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Memorial Arqueólogos a P de la C 1649 (Proceso Permisos)

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Memorial Arqueólogos a P de la C 1649 (Proceso Permisos) Powered By Docstoc
					23 de mayo de 2009 Cámara de Representantes Estado Libre Asociado de Puerto Rico Capitolio, San Juan, Puerto Rico Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones Hon. José Chico Vega Presidente Agradezco la oportunidad que se me brinda para deponer ante esta comisión. Soy el Dr. Jorge A. Rodríguez López, he ejercido la profesión de antropólogo y arqueólogo por ocho años. Además, soy profesor de Antropología de la Universidad Interamericana y de Seminario de Teorías Arqueológicas de la recién creada Maestría en Arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Esta exposición la hago en mi carácter individual, como científico que se preocupa por las políticas públicas relacionadas a nuestro patrimonio histórico y natural. Discusión 1. Este proyecto, que se presenta bajo la consideración de esta Comisión, es la respuesta de un sector de interés económico del país a la problemática real de los trámites para gestionar permisos a las agencias gubernamentales. Aun reconociendo que la compleja madeja de trámites con más de una veintena de agencias gubernamentales puede resultar engorrosa, en lo que respecta al patrimonio natural e histórico tiende a convertirse en un mecanismo de defensa del bien común. Esto se debe a que desde sus inicios este proyecto parte de premisas equivocadas, ya que entremezcla dos aspectos diferentes: lo relacionado a trámites burocráticos, y el ámbito del estudio científico sobre los recursos que se habrán de impactar. 2. Es en el ámbito de los recursos naturales donde entra el patrimonio arqueológico, ya que ambos están indisolublemente unidos a través de nuestro proceso de formación histórico. Este vínculo es mucho más evidente en áreas que no han sido impactadas de manera intensiva y donde precisamente radica la importancia de su conservación. 3. Debido a que los yacimientos arqueológicos tienen características particulares y requieren metodologías de investigación y manejo diferentes es que se crearon las leyes 10 de 1987 y 112 de 1988 de protección del patrimonio arqueológico subacuático y terrestre respectivamente. A través de los Consejos, creados por los Artículos 6 y 7 en la Ley 10 y las secciones 2 y 3 de la Ley 112, se tuvo conocimiento de miles de yacimientos arqueológicos. Este proyecto desde sus argumentos iniciales plantea la derogación de los artículos y secciones que crean estos consejos implicando una falsa premisa de que ambos organismos son en parte causantes del atraso en los permisos y del “desastre económico” que vive el país.
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4. La intención de derogación de los Artículos 6 y 7 en la Ley 10 y las secciones 2 y 3 de la Ley 112 tendría el claro objetivo de inutilizar ambas leyes, ya que estos artículos y secciones son los que crean y facultan a los Consejos a implementar las políticas públicas establecidas en ambas. El resto de sus disposiciones, deberes y prerrogativas quedarían en letra muerta al ser los Consejos los cuerpos rectores de ambas leyes. Esto en la práctica significará que no existirán leyes de protección de patrimonio arqueológico en el país. 5. Como consecuencia de esta derogación, el proyecto establece que “el resto de las obligaciones, deberes y facultades sean transferidas al Instituto de Cultura Puertorriqueña, mientras no entren en conflicto con la presente Ley”. Esto significaría atribuirle funciones y facultades a las que el ICP no podrá ejercer debido a la falta de presupuesto y porque muchas de ellas, entran en conflicto directo con la Ley propuesta. Entre estas facultades se encuentra el manejo de las colecciones arqueológicas recuperadas. 6. Es importante destacar que se comete un grave error al incluir los Consejos entre las agencias que otorgan permisos, como pretende hacer este proyecto. La función principal de los Consejos Arqueológicos no se enmarca en la perspectiva de evaluar y endosar permisos de construcción, sino que es un cuerpo deliberativo, que examina, recomienda e implementa a partir de evidencia científica, las políticas públicas del Estado Libre Asociado en lo referente a yacimientos arqueológicos. Estos Consejos además están encargados de fomentar el estudio y la conservación de nuestro patrimonio arqueológico. Por lo tanto, conceptualizarlo como una mera “oficina de permisos” es desvirtuar el verdadero espíritu de las leyes que los crearon. 7. Los arqueólogos del país vemos con profunda preocupación la eliminación de los Consejos, aun con sus virtudes y defectos, ya que han servido para hacer más accesible nuestro pasado a una sociedad que busca desesperadamente sus raíces e historia. Aun con su existencia, el daño a nuestro patrimonio ha sido inmenso, ¿cuál sería la magnitud de los daños de aprobarse esta medida? Los autores de este proyecto pretenden despojar a la sociedad puertorriqueña, de un plumazo, de todo su acervo cultural e histórico al cual tienen derecho a conocer y disfrutar. 8. Los arqueólogos de país vemos con profunda preocupación la omisión de la palabra arqueología dentro del texto del proyecto, entre otras cosas, porque revela las intenciones de sus proponentes, al tan siquiera reconocer la importancia y pertinencia que tiene para nuestra sociedad el conocimiento científico. También nos preocupa profundamente que no se incluyeran arqueólogos dentro de los llamados “profesionales autorizados”, ya que se pretende despachar la importancia del conocimiento científico y delegar decisiones que involucren patrimonio a personas que no están capacitadas para hacer evaluaciones acertadas sobre recursos altamente sensitivos. 9. También es motivo de gran preocupación la enmienda al Artículo 6 de la Ley Núm. 374 del 14 de mayo de 1949 (Capítulo XIX Art. 19.1) en la que se le pretende arrancar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la facultad de endosar proyectos en zonas o áreas de alta sensibilidad histórica, concediéndosele sólo
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la prerrogativa de comentar sobre los mismos. Con las grandes limitaciones que se proponen imponer al ICP sobre sus prerrogativas de protección y manejo de todo el acervo, no sólo arqueológico, sino también histórico, se dará al traste con las funciones de esta agencia convirtiéndola en una simple espectadora. 10. La inclusión del ICP, junto con la Oficina Estatal de Conservación Histórica (SHPO, por sus siglas en inglés) dentro de una Oficina de Gerencia que se encargará de la “cultura y conservación histórica” constituirá otro error garrafal, ya que en el proyecto no hay ningún tipo de explicación ni definición de cuáles serán las funciones, deberes y prerrogativas de ambas dependencias. Esta ambigüedad en el lenguaje provocará, no sólo un caos administrativo, sino también choques entre ambas agencias, que repercutirán en la capacidad de esta Oficina de Gerencia de poder hacer una defensa efectiva del patrimonio arqueológico e histórico. 11. El proyecto además, no toma en consideración que ambas dependencias tienen funciones y jurisdicciones bien delimitadas. El ICP se encarga de todos lo que es el ámbito del ELA, mientras que el SHPO asume jurisdicción en proyectos que reciben fondos federales o que se realizan en terrenos propiedad del Gobierno Federal. Esto hace que el SHPO tenga una jurisdicción mucho más limitada que el ICP. Sin embargo, precisamente a quien se le asigna un Oficial de Permisos es al SHPO, lo cual resulta totalmente contradictorio, ya que le asigna el personal que estará encargado de hacer la evaluación y el otorgamiento de permisos a la agencia con menor alcance. Esto en la práctica significará que la mayoría de los yacimientos arqueológicos ubicados en jurisdicción del ELA quedarán desprovistos de las más elementales regulaciones de protección, conservación y manejo. 12. La propuesta del derogar el Artículo 4 de la Ley 416 de 22 de septiembre de 2004 es otra forma de “atar cabos sueltos” ya que la misma establece como política pública del ELA la “preservación de importantes aspectos históricos culturales y naturales” (Art. 4.A.4). Además este Artículo 4 obliga a los proponentes a someter una Declaración de Impacto Ambiental, documento que incluye una serie de estudios científicos y ambientales desde una perspectiva multidisciplinaria, entre los que se encuentran estudios arqueológicos (Regla 253, 37.B.8). Por lo tanto, la derogación de este artículo eliminaría cualquier vía alterna que obligue a los proponentes a realizar estudios arqueológicos, en el nefasto caso de que no existieran los Consejos. 13. Para los arqueólogos del país resulta inconcebible que este proyecto pretenda atribuirle todos los retrasos, penalidades y multas a los estudios arqueológicos requeridos por ley. Cuando es de conocimiento público que en innumerables ocasiones los documentos sometidos por los proponentes, especialmente las DIA y los planos de diseño de las estructuras, contienen errores y omisiones que retrasan la otorgación de permisos.

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14. Mucho más preocupante es atribuirle a nuestro patrimonio arqueológico la deshonrosa responsabilidad de la crisis económica del país, cuando todos sabemos que la misma es causada por factores mucho más amplios y profundos. Esta tiene un alcance mundial y ha sido provocada fundamentalmente por la avaricia desmedida de los monopolios a elevar sus ya mermadas tasas de ganancia a costa del bien común. 15. Todos los países verdaderamente desarrollados tienen muy en cuenta su patrimonio histórico, cultural y ambiental, y no lo ven como un estorbo, sino al contrario, como un activo de gran potencial económico y social. Estos se preocupan, no solo por desarrollarlo, sino también por protegerlo y hacerlo accesible al resto de sus habitantes. Este reconocimiento a su importancia es lo que les da el carácter desarrollado a estos países, independientemente de sus capacidades económicas, de producción o de consumo. 16. Dependerá de la aprobación de este proyecto si la sociedad puertorriqueña dará el salto hacia la barbarie, retrasando treinta años de camino andado, o si por el contrario prevalecerá la cordura y mantendremos unas garantías mínimas de protección a nuestros valiosos, pero también limitados recursos. Recomendaciones 17. Primero, suscribir plenamente todas las propuestas de enmienda que han presentado los colegas que han depuesto ante la comisión. Y que este organismo evalúe con seriedad su inclusión en futuro proyecto enmendado. 18. Segundo, no suscribo de ninguna manera este proyecto de Ley, ni en su redacción, ni en la forma en que pretende reestructurar las agencias encargadas de proteger y conservar nuestro patrimonio arqueológico. 19. Eliminar del proyecto de ley la derogación de los Artículos 6 y 7 en la Ley 10 y las secciones 2 y 3 de la Ley 112. 20. Incluir dentro de los Profesionales Autorizados a arqueólogos que cumplan con los requerimientos mínimos para dicha posición. 21. Para un futuro proyecto de ley, considerar una reformulación de los Consejos Arqueológicos, tanto en su composición, como en sus funciones. Alejarlo de la dinámica de permisos, pero con poder de ley para implementar políticas públicas de protección de patrimonio. Que sirva como cuerpo asesor, pero también regulador. 22. Mantener separadas las funciones del ICP y el SHPO, ya que ambas cumplen roles diferentes. 23. Hacer hincapié en que el verdadero desarrollo se da a través de la planificación y el uso responsable de los recursos naturales e históricos. Para que el mismo sea sustentable habrá que tener siempre en consideración todos los sectores sociales e incluirlos en la toma de decisiones y que sea cónsono
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con la realidad geográfica e histórica. Nuestra responsabilidad mayor no es sólo respetar el patrimonio colectivo para nuestro disfrute, sino también conservarlo para que las próximas generaciones tengan acceso y puedan disfrutar de ellos. Estoy a la completa disposición de esta comisión a cualquier requerimiento sobre este u otro asunto que involucre nuestro patrimonio arqueológico, histórico y natural. Muchas gracias Cordialmente, Dr. Jorge A. Rodríguez López

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