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RESPONSAB CIVIL DEL EMPLEADOR

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RESPONSAB CIVIL DEL EMPLEADOR Powered By Docstoc
					       UNA TRANSCRIPCION DE:




“LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL
 EMPLEADOR ANTE EL DAÑO POR
  REPERCUSION DERIVADO DE
   ACCIDENTES DEL TRABAJO”

          Autor: FRANCISCO ROJO OLAVARRIA




             MARZO 2007
                              INFORME

     Por medio de la presente, en mi calidad de profesor guía, cumplo
con informar la Tesis de Grado de don FRANCISCO ROJO
OLAVARRIA cuyo titulo es “La responsabilidad civil del empleador ante
el daño por repercusión derivado de accidentes del trabajo. Una visión
actualizada” y que ha sido presentada con el objeto de obtener el Grado
de Magíster en Derecho de La Empresa.

     El propósito del trabajo de investigación del Señor Rojo era
analizar el desarrollo de la jurisprudencia y de la doctrina en el daño por
repercusión derivado de los accidentes del trabajo.

      Para dar cumplimiento al objetivo descrito, el tesista ha efectuado
un análisis dogmático de la legislación vigente en la materia, un análisis
histórico de la evolución de la responsabilidad del empresario por
accidentes de trabajo, un análisis de derecho comparado sobre el daño
moral por repercusión en los accidentes de trabajo y un análisis
jurisprudencial de las principales sentencias de los tribunales superiores
de justicia sobre el tema.

      Desde una perspectiva metodológica, la investigación que ha
realizado el señor Rojo tiene el mérito de haber utilizado una pluralidad
de análisis jurídicos que le han permitido sistematizar la materia objeto
de su Tesis, enriquecer su trabajo intelectual y formular conclusiones
fundadas y definitivas.

      En el desarrollo de su investigación, el señor Rojo dedica los dos
primeros capítulos a efectuar precisiones conceptuales indispensables
sobre el concepto de “responsabilidad del empleador” y de la noción de
“daño por repercusión”, para luego analizar los criterios que ha
sostenido nuestra jurisprudencia a fin de establecer en qué casos la
responsabilidad derivada de los accidentes del trabajo es de naturaleza
contractual o extracontractual y, dentro de esta última, si se trata de la
denominada “culpa contra legalidad”.

      En el capítulo tercero analiza en forma sucinta e ilustrada la
evolución histórica de la responsabilidad empresarial por accidentes
laborales en nuestra legislación, concluyendo con un análisis dogmático
de la Ley Nº 16.744.

     En el capítulo cuarto el tesista efectúa un interesante análisis de la
obligación de seguridad que pesa sobre el empleador, concluyendo-a

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partir del examen jurisprudencia judicial, doctrina nacional y derecho
comparado-que este deber de carácter laboral y que forma parte del
núcleo duro de las normas de orden público en el derecho del trabajo
chileno. Esta idea le ha permitido al tesista explicar en el capítulo quinto
la titularidad de la acción de reparación de los perjuicios por carambola
(al resultado obtenido con un solo acto) tratándose de terceros que no
son herederos del trabajador fallecido y, en particular, la situación de los
concubinos, concluyendo que la decisión judicial de sujetarlos a la
competencia laboral tiene un carácter pragmático.

      Del mismo modo, se ha referido en el capítulo sexto al sujeto pasivo
de la acción por responsabilidad en los accidentes laborales,
deteniéndose principalmente en las nuevas formas de organización del
capital y los fenómenos de descentralización productiva. Este capítulo me
parece el menos logrado de todos porque el tesista se limita a señalar el
estado actual de la jurisprudencia judicial en casos específicos sin
establecer reglas que podrían orientar la decisión judicial.

      En el capítulo séptimo analiza los criterios que ha utilizado la
jurisprudencia judicial para determinar la relación de causalidad que se
encuentra asociada con el cumplimiento de la obligación de seguridad,
presupuesto básico en la construcción dogmática de la idea de
responsabilidad del empresario, que ha propuesto acertadamente el señor
Rojo.

     Finalmente, los capítulos octavo y noveno desarrollan brevemente
los problemas procesales relacionados con la competencia de los
tribunales y la prescripción de la acción para demandar la indemnización
de perjuicios derivados del accidente de trabajo.

     En general, el tratamiento del tema ha sido ordenado, aunque
algunas materias no fueron abordadas con suficiente profundidad,
atendidas las restricciones respecto del número de páginas de la Tesis
que ha establecido la Universidad.

     En lo formal, el señor Rojo ha utilizado un lenguaje claro y una
redacción correcta que permita al lector la fácil compresión de cada uno
de los argumentos utilizados. Asimismo, ha revisado una vasta y
completa bibliografía sobre el tema.

     Atendido lo procedentemente señalado, me parece que el señor Rojo
ha cumplido los objetivos que se había propuesto en su proyecto de Tesis,
por que ha desarrollado una investigación exhaustiva sobre el daño


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moral por repercusión en los accidentes de trabajo, la que se ha
efectuado con rigor y creatividad, contribuyendo-de esta manera- al
esclarecimiento de una materia que no había sido sistematizado por la
comunidad dogmática laboral.




                      LUIS LIZAMA PORTAL
                        PROFESOR GUIA




                                                                   4
                            CONTENIDOS


INTRODUCCION

1.- DE LA RESPONSABILIDAD EN GENERAL Y                           DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL

1.1.- Responsabilidad civil contractual y extracontractual.
1.2.-Algunas diferencias entre ambas formas de responsabilidad.
1.3.-Algunas coincidencias entre ambas formas de responsabilidad.
1.4.-El cúmulo u opción de responsabilidades.
1.4.1.-Teoría de la opción o del concurso de acciones.
1.4.2.-Teoría de la absorción o incompatibilidad.
1.4.3.-Teoría del concurso de normas.
1.4.4.-El problema del cúmulo de responsabilidades en Chile.


2.- EL DAÑO


2.1.- El daño por repercusión en el derecho, comparado.
2.2.-Pluralidad de mecanismos indemnizatorios.
2.3.-El cúmulo de indemnizaciones con motivo de los accidentes del
trabajo.


3.- RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPLEADOR


3.1.-Evolución doctrinaria.
3.1.1.-Teoría de la culpa aquiliana, extracontractual o de la
responsabilidad subjetiva.
3.1.2.-Teoría de la culpa aquiliana con inversión de la carga de la prueba
3.1.3.-Teoría de la responsabilidad contractual.
3.1.4.-Teoría del riesgo profesional o de la responsabilidad objetiva.
3.1.5.-Teoría del riesgo social.
3.1.6.-Teoría del riesgo generalizado.

3.2.-Evolución legislativa en el derecho nacional.
3.2.1.-Los criterios clásicos.


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3.2.2.-La ley 3.170 de 30 de diciembre de 1916.
3.2.3.-La ley 4.055 de 26 de septiembre de 1924.
3.2.4.-Código del trabajo de 1931.
3.2.5.-La ley 16.744 del 1º de febrero de 1968.


4.- CLASIFICACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL
EMPLEADOR EN CHILE


4.1.-La responsabilidad civil contractual del empresario.
4.2.-Responsabilidad civil extracontractual del empresario.
4.3.-Culpa contra legalidad.
4.4.-Criterios para determinar la naturaleza de la acción de
responsabilidad.
4.4.1.-Prescripciones de derecho común.
4.4.1.1.-Como norma de competencia de los tribunales ordinarios.
4.4.1.2.-Como fuente de responsabilidad civil.
4.4.1.3.-Como norma de competencia de los tribunales del trabajo.

4.4.2.-El deber de protección del empresario.
4.4.2.1.-El deber de protección como obligación laboral.
4.4.2.2.-El deber de protección y los derechos fundamentales.
4.4.2.3.-Manifestaciones legales y reglamentarias del deber de
protección.
4.4.2.4.-El deber de protección y la culpa.
4.4.2.4.1.-En el campo de la responsabilidad contractual.
4.4.2.4.2.-En el campo de la responsabilidad extracontractual.
4.4.2.5.-El deber de protección obliga al empresario a no dañar a sus
trabajadores.
4.4.2.5.1.-Durante la relación laboral.
4.4.2.5.2.-Al poner término a la relación laboral.

4.5.-La obligación de seguridad es de orden público.
4.5.1.-La responsabilidad del empresario en el derecho español.
4.5.2.-Responsabilidad extracontractual con inversión de la carga de la
prueba.
4.5.3.-Responsabilidad contractual.




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5.-TITULARES DE LA ACCION DE REPARACION DE LOS
PERJUICIOS CAUSADOS POR REPERCUSION


5.1.-Situación de los herederos.
5.2.-Situación de los terceros.
5.3.-Situación de los concubinos.
5.3.1.-Derecho comparado.
5.3.2.-El concubino en la doctrina nacional.
5.3.3.-Cambios sociológicos.
5.3.4.-Protección legislativa.
5.3.5.-Criterios jurisprudenciales.
5.4.-Criterio de prelación.


6.- EL SUJETO PASIVO DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD
POR ACCIDENTES DE TRABAJO


6.1.-Empresa y empleados.
6.2.-La empresa y sus formas de organización.
6.3.-Grupos empresariales y formas de colaboración.
6.4.-La organización del capital.
6.5.-Los grupos empresariales en nuestra legislación.
6.6.-Las nuevas formas de contratación laboral.
6.6.1.-Trabajo temporal.
6.6.2.-Subcontratación.
6.7.-La responsabilidad laboral ante las nuevas formas de contratación y
de organización empresarial.
6.7.1.-Criterios de atribución de la responsabilidad laboral.
6.7.2.-Soluciones en el derecho comparado.
6.7.3.-Empleador y empresa en la ley de accidentes del trabajo.
6.7.4.-Empleador y empresa en el Código del trabajo.
6.7.5.-La responsabilidad del empleador en el Código del trabajo ante las
nuevas formas de contratación laboral y de colaboración empresarial.
6.7.5.1.-La continuidad de la relación laboral.
6.7.5.2.-Sanción de la simulación de contratación laboral a través de
terceros.
6.7.5.3.-Sanción de los subterfugios que tengan como resultado eludir el
cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales que establece
la ley o la convención.
6.7.5.4.-Responsabilidad subsidiaría del dueño de la obra.
6.8.-Criterios jurisprudenciales.


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6.8.1.-Responsabilidad directa e indistinta de las empresas que
conforman una unidad económica.
6.8.2.-Sociedades que forman una sola empresa.
6.8.3.-Cesión de establecimiento.
7.- CAUSA Y RELACION DE CAUSALIDAD


7.1.-Teorías sobre la relación de causalidad.
7.1.1.-Teoría de la equivalencia de las condiciones.
7.1.2.-Teoría de la causa próxima.
7.1.3.-Teoría de la condición preponderante.
7.1.4.-Teoría de la causa eficiente.
7.1.5.-Teoría de la causa adecuada.
7.1.6.-Teoría del seguimiento continúo del efecto dañoso.
7.2.-Interrupción de la relación de causalidad.
7.3.-La causa ajena y las con causas.
7.4.-Relatividad de este problema.
7.5.-La relación de causalidad en los accidentes de trabajo.
7.6.-Criterios jurisprudenciales.
7.6.1.-Condiciones inseguras de trabajo.
7.6.2.- Desperfectos técnicos.
7.6.3.-Elementos de seguridad.
7.6.4.-Factores climáticos y de la naturaleza no excluyen la
responsabilidad de la empleadora ni de la dueña de la obra.
7.6.5.-Incumplimiento de procedimientos definidos por la empresa.
7.6.6.-La culpa de la victima como causa inmediata, directa y precisa del
accidente.
7.6.7.-Concurrencia de culpa del demandado y de la victima hace
procedente rebaja de indemnización.
7.6.8.-Situación del salvador de un compañero de trabajo.


8.- COMPETENCIA


9.-PRESCRIPCION


10.-CONCLUSIONES




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                          INTRODUCCION


      La responsabilidad civil del empleador por accidentes del trabajo
plantea a quienes ejercemos como abogados litigantes un serio desafió.
Los conceptos y doctrinas tradicionales sobre responsabilidad civil
experimentan constantes adecuaciones al exigirse su aplicación a
situaciones de carácter laboral.

     El progresivo desarrollo económico del país, alimentado por su
inserción creciente en el contexto internacional, genera un importante
estímulo al desarrollo industrial, dando lugar a lamentables
oportunidades para la ocurrencia de accidentes del trabajo.

      Entre nosotros se ha venido manifestado un marcado cambio
jurisprudencial que nos ha parecido necesario reunir y comentar, tanto
por su extraordinaria relevancia en el ejercicio profesional, como por los
aspectos doctrinarios comprometidos en ella, en la perspectiva de que
otros estudios sobre la materia puedan contribuir a una adecuada
sistematización y desarrollo.

     Desde hace algunos años los tribunales han acogido a tramitación y
aceptado, en definitiva, demandas en juicio del trabajo presentados por
los parientes del trabajador en accidentes laborales, que persiguen la
reparación de sus daños propios y no los sufridos por la victima directa,
tanto en contra del empleador directo, como de los demandados
subsidiariamente, aplicando, con algunas innovaciones, las normas
propias de la responsabilidad contractual, cuando el empleador no ha
cumplido la obligación de cuidado y protección eficaz de la vida y salud
del trabajador que le impone el Art. 184 del Código del Trabajo,
obligación que se entiende incorporada en el contrato de trabajo.

      No obstante que este importante tema surge a partir de una relación
de orden laboral, entre empleador y trabajador, lo que hace aplicable las
normas propias de esta rama del derecho, concurren en su solución,
instituciones, normas y principios propios del derecho civil y del derecho
constitucional, que han permitido no sólo algunas adecuaciones, sino
francas transformaciones.


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      Esto, que puede parecer extraordinariamente innovador, no
constituye más que una simple confirmación del papel que en el derecho
se le reconoce a la labor jurisprudencial, especialmente en materia de
responsabilidad civil, cuyo actual estado de desarrollo en l os distintos
países es fruto, fundamentalmente, de la labor jurisprudencial. Tal como
sostiene Carmen Domínguez Hidalgo, la evolución experimentada por la
responsabilidad civil ha llegado a transformarla por completo en
términos tales que, al menos en algunos aspectos, no tiene ninguna
relación con los presupuestos que la fundaban en las codificaciones
decimonónicas. Tanto su estructura como su fundamento han variado
substancialmente, aunque en la mayor parte de tales legislaciones esos
preceptos permanecen incólumes. Lo cierto es que la jurisprudencia,
siguiendo las tendencias anunciadas por la doctrina de cada país, ha ido
paulatinamente       enriqueciéndolos    e    incluso     modificándolos
substancialmente hasta conformar lo que conocemos como Teoría de la
Responsabilidad Civil. En otros términos, como sostiene Pedro Zelaya,
“el actual derecho de daños es de creación eminentemente
jurisprudencial y emana de la solución de casos prácticos”.

     Hemos intentado desarrollar en este trabajo algunos aspectos de las
acciones de indemnización de perjuicios por repercusión, especialmente
por daño moral, derivados de accidentes del trabajo, en situaciones
culposas, considerando la naturaleza de la acción, la obligación de
seguridad, los sujetos de la acción desde el punto de vista activo y pasivo,
la competencia de los tribunales y la prescripción, además de otros
aspectos prácticos.

      Desde el punto de vista de la legitimación activa, hemos analizado
la situación del conviviente del trabajador fallecido, quien careciendo de
un vínculo legal sufre asimismo un daño. La doctrina tradicional ha
negado a estas personas el derecho a ser indemnizadas fundada en que
su vinculación con la víctima tendría un carácter ilícito. Sin embargo,
por las razones que se indican creem os que hoy no cabe ya negar a estas
personas el derecho a ser indemnizadas.

     Desde el punto de vista de la legitimación pasiva, nos hemos
detenido a observar la responsabilidad por accidentes ante las nuevas
formas de organización empresarial y de contratación laboral.

       Si bien es cierto que la preocupación fundamental en materia de
accidentes debe dirigirse a la prevención, una vez producido el siniestro,
el sistema jurisdiccional debe contar con normas y procedimientos claros,
tanto para asignar como para eximir de la responsabilidad reclamada.


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Esto último puede contribuir a una adecuada política de prevención de
riesgos.


1.- DE LA RESPONSABILIDAD EN GENERAL Y DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL

      La palabra responsabilidad tiene diversos usos: el primero,
mas amplio, de deuda. También de obligación de reparar y
satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un
delito, de una culpa o de otra causa legal y también deuda y el
cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible
yerro en cosa o asunto determinado.

     La responsabilidad puede presentarse en diversas áreas del
derecho con caracteres particulares. Así, la responsabilidad
penal se identificara con la pena, la responsabilidad política con
la privación de una función pública, la responsabilidad
administrativa con la exclusiva o suspensión de una tarea de la
misma índole.

     La responsabilidad civil es la obligación que tiene una
persona de indemnizar o reparar los perjuicios a otra
ocasionados, y se le ha dividido tradicionalmente en contractual
o extracontractual, según si previamente unía a las partes un
vínculo convencional o no. En caso de no poder obtener el
acreedor el cumplimiento de la obligación en su naturaleza, el
acreedor tiene derecho a perseguir la indemnización de
perjuicios o responsabilidad contractual del deudor.

     La responsabilidad civil se identifica con la reparación de
los perjuicios que se causan cuando ellos derivan del
incumplimiento de una obligación, pudiendo concurrir con
cualquier tipo de responsabilidad. En consecuencia la
responsabilidad civil, podría definirse diciendo que consiste en
el deber jurídico de reparar los daños o perjuicios que se
producen con ocasión del incumplimiento de una obligación.
Por su parte, la obligación es un deber de conducta tipificado en

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la ley. Toda obligación civil, por lo mismo, importa la
imposición de una conducta que el destinatario de la norma
debe realizar, así sea positiva (acción) o negativa (omisión). Si
dicha conducta no se despliega, quien le infringe debe
indemnizar los perjuicios que de ello se siguen.

1.1.- RESPONSABILIDAD             CIVIL    CONTRACTUAL           Y
EXTRACONTRACTUAL

     En derecho civil hay responsabilidad cada vez que una
persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. La
responsabilidad civil es la obligación que pesa sobre una
persona de indemnizar el daño sufrido por otra.

      A pesar de que la doctrina insiste en que la
responsabilidad civil es una sola, se distinguen clásicamente los
dos grandes tipos de responsabilidad civil, contractual y
extracontractual, sujetas a distintos sistemas normativos, con
importantes consecuencias practicas al momento de hacer
aplicación de los principios y normas que gobiernan cada uno
de ellas.

     Las fuentes de la responsabilidad civil provienen de la
infracción de un contrato, de los delitos y de los cuasidelitos y
de la ley. En el primer caso, se le denomina responsabilidad
contractual, en el segundo,       delictual y cuasidelictual o
aquiliana, y en el tercero, legal. Estas dos últimas formas
constituyen la responsabilidad extracontractual.

     Si la obligación cuyo incumplimiento acarrea
responsabilidad esta establecida en un contrato hablamos de
responsabilidad contractual.

     Si la obligación de reparar emana de la vulneración
genérica de comportarse prudentemente sin causar daño a
nadie, hablamos de responsabilidad extracontractual, que puede
derivar a su vez de la comisión de un delito o cuasidelito civil, o


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de la ejecución de un hecho voluntario no convencional, o de la
mera disposición de la ley.

      Mención especial requiere la llamada responsabilidad
legal, como una especie de responsabilidad extracontractual,
por que si bien la obligación de reparar surgirá siempre de la
ley, la responsabilidad legal debe reservarse propiamente para
aquellos casos en que es la norma la que directamente y sin
intermediación alguna impone un determinado deber de
conducta.

1.2.- ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE AMBAS FORMAS
DE RESPONSABILIDAD

     Queremos destacar sólo algunas de las diferencias entre
ambas formas de responsabilidad, para los efectos de este
trabajo:

      En el origen de la obligación incumplida. Según si la
obligación que deja de cumplirse deriva de un contrato o del
deber genérico establecido en la ley de comportarse
prudentemente sin causar daño a nadie. La obligación que nace
del contrato difiere sustancialmente de la obligación genérica de
comportarse prudentemente sin causar daño a nadie. La
obligación que nace del contrato impone un determinado grado
de diligencia y cuidado, que se mide en función de la culpa de
que responde el deudor. Los contratantes son los llamados a
fijar de qué manera debe comportarse el deudor para el
cumplimiento de la obligación, (autonomía privada). En
subsidio, la ley (Art. 1.438 del C.C.), establece de que grado de
culpa responde el deudor, según si el contrato por su naturaleza
beneficia sólo al acreedor. Solo al deudor o a ambos. La
obligación genérica de comportarse prudentemente sin
perjudicar a nadie no admite graduación, es una sola. Y
comprende, a juicio de Rodríguez Grez, cualquier grado de
diligencia conforme a los estándares generales prevalecientes
en la sociedad civil.


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      En materia de prueba, la culpa contractual se presume por
el sólo hecho del incumplimiento, en cambio, la culpa y el dolo
extracontractual deben ser probados.
      Esta última regla se invierte en la responsabilidad legal,
en la cual la culpa se presume por el sólo hecho de la
contravención legal, o en otros términos, la contravención
supone y lleva implícita la culpa.


1.3.- ALGUNAS COINCIDENCIAS                      ENTRE       AMBAS
FORMAS DE RESPONSABILIDAD

     Entre la responsabilidad contractual y extracontractual existen
también elementos comunes, que llevan a los autores a sostener que en
definitiva la responsabilidad es una sola.

      Ambas responsabilidades suponen una acción o una omisión
imputable al causante del daño, que implica una transgresión de un
deber previamente establecido, ya sea por la ley en responsabilidad
extracontractual, que impone la obligación genérica de no dañar a otro,
o impuesta por el contrato. Pero el deber de no causarse daño también
rige entre los contratantes.

     El daño mismo, y la relación de causalidad entre la conducta del
responsable y el perjuicio de la victima deben concurrir siempre, en
ambos tipos de responsabilidad.

      La culpa, debe concurrir en ambos tipos de responsabilidad. Las
presunciones de culpa en materia contractual se ven atenuadas y
compensadas con la distinción entre obligaciones de medios y de
resultado. Las presunciones de culpa en materia contractual, se ven
atenuadas y compensadas con la distinción entre obligaciones de medio y
de resultado. La exigencia de prueba de la culpa, en materia
extracontractual, resulta atenuada por las presunciones de culpa. Ambas
generan la obligación de indemnizar para el autor del daño.


1.4.- EL CUMULO U OPCION DE RESPONSABILIDADES

      Como hemos visto, toda persona que experimente un perjuicio
derivado de un accidente de trabajo tiene diversas opciones para


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perseguir su reparación, dependiendo de si el perjudicado es el propio
trabajador o un tercero que experimenta un daño por repercusión, si se
demanda al empleador o a un tercero y del tipo de responsabilidad que
invoque, contractual o extracontractual.

      Lo anterior nos obliga a analizar el problema denominado
tradicionalmente en la doctrina del cúmulo o acumulación de
responsabilidades y que, entre nosotros, la profesora Carmen Domínguez
prefiere llamar más propiamente de la concurrencia o concurso de
responsabilidades o, más simplemente aún, de elección de la vía
resarcitoria.

     El problema del cúmulo de responsabilidad se traduce en
determinar si, habiendo mediado un incumplimiento contractual, el
acreedor puede optar entre la responsabilidad contractual o
extracontractual para obtener la reparación del daño derivado del
incumplimiento, según cual le parezca más conveniente. El hecho, que
constituye un incumplimiento contractual, reúne al mismo tiempo los
requisitos del hecho ilícito.

     La mayoría de los autores y de las legislaciones rechaza la
posibilidad de sumar ambas responsabilidades para obtener la reparación
por las dos vías o una doble reparación, lo que constituiría propiamente
un cúmulo de responsabilidades, sino de permitir a la victima optar por
una u otra.

     En doctrina existen distintas posiciones sobre esta materia:

1.4.1.- TEORIA DE LA OPCION O DEL CONCURSO DE
ACCIONES

      Esta teoría concede al perjudicado la libre facultad de elegir entre
una acción u otra, pues se considera que son dos pretensiones distintas e
independientes, de manera que mientras no las ejerza simultáneamente,
no existe impedimento alguno para la reclamación se ejerza por
cualquiera de las dos vías. Sin embargo, una vez intentada la demanda,
se resolverá en conformidad a las reglas y principios de la opción elegida,
sin que el perjudicado pueda variar su calificación en el curso del
proceso. Una vez desechada la acción por sentencia ejecutoriada, la
autoridad de cosa juzgada no se extiende a la opción descartada, de modo
que el perjudicado podrá renovar su acción, con arreglo a la
responsabilidad por la que no opto originalmente.


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     Esta tesis es seguida actualmente en Italia, Grecia, Alemania y
España. En Francia se siguió esta tendencia hasta mediados del siglo
XIX.

1.4.2.- TEORIA   DE                     LA        ABSORCION             O
INCOMPATIBILIDAD

     Fundada en la distinta reglamentación para cada forma de
responsabilidad, se sostiene la imposibilidad de eludir el régimen de
responsabilidad contractual, si los daños que reclama se originan en la
infracción de un contrato, fundada en la distinta reglamentación para
una y otra forma de responsabilidad. Esta doctrina rige en Francia
desde el año 1922.


1.4.3.- TEORIA DEL CONCURSO DE NORMAS

       Según esta tesis el tribunal debe resolver cual es el sistema de
responsabilidad aplicable, con independencia de la calificación que
hayan hecho las partes quienes sólo deben invocar los hechos y solicitar
la reparación de los daños. Esta teoría parte del supuesto de que no existe
una concurrencia de acciones sino de normas, que fundamentan una
única pretensión. De origen germánico, ha tenido alguna influencia en
los tribunales españoles, que han sostenido, en síntesis, que determinar
las normas de responsabilidad aplicables al caso concreto corresponde al
tribunal, por aplicación del principio iuria novit curiae y que no
corresponde excusar el pronunciamiento de fondo si se ha invocado
equivocadamente el tipo de responsabilidad de que se trata. Una variante
de esta doctrina, permite incluso acumular el beneficio de las dos
acciones, no para obtener dos reparaciones sino para sumar los aspectos
más ventajosos de cada una de ellas, pero en este caso, corresponderá a
la parte interesada hacer las precisiones necesarias.


1.4.4.- EL   PROBLEMA    DEL                         CUMULO           DE
RESPONSABILIDADES EN CHILE

     En chile, la doctrina y la jurisprudencia han rechazado la
posibilidad de opción, siguiendo la tendencia clásica francesa, salvo
algunas excepciones, según veremos.




                                                                        16
       Para Abeliuk Mansasevhich, se trata de un falso problema por que
si el legislador, a falta de estipulación de las partes, ha reglamentado la
responsabilidad del deudor por el incumplimiento, dichas normas son las
que deben aplicarse y no otras, lo que impide que un mismo hecho pueda
generar responsabilidad contractual respecto del acreedor y
extracontractual hacia otras personas, por los perjuicios personales que
el incumplimiento les ha ocasionado, o que entre las mismas partes
puedan darse coetáneamente responsabilidades contractuales y
extracontractuales.

      Orlando Tapia Suárez denomina cúmulo de responsabilidades al
problema de determinar si las reglas de la responsabilidad delictual
pueden o no recibir aplicación entre personas ligadas por un contrato y
opción de responsabilidades a la posibilidad del acreedor de elegir, a su
arbitrio, entre las reglas delictuales y las contractuales.

     En nuestra doctrina, siguiendo a Alessandri, se aceptan dos casos
de excepción, en que el demandante podría elegir entre demandar la
responsabilidad contractual y la extracontractual si las partes así lo han
convenido, modificando las normas legales sobre la materia que tienen
un carácter supletorio, o cuando la infracción del contrato constituye a la
vez un delito o cuasidelito penal. En estos casos, la víctima puede optar
libremente por demandar por responsabilidad contractual o
extracontractual, pero no por ambas conjuntamente, salvo que lo haga
invocando una forma de responsabilidad en subsidio de la otra, porque
son incompatibles, ya que se rigen por reglas diversas y se excluyen entre
si.

     Sin embargo, la jurisprudencia ha estimado que también existe la
opción de responsabilidad, cuando el contrato compromete una
obligación de seguridad, como es el caso del contrato de trabajo en el
cual la ley impone la obligación de seguridad, que a su vez se entiende
incorporada al contrato de trabajo.

      Así, por ejemplo, una sentencia de la Corte de Apelaciones de
Concepción, de fecha 16 de Enero de 1996, consignó que el hecho de que
exista una responsabilidad de orden contractual no excluye la posibilidad
de que el hecho u omisión del empleador causante del accidente de
trabajo pueda configurar a la vez un delito o cuasidelito civil que genere
responsabilidad extracontractual. Consecuentemente con esta doctrina,
la jurisprudencia admite que los daños sufridos por las víctimas
indirectas puedan plantear los juicios de responsabilidad tanto por vía



                                                                        17
contractual, ante los juzgados del trabajo, como por vía extracontractual
ante los juzgados civiles.

     En nuestra jurisprudencia no se admite el cambio del fundamento
de la responsabilidad por la demandante o por el tribunal durante el
curso del juicio. Como si se admite en el derecho comparado.


2.- EL DAÑO


     Habiendo examinado las diversas teorías sobre la responsabilidad
por accidentes de trabajo, queremos ahora hacer dos breves precisiones
en torno al daño moral en general y al daño por repercusión, materias
propias del presente estudio.

      En cuanto al daño moral, lo entendemos en su acepción más
amplia, equivalente al daño extrapatrimonial o no patrimonial, que
incluye el daño corporal en su aspecto extrapatrimonial, del perjuicio de
afecto y, en general todo daño a la persona en sí misma-física o psíquico,
todo menoscabo en el cuerpo humano, privación de una facultad física o
mental, etc.

      El daño por repercusión, tema de este trabajo, lo referiremos al
daño moral, también en una acepción amplia, que se identifica con los
resultados adversos que la muerte del trabajador provoca en aquellas
personas que por su vinculación de parentesco o de mera vinculación
afectiva formaban su entorno más próximo.

2.1.- EL DAÑO POR REPERCUSION EN EL DERECHO
COMPARADO

      En el derecho comparado se advierte un esfuerzo hacia una mayor
regulación de los daños por repercusión derivados de la muerte de una
persona, tanto desde el punto de vista legislativo como de la
jurisprudencia, tendencia que en algunos países, a falta de una
regulación legal, es promovida por la doctrina y en otros, por los
tribunales, que recurren a algunos tipos de baremos a modo de
referencia no vinculante.

      En Francia existe una preocupación especial por las llamadas
“victimas por carambola” (par ricochet), esto es, de toda persona que


                                                                       18
puede haber sufrido material o moralmente por el daño del que otra
distinta es victima directa. Pueden reclamar el cónyuge e hijos del
fallecido, pero también otros descendientes, ascendientes, hermanos,
sobrinos, prometidos, etc., incluso personas vinculadas por razones de
intereses económicos puros, como un acreedor o un socio. A contar de
una sentencia dictada con fecha 27 de Febrero de 1970, se ha abierto la
acción a los concubinos.

     No obstante la existencia de una Resolución, la 756 del Consejo de
Europa, que admite la indemnización sólo respecto del padre, madre o
cónyuge de la víctima y sólo en caso de sufrimientos de carácter
excepcional y recomienda a los países que admiten ese rubro de
reparación limitarlo sólo a los padres, cónyuges, novia e hijos, siempre
que hayan mantenido estrechos lazos de afecto, la jurisprudencia
francesa, por el contrario, es cada vez más liberal, extendiendo la
reparación incluso a la concubina.

      En Portugal, el Código Civil se refiere especialmente a la
indemnización a terceros en caso de muerte, obligando al responsable a
indemnizar los gastos hechos para salvar al perjudicado y los gastos
funerarios. Tienen también derecho a ser indemnizados quienes podían
exigir alimentos a la victima o a quienes éste se los estuviere prestando en
cumplimiento de una obligación natural. La indemnización por daños no
patrimoniales corresponde en forma conjunta al cónyuge no separado
judicialmente y a los hijos u otros descendientes; a falta de estos, a los
padres u otros ascendientes y, por último, a los hermanos o sobrinos que
los representen.

      En Inglaterra, la ley señala quienes son los titulares de la acción de
indemnización, los llamados dependantin law, en la sección 1.3 de la
Fatal Accidente Act de 1972 de 1982, que fija la lista de quienes han de
considerarse dependientes, comprendiendo al cónyuge, todo el que
viviera con la victima al tiempo inmediatamente anterior a la muerte o al
menos durante dos años antes, los padres o ascendientes, el que haya
sido tenido como padre del fallecido, los hijos o descendientes o el que
haya sido tratado como tal, hermanos, tíos o personas también tratadas
como tales. Si la muerte es instantánea, no se otorga ninguna
indemnización, salvo por gastos funerarios; ni los padres ni otros
parientes tienen derecho para reclamar daños de aflicción, lo que
convierte a este país en un caso excepcional en el contexto internacional
al igual que Holanda, que no concede indemnización por daño de
aflicción en ningún caso.



                                                                         19
      En Irlanda, los daños de aflicción están regulados en una ley
especial que asigna una indemnización de monto fijo por el daño de
aflicción que la muerte de una persona causa a otra.

      En España, la jurisprudencia, que durante algún tiempo limitó la
acción solo a los herederos y aún disponiendo una sola indemnización en
conjunto para todos ellos, hoy en día acepta la indemnización iure propio
a cualquier persona que acredite pesar o desconsuelo por el fallecimiento
de la victima directa, o por la ruptura de los lazos de convivencia o
afecto.

2.2.-PLURALIDAD DE MECANISMOS INDEMNIZATORIOS

      La indemnización del perjuicio causado debe ser integral, pero no
puede exceder del daño efectivamente causado. La indemnización debe
cubrir el daño, pero nada más que el daño.

     El problema se plantea ante la pluralidad de mecanismos
indemnizatorios que pueden coexistir dentro del ordenamiento de cada
país, en el ámbito de los daños personales, donde normalmente
concurren las indemnizaciones propias de la responsabilidad civil con
diversas prestaciones de la seguridad social.

      Se afirma que existe acuerdo en el derecho comparado en que la
víctima o sus familiares tienen derecho a acumular lo recibido por un
seguro de vida con las indemnizaciones por responsabilidad civil. Sin
embargo, no existe tal acuerdo en la acumulación de las indemnizaciones
de carácter civil con las provenientes de la seguridad social. Veremos a
continuación las tres alternativas que ofrece el derecho comparado,
según si las diferentes indemnizaciones pueden o no acumularse, con o
sin acción de reembolso a favor de la seguridad social:

   a) No acumulación, sin acción de reembolso contra el responsabl e
      civil a favor de la seguridad social. Las sumas recibidas de la
      seguridad social se deducen de las que corresponden por
      responsabilidad civil, pero no existe acción de reembolso contra el
      responsable civil a favor de la seguridad social. Esta solución
      existe actualmente en Dinamarca e Inglaterra desde finales de
      1990. Esta tesis tiene el inconveniente de liberar parcialmente al
      responsable civil a costa de la seguridad social, lo que tiene un
      contrargumento en que el responsable civil ha contribuido al
      financiamiento de la seguridad social a través del pago de sus
      impuestos, aunque esto último no siempre es efectivo.

                                                                      20
   b) No acumulación, con acción de reembolso contra el responsable
      civil a favor de la seguridad social. Lo recibido con cargo a la
      seguridad social se deduce de la indemnización civil, pero el
      responsable civil debe restituir a la seguridad social lo que ésta ha
      pagado a la victima. Es la solución predominante, que rige, por
      ejemplo, en Alemania, Francia, Bélgica y Grecia. Esta alternativa
      supone un aumento en el número de juicios, por las acciones de
      reembolso, que en Francia es compensada mediante los protocolos
      de acuerdos entre aseguradores y organismos de la seguridad
      social.
   c) La solución de acumulación. La víctima acumula las
      indemnizaciones civiles y los pagos de la seguridad social. Esta
      situación es la que rige actualmente en España, según la
      jurisprudencia española, por interpretación del Art. 97.3 de la Ley
      general de la Seguridad social, salvo en lo relativo a las
      prestaciones sanitarias, cuyo coste puede ser reclamado por la
      seguridad social al responsable civil. Esta alternativa es la más
      beneficiosa para la víctima, que recibe dos indemnizaciones, pero
      plantea el problema de una posible duplicidad de indemnizaciones,
      critica que se responde con la necesidad de indemnizar
      íntegramente el daño, a lo cual puede agregarse que no se trata de
      dos indemnizaciones por el mismo daño, sino de diferentes
      indemnizaciones, de distinta naturaleza, por distintos daños.

2.3.- EL CUMULO DE INDEMNIZACIONES CON MOTIVO
DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

      En general la doctrina y la jurisprudencia no aceptan una doble
reparación del daño, por aplicación del principio de que el daño no puede
ser reparado dos veces.

      Aplicación de este principio se encuentra en el mismo Art. 69 de la
Ley de Accidentes del Trabajo, según el cual la víctima y las demás
personas a quienes el accidente cause daño, podrán reclamar también las
otras indemnizaciones a que tengan derecho. Debemos entender por
otras indemnizaciones todas aquellas que persigan una reparación
distinta de las que la Ley de Accidentes del Trabajo comprende, como es
el caso del daño moral.

     Leslie Tomasello Hart, sostuvo hace algunos años que eran
perfectamente compatibles las prestaciones de la Ley con la
indemnización por daño moral, conforme a las normas de derecho


                                                                        21
común, a que se refería en ese entonces el Código del Trabajo, pues se
trataba de diferentes reparaciones.

      Nuestra jurisprudencia tiene ya asentada la compatibilidad entre los
diferentes tipos de indemnizaciones. Tratándose de las víctimas por
repercusión, las únicas prestaciones que podrían deducirse de lo que la
demandada tuviera que pagar por concepto de lucro cesante serían las
prestaciones pagadas por el organismo administrador por concepto de
pensiones de sobré vivencia, pero en ningún caso de lo que se deba pagar
por daño moral.

      En el caso de las indemnizaciones contratadas por el empleador con
compañías aseguradoras en beneficio de sus trabajadores o de las
personas que éste haya designado en caso de fallecimiento, la
jurisprudencia ha resuelto que el monto de la indemnización pagada por
la aseguradora debe deducirse del monto de la indemnización regulada
por el tribunal por concepto de indemnización de perjuicios, en la medida
que la demandada oponga la correspondiente excepción de pago.


3.- EVOLUCION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL
EMPLEADOR

3.1.- EVOLUCION DOCTRINARIA
      Veremos a continuación las diferentes teorías que se han ideado en
la historia del derecho para resolver el problema de la responsabilidad
por los accidentes de trabajo y sus caracteristicas más elementales.

      Como muy bien lo sintetiza Canabellas, desde sus orígenes sobre la
tierra, desde la bíblica expulsión paradisíaca, el hombre ha tenido que
trabajar, esta actividad suya ha originado accidentes como derivación
directa de ese ejercicio más o menos arriesgado.

     En efecto, el trabajo, como actividad inevitable y consustancial a la
supervivencia humana, supone riesgos de accidentes y la prevención y
reparación de ellos ha dado lugar a una preocupación determinante del
derecho del trabajo.

      Hasta antes de la revolución industrial los accidentes del trabajo,
escasos en número y proporción, no revestían para el derecho; sus
efectos en la vida y en la salud de las personas podían ser mitigados por


                                                                       22
la beneficencia social. Por la asistencia pública o privada y las
mutualidades. A fines del siglo XVIII, gracias a grandes inventos, como
el telar mecánico, la máquina de vapor y otros adelantos de la ciencia
que permitieron hacer uso de la energía hidráulica, se produjo una
sustitución progresiva de la fuerza y de las herramientas manuales por la
máquina, detonando un fuerte desarrollo de la industria, reforzada
posteriormente con el uso de nuevas fuentes de energía. Se desplazó así
la producción desde los pequeños talleres artesanales, con pocos obreros
y bajo la partenal e interesada vigilancia del patrón hacia la producción
mecanizada e impersonal.

      La producción en masa, la actividad de densos núcleos de
trabajadores en locales reducidos o colmados, aún siendo espaciosos y
máquinas en actividad y sin otros elementos que los precisos para
producir (por estimarse superfluo lo que pudiera mirar a la protección de
las eventuales víctimas), origino enormes cifras de accidentes y de
gravedad frecuente. A la preocupación y protesta de la clase trabajadora
se sumó, por reacción equilibrada, la de los médicos, economistas y
legisladores, que por motivos de solidaridad humana, de amparo del
valioso factor humano y de protección general pretendían cortar ese
derroche de trabajadores. La asistencia benéfica que hasta ese entonces
se brindaba a las victimas se hizo insuficiente, y un problema que hasta
entonces era de orden moral fue deviniendo en jurídico.

      Como primera reacción se estimó necesario adoptar medidas de
seguridad para la instalación de las máquinas, pero ello no fue
suficiente, por que aún en las fábricas mejor instaladas se continuaban
produciendo accidentes, lo que obligó a los juristas a plantearse el
problema de la responsabilidad que de ellos se originaba, con nuevas
teorías, de las cuales veremos a continuación las más significativas.

3.1.1.-TEORIA DE  LA  CULPA   AQUILIANA,
EXTRACONTRACTUAL O DE LA RESPONSABILIDAD
SUBJETIVA
     El término responsabilidad sirve para designar la obligación de
reparar el daño o perjuicio causado a una persona y la doctrina de la
responsabilidad determina quienes y en que circunstancias están
obligados a la reparación.

     Se afirma que la doctrina de la responsabilidad civil tiene sus
orígenes en el derecho romano, en una ley propuesta por el tribuno de la
plebe Aquilino Galo, que disponía la obligación de indemnizar cualquier

                                                                      23
daño injusto ocasionado a otro, principio incorporado posteriormente a
las Doce Tablas, a las partidas, al Art. 1.382 del Código de Napoleón y al
Art. 2.314 de nuestro Código Civil.

     Esta tesis tiene un fundamento esencialmente moral, asimilado a la
responsabilidad civil, buscando la atribución del deber de reparar por el
autor del daño, cuando ha transgredido un deber general de cuidado de
no dañar a otro, propio de un hombre común en la vida social.

      De acuerdo con esta tesis, el daño debe ser reparado por el autor,
pero sólo por éste y no por otro.

       Así, en los accidentes de la industria, la responsabilidad, cuando
existiera, tendría un origen legal y no contractual, ya que ni en los
contratos de trabajo ni en la ley se imponía a los patronos la obligación
de indemnizar a los trabajadores víctimas de algún accidente. La
responsabilidad emanaba exclusivamente de la comisión de un acto
ilícito.

      Esta teoría representaba serios inconvenientes para poder obtener
la reparación del daño. Para asignar la responsabilidad del accidente al
empresario era necesario acreditar la concurrencia de todos los
elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual: una
acción u omisión del agente, la culpa o dolo de su parte, la no
concurrencia de una causal de exención de responsabilidad, capacidad
del autor del hecho ilícito, el daño a la victima y una relación de
causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño
producido.

     El empresario podía acreditar que su conducta se ajustaba a la de
un buen padre de familia de cualidades medias, de modo que si el
accidente igualmente se producía, es que era inevitable.

     El empresario podía exonerarse acreditando descuido o culpa del
trabajador accidentado.

      Quedaban excluidos de la responsabilidad patronal los accidentes
por causas desconocidas, por casos fortuitos o por fuerza mayor,
incluyendo entre éstas las razones de carácter técnico, como defectos de
construcción de las maquinas o de los locales de trabajo y los actos de
terceros, incluyéndose dentro de estos a los dependientes del mismo
empleador.



                                                                       24
     En Inglaterra la situación resultó aún más difícil para los
demandantes, al aplicar los tribunales la presunción de que al momento
de su contratación el trabajador aceptaba voluntariamente los riesgos
que se originaban en el trabajo.

     Atendidas los inconvenientes que presentaba esta teoría, por cuya
aplicación la victima normalmente no obtenía ninguna reparación fue
preciso recurrir a otros fundamentos para establecer la responsabilidad
por daños en otra persona que no fuera normalmente la propia victima.

3.1.2.- TEORIA DE LA CULPA AQUILIANA                               CON
INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA

      Esta teoría, como su nombre lo indica, es una derivación de la
teoría clásica, pues también es de carácter subjetivo y exige acreditar
culpa o dolo, pero tiene dos innovaciones: amplía el fundamento de la
responsabilidad y se presume la culpa empleador, por lo que corresponde
a éste demostrar que ha actuado con la debida diligencia.

     El empleador debe responder no sólo del hecho propio, sino
también del hecho de las personas que se encuentran bajo su
dependencia y de las cosas que tiene bajo su cuidado.

      Una sentencia de un tribunal belga, haciendo aplicación de normas
contenidas originalmente en el Art. 1.384 del Código Civil Francés,
resolvió que el propietario que tiene bajo su guarda una cosa, es
responsable desde el instante en que, por ese sólo hecho, resulta un
perjuicio, pues es natural y lógico que su propietario, que tiene el
derecho y el deber de vigilancia y dirección, se presuma legalmente en
culpa, desde el instante en que la cosa cause un perjuicio.

     Con esta tesis, aplicada a los juicios por accidentes de trabajo, se
lograba la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al
empleador acreditar la culpa del trabajador.

3.1.3.- TEORIA              DE        LA       RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL

      Conocida como la teoría belga, por la nacionalidad de su autor, el
profesor Sainctelette, seguido en Francia por Sauzet, quienes, ante el
alarmante aumento de accidentes de trabajo y la situación demostrada de
los trabajadores accidentados, postularon que el contrato de trabajo no


                                                                       25
sólo obligaba al patrono a pagar el salario estipulado, sino también a
garantizar su seguridad, a restituirlo sano y salvo al final de su trabajo.
Si durante el trabajo ocurría un accidente era porque el patrón había
violado una obligación contractual y debía indemnizar el daño, salvo que
probara caso fortuito o culpa de la victima.

      Según Sainctelette, “la presunción de culpa del patrono, en caso de
accidente, tiene la misma naturaleza del contrato. El obrero de las
fábricas se convierte en un soldado, casi en un autómata; su función es
sobre todo pasiva. La division y especialización del trabajo le quitan al
obrero la libertad de sus movimientos y toda influencia personal sobre la
obra. Todo lo que sucede en el taller o en la mina debe presumirse que
sucede por orden y disposición del patrono. Al negar al obrero toda
libertad de acción se obliga al patrono a dirigirlo y cuidar de él hasta en
los más pequeños detalles. Al expropiar la gestión de su persona, se lo
apropia, haciendo suyos todos los resultados, buenos o malos, de la
gestión emprendida”.

       La tesis contractualista se extrae de un principio propio del derecho
civil, según el cual las convenciones obligan no sólo a lo que en ellas se
expresa, sino a todas las consecuencias que la equidad, el uso y la ley
atribuyen a la obligación según su naturaleza. Así como el patrono
entrega al trabajador las herramientas y máquinas para que obtenga el
resultado propio de su actividad, asume la obligación de reparar los
daños que a consecuencia de ese vínculo pueda experimentar el
trabajador.

      Se atribuye entonces al empleador la obligación de asegurar la
integridad física del trabajador, esta obligación es una obligación propia
de la esencia del contrato de trabajo. El trabajador se convierte así en un
acreedor de seguridad laboral.

     Para obtener la reparación, la victima sólo debe acreditar el vínculo
laboral y el daño, sin que deba acreditar la culpa del patrono.
Corresponderá a este último desvirtuar tales elementos o acreditar la
concurrencia de hecho fortuito, fuerza mayor, culpa o dolo de la victima.

      Esta teoría, que tuvo una aceptación definitiva para algunas
materias, como en los contratos de transporte y de hospedaje, no tuvo
igual acogida en lo que respecta a los accidentes de trabajo. Se critico,
sosteniendo que era falsa, porque no podía suponerse que el patrono
aceptara tácitamente en el contrato, la responsabilidad de indemnizar al
trabajador en caso de ocurrirle un accidente. Fue cuestionada, además,


                                                                         26
por que la ley no imponía al empleador la obligación de indemnizar a los
trabajadores accidentados. Tampoco en materia de arrendamiento, a
propósito del cual los Códigos clásicos trataban sobre la presentación de
servicios personales, contemplaban una disposición que permitiera
suponer esta obligación de cuidado.


3.1.4.- TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL O DE LA
RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

      Ante la evidencia del creciente número de accidentes y de que en los
infortunios laborales las victimas escasamente obtenían la reparación del
daño sufrido, por las dificultades que suponía probar la culpa del
empresario en un juicio costoso y regularmente adverso, la doctrina de la
responsabilidad extracontractual subjetiva, aún con sus variantes, fue
cada vez más criticada y rechazada, por que atendía más a la conducta
del autor del daño que a la situación de la victima que requería
protección.

     Surge así la teoría de la responsabilidad objetiva, que se
fundamenta en el perjuicio resultante de una actividad naturalmente
riesgosa. Toda persona que desarrolla una actividad crea un riesgo de
daño a los demás. Si ese riesgo se concreta perjudicando a otro, resulta
lógico que quien lo creó deba indemnizar a la persona dañada, sea o no
culpable del accidente.

      Se reconoce como los mejores exponentes de esta teoría a los
juristas franceses Saleilles y Josserand. Este último había sido Decano de
la Facultad de Derecho de Lyon e integrante de la Corte de Casación
Francesa.

     Según Saleilles, la irresponsabilidad por los accidentes de trabajo
era casi universal, por lo que la nueva doctrina debería atender a los
caracteres exteriores del hecho, para deducir la responsabilidad del
patrono. La teoría de la culpa era aplicable dentro del derecho individual,
mientras que la nueva teoría, objetiva, era propia del derecho social, que
considera al hombre como parte de una colectividad en la que aplica las
normas propias de una actividad. Cuando una empresa acepta un obrero
asume los riesgos de su elección. Se trata de una responsabilidad
fundada en la dirección individual.

     Para Josserand, el poder, el provecho y la dirección, entrañan la
responsabilidad, la incidencia de los golpes del destino no debe ser

                                                                        27
definitiva e irreparable. Lo contrario sería la bancarrota del derecho, que
se limitaría a comprobar los golpes, cuando en realidad, su papel es
modificar y rectificar esa incidencia conforme a la justicia y a la equidad.

      La Corte de Casación Francesa recogió por primera vez esta tesis
en una sentencia de fecha 16 de Junio de 1896, a propósito de la
explosión de la caldera de una embarcación, que causó la muerte de un
mecánico. El Tribunal y la Corte de Apelación declararon responsable al
propietario de la nave, aplicando el Art. 1.384 del Código Civil. La
Cámara Civil de la Corte de Casación, aún cuando reconoció que el
accidente se había producido por un vicio de construcción de la máquina,
agregó que el propietario no se liberaba de responsabilidad, aún
probando falta del constructor de la máquina o el carácter oculto del
vicio de la cosa.

      Según el Art. 1.384 del Código Civil francés se es responsable no
solamente del daño causado por el hecho propio, sino también por el
hecho de las personas o a causa de las cosas que se tienen bajo su
cuidado, dando lugar así a una presunción de culpa del patrono en la
producción del accidente, relevando a la victima de la obligación de
presentar las pruebas de su responsabilidad. Se estimo que dicha
disposición consagraba una norma de responsabilidad objetiva, diferente
de la subjetiva del Art. 1.382 de ese código, por un hecho material, por el
daño causado por una cosa inanimada y declara responsable a su
propietario por el hecho de su maquinaria, que crea un riesgo por el cual
debe responder, aún por caso fortuito.

    Las caracteristicas de esta teoría pueden exponerse del siguiente
modo:

   - Quien crea el riesgo debe repararlo si éste llega a realizarse.
   - El autor del daño no es responsable por haber actuado con culpa o
     dolo, sino porque haber causado el accidente. No responde como
     culpable sino como autor del daño.
   - La responsabilidad es un problema de causalidad y no de
     imputabilidad.
   - Las causales de exoneración del patrono serían la actuación
     exclusiva de un tercero o de la victima con culpa o dolo, el caso
     fortuito y la fuerza mayor. Estas circunstancias deben ser
     acreditadas por el empleador, sobre el cual recae el peso de la
     prueba.




                                                                         28
   - Haber empleado la debida diligencia o cuidado no libera de
     responsabilidad al patrono, por que el fundamento de su
     responsabilidad no radica en la culpa.
   - La victima sólo debe acreditar el daño y el hecho que la generó, en
     una relación de causalidad.
   - Separa claramente la responsabilidad civil de la penal,
     sustituyendo la idea de obligación de reparar como pena o castigo
     por la de reparación por medio del restablecimiento del equilibrio
     económico afectado por el daño.

Esta teoría tuvo algunas criticas de parte de destacados civilistas,
partidarios de la teoría clásica, por la prescindencia del elemento moral,
que origina en el hombre la conciencia del deber de reparar el daño
causado por su culpa o dolo y porque el nuevo sistema podría originar en
los empresarios una prescindencia de su responsabilidad, que delegarían
en terceros, los aseguradores, aumentando con ello los accidentes
laborales.

      No obstante las críticas referidas, el nuevo sistema de
responsabilidad fue recogido definitivamente por la jurisprudencia y por
los ordenamientos jurídicos de distintos países, entre ellos el nuestro, que
implementaron nuevas instituciones jurídicas para hacer frente al grave
problema social que representaban los daños causados por accidentes de
trabajo.

3.1.5.- TEORIA DEL RIESGO SOCIAL

      Esta teoría parte de la base de que toda comunidad humana
necesita de bienes y servicios cuya producción implica riesgos, mayores o
menores, pero inevitables al fin. La satisfacción de importantes
necesidades sociales implica en algunos casos desarrollar actividades
que, no obstante de ser peligrosas, requieren ser estimuladas, como es el
caso de la minería y el transporte. Los mayores costos de una actividad de
alto riesgo son traspasados vía precios a todos los consumidores. Un
accidente genera en el accidentado un estado de infortunio que requiere
de la atención social, incluso con carácter preventivo. Para atender a
estos infortunios de carácter general es necesaria la implementación de
un seguro social.

     Esta tesis sirvió de fuente inspiradora de la Ley Nº 16.744 sobre
Seguro Social Contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, publicada en el Diario Oficial con fecha 1º de Febrero de
1968, según lo sostiene su principal impulsor.

                                                                         29
3.1.6.- TEORIA DEL RIESGO GENERALIZADO

      Esta última tesis postula terminar con el concepto de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales como temas de la seguridad social
distintos y separados de los accidentes y enfermedades comunes, a partir
de un ordenamiento lógico elemental: si lo importante es atender el
estado de necesidad de la persona que ha sufrido el infortunio, poco
importa que su accidente o enfermedad se deba o no a una situación de
origen laboral.

3.2.- EVOLUCION LEGISLATIVA EN EL DERECHO
NACIONAL

     En nuestro país, la reparación del daño causado por los accidentes
de trabajo ha experimentado una evolución similar a la del derecho
comparado. El sistema se caracteriza por una pluralidad de mecanismos
indemnizatorios, donde puede concurrir la reparación propia de la
seguridad social con la reparación según las normas de la
responsabilidad civil.

3.2.1.- LOS CRITERIOS CLASICOS

      A falta de normas generales que regulan la responsabilidad por
daños personales de los trabajadores en accidentes del trabajo, esta
materia se regia por las normas comunes sobre responsabilidad
extracontractual, propias del código civil, por culpa o dolo, que son aun
aplicables, no obstante los serios inconvenientes que plantea. Acreditada
la responsabilidad, el hechor, deberá responder ya criminalmente, con
una sanción de orden penal, ya civilmente, mediante la indemnización
de perjuicios por responsabilidad extracontractual, conforme a los Arts.
2.314 y siguientes del Código Civil. Este podrá no obstante exonerarse,
acreditando la existencia de caso fortuito o atribuyendo el accidente a la
culpa o negligencia del trabajador.

3.2.2.- LA LEY 3.170 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1916

      En el mes de diciembre de 1916 se publicó en chile la Ley 3.170 que
estableció en Chile la responsabilidad objetiva del empleador por los
accidentes ocurridos a sus trabajadores, por el hecho o con ocasión
directa del trabajo, con exclusión de los debidos a fuerza mayor extraña y
sin relación alguna con el trabajo que ejecute el trabajador de los


                                                                       30
producidos intencionalmente por la victima y de los derivados de un
delito o culpa grave de la victima o de un extraño.

      Esa ley, inspirada en la teoría del riesgo profesional, tiene las
siguientes caracteristicas:

   a) Limita la responsabilidad a determinadas actividades industriales,
      como fabricas o talleres donde se hace uso de una fuerza
      cualquiera, distinta de la del hombre y en las faenas agrícolas que
      se encuentren en igual condición. Es el maquinismo el
      fundamento de la responsabilidad objetiva del patrono.
   b) Las prestaciones contempladas en la ley son tarifadas.
   c) El empleador puede asegurarse.
   d) Las prestaciones de la ley agotan el derecho de la victima, salvo
      culpa grave o dolo del empleador, en cuyo caso se puede perseguir
      la responsabilidad civil, renunciando a los beneficios de la ley.
   e) Estableció la Sección Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional
      de Ahorros.


3.2.3.- LA LEY 4.055 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1924

     La Ley 4.055, que modificó la ley de accidentes del trabajo, estaba
comprendida dentro de las leyes sociales dictadas en el Gobierno de
Arturo Alessandri para superar el conflicto institucional de 1924. Esta
ley fue posteriormente incorporada al primer Código del Trabajo de
1931.

     Inspirada igualmente en la teoría del riesgo profesional, excluyó de
su cobertura las actividades del comercio y servicios.

     Recoge un concepto de accidente de trabajo, similar al de la actual
Ley 16.744 y sus caracteristicas son las siguientes:

   a) Se excluyen de la cobertura de la ley los accidentes causados
      intencionalmente por la victima y los derivados de fuerza mayor
      extraña y sin relación alguna con el trabajo.
   b) La victima o sus herederos podían demandar la reparación del
      daño directamente al asegurador del empleador.




                                                                      31
3.2.4.- CODIGO DEL TRABAJO DE 1931

      El D.F.L. 178 de 13 de Mayo de 1931, recopiló con algunas
modificaciones la principal legislación social dictada hasta esa fecha y
fue conocido más tarde como el primer Código del Trabajo, incorporando
al titulo II de su libro II las disposiciones de la Ley 4.055, con las
siguientes modificaciones:

   a) Mejora las prestaciones indemnizatorias, siempre en la modalidad
      tarifada.
   b) El empleador queda obligado a contratar un seguro de
      responsabilidad, permitiéndose a la victima accionar directamente
      en contra del asegurador.
   c) Introduce el concepto de enfermedad profesional como siniestro
      laboral. Obliga a las empresas a adoptar medidas de previsión y
      vigilancia.
   d) Se consagra la intervención del Estado, con la creación de una
      Sección de Accidentes del trabajo en la ex Caja Nacional de
      Ahorros, encargada de administrar un Fondo de Garantía para
      responder de los aseguradores y empleadores insolventes, como
      también los capitales representativos de las indemnizaciones que
      debían constituir los empleadores que incumplían su obligación de
      asegurarse.

3.2.5.- LA LEY 16.744 DE 1º DE FEBRERO DE 1968

      Esta Ley se inspiró en la teoría del riesgo social, más avanzada que
las anteriores, que parte de la base de que toda comunidad humana
necesita de bienes y servicios cuya producción supone riesgos inevitables,
pero que es insensato estimular sólo las actividades poca riesgosas,
porque quedarían sin satisfacerse importantes necesidades sociales. Los
mayores costos de una actividad de alto riesgo son traspasados, vía
precios, a todos los consumidores. El sistema de seguridad debe
concentrarse en el estado de necesidad generado para el accidentado, en
la interrupción temporal o permanente para el trabajo que sufre la
victima, que le acarrea la discontinuidad de su ingreso, que afecta
también a su grupo familiar, a la empresa y a la colectividad misma. El
riesgo pasa así a ser social, por lo que es lógico que el sistema lo cubra a
través de un seguro obligatorio, también de carácter social, basado en la
responsabilidad colectiva.




                                                                         32
      De esa forma, es la sociedad la que contribuye al financiamiento del
seguro a través de los empleadores, concretando así el principio básico de
la seguridad social, la solidaridad. Se eliminan así los problemas que
planteaba el sistema de responsabilidad objetiva, que asignaba todo el
riesgo a los empleadores, en cuanto a la prueba, evaluación e
indemnización.

      Las principales caracteristicas del sistema de la ley 16.744 son las
siguientes:

   a) Se abandona el principio de la responsabilidad objetiva del
      empresario.
   b) Se establece el seguro social de accidentes del trabajo, con
      carácter obligatorio.
   c) Se extiende la protección a todos los trabajadores por cuenta
      ajena, cualesquiera que sean las labores que ejecuten, o
      cualquiera sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio o
      persona para quien trabajen, incluso los servidores domésticos y
      los aprendices, los funcionarios públicos de la administración civil
      del estado, municipales y de instituciones administrativamente
      descentralizadas del Estado, trabajadores independientes,
      estudiantes por los accidentes que sufran con ocasión de sus
      estudios o práctica educacional y dirigentes sindicales en el
      ejercicio de sus labores gremiales. Con posterioridad a la
      dictación de esta ley, se han incorporado a los beneficios de esta
      ley a una variedad de personas de las más diversas áreas de la
      producción y servicios, como los campesinos asignatarios de
      tierras en dominio individual de conformidad con las normas de
      la Ley de Reforma Agraria, Profesionales Hípicos, conductores
      propietarios de taxis, pirquineros independientes, y pescadores
      artesanales.
   d) La cobertura se extiende a los accidentes ocurridos en el trayecto
      directo de ida y vuelta del trabajo a la habitación de la victima.
   e) Siguen exceptuados los accidentes causados por fuerza mayor
      extraña y sin relación alguna con el trabajo y los producidos
      intencionalmente por la victima.
   f) El seguro se financia con las cotizaciones de los empleadores, con
      una cotización básica general del 0,90% de las remuneraciones
      imponibles de los trabajadores, más una cotización adicional
      diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o
      entidad empleadora, que no podrá exceder de un 3,4% de las
      remuneraciones imponibles. Esta cotización está sujeta a



                                                                       33
        variaciones, de acuerdo a la tasa de accidentabilidad y actividades
        de prevención de la respectiva empresa.
   g)   El retardo de la entidad empleadora en el pago de las cotizaciones
        no impide otorgar al trabajador las prestaciones respectivas. En
        tal caso, los organismos administradores deberán otorgar al
        accidentado o enfermo la cobertura que requiera, debiendo cobrar
        a la cantidad empleadora las cotizaciones, con intereses y multas.
   h)   Si el empleador no ha solicitado la afiliación del accidentado,
        deberá reembolsar al administrador el costo total de las
        prestaciones médicas y subsidio otorgados y las que deban
        otorgarse a sus trabajadores.
   i)   El dueño de la obra, empresa o faena es subsidiariamente
        responsable de las obligaciones de afiliar y cotizar que afecten a
        sus contratistas respecto a sus trabajadores. La misma
        responsabilidad tiene el contratista respecto de los trabajadores
        del subcontratista.
   j)   La administración del seguro estará a cargo del Servicio de
        Seguro Social y Cajas de Previsión, hoy refundidas en el Instituto
        de Normalización Previsional, en el Servicio de Salud, hoy Fondo
        Nacional de Salud y, bajo ciertos requisitos, en las Mutualidades
        de Empleadores o al propio empleador, mediante el sistema de
        administración delegada.
   k)   Las prestaciones tienen un carácter tarifado.
   l)   La ley no establece una acción directa de los trabajadores o de sus
        parientes en contra de los administradores del seguro como
        ocurría en la antigua Ley de Accidentes del Trabajo 4.055 de
        1924. pero contempla la obligación solidaria de los empleadores
        con los administradores del seguro por las obligaciones contraídas
        por estos.
   m)   Cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad
        empleadora o de un tercero, se produce un doble efecto, de
        acuerdo a lo dispuesto por el Art. 69 de la Ley.

-El organismo administrador podrá repetir en contra del responsable por
las prestaciones que haya otorgado.
-La victima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad
cause daño podrá reclamar del empleador y terceros responsables del
accidente las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a
las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.

   n) En común, en esta ley se contienen dos sistemas de reparación del
      daño causado por el accidente.



                                                                        34
       Uno, el cubierto por el seguro y que deja de ser un sistema de
       responsabilidad, por que no hay en él atribución del daño a un
       sujeto determinado; el otro, un sistema clásico de responsabilidad
       subjetiva para reclamar la indemnización complementaria por los
       daños no cubiertos por el sistema anterior.


4.- CLASIFICACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DEL EMPLEADOR EN CHILE

     Como decíamos en páginas anteriores, la responsabilidad supone
tanto la idea de deuda en general, como la obligación de reparar un
daño.

     El empleador, esto es, como lo entiende el Código del Trabajo, la
persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o
materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo,
contrae por ese hecho una variada gama de obligaciones para con sus
trabajadores, entre ellas las remuneracionales, previsionales y de
seguridad. De todas ellas es responsable contractualmente. Este conjunto
de obligaciones del empleador configuran en su conjunto la llamada
responsabilidad empresarial.

      Dentro de esas obligaciones del empresario está la de proteger la
vida y la salud de los trabajadores. “La existencia de un deber general de
seguridad e higiene en el trabajo nos permite hablar de responsabilidad
empresarial en el caso de incumplimiento, con independencia del
resultado lesivo que se ocasione. El incumplimiento de esta obligación
general permite la aplicación de una multiplicidad de sanciones en las
que se traducen las responsabilidades civiles, penales, laborales y
administrativas”.

      La presencia de un accidente de trabajo producirá diversas
responsabilidades: las prestaciones de la seguridad social, si no ha
solicitado la afiliación de un trabajador deberá reembolsar al organismo
administrador el total del costo de las prestaciones médicas y de subsidio
que corresponda al trabajador, enfrentar una eventual alza de la
cotización adicional diferenciada, pago de las cotizaciones impagas y
multas (Arts. 56, 15 y 18 de la Ley de Accidentes del Trabajo); sanciones
administrativas, sea a través de la Inspección del Trabajo o de la
Autoridad Sanitaria; eventuales sanciones penales; y la obligación de
indemnizar los daños conforme a las normas de responsabilidad civil.


                                                                       35
      De acuerdo a lo que se ha señalado precedentemente, y
considerando también la doctrina de nuestros tribunales, la
responsabilidad civil del empresario por los daños causados en accidentes
de trabajo puede clasificarse ajustarse dentro de cada una de las dos
formas de responsabilidad civil que se han analizado, contractual y
extracontractual, y dentro de ésta, en la llamada culpa contra legalidad.


4.1.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DEL
EMPRESARIO

     La Ley impone al empresario la obligación de cuidado de la salud y
de la integridad física de sus trabajadores (Art. 184 del Código del
Trabajo) pero esta obligación forma parte integrante del respectivo
contrato de trabajo, escritos o no, por lo que en definitiva esa
responsabilidad no pierde su origen contractual.

      Así, lo ha entendido la jurisprudencia de nuestros tribunales de
justicia desde el año 1992 cuando la Corte Suprema rechazó un recurso
de casación (anular) interpuesto por el Fisco de Chile en contra de una
sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió a
tramitación una demanda conforme al procedimiento laboral ordinario,
acogiendo la solicitud de reposición de la parte demandante que
solicitaba declarar la competencia del Juez del Trabajo para conocer de
una demanda de indemnización de perjuicios causados por la muerte de
un trabajador, por la infracción de la obligación del empleador de tomar
las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y la vida de sus
trabajadores, que le impone el Código del Trabajo. Este criterio
jurisprudencial se ha mantenido con posterioridad, en términos que nos
atrevemos a sostener es hoy una verdadera doctrina de nuestros
tribunales.


4.2.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEL EMPRESARIO

      Por otra parte, la responsabilidad del empresario por los daños
causados a sus trabajadores puede ser también calificada de
extracontractual, por cuanto se deriva de una infracción de un deber de
cuidado impuesto por la ley, y puede perseguirse la responsabilidad con
este fundamento, sin invocar la obligación contractual.



                                                                       36
      Este era y aún es el criterio seguido por nuestra doctrina cuando se
trata de reclamar los daños propios de las victimas indirectas y de
nuestros tribunales, que aún admiten demandas de indemnización de
perjuicios derivados de accidentes de trabajo conforme a las normas de
responsabilidad extracontractual.


4.3.- CULPA CONTRA LEGALIDAD

     A lo anterior cabe agregar que si el accidente de trabajo se ha
producido como consecuencia de infracciones a obligaciones
determinadas, impuestas por normas legales o reglamentarias, que
precisan o prescriben una determinada conducta preventiva del
empresario, como son la obligación de dictar un reglamento interno de
orden higiene o seguridad, crear un comité paritario o informar a sus
trabajadores de los riesgos de accidentes, se configurará una culpa
contra legalidad, una forma especifica de responsabilidad
extracontractual, en cuyo caso no es necesario acreditar la culpa del
autor del daño. Basta acreditar la violación reglamentaria. La infracción
absorbe la culpa, que consiste precisamente en dicho quebrantamiento.

      En estos casos hay culpa por el sólo hecho de que el agente haya
realizado el acto prohibido o no haya realizado el ordenado por la ley o el
reglamento, pues ello significa que omitió las medidas de prudencia o
precaución que una u otro estimaron necesarias para evitar un daño.


4.4.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NATURALEZA
DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD

     Para determinar cual es el tipo de responsabilidad que afecta al
empresario la jurisprudencia nacional ha recurrido a dos elementos: lo
que debe entenderse por prescripciones de derecho común que emplea la
Ley de Accidentes del Trabajo y la llamada obligación de cuidado que
pesa sobre el empleador de acuerdo con el Art. 184 del Código del
Trabajo.

4.4.1.- PRESCRIPCIONES DE DERECHO COMUN
La expresión se ha entendido en tres sentidos diferentes:




                                                                        37
4.4.1.1.- COMO NORMA DE COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES ORDINARIOS

       Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 7
de Abril de 1992 entendió que cuando la ley dice con arreglo a las
prescripciones del derecho común determina la competencia del tribunal
civil, ordinario, para conocer de los juicios de responsabilidad derivados
de accidentes o enfermedades del trabajador. Por que cuando la ley de
Accidentes del Trabajo quiso referirse a la legislación laboral lo hizo
expresamente, como ocurre en el Art. 67 de la misma ley. Solo podría
entenderse competente el juzgado del trabajo si el problema se suscitara
entre los empleadores y los trabajadores en servicio activo, por la
facultad de los tribunales del trabajo para conocer de las cuestiones
suscitadas por la aplicación de las normas laborales o derivadas de la
aplicación o interpretación de los contratos de trabajo.


4.4.1.2.- COMO FUENTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL

      Otra sentencia, de la Corte de Apelaciones de Concepción, con
fecha 16 de Enero de 1997, resolvió que el derecho común está
constituido por las normas que regulan la responsabilidad civil,
específicamente las normas sobre responsabilidad del Código Civil, que
regula dos tipos de responsabilidad subjetiva: la que deriva de un delito o
cuasidelito civil y la emana de la infracción de un contrato. En este
último caso, el origen de la obligación de indemnizar supone un vínculo
preexistente-contrato de trabajo-entre la víctima y el responsable, cuyo
incumplimiento permite demandar la reparación del daño material y
moral. Sin embargo, el hecho de que exista una responsabilidad de orden
contractual no excluye la posibilidad de que el hecho u omisión del
empleador causante de un accidente del trabajo pueda configurar a su
vez un delito o cuasidelito civil que genere responsabilidad
extracontractual. Menciona esta sentencia a los juristas Sauzet y
Sainctlette, por sus obras “De la responsabilidad de los patrones y de los
obreros por los accidentes del trabajo” y “Responsabilidades y
garantías”, citados por Ángel Botto León en su obra “El contenido de la
seguridad social”, que sostenían que la responsabilidad de los accidentes
del trabajo recaía sobre el patrón por ser ello algo implícito a la
naturaleza misma del contrato laboral; más allá de pagar un precio por
el trabajo tiene la obligación de que nada ocurra a sus operaciones
mientras prestan sus servicios.



                                                                        38
      Sobre este punto, don Ramón Domínguez Águila, comentando una
sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, sostiene como
doctrina firmemente establecida que la referencia al derecho común es al
derecho civil, más precisamente a las normas sobre responsabilidad
contractual o extracontractual, según el caso, por que la ley sobre
accidentes del trabajo contiene un sistema de reparación del daño que
escapa a los principios de la responsabilidad civil, ya que se trata de uno
de seguridad social con reparación automática y, en cierto modo,
tarifada; pero no priva al trabajador y otros, a quienes el accidente cause
daño, de la acción para demandar el suplemento de indemnización por
daños no cubiertos en ese sistema, si el demandante prueba culpa o dolo
del demandado. En ese evento, como no se trata de aplicar las normas del
sistema de seguridad social, la ley se remite al derecho común
indemnizatorio de responsabilidad, en el cual el deber de reparación se
imputa al que ha incurrido en culpa o dolo y ello está previsto en el
Código Civil. Se respeta así el derecho de la victima a la reparación
integral, haciéndolo compatible con un sistema tarifado y automático de
indemnización sin vulnerar, por otra parte, las garantías
constitucionales.


4.4.1.3.- COMO NORMA DE COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL TRABAJO

      Otra sentencia más reciente, también de la Corte de Apelaciones de
Concepción, de fecha 21 de Octubre de 2002, en autos Rol Nº 4043-2001,
se sostiene que la referencia al derecho común significa que la discusión
se sujeta a la competencia del juez laboral, si la demandante acciona en
virtud del deber de protección que consagra el Art. 184 del Código del
Trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 420 letra f del Código
del Trabajo.

4.4.2.- EL DEBER DE PROTECCION DEL EMPRESARIO

      El empresario, junto con la obligación de pagar la remuneración
del trabajador, tiene otros deberes para con sus trabajadores, que la ley
se ha encargado de precisar, conocidos genéricamente como el deber de
protección al trabajador.

      JORDANA FRAGA, en España, señala que junto a los deberes de
prestación, aparecen los deberes de protección. Los primeros tienden a la
realización del interés primario del acreedor. Los segundos,


                                                                        39
fundamentalmente derivados de la idea de buena fe, se dirigen a
preservar a cada una de las partes del daño que les pueda derivar el
incumplimiento de la obligación. Los deberes de protección tienen un
contenido autónomo respecto del deber de prestación; de modo que,
desde la perspectiva del deudor, estos deberes operan con independencia
de que la prestación principal se haya cumplido, concluyendo que “la
responsabilidad del deudor (o eventualmente del acreedor) por la
infracción de estos deberes es de carácter contractual, pues se trata de la
violación de una obligación de cautela o prudencia, que tiene su raíz en
la buena fe, en la lealtad y corrección hacia la contraparte, que preexiste
a la propia afirmación de la responsabilidad. El carácter contractual de
esta responsabilidad se explica por que los deberes de protección
concurren a la realización del objeto de la realización obligatoria
considerado en términos globales o genéricos.

      Se ha sostenido por la doctrina alemana que ese deber surge como
consecuencia del deber de lealtad reciproca que debe dominar la relación
de trabajo: “Así como al trabajador le incumbe un deber de fidelidad
general, de importancia decisiva para su conducta total en el marco de la
relación de trabajo, así también tiene el empleador un deber semejante.
Está el empleador obligado, en el marco de la relación de trabajo, a
abogar por el trabajador, a prestarle protección y asistencia y a suprimir
todo aquello que sea apto para causarle algún perjuicio en sus intereses.
Puesto que el trabajador depende personalmente del empleador, el deber
de lealtad de éste se refleja, en amplia medida, en una protección dirigida
a su bienestar; por esta razón se ha venido designando, en forma
abreviada, al conjunto de los deberes del empleador, como deber de
protección, frente al deber de fidelidad del trabajador. Es una cláusula
general de la que pueden nacer para el empleador, numerosos deberes
singulares, innumerables, pues la vida es tan variada que siempre
resultaran nuevos supuestos aplicativos.

     En chile, Leslie Tomasello Hart, sostiene que el contrato de trabajo
engendra la obligación de responder por la integridad de la persona d el
dependiente y asegurarle que al término de su jornada se retirara en las
mismas condiciones que la inició, de modo que los daños resultantes de
un accidente de trabajo originan responsabilidad contractual.




                                                                        40
4.4.2.1.- EL DEBER                  DE      PROTECCION             COMO
OBLIGACION LABORAL

     El Código del Trabajo distingue las obligaciones laborales de las
obligaciones previsionales. Así ocurre en los artículos 64, 64 bis y 478 del
Código del Trabajo.

     La diferenciación tiene sentido, pues si bien ambas derivan del
contrato de trabajo, las obligaciones laborales se refieren a su
exigibilidad directa en la relación dual empleador y trabajador. Las
obligaciones previsionales, en cambio, suponen la intervención más o
menos pasiva de un tercero, de las entidades previsionales, sea como
acreedoras y receptoras de las cotizaciones previsionales o como
deudoras de la obligación de asesoría en la prevención de accidentes.

      Consecuencialmente entonces, la obligación de seguridad, debe
clasificarse dentro de las obligaciones laborales, y en las referencias que
el Código del Trabajo haga a las obligaciones laborales debe
emprenderse la obligación de seguridad.

     Así se ha resuelto expresamente para la responsabilidad
subsidiaria. Así se ha entendido para los fines de esta exposición.


4.4.2.2.- EL DEBER DE PROTECCION Y LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

      El deber de protección del empresario se refiere a la integridad
física y a la salud del trabajador, pero no se agota en ello. También se
extiende a su intimidad, a su igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y en la ocupación, a su derecho a no ser discriminado en otros
aspectos que no se basen en su capacidad o idoneidad personal, a hacer
uso de su derecho a expresarse.

     La relación laboral debe desarrollarse dentro de un marco que
permita la vigencia de los derechos que la Constitución Política asegura
a todas las personas, y que no pueden perder su vigencia directa en el
contrato de trabajo (Arts. 2º y 4º del C .del T.).

     Esta última afirmación es el fruto de una elaboración originada en
algunas sentencias del Tribunal Constitucional alemán a partir de 1958,
conocida como la doctrina de la Dritwirkung del Grundrechte o de la


                                                                         41
eficacia horizontal o directa de los derechos fundamentales, que se
refiere a la posibilidad de que los particulares esgriman, en contra de
otros particulares y en el ámbito de sus relaciones privadas, los derechos
subjetivos públicos, y que entre nosotros ha dado lugar al principio de
vinculación directa de la Constitución, en base a lo dispuesto en el Art. 6º
inciso 2º de la Constitución Politica de 1980, según el cual sus preceptos
obligan tanto a los titulares o integrantes de los órganos de la
administración del Estado, como a toda persona, institución o grupo.
Según este último principio, los derechos humanos reconocidos en el Art.
19 de la Constitución Politica del estado pueden reclamarse
indeterminadamente a cualquier persona o autoridad o a la comunidad
entera.

      Estas doctrinas imponen a los órganos judiciales incorporar a los
derechos fundamentales como criterios de decisión de los asuntos
sometidos a su consideración y a la comunidad doctrinaria, a su turno, el
desafío de armonizar sus antiguas construcciones dogmáticas al discurso
de los derechos fundamentales.

      Las doctrinas referidas, en su aplicación al derecho del trabajo, en
cuanto derecho privado, adquieren un especial vigor, atendido su
carácter social y protector, especialmente de la vida y de la integridad
física del trabajador, derechos que el Art. 19 de la Constitución
menciona en su primer numerando.


4.4.2.3.- MANIFESTACIONES      LEGALES                                   Y
REGLAMENTARIAS DEL DEBER DE PROTECCION

      El principio general de la obligación de cuidado se encuentra
reconocido expresamente en el Art. 184 del Código del Trabajo. Pero
también otras disposiciones legales se refieren a esta misma materia,
prescribiendo al empleador distintas medidas de prevención y seguridad:

   a) En la obligación de confeccionar un reglamento interno de orden,
      higiene y seguridad, que especifique las obligaciones y
      prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores en sus labores
      y permanencia dentro de la empresa, descanso, prevención, higiene
      y seguridad (Art. 153 del C. del T. y Art. 82 del Código Sanitario).
   b) Funcionamiento de Comités Paritarios de Higiene y seguridad,
      contemplados en el Art. 66 de la Ley de Accidentes del Trabajo y
      Enfermedades Profesionales, que deben asesorar a los
      trabajadores en materia de seguridad, vigilar el cumplimiento de

                                                                         42
      las medidas que se adopten, tanto por la empresa y sus
      trabajadores, investigar las causas de los accidentes y
      enfermedades e indicar todas las medidas de higiene y seguridad
      que sirvan para la prevención de los riesgos. De acuerdo al Art.70
      de esta misma ley corresponde a estos comités decidir si ha
      mediado negligencia inexcusable en el accidente del trabajador.
   c) Contar con Departamentos de Prevención de Riesgos
      Profesionales, a que se refiere el Art. 8 del D.S. Nº 40 de 1969, que
      aprueba el Reglamento Sobre prevención de Riesgos Profesionales.
   d) Obligación de informar de los riesgos laborales, en forma oportuna
      y convenientemente a todos sus trabajadores, de las medidas
      preventivas y de los métodos de trabajo correctos, a través de los
      comités paritarios de higiene y seguridad y de los departamentos de
      prevención de riesgos, al momento de contratar a los trabajadores
      o de crear actividades que implican riesgos. Esta obligación fue
      incorporada al D.S. Nº 40 por el D.S. Nº 50, de 21 de Julio de 1988.
   e) Obligación de suprimir de los lugares de trabajo cualquier factor
      de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los
      trabajadores, contenida en el Art. 37 Reglamento sobre
      condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de
      trabajo, aprobado por Decreto Supremo 594 de 5 de Noviembre de
      1999.


4.4.2.4.- EL DEBER DE PROTECCION Y LA CULPA

      La acción de responsabilidad puede tener un carácter contractual o
extracontractual, pero en ambos casos se requerirá configurar la culpa
del demandado, sea que ella se presuma o no. Veamos entonces que
efectos genera su infracción en cada una de las formas de
responsabilidad.

4.4.2.4.1.- EN EL CAMPO DE LA RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL

      Frente a la distinción de las especies de culpa que plantea el Art. 44
del Código Civil y al grado de cuidado que cabe exigirle al empleador en
el cumplimiento de la obligación de seguridad, la jurisprudencia ha
señalado que éste debe responder hasta de la culpa levísima, por que los
valores que se encuentran comprometidos en tal obligación no son de
contenido patrimonial, ya que se refieren a la vida, a la integridad física y
a la salud del trabajador.


                                                                          43
4.4.2.4.2.- EN EL CAMPO DE LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

      Aunque no existe la referida graduación de culpa, la infracción del
deber de cuidado, también tiene importancia para establecer la culpa, por
la llamada culpa contra legalidad, que queda incluida implícitamente en
la infracción, y de la cual el autor del daño solo podrá exonerarse a
través de una causal de justificación.


4.4.2.5.- EL DEBER DE PROTECCION OBLIGA AL
EMPRESARIO A NO DAÑAR A SUS TRABAJADORES

      El deber de protección que pesa sobre el empleador no sólo le obliga
a tomar todas las providencias necesarias para garantizar la seguridad de
sus trabajadores. También le obliga a respetar y no dañar la integridad
física o moral de sus trabajadores.


4.4.2.5.1.- DURANTE LA RELACION LABORAL

      El empleador debe ejercer sus funciones de mando en la empresa
sin lesionar indebidamente los derechos de sus subordinados y darles a
éstos un trato digno y adecuado, respetando su integridad física y
psíquica. El incumplimiento de esta obligación le obliga a reparar el
daño moral que cause a su trabajador, según lo dispuesto en el Art. 69 de
la Ley de Accidentes del Trabajo.


4.4.2.5.2.- AL PONER TÉRMINO AL CONTRATO DE
TRABAJO

     Consecuencia de este principio son las sanciones de carácter
tarifado que impone la ley en aquellos casos en que el empleador ha
puesto término a la relación laboral invocando causales particularmente
lesivas para el trabajador, atribuyéndole conductas indebidas de carácter
grave, como falta de probidad, injurias o conducta inmoral, sin
fundamento plausible, sin perjuicio del derecho del trabajador a
reclamar el derecho por los perjuicios que se pueden haber causado.




                                                                       44
4.4.3.- LA OBLIGACION DE SEGURIDAD ES DE ORDEN
PUBLICO

      El contrato de trabajo es un acuerdo entre particulares y el derecho
laboral regula principalmente el trabajo del sector privado subordinado
(art. 1 del C. del T.).

      Sin embargo dentro de las normas del derecho del trabajo se
encuentran regulados aspectos de derecho público, de interés público y
otros de orden público.

     El orden público se ha definido como el conjunto de reglas
esenciales para el mantenimiento de la sociedad y que debe considerarse
como tal todo lo que en las leyes interesa más directamente a la sociedad
que a los particulares.

      El orden público laboral se ha definido como una limitación de la
autonomía de la voluntad individual, dispuesta por la ley, con miras al
interés general.

      Se afirma que el derecho del trabajo es, en general, un
ordenamiento de orden público, no obstante haber derechos que pueden
ser renunciados o limitados en virtud de acuerdos entre las partes.

      En nuestra opinión, la obligación de seguridad forma parte del
núcleo duro del orden público laboral, no sólo en lo dispuesto en los
artículos 2, 5 y 184 del Código del Trabajo, sino también porque es una
manifestación de las garantías constitucionales del derecho a la vida y a
la integridad física y psíquica de las personas, que consagra el articulo
Nº 1 de la Constitución Politica del Estado.


4.5.- LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO EN EL
DERECHO ESPAÑOL

      Después de haber examinado la naturaleza de la responsabilidad
civil del empresario por accidentes del trabajo en nuestro país, hemos
considerado oportuno e interesante traer a la vista lo que ocurre
actualmente con este tema en el derecho español.

     En España ocurre algo muy similar a lo que sucede en Chile, pues
en ese país las materias a que nos hemos venido refiriendo son ventiladas


                                                                       45
ante la jurisprudencia española tanto en sede civil, por responsabilidad
extracontractual, con inversión de la carga de la prueba, como en sede
laboral, por responsabilidad contractual, como veremos a continuación.

      Tradicionalmente, estas materias se discutían como responsabilidad
extracontractual, pero desde principios de los años noventa, han pasado
a discutirse en forma paralela por vía contractual en sede laboral. Algo
similar a lo que ocurre en nuestro país.


4.5.1.- RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CON
INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA

     La jurisprudencia civil española ha mantenido el criterio de que el
ámbito de aplicación de la culpa contractual no alcanza a la
responsabilidad del empresario por accidente de trabajo. Pero, al
momento de determinar la responsabilidad por vía extracontractual, en
sede civil, se aplican criterios y principios de la responsabilidad
contractual, como una forma de “responsabilidad por riesgo”, que
permite hacer aplicable las exigencias propias de la obligación de
cuidado, volcando el peso de la prueba de la ausencia de culpa sobre el
empleador quien deberá demostrar que ha agotado los medios de
prevención del accidente, no bastando al efecto el mero cumplimiento de
la normativa laboral.

       Reconociendo las diferentes entre ambos tipos de responsabilidad,
se admite la compatibilidad entre ambas. Martínez Lucas cita una
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el año 1992, por
responsabilidad extracontractual, con motivo de la muerte de un
trabajador que colocaba un letrero publicitario, donde se sostiene la
compatibilidad de la culpa contractual y la extracontractual, en términos
tan claros que hemos querido transcribir: “La responsabilidad
contractual y la extracontractual son difíciles de separar, pues el
principio alterum non laedere es aplicable incluso cuando media una
relación jurídica preexistente, pues si bien ambas clases de
responsabilidad tienen elementos comunes, como son la producción del
daño o lesión, imputabilidad del mismo a un sujeto y deber de resarcir,
también presentan diferencias sustanciales, pues mientras la contractual
nace como consecuencia lógico-jurídica del incumplimiento o infracción
de los términos del negocio, la extracontractual tiene su origen en un
ilícito civil productor del daño, por lo que es posible la concurrencia de
ambas al ser factible y frecuente-así en el caso de los accidentes de
trabajo-que una actuación u omisión culposa causante del perjuicio se

                                                                       46
produzca al margen del contenido propio del contrato que pueda vincular
a las partes, y con independencia de que se produzca su infracción o
incumplimiento, no existiendo otro límite que la indemnidad o finalidad
reparadora que es común consecuencia de ambas clases de culpas
(sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 30 de diciembre de
1981, 19 de junio de 1984, 3 de febrero de 1989 y 2 de enero de 1990)”.
Con independencia de la existencia de la relación contractual entre el
trabajador y el demandado, lo que produce es calificar la actuación de
éste, al dar la respectiva orden al trabajador y la existencia del nexo
causal, cuestión jurídica que constituye el requisito imprescindible para
que puedan ser imputadas al demandado las consecuencias del daño.

      Esta sentencia resume la evolución de la doctrina del tribunal
Supremo en orden a la interpretación del Art. 1902 del Código Civil
español, generalizándose la doctrina del riesgo, como explicó la sentencia
de 22 de diciembre de 1986, señalando que “en torno a la doctrina de la
carga de la prueba de la negligencia de las reclamaciones por culpa
extracontractual tiene declarado esta sala que si bien nuestro Código
Civil se inspira en el principio de la responsabilidad basada en la idea de
la culpa, por excepción no dejan de hallarse dentro de él caso en que el
mero riesgo o peligro creado acarrea responsabilidad.

      La jurisprudencia, a partir de la sentencia de 10 de julio de 1943,
que admitió presunciones de culpa en el accidente, para cargar al autor
de los daños producidos la obligación de desvirtuar la presunción, no
hace más que apartarse del estricto principio de la responsabilidad por
culpa, invirtiendo la carga de la prueba, para obligar a acreditar que
obró en ejercicio de sus actos con toda la prudencia precisa para evitarlo,
por entender no solo lo contrario a la ley el ilícito, sino que debe ir
acompañado de la diligencia, exigiendo el Art. 1.104 del mismo cuerpo
legal, relativo a la culpa contractual, que por analogía ha extendido a la
extracontractual, no solo la diligencia simple, sino la que se derive de la
naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar, determinando que un acto ilícito en sí
puede dar lugar a culpa si no se realiza con la prudencia que las
circunstancias del caso exigían, en términos que el daño revela la
insuficiencias de las mismas, siguiendo la tendencia las últimas
resoluciones del tribunal supremo, declarando que la acción y omisión se
presumen siempre culposas a no ser que el agente pruebe haber
procedido con la diligencia debida, sin limitarse al mero cumplimiento de
las disposiciones reglamentarias (sentencia de 11 de Marzo de 1971), que
existe culpa aunque se hayan cumplido las disposiciones reglamentarias
cuando se exige diligencia posible y socialmente adecuada (sentencia de


                                                                        47
13 de Diciembre de 1971), inspirada en el principio de la solidaridad
social (sentencia de 13 de Febrero de 1973), aplicando la teoría de la
culpa contractual e inversión de la prueba (sentencia de 10 de Mayo y 8
de Julio de 1972 y otras que se citan, aceptando soluciones cuasi
objetivas, demandadas por el incremento de las actividades peligrosas) y
el principio de que ha de ponerse a cargo de quien obtiene el provecho la
indemnización del quebranto sufrido por el tercero, a modo de
contrapartida del lucro obtenido por la actividad peligrosa, doctrina que
impide aplicar el sistema subjetiva de la culpa (sentencia de 20 de
Diciembre de 1982) y, finalmente, que la doctrina y la jurisprudencia en
la esfera del Derecho de Daños amparan el deber de indemnizar en la
teoría del riesgo a no ser que el suceso tenga su causa en la culpa
exclusiva y manifiesta del perjudicado, sin actuación culposa
concurrente de la otra parte (sentencia de 22 de Noviembre de 1982).


4.5.2.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

     Por otra parte, en la misma jurisprudencia española, se ha abierto,
a contar del inicio de los años noventa, una solución diferente para este
mismo problema, en base a la llamada “responsabilidad laboral”, que
surge de los juzgados de la jurisprudencia social, que han ido
progresivamente interviniendo en estos juicios, atribuyéndose
competencia, criterio que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo,
en la medida que se invocan las normas de responsabilidad contractual,
por no haber observado la empresa las normas de seguridad en el
trabajo.

      El auto de la sala de conflictos de competencia del tribunal supremo
de 4 de Abril de 1994, confirmando la competencia de la jurisdicción
social para conocer de las indemnizaciones de daños y perjuicios por
emisión empresarial de las medidas de seguridad e higiene, sentó la
siguiente doctrina “Debe entenderse que el daño causado en un
accidente de trabajo, cuando concurre omisión de parte del empresario
de las medidas de seguridad legalmente establecidas, se deriva de un
incumplimiento de las obligaciones que constituyen el contenido esencial
del contrato de trabajo, pues los deberes y derechos que las constituyen
no sólo nacen del concierto de voluntades producido entre las partes,
puesto que el Art. 3 del Estatuto de los trabajadores enuncia las fuentes
de la relación laboral y establece en su apartado 1º que tales derechos y
obligaciones se regulan por las disposiciones legales y reglamentarias
del Estado, por los convenios colectivos, por la voluntad de las partes y
por los usos y costumbres.

                                                                       48
     Según la doctrina española esta doctrina jurisprudencial
paulatinamente llegará a construir una figura dogmática nueva al
considerar que el término civil es utilizado por la Ley general de la
Seguridad Social en un sentido amplio, que comprende frente a la
responsabilidad penal tanto la responsabilidad estrictamente civil como
la que surge de un incumplimiento laboral, pues el empresario puede ser
responsable civilmente cuando el daño causado se vincula con una
conducta ajena al contenido obligacional del contrato de trabajo.

       Pero cuando se está ante un daño cuya producción se imputa a un
ilícito laboral, entendido como la infracción de una norma, estatal o
colectiva, o de una regla de la autonomía privada o de la costumbre (Art.
3 del Estatuto de los Trabajadores), la responsabilidad ya no es civil, sino
laboral y el supuesto queda comprendido en el apartado a) del Art. 2 de la
Ley de Procedimiento Laboral, que atribuye al orden social las cuestiones
litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como
consecuencia del contrato de trabajo.


5.- TITULARES DE LA ACCION DE REPARACION DE LOS
PERJUICIOS CAUSADOS POR REPERCUSION

     La acción de responsabilidad corresponde en general a toda
persona que ha sufrido un perjuicio causado por un hecho ilícito o por
un incumplimiento contractual, sea que ese daño lo haya sufrido en
forma directa o como consecuencia del daño causado a otra persona.

      Si el daño se ha causado a varias personas, cada uno de ellos tendrá
su propia acción. “El mismo hecho puede dar nacimiento a muchas
acciones que tiendan a reparaciones distintas, nacidas en el interés de
personas diferentes y de tal naturaleza de poder ser ejercidas simultánea
o aisladamente por ellas, sin que el ejercicio de una pueda tener un
efecto cualquiera sobre el ejercicio de las otras”.


5.1.- SITUACION DE LOS HEREDEROS

      En su calidad de continuadores de la persona del causante, los
herederos pueden demandar por el daño directo sufrido por el trabajador
fallecido, cuyo derecho a la acción le fue transmitida por el modo
sucesión por causa de muerte. Pero en este caso, los herederos no actúan
como terceros sino iure hereditatis, como si fuesen la propia victima.


                                                                         49
      Los herederos pueden también reclamar iure propio, por el daño
que a ellos les ha causado el hecho, en cuanto a las victimas indirectas o
por repercusión, en cuyo caso podrán demandar conforme a las normas
de la responsabilidad extracontractual, ante la justicia ordinaria, o de la
responsabilidad contra contractual, ante el juzgado del Trabajo.


5.2.- SITUACION DE LOS TERCEROS

     A las personas ligadas con la victima por una relación de
parentesco que no constituye vinculo hereditario y a quienes no sean sus
parientes sólo les corresponde la acción por el daño propio, puesto que
nada les ha trasmitido la victima.

     Estas personas tienen derecho a la acción que el Art. 69 de la Ley
de Accidentes del Trabajo reconoce a las demás personas a quienes el
accidente o enfermedad cause daño, sin hacer ningún tipo de
delimitación.

     Por lo mismo surge el problema de determinar si su acción la deben
deducir ante el tribunal competente en materia laboral o en materia civil.

      Si se examinan los fallos en los cuales se ha ido planteando la
nueva doctrina de los tribunales del trabajo para conocer de los casos de
daños por carambola, el criterio determinante de la competencia no lo
constituye el parentesco o el carácter de herederos de los demandantes,
sino la referencia directa a la violación de una obligación de seguridad
que se ha traducido en el daño.

     Conforme a lo que hemos señalado, la jurisprudencia ha
reconocido a los padres de la victima directa su derecho a ser
indemnizados también por la vía contractual, aún sin ser herederos del
trabajador fallecido.

      La doctrina jurisprudencial se basa en que aunque se trate de
terceros, no trabajadores, ellos invocan en el origen de la responsabilidad
la existencia de un contrato.

      La doctrina es novedosa por que implica extender a terceros l os
efectos de un contrato del cual no son parte, la tesis que abiertamente va
en contra del principio de la relatividad del contrato. Pero tiene una
posible explicación en el hecho que, de seguirse la doctrina tradicional,
la acción de terceros, victimas indirectas, debería someterse a la

                                                                        50
competencia del juez civil ordinario al ser extracontractual, y la del
trabajador, la del juez laboral, con la clara posibilidad de sentencias
contradictorias para un mismo hecho. Además la competencia laboral
favorece a la victima.


5.3.- SITUACION DE LOS CONCUBINOS

     Hemos querido examinar particularmente la situación de los
convivientes de hecho de la victima directa, tradicionalmente
denominados concubinos, respecto de quien no ha existido hasta ahora
una preocupación particular del legislador, salvo algunas excepciones, a
pesar de que las situaciones de convivencia sin vinculo matrimonial son
cada vez más frecuentes.

    Entendemos por concubinato la relación marital de un hombre con
una mujer sin estar casados, como lo define en el Diccionario de la Real
Academia Española.

      Nuestro Código Civil, inspirado en el Código Francés, establecía
por diversos medios una estricta protección de la familia fundada en el
matrimonio, prohibiendo la investigación de la paternidad y
distinguiendo entre hijos legítimos e ilegítimos, subdividiendo a éstos en
otras sub categorías, con marcadas diferencias entre ellos.

      Si bien han existido importantísimas reformas en materias propias
del derecho de familia, ellas se han centrado más bien en la situación de
los hijos, logrando establecer igualdad entre los hijos matrimoniales y no
matrimoniales, pero no en la situación del conviviente.

     Las personas que viven en concubinato, generan entre ellas
vínculos de dependencia afectiva y económica, constituyendo
normalmente una familia, en los mismos términos que las personas
ligadas por vínculo matrimonial.

     El punto, doctrinariamente, se relaciona con la exigencia de que el
daño que se pretende reparar afecte a una situación lícita.

     El problema es determinar entonces si el concubinato es o no lícito.




                                                                       51
5.3.1.- DERECHO COMPARADO

     En el derecho comparado se ha ido evolucionando hacia una
despenalización del adulterio y a un trato igualitario hacia las personas,
con prescidencia de la existencia de un vínculo matrimonial entre los
progenitores.


      En Francia, se ha transitado desde la negación del derecho a
indemnización del conviviente por la falta de un interés legitimo
jurídicamente protegido, para posteriormente distinguir entre los
concubinos adulterinos y los que no lo son, negando acción a los
primeros y protegiendo la de los segundos, si la relación ha tenido cierta
estabilidad, ya que el Art. 1.382 del Código Civil Francés no exige una
relación de derecho entre el difunto y la victima que demanda
indemnización por la muerte de aquel. Si no hay matrimonio previo de
ninguno de los concubinos la situación no es ilegal sino licita. Respecto
de los concubinos con vínculo matrimonial, la Cámara Criminal resolvió
que el autor no puede defenderse invocando la ilicitud de la relación
entre la victima directa fallecida y su concubina, de forma que la única
persona autorizada para cuestionar la ilicitud del vínculo es el cónyuge
del fallecido.


      En el derecho común europeo, la comisión resultante de la sesión
de Paris de 1988, elaboro en diciembre de 1991 un proyecto de directiva
destinado a ser propuesto al Consejo de las Comunidades Europeas, que
en su articulo 10 formula una regla para quienes, a causa de su
comunidad de vida con la victima directa, experimentasen sufrimientos:
no pueden obtener reparación de este perjuicio mas que en el caso de
lesión de carácter excepcionalmente grave.


     En el derecho norteamericano se advierte una evolución similar,
aunque menos teórica, hasta admitirse actualmente que una demanda
por “loss Of. Consortium” no esta supeditada a la existencia de un
matrimonio valido.


     En el contexto sudamericano, en México y en argentina, la ley
reconoce expresamente el derecho de la conviviente a una indemnización
por muerte del trabajador.


                                                                       52
5.3.2.- EL CONCUBINATO EN LA DOCTRINA NACIONAL

       En nuestro país, algunos autores han sostenido la improcedencia de
la acción de responsabilidad de la concubina fundados a la solicitud del
vínculo. Alessandri Rodríguez, sostuvo que la demanda “se fundaría en
la ilicitud de la situación lesionada, puesto que invocaría su propia
inmoralidad, los beneficios que le reporta su situación irregular”. Más
recientemente, Rodríguez Grez, sostiene que el concubinato de personas
no ligadas por vinculo matrimonial no merece un reproche moral que
justifique privar el derecho a reclamar indemnización por muerte de uno
de los concubinos, pero en caso de personas ligadas por vinculo
matrimonial, se inclina por calificar la relación extramatrimonial como
ilícita.

       Nosotros creemos, sin embargo, que ya no es posible sostener la
ilicitud de las relaciones de convivencia no matrimonial, sea que estos
convivientes estén afectos o no a un vínculo matrimonial previo no
disuelto. Los cambios sociológicos y la evolución legislativa que ha
venido exhibiendo nuestro país ya no permiten esa afirmación.


5.3.3.- CAMBIOS SOCIOLOGICOS

     Desde un punto de vista social, el reproche que se hacía a las
personas que convivían sin estar casados prácticamente hoy ha
desaparecido.

     Sin duda influyen en esta nueva apreciación los cambios
demográficos que se han revelado en los últimos censos, según el censo
del año 2002, las personas que conviven sin casarse acuso un aumento de
un 86,4%, en los últimos diez años, el porcentaje de personas unidas en
matrimonio registra una disminución de un 51,8% en 1992 a 46,2% el
año 2002; y al aumento de personas que nacen fuera del matrimonio, de
un 18,5% en el año 1970, un 41,95% en el año 1996, a un 49,9% en el
año 2000.

      Por otra parte, la discriminación de las personas para determinar
su derecho a ser indemnizados en base a si esgrimen o no un vínculo
matrimonial resulta claramente anticonstitucional de acuerdo a lo
dispuesto a los Arts. 1º y 19º Nº 2 de la Constitución politica del Estado y
a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, como la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 1948, el


                                                                         53
pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1969, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de
Costa Rica de 1969, la Convención Sobre Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer de 1979. Estos tratados,
suscritos y ratificados por nuestro país, tienen plena eficacia en nuestro
ordenamiento jurídico, según lo dispone el Art. 5 de la Constitución.


5.3.4.- PROTECCION LEGISLATIVA

      El legislador, en diversas materias, ha ido brindando protección a
los convivientes:

   a) Derecho a pensión en caso de muerte del concubinario en
      accidentes de trabajo: Así lo hizo la Ley de Accidentes del Trabajo,
      en sus Arts. 43 y 45, donde reconoce expresamente protección a la
      madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, que
      hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento de su
      muerte, quien tendrá derecho a una pensión equivalente al treinta
      por ciento de la pensión básica que habría correspondido a la
      victima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica
      que perciba en el momento de la muerte, sin perjuicio de las
      pensiones que correspondan a los demás derecho habientes. Para
      tener derecho a esta pensión, el causante debió haber reconocido a
      sus hijos con anterioridad a la fecha del accidente o del
      diagnostico de la enfermedad. La pensión será concedida por el
      mismo plazo y bajo las mismas condiciones que la pensión por
      viudez.
   b) Inclusión del conviviente dentro del concepto de familia para los
      efectos de protegerlo de la violencia intrafamiliar: La Ley sobre
      Violencia Intrafamiliar, Nº 19.325, en su Art. 1º, señala que se
      entenderá por violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la
      salud física o psíquica de quien, aún siendo mayor de edad, tenga
      respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o
      conviviente. El conviviente queda en condiciones de efectuar
      denuncia oral o escrita o demanda contra el ofensor y de obtener
      se decrete judicialmente la prohibición de ingreso del ofensor en el
      hogar común.
   c) Posibilidad de deducir demanda civil por responsabilidad
      extracontractual derivado de un delito: El Art.108 del Código
      Procesal Penal, publicado en el Diario Oficial del 12 de Octubre
      del año 2000, a propósito de la victima, prescribe que se considera

                                                                       54
      también victima, en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte
      del ofendido y en los casos en que éste no pudiere ejercer los
      derechos que ese Código le reconoce, al cónyuge y a los hijos del
      ofendido, a sus ascendientes, al conviviente, a los hermanos y al
      adoptado y adoptante, citados en un orden de prelación, de manera
      que la intervención de una o más personas perteneciente a una
      categoría excluyen a las comprendidas en las categorías siguientes.
      Este orden de prelación se refiere exclusivamente a acción civil en
      el nuevo juicio penal, de manera que quien no pueda iniciar la
      acción por esta vía, puede hacerlo en otro tipo de juicio, sea de
      carácter civil o laboral.

Por último, como conclusión sobre este tema, creemos que el requisito de
la licitud de la situación señalada, que nos parece indiscutible para
acogerla acción de responsabilidad al conviviente de la victima.

      El tema de la licitud de la situación señalada se puede examinar en
otras situaciones, como es el caso de las relaciones homosexuales, que
hoy tampoco están sancionadas per se y que podrían llegar a plantearse
en los tribunales con fundamentos similares a los ya analizados.


5.3.5.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

     La jurisprudencia nacional ha examinado la situación de los
concubinos, fundamentalmente con motivo de los bienes adquiridos
durante la vigencia del concubinato y de las normas aplicables para
determinados derechos de los concubinos sobre esos bienes, pero son
escasas las posibilidades que ha tenido para pronunciarse sobre las
acciones de responsabilidad que pueden corresponderles al concubino
sobreviviente.

      La primera sentencia que conocemos, de fecha 3 de Enero de 1945,
citada por don Carlos Álvarez Núñez, dictada por la Corte de Apelaciones
de Santiago, resolvió que la circunstancia de que el querellante y la
mujer fallecida estuvieran unidos únicamente por matrimonio religioso
no significaba invocar un interés ilegitimo al instaurar la acción civil. El
matrimonio meramente religioso-agrega el fallo, si bien carece de
trascendencia jurídica, no esta prohibido por la ley ni constituye un acto
que pugne con la moral o las buenas costumbres, por lo que acoge la
acción deducida.




                                                                         55
      En un segundo fallo, varias décadas después, la Corte de
Apelaciones de Concepción, por sentencia de 4 de Diciembre del 2000,
confirmando el fallo de primera instancia, acogió una demanda en juicio
civil por falta de servicio en contra de la Municipalidad de Concepción,
interpuesta por el conviviente, con motivo de la muerte de su pareja y de
la hija de ambos, al caer a un canal de aguas lluvias que no contaba con
la debida protección, todos los cuales-dice el fallo-conformaban una
familia y un hogar normal, lo que permitía presumir el profundo dolor,
angustia y pesar por su trágica desaparición. La sentencia tiene un voto
disidente, partidario de rebajar la indemnización, fundado en que el
concubinato es una mera unión de hecho que no genera otras
consecuencias entre concubinos que los hijos comunes y los bienes que
pudieran haber durante el enlace o alianza, agregando que alguna
diferencia habría que marcar entre cónyuge y concubino. La Corte
Suprema rechazo el recurso de casación deducido en contra de ese fallo,
descartando el argumento de falta de legitimación activa del conviviente
por no haber promovido esa discusión oportunamente, lo que le impedía
pronunciarse en esa materia.

      Hay un tercer fallo de la Corte Suprema con fecha 9 de Enero de
2003, en la que se rechazó el recurso de casación deducido por el padre,
el hijo y el conviviente del trabajador en contra de la sentencia de la
Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazo la demanda en contra
de la demanda subsidiaria, dueña de la obra o faena por estimar que esta
no era responsable subsidiaria por tratarse de un accidente de trayecto.
Suponemos que fue acogida la demanda respecto de la demanda
principal.


5.4.- CRITERIO DE PRELACION

      Ante la pluralidad de victimas dañadas por un mismo hecho y de un
mismo autor, la ley no ha señalado un orden de prelación que permita
preferir a unos en perjuicio de otros, de manera que todas ellas tendrán
el mismo a ser indemnizadas.

      Sin embargo, una sentencia relativamente reciente de fecha 2 de
Enero del año 2002, no publicada aún, dictada en los autos rol 3617-99,
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, estableció por analogía un
criterio de prelación sobre el derecho a la indemnización, aplicando los
órdenes sucesorios (Art. 1.182 C.C.), y algunas normas de la ley de
accidentes del Trabajo y en la ex Ley de Abusos de Publicidad.


                                                                      56
      No compartimos ese criterio, por cuanto la ley no ha reducido el
derecho a deducir la acción sólo a favor de los herederos y tampoco ha
establecido un orden de prelación entre los mismos. No debe confundirse
las prestaciones de la ley de accidentes del trabajo que tienen un carácter
tarifado y a favor de los beneficiarios que ella misma establece, con la
indemnización de carácter civil, pues no reparan el mismo daño.

      El hecho de ser heredero de una persona no es la única medida que
puede determinar la existencia del daño moral. Deben considerarse
fundamentalmente los elementos fácticos que en cada caso permitan
identificar la existencia de un daño real y efectivo que justifiquen una
indemnización.

     El referido criterio de prelación en base a la acreditación del
carácter de heredero, aun cuando puede tener la ventaja de ser muy
simple, puede conducir a situaciones injustas de hecho.

      Por otra parte la ley nacional atiende a la existencia del daño para
dar derecho a la acción, sin otro requisito que no sea su licitud.
Establecer un orden de prelación no previsto por la ley es atribuir al juez
un poder de normas generales que priva a otras victimas de su acción,
resultado que es claramente inconstitucional por que la acción es una
propiedad de esas victimas.

      Por último, y ya que se ha invocado en ese fallo como fundamento
la ley de accidentes del trabajo, debe recordarse que el Art. 45 de la
misma ley reconoce como beneficiaria a la madre de los hijos naturales
del trabajador fallecido, aunque no es heredera del mismo.


6.- EL SUJETO PASIVO DE LA ACCION                                      DE
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO

     Veremos a continuación quienes pueden ser obligados a indemnizar
los perjuicios causados por repercusión derivados de un accidente de
trabajo, sea por su calidad de empleador o de terceros responsables.

     Para los efectos de este capitulo, examinaremos los conceptos de
empresa, empleador, las formas de colaboración empresarial y las nuevas
formas de contratación, elementos que en su conjunto plantean el
problema general de determinar cual es el sujeto pasivo de las
obligaciones laborales y, en particular, de la obligación de indemnizar en


                                                                        57
caso de accidentes de trabajo, para luego examinar las respuestas que a
estos problemas entrega la ley nacional.


6.1.- EMPRESA Y EMPLEADOR

    Las doctrinas tradicionales acerca de la responsabilidad
empresarial se desarrollaron en torno a la persona del patrón o
empresario.

      Ante las nuevas y diferentes formas de organización empresarial y
de contratación entre las propias empresas y de estas con sus
trabajadores, la doctrina y la ley han debido diferenciar los conceptos de
empresa y de empleador, para determinar cual es el centro de imputación
jurídica de las diferentes obligaciones y derechos que surgen de la
actividad empresarial.

      Desde el punto de vista del derecho del trabajo, se advierte una
diferencia para determinar si una entidad tiene o no el carácter de
empresa o empleador, según si la entidad tiene o no una individualidad
formal y legalmente determinada.

    Respecto del empleador, ante las nuevas formas de colaboración
empresarial y de contratación laboral que suponen, en ambos casos, dos
o más entidades, surge el problema de su identificación.


6.2.- LA EMPRESA Y SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN

      La denominación de empresa tiene una acepción amplia, que
excede el marco jurídico. Se entiende por tal la acción o tarea que
entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo; la
unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o
de prestación de servicios con fines lucrativos, el lugar en que se realizan
esas actividades, o el simple intento o designio de hacer algo.

     Por otra parte se discute si la empresa es un mero objeto del
derecho o si es sujeto del derecho, o si puede ser ambas cosas a la vez.

     Cada rama del derecho, especialmente del derecho económico o
mercantil, según los fines de su especialidad, adopta su propio criterio de
determinación.


                                                                         58
     Los autores aportan su concepto de empresa según los distintos
aspectos que les parecen más destacables, ya sean el conjunto de medios
materiales e inmateriales que la constituyen.

      Así, Asquini, identifica a la empresa como un fenómeno económico
poliédrico al que corresponden distintas nociones jurídicas, que tendrían
su equivalencia con los diversos aspectos del fenómeno económico y la
define como “toda organización de trabajo y de capitales, con el fin de
producir bienes y servicios para el intercambio”. A partir de esa
definición, Asquini identifica cuatro perfiles de la empresa, para llegar a
lo que denomina la traducción de los términos económicos a los términos
jurídicos. El perfil subjetivo, el perfil funcional, el patrimonial y el
corporativo. Con esta teoría, dice Jaeger, otro autor que desarrollo la
concepción de Asquini, se superaría la tradicional discusión dogmática
sobre la inclusión de la empresa en las categorías de sujeto o de objeto
del derecho.


      Otro autor, Giréo Tena, sostiene que no es posible que algo sea al
mismo tiempo sujeto y objeto de derecho. En la empresa existe siempre
un sujeto de derecho al cual le es imputable la actividad empresarial,
luego están los elementos que se combinan en esa actividad y entre esos
elementos hay objetos de derecho, en sentido amplio, de toda clase. Esta
amplitud conceptual es consecuencia de la infinita gama de posibilidades
de organización que tiene el hombre para conseguir los más diversos
fines y que el derecho sólo puede intentar regular en la medida que esa
actividad revista un interés jurídico.


      Otros autores, como Endeman, en Alemania, prestan atención al
factor organizativo de la actividad, por sobre los elementos materiales,
inmateriales y personales, incluso por sobre el propio titular.


     Ante las dificultades para conceptualizar la empresa, problema
reconocido por el mismo Asquini y compartido por Ferrara, otros
autores, como Kronstein, postulan que la empresa debe ser estudiada no
como un problema conceptual, sino más bien como una circunstancia de
hecho de la vida economica, relevante para el derecho, que por su
desarrollo provoca una modificación material del contenido de varias
partes del mismo, mediante una interpretación especial diferenciada.




                                                                        59
6.3.- GRUPOS EMPRESARIALES                       Y    FORMAS         DE
COLABORACION

       Dentro de la actividad económica es frecuente encontrar las
denominaciones de grupos de colaboración, consorcios, holding,
empresas controladoras o dominantes, empresas subordinadas o
relacionadas, uniones transitorias, cesión de establecimiento industrial,
etc., denominaciones que reflejan las dimensiones que han adquirido las
sociedades, especialmente las de capital que, adecuándose a los
requerimientos de la llamada globalización de la economía, han debido
buscar fórmulas de organización y colaboración que permitan hacer más
eficiente el uso de los recursos empresariales.

      A juicio de Enrique Alcalde Rodríguez, el elemento central de estas
formas de asociación viene dado por la existencia de un núcleo de poder
o decisión en torno al cual se organizan diversas entidades, generalmente
bajo la estructura de sociedades anónimas, las cuales, si bien mantienen
su propia personalidad jurídica, responden no obstante a un objetivo
común a todas ellas y cuya prosecución constituye su finalidad esencial.
En otros términos, dice, el grupo se caracteriza por la subordinación de
los intereses individuales de sus distintos miembros a una dirección
económica a unitaria, que junto con articular la gestión de cada uno, se
erige en portadora del interés superior del conjunto. Las manifestaciones
más usuales del factor de dominación o control se encuentra en la toma
de decisiones financieras relevantes por parte de los diferentes
componentes del grupo, así como el ejercicio y distribución de los poderes
de administración de cada una de las entidades o compañías que lo
integran, particularmente a través de la presencia de directores o
ejecutivos comunes a estas.

     Tales grupos se caracterizan por la existencia de una pluralidad de
sociedades autónomas, por la relación de dominación o dependencia y
por una dirección unificada.


     Su origen, agrega el mismo autor, puede ser contractual, si surge de
una convención cuya precisa finalidad es aglutinar o reunir en torno a
una sociedad dominante las distintas compañías que lo integran. Esta
agrupación puede, a su vez, verificarse en un sentido horizontal, si se
produce entre empresas que desarrollan la misma fase del ciclo
productivo, o en sentido vertical, si las empresas se integran en las
diversas fases de elaboración de un determinado producto.


                                                                       60
     El grupo puede también formarse a partir de la participación que
determinadas compañías poseen en el capital de otras, enlazadas y
controladas en forma piramidal, donde la entidad dominante posee el
control de una determinada sociedad, que a su turno controla a otra y así
sucesivamente, o bien en un sistema radial, que permite al titular de la
posición dominante controlar simultáneamente a una pluralidad de
compañías.


6.4.- LA ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL


      En los procesos de reunión del capital necesario para el desarrollo
empresarial, son frecuentes las transformaciones de sociedades, la
division y fusión de ellas, que pueden dar lugar al término de una
sociedad o la creación de otras, hechos que también tienen relevancia a
la hora de determinar cual es la persona jurídica que debe responder de
las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores.



6.5.- LOS GRUPOS EMPRESARIALES EN NUESTRA
LEGISLACION


      El Art. 96 de la Ley de Mercado de Valores define al grupo
empresarial como “el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal
naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia,
que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus
integrantes esta guiada por los intereses comunes del grupo o
subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los
créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.


      Según la ley, forman parte de un mismo grupo empresarial: una
sociedad y su controlador, todas las sociedades que tienen un controlador
común, y éste último, y toda aquella entidad que determine la
Superintendencia considerando la concurrencia de uno o más de los
criterios que , según la ley, permiten suponer la existencia de un grupo
empresarial.




                                                                      61
6.6.- LAS       NUEVAS        FORMAS         DE     CONTRATACION
LABORAL

      El término empleador es un concepto más reducido que el de
empresa, pues se concentra en el acreedor de los servicios laborales y, en
cuanto tal, en condiciones de ejercer su autoridad de dirigir y controlar
el trabajo subordinado y que, como contrapartida, se sitúa como el
deudor de los trabajadores y de la seguridad social.

      Para el derecho del trabajo, el empleador es el centro de atribución
jurídica, quien asume los derechos y obligaciones que surgen de la
contratación laboral.

     Sin embargo, la identificación del empleador es una labor cada vez
más compleja, ante los procesos conocidos como externalización
operacional, outsourcing o tercerización.

     En efecto, la representación tradicional de la relación de trabajo,
protagonizada por dos personas, trabajador y patrón, ha sido superada
por las nuevas modalidades de organización, que justifican nuevas
formas de contratación, de mayor flexibilidad laboral, siendo las más
conocidas las de trabajo temporal y de subcontratación, que veremos a
continuación.


6.6.1.- TRABAJO TEMPORAL

      El trabajo temporal, según José Luís Ugarte Cataldo, tiene la
característica de que el trabajador se obliga ante su empleador a prestar
servicios para un tercero, por un periodo transitorio, en el tiempo y
condiciones que este señale. Es una relación de carácter trilateral:

   - La empresa receptora o usuaria, que utiliza efectivamente los
     servicios, ejerciendo sobre el trabajador la potestad de mando,
     pagando un precio por ello a la empresa de trabajo temporal.
   - La empresa de trabajo temporal, que facilita o suministra los
     trabajadores a las empresas usuarias, conservando la calidad de
     empleador.
   - Los trabajadores temporales, que tienen suscritos contratos de
     trabajo con la empresa de trabajo temporal, pero que prestan
     servicios a la empresa usuaria.



                                                                        62
Se persigue con este sistema considerar empleador a la empresa de
trabajo temporal y no a la que hace el uso efectivo y cotidiano de los
servicios de los trabajadores, por tanto, todas las obligaciones laborales y
previsionales recaen sobre aquella empresa.

      El trabajo a realizar por el trabajador debe ser transitorio, fundado
en razones de carácter excepcional, como licencias médicas, vacaciones u
otros impedimentos de carácter breve, o para responder a las exigencias
de períodos precisos de mayor demanda de mano de obra, de lo contrario,
esta figura puede transformarse en un contrato de trabajo puro y simple,
de duración indefinida, con el empleador real o de hecho, puesto que se
estaría encubriendo mediante una simulación una relación laboral
efectiva con otra meramente virtual desprovista de mayor contenido.

     A fin de evitar abusos de este sistema, en varios países se le ha
regulado, estableciendo plazos máximos de contratación temporal, de tres
meses a un año o permitiéndolo sólo en labores de carácter transitorio.

     Estas empresas de trabajo transitorio aseguran el rol de empleador
formal, contratando personal para ser suministrado temporalmente a
otra empresa, la que asumirá la función de empleador real pues, la
jornada de trabajo, la fiscalización de su trabajo y el desempeño de este
se hará en el lugar o establecimiento de la empresa usuaria, incluso el
término del contrato de trabajo lo decide la empresa usuaria.

    El uso cada vez más intensivo de este sistema ha llevado al profesor
Ugarte a sostener que se vislumbra la posibilidad de que existan
empresas sin trabajadores.


6.6.2.- SUBCONTRATACION

     La subcontratación tiene distintos usos: en un sentido amplio,
comprende la subcontratación de bienes y servicios, y en otro restringido,
que se refiere a la subcontratación de mano de obra.

      La subcontratación amplia, de bienes y servicios, se refiere a las
relaciones entre dos empresas, una de las cuales encarga a la otra la
producción de algún bien o la prestación de un servicio necesario para su
proceso productivo, encargándose ésta de llevarlo a cabo por su cuenta y
riesgo, con sus propios recursos, tanto materiales como humanos.


                                                                         63
      La subcontratación en sentido restringido, de mano de obra, se
refiere a las relaciones entre dos empresas, una de las cuales encarga a
otra el suministro de mano de obra. Supone tres partes, pero solo dos
contratos, por que no existe una relación contractual entre quien
requiere el suministro y el trabajador.

      La subcontratación amplia, comprende la subcontratación
restringida, si con motivo de la primera se requiere, entre otros servicios,
el suministro de mano de obra.

     Existen en la subcontratación un contrato originario y un contrato
de segundo grado, el subcontrato, que tiende a realizar parcialmente el de
primer grado, puesto que ambos tienen el mismo objeto.

     Acerca de la existencia o no de una relación contractual entre los
contratantes extremos, se sostenía que no la había, pero la tesis clásica
quedó superada, por tratarse de contrato relacionados.

      El contrato de primer grado es la causa y fundamento del de
segundo grado, criterio que sirve para calificar el segundo contrato como
de la misma naturaleza jurídica del primero.

      El contrato original condiciona la existencia y la duración del
subcontrato. Este no puede existir independientemente de aquel, ni antes
ni después de extinguido el primero.


6.7.- LA RESPONSABILIDAD LABORAL ANTE LAS
NUEVAS FORMAS DE CONTRATACION Y DE
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

      Tanto las nuevas formas de contratación como las formas de
colaboración empresarial plantean al derecho del trabajo el mismo
problema: la responsabilidad ante los trabajadores ¿En cabeza de quien
se constituyen los derechos y quien responde por las obligaciones? En
otros términos, bajo que criterios podrá radicarse la responsabilidad sólo
en uno de los integrantes del grupo o podrá extenderse hacía las otras
entidades, en sentido horizontal o vertical, hasta llegar a la entidad
dominante, o si varias de ellas debieran responder, en que forma lo
harían, simplemente conjunta, solidaria o subsidiariamente.




                                                                         64
      Al respecto, un autor ha señalado que “el derecho del trabajo se ha
dedicado a la tarea de proteger al trabajador, a raíz de los peligros que
para él surjan como producto de una situación jurídica calificada de
artificial y traduciéndose la tutela adicional en una extensión de
responsabilidad allende el primitivo empleador utilizando como sustento
la unidad del grupo al que se considera ligado el trabajador.


6.7.1.- CRITERIOS  DE   ATRIBUCION                          DE       LA
RESPONSABILIDAD LABORAL

      Para los efectos de determinar la responsabilidad se puede recurrir
a varios criterios, entre ellos.

   a) Criterio formal. Responde quien figura en el contrato escrito como
      empleador.
   b) Principio de la realidad. Quien ejerce de hecho la dirección y
      control sobre el trabajador.
   c) Dominio de la industria, planta o instalación.
   d) Interés o beneficio. Donde está el interés esta la responsabilidad.
      Responderá a la persona a cuyo favor se han contratado los
      servicios.
   e) El principio pro operario.
   f) La interpretación desde la Constitución politica.


6.7.2.- SOLUCIONES EN EL DERECHO COMPARADO

      En el derecho comparado, para la doctrina y jurisprudencia, el
grupo laboral de empresas es nuevo centro de imputación jurídico
laboral, una organización material con dirección clara y determinada,
aunque carezca de una forma jurídica precisa. “de allí que la solución
jurídica haya sido otorgarle vigencia a la apariencia unitaria del grupo,
mediante la conexión de responsabilidad solidaria entre todas las
sociedades que lo conforman.

     En argentina, en el plano legislativo, el tema se aborda en la Ley
20.744 sobre Contrato de Trabajo, por dos vías:

   a) En el plano conceptual, las definiciones de empresa y de
      empleador no presuponen necesariamente una individual jurídica
      formal determinada.


                                                                      65
        La empresa se entiende como la organización instrumental de
        medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una
        dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Por
        empleador, la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o
        no personalidad jurídica propia, que requiere los servicios de un
        trabajador. (Arts. 5 y 26 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744).
   b)   Desde el punto de vista de la responsabilidad, la misma ley
        establece la obligación de responder en forma solidaria por las
        distintas empresas en los siguientes casos:
   -    El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de
        servicios eventuales será solidariamente responsable con aquella
        por todas las obligaciones laborales (Art. 29 bis).
   -    Quienes cedan total o parcialmente un establecimiento o
        explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten,
        cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios
        correspondientes a la actividad normal y específica propia del
        establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, será solidariamente
        responsable con los cesionarios, contratistas o subcontratistas,
        respecto del personal que ocupen en la prestación de dichos
        trabajos o servicios (Art. 30).
   -    Las distintas empresas subordinadas o relacionadas, que se
        encuentren, bajo la dirección, control o administración de otras, o
        de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico
        de carácter permanente, serán solidariamente responsables de las
        obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores
        y con los organismos de la seguridad social, cuando hayan
        mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. (Art.
        31).


6.7.3.- EMPLEADOR Y EMPRESA EN LA LEY DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO

       El Art. 25 de la ley de accidentes del Trabajo dispone que para los
efectos de esta ley se entenderá por entidad empleadora a toda empresa,
institución, servicio a persona que proporcione trabajo; y por trabajador
toda persona, empleado u obrero, que trabaje para alguna empresa,
institución, servicio o persona.

      En otras disposiciones (Arts. 6, 16, 18, 66, 72 y 76), esta ley se
refiere indistintamente al empleador, entidad empleadora y empresa. Los
casos más notables son los Arts. 67 y 68 que hacen referencia a las
empresas o entidades, sin mayor exigencia.

                                                                          66
      En nuestra opinión, la ley de accidentes de trabajo, para establecer
la responsabilidad por los accidentes atribuye mayor importancia, a la
existencia de los servicios por sobre la forma que adopte la entidad que
los proporciona y de la modalidad que se haya elegido para la
contratación.


6.7.4.- EMPLEADOR Y EMPRESA EN EL CODIGO DEL
TRABAJO

      Para el Código del Trabajo en cambio, los términos empleador y
empresa tienen una connotación distinta y más precisa, si nos atendemos
a las definiciones queda en su Art. 3º.

      Empleador, es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios
intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato
de trabajo.

      Empresa en cambio, es toda organización de medios personales,
materiales e inmateriales, ordenadas bajo una dirección, para el logro de
fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una
individualidad indeterminada.


     La exigencia de que la empresa posea una individualidad legal
determinada reduce el concepto de empresa a una forma jurídicamente
reconocida, lo que impide en principio, calificar como tales a las variadas
formas de organización empresarial que desde un punto de vista
económico son perfectamente individualizables.



6.7.5.- LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL
CODIGO DEL TRABAJO ANTE LAS NUEVAS FORMAS DE
CONTRATACION EMPRESARIAL


     Nuestro Código del Trabajo, aunque no reglamenta específicamente
el problema de la responsabilidad empresarial ante cada una de las
nuevas formas contractuales y de organización empresarial, contiene en
su articulado varias instituciones que analizadas sistemáticamente
permiten abordarlo, como veremos a continuación.


                                                                        67
6.7.5.1.- LA CONTINUIDAD DE LA RELACION LABORAL

      El Código del Trabajo prescribe la inalterabilidad de los derechos y
obligaciones de los trabajadores frente a las modificaciones en el
dominio, posesión o mera tenencia de la empresa. Ante tales
modificaciones, los derechos de los trabajadores mantendrán su vigencia
con el o los nuevos empleadores (Art. 4º C. del T.).


6.7.5.2.- SANCION DE    LA  SIMULACION    DE
CONTRATACION LABORAL A TRAVES DE TERCEROS

      El empleador que simule la contratación de trabajadores a través de
terceros incurre en un ilícito laboral, sancionado mediante multas y con
la obligación de responder solidariamente de los derechos laborales y
previsionales que correspondan al trabajador (Arts. 3, In. F y 478 del C.
del T.).


6.7.5.3.- SANCION DE LOS SUBTERFUGIOS QUE TENGAN
COMO RESULTADO ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
QUE ESTABLECEN LA LEY O LA CONVENCION


     Cualquier subterfugio que tenga como resultado eludir las
obligaciones laborales y previsionales es considerado un ilícito laboral
sancionado con multa y solidaridad entre el empleador y el tercero.


      Quedan comprendidos expresamente como subterfugios ocultar,
disfrazar o alterar la individualización o patrimonio del empleador,
alteración de razones sociales distintas, creación de identidades legales,
la division de la empresa y cualquier otra maniobra que signifiquen para
los trabajadores disminución o perdida de derechos laborales
individuales o colectivos.


     Dado lo reciente de las últimas modificaciones, que rigen desde el
día 1º de Diciembre de 2000, no hemos encontrado fallos sobre esta
materia.


                                                                       68
6.7.5.4.- RESPONSABILIDAD SUBSIDARIA DEL DUEÑO
DE LA OBRA

      El dueño de la obra, empresa o faena es solidariamente responsable
de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del
contratista y, en defecto del contratista, de los trabajadores del
subcontratista. También responde en esta calidad el contratista respecto
de los trabajadores del subcontratista (Art. 64 C. del T.).

      El dueño de la obra, empresa o faena queda liberado de
responsabilidad subsidiaria cuando la obra consista en la construcción
de edificios por un precio único prefijado y cuando las obligaciones
afecten en origen a subcontratistas de grado segundo o posterior, esto es,
a subcontratistas de subcontratistas.

     La ley permite ahora al trabajador, al entablar la demanda en
contra de su empleador directo, demandar también subsidiariamente a
todos aquellos que puedan responder en tal calidad de sus derechos.

      El concepto de dueño de la obra, empresa o faena no se reduce al
primer contratador, por lo que puede extenderse a cada uno de los
contratados de grado inferior, respecto a las personas a quienes ellos a su
turno contraten. Cada uno de ellos es dueño de la empresa que utiliza los
servicios de otra para el cumplimiento de su misión empresarial, por lo
que esta relación de tres grados (dueño de la empresa-contratista-
subcontratista) puede configurarse a todo nivel.

      La jurisprudencia ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias
oportunidades sobre la responsabilidad civil del contratista por daños por
repercusión. Uno de los casos más destacados es el de “Proharam y otros
con Asuntota y Chilegener”, por la variedad de los argumentos
doctrinales que contiene.


     El criterio jurisprudencial más reciente apunta a establecer la
responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, respecto del contratista,
solo cuando haya podido tener al menos un mínimo rol de vigilancia
sobre la ejecución de los trabajos.


     El principio de la realidad ha sido un criterio aplicado para resolver
acerca de la responsabilidad subsidiaria.


                                                                        69
6.8.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

      Mencionaremos algunos fallos que resuelven el problema de la
responsabilidad laboral ante la concurrencia de varias empresas,
haciendo aplicación de los conceptos de empresa y los principios propios
del derecho laboral.

6.8.1.- RESPONSABILIDAD DIRECTA E INDIRECTA DE
LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN UNA UNIDAD
ECONOMICA

     Tratándose de las empresas relacionadas que conforman una
unidad económica, sin una individualidad legal determinada, pero que se
encuentran bajo una misma dirección, la jurisprudencia ha estimado,
invocando el principio de la realidad, que cada una de las empresas que
conforman un holding debe responder en forma directa e indistinta de las
obligaciones laborales.

     Así se resolvió por la Corte Suprema en sentencia de 19 de Julio de
2001, en recurso de casación en el fondo contra sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago que mantuvo a firme la sentencia de primera
instancia que condeno a las demandadas a pagar prestaciones laborales
en forma directa e indistinta.


6.8.2.- SOCIEDADES QUE FORMAN UNA SOLA EMPRESA

      La Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto que el concepto
de empresa en la legislación laboral es más amplio que el de sociedad,
correspondiendo a una organización de diversos medios, ordenados bajos
una dirección para el logro de determinados fines, como lo establece el
articulo 3º del Código del Trabajo, por lo que ambas sociedades pueden
constituir una sola empresa.


6.8.3.- CESION DE ESTABLECIMIENTO

      La Corte Suprema ha estimado que la empresa que detenta un
inmueble en el cual instala una sala de ventas con sus productos y lo
arrienda a un tercero, que se hace cargo de la venta de ellos, en la forma
que precisamente determina la concedente, se convierte en


                                                                       70
subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales del
concesionario.


7.- CAUSA Y RELACION DE CAUSALIDAD

     En su sentido natural y obvio, causa es aquello que sirve de
fundamento u origen de algo.

     La relación de causalidad se ha definido como “el vínculo que
encadena un hecho (acción u omisión) con un resultado que se presenta
como consecuencia directa, necesaria y lógica de aquel”.

      Si bien parece obvia la exigencia de una relación causal entre el
daño y un determinado hecho que le precede y determina, los problemas
se presentan ante la infinidad de condiciones materiales y humanas que
determinan la verificación de otras, en una concatenación múltiple e
interminable. Por eso se ha sostenido que la causa de un resultado es la
suma total de las condiciones positivas y negativas tomadas en conjunto
que concurren a producirlo.

     La relación de causalidad es un requisito indiscutido, tanto para
establecer la responsabilidad contractual como la extracontractual. En
materia contractual, debe existir una relación de causalidad adecuada
entre el daño producido al acreedor y la inejecución del contrato
imputable al deudor. En el plano extracontractual la relación de
causalidad debe darse entre el hecho doloso o culpable, o simplemente
entre el hecho, si trata de responsabilidad objetiva o sin culpa y el daño
provocado.

     Pero al derecho sólo le interesa el acto humano, como generador de
responsabilidad, y sólo algunos hechos tienen la relevancia suficiente
para ser considerados como causa de un resultado dañoso.


7.1.- TEORIAS SOBRE LA RELACION DE CAUSALIDAD

      Para determinar cual o cuales de todas las condiciones que han
concurrido en el resultado dañoso tienen la necesaria relevancia lógica y
jurídica para radicar la responsabilidad, se han propuesto distintas
teorías:



                                                                       71
7.1.1.- TEORIA          DE     LA     EQUIVALENCIA            DE     LAS
CONDICIONES

      Para esta teoría, llamada también de la condicio sine qua non
todas las condiciones son causa, sin que se pueda discriminar entre ellas,
que son todas equivalentes. Dada su estrictez esta teoría no ha tenido
cabida en el derecho civil.


7.1.2.- TEORIA DE LA CAUSA PROXIMA

     Esta teoría califica como causa a la condición cronológicamente
más próxima al resultado. Se le ha criticado como simple y superficial ya
que no siempre la última condición puede ser la verdadera causante de
un daño.


7.1.3.- TEORIA DE LA CONDICION PREPONDERANTE

     La causa, según esta teoría, resulta ser aquella condición que
rompe el equilibrio entre los factores favorables y contrarios a la
producción del daño, influyendo decisivamente en el resultado.


7.1.4.- TEORIA DE CAUSA EFICIENTE

       Según esta teoría, la causa es la condición más eficiente,
distinguiendo acertadamente entre causa, condición y ocasión, pero se le
critica que no proporcione un criterio para establecer cual es la causa del
efecto dañoso.


7.1.5.- TEORIA DE LA CAUSA ADECUADA

      Es la teoría más citada por la doctrina y según ella “no todas las
condiciones necesarias son equivalentes. Aquella que según el curso
natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado, esa
es la causa. Las demás condiciones que no producen normal y
regularmente ese efecto, son solamente condiciones antecedentes o
factores concurrentes. Es necesario formular un juicio de probabilidad, o
sea considerar si tal acción u omisión del presunto responsable, para


                                                                        72
producir regular o normalmente un resultado; y ese juicio de
probabilidad no puede hacerse sino en función de lo que un hombre de
mentalidad normal, juzgada y en abstracto, hubiese podido prever como
resultado de su acto”.


7.1.6.- TEORIA DEL SEGUIMIENTO CONTINUO DEL
EFECTO DAÑOSO

      Esta última teoría distingue cuando el daño es uno solo que resulta
de la concurrencia de varios hechos contemporáneos entre sí, en cuyo
caso debe discriminarse entre uno o más de ellos, de la situación en que
el daño es el resultado final de varios hechos sucesivos, derivando un mal
de otro mal, que es a su vez su causa, en forma de cascada, en este caso
debe examinarse cada hecho en forma sucesiva hacia atrás hasta
encontrar en uno de ellos una culpa o un factor objetivo como el riesgo
que al aparecer en el proceso causal lo interrumpe para atribuir
responsabilidad a un sujeto indirectamente involucrado con el daño, el
cual, aunque no sea consecuencia inmediata del hecho, se halla en una
relación adecuada de causalidad.

     Cada una de las teorías mencionadas, pueden tener mayor o menor
aplicación, pues a falta de una norma que resuelva expresamente la
forma de establecer la relación de causalidad, serán en definitiva los
tribunales los que deberán resolver sobre la materia y cada parte
aportará las pruebas de los hechos que permitan establecer esa relación.


7.2.- INTERRUPCION DE LA RELACION DE CAUSALIDAD

      El vínculo de causalidad falta cuando el daño es resultado de una
causa ajena al hecho del demandado. Para describir la ausencia del
vínculo causal la doctrina emplea la expresión interrupción de la
relación de causalidad.

      El hecho que determina esa interrupción puede ser la culpa de la
víctima o acreedor, que se ha causado asimismo el daño. Puede ser por
un hecho de un tercero o de un acontecimiento que constituya un caso
fortuito o fuerza mayor.

      La invocación y prueba de la existencia de una causa ajena,
interesa al demandado para excusar su propia responsabilidad por falta


                                                                       73
de relación de causalidad entre su hecho propio, el de sus subordinados o
de sus cosas y el daño sufrido por la víctima.


7.3.- LA CAUSA AJENA Y LAS CONCAUSAS

     Con la denominación de causa ajena se trata de resolver cual es la
causa precisa del daño, excluyendo com o causa el hecho del demandado.

      Si la culpa de la víctima ha sido la única causa del daño, no puede
configurarse responsabilidad para quien lo ha causado sin daño. Así
ocurre por ejemplo cuando un peatón cruza la calzada a media cuadra en
un lugar oscuro y en estado de ebriedad y es atropellado por un vehículo
que transita respetando las normas reguladoras del tránsito.


     Si ciertos hechos ajenos al demandado concurren con los que a éste
se le atribuyen y ambos son determinantes del resultado, la doctrina
habla de concausas. En este caso se discute que efecto tiene la
concurrencia de causas en la graduación de la responsabilidad. Así
ocurre, por ejemplo, si un peatón cruza imprudentemente la calzada y es
atropellado por un vehiculo que circula a exceso de velocidad. Entre
nosotros, la jurisprudencia ha estimado que es cuestión de hecho
determinar la concurrencia del vínculo de causalidad.



7.4.- RELATIVIDAD DE ESTE PROBLEMA


      Bajo este nombre D. Arturo Alessandri sintetizó el problema de la
relación de causalidad, señalando que es esencialmente relativo y
circunstancial pues se trata de una cuestión de sentido común, que
dependerá de la mayor o menor influencia que la producción del daño se
atribuya al hecho u omisión doloso o culpable por lo que el criterio de los
jueces será entonces decisivo. Agrega que “si el hecho ilícito aparece
muy alejado del daño los jueces pueden prescindir de él, que si la culpa
de la gente ha sido infinita y el daño muy considerable, estime que no hay
relación causal, que si el caso fortuito es tal que se hubiese producido sin
esa culpa, declaren el hecho causal, etc.




                                                                         74
7.5.- LA RELACION DE                    CAUSALIDAD           EN     LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO
     Tratándose de accidentes de trabajo, la relación de causalidad
presenta algunas caracteristicas particulares, derivadas de la obligación
de seguridad impuesta por la ley sobre el empleador, tanto en forma
genérica (Art. 184 del C. del T.), como en particular, al prescribir
determinadas medidas de prevención que pesan tanto sobre el empleador
como del trabajador.

     Así, ante la violación de determinadas medidas de seguridad, la
causa se examinará unida a la culpabilidad, por que la alegación de la
causa ajena en conflicto con la obligación de prevención que pesa sobre
el empresario de evitar el hecho ajeno. Normalmente se presumirá la
culpa del demandado, y corresponderá a este desvirtuarla, alegando una
causa ajena, ya para eximirse de toda responsabilidad ya para atenuarla.


7.6.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

      La jurisprudencia nacional ha examinado, al menos en la última
década, la relación de causalidad asociada con el cumplimiento o
incumplimiento de la obligación de seguridad, como veremos en los
siguientes fallos.


7.6.1.- CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO

      En sentencia de la Corte Suprema de 6 de Enero de 1994, se
resolvió que las causas del accidente con resultado de muerte del
trabajador se produjeron por no contar las faenas extractivas con una
dirección técnica para una explotación racional, sumado a las
condiciones riesgosas, al error operacional ocurrido por no contar con el
dispositivo hombre muerto siendo la causa principal del accidente las
condiciones inseguras por no tener instalaciones adecuadas, falta de
procedimiento de trabajo y comprobación del estado mecánico del
equipo, lo que se vio contribuido por la acción insegura al no operarse el
huinche como corresponde, obligaciones que debió cumplir el empleador
demandado y al no hacerlo infringió la obligación de tomar las medidas
necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los
trabajadores, hecho además corroborado al comprobarse que el
trabajador fallecido sólo calzaba zapatos de seguridad pero no tenía


                                                                       75
casco protector, guantes y lentes de seguridad que son elementos
mínimos que debe proporcionar el empleador al trabajador en estas
faenas extractivas.


7.6.2.- DESPERFECTOS TECNICOS

     El hecho que el vehículo suministrado por el empleador se
encontraba en condiciones mecánicas deficientes por desperfectos en sus
frenos, cuyas fallas reiteradas en exigentes condiciones del terreno
hacían previsible un accidente, que pudo la demandada haber evitado
manteniendo y adoptando oportunamente las condiciones de seguridad
necesarias para preservar la vida del trabajador, fue considerado por la
Corte Suprema como la causa basal del accidente y acoge la demanda de
indemnización de perjuicios, no obstante la alegación del demandado de
haber incurrido el occiso en imprudencia al conducirlo. Así fue resuelto
por la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia de fecha 13 de
Octubre de 1995.


7.6.3.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD

      Corresponde a la empleadora, a través de sus ejecutivos
intermedios. Velar por el debido y correcto empleo de los implementos
protectores de la vida y la integridad física de sus operarios. La Corte de
Apelaciones de Santiago, en sentencia de 10 de Julio de 1995, estimo que
el incumplimiento de este deber es la causa del accidente que provoca la
muerte de un trabajador.


7.6.4.- FACTORES CLIMATICOS Y DE LA NATURALEZA
NO EXCLUYEN LA RESPONSABILIDAD DE LA
EMPLEADORA NI DE LA DUEÑA DE LA OBRA

     No obstante que la causa inmediata del siniestro que costó la vida a
varios trabajadores fue atribuible a factores climáticos y de la naturaleza,
la Corte Suprema, en la ya mencionada causa Proharam con Asuntota
Ltda. Y Chilgener S.A., resolvió que ese acontecimiento era previsible y
que no excluye la responsabilidad de la empleadora ni de la empresa
dueña de las obras, por cuanto no se adoptaron en forma previa a la
ejecución de las faenas ninguna medida tendiente a prevenir las
consecuencias de posibles desastres, como tampoco se dieron pautas de


                                                                         76
conductas que debían seguir los trabajadores en tales eventos, por lo que
la relación de causalidad entre el incumplimiento contractual
reprochable y el daño es evidentemente inmediato, directo y previsible.


7.6.5.- INCUMPLIMIENTO   DE                      PROCEDIMIENTOS
DEFINIDOS POR LA EMPRESA

     La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 23 de
Septiembre de 1997, estableció como causa del accidente el
incumplimiento del procedimiento para la tala de árboles, que
contemplaba los riesgos del trabajo realizado, procedimiento previamente
definido por la misma empresa.


7.6.6.- LA CULPA DE LA VICTIMA COMO CAUSA
INMEDIATA, DIRECTA Y PRECISA DEL ACCIDENTE


     En una sentencia bastante reciente, de fecha 8 de Octubre de 2002,
la Corte de Apelaciones de Concepción, estimó que la víctima, un
trabajador que no usaba el cinturón de seguridad que se le había
proporcionado, y que había tomado conocimiento de las medidas de
prevención y asistido a instrucciones y charlas de seguridad industrial y
capacitado en materia de seguridad referidas a seguridad en andamios,
despliega una conducta imprudente, que según la lógica y la experiencia,
debe ser considerado como causa inmediata, directa y precisa del
accidente, por lo que debe rechazarse la demanda pese a existir
perjuicios.


     Ese mismo criterio se había manifestado ya por esta Corte en
sentencia de fecha 27 de Septiembre de 2002, con motivo de un accidente
que según la Corte se debió a que el actor ejecuto su trabajo en una
forma distinta a la establecida por la empresa, no operando con los
mecanismos implementados por el empleador, sin hacer uso de ellos,
laborando en condiciones de alto riesgo, situación que el empleador no
pudo prevenir ni evitar, por cuanto no se le puede exigir su presencia o la
de un encargado de seguridad en todo lugar en que se desarrolla una
faena y en otro fallo, más antiguo, de 17 de Marzo de 1997.




                                                                        77
7.6.7.- CONCURRENCIA DE CULPA DEL DEMANDADO Y
DE LA VICTIMA HACE PRECEDENTE REBAJA DE
INDEMNIZACION

      Como hemos señalado previamente, la responsabilidad por
accidente del trabajo aún se persigue en sede contractual, ante los
juzgados civiles, y ante estos tribunales se discute la reducción de la
indemnización por la exposición imprudente al daño de la victima,
conforme al articulo 2330 del Código Civil, lo que se ha aceptado en una
sentencia de la Corte Suprema, por que en tal caso no puede considerarse
a la demandada como la única responsable del accidente, agregando que
ello no tiene la virtud de desvanecer la responsabilidad de la empresa
demandada.


7.6.8.- SITUACION DEL SALVADOR DE UN COMPAÑERO
DE TRABAJO

      Si bien hay cierto consenso en que la exposición de la víctima al
riesgo constituye un motivo de liberación de la responsabilidad del
demandado hay una situación en que no obstante la decisión de la
víctima de aceptar el riesgo y de exponerse al daño, el demandado no se
verá liberado. Es el caso de la persona que deliberadamente se expone al
riesgo para salvar a otra. Alessandri Rodríguez ya se había referido a
esta situación para afirmar que esa persona que actúa como salvadora
tiene derecho a la reparación total del daño que sufra, si el perjuicio que
el salvador trata de evitar es imputable a dolo o culpa ajena, pues el acto
de valor o de arrojo no constituye imprudencia por sí solo.

     Nuestra jurisprudencia ha debido conocer de estos casos, de los que
se ha seguido la muerte de quienes han actuado como salvadores de sus
compañeros de trabajo.

      Así ocurrió en los autos caratulados proharam y Asuntota Ltda.,
varias veces mencionado. Acontece que ante la inminencia de un alud
que amenazaba ciertamente la vida de varias personas que laboraban en
el lecho de un río, dos trabajadores, percatados de esta situaciones de un
lugar relativamente seguro, abandonaron este para ir advertir a sus
compañeros de trabajo, salvando a varios de ellos, pero perdiendo en eso
la vida.




                                                                        78
      La Corte Suprema, ante la alegación de las demandadas de haberse
expuesto imprudentemente al daño los trabajadores fallecidos, la
rechazó, señalando que el problema de los salvadores surge precisamente
por la presión de medidas de seguridad ante posibles y previsibles
accidentes de la naturaleza y que, de habérselas dispuesto
oportunamente, no se habrían visto las víctimas ante tal inmenso
cuestionamiento, agregando que lo irracional no pertenece al derecho.

      El mismo argumento aplicó nuevamente la Corte Suprema en la
causa en sentencia de fecha 9 de Diciembre de 2002, para rechazar la
alegación de la demandada que pretendía eximirse de culpa por haber
acreditado que la existencia de cursos de capacitación y prevención de
elementos de seguridad y la solicitud de rebajar el monto de la
indemnización por haber actuado la victima en forma temeraria. La
Corte señala que no podía exigirse otra conducta que el inmediato
socorro, sin perder tiempo en buscar elementos protectores, asumiendo
un riesgo por abnegación por lo cual se encuentra exentos de culpa. El
fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción dejó constancia que las
medidas de seguridad adaptadas por la demandada no fueron idóneas ni
eficaces.


8.- COMPETENCIA

     El Art. 420 letra f) somete a la competencia de los juzgados de
Letras del Trabajo los juicios en que se pretenda hacer efectiva la
responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad
extracontractual, a la cual le será aplicable lo dispuesto en el Art. 69 de
la Ley 16.744.

     Esta norma sobre competencia de los juzgados del trabajo
corresponde a una modificación introducida por el Art. 1º Nº 3 de la Ley
19.447, publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de Febrero de 1996.

      Dado que el texto así modificado excluye sólo y expresamente la
acción por responsabilidad extracontractual que queda sujeta a las
disposiciones de la Ley 16.744, se ha concluido y está asentado que lo que
la norma somete a la competencia de los juzgados del trabajo es la acción
por responsabilidad contractual.

     Durante la discusión de la Ley 19.447, que introdujo esta
modificación, el Senador William Thayer, refiriéndose al mensaje del

                                                                        79
Ejecutivo, que mencionaba expresamente como de competencia laboral
los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad
contractual del empleador derivada de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, señalo que “no sería conveniente hacer una
referencia expresa a la responsabilidad contractual, por que el sólo
hecho de que se celebre un contrato de trabajo, liga al trabajador y al
empleador a toda la normativa legal que ampara la seguridad en el
trabajo. No son responsabilidades que emanan de lo que han contratado
las partes, sino que lo dispuesto en la ley como consecuencia de existir un
contrato de trabajo”, con lo que en definitiva se eliminó en el texto
definitivo la referencia expresa a la responsabilidad contractual.

      Al eliminarse la referencia expresa a la responsabilidad
contractual, podría estimarse que la norma no se refiere a este tipo de
responsabilidad sino a la de carácter legal. Se generaría así una nueva
confusión acerca de las caracteristicas que tendría esta particular forma
de responsabilidad legal, y si a esta última se le habría de aplicar las
normas de la responsabilidad contractual o extracontractual, tema que
también es discutido, por que si bien tradicionalmente nuestra doctrina
ha entendido que el régimen común es el de la responsabilidad
contractual, con lo que en definitiva estas serían las normas sustantivas a
aplicar por los juzgados del trabajo, hay autores que sostienen que las
reglas comunes son las de la responsabilidad delictual y cuasidelictual de
los Arts. 2314 y siguientes del Código Civil y así lo ha sostenido también
la Corte Suprema en una sentencia del año 1993. Si así fuera, resultaría
que la nueva norma de competencia habría entregado el conocimiento de
los juzgados del trabajo las demandas de responsabilidad del empleador,
aplicando, en materia sustantiva, las normas de la responsabilidad
extracontractual, lo cual resulta contradictorio, pues según la misma
norma en comento, los juicios por responsabilidad extracontractual
quedan sujetos a lo dispuesto en el Art. 69 de la Ley 16.744.

      El problema no llego a suscitarse en ninguna forma, pues ya antes
de la modificación a la norma sobre competencia de los juzgados del
trabajo, la jurisprudencia nacional se encontraba ya uniformada en el
criterio de que las acciones de indemnización de perjuicios en contra del
empleador por accidentes del trabajo eran de competencia de los
juzgados del trabajo, si ellas se fundaban en lo dispuesto en el Art. 69 de
la Ley de Accidentes del Trabajo y en el incumplimiento del empleador de
la obligación de protección de la vida e integridad física de sus
trabajadores que le impone el Art. 184 del Código del Trabajo,
comprendida en el contrato de trabajo, aún cuando quienes demandaran



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lo hicieran reclamando daños propios sufridos como consecuencia de la
muerte del trabajador.


9.- PRESCRIPCION

     Por último, queremos hacer expresa mención al tema del plazo de
prescripción de las acciones derivadas de accidentes del trabajo.

     De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 79 de la Ley de Accidentes del
Trabajo, la jurisprudencia ha sostenido que el plazo de prescripción para
reclamar la indemnización de perjuicios derivados de accidentes del
trabajo es de cinco años.


10.- CONCLUSIONES

     Después de haber analizado la responsabilidad del empleador por
los daños por repercusión derivados de accidentes de trabajo desde la
perspectiva de los conceptos clásicos, podemos advertir que ella presenta
caracteristicas propias que la distinguen de la responsabilidad civil
general en varios aspectos.

      Aún cuando puede demandarse conforme a las tradicionales reglas
de la responsabilidad extracontractual, ha adquirido nueva sede ante los
tribunales del trabajo sujeta a las normas de la responsabilidad
contractual, donde estas han sufrido una importante modificación, pues
quienes accionan no han sido partes en la celebración del contrato.

      Por otra parte, esta nueva forma de responsabilidad tiene aspectos
que se encuentran en desarrollo. Así ocurre respecto del sujeto pasivo de
la acción, las nuevas formas de celebración empresarial y de
contratación laboral, asociadas al proceso de expansión y desarrollo de la
empresa, para adaptarse a las exigencias de los grandes mercados de la
economía global, plantean un serio desafió al derecho del trabajo, tanto
para identificar al empleado, como para determinar cual es la carga que
en esa responsabilidad corresponde a las distintas empresas, que sin
figurar como empleadores formales ejercen de hecho la potestad de
mando sobre los trabajadores o sin los directos beneficiarios de sus
servicios, mientras el empleador formal exhibe en esos mismos casos, un
franco proceso de reducción que pone en grave peligro la reparación
efectiva del daño.


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      El derecho nacional dispone ya de los elementos necesarios para
hacer frente a este nuevo desafió, los criterios jurisprudenciales y las
recientes modificaciones al Código del Trabajo, sobre responsabilidad
por las obligaciones laborales en general, entre las cuales debe incluirse
la obligación de seguridad.




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posted:1/3/2011
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