Consejo de Estudiantes Escuela Graduada de Planificación - UPR PO BOX 23354 San Juan, PR 00931-3354
A:
Hon. Norma Burgos Presidenta, Comisión de Desarrollo Económico y Planificación Senado de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada de Planificación (CEEGP) Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 5 de junio de 2009
De: Fecha:
Asunto: Postura Oficial del CEEGP sobre el Proyecto del Senado Núm. 880 Es nuestro deseo presentar ante esta Comisión, como representantes del estudiantado de la Escuela Graduada de Planificación y futuros profesionales en dicho campo, nuestra postura oficial como Consejo de Estudiantes de dicha escuela, sobre la propuesta “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos” (P. del S. 880). Consideramos que es nuestro deber asumir una postura de asesores ante esta Comisión ya que la planificación es una ciencia que funciona como instrumento de decisión colectiva social. Esta basa su existencia en el conocimiento científico, que es empírico y lógico, y en el cálculo económico que busca dar un uso óptimo a los recursos limitados existentes. Es necesario destacar que estas dos características son las que rigen el desarrollo ordenado del suelo, basado en la racionalidad y en defensa del interés general. Primeramente, reconocemos que la estructura actual para el otorgamiento de permisos que impera nuestro desarrollo tiene sus limitaciones y reconocemos también que hace falta una reestructuración de la misma. Esta reestructuración debe descansar sobre un amplio proceso de discusión pública que amplíe el conocimiento de la realidad para luego intervenir en ella. Es este proceso el que nos lleva a alcanzar el bien común que busca nuestro gobierno y nos da el poder para actuar conforme a ello. Con el fin de mejorar la estructura, y el proceso, de permisos actual, objetivo que compartimos con ustedes, ofrecemos un breve recuento de los problemas que ha sufrido dicha estructura desde que se enmendó en el 1975 la “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”. Bajo esta ley se le encomendó a la Junta de Planificación (JP) desarrollar y adoptar la política pública de planificación, uso de terrenos, desarrollo económico y social; además de un Plan de Desarrollo Integral para Puerto Rico (PDI) y un Plan de Usos de Terreno (PUT), entre otras cosas. Son estos dos últimos planes los instrumentos que dan norte a nuestro desarrollo y que representan la visión de futuro que queremos. Como ustedes muy bien conocen, ante la ausencia de estos planes, el desarrollo de Puerto Rico en estos últimos 34 años se ha hecho, lamentablemente, de una manera desorganizada, resultando en los
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problemas que muchas comunidades enfrentan hoy en día. Problemas como ausencia o ineficiencia de la infraestructura existente de alcantarillados, agua potable, eléctrica, de carreteras, etc.; construcción en zonas inundables, vulnerables a deslizamientos, sobre sumideros y sobre suelos de alta capacidad agrícola; desplazamiento de comunidades y gentrificación, entre otros. Estos problemas resultan en una baja en la calidad de vida de los puertorriqueños y acentúan la urgencia que existe de reestructurar el sistema de trámite de permisos. Agradecemos a esta Legislatura su iniciativa en adelantar este proceso, pero luego de analizar detenidamente el proyecto propuesto, P. del S. 880, llegamos a la conclusión de que el mismo no responde a un diagnóstico certero de la situación actual por lo que inevitablemente no ayudará a resolver el problema. Deseamos recalcar que este proyecto comete el error de confundir la manifestación de un problema con su causa. La lentitud en el otorgamiento de permisos y el taponamiento de los proyectos no son la razón de la crisis económica que atravesamos. El problema es que los permisos que se otorgan carecen de los instrumentos que reducen la complejidad del proceso, entiéndase el PDI y el PUT. Esto hace que las decisiones se tomen de una manera fragmentada sin responder a una visión de desarrollo coherente, establecida por el gobierno, y aumenta los costos del desarrollo ya que al largo plazo se debe indemnizar a las comunidades afectadas. Uno de nuestros deberes como planificadores es asegurarnos de que todo proyecto que se proponga con la intensión de mejorar el sistema de permisos responda a la política pública que el gobierno ha adoptado con este fin. Es por esto que les pedimos a ustedes que se pregunten si el proyecto propuesto responde a lo establecido por el entonces Gobernador de Puerto Rico, el Dr. Pedro J. Roselló González, en el documento “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terreno de Puerto Rico”, aprobado en 1995. El que, según la entonces presidenta de la Junta de Planificación, la Hon. Norma Burgos, “inicia un proceso de reformulación de las prácticas de planificación prevalecientes, que al momento resultan insuficientes para satisfacer la creciente demanda social por la conservación del ambiente y mejoramiento de la calidad de vida. El esfuerzo va dirigido a explorar nuevas alternativas de desarrollo y usos del terreno, fundamentadas en una interacción adecuada entre la actividad económica y la conservación de los sistemas naturales.”:
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“El Gobernador de Puerto Rico ha incorporado en su programa de gobierno estimular, fomentar y dirigir el país en conformidad con un modelo económico de desarrollo sustentable.” “El desarrollo sustentable integra valores culturales y ambientales con las opciones socio-económicas, los adelantos tecnológicos, la cibernética, la informática y la idiosincrasia de nuestro pueblo isleño.” “Los Organismos Internacionales han propiciado y logrado consignas de consenso sobre un enfoque de desarrollo sustentable que preserve la biodiversidad de nuestros sistemas naturales a nivel global.”
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“Los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico constituye el documento rector de política pública cuyo radio de influencia abarca la totalidad del contexto físico-espacial de Puerto Rico, orienta y ordena en forma armoniosa los distintos estatus sean físico, sociales y económicos que emergen de nuestra sociedad.” “Los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, así adoptados, servirán de guía a las agencias e instrumentalidades públicas en la formulación de políticas, planes y programas, y en la toma de decisiones y acciones sobre proyectos públicos y privados, así como en el proceso de zonificación y en el de otros instrumentos de planificación de usos de terrenos, y para otros fines de interés público.”
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Es importante recalcar que en este documento se establece que se debe dirigir al país conforme a un “modelo económico de desarrollo sustentable”. De hecho, esta es la política pública que han adoptado los diferentes países que se citan en el proyecto propuesto. Es sumamente importante que se resalte que parte de los principios de la sustentabilidad se fundamentan en la participación ciudadana. Así se establece también en dicho documento, el que dice: “Para este proceso de revisión se incorporó la participación de la ciudadanía y los gobiernos municipales, con el firme propósito de que la planificación de los usos del terreno contribuya al fortalecimiento de la sociedad civil.” Es nuestra opinión que el P. del S. 880 va en contra de lo establecido como política pública en dicho documento. Se violenta en contra de las mismas de la siguiente manera:
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Se limita la participación pública en los foros administrativos y judiciales sobre la toma de decisiones acerca de los usos del terreno y el ambiente (Art.1.15); Privatiza el proceso de otorgación de permisos mediante la figura del “Profesional Autorizado” (Art. 8.1, 11.1); No promueve la fiscalización necesaria para asegurar que los permisos adjudicados van a tenor con los objetivos de desarrollo establecidos (Art. 2.5); Promueve el desarrollo en ausencia de un Plan de Desarrollo Integral y un Plan de Usos de Terreno; Se limita la divulgación sobre los usos del terreno al limitar las partes concernidas a personas que puedan demostrar que tienen un “interés propietario, claro, directo, inmediato e indisputable en la controversia o materia en cuestión” (Art. 15.2, inciso 55, pág. 27); No promueve un ambiente ético al establecer que la agencia proponente de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), la propuesta Oficina de Gerencia de
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Permisos y Endosos, será la misma que las evaluará. Esta tarea debe permanecer bajo una agencia que tenga el personal con el peritaje adecuado para fiscalizar científicamente lo que se exponga en las DIAs y que tenga una carga de tareas que le permita dedicarle el tiempo necesario para realizar un análisis robusto y científico del asunto. Especialmente en estos tiempos donde los efectos del cambio climático traen nuevas consideraciones a la hora de desarrollar nuestros suelos (Art. 3.1);
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Limita la divulgación de información sobre usos del terreno a los ciudadanos al eliminar la copia disponible por Internet de las DIAs (Art. 2.7); Promueve a la centralización del proceso al quitarle la posibilidad a los municipios que no sean autónomos de desarrollar sus planes de uso de terreno; entre otras cosas.
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Basándonos en lo anteriormente establecido, recomendamos a esta honorable Comisión que retire el P. del S. 880 y que inicie un proceso más abarcador de discusión pública para redactar un proyecto de ley nuevo. Será de beneficio para todos que dicho proceso se base en el modelo racional, evidentemente ausente en el proyecto actual, cuyos pasos son: 1. Análisis de la situación para definir el problema basándose en la realidad; 2. Definir los objetivos según la política pública vigente; 3. Diseño de diferentes alternativas o cursos de acción; 4. Evaluación de estas alternativas para seleccionar de una manera racional la que mejor siga la política pública para conseguir los objetivos; e 5. Implantación de la alternativa seleccionada y de mecanismos de retroalimentación para asegurar el mejoramiento continuo del sistema. De hecho, y a manera de ejemplo, en una reciente reunión conducida por los miembros de este Consejo y varios compañeros estudiantes, practicamos una versión compacta de las sugerencias que les ofrecemos. En la misma analizamos la situación, para definir el problema basándonos en la realidad de la permisología actual. Diseñamos diferentes alternativas o cursos de acción; entre ellas posibles enmiendas al proyecto propuesto para no tener que oponerlo por completo. Sin embargo, definiendo los objetivos según la política pública vigente antes señalada, evaluamos estas alternativas y seleccionamos, de una manera racional y participativa, la oposición al Proyecto del Senado 880 como la mejor de ellas para conseguir los objetivos deseados; que son la elaboración de un proceso de permisología conforme con la política pública y que se incorpore un nivel saludable de participación ciudadana en el mismo.
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Para poder lograr esto es necesario reducir la incertidumbre sobre dónde es que falla el proceso actual. Por lo tanto, una de las cosas que recomendamos es la actualización continua de las bases de datos ya que el conocimiento no es permanente, siempre está cambiando. Para poder resolver el problema es necesario primero conocer y entender sus causas. No nos oponemos a una reestructuración del proceso de otorgamiento de permisos, pero si a un desarrollo sin una visión o norte que haya sido determinado teniendo en cuenta a todos los sectores de la población. Es por eso que recomendamos que se aumenten los esfuerzos para completar el PDI y el PUT. Esto se puede lograr asignando más recursos para la realización de los mismos, dando límites de tiempo y asignando personas que supervisen el proceso. Es necesario completar estos planes antes de proponer cualquier proyecto de ley que acelere la otorgación de permisos para que haya un norte que rija dicho desarrollo. Recomendamos también que cree un mecanismo que asegure la participación ciudadana en el proceso de la toma de decisiones. La participación ciudadana es esencial para que la democracia sea una realidad y hace menor el costo de las decisiones políticas ya que lo que se busca es conseguir un consenso antes de realizar las obras. La importancia de la participación pública es reconocida por nuestro gobierno en el documento “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terreno de Puerto Rico” (1995), el cual lee “Para este proceso de revisión de la política pública sobre los usos del terreno y la creación de un nuevo modelo de desarrollo, fue determinante la incorporación de las comunidades locales, los gobiernos municipales y la ciudadanía en general. El beneficio de esta participación, se traduce en que la planificación de los usos del terreno es un proceso inherente al fortalecimiento de la sociedad civil, y no un mero ejercicio académico.” En otros países del mundo se reconoce cada vez más la importancia de la participación ciudadana en los procesos de planificación. De hecho los planes, proyectos y programas más exitosos son los que logran que los ciudadanos se identifiquen con ellos, desarrollen un sentido de pertenencia y se envuelvan activamente en su implantación. Para el éxito de cualquier plan es necesario el apoyo de la ciudadanía, ¿qué mejor manera de conseguir su apoyo que involucrándolos desde el proceso de elaboración de los mismos? Así se eliminan trabas que pueden aparecer luego durante el proceso y que pueden hacer que los costos aumenten debido a retrasos en la construcción. En conclusión, la iniciativa no debe estar dirigida a meramente agilizar el endoso de permisos, sino a mejorar la calidad del sistema. Incluir a través de todo el proceso a todas las partes interesadas y concernidas no hace más lento al mismo, sino que lo mejora y reduce los costos a largo plazo. Mientras más informadas sean las decisiones que se tomen menos oposición levantarán. Esperamos que tengan en consideración nuestras humildes recomendaciones al momento de tomar tan importante decisión acerca del futuro de Puerto Rico. Estamos a
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su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir y ofrecemos nuestros servicios profesionales para cualquier proyecto futuro. Los acompañamos en su deseo de mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y es por eso que queremos ser parte de la toma de decisiones que determinará el desarrollo de la isla. Compartimos la visión del gobierno de que Puerto Rico se debe encaminar hacia un desarrollo sustentable que responda al panorama global actual y se prepare para el futuro y consideramos que podemos ser de gran ayuda para ustedes en alcanzar esta gran meta. Nos pueden contactar al (787) 460-7844 (Emma M. Quero Torres, Tesorera del CEEGP) o en el correo electrónico consejoe.egp@gmail.com. Respetuosamente Sometido a esta Honorable Comisión el 5 de junio de 2009.
Luis Villanueva Cubero Presidente, CEEGP Correo-e: consejoe.egp@gmail.com Cel: 787-431-6639
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