado, en este
ìtem, por las partes, tengo por demostrado que entre el señor
Ramòn Nicolàs Ventura Barrera y “Omega Aseguradora de Riesgos
del   Trabajo   S.A.”   (actualmente   “CNA   Omega   Aseguradora   de
Riesgos del Trabajo S.A.”), existiò un contrato de afiliaciòn
segùn las previsiones de la Ley de Riesgos de Trabajo, nùmero
44.551, cuya vigencia se extiende desde el 1 de julio de
1.996 hasta el 30 de junio de 1.999 y segùn obra en los re-
gistros de la A.R.T. el mismo fue anulado el 2 de diciembre
de 1.998 (punto a).
      2.- En relaciòn al punto b) se observa respecto al cum-
plimiento por parte de la A.R.T. de sus obligaciones deriva-
das de las normas de la L.R.T. y sus reglamentaciones (espe-
cialmente de la resoluciòn S.R.T., 43/97), que èsta no cum-
pliò con la denuncia prevista en el art. 16 del decreto
170/96, ni con los postulados del art. 25 del mismo decreto,
al verificar, como era su obligaciòn el incumplimiento en la
realizaciòn del exàmen preocupacional y la revisiòn de las
condiciones psicofìsicas del dependiente Marcelo Sala, al no
habèrsele practicado antes del inicio de la relaciòn laboral
el exàmen preocupacional previsto en los arts. 1, 2, 13, 14,
anexo I <especialmente en el punto V>, y cc. de la resoluciòn
de la S.R.T. 43/97, siendo que el señor Sala se hallaba de-
nunciado como dependiente del demandado Ventura Barrera ante
la aseguradora de riesgos del trabajo conforme planilla glo-
sada a fs. 75, en la cual figuran asimismo su fecha de ingre-
so y su categoría de chofer de reparto.
        3.- Tampoco se demostrò que la A.R.T.. hubiera adop-
tado las medidas legalmente previstas para prevenir eficaz-
mente los riesgos del puesto de trabajo (art. 4, 1er pàrrafo
ley 24.557); ni que hubiese denunciado, reitero, oportunamen-
te los incumplimientos del empleador en materia de higiene y
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seguridad a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art.
4, 4; 31, 1, a ley 24.557);
     Con tales consideraciones asì voto el punto b) de la
presente cuestiòn.
     4.- Con las constancias de autos se acredita que la
aseguradora de riesgos del trabajo depositò a la orden de
autos, el 15 de diciembre de 2.004, en calidad de consigna-
ciòn y para ser derivada a una compañìa de seguros de retiro,
la suma de $ 29.075,72.- en concepto de indemnización por
muerte del señor Miguel Angel Dìaz.
     Asimismo del informe pericial contable, no cuestionada
en este rubro, por las partes,(ver fs. 285), se acredita que
la aseguradora de riesgos del trabajo abonò a los proveedores
vinculados con las prestaciones mèdicas y funerarias brinda-
das a don Dìaz, las siguientes sumas:
      $ 10.200.- el 30-6-98 al Hospital Iriarte en concepto
de internaciòn junio 98;
     $ 560.- el 14-7-98 al Doctor Gabriel Garcìa en concepto
de 14 consultas mèdicas;
      $ 28.933,94.- el 23-7-98 a Puissant Medical S.A. en
concepto de internaciòn del 19 de junio al 15 de julio de
1.998 en el Sanatorio San Patricio;
      $ 1.452,00.- el 23-7-98 a la Cocherìa Paranà en con-
cepto de pago de servicios fùnebres;
      $ 2.376,10.- el 2-10-98 a Puissant Medical S.A. en
concepto de refacturaciòn medicamentos mal debitados.
     5.- Asimismo, con los mismos elementos, se acredita que
se abonaron a la señora Colombo Marta Elena, las siguientes
sumas en concepto de indemnización por fallecimiento:
     $ 104,76.- en concepto de primer anticipo
     $ 105,10.- en concepto de segundo anticipo
     $ 105,45.- en concepto de tercer anticipo
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        6.- Con la copia de carta documento obrante a fs. 5 y
la contestación del Correo de fs. 273/275 se acredita que la
aseguradora de riesgos del trabajo notificò a la señora Co-
lombo, en fecha 31 de marzo de 1.999, que conforme lo esta-
blece el art. 18 de la ley 24.557, se liquidò indemnización
con motivo del fallecimiento de Miguel Angel Dìaz en la suma
de $ 29.075,72.- ,monto a depositarse en la compañìa de segu-
ros de retiro una vez efectuada la elecciòn de la misma
(elecciòn que no se efectivizò, por lo cual la aseguradora de
riesgos del trabajo depositò la referida suma en autos, a fs.
374).
        ASI LO VOTO
        A la misma cuestión planteada los Dres. Ana Rosa Binda
y Oscar Adolfo Pozzolo adhieren por sus fundamentos.
        A LA QUINTA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA
SILVIA ESTER BARTOLA DIJO:
        1.- Con el certificado de matrimonio de fs. 367 y las
partidas de nacimiento de fs. 363, 364 y 365 se acredita que
Miguel Angel Dìaz se hallaba unido en primeras nupcias con
Marta Elena Colombo desde el 4 de noviembre de 1.976, y que
de dicha uniòn nacieron: Melina Soledad Dìaz el 19 de junio
de 1.978; Hernàn Ariel dìaz el 17 de diciembre de 1.979 e
Ignacio Matìas Dìaz el 23 de noviembre de 1.982, y con los
informes obrantes a fs. 322/328 se acredita que Melina Sole-
dad Dìaz curso materias en la Carrera de Ciencias Econòmicas
de la Universidad de Buenos Aires hasta el segundo cuatrimes-
tre del año 1.998.
        ASI LO VOTO
        A la misma cuestión planteada los Dres. Ana Rosa Binda
y Oscar Adolfo Pozzolo adhieren por sus fundamentos.
        Con lo que terminó el acuerdo firmando los señores Jue-
ces por ante mi que doy fe.
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               Silvia Ester Bàrtola
                     Presidente




     Oscar Adolfo Pozzolo       Ana Rosa Binda
            Juez                       Juez




                        Blanca Ester Rivolta
                           Secretaria




     En Quilmes, a los diez dias del mes de febrero de dos
mil seis, se reúnen en la Sala de Acuerdos los señores Jueces
integrantes del Tribunal del Trabajo n°3 de esta ciudad, Doc-
tores Silvia Ester Bártola, Ana Rosa Binda y Oscar Adolfo
Pozzolo, bajo la Presidencia de la    primera de los nombrados
                                                                     13




y presente el Actuario, a efectos de dictar sentencia en la
causa n° 15.347 caratulada "Colombo Marta Elena c/ Barrera
Ramòn Nicolas y otro s/ daños y perjuicios".
       El Tribunal resuelve guardar el orden de votación esta-
blecido en el veredicto que antecede y plantear las siguien-
tes cuestiones:
       PRIMERA CUESTION: Es procedente la demanda entablada?
       SEGUNDA CUESTION: Que pronunciamiento corresponde dic-
tar?
       A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DRA.
SILVIA ESTER BARTOLA DIJO:
            I) ANTECEDENTES:
           1.- A fs. 21/43 se presenta la Doctora Graciela
Amione    en representación de Marta Elena Colombo, quien actùa
por sì y en representación de sus hijos menores Melina Sole-
dad Díaz, Hernán Ariel Dìaz e Ignacio Matías            Díaz y entabla
demanda por cobro de indemnización emergente de la Ley de
Riesgos   del   Trabajo   contra   la   empresa   “La   Industrial   de
Eduardo T. Carrizo S.A.I.C.”.
            Relata que el causante Miguel Angel Dìaz, trabajò
en relaciòn de dependencia para el demandado Ramòn Nicolàs
Ventura Barrera, en el establecimiento de propiedad de èste,
sito en Mèxico 4.085 de Capital Federal, denominado “Plancha-
dos Mèxico”, desde el 1º de marzo de 1.992, en calidad de
encargado de la secciòn reparto de prendas de tintorerìa y
lavanderìa. Destaca que el dìa 14 de mayo de 1.998 en oportu-
nidad en que el causante se hallaba trabajando en horas del
mediodìa a bordo del vehìculo de propiedad del demandado,
conducido por el chofer Marcelo Salas, circulando por Avenida
San Martín de Bernal, en oportunidad de tratar de adelantarse
por la izquierda a otros vehìculos, invadiendo la mano con-
traria, el automóvil en que viajaba chocò de frente contra un
microómnibus de la empresa Lìnea 22 que circulaba en sentido
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contrario, como consecuencia de lo cual Dìaz sufriò severas
lesiones que determinaron su fallecimiento el 15 de julio de
1.998. Imputa responsabilidad al demandado por el riesgo de
la cosa y por el hecho del dependiente y a la aseguradora de
riesgos del trabajo por el art. 1.074 del C.C.. Plantea la
inconstitucionalidad de diversas normas de la ley 24.557,
funda en derecho. Ofrece prueba y solicita el progreso de la
acciòn.
          2.- A fs. 59/64 contesta la demanda el Doctor Ro-
berto Juan Tetamanti, de “Omega Aseguradora de riesgos del
Trabajo S.A.”. Contesta el planteo de inconstitucionalidad de
la ley 24.557; opone excepciòn de incompetencia del tribunal
por hallarse el procedimiento de la L.R.T. previsto en los
arts. 21, 22 y 46 del mismo cuerpo normativo. Opone excepciòn
de falta de acciòn por no poseer acciòn el actor para deman-
dar a la A.R.T. por daños y perjuicios y opone excepciòn de
falta de legitimaciòn pasiva por iguales motivos. Manifiesta
que con motivo de la denuncia de accidente efectuada por el
empleador se abriò el siniestro nº 91.674 y se ha liquidado
la indemnización por fallecimiento conforme lo establece el
art. 18 de la L.R.T., comprendiendo la suma de $ 315,31.- en
concepto de anticipos y un capital de $ 29.075,72.- que fuera
depositado en la compañìa de seguros de retiro. Funda en de-
recho. Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda en
relaciòn a su representada.
      3.- A fs. 85/88 se presenta el señor Ramòn Nicolàs
Ventura Barrera, con el patrocinio jurìdico de la Doctora
Marìa Clara Sìvori Charvot, y contesta la demanda, indicando
que al ser de aplicación la ley 24.557, el empleador se en-
cuentra eximido de responsabilidad civil frente a los traba-
jadores en virtud de las prestaciones de la referida ley, con
la excepción del art. 1.072 C.C. y habièndose liquidado por
parte de la A.R.T. la indemnización por fallecimiento del
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art. 18 del referido cuerpo normativo, corresponde rechazar
la acciòn intentada. Plantea excepción de incompetencia, for-
mula manifestaciones relativas a la contitucionalidad de la
ley 24.557 y subsidiariamente contesta la demanda, recono-
ciendo el siniestro ocurrido el 14 de mayo de 1.998, y que el
señor Marcelo Sala era su dependiente y el auto involucrado
de su propiedad. Imputa culpa grave al causante por no haber
evidencia responsabilidad vial en el evento y por no haber
utilizado el cinturón de seguridad. Ofrece prueba. Funda en
derecho y solicita el rechazo de la acciòn.
     4.- A fs. 158 se abre la causa a prueba, y a fs.
283/285 se glosa el informe pericial contable no cuestionado
por las partes; a fs. 297/300 y 315 se agrega el informe pe-
ricial mèdico y la contestación a las impugnaciones formula-
das, resultando finalmente consentido por las partes.
     5.- A fs. 191/257 se agregò historia clìnica pertene-
ciente al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmas; a fs. 273/275
se agregò informe del Correo; a fs. 322/328 se glosò el in-
forme de la Universidad de Buenos Aires; a fs. 104 y 399 se
glosan   las   fotocopias   certificadas   de   la   causa   penal   nº
18.568 caratulada “Sala Marcelo, Dìaz Miguel angel s/ lesio-
nes culposas, homicidio”, que tramitara por ante el Juzgado
en lo Criminal y Correccional nº 2 de Quilmes y posteriormen-
te por ante el Juzgado de Transición nº 1 de Quilmes;
     6.- A fs. 117/122 se informa el cambio de denominación
de la aseguradora de riesgos del trabajo y a fs. 155 informan
su mayorìa de edad los actores Melina Soledad Dìaz y Hernàn
Ariel Dìaz;
     7.- A fs. 382 se designó fecha para la celebración de
la audiencia de vista de la causa, que se llevó a cabo en la
oportunidad prevista, desistiendo las partes de la prueba
pendiente, salvo de una parte de la causa penal que no se
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hallaba agregada, por lo que se suspendiò el pase de los au-
tos al Acuerdo a la espera de la misma.
     8.- A fs. 406 y una vez recibida la causa penal citada
supara, se ordena el pase de los autos al acuerdo del tribu-
nal para dictar veredicto y sentencia.
     II) RESOLUCION:
           1.-   La parte actora reclama en autos el pago de
indemnización por daños y perjuicios conforme a la normativa
del derecho civil, por la muerte de Miguel Angel Dìaz, esposo
y padre, respectivamente de los reclamantes.
          2.- Segùn hemos visto en el veredicto, que para el
dictado de la presente tengo ante mi, el causante Miguel An-
gel Dìaz trabajó en relaciòn de subordinaciòn y dependencia
para el demandado Ramòn Nicolàs Ventura Barrera, en el esta-
blecimiento denominado Planchados Mèxico, sito en calle Mèxi-
co 4.085 de Capital Federal, dedicado a planchado y tintorer-
ìa de diversas prendas y peletería, ingresando el 1º de marzo
de 1.992, trabajando como encargado de reparto, percibiendo
un salario ùltimo al mes de mayo de 1.998 de $ 496,00.-, sin
que en la causa se hubiera denunciado ni probado el horario
de trabajo del causante (veredicto primera cuestión).
           3.- Quedò igualmente acreditada con los elementos
probatorios determinados al tratar la segunda cuestiòn, la
existencia del accidente narrado en la demanda y su modalidad
de acaecimiento cuando el día 14 de mayo de 1.998, siendo
aproximadamente las 12:35 horas, mientras se hallaba cum-
pliendo sus tareas habituales don Miguel Angel Dìaz, habiendo
salido del establecimiento perteneciente al demandado, hacia
Avellaneda y Quilmes, con el fin de retirar y repartir pren-
das en distintas tintorerías y peleterìas de la zona, tras-
ladàndose en un rodado de propiedad del accionado, marca Su-
zuki, color celeste, patente VZM 932, conducido por el señor
Marcelo Sala, chofer de reparto dependiente del accionado, al
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llegar a la altura de la Avenida San Martín entre Ameghino y
Alem de la localidad de Bernal, yendo hacia Quilmas, al in-
tentar superar por su izquierda a vehìculos que circulaban
delante suyo, resultò embestido de frente por un microómnibus
de la Lìnea 22 S.A., interno 309, patente BGV 582, a raìz de
lo cual el causante sufriò graves lesiones, perdiendo inme-
diatamente el conocimiento y permaneciendo en “coma” y poli-
traumatismos    que   motivaron   su   internaciòn   en   el   Hospital
Iriarte de Quilmas, donde permaneciò internado, con grave
pronòstico desde la misma fecha del accidente hasta el 18 de
junio de 1.998, en que fuera trasladado al Sanatorio San Pa-
tricio de Capital Federal donde permaneciò internado en grave
estado hasta el 15 de julio de 1.998, en que falleciera como
consecuencia del referido siniestro.
     4.- Se acreditò asimismo que en razòn del siniestro
aludido se labraron actuaciones por ante el Juzgado en lo
Criminal y Correccional nº 2 de Quilmas, que posteriormente
continuaron por ante el Juzgado de Transición nº 1 del mismo
departamento judicial donde se resolviò la causa en virtud de
la prescripciòn de la acciòn penal en fecha 19 de junio de
2.001.
     5.- Se probò tambièn que el causante Miguel Angel Dìaz,
como consecuencia del accidente padecido mientras cumplìa su
trabajo el 14 de mayo de 1.998, quedò internado en el Hospi-
tal Isidoro Iriarte de Quilmes, sala de terapia intensiva, en
estado de coma grado 2, 3 y al exàmen fìsico presentaba poli-
traumatismo, traumatismo encefalocraneano, fractura de femur
derecho, fractura de tibia y peronè de miembro inferior dere-
cho e izquierdo, fractura mùltiple de ambas parrillas costa-
les, hemoneumotorax bilateral, estado constatado por el mèdi-
co de policìa Dr. Roberto Prado el 14 de mayo de 1.998.
         6.- Tambièn se demostrò cual fue la evolución mèdica
del paciente y su posterior fallecimiento por sepsis mèdica
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el dìa 15 de julio de 1.998, en forma causalmente relacionada
con las severas lesiones sufridas en el accidente de marras
(veredicto segunda cuestión).
     7.- No logrò demostrar el demandado la culpa en el
evento dañoso que imputò al fallecido Dìaz, al manifestar que
èste no guardò una conducta vial correcta y que no llevaba
puesto el cinturón de seguridad, dado que ninguna prueba pro-
dujo en la causa tendiente a ello, y tampoco surgieron indi-
cios en las copias de la causa penal glosadas por cuerda, de
los extremos aducidos por el demandado, que de tal modo se
tuvieron por no acreditados.
     8.- Tampoco, aùn cuando las partes no lo invocaron, se
esgrimiò, ni probò, que hubiera existido culpa de un tercero
por quien el demandado no debiera responder, dado que Sala es
dependiente del accionado (por lo tanto no es tercero), el
ùnico tercero vendrìa a ser aquì el chofer del microómnibus
que participò en el siniestro, sin embargo respecto a èste no
se ha demostrado culpa alguna, dadas las constancias y resul-
tados de la causa penal (en la cual los testigos declarantes
manifestaron que el chofer del microomnibus circulaba por su
mano en forma correcta, y por otro lado, dicha causa finalizò
por prescripciòn de la acciòn, sin determinación de responsa-
bilidad penal para ninguno de los involucrados en el evento
dañoso), y vista la falta de prueba respecto a ello en la
presente causa.
    9.- La calidad de empleado dependiente de Marcelo Sala
<conductor del vehìculo siniestrado el 14 de mayo de 1.998>,
en relaciòn al codemandado Ventura Barrera, ha sido expresa-
mente reconocida por èste tanto en el conteste de la acciòn
como en la causa penal, y se hallaba incluido en el listado
de personal contemplado por la aseguradora de riesgos del
trabajo, en calidad de chofer de reparto, con fecha de ingre-
so, 1º de abril de 1.998.
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     10.- Se aclarò en este punto del veredicto que el señor
Marcelo Sala se encontraba al 19 de junio de 2.001 <con pos-
terioridad al accidente del 14 de mayo de 1.998, que nos ocu-
pa>, condenado por ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº
11, por el delito de Robo Calificado con Armas, a la pena de
cuatro (04) años de prisiòn, cuyo vencimiento operò el 14 de
abril de 2.003, libertad condicional 14 de diciembre de 2.001
y se encontraba a disposición exclusiva del Juzgado Nacional
de Ejecución Penal nº 3 (veredicto segunda cuestión punto d).
     11.- La titularidad del vehìculo siniestrado, de pro-
piedad del codemandado Ventura Barrera, resultò acreditada en
el punto e) de la segunda cuestión veredictal.
       12.- Se demostrò asimismo en esta cuestión del acto
fàctico que el demandado Ventura Barrera no demostrò haber
efectuado al dependiente Marcelo Sala (ingresado el 1 de
abril de 1.998), el exàmen preocupacional previsto en los
arts. 1, 2, 13, 14, anexo I <especialmente en el punto V>, y
cc. de la resoluciòn de la S.R.T. 43/97, especialmente los
estudios neurològicos y psicològicos cuando las actividades a
desarrollar por el postulante puedan significar riesgos para
sì, terceros o instalaciones (por ejemplo conductores de au-
tomotores, grùas, autoelevadores, trabajos en altura, etc.)".
           13.- En la tercera cuestión del veredicto se de-
mostrò que Miguel Angel Dìaz nació el 7 de mayo de 1.951, por
lo que contaba con 47 años a la fecha del accidente de autos;
era casado, padre de tres hijos menores, trabajaba como en-
cargado de reparto, en el establecimiento de lavado y tinto-
rerìa perteneciente al demandado Ventura Barrera, y devengò
en el mes de abril de 1.998 un salario de $ 496,00.-.
     14.- En la cuarta cuestión del veredicto se acreditò
que entre el señor Ramòn Nicolàs Ventura Barrera y “Omega
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.” (actualmente “CNA
Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”), existiò un
                                                                          20




contrato de afiliaciòn segùn las previsiones de la Ley de
Riesgos de Trabajo, nùmero 44.551, cuya vigencia se extiende
desde el 1 de julio de 1.996 hasta el 30 de junio de 1.999, y
segùn obra en los registros de la A.R.T., el mismo fue anula-
do el 2 de diciembre de 1.998; en igual cuestiòn se probò el
incumplimiento por parte de la A.R.T. de sus obligaciones
derivadas de las normas de la L.R.T. y sus reglamentaciones
(especialmente   de   la   resoluciòn      S.R.T.,     43/97),    dado   que
èsta no cumpliò con la denuncia prevista en el art. 16 del
decreto 170/96, ni con los postulados del art. 25 del mismo
decreto, al verificar, como era su obligaciòn el incumpli-
miento en la realizaciòn del exàmen preocupacional y la revi-
siòn de las condiciones psicofìsicas del dependiente Marcelo
Sala, al no habèrsele practicado antes del inicio de la rela-
ciòn laboral el exàmen preocupacional previsto en los arts.
1, 2, 13, 14, anexo I <especialmente en el punto V>, y cc. de
la resoluciòn de la S.R.T. 43/97, siendo que el señor Sala se
hallaba denunciado como dependiente del demandado Ventura
Barrera ante la aseguradora de riesgos del trabajo conforme
planilla glosada a fs. 75, en la cual figuran asimismo su
fecha de ingreso y su categoría de chofer de reparto.
        15.-   Tampoco     se   demostrò    que   la    A.R.T..    hubiera
adoptado las medidas legalmente previstas para prevenir efi-
cazmente los riesgos del puesto de trabajo (art. 4, 1er
pàrrafo ley 24.557); ni que hubiese denunciado oportunamente
los incumplimientos del empleador en materia de higiene y
seguridad a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art.
4, 4; 31, 1, a ley 24.557);
     16.- En la misma cuestión veredictal se demostrò que
como consecuencia del siniestro del 14 de mayo de 1.998 la
aseguradora de riesgos del trabajo abriò el expediente nº
91.674 en el cual se abonaron las sumas detalladas en el acto
fàctico a los proveedores mèdicos y funerarios, y se pagaron
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los anticipos, a razòn de tres, a la sra. Colombo, a la cual
asimismo se le notificò en marzo de 1.999 la liquidación, por
parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, de la indem-
nización por fallecimiento de Miguel Angel Dìaz cuyo monto se
fijò en la suma de $ 29.075,72.-, y que terminò consignada en
autos al no haber efectuado la sra. Colombo la elecciòn de la
compañìa de seguros de retiro.
     17.- Finalmente en la quinta cuestión del veredicto se
demostrò que el causante se hallaba casado con Marta Elena
Colombo y que de dicha uniòn nacieron tres hijos, que eran
menores de edad a la fecha del siniestro, cuyos nombres y
fechas de nacimiento se detallan en el acto fàctico, asì como
los estudios cursados por uno de ellos.
     LA DECISION:.
      18.- Corresponde ahora analizar, ponderando las pro-
banzas aportadas y los hechos que han quedado acreditados, si
resulta procedente la demanda articulada, que en su fundamen-
to persigue el cobro de indemnizaciòn por daños y perjuicios,
conforme al derecho comùn, por el fallecimiento de Miguel
Angel Dìaz -el 15 de julio de 1.998-, como consecuencia del
accidente sufrido trabajando a las òrdenes del accionado Ven-
tura Barrera el 14 de mayo de 1.998.
      19.- Atento a ello y adentràndonos en el análisis de
la cuestiòn planteada, observamos que la parte actora ha
planteado la inconstitucionalidad de los arts. 6 apartado 2;
8 apartado 3; 21, 22, 46, 39 y disposición adicional tercera
de la ley 24.557, afirmando que el art. 39 de la citada ley
viola los arts. 16 de la C.N. (principio de igualdad); el
art. 14 de la C.N.(protecciòn de las leyes al trabajo); art.
17 de la C.N. (derecho de propiedad), asì como el art. II de
la Declaraciòn Americana de los Derechos del Hombre y el art.
1º del Pacto de San Josè de Costa Rica; recalcando que los
arts. 21, 22, 46 y disposición adicional III de la L.R.T. son
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inaplicables por no resultar competente el Congreso Nacional
para sancionar leyes de forma, facultad reservada a las pro-
vincias, y asimismo porque violan el derecho de acceso a la
justicia y al debido proceso, con lo cual quedarìan conculca-
dos los arts. 5, 17, 18, 109 de la C.N.; 15 y 39 de la
C.Provincial; arts. 18 de la Declaraciòn Americana de los
Derechos del Hombre, y arts. 8 y 25 del Pacto de San Josè de
Costa Rica, y art. 10 de la Declaraciòn Universal de los de-
rechos del Hombre.
      20.- Previo a resolver dichos planteos, corresponde
señalar que en estos autos reclaman la esposa y los hijos de
Miguel Angel Dìaz, indemnización por muerte acaecida en un
accidente de trabajo, todo ello conforme a la normativa del
derecho comùn, conforme a lo cual y hallàndose acreditados:
la existencia del daño; el carácter riesgoso o vicioso de la
cosa; que el daño obedeciò, entre otras cosas, a dicho riesgo
o vicio; que el accionado es el dueño de la cosa; que existe
una relaciòn de dependencia entre el conductor del vehìculo y
el titular del mismo, y que el daño fue cometido con motivo
del trabajo, quedaría plenamente configurado el presupuesto
para el análisis de los planteos de inconstitucionalidad ar-
ticulados en la demanda -y oportunamente contestados por la
parte demandada y por la aseguradora de riesgos del trabajo-,
máxime teniendo en cuenta que, vigente a la época del acci-
dente (14 de mayo de 1.998), la ley 24.557 de Riesgos del
Trabajo, no se trata ya de la resolución de cuestiones abs-
tractas, como podía haberlo sido en la etapa inicial, sino
que se ha llevado adelante la totalidad del juicio, y se han
recibido las pruebas que hacen a los hechos invocados por las
partes, por lo que en la actual etapa, se impone la necesidad
de definir si asiste efectivamente a los actores el derecho
que invocan, a los fines de obtener el resarcimiento que per-
siguen.
                                                                  23




      21.- En síntesis se configura en este caso, el “caso”
o “controversia” en cuyo contexto, el análisis y eventual
declaración de inconstitucionalidad que se propone, resulta
imprescindible para la resolución de la causa (Ackerman, Ma-
rio “La responsabilidad civil en la Ley de Riesgos del Traba-
jo”, pág. 184; Corte Néstor T.- Machado José D. “Siniestrali-
dad Laboral”, pág. 383).
      22.- Y en un principio de anàlisis de la cuestiòn
planteada, y refiriendo especìficamente al planteo de incons-
titucionalidad de los arts. 6, 8, 21, 22 y disposición adi-
cional tercera de la ley 24.557, entiendo que los mismos de-
vienen abstractos en esta causa, dado que se refieren al su-
puesto de indemnización por incapacidad derivada de enferme-
dades profesionales, siendo que lo que aquì se reclama es la
indemnización por muerte derivada de un tìpico accidente de
trabajo, por lo que dichas normativas resultan inaplicables
al caso de autos, y consecuentemente, reitero, deviene abs-
tracto el análisis de su contitucionalidad.
      23.- Respecto a la constitucionalidad del art. 46 de
la ley 24.557, estimo que el tema se halla definitivamente
resuelto a favor de la inconstitucionalidad de la referida
norma, tanto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, como por la Corte Suprema de la Naciòn.
      24.- En tal sentido Nuestro Superior Tribunal Provin-
cial ha establecido en reiteradas causas “Quiroga Eduardo c/
Ciccone   Calcogràfica”   L.   75.708   del   23-4-03,   “Sparnochia
Rubèn Ramòn c/ Empresa San Vicente S.A. de Transportes”, L.
81.339 del 14-10-03; “Rufino Walter O. C/ Provincia Asegura-
dora de Riesgos del Trabajo S.A.” L. 88.784 del 8-06-05, en-
tre otras, que los arts. 8, 21, 22, 46 de la L.R.T. y conse-
cuentemente el decreto reglamentario 717/96, son inconstitu-
cionales por violaciòn de los arts. 39, 166 de la Constitu-
ciòn Provincial; arts. 5, 75 inc. 12, 116, 121 de la Consti-
                                                           24




tuciòn Nacional, atento a que, entre otras consideraciones,
“la ley 24.557 no puede endilgarle competencia federal a es-
tos temas que deben ser resueltos por la justicia provincial,
ya que estamos en presencia de conflictos atinentes a la in-
demnizaciòn de infortunios laborales regidos por el derecho
comùn, planteados entre dos personas generalmente de derecho
privado, no tratàndose de ninguno de los supuestos en los que
el artìculo 75 inc. 12 de la Constituciòn Nacional le impone
ese tipo de competencia", a lo cual se agregò que "la decla-
raciòn de inconstitucionalidad no tiene efecto derogatorio y
la divisiòn de los poderes presupone el reparto de competen-
cia otorgado justamente por la Carta Fundamental y quien cum-
pla estos postulados no produce ninguna violaciòn. Si se uti-
lizan mal las competencias es el poder judicial el encargado
de restablecer el orden a traves del control de constitucio-
nalidad por ser el intèrprete final y genuino de la Carta
Magna. Estamos en el campo de la hermeneùtica constitucio-
nal"(causas citadas).
      25.- En el mismo sentido, entendiendo que resulta in-
constitucional el art. 46 de la L.R.T. en cuanto dispone la
competencia de la justicia federal respecto de normas que
pertenecen al derecho comùn, se expidiò la Corte Suprema de
Justicia de la Naciòn en autos “Castillo Angel c/ Ceràmica
Alberdi” sentencia del 7-09-04.
      26.- Propongo entonces que se declare la inconstitu-
cionalidad del art. 46 de la L.R.T. por violaciòn a los arts.
39, 166 y cc. de la Constituciòn de la Provincia de Buenos
Aires y 5, 75 inc. 12, 116 y 121 de la Constituciòn Nacional,
declaràndose competente este Tribunal para entender en la
cuestiòn planteada, resultando vàlido el procedimiento pre-
visto por la ley adjetiva provincial   nº 11.653.
      27.- Yendo, ahora sì, al decisorio en los temas pro-
puestos, observo, reitero, que en la presente causa se accio-
                                                           25




na en procura del cobro de indemnización por daño material y
moral producido por la muerte de quien fuera esposo y padre
de los reclamantes. Se fundamenta el reclamo en las normas
del derecho comùn, tanto en lo referido a la responsabilidad
que se le atribuye a quien fuera empleador del trabajador
fallecido, cuanto en lo relativo al reclamo dirigido a la
aseguradora de riesgos del trabajo.
      28.- Sin embargo la situación fàctica y jurìdica es-
grimida en sustento de las pretensiones incoadas resulta di-
versa, pues al codemandado Ventura Barrera se le endilga res-
ponsabilidad en su calidad de propietario del vehìculo ries-
goso, asì como empleador de quien causara el daño, en base a
lo normado por los arts. 1.109, 1.113 y cc. del Còdigo Civil,
y a la aseguradora de riesgos del trabajo, en cambio, se le
atribuye una obligación reparatoria en razòn de las omisiones
en que incurriera y que habrìan sido causa del daño, en vir-
tud de la situación regida por el art. 1.074 del C. C..
      29.- Ante ello, estrictas razones lògicas y metodolò-
gicas imponen tratar ambas cuestiones en forma separada, de-
bièndose esclarecer en primer tèrmino lo concerniente a la
responsabilidad del empleador, dado que aquì se observarà si
el daño se produjo por un riesgo de la cosa o por el hecho
del dependiente, o por culpa de la vìctima –situaciòn soste-
nida en el responde-. Una vez demostrado ello, resultarà
eventualmente procedente, analizar lo relativo a las obliga-
ciones que se afirman omitidas por la aseguradora de riesgos
del trabajo, y en su caso, su deber resarcitorio.
      30.- Como ya lo adelantara supra, los actores funda-
mentan su reclamo reparatorio sobre quien fuera empleador del
causante, en lo prescripto por los arts. 1.109, 1.113 y cc.
del Còdigo Civil. Sabido es que para que un reclamo de tal
naturaleza resulte admisible respecto de un accidente ocurri-
do cuando ya se hallaba vigente la Ley de Riesgos del Traba-
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jo, serà necesario arribar a la declaraciòn de inconstitucio-
nalidad de lo normado por el art. 39, primer pàrrafo de la
misma, en tanto en la causa no se discute que el principal
habìa contratado un seguro propio del sistema creado por la
L.R.T., y esa disposición asevera que “las prestaciones de
esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad
civil frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de
èstos, con la sola excepción derivada del art. 1.072 del
C.C.”.
         31.- No obstante entiendo que no corresponde formular
consideraciòn alguna de la cuestión constitucional planteada,
sin antes determinar si la parte actora podrìa acceder, como
resultado de la situación fàctica que fundamenta el reclamo,
al pago de las indemnizaciones previstas en el derecho comùn,
pues de lo contrario podrìa tratrse de una declaraciòn en
abstracto y, en su caso, una violación del principio de divi-
siòn de poderes, ya que ello podrìa significar una invalida-
ciòn genèrica de una ley, siendo oportuno recordar que la
cuestión constitucional sòlo debe ser tratada cuando integra
la causa judicial y en la medida que resulte pertinente para
el reconocimiento del derecho que pudiere asistirle a la par-
te que formula la objeción.
         32.- En tal sentido el Superior Tribunal Provincial ha
resuelto en diversas causas que “para resolver los planteos
de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, debe
remitirse la eficacia del règimen diferenciador a un juicio
de razonabilidad y a la demostración de la ostensible insufi-
ciencia de las prestaciones en relaciòn al daño que se acre-
ditò padecer…deviene necesario examinar cada planteo en par-
ticular para determinar si, de acuerdo a las circunstancias
particulares del mismo, las normas impugnadas provocan per-
juicio relevante constitucionalmente a la vìctima, y resulta
preciso que en estos casos el Tribunal de grado proceda a
                                                           27




sustanciar la causa y analizar la eventual viabilidad de la
pretensión resarcitoria y los alcances –tambièn eventuales-
de la reparaciòn que le corresponderìa percibir al actor de
conformidad con las prescripciones de la ley 24.557, cumplido
lo cual el Tribunal actuante deberà verificar si esa repara-
ciòn resulta satisfactoria o si por el contrario la misma
configura una lesiòn al principio constitucional de no dañar”
(cfr. S.C.B.A. causas L. 80.735, del 7-03-05 “Abaca”; L.
81.826, "Yaman" del 11-05-05, entre otras).
      33.- Desde esta òptica habrè de aplicarme inicialmente
al esclarecimiento de los hechos que produjeron la muerte del
trabajador a raìz del accidente denunciado –extremo èste no
discutido en la causa-, debièndose dilucidar en concreto si
el siniestro se produjo por el riesgo o vicio de la cosa, o
por el hecho del dependiente -o por ambos-, o por culpa de la
vìctima, actuando esta ùltima circunstancia como eximente de
responsabilidad, conforme afirmò la parte codemandada Ventura
Barrera.
      34.- Y segùn hemos podido apreciar en el veredicto se-
gunda cuestión el hecho dañoso, que produjo posteriormente la
muerte de don Dìaz, acaeciò en ocasión del trabajo del mismo,
cuando circulando en el vehìculo de propiedad del accionado
Ventura Barrera, cumpliendo la tarea de retirar o repartir
prendas para la lavanderìa y tintorerìa explotada por el ac-
cionado, vehìculo manejado por el chofer, Sala, dependiente
del demandado, èste intentò adelantarse a otros vehìculos que
circulaban por la Avenida San Martín de Bernal, circulando
por la izquierda de los mismos, invadiendo el carril de cir-
culaciòn contrario, y fue embestido por un microómnibus de la
lìnea 22, que circulaba en sentido opuesto al de Sala, como
consecuencia de lo cual el señor Dìaz sufriò graves lesiones
que determinaron su internaciòn en el Hospital de Quilmas y
su posterior fallecimiento, dos meses después, en el Sanato-
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rio San Patricio de la Capital Federa.
      35.- No se han discutido en autos ni la propiedad del
vehìculo siniestrado, en cabeza de don Ventura Barrera, ni la
calidad de dependiente del chofer del vehìculo, Marcelo Sala;
tampoco se esgrimiò que hubiera existido culpa de un tercero
por quien el demandado no debiera responder, dado que como
vimos el chofer del microomnibus actuò en la circunstancia
del accidente con una conducta vial correcta, y no surgieron
responsabilidades hacia el mismo de las constancias de la
causa penal; ni se demostrò la existencia de culpa de la
vìctima, dado que la falta de uso de cinturòn de seguridad y
la conducta vial incorrecta que el demandado imputò a Dìaz no
fueron acreditadas en autos (y aùn de haberse probado, habrìa
que haber analizado si dichos hechos guardaban entidad sufi-
ciente como para interrumpir el nexo causal entre el hecho y
el daño provocado evidenciado en autos).
      36.- El dueño o guardiàn de la cosa responde por el
solo hecho de crear el daño, sin que le sea suficiente probar
que de su parte no hubo culpa; se trata de un supuesto en el
cual se invierte la carga de la prueba -onus probandi-, co-
rrespondièndole acreditar los extremos mencionados -culpa de
la víctima o de un tercero-, para liberarse de responsabili-
dad, y al damnificado por el accidente le basta con justifi-
car el nexo causal y el daño sufrido, de ello se deriva que
debe responder el dueño o guardiàn de la cosa riesgosa o pe-
ligrosa si no se demostrò que la conducta de la víctima
hubiese interrumpido el nexo causal entre el hecho y el daño
provocado.
      37.- Es evidente entonces, la calidad de cosa riesgosa
que posee el automotor en el cual, cumpliendo òrdenes del
accionado y en ocasión de su trabajo, sufriera el accidente
Dìaz el 14 de mayo de 1.998.
      38.- En tal sentido se ha resuelto reiteradamente tan-
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to en doctrina cuanto en jurisprudencia que "el automotor en
movimiento es una cosa riesgosa, de donde se desprende la
inaplicabilidad de lo dispuesto en el segundo pàrrafo, prime-
ra parte del art. 1.113, en trance a juzgar la responsabili-
dad emergente de accidentes de trànsito. A tales accidentes
en los que interviene una cosa riesgosa -colisiòn entre auto-
motor y peatòn por ejemplo-, ò dos o más cosas riesgosas -
colisión entre automotores-, se les aplica la preceptiva del
segundo párrafo, ùltima parte del citado artìculo" (C.C. TL
7.947 del 30-10-96 "Getino Oscar A. c/ Estancia El Rocìo s/
Daños y Perjuicios"; en igual sentido S.C.B.A., Ac. 34.081
del 23-7-85 "Perez Paula c/ Transportes Atlàntica S.A. s/
Daños y Perjuicios";   C.C. 0102 MP 103438 del 12-2-98 "Còrdo-
ba Carlos c/ Schneider Diana s/ Beneficio"; C.C. 0102 MP
104.793 del 9-6-98 "Momeño Elba c/ Cisilino Carlos s/ Daños y
Perjuicios"; C.C.002 MO 35.035 del 23-4-96 "Melgarejo Felisa
C/ La Vecinal de Matanza S.A. s/ Daños"; C.C.0102 LP 234.262
del 8-8-2.000 "Heredia o Peña Marìa c/ Moyano Marcelo s/ da-
ños y perjuicios"; C.N.T., sala VII, sent. del 27-4-05 "Gui-
ral Ana M. c/ Laurenzano Ernestina", entre otras).
      39.- Atento a ello corresponde imputarle responsabili-
dad al demandado, en su calidad de propietario de la cosa
riesgosa que ocasionò el daño a la vìctima, en los tèrminos
del art. 1.113, segundo pàrrafo, ùltima parte del Côdigo Ci-
vil, màxime cuando, como hemos visto en el acto fàctico, no
se ha demostrado la culpa de la víctima, ni de un tercero por
quien el demandado no debiera responder.
      40.- Por otro lado resulta también evidente que al
hallarse el vehículo de propiedad del accionado, conducido
por un empleado del mismo, resulta configurada en la especie
la responsabilidad del principal por el daño ocasionado por
el hecho del dependiente, que prevé el art. 1.113, primer
párrafo del Código Civil, circunstancia ésta que tambièn de-
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termina la responsabilidad del demandado por el daño causado.
      41.- En tal sentido nos enseña Borda Guillermo, en su
"Tratado de Derecho Civil", tomo II, Pág. 242, que “no todo
hecho del dependiente compromete la responsabilidad del prin-
cipal. Es menester que haya alguna relación entre las tareas
que le hayan sido encomendadas y permitidas y el hecho daño-
so, afirmando que la responsabilidad del principal debe admi-
tirse siempre que haya una razonable relación entre las fun-
ciones y el daño…., es decir que debe probarse la relación de
dependencia entre el responsable y el autor del daño; el daño
debe haber sido cometido con motivo del trabajo y además la
doctrina exige que el daño haya sido originado en un hecho
ilícito, es decir que debe mediar culpa o dolo del dependien-
te"..., agregando este autor “que sostiene la "inexcusabili-
dad" de la responsabilidad del principal" , y afirmando que
el fundamento de esta responsabilidad “es la del riesgo crea-
do con la delegación de funciones en un tercero, ya que quien
crea el riesgo debe asumir la reparación de los daños ocasio-
nados”.
      42.- Por su parte Raúl Altamira Gigena, nos dice en el
"Tratado de Derecho del Trabajo, de Vázquez Vialard", tomo 4,
Pág. 398, citando a Enrique Galli, al analizar si la respon-
sabilidad por el hecho del dependiente es de carácter subje-
tivo u objetivo, “la culpa del subordinado considerada culpa
del trabajador integra una actividad que originariamente de-
bió haber realizado el patrón. Si él la deriva hacia un de-
pendiente, no puede considerarse desvinculado de sus conse-
cuencias, no se discute que existan hechos materialmente dis-
tintos pero el fenómeno jurídico resulta único e indivisi-
ble”, a lo que Altamira agregaba que “si se trata de una res-
ponsabilidad indirecta, derivada del “hecho ajeno”, no puede
calificarse a la responsabilidad patronal de subjetiva sino
de objetiva”.
                                                           31




       43.- Nuestro Superior Tribunal ha resuelto en casos
anàlogos que "para que existe responsabilidad refleja de al-
guien por el hecho de otra persona es requisito previo la
existencia de un acto ilícito del dependiente o sea un acto
antijurìdico, imputable al dependiente, que ocasione un daño
a un tercero y que medie relaciòn concausal entre el acto y
el daño"(S.C.B.A., L. 77.387 del 10-9-03 "De la Vega Emma c/
Plantelimell S.A. s/ accidente"; L. 54.141 del 8-11-94 "Tolo-
sa Pedro c/ Doña Fina S.A. s/ indemnizaciòn accidente de tra-
bajo"; L. 41.990 del 3-4-90 "Mochetti Nèstor c/ Wolkswagen
Argentina S.A. s/ indemnizaciòn por incapacidad", entre oto-
ras.
       44.- Sentada entonces la atribución de responsabilidad
objetiva al demandado, conforme a las previsiones del Art.
1.113 del Código Civil, por vía de dos fuentes atributivas de
ella, como son la intervención -en la causaciòn del daño-, de
una cosa riesgosa de propiedad del demandado; y, la configu-
raciòn del hecho del dependiente por el cual deberá responder
el principal, solo resta considerar si existieron eximentes
de la responsabilidad atribuida al demandado.
       45.- Cuando en la producciòn del daño intervienen una
o màs cosas que presentan riesgo o vicio, el dueño o guardiàn
responde de manera objetiva. Para eximirse de responsabilidad
se debe acreditar la concurrencia de lo previsto en la parte
final del segundo pàrrafo del art. 1.113 del Código Civil, es
decir que la conducta de la vìctima o de un tercero interrum-
piò total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el
daño, y asì se ha dicho jurisprudencialmente que "sin embargo
para que la responsabilidad del dueño no exista debe demos-
trarse que la conducta de la vìctima constituye la causa del
daño. El criterio para acreditar la concurrencia y la justi-
ficaciòn de los eximentes debe ser restrictivo, por lo que la
prueba liberatoria tiene que ser fehaciente e indudable re-
                                                                   32




vistiendo la conducta de la víctima las caracterìsticas de
imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito
o fuerza mayor" (C.C.0002 LZ 15.096 del 14-12-96 "Paredes
Santa Cruz Ricardo c/ De Luca Nelson s/ daños y perjuicios").
        46.- Y en tal sentido hemos visto en el veredicto
que, alegada por el demandado Ventura Barrera, la culpa de la
victima como interruptiva del nexo de causalidad, imputándole
a la vìctima falta de responsabilidad vial y carencia de uso
del cinturón de seguridad en oportunidad de producirse el
evento dañoso, no aportò prueba alguna para probar sus afir-
maciones, y no surgieron elementos tampoco en la causa penal
agregada por cuerda, que permitieran inferir en la especie
que Díaz guardó una conducta vial incorrecta (recordemos que
quien manejaba el vehículo siniestrado era Sala y no Dìaz),
ni se probo que no llevara puesto el cinturón de seguridad
(por otro lado atento a la antigüedad del vehículo, ni si-
quiera se ha probado que poseyera cinturones, circunstancia
ésta que en todo caso también sería atribuible al empleador),
por todo ello no se ha probado la existencia de eximentes de
la responsabilidad del demandado en el daño ocasionado.
       47.- Pasando entonces, segùn entiendo que asì corres-
ponde conforme a los tèrminos de la demanda, a analizar si
existe responsabilidad subjetiva en el empleador, de acuerdo
a los postulados del art. 1.109 del Còdigo Civil, considero
que efectivamente le asiste razòn a los reclamantes dado que
como vimos en el acto fàctico, el empleador no diò cumpli-
miento en el caso del empleado Sala a diversas obligaciones
derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuya transgresiòn
contribuyò a generar el daño sufrido por el dependiente Dìaz.
      48.- Ello en tanto no cumplimentò el demandado, en re-
laciòn al referido empleado Sala, cuyo hecho causò el daño en
la salud (y en la vida), del empleado Dìaz, la realizaciòn
del   exàmen   preocupacional   legalmente   previsto   en   la   ley
                                                           33




24.557 y resoluciòn S.R.T. 43/97, antes del inicio de la re-
laciòn laboral, especialmente no le practicò los exàmenes
neurològicos y sicològicos allì prescriptos, siendo que la
actividad a desarrollar por el postulante podìan significar
(y asì sucediò con la muerte del pobre Dìaz), riesgos para
sì, para terceros o instalaciones (por ejemplo conductores de
automotores, grùas, autoelevadores, etc.), màxime consideran-
do que conforme surge del veredicto, Sala demostrò poseer una
conducta altamente transgresora de las leyes y reglamentos
que rigen la vida en sociedad, dado que no solo transgrediò
normas de trànsito en ocasión del accidente que le costò la
vida a Dìaz, sino que posteriormente, al poco tiempo fue con-
denado a prisiòn por robo agravado por el uso de armas, lo
cual indica que se trataba de un sujeto altamente inadaptado
y peligroso, circunstancia que, de haberse practicado los
exàmenes neurològicos y sicologicos legalmente previstos an-
tes de que empezara a trabajar, ó en los dìas pròximos subsi-
guientes, (nòtese que trabajò cuarenta y cinco dìas hasta la
fecha del accidente de autos, sin control de su estado si-
cofìsico), podrìa haberse detectado a tiempo, evitando asì
conferirle tareas que pudieran representar riesgos para sì o
para otras personas, como por ejemplo la conducción de los
automotores de la empresa, lo que determinò el acaecimiento
del accidente que costò la vida a Dìaz.
      49.- Aclarando cuales fueron los incumplimiento del
empplador en relaciòn a Sala, nos referimos al exàmen preocu-
pacional previsto en los arts. 1, 2, 13, 14, anexo I <espe-
cialmente en el punto V>, y cc. de la resoluciòn de la S.R.T.
43/97. que en lo pertinente, prescriben:
     "art. 1) resoluciòn S.R.T 43/97: establècese que los
exàmenes mèdicos en salud incluidos en el sistema de riesgos
del trabajo son los siguientes: 1. Preocupacional o de ingre-
so; 2. periòdicos; 3. previos a una transferencia de activi-
                                                           34




dad; 4. posteriores a una ausencia prolongada, y 5.- previos
a la terminaciòn de la relaciòn laboral o de egreso.”
      “Art. 2) de la resoluciòn S.R.T. 43/97: 1.- los exàme-
nes preocupacionales o de ingreso tienen como propòsito de-
terminar la aptitud del postulante conforme sus condiciones
psicofìsicas para el desempeño de las actividades que se le
requeriràn. En ningùn caso pueden ser utilizados como elemen-
to discriminatorio para el empleo. Serviràn asimismo para
detectar las patologìas preexistentes y en su caso para eva-
luar la adecuaciòn del postulante –en funciòn de sus carac-
terìsticas y antecedentes individuales- para aquellos traba-
jos en los que estuvieran eventualmente presentes los agentes
de riesgo determinados por el decreto 658/96.”
      “2.- Su realizaciòn es obligatoria, debiendo efectuar-
se de manera previa al inicio de la relaciòn laboral.”
     “3.- Los contenidos de estos exàmenes seràn, como mìni-
mo, los del anexo I de la presente resoluciòn. En caso de
preverse la exposiciòn a los agentes de riesgos del decreto
658/96 deberàn ademàs efectuarse los estudios correspondien-
tes a cada agente detallados en el anexoII.”
     “4.- La realizaciòn del examen preocupacional es res-
ponsabilidad del empleador sin perjuicio de que el empleador
pueda convenir con su aseguradora la realizaciòn del mis-
mo.”(por disposiciòn de la resoluciòn de la S.R.T., 28/98 del
19-3-98 se determinò que “los sujetos indicados en la resolu-
ciòn S.R.T. 43/97 como responsables de la realizaciòn de los
exàmenes mèdicos en salud deberàn hacerse cargo en cada caso
del costo de los mismos sin perjuicio de que las aseguradoras
y los empleadores en base a la normativa vigente acuerden
otra modalidad de pago”).
       “5.- A los efectos del art. 6º, apartado 3, punto b)
de la ley 24.557, los exàmenes preocupacionales podràn ser
visados o en su caso fiscalizados en los organismos o entida-
                                                                    35




des    pùblicas,   nacionales,    provinciales   o   municipales   que
hayan sido autorizados a tal fin por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.”
        “Art. 13) resoluc. 43/97 S.R.T.: Los trabajadores que
ingresen al trabajo a partir de la fecha de entrada en vigen-
cia de la presente (12-6-97), deberàn someterse a los exàme-
nes preocupacionañles y periòdicos con la frecuencia y conte-
nidos fijados en los anexos I y II de la presente resolu-
ciòn.”
        “Art. 14) resoluc. 43/97 S.R.T: Apruèbanse los anexos
II, II, III y IV como parte integrante de la presente resolu-
ciòn”
        “Anexo II de la resoluc. 43/97 S.R.T.: Listado de los
exàmenes y anàlisis complementarios generales:
        “I.- Exàmen fìsico completo, que abarque todos los apa-
ratos y sistemas, incluyendo agudeza visual cercana y leja-
na."
        "II.- Radiografìa panoràmica de tòrax."
        "III. Electrocardiograma."
        "IV. Exàmenes de laboratorio:"
            a) "Hemograma completo
            b) Eritrosedimentaciòn
            c) Uremia
            d) Glucemia
            e) Reacciòn para investigaciòn de Chagas Mazza
            f) Orina completa".
         "V. Estudios neurològicos y psicològicos cuando las
actividades a desarrollar por el postulante puedan significar
riesgos para sì, terceros o instalaciones (por ejemplo con-
ductores de automotores, grùas, autoelevadores, trabajos en
altura, etc.)".
              "VI. Declaraciòn jurada del postulante o traba-
jador respecto a las patologìas de su conocimiento.
                                                           36




      Sentado ello entiendo que, las violaciones a la norma
de seguridad impuestas por la ley 24.557 y sus reglamentacio-
nes ya citadas, configuran una conducta culposa del demanda-
do, como consecuencia de lo cual resulta èste responsable en
los tèrminos de los arts. 512, 902, 1.109 y cc. del Còdigo
Civil atento a que por su culpa o negligencia derivò un daño
a su dependiente.
       50.- Ante ello llego a la conclusiòn que, en caso que
se admita el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de
la ley 24.557, el daño que sufrieron los accionantes como
consecuencia del accidente mortal del que fuera vìctima el
señor Dìaz resulta encuadrable en los tèrminos de los arts.
1.109, 1.113, primer pàrrafo y 1.113 segundo pàrrafo, ùltima
parte del Còdigo Civil, en tanto se trata de un daño produci-
do tanto por una cosa riesgosa, como por el hecho del depen-
diente, y por culpa del accionado, y no se han probado en la
causa los eximentes de responsabilidad alegados.
      51.- Determinaremos entonces cuales serìan las presta-
ciones a las que tendrìan acceso los demandantes en base a
los principios de reparaciòn integral del Còdigo Civil para
practicar una comparaciòn adecuada con las que brinda el sis-
tema cuestionado, dado que el principal agravio constitucio-
nal que la parte actora esgrime respecto al règimen previsto
en la ley 24.557, es la desigualdad que implica para el tra-
bajador frente a cualquier ciudadano la prohibiciòn de obte-
ner la reparaciòn prevista en el derecho civil, -posibilidad
que éste último siempre tiene-, y la falta de reparaciòn in-
tegral del daño sufrido.
      52.- Analizando en primer lugar el resarcimiento que
corresponderìa otorgar a los reclamantes, a criterio de la
suscripta, conforme al derecho comùn, es necesario señalar
que el resarcimiento de los daños y perjuicios comprende la
reparaciòn integral del daño causado, esto es del daño mate-
                                                           37




rial (daño emergente y lucro cesante) y del daño moral (arts.
1.078, 1.109, 1.113 y cc. C.C.).
      53.- El daño material comprende la pèrdida pecuniaria
que ocasiona a la vìctima (en este caso a sus derechohabien-
tes), el infortunio ocurrido y la disminución o privación de
las ganancias estimativas (destinadas, en todo o en parte, a
la subsistencia de su familia), segùn su incapacidad fìsica
resultante (o su deceso, como en el caso de autos).
      54.- El daño moral es, en el caso de autos, el que se
infiere a las personas tan estrechamente vinculadas tanto
espiritual como biológicamente, como son la esposa y los
hijos del difunto, las angustias padecidas ante el grave ac-
cidente sufrido, el dolor generado por el padecimiento de la
vìctima y finalmente el sufrimiento ante el fallecimiento del
padre y esposo, la incertidumbre respecto al futuro y a la
subsistencia, etc.
      55.- Con respecto a la determinación de la presente
indemnizaciòn tomarè en consideración que la vìctima tenìa a
la fecha del evento dañoso, 47 años, era casado, padre de
tres hijos menores, y percibìa un salario de $ 496,00.-.
      56.- Sabemos que la vida humana no tiene un valor en
si misma y su supresión no es indemnizable por el solo hecho
de acaecer, sin atender a la existencia de otros daños que de
su extinción pudieran ocasionarse; aquello que cabe estimar
en valores pecuniarios no es la vida misma, sino los efectos
secundarios que se proyectan en otros patrimonios, provocando
perjuicios ciertamente valorables y reducibles a signos mone-
tarios de posible fijación; el daño patrimonial que sufren
los herederos forzosos es presunto, quedando librado a la
prudencia de los jueces de acuerdo con las particularidades
del caso la fijación del monto del resarcimiento y el modo de
satisfacerlo, por ello la valoración de la vida humana no es
otra cosa que establecer el perjuicio que sufren aquellos que
                                                           38




eran destinatarios de los bienes aconòmicos que el extinto
producìa: lo que la familia del muerto ha perdido son los
ingresos y demàs prestaciones que percibìa el extinto, por lo
que para la determinación del daño material derivado de la
muerte se deban tomar en consideración circunstancias parti-
culares tales como la profesiòn, educación, ingresos, aptitud
para el trabajo del extinto, resto de vida útil, posibilidad
de progreso, asì como la existencia de hijos menores, edad de
los mismos, estudios cursados, etc..
      57.- Por todo ello, considerando las circunstancias
particulares del fallecido: su sexo, edad, resto probable de
vida útil, su educación, su oficio, el caudal de ingresos a
la època del deceso, su probabilidad de progreso, sus aptitu-
des para el trabajo, condiciòn social, edad de los hijos me-
nores al tiempo del deceso, estudios cursados por uno de
ellos (extremos que surgen del acto fàctico), y ponderando
como variable de càlculo los montos que, en calidad de valor
vida, tiene estipulados el Tribunal para los casos de incapa-
cidades parciales y permanentes y que oscilan para el mes de
febrero de 2.006 entre los $ 140.000.- y $ 180.000.-, ), es-
timo conveniente fijar el daño material sufrido por quienes
se encuentran legitimados para percibirlo (esposa e hijos del
fallecido -arts. 1.078, 1.079, 1.084 y cc. del C.C.), en la
suma de $ 150.000.- (pesos Ciento cincuenta mil, a valor ac-
tual al momento del dictado de la presente), aclarando que el
padre y esposo fallecido era quien generaba el sustento fami-
liar, circunstancia no discutida en autos, y señalando que
aùn cuando lo que debe lograrse es la reparaciòn integral del
daño, y esto en dinero resulta ciertamente difícil, he esti-
mado la suma que me pareciò màs prudente acorde a las cir-
cunstancias del caso y la doctrina del Tribunal.
       58.- En cuanto al daño moral estimo que cuando se
trata de la muerte de un padre o esposo, no es necesario tra-
                                                           39




er la prueba de que la esposa o los hijos han sufrido agravio
moral, por cuanto està en el orden natural de las cosas que
la muerte de un ser querido tan estrechamente ligado biológi-
ca y espiritualmente ha de herir en lo màs intimo el senti-
miento y las afecciones de sus familiares directos, y asì
entiendo que la existencia de daño moral de la esposa e hijos
menores del fallecido, en el caso de muerte, se considera
demostrado “in re ipsa” y la determinación de la indemniza-
ción, que cumple una funciòn resarcitoria, no està sujeta a
reglas fijas sino que depende del arbitrio judicial, debien-
dose tener en cuenta las circunstancias del caso y las condi-
ciones particulares de los damnificados, y como en este caso,
su relaciòn con el causante.
       59.- Por ello propongo fijar el resarcimiento por da-
ño moral en la suma de $ 30.000.- (Treinta mil pesos), es
decir un 20% del daño material, por lo que la suma total in-
demnizatoria conforme al derecho comùn asciende a $ 180.000.-
(pesos Ciento ochenta mil).
      60.- Observando ahora la cuestiòn a la luz de la ley
24.557, tenemos que conforme al art. 18 de dicho cuerpo nor-
mativo los derechohabientes del trabajador fallecido tendrìan
derecho a la prestaciòn de pago mensual complementaria pre-
vista en el art. 15, apartado 2, la cual se determina de
acuerdo al capital integrado por la A.R.T. para tales fines,
el que a su vez debe calcularse en la forma prevista en el
segundo pàrrafo del mencionado apartado 2 del art. 15. Dicho
capital, conforme lo informara la propia aseguradora de ries-
gos del trabajo interviniente en autos asciende a la suma de
$ 29.075,72.-,(pesos veintinueve mil setenta y cinco con se-
tenta y dos centavos), dejàndose constancia que segùn surge
del acto veredictal la aseguradora de riesgos del trabajo
sufragò los gastos ocasionados por la internaciòn, atenciòn
mèdica y sepelio del señor Dìaz, por valor de $ 43.522,04.-,
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y abonò anticipos a la sra. Colombo, esposa del fallecido,
por la suma de $ 315,31.-, no habièndose indicado la fecha de
estos pagos, por lo que habrè de tomarlos al mes de julio de
1.998, època de fallecimiento de Dìaz, conforme surge del
veredicto.
         61.- Queda establecido entonces, cual serìa la medida
econòmica de los daños causados a los demandantes como conse-
cuencia del infortunio en que se sustenta la presente acciòn,
medida que se halla determinada por el valor en que se cuan-
tificò el daño material y moral al expresar en forma dinera-
ria el resarcimiento integral al que tendrìan derecho, como
asì tambièn la respuesta dada por el sistema creado por la
ley 24.557, que nos ocupa.
           62.- Tal como bien sostuvo Mario Ackerman1, al estu-
diar la posible inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley
24.557 , luego de enumerar varios daños que no quedarìan re-
parados por el sistema de la L.R.T. “que la magnitud de estos
daños no reparados serà la que, en definitiva, en cada caso,
habrà de mostrar si la limitaciòn cuantitativa, aunque se
considere compensada con otras ventajas del sistema, supone o
no una privaciòn irrazonable del derecho a la reparaciòn ple-
na –cuando se tenga derecho a ella de acuerdo con el Còdigo
Civil- y consecuentemente si ello implica un trato discrimi-
natorio en perjuicio del trabajador o de sus derechohabien-
tes”.
         63.- Similar criterio, el de comparar las indemniza-
ciones emergentes de ambos sitemas para poder asì determinar
si existen violaciones constitucionales, ha sido el expresado
por la Suprema Corte de la Naciòn en los autos “Aquino Isacio
c/    Cargo      Servicios        Industriales          S.A.”,       sentencia        A.    2652
XXXVIII, del 21-9-04, y adoptado por la Suprema Corte de Jus-


1
 Mario Ackerman “Cuestionamiento constitucional del art. 39.1 de la ley sobre riesgos del trabajo
en cuestionables pronunciamientos judiciales”, D.T., 1.998-A, pàg. 462).
                                                           41




ticia Provincial en los autos “Castro”, L. 81.216, sentencia
del 22-10-03; “Abaca”, L. 80.735, sent. del 7-3-05; “Yaman”,
L. 81.826, del 11-05-05; “Vieytes”,L. 87.394 del 11-05-05, en
las cuales se expresò “que corresponde que el Tribunal de
grado proceda a sustanciar la causa y analizar la eventual
viabilidad de la pretensión resarcitoria y los alcances –
tambièn eventuales- de la reparaciòn que le corresponderìa
percibir al trabajador o a sus derechohabientes de conformi-
dad con las prescripciones de la ley 24.557, y, cumplido
ello, debe el Tribunal actuante verificar si dicha reparaciòn
resulta satisfactoria, o si por el contrario la misma confi-
gura una lesiòn al principio constitucional de no dañar”,
aclaràndose en las causas dictadas con posterioridad al fallo
“Aquino” (“Abaca”, “Yaman”, “Vieytes”), “que resulta necesa-
rio cotejar en cada caso concreto si la norma bajo anàlisis
resulta compatible con el art. 19 de la Constitución Nacional
y que la comparación o cotejo deberìa llevarse a cabo segùn
los tèrminos de la extensión del resarcimiento al que la
vìctima accederìa en el marco del règimen comùn de responsa-
bilidad civil emergente por aplicación de los arts. 1.109,
1.113 del Còdigo Civil”.
      64.- Aplicando entonces el procedimiento comparativo
indicado por los fallos y doctrina anteriormente reseñados,
estimo que la valla a la vìa civil impuesta por el art. 39.1
de la ley 24.557 aparece, en el supuesto traìdo a decisión,
como verdaderamente violatoria de la garantìa de igualdad y
del principio de no dañar impuestos por los arts. 16 y 19 de
la Constitución Nacional, y atentatoria de la protecciòn que
las leyes   deben brindar al trabajo, y a partir de ello a
todas sus consecuencias, y consagratoria de un trato discri-
minatorio que el legislador no pudo imponer sino olvidando la
vigencia de normas de jerarquía superior a las cuales toda
ley debe someterse.
                                                              42




      65.- Entièndase esto no como consideración abstracta,
que no serìa esa la tarea del Juzgador, sino luego de haber
practicado una evaluaciòn constitucional de las normas apli-
cables a los hechos concretos de autos, dado que asì como las
leyes deben ceñirse a los preceptos de la Carta Magna durante
toda su vigencia, asì tambièn procede examinar la constitu-
cionalidad de ellas con referencia a las particulares carac-
terìsticas de los casos que nos corresponde juzgar.
         66.- En punto a los diversos factores que habrìa
que considerar al comparar las prestaciones que otorga la
L.R.T. y el derecho comùn (y a fin de no realizar un cotejo
despojado de ellas), atendiendo que mucho se sostuvo en doc-
trina respecto a que el règimen especial va màs allà de la
reparaciòn del daño, en tanto establece todo un sistema de
prevenciòn para evitar la producción de daños, y abarca desde
antes de la producción del daño hasta la rehabilitación y
recolocaciòn profesional del trabajador, etc., estimo que en
este caso los beneficios del sistema, que lucen como muy
alentadores en el texto de la ley, no surtieron efectos, y no
podrìan oponerse a la esposa y a los hijos damnificados por
un accidente fatal que se produjo, entre otras cosas, ante la
nula actividad preventiva desplegada frente al postulante
para ocupar el cargo de chofer de la empresa, quien poseìa
claras notas de una personalidad riesgosa y peligrosa para sì
y para los demàs, como hemos visto frente a las incidencias
del accidente ocurrido el 14 de mayo de 1.998 -y con poste-
rioridad-, en su conducta delictiva que lo llevò a la càrcel
por cuatro años condenado judicialmente por robo con armas.
      67.- Por otro lado, mal podrìan ponderarse como “ven-
tajas” del sistema, para el dependiente, la adopción de las
medidas tendientes a la preservación de la integridad psi-
cofísica, siendo que èsta constituye un deber indelegable del
Estado (conf. Art. 14 bis de la Constitución Nacional), y a
                                                            43




partir de las medidas que èste dicte, de cumplimiento obliga-
torio para todos los protagonistas del mundo del trabajo.
      68.- Tampoco se pueden tener en cuenta como un benefi-
cio adicional del sistema las prestaciones que èste brinda en
materia de gastos para las vìctimas o los derechohabientes
(art. 20, inc. a, b y e), dado que èstos son en definitiva
erogaciones, que de tener que efectuarse, deben integrar en
su caso el resarcimiento integral que se establezca en base
al derecho comùn; y en punto a la recalificaciòn y rehabili-
tación (art. 20 inc. c y d), estimo que es un adicional que
obviamente no puede tenerse en cuenta para el caso de muerte
del trabajador.
      69.- Solo nos resta considerar la celeridad del cobro
de las indemnizaciones como ventaja del sistema, pero en este
punto y teniendo en cuenta las pautas brindadas por la Corte
Suprema y por la Suprema Corte de la Provincia en los fallos
citados precedentemente, especialmente en el voto del Doctor
Soria, estimo que tampoco el sistema ofrece ventajas compara-
tivas al haber liquidado la aseguradora de riesgos del traba-
jo una indemnización de $ 29.075,72.- pagadera en cuotas de
alrededor de $ 110,00.- frente a la suma de $ 180.000.- deri-
vada del derecho comùn, “en tanto el costo econòmico finan-
ciero de transitar un proceso judicial en pos de obtener una
indemnizaciòn mayor, resulta significativamente menor que la
temporalmente compartimentada percepción de la compensación
tasada segùn el règimen del seguro”.
      70.- En tal sentido estimo, entonces, en criterio con-
cordante con jurisprudencia reciente que “la exclusiòn y exi-
miciòn de la vìa reparadora civil que contiene el art. 39
inc. 1 de la ley de riesgos del trabajo, mortifica el funda-
mento definitivo de los derechos humanos enunciados por la
Declaraciòn Universal de Derechos Humanos, esto es, la digni-
dad del ser humano, que no deriva de un reconocimiento, ni de
                                                            44




una gracia de las autoridades o poderes, sino que resulta
intrìnseca e inherente a todas y cada una de las personas
humanas y por el solo hecho de serlo”, habièndose agregado
asimismo que “la exenciòn de responsabilidad del empleador
frente a infortunios   laborales, en los tèrminos del art. 39,
inc. 1 de la ley 24.557, configura una vìa apta para eludir
el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de
preservar el estado de seguridad, higiene y dignidad en el
trabajo, ya que mediante la simple contrataciòn de un seguro
legal se podrà lograr la impunidad ante la culpa que pudiera
causar un daño”(Suprema Corte, “Aquino Isacio c/ Cargo Servi-
cios”, sent. 21-9-04), por todo lo cual propongo se declare
la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1º de la L.R.T. por
resultar violatorio de los postulados y garantìas de indemni-
dad previstos en el art. 19 de la C.N.; de propiedad previsto
en el art. 17 de la C.N.; de igualdad previsto en el art. 16
de la C.N.;   y los principios contenidos en los arts. 5, 18 y
68 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, y 1.1, 4, 5, 8, 11, 25, y cc. de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa ri-
ca), actualmente incorporados a la Constitución Nacional por
la vía del art. 75, inc. 22 de dicho cuerpo normativo.
      71.- De aceptarse mi propuesta establezco consecuente-
mente que los accionantes tienen derecho a la indemnización
integral precedentemente establecida, la que se dividirà con-
forme a las pautas que màs adelante expondré.
      72.- LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO:
      Previo a adentrarnos en el análisis de la responsabi-
lidad que la parte actora imputa a la aseguradora de riesgos
del trabajo, conforme los postulados del art. 1.074 del Còdi-
go civil (imputación que no ha sido refutada por la A.R.T. en
el conteste de la acciòn), estimo necesario hacer algunas
referencias a: la ubicación del art. 1.074 dentro del esquema
                                                                  45




del Còdigo Civil; a las omisiones de la A.R.T. y a la rela-
ciòn de causalidad entre èstas y el daño ocasionado.
            73.- En relaciòn al primer tema, estimo que se halla
suficientemente aclarado, por asì haberlo considerado la doc-
trina y a partir de allì diversos casos jurisprudenciales,
que pese a encontrarse el art. 1.074 del Còdigo Civil en el
Capìtulo “De los delitos” <es decir en la sección referida a
los actos ilìcitos ejecutados a sabiendas y con intenciòn de
dañar (art. 1.072 C.C.)>, la norma no se ocupa realmente de
esos hechos sino de un caso de cuasidelito2, y esto emerge
del tèrmino “ocasionado” que emplea la propia norma, dado que
no es “ocasionado” el daño causado con la intenciòn de produ-
cirlo, sino que es el que resulta de la ocasión, es decir de
la oportunidad y circunstancia propia para la ocurrencia del
daño;         es quien por su culpa ha creado la ocasión de la cual
provino el daño (los delitos de omisiòn contemplados en el
art. 1.073 del C.C. quedan al margen de lo preceptuado por el
art. 1.074 C.C., segùn el autor citado en nota 2).
            74.- Atento a ello y analizando ahora qué clase de
omisiòn culposa es la que pondera dicho artìculo 1.074 del
C.C., se observa que la mayorìa de la doctrina adhiere a la
tesis amplia, la cual considera que dicho artìculo debe ser
entendido con laxitud y, tal sentido habrìa omisiòn cuando
exista una obligación juridica de obrar, entendièndose por
tal la impuesta por la razòn, por el estado de las costumbres
y por la pràctica de los hombres probos.
            75.- Borda, citando a Mazeaud, explica un atinado con-
cepto “la culpa es una error de conducta que no habrìa come-
tido un individuo avisado colocado en las mismas condiciones
externas que el demandado. El juez debe comparar la conducta
observada por el autor del daño con la que habrìa observado
una persona normal y diligente. Esta regla, muy simple, se

2
    Llambìas, “Tratado de las Obligaciones”, tomo II, pàg. 619.
                                                                 46




aplica tanto al caso de abstención como de acciòn. La culpa
de astenciòn es una culpa como las otras. El juez para saber
si hay responsabilidad en caso de abstención debe averiguar
si un     individuo normal se habrìa abstenido en las mismas
condiciones.(Borda    Guillermo,   “Tratado   de   Derecho   Civil,
Obligaciones II, pàg. 202)
        76.- La parte actora le ha endilgado a la aseguradora
de riesgos del trabajo responsabilidad por el incumplimiento
de deberes a su cargo, derivado de las leyes que rigen la
materia de la seguridad e higiene en el trabajo, integradas
en el cuerpo normativo de la ley 24.557 y sus reglamentacio-
nes y resoluciones.
        77.- En tal sentido hemos visto en el veredicto, que
se acreditò el incumplimiento por parte de la A.R.T. de sus
obligaciones derivadas de las normas de la L.R.T. y sus re-
glamentaciones (especialmente de la ley 24.557 y de la reso-
luciòn S.R.T., 43/97, entre otras), dado que èsta no cumpliò
con la formulaciòn precisa y oportuna de la denuncia prevista
en el art. 16 del decreto 170/96, ni con los postulados del
art. 25 del mismo decreto, al omitir verificar, como era su
obligaciòn el incumplimiento en la realizaciòn del exàmen
preocupacional y la revisiòn de las condiciones psicofìsicas
del dependiente Marcelo Sala por parte del empleador demanda-
do.
        78.- En efecto, la A.R.T. no advirtió ni denunciò, co-
mo era su obligación, que no se habìa practicado a dicho de-
pendiente, antes del inicio de la relaciòn laboral, el exàmen
preocupacional previsto en los arts. 1, 2, 13, 14, anexo I
<especialmente en el punto V>, y cc. de la resoluciòn de la
S.R.T. 43/97, y sin perjuicio de ello se le encomendaron, sin
analizar previamente su estado neurològico y sicologico, al
dependiente tareas de chofer de automotor (y ponderando que,
tal como se probò en el veredicto, el señor Sala se hallaba
                                                           47




denunciado, a los efectos del seguro de la L.R.T., como de-
pendiente del demandado ante la aseguradora de riesgos del
trabajo conforme planilla glosada a fs. 75, en la cual figu-
ran asimismo su fecha de ingreso y su categoría de chofer de
reparto), omitiendo reitero la A.R.T., verificar, en el acto
de serle encomendado el seguro de Sala, si a èste se le habìa
practicado el exàmen preocupacional de rigor en el caso de
personas asignadas al manejo de automotores).
      79.- La adecuada supervisión de la A.R.T. del cumpli-
miento por parte del demandado de la realización del examen
preocupacional legalmente previsto a Sala (ya fuera antes de
iniciar la relaciòn laboral o en los primeros dìas de la mis-
ma –nòtese que trabajò 45 dìas como chofer y no existen cons-
tancias en esta causa de habèrsele realizado ningún examen),
hubiera permitido controlar su estado psicofisico, especial-
mente en el plano neurologico y psicologico <en este ùltimo
es donde evidentemente por lo acreditado en el veredicto el
dependiente Sala presentò mayores deficiencias>, detectando
las falencias que hubieran impedido su actuación como conduc-
tor de vehìculos que pusieron en peligro su propia integridad
y la de otras personas, como por ejemplo Dìaz, que falleciò
como consecuencia de un accidente que segùn el curso normal y
natural de las cosas podrìa haberse evitado (art. 901 del
Còdigo Civil).
      80.- Màs aùn tratàndose de una aseguradora de riesgos
del trabajo, es decir de un organismo especializado en la
legislaciòn aplicable en la materia y con obligaciones de
asesoramiento, control y fiscalización respecto al cumpli-
miento de dichas normas por parte del empleador, el art. 902
del Còdigo Civil sanciona una preciosa regla de conducta al
imponer mayor “previsibilidad” que la ordinaria a aquellos
sujetos a quienes la sociedad ha otorgado deberes de seguri-
dad en virtud de las funciones asistenciales que cumplen,
                                                                                                   48




esta previsibilidad autoriza a graduar la relaciòn de causa-
lidad otorgàndole un mayor poder causal denominado “supra-
causal”. Es que, como sucede en el caso, cuando se trata de
hechos en que hay obligación de emplear conocimientos cientì-
ficos, el no haber previsto el peligro por falta de conoci-
mientos tècnicos, resposabiliza a su autor por las consecuen-
cias que de esto resulten3.
               81.-      Tampoco       se    demostrò         que     la    A.R.T..       hubiera
adoptado las medidas legalmente previstas para prevenir efi-
cazmente los riesgos del puesto de trabajo (art. 4, 1er
pàrrafo         ley     24.557);        ni    que     hubiese       denunciado,          reitero,
oportunamente los incumplimientos del empleador en materia de
higiene y seguridad a la Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo (art. 4, 4; 31, 1, a ley 24.557).
              82.- En tal direcciòn opino que, sin perjuicio de re-
presentar las vinculaciones existentes entre el empleador y
el trabajador ò entre el empleador y la aseguradora de ries-
gos del trabajo dos relaciones contractuales diversas y dife-
rentes, del art. 4 de la ley 24.557 surge que los empleadores
y los trabajadores comprendidos en el àmbito de la ley de
riesgos del trabajo, asì como las aseguradoras de riesgos del
trabajo estàn obligadas a adoptar las medidas legalmente pre-
vistas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, y
opino, en criterio concordante con el de profusa doctrina y
jurisprudencia (Julio C. Gaetàn “”Ley de Riesgos del trabajo,
análisis crìtico”, D.T., 1.997, B, pàg. 1.963; Reybet Cecilia
y Muro Daniel, “El règimen de la ley 24.557 y la responsabi-
lidad de las A.R.T. por las contingencias no contempladas en
los       listados        y    sus     consecuencias           para      los    empleadores”,
D.L.Errepar, nº 202, junio 02, pàg. 510; Eduardo Alvarez,
dictamen en “Rivero c/ Techo Tècnica”, del 19-5-99; Felipe
Obarrio, dictamen en “Rivero c/ Techo tècnica” del 5-10-01;

3
    C.C.Moròn , sala2, 26.830, del 30-3-93 “Silva Elvio c/ Sanatorio San Josè s/ daños y perjuicios”
                                                           49




T.T.5 San Isidro “Barrionuevo c/ Cimentaciones” del 26-4-
2.000; C.N.A.T., sala 9, “Barreto c/ Guillermo Decker”, del
27-3-2.002; C.N.Trab., Còrdoba, sala 10,“Arrieta c/ Barrado”,
del 30-4-99), que la ley 24.557 ha puesto en cabeza de las
aseguradoras la seguridad y vigilancia en los establecimien-
tos que ocupen personal en relaciòn de dependencia, con con-
trol de supervisiòn y fiscalización, y con facultades para
celebrar con los empleadores planes de mejoramiento de las
condiciones de higiene y seguridad, en los que se indicaràn
las medidas y cambios que deben implementarse en cada esta-
blecimiento a fin de adecuarlos a la normativa vigente (arts.
2 y 4 ley 24.557).
      83.- Tal como lo señalara el procurador fiscal ante la
Corte Suprema, Dr. Felipe Obarrio, en su dictamen en la causa
“Rivero Mònica E. Y otros c/ Techo Tècnica S.R.L.” del 5-10-
2.001 “la preceptiva sobre riesgos laborales introduce una
suerte de delegaciòn del control del acatamiento a las dispo-
siciones sobre higiene y seguridad en cabeza de las asegura-
doras, generando asì una ampliaciòn de los sujetos responsa-
bles, en modo tal que deja de ser el empleador el ùnico suje-
to de imputaciòn, aunque es claro con alcances e intensidades
diferenciadas, siendo aquella funciòn “cuasiestatal” la que,
en caso de omitirse o de cumplirse deficientemente puede ge-
nerar responsabilidad, màs allà de cual sea en concreto el
vìnculo o nexo de causalidad adecuado y necesario para efec-
tivizarlo”.
      84.- En base a lo expuesto, al anàlisis y valoraciòn
de los elementos fàcticos y jurìdicos efectuados en el vere-
dicto, estoy convencida de que “Omega Aseguradora de Riesgos
del Trabajo S.A.” (actualmente CNA Omega Aseguradora de Ries-
gos del Trabajo S.A.), en este caso particular, no desplegò
las medidas preventivas necesarias y adecuadas al caso de
autos, omitiendo de ese modo el cumplimiento de sus deberes
                                                                    50




de seguridad, vigilancia y control a los que las aseguradoras
estàn obligadas, por lo que, en este caso en particular, di-
cha inconducta bien puede ser encuadrada en los tèrminos del
art. 1.074 del C.C..
      85.- Debe tenerse presente que conforme al art. 4 inc.
4º L.R.T., la aseguradora de riesgos del trabajo controlarà
la ejecuciòn del plan de mejoramiento y està obligada a de-
nunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
       86.- Por otro lado no se advierte en la causa que la
A.R.T. haya brindado asesoramiento a la empresa, ni         ofrecido
asistencia técnica como lo prescribe el decreto 170/96 con
medidas tales como: determinación de la existencia de riesgos
y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores;
normativa vigente en materia de higiene y seguridad y selec-
ción de elementos de protección personal; cumplimentar tareas
permanentes de prevención de riesgos y control de las condi-
ciones medio ambientes de trabajo, a cuyo fin –entre otras
obligaciones- debió vigilar la marcha del plan de mejoramien-
to y verificar el mantenimiento de sus niveles de cumplimien-
to y brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de
prevención e higiene.
      87.- No se demostró que la A.R.T. hubiera cumplimenta-
do todo ello.
        88.- De lo anteriormente expuesto surge que, de lo
que se trata aquì, dada la particularidad de las tareas des-
arrolladas por la empresa demandada, es de las recomendacio-
nes, el control, el seguimiento y en su caso la denuncia co-
rrespondiente   al   ente   supervisor   sobre   la   condiciones   de
higiene y seguridad en el trabajo, obligaciones que la asegu-
radora no cumpliò en relaciòn a quien nos importa, esto es al
dependiente Sala, lo cual de comprobarse que sus incumpli-
mientos han tenido un nexo de causalidad adecuada con el ac-
                                                           51




cidente falta materia de análisis cabrìa hacer extensiva la
condena a dicha codemandada.
      89.- Y en lo que hace finalmente al análisis de la re-
laciòn de causalidad sabemos que en materia de responsabili-
dad por los hechos o actos jurìdicos nuestro sistema en el
Còdigo Civil sigue el criterio de la causalidad adecuada,
como un punto de vista apoyado en la razonabilidad, segùn las
normas generales de los arts. 901 a 906 C.C., esta relaciòn
de causalidad cumple una doble funciòn ya que por un lado
permite determinar con rigo cientìfico a quien debe atribuir-
se un resultado dañoso y por otro brinda los parámetros obje-
tivos indispensables para calibrar la extensión del resarci-
miento mediante un règimen predeterminado de imputaciòn de
consecuencias.
      90.- Para determinar la relaciòn de causalidad jurìdi-
ca la cuestión a resolver consiste en determinar si la ocu-
rrencia del daño era de esperar en el curso normal de los
acontecimientos, o si, por el contrario, queda fuera de ese
posible càlculo, es decir està dada por la previsibilidad de
las consecuencias, ergo hay conexión entre un acto y un re-
sultado cuando ese acto (o esa omisiòn en este caso), ha con-
tribuido y debìa ademàs normalmente producirlo conforme al
orden natural y ordinario de las cosas y a la inversa no hay
dicha conexiòn cuando la acciòn debe considerarse indiferente
segùn la experiencia de la vida para la producción del daño;
o bien cuando el acto aunque factor esencial del resultado
solamente lo ha producido por la intervención de circunstan-
cias extraordinarias e imprevisibles.
      91.- Es evidente que si ponemos a conducir un automo-
tor a una persona que no se halla en las condiciones fìsicas
y sicològicas adecuadas, lo màs probable es que ocurra un
accidente, tan es asì que la reglamentación de la Ley 24.557
previò especialmente ese supuesto, mandando tanto al emplea-
                                                                        52




dor, como a las aseguradoras de riesgos del trabajo –èsta en
su calidad de controladora y cogestora de la seguridad en la
empresa-, a realizar, previo al inicio de la relaciòn labo-
ral, un exàmen neurològico y sicològico de los postulantes
para tareas de conducción de automotores, es decir, que la
propia ley y sus reglamentaciones reconocen la calidad dañosa
que reviste un conductor de automotores con una conducta des-
quiciada.
        92.- Y precisamente la falta de control de esta con-
ducta en el dependiente Sala fue la que permitiò el posterior
acaecimiento del accidente que costò la vida a Dìaz, dado que
segùn el curso natural de los hechos y siendo el deber de la
A.R.T. el de actuar con mayor conocimiento de las cosas (art.
902 C.C.), si hubiera denunciado, en tanto órgano responsable
de controlar tales deberes, la falta de exàmen neurològico y
sicologico de Sala, el postulante no habrìa accedido al mane-
jo de automotores y el accidente se habrìa evitado.
        93.- Como se viò en estos autos, la aseguradora no in-
vocò ni probò haber efectuado recomendación, asesoramiento ni
denuncia alguna en tal sentido, es decir que segùn entiendo
se halla completamente probada la relaciòn de causalidad ade-
cuada   entre   el   daño   y   el   acto   omisivo   incurrido   por   la
A.R.T.( arts. 901, 902, 903, 904, cc. y ss. C.C.), y conforme
a ello y al análisis y valoración de los elementos fàcticos y
jurìdicos precedentemente reseñados, estimo de que las refe-
renciadas omisiones a los deberes de seguridad y vigilancia a
que la A.R.T. se halla obligada por disposición de la Ley de
Riesgos del Trabajo puede ser encuadradas en los tèrminos del
art. 1.074 del C.Civil, como aquellas susceptibles de causar
a un tercero un determinado perjuicio, por lo que la condena
se harà extensible a ella en todas sus partes y en forma so-
lidaria (arts. 512, 699, 700, 701, 901 a 906, 1.74, 1.081,
1.109 y cc. C.C.), resultando el empleador obligado directo
                                                           53




por el contrato de trabajo y “CNA Omega Aseguradora de Ries-
gos del Trabajo S.A.” por las obligaciones legales que le
impone la ley 24.557 y sus reglamentaciones, obligaciones que
nacen a partir de la suscripción del contrato de afiliación
que la vincula al primero.
      94.- LA INDEMNIZACION:
      Conforme lo he resuelto supra corresponderìa asignar a
los actores una suma indemnizatoria, comprensiva del daño
material (daño emergente y lucro cesante) y del daño moral de
$ 180.000.- (pesos Ciento ochenta mil), a valores vigentes a
la fecha de esta sentencia, sin embargo y habida cuenta de
las erogaciones que efectuò la aseguradora de riesgos del
trabajo como consecuencia del siniestro analizado en esta
causa, y cuyos montos y conceptos fueran determinados en el
veredicto cuarta cuestión, punto c), estimo que la soluciòn a
la que se arriba no resultarìa equitativa si se permitiera el
cobro simultàneo de dos indemnizaciones por el mismo hecho,
pues entiendo que redundarìa en un enriquecimiento sin causa
por parte de los actores.
      95.- En tal sentido se ha resuelto jurisprudencialmen-
te que “cuando el damnificado recibiò de su empleador la re-
paraciòn tasada por le ley 9.688 por la incapacidad laboral
surgente del accidente in itinere, si el juez civil no quiere
caer en una duplicación –aunque màs no fuere parcial-, de la
indemnezaciòn (esa suerte de inflación o “non bis in idem
resarcitorio”), es obvio que ha de contemplar aquella repara-
ciòn y en todo caso restarla de la que èl ha de fijar para la
vìctima en concepto de reparación integral y plena…”(C.C.0103
LP 214467 RSD-173-93 S 31-8-93 “Saenz L.F. c/ Aglio L.O. s/
Daños y Perjuicios”, y en igual sentido se agregò que “seràn
como siempre los hechos, los daños y perjuicios probados, los
que daràn la exacta medida de su reparaciòn, màs cuidando que
por un prurito categorizador –conceptualmente irreprochable-
                                                                      54




no se desemboque en una suerte de “inflación resarcitoria” o
si se quiere, de “non bis in idem indemnizatorio” al mandar
reparar en forma autònoma ciertos daños ya comprendidos o
incluidos en otra indemnización” (C.C. 0103 LP, 210152 RSD-
211-91 S 12-12-91, “Garcìa Victoria c/ Conconi s/ Daños y
perjuicios”).
      96.- Atento a ello, por razones de equidad y a efectos
de evitar la situación descripta, corresponde y asì lo pro-
pongo descontar de la indemnización oportunamente fijada a
favor de los derechohabientes de Dìaz, las sumas abonadas a
terceros   (proveedores   de    servicios    mèdicos   y   fùnebres   a
Dìaz), y a la sra. Colombo y tambièn la cifra consignada y
depositada en autos en calidad de indemnización por muerte
por la aseguradora de riesgos del trabajo conforme se probara
en el acto fàctico, cuarta cuestión, que ascendieron a $
72.913,07.-, la cual deducida de la indemnización acordada de
$ 180.000.-, arroja la suma de $ 107.086,93.- (pesos Ciento
siete mil ochenta y seis con noventa y tres centavos), que
serà distribuida en un porcentaje de 50% para la cónyuge ($
53.543,46.-);   18%   para     el   hijo   Ignacio   Matìas   Dìaz    ($
19.275,64.-); 16% para cada uno de los hijos Melina Soledad
Dìaz y Hernàn Ariel Dìaz ($ 17.133,90.- para cada uno de los
nombrados)(arts. 1.084, 1.085 cc. y ss. Còdigo Civil).
      97.- La suma de condena devengarà un interès anual del
6% desde la fecha del accidente (14 de mayo de 1.998), hasta
la sentencia y a partir de allì y hasta el efectivo pago se
aplicaràn intereses calculados conforme a la tasa que pague
el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depòsitos a
plazo fijo a treinta dìas vigente en los distintos perìodos
de aplicación (arts. 137, 149 y 276 de la L.C.T. modificada
por leyes 23.311 y 23.316; 7, 8, 9, 10 y 13 ley 23.928;
1,4,8, dec. 529/91, 509 y 622 Còdigo Civil).
      98.- LA PRESTACION DE PAGO PERIODICO:
                                                                    55




      Asimismo y atento a que a fs. 374 obran constancia de
depòsito de la suma de $ 29.075,72.-, consignada por la ase-
guradora de riesgos del trabajo, a fin de que se derive a la
compañìa de seguros de retiro que indique el Tribnal para su
pago en forma de renta periòdica por los derechohabientes del
trabajador y siendo que èstos han planteado en el escrito de
demanda la incostitucionalidad de dicha forma de pago, con-
templada en los arts. 15, 18 y 19 de la ley 24.557 correspon-
de abocarse a su análisis y tratamiento conforme los hechos
probados en autos.
      99.- Y en tal sentido se ha visto en el veredicto,
primera cuestión que la vìctima Miguel Angel Dìaz, percibìa
en vida, mientras trabajaba a las òrdenes de Ventura Barrera,
un salario que promediaba los $ 496.- mensuales, al mes de
mayo de 1.998, mientras que, segùn los ùnicos elementos que
surgen de autos y han sido consignados en el veredicto, una
vez liquidada la indemnización que por muerte le habrìa co-
rrespondido a sus derechohabientes, conforme los lineamientos
de la ley 24.557, de $ 29.075,72.- se pagaron a la viuda de
Dìaz, los anticipos de alrededor de $ 110,00.- cada uno <se
le abonaron tres anticipos>, por lo cual y sin otros elemen-
tos a considerar, estimo que, una vez depositada en la com-
pañìa de seguros de retiro la suma resarcitoria liquidada a
los derechohabientes de Dìaz, èste de $ 110,00.- serìa el
monto que los mismos cobrarìan mensualmente para vivir hasta
alcanzar la mayorìa de 18 años, (sin contar con que los hijos
Melina Soledad y Hernàn Ariel, quienes ya tenìan 19 y 18 años
cumplidos al momento de fallecer el padre no hubieran recibi-
do indemnización alguna de la A.R.T.).
      100.-   La   suma   que   los   derechohabientes   (conyuge   e
hijos menores de 18 años), contemplados en la ley 24.557 co-
brarìan mensualmente, hasta alcanzar los 18 años de edad,
resultarìa entonces cuatro veces inferior al salario que in-
                                                           56




gresaba al hogar en vida de don Dìaz, con lo cual se puede
apreciar que, sin otras “ventajas” a la vista, la forma de
pagar la paupèrrima indemnización liquidada por la muerte del
padre y esposo en el règimen de la ley 24.557, finalmente
pulverizarìa el escaso valor de la misma y reducirìa literal-
mente a la pobreza a los integrantes de la familia.
      101.- De esta manera los arts. 15, 18, 19 y cc. ley
24.557 cuestionados por inconstitucionales, en tanto pulveri-
zan la reparaciòn que corresponde a los derechohabientes, por
la modalidad que instrumentan para su pago, aparecen como una
reglamentaciòn irrazonable de los derechos que precisamente
deben tutelar por imperativo constitucional.
      102.- Porque, a la luz del caso de autos, la instru-
mentación de pago prevista en la ley de riesgos del trabajo,
al diluir por un lado toda nociòn de reparaciòn, y no guar-
dar, por el otro, relaciòn razonable con el salario percibido
en vida por el causante, ostensiblemente colisiona con la màs
amplia protecciòn y asistencia que cabe dar a la familia,
reconociendo a toda persona un nivel de vida adecuado (Pacto
Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales,
arts. 10 y 11), asì como tampoco respeta la protecciòn que el
niño requiere por parte de su familia en su condición de me-
nor (Pacto de San Josè de Costa Rica (no olvidemos que los
tres hijos de Dìaz eran menores de edad, segùn nuestro Còdigo
Civil, a la època de la muerte de su padre), y mucho menos
constituye la màxima medidaadoptable en pos de garantizar la
supervivencia y desarrollo del niño, ni las prestaciones tie-
nen en cuenta la situaciòn de los menores y de las personas
responsables de su mantenimiento (Convención sobre los Dere-
chos del Niño, art. 6.2 y 26).
      103.- Observo que la gravosa restricción impuesta a
los derechos de la parte actora deviene màs absurda aún si se
tiene en cuenta que no debe aguardar a que el sistema genere
                                                                    57




los fondos a percibir, sino que la suma prevista para la re-
paraciòn   fue   integramente   aportada   por   la   aseguradora   de
riesgos del trabajo, tal como surge a fs. 374, es decir que
no puede hablarse aqui de infranqueables lìmites a las posi-
bilidades económicas concretas del sistema puesto que el di-
nero està, solo que destinado a parcializarse y desvanecerse
en su finalidad reparatoria, sin tener en cuenta que la admi-
nistración del monto total, ya fuera por la madre, o por sus
hijos (ahora mayores de edad luego de transcurridos 8 años
desde el fallecimiento de su padre), permitirìa obtener fru-
tos màs rentables, manteniendo el capital y adecuàndolos a
sus necesidades, evitando asimismo verse imposibilitados de
administrar el dinero y disponer de èl en la forma màs conve-
niente y esquivando asimismo el riesgo de devaluaciòn o dete-
rioro monetario que nadie desconoce en nuestros dìas.
      104.- Por todo lo que se lleva dicho y en el entendi-
miento de que los arts. 15, apartado 2, 18 y 19 de la ley
24.557 legislan a contramano del sentido que debe asignarse a
los arts. 14 bis, 75 cin. 23 de la Constituciòn Nacional y el
compromiso asumido por el Estado en los Tratados antes men-
cionados, sin una vàlida justificaciòn de las rstricciones,
cabe declarar la inconstitucionalidad de los mismos para el
caso de autos y consecuentmente, visto el depòsito obrante a
fs. 374 condenar a "CNA Omega Aseguradora de Riesgos del Tra-
bajo S.A." a pagar a los actores, en las proporciones indica-
das en el punto 96 ùltimo párrafo, la suma depositada a la
orden de este Tribunal, a cuyo fin, oportunamente se determi-
naràn por Secretarìa las sumas correspondientes a cada uno de
los reclamantes y se libraràn por Presidencia los correspon-
dientes giros.
      105.- EXCEPCIONES DE FALTA DE ACCION Y DE FALTA DE
LEGITIMACION PASIVA:
      Atento a la forma en que se ha analizado y resuelto la
                                                                    58




presente demanda corresponde asimismo rechazar las excepcio-
nes de falta de acciòn y de falta de legitimaciòn pasiva
planteadas por la aseguradora de riesgos del trabajo, remi-
tièndome a todas las consideraciones vertidas en el presente
decisorio como fundamento de la desestimación que propongo
(arts. 31 ley 11.653 y legislación, doctrina y jurisprudencia
citadas en el presente resolutorio).
            106.- Respecto al planteo de inconstitucionali-
dad de la ley 24.432 este Tribunal ha resuelto en supuestos
anteriores al dictado de la causa “Zuccoli Marcela A. c/ Sum
S.A.” (S.C.B.A. L. 77.914 del 2-10-02) y en coincidencia con
la doctrina de la Suprema Corte Bonaerense (in re “Spagnolo
Miguel A. c/ Autolatina Argentina S.A.s/ ley 9.688” L. 60.313
del 18-11-97), que “el art. 8 de la ley 24.432 no desplaza al
règimen arancelario provincial en la materia, ni contempla
pautas regulatorias, sino que solamente limita la responsabi-
lidad de los obligados por el pago de las costas”.
            107.- De esta manera y bajo estas consideracio-
nes no se han atendido los agravios dirigidos a cuestionar la
constitucionalidad   de   la   ley   24.432,   fundamentados   en   la
existencia de un desplazamiento del sistema regulatorio o en
la adopción de pauta alguna a su respecto.
            108.- Ahora bien, a partir del citado fallo dic-
tado por nuestro Superior Tribunal, con mantenimiento del
criterio que apuntamos, y en el cual entre otras cosas se
declarò que “la ley 24.432 posee normas que resultan operati-
vas. Asì su art. 1º que incorporò un nuevo pàrrafo al art.
505 del còdigo Civil estableciendo un tope del veinticinco
por ciento del monto fijado en la sentencia, laudo, transac-
ciòn o instrumento que ponga fin al diferendo en concepto de
costas. En consecuencia el citado artìculo por el caràcter
que reviste en razòn de la sustancia de lo que regula –
responsabilidad en materia de costas por incumpllimiento de
                                                                                  59




la obligaciòn principal-, no requiere adhesiòn alguna resul-
tando entonces aplicable en la Provincia sin que ello impli-
que vulnerar en modo alguno la autonomìa local”, a lo cual se
agregò que “la ley 24.432 en cuanto modifica normas sustan-
ciales (art. 505 C.C. y 277 L.C.T.), tiene operatividad en
todo el paìs en virtud de que la Legislatura actuò en tal
oportunidad conforme a las facultades que emana del art. 75
inc. 12 de la Constituciòn Nacional”4, se ha resuelto acatar
las conclusiones del citado fallo, procediendo al efecto a
otorgar operatividad a lo establecido por la ley 24.432 (y en
su   consecuencia       sobre     el   contenido      del    art.    277    de    la
L.C.T.), distribuyendo los montos regulados en los tèrminos
por ella normados.
                 109.- En tal sentido se ha entendido en este
Tribunal, en criterio que comparto, que el acatamiento debido
a la doctrina legal de nuestra Corte Provincial en tanto no
nos impida dejar a salvo nuestras opiniones personales, no
constituye un ciego seguimiento de sus pronunciamientos, ni
menoscaba el deber que como Jueces detentamos. Lo contrario
(apartarse de los criterios del Alto Tribunal), derivaría en
irremediables casaciones (ante el respectivo recurso extraor-
dinario), que, en definitiva, redundaría en perjuicio de las
partes litigantes.
                 110.- Frente a estas consideraciones estimo que
corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la
ley 24.432, por las razones expuestas.
                 111.- Las costas por el progreso de la demanda
deberàn imponerse solidariamente a la parte demandada y a la
aseguradora de riesgos del trabajo, en su calidad de vencidas
(arts. 19 y 20 ley 11.653); correspondiendo regular los hono-
rarios de los letrados intervinientes una vez practicada por


4
  S.C.B.A., L. 77914 “Zuccoli c/ SUM S.A.” del 2-10-02; L. 75.196 “Santillàn c/
Celulosa” del 12-3-03.
                                                                     60




Secretarìa la liquidaciòn que prevé el art. 48 de la ley ri-
tual.
        ASI LO VOTO
        A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SENORA JUEZA DRA.
SILVIA ESTER BARTOLA DIJO:
              Atento a lo resuelto en el acuerdo precedente
CORRESPONDE: 1) Rechazar las excepciones de falta de acciòn y
falta de legitimación pasiva articuladas por “CNA Omega Ase-
guradora de Riesgos del Trabajo S.A.", por las consideracio-
nes expuestas al tratar la primera cuestiòn (art. 31 y 63 ley
11.653; arts. 345 inc. 3 y cc. C.P.C.C.); 2) Declarar la in-
constitucionalidad de los arts. 15 apartado 2, 18, 18, 39
apartado 1, 46 de la ley 24.557 por las consideraciones ver-
tidas al tratar la primera cuestión; 3) Desestimar el trata-
miento de la inconstitucionalidad de los arts. 6 apartado 2,
8 apartado 3, 21 y 22 de la ley 24.557 por resultar abstracto
su tratamiento en estos autos; 4) Rechazar el planteo de in-
constitucionalidad de la ley 24.432 por las consideraciones
vertidas al tratar la primera cuestiòn; 5) Hacer lugar a la
demanda entablada condenando solidariamente a “Ramón Nicolás
Ventura Barrera y "Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo
S.A." (actualmente CNA Omega Aseguradora de Riesgos del Tra-
bajo S.A.), a abonar a los actores de autos las suientes su-
mas: Marta Elena Colombo pesos Cincuenta y tres mil quinien-
tos     cuarenta   y   tres   con   cuarenta   y   seis   centavos   ($
53.543,46.-); Ignacio Martìn Dìaz pesos Diecinueve mil dos-
cientos setenta y cinco con sesenta y cuatro centavos ($
19.275,64.-); Melina Soledad Dìaz pesos Diecisiete mil ciento
treinta y tres con noventa centavos ($ 17.133,90.-); Hernàn
Ariel Dìaz pesos Diecisiete mil ciento treinta y tres con
noventa centavos ($ 17.133,90.-).
            Las sumas de condena devengaràn un interès anual
del 6% desde la fecha del accidente (14 de mayo de 1.998),
                                                              61




hasta la sentencia, y a partir de allì y hasta el efectivo
pago, se aplicaràn intereses calculados conforme a la tasa
que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus
depòsitos a plazo fijo a treinta dìas, vigente en los distin-
tos perìodos de aplicación (arts. 137, 149 y 276 de la L.C.T.
modificada por leyes 23.311 y 23.316; 7, 8, 9, 10 y 13 ley
23.928; 1,4,8, dec. 529/91, 509 y 622 Còdigo Civil); 6) Con-
denar     a   Omega   Aseguradora   de   Riesgos   del   Trabajo
S.A.(actualmente CNA Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo
S.A.), a abonar a los actores citados en el punto 3) en un
solo pago, las sumas depositadas a la orden de autos a fs.
374, a cuyo fin se determinaràn oportunamente por Secretarìa
las sumas correspondientes a cada uno de ellos conforme a los
porcentuales determinados en el punto 96, ùltima parte de la
primera cuestiòn y se libraràn los giros corespondientes; 7)
Imponer las costas solidariamente al demandado Ventura Barre-
ra y a Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (actual-
mente CNA Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.") en
su calidad de vencidas (arts. 19 y 20 ley 11.653), correspon-
diendo regular los honorarios de los letrados intervinientes
una vez practicada por Secretarìa la liquidaciòn que prevé el
art. 48 de la ley ritual.
        ASI LO VOTO
        A la misma cuestión planteada los Sres. Jueces Dres.
Ana Rosa Binda y Oscar Adolfo Pozzolo adhieren por sus funda-
mentos.
        Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los señores
        Jueces por ante mi que doy fe.




                       Silvia Ester Bàrtola
                          Presidente
                                                  62




Oscar Adolfo Pozzolo             Ana Rosa Binda
     Juez                            Juez


                       Blanca Ester Rivolta
                          Secretaria
                                                             63




         S E N T E N C I A
     Quilmas, 10 de febrero de 2.006.-
              AUTOS Y VISTO: CONSIDERANDO: Lo resuelto en el
Acuerdo que antecede y los fundamentos que lo sustentan, el
Tribunal: RESUELVE: 1) Rechazar las excepciones de falta de
acciòn y falta de legitimación pasiva articuladas por “Omega
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", (actualmente “CNA
Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A."), por las con-
sideraciones expuestas al tratar la primera cuestiòn (art. 31
y 63 ley 11.653; arts. 345 inc. 3 y cc. C.P.C.C.);
          2) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 15
apartado 2; 18; 39 apartado 1; 46 de la ley 24.557 por las
consideraciones vertidas al tratar la primera cuestión;
          3) Desestimar el tratamiento de la inconstitucionali-
dad de los arts. 6 apartado 2; 8 apartado 3; 21 y 22 de la
ley 24.557, por resultar abstracto su tratamiento en estos
autos;
         4) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la
ley 24.432 por las consideraciones vertidas al tratar la pri-
mera cuestiòn;
          5) Hacer lugar a la demanda entablada condenando so-
lidariamente a “Ramón Nicolás Ventura Barrera y "Omega Asegu-
radora de Riesgos del Trabajo S.A." (actualmente CNA Omega
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.), a abonar a los ac-
tores de autos las siguientes sumas: Marta Elena Colombo pe-
sos Cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres con cua-
renta y seis centavos ($ 53.543,46.-); Ignacio Martìn Dìaz
pesos Diecinueve mil doscientos setenta y cinco con sesenta y
cuatro centavos ($ 19.275,64.-); Melina Soledad Dìaz pesos
Diecisiete mil ciento treinta y tres con noventa centavos ($
17.133,90.-); Hernàn Ariel Dìaz pesos Diecisiete mil ciento
treinta y tres con noventa centavos ($ 17.133,90.-).
                                                             64




       Las sumas de condena devengaràn un interès anual del
6% desde la fecha del accidente (14 de mayo de 1.998), hasta
la sentencia, y a partir de allì y hasta el efectivo pago, se
aplicaràn intereses calculados conforme a la tasa que pague
el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depòsitos a
plazo fijo a treinta dìas, vigente en los distintos perìodos
de aplicación (arts. 137, 149 y 276 de la L.C.T. modificada
por leyes 23.311 y 23.316; 7, 8, 9, 10 y 13 ley 23.928;
1,4,8, dec. 529/91, 509 y 622 Còdigo Civil);
       6) Condenar a Omega Aseguradora de Riesgos del Traba-
jo S.A.(actualmente CNA Omega Aseguradora de Riesgos del Tra-
bajo S.A.), a abonar a los actores citados en el punto 3), en
un solo pago, las sumas depositadas a la orden de autos a fs.
374, a cuyo fin se determinaràn oportunamente por Secretarìa
las sumas correspondientes a cada uno de ellos conforme a los
porcentuales determinados en el punto 96, ùltima parte de la
primera cuestiòn, y se libraràn los giros corespondientes;
      7) Imponer las costas solidariamente al demandado Ven-
tura Barrera y a Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo
S.A. (actualmente CNA Omega Aseguradora de Riesgos del Traba-
jo S.A.") en su calidad de vencidas (arts. 19 y 20 ley
11.653), correspondiendo regular los honorarios de los letra-
dos intervinientes una vez practicada por Secretarìa la li-
quidaciòn que prevé el art. 48 de la ley ritual.
     Regístrese. Notifíquese y oportunamente archívese.

                 Silvia Ester Bàrtola
                        Presidente

     Oscar Adolfo Pozzolo          Ana Rosa Binda
         Juez                       Juez

				
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