Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, Núm. 3, de

							Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, Núm. 3, de Barcelona, de fecha 27 febrero
2006, que trata detenidamente del leasing y renting: ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. El día 30 de diciembre de 2005 fue turnada en este Juzgado demanda de
juicio incidental instada por el Procurador de los Tribunales Sr…, en nombre y
representación de la entidad mercantil Bansalease, SA EFC; en su escrito inicial, tras
alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que
respecto del informe emitido por la administración concursal se tuviera por debidamente
comunicado y aportado en fecha 19 de octubre de 2005 los documentos referentes a los
créditos de los cuatro contratos de leasing suscritos por la impugnante con la
concursada, que han sido omitidos de la relación del pasivo concursal reseñados del
modo siguiente:
-Contrato de arrendamiento financiero núm. 393.004 D, de 30 de diciembre de 2002,
con sus anexos de 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil Santander Central
Hispano Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y RED Élite de
Electrodomésticos, SA - instalación establecimiento comercial de la calle Murcia núm.
56 de Sant Boi de Llobregat -Hay 16 cuotas pendientes de pago posteriores al concurso
por 9.456,37 euros cada una de ellas y vencimientos entre el 30 de agosto de 2005 y el
30 de noviembre de 2006 (151.301,92 euros), y un valor residual de vencimiento el 30
de diciembre de 2006 por 8.416,89 euros.
-Contrato de arrendamiento financiero núm. 393.009I, de 30 de diciembre de 2002, con
sus anexos de 13 de octubre de 2003 y 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil
Santander Central Hispano Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y Red Élite
de Electrodomésticos, SA -Rótulos e instalación de aire acondicionado y bienes
muebles, Élite Baricentro- Hay 16 cuotas pendientes de pago posteriores al concurso
por 1.347,36 euros cada una de ellas y vencimientos entre el 30 de agosto de 2005 y el
30 de noviembre de 2006 (21.557,76 euros), y un valor residual de vencimiento el 30 de
diciembre de 2006 por 1.859,46 euros.
-Contrato de arrendamiento financiero núm. 393.0013 E, de 30 de diciembre de 2002,
con sus anexos de 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil Santander Central
Hispano Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y Red Élite de
Electrodomésticos, SA -Mobiliario y alarma- Hay 16 cuotas pendientes de pago
posteriores al concurso por 318,06 euros cada una de ellas y vencimientos entre el 30 de
agosto de 2005 y el 30 de noviembre de 2006 (5.088,96 euros), y un valor residual de
vencimiento el 30 de diciembre de 2006 por 1.120,18 euros.
-Contrato de arrendamiento financiero núm. 504.971 B, de 30 de diciembre de 2002,
con sus anexos de 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil Santander Central
Hispano Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y Red Élite de
Electrodomésticos, SA -Sistema de comunicaciones, instalación eléctrica y rótulos de
establecimiento comercial, carretera de Alicante polígono La Chimenea-. Hay 34 cuotas
pendientes de pago posteriores al concurso por 1.510,74 euros cada una de ellas y
vencimientos entre el 4 de agosto de 2005 y el 4 de julio de 2008 (51.365,10 euros), y
un valor residual de vencimiento el 4 de junio de 2008 por 507,30 euros.
Como consecuencia de la inclusión de dichos créditos que se reconozca el importe de
los mismos como integrante del pasivo del concurso y se modifique en los importes
referidos. Igualmente solicita que respecto de los 10 contratos de renting firmados por la
impugnante con la concursada se les considere créditos contra la masa. De igual modo
se solicita la calificación como créditos contra la masa de las cuotas pendientes de los 4
arrendamientos reseñados. De modo subsidiario, caso de desestimarse las anteriores
pretensiones respecto de la calificación como créditos contra la masa, que se consideren
créditos con privilegio especial. Todo ello sin perjuicio de que se proceda a la entrega
de los bienes afectos a los contratos aportados.
SEGUNDO. La demanda incidental fue admitida a trámite por Providencia de 18 de
enero de 2006 y la concursada y la administración concursal emplazadas.
TERCERO. Por escrito de 7 de febrero de 2006 la Procuradora de los Tribunales Sra…
contestó en nombre y representación de la concursada, la administración Concursal lo
hizo por escrito de 8 de febrero.
CUARTO. Al tratarse de una cuestión esencialmente jurídica el día 10 de febrero de
2006 pasaron los autos al Juez para dictar sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO. Pretensión de Bansalease, SA EFC. La
representación en autos de la entidad mercantil Bansalease, SA EFC solicitaba que
respecto del informe emitido por la administración concursal se tuviera por debidamente
comunicado y aportado en fecha 19 de octubre de 2005 los documentos referentes a los
créditos de los cuatro contratos de leasing suscritos por la impugnante con la
concursada, que han sido omitidos de la relación del pasivo concursal reseñados del
modo siguiente:…
Como consecuencia de la inclusión de dichos créditos, que se reconociera el importe de
los mismos como integrante del pasivo del concurso y se modifique en los importes
referidos. Igualmente solicitaba que respecto de los 10 contratos de renting firmados por
la impugnante con la concursada se les considere créditos contra la masa. De igual
modo se solicitaba la calificación como créditos contra la masa de las cuotas pendientes
de los 4 arrendamientos reseñados. De modo subsidiario, caso de desestimarse las
anteriores pretensiones respecto de la calificación como créditos contra la masa, que se
consideren créditos con privilegio especial. Todo ello sin perjuicio de que se proceda a
la entrega de los bienes afectos a los contratos aportados.
SEGUNDO. Planteamiento de la concursada. En su escrito de 7 de febrero la
concursada también se opone a lo pretendido por Bansalease. Considera la concursada
que Red Élite no debía cuotas vencidas e impagadas por conceptos de renting con
anterioridad a la declaración de concurso. Con posterioridad a la declaración concursada
se produjo una situación de impago que fue regularizada, aportando los justificantes de
pago de las cuotas del renting. Respecto de los créditos derivados de los contratos de
leasing las cuotas adeudadas anteriores a la declaración de concurso deben considerarse
créditos con privilegio especial al amparo del artículo 90.4 de la Ley Concursal, las
vencidas con posterioridad deben considerarse créditos contra la masa. Anexa una
relación de cuotas adeudadas con anterioridad a la declaración de concurso:
-Arrendamiento financiero núm. 393.004D.-Cuota núm. 16, vencimiento el 30 de julio
de 2005.-Importe 9465,98 euros.
-Arrendamiento financiero núm. 393.oo9l.-Cuota núm. 32, vencimiento el 30 de julio de
2005.-Importe 1-348*79 euros.
-Arrendamiento financiero 393.013 E.-Cuota núm. 32.-Importe 318,45 euros.
-Arrendamiento financiero núm. 504.971B.-Cuota núm. 15, vencimiento el 4 de agosto
de 2005.-Importe 1.510,74 euros.
Rechaza, en cualquier caso, que se consideren créditos contra la masa la totalidad de las
cuotas vencidas e impagadas antes de la declaración de concurso y que tengan la misma
consideración las pendientes de vencer. También se oponen a la petición subsidiaria de
que se considere que las cuotas vencidas y pendientes de vencer como crédito con
privilegio especial.
TERCERO. Planteamiento de la administración concursal. La administración concursal
en su escrito de 8 de febrero de 2006 advierte que en su informe se ha producido un
error en cuanto a los 10 contratos de renting dado que la mercantil Bansalease había
comunicado el importe de los contratos pendiente de vencer y en el informe se incluyó
como importe vencido y no satisfecho cuando los rentings estaban al día, siendo crédito
contra la masa los créditos derivados de las cuotas posteriores a la declaración del
concurso. También se advierte la existencia de un error en cuanto a las cuotas de los
leasings. Considera la administración concursal que la totalidad de las cuotas -tanto
anteriores como posteriores- deben tener la consideración de crédito con privilegio
especial, de conformidad con el artículo 90.1.4 de la Ley Concursal pues se entiende
que son operaciones financieras destinadas a adquirir un bien y que el devengo de la
totalidad de los créditos se produce en el momento de la firma del contrato. Respecto de
los rentings considera la administración concursal que no puede considerarse crédito
privilegiado, no siendo posible asimilarlo ni al leasing ni al arrendamiento financiero. El
renting es una modalidad de arrendamiento y debe tener la consideración de crédito
ordinario. Respecto de la posibilidad de calificar como crédito contra la masa todas las
restantes cuotas pendientes de vencimiento a fecha del concurso la administración
concursal se opone también ya que considera que sólo podrán tener tal consideración las
deudas derivadas de las cuotas vencidas tras la declaración del concurso y por el
importe de dichas cuotas.
CUARTO. Objeto de la impugnación de la lista de acreedores. Conforme al artículo
96.3 de la Ley Concursal el objeto de la acción de impugnación de la lista de acreedores
es el de solicitar la inclusión o exclusión de créditos así como la determinación de la
cuantía y clasificación de los reconocidos. Conforme a la doctrina más autorizada la
impugnación constituye «un mecanismo por el cual los interesados hacen valer sus
derechos frente a la actividad de formación de la masa activa y de la masa pasiva
desarrollada por la administración concursal. De este modo, la actividad de la
administración concursal queda sujeta a la revisión judicial siempre que los interesados
consideren que no se han respetado los derechos que les corresponden» (José Mª
Garrido en la obra colectiva Comentario de la Ley Concursal, coordinada por los
profesores Rojo y Bertrán para la editorial Thomson-Cívitas).
El plazo para la impugnación es muy reducido -10 días desde la última de las
publicaciones- y el sistema de recursos al que queda sometido el incidente es también
limitado, dado que no cabe apelación directa sino que hay que aguardar a la fase de
convenio o liquidación para poder materializar la apelación anunciada en la fase común.
El trámite de impugnación se convierte en uno de los momentos de mayor trascendencia
en el proceso concursal:
Porque, tal y como advierte la doctrina, es el momento en el que el Juez puede fiscalizar
a instancia de los interesados la actuación dé los administradores en la «decantación» de
las masas.
Porque el informe de la administración concursal supone la culminación de la fase
común y, por regla general supone un lapso procesal necesario para conocer cual es el
verdadero destino del concurso y para conciliar si los datos facilitados por el concursado
respecto de su activo y pasivo se corresponden con la situación real de dichas masas.
Porque ese trámite de impugnación es uno de los «cuellos de botella» del procedimiento
que normalmente compromete el normal desarrollo del procedimiento ya que la
tramitación de las impugnaciones demora la apertura de las fases de liquidación o
convenio. Por estas razones deben extremarse las precauciones al objeto de evitar que
en la impugnación puedan ventilarse cuestiones ajenas a la misma.
Todas estas consideraciones tienen sentido para analizar si el objeto de lo pretendido
por Bansalease en su impugnación se puede enmarcar dentro de la acción regulada en el
artículo 96 y concordantes de la Ley Concursal, planteando en todo caso una
interpretación restrictiva del alcance de la acción de impugnación de la lista de
acreedores y el inventario:
1) La solicitud de que se proceda a «la entrega de los bienes afectos», recogida en la
parte final del suplico de la demanda de impugnación, no hace sino introducir en trámite
de impugnación de créditos la actuación prevista en el artículo 80 de la Ley Concursal,
pretensión que debe ser rechazada puesto que el artículo 80 de la Ley Concursal
establece que la decisión sobre la entrega corresponde a la administración concursal y la
fiscalización de esa devolución al juez por medio de la correspondiente demanda de
incidente concursal. No puede admitirse que la impugnante busque un pronunciamiento
judicial favorable a la devolución o entrega fuera del cauce del artículo 8 de la Ley
Concursal.
La lista de créditos contra la masa no forma parte del informe de la administración
concursal, los acreedores contra la masa no son acreedores del concurso y, por lo tanto,
quedan fuera de la lista regulada en el artículo 94 de la Ley. Cuestión distinta es que el
legislador considere conveniente, a efectos operativos, que se incluya una relación
separada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, relación en la
que se detallan y cuantifican dichos créditos. La Ley concursal establece en el artículo
154.2 de la Ley concursal que la calificación y pago de los créditos contra la masa se
ventilará por el trámite del incidente concursal, incidente que no es el previsto en el
artículo 96 de la Ley, sino el genérico regulado en el artículo 192 de la Ley concursal.
Las posibilidades de acumulación de incidentes en cuanto a la impugnación del informe
de la administración concursal prevista en el artículo 96.2 debe defenderse respecto de
la lista de acreedores, mayores problemas podría tener acumular en el incidente de
impugnación pretensiones de distinta naturaleza que afectan a derechos y actuaciones
distintas de las de la fiscalización de la lista y el inventario. Bansalease en su escrito de
30 de diciembre incluye acciones de distinta naturaleza y, concretamente, solicita
pronunciamientos que afectan a la calificación de los créditos concúrsales -incluidos y
excluidos- pero también a la conformación de los créditos contra la masa.
Conforme al artículo 61.2 de la Ley concursal la declaración de concurso no afectará
por sí sola a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. De igual modo el
artículo 62.1 respecto de esos mismos contratos advierte que la declaración de concurso
no afectará a la facultad de resolución de los contratos por incumplimiento posterior de
cualquiera de las partes. El juego de los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal
determinan que la solicitud de concurso y la declaración del mismo no suponga la
resolución de los contratos que el concursado pueda tener con terceros -siendo nula la
cláusula que de modo automático así lo establezca- y que hayan de abrirse cauces
procesales específicos -comparecencias e incidentes- para decidir sobre el
mantenimiento y/o resolución de los contratos en vigor bien porque haya
incumplimientos por las partes, bien porque el contrato no resulte de interés para el
concursado. Fruto de estas comparecencias e intereses la Ley concursal establece una
serie de normas sobre la consideración de los créditos pendientes como créditos contra
la masa o créditos concúrsales. En este caso la mercantil Bansalease pretende obtener
pronunciamientos que afectan a los créditos derivados de los contratos de leasing o de
renting previstos en los artículos 61 y 62 pero eludiendo el trámite derivado de dichos
artículos, es decir, se pretende la inclusión en la lista de acreedores o en el anexo de
créditos contra la masa de unos créditos derivados de cuotas vencidas o pendientes sin
la previa resolución de los contratos o la previa declaración de continuación de los
mismos. A falta de un pronunciamiento expreso sobre la resolución de los 14 contratos
de referencia -10 de renting y 4 de leasing debe considerarse que los mismos siguen en
vigor.
QUINTO. Contratos que unen a Bansalease con la concursada. Partiendo de lo
establecido en el fundamento anterior deben examinarse qué contratos unen a la
mercantil Bansalease con Red Élite. En el escrito de impugnación se indican 14
contratos: 10 rentings y 4 leasings. La administración concursal reconoce que en su
informe se han producido errores derivados, por una parte del gran volumen de créditos
insinuados en el breve plazo de un mes -la concursada disponía y dispone de un gran
número de locales abiertos al público regidos por contratos de diversa índole- y por el
modo de insinuarse dichos créditos -el sistema informal previsto por la Ley concursal
hace que no siempre quede precisada la realidad de la deuda.
La impugnante al insinuar los créditos lo hace de modo que podría parecer que hubieran
vencido los contratos pendientes pero lo cierto, como se indica en el fundamento
anterior, es que ni Bansalease ni la concursada activaron ninguno de los sistemas
resolutorios previstos en los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal. La administración
concursal respecto de los rentings indica que no hay deuda anterior a la declaración de
concurso y la posterior se ha ido satisfaciendo -en función de la continuidad de la
actividad empresarial y de la situación de tesorería-, por lo tanto conforme al artículo
154.1 de la Ley Concursal no puede considerarse existente crédito alguno contra la
masa puesto que los vencidos se han satisfecho y, los pendientes de vencimiento, no han
de computarse como tales créditos contra la masa hasta que no se produzca el
vencimiento de cualquiera de las cuotas. En todo caso la impugnante tendrá la
posibilidad de fiscalizar el normal cumplimiento del renting conforme se vayan
produciendo los vencimientos al amparo del artículo 84 y 154 de la Ley concursal.
Respecto de los 4 contratos de leasing reseñados en el escrito de impugnación la
administración concursal también advierte que se produjo un error puesto que aunque
no se incluyeron en la relación o lista de acreedores, sí que aparece en la explicación del
extenso informe el sometimiento a lo establecido en el artículo 90.1.4 de la Ley
Concursal, es decir, se considera que las cuotas pendientes de pago anteriores a la
declaración de concurso son créditos con privilegio especial respecto de los bienes
arrendados. Los vencimientos posteriores a la declaración de concurso han sido ya
tratados como créditos contra la masa y se han satisfecho en función del doble
parámetro ya indicado, es decir, tratarse de contratos en vigor necesarios para la
continuidad de la actividad empresarial y poder ser satisfechos con la tesorería
existente, sin necesidad de articular ejecuciones antes de concluirla fase común.
SEXTO. Sobre la naturaleza jurídica de los contratos de referencia. Lo avanzado hasta
este punto permitiría resolver la práctica totalidad de las cuestiones planteadas por las
partes, una vez advertido y subsanado el error que la administración concursal observó
al elaborar el informe:
-En los rentings, no hay deuda concursal y los plazos posteriores al concurso se
consideran crédito contra la masa respecto de los vencimientos sucesivos,
-En los leasings, las cuotas debidas con anterioridad a la declaración de concurso son
deuda concursal, considerada como crédito con privilegio especial sobre los bienes
arrendados, y las cuotas vencidas con posterioridad se considerarán deuda contra la
masa a medida que vayan venciendo.
-Cualquier otro pronunciamiento sobre el estado de dichos créditos quedará vinculado al
ejercicio de los mecanismos de resolución o mantenimiento de los contratos previsto en
los artículos 61 y 62 de la propia Ley concursal.
Sin embargo, tanto la Administración concursal como la concursada introducen en el
debate jurídico la necesidad de que se aclare o precise la naturaleza de los referidos
contratos y su incardinación en la normativa concursal.
Contrato de renting. Pese a lo qué propugna la parte impugnante no puede asimilarse, en
el ámbito concursal, al contrato de leasing o arrendamiento financiero, por lo tanto no se
le debe reconocer privilegio especial alguno al amparo del artículo 90.1.4 de la Ley
Concursal. El actual estado de la cuestión en el ámbito de las audiencias provinciales es
el de considerar que el renting no es sino una modalidad de arrendamiento:
-Sentencia de la Audiencia provincial de Orense de 18 de diciembre de 2002: «El
contrato de renting o arrendamiento empresarial carece de regulación en nuestro
ordenamiento jurídico, si bien resulta indudable su enorme similitud con el
arrendamiento de cosas. A diferencia de lo que sucede en el leasing, la entidad
arrendadora no realiza función mediadora y financiera, sino que cede temporalmente los
equipos, mediante unas cuotas que retribuyen exclusivamente el uso, sin anticipar el
precio, pues la finalidad es arrendaticia y no un medio de adquisición de los bienes. En
caso de incumplimiento por el usuario de su obligación de pago de las rentas, el
empresario arrendador puede exigir la resolución del contrato con la indemnización de
daños y perjuicios, como prevé el propio artículo 1556 del Código Civil».
-Sentencia de la Audiencia provincial de Asturias de 29 dé abril de 2004: «como señala
autorizada doctrina -Pérez López-, es un contrato mercantil que integra las
características esenciales del arrendamiento de cosas y de la prestación de servicios, por
cuanto se asegura el mantenimiento del bien cedido, siendo definido como aquel
contrato por el que una de las partes se obliga a ceder a la otra el uso de un bien, por
tiempo determinado, a cambio del pago de un precio, siendo de cuenta del arrendador el
mantenimiento». La misma Audiencia en Sentencia de 13 de septiembre de 2004 define
el contrato «es un típico contrato de "renting", también denominado "arrendamiento
empresarial". Contrato de naturaleza netamente mercantil que puede ser definido como
aquél por el que una de las partes, el empresario del renting o arrendador, se obliga a
ceder a otra, el uso de un bien (en este caso una flota de vehículos) por tiempo
determinado a cambio de un precio, siendo de cuenta del arrendador el mantenimiento».
-La Audiencia provincial de A Coruña -Sentencia de 30 de junio de 2004- también
acude a las normas del arrendamiento para disciplinar estos contratos.
-Audiencia provincial de Ávila -Sentencia de 19 de mayo de 2004-: «nos encontramos
ante un contrato de renting, modalidad de arrendamiento a medio y largo plazo de
bienes muebles. En su virtud, la arrendataria se compromete al abono de una renta fija
mensual, durante un plazo determinado, a…, y la mercantil, por su parte, se
compromete a prestar una serie de servicios: Facilitar el uso de los bienes durante el
plazo contractual, mantener los equipos en buen estado, y la cobertura de un seguro a
todo riesgo. Desde el punto de vista de la arrendataria, este tipo de arrendamiento
presenta una clara ventaja: Disfruta de los bienes arrendados sin realizar ningún
desembolso inicial, liberando así recursos financieros y disfrutando de tecnología más
moderna. La depreciación por uso del bien se amortiza a través del pago mensual de la
renta, y el propio contrato establece penalizaciones respecto de la resolución
anticipada».
La Ley concursal es clara -artículo 89.2- al advertir que no se admitirá en el concurso
ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la propia Ley concursal, por
lo tanto aunque en el tráfico económico el renting pueda ser considerado una modalidad
de leasing -leasing operativo en la denominación incorporada a la STS de 19 de enero
de 2000 (RJ 2000,139)-, en el ámbito concursal no es posible aplicar de modo analógico
las normas relativas al reconocimiento de privilegios. Por lo tanto, las rentas debidas de
un contrato de renting con anterioridad a la declaración del concurso tendrán la
consideración de crédito ordinario y las posteriores, caso de no resolverse el contrato, de
crédito contra la masa si los bienes arrendados son necesarios para la continuidad de la
actividad empresarial.
SÉPTIMO. Costas. Apreciado y aceptado el error en cuanto a la determinación del
impago de las cuotas anteriores a la declaración del concurso de los contratos de leasing
y rechazadas el resto de pretensiones de la parte impugnante, la estimación de la
demanda es parcial y, por lo tanto, cada parte asumirá sus costas y las comunes por
mitad -artículo 394 de la LECiv -.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO:
Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación en autos de la
mercantil Bansalease, SA EFC se ordena a la administración concursal incluir en la lista
definitiva de acreedores los créditos siguientes:
Contrato de arrendamiento financiero núm. 393.0040, de 30 de diciembre de 2002, con
sus anexos de 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil Santander Central Hispano
Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y Red Élite de Electrodomésticos, SA -
instalación establecimiento comercial de la calle Murcia núm. 56 de Sant Boi de
Llobregat-. Hay una cuota impagada por 9.456,37 euros, que es crédito con privilegio
especial del artículo 90.1.4o de la Ley.
Contrato de arrendamiento financiero núm. 393.009I, de 30 de diciembre de 2002, con
sus anexos de 13 de octubre de 2003 y 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil
Santander Central Hispano Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y Red Élite
de Electrodomésticos, SA -Rótulos e instalación de aire acondicionado y bienes
muebles, Élite Baricentro-. Hay una cuota pendiente de pago anterior al concurso por
1.347,36 euros, es crédito con privilegio especial del artículo 90.1.4o de la Ley
Concursal.
Contrato de arrendamiento financiero núm. 393.0013 €, de 30 de diciembre de 2002,
con sus anexos de 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil Santander Central
Hispano Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y Red Élite de
Electrodomésticos, SA -Mobiliario y alarma-. Hay una cuota pendiente de pago anterior
a la declaración de concurso por 318,06 euros, que es crédito con privilegio especial del
artículo 90.1.4o de la Ley Concursal.
Contrato de arrendamiento financiero núm. 504.971B, de 30 de diciembre de 2002, con
sus anexos de 4 de junio de 2004, firmado por la mercantil Santander Central Hispano
Léase EFC (Actualmente Bansalease, SA EFC) y Red Élite de Electrodomésticos, SA -
Sistema de comunicaciones, instalación eléctrica y rótulos de establecimiento
comercial, carretera de Alicante polígono La Chimenea-. Hay una cuota pendiente de
pago anterior a la declaración de concurso por 1.510,74 euros que es crédito especial del
artículo 90.1.4º de la Ley Concursal.
No hay créditos contra la masa pendientes respecto de los contratos firmados con la
impugnante.
No deben considerarse vencidos ni incluidos como créditos contra la masa los créditos
derivados de los contratos de referencia con anterioridad a que venzan las cuotas.
No debe reconocerse al impugnante en este incidente la posibilidad de dar por resueltos
los contratos de referencia, sin el previo trámite previsto en los artículos 61 y 62 de la
Ley Concursal.
No debe reconocer al impugnante derecho de separación o recuperación del bien, al
margen del procedimiento previsto por el artículo 80 de la Ley Concursal.
No hay condena en costas. Cada parte hará frente a las suyas y las comunes por mitad.
Contra esta sentencia no podrá interponerse recurso de apelación durante la fase común
sin perjuicio de que se anuncie el mismo para su formalización en la fase de convenio o
liquidación al impugnarse las resoluciones frente a las que la Ley concursal
expresamente reconoce la posibilidad de apelación. Líbrese testimonio de la presente
resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de
Sentencias de este Juzgado. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. D.
José Mª Fernández Seijo».