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									                              SALA DISCIPLINARIA




Bogotá D.C., junio veintinueve (29) de dos mil seis (2006).
Aprobado en Acta de Sala No. 33.




Radicación:                 161-3101 028-78233/02
Disciplinado:               Salvador Arana Sus.
Cargo Entidad:              Gobernador del Departamento de Sucre.
Fecha Hechos:               21 de noviembre 4 de diciembre de 2001.
ASUNTO                      Apelación auto que negó pruebas.




P.D. Ponente: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.


La Sala Disciplinaria en el ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 1 del
artículo 22 del decreto 262 del 2000 y mediante el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado del disciplinado SALVADOR ARANA SUS, revisa la providencia
calendada 24 de abril de 2006 emitida por la Procuraduría Delegada para la
Economía y la Hacienda Pública, que denegó la práctica de unas pruebas.


                         ANTECEDENTES PROCESALES


El Gerente Departamental de Sucre de la Contraloría General de la República
mediante comunicación del 9 de septiembre de 2002 dirigida al Procurador Regional
de Sucre, dio traslado del hallazgo disciplinario No. 050 originado en la auditoría
prevalente al Fondo DRI, cuyo ejecutor fue la Gobernación de Sucre (fls. 3 a 141
C.O.1), quien por auto del 23 de septiembre de 2002 dispuso remitir el expediente a
la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública (fI. 142 C.O.1).


La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública por auto del 9 de
diciembre de 2003 dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra los
doctores Eric Morris Taboada y Salvador Arana Sus, en sus condiciones de
Gobernadores del Departamento de Sucre (fls. 145 a 147 C.O.1), por auto del 9 de
septiembre de 2005, ordenó la cesación del procedimiento adelantado contra el
doctor Eric Julio Morris Taboada y el archivo de la investigación a su favor, y
formuló pliego de cargos contra el doctor Salvador Arana Sus (fls. 190 a 199 C.O.1),
decisión que se notificó al disciplinado y su apoderado (fls. 206 y 217 C.O.1).


El apoderado presentó memoriales de petición de nulidad (fls. 221 a 227 C.O.1), y
de descargos, solicitando la práctica de pruebas (fls. 228 a 236 C.O.1).


Por auto del 24 de febrero de 2006 la Delegada para la Economía y la Hacienda
Pública negó la solicitud de nulidad impetrada contra el pliego de cargos y negó la
petición de pruebas (fls. 237 a 240 C.O.1), decisión notificada personalmente al
apoderado del disciplinado (fls. 246 y 255 C.O.1), quien interpuso recurso de
reposición contra la decisión de negar la nulidad (fls. 247 a 249 C.O.1) y recurso de
apelación contra la decisión de negar las pruebas solicitadas (fls. 258 a 261 C.O.1).


La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública por auto del 24
de abril de 2006 desató el recurso de reposición contra la decisión de negar la
nulidad adoptada en el auto del 24 de febrero de 2006, confirmándola, y concedió el
recurso de apelación contra la decisión de negar las pruebas solicitadas (fls. 262 a
265 C.O.1), recibiéndose la actuación en la Sala Disciplinaria el 4 de mayo de 2006
(fI. 267 C.O.1).


                            PROVIDENCIA RECURRIDA


La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública mediante auto
del 24 de febrero de 2006 negó las pruebas solicitas en el memorial de descargos,
las cuales fueron: que se escuchara en versión libre al disciplinado; se llamara a
declarar a los señores Eber Valeta López, Lino Negrette Orozco, Aníbal García
Amardor, Jury de Arco Robles, Ferney Pineda Ruiz, Ramón Muskus Dumar, Lilian
Romero Martínez y Jorge Domínguez Cabeza; y se oficiara a la Gobernación de
Sucre y a la Asamblea de ese departamento para que enviaran los documentos en
relación con la expedición del Decreto 641 de 2000, en particular sobre los debates
que se surtieron en la Asamblea cuando se puso a su consideración la aprobación
del proyecto de presupuesto para la vigencia 2001, que terminó siendo expedido por
decreto.


La razón aducida para la negación de la prueba fue que la petición se presentó
extemporáneamente, con posterioridad a los 10 días previstos en el artículo 166 de
la ley 734 de 2002, teniendo en consideración que la notificación personal del pliego
de cargos se había efectuado en la ciudad de Sincelejo el día 25 de noviembre de
2005 (fI. 217), y el memorial de descargos se presentó el día 15 de diciembre de
2005 (fls. 237 a 240 C.O.1).


                SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN


Señala el apoderado del doctor Salvador Arana Sus que la decisión del a quo no
atiende la realidad procesal porque el apoderado presentó poder el día 30 de
noviembre de 2005, y en la misma fecha en la Oficina del Centro de Notificaciones
de la Procuraduría fue notificado del pliego de cargos, concediéndose 10 días para
presentar descargos, solicitar pruebas y aportar las que considerara necesarias,
término que vencía el 15 de diciembre de 2005, como se desprende del cálculo
realizado por el notificador en el acta de notificación, cuya copia anexa, actuando la
defensa conforme a lo dispuesto en ésta, y en el evento de existir alguna diferencia
debe ser resuelta a favor del disciplinado, quien no puede ver vulnerado el derecho
de defensa por problemas internos en la Procuraduría (fls. 258 a 260 C.O.1).




               CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA


La solicitud de práctica de pruebas es un mecanismo de defensa que permite
establecer la realidad de los hechos controvertidos y fundar una determinación
sobre la responsabilidad disciplinaria imputada al disciplinado, petición que
conforme a lo previsto en el artículo 166 de la Ley 734 de 2002, debe formularse
dentro del término para presentar descargos.


Se observa en el presente caso que, proferido el pliego de cargos por la
Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública el 9 de septiembre
de 2005, las gestiones para efectuar su notificación al disciplinado Salvador Arana
Sus, se surtieron por la Procuraduría Regional de Sucre, dependencia que mediante
comunicación del 4 de noviembre de 2005 efectuó su citación (fl. 214 C.O.1), ante
su no comparecencia fijó edicto el día 16 de noviembre, que fue desfijado el día 22
de noviembre de 2005 a las 6:00 p.m (fls. 215 y 216 C.O.1), y el 25 de noviembre
cuando se presentó el disciplinado efectuó la diligencia de notificación personal,
precisando que el traslado se contaría a partir de la fecha de desfijación del edicto
que notificó la providencia, toda vez que la notificación personal se hacía al tercer
día después de su desfijación (fl. 217 C.O.1), con fundamento en lo cual el
Secretario de la Procuraduría Regional de Sucre el 7 de diciembre de 2005 expidió
constancia que no se había presentado memorial de descargos (fl. 218 C.O.1),
fecha en la cual fueron remitidas las diligencias a la oficina de origen, según consta
en la guía de correo (fl. 219 C.O.1).


De otra parte se evidencia que el disciplinado confirió poder especial a los doctores
Luis Ignacio Lyons España y Alejandro José Lyons Muskus, que fue presentado en
la Procuraduría el día 30 de noviembre de 2005 (fl. 205 C.O.1), fecha en la cual el
Centro de Notificaciones surtió la diligencia de notificación personal del pliego de
cargos al apoderado doctor Alejandro José Lyons Muskus, consignando que
disponía de 10 días para presentar descargos, solicitar y/o aportar pruebas (fl. 206
C.O.1), con fundamento en el cual el término vencía el 15 de diciembre de 2005,
fecha en la cual se presentó el memorial de descargos (fls. 228 a 236 C.O.1).


En efecto como lo señala la primera instancia se surtieron dos diligencias de
notificación personal del pliego de cargos, la primera al disciplinado el 25 de
noviembre de 2005 por conducto de la Procuraduría Regional de Sucre, y la
segunda al apoderado el 30 de noviembre de 2005 por el Centro de Notificaciones
de la Procuraduría General, sin que al efectuarse la última se hubiere advertido que
se había surtido la primera, o se hubiere condicionado la contabilización del término
a aquella, quizás porque para la fecha no se había recibido las diligencias que
daban cuenta de la primera notificación personal; al punto que, conforme obra en la
copia de la notificación efectuada al apoderado, aportada con el recurso de
apelación,   el   notificador   consignó   "EL   TÉRMINO      PARA      PRESENTAR
DESCARGOS VENCE EL 15 DE DICIEMBRE/05 A LAS 5:00 P.M. EN EL CENTRO
DE NOTIFICACIONES."(fl. 261 C.O.1).


Se observa que el apoderado, partiendo de la buena fe de la administración y de la
premisa que al efectuarse el acto de notificación del pliego de cargos por el Centro
de Notificaciones, la Procuraduría actuaba al amparo del principio de legalidad,
presentó el memorial de descargos el día 15 de diciembre de 2005, ejerciendo el
derecho a solicitar pruebas.


En las actuaciones que despliega la administración debe primar el principio de la
buena fe, en el presente caso la Procuraduría no puede hacer caso omiso del hecho
que efectuó duplicidad de diligencias de notificación del pliego de cargos en
diferentes fechas, sostener que la contabilización se debía efectuar con la primera
diligencia de notificación, y concluir que la petición de pruebas presentada en el
memorial de descargos era extemporánea, porque la actuación desplegada por la
Procuraduría para notificar el pliego de cargos " terminó por inducir en error a los
apoderados del disciplinado sobre la fecha de vencimiento del término para
presentar descargos, y la postura asumida por la primera instancia en cuanto a la
contabilización del término lesiona el derecho de defensa, el cual no se puede
afectar por los errores que hubiere cometido la administración, ni se puede
pretender desconocer que el acto último de notificación que se surtió al apoderado
constituyó una instrucción, que fue atendida bajo la convicción que se procedía
legalmente porque así lo había indicado la propia administración.


En consecuencia es dable concluir que el memorial de descargos fue presentado
dentro del término previsto en el artículo 166 de la Ley 734 de 2002, el cual se debe
contabilizar desde la notificación que se efectuó al apoderado, por lo tanto es
procedente entrar a estudiar las pruebas solicitadas en esta etapa procesal.


Si la negativa de la primera instancia para conocer de pruebas es la
extemporaneidad, se debe revocar esta decisión, y ordenar que se responda sobre
la pertinencia o conducencia de las pruebas.


En mérito de lo expuesto, LA SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General
de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales,


                                      RESUELVE


PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva del auto del 24 de
febrero de 2006 proferido por la Procuraduría Delegada para la Economía y la
Hacienda Pública, que negó al disciplinado SALVADOR ARANA SUS las pruebas
solicitadas por su apoderado en el memorial de descargos, y teniendo en
consideración que la petición no fue extemporánea, deberá el a quo pronunciarse
sobre su solicitud, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.




SEGUNDO. Por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública
NOTIFICAR la presente decisión al recurrente de conformidad con la ley 734 del
2002, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno por la vía
gubernativa.


TERCERO. REGISTRAR las constancias de rigor y DEVOLVER las diligencias a la
Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública para que se prosiga
con el respectivo trámite procesal.
                              NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




                       ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA
                              Procurador Primero Delegado




                         DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.
                             Procuradora Segunda Delegada




DACR/EMSH/GCM.
Rad. No. 161-3101 ( 028-78233/02).

								
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