Memorial Sociedad PR de Planificacion

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					SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE PLANIFICACIÓN Fundada el 23 de noviembre de 1954 PONENCIA DE LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE PLANIFICACIÓN Respecto al P. de la C. 1649 Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Presentada el 23 de mayo de 2009 Hon. José Chico Vega Presidente Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Comercio Cámara de Representantes San Juan, Puerto Rico Comparece ante esta Honorable Comisión, Anselmo De Portu Hamawi, planificador profesional licenciado, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, organización sin fines de lucro que representa a los planificadores profesionales en Puerto Rico desde 1954, para presentar los comentarios de nuestra organización respecto el Proyecto de la Cámara 1649 presentado el 12 de mayo de 2009 y referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones para crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”… Consideramos necesario mencionar que la Sociedad Puertorriqueña de

Planificación (SPP), ha participado activamente en la preparación y evaluación de otras medidas legislativas, sin embargo en este caso no fue invitada a participar en la evaluación de la medida presentada, como ha ocurrido con otras organizaciones profesionales. La SPP tiene por Misión: “Fortalecer y fomentar la práctica de la planificación como proceso fundamental para la toma de decisiones, en el sector público y privado, y la orientación a la comunidad sobre asuntos de interés público para el bien de nuestro futuro común”. En el contexto de esa misión reconocemos nuestra

Hon. José Chico Vega, Presidente Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones Ponencia de la SPP sobre P. de la C. 1649

responsabilidad profesional y ciudadana, para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, por lo que comparecemos a esta Vista Pública para exponer algunos comentarios y observaciones iniciales a este proyecto de ley. Debido al tiempo limitado que hemos tenido para evaluar en detalle la extensa medida legislativa de referencia, solicitamos tiempo adicional completar el análisis y someter otras recomendaciones serias y responsables como lo hemos hecho con otras medidas legislativas. Reconocemos que hay que “mejorar, agilizar y modernizar el proceso de evaluación para el otorgamiento de permisos en Puerto Rico”, sin embargo el proyecto de referencia se enfoca principalmente en agilizar el tiempo para el otorgamiento de permisos (en o antes de 90 días), sin tomar en consideración las serias implicaciones sociales, económicas y ambientales, que podrían tener ciertas decisiones, en algunos casos arbitrarias, en ausencia de una visión integral de planificación para la evaluación de los proyectos. En la exposición de motivos se plantea que la crisis económica y el problema de competitividad de Puerto Rico se debe a “problemas con los permisos”, lo cual podríamos considerar demasiado simplista y altamente cuestionable. Se hace referencia al estudio realizado por: “The World Bank Group” en cuanto a la posición de Puerto Rico respecto a la dificultad enfrentada en los trámites de permisos de construcción y se destaca que otros países caribeños tienen mejor posición global que Puerto Rico, lo cual no necesariamente supone que cuenten con una mejor calidad de vida, Y en este punto cabe preguntarnos cuál es el compromiso de esos países con la protección y conservación de sus recursos naturales que son la base de la riqueza de un país, cuál es el compromiso de su gobierno con una sociedad justa, equitativa, saludable, solidaria, que trabaje por el bien común y que atienda las necesidades de todos sus ciudadanos.

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También se menciona que los proyectos pendientes de permisos, a principios del 2009, bajo la consideración de la Junta de Planificación y de la ARPE “pueden representar más de $12,000 millones en posible inversión para la economía de Puerto Rico, que actualmente puede estar atrapada o entubada a causa de la burocracia”. Sin embargo no todos los proyectos bajo consideración, son proyectos que cumplen con las leyes, reglamentos, normas y códigos aplicables, por lo que la cantidad atribuible a la inversión podría ser menor. Por lo tanto no podemos medir la competitividad por el número de premisos otorgados o por el tiempo que toma el trámite, sino por la calidad, confiabilidad y transparencia del proceso de evaluación de los proyectos, así como de la preparación, experiencia y compromiso de los profesionales que tienen la responsabilidad de dicha evaluación para asegurar que los mismos aporten al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de Puerto Rico. Por varias décadas hemos confundido crecimiento económico con Desarrollo Económico, el nivel de vida (medido por el ingreso per cápita) con Calidad de Vida, la cual requiere también de unos componentes más intangibles como la calidad del ambiente, la seguridad nacional/personal, acompañada de libertades políticas y económicas, condiciones necesarias para mejorar la calidad de la democracia. El crecimiento económico no refleja el bienestar de la población o el éxito logrado hacia el desarrollo; no toma en consideración el consumo del capital natural en el proceso de producción; no incluye la aportación laboral de las amas de casa y las comunidades, ni la economía subterránea. En fin ignora el valor de la vida y su biodiversidad, del bienestar público, del tiempo libre, de los derechos civiles y de justicia ambiental. El desarrollo sustentable (económico/ecológico) integra consideraciones económicas, sociales y ambientales en todo el proceso de formulación de políticas públicas y de planificación.

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Las prioridades que definen este concepto nos llevan más allá del crecimiento económico, para incluir hoy en día valores y objetivos tendientes a producir modos de vida sostenibles. Valores y principios centrados por un lado en las relaciones de los seres humanos entre sí – democracia participativa, buen gobierno, equidad, solidaridad – y por el otro, en las relaciones intrínsecas del ser humano con la Tierra de la que es parte y no su dueño. Entre las metas y objetivos de esta Ley se menciona: …facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico que resultará en el crecimiento de más, mejores y diversas industrias y en la creación de empleos en el sector privado. Para lograr ese desarrollo integral lo primero que debemos completar es el Plan de Usos de Terreno. En cuanto a la creación de la Oficina de Gerencia de Permisos, adscrita a la Junta de Planificación es menester que se incluya entre los profesionales considerados para dirigir la Oficina, a los planificadores profesionales licenciados, según lo define la Ley 160 del 23 de agosto de 1997 “Ley para reglamentar la práctica de la profesión de Planificador en Puerto Rico. Nos sorprende ver con que facilidad se “delega el deber ministerial” de la Junta de Planificación, de Planificar el Futuro de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), a través de varias evaluaciones, decisiones y permisos, consultas de ubicación y/o aprobaciones de solicitudes de proyectos, que podrían tener unos impactos acumulativos, difícilmente predecibles por los “gerentes y sus respectivos oficiales de permisos”, con relación al desarrollo y usos de terreno. La Evaluación de Cumplimiento Ambiental, funciones altamente complejas y especializadas se delegan a una División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental funciones de la Junta de Calidad Ambiental. Al presente, dichas funciones están siendo desarrolladas por varias de las Agencias Estatales y Federales concernidas y por las Oficinas de Planificación de los Gobiernos Municipales Autónomos.
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Más aún, la Ley dispone que las DIA’s ya no estarán disponibles en forma electrónica para el público, ni los comentarios a una DIA y que a los “Profesionales Autorizados” se le autoriza también a certificar si un proyecto requiere o no una DIA, o simplemente una concesión… bajo “Exclusión Categórica”. Conceder a la OGPE la facultad de entender en funciones no delegables por la Junta de Planificación entorno a la utilización del suelo, según dicta el artículo 19(11) de su estatuto orgánico y reiterado por el Tribunal Supremo (2008 T.S.P.R. 097) equivalen, de hecho, a cesar toda gestión de planificación por la determinación de usos de terrenos o calificaciones de suelos de Puerto Rico y sustituirle por el mecanismo “ad-hoc” de la consulta de ubicación ante la Oficina de Gerencia de Permisos o lo que es igual, a rendir toda función de planificación física por parte de la Junta de Planificación. Dicha delegación entraría también en abierto conflicto con las facultades delegadas a los Municipios “Autónomos” con relación con sus respectivos Planes de Ordenación Territorial, limitados ahora simplemente en “comentar”. Con relación a la “Lotificaciones” y “Urbanizaciones vía excepción” y por el alcance e impacto que dichas acciones pudieran tener, como las “lotificaciones simples”, deberán ser estudiadas por separado de la medida objeto de consideración. La medida establece que las personas, entidades o comunidades que quieran solicitar que se paralice una “decisión final” emitida por la nueva Oficina de Gerencia de Permisos tendrán que pagar una fianza equivalente al estimado de los costos y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir el que adquiere el permiso. Por lo tanto el derecho a impugnar en los tribunales todo tipo de decisión final de la OGPE dependerá tan solo de los recursos económicos de quien impugne. Tal y como está redactado el proyecto de ley, podría interpretarse que la fianza podría ser equivalente incluso al precio de la obra paralizada. Dicha fianza aplicaría a todo
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tipo de casos, desde impugnar el permiso de uso de una barra o estructura comercial al lado de una zona residencial hasta el permiso de construcción de un proyecto particular. Con esta disposición el proyecto de ley limita grandemente el proceso de participación pública ya que pretende excluir del proceso de evaluación de permisos a las comunidades y otros grupos de interés. Según la medida, para que una persona pueda intervenir en el proceso administrativo, tiene que demostrar que tiene “un interés propietario, claro, directo, inmediato e indisputable en la controversia o materia en cuestión…” (Inciso 55, Pág. 27). A su vez, el Art. 15.2 establece que no existe derecho a la intervención y delinea una serie de criterios tan extremos y severos que probablemente se negarían la mayoría de las solicitudes de intervención. La medida va dirigida a evitar que las “controversias” pasen por el crisol de los Tribunales de Apelaciones, mediante la creación de una Junta Apelativa de carácter administrativo. La creación de dicha Junta Apelativa le resta facultades a la Rama Judicial, desplaza a los tribunales y anula el derecho a la intervención judicial que tiene la ciudadanía ante acciones que irremediablemente impactarían su salud, seguridad, bienestar y por lo tanto su calidad de vida La medida según redactada le confiere a una persona privada, denominada “profesional certificado”, el poder de evaluar y otorgar permisos sin que pasen por el escrutinio de toda una agencia pública; en lo que, sin duda, se convertirá en un proceso de difícil fiscalización y por lo tanto abierto a irregularidades. Con esta posición, se pretende “privatizar” la evaluación y el otorgamiento de permisos y no ofrece ninguna garantía a la protección del Bien Común y del Interés Público. Más aún la propuesta Oficina de Gerencia de Permisos – OGPE, será la agencia proponente, la cual presentará los documentos ambientales, y también los va a evaluar y aprobar mediante la “División de Evaluación de Cumplimiento
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Ambiental”. Las agencias, como el DRNA, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Agricultura, entre otras, tan solo se convertirán en agencias “fiscalizadoras”, una vez otorgado el permiso. El Art. 9.10 dispone, a nuestra sorpresa, que: “El descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso o recomendación favorable expedido por la Oficina de Gerencia y por un Profesional Autorizado, luego de finalizada la construcción de una obra al amparo de los mismos y obtenido el permiso de uso para la misma, no conllevará la revocación del permiso ni la destrucción de la obra”. Hasta el dicho “Mejor pedir perdón… que pedir permiso” no aplicaría en estos casos. Con relación a la eventual revocación o paralización de permisos y/o obras previamente autorizadas o con permiso otorgado por la OPGE o por un Profesional Autorizado podrá ser revocado solo por un tribunal competente, pero quedaría a la discreción de que los jueces si lo decidan evaluar, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Este proyecto de ley no debe considerarse hasta tanto el Plan de Usos de Terreno de Puerto Rico sea finalizado, adoptado y aprobado. La única forma que el gobierno puede agilizar el otorgamiento de permisos mediante un proceso riguroso, integral, transparente y participativo, es contando con un Plan de Usos de Terreno. Solo entonces se podrá ayudar a revitalizar la economía de la Isla y agilizar grandemente el proceso de otorgamiento de permisos. Otorgar permisos rápidos para construir en lugares inadecuados (de importancia ambiental, inundables, propensos a riesgos geológicos, o dentro de la zona marítimo-terrestre...) terminará costándole más a los ciudadanos y atrasaría mucho más el Desarrollo Sustentable de Puerto Rico. Si el énfasis de este proyecto de ley está en agilizar el tiempo para el otorgamiento de permisos (en o antes de 90 días), nos preguntamos qué consecuencia, tendría el no completar el trámite de expedición de un permiso, dentro del mandato del
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mencionado término y si dicho “atraso” seria sinónimo de “endoso automático” por parte de la OGP sin completar la evaluación. Por lo antes mencionado, el P. del a C. #1649, para crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos” no cumple con su meta de lograr “un proceso moderno, transparente, uniforme, confiable, simplificado al máximo posible, ágil y eficiente”. “Simplificado al máximo posible” dejaría varios asuntos medulares de cada proyecto, sin una consideración ponderada, con la mejor información disponible y el tiempo necesario para la evaluación del mejor curso de acción, si alguno, de los proyectos sometidos a la consideración del OPGE. Por lo tanto la SPP no recomienda la aprobación del P. de la C. #1649, según presentado. La Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación está a la disposición de esta Honorable Comisión para colaborar en la revisión de este proyecto de ley y otros asuntos relacionados. Cordialmente,

Anselmo De Portu Hamawi, PPL Presidente

Apartado 40297 – San Juan, PR 00940-0297 www.spp-pr.org / junta@spp-pr.org

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