18 de mayo de 2009 Hon. José Chico Presidente Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Comercio Cámara de Representantes
William Riefkohl Vicepresidente Ejecutivo Lcdo. Roberto J. Monserrate Director de Asuntos Legales y Legislativos Re: P. de la C. 1649
La Asociación de Industriales de Puerto Rico agradece la oportunidad para expresar nuestros comentarios iniciales al P. de la C. 1649, el cual pretende crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos” para Puerto Rico, y otros fines relacionados. Debido a que fuimos citados a comparecer con muy poca anticipación, y no hemos tenido el tiempo necesario para revisar la medida tan detalladamente como desearíamos, en el día de hoy nos limitaremos a mencionar algunas ideas específicas que resaltan en nuestra evaluación inicial de la misma. Felicitamos a los proponentes del proyecto por identificar el otorgamiento de permisos como uno de los problemas más serios e importantes para resolver en este momento en Puerto Rico. Consideramos que este tipo de
legislación está orientado en la dirección correcta para mejorar los procesos en Puerto Rico, ya que un sistema ágil de permisos es un requisito indispensable para fomentar un desarrollo socioeconómico positivo y sustentable en Puerto Rico. La Asociación de Industriales favorece esta medida, ya que el propósito de la misma es reformar el sistema de permisos en Puerto Rico y reducir la burocracia gubernamental para que podamos atender mejor las necesidades de todos los puertorriqueños, mejorar nuestra competividad y volver a destacarnos como un lugar atractivo para hacer negocios. De esta manera volveremos a fomentar la inversión tanto local como extranjera y podremos atraer y retener más y mejores empleos. Favorecemos los conceptos que están incluidos en la exposición de motivos de este proyecto: la idea de crear oficinas únicas de permisos, incorporar la tecnología más actualizada a las mismas, implementar el mecanismo de certificación profesional, acortar los términos de espera, simplificar los procesos de solicitud de permisos y fortalecer las instituciones de fiscalización mediante mecanismos de contrapesos. Lo importante es tratar de asegurar que la manera en que se implementan estos cambios sea la más adecuada y que el efecto que se logre sea finalmente el deseado y evitar que por el contrario, la situación de otorgamiento de permisos empeore o se dilate aún más tiempo. Estamos esperanzados que este proyecto de ley, basado en los conceptos que se han mencionado y que están presentes en la exposición de motivos del P. de la C. 1649, nos ayude a resolver la crisis que enfrentamos en cuanto al sistema de permisos en Puerto Rico. Sin embargo, queremos enfatizar que nuestro problema de permisos no podrá solucionarse en su totalidad mientras no exista un Plan de Uso de Terrenos para Puerto Rico. Sabemos que se están haciendo ciertas gestiones para completar el mismo, pero se le debe dar más prioridad a esta iniciativa porque la misma es el punto de partida para una tramitación
más expedita de algunos de los permisos más fundamentales para la creación de empleos en Puerto Rico. De hecho, tenemos que hacer una observación importante en cuanto a la estrecha relación que tiene un plan de uso de terrenos y el tiempo que tarda en aprobarse un permiso en Puerto Rico: No es mera casualidad que el tipo de permisos que “menos” tarda en otorgarse, en promedio 3.3 años, según la exposición de motivos, son los permisos para proyectos industriales. Esto se debe en gran medida a que en Puerto Rico existen cientos de zonas industriales ya debidamente demarcadas y las personas que quieren establecer una operación industrial, en la mayoría de los casos, escoge un parque industrial para establecerse. Esto obviamente facilita y hace más rápido el otorgarle el permiso deseado. Por el contrario, proyectos de construcción, proyectos
comerciales y proyectos turísticos, tardan entre 5 hasta más de 7 años en aprobarse en muchos casos por la oposición de algunos grupos a que se establezcan en terrenos que no han sido clasificados para desarrollo. Por otro lado, queremos comentar que si bien es cierto que los permisos relacionados con el área de construcción son de los más que se demoran, éstos no son los únicos permisos que sufren de atrasos innecesarios. Otros tipos de permisos, como los permisos de uso, se atrasan innecesariamente en el sistema burocrático que tenemos hoy en día y esto afecta a miles de pequeños y medianos negocios que no pueden comenzar a operar y por lo tanto no pueden empezar a producir empleos. Es de vital importancia que devolvamos los principios de certeza, confiabilidad y estabilidad al sistema de otorgamiento de permisos en Puerto Rico. El sistema de permisos al que aspiramos debe ofrecer
seguridad y confianza tanto al individuo como a las empresas, y mientras se cumpla con el debido proceso y las distintas etapas necesarias, la decisión que en su momento se tome en cuanto al otorgamiento de un permiso debe ser respetada por todas las partes, independientemente de si
uno está a favor o en contra de un proyecto específico. Por eso el Gobierno debe ser consistente y firme en defender y proteger los permisos otorgados, siempre y cuando el mismo no sea producto de fraude o de falsa representación en la obtención del referido permiso. Asimismo, entendemos que el sistema de permisos que se configure, debe ser simple, transparente y eficiente en todos sus procedimientos, determinaciones y etapas. Debe garantizar la participación ciudadana, debe estar en armonía con la protección ambiental requerida en nuestro estado de derecho y debe estar atada a métricas y criterios claros que sean cumplidos rigurosamente. A la vez, el sistema debe proveer acceso público a las distintas etapas y procedimientos, de manera que el ciudadano y el sector privado tengan una noción clara de cómo está funcionando dicho sistema. Ahora procedemos a hacer unas sugerencias específicas: Artículo 8.11: Sugerimos enmendar el lenguaje sobre revocación de permisos o paralización de obras autorizadas por permiso. A pesar de que puedan existir controversias al respecto, entendemos que deben ser los tribunales con competencia los que determinen los trámite de paralización o revocación de permisos. Si surge una controversia legal, no deben ser las agencias administrativas ni los funcionarios ejecutivos los que decidan esto. Artículo 9.10: sugerimos que se especifique que el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia o por el Profesional Autorizado podrá ser revocado solamente por la vía judicial. Además, se debe prohibir que un permiso sea suspendido provisionalmente, sin mediar una autorización o mandato judicial de un tribunal competente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Esperamos que estas sugerencias sean de ayuda en la redacción final del proyecto y confiamos en que el mismo sea un instrumento que ayude a mejorar de forma rápida el grave problema de permisos en Puerto Rico.