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Tierra- Reforma agraria 1952- Nueva constitución 2009

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Tierra- Reforma agraria 1952- Nueva constitución 2009 Powered By Docstoc
					Política de tierras en Bolivia.
Desde la Reforma agraria de 1953 hasta la Nueva
Constitución Política del Estado.

                      Monografía.




Pamela Desutter, leg. Nº 110634.
Introducción.


La experiencia de América Latina en lo que a política de tierras se refiere, ha sido la
misma en casi todos los países que la integran, por supuesto con particularidades bien
definidas. Pero en cuestiones generales, se repite el despojo de tierras a los pueblos
originarios, se repite una oligarquía terrateniente dueña de extensiones de tierra
desmesuradas e improductivas, se repite la pobreza y atraso tecnológico entre los
pequeños propietarios y campesinos y, entre otras cosas, se repiten las promesas
incumplidas. Sin embargo, nos encontramos con que en muchos países de
Latinoamérica se han implementado reformas agrarias, por lo general luego de un
proceso revolucionario, (México, Bolivia, Perú, Cuba) pero que luego de varios años, el
proceso de cambio se detuvo y en algunos casos hasta retrocedió de modo alarmante.
El caso de Bolivia, que ahora nos convoca, es uno de ellos, puesto que a la revolución
social de 1952, le siguió una reforma agraria (1953) igualmente revolucionaria pero que
nunca terminó de implementarse, por el contrario, en algunos sectores del país (las
tierras altas), la situación empeoró, mientras que en otros (las tierras bajas), mejoró sólo
para algunos privilegiados que se hicieron de grandes extensiones de tierra. Una
reforma agraria no es simplemente una redistribución de la tierra a quienes no la poseen,
ya sea de forma individual o colectiva, sino que debe venir acompañada de una serie de
medidas inseparables que son: crédito, abastecimiento, comercialización, asesoramiento
e investigación y tecnología; y debe proponerse como objetivos esenciales e
irrenunciables: la justicia social, la modificación de la estructura del poder político y el
mejor desenvolvimiento económico.1
Cabe preguntarse entonces cuáles serían las circunstancias ideales para que una reforma
agraria tenga el éxito esperado, ¿acaso el problema está en quienes la diseñan?, ¿o en
los encargados de llevarla adelante? ¿Podríamos decir que una reforma agraria hecha
por el blanco para el indígena está condenada al fracaso?¿Y una reforma ideada y
llevada adelante por el indígena obtendría mejores resultados?                                Bolivia se encuentra en




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1 Noemí Girbal de Blacha. Política de tierras (1916-1930) ¿Reforma, orden o reparación agraria?, en Conflictos y procesos de la
historia argentina contemporánea nº 28, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989, p. 17
un momento histórico sin precedente en América Latina, por primera vez un indígena2
preside la República. Hasta ahora, el gobierno ha estado en manos de blancos
provenientes de sectores sociales como la oligarquía terrateniente o la mediana
burguesía, gobiernos conservadores o liberales, pero la cuestión agraria sigue generando
conflicto.




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2 Según el INE. (2001), Censo Nacional de Población y Vivienda, cerca del 62 % de la población boliviana se identifica como
indígena.
(Desarrollo.)


La situación antes de 1952 con respecto a la tierra y al indígena era la misma que
perduraba desde las épocas mismas de la colonia y, posteriormente, durante la nueva
República, es decir, la concentración de la tierra en pocas manos y la situación de
servidumbre en la que vivían los indígenas. Llegaron a formarse grandes latifundios y
mientras más grandes eran, menor resultaba su producción y menos cantidad de tierra
era aprovechada. El Estado Boliviano, mediante la Ley de Ex-vinculación de 1874,
destruyó los poblados de los ayllus y comunidades del altiplano y valles, al haberlos
despojado de sus tierras con el fin de convertirlas en haciendas tanto de mestizos como
de criollos, mientras que se sometía a los indígenas por la fuerza y se los obligaba a
trabajar para un patrón. Situación que duró cerca de 80 años, hasta que los indígenas
comenzaron a movilizarse en reclamo de tierras, ocupando haciendas y expulsando a los
patrones, lo que finalmente llevaría al gobierno a implementar una reforma.
Las estructuras económicas eran muy dispares, hablamos de una sociedad con
elementos tradicionales, marcadamente preindustrial, con casi ausencia de estratos
medios, o de grupos con autonomía económica o de un proletariado urbano importante;
una sociedad en la que empresas mineras privadas funcionaban como una suerte de
enclave del sistema internacional en un país de los llamados periféricos, en la que había
escasa y casi nula movilidad social y en la que ya grandes sectores de la población
dependían de las funciones estatales.
El sector más importante y conflictivo en Bolivia, era el minero, por ser el sector que
provocaba la gran polarización social y por ser foco de interés para algunos sectores
medios que esperaban participar de alguna manera de sus beneficios económicos y
políticos. Mucho más importante se hizo después de la guerra del Chaco (1932-1935).
Esta situación fue capitalizada por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR),
conformado principalmente por miembros de la burguesía, quienes finalmente se
hicieron con el poder después de la revolución social de 1952.
A causa del atraso y subdesarrollo percibidos en las estructuras anticuadas de la
tenencia de tierra y de las minas, que habrían sido responsables por la falta de
industrialización y de dinámica socioeconómica, el gobierno del MNR llevó a cabo dos
reformas fundamentales en estos terrenos: la estatización        de las grandes empresas
mineras (octubre de 1952) y la reforma agraria (agosto de 1953).3 Principalmente, el
objetivo de la reforma agraria era el de eliminar el latifundio, anular los servicios
personales gratuitos, devolver tierras comunales, darle tierra al campesino, modernizar
los sistemas de producción en el campo y la tecnificación y ayuda financiera a pequeños
propietarios, en definitiva, integración del campesino en el sistema nacional.
Los resultados obtenidos por la revolución del 52 y, más precisamente los obtenidos con
la reforma agraria a partir de 1953, son tema de discusión entre los analistas, por
supuesto, siempre impulsada por las diferentes ideologías. Sin embargo, casi todos
coinciden en dos cosas: que la reforma agraria del 53 terminó finalmente con el sistema
servidumbral gratuito de trabajo, tan cotidiano en el agro boliviano, es decir que el
campesino indígena fue liberado de su condición de siervo. Y en segundo lugar, el
campesino indígena fue incorporado al mercado de producción de consumo.4 Así como
lo expresa el artículo 78 de la Ley de Reforma Agraria que dice: "Los campesinos que
hubiesen sido sometidos a un régimen de trabajo y explotación feudales, en su
condición de siervos, obligados, arrimantes, pegujaleros, agregados, forasteros, etc.,
mayores de 18 años, los casados mayores de 14 años y las viudas con hijos menores,
SON DECLARADOS CON LA PROMULGACION DEL PRESENTE DECRETO,
PROPIETARIOS                DE       LAS       PARCELAS              QUE        ACTUALMENTE                  POSEEN          Y
TRABAJAN.”
El campesino-siervo pasó a ser un asalariado, antes producía todo lo que consumía, ya
que no obtenía dinero por su trabajo, comenzó a organizarse en sindicatos, se formaron
milicias armadas, y paralelamente a la reforma agraria, hubo una reforma educativa, en
la que los propios campesinos organizaban y creaban sus escuelas.
La reforma agraria del 53 era revolucionaria, había surgido de la necesidad del
campesino indígena boliviano y gracias a sus luchas, sin embargo, según Jorge
Guidobono, “la reforma agraria fue manipulada contra el proletariado insurrecto,
para crear una base social pequeñoburguesa propietaria para el proceso de
reconstrucción del estado burgués primero, y para el posterior pacto militar-campesino




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3   H.C.F.    Mansilla    “La    revolución    de    1952    en    Bolivia:   un    intento   reformista    de   modernización”
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_017_114.pdf
4 Angel Jernio-Ergueta “La reforma agraria de Bolivia.” Revista Nueva Sociedad, Nº 7, julio-agosto 1973, pp. 19-37
con Barrientos en los años ’60.” 5 El hecho de que los verdaderos ganadores del poder
en 1952 hayan sido finalmente de sectores medios de la sociedad y no los propios
campesinos indígenas, principales protagonistas de la revolución, fue determinante a la
hora de definir la forma de aplicación y alcance de la reforma.                                     Las tierras bajas
resultaron muy atrayentes para el Estado que pensaba en el desarrollo de la
agroindustria. Sin embargo, no se idearon programas adecuados de acceso equitativo a
la tierra, por lo que se generó un proceso arbitrario de concentración y acaparamiento
latifundiario en el oriente boliviano.
En las tierras altas, la situación fue distinta pero igual de contradictoria, pues luego de
que los indígenas se hicieran dueños de las tierras que antes trabajaban y de que
reconstruyeran sus comunidades, quedaron al margen de las políticas estatales y el
rápido crecimiento de la población, llevó a la división y a la fragmentación de sus ya
pequeñas propiedades agrarias. . Así surgió en Bolivia un modelo dual de tenencia de la
tierra, con el latifundio en el oriente y el minifundio en el occidente. Desde entonces
estos extremos coexisten pero no se complementan.6
Por otro lado, la institución encargada del manejo de tierras hasta 1992, el Consejo
Nacional de Reforma Agraria (CNRA), al igual que el Instituto Nacional de
Colonización (INC), quedaron enredados en un sin fin de trámites y de procesos
burocráticos, sospechados de corrupción y prebendalismo, alejados de los principales
conceptos en los que se basaba la reforma agraria y sin lograr, finalmente, administrar y
actualizar para las comunidades y las familias que la integran, el derecho propietario.
Finalmente, a pesar de haberse entregado 44 millones de hectáreas, de haberse
implementado un proceso de colonización dirigida, de haberse creado el Banco
Agrícola, para dotar de recursos financieros al campesino, de haberse creado un servicio
de asistencia técnica, la situación del campesino productor no ha mejorado de manera
considerable, ya que el principal problema que es el de la pobreza y sus derivados, aún
continúa, mientras el contexto es igual de desfavorable por la creciente degradación de
los recursos naturales.




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5 Jorge Guidobono, "La larga marcha de la revolución socialista", Bs. As., 1994, pp. 92 y ss.
6 Miguel Urioste y Kay, Cristóbal. “Latifundios, avasallamientos y autonomías”. Fundación TIERRA,
2005. http://www.ftierra.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=206&&Itemid=268
Esta situación encontró su límite cuando, en 1992 el gobierno de Jaime Paz Zamora
llevó a cabo la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto
Nacional de Colonización, para corregir vicios y problemas. “La intervención duró
alrededor de cuatro años, el país se vio obligado a elaborar una nueva ley agraria y
reformar íntegramente el marco institucional y conceptual del proceso agrario, para
adecuarlo a las nuevas características del desarrollo nacional.”7
Así, en 1996 se promulga la Ley de Modificación del Servicio Nacional de Reforma Agraria,
conocida como la ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) con la intención de
reacomodar y continuar el proceso agrario. Con la ley INRA, se reconocen los derechos
de los pueblos indígenas y originarios de acceder a la tierra, pero no sólo con el fin del
autoabastecimiento, sino con la posibilidad de recrear el hábitat y la cultura ancestral,
logrando así la diversidad, la multietnicidad y la pluriculturalidad. Para ello creó las
Tierras Comunitarias de Origen (TCO), como una nueva forma de propiedad de la
tierra, priorizando como necesidad de los pueblos indígenas y campesinos el acceso a
tierras comunitarias tituladas de forma colectiva. La ley también prevé la entrega de
tierras al campesino en dotación y promueve el desarrollo del sector productivo
agropecuario.
Sin embargo, y como sostiene el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”, asistimos
nuevamente a una doble interpretación de una misma ley, puesto que si tenemos en
cuenta el contexto histórico en el que la ley INRA fue promulgada (impulsada durante
el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, quien profundizó las reformas neoliberales
que comenzara, allá por 1985, Paz Estensoro, y supervisada por el Banco Mundial), nos
encontramos con una aceleración en la titulación, registro y catastro de las propiedades,
para “garantizar la seguridad de tenencia de la tierra”, “atraer inversiones”8 y consolidar
                                                               “
el       modelo            agro         exportador              a       partir             de   la      concentración
de                                las                                 tierras                              productivas
en            el            Oriente                del              país            en          pocas            manos,




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7 Carlos Agreda Lema, A cuatro años de la Ley Inra. En publicacion: Umbrales, no. 9. CIDES, Postgrado en Ciencias del
Desarrollo, UMSA, Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivia: Bolivia. Mayo. 2001.
http://www.cides.edu.bo/cides/Umbrales9.pdf
8 Revista somos tierra Primera época Nº 3 Edición especial La Paz, agosto de 2008, pag 7
como base material de su realización para la producción masiva de soja”.9
Para el neoliberalismo, el mercado se encargaría de democratizar el acceso a la tierra,
para el indígena campesino, la nueva ley seguiría destinándolos a lugares inhóspitos:
“nosotros en nuestras comunidades no tenemos                               luz eléctrica, no tenemos caminos;
allá no hay posta sanitaria, no hay hospitales; allá no hay agua potable, es por
eso que estamos así, pura grasa; no hay ducha.”10
Sin embargo, y coincidiendo con Agreda Lema, “el principal problema que enfrenta el
proceso agrario y la propia ley,                       es la falta de voluntad política para priorizar
                                                                                          11
adecuadamente el tema agrario en las políticas públicas.”                                      Se podría decir que la
voluntad política dependerá de los intereses de quienes gobiernan, es decir que la
prioridad de un gobierno liberal burgués, no será la necesidad de tierras para el
campesino y, mucho menos, la necesidad del territorio para los pueblos originarios.
Finalmente, a más de cincuenta años de la reforma agraria y a trece de la ley INRA, nos
encontramos con un nuevo intento de reencaminar la cuestión agraria, primero con la
                                                                                                     12
Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria en 2006                                             y recientemente
con la nueva Constitución Política del Estado, la cual, según algunas miradas, es
revolucionaria en materia agraria y según otras, es apenas reformista.
La nueva CPE, en su artículo 398 dice: “se prohíbe el latifundio y la doble titulación
por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por
latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función
económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre,
semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la
superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie
máxima podrá exceder de cinco mil hectáreas.” La razón por la cual muchos han
acusado al nuevo gobierno de negociar con la derecha y frenar una radical
redistribución de tierras a los campesinos, es por el carácter no retroactivo de las nuevas



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9 CEDLA. Análisis. De la reforma agraria a la Ley IINRA. ¿A quién beneficiará las políticas agrarias y de tierras?. En:
Alerta laboral no. 42. CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz. Bolivia. Abril. 2006
http://www.cedla.org/includes/tng/pub/tNG_download.php?id=c6ba2fcdd6e258847044a15c93ebc93f
10 Felipe Quispe, La vision de los campesinos. En: Umbrales, no. 9. CIDES, Postgrado en Ciencias del Desarrollo, UMSA,
Universidad    Mayor      de      San   Andres.     Bolivia.    Mayo.     2001.     http://www.cides.edu.bo/cides/Umbrales9.pdf
11 Carlos Agreda Lema, op- cit.
12 Ley modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria Ley nº 1715 de 18 de octubre de 1996 (INRA)
leyes, pues de esta manera, no se trataría de eliminar el latifundio, sino sólo de impedir
que se siga proliferando. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto político en el
que se encuentra Bolivia en este momento, pues no es una revolución como la cubana, o
la misma revolución boliviana del 52, donde, por la fuerza de las armas, se cambia la
estructura del Estado, construyéndose una nueva institucionalidad, es una revolución
democrática: “La nueva Constitución no es solamente para obreros o sólo para campesinos o
sólo para la clase media, es para toda Bolivia.”13
El otro punto importante en materia agraria dentro de la nueva CPE, es el de la Función
Económica Social, que cobra un nuevo significado y, si se quiere, mayor importancia, por el
carácter no retroactivo de estas normas agrarias, pues será por el incumplimiento de la FES que
se ejecute el proceso de reversión y expropiación de tierras. La FES hace referencia al “empleo
sustentable” de la tierra para la propiedad empresarial con actividades productivas, utilizándola
en toda su extensión, y será el “aprovechamiento sustentable” de la tierra para la propiedad
colectiva o pequeña propiedad. Si no se cumpliera con lo establecido, el INRA revertiría esa
tierra para el Estado como tierra fiscal, “para ello, es preciso concluir el saneamiento legal
de tierras o regularización de derechos propietarios en los departamentos (…), el
Estado debe demostrar que para combatir el latifundio existente en el país es suficiente
el ya diseñado proceso de saneamiento legal de tierras y además, la verificación
periódica (cada dos años) del cumplimiento de la Función Económica Social (FES),
como lo establece la ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.”14 Todo
indicaría entonces que si el trabajo es la garantía de conservación de la propiedad
agraria, y el cumplimiento de la Función Económica Social es la garantía de la no
expropiación, estamos nuevamente en manos de la voluntad política. Se sigue
respetando la propiedad privada y se está accionando dentro de los parámetros que
marcan las instituciones de un Estado burgués capitalista.




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13 Álvaro García Linera, Los tres pilares de la Nueva Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional, Economía
estatal y estado autonómico. Discurso del Vicepresidente de la República en la sede de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia , La Paz, 4 de noviembre de 2008, en “Discursos y ponencias”, Nº 4, Bolivia, 2008, p.18.
14 Juan Pablo Chumacero R, “5.000 hectáreas”… ¿qué sigue ahora? Investigador - Fundación TIERRA La Paz, 06 de
febrero de 2009, http://www.ftierra.org/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=243
15 CEDLA. Análisis. Entre las reformas y la conservación del viejo poder. ¿El MAS acabará con el neoliberalismo? En:
Alerta laboral no. 42. CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz: Bolivia. Abril. 2006
http://www.cedla.org/includes/tng/pub/tNG_download.php?id=c6ba2fcdd6e258847044a15c93ebc93f
Conclusión.

Podríamos finalizar diciendo que una de las razones por la cual fracasó el intento de
resolver el conflicto agrario en Bolivia, es el haber confundido tierra con territorio, es
decir, el hecho de que exista una forma de acceder a la tierra con título comunitario, no
es a las claras suficiente para que una comunidad indígena campesina se realice como
tal.
Observamos también que todas las reformas o leyes que fueron implementadas en
Bolivia en materia de tierras, se hicieron de arriba hacia abajo, es decir que hasta la
llegada de Evo Morales al gobierno, su elaboración e implementación estuvo a cargo de
funcionarios, profesionales, o intelectuales allegados al poder de turno y no de los que
conocen el tema desde la propia vivencia. La ley debiera estar adaptada a la realidad del
indígena campesino y no al revés.
Hemos mencionado algunas de las críticas que en materia agraria se le han hecho al
presidente Evo Morales, algunos sostienen que su gobierno seguirá garantizando “la
seguridad jurídica de la propiedad privada como base para el libre funcionamiento de un
mercado de tierras.”16, siendo el propio Estado el que regule este mercado. Sin embargo,
debiéramos pensar que si es el propio indígena, el campesino, el cocalero, las reformas
han de reflejar esa realidad: la nueva CPE ya no habla de “Régimen Agrario y
Campesino”, sino de “Tierra y Territorio”, ya no habla de “Tierras Comunitarias de
Origen”, sino de “Territorio Indígena Originario Campesino”, ya no sólo considera
“latifundio” a una extensión de más de 50.000 hectáreas, sino a todas las que sobrepasen
las 5.000. Evo Morales ha dado muestras inequívocas de su intención de “movilizarse al
socialismo”, pero si en su gobierno no hay una real intervención (más allá de las
modificaciones a las normativas), todo habrá sido en vano.
Sólo cabe una última pregunta, ¿será posible la convivencia de los territorios indígenas
con el derecho propietario de empresas capitalistas y su mercado de tierras?17




16 CEDLA. Análisis. De la reforma agraria a la Ley IINRA. ¿A quién beneficiará las políticas agrarias y de tierras?. En:
Alerta laboral no. 42. CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz. Bolivia. Abril. 2006
http://www.cedla.org/includes/tng/pub/tNG_download.php?id=c6ba2fcdd6e258847044a15c93ebc93f
17 Este tema lo desarrolla Enrique Ormachea Saavedra en su libro ¿Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente? El
gobierno del Mas y las políticas de tierras. Bolivia, Cedla, 2008, 2º ed.
Bibliografía.



-Girbal de Blacha, Noemí, Política de tierras (1916-1930) ¿Reforma, orden o reparación
agraria?, en Conflictos y procesos de la historia argentina contemporánea nº 28, Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.
-INE. (2001), Censo Nacional de Población y Vivienda.
-Mansilla, H.C.F, “La revolución de 1952 en Bolivia: un intento reformista de
modernización” http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_017_114.pdf
-Jernio-Ergueta, Ángel, “La reforma agraria de Bolivia.” Revista Nueva Sociedad, Nº 7,
julio-agosto 1973, pp. 19-37
-Jorge Guidobono, "La larga marcha de la revolución socialista", Bs. As., 1994.
-Urioste Miguel y Kay, Cristóbal. “Latifundios, avasallamientos y autonomías”.
Fundación                       TIERRA,                                             2005.
http://www.ftierra.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=206&&
Itemid=268
-Agreda Lema, Carlos, A cuatro años de la Ley Inra. En publicacion: Umbrales, no.
9. CIDES, Postgrado en Ciencias del Desarrollo, UMSA, Universidad Mayor de San
Andres,         La       Paz,        Bolivia:        Bolivia.       Mayo.           2001.
http://www.cides.edu.bo/cides/Umbrales9.pdf
-Revista somos tierra Primera época Nº 3 Edición especial La Paz, agosto de 2008.
-CEDLA. Análisis. De la reforma agraria a la Ley IINRA. ¿A quién beneficiará las
políticas agrarias y de tierras?. En: Alerta laboral no. 42. CEDLA, Centro de
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-Quispe, Felipe, La vision de los campesinos. En: Umbrales, no. 9. CIDES, Postgrado
en Ciencias del Desarrollo, UMSA, Universidad Mayor de San Andres. Bolivia. Mayo.
2001. http://www.cides.edu.bo/cides/Umbrales9.pdf
-García Linera, Álvaro, Los tres pilares de la Nueva Constitución Política del Estado.
Estado Plurinacional, Economía estatal y estado autonómico. Discurso del
Vicepresidente de la República en la sede de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia , La Paz, 4 de noviembre de 2008, en “Discursos y
ponencias”, Nº 4, Bolivia, 2008.
-Chumacero R, Juan Pablo, “5.000 hectáreas”… ¿qué sigue ahora? Investigador -
Fundación       TIERRA         La      Paz,      06      de      febrero      de      2009,
http://www.ftierra.org/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=23
-CEDLA. Análisis. Entre las reformas y la conservación del viejo poder. ¿El MAS
acabará con el neoliberalismo? En: Alerta laboral no. 42. CEDLA, Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz: Bolivia. Abril. 2006
http://www.cedla.org/includes/tng/pub/tNG_download.php?id=c6ba2fcdd6e258847044
a15c93ebc93f
-Ormachea Saavedra, Enrique, ¿Revolución agraria o consolidación de la vía
terrateniente? El gobierno del Mas y las políticas de tierras. Bolivia, Cedla, 2008, 2º ed.


-Nueva Constitución Política del Estado, Bolivia, febrero de 2009.
-Decreto ley Nº 3464, Ley de Reforma Agraria, Bolivia, 2 de agosto de 1953.
-Ley Nº 1715, Servicio Nacional de Reforma Agraria, Bolivia, 18 de octubre de 1996
-Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria modificatoria de la Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria, Bolivia, 2 de agosto de 2006

				
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