ANTECEDENTES LEY DE EXPOSICION DE MOTIVOS DE PROYECTOS DE by LCollins1

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									                                ANTECEDENTES LEY 975 DE 2005

  EXPOSICION DE MOTIVOS DE PROYECTOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y
                             PAZ


               PROYECTO DE LEY NUMERO 180 DE 2004 SENADO
          por la cual se dictan normas sobre Verdad, Justicia, Reparación,
        Prevención, Publicidad y Memoria para el sometimiento de los grupos
                paramilitares que adelanten diálogos con el Gobierno.



Al proyecto de ley “por la cual se dictan normas sobre verdad, justicia, reparación, prevención, publicidad y
memoria para el sometimiento de los grupos paramilitares que adelanten diálogos con el Gobierno”. La presentación
de este proyecto se fundamenta en los derechos de verdad, justicia y reparación que asisten a las víctimas de los
crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares, así como en el derecho de que el
Estado prevenga la repetición de hechos de esa naturaleza, uno de cuyos elementos es sin duda la publicidad y
memoria que los colombianos reciban y conserven de tales acciones. Ese punto de partida nos permite expresar los
siguientes criterios, que sustentan la efectividad de los derechos citados: 1. La conciencia moral y ética de la Nación
requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las grandes violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra
y de lesa humanidad cometidos entre 1945 y 2004. Página 6 Jueves 9 de diciembre de 2004 GACETA DEL
CONGRESO 796 2. En los últimos 20 años el fenómeno del paramilitarismo ha generado grandes daños a la
democracia en las esferas política, económica, militar, cultural y social, desde una clara política de Estado, creando
una para-institucionalidad y para-legislación en las regiones de Colombia, sobre la base de la comisión de crímenes
de lesa humanidad y de guerra. Paramilitarismo que comenzó con la creación legal de organizaciones de autodefensa
bajo el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, convirtiéndose tales autodefensas en bandas federadas que se
especializaron en el asesinato de opositores políticos y en el exterminio de sus organizaciones sociales, avanzando en
la conformación de ejércitos financiados con recursos del narcotráfico al amparo del Estado, cometiendo genocidios
y obteniendo un fuerte dominio político y económico regional que se extiende por todo el país. 3. Solo sobre la base
de la verdad de los crímenes cometidos por agentes del Estado o particulares vinculados al paramilitarismo, como
financiadores, planificadores, auspiciadores, autores intelectuales, asesores nacionales y extranjeros, será posible
satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear condiciones indispensables para alcanzar una efectiva
reconciliación nacional. 4. Solo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el ámbito público la dignidad de las
víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la
posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar de forma integral los daños causados por la
violación a todos sus derechos. Este proceso debe cimentarse sobre los derechos económicos sociales y culturales,
colectivos, civiles y políticos de las víctimas. 5. El conocimiento de la verdad y la memoria histórica es fundamental
para que los hechos de violencia paramilitar no se repitan. La verdad para establecer el por qué, cuándo y cómo se
perpetraron las atrocidades. La verdad para saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes y cuál es el
origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución. La verdad para que se
conozca públicamente, a través de los medios masivos de comunicación, el contenido integral de esta historia de
horror. La verdad para identificar a quienes han favorecido el paramilitarismo y quienes se han beneficiado de estos
hechos de violencia. 6. Las tierras, los territorios ancestrales y demás bienes que los grupos paramilitares sustrajeron
a los cientos de miles de campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás pobladores que hoy se encuentran
desplazados y marginados en los centros urbanos deben ser devueltas a las poblaciones violadas, como expresión
genuina del derecho a la reparación. 7. El informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad
moral y ética, nacional e internacional, que conformen la comisión de esclarecimiento, juzgamiento, reparación
integral y prevención, al recoger y analizar todos los antecedentes que se le proporcionen o puedan obtener sobre las
graves violaciones a los derechos humanos permitirá a la opinión nacional e internacional formarse un concepto
racional y fundado sobre todo lo ocurrido, y proporcionará al Tribunal Penal para la Verdad, la Justicia y la
Reparación Integral el material que le permita o facilite las decisiones que a este corresponden. 8. El juzgamiento de
cada caso particular para establecer los delitos que se han cometido, individualizar a los culpables y aplicar las
sanciones que correspondan será atribución exclusiva de un Tribunal Penal para la Verdad, la Justicia y la
Reparación Integral de Crímenes de Lesa Humanidad y de guerra. 9. Considero que otros proyectos de ley anteriores
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no buscan el esclarecimiento profundo de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por el
paramilitarismo. No establecen el origen de este fenómeno como una política de Estado, ni dotan a dichos proyectos
de los mecanismos idóneos para el esclarecimiento. No proponen una comisión de la verdad, dejando a unidades de
la Fiscalía la labor que debe cumplir la sociedad civil con apoyo de las víctimas, desde una auténtica comisión de la
verdad, única que puede esclarecer los hechos históricos y a la vez acompañar un proceso de pedagogía social y de
reflexión ética colectiva, que concite la participación de los más diversos sectores de nuestra sociedad, los cuales
asuman esta verdad y adopten las actitudes y acciones necesarias para curar las profundas heridas causadas al país
por las violaciones a los derechos humanos. Si reconstruir la verdad es una ardua tarea para esta comisión mixta,
nacional e internacional, emplearla para la reconciliación nacional es un delicado y fundamental deber de todos los
colombianos y colombianas. 10. Los pronunciamientos y recomendaciones de organismos intergubernamentales de
carácter internacional -como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos
(OEA), han señalado claramente la responsabilidad estatal por acción u omisión en el desarrollo y consolidación de
estructuras paramilitares. 11. La Defensoría del Pueblo, en informe presentado el 24 de septiembre de este año sobre
el seguimiento del cese de hostilidades prometido por las AUC el 29 de noviembre del 2002 y ratificado por las AUC
y el Gobierno Nacional en Santafé de Ralito el 15 de julio del 2003, reseña 342 violaciones al Derecho Internacional
Humanitario, vulneraciones a personas y bienes protegidos, desplazamiento forzado, amenazas, ataques contra la
población civil, atentados contra la integridad física y salud mental de las personas, actos de secuestro, pillaje y toma
de rehenes; sumándose a estos 1800 homicidios denunciados por la Comisión Colombiana de Juristas. 12. El proceso
de negociación con las AUC, al no estar acompañado de auténticos procesos de verdad pública, de justicia,
reparación y prevención, es funcional a la continuación de la guerra y a su profundización, y es causa de nuevas
violencias, no un pilar para la construcción social de la paz y la reconciliación nacional. Por lo anterior presento al
Congreso esta propuesta, que busca contribuir y llevar a todos y todas las colombianas la verdad sobre los crímenes
cometidos. Verdad cuya luz debe apartar para siempre de nuestro suelo las sombras sobre las cuales no se oculten
nuevos y perversos propósitos que conspiren contra la democracia, ni suman nuevamente a Colombia en una oscura
noche de horror.
Piedad Córdoba Ruiz,
Senadora.




                PROYECTO DE LEY NUMERO 208 DE 2005 SENADO
            por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
         miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
         contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional.


1. El 23 de octubre de 2003 el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley
Estatutaria número 85 Senado, por el cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de
grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, conocido como ley de
alternatividad penal. Poco tiempo después, el 15 de enero de GACETA DEL CONGRESO 27 Viernes 4 de febrero de
2005 Página 11 2004, se instalan en el Congreso de la República las audiencias públicas de concertación para
superar el fenómeno del paramilitarismoautodefensa, convocadas por la Comisión de Paz del Senado y por la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República. En dichas audiencias se escucharon distintas
perspectivas sobre el fenómeno paramilitar y, en particular, sobre los aciertos y desaciertos del proyecto de ley
presentado por el Gobierno. Reanudadas las sesiones del Congreso, la Comisión Primera del Senado de la República
continuó con la discusión del proyecto. No obstante, dada la reacción generada por el primer proyecto, el 6 de abril
el Gobierno presenta a iniciativa de los ponentes un pliego de modificaciones al proyecto de ley originalmente
radicado por el Gobierno. El 15 de junio de 2004 los Representantes a la Cámara Gina María Parody D’Echeona,
Roberto Camacho y Luis Fernando Velasco le solicitan al Presidente de la República el retiro del proyecto para que
fuese presentado el 20 de julio, debido a que resultaba imposible culminar con su trámite en esa legislatura, teniendo
en cuenta que aun no se había aprobado en el Senado. Mediante comunicación del 18 de junio el doctor Luis Carlos
Restrepo Ramírez, Alto Comisionado para la Paz, acusa recibo de la mencionada carta y señala: “... Al respecto me
permito manifestarles que, teniendo en cuenta la importancia que representa para el Gobierno avanzar en la
búsqueda de un consenso político con esa célula legislativa al tratarse de un asunto de más alto interés nacional, el
Gobierno Nacional ha considerado pertinente volver a presentar el proyecto de ley de Justicia y Reparación para que
sea debatido en la próxima legislatura que inicia el próximo 20 de julio del año en curso...”. Teniendo en cuenta lo
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manifestado por el Alto Comisionado para la Paz, y con el ánimo de encontrar un consenso político sobre el
proyecto, los representantes Gina María Parody D’Echeona, Wilson Borja, Luis Fernando Velasco y el Senador
Rafael Pardo Rueda inician el estudio sobre el tema, el cual concluiría con el articulado que se presenta a
continuación. Objetivos generales del proyecto 2. El presente proyecto se elaboró con el ánimo de lograr la mayor
concertación posible en torno al marco jurídico que debe guiar la negociación con los grupos armados al margen de
la ley. En este sentido, es muy importante recordar que la totalidad de las experiencias comparadas de la última
década muestran cómo el tratamiento jurídico para quienes han cometido, de manera sistemática y masiva, los más
graves crímenes, es un asunto que no se resuelve con la expedición de un marco jurídico legal. Este marco, si bien es
necesario, resulta insuficiente para saldar el tema, pues constituye sólo el primer paso de un largo y difícil proceso
cuya sostenibilidad en el tiempo depende de la legitimidad y el consenso democrático que lo soporte. Como lo han
señalado importantes analistas, “en la medida en que toda fórmula de justicia transicional es contestable y polémica,
su legitimidad depende en gran medida de la manera como esta es elaborada y ejecutada. Por lo anterior,
consideramos que el diseño y ejecución de lo que podría denominarse medidas de justicia transicional, debe ser
participativo, buscar consensos y tener apoyos internacionales, en especial de la ONU y la Comisión Interamericana,
que no sólo fortalezcan políticamente el proceso sino que además brinden asesoría técnica en ciertos aspectos” 1.
Por las razones anotadas, para la elaboración del presente proyecto se han tenido muy en cuenta las importantes
aportaciones de todos los sectores en las audiencias públicas celebradas por el Congreso y la Oficina del Alto
Comisionado de Paz a comienzos del presente año, así como los aportes que han hecho el Gobierno Nacional y la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por las mismas
razones, consideramos fundamental que esta iniciativa tenga el más amplio y sosegado debate, pues un proyecto
improvisado o cuyo soporte resulte poco sólido puede sucumbir en el futuro y crear un nuevo y muy poco deseable
ambiente de incertidumbre y desencanto. 3. El objetivo central de este proyecto es el de promover la reconciliación
nacional y el Estado de Derecho, mediante la creación de un marco jurídico que permita el desmonte efectivo de los
grupos armados al margen de la ley que tengan voluntad de paz. En otras palabras, no se trata simplemente de
solucionar problemas jurídicos de los integrantes de esos grupos, o de definir el adecuado castigo por sus crímenes.
No se trata tampoco de limitarse a proponer el reemplazo de una seguridad privada por una pública en zonas
rurales, ni de un asunto que asegure la adecuada desmovilización de los reinsertados. Todo esto es fundamental, pero
insuficiente para conseguir el desmonte efectivo de las organizaciones criminales que muestran el propósito de
abandonar las armas. Para el logro efectivo de este último propósito, el proyecto incluye un generoso tratamiento
penal –pues permite bajar de 40 a 8 años el tiempo de prisión efectiva para una persona que ha ordenado los más
graves crímenes– pero, al mismo tiempo, establece rigurosos mecanismos de reconstrucción de la verdad, penas
principales y alternativas, así como medidas de reparación simbólica y material que tienden, entre otras cosas, a la
devolución de los bienes de origen ilícito. Como habrá de verse, el proyecto incluye instrumentos que tienden al
desmonte efectivo de estos grupos, mediante la entrega de valiosa información, la identificación de cuerpos y fosas
comunes, la devolución de bienes arrebatados por la fuerza a los campesinos, la colaboración con la justicia y la
aplicación de sanciones –de distinto tipo–. Estas y otras medidas parecen verdaderamente indispensables para
desmontar efectivamente las estructuras criminales –e impedir que se legalicen y se conviertan en peligrosas fuerzas
de seguridad o en estructuras mafiosas–, y para demostrar que los colombianos ya no estamos dispuestos a aceptar y
perdonar, impunemente, los crímenes que se cometan en nuestra patria. Si esto no queda claro, de una vez y para
siempre, entonces estos movimientos –de autodefensa o guerrilleros se reproducirán, unos grupos se desmovilizarán y
otros aparecerán, unos jefes recibirán beneficios judiciales y otros tomarán su puesto. Por eso el propósito debe ser
ambicioso y guiar todos los componentes de una nueva política pública, anclada en nuestro contexto, pero acorde con
las exigencias del derecho internacional. 4. Ahora bien, el presente proyecto tiene como finalidad desmantelar a los
grupos armados al margen de la ley que quieran hacer la paz, pero busca que el acuerdo al que se llegue pueda ser,
al mismo tiempo, sostenible, seguro para sus beneficiarios, y justo para las víctimas. En este sentido, tuvimos
seriamente en cuenta en la elaboración de la iniciativa el hecho de que un acuerdo de justicia transicional
encaminado al desmonte real del fenómeno paramilitar o guerrillero sólo es sostenible, seguro y justo si, al mismo
tiempo, cumple con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Como puede fácilmente constatarse, un
marco jurídico que finalmente conduzca a la impunidad o a la frustración de los derechos mínimos de verdad y
reparación, dará lugar al incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano y,
por lo tanto, a que la Corte Constitucional –o cualquier juez de la república aplicando el Bloque de
constitucionalidad?–; un juez extranjero aplicando el principio de jurisdicción universal; los órganos del sistema
regional de protección de derechos humanos o, incluso, la Corte Penal Internacional, pidan en extradición a los
responsables u ordenen anular las sentencias y reabrir los procesos para buscar la verdad de lo ocurrido, la
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reparación a las víctimas y la aplicación de sanciones proporcionadas al daño producido. 1 Rodrigo Uprimny y Luis
Manuel Lasso, Verdad, reparación y justicia para Colombia: Algunas reflexiones y recomendaciones. Fundación
Social, enero de 2004. Página 12 Viernes 4 de febrero de 2005 GACETA DEL CONGRESO 27 Por lo anterior es
necesario buscar fórmulas sustantivas que concilien lo mejor posible las exigencias de la paz con la satisfacción de
los principios universales de verdad, justicia y reparación. En efecto, la posibilidad de llegar a un acuerdo
concertado con los grupos armados constituye una valiosa alternativa para avanzar hacia la paz. Pero para que esto
sea así, es menester proceder con cautela y con pleno respeto de las garantías jurídicas –nacionales e
internacionales– que establecen ciertas limitaciones a las facultades de negociación estatal. Unas condiciones
excesivamente generosas de negociación pueden ser la semilla de nuevos brotes de violencia, unas demasiado
restrictivas pueden cerrar la puerta a un acuerdo real. Las obligaciones internacionales del Estado y los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación 5. Los estándares mínimos que resultan necesarios para satisfacer
las obligaciones de Colombia en procesos de justicia transicional, se encuentran en los siguientes instrumentos y
pronunciamientos de órganos nacionales e internacionales: • Tratados y Convenciones de derechos humanos del
orden regional, ratificados por Colombia, entre los que se encuentran la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la Tortura. • Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
particular las sentencias en los casos Velásquez Rodríguez, Bámaca Velásquez, Barrios Altos, Mirna Mach Chang y
19 comerciantes. • Informes y Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En particular
deben tenerse en cuenta los informes 01-93; 21-00; 25-98; 26-92; 28-92; 29-92; 34-96; 36-96; 01-99; 37-00. •
Derecho Penal Internacional. Es muy importante tener en cuenta el Estatuto de Roma que crea a la Corte Penal
Internacional y la jurisprudencia de las Cortes Penales Internacionales sobre estas materias. A este respecto resulta
relevante la jurisprudencia del Tribunal para la antigua Yugoslavia, en la cual se admite la reducción de pena a una
persona juzgada por los más graves crímenes pero, exclusivamente, a cambio de una confesión completa y fidedigna,
colaboración con la justicia y reparación a las víctimas. Finalmente, es importante advertir que la Corte Penal
Internacional sólo tendrá competencia para conocer de los crímenes de lesa humanidad y genocidio. La competencia
para conocer de crímenes de guerra comenzará en el año 2009. • Tratados y convenciones del sistema universal. En
particular, es necesario atender a las obligaciones contraídas por Colombia al ratificar el Pacto de Derechos Civiles
y Políticos, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. • Catálogos
de principios internacionales que tienden a la lucha contra la impunidad y a la protección de las víctimas de
violaciones de derechos humanos aplicables en procesos de justicia transicional y que han sido incorporados al
corpus iuris del derecho internacional y del bloque de constitucionalidad mediante distintas decisiones judiciales
nacionales e internacionales. Entre ellos: Los Principios Fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del
abuso del poder; el Conjunto de principios para la protección y promoción de los Derechos Humanos, mediante la
lucha contra la impunidad; y los principios y directrices básicos sobre el Derecho de las víctimas de violaciones a las
normas internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a interponer
recursos y a obtener reparaciones. En materia de reparaciones es fundamental mencionados, el Informe final del
Relator Especial, señor M. Cherif Bassiouni, sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las
víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales. • Jurisprudencia nacional. A
nivel nacional es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional estableció que las normas y principios
arriba mencionados hacen parte del bloque de constitucionalidad; al respecto se pueden consultar las Sentencias C-
282 de 2002, C-578 de 2002, C-004 de 2003 y T-249 de 2003,entre otras. Las normas, principios y jurisprudencia
referida han sido ampliamente consideradas al momento de elaborar el presente proyecto, pues su desconocimiento
no sólo equivale a desconocer parámetros de justicia universal, sino que pone en tela de juicio cualquier resultado.
En la parte que sigue se describirán brevemente los contenidos básicos de los principios de verdad justicia y
reparación, de acuerdo con las disposiciones, principios y jurisprudencia referidos. 6. En materia de justicia el
Estado tiene la obligación de perseguir, investigar, juzgar, sancionar y velar por la adecuada ejecución de la pena de
las personas acusadas de cometer graves violaciones de los derechos humanos o infracciones del derecho
internacional humanitario. En efecto, si bien el derecho nacional e internacional admiten amplias amnistías o
indultos para quienes han cometido crímenes políticos o infracciones menores de DDHH y DIH, lo cierto es que para
quienes han cometido u ordenado crímenes atroces deben existir procesos judiciales, investigaciones completas y
sanciones adecuadas. Así lo ratificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso de los 19
comerciantes vs. Colombia. Como lo ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de
investigar supone la existencia de una investigación adecuada e integral que, en un plazo razonable –es decir
suficiente pero sin dilaciones–, logre reconstruir los fenómenos de criminalidad que se investigan y satisfacer los
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derechos de las víctimas, y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. De otra parte, la investigación supone
funcionarios capacitados, no sólo en aspectos técnicos de investigación criminal sino además en derechos humanos.
Finalmente una verdadera investigación sobre fenómenos de macrocriminalidad exige la existencia de soportes
técnicos suficientes, como cuerpos especializados de antropología forense o de lavado de activos. En cuanto al
juzgamiento, la Convención Interamericana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Estatuto de Roma exigen
que los funcionarios que adelanten la investigación y el juzgamiento respeten la garantía del juez natural, y gocen de
las garantías de imparcialidad e independencia propias de la rama judicial. El juicio por graves violaciones de
derechos humanos, adelantado por un juez que no reúna garantías institucionales de independencia, imparcialidad y
objetividad, será un juicio viciado, fácilmente anulable en instancias internacionales. Adicionalmente, el Estado tiene
la obligación de imponer una pena proporcionada al daño causado, y no puede en principio establecer eximentes de
responsabilidad ni suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. Sin embargo, la jurisprudencia de las Cortes
Penales internacionales (en particular la Corte para la ex Yugoslavia) ha admitido una reducción sustantiva de la
privación efectiva de la libertad, siempre que el responsable colabore de manera eficaz con la justicia, satisfaga el
derecho a la verdad de las víctimas, entregue la totalidad de los bienes que obtuvo de manera ilícita, y repare el daño
causado. Estas son, exactamente, las condiciones que en el presente proyecto se imponen a quien quiera verse
beneficiado en materia penal. 7. En cuanto se refiere al derecho a la verdad, la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos han insistido en que este derecho de las víctimas sólo se satisface si existió una verdadera
investigación, a partir de la cual sea posible conocer los responsables, las causas, las circunstancias de la comisión
de los crímenes, y el destino de las personas desaparecidas y o el paradero de los cadáveres. Adicionalmente, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión y la Corte Interamericana han concluido que la situación de
angustia y zozobra de los familiares de las personas desaparecidas constituye un trato cruel, inhumano y degradante,
violatorio de las GACETA DEL CONGRESO 27 Viernes 4 de febrero de 2005 Página 13 disposiciones
internacionales que consagran el derecho a la integridad personal. Al respecto pueden consultarse, entre otras, las
sentencias de los casos Bámaca Velásquez y Mirna Mack Chang de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, el derecho a la verdad también constituye un derecho colectivo, que busca evitar que las violaciones se
reproduzcan en el futuro. Este derecho tiene, como contrapartida, un “deber de la memoria” a cargo del Estado,
pues, como lo afirma Joinet, “el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su
patrimonio y como tal debe ser preservado”. En este mismo sentido es importante recordar que la Corte
Interamericana en el caso Mirna Mack antes citado ha indicado que la sociedad en su conjunto tiene derecho
colectivo a la verdad. Por lo anterior, para satisfacer el derecho colectivo a la verdad resulta determinante la
adecuada custodia, conservación y administración de todos los documentos que reposen en los expedientes, y permitir
a quienes quieran conocerlos su acceso para consulta e investigación. Finalmente, hay que recordar que la verdad es
una forma de reparar a las víctimas, tal como lo resaltó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Miran Mack Chang. En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, entre otros, en el Caso Quintero Almerida vs. Uruguay 8. En materia de reparaciones es
importante tener en cuenta que las víctimas tienen derecho a la reparación integral. Este derecho supone que las
víctimas puedan acceder a un recurso eficaz para garantizar la reparación integral de los perjuicios sufridos, a
través de tres tipos de medidas: (1) la restitución de las cosas a su estado anterior; (2) la indemnización de los
perjuicios materiales y morales, y (3) la adecuada readaptación de las víctimas, mediante atención psicológica y
psiquiátrica. En el plano colectivo, por su parte, se deben adoptar medidas de reparación dirigidas a restaurar,
indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas.
Adicionalmente, la reparación individual o colectiva puede ser simbólica. Esta incluye el reconocimiento público y
solemne que los culpables hacen de su responsabilidad, así como ceremonias conmemorativas, denominaciones de
vías públicas, monumentos, y otras alternativas que permiten asumir el deber de la memoria. Algunas reglas
constitucionales especiales en materia de justicia transicional que han ilustrado la elaboración de este proyecto 9. La
Constitución permite el indulto para delitos políticos y conexos. Sin embargo, como bien se sabe, las graves
violaciones de derechos humanos –como el desplazamiento y otras formas de terrorismo, el homicidio cometido fuera
de combate o el secuestro– no pueden ser amparados por este beneficio. Adicionalmente, incluso si algunas personas
resultan beneficiadas por el indulto, lo cierto es que ello no habilita al Estado para dejar de reparar ni de investigar
la verdad de las violaciones a los derechos humanos, indagando, por ejemplo, el paradero de las personas
desaparecidas. Un asunto es el perdón por los crímenes políticos cometidos, y otro bien distinto el sacrificio injusto e
innecesario de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación. En este sentido, no sobra recordar que la
Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que las víctimas de violaciones a los derechos
humanos tienen derecho constitucional fundamental a la verdad, la justicia y la reparación. En este sentido, por
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ejemplo, en la Sentencia SU-1184 de 2001, la Corte indicó: “En Sentencia C-1149 de 2001 la Corte señaló, que las
víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a que se
reconozcan el derecho a saber la verdad
y a que se haga justicia. El derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza,
condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los responsables de tales conductas. El
derecho a que se haga justicia o derecho a la justicia implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido,
perseguir a los autores y, de hallarlos responsables, condenarles”. (Sentencia de unificación SU-1184 de 2001 de la
Corte Constitucional). Así las cosas, parece claro que para que un proyecto de ley de justicia transicional resulte
exequible, debe incorporar instrumentos que permitan investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos no
indultables o amnistiables. Adicionalmente, debe incorporar elementos eficaces que permitan la reparación de las
víctimas y la satisfacción del derecho a la verdad en todos los casos incluso cuando se ha amnistiado o indultado al
responsable del crimen. Finalmente, resulta claro que el Estado debe adelantar una labor diligente y sostenida para
averiguar si una persona está directamente comprometida en la comisión de crímenes atroces. En efecto, como se ha
reiterado en la jurisprudencia nacional e internacional, la impunidad no sólo puede producirse porque exista una ley
que perdone lo imperdonable, sino también porque el Estado deje de adelantar las mínimas labores de investigación
necesarias para identificar a los responsables de estos crímenes. En este sentido, es importante recordar que en el
momento de definir el alcance de los derechos de las víctimas, la Corte habrá de tener en cuenta los tratados
internacionales de derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad así como la doctrina de sus
intérpretes autorizados. Descripción del proyecto de ley 10. El proyecto que se somete a consideración del Congreso
de la República pretende establecer un marco jurídico seguro, sostenible y justo que garantice la desmovilización de
los grupos armados al margen de la ley que tengan verdadera voluntad de paz. Para ello se ha diseñado un proyecto
integral de poco más de 80 artículos distribuidos en cinco capítulos cuyo contenido se explica en la parte que sigue
de la presente exposición. 11. El Capítulo I, contiene las disposiciones generales, principios y definiciones que
deberán orientar la discusión del proyecto y posterior interpretación y aplicación de la ley. Tales definiciones y
principios buscan incorporar al derecho interno las normas y principios universales sobre amnistías e indultos y
sobre derechos de las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. En primer lugar, el
artículo 1º del proyecto señala que el objetivo prioritario del mismo es la definición de un marco jurídico claro que
regule la investigación, juzgamiento, sanción y beneficios de los miembros de grupos armados ilegales que tengan
voluntad de paz. Adicionalmente, el artículo 2º indica que dicho marco debe tender a la satisfacción de los derechos a
la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de quienes resultarán beneficiados. El proyecto confiere así una
serie de derechos concretos a las víctimas de las violaciones. Sin embargo, dado que el sistema judicial no tiene
capacidad operativa para atender las demandas de todas las personas que se sientan directa o indirectamente
afectadas por los actos de violencia o de los amigos y parientes lejanos de la víctima directa y dado que tampoco
parecen existir recursos suficientes para hacer frente a todo este rango de demandas, se optó por restringir la
definición de víctima de forma tal que coincidiera con la definición de beneficiario –individual o colectivo–. En este
sentido, los ponentes somos totalmente conscientes que las víctimas del conflicto somos todos los miembros de la
sociedad colombiana y que un día tendremos que reconciliarnos con nosotros mismos y reparar el profundo daño que
en las estructuras sociales y en la conciencia de cada uno ha generado la violencia. Sin embargo, para efectos de
procesos judiciales como el regulado en este proyecto consideramos importante que la definición de víctima tenga un
efecto jurídico claro y concreto y, por ello, optamos porque coincidiera con quienes tendrán derecho a participar en
los procesos judiciales y a exigir las reparaciones del caso. Página 14 Viernes 4 de febrero de 2005 GACETA DEL
CONGRESO 27 En el artículo 5º el proyecto consagra la definición universal del derecho a la justicia haciendo
énfasis en las obligaciones del Estado a este respecto. En particular es importante la obligación de investigar, de
manera efectiva, sistemática e integral, el fenómeno de macrocriminalidad que se juzga. Solo de esta manera las
víctimas podrán tener derecho a la justicia y la sociedad, garantías de no repetición. El artículo 6º establece el
alcance general del derecho a la verdad; pero es claro desde el comienzo en afirmar que el marco que se propone
busca promover a fondo la verdad judicial y no la implementación de mecanismos extrajudiciales. En este sentido es
importante mencionar que a los ponentes no nos es extraña la obligación indeclinable del Estado de esclarecer lo
ocurrido, no sólo en términos individuales a través de una adecuada investigación penal, sino en términos colectivos,
de reconstrucción de la memoria y el relato histórico. En efecto, las normas y principios de derecho internacional
antes mencionados muestran cómo el derecho a la verdad exhibe una doble dimensión, pues no sólo busca dar a
conocer a las víctimas y a sus familiares la verdad de lo sucedido, sino que además pretende garantizar a la sociedad
la no-repetición de hechos violentos de este tipo, a través de la divulgación, asimilación y discusión de la propia
historia. Sin embargo, como ha sido señalado por algunos expertos en el tema de justicia transicional, existe un
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altísimo riesgo de que una comisión de la verdad, que deba operar en medio de un conflicto de la intensidad del
conflicto colombiano, fracase. En las condiciones actuales, una Comisión de la verdad no tendría plenas garantías
para trabajar. Sus miembros podrían ser amedrentados o asesinados y sus resultados, en el caso en el cual fueran
objetivos, oportunos, suficientes y veraces, podrían ser desestimados fácilmente y utilizados como arma de guerra o
instrumento de retaliación personal. La esperanza en la reconstrucción de la verdad no puede frustrarse ante un
experimento tan arriesgado. Sin embargo, respecto a la reconstrucción de la verdad en el proyecto se recogen, entre
otras, las siguientes recomendaciones que de manera reiterada han formulado
los expertos en esta materia: a) Para efectos de la reconstrucción de la verdad individual relacionada con la
comisión de hechos criminales, se reconoce la participación de las víctimas y se crean instancias de apoyo e
información; b) Se consagran instrumentos efectivos que permiten esclarecer los episodios de desaparición forzada
de personas, reconstruir los hechos –cuando ello fuera requerido especialmente por los familiares de las víctimas– y
encontrar las fosas comunes y los cadáveres de las personas desaparecidas; c) Se establecen mecanismos que
permiten la realización de una investigación judicial integral de los hechos de violencia, como la obligación de
entrega de información, la confesión, el fortalecimiento de las unidades de investigación, la no aplicación de la
reducción de términos por sentencia anticipada, entre otros. El artículo 7º del proyecto se refiere al derecho a la
reparación. La regulación de este derecho constituye quizás uno de los retos más importantes de un proceso como el
que pretende regular el presente proyecto. En efecto, la definición de un sistema de reparaciones a las víctimas del
conflicto se vuelve particularmente difícil cuando se hace en medio del conflicto y no, al fin de este y en un marco de
múltiples actores de violencia con un universo de víctimas no determinado y frente a una situación fiscal de escasez.
Estas y otras consideraciones deberán ser tomadas en cuenta por los dos órganos encargados de definir, según los
criterios y directrices que establece el proyecto, el contenido específico del derecho: el Tribunal y el Consejo
Nacional de Reparaciones. Por ahora, el proyecto se limita a establecer los principios, directrices y contenidos
básicos que deben guiar la tarea de estos dos órganos. Ahora bien, es importante en todo caso mencionar que el
proyecto busca abrir el horizonte de acción del juez en materia de reparaciones. En efecto, cuando se trata de
reparaciones por violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, la cuestión no se agota con la entrega de
una indemnización material. En este proceso de restablecimiento de equilibrios, es necesario reconocer la dignidad
de las víctimas, pedirles perdón por lo que se hizo o lo que se dejó de hacer para protegerlas, restituirles sus bienes,
apoyarlas a través de programas psicosociales y, lo que es quizás más importante, devolverles la confianza en el
Estado. La víctima, luego del proceso, tiene que reconocerse y ser reconocida como un sujeto cuyos derechos fueron
injustamente lastimados. Para esto, el Tribunal, atendiendo a las recomendaciones del comité de víctimas, podrá
ordenar las reparaciones que encuentre conducentes. Finalmente, en materia de reparaciones no puede pasar
desapercibida la facultad que se confiere al Tribunal para que dentro del marco de la Constitución restaure los
derechos políticos de las organizaciones legales que los han perdido como un efecto del conflicto; es decir, por el
asesinato masivo y sistemático de sus líderes y militantes. No puede existir en Colombia una ley como la que acá se
propone, que no reconozca y restablezca tales derechos. El último artículo de este capítulo, el artículo 8º, siguiendo
las directrices del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y de lo establecido en la Ley 782 de 2002,
define el tipo de grupo cuyos miembros pueden resultar beneficiados con la presente ley. Al respecto es importante
advertir que, según el presente proyecto, los generosos beneficios que en él se consagran están destinados a ser
aplicados luego de la desmovilización de la totalidad del grupo armado ilegal que bajo un mando responsable tiene
capacidad de adelantar en una parte del territorio operaciones militares sostenidas y concertadas. No obstante, dada
la naturaleza del conflicto colombiano puede ser que una parte importante de los grandes grupos armados ilegales,
que reúna las características antes mencionadas –un bloque o frente o cuadrilla o como quiera que se denomine– que
bajo un mando responsable tenga capacidad de adelantar en una parte del territorio operaciones sostenidas o
concertadas,– quiera reincorporarse a la vida civil. Según el proyecto que acá se presenta, esto sería aceptable
siempre y cuando se trate de una parte integral del grupo cuya entrega libere a la población y a la fuerza pública de
la presión de dicho grupo en la parte del territorio en la cual actuaba. Lo que no es razonable, ni justo, ni
proporcionado, ni sostenible, es que los beneficios de esta ley se apliquen a personas –incluso si son muchas
personas– que se entreguen de manera individual y cuya entrega no apareje la desmovilización integral y definitiva
del grupo –frente o bloque– en una parte importante del territorio nacional. 12. El Capítulo II de la ley establece el
ámbito de aplicación de la misma. En este capítulo se adoptan tres decisiones fundamentales: (1) los beneficios se
aplican a quienes hagan parte de una desmovilización colectiva; pero no, a quienes deserten individualmente de los
grupos armados. Para este grupo de personas existen otras leyes y distintos beneficios; (2) la ley se aplica a todos los
miembros del grupo y no sólo, a los líderes o jefes; (3) para que la ley pueda aplicarse es necesario que el grupo
reúna las siguientes condiciones previas: a) Que el grupo de que se trate haya suscrito un acuerdo de paz con el
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Gobierno Nacional; b) Que el grupo haya entregado información sobre su estructura, posiciones jerárquicas y sobre
los bienes que utilizaban; c) Que el grupo haya cesado las hostilidades así como todo ataque a la población civil; d)
Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos que establezca el Gobierno Nacional para el efecto, y
e) Que hayan puesto en libertad a toda persona que hubiere retenido. GACETA DEL CONGRESO 27 Viernes 4 de
febrero de 2005 Página 15 En este punto resulta importante explicar brevemente cada una de las anteriores
propuestas. 12.1 La importancia de la desmovilización colectiva: la suerte del líder o jefe debe estar vinculada a la
suerte del grupo Todo Estado de Derecho tiene la obligación indeclinable de investigar, perseguir, juzgar y sancionar
a las personas que han violado la ley penal. Cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, al
derecho internacional humanitario, o al derecho penal internacional, la obligación del Estado colombiano ya no es
sólo interna, sino también internacional. Adicionalmente, la obligación de sancionar incluye la de imponer penas
adecuadas, esto es, proporcionadas al crimen cometido. Como puede fácilmente constatarse la pena de prisión en
casos de violaciones graves, sistemáticas y masivas de derechos humanos es de 40 años, pero estatutos como el de la
Corte Penal Internacional establecen la pena de cadena perpetua para quienes han orquestado tales violaciones. A
este respecto no parece necesario hacer un esfuerzo muy sofisticado de interpretación para entender que algunos de
los líderes de los movimientos armados ilegales en Colombia entran fácilmente en esta categoría. No obstante lo
anterior, lo cierto es que en contextos de justicia transicional en los cuales se pretende asegurar el tránsito de un
estado de conflicto a un proceso sostenido de reconciliación, las personas que desmantelen las estructuras criminales
que han ayudado a formar, y que decidan genuinamente reinsertarse a la vida civil, previa confesión de los delitos,
solicitud de perdón y adopción de las medidas de reparación, pueden tener acceso a ciertos beneficios jurídicos. Sin
embargo, no parece proporcionado que estos beneficios se confieran la personas que han cometido crímenes atroces
y un día deciden desvincularse de sus movimientos de manera individual. En efecto, si el marco jurídico que se va a
crear tiene como efecto reducir la pena de prisión en más de 30 años, e impulsar la reincorporación pacífica de estos
criminales a la sociedad colombiana, lo mínimo que se puede pedir a cambio es que la persona concernida
desmovilice el grupo que organizó y comandó durante tantos años. En este sentido, no parece jurídicamente
justificable que se confieran tan importantes beneficios a una persona que, pese a haber creado poderosas
estructuras criminales, decida entregarse individualmente, mientras el grupo que creó y comandó sigue operando
como si nada hubiera pasado. Tal y como sucedió en Irlanda del Norte, en Colombia la suerte de los líderes de
movimientos ilegales debe estar vinculada a la suerte de los grupos que ayudaron a conformar, pues no es el
arrepentimiento o la súbita buena conciencia de estas personas lo que justifica el beneficio, sino su aporte efectivo a
la paz nacional. Si un líder se entrega para dejar su puesto a otro igual o más criminal, dicha entrega en nada ha
contribuido a disminuir el dolor de las víctimas y el riesgo para los pobladores de las zonas de influencia de la
organización criminal. En este caso entonces, la persona tendrá derecho a los beneficios que la ley ordinaria
establece por la confesión y colaboración; pero no, a los generosos beneficios de que trata este proyecto. Para
recibir estos beneficios, deberán desmantelar al grupo que ayudaron a formar y que han utilizado para la comisión
de delitos tales como torturas, secuestro, desapariciones, asesinatos individuales, masacres y desplazamientos. Nadie
puede esperar que después de haber cometido estos crímenes baste con su voluntad de reincorporarse a la sociedad
que tanto ha lastimado para que se le confieran beneficios como los que este proyecto incluye. Por las razones
mencionadas, el proyecto otorga beneficios a los jefes y combatientes que pertenezcan a un grupo armado que ha
decidido desmantelarse y dejar de cometer actos criminales. En este sentido, la suerte del jefe o líder del grupo
criminal depende de que en realidad logre desmantelar o desmovilizar al grupo que ayudo a crear. Lo otro, aceptar
la entrega individual, sería como aceptar que a un asesino en serie que ha acabado con la vida de cientos de
personas se le condene a 5 años de detención, a cambio, simplemente, de que se entregue a la justicia. Las sociedades
democráticas contemporáneas no pueden darse ese lujo. Deben perseguir a ese asesino, capturarlo, juzgarlo con
todas las garantías y condenarlo a una pena proporcional a la falta que ha cometido. 12.2 Ambito de aplicación:
Diseño de un programa integral que vincule a todos los combatientes y no sólo a sus jefes o líderes El presente
proyecto propone la creación de un procedimiento integral que regule la reincorporación de todos los combatientes y
no sólo de quienes el movimiento identifique como sus líderes. En efecto, el proyecto ha sido diseñado para regular la
reincorporación integral a la vida civil de los miembros de grupos armados que tienen una genuina y decidida
voluntad de paz. Para ello crea un único programa de reincorporación que, si bien concede importantes y generosos
beneficios, también obliga a todos los combatientes a participar en procesos sistemáticos y articulados de
reconstrucción de la verdad y reconciliación nacional. Así, de lo que se trata es de crear un solo y único programa
que tienda a la satisfacción armónica de los distintos bienes que se encuentran en conflicto en procesos de justicia
transicional, y que permita tener mayor seguridad sobre el proceso de selección de quienes deben ser judicializados y
condenados, y quienes habrán de recibir mayores beneficios jurídicos. En efecto, con la firme voluntad de lograr la
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paz, el proyecto pretende conferir importantes y generosos beneficios a todos los combatientes. Sin embargo, al
mismo tiempo, para satisfacer el derecho a la verdad, esclarecer lo ocurrido y obtener valiosa información que
permita diseñar y aplicar medidas de no-repetición, el proyecto exige a todos los beneficiarios que realicen una
confesión integral y veraz de los hechos cometidos. Adicionalmente, para promover la reparación, se les exige a
todos los combatientes que reconozcan la responsabilidad de los hechos y pidan perdón a las víctimas y que
participen en los procesos de reparación necesarios para una verdadera reconciliación. Finalmente, en aplicación
del principio de proporcionalidad, se regula de manera distinta el tratamiento para quienes han ordenado o cometido
directamente crímenes atroces respecto de quienes hacían parte del movimiento pero no ven comprometida su
responsabilidad en tales hechos. Sin embargo, para tener criterios y datos ciertos que permitan hacer la distinción
entre unos y otros, resulta fundamental que el proceso sea integral, esto es, que regule lo relacionado con todos los
combatientes y no sólo con aquellos que el propio grupo identifique como sus líderes. A nuestro juicio, un grupo que
tenga motivaciones políticas, opere bajo un mando responsable y tenga una genuina voluntad de paz no tendría por
qué oponerse a estas exigencias. Sin embargo, un sistema más laxo, en el que no se les exija a todos los combatientes
la entrega de información, la solicitud de perdón, y la reparación, podría dar lugar a su camuflaje en estructuras
privadas de seguridad o su conversión en grupos de criminales comunes. 12.3 Condiciones previas o prejudiciales
para la aplicación de los beneficios Finalmente, en los artículos 9º y 10 del Capítulo II se establece, como condición
previa para gozar de cualquier beneficio, la suspensión de toda agresión contra la población civil; la desmovilización
y la entrega de cierta información por parte de los líderes del grupo. Se trata, en nuestro criterio, de importantes
medidas que tienden a evitar que el grupo se aproveche de los mecanismos que establece la ley promoviendo
desmovilizaciones ficticias y traicionando la confianza que el Estado ha depositado en él. Por eso, por ejemplo, se
solicita la entrega de valiosa información sobre la estructura y los bienes del grupo, pues gracias a dicha
información será posible garantizar la verdadera desarticulación de la estructura criminal y frenar las actividades
delictivas de sus miembros. Adicionalmente se trata de Página 16 Viernes 4 de febrero de 2005 GACETA DEL
CONGRESO 27 información fácil de recoger, tratándose de grupos armados con estructuras jerárquicas claras y
unidad de mando, condiciones esenciales para que esta ley pueda aplicarse. 13. El Capítulo III del proyecto se refiere
a las instituciones especialmente establecidas para la ejecución de la ley. No obstante, es importante indicar que
todas las instituciones que acá se mencionan hacen parte de la estructura de otro órgano judicial o administrativo
previamente existente y se integran de conformidad con las reglas de integración o designación propias de dichos
órganos. En este sentido, la ley no crea un sistema de justicia especial separado del sistema ordinario ni relaja las
garantías de autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos judiciales. Lo que hace el proyecto es crear,
dentro del sistema ordinario, unos órganos especializados dotados de garantías reforzadas de autonomía,
independencia e imparcialidad y con suficiente capacidad operativa para adelantar sin tropiezos institucionales las
investigaciones y procesos de que acá se trata. 13.1 En primer lugar, para promover el derecho a la verdad y a la
justicia, el proyecto propone la creación de una unidad especial de fiscalías que opere dentro de la Fiscalía General
de la Nación, siguiendo todas las reglas institucionales existentes, pero que reúna garantías especiales de autonomía
e imparcialidad y que cuente con un apoyo técnico especializado permanente. En este sentido, vale la pena indicar
que si de lo que se trata es de investigar complejos y extensos fenómenos de macrocriminalidad es necesario crear
una unidad especializada que conozca exclusivamente de estos procesos y que pueda adelantar una verdadera
investigación integral. En otras palabras, para instruir adecuadamente las investigaciones penales por violaciones
masivas y sistemáticas de derechos humanos, es necesario fortalecer el sistema de administración de justicia criminal
y garantizar que los procesos se someterán estrictamente a los principios de imparcialidad e independencia judicial.
Por estas razones se propone crear una Unidad Especial de Fiscales, a la cual deban ser trasladadas todas las
causas criminales relacionadas con este proceso. Los fiscales y magistrados encargados de instruir y adelantar los
correspondientes procesos deberán contar con las más altas calidades profesionales y humanas, y tener formación en
materias como Derecho Internacional Humanitario, derechos humanos o derechos de las víctimas de violaciones a
los derechos humanos. Finalmente, estos órganos deberán estar dotados de las más amplias garantías institucionales
para asegurar que su funcionamiento será independiente e imparcial. Asimismo, deberán contar con condiciones
especiales de seguridad. Finalmente y en cuanto se refiere a esta Unidad de Fiscalías, es importante mencionar que
los ponentes no hemos considerado adecuado conferir las atribuciones para investigar los delitos de que trata esta
ley a la Unidad de Derechos Humanos del órgano investigador. En efecto, de una parte esta unidad está
profundamente congestionada, por lo cual para asumir los nuevos procesos tendría que abandonar las importantes
investigaciones existentes contra distintos grupos armados, particulares o agentes del Estado, que deben ser
rápidamente instruidas. Adicionalmente, dicha unidad está integrada por fiscales que de ordinario actúan ante jueces
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o magistrados de tribunal, pero no, de delegados ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la nueva unidad,
como se verá adelante, estaría integrada por fiscales que tienen la categoría de fiscales delegados ante la Corte
Suprema de Justicia y, en consecuencia, es razonable que se encuentre separada de la Unidad de Derechos Humanos
y que tenga una duración meramente temporal mientras se terminan de instruir los procesos de que trata la ley. 13.2
En segundo lugar, el proyecto propone la creación de un Tribunal para la Verdad, la Justicia y la Reparación. Se
trata de un tribunal compuesto por 9 magistrados elegidos de la misma forma como se elige a los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, para un período institucional de 12 años. Durante dicho período los Magistrados deberán
adelantar los juicios contra las personas acusadas de cometer graves violaciones de derechos humanos en el marco
del
conflicto armado, vigilar la ejecución de la pena y conceder los beneficios a los que los condenados tengan derecho.
Sin embargo, una vez ejecutoriadas las sentencias condenatorias, los Magistrados se integrarán a la Sala de
Casación Penal de la Corte para colaborar con la descongestión de dicha entidad, mientras, al mismo tiempo, actúan
como jueces de ejecución de penas de las personas condenadas en virtud de la presente ley. En términos prácticos
dicho Tribunal constituye una especie de Sala especial o especializada de la Corte Suprema de Justicia, pues sus
miembros son designados a través del mismo procedimiento y al cabo del tiempo, una vez ejecutoriadas las
sentencias que deba proferir, terminarán integrados a la Sala de Casación Penal de dicha Corte. No obstante, dados
el carácter y el tipo de procesos que deben adelantar, estos magistrados no harán parte de la Sala Plena hasta el
momento en el cual, terminados los procesos que les son propios, se integren a la Sala de Casación Penal. Las
razones por las cuales se crea este tribunal son variadas y de distinto tipo. La más importante sin embargo, reside en
que, en nuestro criterio, los procesos de que trata la presente ley deben surtirse ante un tribunal concentrado de la
máxima jerarquía que tenga las mayores garantías institucionales pero que al mismo tiempo esté sometido
permanentemente al control social. En efecto, este proyecto de ley pretende conferir generosos beneficios a personas
que han cometido de manera sistemática y a gran escala graves violaciones a los derechos humanos. Por eso, estas
personas pueden verse tentadas a utilizar los
mecanismos de la ley para limpiar sus responsabilidades, sus bienes y su historial criminal, sin contribuir
verdaderamente al desmantelamiento de los grupos, a la lucha contra la criminalidad o a satisfacer los derechos de
las víctimas de sus crímenes. En estas circunstancias, es fundamental que quienes estén encargados de juzgarlos y
evaluar la confesión, la entrega de bienes, la colaboración con la justicia e imponer las medidas de reparación, sean
personas de las más altas calidades morales y profesionales. Ahora bien, a este respecto es importante mencionar que
el proyecto parte de la base de que las personas que deben ser sometidas a un proceso judicial tienen el derecho
irrenunciable al debido proceso. Este derecho comporta el derecho a la asistencia técnica, el respeto al principio de
legalidad y a las restantes garantías procesales, entre otras. En particular, el debido proceso implica el derecho a ser
juzgado por el juez natural. En estos términos, debe entenderse que el juez natural no es exactamente el mismo juez
que resultaba competente al momento de la comisión del crimen. Lo que tiene que garantizarse es que no se trata de
un juez ad hoc ni integrante de una jurisdicción distinta especialmente creada para juzgar a personas determinadas,
que suponga menos garantías de independencia, imparcialidad y objetividad que las que rodeaban al juez competente
al momento de la ocurrencia del delito. Este derecho es, adicionalmente, una garantía para las víctimas y para la
sociedad en su conjunto. Por las razones anotadas, luego de un detenido y juicioso estudio constitucional sobre la
garantía del juez natural y el derecho al debido proceso de todas las partes, se propone en este proyecto modificar lo
planteado en el pliego de modificaciones presentado por el Gobierno Nacional el 6 de abril pasado. En efecto, en
dicho pliego se establecía la creación de un tribunal ad hoc, con jueces elegidos de ternas enviadas por el Presidente
de la República, y en el cual el Ejecutivo tenía la última palabra –una especie de poder de veto–? sobre el resultado
del proceso judicial. No obstante, y pese a entender las virtudes políticas que pudiera tener esta propuesta, lo cierto
es que a la luz del derecho constitucional su texto parece desnaturalizar el proceso judicial, afectar la distribución de
poderes prevista en la Constitución, vulnerar la garantía del juez natural y generar una enorme incertidumbre sobre
la legitimidad del proceso y la suerte de los GACETA DEL CONGRESO 27 Viernes 4 de febrero de 2005 Página 17
procesados. Por eso la alternativa que hemos diseñado tiene como presupuesto la aplicación del juez natural dado
que el Tribunal que se crea no es otra cosa que una Sala de la Corte Suprema. 13.3 Finalmente el proyecto crea una
Procuraduría Judicialespecializada para la protección de las víctimas y un comité asesor de víctimas adscrito a la
Procuraduría General. Estas dos entidades tienen la función de promover y proteger los derechos de las víctimas
comprometidos en los procesos judiciales. En este sentido es importante señalar que incluso en los casos de indulto y
amnistía, el Estado no está autorizado a desconocer los derechos de las personas que han sido más grave y
directamente afectadas por el conflicto armado. No puede una ley, simplemente, hacer borrón y cuenta nueva, como
si las vidas sacrificadas y el sufrimiento de las personas torturadas, violadas, desplazadas o secuestradas no
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contaran para nada a la hora de hacer una reconciliación. No hay reconciliación posible si las personas afectadas no
sienten que sus derechos, tarde o temprano, pueden ser seriamente tomados en cuenta. Por eso resultan
fundamentales las dos entidades acá mencionadas, pues si no hay igualdad de armas en el proceso –y que no se
olvide que los procesados cuentan con la Defensa Pública– no habrá verdadera justicia. 14. El capítulo IV del
proyecto establece los beneficios a los que tendrían derecho los miembros de los grupos armados que tengan
voluntad de paz, pero también las condiciones que deben cumplir para acceder a tales beneficios. En este sentido, el
proyecto establece dos tipos de beneficios: la resolución inhibitoria para los combatientes no comprometidos en
crímenes atroces y la libertad condicional al cumplimiento de las 2/5 partes de la pena impuesta, para los líderes o
para quienes hayan cometido directamente dichos crímenes. A este respecto es fundamental señalar que el proyecto
de ley prohíbe que a este beneficio se acumulen nuevos beneficios o subrogados. De lo que se trata con este proyecto
es que las personas permanezcan, efectivamente, las 2/5 partes de la pena impuesta, en un establecimiento de
reclusión, es decir, efectivamente privadas de libertad. En consecuencia, si por alguna razón se llegare a considerar
que es obligación del legislador tener en cuenta algún beneficio o subrogado, el término de 2/5 partes deberá
aumentarse de manera proporcional. Los beneficios acá mencionados son ciertamente muy generosos. En efecto, de
una parte se establece que los combatientes quedarán liberados de responsabilidad penal por todos los delitos
menores cometidos mientras formaron parte del grupo, beneficio que sin duda supera los hasta hoy concedidos. De
otra parte, a los líderes o directamente responsables de delitos atroces se les disminuye la pena efectiva de 40 a 8
años de prisión, se acumulan la totalidad de las penas –con reglas de acumulación mucho más generosas que las
contempladas en el ordenamiento penal– y, lo que es más importante, se produce un proceso de reconciliación que
hará más fácil la reinserción posterior de estas personas a la sociedad democrática. Sin embargo, resulta
fundamental que todas las personas que tengan acceso a estos beneficios cumplan con tres tipos de condiciones: 1)
Requisitos de elegibilidad o condiciones prejudiciales relacionadas con la desmovilización del grupo, la cesación de
hostilidades y la entrega de información sobre la estructura y bienes de la organización; 2) Condiciones previas que
deben cumplirse durante la indagación preliminar, la investigación o el juicio, y 3) Condiciones impuestas, como la
reparación a las víctimas. Estas son condiciones básicas para conferir cualquier tipo de beneficio a los combatientes
o a los líderes de los respectivos movimientos. En cuanto a las condiciones previas es importante mencionar que en el
presente proyecto se establecen como requisito para poder gozar del derecho a la libertad condicional, las siguientes:
i) Una confesión seria, veraz y completa de los delitos cometidos y su grado de participación; ii) En especial, la
revelación sobre los hechos relacionados con la desaparición forzada de personas, la ubicación de cadáveres y fosas
comunes; iii) Su colaboración eficaz con la justicia para la desarticulación de grupos de criminalidad organizada,
redes del narcotráfico y el aporte en el esclarecimiento de la verdad de otros hechos de los que hayan tenido noticia,
y iv) La declaración y restitución de todos los bienes adquiridos en virtud de sus actividades criminales. No sobra
insistir en que estos requisitos son decisivos para otorgar el beneficio y su incumplimiento será causal de pérdida del
mismo. 15. El Capítulo V regula algunos aspectos procesales especiales de la investigación y el juzgamiento. El
objetivo esencial de este capítulo es el de promover que la investigación y el juicio permitan satisfacer el derecho a la
verdad judicial y, al mismo tiempo, los derechos y garantías de todas las partes del proceso. Por esa razón se
consagra la obligación de adelantar una investigación integral (artículo 36), el derecho a la defensa técnica (artículo
37), la necesidad de comprobar de veracidad de la confesión y la prohibición de aplicar los términos de la sentencia
anticipada (artículo 38) las reglas sobre competencia y acumulación de procesos y de penas (artículo 39, 40, 42 y 43)
circunstancias de mayor punibilidad o criterios de dosificación punitiva (artículo 41) y el derecho a la segunda
instancia (artículo 44). Por su parte, el artículo 45 del proyecto de ley establece los criterios para definir el
establecimiento de reclusión en el cual el condenado debe pagar su pena, el cual queda sujeto a la política
penitenciaria del Gobierno el cual en uso de esa potestad establecerá los establecimientos carcelarios en los cuales
cumplirán las condenas impuestas por el Tribunal. Finalmente, en cuanto se refiere a la prohibición de aplicar la
reducción de términos que acompaña la solicitud de sentencia anticipada, parece importante recordar que los
procesos a los cuales podrá dar paso esta iniciativa legislativa deben estar sometidos a plazos razonables. En otras
palabras, lo que resultaría inconstitucional e internacionalmente inadmisible, sería que el marco jurídico diera lugar
a procesos injustamente extendidos o dilatados o, por el contrario, a investigaciones sumarias que no permitieran
hacer una reconstrucción sistemática de la verdad de lo ocurrido. En este sentido, parece razonable recordar que la
Corte Constitucional declaró inconstitucional la reducción del plazo de la investigación para casos de flagrancia de
ciertos delitos, por encontrar que violaba los derechos de las víctimas y del procesado al debido proceso, y la
garantía del “plazo razonable” incluida en el bloque de constitucionalidad. Por la razón anotada y adicionalmente
para poder acceder a una información valiosa que permita desmantelar efectivamente los grupos armados y,
finalmente, para satisfacer el derecho a la verdad judicial de las víctimas y de la sociedad, la presente iniciativa
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propone que las investigaciones en las cuales se produzca allanamiento de cargos con solicitud de sentencia
anticipada, no estén sometidos a la reducción de términos de que trata el artículo 40 del Código de Procedimiento
Penal. 16. El Capítulo VI del proyecto se refiere al período de verificación y ejecución de la pena y a las condiciones
para gozar de la libertad definitiva. 17. El Capítulo VII se refiere a los derechos de las víctimas 18. El Capítulo VIII
se refiere al derecho a la reparación de las víctimas. La reparación a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos es una de las condiciones imprescindibles para que las medidas de justicia especial resulten legítimas. Por
eso se recomienda adoptar los principios internacionales en esta materia, ampliar el horizonte de acción del Tribunal
y crear un Comité Nacional de Reparaciones, que defina el contenido de un plan integral de reparaciones, y que
tenga en cuenta los derechos de las víctimas a la reparación simbólica, la dimensión colectiva de la problemática, los
mecanismos jurídicos existentes para obtener y asignar recursos –en particular la ley de extinción de dominio– y la
situación fiscal, entre otros factores. Página 18 Viernes 4 de febrero de 2005 GACETA DEL CONGRESO 27 Para el
diseño adecuado del sistema mencionado es recomendable la realización de un estudio riguroso e independiente, con
altísimos estándares de calidad, que debe incluir, entre otros, las formas de reparación, los montos y mecanismos de
asignación, la participación de las víctimas en el proceso de asignación, las posibles fuentes de financiación, en los
casos en que el Estado asuma los costos de la reparación, los recursos administrativos y/o judiciales necesarios para
hacerlos efectivos y las formas de reparación simbólica, entre otros. 19. El Capítulo IX consagra las disposiciones
relacionadas con la conversación de archivos, establecer el deber de memoria, las medidas
para preservar archivos y el acceso a los mismos. 20. El Capítulo X contempla la vigencia y disposiciones
complementarias. Sumario 1. Para que la investigación satisfaga los derechos a la verdad, la justicia y la reparación,
es necesario inaplicar la reducción de términos que apareja la solicitud de sentencia anticipada; establecer requisitos
como la confesión y la entrega de bienes ilícitamente obtenidos; fortalecer los mecanismos de participación de las
víctimas; contemplar la creación de una entidad de investigación multidisciplinaria que incluya especialistas en
aspectos técnicos, jurídicos, sociológicos, antropológicos, entre otras medidas. Es así mismo determinante que los
funcionarios que adelantan las etapas de investigación y juzgamiento tengan conocimientos suficientes en materia de
investigación técnica de fenómenos de macrocriminalidad y de crímenes de lesa humanidad. 2. Quienes han cometido
crímenes atroces (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo, entre otros) deben ser
sometidos a un proceso de juzgamiento a cargo de un tribunal imparcial e independiente, previa una investigación
suficiente de los hechos. 3. El Tribunal que se pretende crear busca satisfacer todas las condiciones del derecho
interno e internacional, para dar lugar a un debido proceso rodeado de todas las garantías judiciales. Por esta razón,
cualquier órgano que se conforme debe satisfacer el principio del juez natural, y el proceso debe garantizar el debido
proceso y el principio de igualdad. El principio de juez natural supone que el juzgamiento debe ser adelantado por el
juez competente al momento de la comisión del delito o por uno que, por ser de una instancia superior, garantice
mayores y mejores condiciones de imparcialidad, independencia y objetividad. En este caso se asigna la competencia
a un Tribunal, cuyos magistrados gozan de las más importantes garantías de imparcialidad, independencia y
objetividad, pues son elegidos de la misma manera como se elige a los Magistrados de la Corte Suprema y tienen las
mismas garantías y condiciones de estos. No obstante, si en el debate llegare a aparecer que esta opción resulta
constitucionalmente dudosa, la propuesta alternativa sería la de crear una Sala Especializada en la Corte Suprema
de Justicia. 4. Quienes resulten responsables de la comisión de crímenes atroces deben ser condenados a la pena que
el derecho penal ordinario consagra para tales crímenes, sin embargo el derecho penal internacional ha admitido
que con el fin de lograr la paz y la reconciliación, sea viable el otorgamiento de la libertad condicional al
cumplimiento de una
porción de la pena que no puede ser menor para los más altos responsables de un período de ocho (8) años, siempre
que se cumplan otros requisitos como, por ejemplo, la reparación a las víctimas. En efecto, el otorgamiento de un
beneficio tan generoso como el que se confiere en el presente proyecto, debe necesariamente estar condicionado al
cumplimiento de obligaciones de verdad y reparación mínimas para satisfacer el derecho de la sociedad y las
víctimas a una justicia integral. 5. La privación efectiva de la libertad debe producirse en un establecimiento
carcelario que reúna las condiciones de austeridad y restricción de derechos similares a todas las personas
condenadas por el tipo de delitos de que trata esta ley. No parece razonable que se compute como privación efectiva
de la libertad cualquier tiempo anterior a la desmovilización efectiva en el cual las personas condenadas no se
encuentren efectivamente sometidas al control del Estado. 6. En el proyecto se proponen formas de reparación, en
particular formas de reparación simbólica, como la solicitud pública y expresa de perdón a las víctimas, y la
adopción de garantías de no repetición, las cuales deben estar contempladas en toda política que pretenda asegurar
el éxito de un proceso de paz.
De los honorables Congresistas y Partidos Políticos,
                                                                                                                   13
Rafael Pardo Rueda, Andrés González Díaz, Senadores de la
República; Luis Fernando Velasco, Gina Parody D’Echeona, Wilson
Borja Díaz, Representantes a la Cámara; Gustavo Petro Urrego, Polo
Democrático; Venus Albeiro Silva Gómez, Alternativa Democrática;
Partido Liberal Colombiano, Nueva Fuerza Democrática.




               PROYECTO DE LEY NUMERO 209 DE 2005 SENADO
            por la cual se establecen las condiciones y procedimientos
             para la devolución y restitución de bienes entregados por
              parte de grupos desmovilizados en los procesos de paz

La guerra en la que hemos participado los colombianos, tanto directa como indirectamente a lo largo de las ya más
de cuatro décadas, ha repercutido en todos los elementos que conforman la sociedad. Hasta el punto, que el país es
reconocido internacionalmente por su grado de violencia y no por sus riquezas naturales o el empuje de la gente.

Esta guerra, enmarcada en los últimos años por tres sectores definidos, guerrilla, ejército, autodefensas, sigue
dejando una larga historia de muerte y destrucción. Para entenderlo más profundamente, solo hay que revisar las
cifras oficiales del Departamento Nacional de Planeación.

En el período enero-septiembre de 2004 se reportaron 1.173 secuestros, de los cuales el 20.9% fue realizado por las
FARC; el 20.9% por las Autodefensas; el 9.4% por el ELN y el 26.45% por delincuencia común. Hay que recordar
que en muchos casos la delincuencia común traslada los secuestrados a los grupos armados ilegales.

Las víctimas por accidentes con minas antipersonales llegaron a 531 personas. Como presuntos autores responsables
de estos accidentes se encuentra que las FARC causó el 57.8%, el ELN el 7.4% y el 30.2% no se conoce autor.

Los ataques a población llegaron a 19, muy inferior a los 142 del año 2000. De estos, el ELN registró tres ataques y
las FARC 16.

Los ataques terroristas llegaron a 525 casos en el mismo período. Las FARC son el grupo con el mayor número de
acciones cometidas durante el 2004 con 318 ataques (60.5%), le siguen los ataques sin establecer autor con 136
casos (25.9%), la delincuencia común con 35 (6.6%), el ELN con 32 (6.1%) y las Autodefensas con 4 (0.7%).

Las masacres, factor actuante de desplazamiento, llegó a 39 con un saldo de 222 personas muertas. La mayoría de
las masacres corresponden a autores desconocidos con un 66.7%, siguen las FARC con un 28.2% y las Autodefensas
con un 5.1%.

La sumatoria de todos estos actos delictivos descritos y otros similares, los cuales vulneran el Derecho Internacional
Humanitario, conllevan a que día a día los colombianos en zonas de alta vulnerabilidad de violencia se hayan
desplazado a sitios más seguros. En tan solo el período 2001 las cifras llegan a 373.702 colombianos desplazados,
en el 2002 a 422.477, en el 2003 a 219.469 y en el 2004 se calculó por el Codhes en 287.581. El porcentaje de
instigación es incalculable pero es lógico que este desplazamiento se deba a la presión de los grupos ilegales
armados (guerrilla y autodefensas).

Hasta aquí se ha demostrado la influencia directa del conflicto. Hay que dimensionar el problema en la esfera global
de la sociedad, la economía y la cultura. En estos elementos encontramos el alto gasto del PIB nacional en la
seguridad Nacional, descuidando áreas de crecimiento y desarrollo económico, no por omisión sino por obligación.

   De lo anterior se denota la importancia de llegar a Acuerdos de Paz entre el Estado y estos grupos ilegales, pero
para ello es necesario establecer reglas claras y firmes, que no violen los parámetros de Derecho Internacional y
Nacional, basados siempre en los principios de Verdad, Justicia y Reparación.

Cronología de la negociación con las Autodefensas1

Las desmovilizaciones de las AUC, que en la actualidad se vienen presentando, dependen principalmente para su
feliz término, de que el Gobierno encuentre una fórmula jurídica que los convenza para que dejen las armas
totalmente. Igualmente, esta fórmula puede ser aplicada en futuras negociaciones con las FARC y el ELN.

La solución tiene que ser lo suficientemente atractiva para que se desmovilicen las Autodefensas y eventualmente los
guerrilleros, pero lo suficientemente sólida para que las víctimas y la comunidad internacional la acepten y para que
conduzca a una verdadera reconciliación.

Esta solución debe estar acompañada de una verdadera conciencia de cumplir los principios del Derecho
Internacional que son la Verdad, la Justicia y la Reparación.
                                                                                                                14
Hasta el momento se han buscado fórmulas para ejercer la potestad de la justicia de los tres principios, pero no nos
hemos detenido a estructurar la forma de realizarlo, ni las entidades encargadas del mismo. Este proyecto de ley
busca canalizar el principio de reparación, estableciendo condiciones y procedimientos que serán aplicados en
primera instancia en el proceso de negociación con las Autodefensas, que se ha desarrollado así:

29 de noviembre de 2002: Las Autodefensas Unidas de Colombia declaran un cese unilateral de hostilidades a partir
del 1º de diciembre de 2002.

23 de diciembre de 2002: El Presidente sanciona la Ley 782 de 2002, mediante la cual el Gobierno queda facultado
para iniciar negociaciones de paz con grupos que no tengan estatus político, lo que abre las puertas para iniciar
diálogos con los grupos paramilitares.

23 de diciembre de 2002: El Gobierno crea la Comisión Exploratoria de Paz con el propósito de iniciar
acercamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia, con las Autodefensas Campesinas del Bloque Central
Bolívar y Vencedores de Arauca y con el Grupo de Alianza del Oriente.

17 de junio de 2003: Los miembros de la Comisión Exploratoria rinden el informe final de la etapa exploratoria del
proceso. En este se señala que el proceso debe seguir su curso, pero se hace especial énfasis en el cese de
hostilidades y en el abandono de toda actividad ilícita de financiamiento por parte de las Autodefensas.

15 de julio de 2003: El Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia firman el Acuerdo de Santa Fe de Ralito.
En este las Autodefensas se comprometen a desmovilizar a todos sus miembros mediante un proceso gradual, que
comenzará antes de finalizar ese año y que terminará a más tardar el 31 de diciembre de 2005. Las autodefensas
también comparten el propósito del Gobierno "de una Colombia sin narcotráfico".

21 de agosto de 2003: El Gobierno radica el proyecto de ley sobre "alternatividad penal", que busca reincorporar a
miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz.

25 de noviembre de 2003: Se desmovilizan y entregan sus armas 874 integrantes del Bloque Cacique Nutibara, de las
AUC.

4 de diciembre de 2003: Las Autodefensas del Magdalena Medio anuncian desmovilización y unión a la mesa única.
19 de enero de 2004: Comienza en el Congreso de la República durante toda la semana las audiencias públicas sobre
el proceso de paz con los paramilitares.

23 de enero de 2004: La OEA y el Gobierno firman convenio según el cual el organismo internacional acompañará el
proceso y verificará el cumplimiento del pacto de cese al fuego suscrito por las Autodefensas.

19 de febrero de 2004: El Gobierno presenta un informe sobre el balance del cese de hostilidades donde afirma que
los grupos paramilitares han violado su compromiso. Según este, en 14 meses de negociaciones estos grupos ilegales
habrían participado en 362 homicidios, 16 masacres y 180 secuestros.

31 de marzo de 2004: Las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Central Bolívar y el Bloque Vencedores de
Arauca anuncian su unión a la Mesa Única de negociación política. En el grupo de 10 negociadores se excluye a
Carlos Castaño.

6 de abril de 2004: El Gobierno le introduce modificaciones al proyecto de ley sobre "Alternatividad Penal" y le
cambia el nombre a la iniciativa por el de proyecto de ley de "Justicia y Reparación".

30 de abril de 2004: Según fuentes de las AUC y de inteligencia militar, toma fuerza la teoría de que Carlos Castaño
habría sido secuestrado y asesinado después de un tiroteo en una hacienda en Urabá, Antioquia.

13 de mayo de 2004: El Gobierno y las AUC firman el acuerdo que establece la Zona de Ubicación en Tierralta,
Córdoba. Su extensión es de 368 kilómetros cuadrados y tendrá una vigencia de seis meses prorrogables.

27 de junio de 2004: Las Autodefensas Unidas de Colombia secuestran al ex Senador José Eduardo Gnecco.

30 de junio de 2004: Las Autodefensas Unidas de Colombia liberan al ex Senador José Eduardo Gnecco. El
comandante "Jorge 40", del Bloque Norte, se responsabilizó por el secuestro y afirmó que se trataba de una
"retención temporal" para llamar la atención sobre las actividades delictivas del ex Congresista.

1 de julio de 2004: Instalan de la Mesa de Negociación Unificada entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC.

Importancia de la desmovilización y la restitución

Colombia padece desde hace cerca de cincuenta años un clima de violencia que afecta a todos los estamentos de la
sociedad. Grupos ilegales alzados en armas, en aras de la defensa de unos derechos que consideran vulnerados, han
asolado tanto áreas rurales como urbanas en una frenética carrera por consolidar su poderío, dejando tras de sí
                                                                                                                  15
desolación y muerte.

Se han adelantado procesos de paz, algunos de los cuales han arrojado resultados satisfactorios como el del M-19.
Sin embargo, otros, como los del Gobierno y las FARC, han fracasado estruendosamente, por las posiciones
intransigentes asumidas por los negociadores.

En la actualidad, el Gobierno adelanta un proceso de desmovilización con los diferentes grupos de paramilitares que
pululan por todo el territorio nacional, que ha generado toda una serie de inquietudes entre los miembros de la
sociedad civil, ONG, defensores de los derechos humanos etc., que han enrarecido el debate. Sin embargo, si el
proceso tiene feliz término, su desmovilización podría como mínimo sustraerle 13.000 hombres armados al conflicto.

Se cuestiona la seriedad del proceso, ya que mientras este sigue su curso con desmovilizaciones incluidas, continúan
las masacres, algunas de las cuales, según las autoridades competentes, son autoría de los mismos paramilitares. Se
discute sobre la severidad de las penas, teniendo en cuenta la magnitud de los delitos cometidos. Se argumenta que la
reparación propuesta no compensa las vicisitudes padecidas por las víctimas y sobre todo, no existe claridad jurídica
sobre los procedimientos a seguir para restituirle a sus legítimos propietarios, los bienes que los grupos alzados en
armas le han quitado ilegalmente.

El proceso de negociación entre el Gobierno y los grupos ilegales alzados en armas tuvo sus inicios el 23 de
diciembre de 2002, cuando el Presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley 782 de 2002, mediante la cual quedó
facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así careciera de estatus político, abriendo
la compuerta para una negociación con los paramilitares, grupos de autodefensa de extrema derecha creados en los
años 80 y que han sufrido una rápida evolución desde cuando se agruparon bajo la sombrilla de las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC, en 1997.

Desde ese momento hasta la fecha, han sucedido una serie de hechos que han impactado a la opinión pública
nacional e internacional, como por ejemplo, la visita al Congreso de la República de tres de los máximos dirigentes
de las Autodefensas.

Con el fin de darle un marco legal al proceso, el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, presentó a mediados de
2003 al Congreso un Proyecto de Ley de Alternatividad Penal que, entre otros aspectos, contemplaba la sustitución
de prisión por penas alternativas, el cual fue considerado demasiado laxo frente al perjuicio causado a víctimas de
masacres, por lo que fue archivado.

A pesar del limbo jurídico en que se encuentran muchos aspectos del proceso, la negociación ha conducido a la
desmovilización de muchos frentes de los paramilitares. Se desmovilizaron el Bloque Cacique Nutibara, el Bloque
Catatumbo, el Bloque Bananeros, el Bloque Calima y el Bloque de Córdoba, entre otros.

Existe un interrogante que no ha podido ser resuelto hasta el momento. ¿Qué va a pasar con los bienes, que de
manera ilegal le han expropiado los paramilitares a sus legítimos propietarios o quitado a la guerrilla? No existe una
respuesta concluyente, ya que ni siquiera las instituciones estatales, que podrían tener injerencia en el asunto lo
saben.

El caso es preocupante, ya que la información en poder de las autoridades sobre este fenómeno es abundante. La
revista Semana ha indicado, que "Grupos paramilitares se están apoderando, a sangre y fuego, de las tierras más
valiosas del país. Las víctimas están desesperadas y no tienen quién les devuelva su patrimonio".

Estos son algunos de los casos narrados por la revista, donde se han visto involucrados campesinos, parceleros y
hacendados de muchas regiones del país:

Un hacendado de Zapayán, a quienes sus antiguos aliados lo mataron porque se negó a venderle tres fincas.
Campesinos desplazados del Cesar dicen que las Autodefensas les dieron entre uno y dos días para abandonar sus
parcelas. Está documentado el caso de 961 familias a las que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, les
asignó fincas de 40 hectáreas en promedio. Todas fueron cedidas o vendidas bajo presión. En la Jagua de Ibirico, al
Sur del Cesar, varios campesinos fueron amenazados de muerte por miembros del Bloque Central Bolívar. Asustados,
no dudaron un segundo en venderle sus tierras a un finquero de la zona, hermano de una funcionaria de la
administración local de ese momento, quien ante su drama muy comedidamente las compró. "Nos tocó venderla a
precio de huevo por el miedo que teníamos", dijo a Semana uno de los campesinos afectados. Luego se enteraron de
que en sus tierras existían yacimientos de carbón. En este departamento más de 38.000 hectáreas de tierra cambiaron
de manos en forma dudosa.

En el Chocó las Comunidades Negras que tenían títulos colectivos en Jiguamiandó y Curvaradó fueron desplazadas
de sus propiedades por hombres del Bloque Elmer Cárdenas. Los que pudieron volver encontraron que en sus tierras
se habían asentado empresas que estaban desarrollando megaproyectos agrícolas. Los antiguos dueños tuvieron que
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emplearse como jornaleros para poder quedarse en lo que es suyo. Hoy temen que los cultivadores les reclamen las
mejoras que han hecho en las tierras y los obliguen a cederles sus títulos. Estos son algunos ejemplos de un fenómeno
que no es nuevo y que se ha incrementado en los últimos dos años en departamentos como Antioquia, Bolívar y en la
zona de los Llanos Orientales. En el primero, aseguran algunos propietarios, los paramilitares llegan en helicóptero
con un mensaje perentorio: "Si no venden se mueren". En el oriente la situación ha llegado al extremo que unas
Autodefensas luchan con otras por este motivo.

Lo paradójico es que, pese a ser una práctica reiterada, no existe casi información en registros oficiales sobre este
tema. El problema es que la gente no lleva estos casos ante la justicia por el temor que produce el control
paramilitar. Esto hace muy difícil cuantificar este delito. "Existe mucho miedo en la gente; por eso no existen
denuncias, pero no cabe duda de que eso está sucediendo", dice José Félix Lafaurie, Superintendente de Notariado y
Registro. Este funcionario asegura que su Despacho ha hecho un gran esfuerzo para modernizar los 190 círculos
registrales y así superar la desarticulación en la información existente. Sin embargo, el problema va más allá de la
modernización. Según funcionarios de las Oficina de Notariado y Registro de los departamentos donde hay denuncias
de usurpación de títulos, los jefes paramilitares hacen escrituras pero no las registran para evitar que en un
seguimiento judicial aparezcan sus nombres o los de sus testaferros, porque en Notariado y Registro sigue figurando
el propietario original.

Semana consultó archivos del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), donde también se guarda la
memoria del antiguo Incora; los de la Red de Solidaridad, los del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, los de
las Oficinas de Notariado y Registro y los de la Fiscalía. La información conjunta que hay en todos estos no permite
elaborar un mapa nacional o una estadística general sobre la cantidad de hectáreas de tierra que han sido
expropiadas a la fuerza en los últimos años.

El Estado colombiano ha intentado cambiar la visión y las acciones frente a la violencia y a los actores de la misma.
Con la Ley 333 de 1996, se da el primer paso para la extinción de dominio de propiedades obtenidas por medios
ilegales, ley que ha sido derogada por la Ley 793 de 2002.

Igualmente, en el año 1997 se expidió la Ley 387, con la cual el Estado adoptó medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia.

En la práctica, para poner en marcha los mecanismos de protección de desplazados y especialmente de los bienes que
han dejado en el proceso de desplazamiento, es necesario emitir una reglamentación en la cual por deber sean
devueltos los bienes muebles e inmuebles a sus legítimos dueños.

Las instituciones que tienen que ver con el problema, como el Ministerio de Agricultura, Incoder, Catastro, la
Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría, entre otros, muchas veces no tienen los recursos
adecuados para ejercer el control que deberían, el poder para desarrollar sus labores o la normatividad que
reglamente el procedimiento.

En la mesa de negociación se debe exigir que se devuelvan los bienes y las tierras usurpadas o robadas para que el
Estado las restituya a sus legítimos propietarios como un paso obligado para que la sociedad perdone a los
infractores. Este proyecto de ley busca establecer los procedimientos y parámetros necesarios para la devolución y
restitución de los bienes entregados por parte de los grupos desmovilizados.

Carlos Moreno de Caro,

Senador de la República


                 PROYECTO DE LEY NUMERO 210 DE 2005 SENADO
                       por la paz y la reconciliación nacional.
                            (reparación y rehabilitación).

El presente tan sólo tiene el objetivo de contribuir en la aprobación de la ley para La Paz y no para la guerra, y por
ello debe ser un Marco socio-jurídico que sea lo suficiente que permita la reinserción de todos los Grupos armados al
margen de la ley , sea cual sea la orientación o su procura.

Todos en este país tenemos cuota de responsabilidad. El Estado por no cumplir con sus cometidos, los poderosos por
la acumulación de la riqueza y la desproporcionalidad en su distribución, los colombianos porque de una u otra
manera nos acostumbramos a convivir con el conflicto. Sobre esta premisa todos debemos aportar a la paz; el
Gobierno y el Congreso haciendo la inversión social y las leyes, los propietarios de patrimonio importantes pagando
                                                                                                                    17
los bonos de paz y el pueblo colombiano perdonando iniciando el camino de la paz y de la reconciliación.

El texto final que se apruebe debe garantizar la reparación, la rehabilitación y por supuesto los fondos suficientes
para resarcir a las víctimas directas, a los desplazados incluso a los ex combatientes y a todos los grupos sociales
étnicos afectados a lo largo del conflicto. No es el Gobierno ni el Congreso quien perdona, es el pueblo colombiano,
démosle a todos los grupos al margen de la ley el marco socio jurídico que les permita regresar a la legalidad y
démosle a los colombianos la oportunidad de perdonar y vivir en paz.

Las continuas guerras no han cesado en la historia de Colombia, simplemente cambian escenarios, sujetos y
objetivos, entrelazándose unas con otras, pero guardando siempre un común denominador, la sangre de los
colombianos. Los costos humanos y económicos de la conflagración son inconmensurables; la destrucción de la
infraestructura en renglones vitales como el petróleo, el sistema eléctrico y las comunicaciones, al igual que la
reducción de la producción, principalmente la agrícola y ganadera, han llevado al desempleo a tener los más altos
índices, al igual que el aumento descomunal del desplazamiento.

El proyecto de ley que presento a ustedes no tiene pretensión diferente a la de ser un aporte real, viable y justo, para
el efectivo encuentro de la paz y la reconciliación.

                                   Antecedentes del conflicto armado en Colombia

El conflicto que asumimos hoy los colombianos tiene sus orígenes en la violencia política de los años 40 y 50,
denominado "bandolerismo social". La guerrilla de orientación comunista estaba operando desde los años 40 en las
luchas agrarias y sociales, dejando de actuar cuando se produce el proceso pacificador de Rojas Pinilla y reinicia
sus operaciones dos años después.       No obstante la amnistía otorgada por el Presidente Lleras Camargo, los
movimientos llamados autodefensas campesinas adquieren el perfil de guerrilla y se agrupan en las llamadas
repúblicas independientes de El Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia. Esta guerrilla es de naturaleza
política.

En 1959, nacen y se manifiestan varios grupos guerrilleros, tres de ellos fuertes de poca duración: El Movimiento
Obrero Estudiantil (MOEC), el Ejército Revolucionario Colombiano (ERC), las Fuerzas Armadas de Liberación
(FAL); y los dos que surgieron manteniéndose hasta nuestro días: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el
Ejército Popular de Liberación (EPL). El primero de ellos inspirado en la revolución cubana, y el segundo surge a
raíz de las diferencias ideológicas en el interior de la izquierda nacional a consecuencia de la ruptura de la URSS y
la China Popular y posterior revolución cultural de Mao TseTung.

El fortalecimiento de los movimientos populares y sindicales en los años 70 provocó la división al interior de los
movimientos guerrilleros, década en la cual aparecieron opciones de izquierda con tendencias Troskistas, Maoístas y
Socialistas. Entre tanto las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) permanecían como reservas
estratégicas".

En 1973 hace su aparición el M19 o Movimiento del 19 de abril, el cual surge como grupo guerrillero de segunda
generación orientado a "subvertir a la subversión".

El Centro de Comunicación de Indepaz pública la siguiente síntesis sobre el origen y la expansión de las
autodefensas de Colombia, la cual me permito transcribir:

"El primer nexo de continuidad de las agrupaciones de Autodefensa se encuentra en el sur del Tolima. Desde la
época de los liberales limpios y los comunes, las guerrillas liberales limpias, al mando de Mariachi constituyeron
grupos de confrontación que apoyaron al ejército luego de 1953 en su disputa con las guerrillas comunes que luego
darían origen a las FARC. Esta agrupación permaneció durante muchos años, y a lo largo de la década de los
sesenta se robusteció a partir de los operativos en Marquetalia, pues muchos de sus miembros sirvieron de guías a
las tropas del Gobierno.

Asesinado Mariachia comienzos de la década de los setenta, el mando de la agrupación lo heredó "Alias Canario",
un lugarteniente suyo, quien comandó a esta agrupación hasta el año 2001. Durante este lapso, 1964-2001, la
agrupación que tuvo su origen en las guerrillas liberales limpias, hizo presencia ininterrumpida en la región
estableciendo múltiples y diversas alianzas con el narcotráfico y otros sectores, haciéndose conocer a finales de la
década de los ochenta y comienzos de los noventa como Rojo Atá, y después como Autodefensas del Tolima. Con la
caída de la base de Puerto Saldaña a manos de las FARC en el año 2000, el grupo de Autodefensas se dispersó y sus
miembros supérstites cooptados y reclutados por el Bloque Tolima, con otra composición, otros financiadores y otros
intereses.

El segundo núcleo con presencia de grupos de sicarios y seguridad privada para fines delictivos, es el norte del Valle
del Cauca, región en la que se concatenan, de manera ininterrumpida, diferentes violencias, la de los años Cincuenta
                                                                                                                  18
y su permanencia en el uso de la violencia para el poder político, y la de los ochenta determinada por el narcotráfico
por personajes como Henry Loaiza, Iván Urdinola Grajales y alias Bananas entre otros. Este aprendizaje y ejercicio
interrumpido de la violencia con múltiples fines, se va transformando hasta desencadenar en el Bloque Calima.

El otro núcleo histórico se encuentra en el occidente boyacense y se relaciona con la explotación ilegal de las
esmeraldas, con especial fuerza entre 1961 y 1973 y, posteriormente, con la entrega en concesión, a partir de 1973 a
Esmeralcol de la mayor parte de las minas. La constitución de cuerpos de seguridad privada, bajo rótulos legales e
ilegales, fue costumbre y es costumbre en el occidente boyacense, desde la época de Efraín González y el Ganso
Ariza, hasta la de Rodríguez Gacha y Gilberto Molina. A pesar de las múltiples disputas, especialmente agudas en las
diferentes épocas de la guerra verde en la década de los setenta y la década de los ochenta, la presencia de
agrupaciones de Autodefensa y seguridad privada en la zona ha sido interrumpida, y su experiencia se utilizó para la
organización de escuadrones armados al servicio del narcotráfico en Puerto Boyacá a partir de 1980 y 1981.

En Puerto Boyacá entonces confluyen el conocimiento de organizaciones armadas del occidente boyacense con los
intereses del narcotráfico centrado en Medellín y el agobio de grandes y medianos propietarios del magdalena medio.
A raíz de esto surge el grupo de Puerto Boyacá, muy determinado en un principio por intereses locales, cruzados de
manera importante por la política, y luego cooptado de manera definitiva por Gonzalo Rodríguez Gacha, quien lo
potencia y exporta a los departamentos del Caquetá, Putumayo y Meta, principalmente. En su anticomunismo
galopante y con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública y del narcotráfico, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo
Correa, extienden el dominio del grupo de Boyacá a los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo,
La Dorada, Cimitarra, Yacopí, Landázuri, principalmente, durante el período 1985 a 1987. A partir de ahí la
expansión se dará hacia el nordeste antioqueño, Córdoba, Urabá, Bajo Cauca antioqueño con el apoyo de Fidel
Castaño y el beneplácito y la colaboración de múltiples ganaderos, así como de industriales del narcotráfico.

Entre 1987 y 1990 la expansión de los paramilitares es muy importante en Antioquia, Magdalena, Boyacá, Santander,
Meta, Casanare, Caquetá, Putumayo y valle del Cauca. Con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de
1989, el proyecto paramilitar retrocede de manera importante, total en algunas zonas, en Putumayo, Meta y caquetá.
En ciertas partes del Meta se redefinen los poderes, así como en el occidente boyacense, mientras que disminuye la
intervención de los grupos del Magdalena Medio en otras zonas de Antioquia.

La disputa interna del cartel de Medellín entre Pablo Escobar y su grupo contra Fidel Castaño, los hermanos Pérez,
los hermanos Moncada y Galeano del otro lado, debilitó el proceso de expansión paramilitar entre 1990 y 1993, año
en el cual se produjo la muerte de Pablo Escobar.

A partir de 1994 Fidel y Carlos Castaño recomienzan su estrategia ofensiva, copan el Urabá ganadero y parte del sur
de Córdoba y preparan la ofensiva contra Urabá. Luego de expulsar a la guerrilla de la zona plana y urbana del eje
bananero, Castaño crea las ACCU y exporta su modelo a partir de 1996 y 1997 a otros sectores de Antioquia
(suroccidente, occidente, nordeste y norte), Cesar, Magdalena, Montes de María y Mojana.

En 1997 la expansión se da hacia el Meta y Guaviare (masacre de Mapiripán), así como a Putumayo.

En el año 1998 el sur de Bolívar es el nuevo escenario de irrupción. En 1999 el Catatumbo y Norte de Santander y
Valle del Cauca, utilizando en este último caso la excusa del secuestro de La María. En el 2000 el proceso se da
hacia Cauca, Eje Cafetero y Nariño, y en el 2001 Arauca.

La expansión se realizó a través de múltiples alianzas, potenciando grupos y/o poderes locales, estableciendo
procesos de alianzas puntuales y divisiones de territorios bajo una misma sigla: Las AUC. Sin embargo, ante la
preponderancia del poder local y los intereses puntuales, las AUC se han perfilado al inicio de la negociación, como
lo que siempre fueron, una sumatoria de intereses locales bajo una misma sigla, cuyo punto de convergencia es
mínimo y casi inaprensible".

En las últimas décadas los grupos armados ilegales: guerrilleros, autodefensas y narcotraficantes, incrementan su
capacidad y así se refleja en la alteración del orden público. Sin embargo, tales grupos no representan altos
porcentajes de la población nacional. Es importante subrayar que la mayoría de ciudadanos no nos identificamos con
ninguno de los grupos armados ilegales que mantienen la violencia.

                                            Procesos de paz en Colombia

Los procesos de reinserción adelantados hasta el momento no han sido objeto de mayor atención y análisis. El
documento "Desarrollo institucional para la Fundación Ideas para la Paz de un posconflicto para Colombia"
presenta tres posibles explicaciones para ello:

1. La insurgencia ha "satanizado" el proceso, en las mesas de negociación con el Gobierno, negando la difusión de
sus resultados.
                                                                                                                       19
2. La falta de conocimiento sobre los Acuerdos de Paz ha reducido el proceso a falsas visiones como las de "casa,
carro y beca".

3. El análisis del proceso no ha encontrado un marco explicativo y político que permita ubicarlo en el contexto del
posconflicto.

"La política que ha seguido el país frente a los movimientos guerrilleros se evidencia en las actuaciones de los cuatro
gobiernos de la década de los 80.            El primero de ellos impuso la estrategia de la acción represiva sin
contemplaciones y el resultado fue el fortalecimiento inusitado de los frentes guerrilleros. El segundo apeló a
cumbres multipartidistas para discutir el programa de reformas políticas, creó comisiones de paz, proyectó una ley
de amnistía, firmó tregua con los principales movimientos guerrilleros y presentó al Congreso una serie de proyectos
encaminados a concretar la apertura democrática.           Este proceso de paz se consumió dramáticamente en las
llamaradas del Palacio de Justicia, con la vida de más de cien personas entre magistrados y particulares"1.

El tercer gobierno atacó las causas objetivas de la violencia, institucionalizó el proceso de paz y confió la misión a
comisiones de alta jerarquía vinculadas directamente con el gobierno, como la de rehabilitación, normalización y
reconciliación. Esta estrategia logró        el entendimiento definitivo con el M19 y su reincorporación a la vida
institucional. El cuarto gobierno de la década ha vuelto sin renunciar al diálogo, a la posibilidad de la mano dura,
de la represión implacable, de la confrontación abierta y total.

Los acuerdos alcanzados hasta el momento, aunque no han contribuido a una paz estable y sostenible requieren
mayor atención institucional. Durante el Gobierno de Betancur se inició un periodo de posconflicto a partir del
Acuerdo de la Uribe, una de cuyas expresiones fue la formación de la UP, como uno de los instrumentos que habría
de conllevar a la disolución de las FARC. Pero este acuerdo al no ser acogido como un compromiso de paz, no
tendría viabilidad y menos sostenibilidad.

La búsqueda de un camino más certero hacia una fase de posconflicto requirió identificar mecanismos de cese de
hostilidades, la disolución de la guerrilla, su reincorporación a la vida civil y el ejercicio político legal. Sin embargo,
el proceso requirió la formulación de políticas públicas más allá de los propios Acuerdos de Paz.

Todo proceso de negociación y de reincorporación de miembros de fuerzas insurgentes debe estar acompañado de
juicios de verdad y de justicia, reparación a las víctimas, resarcimiento del daño causado y verdaderos proyectos
económicos sostenibles para la rehabilitación de víctimas y victimarios. De lo contrario, no construiremos una
reconcilia-ción social con futuro.

En el Capítulo IV del proyecto se centró el objetivo más importante de este proceso de desmovilización con el cual se
quiere llegar a la paz y reconciliación nacional, la cual nunca podremos obtener si no ofrecemos la reparación justa
y debida a las víctimas más directas, que como producto de la guerra se convierten en desplazados forzosos donde al
perder su hábitat, sus tierras, sus familias tienen como única alternativa el migrar a ciudades donde lamentablemente
su herencia campesina es un lastre para una ciudad moderna.

Empecemos por recordar la historia de los desplazados en Colombia:

Desde el siglo XV el territorio ahora conocido como Colombia, ha sido espacio para producir el desplazamiento
como estrategia de apoderamiento de tierras y recursos. En época de la conquista y la colonia, se forzó el
desplazamiento de asentamientos humanos para la apoderación de territorios estratégicos importantes, y la
dominación de la mano de obra para la producción agrícola e industrial. Durante 500 años, esta ha sido una
estrategia no sólo de guerra sino también de desarrollo económico y agrícola.

"Las guerras civiles del siglo XIX tenían un fuerte componente de expropiación del contrario y apropiación de mano
de obra, mediante el reclutamiento forzado de los peones y aparceros de las haciendas y la apropiación de todos los
bienes del adversario (peones y tierras) por el ganador".2 Estas prácticas de dominación no son tampoco un
fenómeno que emerge durante ese periodo, sino que se venía desarrollando y se continuaría desarrollando. En la
época de "La Violencia" desarrollada tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, tuvieron que buscar
refugio cerca de dos millones de personas durante veinte años.3 Los campesinos fueron expulsados de las mejores
tierras y valles del país y empujados hacia las ciudades. Fue así que Colombia se fue transformando de una sociedad
rural a una sociedad urbana. Bogotá paso de tener 715220 habitantes en 1951, a tener 1.6 millones en 1964.

En los años 70 se da otra oleada de desplazamientos. Los campesinos a raíz de las leyes creadas por el Presidente
Misael Pastrana (eliminar fronteras de inversión extranjera), decidieron migrar hacia la ciudad en búsqueda de
empleo, ya que sus ingresos disminuyeron notablemente. Asimismo, empezaron a formarse pequeños grupos de
paramilitares, grupos que empezaron a obligar a los campesinos a pertenecer a su bando.

La única diferencia entre lo que estamos viviendo y el proceso histórico, es la extensión de la geográfica del conflicto
                                                                                                                  20
y la ampliación de los circuitos de acumulación de capital, dejando así sin alternativas a los campesinos que han sido
expulsados de su tierra. Se ha ampliado el número de regiones y actores implicados, es por esto que quedan cada vez
menos espacios. El desplazamiento se puede entender como un ciclo ejercido por dos fuerzas. Una que impulsa a los
pobladores de ciertas regiones a abandonar sus terrenos (paramilitares y guerrilla), y otra fuerza que los impulsa a
volver (gobierno).

En Colombia no se puede aplicar ningún tipo de modelo ni categorías que se hayan usado previamente en otros
países, ya que las características que tiene nuestro conflicto son únicas. Nuestro conflicto no se desato hace unos
años, viene desde hace mucho tiempo (un proceso histórico), es un conflicto multipolar (así como las dinámicas
bélicas), y claramente existe una ausencia de identidades preexistentes entre ellos. Estos desplazados, no lo son por
pertenecer a una etnia, nacionalidad, partido político, religión o colectividad ideológica. Aun cuando afecta
mayoritariamente a los campesinos, la razón del desplazamiento no es su pertenencia a un grupo, sino que responde
a las motivaciones de la guerrilla y paramilitares.

Los grupos armados en muchos de los lugares de Colombia han llegado a llenar el vació del Estado y a cumplir las
funciones que le compete a este. Esta situación hace que la población campesina acepte convivir con este grupo
armado, y aceptar las normas que ellos imponen. Los grupos armados crean redes de poder, desde el manejo de la
información a canales de abastecimiento, impuestos sobre la producción, etc. Es por esto que cuando llega el grupo
armado opositor a disputar el territorio, se dan venganzas contra la población que es considerada como "base
social" del enemigo. Por otro lado se ha demostrado que las líneas de expansión de los actores armados están
articuladas con la economía del país y con las actividades extractivas.

Los desplazados de nuestro país son totalmente diferentes a los de otros países, ya que nuestros desplazados no
pertenecen a una misma cultura (tipo de alimentación, de instrucción, de religión, de concepción política, ritos y
ceremonias, y costumbres sociales entre muchas otras), sino a muchas: los desplazados de la costa son diferentes a
los desplazados de la zona cafetera, los desplazados indígenas son totalmente diferentes a los desplazados del Choco,
y así con muchos más grupos.

A los desplazados por lo general se les obliga a tomar partido o abandonar el territorio, bajo estas condiciones
prefieren abandonarlo todo. Todos los integrantes de la familia son afectados.

- Los niños y niñas presentan problemas de ambientación en los lugares a los que llegan; problemas de adaptación
en el colegio (si es que tienen la oportunidad de entrar a un colegio) y con las amistades; aceptación de la
desarticulación de la familia, de los efectos de la guerra y de la represión política contra sus padres; los niños en
muchos de los casos despiertan en sí mismos un deseo de venganza hacia las personas responsables de su
desplazamiento.

- Los adolescentes, por su parte, tienen dificultades para construir su identidad. Pueden coger vicios tales como el
alcohol o drogas, o intento de suicido, entre muchos otros. Por lo general son los que más tienen odio y sentimiento
de venganza, ya que están en la capacidad de entender el conflicto4.

- Los adultos tienen que asumir nuevos roles a nivel familiar, sobrecarga de trabajos (especialmente las mujeres),
graves problemas económicos, y crisis en su rol con respecto a la familia.

- Finalmente los ancianos presentan menor capacidad de adaptación, y más dificultad para vivir lejos de su hogar y
de su entorno cultural y social. Por eso generan el deseo de morir lo antes posible.

Estos solo son algunos problemas que se pueden presentar, pero en la realidad son muchos más.

Todos estos problemas van acompañados de ansiedad; miedo a ser encontrados por los grupos armados; depresión
al ver que no hay salida ni luz a su problema actual; pérdida de autoestima; paranoia; sentimiento de culpa o de
resentimiento; deseo de venganza; idealización de lo perdido (piensan continuamente en lo que perdieron y desean
constantemente volver a tener lo perdido); destrucción inmediata de sueños y de proyectos de vida, todo lo que una
vez pensaron en hacer, construir o adquirir ya no lo pueden hacer (como agrandar su terreno, comprar más
animales, casarse, etc.); estrés y rabia; empeoramiento de sus condiciones (pasan de bienestar a miseria); adopción
de una nueva cultura del sector donde están establecidos; cambio de identidad (muchas veces se cambian de nombre
y apellidos para así garantizar la seguridad de su familia y propia); desconfianza y desesperanza (no creen en nadie,
y no creen que puedan solucionar sus problemas). Por lo general toman su crisis como derrota.

En el corto y mediano plazo por lo general se da un periodo de sufrimiento, de lagrimas, de dudas en sí mismo, un
sentido de impotencia, vulneración y victimización: "¿Qué he hecho yo de mal para que me pase esto?"5. Después, en
el largo plazo, se van abriendo nuevas perspectivas para la persona y para su familia; mayor autoestima, se crean
nuevas amistades; en el horizonte aparecen nuevas alternativas6.
                                                                                                                   21
Cuando existen muertes, es decir que algún familiar ha sido asesinado muchas de las veces (sino todas) las personas
desplazadas no pueden asistir a un rito ceremonial (como lo es el funeral en el caso de la religión católica) donde se
despiden de sus seres queridos, o peor aun no pueden tener contacto con el cuerpo. Estos dos elementos son de suma
importancia para poder aceptar y ver la muerte como una realidad. Muchas de las veces esto ocurre por que tienen
que irse inmediatamente de su entorno, o porque algún familiar ha sido secuestrado. Por otro lado no tienen la
oportunidad de tener un proceso de duelo de las cosas, hábitos y costumbres que perdieron (costumbres como ir al
mercado, ritos o trabajos que realizaban), una separación repentina que causa mucho dolor.

Cómo no ser conscientes de la crisis humanitaria que acarrea la violencia en nuestro país, específicamente en el tema
de los desplazados, al ver el incremento del 39% en el año 2004 con referencia al año anterior, como lo muestran las
cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), cuando 287.581 personas debieron abandonar sus
parcelas, que integran un promedio de 61.182 hogares para este año, frente a la cifra de 207.607 personas en el
2003.

De la misma manera el estudio muestra que en el 2004, 788 municipios de los 32 departamentos del país recibieron
población desplazada (117 más que en el 2003).

Cabe anotar lo expresado por el director del Codhes, doctor Jorge Rojas." El problema estructural es la continuidad
del desarraigo de miles de personas que huyen de las zonas de confrontación. Entre 1999 y 2004 se registró, en
promedio, el desplazamiento forzado de 77.692 personas por trimestre; es decir en los últimos seis años, cada día
fueron desplazados alrededor de 863 personas dentro del territorio nacional".

Como la Red de Solidaridad es la entidad encargada de resolver y ayudar a la población desplazada. Creada en
1999 diseña y adelanta estrategias de acción para que los desplazados logren reincorporarse a la sociedad por medio
de procesos de retorno o de reubicación. Además trata de integrar esfuerzos públicos y privados, y al mismo tiempo
manejar los recursos financieros, administrativos, técnicos y humanos para la atención de la población desplazada.
Su objetivo principal es encontrar soluciones inmediatas y de largo plazo para la población desplazada. Para lograr
este objetivo se ha creado un sistema llamado Sistema Único de Registro, en el cual las personas desplazadas se
pueden presentar ante el Ministerio Público o ante una oficina judicial, y presentar su declaración de cómo surgió su
desplazamiento y qué hechos ocurrieron; y una vez así quedar inscritas en el registro y poder recibir ayuda
accediendo a beneficios otorgados por la Cruz Roja y la Red de Solidaridad. Para recopilar toda la información
necesaria de cada persona desplazada usan cuatro herramientas: el Formato Único de Declaración, Formato de
valoración de Declaraciones, Formato de Caracterización Básica del Hogar, y Seguimiento de Ayudas Entregadas.

Por esta razón en el proyecto artículo 18, se ordena crear un fondo por parte de la Red de solidaridad que a través de
una fiducia mercantil administre los bienes entregados por los grupos al margen de la ley y desmovilizados, que se
denominará: Fondo para la reparación de las víctimas, cuya principal función consistirá en facilitar una efectiva
reparación integral a los damnificados, que comprende el restablecimiento de los derechos vulnerados individual y
colectivamente, mediante la creación de programas especiales, generadores de empleo, salud, educación y vivienda.

Por esto no debemos ahorrar esfuerzos en dedicarnos al avance social, cultural, político y económico, resarciendo el
daño ocasionado a compatriotas que han perdido sus fuentes de identidad, teniendo como única garantía a su
derecho fundamental a la vida la opción de huir, así esta con lleve a la fragmentación de sus familias y tengan que
supeditarlas al analfabetismo, desnutrición, falta de una vivienda digna con servicios públicos básicos, no poder
acceder al sistema de seguridad social.

Ya hemos llegado a un punto de pasividad que los habitantes de la ciudad nos acostumbramos a convivir con este tipo
de flagelos, pues finalmente no son sólo ellos los afectados ya que al incrementarse la inseguridad, los atracos y otro
tipo de actividades ilícitas a la cuales tienen que recurrir como última opción de supervivencia los citadinos nos
vemos también damnificados.

Sin olvidar el daño ocasionado a la economía nacional al verse afectado el producto interno bruto del país a falta de
producción por parte del sector agrario primario.

En un momento tan importante para la tan anhelada paz de nuestro país, no podemos olvidar que este proceso no
sólo está conformado por factores como el daño, víctima, victimario, reparación sin poder olvidar la rehabilitación
factor tan importante para poder lograr.

Con base en todo lo anterior, se presenta a consideración de los honorables Congresistas el presente proyecto de ley,

                                                                                              Ricardo Español Suárez,

                                                                                              Senador de la República
                                                                                                                  22




             PROYECTO DE LEY NUMERO 211 DE 2005 SENADO
                                Ley de Justicia y Paz
   por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de
  grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
                   efectiva a la consecución de la paz nacional.


La paz es el gran propósito nacional. La Constitución de 1991 la concibe como el objetivo central del Estado Social
de Derecho. La política de seguridad democrática adelantada por el Gobierno Nacional no tiene propósito distinto
que alcanzar la paz combinando con precisión el uso legítimo de la fuerza y la vía dialogada.

La historia reciente del país cuenta con la experiencia de varios procesos de paz exitosos. Desde la instalación de
este Gobierno se ha logrado la desmovilización de más de 9.000 miembros de grupos armados al margen de la ley,
bien a través de la dejación individual de armas o en procesos de desmovilización colectiva. Esta es una cifra récord
en la historia de las desmovilizaciones en Colombia. Tanto en los procesos de paz con el M-19, el Quintín Lame, el
EPL, la Corriente de Renovación Socialista, como en las desmovilizaciones individuales que han tenido lugar hasta
la fecha, se ha recurrido a la legislación vigente en materia de indulto y amnistía, que prevé un perdón por parte del
Estado para quienes han incurrido en el delito de conformar grupos armados ilegales con el propósito de afectar al
régimen constitucional vigente. Sin lugar a duda, esta legislación y en especial la Ley 782 de 2002 debe mantenerse,
pues ha mostrado sus bondades para la pacificación de la nación.

Sin embargo, en los últimos años las exigencias de la justicia penal imponen con insistencia que se niegue el
beneficio del indulto o la amnistía a quienes han cometido delitos graves, diferentes de la rebelión, la sedición, el
concierto para delinquir o la asonada. En tales casos, es necesario que se apliquen medidas dentro del marco de la
verdad, la justicia y la reparación que, en desarrollo del Código de Procedimiento Penal, permitan avanzar de
manera decidida hacia la reconciliación nacional.

Para el Gobierno Nacional el asunto es claro: Los miembros de grupos armados al margen de la ley, responsables de
delitos no indultables ni amnistiables, pero que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional,
deberán responder judicialmente por sus acciones, siendo posible, sin embargo, otorgarles beneficios de acuerdo con
su esfuerzo por consolidar la convivencia pacífica.

Es necesario diferenciar el manejo que debe darse a quienes insisten en la vía de las armas, del que debe darse a
quienes, no obstante haber causado el mismo dolor, optan por el abandono de estas y ofrecen soluciones de
reconciliación.

Se trata de encontrar una adecuada relación, un equilibrio entre justicia y paz, que nos permita satisfacer los
intereses de la primera, al tiempo que se avanza de manera audaz y efectiva en la superación de los problemas de
violencia que tanto sufrimiento le han causado al país.

La no repetición de los hechos, finalidad última de los modelos contemporáneos de justicia penal, busca asegurar la
comparecencia del responsable ante los jueces y la fijación de su condena, poniendo en marcha además un
mecanismo de control por parte del Estado y la sociedad, de manera que su conducta ulterior puede ser supervisada
y se asegure una sanción en caso de incumplimiento. Ese es precisamente el sentido del proyecto de "Justicia y Paz ",
presentado para su estudio y trámite al honorable Congreso de la República.

Se trata de un instrumento valioso, aplicable por igual a miembros de grupos guerrilleros y grupos de autodefensas,
que muestren un propósito sincero de avanzar por los caminos de la paz. Una vez aprobado, este proyecto de ley
entraría a complementar las disposiciones establecidas en la Ley 782 de 2002, llenando así un vacío jurídico en
relación a los miembros de grupos armados ilegales que, estando comprometidos en delitos no indultables, avancen
de manera seria por los senderos de la paz.

Como es sabido, la gran mayoría de los jefes de grupos guerrilleros y de autodefensas, con los cuales se han
adelantado diálogos de paz en los últimos años o se adelantarán en el futuro, están incursos en esta situación. No
obstante esta dura realidad, no se había planteado de manera clara la necesidad de encontrar una fórmula para
abordar este problema. Este Gobierno ha motivado el debate, pues considera necesario contar con un marco jurídico
claro para avanzar en procesos de paz, tanto con los grupos guerrilleros como con las autodefensas. La actual Ley
782 de 2002 resulta útil pero insuficiente para abordar el problema en su integralidad, motivo por el cual se
                                                                                                                    23
considera pertinente que el honorable Congreso legisle sobre esta materia.

El proyecto de ley está estructurado en torno a los ejes de Verdad, Justicia y Reparación, dando especial importancia
al derecho de las víctimas. De esta manera, solo después de satisfacer los requerimientos de la justicia en lo que tiene
que ver con verdad y reparación integral a las víctimas, se puede pensar en conceder beneficios a los miembros de
los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado y contribuido -mediante su
actuación directa- al desmantelamiento de dichas organizaciones criminales.

Pero también es lógico que satisfechas las condiciones de verdad, justicia y reparación, sea indispensable ofrecer a
las personas que muestren propósito de enmienda y actitud de rectificación, un camino para su reincorporación a la
sociedad, gozando de un beneficio jurídico compatible con su colaboración para la recuperación institucional y la
consolidación de la paz. De manera general, dicho beneficio consiste en la posibilidad de gozar de la suspensión
condicional de la pena una vez purgado un período básico de privación efectiva de la libertad y haber cumplido los
compromisos impuestos por los jueces en términos de reparación, buen comportamiento y penas accesorias.

Los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen y colaboren de manera
efectiva en la consecución de la paz nacional serán juzgados por un Tribunal para la Verdad, la Justicia y la
Reparación, a cuyo cargo estará la atribución de dictar sentencia, imponer penas, asegurar que los derechos de las
víctimas sean cabalmente resarcidos y otorgar los beneficios. De esta manera, podrá darse cumplimiento a la
exigencia de impartir justicia de manera independiente y transparente, propia de un Estado de derecho.

Sin embargo, es necesario tener presente que la decisión de conceder prerrogativas a personas que han ofendido de
manera grave a la Nación no solamente es un asunto que compete a los tribunales de justicia, sino también un tema
de innegable envergadura política, relacionado no solo con el logro de la paz y su mantenimiento a escala nacional,
sino con nuestras relaciones internacionales. Por tal motivo, para la concesión de dicho beneficio se propone un
mecanismo mixto de toma de decisiones, donde las judiciales quedan en manos de los jueces y las de oportunidad y
pertinencia política, en manos del Presidente de la República.

Es así que la competencia de la rama jurisdiccional del poder público queda incólume, en tanto que la evaluación de
la perspectiva y conveniencias políticas para el logro de la paz, facultad indelegable asignada por la Constitución al
Presidente de la República, queda en sus manos.

Al atribuir al Gobierno la facultad de presentar ante los jueces los nombres de miembros de grupos armados que
puedan recibir el beneficio, justificando los motivos de la decisión, se consolida un mecanismo de seguridad que
permite orientar, desde el punto de vista de la favorabilidad política, lo que los jueces conceptuarán como
favorabilidad judicial.

El Gobierno Nacional considera que este beneficio debe otorgarse tanto a desmovilizados individuales como
colectivos, atendiendo básicamente a la contribución que unos u otros hayan hecho para avanzar en el
desmantelamiento de las organizaciones armadas al margen de la ley.

Este proyecto de ley tiene como fundamento: el equilibrio entre justicia y paz, la credibilidad que suscita por el
avance en las actuales desmovilizaciones y su alcance universal por ser aplicable a miembros de las autodefensas y
de las guerrillas. Una vez aprobado se convertirá en un instrumento valioso para consolidar de manera progresiva la
paz nacional y afianzar el imperio del Estado de Derecho.

Ahora bien: No puede ponerse en duda que a esta ley solo podrán acogerse quienes hayan demostrado su voluntad de
paz y solo respecto de los hechos cometidos con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal y con anterioridad
a la promulgación de la presente normatividad.

En cuanto hace referencia a la vigencia de esta ley, se ha considerado inoportuno el establecimiento de plazos y se
propone en cambio que su tiempo de duración quede abierto, para enviar así un doble mensaje a los miembros de
grupos armados ilegales: en primer término, que a partir de la fecha de su promulgación no pueden volver a
delinquir, so pena de quedar por fuera de los efectos de esta; y en segundo lugar, que la oportunidad de
desmovilizarse se mantiene abierta y de manera generosa para que tanto las FARC, el ELN y los grupos de
Autodefensas se acojan a un proceso de reconciliación nacional que tanto desean los colombianos.

De los honorables Congresistas:

                                                                                              Sabas Pretelt de la Vega,

                                                                                     Ministro del Interior y de Justicia
                                                                                                                   24
                    PROYECTO DE LEY NUMERO 212 DE 2005
            por medio de la cual se dictan disposiciones tendientes a la
         desmovilización de grupos armados y búsqueda de la reconciliación
                                     nacional.


La paz es el gran propósito nacional. La Constitución de 1991 la concibe como el objetivo central del Estado Social
de Derecho. La política de seguridad democrática adelantada por el Gobierno Nacional no tiene propósito distinto
que alcanzar la paz combinando con precisión el uso legítimo de la fuerza y la vía dialogada. La historia reciente del
país cuenta con la experiencia de varios procesos de paz exitosos. Desde la instalación de este Gobierno se ha
logrado la desmovilización de más de 7.000 miembros de grupos armados al margen de la ley, bien a través de la
dejación individual de armas o en procesos de desmovilización colectiva. Esta es una cifra récord en la historia de
las desmovilizaciones en Colombia. Tanto en los procesos de paz con el M-19, el Quintín Lame, el EPL, la Corriente
de Renovación Socialista, como en las desmovilizaciones individuales que han tenido lugar hasta la fecha, se ha
recurrido a la legislación vigente en materia de indulto y amnistía, que prevé un perdón por parte del Estado para
quienes han incurrido en el delito de conformar grupos armados ilegales con el propósito de afectar al régimen
constitucional vigente. Sin lugar a duda, esta legislación debe mantenerse, pues ha mostrado sus bondades para la
pacificación de la Nación. Sin embargo, en los últimos años las exigencias de la justicia penal imponen con
insistencia que se niegue el beneficio del indulto o la amnistía a quienes han cometido delitos graves, diferentes a la
rebelión, la sedición, el concierto para delinquir o la asonada. En tales casos, es necesario que se apliquen medidas
dentro del marco de la verdad, la justicia y la reparación, que permitan avanzar de manera decidida hacia la
reconciliación nacional. El asunto es claro: los miembros de grupos armados al margen de la ley, responsables de
delitos no indultables ni amnistiables, pero que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional,
deberán responder judicialmente por sus acciones, siendo posible sin embargo otorgarles beneficios de acuerdo con
su esfuerzo por consolidar la convivencia pacífica. En necesario diferenciar el manejo que debe darse a quienes
insisten en la vía de las armas, del que debe darse a quienes, no Página 6 Lunes 14 de febrero de 2005 GACETA DEL
CONGRESO 50 obstante haber causado el mismo dolor, optan por el abandono de estas y ofrecen soluciones de
reconciliación. Se trata de encontrar una adecuada relación entre justicia y paz, que nos permita satisfacer los
intereses de la primera, al tiempo que se avanza de manera audaz y efectiva en la superación de los problemas de
violencia que tanto sufrimiento le han causado al País. La no repetición de los hechos, finalidad última de los
modelos contemporáneos de justicia penal, busca asegurar la comparecencia del responsable ante los jueces y la
fijación de su condena, poniendo en marcha además un mecanismo de control por parte del Estado y la sociedad, de
manera que su conducta ulterior puede ser supervisada y se asegure una sanción en caso de incumplimiento. Ese es
precisamente el sentido del proyecto presentado para su estudio y trámite al honorable Congreso de la República. Se
trata de un instrumento valioso, aplicable por igual a miembros de grupos guerrilleros y grupos de autodefensas, que
muestren un
propósito sincero de avanzar por los caminos de la paz. Una vez aprobado, este proyecto de ley entraría a
complementar las disposiciones establecidas en la Ley 782 de 2002, llenando así un vacío jurídico en relación con los
miembros de grupos armados ilegales que, estando comprometidos en delitos no indultables, avancen de manera
seria por los senderos de la paz. Como es sabido, la gran mayoría de los jefes de grupos guerrilleros y de
autodefensas, con los cuales se han adelantado diálogos de paz en los últimos años o se adelantarán en el futuro,
están incursos en esta situación. No obstante esta dura realidad, nunca antes se había planteado de manera clara la
necesidad de encontrar una fórmula para abordar este problema. El actual Gobierno ha motivado el debate,
considerando necesario contar con un marco jurídico claro para avanzar en procesos de paz, tanto con los grupos
guerrilleros como con las autodefensas. La actual Ley 782 de 2002 resulta insuficiente para abordar el problema en
su integralidad, motivo por el cual se considera pertinente que el honorable Congreso legisle sobre esta materia. El
proyecto de ley está estructurado en torno a los ejes de Verdad, Justicia y Reparación, dando especial importancia al
derecho de las víctimas. De esta manera, solo después de satisfacer los requerimientos de la justicia en lo que tiene
que ver con verdad y reparación, se puede pensar en conceder beneficios a los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado y contribuido –mediante su actuación directa o entrega
de información al desmantelamiento de dichas organizaciones criminales. Pero también es lógico que satisfechas las
condiciones de verdad, justicia y reparación, sea indispensable ofrecer a las personas que muestren propósito de
enmienda y actitud de rectificación, un camino para su reincorporación a la sociedad, gozando de un beneficio
jurídico compatible con su colaboración para la recuperación institucional y la consolidación de la paz. De manera
                                                                                                                 25
general, dicho beneficio consiste en la posibilidad de gozar de la suspensión condicional de la pena una vez purgado
un período básico de privación efectiva de la libertad, y haber cumplido los compromisos impuestos por los jueces en
términos de reparación, buen comportamiento y penas accesorias. Los miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley que se desmovilicen y colaboren de manera efectiva en la consecución de la paz nacional, serán
juzgados por un Tribunal para la Verdad, la Justicia y la Reparación, a cuyo cargo estará la atribución de dictar
sentencia, imponer penas, y asegurar que los derechos de las víctimas sean cabalmente resarcidos. De esta manera,
podrá darse cumplimiento a la exigencia de impartir justicia de manera independiente y transparente, propia de un
Estado de Derecho. Sin embargo, es necesario tener presente que la decisión de conceder prerrogativas a personas
que han ofendido de manera grave a la Nación, no solamente es un asunto que compete a los tribunales de justicia,
sino también un tema de innegable envergadura política, relacionado no sólo con el logro de la paz y su
mantenimiento a nivel nacional, sino con nuestras relaciones internacionales. Por tal motivo, para la concesión de
dicho beneficio se propone un mecanismo mixto de toma de decisiones, donde las judiciales quedan en manos de los
jueces y las de oportunidad y pertinencia política, en manos del Presidente de la República. Es así que la
competencia de la rama jurisdiccional del Poder Público queda incólume, en tanto que la evaluación de la
perspectiva y conveniencias políticas para el logro de la paz, facultad indelegable asignada por la Constitución al
Presidente de la República, queda en sus manos. Al atribuir al Gobierno la facultad de presentar ante los jueces los
nombres de miembros de grupos armados que puedan recibir el beneficio, justificando los motivos de la decisión, y de
definirla en una segunda fase, previa recomendación de las autoridades judiciales, se consolida un mecanismo de
seguridad que permite reevaluar, desde el punto de vista de la favorabilidad
política, lo que ya los jueces han conceptuado como favorabilidad judicial. Este beneficio debe otorgarse tanto a
desmovilizados individuales como colectivos, atendiendo básicamente a la contribución que unos u otros hayan hecho
para avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones armadas al margen de la ley. Una vez aprobada esta ley
se convertirá en un instrumento valioso para consolidar de manera progresiva la paz nacional y afianzar el imperio
del Estado de Derecho. Ahora bien, no puede ponerse en duda que a esta ley sólo podrán acogerse quienes hayan
demostrado su voluntad de paz y sólo respecto de los hechos cometidos con ocasión de la pertenencia al grupo
armado ilegal y con anterioridad a la promulgación de la presente normatividad. En cuanto hace referencia a la
vigencia de esta ley, se ha considerado inoportuno el establecimiento de plazos y se propone en cambio que su tiempo
de duración quede abierto, para enviar así un doble mensaje a los miembros de grupos armados ilegales: en primer
término, que a partir de la fecha de su promulgación no pueden volver a delinquir, so pena de quedar por fuera de los
efectos de esta; y, en segundo lugar, que la oportunidad de desmovilizarse se mantiene abierta y de manera generosa
para que tanto las Farc, el ELN y los grupos de Autodefensas se acojan a un proceso de reconciliación nacional que
tanto desean los colombianos.
De los honorables congresistas:
Sandra Ceballos, Omar Flórez, Adriana Gutiérrez, William
Vélez, Zulema Jattin, Carlos Ignacio Cuervo, Armando Benedetti,
Eduardo Crissien.
Atentamente,
Armando Benedetti,
Representante a la Cámara.




                                             LEY 975 DE 2005
                                                 (julio 25)

                        Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005

   Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de
 grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para
                              acuerdos humanitarios.

                                  EL CONGRESO DE COLOMBIA,

                                                  DECRETA:
                                                                                                                  26



                                        4 de marzo de 2005 (Gaceta No. 74)

    Comedidamente presentamos ponencia favorable del Proyecto de ley número 211 de 2005 Senado, 293 de 2005
Cámara, al cual se le acumulan los Proyectos de ley números 180 de 2004 Senado, 288 de 2005 Cámara; 207 de
2005 Senado, 289 de 2005 Cámara; 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara; 209 de 2005 Senado, 291 de 2005
Cámara; 210 de 2005 Senado, 292 de 2005 Cámara; 212 de 2005 Senado, 294 de 2005 Cámara; 214 de 2005
Senado, 295 de 2005 Cámara, y 287 de 2005 Cámara, 217 de 2005 Senado, por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros d e grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional.
    En efecto, en atención a las coincidencias de contenido y a las consideraciones que soportan el texto del
Gobierno Nacional, el pliego de modificaciones que se registra en el articulado que presentamos a consideración del
honorable Congreso, recoge en gran parte el radicado por aquel, sin perjuicio de haber acogido planteamientos y
propuestas de los otros proyectos.
    Igualmente, desde ya debe advertirse que la ponencia toma en cuenta lo expuesto en Audiencia Publica realizada
el 1º de marzo del año en curso en el Congreso de la República con participación, entre otros, del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de distintos representantes de la sociedad civil y de
organizaciones no gubernamentales como "Iniciativa Mujeres por la Paz" y "la Comisión Nacional de Juristas", y en
donde se destacó el derecho de las víctimas, de las mujeres y de los niños, la situación de los desplazados y de los
militares (se anexan documentos contentivos de las ponencias).
    1. Antecedentes internacionales
    Como antecedente de esta iniciativa es pertinente señalar que en el año 2003, se presentó por el Ministerio del
Interior y de Justicia, el Proyecto de ley número 85 de 2003 Senado, "por la cual se dictan disposiciones en procura
de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional", el cual no surtió debate alguno en el Congreso de la República. No obstante, vale registrar que en
dicha oportunidad se señaló lo siguiente:1
    "Las estrategias judiciales puestas en marcha con el fin de superar las situaciones de hostilidades armadas
desencadenadas entre estados rivales o al interior del territorio demarcado por estos, se han fundamentado, desde el
inicio mismo de la modernidad, en la apelación a dispositivos y mecanismos especiales cuya aplicación implica la
suspensión temporal de las normas ordinarias concebidas para tiempos de normalidad.
    El dispositivo de la amnistía como medida excepcional consagrada por la normativa humanitaria recoge una
amplísima tradición que dispuso el otorgamiento del perdón desde el año 403 A. de C., cuando el régimen
democrático ateniense reinstalado en el poder decidió expedir un decreto de perdón general a quienes habían
participado en el derrocamiento de las nuevas instituciones. Más adelante, en el marco de la paz de Westfalia de
1648 -cuando en el seno de una Europa diezmada por los horrores de la Guerra de los Treinta años se acudió al
mecanismo excepcional de una amnistía generalizada para todos quienes habían participado en la hoguera mortal de
la confrontación religiosa-, hasta los casos más recientes de Sudáfrica y Sierra Leona, los ejemplos históricos de
medidas excepcionales para aclimatar la paz son numerosos. El parlamento de la Gran Bretaña ha aprobado 110
leyes de perdón general o amnistía a lo largo de su historia, mientras que la República de Francia acudió al mismo
mecanismo a fin de superar los traumas nacionales derivados de la colaboración de una parte del país con el
nazismo, así como su terrible pasado colonial. Las medidas especiales para la consecución de la paz constituyen una
práctica reiterada en el derecho internacional público dentro de los procesos de paz que se han gestado para superar
la violencia fratricida.
    El mecanismo que se propone tiene su antecedente en una ley aprobada por el Parlamento Británico con ocasión
del acuerdo de paz del Viernes Santo, la que tomamos como modelo adaptando a nuestro medio una estrategia que ha
probado su utilidad para aclimatar la paz en Irlanda del Norte, yendo sin embargo más allá, pues en nuestro caso
nos proponemos tener además en consideración el interés de reparación a las víctimas. En el acuerdo del Viernes
Santo suscrito el 10 de abril de 1998 entre los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda del Norte, con la participación
de los más importantes partidos políticos de este último país, se estipuló que los gobiernos debían diseñar un
mecanismo para la liberación anticipada de prisioneros, y se señalaron algunos parámetros generales para su
implementación. No podrían ser liberados prisioneros que pertenecieran a grupos que no hubieran declarado o no
mantuvieran un cese al fuego inequívoco, era preciso tener en cuenta la gravedad de los crímenes cometidos y la
necesidad de proteger a la comunidad. Los prisioneros elegibles debían ser liberados a más tardar dentro de los dos
años siguientes al comienzo del programa.
    El Gobierno Británico presentó al Parlamento un proyecto de ley para cumplir con las obligaciones derivadas del
acuerdo, el cual fue aprobado el 28 de julio de 1998, bajo el esquema de una Comisión de Evaluación de las
Sentencias. Mediante este procedimiento, se liberaron casi 500 detenidos, 230 durante los primeros 6 meses. Los
delitos para los cuales se concedió esta excarcelación fueron precisamente los más graves, esto es los definidos en la
ley antiterrorista. Es de anotar que ni las organizaciones de derechos humanos ni la Corte Europea de Derechos
Humanos objetaron su aplicación, por cuanto se entendió que en la medida en que se trataba de condenados, no
había impunidad y en cambio se estaba contribuyendo a la paz, que es precisamente la mejor forma de garantizar la
protección de los derechos fundamentales".
    2. Antecedentes nacionales
    En Colombia, la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, cuyas acciones atentan contra la
legitimidad de las instituciones, hace necesario e inaplazable acudir a procedimientos especiales que permitan y
faciliten la reincorporación a la sociedad de las personas que conforman estos grupos, contribuyendo a lograr la
pacificación del país. En tal virtud, se requiere buscar alternativas, entre las cuales se cuentan las vías jurídicas,
para lograr la consecución y el mantenimiento de la paz atendiendo los postulados del derecho constitucional e
internacional. Paz que el Constituyente de 1991 consagró como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento;
razón por la que se erige en el gran propósito nacional y objetivo central del Estado Social de Derecho que nos rige.
    La paz es condición necesaria para poder disfrutar de los demás derechos y promover el progreso, el bienestar y
la democracia plena; razones por las cuales el Gobierno Nacional en desarrollo de su Programa de Seguridad
Democrática, cuyo propósito es alcanzar la paz combinando con precisión el uso legítimo de la fuerza y la vía
dialogada, acompaña a la sociedad, a las diferentes instituciones y al honorable Congreso de la República, en la
realización de acciones enderezadas a conseguir tan preciada finalidad. Con iniciativas similares en su objetivo a la
                                                                                                                    27
que se propone, en años recientes, se ha disminuido el número de los actores armados y consecuencialmente la
intensidad de la violencia que azota al país. Ciertamente, los procesos de paz que se han llevado a cabo en el
territorio colombiano se pueden resumir así:2
    - Durante el Gobierno del doctor Belisario Betancur -1982 a 1986, se integró una Comisión de Paz, que inició
conversaciones y acercamientos con el grupo subversivo de las FARC, consiguiendo un cese al fuego desde inicios
del año 1983 hasta 1985. Dentro de ese marco las FARC crearon un partido político legal al que denominaron Unión
Patriótica como vía de transición del movimiento armado hacia la legalidad institucional, partido que en las
elecciones de 1984 obtuvo una apreciable votación. Posteriormente, con la toma del Palacio de Justicia por parte del
M-19 en el mes de noviembre de 1985 el proceso de paz comenzó a deteriorarse a pesar de que las FARC no
participaron en dicha toma.
    - Otro acuerdo de paz, fue el celebrado en marzo de 1980 con el M-19 en el cual medió la Iglesia Católica,
lográndose algunos acuerdos en el sentido de adoptar una reforma constitucional, plebiscito, referéndum o asamblea
constituyente, que contemplara una circunscripción especial de paz, reforma electoral, estableciendo la tarjeta
electoral y el voto reservado, ampliando la representación parlamentaria, la dejación de las armas, plan de
desmovilización, reinserción social y acompañado de la institución jurídica del indulto. Se nombró una Comisión de
Seguimiento para concretar y posibilitar los compromisos adquiridos, lo que permitió dar seguridad y protección a
los desmovilizados.
    - También, el Gobierno Nacional y Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) celebraron un acuerdo
político el 25 de enero 1991 en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre, entre cuyos logros es posible señalar
la participación en una Asamblea Constituyente y el otorgamiento de garantías políticas. En el marco del proceso se
posibilitaron los instrumentos jurídicos y administrativos para que dicho grupo ingresara a la legalidad, que
finalmente se logró al convertirse en partido político. Se aplicó igualmente la figura del indulto para los
desmovilizados que cobijó también a l as personas de esa agrupación que se encontraban privados de la libertad.
    - Igualmente, se celebró un acuerdo político en la ciudad de Bogotá el 15 de febrero de 1991 con el Ejército
Popular de Liberación (EPL), en el cual se concertaron garantías Jurídicas, como la extinción de la acción penal y
de las penas previstas para los delitos políticos o que guardaran conexidad con ellos, obtuvieron la legalización
como partido político, la reincorporación de sus miembros a la vida pública, económica y social del país, y tuvieron
representación en la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la nueva Constitución.
    - De otro lado, está el acuerdo político celebrado el 27 de mayo de 1991 en Caldono, departamento del Cauca,
con el movimiento armado Quintín Lame (MAQL), en el cual se acordó por parte de la agrupación la entrega de las
armas, recibiendo en contraprestación la extinción de la acción penal. Asimismo, en relación con la protección de los
derechos       la seguridad e integridad de los desmovilizados, se logró una veeduría nacional donde participaron las
iglesias evangélicas y una veeduría internacional en la que participaron delegados de los Gobiernos del Canadá y
España durante las conversaciones.
    - El 9 de abril de 1994 se realizó un acuerdo con la agrupación denominada Corriente de Renovación Socialista
(CRS) en Flor del Monte, conviniendo un desarrollo regional con un programa de inversión, vivienda y adjudicación
de tierras. En cuanto a la reinserción, solicitaron un programa de atención en salud y tratamiento, educación y apoyo
psicosocial, subsidios y créditos para vivienda y una curul en la Cámara de Representantes.
    - Otro acuerdo político por señalar fue el realizado con el Frente Garnica de la Coordinadora Guerrillera, en
Cañaveral, en junio 30 de 1994, en el cual estuvieron de por medio beneficios jurídicos como el indulto y seguridad
para las vidas de los integrantes de la agrupación, para lo cual se les facilitó vehículos y escoltas.
    3. Propósito del proyecto
    De otra parte, tanto en los procesos de paz con el M-19, el Quintín Lame, el EPL, la Corriente de Renovación
Socialista, como en las desmovilizaciones individuales que han tenido lugar hasta la fecha, se ha recurrido a la
legislación vigente en materia de indulto y amnistía, que prevé un perdón por parte del Estado para quienes han
incurrido en el delito de conformar grupos armados ilegales con el propósito de afectar al régimen constitucional
vigente. Sin lugar a duda, esta legislación y en especial la Ley 782 de 2002 debe mantenerse, pues ha mostrado sus
bondades para la pacificación de la Nación, pues desde la instalación de este Gobierno se ha logrado la
desmovilización record de más de 9.000 miembros de grupos armados al margen de la le y, bien a través de la
dejación individual de armas o en procesos de desmovilización colectiva.
    Sin embargo, en los últimos años el ordenamiento jurídico constitucional e internacional y la sociedad
colombiana exigen con insistencia que se niegue el beneficio del indulto o la amnistía a quienes han cometido delitos
graves, diferentes de la rebelión, la sedición, el concierto para delinquir o la asonada, y que en tales casos, es
necesario aplicar medidas dentro del marco de la Verdad, la Justicia y la Reparación que en desarrollo del Código
de Procedimiento Penal, permitan avanzar de manera decidida hacia la reconciliación nacional. En ese orden, se
requiere la aplicación de especiales medidas que permitan, en aras de lograr la reconciliación nacional, que los
autores o partícipes de dichas conductas punibles respondan ante los jueces de la República pero con la posibilidad
de otorgárseles algunos beneficios si colaboran con actos concretos y efectivos a la paz y convivencia nacionales.
    Como es de conocimiento general, muchos de los integrantes de los grupos subversivos y de autodefensas, con los
cuales se han llevado a cabo acuerdos políticos o se realizarán en el futuro, han tenido alguna relación con delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra, razón por la cual se hace necesario encontrar un marco jurídico político que
permita avanzar en la obtención de la convivencia pacífica, de tal manera que una vez se hayan cumplido las
exigencias de la Verdad, la Justicia y la Reparación, como la manifestación de las circunstancias en las que cometió
el delito, la entrega de los bienes adquiridos ilícitamente, la cesación de toda interferencia al libre ejercicio de los
derechos políticos y la desmovilización y desmantelamiento, puedan estas personas acceder a un beneficio jurídico de
acuerdo con los esfuerzos y la colaboración que hayan realizado para la consecución de la paz nacional.
    Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas, que comprende su restitución, indemnización, rehabilitación y
satisfacción, en aras de la no repetición de los hechos, finalidad última de los modelos contemporáneos de justicia
penal, que busca asegurar la comparecencia del responsable ante los jueces y la fijación de su condena, poniendo en
marcha además un mecanismo de control por parte del Estado y la sociedad, de manera que su conducta ulterior
puede ser supervisada y se asegure una sanción en caso de incumplimiento. Ese es precisamente el sentido del
proyecto de "Justicia y Paz", que se presenta para el estudio y trámite del honorable Congreso de la República, el
cual complementaría la Ley 782 de 2002, llenando así un vacío jurídico en relación con los miembros de grupos
armados ilegales que, estando comprometidos en delitos no indultables, avancen de manera seria por los senderos de
la paz, y que se rige por los principios de la Universalidad, Equilibrio y Eficacia.
    La universalidad del proyecto de ley de Justicia y Paz se plasma cuando en aquel se registra como objetivos
facilitar el proceso de paz, reincorporación y desmovilización de los grupos organizados al margen de la ley;
                                                                                                                      28
entendiendo por tales, a los grupos de guerrilla o de autodefensas o una parte significativa e integral de los mismos,
como bloque o frentes u otras modalidades de organización, que bajo un mando responsable, hayan mantenido
presencia en un territorio, con capacidad de llevar a cabo acciones armadas sostenidas. Debe entonces subrayarse
que los destinatarios de la ley, con sus definiciones, procedimientos, instituciones, penas y beneficios, serían tanto los
grupos de guerrilla como de autodefensas.
    El equilibrio que se predica de la iniciativa legislativa se observa cuando se pretende consagrar una serie de
mecanismos jurídicos dirigidos a lograr una adecuada relación entre justicia y paz, de tal manera que permita
satisfacer el equilibrio entre los valores superiores de la primera y la prioritaria necesidad de obtener la segunda,
superando los factores que inciden en la violencia que azota el país y de la cual son protagonistas los actores
armados cuya desmovilización se regula. En ese orden, se establece que en caso de que el condenado haya cumplido
las condiciones previstas en esta ley, el Tribunal le impondrá una pena alternativa entre cinco (5) y ocho (8) años. En
el proyecto, se propone que el beneficio debe proceder tanto para quienes se desmovilicen individualmente como para
los que lo hagan colectivamente, teniendo en cuenta, entre otras, la contribución que realicen para lograr
desmantelar las organizaciones armadas ilegales.
    La eficacia del marco jurídico que se pretende construir se garantiza tanto con la experiencia que deja el exitoso
proceso de reinserción que se adelanta con uno de los grupos armados al margen de la ley como con lo previsto,
entre otras, en materia punitiva. En efecto, de nada sirve contemplar penas excesivamente altas si no es posible
cumplirlas. Estas razones llevan a proponer un mínimo y un máximo razonables que evitan la impunidad y la
ineficacia de las penas, pero que además consideran que dada la situación del país, se convierten en penas alternas a
las aplicables en situaciones de normalidad y para la delincuencia común no ligada al fenómeno de violencia basada
en estructuras organizadas como la que encarnan los grupos destinatarios de esta ley.
    Por lo anotado, es indudable que la propuesta gira en torno de los principios de Verdad, Justicia y Reparación
como fundamento del proceso de reconciliación nacional, otorgando gran importancia a los derechos de las víctimas,
siguiendo para ello los lineamientos establecidos por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y el
Derecho Penal Contemporáneo, que se edifican principalmente sobre la protección a las víctimas de las conductas
punibles, propiciando un escenario legal que permita a los desmovilizados condenados su reivindicación social ante
el Estado, la sociedad y las víctimas, en aras de evitar lo que se ha denominado la victimización secundaria,
consistente en que la víctima vuelve a ser estigmatizada, pero esta vez por el sistema judicial.
    De otra parte, en cuanto a las funciones de la pena, mejor aún, el derecho a la Justicia, nuestra normatividad
penal y la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, han señalado que no es posible concebir como única
finalidad de la pena el castigo, la expiación o retribución, sino que esta también cumple funciones de prevención
(general y especial) y de resocialización. Por ello, se parte de la base que la retribución justa y la resocialización, no
se logran solamente con una pena alta, sino ante todo con una pena adecuada y eficaz. Lo primero indica que la pena
debe ser acorde no solamente con la conducta en sí misma considerada, sino con las circunstancias sociales,
económicas y políticas que la rodean, ello queda claro en esta ley que tiene unos destinatarios específicos.
    Asimismo, dentro de los derechos y entornos de las víctimas se prevé el de la Verdad, el cual se encuentran
adicionalmente dentro de los objetivos del proyecto, cuando se requiere no solo conocer la realidad acerca de las
conductas punibles que han vulnerado sus bienes jurídicos sino cuando se exige la reconstrucción histórica de los
hechos y el aporte de información que indique el paradero de los familiares de tales víctimas. A este derecho a la
verdad, y como se anotó, se suma el derecho a la justicia, el cual se materializa en el correlativo deber del Estado de
administrar justicia desplegando todo el aparato jurisdiccional para impartir una solución adecuada desde el prisma
de la denominada justicia restaurativa, bandera de los postulados victimológicos contemporáneos.
    Y como tercer caracterización del mecanismo de alternatividad se consagra el derecho a la Reparación que le
asiste a las víctimas, anotando que dentro del universo de conductas que integran tal derecho, no solamente se hace
referencia a la indemnización de los perjuicios materiales y morales, sino que el concepto llega a tener más amplitud,
incluyendo o abarcando el de la denominada reparación simbólica, con el fin de llevar a cabo conductas tangibles
que preserven en la memoria histórica las conductas punibles que afectaron los derechos de las víctimas. Con ello se
pretende evitar que se caiga en la amnesia social que olvide o ignore lo que ha sucedido. Igualmente, la víctima tiene
el derecho a que esos actos de agresión no se repitan y sin lugar a dudas no solamente el Estado sino la sociedad
civil serán los guardianes de tal derecho.
    El Proyecto de "Justicia y Paz" cuyos motivos ahora se exponen, se erige en el marco jurídico para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan a la consecución
de la paz y en el que se detallan, entre otros aspectos, los siguientes:
    El juez de los destinatarios de la ley será en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
cuya segunda instancia será la Sala Plena Penal de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal tendrá a su cargo
proferir las sentencias condenatoria y alternativa y velar por la protección de los derechos de las víctimas,
especialmente el de Verdad, Justicia y Reparación. Estos Tribunales en su función de impartir justicia, como los
demás órganos del Poder Judicial, estará sometida a las normas constitucionales y legales y por tanto sus decisiones
serán autónomas e independientes conforme lo establecen los artículos 228 y 230 de la Carta Política, principios
básicos en un Estado Social de Derecho como el que nos rige.
    La pena alternativa para los autores de los delitos no amnistiables ni indultables no será menor de cinco (5) años
ni superior a ocho (8) años y ella se deberá purgar en establecimientos de reclusión apropiados y bajo las
condiciones ordinarias de austeridad y seguridad, así como podrá cumplirse en el extranjero. También se propone en
la iniciativa una rebaja de penas entre una décima y una quinta parte para las personas que al momento de entrar en
vigencia la ley cumplan penas por hechos delictivos, condicionando esta concesión a su cooperación con la justicia,
buena conducta y las acciones de reparación y de no repetición de los hechos.
    El procedimiento prevé el principio de favorabilidad, como por ejemplo para cuando los beneficiarios de esta ley
puedan ser favorecidos por nuevas normas que expida el Congreso de la República. Se habla de que si con
posterioridad a la promulgación de la presente ley se expiden leyes que concedan beneficios más favorables que los
establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetas del mecanismo alternativo podrán acogerse a las
condiciones que se establezcan en las posteriores, todo en el prurito de crear un escenario para la paz, mediante la
consagración de mecanismos jurídicos que faciliten la dejación de las armas de los grupos armados organizados al
margen de la ley y su reincorporación a la vida civil.
    4. Contenido del proyecto
    En fin, para lograr la reincorporación de los violentos, bajo una nueva concepción fundamentada en la justicia
restaurativa y en menor grado en la retributiva, con compromisos serios de no actuar al margen de la ley, de reparar
los daños ocasionados, y trabajar en la consecución de la paz, en el proyecto obra una recelosa y reflexiva
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regulación del marco jurídico en 11 capítulos, contentivos de 65 artículos y que se sintetizan de la siguiente forma:
    4.1 Capítulo I: Principios y definiciones
    Contiene el objeto de la ley que es facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la
vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. Igualmente define los grupos armados al margen de la ley acorde con lo
estipulado en las normas del DIH.
    Este capítulo igualmente define el ámbito, interpretación y aplicación de la ley, las víctimas y el derecho que
tienen a la verdad, la justicia y la reparación, así como el concepto de desmovilización. Asimismo, señala que
alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena impuesta en la sentencia, con la
condición de que el desmovilizado acepte la realización de los hechos ilícitos, su responsabilidad en los mismos, se
comprometa en la consecución de la paz, a cumplir las obligaciones impuestas en el fallo y a la reparación de las
víctimas.
    Se establece de igual manera, que la reinserción a la vida civil de personas que puedan beneficiarse de amnistía o
indulto u otro beneficio establecidos en la Ley 782 de 2002, se regirán por lo allí dispuesto.
    4.2 Capítulo II: Aspectos preliminares
    Hace referencia a los aspectos preliminares como los requisitos de elegibilidad para desmovilización colectiva e
individual, donde se establece que sólo podrán acceder al beneficio quienes se encuentren en el listado que envíe el
Gobierno a la Fiscalía General y que además cumplan otros requisitos tales como entregar los bienes producto de la
actividad ilegal, se hayan desmovilizado y entregado las armas, no haberse organizado para traficar con
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, entregar al ICBF los menores reclutados por la organización.
    4.3 Capítulo III: Principios procesales
    En consonancia con los estándares internacionales y con la misma implementación del sistema acusatorio en
nuestro país, el proyecto consagra como principios procesales, la oralidad y celeridad, el derecho a la defensa
material y técnica y el esclarecimiento de la verdad. Ello sin perjuicio de que la interpretación de las disposiciones
previstas en la ley se realicen de conformidad con la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Colombia, las disposiciones de Derecho Internacional Humanitario y el conjunto de
principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos.
    4.4 Capítulo IV: Investigación y el juzgamiento
    Se refiere a la investigación y juzgamiento, disponiendo que una vez recibido del Gobierno el listado de miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir a la paz, el Fiscal Delegado asumirá la
competencia para conocer de las investigaciones y que será competente para conocer el juzgamiento la Sala del
Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el Consejo Superior de la Judicatura.
    Se regula igualmente, lo relacionado con la versión libre y confesión, la formulación de la imputación, la
aceptación de cargos, la conexidad y acumulación de procesos y penas, la ruptura de la unidad procesal,
investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización.< /p>
    Asimismo, en este capítulo se señala lo correspondiente al incidente de reparación integral una vez se emita el
fallo condenatorio. Respecto del contenido de la sentencia condenatoria, en ella se fijarán la pena principal y la
accesoria y adicionalmente incluirá la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de
comportamiento, las obligaciones de reparación moral y económica de las víctimas conforme a lo resuelto en el
incidente de reparación integral y cuando sea necesario la extinción del dominio de los bienes destinados a la
reparación. El artículo 25 establece la procedencia de los recursos de reposición y de apelación, disponiendo de
igual manera, que de la Acción de Revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y que no habrá
casación contra la decisión de segunda instancia.
    Por lo demás, estipula que el fiscal podrá en cualquier momento y previo el cumplimiento de los requisitos allí
previstos solicitar a la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial la preclusión, y dispone que la intervención del
Ministerio Público será en ejercicio del principio de necesidad en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o
de los derechos fundamentales.
    4.5 Capítulo V: Pena alternativa
    Sobre la pena alternativa establece el proyecto, que la Sala del Tribunal de Distrito Judicial determinará la pena
que corresponda por los delitos cometidos de acuerdo al Código Penal. Si el condenado cumple los requisitos
señalados en la ley, la Sala le impondrá una pena alternativa de privación de libertad por un período mínimo de 5
años y no superior a 8 años. Prohíbe la aplicación de subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas
complementarias a la pena alternativa. Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en el fallo, se le
concederá la libertad a prueba por un término no superior a la mitad de la pena alternativa. Cumplidas las
obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena principal, en caso contrario se
revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada.
    Se dispone que se perderá el beneficio si el reinsertado intimida o pretende corromper a cualquier autoridad
pública.
    4.6 Capítulo VI: Régimen de privación de la libertad
    Regula el régimen de privación de la libertad, estableciendo que el Gobierno Nacional determinará el
establecimiento de reclusión para cumplir la pena, los que deben reunir las condiciones de seguridad y austeridad
propios de los administrados por el Inpec. Señala que la pena podrá cumplirse en el exterior. Se dispone también que
la permanencia en la zona de concentración se compute como tiempo de ejecución de la pena sin exceder de 18
meses.
    4.7 Capítulo VII: Instituciones para la ejecución de la presente ley
    Hace referencia a las instituciones para la ejecución de la ley, los cuales son: El Tribunal Superior de Distrito
Judicial en materia de justicia y paz que además de las competencias atribuidas en otras leyes, conocerán de los
procesos de esta ley y vigilará el cumplimiento de las penas y obligaciones impuestas. La Secretaría del Tribunal
también deberá organizar, sistematizar y conservar los archivos.
    La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, que contará en sus actuaciones con el apoyo
permanente de una unidad especial de policía judicial.
    La Defensoría Pública, a través de la cual el Estado garantiza a imputados, acusados y condenados el ejercicio
del derecho de defensa.
    Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, para asistir a las víctimas y garantizar el acceso a los
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documentos.
    Se dispone igualmente que la Procuraduría impulse mecanismos para la participación de las organizaciones
sociales para la asistencia a las víctimas.
    4.8 Artículo VIII: Derechos de las víctimas frente a Administración de Justicia
    Regula los derechos de las víctimas y su protección por parte de los funcionarios señalados. Se dispone
igualmente, como excepción a la publicidad en el juicio que el Tribunal podrá ordenar que parte del mismo se realice
a puerta cerrada o la práctica de un testimonio a través de audio video.
    Sea la oportunidad para reiterar que la concepción victimológica de la Justicia debe centrar la preocupación de
quien la administra, no simplemente en la represión, que a veces en nada contribuye a la recuperación del tejido
social quebrantado con ocasión de la conducta punible. Por ello se ha considerado que a la hora de administrar
justicia, lo fundamental es la recuperación de este tejido social y la reconciliación víctima-victimario, así como el
reconocimiento de los errores cometidos. No en vano, la doctrina victimológica contemporánea ha señalado que no
solo el victimario necesita o está urgido de la socialización o resocialización, sino que además las víctimas tienen que
ser protagonistas del drama penal, lo cual se materializa en que se les preste ayuda o asistencia para integrarse a la
sociedad. Es por ello que se prevé un proceso en el cual la víctima tenga garantía plena de sus derechos y que
Verdad, Justicia y Reparación no sean simplemente muletillas retóricas sino realidades tangibles que contribuyan a
la recuperación de los valiosos años que nuestro país ha perdido a causa de la violencia que los destinatarios de esta
ley han protagonizado.
    4.9 Capítulo IX: Derecho a la reparación de las víctimas
    Hace referencia al Derecho a la Reparación de las Víctimas, estableciendo el deber general de reparar a las
víctimas. Dispone que el Tribunal en el fallo deberá indicar concretamente las medidas de reparación económica y
moral.
    Señala que los actos de reparación comportan los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y
satisfacción. Los deberes de reparación ordenados por el Tribunal, deberán ser cumplidos por el condenado para
obtener la libertad a prueba. También se prevé medidas de satisfacción y garantías de no repetición, tales como pedir
disculpas, la búsqueda de los desaparecidos y de las personas muertas, la prevención de violaciones de derechos
humanos.
    En la propuesta se crea la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación con vigencia de 5 años, integrada
por altas personalidades que tiene entre sus funciones garantizar a las víctimas su participación en procesos de
esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos. Por su parte los artículos 53 y 54 del proyecto, regulan lo
referente a las comisiones regionales para el examen de los reclamos sobre bienes rurales y la adjudicación de
tierras -encargadas de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de
predios en el marco de la ley- y establece su composición.
    Igualmente se crea el Fondo para la Reparación de las Víctimas como cuenta especial sin personería jurídica
cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social, y estará integrado por los bienes que sean
entregados por los desmovilizados, recursos del presupuesto nacional, donaciones en dinero o en especie nacionales
o extranjeras.
    4.10 Capítulo X: Conservación de archivos
    Se refiere a la conservación de archivos, disponiendo que el derecho a la verdad implica que sean conservados
los archivos para lo cual los órganos judiciales que los tengan a su cargo deberán adoptar las medidas para su
conservación y para facilitar el acceso a ellos.
    4.11 Capítulo XI: Vigencia y disposiciones complementarias
    Se establece una rebaja de penas para las personas que al entrar vigencia la ley cumplan penas por hechos
delictivos, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta entre una décima y una quinta parte, para lo cual se
tendrá en cuenta el buen comportamiento, su cooperación con la justicia y acciones de reparación a las víctimas.
    Igualmente, se dispone que también incurrirá en sedición quien conforme o haga parte de grupos de autodefensa
cuyas acciones interfieran con el funcionamiento del orden constitucional y legal.
    Es de resaltar lo establecido en el proyecto al facultar al Gobierno Nacional para solicitar a las autoridades
judiciales competentes, la aplicación de los procedimientos y concesión de beneficios previstos en esta ley a favor de
grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.
    Por último se establece que la ley, se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia
    Proposición
    Por las anteriores consideraciones, respetuosamente nos permitimos proponer a las Comisiones Primeras
Conjuntas del honorable Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes que apruebe la
siguiente proposición:
    De acuerdo con el pliego de modificaciones que se adjunta, dése primer debate al Proyecto de ley número 211 de
2005 Senado, 293 de 2005 Cámara, al cual se le acumulan los Proyectos de ley números 180 de 2004 Senado, 288 de
2005 Cámara; 207 de 2005 Senado, 289 de 2005 Cámara; 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara; 209 de 2005
Senado, 291 de 2005 Cámara; 210 de 2005 Senado, 292 de 2005 Cámara; 212 de 2005 Senado, 294 de 2005
Cámara; 214 de 2005 Senado, 295 de 2005 Cámara, y 287 de 2005 Cámara, 217 de 2005 Senado, por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional.
    Cordialmente,
    Honorables Senadores,
    Mario Uribe Escobar (Coordinado r); Claudia Blum de Barberi (con constancia en el artículo 61); José Renán
Trujillo García, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez Pinzón, Germán Vargas Lleras.
    Honorables Representantes,
    Roberto Camacho Weberberg, Armando Benedetti Villaneda (Coordinadores); José Luis Arcila Córdoba, Oscar
Arboleda Palacios, Iván Díaz Matéus (no firmó); Germán Varón Cotrino.
    Lunes 13 de junio de 2005 (Gaceta 355)
    ESTRUCTURA JUDICIAL
     Jesús Ignacio García Valencia: “Señor Presidente, yo quisiera que el señor ponente antes que leer uno a uno
los artículos, nos diga si hay por parte de las dos comisiones de ponentes un acuerdo sobre si va haber o no
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modificaciones en la estructura judicial que va tener competencia para conocer de estos delitos. Dos, que nos diga
igualmente si hay acuerdo sobre el cuál va a ser el modelo procesal que se va a adoptar, porque esto tiene sus
consecuencias. Yo le oí decir al Senador Germán Vargas Lleras que él iba a proponer la eliminación de muchos
artículos y la verdad es que dependiendo del modelo que se adopte este proyecto puede simplificar mucho. Y tres,
también quisiera, señor ponente, que nos dijera a qué tipos de delitos finalmente es a los que se va a aplicar este
proyecto, si es a los delitos definidos como infracciones al derecho internacional humanitario previstos como tales en
nuestro código penal; porque es que todos esos delitos están tipificados como conductas cometidas con ocasión del
conflicto armado interno. Entonces, necesitamos que nos digan si ustedes están de acuerdo o no con esta Comisión
de ponentes sobre la existencia o no del conflicto armado interno porque eso tiene mucha influencia sobre el ámbito
de la aplicación de la ley.”
     Mario Uribe Escobar: “Representante García, yo quiero reiterarle que nosotros no tenemos un acuerdo total
sobre esta materia y todavía hay mucha discusión pendiente, particularmente en los temas que usted enuncia. En esos
no estamos de acuerdo. Si quiere déjeme le digo en qué estamos de acuerdo y si podemos avanzamos o dispondrán
ustedes lo que a bien tengan, pero déjeme decirle que ahí tenemos, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo,
artículo más, artículo menos, en el tema que tiene que ver con las víctimas, protección a víctimas y testigos,
reparación, Comisión de reconciliación y fondo. Grosso modo voy a leerle los artículos: Estamos de acuerdo,
artículos más artículos menos, en el objeto de la ley, en el ámbito de la ley, en definición de alternatividad, de
Justicia, de reparación y estamos de acuerdo en los temas que tiene que ver con la moralidad, celeridad y defensoría.
Voy a anunciarlo. La verdad es que quién anuncia este proyecto, todavía no estamos de acuerdo. No más ahorita,
alguno de los fiscales que nos acompañan me consultó qué opinaba yo acerca de atribuir competencia en primera
instancia a los jueces de circuito; la segunda a la sala de tribunales y el recurso de casación a la Corte Suprema de
Justicia, lo que daría pues prácticamente que volviéramos a empezar la discusión del tema. Hay unas tendencias a
que este proyecto consagre, digamos, como espina dorsal, el proceso acusatorio, pero conservaría según nuestra
propuesta algunas facultades inquisitivas, pero todavía no tenemos una definición sobre esto. Tenemos una gran
discusión, una enorme discusión acerca del tema de la confesión y su alcance; en algunos temas relacionados con
bienes, pero debo reconocer aquí que no ha sido fácil porque hay dos tendencias muy marcadas, que son las que
reflejan las ponencias. Será muy valioso su aporte doctor García. Lo esperamos. Pero yo no podría decirle a usted,
no puedo engañarlo en el sentido de lo que tenemos enfrente después de aprobar estos proyectos si ustedes…no
tenemos enfrente un camino de rosas, hay una discusión muy intensa de muchísimas horas en las cuales no nos hemos
podido poner de acuerdo. Si usted quiere, Representante Velasco, yo simplemente enumero los artículos y abrimos el
debate.”
     Darío Martínez Betancourt: “Señor Senador Uribe: usted dice que hay un acuerdo entre los artículos primero,
segundo. Por ejemplo, yo le había expresado al Senador Pardo el apoyo parcial a su ponencia y a su pliego de
modificaciones y uno de los presupuestos de ese apoyo era que el pliego de modificaciones que acogía su proyecto de
ley, reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia. Quiero preguntarle al Senador Pardo, que tiene la
misma vocería que usted Senador Uribe. Él ha renunciado a un aspecto vital y fundamental de su ponencia y en
consecuencia apoya la propuesta del Gobierno que quita el reconocimiento del conflicto armado en Colombia, que
tiene, como lo ha anotado el Representante García, consecuencias jurídicas trascendentes y obviamente políticas. Si
él ha renunciado y si hay acuerdo sobre lo articulado en esos dos primeros artículos de su ponencia, Senador Uribe,
yo pienso que se ha demostrado en la parte medular y vertebral la ponencia del Senador Pardo y de sus compañeros
y compañeras. Vale una explicación: ¿por qué, si no hay un reconocimiento de la existencia de un conflicto armado,
estamos aceptando la equivocada aplicación que tiene el Gobierno nacional de que en Colombia no hay conflicto
armado sino terrorismo en abierta contradicción a la legislación penal? Yo pido respetuosamente una explicación
antes de avanzar en los otros artículos a los que usted se va a referir Senador Uribe.”
     Rafael Pardo Rueda: “Evidentemente no hemos renunciado a esa concepción, Senador Martínez, porque
consideramos que es fundamental en la definición, no solamente del alcance de la ley sino de los delitos y en la
definición de las víctimas. Justamente hemos tenido el cuidado de no acordar artículos que implican negar la
definición del conflicto armado. Vendrá un artículo que nosotros lo enumeramos como el 8o, que no tiene la ponencia
del Gobierno, como un artículo que presentamos como proposición sustitutiva que es el que genera el marco de
acción de definición de grupo armado dentro de un conflicto armado interno. +
     Por lo tanto, hemos tenido todo el cuidado para no afectar lo que consideramos que es fundamental en la
definición del ámbito, en la definición de los delitos y en general en enmarcar lo que significa esta ley dentro del
conflicto Colombiano. Por lo tanto, los artículos que hemos acordado no nos llevan a renunciar a esa definición,
Senador.”
     Mario Uribe Escobar: “Senador Pardo, si usted me permite entonces yo leo cuáles son los artículos en los cuales
coincidimos con el Senador Pardo: es el artículo 1º sobre el objeto de la presente ley; el 4º sobre el derecho a la
verdad, Justicia y reparación y debido proceso; el 6º derecho a la Justicia; el 7º derecho a la verdad; el 12 oralidad;
14 defensa; el 40 protección a víctimas y testigos; el 41 excepción a la publicidad en el juicio; artículo 42, otras
medidas de protección durante el proceso; artículo 43, atención a necesidades especiales; artículo 44, deber general
de reparar; artículo 45, reparación; artículo 47, solicitud de reparación; artículo 48, restitución; artículo 49,
rehabilitación; artículo 50, medidas de satisfacción y garantías de no repetición; artículo 52, Comisión nacional de
reparación y reconciliación; artículo 54, comisiones regionales para la restitución de bienes; artículo 56, fondo para
la reparación de las víctimas; artículo 57, funciones de la red de solidaridad social; artículo 58, deber de memoria;
artículo 59, medidas de preservación de los archivos; artículo 60, medidas para facilitar el acceso a los archivos.
Digamos que ese es el articulado de acuerdo con el Senador Pardo y para el cual no tenemos sustitutivas.”
     Rafael Pardo Rueda: “Sí, o sea, estos artículos no tendrán cambios, salvo que una u otra palabra, pero en
general no tienen cambio. Hay otro paquete que sí tiene cambios en redacción y a una proposición general sustitutiva
sobre los demás artículos.”
     Hernán Andrade Serrano: “Hemos insistido con otros colegas de la Comisión y fuera de la Comisión, con el
Senador Ricardo España, que el capítulo de derecho a la reparación de las víctimas, está circunscrito a ellas, a las
víctimas, y estaríamos dejando una parte importante de la discusión y del conflicto que son los desplazados; es la
gente que ha perdido sus bienes y ello ligado a un artículo, sobre el cual no hay acuerdo, en el que se señala –en la
ponencia del Senador Rafael Pardo– que quien no confiese u oculte información tenga la pérdida de los beneficios.
Como sobre este artículo, artículo que yo comparto plenamente, el de la ponencia del Senador Pardo, como ese
artículo va ligado a qué pasa no solo con las víctimas sino con todo aquel afectado en las zonas de violencia. A mí me
parece, con el respeto, Senador Uribe, que mal podemos decir que el capítulo IX, el artículo 44 hasta el artículo 57,
pudiéramos decir que hay pleno acuerdo sin votar el artículo que señala si no se informa, si no se confiesa, si no se
suministra la información, la totalidad de la información de los bienes, estaría incurso en la pérdida de esos
beneficios. Me parece que los temas van ligados, y ¿qué no decir de todo lo que significa complementar el tema de
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reparación?. Porque habría otras normas que complementarían ese capítulo. En este sentido es mi observación para
que cuando lleguemos a ese capítulo no nos extrañemos que se abra la discusión sobre ese paquete de artículos,
Senador Uribe.”
    Mario Uribe Escobar: “Dicho de otra manera, usted por ahora no propone que se excluyan, propendía
dependiendo de otras decisiones que tomemos.”
    Hernán Andrade Serrano: “En el otro articulado; es que lo que yo estoy diciendo es que se circunscribe única y
exclusivamente a las víctimas y estamos dejando de lado una parte importantísima. Se queda corto el capítulo.
    Mario Uribe Escobar: “¿Y qué quiere que hagamos?”
    Hernán Andrade Serrano: “Pues complementando, y para eso está la discusión, lo que no quiero decir es que lo
podamos votar a “pupitrazo”; disculpe el término, o como, si ustedes están de acuerdo, si va ligado con otros
artículos y con otros temas que queremos complementar. O póngalo de otra manera, Senador Uribe: incluyamos el
capítulo mientras miramos cómo complementamos y procedemos a votar al respecto.
    Rafael Pardo Rueda: “Yo le digo, Senador Andrade, que yo estoy de acuerdo con usted. En general, la
reparación se basa en los recursos o bienes, en parte bienes ilícitos entregados por quienes se someten para que
entreguen los bienes ilícitos en su totalidad. Nosotros planteamos el mecanismo de confesión, como usted bien lo
dice, que la posición del Gobierno, la propuesta que está explicando el Senador Mario Uribe no tiene –digamos a
nuestro juicio– los alcances que tiene la confesión pero eso lo discutiremos posteriormente. Pero esos artículos que
estamos planteando aprobar en bloque y aprobar exactamente idénticos en la redacción de la propuesta de la
ponencia del Senador Uribe con la ponencia nuestra, tienen distinto número, distinta numeración, pero la redacción
es igual, no tendría afectación en la definición de confesión. Esa la vamos a discutir probablemente mañana cuando
traigamos aquí las posibilidades o resultados de una conversación sobre ese tema. Es evidente que el fondo de
reparación tiene un monto distinto si no se entregan todos los bienes ilícitos o si se entregan todos, pero eso no lo
podemos determinar en este punto sino en el tema de confesión; pero estos artículos en general no serían afectados
en cualquier sentido de la decisión que tome esta Corporación alrededor del tema del procedimiento y del valor de la
confesión.”
    Germán Vargas Lleras: “Presidente, mi precisión aquí es sencilla porque veo que en este primer bloque no se
abordan los temas más espinosos. Quisiera hacerle una solicitud, que la he solicitado ya en dos oportunidades al
coordinador de ponentes, para los efectos de la siguiente precisión: Quiero nuevamente invitar a todos los ponentes,
al resto y a su coordinador. De este primer bloque, Senador Uribe, hay cinco disposiciones más que no vale la pena
reiterar; todo lo que hagamos por simplificar y facilitar esta iniciativa le convendrá a la misma. Me explico y de una
vez voy precisando las observaciones, Senador Uribe. El artículo 1° en su segundo párrafo: se puede eliminar sin
ninguna dificultad este segundo parágrafo; está perfectamente establecido en el artículo 8º de la ley 782; no es sino
la reiteración; podríamos eliminarlo. En igual forma el artículo 4º hasta que al final del artículo 4, sin tocar su
contenido, señalemos que de acuerdo con los estándares internacionales y eso nos permitiría sin traumatismo
alguno que en el bloque que usted propone, Senador Uribe, pudiéramos sacar los artículos 6º, 7º y 12, que no son
sino reiteraciones y definiciones previstas en los convenios internacionales, contribuyendo a simplificar el
proyecto. En igual sentido, qué sentido tiene en el artículo 12 volver a reiterar el principio de la oralidad. Yo
creería –y lo señalé– que normas del código de procedimiento penal, definiciones incorporadas en tratados
internacionales, no hay para qué copiarlas; en igual sentido el 14 es una reiteración. Todo lo que contribuyamos,
perdóneme que insista, para simplificar este proyecto, será muy útil.
    No tengo objeción al 40, ni al 41; 42 está bien; 43, 44, 45 para una precisión, yo no tengo inconveniente en que
lo votemos, pero advirtiendo que estaríamos, por el momento digo que no tengo inconveniente en el 45, solo una
observación. Pero fíjese usted que lo que yo aquí he planteado sobre que no le cambiemos la competencia a los
jueces de circuito en primera y segunda estancia lo preservemos para los tribunales superiores. Tuve la oportunidad
de volverlo a comentar con el señor Viceministro de Justicia, es un tema al que debemos (…) de manera que en todos
aquellos artículos que se habla del tribunal superior o de sala, o de la Corte Suprema podemos votarlos, haciendo la
observación que si luego consideramos más conveniente darle cabida a los jueces de circuito, simplemente habría
que cambiar estas palabras al Interior de aquellos artículos que ya las prevean. Finalmente 47, solicitudes de
reparación; 48, restitución; 49, rehabilitación, en igual sentido me parece que sobran. Finalmente en el 57 solo para
una precisión, en el 57.1, Senador Mario Uribe, el artículo 57 si quiere tómelo usted pero es un asunto menor. Dice,
liquidar y pagar las indemnizaciones. Solamente para que se anote que debería decir liquidar y pagar las
reparaciones judiciales más que las propias indemnizaciones. De resto, Senador Uribe, no hay más observaciones.
Pero mi solicitud va en el sentido que tomemos o no ese criterio, Senador Uribe, gastémosle así sea un par de minutos
a debatir; vamos a continuar reiterando normas o podemos sustraerlas sin dificultad. Fundamentalmente son las que
he citado, las que reiteran artículos del código de procedimiento o aquellas que hacen destinaciones ya contenidas en
los tratados Insisto una vez más, todo lo que simplifique esta iniciativa será mejor. Si quiere se lo entrego por escrito
que ya estaba radicado en la Secretaría desde la semana pasada. Para efectos suyos sería solo esa definición y se
concretarían, insisto, segundo parágrafo del artículo 1, 7, 12…47, 48 y 49, fundamentalmente esos.”
    Mario Uribe Escobar: “Senador Vargas, ¿por qué no los dicta por favor para que ella anote y los vamos
excluyendo del bloque que nosotros propusimos? Creo que esa es la metodología. Yo creo que lo que el Senador
Vargas propuso fue una exclusión entonces, borrémoslos del bloque.“
    Germán Vargas Lleras: “A ver, Senador Uribe, Yo no es que quiera atropellarlo, sino que adoptemos un criterio;
que se adopte el criterio de que procedamos eliminando lo que no es sino reiteración, pues se le daría trámite.”
    Mario Uribe Escobar: “Senador Vargas, nosotros para empezar por ahí nosotros creemos que eso es útil incluir
lo de la ley, pues tiene una función didáctica porque creemos que completa ese estatuto, porque referir los estándares
internacionales en una ley de estas obliga a los operadores jurídicos a consultar unas normas internacionales que a
veces no manejan; yo creo que eso tiene una función ilustrativa o una función didáctica que creemos que es útil; lo
que abunda pues no daña, es simplemente, pueda que no sea lo más técnico, pero sin duda alguna es útil, Senador
Vargas.”
    Germán Vargas Lleras: “Porque a veces las definiciones que aquí se ensayan o se pretende incluir nos pueden
conducir a caer en imprecisiones. Yo lo señalaba la semana pasada. Mire usted que, por ejemplo, el concepto de
reparación, un concepto contenido en tratados, no corresponde con exactitud a la noción de reparación que se
incluye en el artículo. Resulta mucho más técnico hablar de los estándares internacionales y no pretender nosotros en
esta ley ensayar nuevas definiciones. En el concepto de reparación acá limita las pretensiones de la víctima, para
hablarlo claro, la definición acá está incluida. Cuando el concepto de reparación en las comisiones tiene un alcance
distinto, cometeríamos imprecisiones de esa naturaleza.”
    Mario Uribe Escobar: “A ver, Senador Vargas, yo creo que aquí cabe una precisión bien importante. Los
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estándares internacionales no son normas que obliguen hoy a Colombia, estricto sensu, no hacen parte de tratados
internacionales ni de acuerdos firmados por Colombia. Los estándares internacionales son hoy apenas doctrina y
también el contenido de algunas sentencias, de algunas cortes, por ejemplo, la Corte Interamericana, pero no son y
en eso, por eso es la importancia de introducir esas definiciones aquí, que así no tengan la fuerza internacional que
obligue al país, pues obligará a los operadores jurídicos al incluirlas en esta ley”
    Germán Vargas Lleras: “No, una precisión. Yo también soy ponente de esta iniciativa, pero miren, cuando yo me
refiero a estándares internacionales, me refiero es a las convenciones inscritas y ratificadas por Colombia y muy
especialmente a los convenios de Ginebra, y mire usted que sí obliga, puedo yo citarle a usted 4 sentencias, están ya
obligando inclusive las convenciones que no hayan sido ratificadas por este Congreso. Mire, doctor Uribe, la Corte
Constitucional ha reiterado estas seis. Todos los acuerdos suscritos internacionalmente por Colombia, les reitero, las
convenciones de Ginebra hacen parte del bloque de constitucionalidad en el país, naturalmente que nos obliga; yo no
estoy hablando de estándares internacionales cualquiera, estoy hablando de los convenios que están vigentes en
Colombia, muy especialmente. Miren, para no fatigarlos. La Corte Constitucional ha proferido la sentencia C-554 del
28 de octubre del 92; luego profirió la C-179 del 94; luego la sentencia C-225 del 95, todas ellas en igual sentido
reiterando lo referente a la incorporación a nuestro derecho interno, al hecho de hacer parte del bloque de
constitucionalidad, las definiciones contenidas en estas convenciones que ya están vigentes en Colombia, de ahí
resulta mucho más sutil y conveniente. No se trata de molestarlo a usted, sino de procurar la sencillez de esta
iniciativa hasta donde nos sea posible, para podernos concentrar en los elementos esenciales, polémicos, decisivos
para la suerte de este proyecto, y no quedarnos aquí reiterando los principios que consagra el código de
procedimiento penal en materia de sistema acusatorio.”
    Roberto Camacho Weverberg: “Es que sería muy importante para efecto de las inquietudes del Senador Vargas
que nos precisara un poquito más; por ejemplo, él habla de la reparación, en qué contraría eso los tratados o los
afecta, por qué son distintos, o más preciso, porque lo que dice el Senador Uribe es cierto, esto se discutió
ampliamente en la exposición de motivos y se llegó a la conclusión de que no sobra que los operadores de la Justicia
de los ciudadanos del común tengan unos referentes, unas definiciones. Entre otras cosas, tienen que ver muchas
veces con el desarrollo más adelante en ciertas aplicaciones institucionales que tienen que ser referidas a los marcos
definitivos. Entonces, sin decir que el Senador Vargas esté equivocado o no, nos gustaría que precisara un poquito,
por ejemplo, por qué es mala la definición de reparación aquí; en qué encontraría los tratados y si es el caso se
resuelve el problema y así en los distintos temas. Pero debe quedar claro que lo que es definiciones y principios
quedan, de acuerdo con lo que nosotros proponemos y salvo, Senador Vargas, que usted nos demuestre que una
definición está contrariando un tratado o lo esté desconociendo entonces cambiamos.”
    Luís Fernando Velasco Chaves: “Señor Presidente, yo tengo como dos observaciones y una pregunta en
particular al Senador Pardo. Lo primero: aquí tenemos que tomar una primera definición y es, como he escuchado, o
esto va hacia un procedimiento acusatorio, o esto va hacia un procedimiento inquisitivo, o como creo que tenemos
que definirlo, es un proceso especial y si es un proceso especial evidentemente no sobran las definiciones porque es
que en el fondo estamos tomando definiciones de todo, estamos trayendo definiciones de tratados, pero en algún
momento en la concentración a lo mejor utilizaremos algunas definiciones del viejo código de procedimiento y del
nuevo código de procedimiento. Entonces, yo sí creo que es muy difícil remitir a algunas normas en particular,
cuando lo que estamos construyendo no tiene claro una escuela, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me
parece que hay que hacer es un procedimiento y, como dice el Senador Uribe, no sobran las definiciones. Pero la
pregunta para el Senador Pardo que a mí me parece que es fundamental es, ¿Hasta qué punto –y ésta es una
pregunta política– nosotros comenzamos a decir que se inicia una concentración y que ya hay unos puntos de
acuerdo, si no hemos definido la estructura ideológica en el centro del proyecto? Y planteo un ejemplo muy claro, lo
decía el Representante, es que eso tiene unos efectos grandes; es que si aquí hay conflicto interno las penas para los
delitos que entremos a definir, o no a definir sino a referir, pues evidentemente será de un tenor, pero si no hay un
conflicto interno será casi de la mitad, las mismas conductas. Yo aquí tengo una serie de eso. Leamos el título
segundo del código penal: no es lo mismo un homicidio en persona protegida, que es propia del conflicto interno, a
un homicidio en persona protegida pero si no aceptamos que hay un conflicto interno. No es lo mismo un acceso
carnal violento si hay conflicto interno a si no hay conflicto interno. En la medida en que, como lo propuso este
Gobierno –no lo propusimos nosotros, Senador Gaviria– recuerden que cuando éramos ponentes de la ley de orden
público, el mismo Gobierno nos propuso definiciones y aceptó definiciones en donde reconocía el conflicto interno.
Entonces, como lo propuso en su momento el Gobierno, sería importante tomar esta decisión porque eso va a tener
muchos efectos en todo, hasta en la definición de víctimas y aquí estamos hablando de víctimas. No es lo mismo la
concepción de víctima cuando hay conflicto interno, que cuando no hay conflicto interno. Entonces, yo si dejaría esa
palabra, porque a mí me parece que de pronto comenzamos a echarle pintura al edificio, pero todavía no tiene los
cimientos, ni siquiera la estructura”
    Rafael Pardo Rueda: “Si, digamos en relación con los planteamientos del Senador Vargas, yo pienso lo
siguiente: de los artículos que él señala hay tres grupos, uno relativo a las definiciones que usted dice que muchas
definiciones están contenidas en instrumentos internacionales ratificados por el país. Yo creo que eso es cierto, pero
me parece que eso no invalida la necesidad de que en una ley que contiene un procedimiento especial estén
contenidas justamente esas definiciones para la aplicación de esta norma de manera precisa. El otro punto que me
parece, por supuesto que sí pero no he terminado de responder sobre lo que plantea el Senador Vargas, Senador
Héctor Helí ¿me permite dos segundos? Yo creo, Senador Vargas, que lo que se refiere a tribunal especial debemos
aprobarlos todos en el entendido de lo que usted, si pasamos a la fórmula que usted plantea de jueces del circuito que
actúen de manera plural, eso puede ser discutido cuando discutamos el proceso de juzgamiento, pero lo aprobamos
en ese entendido Del artículo 57 en adelante, me parece que sí se necesitan esas definiciones, porque ahí está el
procedimiento de cómo hacer esa reparación, de cómo puede acudir la víctima, de cuáles son los mecanismos que
necesita; aunque eso esté contenido en otras normas, creo que sí es importante para víctimas y organizaciones de
víctimas que en este proceso estén definidos todos los mecanismos. Lo que sí me parece muy importante Senador
Vargas, es que usted dice que hay una definición de reparación, que es inferior en lo que hemos traído aquí a
estándares internacionales. Yo estaría de acuerdo con mirarla y revisarla para ajustarla a los estándares
internacionales. Pero en lo que entendemos estamos ajustados en ese tema, pero doy por supuesto el beneficio, si
usted tiene esa explicación la adoptamos y yo propondría que la adoptáramos de esa manera.”
    Héctor Helí Rojas Jiménez: “Yo quiero decirle al Senador Pardo lo siguiente: no podemos olvidar que estamos
haciendo un proyecto de Justicia transicional. De tal manera que, como esto es distinto de la normatividad penal y
procesal penal ordinaria, definiciones como verdad, Justicia y reparación necesariamente tienen que estar en este
proyecto, porque no es la misma verdad, ni la misma Justicia, ni la misma reparación de la normatividad
ordinaria. En este caso de la Justicia transicional los estándares internacionales lo que indican son unos mínimos
que no se pueden transgredir al manejar los temas con el ordenamiento interno, pero no se puede individualmente
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trasladar aquí los principios a las definiciones internacionales porque esta es una ley de transición en la que, insisto,
verdad, Justicia y reparación tienen unas definiciones distintas. Si vamos aplicar los tratados internacionales, tal
como tienen esos principios, esta ley es un imposible porque estas definiciones están más allá de la Justicia
transicional. Y lo segundo Senador Pardo, ya lo dijo usted, aquí no estamos diciendo que el código de procedimiento
penal se aplique, ni el del 2000, ni el del 2005; aquí estamos hablando de un procedimiento especial, distinto a esos
dos procedimientos en nuestro código de procedimiento vigente y, en consecuencia, es necesario que se defina si ese
procedimiento va hacer oral, por ejemplo. Entonces, las definiciones son más que necesarias. Obviamente el Senador
Vargas tiene razón en que hay unos dos o tres artículos que no deben estar ahí. Aquí hay un artículo que dice que la
ley se interpretará de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales. Pues eso ya está en la Constitución
cuando habla del sistema de fuente de ordenamiento jurídico. Eso, por ejemplo, se podría prescindir, no es necesario
repetirlo, pero esta ley por ser de transición sin definiciones propias sería muy difícil de aplicar y referir a ese
derecho internacional.”
    Oswaldo Darío Martínez Betancourt: “Con este sistema vamos allegar al Domingo de Ramos y al Viernes Santo
y al Domingo de Pascua y no vamos a tener tiempo de arrepentirnos de lo que vamos a aprobar. A mí me parece que
es un sistema reglamentario. ¿Qué dice la ley 5ª del 92? Que cuando no se ha pedido la votación artículo por artículo
–nadie lo ha pedido– los ponentes señalan un bloque de artículos para votarlos en bloque, y los miembros de las
comisiones y de las Plenarias solicitan la exclusión de los artículos respectivos. Aquí lo que cabe, después de haber
anunciado un acuerdo entre los dos ponentes, coordinadores de ponentes, han anunciado un acuerdo de un bloque de
artículos, lo que cabe solicitar es la exclusión de los artículos que cada uno consideremos que tenemos observaciones
o sobre los cuales vayamos a presentar proposiciones.
    Como yo soy un riguroso en ese aspecto reglamentario, me permito solicitar la exclusión de los artículos 48 sobre
restitución y el artículo 46 sobre el fondo para la reparación de víctimas. Por lo demás Señor Presidente, y ahí
termina mi moción de procedimiento por partir del supuesto de que los cooponentes del uribismo puro habían llegado
a un acuerdo -y por lo que veo no han llegado a un acuerdo- se pueden imaginar entonces la dificultad que vamos a
tener en la discusión si al Interior del uribismo puro no han logrado contener puntos de vista que son discrepantes.
Yo por eso llamo la atención respetuosamente: si esto va a seguir así y no se va a aplicar el reglamento debidamente,
pues que aplacemos el debate del resto del articulado para el día de mañana y que los señores cooponentes del
uribismo puro lleguen a un acuerdo esta noche o en su defecto continuemos, pero rigurosamente aplicando la ley 5ª
del 92. No repitamos el debate general que ya lo hicimos. ¿Para qué volvemos a hablar de aspectos generales?”
    La Presidencia interviene para un punto de orden: “Senador Martínez, su moción de orden que se convirtió en
una proposición es tan reglamentaria como la proposición del Senador Vargas una vez se abrió la discusión, la
propuesta del coordinador de ponentes. ¿Quién propuso votar en bloque cierto número de artículos sobre los cuales
había acuerdo? El Senador Vargas propone eliminar algunos; como usted propone la exclusión de ese bloque de
otros. Entonces, no hay ninguna discusión irreglamentaria, estamos discutiendo lo que sobrevino de la propuesta del
coordinador de ponentes. Entonces, vamos a utilizar mociones de orden correctamente y no para deslizar
proposiciones en ese sentido. Le voy a pedir un favor Senador Vargas, cómo quiera que usted hizo una proposición de
eliminación de artículos, la va a modificar… proceda.”
    Germán Vargas Lleras: “Con el ánimo que esto avance con mayor celeridad, quiero simplificársela. Pregúntele
a la Comisión, en el evento que quieran reiterar artículos, si esa es la decisión que adoptan las comisiones, yo reitero
mis proposiciones y me limitaría a la modificación al artículo 57 y al concepto de reparación, no más. Si las
comisiones adoptan, si lo que desean es la limitación de los artículos que sean reiterativos en normas del código del
procedimiento o estén contenidas en tratados internacionales, entonces ya procederíamos a la eliminación de ese
artículo, pero no tendríamos que considerarlo uno por uno, porque las proposiciones que yo le he presentado para
este bloque de artículos, el 99% van en el sentido de la eliminación. Es una decisión que deberíamos tomar en la
Comisión. Insisto, si la Comisión toma la decisión de que hay que reiterarlo porque le parece conveniente, entonces
procedemos al sí y yo reiteraría mi proposición.”
    Hernán Andrade Serrano: “Nunca utilizo las intervenciones para echar discursos. Presidente, primer punto. A
los coordinadores ponentes y a los no ponentes: una de las preocupaciones iniciales del Senador Vargas y la mía,
era que quedara preciso que la ley 782 no quedaba derogada, sino que era el marco general para la desmovilización
en casos individuales. Yo quiero preguntarles a los coordinadores ponentes y es si sigue, si está eso preciso en el
contenido de la ley y si no se requiere ninguna adición al respecto.”
    Rafael Pardo Rueda: “Una por una. En lo que estamos proponiendo, la discusión de si la ley 782 se va a
modificar o no, no está afectada. No se toma esa decisión.”
    Hernán Andrade Serrano: “Segundo, en el mismo sentido que considero que los artículos del capítulo de
derecho a la reparación de las víctimas deben ser complementados con los temas de reparación de personas no
víctimas, si no afectados por desplazamiento o por apropiación de tierras, en ese sentido y bajo únicamente en ese
sentido, para adicionar en su momento en la discusión, solicito expresamente, y así lo radico la proposición, se
excluyan de la votación de hoy en bloque, me dicen que el 46 está excluido, el 51, el 52, el 53, 54, 55. ¿En qué
sentido? En que aquí dice que no sobra reiterar normas en el caso de la observación el Senador Vargas. Me parece
que debe complementarse el tema de las comisiones regionales y precisar su órbita de aplicación y que se
comprometa porque no sobra que el mecanismo legal para la recuperación de las tierras apropiadas ilícitamente por
supuesto, es la ley de extinción de dominio, en ese sentido quiero que se excluyan los artículos aquí señalados para
complementar y adicionar en su momento la discusión.”
    La Presidencia interviene para un punto de orden: “Me da pena con usted Representante García, pero hemos ido
de interpelación en interpelación y usted está inscrito para la discusión del bloque que se propuso. Apenas estamos
hablando de la exclusión de artículos”
    Rodrigo Rivera Salazar: “Para pedirle una aclaración a los coordinadores de ponentes, a Uribe y a Pardo. Ellos
hablan de un acuerdo sobre un grupo de artículos. Quiero preguntarles si el acuerdo consiste en respaldar esos
artículos en el pliego de modificaciones de la ponencia mayoritaria, que es el que conocemos, el que está publicado,
o si hay algunas modificaciones porque en ese caso pediría antes de opinar sobre los artículos que nos hicieran
conocer si acordaron algunas modificaciones porque la Plenaria no los conoce, eso no ha sido publicado. Y en
segundo lugar, luego de esta aclaración, yo quiero pedir la exclusión de los artículos 1º y 6º que tienen que ver con la
clase de delitos que van hacer objeto de estos beneficios, y aunque no se mencione la palabreja con la categoría de
conexidad que tanta preocupación ha despertado, entonces propongo la exclusión de esos artículos porque creo que
debe ser objeto de una discusión separada.”
    Jesús Ignacio García Valencia: “Quiero insistir en que mientras no definamos el modelo procesal, aquí estamos
dando palos de ciego. No es cierto que aquí se esté creando en ninguna de las dos ponencias un procedimiento
especial, se están es haciendo modificaciones en la ponencia del Senador Pardo al código de procedimiento penal
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anterior contenido en la ley 600 y en la ponencia que presenta el Gobierno se le están haciendo modificaciones a la
ley 906; entonces, procesalmente la estructura medular en el proyecto Pardo es la ley 600, en el proyecto del
Gobierno es la ley 906. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque aquí se está hablando de los derechos a la verdad, a
la Justicia, a la reparación de las víctimas como si fuera descubrimiento de quienes ahora fungen como ponentes de
estos proyectos de ley y resulta, doctor Camacho, que usted recuerda muy bien que ellos los estudiamos desde el acto
legislativo que reformó la Fiscalía y los desarrollamos en el nuevo código d procedimiento penal, entre otras cosas,
porque existe el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia C-228 de 2002, en la cual la Corte
Constitucional dijo…aún antes de reformar la Constitución con el acto legislativo 03 del 2002, que las víctimas
tenían derecho a la verdad, la Justicia y la reparación. Entonces, nos quieren dar la impresión de que estos temas son
nuevos en nuestra legislación. No, ellos ya están contemplados y desarrollados en el nuevo código de procedimiento
penal; entonces yo insisto en cuál es la estructura procesal que vamos a escoger, porque el Gobierno incluso remite a
que todos los vacíos de la ley se tienen que llenar, dice, con el código de procedimiento penal.
    Y yo he entendido que es código de procedimiento penal de tendencia marcadamente acusatoria, mientras que el
proyecto del doctor Pardo dice que será el código de procedimiento penal y lo dice expresamente en la ley 600 el que
entre a regular la manera como se va a adelantar el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros definimos, por
ejemplo el doctor Uribe, que el proceso va a ser eminentemente acusatorio, con algunas variantes de tipo inquisitivo
que ustedes le quieren introducir como la recepción de versión libre, tenemos que concluir que la espina dorsal de
todo el proceso de su regulación va a ser la ley 906 y allí tiene absoluta razón el Senador Vargas Lleras, para qué
vamos a repetir el principio de oralidad si allí está, inclusive el derecho a la defensa está definido tal cual como
ustedes lo copian allí, el artículo 8º del nuevo código de procedimiento penal; el principio de la oralidad está definido
en el artículo 9º. Y no creo doctor Rojas, que sea acertado decir que uno pueda ser el derecho a la verdad en un
proceso contra el autor de un hurto y otro tiene que ser el derecho a la verdad en un proceso contra el autor de estos
delitos que se fundamentan en el ejercicio de la actuación paramilitar o la actuación guerrillera. Siempre el proceso
penal tendrá como objetivo la búsqueda de la verdad; ese es un principio inconcluso que ya nadie discute en el
derecho procesal penal y la verdad tendrá que buscarse y encontrarse de acuerdo a la naturaleza del delito, pero
siempre la verdad tendrá que buscar la constatación de que lo que se está revelando en el proceso fue lo que ocurrió
en la realidad. Entonces, yo no creo que sea necesario definir el derecho a la verdad, definir el derecho a la Justicia,
definir el derecho a la reparación, porque todo eso está definido, y no en los estándares internacionales, como decía
el Senador Vargas, sino que hoy en día están relacionados en el nuevo código de procedimiento penal. Nos hablan de
las excepciones a la publicidad; también están en el nuevo código de procedimiento penal; no hay necesidad de que
aquí queden explícitas; allá hay todo un estatuto orgánico que en este momento está siendo conocido por todos lo
operadores jurídicos del país que simplemente tendrían que entrar a mirar cuáles son la normas especiales que aquí
vamos a dictar para en las normas especiales aplicar las variantes que traiga esta legislación que estamos pensando
expedir. Entonces, en este contexto, doctor Uribe, en mi concepto deberíamos excluir todo aquello que está definido
en el nuevo código de procedimiento penal; mientras nos pronunciamos sobre cuál es el modelo procesal que vamos
a escoger, yo diría que se excluya desde el 4º hasta el 45, porque todos estos temas están debidamente tratados y
desarrollados en el nuevo código de procedimiento penal. Ahora, aspectos como la Comisión nacional de reparación,
las comisiones regionales, todo eso, pues sí sería materia de esta nueva regulación. Entonces, yo les pediría que
hasta que definamos ese punto dejáramos pendiente la votación de los artículos a los cuales me he referido.”
    Mario Uribe Escobar: “Representante García, en tono menor, es un procedimiento especial; esa es la razón por
la cual estamos repitiendo algunos principios que están consagrados en la ley 906, pero es que recuérdese que la ley
906 es aplicable desde el primero de enero de este año.”
    Jesús Ignacio García Valencia: “Dicen que a todos estos delitos les es aplicable la ley 600 porque son cometidos
antes del primero de enero del 2005. Doctor Uribe y doctor Pardo. El alzamiento de armas, el concierto para
delinquir, son delitos permanentes de acuerdo con la doctrina penal que quiere decir que se están cometiendo todos
los días. Resulta que el primero de enero del 2005 los señores paramilitares seguían ejerciendo su actividad de
concierto para delinquir y por eso es aplicable ya a esas conductas el nuevo código de procedimiento penal. En
segundo lugar, dirán, ah, no, pero es que ellos no están cometiendo los delitos en el eje cafetero, ni los están
cometiendo en Bogotá; pero resulta que el alzamiento armado tanto de la guerrilla como de los paramilitares tiene
carácter nacional y por consiguiente en virtud de que tiene carácter nacional por el factor de territorialidad, también
les es aplicable el nuevo código de procedimiento penal. Entonces, yo les traigo a colación estas reflexiones porque
quiero que las piense, señor ponente, no vaya a ser que hacia el futuro se vaya a presentar un conflicto de leyes en el
tiempo.”
    Mario Uribe Escobar: “Señor Presidente, los ponentes hemos propuesto un bloque de artículos, algunos
Senadores han propuesto que se excluyan algunos artículos de ese bloque, los que hayan sido excluidos. Señor
Presidente, le ruego someterlos a votación.



                                            CAPITULO I.
                                    PRINCIPIOS Y DEFINICIONES.

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA PRESENTE LEY. La presente ley tiene por
objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a
la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de
guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos
como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de
las que trate la Ley 782 de 2002.

                                       Lunes 13 de junio de 2005 (Gaceta 355)
                                                                                                           36
           Germán Vargas Lleras: “yo fui quien solicitó la exclusión de este artículo. Reitero
brevemente, lo hago por consideraciones. En primer lugar me parece que deberíamos votar el
parágrafo 1 y excluir a partir de donde se dice: se entiende por grupo armado organizado al margen
de la ley. El inciso correcto. Deberíamos excluir eso. Dos razones. Primero. Esa definición está
claramente contenida en el parágrafo dos del artículo 8 de la ley 782, creo que no es más que una
reiteración que le sobra al proyecto, pero me permite también afirmar lo siguiente. Que es una
discusión que probablemente ustedes hayan entendido, pero en la cual yo quiero participar y se
relaciona con esto.
           Uno entiende que la estructura que se va a aplicar es del código d procedimiento penal, el
código penal, la 782, y esta ley viene a convertirse en un en un instrumento de aplicación de la 782.
En ese contexto así lo hemos entendido algunos. De manera que esta iniciativa que estamos
discutiendo es un complemento o si se quiere, un instrumento de la ley 782 y en ese contexto no hay
además para que estar repitiendo la 782. Cuando el operador de Justicia haya de interpretar estas
normas, tendrá que proceder en esa forma, los convenios internacionales vigentes y ratificados por
Colombia. En el código de procedimiento penal y el código penal, la 782 y finalmente, para el caso en
concreto está como instrumento de la 782, por eso además Senador Uribe, nos permite de una vez
entrar en otra definición que yo había pedido. Si no vamos a reiterar normas eliminemos este
parágrafo y me someto a lo que las comisiones digan, si consideran que hay que reiterar las normas
de la 782 si preservan el parágrafo habrán definido una línea de conducta frente al resto del
articulado y en ese evento y para efectos de no fatigar a las comisiones, reiteraría el resto de mis
proposiciones en el sentido que se eliminen los artículos reiterativos. Si las comisiones eliminan el
parágrafo quiere decir que han tomado la decisión de no reiterar normas vigentes al Interior del
proyecto y en ese sentido posteriormente presentaría las observaciones que tengo en igual forma a
otros artículos de este proyecto. De manera que esta votación nos puede orientar, me orienta a mí y
facilita el trabajo de la Comisión, si les parece bien.”
           Rafael Pardo Rueda: “Senador Vargas, creo que ha puesto el dedo en la llaga del tema que
muchos han planteado que se empiece a discutir. Esta definición que hay en el artículo 1, inciso
segundo, en la propuesta del Gobierno que nosotros acogemos, no excluye que entremos a discutir un
punto sobre el cual no hemos estado de acuerdo con el Gobierno, pero el Senador Vargas lo trae a
colación y es que nosotros definimos grupo armado en función de la existencia de conflicto armado
interno. Este segundo inciso no habla del conflicto armado interno, por ese el Gobierno está de
acuerdo con este inciso y por eso nosotros si bien estamos de acuerdo con esa definición nos parece
insuficiente y por eso queremos plantear la discusión de un artículo que está en nuestra ponencia que
define qué es grupo armado interno dentro del conflicto armado interno, grupo armado organizado
dentro del conflicto armado interno. Entonces, podríamos decir que esta redacción del capítulo
primero de objeto de la ley, satisface parcialmente ambas teorías, la de la ponencia del Senador
Uribe, que trae las ideas del Gobierno y de la ponencia nuestra que es una ponencia alternativa. Si
quieren damos la discusión de si hay o no conflicto interno y si eso tiene aplicaciones y qué
implicaciones, sacar las referencias al conflicto armado interno o no sacarlas en función de esta ley.
Lo podemos discutir ahora o lo podemos discutir a renglón seguido. Lo que quiero decirles es que el
artículo 1 satisface las dos versiones. No quiere decir que no vayamos a discutir si hay o no conflicto
armado interno que está en una proposición que podemos discutir a renglón seguido. Entonces, yo lo
que plantearía es que en otro artículo, es que este artículo 1 como está en satisfacción para nosotros y
para el Gobierno. Para nosotros es necesario, pero no suficiente, lo suficiente es discutir oro artículo
sobre el cual está en nuestra ponencia que define como grupo armado, en función del conflicto
armado que es parte como dijo el Senador Vargas de la ley 782. Entonces, creo que vale la pena que
ustedes conozcan que este es uno de los centros de gravedad que diferencia los dos proyectos. Esta
definición satisfaría los dos planteamientos, pero para nosotros no es suficiente porque creemos que
debe haber una definición de grupo armado alrededor de conflicto interno, tema que está en un
artículo que vamos a proponer en el momento en que lleguen porque están en las definiciones. Eso es
Senador.”
           Fernando Velasco Chaves: “no, creo que el Senador Pardo hizo una buena explicación.
¿En qué sentido? El artículo 1 no entra todavía a la nuez del debate, pro yo si creo Senador Pardo,
con todo respeto, que hay que meterse en la nuez del debate. Nosotros podríamos votar ya el artículo
1 y de alguna manera, pues ni decimos que hay conflicto armado interno, ni decimos que no hay, pero
yo si creo que después de votar el artículo 1, abordemos de una vez el elemento de discusión, porque
es que ese elemento no solo define la concepción ideológica que tenemos sobre como deben formarse,
formularse y construirse esta ley si o que define muchos artículos más, muchos tipos penales que se
pueden aplicar o no aplicar en la definición de esta ley. A mi, con todo respeto, Senador Pardo, si me
parece que es mejor que nosotros digamos de una vez si estamos de acuerdo con una concesión frente
a l que tiene que ser esta ley o no y esa concesión solo se define si sabemos, por ejemplo, si hay
conflicto interno o no hay conflicto interno, si hay confesión o no hay confesión, porque lo otro serían
empezar a pegarle botones a una camisa si ni siquiera hemos hecho el cuello, ni siquiera hemos hecho
las mangas, ni siquiera hemos hecho los botones, etc. De manera que a mi me parece, Senador, que
abordemos de una vez el debate por donde es.”
           Joaquín José Vives Pérez: “yo quiero expresar mi voto negativo al artículo 1 por razones
diferentes a las que exponen aquí, por demás apoyo la iniciativa del Senador Vargas de no repetir
definiciones que por cierto no son tan exactas en la ley 782 y en este proyecto. Pero mi motivo es otro,
desde la semana pasada expresé que si algo justifica romper la proporcionalidad de la pena frente a
los delitos que van a cubrir esta ley, es que a estos grupos como contraprestación están entregando al
país una oportunidad de paz, la generosidad que debemos entregar tiene como contrapartida la
desarticulación de los grupos armados al margen de la ley. El Senador Darío Martínez cuestionaba si
era proporcional, si había Justicia sancionando delitos de lesa humanidad que corresponden a penas
de cuarenta o sesenta años con cinco. Y tal vez no la hay, pero la sociedad tiene que acceder a este
beneficio si a cambio nos están entregando la desarticulación de estos grupos, pero quién se
desmoviliza individualmente, Senador Pardo, no da como contrapartida una oportunidad de paz, va a
decir, claro, pero hay que motivar la desmovilización individual, desde luego eso está en la 782.
Recordemos para qué es esta ley. Los delitos políticos y los conexos con los delitos políticos se rigen
por la 782, Representante García. Aquí en últimas vamos a cobijar delitos de lesa humanidad o
delitos comunes que no entran en la ley 782 cuyas penas serían intrascendentes, pero el debate es
                                                                                                           37
frente a los delitos de lesa humanidad y yo no encuentro proporcional, razonable. A mi no me parece
que hay una compensación exacta para una persona que individualmente dice bueno, yo utilicé la
motosierra, yo participé en las masacres, yo diseñé esto y aquello y quiero acogerme a una beneficio,
no le está dando a la sociedad la contraprestación que genera además esos conceptos de verdad que
usted defiende, doctor Pardo y que permite construir en el imaginario colectivo del perdón, no. La
desmovilización individual por delitos conexos sigamos manejándola a través de la 782.

          De manera que como discrepo fundamentalmente de quién trate de desmovilizar o de buscar
beneficios individualmente sobre delitos de lesa humanidad, no pueden recibir el mismo tratamiento
de quienes lo hacen en bloque y aportan a la paz. Desde ahora anuncio mi voto negativo para esta
disposición del artículo 1.”
           Rodrigo Rivera Salazar: “Pero yo he propuesto que se excluya este artículo porque creo,
Representante Velasco, que si estamos llegando al almendrón de la discusión de este proyecto de ley.
El artículo establece el objeto de la ley, menciona que está dirigida a miembros de grupos armados al
margen de la ley y también define esos grupos armados como organizados al margen de la ley como
grupo de guerrilla o de autodefensas o una parte significativa o integral de los mismos como bloques,
frente u otras modalidades de organización que bajo un mando responsable haya mantenido
presencia en un territorio con capacidad de realizar acciones armadas sostenidas. La primera
reflexión que quiero hacer es que creo que es totalmente pertinente la discusión que planteado el
Representante Velasco. Si en Colombia reconocemos que hay conflicto armado interno y yo creo que
lo hay, un conflicto armado, entonces para muchas de estas conductas, las normas que son aplicables
son las norma más severas del código penal, son el punto de partida de todo el tratamiento de Estado
que son las normas que tiene que ver con homicidios, con tomas de rehenes con secuestros, por
personas protegidas por lo que llamaríamos el derecho internacional de guerra que de alguna
manera se ha incorporado en el código penal. No es lo mismo un homicidio decía ahora Velasco, un
homicidio por fuera del conflicto, que un homicidio dentro del conflicto. Y yo quiero abundar en
explicaciones. No es lo mismo, porque el código penal castiga con más severidad el homicidio o la
toma de rehenes o los delitos que se dan dentro del marco del conflicto interno, especialmente cuando
afectan la población civil y por lo tanto se enmarcan dentro del concepto de delitos de lasa
humanidad. Entonces, no estamos hablando de un tema secundario, no estamos hablando de una
disquisición teórica adjetiva, si no que estamos hablando de un tema central. Me parece que eso no se
ha dilucidado Senador Pardo y que no es bueno avanzar en este artículo. Yo sé que usted lo hace con
la mayor buena fe, pero no es bueno avanzar en este artículo, si de nuestra parte hacemos la
concesión de avanzar en este artículo sin que a la par, del lado de los amigos del Gobierno hagan la
concesión de reconocer que en Colombia hay un conflicto armado interno para que el punto de
partida sea la protección que el legislativo Colombiano en el código penal ya estableció para la
sociedad civil que resulta víctima de los grupos armados involucrados dentro de un conflicto interno.
Primera observación. Segunda observación. La segunda observación no es de poca monta, no es de
menor importancia. Es la que tiene que ver con si le vamos a dar a las autodefensas el estatus de
delincuentes políticos o no. Hasta ahora en Colombia es claro que los delitos en los que incurren la
guerrilla son delitos políticos, así lo califica el código penal, así lo califica la tradición
jurisprudencial y doctrina de nuestro país, pero si han tratado como delitos comunes aquellos en los
que incurren los grupos de autodefensa. El presidente Uribe y su Gobierno han defendido la tesis de
que ambas conductas son iguales. Y entonces, presidente, con su venia, el Representante Vives está
pidiendo una interpelación.”
           Joaquín José Vives Pérez: “para formularle una pregunta, Senador Rivera: ¿es posible
reconocerles el carácter de delincuentes políticos sin la existencia de un conflicto armado?”
 Rodrigo Rivera Salazar: “Gracias Representante por la pregunta y yo voy a responderle. Ya he
sostenido la tesis de que creo que en Colombia hay que reconocer la existencia de un conflicto
armado y por supuesto, insisto, eso tiene consecuencias en el punto de partida, digamos del quantum
punitivo, de la magnitud de las penas que sería el punto de partida a aplicar a los amparados por esta
ley. Si reconocemos que hay conflicto, el punto de partida es más alto. Especialmente, no en los
delitos que tengan que ve con el alzamiento armado propiamente dicho, con al autodefensa
propiamente dicho, pero si con los delitos que tiene que ver con la afectación de civiles que son
delitos protegidos por el derecho internacional humanitario. En tesis acogida por el código penal
Colombiano. Voy al segundo tema. Senador Uribe y pardo. Si le vamos a reconocer el carácter de
delincuentes políticos a las AUC, el presidente ha sostenido que son iguales a la guerrilla. Yo creo
que esa tesis es muy efectista, es una tesis simple con un poder de comunicación gigantesco, es muy
fácil que la opinión pública Colombiana compre esa tesis, la acepte, porque evidentemente las
atrocidades de la guerrilla son iguales a las atrocidades de los grupos de autodefensa y eso es lo que
suele repetir como un estribillo el presidente y su Gobierno y por supuesto quién va a desconocer que
son similarmente repudiables y censurables las atrocidades de unos y de otros. Pero realmente es un
sofisma de distracción, porque hay varias circunstancias que en la tradición jurídica han explicado la
diferencia en el tratamiento a los grupos guerrilleros y a los grupos de autodefensa. La primera
circunstancia, los móviles, es cierto, un grupo guerrillero vestido de camuflado, armado con fusiles,
con bazucas, con armas de uso privativo de las fuerzas militares, es igual objetivamente en su
apariencia exterior a un grupo de autodefensas vestido de camuflado y que tenga los mismos
armamentos. Pero la motivación es distinta, los móviles de la guerrilla se dirigen a acabar con el
Estado, con el régimen constitucional, a derrocar el Gobierno, los móviles de autodefensa no se
dirigen ni a acabar con el régimen constitucional, ni a derrocar el Gobierno, si no que sus móviles
son defender el Estado. Y en muchas ocasiones defender al Gobierno y defenderlo por las vías que no
pueden utilizar, por los medios, los instrumentos que no pueden utilizar los servidores públicos, no
pueden utilizar los miembros de la fuerza pública, eso es lo que se llama la guerra sucia, la guerra
sucia que los miembros del ejército y los miembros de la policía no pueden hacer, los miembros de los
grupos paramilitares sí pueden hacer, pero la motivación es la misma. Defender al Estado y es
distinta de la motivación de la guerrilla que es atacar al estado y derrocar el régimen constitucional y
el Gobierno de turno. La segunda diferencia tiene que ver con el fenómeno de causalidad. La
guerrilla es la causa y el paramilitarismo es el origen; por eso tiene sentido la pregunta que se hacen
muchos observadores en Colombia de porque el Gobierno emprende una negociación política con las
AUC que son la consecuencia sin que simultáneamente haya una negociación política con las FARC y
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con el ELN que son la causa, o sin que previamente se haya desmontado la causa. Y si al desmontar
la criminalidad de las AUC y permitir que sigan intactas las estructuras de las FARC y el ELN, no
estaremos generando el piso para que vuelvan a generarse otras AUC, otros fenómenos de
paramilitarismo, por más que se desmonten y que se negocien ahora con el Gobierno y que se
desmovilicen algunos frentes de las AUC. Esta no es una cuestión de poca monta, es la explicación de
que los grupos de autodefensa no estén presentando frente al Gobierno nacional como un bloque
monolítico, con unidad de mando.

Las autodefensas unidas de Colombia fueron autodefensas unidas de Colombia para todas sus
empresas de alzamiento armado y de enfrentar a la guerrilla, pero se convirtieron en autodefensas
divididas de Colombia cuando se trató de empezar una interlocución política con el Gobierno. Porque
sorprendentemente vimos cómo unos bloques de autodefensa emprendían la negociación y otros
bloques de autodefensa se mantenían fuera de la negociación. Es lo que hemos llamado, Señor
Ministro del Interior, el desdoblamiento de los bloques de autodefensas. Es lo que hemos llamado la
necesidad de que el Gobierno exija unidad de mando y seriedad en las obligaciones que asuman
frente al Gobierno y al Estado Colombiano los miembros de las autodefensas para garantizar que
esas obligaciones se puedan verificar y que haya un alto al fuego y un cese de hostilidades que
realmente se cumpla. Naturalmente eso no se puede conseguir, si como decía el Senador Antonio
Navarro hace ocho días, el Gobierno incurre el la ligereza de permitir que se concentren los altos
mandos de las autodefensas, pero no exige la concentración de las tropas y yo agregaría otra
ligereza. La de permitir que haya una negociación con unos bloques de autodefensas y que los otros
bloques tengan la patente de corso para no entrar en esa negociación. Y yo agregaría una tercera
ligereza, la de permitir en la negociación y en el proyecto de ley, que estos beneficios amparen a los
grupos organizados que se han levantado en armas contra el Gobierno o para defender al Gobierno o
al Estado, pero al mismo tiempo individuos, Señor Ministro, señores coordinadores de ponentes, este
no es un tema de poca monta y cuando yo veo en el artículo 1 que la definición de grupo armado
comprende el grupo de guerrillas o autodefensas o una parte integral de los mismos, como bloques o
frentes u otras modalidades de organización, francamente creo que aquí hay un tema de fondo que
tiene que ver con la manera cómo el Gobierno ha manejado este proceso de negociación con las
autodefensas y creo que debe ser un objeto de deliberación entre las fuerzas políticas en el Congreso
nacional. Pero voy al tema de fondo. Ya hemos mencionado que guerrilla y autodefensas se
diferencian por los móviles. En primer lugar, la guerrilla y las autodefensas se diferencian porque la
guerrilla es la causa y la autodefensa es la consecuencia en segundo lugar, pero hay por lo menos dos
diferencias más que yo agregaría en la tradición jurídica y política de este país que hacen diversa la
actividad delincuencial de la guerrilla y la actividad delincuencial de las autodefensas. La tercera es
un tema de contenido ético. La ética que se reclama de los particulares no es la misma ética que se
reclama de los servidores públicos. A los servidores públicos se les exige una ética superior y por eso
la ética que se reprocha en quienes son guerrilleros, es distinta a la ética que se reprocha violada en
quienes son paramilitares, ya no hablemos de autodefensas, paramilitares. Hablemos de
paramilitarismo. Cuando se habla de paramilitarismo se habla de unas organizaciones al margen de
la ley que tiene inspiración en miembros de la fuerza pública o que son patrocinadas o que son
organizadas o que son toleradas por miembros de la fuerza pública o que frente a su actuación hay
flagrantes omisiones de miembros de la fuerza pública. Por lo tanto, el juicio de reproche del sistema
jurídico y político y la sociedad plantea frente a la guerrilla, es distinto que el que plantea frente a las
autodefensas, es superior el reproche de la sociedad frente a la autodefensa, porque generalmente la
autodefensa compromete el patrocinio o la inspiración o por lo menos la tolerancia de servidores
públicos, algunos en la fuerza pública, otros en gobernaciones y alcaldías, otros en el Gobierno, otros
en liderazgo político del país, pero ese es el carácter de paraestatalidad, de paramilitarismo, el que
ha hecho que haya una diferencia explicable entre la conducta de guerrilleros y paramilitares. Y una
cuarta diferencia tiene que ver con la capacidad de desestabilización institucional que tiene unos y
otros, porque se ha reconocido siempre que es mayor la capacidad de daño y de desestabilización
institucional de las autodefensas que la de la guerrilla, porque la guerrilla es un enemigo abierto,
desenmascarado del Estado; en cambio la autodefensa finge, simula ser un defensor del estado y por
lo tanto tiene una mayor capacidad de penetración como un cáncer que hace metástasis en todos los
cuerpos del organismo social. De la guerrilla difícilmente se puede predicar que tiene las alcaldías o
que tienen gobernaciones o que tiene congresistas de la guerra. Difícilmente se puede predicar que
tienen penetración en la fuerza pública o en la alta sociedad o aceptación social o política
gubernamental. En cambio el paramilitarismo, como funge como defensor del estado frente a la
amenaza guerrillera, se suele predicar que hay una cierta tolerancia o aceptación y entonces produce
una desestabilización social e institucional mucho mayor como la que en el pasado produjo el
narcotráfico. Cuatro electos de diferenciación entre guerrilla y autodefensas o paramilitarismo que
sin embargo el Gobierno ha ignorado para decir son las mismas conductas y por lo tanto ambas
deben recibir un tratamiento político. Yo le voy a decir, Ministro, en el ánimo más constructivo y
hablo en mi propio nombre, estaríamos en consideración de tomar la decisión de darle un estatus
político a unas conductas delictivas que hasta el momento se han denominado delitos comunes. Yo le
puedo decir, Ministro, sí, estaríamos en consideración, en condiciones de hacerlo. ¿Cuál sería el
efecto de tratar esas conductas como delitos políticos? Primero. Que entonces los actores de esas
conductas son merecedores de una concesión del estado que es el diálogo político, la interlocución
política, el estatus político. Segundo efecto. Podrían hacerse acreedores por el solo delito de
organizarse como autodefensas, acreedores al indulto y a la amnistía como dice la constitución
nacional, siempre y cuando en las Cámaras legislativas votemos a favor de esa propuesta las dos
terceras partes de los miembros de estás Cámaras. Ministro, le subrayo este tema, porque esa
decisión que sería la más audaz desde el punto de vista de este proyecto d ley, demanda por mandato
del constituyente acuerdo políticos, no es una decisión que se pueda adoptaren estas Cámaras y por
mayoría simple, ni por mayoría absoluta de esas que se exigen en las leyes estatutarias, es una
mayoría calificada. Tal vez la mayoría calificada más exigente, Senador Carlos Gaviria, que incluye
el constituyente en la carta política del 91. En esta mayoría para otorgar amnistías o indultos tiene
que haber la condición de delitos políticos que amparen a quienes reciben ese beneficio y segundo,
tiene que haber una votación de las dos terceras partes de los miembros de estas Cámaras; es decir
ese tema exige acuerdos políticos. Tercera consecuencia. Los miembros de las autodefensas
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indultados y amnistiados por esos delitos políticos podrían hacerse elegir como miembros del
Congreso, no tendrían restricciones en sus derechos políticos. Y cuarta consecuencia. Los miembros
de las autodefensas que resulten amparados con esta concesión como delincuentes políticos quedan
protegidos del instrumento de la extradición porque el artículo 35 prohibe expresamente la
extradición de delincuentes políticos. Señor Ministro. ¿Podríamos aceptar, podríamos tomar esa
decisión, podríamos discutir, la podríamos aceptar? Pero yo planteo la deberíamos discutir en un
escenario de acuerdos políticos.

Y por eso, Senador Pardo, me parece que no tiene sentido que avancemos en la votación a destajo de
este proyecto, en la votación de este artículo 1 que tiene la implicación de concederle el tratamiento
que tradicionalmente se le ha dado a la guerrilla y a las autodefensas que hasta ahora han sido
denominadas delincuentes políticos. Esa es una decisión que podemos tomar. Yo creo que sí podemos
llegar a acuerdos políticos sobre el tema, yo creo que sí, el partido liberal podría coadyuvar a esa
dirección, yo creo que sí. Incondicionalmente yo creo que no. Aquí se han planteado condiciones. Lo
ha dicho el Representante J. Vives, lo dijo la semana pasada el presidente de la dirección nacional
liberal, una condición es que tengamos la garantía del desmonte real de todos los componentes del
paramilitarismo en Colombia, el desmonte del componente militar, aquí se está mencionando, la
entrega de las armas es una parte, hay que desmontar el componente económico, tiene que ver con
todo el asunto de la entrega de los bienes adquiridos, de manera que lícitamente no puedan justificar.
El desmonte de todo el componente político y social tiene que ver con lo que aquí mencionamos como
cuarentena política, pero es una tema discutible, lo que quiere un sector muy importante de la opinión
nacional Colombiana, Señor Ministro, no es entorpecer este proyecto de paz, es garantizar que los
actores del conflicto armado no nos pongan conejo, no le pongan conejo a la democracia
Colombiana, si nosotros tenemos la garantía de que habrá un des monte efectivo de todas las aristas
que componen el alzamiento armado y la autodefensa o el paramilitarismo que se ha erguido para
oponerse a la acción de los grupos guerrilleros, entonces esa condición empieza a allanar el camino
para que la nación, para que la democracia, para que en consensos políticos no en victorias precarias
por uno o dos votos en el Congreso nacional, tomemos la decisión de otorgarles el carácter de
delincuentes políticos a quienes hasta el momento solo han tenido la característica de ser delincuentes
comunes. Y por lo tanto, no tienen ni la posibilidad de recibir indulto o amnistía, ni la posibilidad de
recibir una legitimidad política para aspirar a ningún cargo público, ni la posibilidad de recibir
protección frente a la extradición, pero hay otra condición, Señor Ministro. Esta condición está
vinculada con cerrar las troneras que en proyecto hemos denunciado frente a lo que se ha
denominado la conexidad, la lapsa concesión de conexidad que el proyecto del Gobierno le ha
planteado a las Cámaras legislativas. En el pasado hubo generosidad en la doctrina, la
jurisprudencia frente a los delitos políticos, la constitución permite que sean indultados y
amnistiados, no solamente los delitos políticos, también los delitos conexos con los políticos y sobre
este tema hay una larga tradición, hay una larga construcción jurisprudencial y doctrinaria. ¿Qué
son delitos conexos? Los que hacen parte del combate, los homicidios en combate, incluso la toma de
rehenes en combate, los que hacen parte del calor, del fragor, de la batalla, ha habido
interpretaciones más o menos lapsas, pero siempre la jurisprudencia a señalado un umbral
afortunado en cuanto a lo que se considera a los delitos conexos para decir que la violación de una
niña de 12 años o de 14 años o de una mujer de 18 años por parte de un guerrillero o por parte de un
grupo de autodefensas, no puede considerarse jamás como un delito conexo, para decir que una
masacre de la población civil desarmada jamás puede ser amparada con el manto de impunidad o de
beneficios políticos o de favorabilidad política que supone la figura de conexidad, para establecer que
todos os delitos contra la población civil que no hace parte del conflicto no pueden ser amparados
por ese criterio benigno de conexidad. Por eso cuando yo gloso el artículo 1, lo estoy haciendo,
Senador pardo, porque esta definición es demasiado genérica, esta definición borra de un plumazo
décadas, años, centurias de construcción de la categoría jurídica de los delitos políticos y conexos
con ellos, que ha justificado la generosidad del Estado para cerrar capítulos terribles en la historia
de las guerras que ha sufrido nuestra nación, pero esa conexidad, esa laxitud de conexidad, Señor
Ministro del Interior también tiene que ver con el narcotráfico, es indispensable cerrar la tornera
para que el narcotráfico sea metido por la puerta de atrás o como se ha hecho en este proyecto, por la
puerta de adelante. Aquí dijimos en la intervención de la semana anterior que hay que establecer una
manera de resolver esa zona gris, que la guerrilla o el paramilitarismo financien cobrando
extorsiones a la economía lícita o ilícita, esa es una verdad de a puño. Y que cobren vacunas a los
industriales no los hace industriales o a los ganaderos o a los agricultores no los hace ganaderos o
agricultores o al narcotráfico no los hace narcotraficantes. ¿Pero que ocurre que cuando la guerrilla
o el paramilitarismo, tiene, cocinas, tienen rutas, exportan toneladas de cocaína? A mi juicio el móvil
de alzamiento contra el régimen constitucional o de defenderse de la guerrilla empieza a desvirtuarse
o a cambiarse por el móvil del ánimo de lucro implícito en el delito de narcotráfico. De ese tema
también habló la semana pasada aquí el Senador Vargas y trató de ponerle una talanquera en una
proposición sustitutiva que tiene que ver con la utilización de los recursos del narcotráfico en el
conflicto armado. Pero yo quiero terminar con esto, Ministro, de la manera más constructiva,
discutamos este proyecto integralmente, al Senador Pardo, Navarro, Gaviria, entiendo que al Senador
Uribe, hace algunas horas les propusimos que cuando fuéramos a llegar al almendrón de este
proyecto hiciéramos un alto en al camino y tratáramos de hacer un último esfuerzo para ver si por la
vía de los acuerdos políticos podemos llegar a estas definiciones, Ministro. Como se lo estoy
planteando, no tenemos una posición intransigente, pero si una posición en defensa de este país, que
no signifique un salto al vacío, que signifique una decisión cautelosa, responsable, que facilite la paz,
que no les cierre la puerta al diálogo de paz, intransigentemente con posiciones extremistas, pero que
tampoco signifique una patente de corso para amparar con la impunidad delitos contra la población
civil, delitos de lasa humanidad o una patente de corso para amparar el narcotráfico con
protecciones que no pueden ser dirigidas a narcotraficantes. Termino, Señor Presidente, con la
prueba reina, la semana pasada en este debate denunciamos el tema de la tronera y el tema del
artículo 64 sobre sedición y lo que hicimos fue advertir allí como cancerberos, lo que nos parecía un
exabrupto en el pliego de modificaciones presentado por el Gobierno y sus amigos, pero hoy he
recibido esta publicación, un ejemplar de la revista CAMBIO, el ejemplar de julio del año 2003, una
revista de hace 2 años, Señor Ministro, usted todavía estaba en FENALCO. De modo, Señor Ministro,
                                                                                                            40
que usted esto también lo va a sorprender tanto como a mí, tengo la certeza. La portada de la revista
CAMBIO llamó la propuesta de las AUC. En las páginas Interiores, en la página 16 esta revista
cuenta, julio del 2003, hay una propuesta redactada por abogados de las AUC y dice así: la
redacción final de la propuesta se produjo dentro de 15 y el 17 de junio del año 2003 en un pequeño
hotel de san Antonio de Belén, provincia de Heredia, no lejos de San José de costa Rica, en donde se
concentraron Salazar y sus colegas.

Habla del abogado Gustavo Pineda. Se titula: las autodefensas unidas de Colombia, AUC, desde la
perspectiva jurídica y en su primera página advierte que fue laborado “con exclusiva finalidad de
presentar ante el Gobierno Colombiano una propuesta de iniciativa legislativa que permita el inicio
de los diálogos entre todos los sectores comprometidos con el conflicto armado”. En el documento de
62 páginas está condensado el marco jurídico que las AUC esperan promover y que a juzgar por las
primeras reacciones obtenidas por CAMBIO, producirá una aguda controversia. Solamente quiero
leer un párrafo de ese documento, Señor Presidente. Un párrafo resume lo que con seguridad va a
despertar una enorme controversia. “Tanto el Gobierno nacional como el Congreso de la República y
la comunidad internacional, deben entender que la declaratoria del movimiento político militar de las
AUC conlleva al tratamiento de delito conexo del narcotráfico y que los pedidos de extradición que
pesan contra varios dirigentes de las AUC deben resolverse a través de la figura de la sedición y del
delito conexo y haciendo improcedente e inconveniente jurídicamente la entrega de los nacionales
pertenecientes a una agrupación armada contrainsurgente. Es un tapón, Señor Ministro, contra la
extradición. Y yo tengo que hacer aquí una rectificación frente a una grave afirmación que hice la
semana pasada. Yo dije la semana pasada que este mico o narcomico había sido gestado en la casa
de Nariño. Rectifico, me retracto, fue gestado por las AUC. Fue gestado en el seno de los abogados de
las AUC, como lo demuestra la revista de hace dos años. Por eso, presidente, Senadores Pardo y
Uribe, lo que estamos pidiendo es simplemente cautela, precaución, un proceso dirigido a las AUC,
un proceso dirigido a la insurgencia va y viene, avanza dentro de la lógica política que el país y sus
partidos y su democracia han construido durante muchos años. Varios de cuyos instrumentos están el
la propia carta constitucional, pero un proceso dirigido al narcotráfico para ampararlo con un tapón
a la extradición, como el que denunciamos la semana pasada y ya estaba fraguado en la mente de los
asesores de las AUC, desde hace dos años es un tema totalmente distinto. Yo termino, presidente,
pidiéndole si a bien lo considera el Gobierno y los coordinadores de ponentes, que frente a la
gravedad de este tema, no avancemos en la aprobación simplemente reglamentaria de estos artículos,
si no que hagamos un receso y busquemos la forma de conseguir algún consenso más calificado que
nos permita sacar este proyecto de atolladero de desconfianza pública que se ha generado en el país
alrededor de su tramite.”
          Carlos Germán Navas Talero: “una precisión, presidente que le voy a hacer. Cuando yo
conocí la ponencia que firmé con la salvedad, que dijo el doctor Gaviria, no conocía este antecedente
donde me demuestra lo que ha dicho el doctor Rivera, que esa propuesta fue producto de los
paramilitares impuesta o no sé, pero nosotros no la conocíamos, yo no conocía ese antecedente o sino
muy seguramente hubiésemos dejado constancia de esto. Para mi este es un hecho nuevo, que me
demuestra que cuando el doctor Rivera dijo hace poco tiempo que había un narcomico, era porque sí
lo había y ahora lo entiendo, porque el me está mostrando algo que yo no conocía en el momento de
firmar la providencia. Y hablo a nombre del polo democrático, el polo democrático o por lo menos yo
ignoraba ese antecedente.”
          Antonio Navarro Wolf: “la lectura del Senador Rivera es sumamente grave y no es que no
se conociera, si no que este país no tiene memoria, eso está publicado en una revista hace menos de
dos años seguramente todos lo leímos, pero no lo recordaba, pero muy grave ese antecedente que
debe discutirse en el momento en que estemos discutiendo la conexidad, la definición de si es sedición
o es otro el tipo penal que se va a aplicar y no el objeto del artículo 1. Para cumplir con su solicitud,
presidente, de referirse al artículo 1, es un tiempo breve. Quiero hacer dos afirmaciones. La primera,
creo que debemos apoyar al Senador Vargas cuando propone la supresión del segundo inciso del
artículo 1º, por una razón, porque la definición que hay en la Ley 782 de 2002, es mejor que la que
viene en el segundo inciso del artículo 1º. Leo lo que dice en la Ley 782, artículo 3º, parágrafo 1º. De
conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario y para los efectos de la presente
ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley aquel que bajo la dirección de un mando
responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones
militares sostenidas y concertadas. Empieza diciendo de conformidad con las normas del Derecho
Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Humanitario solamente es aplicable en
situaciones de conflicto armado interno. Por lo tanto, me gusta más la definición de la Ley 782 que el
inciso segundo del artículo 1º y apoyo entonces y solicito que aquí sea la supresión del inciso segundo
para que no creen dos definiciones que pueden ser contradictorias sobre el tema que nos ocupa. Y
segundo. En el inciso primero del artículo 1º propongo de una vez que se vote por partes, del término
individual se excluya de la primera votación y se vote después, porque sin duda esto tiene sentido,
esta ley tiene sentido para la desmovilización colectiva de las formas de violencia de las
organizaciones armadas al margen de la ley que queremos resolver mediante este proceso de paz y no
la desmovilización individual que puede terminar con que jefes de organizaciones armadas se
desmovilicen solos sin tener que hacer otro aporte ala tranquilidad nacional y a la paz del país. Por
eso para ser muy puntual, repito, prefiero la definición del artículo 3º, parágrafo 1º, sobre lo que son
los grupos armados al margen de la ley en el marco del Derecho Internacional Humanitario y por lo
tanto voto a favor de la proposición del doctor Vargas, suprimiendo el inciso segundo y pido de una
bizque el término individual se vote por aparte, ese es un derecho reglamentario, votación por partes
cuando se vote el inciso primero porque le encuentro toda la razón a quienes argumentan que la
desmovilización que queremos era de desmovilización colectiva. Otra cosa y seguramente el
argumento del Gobierno será, ¿qué hacemos con los desertores? Pues a los desertores hagámosle una
norma específica para los desertores, pero no abramos la puerta para que jefes de grupos al margen
de la ley vayan a desmovilizarse individualmente y nos dejen todo el resto de su estructura
funcionando y se acojan a los beneficios de la ley que estamos discutiendo.”
          Roberto Camacho Weverberg: “Me da mucha pena con usted hacer esta intervención que
voy a hacer, porque se supone que el debate general sobre el proyecto estaba agotado hace mucho
tiempo, pero hay unas afirmaciones que han hecho hoy aquí que es bueno despejarlas para que
                                                                                                           41
queden suficientemente claras ante el país. Y me refiero sobre todo a la intervención del doctor
Rodrigo Rivera. Con su destreza idiomática y su velocidad verbal para decir un montón de cosas, a la
manera de un carro a toda velocidad que la excusa entre los precipicios uno no sabe en qué momento
uno se va a estrellar. En qué momento va a parar. Cuando el doctor, el Honorable Senador Gaviria,
pidió y todos desconocimos esa petición de que justificáramos porque votáramos en contra la
presencia de las Autodefensas, yo voté en contra de eso, Honorable Senador y me abstuve de explicar,
pero lo voy hacer en este momento para unir los dos temas.

           La razón por la cual yo voté en contra de que teníamos que reunirnos con los delegados o
con las personas de las Autodefensas, además de todo lo que se dijo aquí, fue por una afirmación,
unas afirmaciones que se han hecho aquí que yo no comparto para nada. Fundamentalmente unas que
vienen en los comunicados de las Autodefensas y otra que hizo la Honorable Representante Rocío
Arias. Según la cual las Autodefensas también tenían naturaleza política porque defendían al Estado y
yo no puedo aceptar esa afirmación de que las Autodefensas nacieron y se organizaron para defender
el Estado. Nacieron y se organizaron para suplantarlo, para reemplazarlo, por aquello del Estado
fallido de que tanto se ha hablado por una inacción permanente del Estado en muchos frentes, no
solamente en el frente militar y policivo, sino en el frente social y en el frente humano, nacieron para
reemplazarlo pero con un problema, que nadie los autorizó a hacer eso. Lo hicieron ad hoc, por sí
mismos, son unos usurpadores de la presencia del Estado, no estaban autorizados para eso y por lo
tanto ellos no tenían por qué ejercer esas funciones, pero claro, el Estado Colombiano abandonó
durante mucho tiempo el cumplimiento de sus deberes en muchos aspectos y esta gente ocupa ese
espacio vacío, vuelvo y repito, sin que nadie los hubiera autorizado para cumplir ese tipo de
funciones. En una democracia el único que puede autorizar a cumplir funciones públicas es el pueblo.
Mediante el uso adecuado de la democracia. La democracia es un instrumento que los pueblos tienen
para darse los perfiles públicos que requieren. En Colombia se ha tenido una equivocación con eso,
creyendo que la democracia es un propósito, es un objetivo, eso ya lo fue hace tiempo, la democracia
es un instrumento que tienen los pueblos para autorizar a los funcionarios públicos a cumplir
determinadas funciones. Pues durante muchos años la clase dirigente de este país, especialmente la
clase política, incumplió con sus funciones, en todos los frentes y por lo tanto crea un vacío y nace el
fenómeno de las Autodefensas que posteriormente consigue una organización, la organización es
posterior a la aparición del fenómeno de las Autodefensas que fueron una manera como esas
personas usurparon al Estado y, ¿cuáles funciones ha dejado de cumplir el Estado? Vamos a hablar
primero del tema militar. Llevamos más de 20 años acabando con el ejercito, disminuyéndoles sus
facultades, sus funciones, sus fueros, su apoyo y su moral y hay una relación casi exacta entre la
disminución de la capacidad de acción del Ejército por virtud de la mediocridad de esta clase
dirigente y la exaltación de los fenómenos de Autodefensa, entre otros, para no hablar de la guerrilla,
de la violencia en general. Aquí las clases dirigentes se dedicaron a gozar el poder, ha disfrutar del
juego electoral y abandonar el cumplimiento de sus obligaciones y se dedicaron sistemáticamente a
acabar con el Ejército. Aliados con unos y con otros. En unos lados con la gente de extrema
izquierda, doctor Rodrigo Rivera, que sí se han infiltrado en el Estado, así usted diga que no. Se han
infiltrado en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los sindicatos y muchos frentes y también
con la gente de la derecha, nuestras clases dirigentes que son la calle abyecta de los mandatos de los
gringos, se aliaron en los años noventa para aniquilar la capacidad moral y de combate del Ejército
Nacional, del Ejército en sentido amplio me refiero, Fuerzas Militares y Policía Nacional, Colombia
tiene el fuero militar más delgado, más inexistente de América Latina y uno de los más delgados del
mundo, en pleno conflicto nuestros militares no tienen el fuero que todos los militares en todas partes
del mundo tienen. Son ingentes la cantidad de ejemplos que podríamos dar aquí, de cómo los militares
han sido sometidos a la vejación y a la humillación de investigaciones muchas veces inventadas que
han paralizado su capacidad de lucha y su capacidad de combate. Venir uno a afirmar aquí que los
grupos paramilitares se llaman así porque han sido agrupados por los militares, cuando son estos de
las primeras víctimas del conflicto. Es por lo menos una audacia por no dar uno calificativo superior.
Ustedes oyeron hace poco que el Presidente Uribe se refirió al plan tortuga del Ejército en estos días,
y pocas personas le han puesto atención a esa afirmación del Plan Tortuga. Ese plan tortuga si se
dice así puede parecer como deliberado. Pero fue cierto, la inacción de la Fuerza Pública, la falta de
presencia de la Fuerza Pública, no por culpa de nuestros soldados y nuestros oficiales, sino por culpa
de la clase dirigente de este país. Porque los Presidentes de la República, no asumieron la conducción
de la guerra que es su responsabilidad primaria. Porque abandonaron el conflicto a la buena de Dios,
porque se entregaron a teorías extranjerizantes, porque se allanaron a una serie de exigencias
internacionales provenientes sobre todo de Washington para aniquilar la capacidad de combate de la
Fuerza Pública, eso creó ese vacío que ocupan las autodefensas. Obviamente en otros frentes
también, es muy fácil decir que la guerrilla tiene una motivación política y noble que proviene de la
exclusión, del abandono social, de la injusticia social, eso mismo que consignan las autodefensas hoy
en el documento que nos hicieron circular aquí, según ellos también se legitiman en el hecho de que
en Colombia hay pobreza, hay injusticia social, qué va a pasar una vez que se haga el proceso de paz,
dónde van a estar las inversiones públicas o sociales, y dicen ahí en el documento, y las escuelas
dónde van a quedar, quién va a construir los puestos de salud, en ese orden de ideas doctor Rodrigo
Rivera, cómo va uno a decir y afirmar aquí que las autodefensas no tienen origen en un fenómeno
político clarísimo, en una inacción y una falta de presencia del Estado. No solamente en la obligación
de cuidar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sino la falta de presencia de esa social, que tanto
se reclama aquí, cómo va uno a decir que las autodefensas en Colombia fueron fundadas en un acto
constitutivo y legal por militares o por gobernantes desconociendo el hecho real de la sistemática
incumplimiento de las obligaciones constitucionales de la dirigencia. Y dónde se equivoca quienes
dicen que las autodefensas defienden al Estado, defienden, ¿es qué es el Estado?, el Estado no es otra
cosa que la sociedad jurídicamente organizada y este es un Estado de Derecho democrático y
solamente el pueblo por la vía de las elecciones puede dar autorizaciones a los funcionarios públicos
para actuar. De alguna manera, alguien comentó aquí antes, tal vez la doctora Leonor Serrano, que
aquí somos culpables cuarenta y cuatro millones de Colombianos de la situación del país. Entre otras,
también el pueblo que durante mucho tiempo no fue capaz de percibir qué era lo que realmente se
requería en el país para poner un orden, un respeto por la ley, por la autoridad, unas creaciones de
condiciones para el desarrollo nacional, pero los pueblos finalmente son sabios, y por eso justifica y
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explica la causa íntima de por qué el candidato Álvaro Uribe Vélez ganó o las elecciones en la
primera vuelta, como disidente por crear en la historia de Colombia. Eso no lo han querido entender
los intelectuales de los periódicos, ni las personas apegadas al ansían reñir de la vía política
nacional, aquellos que han perdido los espacios de protagonismo, no han querido entender que el
pueblo en su sabiduría autorizó por fin a una autoridad para que le pusiera orden a este país. Para
que volviera el imperio de la ley y para que recuperara para el Estado que es ese mismo pueblo
jurídicamente organizado, la función de crear condiciones aptas de vida.

           Ese es el sentido y el significado profundo de la presencia y el prestigio popular que contra
toda previsión de los gacetilleros de oficio diario, mantiene el Presidente Álvaro Uribe como
comandante de la conducción de la guerra que es su responsabilidad histórica constitucional y
democrática y eso es lo que se está viendo con este proyecto, precisamente porque el Estado está
dispuesto a recuperar sus funciones básicas, a cumplir con sus obligaciones y sus deberes es que tiene
que salir de ese fenómeno abusivo y usurpador, sedicioso, porque una usurpación de la autoridad que
se denominan las autodefensas, y eso se hace de dos maneras fundamentalmente, Como diría el
maestro Echandía, echando bala o echando lengua. Se ha propuesto este proyecto precisamente y
suficientemente explicado ya en forma tranquila y serena y sabia por el ponente Mario Uribe, este
proyecto para buscar una facilidad y desmontar este fenómeno y estas organizaciones por lo pronto
las organizaciones, lo del fenómeno pues habrá que después profundizarlo más a ver si logramos que
esos usurpadores del Estado no ejerzan funciones para las cuales nadie los ha autorizado, el único
autorizado de ejercer funciones de orden público en Colombia, es quien el pueblo elige, en este caso
es el Presidente de la República, si esto no llegase a resultar lamentablemente, pues tocará Presidente
optar por el otro mecanismo que es el de la represión y la persecución del delito. Este es el sentido
profundo de este proyecto, venir aquí hacer disquisiciones sobre conflicto interno y cosas por el estilo
no tiene cabida, llamémoslo conflictos si quieren, lo que pasa es que técnicamente no hay un
conflicto, porque no hay un Gobierno ilegítimo contra el cual combatir, esas gentes luchan contra un
régimen legítimo, totalmente legítimo y no puede generarse y reconocerse conflicto interno en una
lucha de unos armados por cuenta de unas ideas confusas, hoy de moda además, y que no están en
plena operación en el mundo entero, cuando además la democracia les permite perfectamente hacer
uso de ese instrumento para convencer a sus correligionarios y llegar al poder. Mire cómo es
Colombia, régimen ilegítimo. Tenemos un Presidente de características ya dichas, ahí está el Alcalde
de Bogotá, antípoda, ideológica, y está el gobernador del Valle, allá su paisano doctor Arcila,
también un tipo ideológico, este país es el país que en América Latina y en el mundo entero
probablemente por ahora me acuerdo de América Latina, ha hecho más cambios institucionales en los
últimos veinte años, no hay ningún otro país que puede haber hecho y demostrar una cantidad de
cambios institucionales mayor que Colombia. Entre esos también unos que han sido productos de
procesos de paz. De manera que es bastante claro que las autodefensas sí tienen un origen político,
una razón de ser político o es que no me vengan a mí a decir que porque un marxista no le gusta la
propiedad privada es un hombre noble y altruista y el que defiende es un hombre perverso y
miserable, no vengamos aquí con maniqueísmos que ya no caben en el mundo moderno, tan político
es el uno como es el otro, y existe un mecanismo que es la democracia para definir ese litigio, no son
las armas, de manera que su naturaleza política Señor Presidente, estas organizaciones no puede
quedar ninguna duda y no puedo aceptar la afirmación ligera e irresponsable y a patria que vincula a
los militares con los paramilitares, puede haber habido fracciones de tropa, puede haber habido
individuos que faltando a su ética y su pundonor militar hayan incursionado en ese tipo de conductas,
pero la institución militar que es la más sagrada del país, que es la guardiana de la heredad nacional,
no puede ser mancillada con afirmaciones aquí de carácter ligero, tan es así que en este proyecto no
están previstos los militares, que incursionaron en esos delitos y luego de condenados se salieron de
las filas para ir a engrosar a las autodefensas, no podemos incluirlos, no solamente porque ellos no
hicieron parte de la organización como se exige en la ley permanentemente, sino porque el militar que
cometió esa conducta es un criminal peor que cualquier otro. Porque el militar tiene que tener el
valor militar, el valor contra la cobardía, la actuación jurídica contra la actuación solapada, porque
tiene que ser el protector de la historia, del país y de su propia proyección que la historia futura. No
hagamos de eso esas afirmaciones, claro, la confusión también viene a veces de la semántica, ese
comunicado habla del estado mayor de las autodefensas, la guerrilla también habla del estado mayor,
como si no supieran que es un Estado mayor, si para ser un oficial de Estado mayor se necesita ser un
oficial muy distinguido, haber pasado treinta años en las filas, estudiar una serie de materias y haber
sido seleccionado del grupo que ha hecho, el Estado mayor no es el agolpamiento o la compañía que
tiene un alrededor para cometer fechorías, eso no se llama Estado mayor, eso lo que se llama es
asociación para delinquir, visualmente manifiesta. De manera Señor Presidente, que me perdona
usted, si he estado un poquito denigrante y si haya retornado al debate general, pero hay
afirmaciones que no se pueden pasar por alto. Mi admirado doctor Rodrigo Rivera, a quien yo he
querido verlo de precandidato de la Presidencia de la República y que en ocasiones tuve la
posibilidad de pronto de ayudarle a votar por él, ya no puede tener mi voto por ahora, porque veo que
todavía está inmaduro para entender la historia de formación de este país, la defensa de los derechos
de las personas, así sea título usufructuario, también es una defensa de la cultura. Es que la defensa
es la propiedad privada del derecho al trabajo, del derecho a la inversión, del derecho a disfrutar de
los bienes bien habidos, del usufructúo del trabajo y del riesgo no son también una conquista de la
cultura de la humanidad, no son acerbos de la lucha ideológica de la humanidad. También lo es, lo
que pasa es y repito, y término con esto Señor Presidente, esos señores no han defendido al Estado,
han usurpado y suplantado al Estado sin estar autorizado para eso, son delincuentes, y han cometido
delitos gravísimos. Pero tienen un origen en los fenómenos políticos provenientes de mal uso de la
democracia que durante mucho tiempo este país y estos gobernantes hicieron en Colombia.”
           Darío Martínez Betancourt: ”Gracias. El minuto que utilizó el Representante Roberto
Camacho. No. No se asuste Presidente. Yo soy riguroso y le he prometido. Es que yo estaba inscrito o
estoy inscrito, pero es que uno debe aprovechar la presencia del Ministro para que nos disipe una
grave, gravísima duda que hay sobre este artículo. En este artículo, yo estoy repasando la propuesta
del Senador Pardo, he mirado la Ley 782, he analizado la propuesta del Senador Germán Vargas y
vea usted, en el inciso 2° se dice, lo siguiente: se entiende por grupo armado organizado al margen de
la ley. El grupo de guerrilla o de autodefensas o una parte significativa e integral de los mismos como
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bloques, frentes u otras modalidades de organización que bajo un mando responsable haya mantenido
presencia en un territorio con capacidad de realizar acciones armadas sostenidas. Si ya están
definidas las guerrillas y las autodefensas, a qué otras organizaciones armadas quiere proteger esta
ley, a qué otras organizaciones armadas. Por favor. Porque se hace la equiparación entre guerrilla y
autodefensas, ya hemos escuchado disquisiciones largas a favor y en contra. Pero eso sería lo de
menos. Aquí hay unas terceras organizaciones supuestas, eventuales, y patéticas que quedan en el
aire, que no las dice el proyecto de ley.
           Y van a ser beneficiadas de la misma manera que la guerrilla y las autodefensas. Es decir,
cuáles son esas otras organizaciones innominadas que van aparecer sementadas, recicladas de las
autodefensas con otro nombre, pregunto, ¿van a ser esas facciones o ese grupo de individuos que se
van acoger a los beneficios para evitar determinados castigos severos y posibles extradiciones y que
posteriormente van aparecer, insisto reciclados, cuáles son esas otras organizaciones? Yo no las veo,
no las conozco Senador Gaviria, ¿Cuáles son las otras organizaciones armadas, distintas a la
guerrilla y a las autodefensas a las que pretende favorecer? Este proyecto de ley, a mí me parece
sumamente delicado eso, no nos han dicho los ponentes, por eso Senador Pardo, a mí me gusta su
propuesta que es mucho más transparente, más clara, nos tranquiliza, artículo 1°. La presente ley
regula lo concerniente a la investigación, procesamientos, sanción y beneficios judiciales de las
personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que hubieren decidido
desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. Yo sí acepto la propuesta del
Senador Vargas Lleras, de suprimir ese inciso y remitirnos al artículo 3° de su parágrafo de la Ley
782 si el Senador Pardo desiste de su propuesta que deberíamos votarla como sustitutiva. No entregue
banderas Senador Pardo, porque una cosa es la desmovilización individual o por segmentos para
reciclarlas después y otra cosa es la desmovilización de los grupos. Ahí hay un asunto de fondo. Y este
más grave. ¿A cuáles organizaciones? Distintas de la guerrilla y autodefensas pretende proteger este
proyecto, Señor Ministro, sírvase decirme porque yo no conozco otras, u están allí latentes en algún
mal propósito de algún travieso que incrustó esa proposición con esa redacción.”
           Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia: “La intervención del Senador
Rodrigo Rivera despertó muchas inquietudes en el auditorio nacional especialmente a través de los
medios y obviamente en el Recinto del Congreso. No puede el Gobierno escuchar pasivamente alguna
de sus afirmaciones, quiero ser enfático en el objetivo que tiene esta ley que está consagrado en el
Artículo 1°, es precisamente lograr la (…) organizaciones armadas al margen de la ley, es lograr que
se enmarquen dentro de los principios de la verdad, la Justicia y la reparación. La razón por la que se
ha puesto allí este inciso Senador Darío es para aclarar cualquier duda que se pudiese presentar de
la extensión de los beneficios de esta ley a otros grupos distintos a las autodefensas y a la guerrilla,
como los narcotraficantes, entonces se ha señalado con mucha precisión qué se entiende por grupo
armado, organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas. De tal manera que
se excluye cualquier otra, perdón cualquier otra imaginación fecunda que tengamos los Colombianos
en esa materia. Únicamente es aplicable para los grupos armados al margen de la ley y lo definimos
como autodefensas y guerrillas y cuando se refiere a otras modalidades estamos hablando de las
estructuras de su organización, bloques, frentes u otras modalidades, la estructura de sus
organizaciones, de ninguna manera estamos hablando de otro tipo de organización. Se restringe
únicamente a esas dos manifestaciones de los grupos armados al margen de la ley y si ustedes quieren
que lo aclaremos más, lo aclaramos más, esta leyes única y exclusivamente, y tiene como destinación
primero las víctimas y que estos grupos se puedan desmovilizar y cesar sus ataques a la población. De
ninguna manera se pretende que se aplique la ley y sigan los grupos al margen de la ley delinquiendo
para poder ser elegible, para poder recibir los beneficios de la ley se requiere el desmantelamiento y
la desmovilización. Yo no entiendo cómo pueden seguir delinquiendo, si de entrada se les exige este
requisito, que entreguen las armas, que entreguen los bienes, que no sigan delinquiendo, que se
desmovilicen, que se desmantelen sus organizaciones, como se puede interpretar que el proyecto que
han presentado aquí los ponentes con el apoyo del Gobierno Colombiano y en el proyecto inicial que
se sometió a consideración del Congreso se podría estar pensando en la posibilidad de que siguiera el
paramilitarismo de nuestro país vigente. El plano objetivo es desmantelarlo, retirarlo de esa acción
delictiva que tanto daño han hecho. Se van a tratar los delincuentes puros, recibir el tratamiento de
delincuentes políticos para que no los extraditemos, no hay un Gobierno y lo he repetido varias veces
en este Recinto que esté trabajando con tanta decisión en la lucha contra el narcotráfico, repito con
mucha frecuencia la extensión, la expresión que hacemos todos los años, este año ya llevamos
asperjado o fumigado que es el término más conocido aunque no sea castizo, 46.000 hectáreas contra
35.000 hectáreas que se habían asperjado el año pasado. Y el año pasado se terminó con ciento
treinta y seis mil hectáreas de fumigación contra cultivos ilícitos, lo mismo ha sucedido con la
incautación de bienes y lo mismo con extradición, yo le decía que en el último año y tres meses han
firmado 260 extradiciones, como puede haber en la más leve sospecha de que se pretende de pronto al
darles la posibilidad de estar incursos en el delito de esa edición de que no se extradite. Repito, una
vez más, personas que están condenadas o inclusive sindicadas por rebelión, por sedición han sido
extraditas por el Gobierno Colombiano y lo seguirán siendo, si es el caso, si la Corte Suprema de
Justicia así lo considera dando su concepto favorable. ¿Por qué?, porque a las personas no se les
pide por delitos políticos, el país requirente jamás dice, envíelo porque hicieron sedición en su país.
Lo piden por delitos de doble incriminación, aquí y en el país requirente. ¿Cuál?, el narcotráfico, el
tráfico de armas, trata de personas, cualquier delito de esa naturaleza que amerite la colaboración
internacional porque es iniciado aquí y terminado en el otro país, o es contra los nacionales de países
con los que tenemos colaboración, entonces se extraditan. Así tengan el delito de sedición. El
Gobierno no quiere dar tratamiento como se le dio antaño de organizaciones en estado de
beligerancia a la guerrilla ni a las autodefensas, en eso somos muy claros, no creemos que haya
conflicto armado principalmente por esas circunstancias, en un conflicto armado en un país se
entiende especialmente cuando una parte importante de la sociedad está respaldando a un grupo
armado contra los distintos estamentos de la sociedad, cuando está dividida la sociedad, ¿aquí en
Colombia hay un porcentaje importante respaldando a estos grupos terroristas? Yo no creo, en todas
las encuestas los porcentajes son insignificantes, menores que la posibilidad del error de la encuesta,
aquí lo que hay es una amenaza terrorista, y al reconocer como tales es una manera de estigmatizarlo
además, eso no quiere decir que la tipificación en el Código Penal no se le siga aplicando, claro que
se le siguen aplicando todos los delitos allí consignados y las penas establecidas. Requerimos
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solidaridad de la comunidad nacional y del Congreso para seguirlos calificando como terroristas
para que sean rechazados por la comunidad internacional, para que no tengan cabida en otros
países, para que no sean recibidos con el beneplácito de antaño, para que entiendan que por las vías
de las armas no van a mejorar sus condiciones, y menos las condiciones sociales del país. Por eso, no
aceptamos a pesar de que está establecido en los códigos y en todas las normas el tratarlo dentro del
panorama de un conflicto armado, lo seguiremos señalando como terroristas, porque es la manera de
defender a la sociedad, ¿Qué no es terrorismo lo que hacen todos los días?
           De ninguna manera se requiere la votación de las dos terceras partes, para incluirlas
acciones de las autodefensas en el delito de sedición, está consagrado entre las funciones del
Congreso de la República conceder amnistías o indultos generales y para ello se requiere la votación
de las dos terceras partes y este no es el caso, aquí no estamos haciendo una amnistía, no estamos
produciendo unos indultos generalizados, no estamos pidiéndole al Congreso que lo haga, estamos
haciendo una tipificación, estamos sí reformando los códigos dentro del concepto de una ley
ordinaria, de tal manera que nos parece muy importante el artículo 1° como está concebido, el objeto
de desmovilización, el objeto de facilitar los procesos de paz, y la descripción de los grupos armados
al margen de la ley restringida a las autodefensas y a las guerrillas, para que nadie pueda el día de
mañana señalar que por allí se pueden colar grupos como los del narcotráfico, etc. De tal manera que
yo le pediría al Congreso, a las Comisiones Primeras que le den curso a esta ley, es muy importante
para la paz, nos surge su aprobación, estamos a la mitad de una negociación muy delicada, allí la
solidaridad del Congreso con el Gobierno Colombiano es absolutamente indispensable con la
discusión obvia de los artículos. Pero es importante aprobar el artículo 1° como está concebido.
           Jorge Homero Giraldo: “pero después de escuchar las explicaciones del Señor Ministro
sobre este artículo nos confundimos más, porque la pregunta del Senador Martínez fue clara y él
pedía que si de pronto la inteligencia Colombiana había descubierto otras organizaciones al margen
de la ley. Pero como un punto de orden Señor Presidente, y aquí se ha hablado de que íbamos a votar
artículos y especialmente este primero, yo veo que no podemos desvirtuarla expresión que hoy hace el
Señor Ministro. Primero, cuando me contestó a mí, que por qué no llevamos este proyecto a unas
facultades, me decía el Señor Ministro, que no las llevaba porque en ese momento era una ley
estatutaria, si pedía las facultades, pero si las estudiábamos aquí, sí es ordinaria. Entonces hay una
confusión total en saber qué es una ley ordinaria, y qué es una ley estatutaria. El doctor Vargas
Lleras, desde la primera discusión ha propuesto eliminar especialmente este parágrafo, ¿Por qué?,
porque ya está en el artículo 8°, parágrafo 2° de la Ley 782 y con la respuesta que nos ha dado el
Ministro hoy nos deja más confundido y me hace pensar a mí que la propuesta que hace en su
proyecto de ley, el doctor Pardo y los demás amigos que han firmado con él, es más explícita, es más
clara, es más contundente. Es decir, Señor Presidente, yo le pediría que colocáramos a consideración
como sustitutiva la del doctor Pardo, que creo aclararía más el panorama y evitaría Señor Ministro
en un futuro las dudas que puedan surgir sobre este artículo 1°. Usted le haría un bien muy grande al
país, Señor Ministro y señor Comisionado de Paz, dejando que este artículo quede como viene en la
propuesta del doctor Pardo. Porque es aquí no se trata de vencedores, ganadores, y vencidos, porque
de pronto se están defendiendo teorías, "yo te gané a vos", yo creo que es que el país debe ganar es
todo. No nos comprometamos a decir que hemos impulsado a o b artículos. Vamos a trabajar
conjuntamente y nosotros los liberales estamos interesados Señor Ministro, Señor Presidente de la
República, en hacer que este proyecto salga, en darle herramientas jurídicas para que pueda hacer lo
que él ha dicho. El doctor Camacho en la defensa que hacía del doctor Álvaro Uribe, se parecía la
propuesta del doctor Gaviria, que si no era el doctor Uribe, ¿Quién? Pues, no, el doctor Uribe lo está
haciendo bien. Está trabajando en aras de sacar adelante al país del proceso de la guerra. Es que el
Estado también tiene que colocarse la mano en el corazón Señor Ministro y aceptar lo que le hemos
pedido desde la semana pasada aquí, el doctor Camacho habló de la guerra, nosotros hemos sido más
moderados y estamos hablando del conflicto armado. Entonces el Gobierno lo primero que tiene que
reconocer en este trabajo, es decir, si existe un conflicto armado y para poder solucionar ese conflicto
armado, necesito las herramientas legales y se las estamos dando, pero veo que están metiéndole
incisos que no deben estar, porque cuando se vaya aplicar esto, le va causar más confusión a los
funcionarios encargados de la aplicación de esta norma, sea al contrario, en vez de colocarle más
artículos, más incisos, deberíamos era recortárselo para hacer más fácil la aplicación en un futuro de
esta norma Señor Presidente.”
           Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia: “Muy rápidamente doctor
Homero, hay una confusión obviamente, yo he dicho que no se pueden dar facultades no porque sea
una ley estatutaria sino porque se van a reformar Códigos y está prohibido conceder facultades al
Gobierno Colombiano para reformar Códigos. Y segundo, le agradezco mucho lo que usted dice que
aceptemos el artículo 1° que está concertado con el doctor Pardo, ese que yo acabo de defender. De
tal manera que ojalá procedamos a su votación.”
           Mario Uribe Escobar: “Señor Presidente, como lo acaba de señalar el Señor Ministro del
Interior, es necesario que votemos el proyecto de artículo tal como aparece en la ponencia base y que
es el mismo texto que aparece en la ponencia presentada por el Senador Pardo, especialmente en
cuanto refiere al inciso 2° que es el que define qué es un grupo armado organizado al margen de la
ley. Se dice que es el grupo de guerrilla o autodefensa, o una parte significativa integral de los
mismos como bloques, frentes, u otras modalidades u organizaciones que bajo un mando responsable
haya mantenido presencia en un territorio con capacidad de realizar acciones armadas sostenidas.
Claro, Señor Presidente, con este artículo y otros que allí en la parte general digamos, en el primer
capítulo de la ley, lo que pretendemos como tantas veces se ha explicado es taponar las hendijas, a
través de las cuales podría colarse el narcotráfico puro en la búsqueda de los beneficios que establece
la ley para quienes van a ser los beneficiarios reales. Los integrantes de grupos de guerrilla y de
grupos de autodefensas, no otras personas, no otros delincuentes, así tengan grupos armados y de
alguna manera desafíen o enfrenten a la autoridad. De la exposición del Senador Rivera saltan dos o
tres asuntos interesantes sobre los cuales vale la pena recabar. Nosotros respetamos mucho a quienes
piensan que en Colombia hay un conflicto armado interno, nosotros no lo pensamos así, no lo
creemos, nosotros pensamos que el término conflicto armado, hoy está reservado para describir los
enfrentamientos entre bloques de la población, algo así como si se tratara de una guerra civil que
enfrenta a sectores de la población. En Colombia hay una democracia en pleno funcionamiento, nada
más ilustrativo que lo que está ocurriendo hoy aquí, este Congreso sesionando con entera libertad,
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discutiendo tesis, posiciones enfrentadas, modos de apreciar la realidad nacional con el total respeto
de la comunidad en general y aún, hasta de los actores armados. Funciona el poder Ejecutivo a
plenitud, sin condicionamiento alguno, de igual manera lo hace el poder judicial, los organismos de
control, qué más podría reflejar para una sociedad, el funcionamiento pleno del Estado que lo que
ocurre en Colombia, de tal suerte que decir aquí que hay enfrentamientos entre bandos de la
población que impide el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado no pasa de ser una
exageración.
           Por eso con todo respeto, no compartimos la propuesta de quienes nos proponen que
declaremos vía ley, que en Colombia hay un conflicto armado porque eso no corresponde a la
realidad según nuestra muy particular manera de apreciar el acontecer nacional. En Colombia hay
terrorismo, y hay terroristas. Y no son aquellos, y no son de poca relevancia, los ataques terroristas
sí, a veces por su gravedad, por su extensión han amenazado a las instituciones y lo que se pretende
con ellas es de pronto someterlas. Pero en Colombia como bien se ha señalado en estas discusiones,
no podría hablarse hoy de un delito político de ese de la definición de ese que permitía hace unos
años atribuirle como una caracterización altruista al delincuente, no, entonces se decía que los
delincuentes políticos tenían el fin altruista de derrotar las instituciones del Estado y suplantarlas. No
más bien hoy la definición de delincuente político podría buscarse en las páginas del Código Penal de
manera objetiva para señalar a quienes de alguna manera desde el ángulo de la subversión o del
ángulo de las autodefensas de alguna manera con sus acciones interfiere el normal funcionamiento de
las instituciones estatales. Hoy no cabe una distinción para categorizar como de mejor familia a los
delitos de la subversión que a los delitos de los paramilitares, no puede ser de mejor familia el ataque
terrorista que hacen por ejemplo las FARC a unos niños y los asesinan, ese evento que está perdido
algo en la memoria de los Colombianos a muchos no se nos ha podido olvidar y no podría nadie
alegar aquí que hay altruismo, que hay un fin bondadoso en la Comisión de ese tipo de actos, como
tampoco los hay, en muchos de los actos y de las masacres que han cometido las autodefensas.
Distinguir entre unos y otros por el efecto que producen sus acciones me parece que está demás y que
no consultan nuestra realidad objetiva la realidad nacional, actual. Surge otro tema en relación con
la intervención del doctor Rivera, a ella nos referimos en la ocasión pasada en lo que tiene que ver
con la definición como sedición de la conducta, de los militantes rasos de las autodefensas. La
estamos pidiendo para darle una aplicación cabal a la Ley 782. Necesitamos que se defina que quien
pertenece a un grupo de autodefensa se le defina como sedicioso, se le aplique la pena de rebelión y
para esa conducta, y solo y exclusivamente para esa conducta pueda ser beneficiario del tratamiento
político, sin conexidad de ninguna índole. Está probado, los ejemplos están ahí al canto, está
aprobado que quienes a pesar de ser posibles beneficiarios del beneficio de la calificación de delito
político, pero que han incurrido en otros delitos, no habrían podido evitar o no la podrán evitar la
aplicación de la herramienta de cooperación internacional de la extradición. El caso de Sonia es
paradigmático, Sonia pudo haber sido beneficiada por un indulto, por sedición, o por rebelión, quizás
por rebelión, pero jamás Sonia así hubiere sido beneficiada por el indulto jamás pudo evitar su
extradición, como que estaba incursa en delito de narcotráfico, un delito común por el cual fue pedido
por las autoridades extranjeras. Igual el caso de Simón Trinidad, también pudo ser beneficiario de un
indulto por rebelión, pero no pudo evitar su extradición pedida por un delito de narcotráfico. Yo creo
que si se admite como tiene que admitirse que no pretendemos que aplique o que se defina como
sedición, nada distinto a la conducta de quienes participan en autodefensas habremos de nuevo
superado ese manto de duda que se pretende tender aquí en el sentido de que por esta vía queremos
taponar la extradición. Es ose afirma, pues porque la extradición no aplica para delitos políticos,
pero insisto, como no reconocemos conexidad en esa materia desde luego, quien incurra en un delito
diferente al político y pueda ser beneficiado con indulto no podrá evitar su extradición. En ese sentido
se trata de una exageración, efectista como lo señalaba el doctor Camacho que atrae titulares de
prensa, que no tiene otro propósito de tender mantos de duda sobre este proyecto, pero que por
fortuna hemos logrado disiparla, no solo por la posición muy categórica que sobre el tema ha
adoptado el Presidente de la República a su equipo de Gobierno, sino que además porque los
Senadores mal que bien, los defensores de este proyecto hemos logrado disipar ese tipo de dudas que
desde luego hace mucho daño, confunden a la opinión, pero creo que finalmente no van a favorecer a
sus promotores, si eso es lo que pretenden. Aquí se ha obrado con transparencia, no puede ser, lo
decía en mi intervención anterior, que nos hayamos juntado el Presidente de la República, el
Vicefiscal General de la Nación, dos Fiscales Delegados, todo el equipo de Gobierno del Ministerio
del Interior, del Ministerio de Justicia, la Consejería de Paz entera con sus asesores y un grupo muy
nutrido de Senadores y Representantes. Además de muy distinguidos abogados, ex Procurador
General de la Nación, por ejemplo, nos hayamos juntado todos para diseñar un mico de dimensiones
colosales y pasarlo acá, y traerlo acá como para que pasara inadvertido, no. Yo creo, yo sigo
insistiendo en que esa es una exageración inadmisible, pues desde luego le hace muchísimo daño al
Congreso, pero que no consulta a la realidad, y desde luego, yo insisto seguramente no favorece a los
promotores de semejante teoría. No puede ser que tanta gente se haya juntado durante tantas
sesiones, además ante la prensa para diseñar un mico de esas proporciones. Los micos deberían tener
la característica de ser secretos, de que pasaran inadvertidos. Aquí como lo señalaba un importante
comentarista de prensa, ahora se define como narcomico todo aquel asunto que no le gusta. Si
alguien no está de acuerdo con que se califique como sedición para un miembro de la autodefensa, la
militancia en el grupo, pues entonces sin más se sataniza la propuesta diciéndole, ese es un
narcomico, sin más. Y eso es fácil de pagársele a la opinión. La opinión piensa, ah caramba,
narcomico, claro y van a evitar la extradición con eso. Pero si se hace un análisis minucioso de eso se
llega a que no fue más que un escándalo, más que un juego de luces que de todas maneras no quedó
en ninguna parte. Fíjense ustedes, cuando votemos esta ley, nadie volverá a acordarse de este
malhadado insuceso, que desde luego le ha hecho mucho daño a la tramitación de este proyecto. Aquí
estamos trabajando una ley para autodefensas, eventualmente para la guerrilla, hay quienes con muy
buenas razones han afirmado aquí que este estatuto de pronto no será aplicable a la subversión. A mí
a veces casi me convence. Entre otras cosas por las razones que explicaba el Ministro del Interior y
Justicia se fija una fecha hasta la cual pueden cometerse delitos, que es hasta la fecha de
promulgación de esta norma. Yo francamente sí no creo que la guerrilla vaya a dejar de cometer
delitos después del 31 de mayo que dicen que podría ser la fecha de promulgación de esta ley, esa
sería un óbice importantísimo para que esta ley no sea aplicable a la guerrilla. De todas maneras
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será aplicable a las autodefensas. Estamos procediendo de buena fe, los documentos que se leyeron
hoy aquí provenientes de la autodefensa, a mí no me asustan, ni me preocupan, por el contrario me
tranquilizan, Senador Gaviria, sabe qué favor grande que nos hace, no se ha concertado esta ley con
las autodefensas. Yo creo en el doctor Luís Carlos Restrepo, a mí me parece que es un hombre
fundamentalmente veraz, y transparente, un hombre digno, un Colombiano como pocos.


           Yo creo en la afirmación de él cuando ha señalado aquí y en todos los escenarios que no ha
puesto en la mesa de negociación el articulado de esta ley como para que dispongan las autodefensas
de él. No se ha negociado la ley y eso lo prueba la carta que recibimos hoy. Y otro aspecto importante
de esas cartas que yo quiero señalar es aquel que conduce a que en estos temas no podemos ser más
papistas que el Papa. Hay una ponencia base que es dura, a mí me parece muy dura, pero no
podemos endurecerla más. El Gobierno Nacional, el Presidente de la República ha señalado que
hasta ahí puede llegar, que más adelante le parece excesivo y que más atrás no puede hacerlo porque
no podría defender una posición de esa índole ante la comunidad nacional y sobre todo ante la
internacional, y si ello es así y si el Presidente de la República es el responsable del orden público, si
es el que dirige la acción del Gobierno para superar la dificultad que ofrecen guerrillas y
paramilitares, yo demando de los colegas Senadores y Representantes su comprensión y
eventualmente su apoyo a este proyecto. Yo creo que meternos en la hondura de definir aquí
legalmente contra una decisión tajante de Gobierno, contra una creencia bien sustentada de que no
existe conflicto interno, definirlo nosotros legalmente contra quien dirige la política interna en
materia de conflicto y de orden público me parece que es una exageración que no consulta el
propósito de esta ley. Este parágrafo 2° lo hemos insertado allí, simplemente porque queremos
taponar la posibilidad de que grupos diferentes a guerrilla y autodefensas puedan ser beneficiarios de
la ley. Avanzar hasta definir esto como conflicto interno, para mi gusto constituye una exageración.”
           Carlos Germán Navas Talero: “Doctor Uribe, me gustó la manera como usted habló
consentido común, desde su punto de vista, y fue claro con el país porque se extraditó al señor
Trinidad y a la señora Sonia, a ellos no se les extraditó como consecuencia del delito político
cometido acá, sino por el narcotráfico. Entonces, me surge una inquietud y yo quiero que usted me
conteste. Resulta que tengo entendido que el señor Mancuso y otro de ellos están solicitados en
extradición por narcotráfico y entonces de pasar esta ley y terminado el proceso ¿tendría el
Presidente de la República que aplicarla o hay alguna manera para que no lo haga? Porque yo le
entendí lo de Sonia, y lo comprendo. Le entendí lo de Trinidad y lo comprendo. Hay una petición de
extradición del señor Mancuso por narcotráfico independiente obviamente de la sedición que le pueda
aparecer según esta nueva interpretación de esas conductas. Entonces quiero decir y yo lo entiendo
así que terminado el proceso del señor Mancuso va a ser extraditado.”
           Mario Uribe Escobar: “A ver Representante Navas. Efectivamente el Gobierno Nacional
concedió la extradición del señor Salvatore Mancuso es la información que tengo, naturalmente aquí
está el Señor Ministro del Interior quien seguramente firmó la resolución para que nos dé mejores
explicaciones, yo lo que entiendo del tema es que se firmó la resolución de concediendo la extradición
por el delito de narcotráfico y se suspendió la ejecución, porque se encontró que el señor Mancuso
está colaborando, efectivamente dentro de este proceso de desmovilización, de entrega de armas, y
eventualmente de reinserción de las autodefensas, porque está inserto en un proceso de paz, pero eso
no significa que en cualquier momento el Gobierno Nacional pueda revocar la decisión de suspender
la orden de extradición de Mancuso y enviarlo a los Estados Unidos. Pero una mejor explicación la
puede ofrecer sin duda alguna el Ministro de la política, el responsable de ese tema.”
           Luís Fernando Velasco Chaves: “Señor Presidente, primero le congratulo por sus dotes de
vidente y de predecir los hechos futuros. No, es que el Senador Mario Uribe, hizo una afirmación
como todas las cosas de él bien hechas, bien estructuradas, muy calmado, pero Senador Mario Uribe,
permítame decir que yo no estoy de acuerdo. A ver, usted dice que nosotros no podemos declarar vía
ley, aquí le anoté, nosotros no podemos declarar vía ley la existencia de un conflicto interno. Pero es
que Senador Mario Uribe, nosotros no estamos declarando vía ley la existencia de un conflicto
interno, lo que estamos haciendo es en la ley aquí, todo lo contrario, es negando la existencia de un
conflicto interno. Porque es que el conflicto interno definido legalmente ya lo tenemos, lo presentó
este Gobierno, en la ley que modificó la ley de orden público, tal lo tenemos y tallo presentó este
Gobierno, que de pronto el Senador Gaviria y el Senador Pardo recuerda todo lo que tuvimos que
hacer para poder entregarle al Gobierno la potestad dentro del conflicto interno de iniciar unas
negociaciones como grupos como paramilitares sin otorgarle el estatus político, porque eso traía
unas dificultades de política internacional, entre otras cosas. Y la definición Senador Uribe que si hay
o no hay conflicto interno no es una definición de poca monta, es que todo el título segundo del
Código Penal que habla sobre los delitos contra personas y bienes protegidas por el Derecho
Internacional Humanitario va tener efectos en esa definición. Si no hay conflicto interno me pregunto
yo, a lo mejor estoy haciendo una mala pregunta, como ¿existirá el delito de la perfidia?, la perfidia
es un delito adecuado típicamente y es por efecto del conflicto interno, alguien se camufla por ejemplo
Senador Mario Uribe en una ambulancia de la Cruz Roja y en esa ambulancia comete un atentado
terrorista, el solo hecho de camuflarse ya está generando una adecuación típica, pero aquí hay un
problema más grave, yo no voy a decir que sea mico, no tengo esos alcances, pero es que yo lo acabo
de explicar hace un rato y de pronto no le pusimos atención, es que si no hay conflicto interno, la
adecuación típica de muchas de las conductas tiene una pena mucho menor, no es lo mismo la toma
de rehenes que el secuestro, no es lo mismo el acceso carnal violento, como un mecanismo de guerra
que utilizan para no solo humillar, sino generar terror en una comunidad y en el consecuente
desplazamiento que el acceso carnal de una persona que afortunadamente con la propuesta del
Senador Moreno de Caro, según él pues va acabar ese delito. No, eso sí tiene unos efectos jurídicos y
unos efectos políticos y por ello yo sí creo que esta es una definición que tenemos que tomar. Ahora,
llevemos las dos posiciones, Senador Mario Uribe, no, nos empantanemos, llevemos las dos
posiciones. Abramos el debate con las dos posiciones, que evidentemente sí hay una mayoría que cree
que en Colombia no hay este conflicto interno y uno tiene que respetar esa posición, yo voy a entrar a
descalificar a los que crean eso, pero lo que sí tengo y es mi deber llamar la atención, los efectos
jurídicos de esa definición. Yo sí creo que hay conflicto interno. Y algunas veces cuando escucho a los
que explican la no existencia del conflicto interno, me termino por convencer más que hay un
                                                                                                            47
conflicto interno, entre otras cosas porque están indicando con toda claridad que hasta este fenómeno
como el de las autodefensas tiene una causa política, un origen político, ¿Cómo puede tener un origen
político, un fenómeno como estos, sin que se exprese a través de una guerra que en el fondo sea un
conflicto interno?, Yo dejo una cantidad de preguntas.



           Pero bueno, Senador Mario Uribe, yo creo que aquí tenemos es que destrabar y aquí hay
una definición, entonces yo le pediría a usted, al Gobierno y al Senador Rafael Pardo que llevemos
las dos posiciones, votemos las dos posiciones, pero evidentemente en esta primera votación se va a
definir todo el norte del proyecto, toda la razón política del proyecto y en la medida en que aquí no se
reconozca la existencia del conflicto interno, evidentemente todo el desarrollo del proyecto, pues va a
tener el apoyo de unas personas, pero evidentemente no va a poder tener el apoyo de otras personas.”
           Jesús Ignacio García Valencia: “Mi intervención apunta a complementar el tema que
acaba de explicar el Representante Velasco con quien coincido plenamente en la visión que tiene
sobre el mismo, tal vez porque venimos de la misma escuela y tuvimos el mismo profesor de Derecho
Constitucional. Pero Senador Mario Uribe, la existencia del conflicto armado interno, no depende de
que nosotros a través de la ley digamos que existe o no existe, sobre todo a través de la ley interna, en
está materia tenemos unos referentes de orden internacional que son los convenios de Ginebra, y allí
estamos tomando la definición de grupos armados al margen de la ley y a su vez esos grupos armados
al margen de la ley, dentro de los convenios de Ginebra son los actores o los protagonistas de los
conflictos, y precisamente el Protocolo II de 1977 nos define qué es el conflicto armado interno y en
su artículo 1° nos dice que es aquel que tiene lugar en el territorio de una alta parte contratante entre
sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la
dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo. Por
consiguiente, en el territorio de una alta parte contratante que se llama Colombia hay unas fuerzas
regulares y unas fuerzas irregulares que están combatiendo contra ella. Esas fuerzas irregulares
tienen unos mandos responsables y al mismo tiempo estamos reconociendo en ese mismo proyecto de
ley que tienen dominio territorial y son capaces de realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas. Por consiguiente, no es que nosotros a través de este proyecto de ley definamos la
existencia del conflicto, es que el referente normativo de los convenios de Ginebra nos está diciendo
que hay un conflicto armado interno. Ahora, este tema es esencial, para que podamos dilucidar los
efectos que pueda tener la aplicación de esta ley, para qué podamos nosotros dimensionar cuál puede
ser su utilidad, porque si nosotros tomamos por ejemplo el delito de desplazamiento forzado, de
acuerdo con el artículo 159 del Código Penal, cuando el desplazamiento forzado se comete con
ocasión del conflicto armado interno, la pena que se le pone a su autor es de diez a veinte años de
prisión. Pero si no hay conflicto armado interno ese mismo desplazamiento forzado queda sancionado
con una pena de seis a doce años. ¿Entonces qué ocurre? Que si no se reconoce la existencia del
conflicto armado interno la utilidad de esta ley va a ser menor, porque a quién se le iba aplicar una
pena mínima de seis años por un desplazamiento se le va a decir, desmovilice, y le vamos a aplicar
cinco. Levamos aplicar un año, le vamos a rebajar un año, en realidad de verdad allí no tiene razón
de ser, todo este esfuerzo que está haciendo el Congreso para proferir esta ley. Por consiguiente la
ley se justifica en la medida en que haya conflicto armado interno, o mejor que reconozcamos que
haya conflicto armado interno y que lo que pretendemos con ello es darle un tratamiento benigno a
las infracciones al Derecho Internacional Humanitario para que respecto de ellas no haya
impunidad.”
           Andrés González Díaz: “De manera Señor Presidente, completar una reflexión sobre este
tema que consideramos cardinal. Sí, Señor Presidente. Mire, aquí se ha hecho una gran discusión
sobre el concepto de conflicto armado, yo no voy a revivirlo, voy a complementar el concepto, y
quiero sí recordar que esta idea de conflicto armado surge en el mundo no por un capricho, sino
fundamentalmente porque luego de los grandes crímenes en la mitad del siglo pasado y luego de la
reflexión que hiciera la humanidad a partir de la segunda guerra mundial, se establecen una serie de
mecanismos para humanizar el conflicto, para de alguna manera como señalaba sus fundadores
reducir el dolor, o controlar el dolor derivado de las confrontaciones del mundo. Y se hizo en cuanto
a las guerras internacionales, pero poco a poco luego de la segunda guerra vinieron presentándose
conflictos al Interior de las naciones, y poco a poco fue llegándose a la inexorable conclusión de que
esas normas que se habían adoptado para la guerra entre naciones habría que adoptarlas también al
Interior y para los conflictos al Interior de los Estados y de las Naciones. Y por esa circunstancia se
adopta el Protocolo II aquí ya mencionado no, para los conflictos internacionales, sino para los
internos, y ese Protocolo II luego de varias discusiones en este país, y de varias reflexiones de la
academia y de la inteligencia finalmente es aprobado en Colombia en el año del 94. Muchos de
nosotros aquí presentes, participamos en la impulsión de despachos diferentes del Gobierno para que
luego en diciembre del año 94 fuera aprobado ese Protocolo II. Y ese Protocolo II que es una ley de
la República que obliga al país porque así fue aprobado en la Ley número 171/94, precisamente
establece que es un conflicto interno como aquí lo ha mencionado el Representante Jesús Ignacio
García con mucha claridad. Y establece entre otras cosas que cuando se trata de simples extensiones
internas, de simples motines, pues no se aplica la figura, no es cuando hay un enfrentamiento entre
unas fuerzas armadas y grupos armados y ahí recojo para apoyar entre otras cosas la propuesta del
artículo en discusión, se recoge la definición que aquí se trae tanto en el proyecto del Gobierno como
en el proyecto del Senador Rafael Pardo y de otros parlamentarios que hemos apoyado esta
iniciativa. Es que allí se dice, que precisamente para estos conflictos internos ha de tratarse de grupos
armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerza sobre una parte de dicho
territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. De
manera que lo que aquí se agrega es en el sujeto decir que estos grupos organizados sean, o
guerrillas, o autodefensas, o ahí no pasa, porque eso bastaría Señor Presidente, para que le diéramos
curso a la aprobación de la propuesta que allí se trae. Yo lo que quiero recordar es para qué se
adoptó ese protocolo. Ese protocolo se adoptó para proteger de manera especial a la población civil
para reducir el dolor propio de las confrontaciones y si nosotros de un plumazo eliminamos esa
normatividad que no podríamos hacer repito, porque es un protocolo adoptado por Colombia,
                                                                                                            48
ratificado, pues ni más, ni menos que este protocolo y está norma que va enlazada a la idea del
conflicto interno, es la protección de los civiles por los atentados que se cometa contra ellos por parte
de cualquiera de las fuerzas en conflicto, llámese guerrilla, llámese paramilitares, llámese el mismo
Estado legítimo como es el nuestro a través de nuestras fuerzas institucionales. De manera que todo
está para proteger a los civiles y por eso surgen figuras como la toma de rehenes, la mayor
punibilidad, como aquí se ha señalado cuando quiera que el homicidio recae sobre un civil, o sea
sobre una persona protegida.

          Por eso tanto a la guerrilla como a los paramilitares se les puede exigir que hay lugares
sagrados como los hospitales o como las ambulancias, o como hay unas fronteras que la civilización
ha señalado que son infranqueables, para eso es el concepto del conflicto armado y para eso es el
Derecho Internacional Humanitario. Respeto mucho la posición que sostiene que hay que indicárseles
como terroristas y claro que la guerrilla o los paramilitares pueden incurrir e incurren a menudo en
actos terroristas, es que el mismo protocolo de Ginebra así lo admite, es que son actos terroristas
aquellos que se cometan precisamente para atemorizar a la población civil que se trata de proteger
con esta normatividad. De manera que yo en una parte diría que bien traída la definición que aquí se
ha señalado en el artículo 1° de la propuesta que recoge precisamente la legislación internacional y
los principios humanitarios internacionales de Ginebra y en eso estoy de acuerdo, lo que no puedo
estar de acuerdo, porque creo que son por lo menos sesenta años de civilización y de historia del
Derecho Humanitario es poder prescindir del concepto de conflicto armado, sobre todo porque para
mí y para muchas personas el concepto del conflicto armado lo que permite es humanizar, el concepto
del conflicto armado lo que permite es proteger de manera especial a la población civil y se puede
oponer precisamente tanto a la guerrilla como a los paramilitares, sin que se incurra en esa
dicotomía que ha llevado a esta visión surrealista de negar el conflicto armado en cuanto a la
posición de poderle tildar de terroristas. Se les puede tildar de terroristas, pero preservemos uno de
esos conceptos y la civilización que ha ganado, como es el del conflicto armado.”
          La Presidencia interviene para un punto de orden: “Está cerrada la discusión, Senador
Pardo, tenga la bondad vamos a ordenar la votación inciso por inciso de acuerdo con las
proposiciones que reposan en la Secretaría.”
          Rafael Pardo Rueda: “Entonces, la idea es votar el artículo 1° objeto de la presente ley
inciso por inciso. El primer inciso ha tenido un debate sobre si hay posibilidad de reincorporación
individual a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley. Ese ha sido digamos
parte de la esencia del debate. Yo lo que propongo es que votemos el inciso separando la parte
individual de la colectiva, o sea, votemos por separado sin individual y votemos individual
posteriormente.”
          Mario Uribe Escobar: “Senador Pardo, primero que todo pongámonos de acuerdo. Esta, yo
la he presentado como una ponencia conjunta, como una posición conjunta de las personas quienes lo
acompañan a usted, de quienes me acompañan a mí, usted lo que está presentando es una proposición
sobre nuestro acuerdo. Pongámosle orden a esto, hay unas proposiciones, si usted tiene alguna,
Senador Pardo preséntela.”
          Rafael Pardo Rueda: “Yo vi dos proposiciones aquí sobre votar separadamente ese punto.”
          Mario Uribe Escobar: “Cuál acuerdo Pardo…”
          Rafael Pardo Rueda: “Acuerdo de qué, pero ahí unas proposiciones.”
          Mario Uribe Escobar: “Pero no son suyas, son de ellos.”
          Rafael Pardo Rueda: “Entonces yo me retiro de la ponencia, porque a mí parece que esto
no tiene sentido.”
          Mario Uribe Escobar: “No, Senador Pardo a mí me da pena, pero lo que tengo yo aquí es
un documento que refleja un acuerdo suscrito por usted, con el Gobierno, con nosotros. Me parece
que alrededor de ese acuerdo, lo presenté yo, articulado, con acuerdo y sin sustitutivas. Ahí, es el
título. Déjeme terminar.Articulado con acuerdo y sin sustitutivas, me luce que usted está presentando
una sustitutiva. Pero si no es así, yo retiro mis palabras. Lo que me dice sí, que hay unas sustitutivas
presentadas por algunos Senadores y Representantes. Esas sí debemos leerlas.”
          Rafael Pardo Rueda: “No, es que son de otros Senadores, no son mías, yo lo que estoy
buscando es reflejarlo que se ha debatido aquí, o si quiere no reflejemos lo que se ha debatido aquí y
votemos así en bloque.
          La Presidencia interviene para un punto de orden: “Señor Secretario, sírvase leer las
proposiciones que rezan como sustitutivas. Por Secretaría se da lectura a las siguientes
proposiciones:
          Proposición número 04 A: Elimínese el inciso 2º del artículo 1° de la ponencia base.
Firmado, Honorable Senador Germán Vargas Lleras.
          Proposición número 05 A: Artículo. Suprímase la frase del inciso segundo "u otras
modalidades de organización". Firmado, Honorable Senador Darío Martínez Betancourt.
          Proposición número 06: Votar por partes el inciso 1º del artículo 1º, separando el término
"individual o "para ser votado posteriormente al resto del inciso. Firmado, Honorable Senador
Antonio Navarro.
          Germán Vargas Lleras: “Es que miren, esta última proposición que fue leída, la de separar
en el inciso primero el concepto de desmovilización individual, pues yo creo que no nos hemos
detenido ni un minuto a examinarlas. Yo quiero llamarlos a reflexión, es muy importante preservar la
desmovilización individual y voy a explicar por qué van más de seis mil hombres desmovilizados en lo
que va corrido del anterior año. La desmovilización individual es un instrumento fundamental para el
Estado en esta lucha, darle la posibilidad a la gente que abandone el grupo armado y se reincorpore
a la vida civil sin que vaya a des mediar una desmovilización colectiva, sigue siendo en mi criterio un
instrumento del cual no podemos dotar al Estado Colombiano.”

         La Presidencia interviene para un punto de orden: “Senador Pardo, por favor vamos a
votar como ordena el reglamento. Usted propone inciso por inciso.”

          Rafael Pardo Rueda: “Lea la proposición el Senador Navarro que se refiere al primer
inciso.
          Por Secretaría se da lectura nuevamente a la Proposición número 06.”
                                                                                                              49

                Antonio Navarro Wolff: “Es que es un derecho reglamentario la votación por partes, pues
      si usted quiere proponer en este momento la votación excluyendo el artículo individual, y después
      someter a votación la inclusión del individual. Eso es un derecho reglamentario.”

                La Presidencia interviene para un punto de orden: “Eso es lo que dice su proposición y
      eso es lo que estamos sometiendo a votación.” La Presidencia, cierra la discusión del inciso primero
      del artículo 1°, excepto el término "Individual o", tal como lo indica la Proposición número 06 y
      sometido a votación es aprobado por unanimidad por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara
      en forma separada. La Presidencia, somete a votación el término "individual o" contenido en el inciso
      primero del artículo 1° de la ponencia base.


ARTÍCULO 2o. AMBITO DE LA LEY, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
NORMATIVA. La presente ley regula lo concerniente a la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a
grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional.

La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán
realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados
internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas
disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la
negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.

La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con
amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002,
se regirá por lo dispuesto en dicha ley. 1

                                              13 de junio de 2005
                Rodrigo Rivera Salazar: “Expresar mi discrepancia con este artículo, yo no sé si logremos
      un acuerdo que hemos estado pidiendo, pero por lo menos quiero aquí en tono menor expresar mi
      desacuerdo en la forma como está redactado el artículo. Ayer expresé alguna de las razones, creo que
      la forma segura para utilizar un término que aquí se ha vuelto recurrente, la forma blindada de
      aproximarnos a estos temas es reconociendo todo lo que ha sido la construcción jurisprudencial y
      doctrinaria del pasado en estas materias. No pretendiendo que estamos como en el primer día de la
      creación inventándonos categorías nuevas. La doctrina y la jurisprudencia han creado para esta clase

1
   DECRETO 4760 DIC. 30/05. ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las conductas
delictivas cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
durante y con ocasión de su pertenencia al grupo, que no queden cobijadas por la Ley
782 de 2002, podrán ser investigadas y juzgadas por el procedimiento previsto en la ley 975
de 2005 cuando hayan sido realizadas antes del 25 de julio de 2.005, siempre que los
desmovilizados se encuentren en los listados que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía
General de la Nación y reúnan además los requisitos de elegibilidad de que tratan los
artículos 10 y 11 de la misma, según corresponda.
En todo caso, el otorgamiento de los beneficios jurídicos contemplados por la ley 782 de 2002
para los delitos políticos y conexos, no excluye la responsabilidad penal por las demás
conductas punibles, la cual podrá hacerse efectiva mediante el procedimiento previsto en la
Ley 975 de 2005 o por el previsto en las leyes vigentes al momento de su comisión cuando
aquel no sea procedente de conformidad con los requisitos legales.
DECRETO 4760 DIC. 30/05. ARTICULO                 26.     CONDUCTAS         DE      EJECUCIÓN
PERMANENTE. Cuando se trate de conductas punibles de ejecución permanente, la ley
975/2005 solamente será aplicable en aquellos eventos en que la consumación, materializada
con el primer acto, se haya producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma.
En todo caso para acceder a los beneficios previstos en la citada ley, será necesario que en
los delitos de ejecución permanente haya cesado la afectación al bien jurídico y se preste
colaboración eficaz para materializar los derechos de las víctimas, en especial el
restablecimiento de la libertad de las mismas y/o su ubicación.
DECRETO 4760 DIC. 30/05. ARTICULO 2. MARCO INTERPRETATIVO. La interpretación
y aplicación de las disposiciones previstas en la ley 975 de 2.005 deberán realizarse de
conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la citada ley, no debe
entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma
materia.
En lo no previsto de manera específica por la ley 975 de 2.005 se aplicarán las normas de
procedimiento penal contenidas en la ley 906 de 2.004 y, en lo compatible con la estructura del
proceso regulado por aquella, lo dispuesto por la ley 600 de 2.000, así como la ley 793 de 2.002
y las normas civiles en lo que corresponda.
                                                                                                           50
de cosas la categoría la que llamo los delitos políticos y la categoría de la conexidad, los delitos
conexos o políticos y la ha blindado suficientemente. Hasta el punto de que en esa construcción es
absolutamente claro, que conductas distintas a las vinculadas con el delito propiamente político como
el narcotráfico no son conexas. Y es absolutamente claro, que conductas que puedan hacer de la
dinámica del conflicto, o de la dinámica del conflicto político, pero que resultan ser excesos
inadmisibles, delirantes, extravagantes como los delitos contra la población civil, las violaciones, las
masacres, etc., tampoco están abarcadas dentro de la conexidad. Yo advierto Presidente, y lo digo
repito, en tono menor pero con la mayor franqueza que en este artículo como en otros artículos del
proyecto de ley sea adoptada una escuela nueva, una escuela jurídico-penal nueva, que es la escuela
de las franquicias. Los grupos armados a partir de este tendrán unas franquicias, diga usted como la
de Mac Donalds, se vende, no, se comparte, se certifican.

           El artículo y otros artículos del proyecto abandona la construcción clásica de delitos
políticos y conexos con políticos que le brinda seguridad y tranquilidad a la opinión y adopta una
nueva escuela, una nueva doctrina, la de las personas vinculadas a grupos armados organizados al
margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de
la pertenencia de esos grupos. Es decir, la franquicia es decir, la pertenencia a un grupo de esta
naturaleza permite de ipso facto la conexidad con cualquier clase de delitos o de hechos delictivos
cometidos durante ese alzamiento armado y con ocasión de ese alzamiento armado, o con ocasión de
la pertenencia, ni siquiera del lanzamiento armado, con ocasión de la pertenencia a esos grupos. De
modo que todas las actividades que puedan abarcarse dentro de ese amplio concepto de la franquicia
incluido el narcotráfico son susceptibles de que les apliquen estos beneficios. De modo que, incluso
las atrocidades, los delitos de lesa humanidad, son amparables con estos beneficios, es lo que hemos
llamado durante varias ocasiones la necesidad de construir umbrales éticos frente al narcotráfico y
umbrales humanitarios frente a los delitos atroces que permitan blindar este proyecto de ley. Yo
repito, en el día de ayer expresé, creo que el Congreso podría llegar a tomar la decisión de que las
autodefensas son un delito político, podríamos llegar a tomar esa decisión. Una de las consecuencias
de esa decisión podría llegar a ser el indulto y la amnistía de la sola autodefensa. Esa consecuencia,
no la definición de delito político, esa consecuencia tiene la exigencia constitucional de los votos de
las dos terceras partes de los miembros en estas Cámaras. Pero si tomáramos esa decisión que
perfectamente podría ser una decisión acordada por las fuerzas políticas, porque repito, exige
acuerdos políticos, eso no impediría que mantuviéramos la doctrina y la jurisprudencia clásica de los
delitos políticos y conexos con los políticos. Aquí podríamos perfectamente mantener la doctrina de
los delitos políticos y de los delitos conexos con los políticos suficientemente blindada por el récord
de jurisprudencias que se han construido en estas materias y tomar la decisión política de extenderlo
a la organización de grupos de autodefensas, y mantendríamos blindado el proyecto frente al
narcotráfico y blindado el proyecto frente a los delitos atroces. Pero por esta vía exótica, novedosa,
sorprendente de las franquicias, cualquier hecho delictivo que cronológicamente coincida con la
organización de los grupos guerrilleros o de autodefensas y que se pueda negar que en él se incurrió
con ocasión de pertenencias o grupos, incluso la violación de una niña, incluso la masacre de
pobladores civiles, incluso los actos de terrorismo contra la población civil, perfectamente terminan
cobijados en esta definición. Y eso me lleva Señor Presidente, y a mí me da mucha pena como dice el
ex Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, tener que insistir con este tema. En la revista que yo
mostré en el día de ayer, la revista Cambio de julio del año 2003, se lee lo siguiente: La propuesta, se
refiere a la propuesta de los abogados que ayer mencionamos que según esta revista fueron
contratados por Carlos Castaño y el estado mayor de las AUC, hoy se expresó que no fue así, que fue
una agencia oficiosa de los abogados que estaban tratando de conseguir clientes de esta naturaleza.
En esta revista se dice, la propuesta plantea tras un extenso análisis hecho a la luz del derecho penal
que las sediciones son un delito político, que debería tener un tratamiento favorable, que implicara la
no extradición, la exclusión de la pena para los delitos conexos, el asilo político, la amnistía o el
indulto de acuerdo con las conveniencias políticas del Estado. Yo sé que la sedición está en el artículo
64, pero cuando aquí hemos hablado de la conclusión de que se podrían estar indiscriminadamente
abriendo troneras para delitos que por lo menos en las declaraciones del Gobierno no son el objeto
del alcance de esta ley, hay que tener extremo cuidado no solamente en el artículo 64, sino en
artículos como el segundo que por la vía de las franquicias abren troneras indiscriminadas a delitos
como los que hemos mencionado aquí, porque del otro lado, no hemos podido conseguir una
redacción convenida con el Gobierno que diga expresamente que esas clases de delitos no son
amparados con la política de favorabilidad judicial que aquí se entroniza.”
           Mario Uribe Escobar: “No sé porque ayer omití referirme al tema del plan Costa Rica de
las AUC Senador Rivera, fue un olvido inaceptable luego de su intervención, yo quiero decir hoy aquí
que si existe ese plan realmente como lo revela la revista, quiero decirle que ese plan fracasó y
fracasó esplendorosamente, y que además ese no es un plan que involucre al Gobierno a sus
funcionarios. A mí me parece admisible que las AUC a través de sus asesores estudien la manera de
resolver con ellos los problemas que tienen que enfrentar con el Estado Colombiano, con la
Constitución y la ley, yo creo que eso es legítimo, es absolutamente legítimo, pero lo que no puede
derivarse de allí es que en ese plan está involucrado el Gobierno Nacional, ni Congresista alguno,
usted no lo ha revelado y creo que brillan allí por su ausencia los Congresistas o personas que
vinculadas al Gobierno tienen el encargo de resolver estos problemas. Si algún abogado recomendó
que se elevara a la categoría de sedición la militancia de esos grupos armados y que posteriormente
se buscara la conexidad de ese delito político, con el narcotráfico, pues creo que no lo han logrado y
no lo van a lograr doctor Rivera, no lo van a lograr por lo que dice este proyecto, por todas las
cautelas que le hemos introducido, porque nadie tiene interés en que se convierta el delito del
narcotráfico como conexo del delito político para que ellos por extensión o por conexidad se le pueda
ser objeto de los beneficios. Doctor Rivera, yo quiero anunciarle lo siguiente: En algún momento de
la discusión, voy a proponer que se incluya en el artículo, en el lugar que encontremos más adecuado
para su tranquilidad y para la de todos los Colombianos una norma igual o parecida a esta, diría la
producción y tráfico de estupefacientes o sus precursores son delitos comunes, tipificados en el
Código Penal y los Tratados Internacionales suscritos por Colombia y no constituyen delitos
políticos, no tienen conexidad ni son asimilables a estos. Los delitos cometidos antes de pertenecer al
grupo armado al margen de la ley no podrán ser objeto de pena alternativa, la producción y tráfico
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de estupefacientes o sus precursores no pueden ser considerados como delitos conexos a los delitos
políticos y sus autores no podrán recibir los beneficios jurídicos consagrados para estos delitos, ni los
beneficios jurídicos establecidos en la Ley 782, una norma parecida a esa que la hemos venido
discutiendo desde esta mañana con el Senador Vargas Lleras quien con toda razón tiene fundadas
preocupaciones sobre el tema, es la que creemos nosotros nos dará, nos abrirá el camino para que
superemos esta discusión Senador Rivera. Yo le voy a pedir que la examine, que bien pueda hacerle
las observaciones que estime convenientes, pero para su tranquilidad y la de todos, más adelante en el
punto que encontremos adecuado podemos votar esa una norma igual o parecida a esa. En todo caso,
de nuestra parte, del equipo de ponentes y del Gobierno liderado por el Presidente Uribe, hay la
mayor disposición para ese efecto.

           Creo que eso nos permitiría, Senador Rivera, votar con tranquilidad este artículo, creo que
sea en el diez, cinco, tal vez en el 115, donde podamos incluir una norma como esta, o en el artículo
20.
           Vayámoslo mirando y en el transcurso de la discusión nos ubicaremos. Me ha pedido una
interpelación el Senador Vargas, Señor Presidente.”
           Germán Vargas Lleras: “Esta mañana estuvimos trabajando en relación con este tema
Senador Rivera, usted y yo que hemos conversado en algunas oportunidades y nos asiste la misma
preocupación. Creo que coincidimos en la importancia de brindar en toda forma este proyecto, la
norma que le fue entregada hace un minuto, parece ser una norma adecuada para evitar cualquier
suspicacia que se haya presentado, en igual forma, estamos terminando de preparar, yo creo que ya
está lista una segunda norma que sería complementaria de la que le ha sido entregada, de suerte que
reiteramos aquí que no deben ser elegibles, como beneficiarios de las penas alternativas que prevé
este proyecto. Aquellas personas que tengan sindicaciones de haber estado vinculadas al narcotráfico
con anterioridad, a su vinculación a las organizaciones armadas, o al margen de la ley, tampoco
deben ser beneficiarias, aquellas personas que bien con anterioridad o aún con posterioridad
haciendo parte de estas organizaciones y en virtud de actividades en el narcotráfico hayan logrado un
incremento de sus propios patrimonios. Uno puede aceptar en aras de avanzar en este proceso que
actividades del narcotráfico hayan estado vinculadas al conflicto y recursos provenientes de esa
fuente hayan financiado el conflicto. Supongamos que sí, pero lo que no es aceptable es que esos
recursos se hayan desviado para incrementar el patrimonio personal de nadie, ni tampoco como aquí
se ha dicho para lavar conductas que tuvieron lugar antes de la vinculación de estas personas a
dichas organizaciones. En otras palabras evitar lo que aquí se ha dicho, el lavado a través del
proceso. Creemos Senador Rivera, que con la norma que le ha sido entregada y de ser susceptible de
algún ajuste sería mejor, y una complementaria que hemos puesto a disposición del señor
Viceministro de Justicia que usted, si bien me lo permite, podría yo leerla y que diría algo así Senador
Rivera, agregar no solo a los artículos 10 y 11 que establecen las condiciones de elegibilidad en las
desmovilizaciones individuales y colectivas, sino agregar también al artículo 20, que creo que es
objeto del mismo tratamiento. Algo que diga, los delitos por los cuales se solicita los beneficios
tengan conexión necesaria con los propósitos de la organización armada al margen de la ley y se
hayan realizado durante y con ocasión de la pertenencia de la persona al grupo armado. De manera
que también estaríamos contribuyendo a cerrar la puerta a aquellos espontáneos que pretenden usar
el proceso para lavar conductas o la Comisión de delitos que nada tienen que ver con el propio
conflicto. Esta norma también es susceptible de mejorarse, pero lo que quiero enfatizar que aquí ha
señalado el Senador Uribe, pues que hemos estado echándole mucha cabeza y tratando de lograr una
aproximación en estos textos, que incorporados en el artículo 20, en el artículo 11, nos permitan votar
con la tranquilidad de que circunstancias como esas no serán objeto de los beneficios que este
proyecto prevé. Gracias.”
           Andrés González Díaz: “Gracias Señor Presidente. Me voy a referir de inmediato al
artículo en el orden que se había planteado, pero por haberse tocado este tema, debo hacer una
somera reflexión, en el debate general sobre este proyecto precisé como no me cabía la menor duda
de la intención, la decisión y la clara posición del Gobierno Nacional en combatir todas las
expresiones del narcotráfico, pero que no obstante era absolutamente indispensable blindar este
proyecto, porque es bien conocido y elemental que cada vez que se presente una tentativa de reformas
legislativas en este país, pues surjan estrategias básicamente (...). Narcotráfico y de otros grupos
alzados en armas, para buscarle salida, para buscarle el quite a las disposiciones legislativas. Pues
bien, esa realidad Colombiana exige a su vez que tanto en el Congreso como en el Gobierno se tomen
previsiones para blindar los proyectos. Y por eso cuando se conocen diferentes hechos o tentativas
para dar una u otra interpretación, y esto ha sido la vida corriente, legislativa y de manejo del orden
público en este país en los últimos veinte años, pues necesariamente hay que reaccionar con cautela,
con prudencia, con cautela, con cuidado para tomar medidas que eviten ese tipo de riesgos. Yo me
permití en esa oportunidad proponer tres alternativas, una que quedara clarísimo que la conducta, no
solamente la conducta colectiva sino la individual debía quedar claramente expresada, sin resultar
vinculada al narcotráfico, inhabilitar a la aplicación de esta ley, en segundo corregir el tema de la
conexidad y en tercer lugar corregir el tema del artículo 64. Respecto de la primera, está muy clara la
intención del Gobierno en el sentido que haya una disposición de que se excluyan de este proceso las
personas respecto de las cuales su actividad o la del grupo no haya tenido como finalidad el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito. Pero esa norma también prevista hay que tomarla y
llevarla también al artículo 10, porque en el artículo 10 solamente se habla del grupo, como quiera
que claramente esa es la voluntad y el espíritu del Gobierno, pues no se queda mucho mejor y celebro
que se haya acogido esta norma, el Gobierno claramente la ha acogido desde hace dos o tres días que
tuvimos la oportunidad de comentarlo con el Ministro, con el Viceministro en el sentido en una
reunión que usted propiciara Señor Presidente, de que se modificara el artículo 10 en ese sentido,
estuvimos todos de acuerdo en que era norma prudente que se extendiera lo que había dicho el
Gobierno sobre un tema, que quedara dicho hasta la saciedad en otra disposición respecto del
artículo 10. De manera que es modificar el artículo 10, señalándose que su actividad o la del grupo
pues no haya tenido como finalidad o no se haya organizado respecto del tráfico de estupefacientes o
el enriquecimiento ilícito. Sobre el segundo tema, Señor Presidente, también en la Subcomisión que
usted planteó, tuve la oportunidad de señalar que la conexidad es la puerta falsa en cada uno de estos
proyectos, pero no porque esté en este proyecto podía el Gobierno haberlo incluido o no haberlo
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incluido. Es que conforme a los códigos actuales y ha sido la tradición jurídica de este país, el hecho
de que exista un delito fin y un delito medio, lleva siempre a una reflexión de conexidad. Así lo
establece el actual Código de Procedimiento, así lo ha establecido la jurisprudencia y entonces
siempre cuando quiera que se establezca un delito fin, en este caso llámese alzamiento armado, para
otros sedición, etc. Tendrán las teorías para decir hombre, los delitos medios son la extorsión, el
delito medio es el homicidio o el delito medio es el narcotráfico para financiar estas actividades y
entonces ahí está la dificultad. Por eso, incluso yo sería amigo hasta de suprimir el artículo 20, pero
es que suprímase o no sigue existiendo el problema, por eso creo que es mucho más claro que quede
expresamente señalado que no habrá conexidad con el narcotráfico, en los términos que ha bien tenga
señalar el Congreso Nacional.

           Y en ese sentido veo que va una propuesta, un artículo que ha anunciado el Senador Mario
Uribe, artículo que cuenta, igualmente, con la disposición del Gobierno Nacional en esa materia, qué
bueno, yo lo celebro y lo registro como algo muy positivo, porque aquí no solamente como lo
señalábamos en el debate general, hay que serlo, sino tomar además las precauciones adicionales.
           Todas las que se tomen van hacer insuficientes frente al narcotráfico, todas las que se
tomen, de manera que si además expresamente decimos, que esa conexidad no es de la que se quiere o
pretende, pues quedamos todos curados en salud, el debate sobre el artículo 64 lo daremos más
adelante, Señor Presidente, porque va ser un debate extenso, yo creo que de tiempo atrás hay quienes
creen ilusamente en este país el móvil político sanea las cosas, que un genocidio o una masacre con
móvil político puede tener un tratamiento privilegiado, se equivocan profundamente. Se equivocan
profundamente porque aun así vendrá la Justicia nacional o la internacional, pero no sobra también
reiterar que ese tipo de delitos atroces son inmunes, exentos a cualquier peripecia, a cualquier
maroma de tipo jurídico. Y por eso cuando se plantea esa maroma de buscar conexión entre delito fin,
sedición y delito medio narcotráfico para alegar, sea ante las Cortes Nacionales o ante las
Internacionales que no se va a tener o que se va a lograr eximirse de la Justicia humana en esa
materia, pues creo que será una actitud fallida, pero yo soy entre quienes considera que hay que
buscar más precauciones y más blindaje para así evitar este problema. Pero ya daremos el debate
sobre ese artículo 64. Y reitero, Senador Rodrigo Rivera, que a mi juicio cuando vamos a entrar a
discutir este artículo 2°, no estamos sacrificando por ningún motivo la idea de quienes creemos que sí
debe preservarse el concepto de conflicto armado. Lo que pasa es que no se trata en este artículo. Lo
presentaremos en una propuesta adicional para dar el debate sobre el particular y ya votará el
Congreso, definirá este asunto, lo que ocurre es que nosotros si seguimos creyendo el tema del
conflicto armado está en la legislación Colombiana, está en el Protocolo 2, es fundamental en
especial, además de las razones que se dieron ayer, para que se proteja la población civil de manera
especialísima, por eso aun el genocidio tratándose de una guerra entre naciones o de un conflicto
armado debe ser penalizado y no puede ser objeto de protección ninguna, pero ese es otro debate,
nosotros creemos que se debe mantener esa visión, entre otras cosas porque si no se mantiene a la
visión del conflicto armado, razón de más para quienes piensan que los móviles políticos pueden
exculpar figuras como la de la extradición u otras, pero ya daremos esa discusión más adelante.
Respecto al artículo 2° Senador Ponente, doctor Mario Uribe y Señor Presidente, la verdad es que la
discusión se centra en el siguiente aspecto, aquí se ha dicho muy bien que uno es el régimen de la Ley
782 y otro es el régimen de esta ley que estamos discutiendo, que esta ley es básicamente para los
delitos graves, para los delitos atroces, para los delitos que merecen un tratamiento diferente y que
los demás estarían regidos por un procedimiento que de manera general ha funcionado en términos,
repito, generales apropiado, cuál sería el de la Ley 782 de 2002, pero algunos creemos que aun el
sistema de la Ley 782 de 2002 exige una precisión, y es el tema de que haya una adecuada
investigación, y esa adecuada investigación estándar internacional como aquí se ha mencionado, esa
adecuada investigación supone cuando menos la versión libre, que se rinda esa versión libre por
parte de las personas que se están acercando a este mecanismo. Y hemos encontrado en el día de ayer
y de antes de ayer que esa versión libre se viene practicando, que se viene haciendo por parte de la
Fiscalía, hay una diferencia con el Gobierno en cuanto al momento en que se exija, pero lo de fondo
es que se aplique la versión libre, ¿por qué debe haber una versión libre?, porque si una persona
dice, mire, yo pertenecía a este bloque, a este frente, en tal época, confieso hacer parte de esa
organización delictiva, pues si el Estado, por ejemplo, conoce que en esa época hubo una masacre o
un genocidio, lo menos que debe obrar la Justicia es decir; que usted participó de este hecho, sabe
algo sobre ese hecho, de no ocurrir así, pues estaríamos violando el principio de acceso a la Justicia,
de manera tal que para resumir pensamos que esa discusión de este régimen aplicable frente a la Ley
782, debe darse quizás con posterioridad frente a otros artículos, nosotros presentaríamos una
propuesta para que quede a salvo el principio de Justicia aun en la Ley 782 y que no se entienda
como despachado el tema de que por aprobar este artículo estaríamos dejando ya por sentado que no
tenemos algunas contribuciones y apreciaciones por resolver respecto de la Ley 782. Por lo demás
Señor Presidente, consideramos que la norma del artículo 2° coincide en lo fundamental con lo que se
quiere, es decir; que se investigue, procese y sancione y se otorguen beneficios judiciales a personas
vinculadas a grupos armados, organizados al margen de la ley. Creemos que de esa manera hechas
dos salvedades, el tema de la conexidad y el narcotráfico lo vamos a ver en futuros artículos sobre los
cuales habrá propuestas y segunda, que el tema realmente de la aplicación de la Ley 782 exige una
precisión en cuanto al tema de la versión libre, hecha esa salvedad y esa claridad, pues
personalmente no sé si otras personas de quienes comparten la perspectiva de este proyecto,
estaríamos de acuerdo en que se avanzara aprobándose ese artículo 2° con las salvedades del caso y
respecto del tema de la versión libre y de la Ley 782 presentaríamos un artículo que aproxime las
distintas posiciones. Desde luego, con la venia del Señor Presidente.”
           Jesús Ignacio García Valencia: “Gracias Señor Presidente. Simplemente para preguntarle
al doctor Andrés González, en qué parte del proyecto considera él debe entrarse a discutir lo atinente
a la existencia del conflicto armado, porque a mí me parece que el momento es este, cuando estamos
hablando del ámbito de la ley, porque en mi criterio habría que circunscribir que esta ley es aplicable
a personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley por hechos cometidos durante y con
ocasión del desarrollo del conflicto armado interno. Ahora, yo quisiera adicionalmente preguntarle al
señor ponente coordinador, al doctor Mario Uribe Escobar, que nos informe si él tiene estadísticas o
sus asesores tienen estadísticas sobre si existen o no actualmente en la Fiscalía investigaciones por
                                                                                                            53
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tal cual como se prevé en el Título Segundo
Capítulo Único artículo 135 y siguientes del Código Penal. Porque esto es básico para saber a qué
tipo de delitos es que le vamos aplicar esta ley y si realmente el alcance de los beneficios va o no va a
tener ninguna significación.”
          Andrés González Díaz: ”Muy breve Señor Presidente, nosotros tenemos una propuesta para
el artículo 8°. Está en la ponencia presentada por el Senador Pardo, se entiende por grupo armado
organizado al margen de la ley, aquel que en los términos del Protocolo II Adicional a los Convenios
de Ginebra de 1949 y de la Ley 782 bajo el mando responsable, tiene capacidad de adelantar en una
parte del territorio de operaciones militares sostenidas y concertadas, en el contexto del conflicto
armado interno.

          Es decir; nosotros coincidimos con muchas de las personas que estiman el concepto y el
tema del conflicto armado debe regir estas normas, pero está prevista para el artículo 8°, de manera
que nosotros estamos dispuestos a dar ese debate cuando ustedes estimen pertinentes, pero en este
artículo 2° no lo...”
          Carlos Gaviria Díaz: “Yo me permito proponer que se posponga la discusión de este
artículo, es evidente que este artículo predetermina la dirección de muchas normas anteriores y
recíprocamente, muchas normas posteriores, van a depender de la manera cómo este artículo se
redacte. A mí me parece que este artículo es clave, infortunadamente, nosotros siempre mantenemos
en mente es como el delito peor, el narcotráfico y entonces se dice no, lo vamos a blindar y pidiendo
que el narcotráfico no. Yo pienso que mientras no haya propuestas claras acerca de la conexidad con
cualquier otro delito, este artículo no debe ser aprobado. Fíjese usted, yo pregunto, vamos a excluir el
narcotráfico, pero entonces como con ocasión de la pertenencia de esos grupos es posible que se
cometa el delito de incendio, es necesario quemar esa casa porque allá creemos que hay guerrilleros,
etc., esa es una conexidad ocasional o circunstancial, yo pregunto, ¿esa conexidad va a hacer
beneficiarios a los sindicados o los responsables de esos delitos de esos beneficios?, el mismo
Senador Rivera proponía uno, cierto, la violencia carnal, la violación carnal, muchos delitos que
pueden ser cometidos con ocasión del conflicto o con ocasión de la pertenencia al grupo, no está de
más el doctor Pardo que pienso que tenía alguna propuesta alternativa, yo solicitaría, muy
respetuosamente, que se pospusiera la discusión de este artículo.”
          Mario Uribe Escobar: “Su propuesta Senador Gaviria es obligante, cuanto nos
compromete, usted que francamente se distingue por contribuir intelectualmente a estos debates, por
contribuir con su presencia, por estar siempre aquí atento a lo que acontece, yo no tengo
inconveniente en que eso suceda, quiero decirle si, justamente por las razones que usted expresa, es
por lo que debemos votar el artículo, de alguna manera tenemos que definir para donde vamos y que
es lo que queremos, este artículo es la espina dorsal del proyecto.”
          Carlos Gaviria Díaz: “Usted mismo ha dicho, mire, es que pensamos posteriormente
presentar una norma que diga esto o aquello, esa norma la puede tener usted en la mente y por tanto
es posible que ahora aprobemos un artículo y que posteriormente las normas que disputamos para
morigerar los efectos terribles de este artículo, no sean satisfactorios.”
          Mario Uribe Escobar: “Senador Gaviria, así las cosas, yo no tengo ningún inconveniente
en que aplacemos la discusión de este artículo y vamos al siguiente.”

   La Presidencia aplaza la discusión del artículo 2°.


               (27 de junio de 2005 se abre nuevamente el debate sobre el artículo 2)


          Roberto Camacho Weverberg: “Señor Presidente para continuar con el debate en el orden
en que está previsto, le propongo que ponga en consideración la votación del artículo 2º del proyecto
de ley que estamos estudiando. El artículo dos. “
          Por Secretaría se da lectura al artículo 2º de la ponencia base.
          Héctor Helí Rojas Jiménez: “Señor Presidente es para hacer una pregunta a los autores de
este artículo, la verdad yo no lo he entendido bien, pero me parece que puede significar una
distorsión del concepto de la interpretación constitucional y de la interpretación de la ley. Esta ley
entre más clara quede mejor, sabemos señor ponente usted que también ha enseñado introducción al
derecho, que la interpretación de la ley la hace el Congreso, con autoridad es el Congreso el que hace
Reforma o interpreta la ley. En el caso de la interpretación constitucional se ha recurrido doctor
Carlos Gaviria los artículos 93 y 94 para decir que al interpretar la Constitución, ya no el Congreso,
sino el juez de constitucionalidad debe tener en cuenta los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y algunos derechos que sin estar enunciados en la Constitución pues hacen parte del
llamado derecho de gentes. No sé por qué, no sé cuál es la razón para pasar los fundamentos de la
interpretación constitucional a la interpretación de la ley. Eso puede crear una confusión, eso puede
crear unas distorsiones porque insisto, si esta ley va a control de constitucionalidad pues será la
Corte Constitucional será el juez de constitucionalidad quien la confronte con esos tratados y con ese
derecho no positivizado a que se refiere el artículo 94 constitucional. Pero, yo me imagino otro
escenario en el que si la ley tiene problemas de interpretación será el Congreso el que por vía de
autoridad pueda aclararla, modificarla para superar las lagunas o las ambigüedades que puedan
detectar los jueces en su aplicación. Pero yo no tengo señor ponente ninguna propuesta que hacer,
simplemente pregunto e insisto es mejor que la ley nos quede lo más clara posible y las cosas claras, a
veces son las más sencillas. Aquí yo no he visto ninguna otra ley donde le pongan esa fórmula de
interpretación supraconstitucional que me parece está en manos del juez de constitucionalidad que es
para la interpretación de la Constitución y no para la interpretación de la ley. Es decir, cuando el
Senador Vargas Lleras en alguna oportunidad decía que a esta ley le sobraban enunciados, yo creo
que este es uno de los que puede sobrar. Ya hay reglas suficientes sobre quien interpreta la
Constitución, quien interpreta la ley, no tratemos de crear confusiones aquí en esta ley porque
muchas de esas cosas ya están inventadas y yo diría que ahí lo que sobra doctor Iguarán, usted que es
Viceministro de Justicia y maneja el tema, ahí yo creo que ese inciso 2º sobra. Esa referencia a los
tratados, a los convenios, al derecho no escrito, me parece que podría sobrar, pero no sé qué razones
                                                                                                          54
tengan ustedes para incluir este tópico de la interpretación de la ley, casi como si estuviésemos
hablando de norma constitucional.”
           Luís Fernando Velasco Chaves: “Presidente, no voy a alargar el debate porque creo que
ya lo hemos hecho; simplemente, quiero hacer una observación para dejarla a manera de constancia.
Yo le escuché al Coordinador de Ponentes, al doctor Roberto Camacho, que por efecto de
interpretación de otras leyes, como por ejemplo la ley de orden público que él ayudó a sacar adelante,
se indicaba claramente el ámbito de aplicación frente a un país en donde los hechos son tozudos e
indican que sí hay un conflicto armado interno. Señores Congresistas, si nosotros mediante una ley de
la República desconocemos la existencia de un conflicto armado interno, eso va a tener unos efectos
no sólo políticos sino jurídicos. Yo le preguntaría por ejemplo a la Senadora Claudia Blum, ¿podemos
nosotros quitar un elemento que tipifica y adecua la conducta de reclutamiento ilícito al desconocer el
conflicto interno?, me parece que no. Me parece que el Congreso debería pensar muy seriamente y va
ser un debate fuerte que ya vemos en Plenaria, en aceptar la definición que en buen momento Carlos
Gaviria, Carlos Holguín y Rafael Pardo nos ayudaron a sacar adelante cuando hicimos la ley de
orden público, ¿por qué?, y con esto termino Señor Presidente.

          El Derecho Internacional Humanitario, nosotros hemos recogido es una serie de tratados
que al recoger los tratados estamos vinculados unas definiciones a nuestra normatividad interna y
esos tratados como por ejemplo el artículo 3º, común a los protocolos de Ginebra, dicen cuando un
Estado reconoce que hay o no hay conflicto interno y quiénes son los que hacen parte de ese conflicto
interno. Eso no significa y en esto quiero quedar claro, que se le esté dando derechos especiales o se
le esté quitando derechos al Estado, o dándoles derechos a los ilegales. No, lo que indica es que se
pueda dar unos tratamientos especiales cuando hay por ejemplo delitos políticos. Es más, cuando un
ilegal comete un delito contra una figura protegida por el Derecho Internacional Humanitario, las
sanciones son más fuertes; no es lo mismo un secuestro común que una toma de rehenes, por ejemplo.
Es mucho más grave la toma de rehenes, no es lo mismo una violación por decirlo de alguna manera
delito común, que una violación que se hace por efectos de aterrorizar en un conflicto interno a l a
población y generar desplazamiento. No es lo mismo una tortura, que una tortura por efecto del
conflicto interno, eso da unas penas mayores, pues eso es lo que vamos a modificar. Yo les pediría a
los Congresistas que a cambio de aprobar esta definición simplemente mantuviéramos la definición
que viene en la ley de orden público que dice cuál es el ámbito de aplicación y cuáles son los grupos
armados. No por decir, que no hay conflicto interno deja de existir el conflicto interno. Inclusive,
quiero dejar aquí una última munición, y es que creo que este desconocimiento o este hecho político
puede inclusive ser declarado inconstitucional puesto que recordemos que las normas legales que
nosotros vamos definiendo tienen que estar en consonancia con los instrumentos internacionales que
hemos recogido para nuestra legislación. Yo por ello, anuncio mi voto negativo a la definición del
Gobierno y pediría más bien, a cambio de ello que mantuviéramos las definiciones que se han traído
en nuestra tradición. Entre otras cosas porque el primero en reconocer el conflicto interno armado es
la Ley Plan de Desarrollo que es la Ley Marco y la que sirve de faro guía a este Gobierno y es una ley
presentada por el Gobierno, entre otras cosas reconoce que hay conflicto interno armado en un solo
capítulo en 47 apartados. En un solo capítulo el Plan de Desarrollo, el de seguridad democrática
habla sobre conflicto interno armado. No desconozcamos una cosa que es evidente y que tiene efectos
no solo políticos, sino también jurídicos.”
          Jorge Homero Giraldo: “Gracias Señor Presidente. Una vez usted ha cerrado ya la lista de
las personas que iban a intervenir, en ese momento acababa de llegar, pero sería bueno y se lo acabo
de preguntar al señor Viceministro cómo daríamos aplicación al Acuerdo Humanitario, porque si
analizamos el artículo segundo vemos que queda por fuera el Acuerdo Humanitario, entonces habría
que adicionar un inciso y hoy precisamente que se ha hablado tanto del Acuerdo Humanitario en
razón de cumplirse los tres años de secuestrados los diputados del Valle de Cauca. En el último
párrafo d el artículo 2º del ámbito de la ley dice: Durante y ocasión de esos grupos que hubieren
decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. En este caso, las
FARC, y que no se ha acogido, ni tiene unas conversaciones con el Gobierno haríamos un ensayo mal
hecho y la preocupación del doctor José Renán Trujillo que ha sido una de las personas que ha
liderado que este artículo yo creo que serían buenas unas recomendaciones para que no queden por
fuera, sea en el título del proyecto, o un inciso para este segundo artículo, Señor Presidente.”
          Carlos Germán Navas Talero: “Gracias, doctor Camacho escuché con suma atención los
planteamientos del doctor Luís Fernando Velasco y creo que está en lo cierto, si nosotros miramos los
tipos que atentan contra el DIH se emplea frecuentemente el término de que con ocasión del conflicto
armado, o por razón de... conflicto armado, y luego viene la pena que se establece por esta grabación
específica que es atentar contra el Derecho Internacional Humanitario. Si aquí por ley se desconoce
la existencia del conflicto armado, si por boca del Presidente de la República a nivel internacional se
dice que no hay conflicto armado, yo le pregunto al doctor Camacho, ¿si usted es juez y se encuentra
frente a unos de estos tipos, por qué precisamente se agrava por razón o con ocasión del conflicto
armado, qué va a ser el juez?, él va tener que crear el conflicto en su providencia, o va a tener que
aceptar que no hay conflicto y entonces en esos casos darle el tratamiento de delito común. Digo, esto
porque el planteamiento del doctor Velasco es acertado, esto es ingrediente del tipo y para que se
pueda aplicar una pena de esas que va hasta cuarenta años, se requiere que sea con ocasión o por
razón del conflicto armado. Cuando el Congreso niega la existencia del conflicto y el Presidente,
¿qué va a hacer el juez?, me pregunto yo, porque al juez se le ha abocado a esta situación.”
          Andrés González Díaz: “Presidente, es que cuando estábamos discutiendo los indicios de
este proyecto el artículo 2º el cual nos ocupa. Surgió la posibilidad de que se produjese una fórmula
de acercamiento o de precisión en virtud de la cual el tema de las versiones libres sería ajustado,
delimitado por una propuesta por parte del Gobierno. Yo personalmente, estoy totalmente de acuerdo
con esa vía, porque me parece que eso que se está haciendo hoy que contribuye a que realmente haya
una investigación y es que se hagan las versiones libres dentro del trámite de la Ley 782 no está
explícito en este artículo, y a mi juicio mejoraría sustancialmente este proyecto. La pregunta va, ¿hay
alguna proposición para adicionar este artículo en esa materia?, le preguntaría señor Coordinador
de Ponentes y al Gobierno, porque yo personalmente no tengo por el contrario ninguna objeción
sobre el inciso 2º que se entienda la aplicación de los Tratados Internacionales desde luego, máxime
si están los Protocolos de Ginebra que son los que establecen precisamente este concepto del
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conflicto armado. Yo creo que es absolutamente indispensable en medio de las flaquezas o
limitaciones que tenga este proyecto, pues podamos ir de la mano del bloque de constitucionalidad
para corregir muchos de esos puntos, pero de manera que yo con el inciso 2º, incluso el 1º,
estaríamos de acuerdo pero en el concepto y en el entendido de que existía esa propuesta, esa es mi
primera pregunta. También se dijo en alguna oportunidad, tal vez le escuché esa reflexión al Ministro
del Interior que si bien hay toda una controversia sobre el término conflicto armado y el proyecto del
Gobierno no se menciona el tema, no se está tocando, nadie está diciendo que se está suprimiendo la
referencia del conflicto armado del Código Penal o de otros instrumentos, pero que eso se podía
resolver precisamente de pronto con una norma que dejara incólumes las disposiciones del Código
Penal, etc., cosa que a mí me parece bastante sana porque entiendo ese debate político en cuanto al
conflicto armado. Yo creo que evidentemente existe, el conflicto armado, pero conflicto armado
especial. De ninguna manera un concepto de conflicto armado que se vaya a dar legitimidad a la
guerrilla, o que por el contrario se considere que es un lanzamiento legítimo que pone en duda la
legitimidad de un Estado y de un Gobierno absolutamente legítimo, e incontrovertiblemente legítimo.


           Pero esas dos precisiones hubiera sido muy útil tenerlas dentro del texto de esta discusión,
no sé si existen o no, Señor Presidente, y sino me parece que al menos estas precisiones quedarán
como constancia de ese vacío, o por lo menos de esa indicación que podría reorientar mucho más el
proceso.”
           Reginaldo Montes Álvarez: “Gracias Señor Presidente. Yo me quiero referir al tema que
viene siendo reiterativo en la discusión de este proyecto, el atinente al conflicto interno. Verdad
sabida es que las leyes orgánicas están por encima de cualquier otra normatividad, llamemos la
estatutaria o la ley ordinaria, nos encontramos debatiendo una ley ordinaria, y existe una ley
orgánica que es la del plan de desarrollo que se refiere al conflicto interno en Colombia, tenemos
nuestro Código Penal, procedimiento penal que habla del conflicto interno en Colombia, tenemos la
Ley 782 que habla del conflicto interno en Colombia. En el proyecto de ley que estamos discutiendo
en ninguno de sus apartes se dice que en Colombia no hay conflicto interno. Luego entonces por qué
se quiere afirmar aquí que se está desconociendo el conflicto interno, no hay razón de ser, si así se
afirmara en esta ley, sería abiertamente inconstitucional porque hay unas normas de rango superior
que así lo contemplan, luego entonces no hay lugar a insistir que en esta norma se hable de conflicto
interno, simplemente no lo mencionamos porque no precisa hacerse mención al mismo. Es por eso
que yo considero que se le puede dar curso a este artículo como una salvedad. A mí me gusta la
apreciación del Honorable Senador Héctor Helí Rojas, no tiene razón de ser el inciso 2º, sobra en el
artículo. Lo que tiene que ver con la interpretación no se precisa de su incorporación en la norma y
estoy totalmente de acuerdo doctor Héctor Helí que puede ser excluido sin que con ello se altere el
texto del artículo 2º. Muchas gracias Señor Presidente.”
           José Luís Arcila Córdoba: “Gracias Señor Presidente. Es que he escuchado con atención a
algunos congresistas que están señalando que en este artículo dice algo que no he leído en el texto y
que se está negando el conflicto interno, eso no lo dice de ninguna manera el texto. El texto se refiere
única y exclusivamente a la acción de desmovilizarse, marcando y determinando un estadio, un radio,
un ámbito de aplicación de la norma. Pero de ninguna manera va apuntando a la definición o no de
conflicto interno. Entonces en eso debe quedarse absolutamente claro porque esta ley no es
precisamente cómo la de orden público para definir lo concerniente al conflicto interno, sino es
específicamente una ley de alternatividad penal, y en ese sentido está marcando ese lindero de la
alternatividad penal. Entonces aquí se dice que se está desconociendo tratados también
internacionales y yo veo como en el mismo artículo 2º se respeta de manera muy clara todos esos
tratados internacionales que se han suscrito por nuestro país en consonancia con los alcances (…)
Constitucionalidad dibujado al tenor del artículo 93 de la Carta Política. Yo no veo pues, que en este
artículo 2º se esté diciendo de manera taxativa o tácita inclusive, el que se niega el conflicto interno,
yo creo que se refiere es exclusivamente a la acción de la desmovilización, básica y eso para que
quede como constancia. Roberto Camacho Weverberg: “Primero la inquietud del Senador Rojas que
yo comparto, esa discusión se ha hecho varias veces aquí, porque se repiten cosas, porque son
redundantes las leyes, pero es como por efectos pedagógicos, siempre se ha dicho lo mismo. Usted me
dice que no tiene una propuesta en particular, o sea, a usted le parece que es lo mismo dejarlo que no
dejarlo, entonces si es lo mismo, dejémoslo. ¿Cierto?, y de aquí a la Plenaria lo pensamos mejor. En
cuanto a lo del conflicto interno ya suficiente, yo estoy completamente de acuerdo con la explicación
de los Representantes Reginaldo Montes, José Luís Arcila, Señor Presidente. Y en cuanto a lo que
propone el Representante Homero Giraldo, sería bueno que presentara la aditiva por escrito, doctor
Homero, y la respaldamos. Mientras tanto puedo poner en consideración el texto del artículo. “
           La Presidencia interviene para un punto de orden: “Señor Secretario, sírvase informar a
las Comisiones si hay proposiciones sustitutivas o modificatorias del texto. “
           Secretario: En la Secretaría no se ha radicado ninguna proposición, respecto al artículo 2º
Señor Presidente.
           Se cierra la discusión y se abre la votación de este artículo.
           Héctor Helí Rojas Jiménez: “Señor Presidente. Yo quiero dejar una constancia de mi voto
a este artículo. Pues obviamente no tendría sentido no aprobar el objeto, el ámbito de aplicación de la
ley, pero a mí me parece que el Gobierno y el Congreso más por todo lo que ha ocurrido en estos
días, acerca de los comentarios de esta ley, debería reflexionar y dejar mucho más claro el tema del
conflicto armado interno. Las críticas que han hecho los Representantes Navas Talero, Velasco y
otros nos deben invitar a una reflexión bien profunda, Señor Ministro y señores Congresistas. Yo no
sé si es que el Representante Navas no tenía buen sonido y no le escuchamos bien lo que él dijo, pero
ya en este debate habíamos señalado que sino aclaramos el tema del conflicto interno armado, no en
esta ley de alternatividad o de transición en Justicia. Si no en lo que tiene que ver con el Código
Penal, podemos dar lugar a unas interpretaciones o acaban con la ley o acaban con el Código Penal.
No podemos soslayar la discusión, de que hay unos tipos penales, de que hay unas descripciones
legislativas en el Código Penal que tienen como elemento de esa tipificación, la expresión conflicto
armado interno, es decir, señores congresistas, conductas como el homicidio sobre persona protegida,
abuso sexual o acceso carnal sobre persona protegida, reclutamiento de persona protegida, todos los
delitos contra la sociedad civil que rechaza y recoge el derecho internacional humanitario, tienen ese
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elemento circunstancial que es el que permite en algún momento o considerarlos como delitos
políticos o considerarlos como delitos comunes pero objeto de una Justicia de transición. No puede
haber en el mundo un homicidio sobre persona protegida, sino existe un tipo penal que diga que ese
homicidio ocurre en medio de un conflicto armado interno, porque si algún bárbaro mata a una
persona protegida y no estamos en conflicto interno, pues ese ni puede ser amnistiado, ni puede ser
objeto de pena alternativa. A ese individuo hay que ponerle la máxima pena y negarle todas las
rebajas posibles, porque ese acto ya ni es político, ni es del conflicto, sino que es una verdadera
atrocidad. Yo en consecuencia quiero dejar constancia de que aun cuando voto el objeto de la ley, me
parece que es pertinente en otra disposición, en otro artículo dejar muy clara esta situación porque si
surgiera una interpretación Representante Navas, como la que usted señaló, de que esta ley es
posterior y deroga disposiciones del Código Penal que también es una ley ordinaria, pues ahí
quedamos en el peor de los mundos. Porque quienes han cometido homicidios, lesiones, abusos
sexuales por fuera del conflicto armado interno o sin que el Gobierno reconozca el conflicto armado
interno, simple y llanamente van a quedar en manos de la Corte Penal Internacional toda su vida.


           Yo he sido quien más ha defendido aquí la idea contra mi amigo el Senador Martínez de que
la Corte Penal Internacional ni es una amenaza, ni es una traba en la posibilidad jurídica y política
que tenemos de ir solucionando nuestro conflicto, pero en ese evento si no nos quedan claros esas
personas que cometen esa clase de delitos sobre persona protegida, quedarían fuera de esta ley,
quedarían simplemente en el Código Penal y en consecuencia tendrían que someterse por parte del
Estado Colombiano a las penas llanas y plenas que tiene el Código Penal
           O ahí sí entraría la Corte Penal Internacional a decir que so pretexto de hacer una ley de
transición para crímenes atroces, incluimos una amnistía general, anticipada, indeterminada y
desconocimos unos pactos o tratados internacionales sobre protección a los civiles y a los no
Combatientes en los conflictos armados de orden interno o no internacional como se llaman. Este es
un punto que valdría la pena precisar, aclarar, dejar las constancias correspondientes y yo quiero
hacerlo de esa manera. Yo tengo otra interpretación, me parece que esta ley de Justicia transicional,
que esta ley especialísima no toca, no deroga, no modifica ni el Código Penal ni los convenios
internacionales, ni los protocolos sobre Derecho Internacional Humanitario, pero ya resurgirá esta
discusión doctor Camacho, cuando venga el tema de la conexidad y el tema de la sedición, porque es
que si uno acepta el conflicto armado interno, pues le queda muy fácil manejar estos comportamientos
contra el Derecho Internacional Humanitario y definir como combatientes y en consecuencia como
delincuentes políticos a los autores de esas conductas, pero si uno niega de plano la existencia del
conflicto armado interno, pues después no podrá hablar ni de sedición, ni de conexidades, de delitos
comunes con el delito político y pues queda en la peor de las situaciones. Pero lo mío Señor
Presidente, es simplemente una constancia para decir por qué voté el ámbito de la ley, aun cuando no
estoy de acuerdo con que no se diga aquí nada en este artículo del conflicto armado interno. Con la
lógica de mi amigo Roberto Camacho, yo diría es mejor que sobre y no que falte también. Sería
mejor que ahí estuviese alguna referencia al conflicto armado interno, porque claro que esta en la ley
del plan de desarrollo, pero esta ley no es superior, no tiene jerarquía, no tiene supralegalidad sobre
esta ley, ni sobre el Código Penal y si está ahí, si está en el Código Penal y está en la 418, no
comprende uno la tozudez en que no se diga aquí lo que se dice, en tantas otras leyes y en tantos
Tratados de Derechos Humanos que vinculan a Colombia. Entonces yo voté ese artículo, pero dejo
constancia de las preocupaciones que me asisten con el manejo del tema del conflicto armado interno
y sobre todo pido al Gobierno como ya lo pedí hace unos quince días que nos diga con toda claridad
o que nos presente una propuesta muy clara de cómo no tocamos, de cómo respetamos, de cómo
ratificamos que en Colombia los crímenes sobre las personas protegidas por el Derecho Internacional
Humanitario quedan incólumes, quedan tal como están tipificados y diseñados en nuestro Código
Penal.”
           Rafael Pardo Rueda: “No Presidente. Comparto el sentido de la proposición de la
constancia del Senador Héctor Helí Rojas y quiero que así se registre en el acta. “
           Darío Martínez Betancourt: “Yo voté afirmativamente este artículo 2º, porque el inciso
último y es a título de constancia que voy a hacer una rapidísima precisión. Porque el inciso último
que habla de la reinserción a la vida civil de las personas que pueden ser favorecidas con amnistía,
indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en
dicha ley. Yo he revisado con atención la Ley 782 de 2002, frente a este tema específico y frente a
otros para concluir que se deja a salvo la definición y reconocimiento jurídico de un conflicto armado
interno en Colombia. En efecto, el artículo 3º de la citada ley, en el literal B reconoce la existencia de
un conflicto armado. Posteriormente el artículo 3º de la misma ley establece en el parágrafo 1º la
existencia de un conflicto armado, luego el artículo 6º de la misma ley también reconoce la existencia
del conflicto armado interno en Colombia. Para no hablar de otras disposiciones como el artículo 19
que habla precisamente del indulto para los nacionales que hubieren sido condenados, por hechos
constitutivos de delito político que hace presuponer la existencia de un conflicto armado. ¿Qué
concluyo yo Señor Presidente?, sencillamente que esa remisión directa que se hace en el inciso que
leí, lo coloca al Gobierno en una inmensa contradicción, en pretender negar la existencia de un
conflicto armado cuando la ley a la cual se remite la 782 de 2002, lo que hace es reconocerlo,
ratificarlo y en ninguno de estos artículos que he citado, puede decirse o argumentarse que hay una
derogatoria expresa o tácita, todo lo contrario, hay un reconocimiento expreso tal como lo ordena el
último inciso leído. Por ello creo que tanto el objeto de la ley como el ámbito de interpretación y
aplicación normativa, en principio nos hizo inferir a más de uno que borraba de un tajo la existencia
del conflicto armado interno en Colombia, pero la verdad es que eso no es así. Y hay un argumento
adicional, el señor Alto Comisionado para la Paz en las distintas discusiones con la ponencia
minoritaria y con sus ponentes, consideró como punto de honor. Y en eso fue apoyado por el Señor
Presidente de la República, mantener la vigencia de la Ley 782 de 2002. Y no solamente porque es un
instrumento bueno que expidió a buena hora el Congreso para implementar todos estos procesos de
paz, sino porque en mi criterio le da coherencia y armonía en cierta forma a la ley que estamos
aprobando, a la ley que estamos expidiendo. En la última sesión recordarán ustedes que aprobamos
un articulito que consagraba el principio de complementariedad o de integración de esta ley con la
782. La 782 jamás Senador Gaviria y usted fue ponente, negó la existencia de un conflicto armado
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     interno. Quitó el estatus político como requisito para iniciar procesos de negociación con las
     organizaciones armadas al margen de la ley que es algo totalmente diferente, que no es lo mismo. Por
     esos motivos insisto Señor Presidente, yo he votado con tranquilidad de conciencia este artículo 2º,
     porque estoy convencido de que el conflicto armado interno en Colombia se mantiene vigente por
     definición y por reconocimiento expreso de la Ley 782. Gracias Señor Presidente. “
                Carlos Gaviria Díaz: “Señor Presidente: Es que en realidad aquí se han dicho cosas por
     distintos Senadores que confluyen exactamente a lo mismo. Yo quiero poner de presente que
     justamente cuando fui cooponente de la Ley 782 me allané a que se aboliera el reconocimiento previo
     del estatus político a los posibles interlocutores del Gobierno, porque consideraba que, aplicando los
     protocolos de Ginebra, podía considerarse a los miembros de las Autodefensas como actores del
     conflicto interno. La contradicción grande del Gobierno es que también ha hecho un punto de honor
     el desconocimiento del conflicto interno. Me parece sintomático que en el artículo 2º no se consigne
     expresamente la existencia del conflicto interno y es esa la razón que me ha llevado a votar
     negativamente ese artículo Señor Presidente y quiero que quede constancia de la razón que estoy
     aduciendo para mi voto negativo.”

              Por Secretaría son radicadas las siguientes constancias:

               Constancia para el artículo 2º: El no reconocimiento de conflicto armado, en el presente
     proyecto de ley, no debe ser obstáculo para penalizar la conducta punible de reclutamiento ilícito
     consagrado en el artículo 162 del Código Penal, ya que, al tenor de esta norma penal, resulta
     indispensable para su tipificación que se realice con ocasión y en desarrollo de conflicto armado.
     Firmado Honorables Representantes Gina María Parody, Rafael Pardo, Andrés González, Luís
     Fernando Velasco.
               Constancia al artículo 2º: Frente al tema del conflicto armado interno, dejo constancia de
     mi voto positivo del texto del artículo 2º de la ponencia base porque no considero necesario que esta
     ley entre a definir si existe o no en el país este tipo de conflicto, o si estamos ante una realidad de
     amenaza terrorista. Frente a este tema creo que las mismas acciones de los grupos armados serán las
     que en el futuro indiquen qué visión política tomará más fuerza y qué tratamiento den los jueces de la
     República y la comunidad internacional a los grupos criminales que hoy existen en el país. En mi
     concepto, la realidad nos enseña que en el país tenemos unos grupos ilegales que se enmarcan cada
     vez más en las definiciones de terrorismo. Por el tipo de acciones que realizan, uno no puede
     considerar que son acciones militares sostenidas contra unas fuerzas del Estado, los delitos que
     sistemáticamente cometen los ilegales contra la población civil. Por ejemplo, el sistemático secuestro
     extorsivo de civiles; la muerte y la victimización de niños en medio de la violencia; la muerte o el
     destierro de concejales y alcaldes elegidos legítimamente por el pueblo; la intimidación a
     funcionarios de la rama judicial; los ataques a medios de comunicación; las amenazas a periodistas o
     a funcionarios de salud pública; el narcotráfico; o el desplazamiento forzado de miles de familias
     Colombianas. Sin embargo, y dado que frente al tema puede haber diversas posiciones, creo que al no
     mencionarse el conflicto armado interno, pero dejando la definición de grupos armados organizados
     al margen de la ley que está en el artículo 1° del proyecto, se permite tener un ámbito general. No
     creo que aquí se esté dejando sin aplicación el Título II del Libro II del Código Penal que define los
     delitos contra los bienes protegidos por el DIH. Y no se impide que el día de mañana si la Fiscalía
     especializada o el Tribunal del caso consideran que la acción de guerrillas y autodefensas se da en el
     contexto de conflicto armado, estas puedan acceder a la ley. No considero imprescindible que se
     tenga que establecer ahora si hay o no conflicto armado, apreciación que sólo resultará de los
     hechos, y que depende de la naturaleza de las acciones que adelantan las mismas organizaciones de
     guerrilla y autodefensas. Bogotá, D. C., abril 11 de 2005. Firmado Honorable Senadora Claudia
     Blum de Barberi.


ARTÍCULO 3o. ALTERNATIVIDAD. Alternatividad es un beneficio consistente
en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia,
la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del
beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.

                                             (13 de junio de 2005)

               Senador Mario Uribe Escobar: “Entonces Senador Pimiento, Señor Presidente, le ruego
     poner en consideración de esta Comisión el artículo 3°. El artículo 3° dice: Alternatividad es un
     beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia,
     reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la
     consecución de la paz nacional, la colaboración con la Justicia, la reparación a las víctimas y su
     adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en
     la presente ley.”
               Gina María Parody D’Echeona: “Presidente. Nosotros hemos considerado inconveniente
     la propuesta de la pena alternativa por varias razones, la primera porque la pena principal no puede
     ser un chiste, nosotros no podemos decir que en una sentencia se imponga una pena principal para
     que a los seis años ya ni siquiera tenga supervisión del Estado. Lo que sucedería de imponerse esta
     pena alternativa, es que en la sentencia tendríamos una pena principal de cuarenta años para poner
     un ejemplo, que se pondría una pena accesoria de cinco o seis años de lo que se quiera entre cinco y
     ocho años, tendría una quinta parte de supervisiones, es decir, un año más Así que si la pena
     alternativa fue de cinco años, a los seis años ya esta persona no tendría ningún compromiso con el
     Estado, es decir; se hace apología del delito, no pasa nada, sino terminó de reparar las víctimas no
     pasa nada, el Estado perdería todos los instrumentos que pesarían sobre esta persona, que en este
     caso sería la condicionalidad de la pena que es lo que nosotros proponemos que haya una libertad
     condicional, y simplemente la persona los cinco o seis años quedaría libre y podría hacer lo que
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quisiera. Por eso para nosotros la figura conveniente sería una libertad condicional, que se otorgue
cuando se cumplan las dos quintas partes de la pena y que para otorgarse cumplan los requisitos
antes y por supuesto unos durante la condicionalidad de esta libertad que no haya apología del delito,
que haya reparado debidamente a las víctimas, y otra serie de elementos que tenemos a lo largo de la
propuesta, esto con el fin de evitar que nos quedemos sin instrumentos, que el Estado quede sin
instrumento y que personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, masacres, a los cinco
años ya no tengan obligación alguna con el Estado, por eso nuestra propuesta es una libertad
condicional y no una pena alternativa que no permitiría entonces casi ninguna vigilancia ni
supervisión, ni ningún condicionamiento de las personas que han cometido los crímenes más atroces
dentro de esta sociedad, no tendría ningún condicionamiento ni obligación frente al Estado.”
          Jesús Ignacio García Valencia: “Entonces mi inquietud apunta que bien sea el coordinador
de ponentes o el Señor Ministro o alguno de sus ilustres asesores, nos digan si definitivamente la
aplicación de esta ley se va a circunscribir a hechos delictivos, conflictos cometidos en desarrollo del
conflicto armado interno, porque esto es fundamental para considerar este aspecto tal conforme sobre
el proyecto lo presenta. Voy a poner un ejemplo tratando de ser lo más didáctico posible:



           Si nosotros, la existencia de un conflicto armado interno, un delito de desplazamiento
forzado cometido por un grupo armado al margen de la ley, estaría sancionado con una pena de diez
a veinte años de prisión de acuerdo con el artículo 159 del Código Penal. Pero como además están
incursos en la asociación para delinquir o en concierto para delinquir, el artículo 340 sanciones a
conducta, con una pena de seis a doce años de prisión, si partimos de la base de que allí hay un
concurso de conductas punibles, más o menos la tasación de la pena aproximada sería de doce años
de prisión. ¿Qué ocurre si esa persona acepta cargos dentro de la actual legislación?. O sea
aplicando la Ley 906, la pena se rebajaría a seis años, se rebajaría en la mitad y por consiguiente el
límite punitivo de cinco años, pues prácticamente estaría muy cerca de la pena real que de acuerdo
con esa legislación se debería imponer, si se aplica el anterior Código Penal, o sea la Ley 599 más o
menos la pena sería de ocho años y por consiguiente la rebaja podría ser de tres, pero adicionalmente
si se aplica la Ley 599 y se da lugar a que haya subrogados penales, pues la pena efectiva puede ser
inferior a l os cinco años, entonces es muy importante definir si va haber reconocimiento o no de que
estos hechos deben ser cometidos dentro del contexto del conflicto armado, porque eso nos va a dar la
base de los rangos punitivos de los cuales se va a partir para poder establecer los beneficios. Ahora,
si decimos que no hay conflicto, la situación es aún más grave, porque el desplazamiento forzado de
acuerdo con el artículo 180 en caso de que este no se cometa dentro del contexto del conflicto
armado, está sancionado con una pena de seis a doce años de prisión y el concierto para delinquir
sigue teniendo una pena de seis a doce años. Si le aplicamos la norma del concurso, más o menos la
casación de la pena podría ser unos siete años de prisión, si con las normas actuales le aplicamos la
aceptación de cargos, la rebaja por aceptación de cargos de la Ley 906 tendría derecho a que le
rebajaran la pena hasta la mitad y por consiguiente su pena sería tres años y medio, inferior al límite
mínimo punitivo que señala el proyecto de cinco años, y si es en el contexto de la Ley 599 más o
menos pidiendo sentencia anticipada, el rango punitivo sería de cuatro años y medio, también muy
inferior al límite que está ofreciendo el proyecto. Entonces, mire Señor Presidente, que no es que
nosotros queramos ser tozudos con esta exigencia, sino que yo creo que debemos definir si no va
haber reconocimiento de que estos hechos deben ser cometidos en el desarrollo de un conflicto
armado, entonces tenemos que entrar a rediseñar toda la propuesta que el proyecto trae en relación
con los beneficios, por eso creo que es muy importante que aboquemos este punto y por eso le he
preguntado tanto a usted señor Coordinador de Ponentes como al Señor Ministro, al señor Consejero
para la Paz, a los muy distinguidos asesores fiscales delegados ante la Corte, al señor Vicefiscal, que
ojalá nos informaran cuántos procesos existen por violación al Derecho Internacional Humanitario
de acuerdo con el Código Penal o si no existen procesos de esa naturaleza, porque esto es esencial
señor Coordinador de ponentes para poder nosotros dilucidar y tomar definiciones en este Congreso
sobre la utilidad de este proyecto. Muchas gracias.”
           Darío Martínez Betancourt: “Gracias señora Presidenta. Yo voy hacer una observación
muy pequeña de técnica legislativa en materia penal que ojalá el señor Coordinador de Ponentes, el
Senador Uribe la acoja Y no es un asunto meramente de redacción, tiene implicaciones de fondo
porque se rompe la estructura del Código Penal en materia de subrogados penales. A la
alternatividad en el artículo 3° se la define diciendo que es un beneficio consistente en suspender la
ejecución de la pena, la suspensión de la ejecución de la pena según el artículo 63 del Código Penal,
es un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, los positivistas que crearon estos
mecanismos, los llamaron los subrogados penales y sobre eso hay toda una explicación interesante de
tipo filosófico. El artículo 63 del Código Penal dice: Suspensión condicional de la ejecución de la
pena, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en la Sentencia, etc., etc. Confunde
entonces señor Coordinador de ponentes el artículo 3°. Alternatividad con suspensión de la ejecución
de la pena que no es lo mismo en Derecho Penal, son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo
alternativo?, es la opción, de lo uno o de lo otro, en cambio que la suspensión de la ejecución de la
pena es la sustitución, la subrogación de la pena privativa de la libertad, yo nunca entendí desde
cuando se radicó el primer proyecto de ley por parte del Gobierno, porque se inventaron el término
alternatividad penal. Y vean ustedes en las contradicciones que estamos incurriendo, se va a imponer
una pena principal, muy bien, cuarenta años, creo que eso está incrementado a cuarenta años, para
que por lo menos en teoría el Estado no renuncie a su poder punitivo. Muy bien. Luego esa pena se la
convierte en pena alternativa, allí no es pena alternativa, es un perdón judicial, es una sustitución,
porque lo que se está haciendo es precisamente condicionando esa pena privativa de la libertad, no
puede ser jamás pena alternativa, pero así está en el proyecto, el problema de la redacción en
derecho, sobre todo en derecho penal es un problema delicado, cuando, por ejemplo, se trata de
definir conductas punibles, exigen los principios rectores penales.. Definición típica tiene que ser
inequívoca, exacta, taxativa para que no quede en manos del juez la interpretación y de pronto la
arbitrariedad y así se garantiza el principio de legalidad por ejemplo. Yo quisiera señor Coordinador
de ponentes, que pues acogiendo con muchas reservas, con mucho beneficio de inventario esta
denominación, mal llamada de alternatividad, por lo menos que no confundamos alternatividad con
                                                                                                          59
suspensión de la ejecución de la pena. Si no se acepta sustraer o suspender o quitar la denominación
de penas alternativas que me parece antitécnica totalmente, pues por lo menos hagámosle un
homenaje a la coherencia y al respeto del Código Penal que es bien elaborado, el cual tengo aquí en
mis manos, en incorporarle al Capítulo Tercero del Código Penal, esto de la alternatividad
desconceptuando lo que es la suspensión de la ejecución de la pena Vea usted que la confusión es
mayor señor Coordinador de Ponentes, cuando en el proyecto se propone más adelante lo que se
llama la libertad a prueba. Cuando ya sea, primero condena, luego pena alternativa y luego libertad
a prueba, esa es la libertad condicional que está aquí reglada en el Código Penal, bueno, llámela
libertad a prueba, pero eso es en estricto Derecho Penal un subrogado penal o un mecanismo
sustitutivo de la pena privativa de la libertad. ¿Cómo mejoraríamos el artículo 3° señor Senador
Uribe?, Bueno. Yo acataría pues en últimas que quede la mal llamada alternatividad, pero no la
definamos como la suspensión de la ejecución de la pena que es una antinomia que no cabe, esa era
la observación que quería hacer. “
           Mario Uribe Escobar: “Este asunto ha sido muy discutido en el transcurso de todos estos
meses, de alguna manera también determina el camino por el cual vamos a transitar a partir de la
aprobación de este proyecto. Ese puede ser el artículo que diferencie si este es un asunto de
alternatividad o es un asunto de sometimiento a la Justicia.

           Nosotros pensamos que de aprobar la propuesta de la Representante Parody, estaríamos
enfrente, no de un Proyecto de Alternatividad, sino de un proyecto de sometimiento de la Justicia. Es
decir; aquel mediante el cual las personas, luego de que firmen un acuerdo de paz con el Gobierno, se
someten a las autoridades, confiesan o no sus delitos, se les impone seguramente una pena y como
producto de la pena y a esa pena para que recobren la libertad condicional se exigen que paguen
unas dos quintas partes, alguien podría ser condenado a sesenta años, según la propuesta de la
Representante Parody, solo a los veinte años, cuando la persona haya purgado las dos quintas partes
de esa pena, pues podrá obtener el beneficio de la libertad condicional y seguramente tendrá que
mantenerse así por el resto de la pena. Esta es una vía diferente y es bueno que se comprenda como
ella lo señalaba, porque ella explicó muy bien cuál es el propósito de este proyecto, se impone una
pena principal, no se aplica esa pena, sino una alternativa dentro de cinco y ocho años, de acuerdo
con los mecanismos establecidos en la presente ley, aplicada esa, establecida esa pena alternativa, la
purga sin rebajas Senador Martínez, yo acepto que este es una ruptura del sistema tradicional del
Código Penal, es un asunto, un proceso con ribetes propios, particulares, específicos y luego de
purgada esa pena, vendrá otro lapso de vigilancia para que posteriormente se le borre a la persona la
pena inicialmente impuesta porque hemos partido de la base que ha concluido todos los compromisos
que exige la ley y digamos de alguna manera a purgado la pena alternativa impuesta, ese es el
camino, decidámoslo, allí no ha habido la posibilidad de hacer un acuerdo con ellos, allí tenemos una
gran diferencia, eso no fue producto de acuerdo con el Senador Pardo, creo que después del debate
no nos quedará por lo pronto lo digo, sino el camino de votar.”
           Gina María Parody D’Echeona: “Senador Uribe, es que yo sí creo que en este punto
debemos dejar un poco el eufemismo. Y es que si estos delitos, es decir, por los que se ha construido
toda esta ley, son delitos que no pueden tener ni indulto, ni amnistía, es así, no son perdonados por
supuesto, de lo que estamos hablando es de un proyecto de sometimiento a la Justicia, ¿a cuál?, a
esta, a la que estamos planteando, entonces yo creo que no vale la pena satanizar el término de
sometimiento a la Justicia porque es claro que si no tienen ni perdón, ni olvido, lo que estamos
haciendo es sometiéndolos a la Justicia, a cuál, a la que aquí se decida. Entonces yo no creo que vale
la pena seguir satanizando, poniendo eufemismos, porque claro, esto es un proyecto de sometimiento
a la Justicia, a la que aquí se decida. Segundo. Usted señalaba que solo cuando se cumpla 20 años
con nuestro proyecto saldría, eso no es cierto. Nosotros establecemos una pena mínima y una pena
máxima, al igual que usted, nosotros no hemos puesto ningún problema por la cuantía de la pena,
ninguno, ustedes establecen 18 meses en una zona en Ralito también, de cinco a ocho, perfecto, pero
lo que sí no podemos es mandar un mensaje a la sociedad que entre más atroz sea el crimen, menos
vigilancia va a tener usted por la pena, ese mensaje sí no se lo podemos dar y por eso la figura que
establecemos no es una figura de pena alternativa, donde a los seis años queda desvinculado si esa
persona a los seis años llega, si los justifican ahora que no han sido perdonados, vienen al Congreso
de la República, sea apología del delito, a justificar sus crímenes, imagínese cuando los hayamos
perdonado y el Estado pierda cualquier instrumento para que no cometan, no se encuentren en estas
circunstancias, por eso es que hemos preferido la figura de la libertad condicional para que el Estado
se quede con herramientas frente a estas personas, de lo contrario a los cinco años que en cualquier
caso tanto en su proyecto como en el nuestro, como pena mínima, aunque después estableceremos si
eso sí tiene pena mínima por unos párrafos que ustedes ponen, cinco u ocho años será cuando tengan
en libertad, la diferencia es bajo que condiciones tendrán esta libertad aquellas personas que han
cometido los crímenes más graves dentro de la sociedad Colombiana. Para nosotros debe tener unas
condiciones, para ustedes no, y eso es lo que tenemos que definir aquí en el Congreso de la República.
           Senador Mario Uribe Escobar: “A ver Representante Parody, con su venia Presidente, yo
quisiera simplemente decir una cosa, porque nos devolveríamos al debate general, en el cual hemos
estado no solo muchas horas aquí, sino por fu era, yo le recomiendo la lectura de nuestra ponencia,
no hay antecedentes en el mundo, de que se hayan impuesto unas penas de estas, así se denominen
alternativas. Los ingleses resolvieron el problema del IRA en menos de dos años y yo no conozco
antecedentes en el mundo, he pedido que me los cuenten, no hay antecedentes en el mundo de que a
personas como estas, así hayan cometido los delitos más graves, se les hayan impuesto penas
superiores a dos años. A usted le parece poquita una pena de cinco años, yo respeto eso, le parece
poquito la vigilancia de una quinta adicional, yo lo respeto, a mí por el contrario no deja de
sorprenderme muchísimo que por estas cosas de los estándares internacionales, de la evolución del
derecho, de los avances de las Cortes, ahora quienes firmen este acuerdo con el Gobierno, una vez
entreguen armas, faciliten la entrega de todos los integrantes de esos grupos, se vayan para la cárcel,
mínimo cinco años, pueden ser ocho, seguramente van hacer ocho y dos más de libertad vigilada.
Tenemos una gran diferencia y la verdad tenemos que reconocer sin que discutamos más, que no
hemos hallado la manera de resolverla, pero no es una diferencia suya y mía, ni más faltaba, es una
diferencia de un grupo de Senadores y Representantes, sumamente importante, muy distinguido, muy
bien intencionados y el Gobierno y la fiscalía y un poco de personas también importantes, respetables
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y representativas, que creen que ese no es el camino.”
           Rafael Pardo Rueda: “Senador Mario Uribe, es que yo creo que usted plantea de una
manera deformada lo que es el debate y le digo con mucho respeto. Las penas que nosotros
proponemos están exactamente en el mismo rango que las que usted propone, entonces no diga ahora,
que algunas personas dicen que hay que poner veinte años, menos no sé cuánto y que datan, no, son
los mismos cinco años a ocho años, entonces no hay diferencia en el tiempo en la cárcel, ustedes
proponen de cinco a ocho, nosotros también, entonces no diga que el problema es que hay unos
señores que dicen: Cuando en Inglaterra se resolvió que con dos años, no, usted está proponiendo
cinco a ocho, ni siquiera lo de Inglaterra que tampoco es como usted dice, pero está proponiendo el
mismo período en la cárcel, la diferencia central está en lo siguiente Senador y yo creo que es donde
debemos discutir. El concepto de pena alternativa y el rango entre cinco a ocho años, rompe la
proporcionalidad con la gravedad del delito, porque ustedes ponen no en este artículo sino en el
siguiente, sino la manera de imponer la pena, que la pena se impone por dos criterios: uno es por la
gravedad del delito, por lo tanto mientras más grave supone uno que está más cerca de los ocho años
y mientras menos grave, más cerca de los cinco. Pero le pone otro criterio que es la mayor
colaboración, la mayor colaboración está establecida en términos que no necesariamente son
objetivos.

          Por lo tanto, consideramos que eso rompe la proporcionalidad, ¿por qué?, Porque el que
más colabore tiene menos pena, por un lado tiene más porque es más grave, pero por otro tiene
menos porque colabora más.
          Entonces mientras más hectáreas de tierra entregue una persona, menos pena va a tener.
Entonces. Yo quiero dar el tiempo para que consulte Senador, no tengo problema, me espero aquí
tranquilamente.”
          Mario Uribe Escobar: “Estoy haciendo un comentario con su venia. No se ofusque hombre,
esto es muy complicado, no se ofusque, déjeme decirle una cosa. Anoche se ofuscó mucho, ya lo veo
que se va a poner intranquilo. Lo que estoy diciendo una cosa que es muy difícil discutir Senador
Pardo, si estamos hablando del artículo 3° y usted me habla de otro artículo, es imposible.”
          Senador Rafael Pardo Rueda: “Entonces la pena alternativa no respeta el principio de
proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la rebaja que se hace, nosotros no tenemos diferencia
ninguna y yo les recuerdo que en eso tenemos un acuerdo porque seguimos los mismos parámetros de
ustedes en los rangos de la pena. En cinco años mínimo y ocho máximo, ¿cuál es la diferencia? Que
lo que nosotros planteamos no es pena alternativa, sino rebaja de pena. Se pone una pena, se hace
una rebaja, esa rebaja indica que hay proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la gravedad del
delito y de la condena y la rebaja que se hace, pero sin superar los ocho años de máximo y sin que sea
inferior a los cinco años de mínimo. Entonces la diferencia de la pena alternativa con la rebaja de
penas, es que la rebaja de penas conserva y preserva la proporcionalidad entre el delito por el cual la
persona es condenada, la gravedad de ese delito y la pena que él va a pasar privado de la libertad,
con la alternatividad le meten un concepto que rompe la proporcionalidad que es el de la
colaboración que a nuestro juicio acaba deformando el sentido de la pena. Porque una persona que
colabora mucho, puede tener, aunque sus delitos sean más graves, una pena menor, que una persona
que tiene delitos con una condena inferior, pero que no tiene plata para colaborar, que no tiene tierra
para devolver, que no tiene mando en el grupo armado, de manera que pueda colaborar por supuesto,
colabora más el que manda sobre más gente y colabora menos la persona que tiene menos para dar,
tiene menos patrimonio y tiene menos gente en sus órdenes. Entonces una diferencia central entre
pena alternativa y rebaja de penas, es la de proporcionalidad, por eso nosotros proponemos rebaja de
penas, no porque estemos planteando que las personas vayan a la cárcel treinta años, estamos
planteando lo mismo que usted Senador Uribe, los mismos años que usted plantea, de cinco a ocho
años, los mismos trescientos pesitos como decía Pacheco, pero la diferencia es que la rebaja se hace
en proporción a la gravedad del hecho y no con un criterio de colaboración que a nuestro juicio está
orientado a favorecer a los jefes de los grupos que son los que más pueden colaborar.”
          Mario Uribe Escobar: “Gracias Presidente. Yo también terminé hace rato. Hay,
evidentemente, una diferencia de criterio con el doctor Pardo, no hemos podido superarla, yo creo
que avanzar más en esto no tiene sentido, nosotros creemos que la vía es la de la pena alternativa.
Que reemplaza a la pena inicialmente impuesta, a esa pena hemos dicho, ha dicho el Gobierno, sí se
quiere para utilizar el lenguaje de él, que no habrá rebajas, eso de alguna manera rompe el sistema
general del Código, lo admito, no sé si sea Senador Martínez lo más ortodoxo, pero ya no nos vamos
a poner de acuerdo, y yo por más esfuerzos que haga no voy a convencer al Senador Pardo, pero eso
sí, el tampoco me va a convencer a mi, ¿qué hacemos? A Héctor Helí Rojas que es un sabio en estas
materias, siempre ha dicho, aquí no se trata de convencer a nadie, aquí se trata es de fijar unas
posiciones y el reglamento es muy sabio, establece cómo se zanjan estas diferencias, votando. Si esto
fuere fácil, si fuere posible resolverlo, yo estoy seguro que hacía muchísimo rato habríamos traído un
acuerdo con el Senador Pardo.”
          La Presidencia interviene para un punto de orden:“Así es Senador Uribe. Senador Rojas
tiene la palabra. Y le rogaría Senador Pardo, como quiera que avanza el debate de este artículo y no
hay acuerdo, que se radique la proposición sustitutiva a la establecida en la ponencia base antes de
entrar a votar.
          Héctor Helí Rojas Jiménez: “Señor Presidente. Yo quisiera formularle algunas preguntas
al Senador Pardo. Pues si no lo convencemos hay que dejar constancia por lo menos de que
insistimos, preguntamos y avanzamos Senador Mario Uribe, porque nada mejor que estas normas
tengan algún consenso, algún acuerdo entre dos proyectos que tienen el mismo origen en el Gobierno,
en los amigos del Gobierno, en los que han manejado el tema desde hace dos años, me parece que no
es bueno que ahora digamos que vamos a ver quién tiene los votos y quién no, Señor Presidente, yo
quisiera preguntarle al doctor Pardo lo siguiente: Advirtiéndole que yo estoy de acuerdo con la pena
alternativa. Veo que usted dice en su propuesta que aquí se trata de una rebaja de penas, entonces
uno se pregunta y será necesario todo ese articulado que usted hace de crear un tribunal especial,
una unidad de Fiscalía, unos principios de verdad, de Justicia, de reparación, de Derecho
Internacional para rebajar una pena por delitos atroces, se justificará crear todo un sistema, todo
este cuento, con lo que podríamos hacer en un artículo que diría se rebaja una tercera parte a los
autores de delitos atroces, si colaboran, si entran en un proceso de paz y están en un grupo armado al
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margen de la ley, a mí me parece que eso políticamente no queda bien justificado, y no queda bien
justificado Senador Pardo y aquí va mi pregunta: Por qué si usted simplemente rebaja la pena, no
puede pretender que a quienes le rebaja la pena por delitos atroces, en primer lugar le niegue los
beneficios que tiene el resto de sindicados o de condenados, entonces usted rebaja la pena pero tiene
que mantenerles la rebaja por colaboración, por estudio y trabajo, por delación, etc., etc. De ahí es
donde a mí me parece que en algunos casos su propuesta podría significar penas inferiores a cinco
años, no veo admisible que se diga cómo se le rebaja la pena, a las dos quintas partes, se le niegan los
otros beneficios, en el comunicado ayer las Autodefensas mandaban ese argumento o señalaban ese
argumento y creo que tienen toda la razón, cómo entender que otros sindicados o condenados tengan
ese cúmulo de rebajas, y a estas gentes que la llaman a un proceso de paz, le nieguen las rebajas de
cualquier condenado o cualquier sindicado común, yo termino a ver si usted me hace el favor de
contestarme algunas cosas de estas que tendrían que ver con el principio a la igualdad. Si solamente
rebajamos penas, pues quiere decir que se mantiene el resto de beneficios, pero tenemos que ser
coherentes en el sentido de adoptar un sistema integral, si eso es lo que quiere el Congreso lo
hacemos, pero habría que ver por qué razón esas personas no tendrían los beneficios que hoy día
tiene cualquier sindicado o cualquier condenado.
           A mí me parece doctor Pardo y doctora Parody, que desde el punto de vista puramente de la
política criminal, proponer que la gente pueda pagar su pena con dos quintas partes, no tiene mucho
sentido, porque esos subrogados de la pena Esos sustitutos de la ejecución de la pena han sido
concebidos dentro de un régimen progresivo, es que le damos la libertad porque después de haber
cumplido las tres quintas partes de la pena, la persona se aproxima a su reingreso a la sociedad, es
que hay que prepararlo para que no cumpla toda la pena en el panóptico. Entonces tiene que haber
unos espacios antes de que finalice la condena para que en libertad en unos compromisos cumpla de
otra manera lo que le falta de pena. Pero eso se desvirtúa, si por otro lado decimos, le damos una
rebaja de pena, le damos unos beneficios, pero nunca la pena podrá ser inferior a cinco u ocho años,
porque ahí eso ya no tiene filosofía, ni es progresivo, ni tiene nada que ver con el cumplimiento de la
pena. Por eso a mí me parece que desde el punto de vista de una política criminal coherente, es mejor
decir a los sindicados o a los condenados de delitos atroces, no les vamos a rebajar la pena, no les
vamos a dar un privilegio de que los delincuentes comunes paguen las dos, las tres quintas partes y
estos las dos quintas, no les vamos a dar ese privilegio, vamos a tomar una decisión política, y es que
decimos, les vamos a poner una pena, llámela alternativa o sustitutiva o diferente como quieran, pero
una pena que reemplace simbólicamente la pena de los cuarenta o sesenta años que les
correspondería efectivamente por los crímenes atroces que han cometido (...) diferente como quieran,
pero una pena que reemplace simbólicamente la pena de los cuarenta o sesenta años que le
correspondería efectivamente por los crímenes atroces que han cometido. Porque esto me parece más
justificable desde el punto de vista de una política criminal del Estado que la propuesta de decir por
delitos atroces se pagan las dos quintas partes de la pena, y el que hurta, el que comete un homicidio
por pasión porque tuvo un infortunio, etc., etc., el delincuente común a ese le ponemos las tres
quintas, más grave eso los delitos comunes que los delitos atroces, es la presentación que yo
observaría de esta propuesta. Entonces, yo quisiera como resumir en el sentido de que le rogaría al
Senador Pardo que avancemos en la discusión sin pararle bolas al temperamento del doctor Mario
Uribe, que conmigo también pelea bastante y no solo en estos temas, y que con mucha racionalidad
tratemos de explicar las dos propuestas. La de ustedes que es una buena propuesta, que es una
propuesta racional, pero que, a mí me parece, merece una explicación adicional respecto del
principio de igualdad. Yo creo que si aprobamos su propuesta los autores de delitos atroces van a
pedir su libertad antes de cumplir las dos quintas partes de la pena, y ¿cómo lo van hacer?, alegando
principio de igualdad con los otros procesados que están ahí, y que van a tener por ejemplo, una
rebaja por estudio y trabajo que consiste en un día de pena, por dos días de estudio y trabajo. Eso
equivaldría a una tercera parte de la pena. Entonces al autor de delitos atroces le vamos a rebajar
tres quintas partes por estar en un proceso de paz en un grupo alzado al margen de la ley y la tercera
parte por otros beneficios, entonces dónde va quedar realmente el quantum punitivo. Ahí, me parece
que esos procesados de delitos atroces usarán todos los recursos necesarios para alegar principio de
igualdad y re clamar derechos adicionales o beneficios adicionales a los que pueden consagrar en
esta ley, y lo harán no alegando disposiciones legales, sino disposiciones constitucionales que están
por encima de todo lo que aquí digamos. Y en segundo lugar, insisto, hay que darle alguna cara
agradable a este proyecto que no le gusta a nadie, ni siquiera a sus posibles beneficiados, este
Congreso como que se tortura y es masoquista, todo mundo dice, no queremos la ley, pero nosotros
vamos a ser la ley, pues hagámoslo con un criterio muy racional de decir que es que el Congreso no
solo es soberano para hacer la ley, sino que el Congreso, que junto con el Gobierno son los
responsables de la política criminal, optan por un criterio racional, menos traumático, menos
complicado, frente al principio de la igualdad y frente a las funciones que debe cumplir la pena, cual
es el de que políticamente resolvemos que el señor va ser condenado a sus cuarenta o sesenta años
por ser criminal responsable de delitos atroces, pero que en razón de que queremos reconocerle su
pertenencia a un proceso de paz, no le vamos a exigir que cumplan los cuarenta o los sesenta, sino
porque una decisión política le vamos a exigir que cumpla entre cinco y ocho años como pena
alternativa o sustitutiva, eso políticamente me parece más justificable que hablar de una simple
rebaja de penas, y eso Senador Pardo es lo que me permite decir que aquí hay que asumir el concepto
de la Justicia transicional, que es la única que respalda la comunidad internacional. A la comunidad
internacional también le va a repugnar que los crímenes atroces tengan rebajas tan grandes como las
que se proponen en el caso de la libertad condicional y le va a repugnar por el principio de la
igualdad y le va a repugnar por el principio de la proporcionalidad, mientras que si las decisiones
políticas de transición por un rato para unos concretos delitos y para unos concretos sindicados o
condenados esa decisión puede no respetar totalmente los estándares internacionales de la
proporcionalidad, y ahí es donde se justificaría para delitos atroces. Por razones políticas criminales,
no por razones jurídico/penales, una pena de entre cinco y ocho años, es lo que yo podría anotar,
pero yo sí quedo, Senador Pardo, a su disposición, con todo respeto y con todo cariño a debatir un
punto que tampoco es que sea del Senador Uribe, esa es aquí de todos los que vamos a votarlo.”
           Alejandro Amín Hernández: “Muchas gracias Presidente y Senador Rojas. Yo entiendo es
que aquí hay acuerdo entre el piso y el techo en el que se debe mover la pena final a la que se haga
acreedor la persona que reciba el beneficio, después de que se apruebe esta normatividad. Mi
                                                                                                          62
pregunta, es. Entiendo que habría acuerdo para que la pena no sea superior a los ocho años, le oí al
Senador Pardo. Pero la discrepancia surgiría en que por efecto de la colaboración la pena efectiva
sea inferior a los cinco años, entendiendo que esa es la posición del Senador Uribe, o sea, en que
efectivamente pregunto yo, la persona una vez acogida a los beneficios de la ley vaya a purgar menos
de cinco años, teniendo en cuenta, pregunto Senador Uribe, que habría acuerdo sobre el techo, es
decir, que el rango de la pena efectiva sea entre cinco y ocho, no pudiendo ser superior a ocho, pero
en todo caso la diferencia entre el Senador Pardo y el Senador Uribe, ¿entiendo yo es que
efectivamente sea inferior a cinco, o sea que pueda purgar menos de cinco años?, pregunto yo.”
          Mario Uribe Escobar: “O sea, no habrá penas inferiores a ocho años, alternativas dijo, no
habrá inferiores a cinco, ni superiores a ocho. En ambos casos...”
          Rafael Pardo Rueda: “No, yo creo que el Senador Rojas ha planteado unos puntos muy
importantes y me parecen totalmente válidos y son estrictamente aplicables a la propuesta que usted
esté apoyando que es la propuesta que dice, nosotros tomamos eso igualito, igualito para que esta
discusión digamos se presentara sobre la base en los cuales no hacemos diferencias en el tema de la
pena.

           La resocialización de trabajo y estudio dice la propuesta del Gobierno, dice: El condenado
deberá contribuir a su resocialización a través de trabajo y estudio o enseñanza durante el tiempo que
permanezca privado de la libertad en los términos previstos en la Ley 75 de 1993. La tomamos
igualita. Y también decimos lo mismo que dice usted en la propuesta, que está aprobando, que está
apoyando. Es que en ninguna se aplicarán a los términos de que trate el presente artículo o beneficios
adicionales, redención de penas, o rebaja complementarias. O sea, la crítica que usted hace es igual
para la ponencia del Senador Uribe que para la nuestra. Los términos de privación de libertad son los
mismos, son entre cinco y ocho años. Respecto a lo que plantea el Representante Amín en la
propuesta del Gobierno sí hay un inciso que dice que si de aplicar el Código Penal, o digamos el
ordenamiento penal vigente resulta una pena inferior a cinco años se aplicará esa pena y no la pena
de cinco a ocho años de la alternativa. Por lo tanto, el juez no tiene un mínimo de cinco a ocho, pero
dice si da menos de mínimo, pues es el menos del mínimo. Y Senador Rojas, pues yo creo que el tema
de diferencia entre rebajas de penas y pena alternativa no creo que se pueda dar una justificación a
una u otro porque son ambas decisiones políticas, no son una la pena alternativa una decisión
política, sino la rebaja de pena, también es una decisión política, pero nos parece que la rebaja de
pena contempla de manera estricta la proporcionalidad y no así la pena alternativa.”
           Mario Uribe Escobar: “Muchas son las diferencias con Pardo, yo creo que están
expresadas, pero hay una adicional, hay una adicional. Esa proporcionalidad de las dos quintas solo
será aplicable o solo se advertirá en penas hasta veinte años. Cuando las penas Senador Pardo sean
superiores a veinte años, no obrará la proporcionalidad, porque siempre la pena mínima será de
ocho. La mayoría de los delitos que han cometido las autodefensas, la mayoría de los delitos de que
estamos hablando suponen necesariamente penas mayores de veinte años. Si a una persona le ponen
veinticinco años, Senador Pardo, la pena mínima según su propuesta será de ocho años, no habrá
proporcionalidad, y si se la ponen de cuarenta, será de ocho años, no habrá proporcionalidad, pero
igual si se la ponen de sesenta, ese sistema por ahí Senador Pardo también tiene un flanco muy
débil.”
           José Luís Arcila Córdoba: “Gracias Presidente. Claramente las opiniones alrededor del
artículo 3°, se tiene que dar también desde el lindero político, nosotros al Interior del partido
conservador hemos hecho el examen sobre cuál es el mejor camino para darle el tratamiento a la
pena alterna, si el camino de la libertad condicional con todos los condicionamientos que trae el
Código de Procedimiento Penal y en general que se pueden conocer en ese ordenamiento penal y el
camino de la suspensión de la pena. Nosotros hemos considerado el mejor camino es el que está
dibujado y escrito en la ponencia. Creemos que la suspensión efectiva es la pena, y la aplicación de
una pena alterna pues lo que indica precisamente, es que se le puede otorgar y por eso lo
compartimos, precisamente por una cosa vital, y es el que entran en el proceso de paz. No podemos
perder de vista, precisamente, esa circunstancia y no hay que leer el artículo 3° de manera aislada, si
uno lee el artículo 31, el artículo 31 trae de manera muy precisa que quienes no se atemperen a lo
previsto para los beneficios los van a perder. No podemos leer el artículo 3° de manera aislada, como
toda norma que se hace es parte de un sistema y aquí está escrito que se perderán los beneficios
obtenidos en virtud de la presente ley, si durante la ejecución de la pena o el período de libertad la
aprueba el reinsertado intimida o pretende corromper a cualquier autoridad judicial o carcelaria,
entendemos que hay una pena principal. Pero en razón de la negociación y del proceso de paz y del
marco jurídico que aquí se está dando, precisamente, se determina esa pena alternativa, y
consideramos que la institución para aplicar es la de la suspensión, precisamente, de la ejecución de
la pena, reiteramos mejor que el texto que se debe mantener Señor Presidente, desde la orilla del
partido conservador y entiendo también desde la orilla del equipo Colombia como lo anuncia el
doctor Oscar Arboleda hace un momento es el que trae la ponencia. Eso para que mantengamos o
fijemos una posición ante estas comisiones conjuntas y ante el país. Gracias Presidente.”
           Andrés González Díaz: “Yo creo que se define una buena parte de todo esto. Como quiera
que necesariamente hay que acudir a votación porque así, afortunadamente, ese es el mecanismo para
zanjar posiciones, tenemos que avanzar en este tema. Pero no quisiera avanzar en el tema sin dejar
una brevísima constancia de cuáles son los argumentos adicionales a los aquí dichos para que se pase
o se tenga claridad sobre el particular. Mire, Presidente y señor ponente, en esencia ambas
propuestas establecen una pena en vez de otra, ambas están de acuerdo en que hay una pena que se
profiere en función de la investigación, háblese de 30, 40 o más años, y en conclusión se le va aplicar
una pena diferente, llamemos eso beneficio penal, unos lo llaman pena alternativa, otros hemos
creído en la figura de la libertad condicional, hasta ahí estamos de acuerdo en las perspectivas.
¿Pero dónde están las diferencias?, para que quede claro un poco hacia adelante. Primera, en las
condiciones y yo quisiera que cualquiera que sea el resultado de esta votación nos detengamos con
mucho detenimiento en las condiciones. Porque sea pena alternativa o libertad condicional, la
libertad condición al hace mucho énfasis en las condiciones que supeditan el beneficio que se va a
otorgar, que en ambas propuestas hemos hablado entre cinco y ocho años. De manera que llamamos
es la atención sobre si se conceden o se somete a más o menos condiciones. Nosotros creemos que hay
que someterlo a más condiciones, una elemental, elementalísima, la reincidencia. Es que acaso una
                                                                                                                 63
       persona que se le concede un beneficio de este tamaño, ¿si reincide tendrá derecho a que se mantenga
       el beneficio?, si mañana vuelve y organiza otra vez los grupos paramilitares y en la perspectiva que
       tenemos todos de que vayamos hacia el desmantelamiento no habrá que incluir elementos de
       condiciones como esa reincidencia. ¿Y durante cuánto tiempo, bastarán unos meses? No, si aquí
       estamos abriendo una puerta muy importante de paz, pero tenemos que establecer unas garantías a
       favor de la sociedad. De manera que la primera gran diferencia son esas condiciones. La segunda
       diferencia. En el entendido, repito, que todas las dos propuestas son una pena en vez de otra, y entre
       cinco y ocho, pero la segunda diferencia va en el sentido de cómo dosificar entre el cinco y el ocho.
       Una propuesta acude a un mecanismo objetivo dos quintas partes, y dos quintas partes de lo más
       grave es más que dos quintas partes de lo menos grave, luego, sí hay proporcionalidad. La otra
       propuesta establece que la dosificación se hará con base en la gravedad de los delitos y la
       colaboración con la Justicia. La gravedad de los delitos, muy bien, universalmente claro, es un buen
       criterio para dosificar.


                 La colaboración, llamó la atención quién sabe. La colaboración debemos exigirlo para
       entrar al proceso, pero ya en la dosificación puede terminar el responsable de una masacre con una
       pena menor a quien en un momento dado simplemente cometió un secuestro, ahí está la inquietud.
       Pero según como se vote llamaría la atención en que estos son los puntos de diferencia, Senador
       Mario Uribe y sea cual fuere el resultado lo que pediríamos es que se tengan en cuenta estos criterios,
       porque en una u otra alternativa han de orientar una mejor decisión del Congreso.”

                 Se da inicio a la votación de artículo 3°

       Rafael Pardo Rueda: “Era eso Presidente. Que en la concepción que nosotros tenemos no hay penal
       alternativa, por lo tanto no propusimos un artículo en este sentido, entonces votar es como usted dice
       negar el artículo.”

                 La Presidencia interviene para un punto de orden: “Senador Gerléin, se trata de lo
       siguiente. Como en la segunda ponencia no viene ese artículo, solamente hace parte de la ponencia
       base. Al ser aprobado por Senado y Cámara, queda en el texto, de lo contrario se suprime.”

                La Presidencia cierra la discusión del artículo 3º en el texto que presenta el pliego de
       modificaciones de la ponencia base y sometido a votación nominal en las Comisiones Primeras de
       Senado y Cámara.


ARTÍCULO 4o. DERECHO A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN
Y DEBIDO PROCESO. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la
presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las
garantías judiciales de los procesados.

                                          (17 de mayo de 2005 Gaceta 273)


   INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 211 DE 2005
                                          SENADO, 293 DE 2005 CAMARA
por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen
de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan disposiciones para
acuerdos humanitarios, al cual se le acumulan los Proyectos de ley números 180 de 2004 Senado, 288 de 2005
Cámara; 207 de 2005 Senado, 289 de 2005 Cámara; 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara; 209 de 2005
Senado, 291 de 2005 Cámara; 210 de 2005 Senado, 292 de 2005 Cámara; 212 de 2005 Senado, 294 de 2005
Cámara; 214 de 2005 Senado, 295 de 2005
                                 Cámara y 287 de 2005 Cámara, 217 de 2005 Senado.
   Bogotá, D. C., mayo 13 de 2005
   Doctora
   ZULEMA JATTIN CORRALES
   Presidenta
   Cámara de Representantes
   Ciudad.
   Ref.: Informe de ponencia para segundo debate del Proyecto de ley número 211 de 2005 Senado, 293 de 2005
Cámara, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan disposiciones
para acuerdos humanitarios, al cual se le acumulan los Proyectos de ley números 180 de 2004 Senado, 288 de 2005
Cámara; 207 de 2005 Senado, 289 de 2005 Cámara; 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara; 209 de 2005
Senado, 291 de 2005 Cámara; 210 de 2005 Senado, 292 de 2005 Cámara; 212 de 2005 Senado, 294 de 2005
Cámara; 214 de 2005 Senado, 295 de 2005 Cámara y 287 de 2005 Cámara, 217 de 2005 Senado.
    Respetada doctora:
    De conformidad a lo dispuesto en el artículo 156 del reglamento interno del Congreso y cumpliendo con la
designación realizada por el Presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, procedemos a
rendir informe de ponencia para segundo debate del Proyecto de ley número 211 de 2005 Senado, 293 de 2005
Cámara, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan disposiciones
para acuerdos humanitarios, al cual se le acumulan los Proyectos de ley números 180 de 2004 Senado, 288 de 2005
Cámara; 207 de 2005 Senado, 289 de 2005 Cámara; 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara; 209 de 2005
                                                                                                                   64
Senado, 291 de 2005 Cámara; 210 de 2005 Senado, 292 de 2005 Cámara; 212 de 2005 Senado, 294 de 2005
Cámara; 214 de 2005 Senado, 295 de 2005 Cámara y 287 de 2005 Cámara, 217 de 2005 Senado.


   Informe de ponencia


   Comedidamente presentamos ponencia favorable del Proyecto de ley número 211 de 2005 Senado, 293 de 2005
Cámara, al cual se le acumulan los Proyectos de ley números 180 de 2004 Senado, 288 de 2005 Cámara; 207 de
2005 Senado, 289 de 2005 Cámara; 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara; 209 de 2005 Senado, 291 de 2005
Cámara; 210 de 2005 Senado, 292 de 2005 Cámara; 212 de 2005 Senado, 294 de 2005 Cámara; 214 de 2005
Senado, 295 de 2005 Cámara y 287 de 2005 Cámara, 217 de 2005 Senado.
   Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan disposiciones
para acuerdos humanitarios.
   El pliego de modificaciones que se registra en el articulado que presentamos a consideración de la plenaria de la
honorable Cámara de Representantes, recoge el texto del Proyecto de ley 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara.
    Reconociendo el derecho que tiene toda sociedad a vivir en paz, por ello abordamos la responsabilidad como
ponentes para el estudio de un marco legal que dote al Gobierno colombiano de instrumentos idóneos con los cuales
se puedan concretar acuerdos de paz con grupos alzados en armas que en medio del conflicto armado que desangran
al país, buscasen una salida negociada para el conflicto.
    Al encontrar sustanciales diferencias con las propuestas que el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la
República, presentamos un proyecto en el marco de lo que debe ser la Verdad, Reparación y Justicia, que sea
sostenible en el tiempo y defendible tanto nacional como internacionalmente.
   La sostenibilidad de nuestra iniciativa descansa en dos pilares a saber.
    Primero, en un proceso de concertación con distintas fuerzas políticas que legitime como nacional el intento de
negociación, y que le dé la fuerza de saberse construido este proceso por el conjunto de la sociedad, sin olvidar a las
víctimas. Segundo, que este marco jurídico estuviese en consonancia con nuestra legislación interna, con los fallos de
las altas cortes de nuestro país y con los instrumentos internacionales suscritos por Colombia para la defensa y
protección de los Derechos Humanos en general, y de los instrumentos internacionales de los cuales hace parte
Colombia para el juzgamiento de los delitos de Lesa Humanidad, de los delitos de Guerra y las graves violaciones al
Derecho Internacional Humanitario, en particular.
     La garantía de respaldo internacional y nacional nace como consecuencia directa del grado de consenso que se
utilizó en la formulación de este marco, y del respeto de las obligaciones que Colombia soberanamente adquirió con
el mundo.
    Desarrollar un proceso de paz en condiciones tan difíciles como la de nuestro país, requiere de claridad sobre lo
que se quiere de un proceso de negociación. Nosotros siempre hemos creído que la paz en Colombia supera la
expectativa de un mero desarme de ilegales, para llegar a la desactivación total de fenómenos de violencia
incrustados en las esferas más insospechadas de nuestra sociedad.
    Cuando nos encontramos con un grupo que con la lógica del terror armado, la infinita financiación de negocios
ilegales como el del narcotráfico y la gasolina robada, con una estructura para el secuestro y que además, utiliza
todo lo anterior para tomar espacios democráticos, se estaría configurando lo que podríamos llamar el poder
mafioso, que no solo desdibuja la democracia, sino que la pone en riesgo.
    Con la reflexión anterior tenemos dos opciones, o caminamos hacia un sendero en donde prime lo público sobre
intereses ilegales y mafiosos, en donde en un proceso de negociación se puedan desmontar las estructuras de los
grupos armados al margen de la ley y solo en ese escenario la sociedad pueda ser generosa en la sanción a los
culpables de los delitos que cometieron con ocasión de su militancia en la ilegalidad, o permitimos que se desarrolle
una negociación que no desmonte este fenómeno, que recicle la violencia y que legalice un poder mafioso que desde
lo local terminará influyendo lo nacional. Como creemos que lo hasta ahora aprobado por las comisiones primeras
conjuntas de Senado y Cámara defiende la segunda opción, presentamos a consideración de las plenarias de Cámara
y Senado una propuesta de articulado distinta a la que se presentará mayoritariamente por otros distinguidos
ponentes.
   1. Antecedentes.
   1.1 El logro de la paz en el marco de la Verdad, la Justicia y la Reparación
    La dimensión del fenómeno paramilitar en Colombia como responsable de un gran porcentaje de las más graves
violaciones de derechos humanos1 así como las cometidas por los grupos guerrilleros, hace evidente la urgencia que
se manifiesta entre víctimas y diversos sectores de la sociedad colombiana, de alcanzar acuerdos que permitan
silenciar las armas de los grupos armados. La paz es un objetivo inaplazable, amparado además por el artículo 22 de
la Constitución Nacional incluido en el capítulo de los derechos fundamentales.
    Sin embargo, el objetivo de alcanzar la paz, una paz duradera, requiere un marco jurídico equilibrado, claro,
integral y conforme a las normas establecidas en los tratados Internacionales de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, que permita la realización de un proceso respetuoso de los derechos de las víctimas y de
la sociedad, y lo suficientemente estable y seguro para los miembros de los grupos desmovilizados. En el ámbito
internacional, a partir de las diferentes experiencias de países que como Colombia se han visto avocados a propiciar
procesos de acercamiento con grupos armados, se da el nombre de justicia transicional a la aplicación de
normatividades especiales y excepcionales que usualmente implican una flexibilización de la justicia penal y que
permiten viabilizar los acuerdos con grupos armados.
    La aplicación de este tipo de justicia es particularmente importante en aquellos casos en los cuales, como
consecuencia de sus acciones armadas, los grupos han cometido crímenes atroces. Hechos tales como la toma de
poblaciones seguidas de señalamientos colectivos, torturas por medio de laceraciones, abusos sexuales,
desmembraciones, decapitaciones, desplazamiento forzoso, y la ejecución masiva de personas, entre otros,
representan uno de los obstáculos mayores para realizar procesos que prevean esquemas de negociación basados en
el perdón. Por tal razón, en el marco de la justicia transicional existe una aceptación generalizada de la comunidad
internacional en el sentido de que aquellos procesos deben acompañarse de tres principios básicos que sirven como
ejes para garantizar la reconciliación nacional: La verdad, la justicia y la reparación.
                                                                                                                     65
    Estos principios no son artificios retóricos de la comunidad internacional dirigidos a impedir el desarrollo de
procesos de paz en los países que enfrentan conflictos armados como el nuestro. Son principios que aportan un
camino seguro en procesos de negociación y de transición, sin los cuales no es posible dar satisfacción a los derechos
de las víctimas y la sociedad, como tampoco brindar seguridad jurídica a los miembros de grupos armados. Como
puede fácilmente constatarse, un marco jurídico que finalmente conduzca a la impunidad o a la frustración de los
derechos mínimos de verdad y reparación, dará lugar al incumplimiento de las obligaciones internacionales
adquiridas por el Estado colombiano y, por lo tanto, a que la Corte Constitucional -o cualquier juez de la República
aplicando el Bloque de constitucionalidad-; un juez extranjero aplicando el principio de jurisdicción universal; los
órganos del sistema regional de protección de derechos humanos o, incluso, la Corte Penal Internacional, pidan en
extradición a los responsables u ordenen anular las sentencias y reabrir los procesos para buscar la verdad de lo
ocurrido, la reparación a las víctimas y la aplicación de sanciones proporcionadas al daño producido.
    El proyecto de ley debe observar estrictamente los compromisos internacionales en materia de derechos humanos
adquiridos por Colombia cuya violación acarrearía la declaración de inconstitu-cionalidad o la anulación de
sentencias por parte de jueces extranjeros o la Corte Penal Internacional, en cumplimiento del principio de
universalidad. En tal sentido, es claro hoy que en instancias jurisdiccionales internacionales como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Constitucional colombiana se acepta el valor vinculante de estos
principios. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado:
    "De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación
pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos
relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:
   1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una
coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente
importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (ver, entre otros, los casos
Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos
(fundamento 43), Sentencia de 14 de marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos
instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su
derecho a la verdad y a la justicia).
    2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.
    3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la
forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.2
    En sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene:
    Las experiencias internacionales son suficientemente claras para demostrar que el desconocimiento de estos
principios conduce a la prolongación del conflicto a través de la generación de diferentes formas de delincuencia, y
de la misma forma, generan fenómenos cada día más frecuentes de aplicación de mecanismos de justicia
internacional, solicitudes de extradición y aplicación de justicia universal, cuando no se verifica el cumplimiento
efectivo de tales elementos.
    La aceptación de la necesidad de estos principios es un paso inicial pero no suficiente para dar bases jurídicas a
los procesos de negociación. Muchos de los proyectos radicados en el Congreso para dar una base jurídica a los
procesos con los grupos de autodefensa registran y definen en su parte inicial estos principios. Sin embargo, al
desarrollar el articulado demuestran poco ánimo o poca efectividad al momento de materializarlos.
    No puede desconocerse la importancia política que reviste el proceso de reconciliación nacional como un
instrumento democrático que afiance el Estado Social de Derecho. Para ello es fundamental que las diferentes
fuerzas políticas con representación en el Congreso junto con el Gobierno logren consensos en torno a la elaboración
de una política incluyente que considere los principios de ver dad, justicia y reparación.
    2. Contexto del proyecto
    El Estado colombiano se ha comprometido a nivel nacional e internacional a cumplir con una serie de
obligaciones respecto al impacto de justicia en desarrollo de procesos de paz. De este modo no es posible establecer
el sacrificio total de la justicia en aras de lograr la paz mediante una negociación. Actualmente y dada la evolución
del Derecho Penal Internacional, quienes cometan crímenes atroces de manera masiva y sistemática, deberán ser
procesados y condenados a penas proporcionales, sus víctimas deberán ser adecuadamente reparadas y la sociedad
deberá ser informada sobre los crímenes cometidos, para posibilitar una reconstrucción de la historia y la memoria
colectiva.
    Es necesario mencionar las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado que deben cumplirse en el
marco de la justicia transicional. Dichas reglas ofrecen al Estado la garantía de la sostenibilidad del proceso de paz,
pues fijan las pautas y directrices de justicia que sirven para orientar el desarrollo del proceso de paz y la aplicación
de justicia.
    2.1 El derecho a la verdad
   Uno de los derechos que cobra mayor importancia en contextos de transición es el derecho a la verdad, el cual
debe ser satisfecho desde dos perspectivas: Una individual y otra colectiva3. A pesar de que su surgimiento se
produjo inicialmente a través de órganos no jurisdiccionales del sistema internacional, es clara hoy su existencia
como principio de obligatorio cumplimiento. En tal sentido ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos:
    "274. La Corte ha reiterado que toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de
derechos humanos, tiene el derecho a la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad como
un todo deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad ha
venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos4; al ser reconocido y ejercido en
una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este caso da lugar a una
expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad guatemalteca5".6
    En cuanto a la verdad individual, esta se refiere a la obligación del Estado de realizar una verdadera
investigación a partir de la cual sea posible conocer los responsables, las causas, las circunstancias de la comisión
de los crímenes, y el destino de las personas desaparecidas7. Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU
(Caso Quinteros Almerida V. Uruguay. Comunicación número 107/1981) como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Caso Bámaca Velásquez y Miran Mack Chang) han concluido que la situación de angustia y zozobra de
los familiares que ignoran la suerte de sus seres queridos constituye un trato cruel, inhumano o degradante,
                                                                                                                    66
violatorio de las disposiciones que consagran el derecho a la integridad. El Estado debe, en consecuencia, detectar la
verdad para hacer cesar la violación a este derecho.
    El derecho colectivo a la verdad, por su parte, se relaciona con el deber de dar a conocer a la sociedad todos los
móviles políticos, económicos, sociales, culturales, etc., que generaron las violaciones a los derechos humanos. Ello
implica dar información acerca de las conductas más graves, los elementos objetivos y subjetivos que contribuyeron a
crear estas circunstancias, los factores normativos y fácticos que dieron lugar a la aparición y mantenimiento de las
situaciones de impunidad, los mecanismos estatales bajo los cuales se consumaron las conductas, y los diversos
grupos de víctimas y organizaciones implicadas en el proceso8.
     En tal sentido, el cumplimiento de este principio tiene el objetivo de evitar que las violaciones se reproduzcan en
el futuro a partir de la generación de una conciencia colectiva en torno a los móviles y circunstancias del conflicto.
Los principios desarrollados por el relator especial de la ONU, Louis Joinet plantean esta dimensión en los
siguientes términos9:
    "Principio 1. El derecho inalienable a la verdad. Cada pueblo tiene el derecho inalienable de conocer la verdad
sobre los acontecimientos pasados, así como sobre las circunstancias y las razones que llevaron, por la violación
masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo
del derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro que tales actos no se reproduzcan.
    Principio 2. El deber de la memoria. El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su
patrimonio y, como tal, debe ser preservado por medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que
incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva,
principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas".10
   Por lo anterior, para satisfacer el derecho colectivo a la verdad resulta determinante la adecuada custodia,
conservación y administración de todos los documentos que reposen en los expedientes, y permitir a quienes quieran
conocerlos su acceso para consulta e investigación.
    Finalmente, hay que recordar que la verdad es una forma de reparar a las víctimas, tal como lo resaltó el
pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Myrna Mack Chang11. En el mismo
sentido se ha pronunciado el COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, entre otros, en el
Caso Quinteros Almerida vs. Uruguay.
   2.2 Derecho a la justicia
    El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables
de graves violaciones a los derechos humanos, obligación contenida tanto en el ordenamiento interno como en los
compromisos internacionales adquiridos por Colombia a través de la ratificación de tratados y Convenciones.
    2.2.1 La obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a responsables de graves violaciones a
los derechos humanos en el ordenamiento interno.
    La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado la obligación del Estado de adelantar
investigaciones serias a hechos punibles y de sancionar a sus responsables. Al respecto ha señalado:
    "...A esos derechos de las víctimas corresponden ciertas obligaciones del Estado, pues si las víctimas tienen
derecho no solo a ser reparadas sino además a saber qué ocurrió y a que se haga justicia, entonces el Estado tiene el
deber correlativo de investigar seriamente los hechos punibles. Esta obligación estatal es tanto más intensa cuanto
más daño social haya ocasionado el hecho punible. Y por ello ese deber estatal adquiere particular fuerza en los
casos de violaciones de derechos humanos. Por ello, la Corte Interamericana ha señalado, con criterios que esta
Corte Constitucional prohíja, que las personas afectadas por conductas lesivas de los derechos humanos tienen
derecho a que el Estado investigue esos hechos, sancione a los responsables y restablezca, en lo posible, a las
víctimas en sus derechos".12
    "...En punto a la protección de los derechos de los asociados, uno de los cometidos de la política criminal, el
Estado tiene el deber de sancionar a quienes los violen (C. P. artículo 2º) y lograr la reparación del daño y los
perjuicios causados por tales hechos. Ello corresponde a los deberes básicos de protección y respeto exigible al
Estado frente a los derechos de los asociados. Si el Estado, existiendo pruebas de la violación de un derecho al
realizarse una conducta punible, se abstiene de investigar y sancionarlo, está abjurando de su obligación de
proteger y respetar los derechos de los asociados. Tales obligaciones, no sobra indicarlo, se derivan, además, del
derecho a la justicia, que es un correlato del derecho al acceso a la justicia, analizado en esta sentencia".13
    2.2.2 La obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a responsables de graves violaciones a
los derechos humanos en el sistema regional.
    En reiterados pronunciamientos la CIDH ha señalado que es obligación de los Estados Partes la de prevenir,
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de una manera pronta, exhaustiva e imparcial, en uno
de sus pronunciamientos señala:
    166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados
Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si
es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los
derechos humanos.14
    En la reciente sentencia de los 19 comerciantes donde el Estado Colombiano fue condenado la CIDH señaló:
    263. A la luz de las anteriores consideraciones, Colombia debe investigar efectivamente los hechos del presente
caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones
cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de
la investigación de los hechos. < b>Es preciso que tribunales penales ordinarios competentes investiguen y
sancionen a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos. Además, el Estado deberá abstenerse
de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así
como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. El
proceso deberá versar sobre los hechos y sus implicaciones jurídicas. Asimismo, los familiares de las víctimas
deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de
acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Finalmente, la Corte dispone que el resultado
                                                                                                                  67
de este proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad colombiana conozca la verdad de lo
ocurrido.15
    Sumado a lo anterior, la investigación que adelante el Estado frente a la violación de derechos humanos, se erige
como uno de los derechos a las víctimas y cuando se trate de violaciones como la desaparición forzada, la
responsabilidad del Estado se extiende a investigar y determinar el paradero de los cuerpos, al respecto la CIDH ha
señalado:
    3.1 La obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a responsables de graves violaciones a los
derechos humanos en el sistema universal de justicia
    3.3.1 Corte Penal Internacional
    La falta de disposición o la incapacidad del Estado de administrar justicia permite el desplazamiento de la
competencia prevalente de los Estados a favor de la Corte Penal Internacional, al respecto el artículo 17 del Estatuto
de Roma, establece:
Cuestiones de admisibilidad
    1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1º, resolverá la inadmisibilidad de
un asunto cuando:
    a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo
que este no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
    b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y este haya decidido
no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión h aya obedecido a que no esté
dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
    c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no
pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20.
    Artículo 20. Cosa juzgada
    1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de
conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.
    2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5º por el
cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.
    3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también
prohibidos en virtud de los artículos 6º, 7º u 8º a menos que el proceso en el otro tribunal:
    a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de
la Corte, o
    b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías
procesales reconocidas por el Derecho Internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias
del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.
    Es relevante señalar que el artículo 53-1-c del Estatuto de Roma determina que, pese a la incapacidad o falta de
disposición de un Estado de administrar justicia, el Fiscal de la CPI puede considerar que un determinado caso es
inadmisible cuando "existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los
intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia". A juicio de algunos expertos
internacionales, el Fiscal solo podría ejercer la facultad antes anotada si:
    (i) La decisión de no castigar penalmente a los responsables es una decisión genuina y plenamente democrática
que ha tenido notables efectos para la consecución de la paz y la reconciliación;
    (ii) Las violaciones cometidas hubieren salido a la luz pública, se hubiere reconocido plenamente la
responsabilidad criminal de los perpetradores, se hubieren producido actos genuinos de arrepentimiento aparejados
de sanciones -incluso morales- efectivas, se hubieren investigado ampliamente los hechos y reconstruido la verdad;
    (iii) Se demuestra la existencia de sistemas de reparación integral, y
    (iv) Se han adoptado medidas institucionales tendentes a la no repetición de las atrocidades y la prevención
efectiva de las mismas (Fundación Social, 2004: 28-29).
    Para terminar, vale la pena anotar que, en relación con Colombia, la CPI solo podrá conocer de delitos
ocurridos con posterioridad al 1° de noviembre de 2002, fecha en la cual el Estatuto de Roma entró en vigencia en
nuestro país. De otro lado, en virtud de las disposiciones del artículo 124 de ese convenio internacional, la Corte
Penal Internacional no tendrá competencia para conocer de crímenes de guerra cometidos en Colombia durante los
siete años siguientes a la entrada en vigor del Estatuto de Roma.
    3.3.2 Convenios de Ginebra
    Los Convenios I, II, III y IV de Ginebra coinciden en establecer que será obligación de las partes contratantes
buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y
deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo
prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra
Parte Contratante interesada, si esta ha formulado contra ella cargos suficientes.
    4. Derecho a la reparación
    La Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su artículo 1.1 dos obligaciones fundamentales de
los Estados frente a los derechos humanos: La obligación de respeto y la obligación de garantía. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la obligación de garantía, a su vez, se
encuentran las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar16. Ya se tuvo oportunidad de explicar los
derechos a la verdad y a la justicia como manifestaciones de las obligaciones de investigar y sancionar. Vale la pena
ahora, hacer una breve referencia al derecho a la reparación.
    El derecho a una reparación contempla, al igual que el derecho a la verdad, dos dimensiones, una individual y
otra colectiva. La perspectiva individual implica que las víctimas tienen derecho a una reparación integral,
suficiente, efectiva y rápida que supone que aquellas puedan acceder a un recurso que les permita obtener tres tipos
de medidas17:
   (1) La restitución de las cosas a su estado anterior.
   (2) La indemnización de los perjuicios materiales y morales, y
   (3) La adecuada readaptación de las víctimas, mediante atención psicológica y psiquiátrica.
   En el plano colectivo, por su parte, se deben adoptar medidas de reparación dirigidas a restaurar, indemnizar o
readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas.
                                                                                                                 68
    Tanto en la primera como en la segunda, los medios de reparación pueden incluir, a parte de la reparación
material, medidas de carácter simbólico. Esto incluye el reconocimiento público y solemne que los culpables hacen
de su responsabilidad, así como ceremonias conmemorativas, denominaciones de vías públicas, monumentos, y otras
alternativas que permiten asumir el deber de la memoria.
    La reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos es una de las condiciones imprescindibles
para que las medidas de justicia especial resulten legítimas. Por eso se recomienda adoptar los principios
internacionales en esta materia, ampliar el horizonte de acción del Tribunal y crear un Comité Nacional de
Reparaciones, que defina el contenido de un plan integral de reparaciones, y que tenga en cuenta los derechos de las
víctimas a la reparación simbólica, la dimensión colectiva de la problemática, los mecanismos jurídicos existentes
para obtener y asignar recursos -en particular la ley de extinción de dominio- y la situación fiscal, entre otros
factores.
    Para el diseño adecuado del sistema mencionado es recomendable la realización de un estudio riguroso e
independiente, con altísimos estándares de calidad, que debe incluir, entre otros, las formas de reparación, los
montos y mecanismos de asignación, la participación de las víctimas en el proceso de asignación, las posibles fuentes
de financiación, en los casos en que el Estado asuma los costos de la reparación, los recursos administrativos y/o
judiciales necesarios para hacerlos efectivos y las formas de reparación simbólica, entre otros.
 (…)
    De los honorables Senadores:
    Gina María Parody D’Echeona, Luis Fernando Velasco Chaves, Germán Navas Talero




ARTÍCULO 5o. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Para los efectos de la presente ley
se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido
daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen
algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva),
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos
fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan
transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al
margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la
víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique,
aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública
que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo
de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo
de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún
integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. 2

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros
de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del
servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al
margen de la ley.

                                         13 de junio de 2005 (Gaceta 355)

                 La Presidencia abre la discusión del artículo 5° de la ponencia base y concede el uso de la
       palabra al Honorable Senador Rafael Pardo Rueda: “Gracias Presidente. Este digamos este artículo
       tiene en cierta medida un alto grado de consenso podemos decir en ese punto, pero tiene un aspecto
       que yo quisiera llamar la atención que es el siguiente.



2
  Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 45.988 de 2 de agosto de 2005, se efectúa la
corrección al texto de esta norma, publicada en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de
2005, en el texto original aparecía la expresión "discapacidad tísica" siendo lo correcto
"discapacidad física".
                                                                                                          69
           La definición de víctima que estaba contenida en el proyecto que habíamos presentado se
daba en cuanto a consecuencias de la ejecución de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra,
o de acciones u omisiones que transgredan la legislación penal vigente, cometidas con ocasión del
conflicto armado interno. Por lo tanto, la noción de víctima tenía la restricción a la Comisión de
delitos graves, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, o a delitos que fueran cometidos por
la persona dentro del grupo con ocasión del conflicto armado. En esta discusión que ya va mucho más
allá de la semántica, decía hay o no conflicto armado, entramos Senador Gaviria a la cuadratura del
círculo, ¿por qué?, porque la definición de víctima que leyó el Senador Uribe, yo estoy de acuerdo
con ella, o sea, me parece bien. Pero quiero advertir que víctima es cualquier persona que haya
sufrido un daño derivado de la transgresión del Código Penal. Independientemente de que esa
transgresión de la... digamos de la acción penal haya tenido que ver o no con el conflicto armado o
con la acción del grupo o con la acción digamos que motiva la organización con la cual se está
negociando. Por lo tanto un que le digo yo, una persona condenada por inasistencia alimentaria que
es una transmisión a la legislación penal, pues evidentemente es un delito penal, transgrede la ley
penal. Muchas de las personas entre otras del Cacique Nutibara tienen ese tipo de digamos de
acusación o de proceso, o de condena, pero eso no tiene que ver en principio, yo creo que sería muy
complicado explicar que la inasistencia alimentaria tiene que ver con el grupo armado, con la acción
del grupo armado, tiene que ver con el conflicto interno. ¿Entonces en qué está la cuadratura del
círculo? Está en que si no se reconoce que hay conflicto armado, me parece que la definición de
víctima que tenemos aquí es cualquier persona que haya sufrido un daño, resultado de la Comisión de
un delito. Si buscamos limitar esta concepción de víctima que está dentro de las concepciones
internacionales o planteamos el tema de que sea consecuencia de la ejecución de crímenes de lesa
humanidad, o crímenes de guerra, ayer con el Ministro discutíamos eso, pero al Ministro le parece
que aceptar crímenes de guerra, es aceptar que hay guerra, ese es un tema que el Gobierno tiene que
vamos a discutir durante el resto de este proyecto, planteamos otra alternativa y es que fueran graves
violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que es un capítulo del Código Penal. Eso parecía
aceptable para limitarlo, pero sucede que en el encabezado de todos los artículos de ese capítulo
Senador José Renán Trujillo empieza el encabezado diciendo, que con ocasión del conflicto armado
interno haya... empieza la enumeración. Entonces, la definición de víctima a mí me parece razonable,
yo la aceptaría, me parece buena, por eso le decía es un alto grado de consenso, pero estamos
definiendo como víctima a cualquier persona que haya sufrido un daño por motivo de la Comisión de
un delito penal. Eso es lo que quiero llamar la atención y eso tiene que ver no porque queramos
digamos extender la noción de víctima a todos los que han sufrido daño por la violación de la ley
penal, sino porque en el tema de restricción estricta al tema del conflicto el Gobierno no acepta que
se mencione el Derecho Internacional Humanitario, no acepta que se mencione crímenes de guerra,
no acepta que se mencione dentro del conflicto armado y eso nos lleva a una definición de la amplitud
que está aquí contenida.”
           Mario Uribe Escobar: “Senador Pardo, usted muy honradamente expresa cuál es nuestra
diferencia, la que ha sido nuestra diferencia todo este tiempo. La propuesta de ustedes supone que
nosotros reconozcamos que hay un conflicto armado, por mil razones no lo vamos a ser, no lo
podemos hacer. Si adoptáramos por el camino que ustedes proponen reconoceríamos que hay un
conflicto, y la definición de víctima podría ser diferente. Entonces yo no quiero que nos extendamos
en eso Senador Pardo, qué pena pero no encontramos una manera diferente a traer esto aquí, a votar,
desde luego, que los Honorables Senadores pueden hacer un aporte muy grande, pero yo no tengo
nada diferente para decirle a que no comparto esa propuesta que ustedes hacen, que supone que
declaremos en esta ley que hay un conflicto armado en Colombia, nosotros no lo vamos hacer, no lo
podemos hacer.”
           Héctor Helí Rojas Jiménez: “Senador Mario Uribe, pero en este punto yo sí creo que hay
que detenernos a pensar lo que ha dicho el Senador Pardo porque yo quiero insistir en que esta ley,
doctora Gina Parody y aunque las constancias no se discuten, aquí no se puede hablar de delitos más
graves y menos graves, esta ley es únicamente para hablar de delitos muy graves, de delitos atroces, y
Senador Mario Uribe pienso que podríamos dejar para más adelante esta discusión porque la Ley
782 o la Ley 418, excluyó de los beneficios de la amnistía y del indulto los actos atroces de ferocidad
y barbarie, a más del terrorismo, el secuestro, el genocidio. Y resulta que esos delitos calificados
como actos de barbarie, por ejemplo, no están tipificados sino en el Código Penal, y efectivamente el
artículo 145 del Código Penal por ejemplo dice, el que con ocasión y el desarrollo del conflicto
armado y fuera de los casos especialmente previsto como delitos sancionados con pena mayor, realice
actos de no dar cuartel, atacar a persona fuera de combate, abandonar a los heridos, realizar actos
dirigidos a no dejar sobrevivientes, o a rematar a los heridos y enfermos u otro tipo de actos de
barbarie prohibidos en los tratados internacionales estará sujeto a tal y tal pena. Y hay otros
artículos que se refieren a esos actos de ferocidad o barbarie que están excluidos de la Ley 782,
entonces la pregunta que debemos resolver, doctor Mario Uribe, es si esos actos de ferocidad y
barbarie que no están en la Ley 418, ni en la Ley 782, van a tener una regulación fuera del Código
Penal, ¿cuál sería?, ¿dónde quedarían tipificados? Es un problema verdaderamente grave, yo no
entro en la discusión en este momento de si hay o no conflicto armado, porque es que además
nosotros somos bastante frágiles en eso y decimos hagamos una votación a ver si en Colombia hay
conflicto armado o no, y entonces el doctor Pimiento dice sí votemos. El otro, dice, votemos aquí hay
conflicto armado o no hay conflicto armado. Eso a mí me parece bastante, lo digo con mucho respeto
por estas comisiones bastante simplista. Que haya conflicto armado va depender aquí de una
votación. Hay unas categorías en el Código Penal y si esas categorías no se respetan habría que
cambiarlas por otras, habría que reformar el Código Penal. Pero si no hacemos algo, Senador Mario
Uribe, nos quedan en el aire esos actos de ferocidad o barbarie. Era lo que yo quería señalar como
miembro de la Subcomisión porque ahí no me queda claro y no sería la solución entrar a votar para
no darle la razón al Senador Pardo o igualmente entrar a votar para estar de acuerdo con él, siendo
que ninguna de esas dos decisiones superaría el problema porque los actos de ferocidad o barbarie
no quedarían incluidos en la norma que estamos discutiendo. Es eso Señor Presidente. Una
Subcomisión para que estudie ese punto tan delicado.”

         Oswaldo Darío Martínez Betancourt: “Señor Presidente, yo creo que la definición de
víctima es bien importante precisarla, y a mí no me disgusta como está redactado el artículo 5°.
                                                                                                          70
Obviamente, que me gusta más la definición que da el artículo 6° d e la Ley 782, del año 2002, que
dice a la letra:
           Artículo 15. Para los efectos de esta ley se entiende por víctimas de la violencia política,
aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su
integridad personal o en sus bienes por razón de atentados terroristas, combates, secuestro, ataques y
masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del
artículo 116 de la Ley 387 de 1997. Asimismo, se entiende por víctima de la violencia política toda
persona menor de edad que tome parte en las hostilidades. Hasta aquí la norma de la Ley 782. Tiene
ventajas y desventajas esta definición. Yo señalaría las ventajas. Que reconoce la existencia en un
conflicto armado, reconoce la existencia de la violencia política en Colombia, reconoce la condición
de víctimas determinando los delitos atroces, los más graves, cosa que no hace la definición del
artículo 5° de la propuesta y eso ya es consecuencia de una decisión adoptada cuando votamos el
artículo 1° con respecto al objeto de la ley. Sin embargo, por aclaración de Senador Rafael Pardo,
más adelante se discutirá concretamente la propuesta de él sobre la existencia o no de un conflicto
armado en Colombia. Pero no se puede negar que el artículo 5º en discusión, así como está redactado
es mucho más omnicompresivo, pero como lo dice, pareciera que en la interpretación en la
hermenéutica que uno hace que la tendrá que hacer el juez, víctimas son por ejemplo, señor
Coordinador de ponentes, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños directos
o sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad. Entonces uno va planteando las dudas, dice,
¿a ver, entonces es víctima el guerrillero que cae asesinado, dentro del conflicto armado, perjudicado
o de sus familiares?, ¿víctima es miembro de las autodefensas que cae asesinado, sus familiares en el
grado determinado por la ley son perjudicados?, ¿víctima del conflicto armado son los soldados y los
policías que caen asesinados dentro del conflicto armado o como resultado de este, perjudicando sus
familiares? ¿Víctima son los miembros de la sociedad civil que caen masacrados, asesinados en ese
juego cruzado en esta guerra que padecemos? Sean ustedes, Señor Ministro del Interior entonces que
si el espíritu del artículo 5° es abarcar en la definición de víctimas a todas estas personas, es una
cosa. Pero no será mejor decirlo, o será mejor dejarlo allí para que cuando se presenten las
reclamaciones de reparación de tipo económico, las solicitudes indemnizatorias de tipo material por
los daños económicos y morales, por ejemplo, el juez defina. Si reclaman unos perjuicios materiales y
morales los familiares de un guerrillero asesinado o de un militar asesinado. Se quiere dejar eso así
abierto para que el juez pueda decidir con libertad cuando le toque. Señor Ministro y señor
Coordinador de ponentes. Sí vale la pena que usted nos precisara el alcance de la definición de
víctima. El segundo aspecto y ahí finalizo, tiene que ver con una observación que en el escenario de
las audiencias públicas ciudadanas hizo el señor Defensor del Pueblo, él hizo una acotación a este
artículo muy razonable. Refiriéndose al grado de parentesco de las víctimas y él decía que limitar el
primer grado de consaguinidad, le parecía injusto. Citó unas sentencias de la Corte que le dan un
contenido mucho más amplio al concepto de víctima porque se habla de víctimas y perjudicados y se
abre mucho más el nexo de consaguinidad, inclusive de afinidad. Yo no sé, si valdría la pena,
efectivamente Señor Ministro del Interior, señor Alto Comisionado para la Paz, y señores ponentes
coordinadores que se lograra designar una Subcomisión con el objeto de hacerle unas precisiones
absolutamente necesarias al artículo o ampliaciones, o aclaraciones, si lo que he dicho, lo que acabo
de decir, es perfectamente cierto que el concepto y definición de víctima quedan cobijadas todas estas
personas, bueno esa es la decisión política del Congreso, pero que se lo diga. Sino, también que se lo
diga, el concepto de definición de víctima es mucho más restrictivo, pues habrá que decirlo en la
norma, pero dejarla así abierta no me parece que sea lo mejor. Gracias Señor Presidente.”
           Mario Uribe Escobar: “Señor Presidente, le ruego integrar la Subcomisión que han
propuesto los Senadores Martínez y Héctor Helí Rojas. En consecuencia, suspender la discusión del
artículo.”
           La Presidencia interviene para un punto de orden: “Se cierra la discusión, pero me pidió
la palabra para una breve intervención el Representante Reginaldo Montes, culminada su
intervención cerramos discusión y entramos a votar. Y también le pido a la Secretaría que lea la
proposición aditiva.”
           Reginaldo Montes Álvarez: ”Gracias Señor Presidente. Esta intervención mía para ver si
es tenida en cuenta por la Subcomisión. Iba a radicar una proposición en la Secretaría en el sentido
que se suprimiera el inciso segundo del artículo, ya que restringe el alcance del mismo. Si dejamos el
inciso primero y el inciso tercero queda con mayor cobertura el artículo y armoniza con el Código de
Procedimiento Penal, además de la sana definición. Es por eso que yo me proponía radicar esta
propuesta en virtud de que se solicita a la conformación de una Subcomisión, quiero encarecerle a
esa Subcomisión que tenga en cuenta mi petición de supresión del inciso segundo del artículo 5° de la
ponencia.”
           Por Secretaría se da lectura a las siguientes proposiciones radicadas:
                                         Proposición número 07
Adiciónese en el segundo inciso del articulo 5° la expresión "Primero Civil" a continuación de la
expresión "...grado de consanguinidad".
Firmado, Reginaldo Montes Álvarez.
                                     Proposición aditiva número 08
Al proyecto de ley "por la cual se dictan disposiciones para reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional". Agregar al artículo 5° los siguientes dos incisos al final del mismo:
"Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido
lesiones físicas o mentales, o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las
acciones de algún integrante o miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en
primer grado de consanguinidad, de los miembros de la Fuerza Pública que hayan perdido la vida en
desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él como consecuencia de los
actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley".


Firmado Congresistas: Mauricio Pimiento, Roberto Camacho, Mario Uribe, Jaime Canal, Claudia
Blum de Barberi y tres firmas ilegibles.
                                                                                                                71

                 Jesús Ignacio García Valencia: “Gracias Señor Presidente. Es que mirando este concepto
     de víctima que trae el proyecto, yo veo que él está acorde con algo que se invocaba ayer aquí por el
     Senador Germán Vargas Lleras que son los estándares internacionales. Ese concepto ha sido tomado
     de la Resolución 4034 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a mí me parece que el
     concepto es lo suficientemente claro y comprensivo. Claro, en cuanto señala que víctima es quien ha
     padecido un daño directo como consecuencia de un hecho delictivo cometido por los grupos armados
     al margen de la ley. Y además me parece que es lo suficientemente comprensivo, porque si
     comenzamos a meter a los militares, a los sujetos pasivos de tal o cual delito, pues entonces se nos
     vuelve el artículo casuístico. Yo creo que tal conforme está concebido el artículo comprende a todas
     las posibles víctimas que pueda tener un delito y sobre todo al establecer que el daño debe ser directo,
     está limitando el concepto de víctimas para que los procesos no vayan a ser inundados por todos
     aquellos que hayan podido sufrir un perjuicio remoto o lejano. Ahora, no creo que sea del caso, como
     lo propone el doctor Reginaldo Montes, eliminar el inciso segundo. Ese inciso segundo está tomado
     de la Resolución 4034 de las Naciones Unidas, y es obvio que si desaparece el sujeto pasivo del
     delito, como por ejemplo, en un homicidio, pues se tiene que considerar víctima su cónyuge,
     compañero o compañera permanente. Entonces a mí me parece que ese inciso no debe desaparecer.
     Ahora si han decidido conformar una Subcomisión para entrar a revisar este concepto, pues respeto
     mucho esa decisión, pero yo creo que el artículo debería votar tal conforme está, sin entrar aquí
     tampoco a discutirlo, el conflicto armado interno, porque ya se aplazó la discusión del artículo 2°,
     precisamente, porque se consideró que allí era donde se iba a definir el ámbito de la ley. Por
     consiguiente, yo creo que cuando definamos lo del artículo 2°, cuál va ser el ámbito de aplicación de
     la ley, allí entraremos a dilucidar si esta ley va ser aplicable para hechos cometidos en desarrollo del
     conflicto armado interno, no. Y por consiguiente, eso no debe ser elemento de definición del concepto
     de víctima. Gracias Presidente.”
                 Mario Uribe Escobar: “Señor Presidente, yo había pedido que se conformara la
     Subcomisión. Desde luego, estoy de acuerdo con el Representante García Valencia, en el sentido de
     que el artículo debe votarse tal como está en la ponencia o en el pliego base, y discutiendo esta
     aditiva que hemos presentado, no sé si los Senadores Martínez y Rojas insisten en la Subcomisión, de
     no insistir pues podríamos votar el artículo 5° tal como aparece en la ponencia, en el pliego base y
     discutiríamos la aditiva. Me dice el Senador Martínez que no tiene inconveniente, igual el Senador
     Rojas. No integrar la Subcomisión, votar el artículo 5º tal como aparece en la ponencia base y
     discutir la aditiva. El Senador Rojas está de acuerdo, Señor Presidente. Yo le ruego cerrar la
     discusión y proceder a votar.”
                 Carlos Germán Navas Talero: “Yo creo, con el perdón del doctor Camacho y del doctor
     Mauricio, que sobre cualquier especificación en cuanto a que si es militar o sacerdote. Por una cosa
     elemental y me recuerda el derecho civil personas hace muchos años, cuando se habla de personas, se
     habla de todo ser de la especie humana. Entonces sobra cualquier otra calificación, porque no me
     vengan a decir a mí que los miembros de la Fuerza Pública no son personas.”
                 La Presidencia interviene para un punto de orden: “Se cierra la discusión del artículo 5º.
     El Representante Reginaldo Montes ha cambiado su proposición y en lugar de una supresiva ha
     presentado una aditiva, atendiendo lo expuesto por el Representante Jesús Ignacio García. Entonces
     vamos a votar todo el artículo 5º como está en la ponencia base y luego las proposiciones aditivas.”
                 La Presidencia cierra la discusión del artículo 5º y de las Proposiciones números 07 y 08 e
     informa que se votará en primer lugar el artículo.
     El texto del artículo 5º aprobado es el siguiente:
                 Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por
     víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
     físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos
     fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la
     legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.
     También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer
     grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte
     o estuviere desaparecida.
     La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o
     condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el
     autor y la víctima.
     Igualmente, se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido
     lesiones físicas o mentales, o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las
     acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.
     Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en
     primer grado de consanguinidad, de los miembros de la Fuerza Pública que hayan perdido la vida en
     desarrollo de actos del servicio en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
     actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley".


ARTÍCULO 6o. DERECHO A LA JUSTICIA. De acuerdo con las disposiciones
legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva
que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas
responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al
margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a
recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas
destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.

Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con
fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de
que trata este artículo.
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ARTÍCULO 7o. DERECHO A LA VERDAD. La sociedad, y en especial las
víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad
sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la
ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley
deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas
conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente
ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no
judiciales de reconstrucción de la verdad.

ARTÍCULO 8o. DERECHO A LA REPARACIÓN. El derecho de las víctimas a la
reparación comprende las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de
las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la
víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación
de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del
delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones
tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo
sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el
desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las
víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de
la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación
pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de
las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las
poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera
especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de
violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales,
colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.


                                         (10 de marzo de 2005 Gaceta 355)


   La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Hernán Andrade Serrano:
    Gracias señor Presidente. Colegas. Yo quiero en primer lugar agradecer a las personas invitadas que
aquí están cumpliendo con el deber con el país, y por supuesto que por respeto a ellos estaremos aquí
escuchándolos hasta su intervención.
    Pero quiero llamar la atención Presidente, de usted y de los colegas y pedirles toda la solidaridad. El Congreso
precisamente por ser condescendiente en mucho aspecto, sucede lo que sucede en la fecha de hoy, que buena parte de
los citados e invitados se excusan o algunos no contestan, siendo este el órgano de la democracia por excelencia.
    En el caso del suscrito, invité al Director de Estupefacientes, no por ningún afán protagónico, ni con ningún afán
personal, sino que para mí, el punto central de la discusión es el tema de reparación, en cuanto a la devolución de los
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bienes, cómo está funcionando la dirección de estupefacientes, ¿qué tierra de la que hemos extinguido, ya está en
poder de los legítimos propietarios? ¿Qué va a pasar el día que se llegue a celebrar un acuerdo de devolución de
tierras, tenemos el aparato administrativo para lograr devolver esas tierras? Tengo la información señor Presidente,
que la extinción de dominio lleva varios meses paralizada y por supuesto no en el despacho del Director de
Estupefacientes, sino en despacho de extinción de dominio y del tribunal, pero la información la tiene el Director de
Estupefacientes porque él es parte en ese proceso.
     Son muchos los interrogantes que hay en esa materia de devolución de tierras y el doctor Vives me dice: Nunca
utilizo esa frase de chisme, pero me señalan que es poco amigo de venir a las citaciones, él personalmente al celular
me señaló que llevaba muy pocos días en el cargo y que por lo tanto él prefería después de unos días más empaparse
mejor y enterarse mejor y ahí sí poder asistir.
    Yo lamento no aceptar esa excusa, si es una diligencia de recaudar, que la tiene a la mano, y por lo tanto señor
Presidente, al Gobierno, a los interesados, mientras el señor Vives no comparezca ahí en audiencia a contestar y a
dialogar, en el caso particular me daré por no informado, por mucho que el Viceministro traiga información y no
votaré ni un sólo artículo del proyecto, hasta que no comparezca a la plenaria de esta Comisión Primera y por lo
tanto le pido la solidaridad a los colegas y demos por no aceptada la excusa del doctor Juan Carlos Vives.
   La Presidencia interviene para un punto de orden:
   La Mesa Directiva de las comisiones tomará una decisión sobre su posición, Senador Andrade.
   Recobra el uso de la palabra el honorable Senador Hernán Andrade Serrano:
   La citación en mi caso particular sigue vigente.
   La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Ciro Ramírez Pinzón:
    Gracias señor Presidente. Yo sé que esta petición es un poco extemporánea, pero habida cuenta de los diferentes
colegas que tomaron la palabra en el día de ayer, respecto al tema de lo que llaman jubileo, de la propuesta que se
hace para que los actuales personas están condenadas en este proyecto de ley, puedan acceder a los beneficios del 10
al 20% de acuerdo con la reparación, a la colaboración con la justicia, lo han satanizado, han estigmatizado
precisamente esta propuesta, que tengo que decirles señor Presidente, salió del seno de nuestra colectividad el
Partido Conservador, y que ellos han creído de que mientras el Gobierno ha presentado varios proyectos de ley,
penalizando con muchos más años los diferentes delitos, aquí el Gobierno ha dado una vuelta a la hora, al cuaderno
y se ha venido suavizando con esta propuesta.
    Aquí hubiéramos querido también tener, hablábamos con unas personas que fueron condenadas para que de
pronto pudieran tener la posibilidad de que vinieran aquí a contarnos lo que sucede al interior de las cárceles, el
hacinamiento que viven, el problema social que viven adentro y me gustaría, pero si por secretaría se puede señor
Presidente, hacer la invitación al señor Director del Inpec, obviamente no es el mejor testigo, porque obviamente él
tendrá la responsabilidad de decir que todo está bien, pero sí que en forma veraz y con la verdad nos contara la
problemática del sistema carcelario que en este momento tiene el país, porque tiene que ver mucho con el proyecto
que en este momento estamos estudiando, por tanto señor Presidente, la propuesta que quiero hacer es por
Secretaría, para hacer la invitación al General Cifuentes con el fin que rinda un informe rápido y somero y veraz,
respecto a la situación carcelaria en el país.
   Muchas gracias, señor Presidente.
   La Presidencia interviene para un punto de orden:
   Doctor Ramírez, ese informe sería por escrito a cada Congresista.
   Recobra el uso de la palabra el honorable Senador Ciro Ramírez Pinzón:
   Me gustaría que el viniera, como es un funcionario del Gobierno, me gustaría que en el transcurso de la citación,
como vamos a tener unas horas acá, que por Secretaría se hiciera esa invitación al General Cifuentes.
   La Presidencia interviene para un punto de orden:
    Señor Secretario, proceda atender la insinuación del Senador Ramírez. Señores Senadores y Representantes, a
partir del momento estamos en transmisión directa de televisión por el Canal Institucional, le damos un saludo a la
audiencia nacional y le deseamos que siga al detalle las deliberaciones sobre este proyecto de ley tan importante.
   La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Vólmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo:
    Sea lo primero agradecer la cordial invitación que nos hicieran los señores Presidentes de las Comisiones
Primeras del Senado y Cámara de Representantes, para formular en la sesión de hoy algunas inquietudes,
comentarios y reflexiones sobre los distintos proyectos de verdad, justicia y reparación o de justicia y paz como ha
sido la denominación que el Gobierno Nacional prefirió darle al proyecto que fue presentado al examen y
consideración del Congreso de la República por conductos del señor Ministro del Interior.
    Lo primero que debemos decir, es que la Defensoría del Pueblo ha sido partidaria resuelta y acaso decidida de
toda propuesta o de toda iniciativa que conduzca a la posibilidad de desactivar los aparatos armados de todos los
grupos armados ilegales, pero ello como hemos repetido en todos los tonos y en todos los escenarios, no puede ser a
cualquier precio naturalmente.
    En ese sentido tenemos que decir que la ley que finalmente expida el Congreso de la República, tiene que
preservar de manera adecuada los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que con tanta insistencia se
han mencionado en los debates que se han venido celebrando en el Congreso de la República y que a su vez han sido
recogidos en todos los proyectos y ponencias que hoy se encuentran a consideración de las Comisiones Primeras del
Senado y de la Cámara de Representantes.
   De esta manera también queremos significar que si bien en el pasado, particularmente en la década del 90, se
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registraron en Colombia procesos de paz o de negociación con grupos armados ilegales, exitosos, hoy tenemos que
decir y lo decimos de manera enfática, que esos procesos de paz que se cumplieron en la década del 90, ya no son el
referente próximo, ya no son el referente obligado en la actual coyuntura de la vida del país. Y ello obedece a
múltiplex circunstancias, el proceso Constituyente de 1991, como es suficientemente conocido de todos, se creó la
Corte Constitucional y andando el tiempo nuestro Tribunal Constitucional adoptó la figura conocida como bloque de
constitucionalidad por virtud de la cual todos los tratados internacionales, los distintos instrumentos y convenciones
internacionales, particularmente aquellos que se ocupan de la guarda de los Derechos Humanos y del respecto de las
normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, se encuentran incorporadas al derecho interno.
    De la misma manera el Estado colombiano adhirió al tratado por virtud del cual se creó la Corte Penal
Internacional, en cuyo estatuto se prevén penas privativas de la libertad para delitos de lesa humanidad y es conocido
también de todos que los procesos de paz que se cumplieron hasta el año de 1990 consagraron de manera abierta
unos muy altos niveles de impunidad para facilitar la conducción de esos procesos y de la misma manera muchos de
los miembros de los grupos ilegales de entonces fueron objeto de indultos y de amnistías en aquella época.
    Dentro de ese panorama entonces, en la actual coyuntura de la vida del país, tenemos que ser lo suficientemente
imaginativos y lo suficientemente responsables como para encontrar una fórmula jurídica, un instrumento jurídico
que sin violentar, sin quebrantar los compromisos internacionales que tiene adquirido el Gobierno colombiano, haga
posible la desmovilización de los miembros de los grupos de autodefensa y en consecuencia se puedan reintegrar a la
vida civil y a la vida institucional del país.
    Entonces que el Congreso de la República se encuentra abocado a una responsabilidad mayor. No se tendrá
entonces la ley que se quiera, sino la ley que puedan autorizar las disposiciones internacionales, el Derecho
Internacional, particularmente el derecho de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y por
su parte las normas que contempla nuestro propio ordenamiento jurídico interno.
    En ese sentido entonces, al contraernos al examen juicioso y atento de los distintos proyectos que han sido
presentados al Congreso de la República, particularmente el del Gobierno Nacional, y muy particularmente también
el proyecto que fue presentado por un grupo de parlamentarios que lideran, entiendo el Senador Rafael Pardo,
Representante a la Cámara, Luis Fernando Velasco, la Representante Gina Parody entre otros, hemos hecho un
paralelo de las disposiciones y de las previsiones que contemplan esos proyectos de ley y las ponencias que también
han sido presentadas en el momento correspondiente al Congreso de la República.
    Y me preocupa como Defensor del Pueblo, si hemos de atenernos a que este proyecto o esta ley tiene que ser
transversalizada, por lo que hemos identificado como derechos a la verdad, como el derecho a la justicia y el derecho
a la reparación, que son los principios que han sido recomendados y que han sido proclamados por el sistema de
Naciones Unidas para procesos de paz y para procesos de desmovilización que en la casi totalidad de los proyectos
al examen del Congreso de la República, se encuentre demasiado restringido el concepto de víctima. Hemos partido
de la base y de la consideración y lo hemos dicho en otros escenarios y en oportunidades anteriores, que la esencia
de este proyecto o la esencia de esta ley o que el eje transversal de esta ley, debe ser el derecho a la reparación
integral de las víctimas y por ello registramos con preocupación cómo en el proyecto del Gobierno Nacional y cómo
en la casi totalidad de los proyectos, no los he leído todos, pero he leído la mayor parte de los mismos, se concibe el
concepto de víctima de una manera muy restringida.
    Por ejemplo, en el proyecto del Gobierno y en el de los congresistas Rafael Pardo y Fernando Velasco aquí
presentes, el concepto de víctima lo reduce prácticamente al primer grado de consanguinidad. El primer grado de
consanguinidad de acuerdo con el Código Civil, es la relación que hay entre padre e hijo. En ese sentido quedarían
excluidos los hermanos que están en el segundo grado de consanguinidad y de la misma manera quedarían excluidas
las posibilidades de reclamación por parte de otros miembros de los núcleos familiares como por ejemplo la
posibilidad de que los abuelos puedan reclamar reparaciones o indemnizaciones en tratándose de sus propios nietos
que estarían en el tercer grado de consanguinidad, de modo entonces que yo les recomendaría muy amablemente a
los miembros de las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, que
revisemos el concepto de víctima, que le introduzcamos las adecuaciones correspondientes y que tengamos muy en
cuenta y muy en consideración las definiciones que a este respecto ha venido ofreciendo la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en distintas opiniones consultivas que ya se conocen.
    De modo entonces que contraer el concepto de víctima al primer grado de consanguinidad ... Juicio es
francamente inconveniente, yo sí exhortaría, lo repito de nuevo, a los miembros de las Comisiones Primeras a que le
hagamos las adecuaciones que las circunstancias de la vida colombiana y muy particularmente de la situación en que
se encuentran muchos de los núcleos familiares, muchas de las familias colombianas enfrente de sus propias víctimas,
se le hagan las adecuaciones a que haya lugar.
    De la misma manera ninguno de los proyectos contempla la representación de la parte civil, de algún modo el
proyecto del Gobierno Nacional y el que lidera el Senador Pardo buscaban cómo anticiparse a la puesta en vigencia
del sistema acusatorio en Colombia, creo que ese tema ya ha sido suficientemente debatido aquí, en mi opinión no se
puede anticipar la entrada en vigencia del sistema acusatorio, entre otras cosas porque el propio artículo 15 del acto
legislativo, por virtud del cual se adoptó el sistema acusatorio en Colombia, prevé que el sistema acusatorio solo le
será aplicable a los delitos nuevos, vale decir a los delitos en las ciudades de Bogotá y en el Eje Cafetero se
comenzarán a cometer, hay que decirlo así, a partir del primero de enero del año 2005.
    De modo entonces que es suficientemente claro la disposición que prevé el mismo acto legislativo, en el sentido de
que el sistema acusatorio, las reglas del sistema acusatorio solo le serán aplicables a delitos que se cometan a partir
de la entrada en vigencia del mismo.
   Obviamente que hay reglas y que hay principios, el sistema acusatorio como por ejemplo el principio de la
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oralidad, o las reglas que tienen que ver con al celeridad, que bien podían ser adoptadas y podían ser incorporadas a
este proyecto de ley, pero al encontrar normas que eliminan la función jurisdiccional a la propia Fiscalía General de
la Nación, ello nos significa entonces que estamos prácticamente adelantando como queda dicho, la entrada en
vigencia del sistema acusatorio y ello a mi juicio es abiertamente inconstitucional.
   De modo entonces que si no se asume la entrada en vigencia del sistema acusatorio, tendríamos que recurrir a las
normas, a las disposiciones y a las previsiones de la Ley 600 del año 2000, que es el Código de Procedimiento Penal
que rige en algunas regiones de Colombia, con excepción de los distritos judiciales de la ciudad de Bogotá y de los
departamentos que conforman el Eje Cafetero.
    En ese marco de cosas, yo consideraría de la mayor importancia dentro del propósito de representar lo s
intereses de la sociedad y de contribuir al esfuerzo del esclarecimiento de los delitos cometidos por los miembros de
los grupos de autodefensa, contemplar la posibilidad de introducirle un mecanismo de estas características.
    Yo creo que la parte civil puede contribuir entonces no solo al esclarecimiento de la verdad, porque pueden
solicitar pruebas, pueden aportar pruebas, y es entre otras cosas un mecanismo que garantiza de manera adecuada
unos niveles básicos de acceso a la administración de justicia.
    No se concebiría como las víctimas del conflicto armado en Colombia, como son entre otros los desplazados por
la violencia que en mi opinión constituyen la manifestación más cruda y acabada de los niveles de degradación del
conflicto armado colombiano y que acaso constituya también la fuente primaria de violaciones masivas tanto al
derecho de los Derechos Humanos, como de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, no pudieran
intervenir en estos procesos para contribuir con su concurso, no solo al esclarecimiento de la verdad en los delitos
cometidos, sino para garantizar de manera adecuada y efectiva también, el derecho a la reparación que prevé la ley
que habrá de expedirse.
    De manera entonces que yo sí recomendaría muy amable y cordialmente a los miembros de las Comisiones
Primeras de Senado y de la Cámara de Representantes que contemplemos la posibilidad de introducirle a esta ley un
mecanismo que haga posible que las víctimas estén debida y oportunamente representadas, del mismo modo no
entenderíamos cómo los familiares próximos de los desaparecidos o de tantas muertes violentas, en que han incurrido
los miembros de grupos de autodefensa en donde hay delitos atroces y delitos de lesa humanidad naturalmente, no
pudieran verse representadas debidamente en los procesos penales que habrán de adelantarse para buscar no solo el
esclarecimiento de la verdad, sino para garantizar de manera oportuna también, el derecho a la reparación de las
víctimas.
    De manera entonces, que en estos proyectos de ley, prácticamente no se contempla la parte civil y no se
contempla la parte civil, la representación de la parte civil, que en este caso específico no es nada distinto a buscar la
mejor manera de representar a las víctimas del conflicto armado colombiano, encuentra su explicación en el hecho
que el nuevo Código de Procedimiento Penal no prevé la representación de la parte civil y estábamos prácticamente
expuestos a la posibilidad de anticipar la entrada en vigencia del sistema acusatorio y como ello no va a ser posible,
entonces tenemos que acudir al régimen procesal vigente, que es la Ley 600 del año 2000, que sí prevé entonces la
representación de la parte civil.
    Yo creo que esa es una institución importante y que puede contribuir en buena medida al esclarecimiento de la
verdad de los delitos cometidos y a garantizar también el derecho a la reparación de las víctimas.
    De la misma manera el artículo 39 de la ponencia que coordina el Senador Mario Uribe, entre otros de los
derechos de las víctimas frente a la administración de justicia, reconoce el derecho a ser oídos y a facilitar el aporte
de pruebas, entonces uno se pregunta de manera espontánea, ¿y pruebas a partir de cuando? A partir del incidente
de reparación, porque el incidente de reparación solo procede a partir del momento en que concluya el proceso penal
y se profiera sentencia condenatoria.
    También tienen derecho las víctimas a recibir la información pertinente para la protección de sus intereses, pero
no va a ser notificado. También tienen derecho a ser informados sobre la decisión definitiva, relativa a la persecución
penal y a interponer los recursos cuando a ello hubiera lugar, entonces en mi opinión el mejor mecanismo que puede
garantizar la efectividad de los derechos de las víctimas y que prevé el proyecto del Gobierno Nacional como en las
distintas ponencias que han sido presentadas, es acudiendo a la institución de la representación de la parte civil.
   De otra parte el proyecto del Gobierno Nacional o más exactamente la ponencia que coordina el Senador Mario
Uribe, prevé la figura de las penas alternativas, esas penas alternativas consisten en la privación de la libertad por
un período mínimo de cinco años y por un período no superior a ocho años, pasadas las penas de acuerdo con la
gravedad de los delitos y la colaboración efectiva que ofrezcan en el esclarecimiento de los derechos.
    Para tener derecho a la pena alternativa, se requiere el cumplimiento de una serie de exigencias como por
ejemplo que el beneficiado se comprometa a contribuir a su resocializacion a través del trabajo, del estudio, de la
enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad y a promover actividades orientadas a la
desmovilización del grupo armado al cual pertenecía.
    Pero resulta que de acuerdo con el artículo 30 de la ponencia presentada por el Senador Mario Uribe, la
concesión del beneficio de la pena alternativa, no prevé como requisito o como condición previa, la reparación de las
víctimas y ello puede encontrar su explicación en que esta ponencia y lo mismo la del Senador Pardo, preveía como
queda dicho el anticipo de la entrada en vigencia del Sistema Acusatorio que resulta a todas luces inconstitucional y
esa es la explicación que yo le encuentro, del porqué se eliminaba del todo la representación de la parte civil.
    De suerte entonces que el incidente de reparación integral, solo puede presentarse a partir del momento en que se
profiera la sentencia condenatoria correspondiente y las reparaciones a que hubiere lugar se entenderán
incorporadas a la propia sentencia.
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    Yo creo que el tema en mi opinión es mejor traído, es mejor abordado por la ponencia del Senador Rafael Pardo
y el Representante Velasco, en el sentido de que si prevé como condición previa, y como requisito anterior, la
reparación primero de las víctimas, para luego sí poder tener la oportunidad de acceder al beneficio de la pena
alternativa.
   Yo no he encontrado en ninguna de las disposiciones que traen estas ponencias, particularmente en la del
Senador Mario Uribe, la ponencia que coordina el Senador Mario Uribe, la exigencia de que proceda primero la
reparación de las víctimas para luego sí proceder al acceso, al beneficio de la pena alternativa.
    Yo le recomendaría muy cordialmente a las Comisiones de ponentes que han sido conformadas, que se revise este
tema, porque no podría admitirse ni justificarse que si bien estas normas del sistema acusatorio no podrán ser
aplicadas y tendremos que vernos compelidos entonces a aplicar las normas previstas en el Código de Procedimiento
Penal del año 2000 que es la Ley 600 a que se ajuste la exigencia inicial, de que se proceda a la reparación integral
de las víctimas para luego sí contemplar la posibilidad de acceder al beneficio de la pena alternativa.
    De la misma manera se contempla la figura de la libertad a prueba y es que y consiste ella en que una vez
cumplida la pena alternativa, que de acuerdo con los proyectos y las ponencias, no sabemos qué decida el Congreso
de la República, pero al menos así está planteado, va a ser entre cinco y los ocho años y de acuerdo con la figura de
la libertad, que también traen o que al menos así lo trae la ponencia ofrecida por el Senador Mario Uribe, se
requiere del cumplimiento de las condiciones impuestas en la sentencia y luego se le concede la libertad a prueba por
un término no superior a la quinta parte de la pena alternativa.
    Yo me hago la siguiente composición de lugar, asumamos la hipótesis de que un miembro cualquiera de los
grupos de autodefensa responsables de delitos atroces y de delitos de lesa humanidad, haya sido objeto de la pena
alternativa equivalente a los ocho años.
    Si a esa pena alternativa equivalente a los ocho años, se le deduce la quinta parte que sería más o menos en
términos aproximados el equivalente a un año, seis meses o siete meses, yo me pregunto, si no están presos, si no
están privados físicamente de la libertad, porqué no se amplía ese período, por ejemplo a la mitad de la pena
alternativa que podría ser los cuatro años, de los ocho años, no entiende uno cómo sólo se prevé una quinta parte
para la pena alternativa que es francamente un tiempo que no se compadece con la posibilidad de ser extendido en
virtud de la circunstancia de que a partir de esos ocho años los miembros de estos grupos de autodefensa que han
sido beneficiarios de las penas alternativas, ya no van a ser objeto de penas privativas de la libertad.
    A partir de entonces de acuerdo con la ponencia del Senador Mario Uribe, se extinguirá la pena principal, yo
creo necesario hacerle unas precisiones y hacerle unas adecuaciones a esta figura de la pena alternativa.
    De otra parte se prevé también la posibilidad de perder estos beneficios si el reinsertado intimida o pretende
corromper a cualquier autoridad judicial o carcelaria y entonces yo me pregunto y nada más nos contraemos a esas
contingencias, a esas posibilidades, y ¿qué ocurre en el evento de que el reinsertado como lo llaman el proyecto de
ley y la ponencia presentada por el Senador Mario Uribe, si se intimida a un alcalde o si se comete un homicidio, yo
creo que es menester hacerle las precisiones correspondientes a este acápite que tiene que ver con la posibilidad de
la pérdida de los beneficios?
   En el artículo 32 de la misma manera, se prevé que el tiempo de permanencia en las zonas de concentración se
compute como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho meses.
    Ese es un tema en mi opinión muy discutible, que suscita muchos interrogantes, y al mismo tiempo suscita mucha
sensibilidad, pero si el Congreso de la República llegare a acoger esa propuesta, yo creería entonces que el Inpec
que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, debe comenzar desde ya a adelantar programas de
resocializacion en temas como por ejemplo relacionados con la educación y en actividades que tienen que ver con el
trabajo, porque los fines de la pena naturalmente son la resocializacion del delincuente y los instrumentos que mejor
contribuyen a ese propósito, es lo que tiene que ver con tarea de educación y con actividades laborales.
    De suerte entonces que si esa propuesta es acogida por el Congreso de la República, el Inpec tendría entonces
que comenzar de manera inmediata a adelantar y promover programas en materia de educación y de cuestiones
laborales y de trabajo.
    Del mismo modo prevé el proyecto del Gobierno Nacional cuya ponencia coordina el Senador Mario Uribe, la
posibilidad de extender en el artículo 64, de agregarle un inciso al artículo 468 del Código Penal, en el que se
sostiene que también incurrirá en el delito de sedición, quien conforme o haga parte de los grupos de autodefensa,
cuyo accionar interfiera el normal funcionamiento del orden constitucional y legal.
    La pena será la prevista para el delito de rebelión. Yo francamente creo que los grupos de autodefensa no han
interferido y no creo que interfieran el orden constitucional, por tanto no entiendo la explicación, ni la justificación
de esta propuesta de artículos, y en mi opinión ello resulta francamente injustificable y creo que es absolutamente
inconveniente introducir una figura de estas características con las consecuencias que de ahí se puedan derivar y que
de ahí se puedan desprender.
    Aquí se trata de asimilar algunas circunstancias específicas en que pudieron haber incurrido los miembros de los
grupos de autodefensa, con el delito de rebelión y yo encuentro esa posibilidad francamente inconveniente y más bien
recomendaría la posibilidad de que fuera eliminado de la ley que habrá de expedir el Congreso de la República.
    ¿No sé si nos acompañe el Senador Moreno de Caro? Honorable Senador Moreno de Caro. Tengo entendido que
la propuesta de rebaja de penas más conocida popularmente como de jubileo. Cuando el Papa no está en jubileo, él
está enfermo, pero así se le ha conocido popularmente, ha sido de su inspiración. Quiero decirle que he estudiado
con rigor, con juicio y con el mayor cuidado y atención esa propuesta.
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     Por una parte yo creo que la posibilidad de introducir rebajas de penas en el contexto de esta ley, que de suyo
tiene una naturaleza especial, podría devenir en algún tipo de inconstitucionalidad porque no guardaría armonía con
los fines ulteriores que se buscan y que se propone con la expedición de esta ley.
    Pero en gracia a discusión quiero significarle lo siguiente: Usted ha propuesto que en las sentencias
ejecutoriadas se contemple la posibilidad de introducir unas rebajas de penas que podrían oscilar entre una décima
parte y una quinta parte, ello naturalmente por buen comportamiento del condenado, siempre que medie su
compromiso de no repetir actos delictivos, de tenerse en cuenta su cooperación con la justicia, y naturalmente que
deben mediar acciones también de reparación de las víctimas. Yo quisiera que usted nos contara si esos son criterios
alternativos o si son criterios concurrentes.
    Porque obviamente la propuesta no lo plantea, no lo contempla y yo asumo que son escenarios distintos, son
escenarios muy diferentes, si esos criterios son alternativos, el tratamiento debe ser uno y si esos criterios a
considerar son concurrentes, en mi opinión, a mi juicio el escenario que nos plantea es otro completamente distinto.
Porque si esos criterios son concurrentes, yo creo que por expresarlo en términos coloquiales, a algunos condenados
les iría mejor apelando a las previsiones del artículo 413 del Código Penal vigente, vale decir la Ley 600 del año
2000 que consagra beneficios por colaboración eficaz con la justicia.
    Si a los condenados se les va a exigir que ofrezcan colaboración eficaz con la justicia y si esa colaboración
resultare eficaz, al tenor de lo previsto en el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal o Ley 600 del año 2000,
no se exige la condición de confesar y si la confesión resultare eficaz de acuerdo con las previsiones del 413 citado.
Ese condenado podría acceder al beneficio de una rebaja en su pena, de una sexta parte a una cuarta parte, ello
significaría que esa rebaja de penas, si la confrontamos con lo que usted plantea o con lo que usted propone, de una
décima parte a una quinta parte resultaría mayor si se acoge a los beneficios previstos en el artículo 413 del Código
de Procedimiento Penal.
    Yo sólo quiero provocar la reflexión de todos ustedes y dejar un elemento de análisis y de evaluación, porque si
los criterios de que habla el artículo 61 que se propone adoptar son concurrentes, estaríamos enfrentados a la
posibilidad de que el condenado tenga que colaborar de manera eficaz con la justicia y si colabora de manera eficaz
con la justicia se haría acreedor a una rebaja de penas que sería el equivalente entre una sexta parte y una cuarta
parte que resultaría más benigna para los condenad os enfrente de la décima y la quinta parte que se propone en el
artículo 61.
    Con mucho gusto honorable Senador.
    Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Senador Carlos Moreno de Caro:
    Gracias. Yo les solicito a los que están en esa pequeña reunión, que o si se integran al foro o se salen, porque uno
no puede hablar aquí con todo respeto. Y todos merecemos respeto, que nos escuchen, el Defensor también que está
hablando. Gracias por su comprensión.
   A ver, Defensor. Cuando usted hacía alusión a esto, y le agradezco que lo haga, la alusión, yo estaba sentado allá
hablando precisamente del tema con el Presidente de la Comisión Primera Mauricio Pimiento y con dos miembros
muy selectos del Partido Conservador que dizque aprueba esa propuesta.
    Esto no es de ahora, en el Gobierno pasado de su amigo el Presidente Pastrana, yo presenté lo que llamamos en
ese momento Ley de Jubileo, que como usted debe saberlo, es un ritual, es una cultura cristiana de perdonar en el
antiguo Israel cada cincuenta años.
    Fíjese que el perdón toma diferentes matices, unas veces lo avalan cuando es para grupos insurgentes, otras
veces lo llaman Jubileo. Se logró gracias a Dios, que pasara y fuera aprobado por las dos Cámaras, pero cuando
llegó donde el inefable doctor Pastrana que tenía un Ministro cansón, un viejito cansón que se creía que era el puro y
el resto eran impuros, empezó a objetarlo, entre otras cosas dizque porque saldrían muchos delincuentes a la calle,
olvidando que los delincuentes están es dentro del sistema, entonces me llevé una gran frustración y se llevaron una
gran frustración los presos, usted debe saberlo mejor que yo, porque usted es defensor del pueblo, que allá no están
todos los que son ni son todos los que están, ustedes saben que hay una gran proporción de sindicados, no
condenados en las cárceles en donde el que entra bueno sale malo y el que entra malo sale peor, así suene esto
reiterativo.
    Y estoy molesto, estoy particularmente molesto y yo quiero que el país lo sepa y si los presos, los internos lo están
escuchando este programa lo sepan. Que parece que una vez más nos van a meter gato por liebre, así de sencillo, yo
no voy a entrar en tecnicismos doctor, que si esto es concurrente o alternativo, entre otras cosas porque yo soy es
Ingeniero Industrial, de esos que sabemos de todo y no sabemos de nada.
    Pero papas, papista tiene la Santa Madre Iglesia y las cosas como se hacen se deshacen. Y lo que empecé oyendo
como un rumor, ya parece que está cogiendo fuerza, el rumor que a mí me dijeron es vea, el Gobierno está es
cañando con eso, y se me hace extraño, porque yo todavía creo en la palabra, yo todavía creo en la transparencia, me
niego a creer los artilugios esos de la politiquería y yo estuve por invitación del equipo de gobierno, porque yo
presenté dos proyectos de ley, en esto, allá en las sesiones que la llamaban las extras de Palacio, donde estaba el
Presidente liderando con muchos juristas ahí, el Presidente convocaba e invitaba a juristas muy importantes y
supuestamente se encontró dictado por el mismo Presidente de la República, revisado por su secretario jurídico, la
forma.
    El Partido Conservador tímidamente proponía un 10% y yo decía una quinta parte o sea para que fluctuaran
entre un 10 y 20% las rebajas de las penas.
    Con qué es que me encuentro, que ya están diciendo dizque eso rompe unidad de materia, pura paja, aquí se
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inventan lo que se quieran inventar cuando tratan de sacar lo que no quieren sacar, yo me pregunto y lo digo con
todo el respeto, de mi Presidente, que lo quiero, como si sacaron corriendo la reelección, como aquí han sacado
todas las reformas tributarias, todas, como eso si, pero ahora ya estoy empezando a ver torpedeo.
    Pues yo quiero decirles a usted señor Defensor del Pueblo, y a los del Partido Conservador si es que todavía
tienen la capacidad de lucha, y si es que en verdad no estaban cañando, que si esto fracasa, no será por tecnicismo o
cualquier cosa, sino que es porque el Gobierno estaba cañando y estaba mamando gallo que es lo que yo oí, eso se
está dando la pela ahí, dizque para que los delitos no tan graves no queden con una pena superior a los delitos de
allá.
    Defensor, nos han invertido tanto la escala de valores en este país, perdón, no he terminado, defensor nos han
invertido tanto la escala de valores en este país, que hoy en día es más grave sembrar y comercializar marihuana o
coca, que masacres, hoy en día es mejor masacrar para que lo perdonen a usted, que si robó un pan porque tenía
hambre. Pues lo voy a seguir repitiendo, que si ese artículo fracasa, si ese artículo lo echan por la borda, fue porque
el Gobierno no quiso darse la pela, así de sencillo y no le mamen más gallo al país, díganle al país la verdad, no nos
importan los presos, aquí nos importan son los que hacen grandes masacres, defensor, en este país el mejor negocio
hoy en día es tener un grupo de insurgencia y después someterse a un proceso de paz.
    Vaya usted a trabajar en este país honradamente y vera cómo lo persiguen, por eso yo digo aquí, todos somos
autodefensas, vaya róbese un pan porque tenía hambre, y se pudre en la cárcel, pero asesine a muchos y les hacen las
leyes a las carreritas.
    Yo no voy a aceptar y lo voy a seguir denunciando que si este artículo no sale, es porque el Gobierno no le dio la
gana y nos estuvo mamando gallo a los colombianos, no dizque los paisas hablan claro, no dizque al pan pan y al
vino vino, pues no le demos vueltas a esto y digámosle de una vez a la gente, si lo que estamos es cañando una vez
más, o no. Gracias su señoría.
   La Presidencia interviene para un punto de orden:
   Una moción de orden para el Representante Varón.
   Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Senador Germán Varón Cotrino:
    Presidente. A mí me sorprende la vehemencia, bueno, siempre lo ha hecho así el Senador Moreno de Caro
siempre ha sido vehemente en sus intervenciones. Y demuestra con claridad por qué tiene que aludir a su condición
de ingeniero industrial, claro este es un tema donde se está hablando de juridicidad y valdría la pena que el Senador
Moreno leyera un artículo del doctor Moreno leyera un artículo del doctor Humberto de la Calle, en donde habla de
la Ley de Jubileo y de alguna manera da los argumentos acerca de por qué puede ser viable una Ley de Jubileo,
cuando se presenta una iniquidad, cuando hay una injusticia, pero no simplemente por una voluntad que le surge a
alguien que como a usted le gusta cada vez que ve una cámara, hacer un protagonismo excesivo, eso no es.
    Y menos en un tema de la sensibilidad del que estamos hablando. No se trata de venir aquí a gritar y a hacer un
show, ese esquema es bueno y lo respeto, porque cada quien hace la política como puede, pero en un tema de tanta
trascendencia como este yo creo que sí hay que atender ciertos criterios jurídicos y por eso con el mayor respeto
sugiero que lea ese artículo.
   Segundo. Que si bien es cierto esa es su posición frente al tema, la mía es la que sí, ahí debe haber una Ley de
Jubileo, pero sólo para ciertos delitos. Ahora, me parece señor Presidente, que debemos entrarnos en lo que es el
propósito de la sesión el día de hoy, escuchar no a los parlamentarios, sino a quienes han venido hoy a este recinto, a
manifestar opiniones que permiten aclarar criterios y dar luces sobre las decisiones que vamos a tomar en este
proyecto específicamente.
   Muchas gracias.
   Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Representante Luis Fernando Velasco
Chaves:
    Yo voy a tomar la palabra cuando se calme el doctor Moreno. Señor Presidente, mil gracias. Señor Defensor, hay
dos temas, quiero reconocer una buena intervención y nos ha puesto a pensar varios temas, uno de ellos con todo
respeto y como dice mi colega Enríquez Maya en tono menor, a mí sí me parece Senador Moreno de Caro que la
pregunta que hace el Defensor es muy pertinente. Y tenemos que construir bien si es la decisión del Congreso
entregar esa rebaja, tenemos que construirla bien porque si bien yo le entiendo señor Defensor, usted lo que está
diciendo es que si construimos mal la propuesta, terminamos quitándoles beneficios a las personas que están en las
cárceles. Ahora yo le hago una pregunta, estamos, es que aquí hay un tránsito de legislación complicado.
   Pero primero. Las personas condenadas tienen de ahí en adelante en el nuevo procedimiento, si me equivoco le
ruego me corrija, solo la posibilidad de tener beneficios, diríamos administrativos, por ejemplo: Por estudio, buen
comportamiento, trabajo, etc.
   Esas personas que ya están condenadas, si nosotros Senador Moreno de Caro aprobamos un artículo dándole
unas rebajas adicionales, evidentemente no pueden competir esas rebajas con las que ya tiene, sería una rebaja
nueva. Lo que tenemos que hacer Senador, es mire. Yo ayer lo dije. Yo quiero acompañar esa propuesta, a mí me
parece que en nuestro sistema carcelario la pena no redime, y me parece que antes se nos ha ido la mano con penas
muy altas.
    Pero lo que tenemos que hacer Defensor sin más lo entiendo, es precisar técnicamente, ir a los tecnicismos
jurídicos para precisar de tal forma que de pronto no le terminemos haciendo doctor Roberto Camacho, un mal a
quienes queremos hacerle un bien, o sea, esa es una primera opción que tenemos que tomar y tomarla bien tomada.
   Entre otras cosas Senador Moreno esté tranquilo, roguemos todos a Dios por la salud del Papa, pero si algo le
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llegase a suceder al Papa y Dios no lo quiera, y tenemos la fortuna de que Monseñor Darío Castrillón con las
técnicas políticas que ha aprendido de muchos políticos colombianos y que a lo mejor está utilizando en el Vaticano,
llega a Papa, pues va a haber un jubileo mucho mayor, de manera que ahí hay otras posibilidades de rebaja de pena.
    Pero quiero llegar a un segundo punto señor Defensor. Usted nos llama la atención a un debate que abrimos
ayer, y es cuál es el sistema procedimental para aplicar esta ley, o vamos a jugar con un sistema que sólo entra a
regir para delitos que se cometan después del 1° de enero de 2005, que es el sistema acusatorio, la oralidad, del cual
usted es parte, una de las partes de ese sistema o nos quedamos con la Ley 600 y le voy a hacer una pregunta.
    Primero. Yo sí veo una contradicción en una de las ponencias cuando jugando con el sistema de la oralidad, se
arranca con una versión libre y espontánea, acordémonos de que en el sistema acusatorio, se inicia el proceso con
una imputación, y por eso a una persona la pueden investigar 16 años y no sabe que la están investigando. Y el
Estado sólo cuando tiene, óigase bien, sólo cuando tiene la certeza de que las pruebas son tan sólidas, que lleve a esa
persona o a negociar o a acusarlo y evidentemente a vencerlo en juicio, pues lo llama y lo captura. Antes no.
Entonces a dónde va mi pregunta. Y es un poco para que el señor Fiscal luego me la responda. Aprovecho de una vez
para no intervenir dos veces. ¿Estaremos nosotros en capacidad de judicializar, perdón, de armar los procesos, si no
hay confesión, a más de mil o mil quinientas personas? Que evidentemente si nos atenemos a los porcentajes de las
personas que han venido y los bloques que se han venido entregando por ejemplo el bloque el de Medellín, el bloque
Nutibara, en donde se entregaron Viceministros 900 y 200 más o menos, tenían problemas, entonces yo les saco un
porcentaje, tenemos la posibilidad de armar las acusaciones y es la pregunta más para el Fiscal, ¿de ese altísimo
porcentaje que entre otras cosas si en 60 días no están armadas las imputaciones, pues van a terminar saliendo?
    Es mi preocupación. Por ello nosotros queremos insistir en el tema de la confesión, como una reciprocidad que
dan unas personas que han cometido delitos frente a un tratamiento muy benigno, entonces dos cosas concretas,
termino. Primero me parece muy acertada su observación frente a cómo tenemos que construir ese beneficio llamado
del jubileo y segundo, la definición sobre qué procedimiento optamos, mire los efectos jurídicos que puede tener.
   Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Senador Roberto Camacho Weverberg:
    Señor Presidente, no se preocupe. Era solamente una moción de procedimiento. Está citada la audiencia por
iniciativa del Senador Darío Martínez para escuchar a los invitados. Algunos funcionarios y otros que no son
funcionarios. Porque según entiendo doctor Darío Martínez, quería contribuir en mayor ilustración no solamente a
nosotros mismos, sino a la opinión pública sobre este Galimatías en que se ha convertido este proyecto por exceso de
fervocidad y por la falta de espíritu averiguativo de los medios de comunicación sobre las realidades que aquí se
están manejando.
    Pero ya habrá oportunidad señor Presidente, de estos debates. El señor Defensor ha hecho una pregunta técnica
pertinente para que el Senador Moreno de Caro en la redacción del artículo cuando llegue el debate, cuando
lleguemos allá pues miremos cómo se adecua su propuesta si es que va a tener éxito o no. Eso es todo, pero no es
para formar aquí un debate altisonante y cada vez que hay unas cámaras aprovechar, ya falta mucho tiempo para el
debate.
    En el articulado también voy a tener que decir muchas cosas, por ejemplo ese titular del tiempo de hoy, eso no se
puede quedar así. Eso de que unos Senadores descubrieron dizque un mico, eso lo vamos a despejar debidamente.
Pero eso tendrá su oportunidad señor Presidente, pero estamos en buenas manos porque estamos presididos por una
persona a que el doctor Moreno de Caro calificó de godo fachista, como se hace en Colombia con toda la gente que
procede con autoridad en el cumplimiento del principio de eficacia de un debate, pero si eso se entendía de esa
manera, realmente me da envidia que no me la haya hecho a mí.
   Recobra el uso de la palabra el doctor Vólmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo:
    Gracias señor Presidente. Ya para terminar, yo Senador Moreno de Caro compartiría su propuesta, obviamente
esto tiene que ser objeto de una mayor discusión, pero de entrada estaría en condiciones de acompañar su propuesta
en tratándose de delitos contra el patrimonio económico, ¿por qué? Porque el artículo 38 de la Ley 600 vale decir el
Código de Procedimiento Penal del año 2000 vigente, con excepción de los distritos judiciales de Bogotá y del Eje
Cafetero, prevé que la indemnización integral del daño causado extingue la acción penal.
    Artículo 38. Y por su parte el artículo 42 del mismo estatuto, en tratándose también de delitos contra el
patrimonio económico, no hace consideraciones en el tema de la cuantía y creo que también incluye el homicidio
culposo y demás, pero yo le hago esta reflexión final: sí señor. Si hay condenados por delitos contra el patrimonio
económico, si una persona fue condenada por encontrarse incursa en un delito contra el patrimonio económico, uno
pudiera concluir que si lo condenaron fue porque de algún modo no pudo resarcir el daño.
   Vale decir estaba en imposibilidad de hacer efectiva la indemnización de que hablan los artículos 38 y 42 del
Código de Procedimiento Penal.
    O sea que si la indemnización es integral, se extingue la acción penal, y sino ha procedido a hacer efectiva la
indemnización es porque están en imposibilidad económica de hacerlo.
   Yo creo que en ese tipo de eventos, en esa hipótesis que estamos contemplando aquí, podría acompañar su
propuesta de proceder a algún tipo de rebajas de penas Senador Moreno de Caro.
    Finalmente honorable Senador Rafael Pardo, ya para terminar, quiero decirle que el tema de la modificación de
las competencias no resulta apropiado en tratándose de las previsiones de esta ley, porque si bien la propuesta de
creación del Tribunal Nacional, uno le puede encontrar explicaciones, ello necesariamente implicaría también
modificar la Ley 270 de 1996, vale decir la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
   Y ese tribunal de acuerdo con sentencias proferidas, con nuestro Tribunal Constitucional, no puede facultarse
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para actuar como tribunal de primera instancia Senador Pardo, si usted me escuchara yo le agradecería.
    De acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional, no se puede crear un Tribunal con jurisdicción en todo el
territorio nacional, al que solo se le establezca la primera instancia, así ha sido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Ese tribunal solo podría justificarse de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si
se prevé como segunda instancia. El Tribunal Nacional que usted propone crear en la ponencia que ha sido
presentada a la consideración del Congreso, de manera que en esos términos yo no encontraría ajustada a la
Constitución quien ha previsto que la posibilidad de crear un tribunal con jurisdicción en todo el territorio nacional y
que no se constituya como segunda instancia, podría atentar contra el derecho de acceso a la administración de
justicia, al derecho de igualdad y al principio de desconcentración previsto en la Constitución Política.
    Ese tribunal podría habilitarse entonces para conocer de procesos de segunda instancia desde el punto de vista
de lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, o sea no podríamos crear un Tribunal Nacional al que
se le señale con competencia conocer en primera instancia de estos procesos.
   Tal como lo prevé la propuesta que usted ha traído al Congreso de la República, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional opina lo contrario.
    Yo creería que es menester preservar la estructura de las competencias vigentes, pero si el Congreso de la
República tiene a bien a través de esta ley especial, señalarle la primera instancia en el conocimiento de estos delitos
a los tribunales superiores de distrito judicial, será decisión del Congreso de la República, no le encontraría yo
problemas de constitucionalidad, como si se los encuentro a la posibilidad de crear un tribunal al que solo se le
señale la primera instancia.
    Ello dificultaría también de alguna manera, lo ha dicho la Corte Constitucional, las dificultades de acceso de
comunidades de los territorios más apartados que tendrían que venir a la ciudad de Bogotá, gentes del Catatumbo,
del sur de Bolívar (…) Y haría más oneroso la posibilidad de acceder a la Administración de Justicia. Yo le
agradezco señor Presidente, la generosidad que usted ha tenido para conmigo en la tarde de hoy y les agradezco
mucho a ustedes de la misma manera que hubieran tenido la paciencia de oír estas inquietudes, comentarios y
reflexiones que solo tienen el propósito de contribuir a la necesidad de fortalecer este proyecto de ley desde el punto
de vista de los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación que tiene que quedar debidamente preservados en
la Ley que habrá de expedir el Congreso de la República próximamente.
    Muchas gracias, señor Presidente.
    La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Germán Navas Talero:
    Doctor Vólmar muy buenos días, yo no creo que la prohibición sea absoluta para los tribunales de distrito
judicial en ser jueces de primera instancia, si su segunda instancia es la Corte, cuando se trata de la calidad del
sujeto activo de la infracción basta mirar cómo a los jueces los procesa en primera instancia el tribunal, lo que
habría y estoy especulando doctor con base en la situación especial del país y teniendo en cuenta ese sujeto activo,
con ciertas condiciones que obligan a hacer un procedimiento especial para ellos, yo no veo por qué, salvo mejor
opinión, no pudiese dársele esa facultad al tribunal para hacer primera instancia en estos casos y me remito a la
inveterada tradición que son los jueces, de los jueces cuado cometen infracciones, valdría la pena que lo estudiara,
antes de una negativa total, señor Defensor del Pueblo.
    También el razonamiento es que los hechos que se van a juzgar son cometidos con anterioridad a la imposición o
a la entrada en vigencia del sistema acusatorio, eso favorece la posición del Senador Rafael Pardo, no se trata de que
cerremos todas las puertas, valdría la pena que ese punto lo miráramos señor Defensor.
    Y otra parte, sí estoy de acuerdo con usted de que el jubileo no es un tema que se toque en este proyecto de
manera que porque no hay unidad de materia se caería. Usted tiene toda la razón como también yo tengo una
sospecha y usted me puede acompañar en ella, que esa rebaja indiscriminada de penas favorecerían ni mas ni menos
que a los narcotraficantes que es lo que el país no quiere y sería un mal mensaje y también hay una cosa que es
delicada acá, si se aplica la teoría de que se trata de una sedición, los estaríamos habilitando para ven ir a sentarse a
compartir con nosotros las curules, es decir, es una manera de permitirles a ellos, a los paramilitares, venir aquí a
desempeñar unas de las posiciones que muchos parlamentarios detentamos con razones distintas a las cuales podrían
llegar ellos acá, eso es lo que temo, pero miremos con cuidado el primer punto, no lo descartemos, señor Defensor.
    Gracias doctor.
    La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Héctor Helí Rojas Jiménez:
    Señor Presidente, más que una pregunta es decir lo siguiente, en el debate de ayer precisamos un tema que es
cuál es el procedimiento que se va a aplicar a la investigación y al juzgamiento de las personas que como autores o
partícipes de crímenes atroces, van a ser beneficiarios de esta ley. Planteamos la discusión del sistema del Código
Penal de 2000 y del sistema del nuevo Código de Procedimiento Penal, perdón y yo quisiera como hacer una
precisión, realmente en el proyecto no estamos diciendo señor Defensor y señores Senadores y Representantes, que a
estos procesos se aplicaría el procedimiento acusatorio que aprobamos para los delitos que se cometan a partir de
2005, lo que se está proponiendo es otro procedimiento, en mi concepto mixto, preponderantemente acusatorio, pero
con algunas instituciones del inquisitivo, hay otros medios que dicen, no apliquemos el Código de Procedimiento
Penal de 2000, nosotros decíamos anoche que mandar estos procesos a una justicia tan congestionada como la
justicia ordinaria con el procedimiento de 2000, es muy probable que estos casos se fallen en cinco, seis, diez años,
yo no sé si eso sería racional y si eso sería bueno, la verdad es que cuando aprobamos con el apoyo del señor
Defensor entre otros, el nuevo sistema acusatorio, lo hicimos diciendo que el Código de Procedimiento Penal de 2000
y los anteriores Códigos de Procedimiento lo que han generado es una congestión inmensa, todo mundo calcula que a
ese sistema para que se pusiera al día e hiciese pronta y cumplida justicia necesitaríamos que en 10 años no le
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llegara un sólo proceso nuevo, será bueno utilizar ese procedimiento para este tema que es urgente que necesita una
solución rápida oportuna, es un interrogante que yo dejo, pero si preciso para quienes hablan de
inconstitucionalidad, de las instituciones de las etapas y de las formas que se utilizarían para juzgar estos procesos
quiero dejar claro que no estamos diciendo que sea el de la Ley 906, es otro procedimiento, en esta ley estamos
creando no los delitos, porque los delitos ya están en el Código Penal, estamos legalizando unas formas de penas y
una formas procesales, pero y entonces las críticas que usted y otros han hecho, me parece que debieran
atemperarlas desde este punto de vista, por decirlo así es un tercer procedimiento, una tercera forma de
procedimiento.
    Yo quisiera por eso señor Presidente, solicitarle un favor, en este tema sería muy importante escuchar al señor
Fiscal de la Nación, tengo entendido que se ha excusado para asistir a esta audiencia. Me dijeron que se había
excusado, al fiscal encargado al doctor Santana, si está excusado, me gustaría y lo propongo formalmente que lo
invitemos para la sesión del lunes a efecto que antes o durante la discusión del articulado, él pueda intervenir porque
es un asunto bien trascendental para la discusión de este proyecto escuchar al Fiscal General de la Nación que por lo
demás tengo entendido, colaboró, participó en la elaboración o en las discusiones del proyecto, entonces yo le
propongo con todo respeto señor Presidente, que se repita esa invitación para que el Fiscal General pueda intervenir
el lunes por la gran importancia que está tomando la polémica que está planteando el señor Defensor y todos
nosotros a cerca de cual sería el procedimiento que se utilizaría.
   La Presidencia interviene para un punto de orden:
    Le propongo más bien Senador Rojas, para no esperar hasta el lunes, que aprovechando la presencia del señor
Fiscal Delegado ante la Corte, el doctor Marín quien ha sido instruido por el señor Fiscal Encargado para que asista
y esté presente aquí, de pronto nos ayudara a absolver esas inquietudes que tenemos.
   La Presidencia concede el uso de la palabra al doctor Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo:
    Termino muy rápidamente para responderle al honorable Representante Germán Navas. Sí, en efecto acepto su
amable invitación a que reexaminemos los alcances de la Sentencia de la Corte Constitucional C-594 de 1998 que se
ocupa del tema en cuestión, vale decir de los alcances de las competencias de los tribunales nacionales con el mayor
gusto honorable Representante Navas, podemos discutir en privado el tema y revisar los alcances de esa sentencia de
la Corte Constitucional. Efectivamente honorable Senador Héctor Helí Rojas, yo creo que no sería incompatible con
los alcances de la nueva ley poder contemplar la posibilidad de agotar reglas y principios de la oralidad y de la
agilidad que debe imprimírsele a estos procesos, pero yo le hago la siguiente reflexión si usted le separa o le quita
mejor la función jurisdiccional a la Fiscalía en estos procesos e instituye la figura del magistrado de garantías que se
ocupará de la legalidad de las capturas y demás, ¿no estaríamos en frente de una especie de adelanto de la entrada
en vigencia del sistema acusatorio? Yo les dejo a consideración de ustedes de la entrada en vigencia del sistema
acusatorio. Si usted le quita la función jurisdiccional a la Fiscalía e instituye la figura del magistrado de garantías
que es lo propio del sistema acusatorio, ¿no estaríamos apuntándole a la esencia de lo que contempla el sistema
acusatorio?
   Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Senador Héctor Helí Rojas Jiménez:
    Con la venia de la Presidencia, yo le prometo que voy a estudiar mejor el tema pero desde ahora quiero insistir
en que aquí no estamos hablando de los delitos que se comenten o se están cometiendo en Colombia a partir del 1° de
enero de 2005, de manera que no estamos adelantando ninguna vigencia del sistema acusatorio en aquellos sitios
donde según la reforma constitucional que hicimos entrara a regir gradualmente hasta que en el 2008 esté rigiendo
en todo el territorio nacional, ese es un tema distinto de los delitos cometidos antes del 1º de enero de 2005 y repito
aquí hay un grupo de delitos y un grupo de delincuentes o de sindicados o de imputados de crímenes atroces y para
ese grupo por unas particulares circunstancias que son distintas de la delincuencia común independientemente de que
unos digan que los paramilitares deben tener condición política y otros digan que no, independientemente de eso aquí
estamos hablando de unos requisitos de un proceso de paz, de unas entregas de bienes de un procedimiento especial
que no es incompatible que no deroga, que no modifica ni el Código de Procedimiento Penal de 2000 ni el nuevo
Código de Procedimiento Penal, simplemente se cogen instituciones de uno y de otro para crear un procedimiento
especial para una especial clase de delitos y para una especial clase de sindicados, con esa precisión me parece que
nos podemos ahorrar muchas discusiones cosa distinta donde usted tendría toda la razón, que dijéramos a esto se
aplicará el nuevo Código de Procedimiento Penal, ahí sí estaríamos adelantando en muchas partes la entrada en
vigencia del sistema penal acusatorio, es lo que yo le podría decir, pero al igual que usted, esos son los temas que nos
van a ocupar en la discusión del articulado y que debemos reflexionar con un poco más de detenimiento.
   Recobra el uso de la palabra el doctor Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo:
    Para terminar señor Presidente, yo sólo quiero dejar estas reflexiones porque hay que precaver algún tipo de
inconstitucionalidad que se pueda presentar en el tratamiento de estos temas, yo comparto sus inquietudes y sus
preocupaciones no veo porqué se oponga la posibilidad de tomar principios y reglas del nuevo sistema acusatorio,
pero si usted le quita la función jurisdiccional a la Fiscalía y adopta la figura del magistrado de garantías, eso en
términos lactos, Senador Héctor Helí Rojas, significaría la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio a mi
juicio, en lo cual puedo estar naturalmente equivocado. Solo quiero suscitar esa reflexión en ustedes.
   Muchas gracias Presidente.
   La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Darío Martínez Betancourt:
    Muchas gracias Presidente, moción de orden para lo siguiente. Yo fui el autor de la citación, para escuchar aquí
en el Senado a todos los altos funcionarios del Estado y a otros funcionarios importantes, fue derrotado, pues
virtualmente pues con la idea que estuvieran aquí los voceros desmovilizados de las autodefensas en Colombia, no
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quiso el Senado, que hubiese sido ideal escuchar a los desmovilizados voceros de esa organización, ya no se pudo
hacer, pero bien, ellos tienen también sus mecanismos de comunicación con la sociedad y con el Congreso y el
Congreso debe estar pendiente de los pronunciamientos oficiales de las autodefensas de Colombia, porque ellos me
imagino están siguiendo el debate minuciosamente por televisión, bueno sería saber señor Presidente, quiénes se han
excusado para que se pueda programar esta sesión en forma ordenada y coherente, quienes están aquí presentes y
quienes definitivamente ya no vienen en el día de hoy. Y además sería provechoso que por Secretaría se ordenara que
los intervinientes dejaran si sé quiere por escrito consignadas sus exposiciones, el señor Defensor del Pueblo tiene
una función importantísima frente a los Derechos Humanos y ha dicho cosas y tales, sería importante que nos hagan
llegar a todos los miembros de las comisiones un resumen de sus intervenciones y ojalá se pueda hacer eso y por
último señor Presidente, se trata de expedir una ley buena que sirva para algo, dentro de los criterios de negociación
política que nosotros apoyamos con las autodefensas y con la guerrilla que la ley sea el resultado de una discusión
dialéctica, provechosa, efectiva, importante y la vamos a votar el lunes, el martes, mejorándola, blindándola como se
ha dicho aquí y en ese propósito pues estas intervenciones son bien provechosas, son fecundas, son bien interesantes
en la discusión del articulado nos van a ser muy útiles, por eso quiero insistirle a ver si es posible a ver si las
personas que van a intervenir nos regalen por escrito el resumen de su pensamiento, eso era todo.
   La Presidencia interviene para un punto de orden:
    Señor Secretario sírvase leer qué altos dignatarios de las Cortes aceptaron asistir y quiénes se excusaron y
quiénes de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades se hicieron presente y cuales se excusaron.
   Secretario:
   Con mucho gusto Presidente.
    El doctor Carlos Isaac Náder, Presidente de la Corte Suprema de Justicia presentó excusa; la doctora Marina
Pulido de Barón, Presidenta Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia presentó excusa; el doctor Luis
Camilo Osorio Isaza presentó excusa, sin embargo está presente el doctor Alonso Marín Vásquez Vicefiscal
encargado; el doctor Edgardo José Maya Villazón presentó excusa, la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, Presidenta
del Consejo Superior de la Judicatura presenta excusa y delega en el doctor José Alfredo Escobar Araújo, Presidente
de la Sala Administrativa y al doctor Temístocles Ortega Narváez, Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
pero hasta el momento no se han hecho presentes, el doctor Carlos José Miranda Melo Presidente del Colegio de
Abogados; está presente desde muy temprano, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, manifestó que no podría hacerse
presente porque viajaba en el día de hoy. El doctor Néstor Eugenio Ramírez Cardona, Presidente de la Federación
Nacional de Municipios, presentó excusa, el doctor Rodrigo Villalba Mosquera, Presidente de la Federación
Nacional de Departamentos, informó que venía pero hasta el momento no se ha hecho presente, el doctor Gustavo
Adolfo Muñoz, Fundación Nueva Esperanza está presente; el doctor Mario Giraldo, vocero Planeta Paz, está
presente; el General en retiro Rafael Zumudio, Presidente de Acores, está presente; el doctor Vólmar Pérez Ortiz,
Defensor del Pueblo, está presente y acaba de hablar; el doctor Francisco Santos Vicepresidente de la República, no
se pudo obtener información si asistía o no; el doctor Marco Gerardo Monroy Parra, Presidente Academia de
Jurisprudencia se excusó y el doctor Jorge Alberto Uribe Echeverría, Ministro de Defensa y Presidente del Consejo
Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal, Conase, se excusó; el doctor
Juan Carlos Vives Menoti, citado, Director Nacional de Estupefacientes se excusó; señor Presidente está el informe
completo.
   La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Armando Benedetti Villaneda:
    Yo quisiera que usted me dijera si estas personas fueron citadas o invitadas al debate, me parece un despropósito
y un desgaste innecesario que una Corporación como el Congreso de la República en sus dos Comisiones Primeras
de Senado y Cámara invite una cantidad de personalidades en un proyecto tan importante y le hagan este desplante
al Congreso de la República, quedamos como unos tontos por tratar de buscar mejores cosas, yo entiendo la muy
buena interdicción del doctor Darío Martínez, pero aún así yo quisiera señor Presidente, que si esas personas han
debido haber sido citadas por qué aquí hubo una audiencia pública, para eso se hizo una audiencia pública para que
hablara cada una de esas personas y hoy para mí hemos perdido un día muy valioso porque hoy podríamos estar
debatiendo y votando el articulado, y no que nos dejaran como las novias de barranca hoy aquí tirados en esta
sesión. Agradezco al Defensor del Pueblo que vino. Me dicen que el de Estupefacientes sí esta citado y entonces yo
quiero ver la excusa de ese señor porque es que desprecia tanto al Congreso de la República, yo quisiera por qué es
que no está aquí, yo voy a llegar hasta la última letra y a verificar si es verdad que es que no viene o es que le da
miedo venir a defender la responsabilidad y el puesto que está haciendo o es que está impedido, cual de las dos cosas
es que le está pasando al señor de Estupefacientes, quisiera entonces señor Presidente, si esto no está funcionando
hoy, entonces queda resuelto este problema, estas personas no quieren concertar con el Congreso, nos toca a
nosotros hacer la tarea y que por favor nosotros mismos no nos pongamos en ridículo ante el país.
   Muchas gracias señor Presidente.
   La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Hernán Andrade Serrano:
    Moción de orden, los temas que aquí cada uno quiere que nos absuelvan los citados e invitados, no son de poca
monta señor Presidente, yo no sé minutos antes y lo reitero, yo necesito la presencia del doctor Vives, para que me
diga cómo está operando la ley de extinción de dominio y si ese aparato administrativo es capaz de absorber,
evacuar, por ejemplo, con el respeto de los ponentes, de mi colega doctor Arcila, la presencia de los Magistrados de
las Altas Cortes es indispensable, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia está congestionada, no evacua buena
parte de sus expedientes, son 3.500 tutelas al año, puede pretenderse que la Sala Plena de la Corte en la misma tesis
que aquí ya se ha expuesto de la congestión pueda evacuar la avalancha de procesos que le vamos a mandar a enviar
en virtud de esta ley. Por eso señor Presidente, concretamente aquí los citados no han sido por capricho o por obra y
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gracia de la televisión, aquí lo citamos porque tenemos razones, mi petición es concreta Presidente, previo a que
comience la discusión del articulado, en mi caso particular hasta que no comparezca en el caso de la Corte Suprema,
en el caso del Director Nacional de Estupefacientes, me abstendré públicamente ante el país de iniciar la votación del
articulado de este proyecto.
   La Presidencia interviene para un punto de orden:
   Sí, Senador Andrade, es la segunda intervención que hace sobre ese particular, yo le voy a rogar a los Senadores
y Representantes miembros de las Comisiones Primeras que utilicemos esta sesión para escuchar a los que se
tomaron el trabajo de venir y atender la invitación que se les hizo, y no dilatemos el trabajo por conducto de las
mociones de orden ni propiciemos debate porque no voy a conceder la palabra para intervenciones que no sea para
preguntas con los intervinientes, queda claro que vamos a escuchar primero a los invitados y con ellos cerraremos el
debate general.
   La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Andrés González Díaz:
    Una moción igualmente en esta reflexión, mire, se ha tocado un tema medular, cual es la del régimen jurídico
aplicable, los días anteriores así se ha señalado, yo lo hice hace dos días y claramente desde luego el acto legislativo
mediante el cual reformamos todo el instituto de la Fiscalía dice que únicamente se aplicará el nuevo régimen a los
delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca y que la aplicación del nuevo sistema se
iniciaría como todos sabemos hacia el futuro, pero se trata de un régimen trancisional, especial, de manera que
nosotros perfectamente podemos hacer una reflexión mucho más cuidadosa para establecer si estos delitos a este
hecho especial transicional, se le puede aplicar como yo creo un régimen sobre medidas en materia procesal, porque
así lo exige la naturaleza específica del asunto porque se trata de desarrollar otra norma constitucional que es el
derecho a la paz, que exige y permite normas especiales, pero allí hay un tema de fondo sobre el cual nosotros
podemos aprovechar este día ya se ha dicho la importancia de estas horas, de estos minutos, ya ha habido una
exposición sobre ese particular sobre el señor Defensor del Pueblo, ya se han planteado algunas de las perspectivas
en esta materia pues aprovechemos señor Presidente, esta oportunidad estando el Fiscal delegado ante la Corte y
cambiemos algunas reflexiones sobre ese punto que nos va a permitir avanzar que si ustedes lo tienen a bien, pues
entramos en el tema.
    Siendo la 1:15 la Presidencia, pregunta a las Comisiones Primeras si sé declaran en sesión informal y estas
responden afirmativamente en forma separada.
   La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Ramiro Marín, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia:
    Realmente por lo informal y en vista de que me llama la atención de la propuesta del Senador Héctor Helí Rojas
de hacerle una invitación formal al señor Fiscal encargado, doctor Alberto Santana para la próxima sesión, no
queremos como fiscalía en vista del compromiso que él tenía, ser inferiores a las circunstancias y hoy estamos así sea
informalmente atendiendo la invitación de los honorables Congresistas. Quiero, en virtud de eso, circunscribirme a
tres puntos que he visto neurálgicos en relación con la competencia, el procedimiento y el tema de la confesión que
han tocado algunos Congresistas. Me refiero al tema del tribunal especial en primer lugar. Pienso que el Congreso,
los honorables Congresistas, deben estudiar con detenimiento la sentencia C-392 del año 2000, por medio de la cual
se declaró la exequibilidad y la inexequibilidad de algunas normas de la Ley 504 de 1999, que era la que recibía
como jurisdicciones especiales la antes denominada jurisdicción regional y allí se decía cómo el hecho de haberle
otorgado competencia nacional a una Sala Penal de Tribunal de Bogotá, cómo ello era inconstitucional porque
violaba los artículos 116, 152 y 153. Repito, eso de que el tribunal de Bogotá, porque la ley estatutaria y la misma
constitucional establece que los tribunales tienen competencia en los respectivos distritos y deja a la creación de la
Sala Administrativa de Tribunales, pero obviamente con competencia distrital y no con competencia nacional, eso
para que evaluemos si es viable o no lo de un tribunal especial y me parece que la norma del proyecto en el que es
ponente coordinador el Senador Mario Uribe y en la Cámara otros honorables Representantes, alude a competencia
de los tribunales de distrito, pero obviamente que por razones de seguridad no serán todos los tribunales de distrito,
se deja a decisión del Consejo Superior de la Judicatura que indique cuáles tribunales, pero el proyecto se cuida en
establecer que el Consejo Superior deberá reglamentar eso antes de cualquier trámite relacionado con la futura ley,
porque si se dejara a merced del Consejo Superior, cada vez que incurra un caso, mandarlo al Tribunal de Medellín
o al Tribunal de Bucaramanga, según conveniencias que no están bien claras o no estarían bien claras, pues sería
manipular la competencia.
    Por eso sencillamente él debe dictar un acuerdo o qué sé yo, cualquier acto administrativo que indique antes de
cualquier trámite con motivo de aprobación de la ley, indicar cuáles tribunales, no sé, ya el tema de la segunda
instancia en la Corte. Yo sugiero y eso lo han dicho aquí algunos Congresistas, en eso hay que escuchar a la Corte
sobre todo por el tema de la Sala Plena que tiene una competencia, tendría una competencia en materia penal cuando
las salas son especializadas, pero yo prefiero en su momento cuando estén los honorables Magistrados de la Corte,
los Presidentes, hablemos de ese tema.
    Quería referirme a algo que dijo el Senador Héctor Helí Rojas de manera muy especial. Mire, al leer este
proyecto advierte que se tomaron prescripciones normativas de la Ley 906, pero no se tomó la Ley 906; además, se
tomaron algunas indicaciones normativas de la Ley 600 pero no se tomó la Ley 600, pero no se tomó la ley 600 y
dentro de las facultades de configuración legislativa que tiene el Congreso, yo no creo que el Congreso para
situaciones y casos especiales no pueda valerse de otras leyes pero sin remitirse a ella. Aquí por eso se hace la
trascripción, este es un estatuto autosuficiente, es un estatuto que hace una regulación integral de la materia y no
remite a la Ley 906; hay la razón por la cual no tendría el escollo de que como la Ley 906 y el Acto Legislativo dice
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expresamente que es para hechos cometidos a partir del 1º de enero de 2005, no tendría ese escollo porque aquí para
situaciones especiales, entre otras, en razón de los actores, en razón de los delitos cometidos, sobre todo en razón del
proceso de paz y en razón de la pena alternativa y otros elementos especialísimos que justifican cualquier diferencia,
como lo tiene dicho la Corte Constitucional, establecer procedimientos especiales, aunque este procedimiento es
posterior a los hechos cometidos, se justifica por razón de los privilegios y las regulaciones especiales que tiene el
proyecto tal como está concebido. De modo que aquí, así hayan normas similares, no se está invocando la Ley 906,
por lo cual sí sería inconstitucional, porque la iríamos a aplicar a hechos cometidos antes, si no que se está
regulando integralmente la materia con una justificación de tipo político, social y con una justificación inclusive de
tipo jurídico respecto del principio de igualdad.
    Finalmente, quiero hacer alguna reflexión sobre el tema de la confesión, tal vez el Representante Luis Fernando
Velasco preguntaba a la Fiscalía si la Fiscalía tenía toda la estructura y la logística necesaria para asumir la
cantidad de investigaciones que surjan por razón de esto. Yo quiero indicarles que el proyecto que he observado al
que me estoy aludiendo, consagra algo que es muy importante en respuesta a los instrumentos internacionales y es
que prevé la posibilidad que una versión libre se confiese pero además, sobre todo el Estado no renuncia a la
investigación a pesar de la confesión, o sea, la opción de tomar solo la confesión, o sea, el hecho de que dependa el
ejercicio de la justicia y la aplicación de esto solo de la confesión de los interesados o dependa además de la
confesión de una aceptación de cargos y de que no se suprima el principio universal de investigación que compete a
las autoridades estatales, en este caso a la Fiscalía.
    Creo que es una ventaja, una ventaja adicional que le veo al proyecto; o sea, no depende solo de la confesión,
puede ser inclusive que consagra la ruptura de la unidad de proceso porque puede ser que la persona o el grupo
acepten unos cargos pero no acepten otros que resultaron merced a la investigación a la cual no ha renunciado el
Estado con este proyecto y en ese caso pues en todo caso habría ruptura de la unidad de proceso y por haber ruptura
los hechos anteriores sí tienen que juzgarse por la Ley anterior que es la 600, pero hay algo adicional y es, me parece
a mí muy atractivo desde el punto de vista político, perdónenme que encare el caso, pero ustedes me llamaron no a
darle fe de la ley vigente si no a que les dijera cómo es que se puede configurar algo, si es que alguna recomendación
se puede dar, por eso lo hablo siendo Fiscal, hablo desde el punto de vista de ustedes que están con la tarea de
legislar. Algo muy importante, no obstante que se haya presentado la ruptura de la unidad de proceso, si la persona o
el grupo, claro, debe ser cada individuo, no acepta ciertos hechos que ya tiene la Fiscalía establecidos, en todo caso
vuelve otra oportunidad y es que si él colabora eficazmente, si él participa en esos hechos que desde principio no
aceptó para su esclarecimiento, entonces pueden volverse a reunir ya no con la figura de la acumulación de procesos,
si no por la figura de la acumulación de penas alternativas. O sea, en conclusión, si él prestó toda esa ayuda, si de él
depende una colaboración relevante para descubrir los hechos que en principio fueron renuentes y que generaron la
ruptura, se retoma la idea por la figura de la acumulación.
    Yo me refiero específicamente a estos aspectos procedimentales, porque yo sé que sobre ellos habrá otra
exposición un poco más profunda del señor Fiscal encargado en la sesión que ustedes lo van a invitar, pero quiero
indicarles finalmente esto. Es muy importante el artículo 15 del proyecto, porque el artículo 15 del proyecto no se
cruza de brazos frente a la presencia de las personas que se van a someter a este procedimiento, si no que genera la
obligación, este es un principio universal. La obligación de investigar es una obligación que surge como
consecuencia de los principio de presunción de inocencia de no autoincriminación, surge de allí; o sea, es posible
que la persona llegue y acepte y confiese, pero el Estado no puede quedarse cruzado de brazos, debe hacer
confrontaciones; es más, es posible que en eso surjan discordancias o fraudes respecto de que se va a confesar y a
quien le conviene, por eso no se denuncia al principio del esclarecimiento de la verdad que tiene el artículo 15 y de
igual manera el artículo 16 en adelante se regula lo de lo referente a la competencia. El 17 dice, versión libre y
confesión, porque la persona debe aceptar o acepta los hechos, pero eso sí, de manera libre, porque es que, "ojo", así
sean de esta clase de delitos recuerden que ellos constitucionalmente no están excepcionados de la presunción de
inocencia y de la no autoincriminación, así sean delitos de autodefensas o delitos cometidos por rebeldes, no están
exonerados de esto ni ningún procedimiento por más audaz que sea podría prescindir de eso.
    Por eso yo pienso que el proyecto que considera las alternativas de confesión o aceptación de responsabilidad,
más posibilidad de esclarecer la verdad, es un proyecto equilibrado acorde con nuestra Constitución. El 17 prevé la
formulación de imputación. ¿Por qué razón? Porque no nos quedamos quietos con la versión libre y lo que él haya
dicho allá, puede ser que la Fiscalía tenga algo más. No, mire, usted está confesando o manifestando o aceptando
cargos por esto, pero tenemos estos otros elementos, estos otros delitos, le formulo imputación por esto y allí es
donde viene si se acepta esa formulación de imputación, se acoge obviamente a los beneficios de la pena alternativa
en los términos que quede aquí definida o no se acoge a ellos. Y lo otro es precisamente lo que les decía, ahora la
aceptación de cargos y la posibilidad de la ruptura en los artículos 19 y 20 cuando ellos no acepten todos los cargos
y la Fiscalía los conozca. Bueno, quiero ser muy breve en esto, no quiero, porque la cuestión es más bien informal,
porque en materia de procedimientos de configuración si en algo la Fiscalía puede aportar estamos prestos y además
que el señor Fiscal encargado ahondara sobre el tema.
   Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Senador Darío Martínez Betancourt:
    Señor Vicefiscal Encargado, me parece muy clara su exposición desde el punto de vista jurídico. Permítame una
pregunta: ¿Usted cree que la elaboración del procedimiento exposfacto a los hechos que ya están consumados,
delictivos, no tengan riesgos de inconstitucionalidad frente al artículo 19 de la Constitución Nacional o quedamos
tranquilos?
   Recobra el uso de la palabra el doctor Marín, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia:
   Muchas gracias, Senador.
                                                                                                                   85
    Yo quiero advertirle lo siguiente: Esta es una convicción, no le veo riesgos por el contexto del proyecto de ley en
la siguiente medida. Mire, el artículo 29 de la Constitución Política habla de la ley previa y es la ley previa para el
acto delictivo y también para el proceso, para la actividad de investigación y juzgamiento; sin embargo, excepciona
en materia de favorabilidad, obviamente las leyes posteriores favorables indicarán si se aplica, no le veo el riesgo
porque la favorabilidad no es un principio aséptico o mejor solo. La favorabilidad tiene que ver con la igualdad
precisamente para facilitar la aplicación igualitaria de la ley, se ha previsto igual principio constitucional de
favorabilidad. Entonces, cuando se están previendo beneficios jurídicos significativos como es la pena alternativa que
se prevé aquí es la compensación para el Estado y para la configuración legislativa para establecer un procedimiento
que se pueda aplicar de manera inmediata y no el procedimiento anterior a estos hechos que tienen que ver con el
orden público y la paz, es la razón por la cual se establece que ese procedimiento no violaría el canon constitucional
relacionando favorabilidad con igualdad. Por otra parte, recordemos que queda a salvo perfectamente, lo cual es
irrenunciable la presunción de inocencia, porque igualmente se habla de versión libre y confesión; o sea, a entera
libertad de él; o sea, aceptación de cargos, aceptamiento que él hace o no hace; o sea, como queda la alternativa de
que si él no acepta este procedimiento que conduce a una pena significativamente menor; o sea, es pena alternativa,
eso lo escoge él libremente y no sería una imposición estatal de decir, es que este procedimiento es así. No, porque si
él dice, yo no quiero acogerme ni a los procedimientos y obviamente tampoco a los beneficios de esta ley, ¿cuál es su
procedimiento? Es la ley anterior, que es la Ley 600. Salvo que el equivocado sea yo, porque usted sabe que esto lo
define la Corte Constitucional, porque esto lo veo de esta manera.
   Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Senador Andrés González Díaz:
    El argumento, porque cuando se trata de plantear la favorabilidad, desde luego que la aplicación en el tiempo
abre un espacio y abre un horizonte; sin embargo, la primera inquietud es que ese argumento sirve no solo para
aplicar la nueva norma sino también la anterior o un estatuto especial, siempre y cuando se mantenga esa
favorabilidad. De manera que yo quisiera oír también su concepto; entonces, ya aplica ese argumento en forma muy
inteligente para que en las nuevas disposiciones. Pero, ¿qué pasa si aplicamos el mismo argumento para un estatuto
especial, acorde con la especificidad de un régimen transicional? Y desde luego en aras de esa pena alternativa se
puede aplicar en un régimen especial porque aquí no solamente estamos aplicando el nuevo estatuto e incluso hay
normas que restringen la oralidad por la defensa de las víctimas, por las circunstancias propias de este proceso que
no admite toda la oralidad que aquí se ha planteado.
    Además, hemos sostenido algunos que alguna de las nuevas normas son tan fugaces en materia de términos que
pueden restringir el espacio que se exige para la investigación, tema este que ya entraría a tocar el alcance del
acceso a la justicia que es uno de los estándares internacionales en esta materia. Si uno compara los términos de
investigación, los plazos de investigación que existen en el nuevo estatuto con respecto a los del anterior, podría
cotejar fácilmente que se reducen de tal manera que delitos complejísimos como los que aquí se están investigando en
aras de la mayor eficiencia y rapidez, podrían asfixiar un principio internacional en estas materias, cual es el de los
plazos suficientes para que se investiguen los delitos.
    Voy a dar un ejemplo. En algunos países el hecho de que existan pocos fiscales y reducidos plazos para investigar
los temas, así aparentemente en el juzgamiento de un caso individual funcione en la visión colectiva en la necesidad
apropiada de investigación, se estaría alterando el acceso a la justicia y en esta materia no solamente la Corte Penal
Internacional si no la normatividad panamericana en esta materia también resultaría lesionada. De manera que la
primera pregunta para escuchar su concepto, señor Fiscal, va en ese sentido. La segunda, aquí se ha mencionado que
sí existe confesión, escuchábamos al señor Ministro la noche de ayer en esta materia. Yo sobre este punto discrepo
cordialmente, creo que más que confesión lo que hay es una confesión porque ha colocado la palabra en el acápite
del artículo y creo que es el artículo 17 y cuando uno lo lee se desarrolla una figura totalmente distinta, porque es
precisamente la confesión se requiere o se necesita cuando el Estado no tiene, no ha copiado los elementos de prueba
para poder esclarecer un hecho y entonces, pues, por un lado la parte de la imputación si ya el Estado tiene los
elementos de juicio, pues la persona acepta o no, pero la confesión tiene un alcance mucho mayor y desde luego
admito la discusión que existe desde hace muchos años en el sentido si aquí hay autoincriminación o no pero resulta
que cuando la persona acude a confesar, acude libremente a acogerse al sistema, nadie le está diciendo, usted está
obligado a confesar. No, si no quiere confesar, pues simplemente no se somete a esta tercera vía de beneficios
penales, se mantiene con la aplicación del régimen ordinario, pero además, la confesión que se plantea en el proyecto
diferente al del Gobierno es una confesión plena.
   Aquí hay otros artículos claramente que establecen que sí aparecen otros delitos respecto de los cuales no
hubiese existido versión o anuncio, pues que simplemente si hay colaboración con la justicia se produzca una
acumulación y siempre dentro de los límites de cinco y diez años, de manera que no le estamos dando el peso que se
requiere a la confesión plena porque simplemente uno podría tener dos vías, o hay confesión plena y quien no lo
hace, que no es leal con el sistema de justicia, pues no recibe los beneficios penales y otra forma de tratar el tema
como está en el proyecto que ha sido elaborado con el concurso del Gobierno es que se haga una versión libre, se le
denomina, vienen los beneficios si se da esa versión, pero si en el camino y si luego aparecen otros delitos, pues no
pasa nada y no pasa nada porque si se presenta colaboración con la justicia se puede acumular y se pueden acoger al
mínimo y al máximo como claramente está en otras de las disposiciones. De manera que me parecería muy
importante oír una opinión tan ilustrada en esa materia.
   Recobra el uso de la palabra el doctor Marín, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia:
   Bueno, muchas gracias, Senador.
    Lo primero, es imposible en cualquier intento legislativo eludir el principio de favorabilidad porque esta es la
parte dogmática de la Constitución y en cada caso concreto los funcionarios tendrán que determinar qué es más
                                                                                                                     86
favorable o menos favorable, lo que sí tiene dicho la jurisprudencia en torno al principio de favorabilidad, lo que yo
no puedo hacer so pretexto de aplicar favorabilidad es que yo como juez o como fiscal me invente un estatuto con una
mezcla de uno y otro, porque eso sería, lo hago no porque usted lo esté proponiendo, Senador, sino que le quiero
significar eso... que no me convierta en legislador. Me refiero al caso concreto cuando vaya a aplicar la
favorabilidad, no porque la favorabilidad es un tema de aplicación de la ley, "ojo", la favorabilidad no es un tema de
regulación legislativa; o sea, la favorabilidad ya está en la Constitución y está en los distintos estatutos, el problema
ya es aplicación de la ley, "ojo", la favorabilidad no es un tema de regulación legislativa; o sea, la favorabilidad ya
está en la Constitución y está en los distintos estatutos, el problema ya es aplicación frente a tránsito de legislación,
en mirar cuál es más favorable o no.
    Le quería significar es por ejemplo, tuviéramos el caso exótico de que alguien se acogiera a este estatuto, pero
solo respecto de la pena alternativa que le es más favorable, eso sí, pero aplíqueme el procedimiento de Ley 600. No
es posible, porque a pesar de que son dos cosas que están en leyes diferentes con sentidos políticos y jurídicos
diferentes, y eso sería que el juez del caso o el fiscal del caso que se atreva a hacerlo estaría legislando. Quiero
significarle eso para dejar ya más amplia la discusión de ustedes respecto de la favorabilidad, hay que aplicar el
estatuto por el cual se opte, hay que aplicarlo integralmente, cierto, hay que aplicarlo integralmente.
    Yo quiero hablar un poquito más sobre la confesión, no quiero meterme más en las honduras del punto, porque
quiero respetarlos profundamente, pero quiero decirle esto, mire, la opción de llegar a un estatuto especial de estos a
través de la confesión o de la versión libre o de la aceptación de cargos es una opción libre. Estamos de acuerdo,
pero cuando estamos en el escenario de una confesión lo que se va a decir sigue siendo libre, no solo la opción inicial
de ir allá sino lo que voy a hablar en el curso de la diligencia en la cual me escucha el Fiscal, sigue siendo libre, no
puede haber ni apremios ni sugerencias ni nada de eso.
    Quiero dimitirlos a una sentencia de la Corte Constitucional para que ustedes lo valoren. Del año 1998, creo que
C-348, en la que el Código de Procedimiento Penal de 1991 decía, le decía al sindicado en ese entonces, en ese
entonces se llamaba sindicado, hoy hablamos de imputado, usted en la indagatoria declara libremente, eso sí, se le
advierte que debe decir la verdad, mejor comprométase con la verdad y ojo, que el hecho de que usted no cuente
todas las cosas lo puede privar de medios de defensa. Así decía la norma y eso dijo, vea, de manera abierta o de
manera encubierta es una manera de presionar la voluntad. Entonces, pongámosle cuidado a lo que se va a decir en
torno a la confesión, si la confesión tiene que ser muy plena y muy integral o si no de todas maneras usted no tiene
derecho a esto; pues miremos si en todos los momentos en que él interviene cuando se acoge a la ley o cuando rinde
la diligencia, no sé cómo la van a llamar finalmente, de versión para confesar cualquier sugerencia legislativa o
judicial que enrarezca la libertad del individuo para renunciar a su derecho de la no autoincriminación, es violatoria
de ese principio que está previsto en el artículo 33 de la Constitución Nacional.
    Ahí dejo mis argumentos, obviamente que esto generará una discusión más álgida entre ustedes que son los que
tiene el deber y la gran responsabilidad.
    Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Héctor Helí Rojas Jiménez:
    Es que yo, no es para interrogarlo, sino para decirle, pues, que si tiene más cosas que decirnos al respecto, me
parece muy importante por lo siguiente: Hay que aprovechar esta explicación tan sencilla, tan clara del señor
Vicefiscal Encargado. Lo que uno no puede pretender es aplicar pedazos de ley; es decir, que haya gente que diga,
aplíqueme un pedacito del código del 2000, otro pedacito del código del 2005 y otro pedacito de la Ley de
Alternatividad, porque ahí no logra entender ni la favorabilidad ni el juez natural ni nada; es decir, la favorabilidad
es un problema también de interpretación de quien aplica la ley porque encuentra que frente a un caso concreto
puede aplicar dos leyes, o aplica en Código Penal o aplica el nuevo sistema o aplica la Ley de Alternatividad. El
conflicto es entre leyes, no entre pedazos de leyes. Entonces, por eso su intervención me parece tan valiosa porque
eso es lo que nos justifica que hagamos un procedimiento especial que de manera integral nos regule el
procesamiento de esta clase especialísima de delitos.
    Por eso es que no podíamos decir o no podemos decir, como le oía a algunos colegas, que una parte con esta ley
y otra parte con el código del 2000; no podemos hacer eso, o dejamos el del 2000 o aplicamos el acusatorio a pesar
de la salvedad esa de que puede ser inconstitucional o aplicamos un nuevo procedimiento que integralmente nos
regule la materia. Entonces, esa precisión me parece muy valiosa y se la agradecemos, señor Vicefiscal, porque por
lo demás tendríamos que decir que en el tema de la favorabilidad y en esto es donde de pronto usted nos podría
ayudar más, ¿qué es lo que va a llegar a esos procesos? No puede haber proceso sin una información, sin una noticia
de un crimen y, ¿cómo sería la noticia criminis en este caso? Porque la Fiscalía tiene ya conocimiento de algunos
hechos que son constitutivos de delitos atroces cometidos por los miembros de los grupos alzados al margen de la ley,
es verdad, muchas personas deben estar allá, siendo investigadas oficiosamente por otra información en este
momento. Entonces, la primera clase de casos que llegarían es esos que tiene la Fiscalía y allí el individuo no puede
llegar, perdóneme el término, "a tomar del pelo", porque si él llega y dice, yo cometí esta masacre y me voy a referir
a esta masacre y resulta que la Fiscalía sabe de tres masacres, pues si el individuo obra con lealtad procesal tiene
que referirse a las tres masacres y si se refiere a una sola y toma del pelo respecto a las otras dos, le puede ir
supremamente mal porque a esas dos que se calla si la Fiscalía oficiosamente le logra demostrar participación y
responsabilidad, pues le va a aplicar el Código Penal, ahí no puede decir que le aplique esta ley y que luego el
Código.
    Yo creo que esto es l o que va a forzar a la gente a que llegue a contar todo, la gente respecto de que la Fiscalía
ya tiene conocimiento de alguna información criminal, puede llegar otra gente que esté en el listado que pase el
Gobierno, pero esa gente del listado que pase el Gobierno, que será el filtro del listado que pasen los grupos que
piensen acogerse a la nueva ley, es una gente que tiene que llegar a contar algo, porque sería inconcebible que en el
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grupo pase alguien que no tiene nada que contar o que el Gobierno incluya a alguien que no tiene nada que contar.
Si lo que nos va a contar es que pertenece a un grupo al margen de la ley, pues ese simple hecho no es un delito atroz,
eso sale por Ley 782, se supone que si va en la lista va a contar cosas y cosas muy graves, delitos atroces. Me parece
que eso hay que precisarlo porque no todo el mundo va a poder entrar a esa lista, por esos filtros, el que piense llegar
a "tomar del pelo" le va a ir muy mal y el que no tenga nada que contar, nunca va a ir allá, porque a qué va, a cuál
proceso si no tiene nada que informar y la Fiscalía no le sabe nada.
    Esas precisiones me parecen importantes porque en este caso, señor Vicefiscal, me parece que su intervención
precisa la necesidad de un procedimiento integral y yo diría en últimas que por eso rechazo las argumentaciones que
se han presentado como tratando de desprestigiar el sistema acusatorio y de desprestigiar el sistema que se piensa
crear aquí. Es que hay gente que afirma que en este sistema no hay verdad, eso pues filosófica y académicamente es
un absurdo. Tanto en el sistema inquisitivo como en el acusatorio se persigue la verdad y si no, ¿qué estamos
haciendo? En uno y en otro estamos reconstruyendo hechos, reconstruyendo verdades, en algunos por la confesión,
en otros por pruebas que levanta la Fiscalía, pero en ambos sistemas se persigue la verdad, obviamente la verdad
procesal, que no la verdad real. Ojalá algunas veces llegue la verdad real, pero siempre es una verdad procesal, que
es una verdad mediática, transformada por el lenguaje, transformada por el mismo quehacer judicial.
     ¿Qué dice el abogado? Dice, aquí traigo los hechos, señor Juez. ¿Dónde está el cadáver o el cuchillo? Ahí no van
los hechos, hay van unas declaraciones, hay van unos folios; o sea, es una verdad procesal, pero es tan verdad en el
sistema acusatorio como en el sistema inquisitivo. No es justa la crítica de que en este nuevo sistema no habría
verdad. En los dos hay verdad, que ya en materia de principios se diga el fundamento del proceso inquisitivo, el
principio básico es el de la verdad y en el del acusatorio el principio básico es el de la imparcialidad, eso es distinto,
porque si uno entiende con claridad eso es lo que le permite hablar como ha hablado usted, que en eso a todos nos ha
dado temor, a esas personas hay que juzgarlas respetándoles ciertos derechos constitucionales que no por el hecho
de cometer delitos atroces se les pueden desconocer. Si uno parte de la base de que aquí no hay presunción de
inocencia, de que aquí no hay contradicción, de que aquí no hay publicidad, pues eso no es justicia. Yo quería
entonces aprovechar su intervención para precisar esto que nos servirá ya para la discusión del articulado.
    Gracias, señor Presidente.
   La Presidencia ofrece el uso de la palabra al General en Retiro, Rafael Zamudio, ex Ministro de Defensa,
Presidente de Acore:
   Señor Presidente de la Comisión Primera del Senado, Señor Ministro del Interior y de la Justicia, honorables
Senadores y Representantes:
    Vengo a esta invitación en mi condición de Oficial retirado de las Fuerzas Militares, Presidente actualmente de la
organización que agrupa a los Oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Una organización de tipo gremial
pero cuyos objetivos no son esencialmente la reivindicación de los derechos de los asociados sino fundamentalmente
mantener nuestra preocupación por los altos intereses del Estado. Agradezco esta oportunidad que se me brinda para
volver nuevamente a este recinto que me trae gratos recuerdos de cuando aquí acudía en mi condición de Ministro de
la Defensa Nacional, a responder puntualmente a todas las citaciones o a los debates. No voy en realidad a dar
opiniones, simplemente voy a referirme a algunas reflexiones y preocupaciones. Estas expresiones no serán
primordialmente en el ámbito jurídico sino serán producto de la vivencia, de la experiencia de los cargos ocupados,
los conocimientos adquiridos y de haber sido víctima también de un atentado por parte de un grupo armado ilegal
producido aquí en la capital de la República hace muchos años. He perdonado, no escuché en la ley que decretó la
amnistía o el indulto de la confesión de quienes participaron en esta acción, pero sí he perdonado y estoy dispuesto
también a olvidar a sanar las heridas que me quedaron en el cuerpo y en el alma de soldado. Corresponde mi
intervención a las preocupaciones de lo ocurrido en otros países y otros conflictos por los hombres y las instituciones
que han cumplido la misión constitucional con el mayor sacrificio y entrega en defensa de nuestro pueblo frente a las
agresiones que adelantan las organizaciones al margen de la ley. No entraré, por consiguiente, a analizar cuál
debería ser la duración de las penas, si un mínimo o un máximo de cinco o de ocho años ni a la exigencia de la
confesión o a la versión libre o la delación también que se pueda dar dentro del proceso, ni a la devolución de bienes
ni a ninguno de estos aspectos, como aquí hemos escuchado por parte de otros funcionarios. Nosotros los militares
conocemos los horrores de la guerra y somos quienes más estamos pendientes de la consecución de la paz.
    Este tema del proyecto de ley o esta ley, no es común, no es del trajín diario del Congreso de la República, hay
quines dicen que a lo largo de nuestra vida republicana se han dado 65 amnistías y no sé cuántos indultos; por
consiguiente, yo entiendo y creo que el pueblo colombiano entiende estos debates, estas controversias, estos
desacuerdos, porque es apenas natural en un proyecto de ley de tanta trascendencia para nuestra reconciliación.
Debemos y así lo entiendo, que este proyecto y así también lo ha manifestado el Gobierno, no es solamente para las
Autodefensas, sino es para cualquier grupo armado ilegal. Cómo sería de interesante que en este momento también
de manera simultánea a lo que se está dando en Ralito con las Autodefensas, también pudiéramos estar dando en
otros escenarios una desmovilización o un proceso con relación a las FARC y al ELN, porque yo creo que a veces
aquí en estos debates le quedaría a uno la sensación de que hay a veces tendencias de que este es un proyecto
solamente para los paramilitares o para las Autodefensas y el Gobierno lo ha dicho y así lo debemos entender, que es
para cualquier grupo armado ilegal. El mismo texto del proyecto define qué debe entenderse por grupo armado
ilegal.
    Debo mirar con preocupación que dentro del texto se señalan unos requisitos que aparentemente pueden darle el
estatus de beligerancia a estos grupos armados; sin embargo, el proyecto mueve muy sutilmente lo que dice el
Protocolo 2 de la Convención de Ginebra y la misma Ley 782, cuando dice que tengan un mando responsable. El
proyecto actual dice que hagan presencia en una zona de territorio o en el territorio nacional. Las otras normas
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hablan de control de un territorio que es muy distinto a la presencia en un territorio como es el nuestro y habla
también que se tenga la capacidad de conducir operaciones sostenidas; esos requisitos hay que mirarlos o estas
exigencias que se le dan porque nos coloca peligrosamente en el campo del estado de beligerancia.
    Conviene igualmente que yo plantee o trate de resolver alguna pregunta o alguna inquietud del honorable
Senador Darío Martínez, que me pareció leer esta mañana o ayer en el periódico El Tiempo, de, ¿cuál es la situación
de los militares condenados? Difícil indudablemente saberla de una manera cierta y precisa he pedido a la justicia
penal militar y no ha sido posible que me den una información cierta y precisa. Igualmente a la justicia ordinaria a
través de la Fiscalía o de la Procuraduría, porque creemos nosotros que no se pueden reunir ni confundir a los
integrantes de la Fuerza Pública con los miembros de los grupos armados al margen de la ley, pensando en cualquier
momento que puedan involucrarse en este proyecto de ley o adicionándose en el mismo. Los militares cuando han
cometido algún delito han enfrentado las investigaciones y el resultado de los procesos penales han sido acatados,
nunca la Institución Castrense ha negado los errores cometidos y la política ha sido reconocer las circunstancias
delincuenciales dentro de las cuales se han visto incursos miembros de la Fuerza Pública e invariablemente ha
respaldado esas decisiones judiciales.
    La experiencia nos enseña y es una grave preocupación que tenemos que los peores librados en los procesos de
paz han sido los militares a quienes finalmente se cargan con el peso de la supuesta verdad histórica, crímenes de
guerra, secuestros , desapariciones, desplazamientos, etc. Las Fuerzas Militares han actuado en todas las
circunstancias, en toda época y en todo momento, así como en todas las operaciones en cumplimiento de órdenes y
autorización bajo la responsabilidad primaria de la autoridad civil o del poder civil. Este debe ser el punto de
partida, señores Congresistas, el punto de partida filosófico, político y legal, nunca las tropas han actuado
independientemente y muchísimo menos al margen del conocimiento de la autoridad civil. Dice el proyecto y define:
¿Qué debe entenderse por víctimas? En mi organización estamos pendientes y haciendo las investigaciones para
saber cuántas víctimas, familiares, dentro de las exigencias del proyecto de militares que han sido víctimas de este
conflicto. Son innumerables, son miles y están dispuestos a acudir también a los estados judiciales a que se les
garanticen los derechos que el proyecto consagra en el Capítulo VII como derechos de las víctimas.
    Finalmente, señores Congresistas, nuestra organización por lo tanto apoya, respalda y colabora con la decisión
del Gobierno Nacional para que a través de un proceso legal, acorde con la Constitución, permita obtener la paz y la
tranquilidad que los colombianos deseamos y la reincorporación a la vida civil productiva dentro de la sociedad de
los miembros de esas organizaciones armadas al margen de la ley.
   Muchas gracias por su atención.
   La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Darío Martínez Betancourt:
   General, muchas gracias por haber venido y haber atendido esta invitación que hicieron las Comisiones
Primeras.
    Créame que yo comparto lo último que usted acaba de informar, en eso ha sido usted muy concreto, existe la
creencia equivocada de que víctimas de este conflicto armado solamente es la sociedad civil y eso no es cierto, aquí
excluyen a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Militares y ellos son los directamente afectados como víctimas pero
no como el proyecto lo establece, tiene una concepción precaria y estrecha de la concepción de víctimas, como lo
señaló el señor Defensor del Pueblo en lo cual yo estoy de acuerdo. La Corte Constitucional en dos sentencias ha
explicado qué se debe entender por víctimas, habla de las víctimas y de los perjudicados y habla de los
causahabientes, no del primer grado de consanguinidad a que se refiere el proyecto. Eso me parece que es reducir el
derecho a reparación de las víctimas y como yo estoy de acuerdo con su planteamiento, vale la pena que en las
normas respectivas una vez que se inicie la votación artículo por artículo a partir del día lunes, usted le sugiriera un
articulado claro, preciso, sobre el derecho inalienable que tienen los perjudicados y las víctimas del conflicto armado
refiriéndose concretamente a las Fuerzas Armadas. Créame que yo comparto eso y lo voy a apoyar con entusiasmo.
   La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Carlos José Miranda Melo, Presidente del Colegio de
Abogados de Bogotá:
   Sea lo primero a nombre del colectivo, Colegio de Abogados de Bogotá, presentar un respetuoso saludo a todos y
cada uno de los presentes y agradecer en forma muy particular esta amable invitación.
    Por respeto al tiempo para el estudio y análisis de esta próxima ley de tanta trascendencia, me he permitido
escribir mi pequeña intervención. Con la venia de la Presidencia y de todos ustedes me voy a permitir leerla.
   Señores Presidentes de la Comisión Primera del Senado de la República, honorables Senadores y Representantes
miembros de la Comisión, honorables Senadores y Representantes ponentes de los diferentes proyectos de ley,
señores invitados especiales:
    En nombre de la Entidad que Presido, el Colegio de Abogados de Bogotá, me es grato dirigirme a tan distinguido
auditorio para expresar la opinión de este colectivo de abogados en cuanto se refiere al proyecto de ley de justicia y
de paz.
    Desde su fundación, el Colegio de Abogados de Bogotá ha sido una entidad privada sin ánimo de lucro, sin fines
políticos o partidistas, con una conciencia de labor social caracterizada por un claro enfoque hacia la ética en la
profesión de los abogados, por lo que velamos por una exigente preparación y rigurosa aplicación de los
profesionales que son administrados todos como colegiados. Es así como al margen de las posiciones que estén
tomando los ponentes, las cuales merecen todo nuestro respeto, siento la necesidad de tocar este tema desde el punto
de vista jurídico y más exactamente enfocado hacia el respeto y la aplicación de los derechos del sindicado y los
principios fundamentales del derecho penal. Es decir, voy a hablar de lo general y de aplicación prácticamente
universal, a fin de que no se busque con este proyecto favorecer a unos y lesionar a otros, sino simplemente dar un
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marco de legalidad y respeto hacia los derechos humanos y el debido proceso.
    Citando a GETT, tantos si se ha de castigar, como si se ha de tratar con dulzura, debe mirarse siempre a los
hombres humanamente. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo sin importar lo grave o lesivo para la
humanidad que sea el delito del cual se le acusa, aquí está implícito el derecho al debido proceso incluidas todas las
garantías que el Estado le brinda a cualquiera de los inculpados, sin consideración al motivo que haya tenido para
delinquir o a su filiación política o creencia religiosa o social. Tiene derecho a conocer los cargos que se le imputan,
a defenderse personalmente, a un abogado gratuito cuando sea necesario, a gozar de ese derecho sin demora y
cuando el acusado no hable el idioma de la Corte o Tribunal, a tener un intérprete que lo asistirá de forma gratuita, a
no auto declararse culpable o a brindar testimonio en su contra, a interrogar a los testigos que tenga en contra y a
los que obren a su nombre, a conocer de la normatividad jurídica aplicable para su caso y a conocer y apelar la
sentencia ante un superior, un juicio justo, respetables Parlamentarios, no es perdonar delitos de lesa humanidad, es
darle al procesado todas las garantías para que por el hecho de ser sometido a la justicia, sus derechos no sean
vulnerados.
    Ahora bien, si de lo que se trata es de perdonar, conviene recordar que en este Estado Social de Derecho que
solamente la Constitución Política, la norma que permite realmente dar un giro a la situación jurídica del implicado
con las características de volver a quedar sin asuntos pendientes por resolver con la justicia. Recordemos, aunque
aquí tenemos un equipo brillantísimo de juristas, los principios fundamentales del Derecho Penal, que de paso están
prescritos por el Derecho Internacional Humanitario, como son: Nullum crimen sine lege: Si el delito no está
expresamente tipificado en la ley, no existe. Nulla poena sine lege: La ley debe dar los plazos de ejecución de la pena
por el infractor. Non bis in ídem: Nadie puede ser juzgado dos o más veces por el mismo delito. Indubio pro reo:
Toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Por último, el derecho a no ser condenado
por un delito, excepto sobre la base de la responsabilidad penal individual.
    Debemos también recordar que estos procesos deben estar enfocados a una reconciliación en busca de la paz con
todos los sectores al margen de la ley para que estos se acojan si lo desea; es decir, que haya igualdad para todos.
Consideramos un deber recordar que no se pueden invocar en ningún caso circunstancias de índole espacial o
excepcional para castigar a unos y perdonar a otros, porque esto significaría una violación a los derechos y
garantías de las personas que no sean llamadas a participar de este proceso.
   Muy amables, muchas gracias, honorables Senadores y Representantes.
   La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Mario Giraldo, Vocero de la Organización Planeta Paz:
   Buenas tardes, señor Presidente, señor Ministro, honorables Parlamentarios de Senado y Cámara, respetables
amigas y amigos invitados.
    Vengo en nombre de un espacio denominado Grupo de Paz del Proyecto Planeta Paz, donde confluyen una serie
de líderes y de activistas del movimiento obrero campesino, del movimiento comunal cívico, ambientalistas, mujeres
organizadas, red de emisoras comunitarias, entre otros y lo señalo de entrada porque es precisamente en estos
sectores populares donde encontramos que hay una gran confusión, dada la falta de coherencia que en las últimas
semanas ha acompañado a todo este proceso de elaboración del proyecto que tenemos en cuestión. En ese sentido
nosotros pensamos y así lo hicimos conocer en nuestra cuarta declaración, que lo que espera la sociedad y los
sectores populares, es en primer lugar que todo este proceso conlleve a un desmonte real, total y efectivo del
paramilitarismo en Colombia y para lograrlo pensamos que es indispensable que jueguen los ejes fundamentales de
la aplicación de verdad como verdad integral, justicia y reparación y en esto de la verdad pensamos que en general
todo está dirigido al establecimiento de la verdad penal, al establecimiento desde el punto de vista jurídico, pero no
al establecimiento de la verdad histórica y pensamos que si se piensa en el desmantelamiento total del
paramilitarismo como una experiencia atroz y desangrante de Colombia y como una ofensa grande, enorme,
descomunal para la condición humana a través de los delitos de lesa humanidad y los delitos atroces que se han
cometido, es necesario que se establezca la verdad histórica porque ese desmonte del paramilitarismo tiene que
producirse también en el desmonte de sus redes de apoyo, en el desmonte de sus auspiciadotes, en el desmonte de
organizaciones, personas, individuos, sectores privados, estatales, etc., que hayan podido tener cualquier implicancia
en el surgimiento con sentimiento de apoyo y desarrollo del paramilitarismo en Colombia y no encontramos que haya
realmente un énfasis en el proyecto y un énfasis en quienes defienden el proyecto en el sentido de establecer esa
verdad histórica. Sin esa verdad histórica, pensamos que muy seguramente lo que va a suceder es que va a haber una
especie de reingeniería del paramilitarismo, que va a haber situaciones dentro de las cuales se va a limitar todo este
proceso a una entrega de armas y no a una verdadera desmovilización y desmonte de lo que ha sido un elemento tan
grave en la historia de Colombia. Al respecto pensamos que es indispensable la conformación de una comisión de
verdad y esclarecimiento histórico que garantice completa imparcialidad y credibilidad, una comisión de verificación
que implique la participación directa de las víctimas individuales y colectivas de todo este proceso de desangre en
Colombia.
    Pensamos que los procesos penales deben adelantarse hasta su culminación, de principio a fin y diseñar
instrumentos jurídicos y políticos que garanticen la seguridad de las víctimas, la seguridad de los testigos, la
seguridad de quienes vayan a colaborar de una o de otra manera en el establecimiento de la verdad jurídica y de la
verdad histórica, que se establezcan mecanismos para el diálogo permanente e independiente entre el Estado, las
organizaciones sociales y populares para hacer un seguimiento eficaz y efectivo al proceso de manera rigurosa.
    Pensamos que se requiere que durante la negociación se garantice el estricto cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario y las condiciones que inicialmente se plantearon, por lo tanto, de cese al fuego y que no
ha sido realmente eficaz, no se ha cumplido realmente con ese requisito. Al aplicar justicia pensamos que debe
establecerse la libertad condicional, no debe establecerse libertad condicional para delitos atroces y de lesa
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humanidad, esto solo podrá ser posible mientras, no será posible mientras no se haya cumplido por lo menos la mitad
de la pena teniendo en cuenta que el proceso de penalización debe ser completo de principio a fin (...), el mismo
tiempo de duración de la sanción y obviamente su no vinculación a organismos de la Fuerza Pública. Y en la
reparación pensamos que es indispensable que se hable de una reparación oral, material y simbólica. Que implique
la creación del fondo público de reparaciones destinado exclusiva y excluyentemente al pago de indemnizaciones, la
adecuación de tierras que sean devueltas a hombres y mujeres propietarios o posesionarios originales, a la
recuperación y la preservación de los recursos naturales y el retorno de los desplazados.
    Creemos que en realidad como está hasta el momento el proyecto, en lugar de un proyecto de verdad, justicia y
reparación, lo que se está planteando, lo decimos con todo respeto por el esfuerzo que hacen los Parlamentarios, que
hacen los autores de las ponencias, etc., pero pensamos que antes que ese proyecto de verdad, justicia y reparación,
se está manejando un proyecto de perdón, olvido e impunidad.
    Desde estas organizaciones sociales populares que concluyen entonces en el Grupo de Paz, de Planeta, insistimos
en un proyecto de verdad, justicia y reparación como constancia histórica que quizás pueda ser considerada en los
debates posteriores del Congreso de la República, dada la enorme responsabilidad histórica que ha caído sobre sus
espaldas en este momento o eventualmente en un futuro por la justicia internacional. Muchas gracias.
   La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Gustavo Adolfo Muñoz, Fundación Nueva Esperanza:
    Antes de empezar mi intervención, agradeciéndole al doctor Navas, al doctor Martínez, la invitación que me han
hecho. Quiero empezar esta exposición mostrándole al honorable Senado de la República unos apartes del drama del
secuestro.
    Ya se está alistando la máquina. Bueno, mientras va estando la máquina, les voy comentando. Yo soy el
Presidente de La Fundación la Nueva Esperanza de Secuestrados. La Organización, la Fundación agrupa las
familias que están viviendo y han vivido el drama del secuestro en Colombia, soy el autor del proyecto de ley que
sigue siendo proyecto de ley, infortunadamente y con tristeza lo tengo que decir en este sagrado recinto, estoy
tramitando desde hace tres años para sosegar un poquito el dolor que están viviendo las familias que tienen
secuestrados en Colombia.
   Hasta la fecha no ha sido posible que se le dé segundo debate a este proyecto de ley. Pero espero que en esta
nueva legislatura que va a empezar lo podamos sacar adelante, vuelvo y repito, para sosegar y calmar un poquito el
drama que están viviendo miles y miles de familias en Colombia.
    Cuando empiece el video, que se va a iniciar con una conversación entre un señor de las Autodefensas con el
padre de una niña de escasos siete años que tienen o tuvieron en cautiverio, pero que infortunadamente el papá no
alcanzó a reunir el dinero y esa niña fue asesinada y el cadáver se lo entregaron a la familia entre un costal.
Creyendo interpretar la inquietud y desasosiego de las familias de los secuestrados en Colombia, no queda más que
el agradecimiento a este honorable Senado por oír lo que a continuación quiero poner en su conocimiento.
Enumeraré los más importantes puntos con relación a las observaciones al proyecto de justicia y paz que por estos
días se tramita y que tiene en hilo al país y a la comunidad internacional.
    Primero, el tema del secuestro en Colombia no es nuevo, según la publicación Historia el Delito en Colombia,
editado por la Policía Nacional. En el año 1964 fue secuestrado el doctor Harold Ede, industrial y político
vallecaucano. Posteriormente este flagelo recayó sobre la cabeza de don Oliverio Lara, quien a su vez era padre
también de la asesinada Gloria Lara, asesinada en cautiverio.
    O sea, estamos hablando de cerca de 40 años. Pese a la gravedad de estos acontecimientos no se legisló de una
manera contundente sobre este delito que día a día está viendo crecer y viene creciendo como bola de nieve, dándole
a la ciudadanía dolor e inestabilidad y poniéndonos ante el mundo como un país de alta peligrosidad con las lógicas
consecuencias económicas y sociales que esto conlleva.
    Segundo, bien pueden ver, honorables Senadores, que tal como lo dice el dicho "más vale tarde que nunca", ha
llegado el momento de tener una legislación verdaderamente eficaz e incontrovertible que haga desistir a las
personas que quieran incidir en el delito del secuestro y desistir a las personas que quieran incidir en este mismo
delito para que estas leyes hagan verdadera justicia con la sociedad colombiana. He querido iniciar esta
representación ante la honorable Comisión Primera de Senado con el tema el delito del secuestro, de libertad,
apéndice del Ministerio de Defensa, quien a su vez recupera las diferentes Fiscalías y Juzgados, las cuales se
encuentran incluidas las Autodefensas Unidas de Colombia.
    Las Autodefensas Unidas de Colombia tienen en este momento en su poder 509 personas secuestradas, dolorosa
cifra que estamos hablando de que el grupo alzado en armas, Autodefensas, se encuentra en este momento en
negociaciones con el Gobierno Nacional y está conservando secuestrados en su poder.
    No entiendo cómo pueden estar hablando de desmovilización, no entiendo cómo el señor Mancuso y el señor
Ramón Isaza y demás Comandantes pueden estar engañando la mano generosa que le tendió el Gobierno Nacional al
recibirlos y empezar unos diálogos de paz, cuando en su poder están secuestrando a 509 personas en Colombia.
    Es aquí donde me permito recomendar al honorable Congreso de la República que incluya en el proyecto de
justicia y paz la exigencia a las Autodefensas de retornar a la libertad a estas 509 personas que tienen secuestradas.
Si están vivas o muertas y cuándo y dónde las van a entregar.
   Esto sería una demostración por parte de las Autodefensas ante la sociedad colombiana y la justicia que ha
obrado y seguirá haciéndolo con la buena fe que demanda un proceso de los alcances de este proyecto.
    No podría pasar por alto sin dejar a ustedes, honorables Senadores, las siguientes inquietudes, como
representante de La Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados, cuya misión principal es la de prestar ayuda a
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las familias que han sufrido este flagelo. Quiero recomendar que en la ley de justicia y paz se tenga en cuenta la
protección y ayuda a las familias de los secuestradores, pues en muchos casos son víctimas inocentes.
    Quiero aprovechar también esta oportunidad para recomendar que trabajen conjuntamente con el Gobierno
Nacional para que a nivel internacional se tipifique el secuestro como delito de lesa humanidad. Infortunadamente no
está tipificado en la comunidad internacional el delito del secuestro, no existe el secuestro.
   Esto, con el objeto de que no exista país alguno donde los delincuentes tomen como refugio o santuario de
impunidad cualquier país que no tenga tipificado el secuestro como un delito.
    Finalmente, quiero decirles a ustedes, honorables miembros de la Comisión Primera del Senado de la República,
que es para ustedes el Congreso y por ende a los ciudadanos colombianos, un momento histórico que nos llevará a
tener una vida sosegada y tranquila, tanto para nosotros como para las generaciones venideras. La Fundación que
dirijo está a su disposición para colaborar cuando lo consideren oportuno. Para constancia de lo anterior, dejo copia
de lo dicho y del listado con los diferentes juzgados y fiscalías donde se está llevando a cabo la investigación del
proceso de las 509 personas secuestradas por las Autodefensas Unidas de Colombia desde el año 1996 hasta la
fecha.
   Muchas gracias, honorables Senadores.
   Siendo las 2:30 p.m., la Presidencia reanuda la sesión formal.
   La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de
Justicia:
   Con mucho gusto. Señor Presidente, honorables Senadores y Representantes:
    El Senador Andrade ha expresado una inquietud en torno a la necesidad de hacer una explicación sobre la
política del manejo de tierras que están incautadas por el Gobierno colombiano por enriquecimiento ilícito.
    Le he explicado al doctor Andrade que en la discusión específica en torno a los bienes en el proyecto hará
presencia aquí el Director Nacional de Estupefacientes. Anticipo para señalar lo siguiente: Los bienes incautados de
orden urbano, casas, apartamentos y otro tipo de bienes, están destinados a luchar contra el crimen organizado. Es
decir, se rematan y con ello estamos construyendo las cárceles para acabar con el hacinamiento. El plan es construir
24.600 cupos, que equivale a construir 15 cárceles como la de Cómbita o la de Valledupar.
    Ese es el destino de los bienes de orden urbano, las fincas se estima algo así como trescientas veinte mil
hectáreas que han sido incautadas y están en proceso de extinción de dominio que tengan vocación agrícola; se van a
dedicar todas ellas a reforma agraria, a trabajar con campesinos pobres, para los desplazados y ojalá para
programas de reinserción.
    De tal manera que con esto aclaro parcialmente las inquietudes del Senador Andrade, pero en el momento en que
se discuta el articulado en relación con bienes, estará presente aquí el Director de Estupefacientes. De tal manera
que con ello se aclaran las inquietudes que él tenía y aprovecho por último para hacer una última aclaración sobre el
artículo que han propuesto algunos ponentes y ha respaldado el Gobierno colombiano en materia del tratamiento de
sedición para los miembros de las Autodefensas.
   Estima la sociedad colombiana y el mismo Gobierno que las víctimas de las Autodefensas o de las guerrillas son
por igual víctimas, que no podemos estar haciendo discriminaciones del uno o del otro grupo, son personas que
padecen del terrorismo y tenemos que establecer castigos similares para esas organizaciones.
    En el caso específico de las Autodefensas, la Fiscalía con mucha frecuencia tiene que analizar estos casos y
discutir el tipo de delitos. Asociación para delinquir, asociación para delinquir agravado cuando esas organizaciones
y sus miembros que no tengan delitos atroces en ese accionar están perturbando el orden constitucional y legal. Es
decir, cometiendo delitos de sedición.
    La propuesta es establecerle ese delito que sea imputable también a las Autodefensas como lo es para los
guerrilleros, pero con la pena establecida para rebelión, que inclusive es mayor de dos a ocho años. Con esto se le da
un tratamiento a ese delito por igual a estas organizaciones de Autodefensas como lo están recibiendo las guerrillas.
    Esto no quiere decir de ninguna manera que por el hecho que una Autodefensa reciba, por ejemplo, la condena
de sedición que no vaya a ser extraditado, no hay ninguna conexidad en ese hecho. Las personas que son extraditas
son por aquellos delitos por los cuales son requeridos por el país con el que estamos trabajando, llámese Estados
Unidos o cualquier otro en cooperación internacional.
    De tal manera que de los casos que hemos mencionado, el de Sonia, miembro de las FARC, el de Simón Trinidad,
seguramente tenían los delitos de sedición y de rebelión. Por esos delitos no son solicitados en el exterior y no serían
extraditados por ese delito que es cometido al interior del país. Se requiere la doble incriminación que sea delito en
Colombia y delito en el país requirente.
    Fueron extraditados por el delito de narcotráfico, de tal manera que no se puede decir que por el hecho de
atribuirle sedición a cualquier grupo al margen de la ley alzados en armas, eso frena la extradición. De ninguna
manera. Si el delito no tiene la doble incriminación no hay posibilidad de extraditarlos y por eso nadie pide en
extradición, ningún país amigo de Colombia pide en extradición personas con delitos que tienen solamente el hecho.
Solamente ocurre en nuestro país.
    Si hurtaron un carro, cometieron un homicidio en Colombia no son solicitados en extradición. Ahora, sí son
delitos preparados aquí para culminarlos allá, o se ha atacado con nacionales de otros países y piden la extradición,
Colombia estudia esa posibilidad y lo más probable es que hagan las extradiciones.
   Pero por el hecho de atribuirles edición a las Autodefensas que cometen delitos iguales a los guerrilleros en
materia de perturbación del orden constitucional y legal, no se puede decir que no se van a extraditar, se extraditan.
                                                                                                                   92
Por ejemplo, unas personas de las Autodefensas que no están en el proceso de paz, han sido solicitadas y se ha
firmado la extradición. Aquí no hay ningún narcomico ni nada que se le parezca; este Gobierno ha batallado contra
el narcotráfico, tal vez sin antecedentes, comparando cifras de avance en la lucha de erradicación, en incautación de
bienes, en extradiciones, en incautación, el año pasado 180 toneladas de cocaína.
    De tal manera que yo sí pido que sobre esto tengamos la mayor discreción en el manejo de estas afirmaciones. Es
transparente este proceso, busca la reconciliación nacional y no favorecer a ningún bandido de Colombia. Quien esté
metido o incurso en los delitos del narcotráfico será castigado como tal y quería hacer esa aclaración porque me
parece oportuno hacerla.
    De tal manera que en materia de bienes, volviendo al tema inicial, señor Presidente, el Director de
Estupefacientes hará la claridad que corresponde.
   Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Ciro Ramírez Pinzón:
    Es que lo que decían el señor Ministro, el Senador Andrade, es sobre la falta de pronto de algunos funcionarios
del Gobierno pues para que nos acompañen y nos acompañen también a dar las luces sobre el proyecto. Ayer el
Senador Darío Martínez hizo una invitación a las Altas Cortes, al Procurador, a varias instituciones de carácter
nacional para que nos regalaran lo mejor de los comentarios con respecto al proyecto, hacer las críticas
constructivas.
   Pero desgraciadamente es una lástima no tener aquí la inteligencia de muchas personas quizás en el proyecto
más importante de toda la historia que tenga el Congreso.
     Yo lo veo de esa manera y por eso cuando estamos pidiendo que viniera el Director del Inpec, cuando viniera el
señor Director de Estupefacientes, que nos contaran aquí, hoy sabemos de que eso es su cartera, pero si no obedecen
los funcionarios que están a cargo, pues mucho menos las personas que no pertenecen al Gobierno.
    Solamente le quería dejar esta recomendación y esta reflexión respetuosa a usted, señor Ministro, pues para que
sus funcionarios obedezcan al llamamiento, a la citación que es por ley que tienen que venir aquí al llamado que
haga el Congreso Nacional.
   Muchas gracias, señor Presidente.
   Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Oswaldo Darío Martínez
Betancourt:
   Gracias.
    El señor representante de la Fundación Esperanza Libre, Nueva Esperanza, que acaba de hablar, hizo una
solicitud que yo la considero una solicitud movida por la piedad humana, le pide a las autodefensas que por Dios
liberen a 509 secuestrados que tienen en su poder. El, además, ha expresado que tiene una lista y que la deja como
constancia o la dejó como constancia.
    Y ha dicho que su Señoría, señor Ministro, conoce de esa lista y que el Gobierno está enterado de esa tragedia, de
esos conciudadanos colombianos. Como es una cosa sumamente grave, gravísima y estando el Gobierno aquí
presente, yo creo, señor Ministro, que le debe merecer algún comentario esa imploración que hace este ciudadano
colombiano. Si hay una negociación con las Autodefensas adelantadas, si estamos tramitando unos beneficios para
favorecer este proceso de paz y viabilizar todas estas cosas que de las cuales se está hablando ya a nivel nacional
durante toda esta semana con motivo a este debate.
    Creo que, Ministro, es una bellísima y feliz oportunidad para que las Autodefensas de Colombia tomen una
decisión, pero para ello tiene que haber el criterio, una posición clara, contundente, de autoridad firme del Gobierno
Nacional.
    El Gobierno no se puede quedar callado, el Gobierno tiene que, en mi criterio, dar una respuesta frente a esa
solicitud. Yo estuve mirando ahí en el proyecto, pues algo se dice al respecto sobre las obligaciones que ellos tendrán
que asumir. Que allí se habla de la liberación de los secuestrados, pero yo creo que el Congreso y el Gobierno tienen
que ser más audaces, tienen que ser mucho más audaces, se me ocurre a mí, no podrá viabilizarse la ley, así ya se
haya aprobado por el Congreso, no podrán viabilizarse esos beneficios hasta tanto, por ejemplo, no se hayan
liberado a esas 509 personas, para ponerle una cifra concreta.
    El caso es concreto, es específico. Es que, señor Ministro, sin pretender pues colocarlo contra la pared, ni más
faltaba. Yo creo que el país, que nos está mirando y que nos está escuchando, pues queda absorto ante semejante
denuncia y el Gobierno no diga nada. Muchas gracias.
   Recobra el uso de la palabra el doctor Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia:
    Con mucho gusto doy respuesta, Senador Darío Martínez. El Gobierno ha establecido con mucha precisión que
los posibles beneficiarios de esta ley tienen que desmantelar sus organizaciones criminales, tienen que
desmovilizarse, tienen que entregar los bienes, tienen que señalar dónde están las personas desaparecidas, devolver a
las personas secuestradas, es una exigencia perentoria. Sobre eso no hay ninguna transacción. El caso específico de
esta lista fue entregada por el doctor que preside la Fundación al Presidente del Congreso y él ya me la remitió.
    La he entregado inmediatamente a las autoridades para que se haga el estudio pertinente, son personas que están
en esa lista desparecidas desde el año 96; allí seguramente vamos a encontrar noticias trágicas, en cuanto a la
existencia o no de ellas. Hay que averiguarlo en detalle. De ninguna manera se puede decir que esas personas todas
están secuestradas. Muchas seguramente han regresado a sus hogares, es un análisis que hay que hacer con las
Fiscalías respectivas y lo hemos ordenado de inmediato para ver si se puede detectar. Uno, si todavía están
secuestradas algunas de ellas. Dos, si están secuestrados por las Autodefensas o por un grupo que está haciendo un
acuerdo con el Gobierno colombiano. Tres, exigirle si eso se da la devolución, si no hay ninguna posibilidad que
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reciban los beneficios de esta ley.
    Eso es claro y es preciso y sobre eso no hay ninguna transacción de parte del Gobierno colombiano. Y
específicamente sobre los funcionarios del Ministerio del Interior, en cuanto al Inpec y estupefacientes, claro que
ellos acuden a la sugerencia en solicitudes del Congreso y lo harán. Lo que pasa es que hoy por razones de su oficio
no se encontraban en la ciudad. Pero en el momento en que sean requeridos aquí estarán. Muchas gracias, señor
Presidente.
     La Presidencia interviene para un punto de orden:
     Se cierra el debate general.
VI
Negocios sustanciados por la Presidencia
     La Secretaría deja los siguientes documentos para su publicación en la presente Acta.
   - Anexo número 01. Documento dejado por el doctor Carlos José Miranda Melo, Presidente Colegio de
Abogados de Bogotá.
     Bogotá, D. C., marzo 10 de 2004.
     Señor
     Presidente de la Comisión Primera del Senado de la República
     Honorables Senadores miembros de la Comisión.
     Honorables Senadores ponentes de los diferentes proyectos de ley
     Señores Invitados Especiales
   En nombre de la Entidad que presido, el Colegio de Abogados de Bogotá, me es grato dirigirme a tan distinguido
auditorio para expresar la opinión de este colectivo de Abogados en cuanto se refiere al proyecto de ley de Justicia y
Paz.
    Desde su fundación, el Colegio de Abogados de Bogotá ha sido una entidad privada, sin ánimo de lucro, fines
políticos o partidistas, con una conciencia de labor social, caracterizada por un claro enfoque hacia la ética en la
profesión de los abogados, por lo que velamos por una exigente preparación y rigurosa aplicación de los
profesionales que son admitidos como colegiados.
    Es así como al margen de las posiciones que están tomando los ponentes, las cuales merecen todo nuestro
respeto, siento la necesidad de tocar este tema desde el punto de vista jurídico y más exactamente enfocado hacia el
respeto y aplicación de los derechos del sindicado y los principios fundamentales del derecho penal. Es decir, voy a
hablar de lo general y de aplicación prácticamente universal, a fin de que no se busque con este proyecto favorecer a
unos y lesionar a otros, sino simplemente dar un marco de legalidad y respeto hacia los derechos humanos y el
debido proceso.
   Citando a Goethe, "Tanto si se ha de castigar, como si se ha de tratar con dulzura, debe mirarse a los hombres
humanamente".
    Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo sin importar lo grave o lesivo para la humanidad que sea el delito
del cual se le acusa. Aquí esta implícito el derecho al debido proceso, incluidas todas las garantías que el Estado le
brinda a cualquiera de los inculpados sin consideración al motivo que haya tenido para delinquir o a su filiación
política o creencia religiosa o social. Tiene derecho a conocer los cargos que se le imputan, a defenderse
personalmente, a un abogado gratuito cuando sea necesario, a gozar de ese derecho sin demora y cuando el acusado
no hable el idioma de la Corte o Tribunal, a tener un intérprete que lo asistirá de forma gratuita, a no autodeclararse
culpable o a brindar testimonio en su contra, a interrogar a los testigos que tenga en contra y a los que obren a su
nombre, a conocer de la normatividad jurídica aplicable para su caso y a conocer y apelar la sentencia ante un
superior.
   Un juicio justo respetado, señores, no es perdonar delitos de lesa humanidad, es darle al procesado todas las
garantías para que por el hecho de ser sometido a la justicia sus derechos no sean vulnerados.
    Ahora bien: Si de lo que se trata es de perdonar, conviene recordar que en este estado social de derecho es
solamente la Constitución Política la norma que permite realmente dar un giro a la situación jurídica del implicado
con las características de volver a quedar sin asuntos pendientes por resolver con la justicia.
    Recordemos los principios fundamentales del Derecho Penal, que de paso están prescritos por el Derecho
Internacional Humanitario, como son:
     - Nullum crimen sine lege: Si el delito no está expresamente tipificado en la ley, no existe.
     - Nulla poena sine lege: La ley debe dar los plazos de ejecución de la pena por el infractor.
     - Non bis in ídem: Nadie puede ser juzgado dos o más veces por el mismo delito.
     - Indubio pro reo: Toda persona se presume inocente hasta que se compruebe lo contrario.
    - Por último, el derecho a no ser condenado por un delito excepto sobre la base de la responsabilidad penal
individual.
    Debemos también recordar que estos procesos deben estar enfocados a una reconciliación en busca de la paz con
todos los sectores al margen de la ley, para que estos se acojan si lo desean; e s decir, igualdad para todos.
    Por último, consideramos un deber recordar que no se pueden invocar en ningún caso circunstancias de índole
especial o excepcional para castigar a unos y perdonar a otros, porque esto significaría una violación a los derechos
y garantías de las personas que no sean llamadas a participar de ese proceso.
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   Muchas Gracias
   Carlos José Miranda Melo,
   Presidente Colegio de Abogados de Bogotá.
   - Anexo número 02. Documento dejado por el doctor Gustavo Adolfo Muñoz Roa, Director de la Fundación La
Nueva Esperanza de Secuestrados y listado.
   Bogotá, D. C., marzo 10 de 2005
   Honorable Senador
   DARIO MARTINEZ BETANCOURT
   Presidente Comisión Primera
   Senado de la República
   Honorables Senadores, señoras y señores:
    Creyendo interpretar la inquietud y desasosiego de las familias de los secuestrados en Colombia, no queda más
que el agradecimiento a esto, honorable Senado, por oír lo que a continuación quiero poner en su conocimiento.
    Enumeraré los más importantes puntos con relación a las observaciones al proyecto de ley de Justicia y Paz que
por estos días se tramita y que tiene en vilo al país y a la comunidad internacional.
    1. El tema del secuestro en Colombia no es nuevo. Según la publicación "Historia del Delito en Colombia",
editado por la Policía Nacional en el año 1964, fue secuestrado el doctor Harold Eder, industrial y político
vallecaucano. Posteriormente, este flagelo recayó sobre la cabeza de don Oliverio Lara, quien a su vez era padre de
la también secuestrada y asesinada en cautiverio Gloria Parra de Echeverri, esposa del Presidente del honorable
Senado de la República de ese entonces, doctor Héctor Echeverri Correa. O sea, que estamos hablando de cerca de
cuarenta años. Pese a la gravedad de estos acontecimientos no se legisló de una manera contundente sobre este
delito, que día a día ha venido creciendo como bola de nieve, dándole a la ciudadanía dolor e inestabilidad y
poniéndonos ante el mundo como un país de alta peligrosidad con las lógicas consecuencias económicas y sociales
que ello conlleva.
     2. Bien pueden ver, honorables Senadores, que tal como lo dice el dicho "Más vale tarde que nunca", ha llegado
el momento de tener una legislación verdaderamente eficaz e incontrovertible que haga desistir a las personas que
quieran incidir en el delito del secuestro y para los que lo hubiesen cometido les caiga con todo rigor el peso de la
ley. Para ilustración de la honorable Comisión, anexo 10 artículos de un proyecto por mí presentado, que bien podría
hacer parte de la nueva legislación para modificar el Código Penal en "Capitulación Secuestro", el cual ya fue
juiciosamente estudiado por el señor Vicefiscal General de la Nación, encontrándolo procedente.
    3. He querido iniciar esta presentación ante la honorable Comisión Primera del Senado con el tema del delito del
secuestro. Según Fondelibenad, apéndice del Ministerio de Defensa, quien a su vez recopila las diferentes fiscalías y
juzgados, los casos de secuestros acaecidos en Colombia, se encuentra que las Autodefensas Unidas de Colombia,
con quienes el Gobierno está en negociaciones, tienen 509 personas actualmente secuestradas.
    4. Es aquí donde me permito recomendar al honorable Congreso de la República que incluya en el proyecto de
Justicia y Paz, la exigencia a las Autodefensas de retornar a la libertad a estas 509 personas que tienen secuestradas.
Si están vivas o están muertas y cuándo y dónde las van a entregar. Esto sería una demostración por parte de las
Autodefensas, ante la sociedad colombiana y la justicia, que se ha obrado y se seguirá haciendo con la buena fe que
demanda un proceso de los alcances de este proyecto.
   5. No podría pasar por alto sin dejar a ustedes, honorables Senadores, las siguientes inquietudes:
    a) Como representante de la Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados, cuya misión principal es la de
prestar ayuda a las familias que han sufrido este flagelo, quiero recomendar que en la Ley Justicia y Paz se tenga en
cuenta la protección y ayuda a las familias de los secuestradores, pues en muchos casos son víctimas inocentes;
    b) Quiero aprovechar esta oportunidad para recomendar se trabaje en conjunto con el Gobierno Nacional para
que a nivel internacional se tipifique el secuestro como delito de lesa humanidad. Esto, con el objeto de que no exista
país alguno donde los delincuentes lo tornen como refugio o santuario de impunidad.
    Finalmente, quiero decirles a ustedes, honorables miembros de la Comisión Primera del Senado de la República,
que es para ustedes, el Congreso y, por ende, para los ciudadanos colombianos, un momento histórico que nos
llevará a tener una vida sosegada y tranquila tanto para nosotros como para las generaciones venideras. La
Fundación que dirijo está a su disposición para colaborar cuando lo consideren oportuno.
  Para constancia de lo anterior, dejo en Secretaría copia de lo dicho y lista de las personas secuestradas por las
AUC y articulado de modificación del Código Penal Capitulación Secuestro.
Muchas gracias.
   Gustavo Adolfo Muñoz Roa,
   Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados,
   Director
   13 de junio de 2005
    Mario Uribe Escobar: “Señor Presidente, le ruego poner en consideración de estas comisiones el artículo 8° que
dice: Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por
la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no-repetición.
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    Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior, a la
Comisión del delito, la indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito, la rehabilitación
constaste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y
psicológicos como consecuencia del delito.
    La satisfacción o compensación moral, consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la
víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
    Las garantías de no-repetición comprenden entre otras la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos
armados al margen de la ley. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas
o de la comunidad en general que tienda asegurar la preservación de la memoria histórica, la no-repetición de los
hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de
las víctimas.
    La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la
violencia, este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos
de violencia sistemática.
    Las autoridades competentes podrán ordenar las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del
caso en los términos de esta ley. Palabra más, palabra menos, son normas transcriptas de las normas
internacionales, Señor Presidente, del Estatuto de Roma, del informe Gione y en fin tomadas también de sentencias
de las Cortes, especialmente a la Corte Interamericana,
    Creo yo Señor Presidente, que desde luego, podría ver también discusión sobre el tema, pero en general se siguen
en esta materia los estándares internacionales.”
    La Presidencia abre la discusión del artículo 8° leído y concede el uso de la palabra a la Honorable
Representante Gina María Parody D’ Echeona: “Para una pregunta. Es que en la Subcomisión que establecimos
hace unos días, en este punto creo que habíamos llegado a un acuerdo, si usted a bien lo tiene, que cuando comienzan
las autoridades que es la última frase, cuando comienza las autoridades.”
   Mario Uribe Escobar: “Tiene usted razón, yo lo había omitido, dice: Aquí hay unas proposiciones sustitutivas
hacen parte del acuerdo.”
   Gina María Parody D’ Echeona: “Si usted lo tiene a bien, simplemente señala: Las autoridades judiciales
competentes fijarán, era solo para...”
    Mario Uribe Escobar: “No. Sí, sí. Déjeme explicarle señora Representante, que usted tiene toda la razón. Hay
otro texto que se llama proposiciones sustitutivas, pero que hacen parte del acuerdo que habíamos celebrado con el
Senador Pardo. Fue una omisión involuntaria no leer esa parte, pero nosotros estamos de acuerdo en que en el
último inciso realmente debe decirse:
    "Las autoridades judiciales competentes fijarán. Esa es la expresión nueva. Las reparaciones individuales
colectivas o simbólicas que sean del caso en los términos de esta ley". Con la inclusión de esa expresión, yo pido que
se vote, creo que hay un acuerdo entre la ponencia base y la ponencia par.”
    Jaime Alejandro Amín Hernández: “Leyendo uno de los incisos que habla de garantías de no-repetición, me
parece que ese vocablo es antitécnico, porque repetición entraña un contenido económico, lo ideal sería garantías de
no reincidir, porque el término repetición desde el punto de vista fiscal, entraña la posibilidad de resarcir
económicamente cuando usted repite contra otra persona, para que esa persona le pague un perjuicio, por ejemplo,
entonces me parece que no es técnico colocar ahí garantías de no-repetición, porque lo que se está buscando es la
garantía de que la persona no vuelve otra vez a delinquir, por ejemplo, el término no me parece muy preciso y más
bien da para pensar que al menos en su primera anunciación tuviera un contenido económico. Repito, la garantía de
no-repetición si, lo que quiere decir el inciso es que la persona no vuelva a delinquir, debería utilizarse otro vocablo
más preciso y pienso yo que pudiera ser reincidencia o en fin. No me parece apropiado ese término Senador Uribe.”
    Mario Uribe Escobar: “Haber Senador Amín, ya le había dicho, lo estoy buscando aquí, ya le había dicho que en
esta materia, en esta materia estamos siguiendo los estándares internacionales y expresamente las normas
internacionales y la jurisprudencia internacional hablan de garantía de no-repetición.”
    Carlos Gaviria Díaz: “Senador Uribe. Yo pienso que la observación del Representante es absolutamente
correcta. Si en un texto internacional utilizan inadecuadamente un término, nosotros no tenemos porqué recibirlo de
esa manera, efectivamente es decir; el término técnico es no-reincidencia, repetición es otra cosa que tiene como muy
bien lo dice él, efectos patrimoniales, no repetir lo pagado, puede repetir lo pagado, o sea recuperar. Yo pienso que el
término correcto es reincidencia.”
    Mario Uribe Escobar: “En la definición que nosotros proponemos Senador Gaviria, se habla de la utilización del
término de no-repetición, en el sentido, exactamente, que no se repita el hecho, las garantías de no-repetición
comprenden entre otras la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados, no-repetición consiste en
no volver a movilizarse o a integrar grupos armados. Yo creo que es correcto Senador Gaviria.”
    Carlos Gaviria Díaz: “No, no. Puede ser correcto dar lugar a equívocos en derecho, el Representante tiene toda
la razón cuando dice en derecho el término repetición tiene un sentido técnico. Puede repetir lo que usted a pagado
sin deberlo. Es decir, lo puede recuperar, eso es repetir en derecho y específicamente en derecho civil. Creo que...”
    Mario Uribe Escobar: “No es esa la connotación. No es esa Senador Gaviria, creo yo. Aquí no se trata de cobrar
a alguien lo que se pagó por él, no es esa.”
   Carlos Gaviria Díaz: “Queda mucho mejor redactado el texto de esa manera.”
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    Jaime Alejandro Amín Hernández: “No. Yo pienso que el Senador Gaviria ha expuesto muy claro el alcance del
término, es que en la legislación Colombiana entraña un contenido económico patrimonial porque hay una acción de
repetición. No. Que se tiene frente a otra persona, por haber pagado lo que no le correspondía por ejemplo, pero aun
si el artículo acoge estándares internacionales, le parece que de todas maneras esto tiene que tener una
proporcionalidad y una concordancia con la legislación interna Colombiana y es claro que la acción de repetición
tiene un contenido patrimonial o fiscal, por eso me parece más adecuado desde el punto de vista gramatical y del
alcance de la expresión, que si lo que se busca obtener es que la persona no vuelva a delinquir o no vuelva a caer en
las mismas acciones delictivas, pues obviamente es mejor ponerle que no reincida o el término no-reincidencia o
porque lo haría acreedor a perder los beneficios por ejemplo, así que desde ese punto de vista podríamos incluso
presentar una proposición cambiando el término.”
    Darío Martínez Betancourt: “Senador Mario Uribe. Usted me dice que en el artículo 50 es donde están definidas
las garantías de no-repetición o qué artículo fue que leyó usted, si es tan amable usted.
    Porque en el artículo 50 se habla de las medidas de satisfacción y garantías de no-repetición. Las medidas de
satisfacción y las garantías de no-repetición adoptadas por las distintas autoridades, directamente comprometidas en el
proceso de reconciliación nacional, deberán incluir, yo siempre tuve esa inquietud, mirando el proyecto y
efectivamente acudiendo algunos textos de derecho comparado y algunos tratadistas de Derecho Internacional
versados en estas materias, utilizan esta denominación de las garantías de no-repetición, pero no en el estricto sentido
del derecho privado como aquí se lo ha expuesto. Yo veo que esta ley pues tiene, es una naturaleza eminentemente de
derecho público, es una ley de orden público, llamémosla así, de alguna manera, y pensar con una vocación
eminentemente civilista, pues yo creo que no sea lo más conveniente, si logramos, como es una ley especial, si
logramos nosotros darle a esa garantía de no-repetición, una propia definición que no la encuentro. Es que no la
encuentro. Deberíamos oportunamente cuando se discuta el artículo 50, que habla de esas medidas de satisfacción y
garantías de no-repetición, hacer una precisa definición para no confundir con la no-repetición que es una acción muy
conocida del derecho privado. Así que yo le propondría señor Coordinador de Ponentes que pospusiéramos esa
posibilidad para cuando discutamos el artículo 50.”
    Roberto Camacho Weverberg: “No me voy a demorar nada, Señor Presidente. No se preocupe. Es que me parece
que es atendible la inquietud del Representante Jaime Amín. La expresión repetición tiene muchas accesiones, no
solamente en el derecho privado Senador Martínez, sino incluso en el derecho público. En cambio la reincidencia es
mucho más singular, y es que aquí las obligaciones son del victimario, es el victimario, pero al no-repetición podría
por ejemplo, confundirse con el hecho por ejemplo de que no se vuelvan a producir fenómenos de violencia de
autodefensas y entonces se repite el fenómeno, quiere decir que fracasó la política criminal del Estado, entonces quien
es el responsable ahí, el obligado no repetir. Entonces, mucho más singular la expresión reincidencia porque hace
relación al victimario. Esa es mi apreciación Senador Mario. Y era todo.”
     Mario Uribe Escobar: “Presidente, pido la palabra. Vamos a ver si esto aclara la discusión Señor Presidente con
su venia, en el informe Gione que se denomina conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, en el
Capítulo Tercero se habla del derecho a obtener la reparación, habla de principios generales, de publicidad de los
procedimientos de reparación y habla de ámbito de aplicación del derecho de obtener la reparación. Ese derecho se
desdobla en restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no-repetición. Cuando habla de no-repetición
dice lo siguiente: Principio 45. Ámbitos a que se refieren las garantías de no-repetición. El Estado deberá adoptar las
medidas adecuadas para que las víctimas no puedan volver hacer objeto de violaciones que vulneren su dignidad.
Habrá que considerar prioritariamente en este ámbito: a) Las medidas encaminadas a disolver los grupos armados
para estatales. Ahí está dicho en la propuesta; b) Las medidas de derogación de las disposiciones de excepción,
legislativas o de otra índole que hayan favorecido las violaciones; c) Las medidas administrativas o de otra índole
que deberán tomarse respecto de los agentes del Estado implicados en violaciones graves de los derechos humanos. Y
sigue hablando del tema, de la disolución de los grupos armados tal, pero el término técnico Representante Amín, que
utiliza las normas internacionales, es el término de no-repetición. Senador Gaviria, en el sentido de no reiterar, de no
repetir las conductas, que pretendemos censurar, no se trata, yo estoy de acuerdo en eso con el Senador Darío
Martínez en el sentido de que no se trata de una extensión a esta norma del concepto del derecho privado, que habla
de la repetición, la facultad que tiene quien paga de repetir lo pagado.”
    Carlos Gaviria Díaz: “Muy amable. Mientras más ambigüedades evitemos, tanto mejor. Si ponemos entonces ya
que estamos casados con el término repetición, porque lo utiliza el texto internacional, pongamos la no-repetición de
los hechos.
   Mario Uribe Escobar: “Me parece perfecto. Con la aditiva de Gaviria, yo creo Señor Presidente, que la
podríamos votar. Creo que satisface al Representante Amín.”
    La Presidencia interviene para un punto de orden: “Le ruego al señor Secretario, tomar nota para que sea
suscrita por el Senador Gaviria esa adición.”
    Andrés González Díaz: “Presidente. La exposición del Senador Mario Uribe es clarísima en cuanto al sentido
que se tiene aquí, es que no es la responsabilidad civil, incluso una garantía que se predica frente al Estado, no por
ejemplo, mejorar la Administración de Justicia para que no haya impunidad, evitar que se cometan fallas del servicio
para que esto ocurra, quizás atándola a algún criterio, no sé si sea suficiente el que menciona el Senador Gaviria o la
referencia a las normas internacionales directamente, el tratado internacional que se está aludiendo, pero es
exactamente el sentido que dice el Senador Uribe.”
   Jaime Alejandro Amín Hernández: “No es la repetición de los hechos, es la repetición de las conductas, y algo
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va de los hechos a las conductas, lo que no pueden repetir es la conducta. La conducta lleva a los hechos, lo que debe
quedar normado es que no se pueden repetir las conductas, Senador Uribe y con eso se zanja el problema. Es la
conducta.”
    Mario Uribe Escobar: “Representante Amín, nunca discutimos más nosotros que cuando estamos de acuerdo. Se
cierra la discusión y entramos a votar. Primero el contenido del artículo y luego con la aditiva. Hay dos aditivas,
sírvase leerlas señor Secretario.”
   Por Secretaría se da lectura a las siguientes proposiciones radicadas por los Congresistas:
   Proposición número 09
   Artículo número 8. Adiciónese al final del primer inciso la expresión "de las conductas".
   Firmada: Honorables Senadores Carlos Gaviria y Jaime Amín Proposición
   Modificativa número 10
   El inciso final del artículo número 8 quedará:
    "Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean
del caso, en los términos de esta ley".
   Firmado: Congresistas Gina Parody, Mario Uribe y una firma ilegible.
   La Presidencia cierra la votación del artículo 8°
   El texto del artículo 8º aprobado es el siguiente:
   Artículo 8º. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que
propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, y las garantías de no-repetición de las
conductas.
   Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la
Comisión del delito.
   La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.
    La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren
traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
    La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la
víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
   Las garantías de no-repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos
armados al margen de la ley.
    Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en
general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no-repetición de los hechos victimizantes,
la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
    La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la
violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos
de violencia sistemática.
   Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del
caso, en los términos de esta ley.


ARTÍCULO 9o. DESMOVILIZACIÓN. Se entiende por desmovilización el acto
individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado
organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente.

La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se
realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.


                                          (8 de marzo de 2005 Gaceta 200)


    La Presidencia abre el debate general y concede el uso de la palabra al Coordinador de la ponencia base,
honorable Senador Mario Uribe Escobar:
    Gracias señor Presidente, en primer término quiero saludarlo a usted y a todos los colegas, a usted
particularmente decirle celebro que dirija estas reuniones, le tocó estrenarse con un proyecto muy difícil, pero él será
el que nos ofrezca la mejor prueba de sus capacidades, de su liderazgo, de su preparación en estos temas,
enhorabuena por estar usted allí al frente de estas discusiones, señor Presidente.
    Las apreciaciones que voy a formular enseguida tan breves como sean posibles para abrir el debate sin perjuicio
de que él intervenga tantas veces como considere necesario, están referidas básicamente a la ponencia que
presentáramos con base en el proyecto que a su vez presentó el Gobierno Nacional.
    Ponencia y pliego de modificaciones que fueron suscritas por la Senadora Blum, el Senador José Renán Trujillo,
el Senador Luis Humberto Gómez Gallo, el Senador Ciro Ramírez Pinzón y el Senador Germán Vargas Lleras, el
Representante Roberto Camacho, Armando Benedetti, José Luis Arcila, Oscar Arboleda y Germán Varón.
    Naturalmente señor Presidente, como aquí se ha dicho algunos de quienes suscriben el grueso de la ponencia y
del pliego de modificaciones presentarán en su momento las salvedades que han anunciado, para elaborar además la
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ponencia tuvimos en cuenta, señor Presidente, lo expuesto en la audiencia pública celebrada aquí el 1º de marzo,
acto en el cual participaron entre otros el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los
representantes de organizaciones no gubernamentales como iniciativa de mujeres por la paz y de la comisión
nacional de juristas.
     Este proyecto, señor Presidente, tiene antecedentes en uno que se presentara hace aproximadamente año y medio,
el Proyecto de ley 85 de 2003, por medio de la cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de
miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva la consecución de la paz nacional, el cual no surtió
debate alguno en el Congreso de la República.
     Ese proyecto señor Presidente que tenía fundamento en muy diversos antecedentes de índole internacional y
nacional no fue recibido por la opinión pública o fue objeto de numerosas críticas al punto de que nunca pudo
concretarse ni (...) pliego de modificaciones y mucho menos la discusión al interior de las Cámaras, no obstante
quienes por entonces fuimos designados como ponentes de la iniciativa, le trabajamos muchísimo al margen del
Congreso y logramos articular una propuesta que se recogió en un proyecto que tuvimos listo por allá en el mes de
mayo del año pasado y tampoco se presentó porque entonces se alegaba que la comisión primera de la Cámara de
Representantes que debería reunirse con la primera del Senado de manera conjunta a discutir esa iniciativa, no había
conocido suficientemente el proyecto y ya se avecinaba el cierre de las sesiones del primer semestre del año pasado.
     Las paradojas de nuestra vida institucional condujeron señor Presidente, a que se apremiara la presentación de
estos proyectos, lo cual condujo a que estemos discutiendo el cúmulo de iniciativas acumuladas que nos ocupa hoy.
     Sobre el tema de la acusación valga un paréntesis, señor Presidente, para decir señor Presidente que sería
importante que usted tomara en cuenta la advertencia que ha hecho el Senador Martínez en el objeto de considerar la
posible desacumulación de un proyecto que al parecer no podría ser objeto de esta decisión. Como ordenador de la
discusión usted puede dictar las medidas de saneamiento necesarias para evitar que en el futuro tengamos tropiezos
de índole formal después de un gran esfuerzo como el que habrá de hacerse seguramente para expedir esta iniciativa.
     Decía señor Presidente que este proyecto tiene antecedentes internacionales y nacionales, están consignados en
la ponencia, no voy a detenerme en los internacionales, pero sí quiero además de lo dicho en la ponencia, decir,
hacer unos comentarios preliminares muy breves.
     Esta iniciativa como todos sabemos tiene el propósito de facilitar la reincorporación a la sociedad de miembros
de grupos armados que contribuyan efectivamente a la paz nacional. No es una tarea sencilla, no es un tema
superficial, el propósito es sensible para Senadores y Representantes, para el Gobierno, para los ciudadanos, para
las víctimas y para la comunidad internacional y desde luego para los mismos grupos armados.
     Los ponentes, señor Presidente, hemos obrado con la mayor responsabilidad en la selección de los mecanismos
que sugieren los proyectos, no porque hayamos centrado nuestras discusiones, las que tanto conoce la opinión, en el
proyecto particular presentado por el Gobierno Nacional, hemos desechado las otras iniciativas y por el contrario
hemos tomado de ellas lo que hemos considerado útil para el proyecto, por lo demás nos hemos esmerado en calcular
las consecuencias favorables y desfavorables de esta iniciativa, hemos sopesado pros y contras, hemos examinado los
condicionamientos que se ofrecen desde muy diversos ángulos y hemos procurado presentar una iniciativa
equilibrada y que desde nuestro punto de vista sea útil a consolidar el proceso de negociación con los grupos
armados organizados al margen de la ley que conoce el país.
     Por supuesto señor Presidente, hemos procurado tener en cuenta las críticas que se han dirigido al proyecto
inicial y hemos sido muy cuidadosos en el diseño de las medidas necesarias para garantizar la reparación de los
daños causados.
     Tenemos muchos cuestionamientos, muchos condicionamientos, tanto desde el punto de vista constitucional, como
internacional, a una iniciativa como esta, por las enormes distancias que separan la discusión de este proyecto que
rigió los proyectos de paz en época pasada, las figuras de la amnistía y del indulto, que sirvieron durante décadas
como válvula de escape para sellar la paz, en graves pasajes de nuestro conflicto interno, prestan todavía una
utilidad, sin embargo, la conciencia mundial frente al desprecio por los Derechos Humanos no permite un
tratamiento evasivo a la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, ni a los delitos e infracciones graves al Derecho
Internacional Humanitario.
     La ponencia señor Presidente, es elocuente en esa materia, las medidas especiales dice la ponencia: Para la
consecución de la paz, constituyen una práctica reiterada en el derecho internacional dentro de los procesos que se
han gestado para superar la fratricida.
     Adelante, sin embargo, en los últimos años el ordenamiento jurídico constitucional y el internacional y la
sociedad colombiana exigen con existencia que se niegue el beneficio de indulto o amnistía a quienes han cometido
delitos graves diferentes a la rebelión, la sedición, el concierto para delinquir o la asonada y en tales casos es
necesario aplicar medidas dentro del marco de la verdad, la justicia y la reparación que en desarrollo del Código
Penal permiten avanzar de manera decidida hacia la reconciliación nacional. En ese orden se requiere la aplicación
de especiales medidas que permitan en aras de lograr la reconciliación nacional, que los autores o partícipes de
dichas conductas punibles respondan ante los jueces de la República, pero con la posibilidad de otorgárseles algunos
beneficios si colaboran en actos concretos y efectivos a la paz y a la convivencia nacionales.
     Colombia ha adherido a instrumentos internacionales de Derechos Humanos y ha expedido con vigor leyes que
castigan a delitos considerados no amnistiables o no indultables, es el caso de la Ley 733 de 2002, que da ese
tratamiento a los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, al calificarlos como atroces y no susceptibles de ser
considerados conexos con el delito político y que impone enormes dificultades a la hora de adoptar medidas de
perdón total para el grueso de los delitos cometidos por las cúpulas de los grupos armados.
     Se exige hoy una actitud mucho más atenta en el tratamiento que deben recibir los delitos más graves en el marco
de los procesos de paz. La conciencia mundial exige poner en juego los denominados estándares internacionales en
tres ejes básicos, el derecho a saber lo ocurrido, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, la conciencia
internacional rechaza las llamadas leyes de arrepentidos, las leyes de punto final o la utilización desviada del
mecanismo de la amnistía.
     Aun cuando no está muy definido el alcance normativo de tales estándares internacionales, se alude mucho a ello
señor Presidente, se les utiliza como para sentar tesis que en las discusiones de estos asuntos se tienen como
inmodificables, se les trae como organismos de autoridad, pero sin duda alguna se considera importante a pesar de
ello tenerlos en cuenta porque se han ido perfilando en la doctrina y en la jurisprudencia internacional como
orientadores de las decisiones que se toman en estos procesos de paz y en general en los diálogos para la
reconciliación.
     Todos los procesos de paz tienen complicaciones políticas y exigen decisiones de gran calado, por eso a los
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procesos de reconciliación hoy se están añadiendo numerosos condicionamientos jurídicos en virtud de los
estándares internacionales. Sobre ese tema de los estándares internacionales señor Presidente, podemos volver más
adelante si es necesario, cuál es su verdadera naturaleza jurídica, cuál es su origen y cómo podrían orientarnos en
una discusión de estas y más allá en las decisiones que tomemos al punto de que la iniciativa que aprobemos aquí,
este en consonancia con las corrientes del derecho de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional
Humanitario y en general de las soluciones que en el mundo se están dando a estos problemas, advirtiendo sí, señor
Presidente, que el estudio que he hecho ha llegado a la conclusión de que en esta materia Colombia va a tener que
señalarle un camino a la comunidad internacional. Quizá sea si se aprueba esta iniciativa, la primera ocasión en que
sin culminar el acuerdo de paz, sin si quiera desmovilizarse una parte muy notable de las personas a quienes se
pretende beneficiarias de esta iniciativa, ellas inmediatamente culminen los procesos de desmovilización, entrega de
armas, van a ir a parar directamente a la cárcel.
     No hay antecedentes en esa materia o por lo menos si los hay, las medidas que se han tomado en otros países han
sido mucho más favorables que las que pretendemos tomar aquí al tenor de la ponencia y al tenor del pliego de
modificaciones, Presidente, creo que conviene a esta discusión señalar en unos breves minutos cuáles son los
antecedentes de las amnistías e indultos en Colombia.
     Eché mano de una publicación que hizo el señor Víctor Guerrero de la Fundación Social que se encuentra por
allí en formato electrónico y que nos describe algunos momentos de nuestra historia que es bueno recordar aquí.
     Mediante el tratado de Newlandia suscrito el 24 de octubre de 1902, se dispuso a favor de quienes entregaran las
armas, la cesación de toda acción penal en su contra, el tratado de Wisconsi, explícitamente estableció el
otorgamiento de una amnistía ilimitada para quienes se acogieran al tratado, el tratado de Chinácota celebrado el 3
de diciembre de 1902 culminó el esfuerzo por encontrar la fórmula de terminar la guerra civil. En la víspera del
frente nacional mediante Decreto 1823 de 1954, se dispuso el otorgamiento de una amnistía amplia e incondicional
que no distinguía para efectos de su aplicación, entre ofensas cometidas por quienes se acogieran a la misma.
     En la administración de Lleras Camargo, buscando también la pacificación del país, se otorgaron exenciones
penales mediante el Decreto 328 de 28 de noviembre de 1958, más conocido como la Ley de Amnistía.
     Bajo la administración de Lleras Restrepo se expidió el Decreto 2090 de 1967, por medio de la cual se
concedieron amnistías por delitos cometidos en la Universidad Nacional durante octubre de 1966 y junio de 1967 que
involucraron entre otros homicidios y actos de tortura y de barbarie. Ese Decreto 2090 permitió amnistiar a los
autores de dichos crímenes.
     La ocupación de la refinería de Ecopetrol de Barrancabermeja por la USO en 1971 y que culminara con la
imposición de severas penas de prisión, implicó un proceso de amnistías bajo la subsiguiente administración de
Pastrana Borrero que otorgó la libertad a los condenados. Una década después y en el propósito gubernamental de
lograr acuerdos con el M-19, se expidió la Ley 37 de 1981 mediante la cual se otorgaba la amnistía por delitos
políticos. Luego se dicto la Ley 35 de 1982 que dispuso el otorgamiento de una amnistía general, sin que para tal
fecha se hubiera concretado ningún acuerdo con alguno de los grupos guerrilleros, bajo la administración Barco se
reinicio la búsqueda de acuerdos con el M-19, se dictó entonces la Ley 77 de 1989 que otorgó finalmente el perdón
judicial, extinción de la acción penal y de la pena, cuya aplicación para los casos individuales se reglamentó a través
del Decreto 213 de 22 de enero de 1991.
     El Gobierno suscribió también acuerdos de desmovilización e incorporación a la vida civil, con el Partido
Revolucionario de los Trabajadores, en enero de 1991 y el Quintin Lame el 27 del mismo año y en cuyos textos
respectivos se aludía a la mencionada ley de indulto y a su correspondiente decreto reglamentario.
     Posteriormente y en relación con las negociaciones adelantadas con la Corriente de Renovación Socialista, se
expidió una ley de indulto, la 104 del 93 que contemplaba el otorgamiento de otras medidas como auto inhibitorio,
preclusión de investigación, cesación de procedimiento cuando se tratara de delitos políticos y conexos.
     Un mes más tarde, en mayo del 94 se formalizaron nuevos acuerdos de desmovilización y reinserción con base en
la Ley 104, esta vez con grupos de milicias de Medellín, milicias populares del pueblo y para el pueblo, milicias
independientes del Valle de Aburra, y milicias metropolitanas.
     La expedición de la Ley 418 de diciembre de 1997 durante la administración Samper, prorrogada mediante Leyes
548 y 782 vigentes hoy, previo el otorgamiento de indultos individuales para miembros de las guerrillas que
manifestaran su voluntad de desmovilización y cuando se tratara de delitos políticos.
     Esta ley, esto es muy importante señor Presidente y podría ser el primer antecedente de lo que vamos a aprobar
muy seguramente unos días más adelante, excluye una cantidad de hechos punibles de los delitos susceptibles de
indulto, en efecto según su artículo 50, los indultos no se aplicarán a autores de conductas atroces, de ferocidad o
barbarie, terrorismo, secuestro, genocidios, homicidios fuera de combate o colocando a la víctima en estado de
indefensión.
     Ese es grosso modo la historia de la forma como hemos canalizado la solución de nuestros conflictos, óigase bien
señor Presidente, sin mucho acento en los riesgos de impunidad, sin mucha atención a los derechos de las víctimas,
hoy nos corresponde añadir los principios de verdad, justicia y reparación en cualquier proceso de reconciliación.
     Hemos llegado aquí tal vez señor Presidente a lo que podría ser el meollo de este asunto, en el pasado según la
relación que he hecho, el país no para mientes, en el valor justicia, ni tampoco en los derechos de las víctimas, antes
por encima de nada estaba, se tuvo en cuenta única y exclusivamente el valor de la paz, para lograrla era admitido,
se admitía que podría apelarse a cualquier tipo de decisión legal, con el propósito que frente a un grupo armado al
margen de la ley, cualquiera que hubiera sido los delitos en que hubiera incurrido, decidieran desmovilizarse y
firmar un acuerdo de paz, bastaba ello, que ello sucediera, para que inmediatamente sobreviniera la respectiva
norma legal que acogiera a los integrantes de esos grupos armados, permitiera que se reinsertaran a la vida civil y es
más, permitiera que siguieran actuando con plenos derechos civiles y políticos en todo el escenario de la vida
democrática nacional.
     Quizá esa Ley 782 es el primer antecedente de que algunos delitos los excluidos y que he citado, no deberían ser
objeto de ese tratamiento tan benigno por parte del legislador o por parte del Gobierno o por ambos.
     Pues bien señor Presidente, las cosas hoy han cambiado y han cambiado radicalmente al punto de que al país
podría señalarse de haber denegado justicia, de no haberla administrado si se procediera de idéntica manera, hoy
está completamente proscrito, están completamente proscritos el indulto y la amnistía para los delitos atroces, la
comunidad internacional, la opinión nacional, la conciencia nacional no admitirían hoy que expidiéramos leyes como
las que he citado para resolver los problemas que tenemos que enfrentar para resolver los delitos que han cometido o
las autodefensas o las guerrillas u otros miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
Ha variado como señalaba la doctrina, la jurisprudencia internacional, han variado las corrientes del derecho de los
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Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y hoy se opone y hoy se impone que a delitos atroces
así medie un proceso de paz, sea necesario imponerles no solo condenas, sino en algún grado la privación de la
libertad efectiva para sus autores, para que de alguna manera nos reconciliemos con la comunidad internacional,
con la comunidad nacional y sobre todo y también para que a estos procesos agreguemos el desarrollo del valor
justicia, como otro derecho fundamental y valor superior y también para que atendamos los derechos de las víctimas
que se reconocen hoy en todos los escenarios anotados.
    El proyecto señor Presidente contiene una serie de exposiciones que como señalaba al principio, hemos
considerado nosotros que son las que convienen para resolver el proceso en que se ha embarcado el Gobierno
Nacional con las autodefensas y que también sería o podría constituirse en un punto de referencia para
negociaciones futuras con otros grupos armados.
    Desde luego que no faltan quienes se mofan de esto afirmando que será imposible negociar en el futuro con
nuestras guerrillas, si no se parte de tomar medidas como las que se tomaron en el pasado para integrantes de grupos
de ellas mismas, así ocurra como he señalado una absoluta contrariedad, tanto con la opinión nacional como con la
comunidad internacional. De todas maneras señor Presidente, yo voy a señalar algunos de los contenidos iniciales
del proyecto, sin dejar de resaltar que sobre todos o algunos de ellos va a suscitarse aquí una grandísima discusión
que será la que tengamos que enfrentar en el momento oportuno.
    Dejo sí a salvo como lo señalaba, que los ponentes hemos hecho un gran esfuerzo, hemos obrado con buena fe y
desde luego que estamos plenamente convencidos de que esta no es la verdad revelada y que serán bienvenidos los
aportes que puedan hacer todos los Congresistas a efecto de mejorar esta iniciativa, partiendo del entendido de la
buena fe que nos asiste a todos y el propósito de acertar para que realmente este proyecto sea eficaz y conduzca a
que avancemos muchísimo en el proceso de consolidación de la paz en que está empeñado el Gobierno Nacional y
que creo que la mayoría de los Congresistas apoyamos.
    El contenido del proyecto en breves líneas señor Presidente.
    Uno. El proyecto es cuidadoso en articular los beneficios penales con los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación. Hay un sinnúmero de artículos que desarrollan esos tres postulados y que acogen en buena
medida como lo señalaba las corrientes del derecho internacional y la jurisprudencia y la doctrina tanto
internacional como la nacional.
    Dos. El proyecto sólo incluye como potenciales beneficiarios a grupos de la guerrilla o de autodefensas y
definitivamente excluye a organizaciones de narcotraficantes, ahí ha habido mucha discusión en este punto señor
Presidente, algunos consideramos nosotros sin razón, han dicho que en este punto se nos ha colado el narcotráfico y
que quizá con la aprobación de este proyecto habremos incurrido no solo en abrirles un espacio desde el punto de
vista muy general, muy generoso a los narcotraficantes, si nada más habremos incurrido en una operación de lavado
de bienes adquiridos de manera ilícita de gran magnitud, atendiendo esas observaciones, que no compartimos por
supuesto porque hemos sido cuidadosos en que este proyecto sea exclusivamente para guerrilleros o para
autodefensas que no tengan como fin primordial el narcotráfico, pues hemos tomado además unas cautelas como la
elaboración de un listado por parte del Gobierno Nacional en el que podrá obrar de manera selectiva e imponer el
primer tamiz, sino porque a los fiscales y a los jueces que les tocará decidir finalmente sobre manejar las
investigaciones y decidir sobre las penas a imponer y demás, tendrán un margen muy amplio para también imponer el
tamiz a punto de que no sean elegibles, sino personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley y
que desde luego pertenezcan a guerrilla o a autodefensas y que no sean narcotraficantes.
    El tercer punto. Los hechos investigados, buscados y sancionados de conformidad con la ley, solo pueden ser
aquellos cometidos, durante y con ocasión de la pertenencia a los grupos guerrilleros o a los autodefensa, no a
hechos anteriores o cometidos por fuera de la organización.
    La aplicación de la ley quedará ligada a las disposiciones internacionales que regulan la materia, ya lo decía;
hemos procurado observar lo que se denomina los estándares internacionales aquellos en los que podremos
detenernos cuando llegue la ocasión.
    Cinco. La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía o indulto o
cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 d e 2002, se seguirá canalizando por lo dispuesto en esa ley, debe
quedar suficientemente claro para todos los integrantes de estas comisiones señor Presidente, que no se modifica la
Ley 782 y que será aplicable como lo ha sido hasta ahora para resolver los casos de personas vinculadas a esos
grupos armados que no han incurrido en la comisión de delitos atroces.
    Seis. La ley obliga a los jueces a determinar la pena aplicable en cada caso de conformidad con las normas
ordinarias, no es que no vaya a aplicarse a los miembros de los grupos armados que sean beneficiarios de esta ley, la
condigna sanción por los delitos que han cometido, muy seguramente a la mayoría de los cabecillas de estas
organizaciones se impondrán penas altísimas que no deberán ser inferiores pienso yo a treinta, cuarenta años por
supuesto atendiendo la naturaleza del delito cometido a las circunstancias en que se cometió y demás, pero además
de esa ley, adicionalmente se fijará un beneficio consistente en reemplazar esa pena, la pena ordinaria por el delito
cometido por otra pena alternativa que se concede como por la contribución del beneficiario a la consecución de la
paz nacional, a la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y la adecuada resocialización, habrá
entonces impuesta por los magistrados, una pena principal y una pena alternativa que será el beneficio fundamental
que concede esta ley.
    Siete. Las víctimas mantienen una altísima consideración en el proyecto, no podría ser de otra forma, ya he dado
algunas explicaciones alrededor del tema y por eso sigo adelante señor Presidente.
    Ocho. Por virtud de la aplicación de la ley, el Estado no renuncia a su deber de realizar una investigación
efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por
los miembros de los grupos armados, no porque se trate de una negociación política, no porque se trate de la
obligación que tiene el imputado de rendir una versión, no porque se produzcan las condenas, el Estado puede
renunciar al deber que tiene de esclarecer los hechos para conservar su memoria histórica y sobre todo para tomar
las medidas necesarias y conducentes como lo establece el proyecto a la no-repetición.
    Nueve. El proyecto es contundente y explícito en exigir la revelación de los hechos delictivos y en demandar de
los beneficiarios de la ley información sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Y el
proyecto no se opone a que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales para la reconstrucción de la
verdad.
    Diez. El proyecto prevé acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción
de las víctimas y se fija en garantizar la no-repetición. Según los estándares internacionales, en la restitución,
indemnización y rehabilitación y satisfacción de las víctimas y la garantía de no-repetición, se descompone lo que en
general se conoce como el derecho de reparación.
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    En ese sentido se obliga a hacer restituciones, compensaciones y acciones tendientes a la recuperación de las
víctimas, así como acciones tendientes a restablecer su dignidad, reparaciones simbólicas, reparaciones colectivas
entre otras.
    El proyecto señor Presidente contiene unas muy ricas de medidas en materia de procurar en reparación de las
víctimas tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, también para ofrecer
satisfacciones a la sociedad entera.
    Once. No habrá beneficios sin desmovilización, recuérdese que todo este proceso parte señor Presidente, de la
firma de un acuerdo, de los grupos armados organizados al margen de la Ley o de bloques de estos, con el Gobierno
Nacional a partir de lo cual será un listado que será el que determine en un futuro luego de la investigación y del
juzgamiento respectivo la aplicación de las sanciones y de los beneficios de la ley. No habrá beneficios sin entrega de
bienes.
    Trece. Los beneficiarios tienen que demostrar no solo su desmovilización, sino su desmantelamiento definitivo;
claro los beneficiarios de esta ley tendrán que contribuir eficazmente a que cese la actividad armada del grupo a que
pertenecía.
    Quince. El proyecto exige perentoriamente que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos
políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita. Este asunto señor Presidente que no estaba en los
proyectos iniciales, fue objeto de encendido reclamo por parte o por algunos de los asistentes a esas reuniones. Al
parecer miembros de estos grupos armados interfieren la vida política local y regional, determinan el suceso de las
elecciones, imponen candidatos, señalan a quienes no pueden participar y por esa razón hemos establecido normas
muy claras para que se pierdan los beneficios en caso de que se evidencie alguna interferencia de miembros de estos
grupos armados en proceso de desmovilización y obtención de beneficios a la vida política local, regional e incluso la
nacional.
    Dieciséis. La ley no aplica para grupos que se hayan organizado para el tráfico de
estupefacientes o enriquecimiento ilícito, en eso como lo señalaba es absolutamente claro y
categórico el proyecto y creemos que con las salvaguardas que se han introducido no podrá
afirmarse que se colaron o que se colaran narcotraficantes como beneficiarios de esta ley.
    Diecisiete. Los privados de la libertad podrán acceder a los beneficios siempre que se determine su pertenencia al
grupo, es obvio que quien pertenezca a un grupo de estos, para el se expida una ley de beneficios, naturalmente se le
apliquen ello siempre y cuando de las decisiones judiciales respectivas no quede duda alguna en la materia.
    Dieciocho. Se permite la aplicación de la ley en condiciones muy estrictas a los desmovilizados individualmente
que contribuyan a la consecución de la paz, la ley como se ha dicho, es aplicable tanto a quienes se desmovilicen de
manera colectiva como a quienes se desmovilicen e individualmente según procedimientos y requisitos muy claros
que se consagran en el articulado. Ya lo veremos señor Presidente.
    La investigación y la actuación procesal está regida por los principios de oralidad y celeridad, naturalmente
señor Presidente, lo que pretendemos los legisladores en esta materia es que se apliquen en extenso, las nuevas
corrientes del derecho penal colombiano que hacen de la oralidad y la celeridad un procedimiento a aplicar de
manera inmediata, estos procesos serán orales y tendrán que tomarse las medidas necesarias para que estos
proyectos no duerman en los anaqueles y no que se resuelvan como conviene a la paz, a la justicia, a la reparación y
como conviene al logro del propósito de la paz nacional.
    Se crea una Unidad Nacional de Fiscalía para la justicia, la paz, para investigar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se realizaran las conductas punibles, las condiciones de vida sociales, familiares, etc., del
acusado y su conducta.
    Vamos a crear esa unidad de Fiscalía señor Presidente especial, porque la consideramos necesaria para que sea
ese solo grupo dentro de la gran Fiscalía, el que se ocupe de un tema tan complejo como este, para que haya
concentración de la información y sobre todo para que los Fiscales que intervengan conozcan mucho más a fondo los
temas que se someten a consideración. Consideramos necesario no desparramar esta investigación o estas
investigaciones por toda la Fiscalía, porque correríamos inmensos riesgos que obviamente ustedes advierten muy
fácilmente.
    Veintidós. El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el Consejo Superior de la Judicatura será el
competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley. De este modo se
respeta la estructura y la organización judicial ordinaria. Señor Presidente, los proyectos iniciales contemplaban la
constitución de un tribunal especial que se encargara de la investigación y el juzgamiento por estos delitos. Para ello
encontramos que se necesitaría o la expedición de una Ley Estatutaria o eventualmente la expedición de una reforma
constitucional. Analizábamos los pros y los contras y llegamos a la conclusión de que en orden a obtener este marco
legal tan rápido como fuera posible y a los riesgos de constitucionalidad, de crear ese tribunal especial o a un riesgo
de acudir a una reforma constitucional, optamos por la vía de autorizar la creación de unas salas especializadas en
los tribunales superiores de distrito, aquellas que señale el Consejo Superior de la Judicatura que tiene la facultad
legal para hacerlo, a fin de que se encarguen esos tribunales superiores a través de salas especializadas, del
juzgamiento de estos delitos.
    Veintitrés, ante el Fiscal correspondiente, los potenciales beneficiarios de la ley podrán manifestar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos, cometidos con ocasión de
su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley.
    La versión rendida será sometida a un programa metodológico orientado a comprobar la veracidad de la
información y esclarecimiento de los hechos. Se establece que si el potencial beneficiario no declaró algunos hechos
punibles, se le programará audiencia preliminar para la formulación de imputación por esos hechos. La Sala
competente del Tribunal convocará a audiencia pública para examinar cargos y luego citar a audiencia de sentencia,
individualización de la pena.
    Se investigarán y juzgarán conjuntamente los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia del desmovilizado al grupo armado, la investigación o el juzgamiento de los cargos no aceptados por el
potencial beneficiario se tramitara por leyes procedimentales al momento de su comisión y respecto de los cargos
aceptados se otorgaran los beneficios de que trata la presente ley. Señor Presidente, aquí hay un asunto interesante y
es que podríamos encontrarnos en algún momento ante el hecho de que alguno de los presuntos beneficiarios de esta
ley confesará sólo parte de los delitos y que a él pudieran imputársele otros que no confesó.
    Naturalmente sobre los que confesó se aplicarán las disposiciones de esta ley. Sobre los que no confesó se abrirá
la investigación respectiva conforme a normas ordinarias, se aplicarán las sanciones y claro, el proyecto prevé unas
disposiciones clarísimas para resolver aquel caso en que él en algún momento procesal decida confesar esos delitos,
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caso en el cual podrán aplicarse los beneficios y que sino lo hiciere pues podrá, se prevé todo aquello relativo a la
acumulación de las penas.
    Los hechos no confesados serán investigados y juzgados conforme a Ley Ordinaria, en materia de recursos la
sentencia es apelable ante la Corte, habrá acción extraordinaria de revisión ante la Corte en pleno, no habrá recurso
de casación, dado que la segunda instancia de estos procesos a petición de la Corte Suprema de Justicia, será
tramitada por la Sala Plena.
    Las salas de los tribunales determinarán la pena que corresponda por los delitos cometidos como ya se había
dicho, en ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena
alternativa que será de cinco años, como mínimo y no superior a ocho, pasaba de acuerdo con la gravedad de los
delitos y la colaboración efectiva en el esclarecimiento de los hechos.
    Señor Presidente, porque una pena de cinco años mínima, porque una máxima de ocho años, alrededor de este
tema una gran discusión al interior de las comisiones, de las comisiones de ponentes y de los representantes del
Gobierno Nacional y del propio Presidente de la República. Sin duda alguna a mi juicio una decisión de esta índole
tiene un enorme valor subjetivo, caprichoso si se quiere. Uno podría decir igualmente que una pena mínima de cuatro
años es suficiente o que también lo es de dos como la que se aplicó en Inglaterra y por el contrario también habría
alguien que podría sostener que la pena máxima de ocho años es mínima y que una pena adecuada podría ser de
dieciséis o de veinte años dado que se trata de delitos muy graves.
    Tiene esta decisión un coponente subjetivo y caprichoso sin duda alguna, acogimos el rango de cinco o a ocho
años, porque fue el que nos pareció que tenía mayor nivel de aceptación y porque pensamos que con él satisfacíamos
tanto la demanda de la comunidad internacional, sus presiones, porque evidentemente existen, sino también porque
satisfacíamos a la opinión nacional; recuérdese que partimos de la base de que tenemos que desarrollar el valor paz
como un derecho fundamental, pero también agregarle ingredientes de justicia, de verdad y de reparación.
    Cumplida la pena alternativa y en las condiciones impuestas en la sentencia, se concederá al individuo la libertad
a prueba por el término superior a una quinta parte de la pena alternativa.
    La cosa es la siguiente señor Presidente, repito, una pena principal al tenor de los delitos cometidos según las
leyes ordinarias, una pena alternativa entre cinco y ocho años, la cual una vez purgada abrirá paso a una libertad
vigilada por una quinta parte de la pena alternativa al término de la cual esa se declara pagada o cancelada
definitivamente la pena, se perderán los beneficios obtenidos en virtud de la ley, si durante la ejecución de la pena o
el período de libertad a prueba del reinsertado intimida o pretende corromper a cualquier autoridad a carcelar,
naturalmente tendrán que observar una conducta intachable quienes sean beneficiarios de esta ley.
    El proyecto crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y define quiénes son sus integrantes, dice
además la creará señor Presidente por cinco años y tendrá una función primordial de garantizar los derechos de las
víctimas, presentar informes públicos sobre las causas y surgimientos de los grupos armados, hacer seguimiento y
verificación a los procesos de reincorporación, hacer recomendaciones a los Tribunales Superiores sobre medidas de
reparación y a la revocatoria de beneficios entre otros, habrá comisiones regionales que se encargarán sobre todo de
tramitar los temas relativos con bienes, la ley crea un fondo para la reparación de las víctimas, se le asignan algunas
funciones a la red de solidaridad social en punto de acciones de reparación e indemnización, se establecen unas
normas para la conservación de la memoria y aquí viene un tema muy polémico señor Presidente, sobre el cual como
se dirá aquí más adelante, se han dejado unas salvedades por parte de algunos de los Congresistas que suscriben la
ponencia. Es el relativo a una rebaja de penas entre una décima y una quinta parte para todo aquel que cumpla la
pena a la entrada en vigencia de la ley o que condicionada comportamiento, acciones de reparación y cooperación
con la justicia, es lo que vulgarmente se ha denominado como el jubileo o la rebaja por el jubileo.
    También se incluye a petición entre otros del Senador José Renán Trujillo quien ha sido un adalid de esa causa,
algunas disposiciones que permiten aplicar los beneficios de la ley para facilitar los acuerdos humanitarios. Y por
último, se establece que la ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia; eso es en
términos generales señor Presidente el contenido fundamental del proyecto de ley, cada uno de esos puntos es
extremadamente discutible, no sólo particularmente considerados, sino también lo es, no se me escapa el contenido
general de la ley y más que es una decisión que considero política, trascendental en esta materia.
    Algunos podrían decir inclusive que no debería expedirse una ley y que, en materia de resolución de un conflicto
como esa queja, tendríamos que aplicar en extenso y a raja tabla la legislación vigente.
    Muchas otras críticas podrían presentarse señor Presidente, vamos a ver qué pasa en el debate, para nosotros
quienes suscribimos esta ponencia será de vital importancia escuchar los argumentos de nuestros colegas y
especialmente de quienes se han separado de nuestra posición por razones que obviamente nosotros respetamos
señor Presidente. Respeto, eso sí que no nos inhabilitara para participar en una discusión con el único y exclusivo
propósito de tratar de aceptar señor Presidente.
    Señor Presidente. Yo dejo ahí por el momento, le repito, dejando a salvo la posibilidad que tengo como
coordinador de ponente de intervenir en el debate, cuantas veces lo estime prudente, siempre y cuando usted me lo
permita, muchas gracias.
    Secretario:
    Señor Presidente. Me permito informar que ha sido radicado en la Secretaría un impedimento de un
Representante.
    La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Darío Martínez Betancourt:
    Presidente. Para formularle una respetuosa pregunta, como el reglamento dispone que los ponentes absolverán
los interrogantes y dudas que se planteen, que nosotros tenemos los miembros de las comisiones en este caso el
derecho a formular preguntas, yo tengo varias preguntas. ¿En qué momento podemos formularles esas preguntas a
los señores Ponentes?
    La Presidencia interviene para un punto de orden:
    Apenas terminen de hacer su exposición del Respectivo informe. Eso quiere decir que terminada la sustentación
de este informe por parte de quienes suscriben la ponencia base, se procederá a la formulación de las preguntas que
tengan los honorables Senadores y Representantes. Y lo propio harán cuando concluyan la sustentación del informe
de la segunda ponencia que se ha radicado sobre el proyecto que estamos debatiendo.
    La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Germán Vargas Lleras:
    No, señor Presidente. Estaba esperando que usted me concediera el uso de la palabra para la constancia que
pretendo dejar y que no voy a someterlos a que la escuchen, sino sintetizarla de manera breve en mi condición de
suscriptor de la ponencia principal y tal como usted había señalado.
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     A ver Presidente. Yo advertí que no los voy a fatigar con la lectura de una constancia que por demás no es
pequeña, contiene veinticuatro páginas. Pero a quien quiera profundizar sobre el alcance de la misma, la radicaré en
Secretaría para que obre dentro del expediente de la discusión de este proyecto.
     La voy a sintetizar de la manera más breve posible. Insistimos y por eso suscribimos la ponencia principal que en
términos generales compartimos la estructura del proyecto que viene a la consideración de las comisiones. Pero
queremos hacer algunos aportes y sobre estos llamo la reflexión a ustedes.
     En primer lugar, me parece que deberíamos examinar y tomar o no la decisión en la discusión de esta ponencia
principal, no reiterar conceptos y repetir conceptos que ya están incorporados en nuestro derecho interno, de nuestro
derecho positivo, por ejemplo:
     Artículo 1º. Objeto de la presente ley. El inciso segundo de la misma no hace nada distinto que repetir el artículo 8º de la Ley 782 y su
parágrafo 2º.
     En igual forma, consideramos que la estructura de este proyecto hay que entenderla así la percibo yo como una
ley instrumentaria de la 782. Dentro del cual para futuras interpretaciones debería entenderse que nos rige el Código
de Procedimiento Penal, la 782 y este como un instrumento de aplicación de la 782 para determinadas
circunstancias, manteniendo plena validez, el alcance de la Ley 782.
     En segundo lugar, me parece que para el artículo 4º valdría la pena agregar en desarrollo de estos conceptos la
frase de acuerdo con los estándares internacionales y eso nos permitiría ir limpiando el proyecto de redefinición de
conceptos como el de víctima, justicia, verdad, reparación, desmovilización.
     Creo yo que todos estos conceptos como muchos otros que ya están contenidos en el Código de Procedimiento
Penal, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Están incorporados en los tratados internacionales ratificados
por Colombia, y aun los no aprobados por el Congreso, de los suscritos por el Gobierno Nacional de conformidad
con reiteradas sentencias de la Corte y esto lo menciono para cuando entremos a la discusión y votación del
articulado, entender que presentaremos proposiciones supresivas, a todos aquellos artículos insisto, que sean
reiterativos de convenios internacionales con unas descripciones que corren el riesgo de apartarse de los estándares
internacionales inútilmente, como también la reiteración de principios consagrados en el Código de Procedimiento
Penal que creo yo no viene a lugar reiterarlos en esta iniciativa.
     Me preocupa si un asunto sobre el cual ya el doctor Uribe hizo hincapié que me parece que no resulta claro ni
preciso, me voy a referir al delicado tema que se ha mencionado y es cómo operaría el tema del narcotráfico en
relación con este proceso, tanto de desmovilización colectiva como de desmovilización individual.
     Yo no creo que resulte clara la definición contenida en el artículo 10, cuando se señala que como requisito para
acceder a la desmovilización, que la organización del grupo no haya tenido como fin principal el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
     Y posteriormente cuando en el artículo 11 se señala el numeral 11.5 que su actividad o la del grupo al que
pertenecía no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, yo creo que no
resulta claro qué es lo que se desea. A quién va esto dirigido, quién resultaría elegible para el proceso, o cómo
podría operar el tema de la conexidad. Y traemos a consideración de ustedes una propuesta que pondremos en su
momento a consideración sustitutiva de este articulado, tanto en el artículo 10 como en el 11, una propuesta que
podría rezar en igual forma no son elegibles ni para la desmovilización colectiva, ni para la desmovilización
individual, aquellas personas cuya actividad personal haya sido el narcotráfico como lo reza el proyecto, pero luego
me parece obligante que nos curemos en salud, advirtiendo que tampoco lo serán aquellas personas que hayan
derivado un enriquecimiento personal de esta actividad del narcotráfico. Y mucho menos aquella persona que haya
participado en actividades de narcotráfico con anterioridad a su incorporación a un grupo al margen de la ley.
     Me parece que tomando precauciones de esta naturaleza, evitamos las aseveraciones que hoy gravitan sobre el
actual proceso en el sentido de que personas están comprando frentes, de que personas que no participaron de la
actividad se han incorporado al proceso, evitamos que personas que hayan derivado un enriquecimiento personal por
actividades de narcotráfico puedan beneficiarse de la alternatividad o de la pena alternativa que aquí se está
consignando y cerraríamos todas las puertas a eventualidades de esta naturaleza. Me parece que es uno de los temas
gruesos y uno de los temas sobre los cuales vale la pena que meditemos, porque uno comprende las buenas
intenciones contenidas en la ponencia, pero insisto, me parece que deben ser complementadas para superar cualquier
manto de duda que pueda presentarse tanto en la discusión y aprobación de esta iniciativa como en su posterior
aplicación.
     Y este es uno de los temas gruesos donde queremos hacer este aporte, en igual forma y dentro de las expresiones
que yo les he señalado de ir depurando el proyecto de conceptos ya contenidos tanto en el ordenamiento
internacional como en nuestro ordenamiento del Código Procesal Penal, no parece razonable insistir en reiterar
principios de oralidad, de celeridad, los principios de oralidad y celeridad en los artículos 12 ó 13 o reiterar el
concepto de defensa en el artículo 14 o el del esclarecimiento de la verdad en el artículo 15, todos estos conceptos
están mejor definidos y con mayor precisión en el actual Código de Procedimiento Penal.
     En igual forma y dentro del artículo 15 pues no hay necesidad, ni compete a esta ley la creación de una unidad de
Fiscalías para justicia, paz, esas son competencias generales del Fiscal General de la Nación.
     Yo quiero plantear aquí un tema sobre la competencia, entiendo que los ponentes que participaron de las
reuniones de Palacio han estudiado el tema y nos aportarán luces. Yo simplemente me limito a exponerles a ustedes
preocupaciones que me asisten sobre el tema de la competencia.
     Yo tengo la impresión señor Presidente de que no estamos facultados, claro acepto argumentos en contrario, de
que no estamos facultados para asignarles a los Tribunales Superiores de Distrito la competencia en primera
instancia para el conocimiento de estos casos, y dejar la segunda instancia en la sala, en la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, francamente me parece que es un asunto sobre el cual debemos adelantar un debate.
     La propuesta que traigo a consideración de ustedes es que respetemos el procedimiento actual, el Consejo
Superior de la Judicatura puede organizar de manera colectiva los jueces superiores a los jueces de distrito para que
surtan la primera instancia conservando la segunda instancia en el Tribunal Superior y no aboliendo la c asación,
sino manteniéndola dentro del proyecto.
     Firmemente, creo que estaríamos modificando la Ley Estatutaria de Justicia, si cambiamos las competencias en
esta materia. Como también creo que podríamos estar violando la Constitución si eliminamos la instancia de la
casación a través de una Ley Ordinaria.
     Pero quiero dejarles estas preocupaciones, yo creo que bastaría con decir que conocerá en primera instancia el
Juez Colectivo, jueces de circuito, organizados para este efecto por el Consejo Superior de la Judicatura, pero será
asunto que discutiremos, yo lo menciono porque me asiste esa preocupación, sin duda estamos cambiando las
                                                                                                                  104
competencias que fija la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, es evidente y yo creo que inclusive vulnerando
principios de carácter constitucional, recuerdan ustedes el principio ex post facto, a uno lo pueden juzgar por la
comisión de hechos anteriores cambiándole el juez de competencia o la competencia para el juzgamiento posterior,
pero lo dejo a consideración de ustedes, asuntos que me inquietan en lo que tiene que ver con la competencia en esta
materia que contiene la materia principal.
    Sé que se debatió el tema, probablemente se presentarán argumentos en contrario, pero yo expongo estas
preocupaciones que creo que serían superables si conservamos la estructura contenida en la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, no veo peligro alguno en hacerlo.
    Creo en igual forma, que el tema de la versión libre y la confesión adolece de algo que quiero plantearles, no
obstante que está en mi criterio perfectamente bien concebida, la estructura que se ha determinado a través de la
versión libre, lo que no puede resultar sano, lo que no puede resultar aceptable es que una persona concurra a la
versión libre, no cuente toda la verdad, no confiese, entre en equívocos o cuente mentiras y posteriormente cuando la
Fiscalía General de la Nación encuentre contradicciones en esa versión, la persona pueda allanarse en una segunda
instancia a las indicaciones de la Fiscalía sin que eso tenga consecuencia alguna, me parece que deberíamos
estructurar este tema de versión libre y confesión, asignándole unos efectos y cuando esa confesión a través de la
versión libre que rendirá la persona no corresponda con la verdad, se demuestre que la ha omitido o resulte
contradictoria, en la segunda instancia que aquí se prevé que es el allanamiento posterior a los cargos que se
indican, de los cuales las Fiscalías lo sindican, debe tener alguna consecuencia en materia de pena y en materia de
gradualidad. Porque no puede ser razonable que eso no encuentre posteriormente ningún tipo de sanción.
    Conduciríamos a través de una figura como esta, a que la versión libre se vuelva simplemente en una instancia
procesal sin consecuencia alguna y yo creo sin duda que no estaríamos contribuyendo de manera eficiente a que esa
primera versión libre sea una versión a la cual se concurra de buena fe, con todo el deseo de colaborar, de
esclarecer la verdad, la consecuencia de esto y lo que vamos a proponer es que si posteriormente
se encuentran esas contradicciones dentro del período de prueba que por demás resulta muy bajo
en dos años, si posteriormente se encuentran contradicciones, probablemente las penas que se
pueden imputar entre cinco y ocho años se dupliquen cuando menos para forzar sin duda a las
personas a que concurran con la mejor buena fe al inicio del proceso.
    Quiero también en todos los artículos siguientes, si el tema de competencia después de haber sido discutidos es
aceptado naturalmente habría que variar el articulado en todo lo que concierne a la sala, el Tribunal por el juez
competente.
    En igual forma y como ya les había dicho.
    Artículo 35, reiterativo, no se necesita.
    El 36 Defensoría Pública no se necesita, el 37 Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz no se necesita, son
funciones del Procurador General atribuirles competencias a los Procuradores Delegados en esta materia.
    En igual forma, el 38 la participación de las organizaciones sociales para lo cual la Procuraduría podrá
prestarle su apoyo, también es hoy competencia del Procurador General.
    Felicito todas las normas excepción a la publicidad en el juicio, todas son normas impecables. Y quisiera
finalmente señor Presidente, señale yo que no pretendía mortificarlos, solicitud de reparación en el 47 sobra, la
restitución sobra, la rehabilitación sobra. Si acogemos el mismo concepto de no seguir reiterando o tratando de dar
descripciones que ya están contenidas en los convenios internacionales, y que nos exponemos a transcribirlas de
manera inequívoca.
    Yo tengo una preocupación también que dejo planteada y que seguramente se esclarecerá en las discusiones que
aquí tendrán lugar que es la responsabilidad del Estado, en lo que se refiere a la asignación de Presupuesto Nacional
para contribuir al fondo de reparación. Me parece que este es un asunto delicado sobre el cual se requiere una mayor
precisión, uno comprende que este fondo vaya de nutrirse con todo lo que sean bienes, que sean restituidos por parte
de estas organizaciones o también recursos de cooperación internacional, pero debe quedar claro hasta dónde llega
la responsabilidad del Estado en la asignación de recursos del presupuesto para la Constitución de este fondo.
    Hay naturalmente el tema que ya aquí se expreso que resulta muy polémico y es el tema de lo que llaman el
jubileo o la disminución de penas de carácter general, para personas no vinculadas a este proceso y sobre ese asunto
contenido en el artículo 61 desde ahora expreso mis reparos al mismo.
    No es la primera vez que a consideración de esta corporación llegan iniciativas de carácter similar, bien cuando
discutimos el Código de Procedimiento Penal y en ocasiones anteriores fueron radicados proyectos de esta
naturaleza, infortunadamente por publicaciones que hemos conocido recientemente, pudimos tener alguna idea de
cuál era el verdadero origen de esas iniciativas que en tres oportunidades han venido a consideración del Congreso,
no sé si esta tiene el mismo autor de la misma, me refiero al Senador Moreno de Caro, pero sobre estas iniciativas ya
hemos discutido suficiente. No hay razón lógica para que personas que no hagan parte de estos procesos se
beneficien naturalmente de una disminución de penas como están aquí contenidas y mucho menos para que personas
pertenecientes a organizaciones subversivas no vinculadas a un proceso de negociación también se hagan acreedores
a una reducción de penas como la que aquí está prevista.
    Pero para terminar, si así la desean, por lo menos estudien una solicitud que presentaremos en la Secretaría,
para que en cualquier evento de esta reducción no se beneficien en ningún caso, por lo menos las personas que están
purgando condenas por secuestro, por tráfico de estupefacientes, por enriquecimiento ilícito y por toda la serie de
delitos que bien hemos excluido en disposiciones anteriores, en el trámite de otras iniciativas, yo creo que el artículo
debería eliminarse, pero si se desea preservar, por lo menos se tome en consideración esta solicitud para excluir un
paquete de delitos de los posibles beneficios que se puedan otorgar.
    Termino señor Presidente, por señalar que en lo referente al artículo que prevé un intercambio humanitario
tampoco compartimos la redacción contenida en el proyecto y se presentará en su momento una proposición
sustitutiva que ha sido redactada por el Senador José Renán Trujillo, hemos acordado que en la elaboración de la
ponencia principal no se ajustó el texto a lo que inicialmente se había acordado con el Senador Trujillo y en ese
contexto presentaremos proposiciones sustitutivas al artículo en cuestión.
    Bueno, hay algunos otros asuntos de trámite que iremos presentando una vez entre la discusión del articulado y
en ese sentido término por expresar en la discusión del articulado, nuestra contribución creo que puede orientarse a
simplificar en lo que sea posible a la iniciativa, eliminando repito todos los conceptos reiterativos de disposiciones
contenidas en el Código de Procedimiento Penal o en la 782 o en tratados internacionales vigentes en Colombia,
fundamentalmente Corte Penal, y la convención, si logramos simplificar todo eso, iremos yendo al meollo del asunto
y dejamos nuestras cuatro preocupaciones planteadas, con artículos sustitutivos en Secretaría, referentes, el tema
                                                                                                                 105
espinoso de narcotráfico, el tema de cómo manejar la confesión a través de la versión libre y las consecuencias que
se derivarían de que esta no sea plena y de que esta no resulte ajustada a la verdad, mencionamos el tema del jubileo
y dejo planteado todo el asunto de la competencia en lo que concierne a las distintas instancias de juzgamiento para
primera, segunda instancia y la posibilidad de restablecer la casación o la instancia de reducción a plenitud. Muchas
gracias Presidente.
     Dejo el documento en Secretaría, documento bastante complejo, soporte técnico de las afirmaciones que aquí he
hecho. Gracias.
                                                     Constancia
     Dejo constancia de que suscribo la ponencia radicada por los Senadores Mario Uribe Escobar, Claudia Blum de
Barberi, José Renán Trujillo García, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez Pinzón y los Representantes a la
Cámara Roberto Camacho, Armando Benedetti, José Luis Arcila Córdoba, Oscar Arboleda Palacios y Germán Varón
Cotrino, al Proyecto de ley número 211 acumulado con otros proyectos, titulado por la cual se dictan disposiciones
para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional; pero advierto que no comparto algunos de los artículos de la
misma para lo cual presento proposiciones sustitutivas, supresivas y modificatorias al articulado, sobre las siguientes
bases:
     I. Ejes fundamentales
     1.1 Las normas que de una u otra manera hacen referencia al `Bloque de constitucionalidad¿, no se deben repetir
en una ley, pues ellas son marco de aplicación y de interpretación, conforme al artículo 93 de la Constitución
Política, que ordena:
     "Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los Derechos
Humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
     Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia.
     <Incisos 3º y 4º adicionados por el artículo 1º del Acto legislativo número 2 de 2001. El nuevo texto es el
siguiente:>
     El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos
en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta
Constitución.
     La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a
las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada
en él".
     Ello es así, si se tienen en cuenta, algunas de las jurisprudencias que sobre el tema ha proferido la Corte
Constitucional. Veamos:
     1. "Los principios del Derecho Internacional Humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos
protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o
internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho
consuetudinario de los pueblos. La Carta de 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho
internacional de los Derechos Humanos como la del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, se acogió
la fórmula de la incorporación automática del Derecho Internacional Humanitario al ordenamiento interno nacional,
lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que caracteriza a los principios axiológicos que
hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
Adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la expresión formal y por escrito, esto es, la codificación
de los principios ya existentes en el derecho internacional consuetudinario. Por tanto, la ratificación produce la
importante consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a la obligatoriedad
del Derecho Internacional Humanitario.
     (...)
     La Carta reconoce plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios -debidamente ratificados- concernientes a
los Derechos Humanos. Esto indica que los constituyentes no ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria
rama que es el derecho internacional de los Derechos Humanos, algunas de cuyas características tuvimos ya ocasión
de señalar. Ella reconoce también plenos efectos jurídicos a las reglas del Derecho Internacional Humanitario,
particularmente durante la vigencia de los denominados Estados de Excepción. Es claro, pues, que las facultades del
Gobierno durante tales estados encuentran límites efectivos que operan aún antes de la vigencia de la Ley Estatutaria
a que alude la misma disposición constitucional. Lo cual significa, ni más ni menos, que las reglas del Derecho
Internacional Humanitario son hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas obligatorias per se sin
ratificación alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria. Y lo son "en todo caso" como lo señala
significativamente la propia Carta. Por virtud del texto expreso del artículo 94, bien pueden considerarse
incorporados a los derechos y garantías reconocidos por la Carta todos aquellos que sean inherentes a la persona
humana".1 (Resaltos fuera de texto).
     Y, se agrega: Derecho Internacional Humanitario / norma internacional que consagra derechos-aplicación.
     2. "La Constitución no solamente ordena respetar el Derecho Internacional Humanitario durante los estados de
excepción, sino que también permite que se apliquen las normas internacionales sobre derechos, que sean inherentes
a la persona humana, a pesar de que no los consagre el Ordenamiento Supremo, lo cual quedó consignado en el
artículo 94 ibídem, que prescribe: `La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ellos¿".2 (Resaltos fuera de texto).
     En Control Constitucional a la Ley 171 de 19943, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional (Protocolo II)", hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, se ordena:
     (i) DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Naturaleza imperativa / IUS COGENS
     "El Derecho Internacional Humanitario ha sido fruto esencialmente de unas prácticas consuetudinarias, que se
entienden incorporadas al llamado derecho consuetudinario de los pueblos civilizados. Por ello, la mayoría de los
convenios de Derecho Internacional Humanitario deben ser entendidos más como la simple codificación de
obligaciones existentes que como la creación de principios y reglas nuevas. Así, esta Corporación, en las sentencias
                                                                                                                  106
citadas, y en concordancia con la más autorizada doctrina y jurisprudencia internacionales, ha considerado que las
normas de Derecho Internacional Humanitario son parte integrante del ius cogens. Ahora bien, al tenor del artículo
53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se entiende por norma ius cogens o norma
imperativa de derecho internacional general `una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una
norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter¿. Por ello, según este mismo artículo de
la Convención de Viena, todo tratado que contradiga esos principios es nulo frente al derecho internacional. Esto
explica que las normas humanitarias sean obligatorias para los Estados y las partes en conflicto, incluso si estos no
han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del
consentimiento de los Estados sino de su carácter consuetudinario". (Resaltos fuera de texto).
    (ii) DERECHO INTERNACIONAL-Alcance de su imperatividad
    "La obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario se impone a todas las partes que participen en un
conflicto armado, y no solo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos tratados.
No es pues legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que
respetar en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios
internacionales respectivos, puesto que la fuerza normativa del Derecho Internacional Humanitario deriva de la
universal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de
humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están
entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden
ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado". (Resalto fuera de texto).
    (iii) DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Incorpo-ración automática al ordenamiento
    "En Colombia no solo el Derecho Internacional Humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera
una incorporación automática del mismo `al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente
con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este
cuerpo normativo integre el ius cogens¿". (Resalto fuera de texto).
    (iv) BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
    "El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente
en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las
leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia
Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel
constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del
articulado constitucional stricto sensu".
    (v) Prevalencia de tratados de Derechos Humanos
    "El único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario es que estos forman con el resto del texto constitucional un
"bloque de constitucionalidad", cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente el
principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas, con la prevalencia de los tratados ratificados
por Colombia, que reconocen los Derechos Humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Como es
obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el
Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del
Derecho Internacional Humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores".
    En consecuencia, (i) No es viable reiterar lo que es obligatorio; (ii) Al no reiterar y, al mismo hacer el llamado a
las normas de derecho internacional, mal puede el legislar no adaptar su lenguaje y alcance a dichos dispositivos que
son normas de superior jerarquía a la de una ley en especial, como la que se está debatiendo.
    1.2 El referente normativo que se desea no debe ser uno de aquellos que hagan relación a temas genéricos, sino
instrumentales, es decir, fijar el cómo se lleva a cabo la incorporación, desmovilización y, entonces, por esta vía,
finalmente se llegue a una propuesta o postura de paz. Tal no es el sentido del proyecto que se debate, pues allí se
están consignando conceptos y principios que en nada producen efecto, excepto, para generar una confusión que será
declarada inexequible por la Corte Constitucional. Por lo tanto, lo que se discute ha de ser especial y exclusivamente
instrumental.
    1.3 En consecuencia, la Ley 782 de 2002, no solo se debe dejar vigente en su integridad, sino que la nueva debe
ser un complemento instrumental de aquella.
    1.4 Se ha de tener en cuenta que las distinciones que no realiza la Ley 782 de 2002, no deben ser realizadas por
la nueva ley, pues ello lo impone la coherencia de los instrumentos. Como se ve en el estudio interno de la propuesta,
las subclasificaciones y conceptualizaciones no son productivas.
    1.5 La coherencia.
    Entre otros instrumentos que se han de tener en cuenta son los siguientes:
    a) El artículo 22 de la Constitución Política ordena:
    "Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento";
    b) La Ley 104 de 1993 y la Ley 241 de 1995, ordenaban:
                                                   "LEY 104 DE 1993
                                                      (diciembre 30)
                               Diario Oficial número 41.158, de 31 de diciembre de 1993
  por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan
                                                   otras disposiciones.
    <NOTAS DE VIGENCIA: Esta ley fue derogada por el artículo131 de la Ley 418 de 1997>
    Artículo 131 de la Ley 418 de 1997. Esta ley tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su
promulgación, deroga las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, así como las disposiciones que le sean contrarias".
                                                   "LEY 241 DE 1995
                                                      (diciembre 26)
                                Diario Oficial número 42.719, de 14 de febrero de 1996.
                               por la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona
                                                   la Ley 104 de 1993.
                                                                                                                   107
     Esta ley fue derogada expresamente por el artículo 131 de la Ley 418 de 1997, publicada en el Diario Oficial
número 43.201 del 26 de diciembre de 1997.
     Artículo 131 de la Ley 418 de 1997. Esta ley tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su
promulgación, deroga las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, así como las disposiciones que le sean contrarias";
     c) La Ley 251 de 1995, ordena:
                                                     "LEY 251 DE 1995
                                                       (diciembre 29)
                                 Diario Oficial número 42.171 de 29 de diciembre de 1995
     por medio de la cual se aprueba la "Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales",
hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907.
     La Jurisprudencia al punto determinó:
     "La búsqueda de la paz es un objetivo que ha existido desde siempre entre los Estados y frente al cual Colombia
siempre ha permanecido atenta ya sea prestando la colaboración necesaria o ratificando los diferentes instrumentos
internacionales que persiguen ese fin. El objetivo perseguido por la Convención que se revisa, relativo al logro y
mantenimiento de la paz en general consagrando para el efecto mecanismos a disposición de la comunidad
internacional, en nada se opone a nuestro ordenamiento Superior, sino que más bien resulta acorde con el mismo, si
se tiene en cuenta que la Constitución Política Colombiana desde su preámbulo señala como finalidad primordial la
de asegurar la vida, la convivencia, la libertad y la paz, con miras a garantizar un orden político, económico y social
justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana".4 (Resaltos fuera de texto).
     d) La Ley 434 de 1998, ordena:
                                                     "LEY 434 DE 1998
                                                          (febrero 3)
                                  Diario Oficial número 43.231, del 05 de febrero de 1998
           por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones y se dictan otras disposiciones.
                                                 El Congreso de Colombia
                                                         DECRETA:
     Artículo 1º. De la política de paz. L a política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su
estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de
organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y
que exprese la complejidad nacional.
     Cada Gobierno propenderá por hacer cumplir los fines, fundamentos y responsabilidad del Estado en materia de
paz";
     e) La Ley 438 de 1889, ordena:
                                                     "LEY 438 DE 1998
                                                          (marzo 25)
                                   Diario Oficial número 43.279, de 16 de abril de 1998
     por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y la Universidad
para la Paz para la creación de un Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos",
suscrito en Bogotá el treinta (30) de julio de mil novecientos ochenta y seis (1986).
     La Jurisprudencia al punto ha ordenado:
     "El convenio tiene como finalidad contribuir a la ingente tarea universal de educar para la paz por medio de la
enseñanza, la investigación, los estudios postuniversitarios y la divulgación de conocimientos fundamentales para el
desarrollo integral del ser humano y de las sociedades mediante el estudio interdisciplinario de todas las cuestiones
vinculadas con la paz. Los objetivos y finalidades enunciadas pueden lograr, sin lugar a dudas, su real y verdadera
concreción, por medio de la creación del Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la solución de
conflictos, con sede en Santa Fe de Bogotá, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 4º y 7º del Convenio que
creó la Universidad para la Paz, y según el cual, esta podrá suscribir convenios con Gobiernos para la consecución
del fin propuesto".5 (Resaltos fuera de texto).
     f) La Ley 497 de 1999, ordena:
                                                     "LEY 497 DE 1999
                                                         (febrero 10)
                                  Diario Oficial número 43.499, de 11 de febrero de 1999
                por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento".
     g) La Ley 548 de 1999, determina:
                                                     "LEY 548 DE 1999
                                                       ( diciembre 23)
     Diario Oficial número 43.827, de 23 de diciembre de 1999
         por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras
                                                        disposiciones.
     La Ley 782 de 2002, ordena:
                                                     "LEY 782 DE 2002
                                                       (diciembre 23)
                                 Diario Oficial número 45.043, de 23 de diciembre de 2002
     por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de
1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.
     La antigua Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes antes citadas en este acápite:
     Resalto los cambios que implican una coherencia en el discurso oficial, discurso de este Gobierno.
                                                      LEY 418 DE 1997
                                                       (diciembre 26)
                                                                                                                  108
                               Diario Oficial número 43.201, de 26 de diciembre de 1997
     por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.
     (...)
     Artículo 8º. <Artículo modificado por el artículo 3º de la Ley 782 de 2002. Corregido por el artículo 2º del
Decreto 1000 de 2003. El texto corregido es el siguiente:> Los representantes autorizados expresamente por el
Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr
la paz, podrán:
     a) Realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados
al margen de la ley;
     b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros, o miembros representantes de los grupos
armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: Obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su
disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estos grupos, o lograr su sometimiento a la ley, y
enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.
     Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz
y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común
acuerdo designen las partes.
     Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región en
donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que los suscribe.
     Parágrafo 1º. De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la
presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando
responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas.
     Parágrafo 2º. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el
desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura6 que se
hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de
la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.
     Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión
de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos, y certificará la participación de las personas que actúan como
voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados al margen de la ley. Las partes acordarán
mecanismos de verificación conjunta de los acuerdos, diálogos o acercamientos, y de considerarlo conveniente
podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación.
     Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros, con posterioridad al
inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.
     Para propiciar acercamientos, diálogos o negociaciones en procura de la paz, el Presidente de la República,
mediante orden escrita, determinará la localización y las modalidades de acción de la fuerza pública, bajo el
supuesto de que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni se generen inconvenientes o
conflictos sociales.
     Se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos,
negociaciones y acuerdos de que trata esta ley.
     Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Gobierno Nacional podrá acordar con los voceros o
miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelanten diálogos,
negociaciones o acuerdos, su ubicación temporal o la de sus miembros, en precisas y determinadas zonas del
territorio nacional o internacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la
ejecución de las órdenes de captura contra ellos, hasta que el Gobierno así lo determine, o declare que ha culminado
el proceso. La Fuerza Pública garantizará la seguridad de los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley, con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz, que se encuentran en la
zona, en proceso de desplazamiento hacia ella, o en eventual retorno a su lugar de origen.
     En ningún caso podrán subsistir estas zonas si con ellas se afecta el normal y pleno funcionamiento de las
instituciones civiles.
     Parágrafo 3º. Se entiende por miembro representante la persona que el grupo armado organizado al margen de
la ley designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el
Gobierno Nacional o sus delegados.
     Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que sin pertenecer al grupo armado organizado al margen
de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos,
negociaciones y acuerdos. No será admitida como vocera, la persona contra quien obre, previo al inicio de estos,
resolución de acusación.
     Parágrafo 4º. Con el fin de garantizar la participación de los miembros representantes de los grupos armados
organizados al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad en los diálogos, negociaciones o
suscripción de acuerdos, el Gobierno Nacional podrá dictar las medidas necesarias que faciliten su gestión, mientras
cumplen su condena o la medida de aseguramiento respectiva".
     Con respecto a la coherencia en el discurso oficial se debe destacar la Jurisprudencia que declara exequibles los
anteriores incisos de la ley, hoy Ley 782 de 2002.
     "(...) las partes en controversia, particularmente en aquellos conflictos cuya continuación pone en peligro el
mantenimiento de la convivencia pacífica y la seguridad nacional, deben esforzarse por encontrar soluciones
pacíficas que vean al individuo como fin último del Estado. Al respecto, esta Corporación ya había dicho que el
derecho a la paz `implica para cada miembro de la comunidad, entre otros derechos, el de vivir en una sociedad que
excluya la violencia como medio de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la ejecución de hechos
violatorios de los Derechos Humanos y el de estar protegido contra todo acto de arbitrariedad, violencia o
terrorismo¿. Sentencia T-102 de 1993. M. P. Carlos Gaviria Díaz. Y, en otro pronunciamiento la Corte señaló que `el
derecho y el deber a la paz obligan al juez constitucional a expulsar las leyes que estimulen la violencia y que alejen
las posibilidades de convertir los conflictos armados en conflictos políticos¿. Sentencia C-456 de 1997. M. P. Jorge
Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz. (...)
     En tal contexto, debe recordarse que el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución, preceptúa que (...). Por
                                                                                                                 109
consiguiente, si, como se expresó anteriormente, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, la
interpretación del mismo en cuanto a la solución del conflicto armado colombiano no solo debe efectuarse con base
en la Constitución en sentido formal sino también en consideración con lo dispuesto en los tratados internacionales
sobre Derechos Humanos. En consecuencia, los principios de arreglo pacífico y de exclusión de la fuerza para la
solución de las controversias internacionales también deben aplicarse en el conflicto interno colombiano, lo cual
demuestra que las soluciones concertadas para el logro de la paz prevalecen prima facie sobre otras medidas de
fuerza.
    (...)".
    Y agrega la Corte Constitucional, en cuanto a la soberanía y las variaciones que este concepto ha tenido,
conforme a los compromisos internacionales:
    "(...) Sentencia C-574 de 1992. M. P. Ciro Angarita Barón. La Corte explicó esta evolución, así:
    `El concepto de soberanía en su doble proyección (interna o inmanente y externa o transeúnte) ha evolucionado
de modo significativo, en armonía con las circunstancias históricas en las cuales ha tenido que utilizarse. (...)
    Tal estado de cosas no ha determinado la disolución del concepto de soberanía, pero sí su reformulación en
términos que compatibilizan la independencia nacional con la necesidad de convivir dentro de una comunidad
supranacional. Las obligaciones internacionales, difíciles antes de conciliar con la existencia de un `poder autónomo,
incondicionado y absoluto¿, resultan perfectamente compatibles con un `poder con suficiente autonomía para
gobernar¿ dentro de su territorio y obligarse frente a otros que hacen lo mismo dentro del suyo. Sentencia C-187 de
1996. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
    En este mismo sentido, en otro pronunciamiento la Corte Constitucional dijo que, en especial, el derecho
humanitario relativiza el criterio absoluto de soberanía, puesto que presupone un cambio de perspectiva de las
relaciones entre el Estado y los particulares, por lo que mecanismos como la verificación internacional de las zonas
para el diálogo. En relación con la constitucionalidad de este mecanismo, puede consultarse la Sentencia C-214 de
1993 M. P. José Gregorio Hernández Galindo, no constituye una intromisión arbitraria de otros países en asuntos
internos. Al respecto afirmó:
    "En la medida en que las partes enfrentadas en un conflicto armado ven limitados los medios legítimos de
combate, en función de la protección de la persona humana, esto implica que la soberanía ya no es una atribución
absoluta del Estado frente a sus súbditos, ni una relación vertical entre el gobernante y el gobernado, pues las
atribuciones estatales se encuentran relativizadas y limitadas por los derechos de las personas. Esto significa que se
sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin límites, propia de los regímenes absolutistas, según la cual el
príncipe o soberano no está atado por ninguna ley (Princips Legibus solutus est), por una concepción relativa de la
misma, según la cual las atribuciones del gobernante encuentran límites en los derechos de las personas. (...)
Sentencia C-225 de 1995. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
    23. De otro lado, también debe tenerse en cuenta que el derecho humanitario hace parte del bloque de
constitucionalidad. En ese sentido, pueden consultarse las Sentencias C-225 de 1995, C-040 de 1997 y C-467 de
1997. Y, de manera general, sobre el concepto de bloque de constitucionalidad, pueden verse las Sentencias C-582 de
1999, C-358 de 1997, C-191 de 1998 y C-040 de 1997, por lo que las normas que lo integran constituyen parámetro
de control constitucional que no desconoce la soberanía sino que le concede plena efectividad a los artículos 4º y 93
superiores. Por ello, es relevante para el presente juicio analizar el contenido del artículo 3º común a los Convenios
de Ginebra, -aprobado por Colombia por medio de la Ley 5º de 1960, ratificado el 8 de noviembre de 1961-.
    (...)".
    Y, con respecto al artículo 3º común de los Convenios de Ginebra, encuentra la Corte Constitucional, que:
    "25. Así, en consideración a que en Colombia existen `varias regiones del país cuya situación de orden público se
encuentra visiblemente afectada producto de la acción indiscriminada de grupos armados al margen de la ley¿ y que
`es preocupante observar cómo la guerrilla se ha venido expandiendo desde regiones marginales... todo ello
orientado a su fortalecimiento económico con el cual han potencializado su capacidad de intimidación¿ Gaceta del
Congreso del Congreso 371 del 12 de septiembre de 1997. Página 7. Exposición de motivos del proyecto de ley
presentado por el entonces Ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, el Estado colombiano, como parte
vinculada al respeto del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra, se obliga a ponerlo en práctica y a vigorizar
la negociación humanitaria y pacífica del conflicto. Por ello, la dinámica del proceso de paz no solo debe dirigirse al
diálogo, sino a materializar el mismo a través de acuerdos que concreten temas específicos del conflicto, los cuales,
sin perjuicio del silencio político que en ciertos momentos requiere una negociación, una vez firmados deberán darse
a conocer a la opinión pública, en razón de su derecho fundamental a estar informada veraz e imparcialmente (C. P.
artículo 20)".7
    Entonces, pese a la diferencia, no conceptual, que existe entre las normas analizadas, vale decir, la Ley 418 de
1997 y la Ley 782 de 2002, lo cierto es que las notas destacadas por la Corte Constitucional quedan indemnes y
hacen un `hilo conductor¿ para el establecimiento de nuevos instrumentos que en nada pueden cambiar los
contenidos constitucionales y el `Bloque de Constitucionalidad¿. Diferencias tales como:
    (i) El fijar la responsabilidad política y jurídica en el Ejecutivo; y, para nuestro caso,
    (ii) El retiro de la expresión `que se les reconozca el carácter político¿.
    Así, se encuentra el primer tema en el artículo 4º de la Ley 782 de 2002 (antes, artículo 10 de la Ley 418 de
1997), que determina:
    "Artículo 10. <Artículo modificado por el artículo 4º de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La
dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la
preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los diálogos y
acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta. (...)".
    Y lo segundo, el tema del retiro de la expresión `que se les reconozca el carácter político¿ que, aparejado con la
derogatoria expresa del artículo 11 de la ley 418 de 1997 -artículo 46 de la Ley 872 de 2002-, que ordenaba:
    "Artículo 11. Los representantes autorizados por el Gobierno podrán realizar actos tendientes a entablar
contactos con las llamadas autodefensas y celebrar acuerdos con ellas, con el fin de lograr su sometimiento a la ley y
su reincorporación a la vida civil". (Resalto fuera del texto).
    Es decir, subversión y autodefensas pareadas, en donde no se exige para las segundas el sometimiento y, por el
contrario, se permite una negociación, le permite, digo, un gran margen de maniobra al Ejecutivo. Lo que lleva a una
especial coherencia en la actividad de crear `instrumentos¿ para la reincorporación y negociación del conflicto.
    1.6 En suma, se puede
                                                                                                                    110
     (i) Seguir puliendo lo que se presentó, o
     (ii) Pensar en unas fórmulas específicas de un proceso como el existente con las modificaciones al `Principio de
Oportunidad¿. Se hará lo primero, por necesidad del trámite y se dejará lo segundo para una posibilidad posterior de
negociación y que lleven, en últimas, a la constitución de una especie de `Comisión de la Verdad¿.
     1.7 Igualmente, se tratará de no variar, no modificar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pues el
nuevo instrumento ha de resolver con los elementos funcionales el conflicto, sin variar los elementos estructurales de
la justicia, ya que se vería como una estructura ex post y, al mismo tiempo una repugnante excepción al `Principio de
Igualdad¿.
     II. Análisis de proyecto
     2.1 Capítulo I: Principios y definiciones
     Al decir del proyecto, `contiene el objeto de la ley que es facilitar los procesos de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente define los grupos armados al margen de
la ley acorde con lo estipulado en las normas del DIH¿. Tal planteamiento se encuentra en la Ley 782 de 2002, lo que
indica, lo innecesario de tales manifestaciones, basta pues con afirmar en la norma que además de lo establecido en
dicha ley, la reincorporación individual o colectiva se realizará conforme a los siguientes artículos.
     Y agrega: `Este Capítulo igualmente define el ámbito, interpretación y aplicación de la ley, las víctimas y el
derecho que tienen a la verdad, la justicia y la reparación así como el concepto de desmovilización. Asimismo, señala
que alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena impuesta en la sentencia, con la
condición de que el desmovilizado acepte la realización de los hechos ilícitos, su responsabilidad en los mismos, se
comprometa en la consecución de la paz, a cumplir las obligaciones impuestas en el fallo y a la reparación de las
víctimas¿. Rescatable como instrumento lo que se denomina `pena alternativa¿. Allí en verdad no se suspende la
ejecución de la sentencia, sino de la pena, pues es la pena la que se sustituye y no la sentencia que es, para esos
efectos, sentencia de condena. Es en verdad un cambio, un sustitutivo de la pena, del quantum de la pena. Lo que
interesa es el cómo se realiza y por quién, es decir, el mecanismo utilizado y quién lo va a realizar.
     Y además se dice: `Se establece de igual manera, que la reinserción a la vida civil de personas que puedan
beneficiarse de amnistía o indulto u otro beneficio establecidos en la Ley 782 de 2002, se regirán por lo allí
dispuesto¿. Es correcto, pero no dejado como se deja a la Ley 782 de 2002, como supletiva, cuando la idea es dejar
la Ley 782 como el marco general y esta nueva iniciativa convertirla en instrumental, bajo el marco de los
instrumentos internacionales, elemento que irá al comienzo de la misma como norma general.
     2.2 Capítulo II: Aspectos preliminares
     Allí se advierte: `Hace referencia a los aspectos preliminares como los requisitos de elegibilidad para
desmovilización colectiva e individual, donde se establece que solo podrán acceder al beneficio quienes se encuentren
en el listado que envíe el Gobierno a la Fiscalía General y que además cumplan otros requisitos tales como entregar
los bienes producto de la actividad ilegal, se hayan desmovilizado y entregado las armas, no haberse organizado
para traficar con estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, entregar al ICBF los menores reclutados por la
organización¿. Aunque se cree que las condiciones de la llamada elegibilidad no se ofrece por el decir del Estado,
sino de la negociación o el estado del arte de las conversaciones o elementos de estudio para el acercamiento con los
alzados en armas, lo cierto es que existe una gran diferencia en cuanto a lo individual y lo colectivo de los artículos
10 y 11 pues en ambas se permite una conexidad con el narcotráfico, conexidad que debe estudiarse con especial
resalto; además, en el mismo argumento de narcotráfico a uno se le pone la expresión `no haya tenido como finalidad
principal¿ (10) y en el siguiente, `no haya tenido como finalidad¿ (11), lo que puede indicar dos cosas:
     (i) Que existen finalidades diversas y esta, la del narcotráfico no fue principal -quién lo dirá-, y
     (ii) Cuando se trata de la elegibilidad individual, la finalidad no está calificada, es decir, no se le califica como
principal, pero ha podido no ser finalidad sino medio de financiación y así se abre la posibilidad de negociación con
los carteles, pues ellos, al financiar, son medios y no, finalidad.
     2.3 Capítulo III: Principios procesales
     Y se afirma en la ponencia que: `En consonancia con los estándares internacionales y con la misma
implementación del sistema acusatorio en nuestro país, el proyecto consagra como principios procesales, la oralidad
y celeridad, el derecho a la defensa material y técnica y el esclarecimiento de la verdad¿. Hasta allí estoy conforme,
pero agrega: `Ello sin perjuicio de que la interpretación de las disposiciones previstas en la ley se realicen de
conformidad con la Constitución Política, los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por
Colombia, las disposiciones de Derecho Internacional Humanitario y el conjunto de principios para la protección y
la promoción de los Derechos Humanos¿. La redacción es equívoca y contradictoria, pues no se trata de buscar un
marco legal y residualmente se refiera a los estándares internacionales; por el contrario, se parte de los estándares y
así, como lo ordena la Constitución -artículo 93-, se interpreta y se aplica la nueva ley, que ya se dijo es instrumental.
     2.4 Capítulo IV: Investigación y el juzgamiento
     Afirma la ponencia: `Se refiere a la investigación y juzgamiento, disponiendo que una vez recibido del Gobierno
el listado de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir a la paz, el Fiscal
Delegado asumirá la competencia para conocer de las investigaciones y que será competente para conocer el
juzgamiento la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el Consejo Superior de la Judicatura¿.
Ello es correcto. No obstante, la competencia será de los jueces y no de un tribunal; jueces plurales, que determine el
Consejo Superior de la Judicatura. Lo que implica ninguna reforma, como se afirmó, a la Ley Estatutaria de la
Administración de la Justicia.
     Y agrega: `Se regula igualmente, lo relacionado con la versión libre y confesión, la formulación de la imputación,
la aceptación de cargos, la conexidad y acumulación de procesos y penas, la ruptura de la unidad procesal,
investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización¿. Necesaria es la regulación de la versión libre, que no
se encuentra consagrada en el nuevo sistema procesal penal. Necesario es, la configuración de la formulación de
cargos y la aceptación de cargos, pues los hechos pueden recaer con respecto a la ley anterior que no tenía tales
dispositivos. No obstante, la confesión, la acumulación de procesos y penas, la ruptura de la unidad procesal y la
conexidad, han de tener especial consideración, para precisar el alcance de los mismos o, ser consciente de su
aplicación a casos que no propiamente corresponden a la actividad de alzados en armas, en otros términos:
Narcotráfico y delitos afines.
     Y se determina, con buen y actual criterio, `(...) al incidente de reparación integral una vez se emita el fallo
condenatorio¿ y, lo relacionado con la pena, la pena alternativa y el compromiso adquirido por tal beneficio.
                                                                                                                 111
    Se acepta la posibilidad de recurso de reposición y apelación a la decisión de primera instancia, así como la
posibilidad de la Acción de Revisión, con todo el marco que ella produce. Se recordará:
    ▪ Es de interés resaltar que en oportunidad de Control Constitucional a las normas de Procedencia de la Acción
de Revisión, la Corte Constitucional con respecto al numeral 3 del artículo 220 de la Ley 600 de 20008, ordenó:
    "Declarar exequible el numeral 3 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, en el
entendido de que, de conformidad con los fundamentos 31, 36 y 37 de esta sentencia, la acción de revisión por esta
causal también procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia
absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de Derechos Humanos o infracciones graves al Derecho
Internacional Humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de
supervisión y control de Derechos Humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia
del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo señalado en los
fundamentos 34, 35 y 37 de esta sentencia, procede la acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la
cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de Derechos Humanos o
infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no
conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de Derechos Humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las
mencionadas violaciones".9 (Resaltos fuera de texto).
    Y el fundamento fue:
    "Decisión a tomar.
    37. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que a fin de armonizar los derechos de las víctimas y el deber del
Estado de lograr la vigencia de un orden justo con la protección de la seguridad jurídica y del non bis in ídem, es
inevitable condicionar la constitucionalidad de las expresiones acusadas, puesto que es posible distinguir las
siguientes tres hipótesis:
    - De un lado, en relación con los hechos punibles en general, esas expresiones son constitucionales pues son un
desarrollo legítimo de la garantía del non bis in ídem.
    - De otro lado, en tratándose de violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones graves al Derecho
Internacional Humanitario, dichas restricciones se tornan inconstitucionales, y por ello debe entenderse que frente a
esos comportamientos, la acción de revisión por la aparición de un hecho nuevo o de una prueba no conocida al
tiempo de los debates, procede también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y
sentencia absolutoria, con el fin de evitar la impunidad de esos comportamientos atroces y poder esclarecer la
verdadera responsabilidad de los procesados. Con el fin de amparar la seguridad jurídica y el non bis in ídem, debe
existir un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de
Derechos Humanos, aceptada formalmente por nuestro país, que constaten la existencia de ese hecho nuevo o de esa
prueba no conocida al tiempo de los debates.
    - Finalmente, también en los eventos de violaciones a los Derechos Humanos y violaciones graves a los Derechos
Humanos, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo del proceso, la acción de revisión
procede frente a la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento o la sentencia absolutoria, siempre y
cuando una decisión judicial interna, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de
Derechos Humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado colombiano de investigar, en forma seria e imparcial, las mencionadas violaciones. Esa
decisión judicial interna o de una instancia internacional de supervisión de Derechos Humanos que constata la
omisión del deber estatal de impartir justicia es entonces el elemento que justifica dejar sin efecto la decisión
absolutoria que había hecho formalmente tránsito a cosa juzgada, pues pone en evidencia que la cosa juzgada era en
realidad aparente.
    Por último, la Corte aclara que para resolver el cargo de la demanda, esta Corporación tuvo en realidad que
estudiar el numeral 3 en su integridad, por lo que, en desarrollo de la figura de la unidad normativa prevista por el
artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la presente decisión recaerá sobre todo ese numeral 3 del artículo 220 de la
Ley 600 de 2000".10
    ▪ Con las anteriores precisiones y órdenes de carácter constitucional, el artículo 192 de la Ley 906 de 2004, en su
numeral 4º quedó así:
    "Artículo 192. Procedencia. La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes
casos:
    1. (...)
    4. Cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de Derechos Humanos o infracciones graves
al Derecho Internacional Humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión
y control de Derechos Humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia,
un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones.
En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates".
    Se aceptó la orden constitucional, pero se puntualizó con respecto al `fallo absolutorio¿, situación que hace que
se promueva su demanda.
    ▪ No obstante, se considera que, cuando existen `juicios simulados¿, que, como tales produzcan decisión de fondo
con respecto a dichas decisiones, la `Cosa Juzgada¿ no se ha presentado, sea su contenido absolutorio o
condenatorio. En palabras sencillas, el `principio de la Cosa Juzgada¿ no se ha consolidado. Tal es el sentido y
dirección (sin distinción con respecto al contenido de absolución o condena que posea el fallo), del artículo 20 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por el Estado colombiano, ley aplicable, que determina:
    "Artículo 20. Cosa juzgada.
    1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de
conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.
    2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5º por el
cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.
    3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también
prohibidos en virtud de los artículos 6º, 7º u 8º a menos que el proceso en el otro tribunal:
    a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de
la Corte, o
                                                                                                                 112
    b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías
procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias
del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia".
    Las cláusulas contenidas en el numeral 3 hacen referencia, precisamente, a los eventos en donde el Estado `no
quiere¿ o `no puede¿ investigar o juzgar. Allí no se ha configurado la cosa juzgada, sin interesar que el fallo de la
justicia del Estado hubiese absuelto o condenado, es decir, no existe distinción alguna.
Ya se había estudiado el tema de la Cosa Juzgada por la Corte Constitucional cuando realizó el Control Previo a
dicho Estatuto y, ordenó:
    "De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Estatuto de Roma, las decisiones de la Corte Penal
Internacional sobre condena o absolución por alguno de los crímenes de su competencia, hacen tránsito a cosa
juzgada y, por lo tanto, nadie podrá ser enjuiciado de nuevo, por los mismos hechos respecto de los cuales hubo
pronunciamiento, ni por la Corte Penal Internacional ni por otro juez (artículo 20, numerales 1 y 2, ER). No obstante,
el numeral 3 del artículo 20 consagra una excepción a esta regla de inadmisibilidad.
    En efecto, cuando a pesar de que en la jurisdicción interna exista cosa juzgada sobre el asunto denunciado ante
la Corte Penal Internacional, y tal circunstancia se haya presentado con el propósito de sustraer al responsable de la
competencia de la Corte (artículo 17. 1, literal c), en concordancia con el artículo 20.3, ER), mediante un proceso
aparente, o por un procedimiento interno adelantado por un tribunal que no cumple con los requisitos de
imparcialidad e independencia y que "bajo las circunstancias", actuó de manera inconsistente con el deber de traer a
la persona de que se trate ante la justicia, la Corte Penal Internacional podrá ejercer su jurisdicción sobre dicho
asunto, y declarar la admisibilidad del caso.
    Para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción complementaria, el juicio nacional tuvo que haberse realizado
con el propósito de sustraer a una persona de que responda ante la justicia. Pero si la persona fue genuinamente
enjuiciada, como cuando el proceso se adelanta con el fin de establecer la verdad de los hechos, hacer justicia
efectiva y garantizar la reparación a las víctimas, por un tribunal independiente e imparcial, la Corte Penal
Internacional no podrá ejercer su jurisdicción y deberá declarar que el asunto es inadmisible, de conformidad con lo
que establece el artículo 20, numerales 1 y 2 del Estatuto.
    Un evento implícito en el artículo 20, que garantiza la soberanía estatal para juzgar y sancionar crímenes, se
presenta cuando después de que la Corte Penal Internacional ha asumido el conocimiento de una situación, absuelve
al implicado por considerar que no cometió alguno de los crímenes descritos en los artículos 5º a 8º del Estatuto, sino
un crimen ordinario de competencia del Estado. En ese evento, el Estado que tiene jurisdicción podrá juzgar al
implicado por un crimen ordinario, a pesar de la decisión de absolución de la Corte Penal Internacional en relación
con alguno de los crímenes graves señalados en los artículos 5º a 8º del Estatuto.
    Encuentra la Corte que los eventos descritos en el artículo 20.3 del Estatuto suponen,
primero, una violación del deber internacional de sancionar el genocidio, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra; segundo, una actuación contraria al deber constitucional de
protección que incumbe a las autoridades nacionales (artículo 2º CP) y, tercero, un
desconocimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario (artículo 9º CP). Por ello, constituye un desarrollo del deber de
protección que tienen los Estados el que se creen mecanismos necesarios para impedir que
circunstancias como las descritas en el artículo 20, obstaculicen conocer la verdad de los hechos
y el logro de la justicia".11
    ▪ Conclusión.
    La Acción de Revisión debe tener, como en efecto tiene, tal dirección y alcance.
    Igualmente, si la primera instancia es realizada por jueces colegiados, designados por el Consejo Superior de la
Judicatura, el Recurso Extraordinario de Casación debe seguir aplicándose y aplicándose, no con respecto a la pena
sustitutiva, sino a la pena base de la sanción penal, con lo cual se dará una modificación al artículo 25 del proyecto.
    Así pues, con dichas variaciones de competencia será posible la Preclusión, sin que sea necesaria, de otra parte,
la referencia al Ministerio Público, pues este no posee la función por la norma en estudio, sino por determinación y
orden de la Constitución Política.
    2.5 Capítulo V: Pena alternativa
    Variando la competencia para decidir, es decir, jueces colegiados, comparto la ponencia en el sentido de que por
el juez colegiado, se `determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos de acuerdo con el Código
Penal. Si el condenado cumple los requisitos señalados en la ley, la Sala le impondrá una pena alternativa de
privación de libertad por un período mínimo de 5 años y no superior a 8 años. Prohíbe la aplicación de subrogados
penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa. Cumplida la pena alternativa y las
condiciones impuestas en el fallo, se le concederá la libertad a prueba por un término no superior a la mitad de la
pena alternativa. Cumplidas las obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena
principal, en caso contrario se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada¿.
    Y como nueva fórmula de interés, con la que estoy conforme es: `Se dispone que se perderá el beneficio si el
reinsertado intimida o pretende corromper a cualquier autoridad pública¿.
    Capítulo VI: Régimen de privación de la libertad
    Comparto la ponencia, con respecto a la regulación de cumplimiento de la privación de la libertad y el cómputo
de la misma en la zona de concentración. No obstante, se debe precisar el tema del cumplimiento de la sanción en
el exterior.
    2.7 Capítulo VII: Instituciones para la ejecución de la presente ley
    El Fiscal General de la Nación posee funciones especiales para la creación de las unidades correspondientes.
Con lo que estoy con la ponencia.
    No obstante, no comulgo con la especial situación de la creación de Salas de Decisión para la primera instancia,
así como tampoco, en la configuración de una función especial a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La
Ley Estatutaria debe estar blindada para tales efectos.
    Innecesaria también lo es, tanto, la referencia a la defensoría pública, pues ello es una mera reiteración de los
derechos fundamentales de los implicados, como la función de la Procuraduría en el impulso de `(...) mecanismos
para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas (...)¿, pues corresponde a sus
funciones según el Decreto 262 de 2000, por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría
General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la
                                                                                                                113
Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la
Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las
diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos y, en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le confiere el numeral 4 del artículo primero de la Ley 573 de 2000.
     2.8 Artículo VIII. Derechos de las víctimas frente a Administración de Justicia
     Salvo el fenómeno de competencia que tantas veces se ha reseñado, es decir, no variar la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, el Derecho de las víctimas debe quedar con los mismos contornos que ofrece el nuevo
Código de Procedimiento Penal, allí la remisión al mismo, salvo lo establecido en especial en la propuesta. De
especial interés el tema de `(...) ordenar que parte del mismo se realice a puerta cerrada o la práctica de un
testimonio a través de audio video¿. Con lo que comparto la ponencia.
     2.9 Capítulo IX: Derecho a la reparación de las víctimas
     Salvo el fenómeno de competencia que tantas veces se ha reseñado, es decir, no variar la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, el Derecho de las víctimas debe quedar con los
mismos contornos que ofrece el nuevo Código de Procedimiento Penal, allí la remisión al
mismo, salvo lo establecido en especial en la propuesta. Por ello, estoy de acuerdo con la
expresión `(...) en el fallo deberá indicar concretamente las medidas de reparación económica y
moral (...)¿
     Y también estoy de acuerdo con respecto a la creación y funcionamiento de `la Comisión
Nacional de Reconciliación y Reparación con vigencia de 5 años, integrada por altas
personalidades que tiene entre sus funciones garantizar a las víctimas su participación en
procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos¿. Así como también a la
creación del `Fondo para la Reparación de las Víctimas como cuenta especial sin personería
jurídica¿, dejando al debate la forma de manejo y la dirección del mismo, para que no se
convierta en elemento de política partidista.
     2.10 Capítulo X: Conservación de archivos
     Estoy de acuerdo con ello.
     2.11 Capítulo XI: Vigencia y disposiciones complementarias
     Me parece pertinente la posibilidad de acuerdos humanitarios, como facultad del `(...) Gobierno Nacional para
solicitar a las autoridades judiciales competentes la aplicación de los procedimientos y concesión de beneficios
previstos en esta ley a favor de grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos
humanitarios¿.
     Por las anteriores consideraciones propongo las siguientes sustituciones, modificaciones y supresiones al
articulado:
     Artículo 1º. Se elimina.
     Artículo 2º. Se modifica en su inciso tercero así:
     Artículo 2º. Ambito de la ley, interpretación y aplicación normativa.
     (...)
     Sin perjuicio a lo establecido por la Ley 782 de 2002 el trámite, regulación y juzgamiento se entenderá para
efectos de la presente ley, para los grupos armados al margen de la ley.
     Artículo 4º. Se modifica así:
     Artículo 4º. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación
nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados, de
acuerdo con los estándares internacionales.
     Lo anterior conlleva a la eliminación de los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la ponencia por cuanto las normas
internacionales tienen una mejor y más precisa definición en materia de víctima, derecho a la justicia, derecho a la
verdad y derecho a la reparación.
     Artículo 5º. Se elimina.
     Artículo 6º. Se elimina.
     Artículo 7º. Se elimina.
     Artículo 8º. Se elimina.
     Artículo 10. Aunque no se elimina, ni se modifica. Existe una inquietud sobre el alcance del numeral 10.5
referente a:
     10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
     Me gustaría conocer el alcance del mismo, la interpretación que debe darse, cuál es la conexidad existente con
los delitos de que trata esta iniciativa, cómo procede el principio de elegibilidad, qué se desea con este texto, ¿qué
interpretación tiene? ¿A quién va dirigido?
     Artículo 11. Este artículo tendrá un parágrafo nuevo del siguiente tenor:
     Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual.
     (...)
     Parágrafo. Se exceptúan del beneficio de pena sustitutiva a que hacen relación los dos artículos anteriores,
cuando la persona haya realizado actos realizados con el narcotráfico y se haya beneficiado personalmente o,
cuando haya realizado dichos actos antes de ingresar al grupo armado por fuera de la ley.
     Artículo 12. Quedará así:
     "Además de los principios rectores de la ley penal colombiana se tendrán los principios de oralidad,
concentración y celeridad"
     Artículo 13. Se elimina.
     Artículo 14. Se elimina.
     Artículo 15. Se elimina.
     Artículo 16. Se sustituye, el cual quedará así:
     Artículo 16. Competencia. Habrá una Unidad Nacional de Fiscalía denominada de Justicia y Paz para los
                                                                                                                   114
efectos de la presente ley.
     El juez colegiado que el Consejo Superior de la Judicatura determine y organice conforme a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere
la presente ley.
     Artículo 18. Se modifica así:
     "Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o
información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o
varios delitos que se investigan y que no declaró en su versión libre, el fiscal delegado para el caso solicitará al juez
colegiado que ejerza la función de control de garantías, la programación de una audiencia preliminar para
formulación de imputación.
     En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al juez colegiado
disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la
presente ley. Igualmente, solicitará la adopción de las medidas cautelares del caso sobre los bienes de procedencia
ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas.
     En la misma diligencia, o posteriormente, el imputado podrá aceptar, de forma oral o escrita, los cargos
formulados Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En
este evento el juez colegiado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado al juez
al que corresponda su conocimiento".
     En este artículo sólo se remplaza en el primer inciso, el término "magistrado" por "juez colegiado".
     En el inciso segundo se cambia igualmente el término "magistrado" por "Juez Colegiado".
     En el tercer inciso se remplaza el término "magistrado" por "juez" y se quita igualmente "Secretaría de la Sala
del Tribunal Superior del Distrito Judicial", por juez.
     Artículo 19. Se modifica igualmente los términos así:
     Artículo 19. Aceptación de cargos. Recibida la actuación de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la
Paz en caso de versión libre que implique aceptación de responsabilidad, o del juez colegiado que ejerza la función
de control de garantías en el evento previsto en el artículo anterior, el juez convocará a audiencia pública dentro de
los cinco (5) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido voluntaria, libre y espontánea. De
hallarla conforme a derecho, dentro de los cinco (5) días siguientes citará a audiencia de sentencia e
individualización de pena. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.
     La formulación de la imputación interrumpe la prescripción de la acción penal.
     Artículo 20. Se modifica, en su primer inciso, de igual forma en materia del término "Sala de Tribunal Superior
de Distrito Judicial" por "El juez":
     Artículo 20. Conexidad y acumulación de procesos y de penas. Para los efectos de la presente ley, se
investigarán y juzgarán conjuntamente los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del
desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. La acumulación de procesos se ordenará por el
juez que corresponda, si a ello hubiere lugar por virtud de la aceptación de cargos o de la formulación de acusación.
     Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia a un grupo organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el código
penal sobre acumulación jurídica de penas pero, en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista
en la presente ley.
     Artículo 21. El artículo 21 tendrá un inciso nuevo del siguiente tenor:
     En la ruptura de la unidad procesal el juez, al momento de referir la pena alternativa, esta podrá ser hasta el
doble de la fijada en el artículo 30 de esta ley.
     Artículo 23. Se modifica en los incisos primero y tercero en lo que hace referencia a "la Sala del Tribunal" y
"magistrado" por "Juez" así:
     Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en que se emita el fallo condenatorio, o en
la que se declare por el juez la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud expresa de la víctima, o del
fiscal, o del ministerio público a instancia de ella, se abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los
daños causados con la conducta criminal, y se convocará a audiencia de pruebas y alegaciones dentro de los cinco
(5) días siguientes.
     La audiencia de pruebas y alegaciones se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o
abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas
que hará valer para fundamentar sus pretensiones.
     A continuación el juez ponente invitará a los intervinientes a conciliar, en caso de acuerdo, su contenido se
incorporará a la decisión. En caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el
fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión se incorporará a la
sentencia condenatoria.
     No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el
incidente de reparación integral.
     Artículo 24. Se modifica así:
     Artículo 24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en el Código Penal, en la
sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa
prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el juez, las obligaciones
de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la
reparación.
     El juez correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para
acceder a la pena alternativa.
     Artículo 25. Quedará así:
     Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. En caso de que
con posterioridad a la obtención de los beneficios de que trata la presente ley o la Ley 782 de
2002, se llegare a imputar a sus beneficiarios delitos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley antes de su desmovilización, estos
serán investigados y juzgados conforme a la legislación vigente al momento de la comisión de los
                                                                                                                  115
hechos.
    En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa siempre y cuando acepte la
responsabilidad por los nuevos hechos, o colabore eficazmente en su esclarecimiento. En este caso, se procederá
conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 21 de esta ley.
    Artículo 26. Se modifica:
    Artículo 26. Recursos. Contra los autos que resuelvan un asunto de fondo procede la reposición, que se
sustentará y resolverá de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.
    Contra los autos que resuelvan un asunto de fondo y contra la sentencia condenatoria o absolutoria procede la
apelación, que se interpone y concede en la misa audiencia en que se profiera para ante la Sala del Tribunal Superior
del Distrito competente y en el efecto suspensivo.
    El Magistrado Ponente de la sala citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se
celebrará dentro de los diez (10) días siguientes. Sustentado el recurso por el apelante y oídos los presentes, el
Magistrado podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda.
    Si el recurrente no concurriere se declarará desierto el recurso.
    La Acción de Revisión y el recurso extraordinario de Casación se rigen por las normas del Código Penal vigente.
    Artículo 27. Se modifica así:
    Artículo 27. Preclusión. El juez que corresponda cuando concurra una de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal y mediante el siguiente trámite podrá solicitar la preclusión.
    Recibida la solicitud, el juez citará a audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes para que, previa
intervención del fiscal para sustentar su petición, el juez estudie y resuelva la procedencia de la causal de preclusión
invocada.
    En firme la preclusión cesará, con efectos de cosa juzgada, la persecución penal en contra del imputado por esos
hechos, y se revocarán las medidas cautelares y restrictivas de libertad que se hubieren impuesto por causa de esa
conducta punible.
    Si el juez encontrare infundada la causal así lo declarará por auto en el que dispondrá el regreso de las
diligencias a la Fiscalía para que se continúe el trámite por el procedimiento que corresponda, según la ley vigente
para el momento de la comisión del correspondiente delito. El juez quedará impedido para conocer del juzgamiento.
    De la misma forma se procederá cuando se declare la ilegalidad de la aceptación de cargos.
    Artículo 28. Aunque este artículo no se elimina sí nos parece que carece de total claridad.
    Artículo 29. Se elimina.
    Artículo 30. Se modifica así:
    Artículo 30. Pena alternativa. El juez determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo
con las reglas del Código Penal.
    En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, el juez le impondrá una pena
alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8)
años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los
mismos.
    Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir a su
resocialización a través de trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a
promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.
    En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena
alternativa.
    Si la sanción penal impuesta de acuerdo con las previsiones del Código Penal fuere inferior a cinco (5) años de
prisión, se determinará la pena dentro de los parámetros del mencionado Código.
    El período de prueba será igual a la mitad de la pena básica fijada en la sentencia, período durante el cual se
compromete a presentarse periódicamente al tribunal, a informar cualquier cambio de residencia, a no cometer delito
doloso y, en general, a observar buena conducta.
    Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En
caso contrario se revocará la libertad a prueba y deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de
los subrogados previstos en el código penal y que correspondan.
    Artículo 32. Aunque no se modifica se debe aclarar con precisión cómo, dónde, quién vigila, de los que se
someten a las penas en el exterior.
    Artículo 34. Se elimina.
    Artículo 35. Se elimina.
    Artículo 36. Se elimina.
    Artículo 37. Se elimina.
    Artículo 38. Se elimina.
    Los anteriores artículos se eliminan por cuanto las competencias que se expresan en estos están contempladas ya
sea en la Constitución Política o en normas ya existentes.
    Artículo 41. Se modifica así:
    Artículo 41. Excepción a la publicidad en el juicio. Como excepción al principio del carácter público de las
audiencias de juzgamiento, el juez, a fin de proteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que
una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio a través del sistema de
audio video para permitir su contradicción y confrontación por las partes.
    En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de un menor de edad que sea
víctima o testigo.
    Artículo 45. Se modifica así:
    Artículo 45. Reparación. El juez al proferir sentencia, ordenará la reparación de los derechos de las víctimas.
Para ello deberá indicar concretamente las medidas de reparación económica y moral.
    Artículo 46. Se modifica así:
                                                                                                                  116
     Artículo 46. Actos de reparación. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los
deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.
     Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la
Reparación de las Víctimas los bienes destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que
se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con
el juez que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.
     Son actos de reparación, además de los consagrados en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal,
entre otros, los siguientes:
     46.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas.
     46.2 La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones para la
recuperación de las víctimas.
     46.3 La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones para la
atención médica y psicológica, así como para la prestación de servicios jurídicos y sociales a las víctimas directas o
sus parientes en primer grado de consanguinidad.
     46.4 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.
     46.5 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de
arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles.
     46.6 La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de
los cadáveres de las víctimas.
     46.7 La realización de trabajo social a favor de la recuperación de las víctimas, y/o de la comunidad que ha
sufrido las consecuencias de los hechos punibles a que se refiere la presente ley.
     46.8 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para identificarlos y
volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.
     Artículo 47. Se elimina.
     Artículo 48. Se elimina.
     Artículo 49. Se elimina.
     Artículo 50. Se modifican los numerales 50.6 y el 50.8 los cuales quedarán así:
     Artículo 50. Medidas de satisfacción y garantías de no-repetición. Las medidas de satisfacción y las garantías de
no-repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación
nacional, deberán incluir:
     (...)
     50.1 El juez podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados
al margen de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a
los órganos políticos o de Gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas.
     50.2 La asistencia a cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos a los responsables de las
violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por el juez competente.
     Artículo 53. Se modifica el numeral 53.4 que quedará así:
     (...)
     Artículo 53. Funciones de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones. La Comisión Nacional de
Reconciliación y Reparaciones cumplirá las siguientes funciones:
     53.1 Hacer recomendaciones a la Judicatura sobre medidas de reparación y la revocatoria de los beneficios en
caso de incumplimiento de las obligaciones del reinsertado.
     Artículo 56. Sobre este artículo existe también una inquietud respecto de dónde provendrán los fondos, si del
Presupuesto Nacional o de los recursos que entregarán quienes se sometan a esta ley. En igual sentido, es
preocupante que los dineros los maneje la Red de Solidaridad que es más bien un fortín burocrático.
     Artículo 57. Se modifica así:
     Artículo 57. Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que
trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes
funciones:
     57.1 Liquidar y pagar las reparaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites autorizados en
el Presupuesto Nacional.
     57.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas.
     57.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar.
     57.4 Las demás que señale el reglamento.
     Artículo 61. Se modifica así:
     Artículo 61. Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas
por sentencias ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta entre una décima y una quinta
parte.
     Para la concesión y tasación del beneficio, el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación
con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas.
     Exceptúanse de este beneficio las personas condenadas por los siguientes delitos:
     1. Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como: Homicidio en
persona protegida, lesiones en persona protegida, tortura en persona protegida, utilización de medios y métodos de
guerra, actos de terrorismo, actos de barbarie, tratos inhumanos y degradantes y toma de rehenes.
     2. Delitos contra la libertad individual y otras garantías, como el secuestro, la desaparición forzada, el
apoderamiento de aeronaves, naves y medios de transporte colectivo, el genocidio, desplazamiento forzado.
     3. Delitos contra la autonomía personal como la tortura, el desplazamiento forzado, el constreñimiento ilegal, la
trata de personas.
     4. Delitos contra el patrimonio como el lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito.
                                                                                                                    117
     5. Delitos contra la seguridad pública como el terrorismo.
     Artículo 63. Se elimina.
     Artículo 64. Se elimina.
     Artículo 65. Se elimina.
     Artículo 66. Aunque no comparto el texto presentado en la ponencia sobre este artículo, se presentará una
proposición sustitutiva que será entregada por el senador José Renán Trujillo.
     Como se puede ver del texto de esta constancia, lo único que se busca a través de los anteriores comentarios y
sugerencias, es mejorar y dar claridad al mismo.
     Existen conceptos mal copiados ya sea de los Tratados Internacionales, del Código Penal, del Código de
Procedimiento Penal, entre otros, sobre los cuales queremos llamar la atención de los miembros de la Comisión
Primera del Senado de la República y al mismo tiempo persuadirlos en el sentido de que es mejor dejar los ya
existentes.
     Definiciones como la de víctima, derecho a la justicia, derecho a la verdad y derecho a la reparación ya están
contenidas en Tratados Internacionales; o la creación de la Procuraduría Judicial para la Justicia y la paz cuya
facultad ya ostenta el Procurador General de la Nación, no requieren ser redefinidas.
     De los honorables Congresistas:
                                                                                                 Germán Vargas Lleras,
                                                                                    Honorable Senador de la República.
     La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Rafael Pardo Rueda:
     Gracias Presidente. Digamos la ponencia mayoritaria ha tenido ya lectura y presentación del Senador Mario
Uribe, el Senador Vargas ha hecho unas muy interesantes observaciones que a mi juicio ameritan una gran discusión
porque van al fondo de la ponencia mayoritaria, supongo que va a haber más exposiciones de ponentes que hacen
parte de esta ponencia, yo lo que quisiera señor Presidente, es proponerle que la ponencia que firmamos tres
Senadores y seis Representantes sea discutida en un espacio equivalente al que ha sido la ponencia mayoritaria. Por
lo tanto si se quiere dar lectura a la ponencia, que la pueda leer el señor Secretario, pero que los ponentes nos den el
uso de la palabra para el día de mañana o para el día en el cual haya las mismas condiciones que ha tenido la
ponencia mayoritaria para ser expuesta, Presidente.
     La Presidencia interviene para un punto de orden:
     Como tuve oportunidad de expresárselo personalmente, Senador Pardo, la Presidencia se dispone a otorgar el
mismo tiempo de que se ha dispuesto por parte de los suscriptores de una ponencia, frente a lo que dispongan los que
suscriben la segunda ponencia, de tal manera que puede tener la tranquilidad que eso ocurrirá así, en el día de hoy
se dará lectura a la ponencia que ustedes han radicado, luego que concluyan como lo vienen haciendo, los ponentes
que suscribieron la ponencia base de este proyecto.
     Y una vez culminada la exposición de los ponentes que pertenecen a la segunda ponencia, iniciaremos el debate
general del articulado. Para un impedimento un minutico.
     Recobra el uso de la palabra el honorable Senador Rafael Pardo Rueda:
     Presidente. Lo que no ha dicho es cuándo sería la exposición de la segunda ponencia. Hoy sería la lectura, la
exposición sería el jueves o ¿cuándo?
     La Presidencia interviene para un punto de orden:
     Hoy se lee la ponencia y continuaríamos mañana..
     La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Roberto Camacho Weverberg:
     Es que me parece razonable la solicitud del Senador Pardo, pero en muchas oportunidades aquí en el Congreso,
cuando hay este tipo de discusiones de tanta importancia, lo que se usa es que se haga la discusión alternativamente,
habla un expositor de una ponencia, luego de la otra y luego de la otra y así sucesivamente para que eso también
sirva como elemento de debate.
     Más o menos entiendo que es lo que usted solicitaría, que se leyera ya la segunda ponencia o de turnos, uno y
uno, uno y uno, o usted quiere. No, no. Yo prefiero que sea por turnos. Pero señor Presidente, creo que sea por
turnos, es mucho más equitativo.
     La Presidencia interviene para un punto de orden:
     ¿Qué propone Representante Camacho?
     Recobra el uso de la palabra el honorable Representante Roberto Camacho Weverberg:
     Que se haga ahora un expositor de la segunda ponencia intervenga, luego otro de la y así sucesivamente.
Tenemos equilibrio en el debate, es más justo, más equitativo.
     La Presidencia interviene para un punto de orden:
     Representante Camacho, ya la Presidencia dispuso la metodología con que íbamos a adelantar esta discusión.
Tendríamos que devolvernos para acoger esa propuesta. Vamos a terminar, faltan tres ponentes que se han inscrito
para dar lugar a la lectura de la ponencia que fue radicada después de la que dio lugar al inicio de esta discusión.
     (…)
     La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Claudia Blum de Barberi:
     Muchas gracias, señor Presidente, como coponente de este proyecto me voy a permitir señor Presidente, aunque
ya el Senador Mario Uribe lo ha hecho en extenso sobre el contenido de la ponencia yo me voy a referir muy
someramente a lo mismo.
     El texto del pliego de modificaciones que proponemos quedó dividido señores Senadores y Representantes, en 11
capítulos, los dos primeros se refieren a Principios, a definiciones, a aspectos preliminares, el tercero y el cuarto se
refieren al procedimiento aplicable, los Capítulos 5º y 6º desarrollan el tema de la pena alternativa y su
cumplimiento, el 7º describe las instituciones que intervienen en la ejecución de esta ley, el 8º y el 9º desarrollan
temas relativos a los derechos de víctimas frente a la Justicia de la reparación, el 10 se refiere a la conservación de
archivos y en el Capítulo 11 se encuentran varias disposiciones adiciónese el capítulo de la vigencia.
     En el Capítulo 1º señor Presidente, se incluyen los principios y definiciones generales, en este capítulo el artículo
1º establece claramente que los grupos armados, organizados al margen de la ley, a los que se aplicará esta norma
son únicamente grupos de guerrilla o de autodefensas o partes significativas de ellos que bajo un mando determinado
                                                                                                                  118
hayan mantenido presencia en un territorio con capacidad de realizar acciones armadas sostenidas.
     También resalto que en el artículo 2º se deja claro que esta norma solo cubrirá delitos cometidos, durante y con
ocasión de la pertenencia de las personas a tales grupos armados ilegales, en este sentido no cubre delitos cometidos
antes de su ingreso a otros grupos o los que no tienen que ver con su acción dentro de esos grupos. También
acordamos los ponentes proponer que sigan vigentes las normas de desmovilización, establecidas en la Ley 782 y
para el efecto se establece que esta ley se refiera a los delitos que no se pueden indultar, amnistiar o beneficiar con
esa norma legal que ha permitido la desmovilización de grupos de base, de las organizaciones armadas, finalmente
resalto que se incluye una definición del concepto de alternatividad, entendido como la suspensión de la ejecución de
la pena principal, que se remplaza por una pena alternativa que queda condicionada o que se concede por la
contribución del beneficio a la paz, por su colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su
resocialización. En el Capítulo 2º aparecen los requisitos de elegibilidad para acceder a los beneficios de esta ley. En
el caso de desmovilizaciones de grupos, las condiciones serían que entreguen los bienes producto de la actividad
ilegal y que pongan a disposición del Bienestar Familiar los menores de edad reclutados. Que el grupo cese
cualquier interferencia en los derechos políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita, que el grupo
no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
     En el caso de las desmovilizaciones individuales, las condiciones serán que las personas hayan suscrito un acta
de compromiso con el Gobierno Nacional y contribuyan a la paz nacional, que se haya desmovilizado y dejado las
armas, que cese toda actividad ilícita, que entregue los bienes productos de la actividad ilegal y que su actividad o la
del grupo a la que pertenecía no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
En todos los casos estas personas deben ser incluidas en un listado, presentado por el Gobierno Nacional ante la
Fiscalía General de la Nación, así el Gobierno Nacional tendrá aquí una responsabilidad enorme y significativa, al
definir quiénes y por qué delitos son las personas susceptibles de acceder a todos estos beneficios judiciales.
     En el Capítulo 3º se incluyen varios principios procesales, al respecto anoto, que mientras algunos proyectos
incluían elementos del procedimiento penal, que se está desmontando en el país, hubo proyectos que optaron por un
sistema acusatorio y oral. En nuestra ponencia, nosotros proponemos un procedimiento especial en el que se incluyen
los principios procesales de oralidad, la definición de las audiencias preliminares y de juicio oral. La defensa pública
y se incluye un principio de esclarecimiento de la verdad del proceso judicial, tanto frente a la conducta del imputado
como frente al daño causado a las víctimas, en el Capítulo 4º se desarrollan reglas básicas de competencia y varios
aspectos del proceso especial de investigación y juzgamiento. En cuanto a las competencias se asigna a una Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, la investigación, imputación y acusación en estos procesos especiales.
El juzgamiento en primera instancia lo realiza un tribunal superior de distrito judicial que va a ser determinado por
el Consejo Superior de la Judicatura y el control de garantía lo cumple un magistrado que también ha sido designado
por ese tribunal, de este modo estamos asegurando que estos procesos estén a cargo de jueces con un nivel destacado
de experticia. Utilizando instituciones existentes y sin necesidad de modificar la Ley Estatutaria de la administración
de la justicia.
     Se propone aquí también que para acceder a los beneficios de esta ley, la persona deberá rendir versión libre y
confesión que equivaldrá a una aceptación de los cargos. En los casos en que no haya aceptación de cargos se
aplicará la ley penal vigente al ocurrir los hechos.
     También se toman algunas previsiones para la acumulación de procesos y penas por cargos aceptados y para la
ruptura de la unidad procesal en caso de que se admitan unos cargos y otros no.
     En este capítulo también se establece el procedimiento para la reparación integral. La normas sobre el contenido
de la sentencia. Las causales de archivo de diligencia y de preclusión.
     En cuanto a los recursos la segunda instancia de estos procesos queda en la Corte Suprema de Justicia.
     El proyecto propone un esquema en el que una vez el desmovilizado es investigado y juzgado se le establece una
pena inicial plena, de acuerdo con el código penal y en la misma sentencia si existe un compromiso de
resocialización y de ayudar en la desmovilización del grupo, el juez impone una pena alternativa de cinco a ocho
años de privación de la libertad. El Gobierno determinará dónde se cumple la pena de privación de libertad y podrá
disponer que se cumpla también en el exterior.
     El tiempo de permanencia de los desmovilizados en las zonas de ubicación se podrá contar como parte de la pena
alternativa sin pasar de 18 meses, es decir año y medio.
     En el Capítulo 7º se incluyen las competencias de los tribunales superiores en materia de justicia y paz. Se
establece la estructura de la unidad especial que se crea en la Fiscalía. Se incluye la cobertura de la Defensoría para
los imputados y acusados y se crea también la procuraduría judicial para justicia y paz que asistirá a las víctimas, la
cual impulsará además la participación de organizaciones sociales en asistencia a víctimas. Varios de estos temas
venían en los proyectos originales.
     En el Capítulo 8º se incluyen algunas provisiones frente a los derechos a la protección y la atención que deben
recibir las víctimas durante su intervención o durante el desarrollo de los procesos judiciales.
     En el Capítulo 9º trae el tema de la reparación a víctimas que es uno de los ejes más importantes de este
proyecto, se dispone un deber de reparación a los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados sin
menoscabo de los actos de reparación o apoyo que impulsa el Estado frente a las víctimas de la violencia según la
legislación vigente. El tribunal superior al proferir sentencia ordenará la reparación económica y moral que proceda
a favor de las víctimas.
     La reparación integral incluye entonces la entrega al fondo de reparación de los bienes obtenidos ilícitamente. La
colaboración con la comisión nacional de reconciliación y reparación que se propone crear para la recuperación de
las víctimas, declaraciones públicas para reestablecer la dignidad de la víctima la solicitud de perdón dirigida a las
víctimas y el compromiso de no repetir tales conductas punibles. También la colaboración para localizar personas
secuestradas o desaparecidas y cadáveres de víctimas y la realización de trabajo social a favor de las víctimas y/o de
la comunidad. La reparación entonces incluye actos de restitución, indemnización rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición.
     El Gobierno implementará un programa de reparación colectiva para recuperar la institucionalidad y promover
los derechos de los afectados por la violencia. Se propone creará una comisión nacional de reconciliación y
reparación que está integrada por el Vicepresidente, el Procurador General, Ministerio del Interior, Hacienda,
Director de la Red de Solidaridad, cinco personas nombradas por el Presidente y el Presidente del Congreso. Esta
comisión hará seguimiento a la reparación, apoyaría a las víctimas para que participen en los procesos judiciales y
en defensa de sus derechos, elaboraría informes sobre la violencia y la desmovilización entre otras funciones.
     También se crea el Fondo para la Reparación de las Víctimas como una cuenta especial a cargo de la Red de
Solidaridad Social.
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    En el Capítulo 10 se incluyen algunas normas para garantizar la conservación y el acceso a los archivos de los
procesos judiciales que se surtan de acuerdo con esta ley. Y el último capítulo incluye disposiciones varias y la
vigencia de la norma.
    Señor Presidente entre los temas finales está un artículo que sobre la rebaja general de penas a personas
condenadas en el que manifesté mis reservas. Creo que este tema debió estar en un proyecto independiente
examinando primero su impacto en la seguridad ciudadana y la forma de hacer operativo el control sobre la
reparación a víctimas y la no repetición de actos delictivos.
    Estos son temas de muy difícil verificación con miles de condenados, creo que son 30.000 y con una rebaja
definitiva que no es ni pena alternativa como en este proyecto ni libertad condicional.
    Entonces, el proyecto que estamos estudiando sin duda supera los esquemas de perdón y olvido que se aplicaron
en otras circunstancias y en otros países, se aplicará tanto, ya como conclusión, a grupos de autodefensas como a
guerrilla, así en el corto plazo sean las autodefensas seguramente los primeros grupos que van a cobijar esta norma.
Y se trabajó señor Presidente tratando de desarrollar unos instrumentos razonables de justicia, verdad y reparación
en un esquema que nos permita en todo caso avanzar así a la reconciliación nacional, en estos términos generales
señor Presidente rendimos nuestra ponencia. Pero quiero advertir antes de concluir mi intervención señor Presidente
que la ponencia como nosotros o yo la he considerado, es un punto de partida importante para la discusión y
seguramente será enriquecida y mejorada con las propuestas de los miembros de la Comisión Primera tanto de
Senado como de Cámara. Como por ejemplo en los temas que ya anunció el Senador Germán Vargas Lleras. Algunas
de las cuales acompañaré como son los temas del jubileo y el tema del narcotráfico entre otros. Gracias señor
Presidente.
    La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador José Renán Trujillo García:
    Gracias señor Presidente, honorables Senadores, honorables Representantes. Sea lo primero señor Presidente,
aunque no me corresponde, darle la bienvenida a la Comisión Primera del Senador de la República a nuestro nuevo
colega el honorable Senador Carlos H. Andrade, es un jurista muy connotado del Valle del Cauca, especialmente de
la ciudad de Cali, reemplaza a nuestro colega, Senador Jesús Enrique Piñacué, es un hombre muy valorado en la
región vallecaucana, de inmensas calidades profesionales y un connotado hombre al servicio cívico de la comunidad
vallecaucana. Permítame entonces que me tome estos minutos para decirle al Senador Carlos H. Andrade, bienvenido
al Senado de la República y muy especialmente a la Comisión Primera del honorable Senado.
    Honorables Senadores y honorables Representantes, he firmado la ponencia firmada en nombre del Gobierno
Nacional, por el señor Ministro del Interior y de Justicia , con el fin de ingresar al tratamiento del tema de justicia y
paz como lo ha denominado el alto Gobierno, pero que en mi sentir debe seguir denominándose de verdad, justicia y
reparación para estar muy vinculados con el trípode que en mi sentir debe garantizar la respuesta a las inmensas
expectativas nacionales sobre un tema que anhelamos todos los colombianos como es el de recobrar la paz perdida
durante más de cuarenta años en el territorio nacional que se sigue anegando de sangre de colombianos entendiendo
como tal la sangre de guerrilleros, la sangre de miembros de las Autodefensas y las sangres de miembros de las
instituciones militares de Colombia. Y lo he firmado fundamentalmente por el carácter universal que tiene este
proyecto en el sentido de no solamente estar dirigido para buscar como beneficiarios de la ley a quienes hoy han
avanzado en los diálogos con el alto Gobierno y especialmente por el vocero autorizado en cabeza del alto
comisionado para la paz, sino fundamentalmente por la expectativa que a futuro observo se deba abrir para los
diálogos con las fuerzas armadas revolucionarias armadas de Colombia y con el Ejército de Liberación Nacional. Yo
no podría entender esta ley de la República expedida exclusivamente para buscar beneficiarios en las autodefensas
unidas de Colombia excluyendo de ella los que sean los futuros beneficiarios que ojalá se presten para el diálogo con
el Gobierno Nacional. Diferentes puertas se han cerrado, otras se han abierto pero jamás perdemos las esperanzas y
el deseo profundo que anima nuestros corazones de alcanzar esa paz perdida en nuestro país pero en este punto me
atrevo a formular algunas reflexiones sobre el tema, he dicho en diferentes oportunidades que con el criterio
universal que debe tener este proyecto de ley se deben tener en cuenta a los beneficiarios. Si las Autodefensas Unidas
de Colombia han venido dialogando con el Gobierno, si se han presentado desmovilizaciones de diferentes frentes, si
se han escuchado sus voces en diferentes recintos incluidos el de la más alta democracia representativa como ha sido
el de la Cámara de Representantes, no excluiría yo que se pudiese en un momento determinado, no concertar ni
acordar los términos que se me entienda bien, pero sí buscar el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia y con el ELN, para que los términos de esta ley cuando sea expedida no queden exclusivamente como una
teoría, sino que realmente sea una ley eficiente que sirva para avanzar en el proceso de la consolidación de una
verdadera paz en nuestra nación. Y además si se tiene en cuenta que el proyecto sería expedido dentro del proceso
ordinario de sesiones a que nos veremos abocados en el curso de la próxima semana, este proyecto debe tener las
características fundamentales de garantizar que su redacción, que el articulado sea el que realmente le convenga al
país en defensa de las instituciones legítimamente constituidas pero que además sea un proyecto que se ponga en
plena marca y que sea un verdadero marco jurídico que garantice la consolidación de los diálogos con los grupos
organizados alzados en armas al margen de la ley.
    Ese tema hay que mirarlo con mucho cuidado porque de nada serviría que nosotros expidamos con todo el
estudio que amerita el proyecto una ley de la república que finalmente quede como letra muerta y que no sirva para
el entendimiento y la reconciliación nacional.
    Un segundo punto que quisiera formular en razón a la circunstancia que me ha llevado a colocar mi firma en este
proyecto es la convicción profunda que tengo, que para poder alcanzar la paz en el país, algún límite de impunidad
vamos a tener que bordear, no podemos pensar exclusivamente en que el castigo sea lo que amerite la discusión del
tema y que quedemos exclusivamente involucrados en penas mínimas o en penas máximas, es decir en el castigo que
generaría la imposición de este proyecto. Lo importante en mi sentir es que sea una pena eficiente que sirva para la
consolidación de los diálogos y si algún grado de impunidad hay que bordear, personalmente le anuncio al país que
estaré respaldando cualquier iniciativa que lleve a la concreción de los acuerdos así tengamos que bordear algunos
límites de la impunidad en este país. Si justicia pero la adecuada para garantizar la solidez de los acuerdos y el
avance que en concreto se pueda adelantar para el logro de la paz. Tendré oportunidad como miembro del equipo de
ponentes de intervenir detalladamente en el articulado que se ha propuesto en este informe de ponencia y que ha sido
muy bien presentado ante ustedes, razón por la cual no ahondaré en el articulado, pues ya lo han hecho mi colega
Mario Uribe y mi colega Senadora Claudia Blum, pero en su momento avanzaré en la discusión del articulado y
expondré mis criterios alrededor del tema vinculado con cada uno de ellos, pero no quiero dejar pasar la
oportunidad señor Presidente, honorables Senadores y Representantes para tratar el tema del acuerdo humanitario.
    He escuchado en diferentes programas del Congreso de la República a ilustres representantes a la Cámara y
algunos senadores, donde le han planteado al país que no es este el tema ni el proyecto para incluir el tema del
acuerdo humanitario que permita avanzar en la liberación de los secuestrados en Colombia. Yo quiero acudir con
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todo respeto a la opinión de mis colegas senadores y Representantes para pedirles que piensen si realmente no es este
el proyecto donde debamos incluir el articulado que garantice avanzar en la suscripción de un acuerdo humanitario o
si por el contrario es este el marco donde debamos estudiar las propuestas que garanticen que el Gobierno Nacional
tenga en sus manos herramientas fundamentales para avanzar en ese anhelado acuerdo humanitario que permita la
liberación de los secuestrados en Colombia.
    Y lo digo fundamentalmente por lo siguiente: Han conocido en el país y en este escenario diferentes
intervenciones donde he venido defendiendo alternativas, propuestas que lanzan de un lado o del otro. He respaldado
incondicionalmente la acción del Gobierno Nacional en su apertura, en su voluntad en la expresión clara del
Presidente de la república, más cuando me devuelvo al momento mismo en que el Presidente Álvaro Uribe no lo era
posesionado sino en plan de candidato cuando le decía al país que tenía una posición absolutamente clara y radical
por sus convicciones frente al tema del acuerdo humanitario en Colombia y desde el momento mismo de su posesión,
se ha ido avanzando en la concepción y en el entendimiento de lo que la opinión pública capta como un mensaje
claro, prioritario, necesario para poder liberar a los secuestrados en Colombia clamor al que no ha sido ajeno el
señor Presidente de la República al ir avanzando en lo que llamaría yo, no la flexibilización de sus convicciones sino
en una respuesta a ese clamor ciudadano para poder garantizar que miles de secuestrados no sigan perdidos en la
selva, no sigan apartados de la sociedad colombiana, sino que por el contrario, pueda existir el mecanismo que
garantice que a través del diálogo de la negociación política puedan regresar a la vida civil y por consiguiente al
seno de sus hogares que los sigue esperando con esperanza, con fe y con optimismo.
    Yo creo honorable Representantes y honorables Senadores que este proyecto es un buen proyecto para incluir los
artículos del acuerdo humanitario. No podemos seguir dejar que avancen las propuestas y que sigan sin eco algunos
por las FARC o por los demás grupos alzados en armas. Es cierto que el mayor grupo de secuestrados se encuentra
en poder de las FARC pero también existen un número de secuestrados en poder del ELN y de las mismas AUC.
    No podemos seguir permitiendo que se lancen propuestas y que se queden en el silencio sin garantizar que exista
el eco necesario para avanzar en los diálogos que garanticen el entendimiento. Cuántas fórmulas no se han
presentado por el Gobierno Nacional que han fracasado por el silencio de los grupos alzados en armas al margen de
la ley. Muchas innumerables, casi tantas que nos llevan a los colombianos a perder la esperanza pero que en el
criterio de quienes representamos la vocería popular y que creemos que algún día alcanzaremos la voluntad de las
partes para la liberación de los secuestrados nos impiden cejar en el esfuerzo y bajar esa bandera de lucha en la cual
nos encontramos empeñados. En mi caso honorable Senadores y Representantes, no ahorraré esfuerzo alguno para
seguir trabajando por la suscripción del acuerdo humanitario. No ahorraré esfuerzo alguno para seguir presentando
propuestas. No ahorraré esfuerzo alguno, como estoy seguro que no lo harán los representantes y los senadores como
muchos estamentos de la sociedad colombiana en garantizar que alguna propuesta se logre consolidar y que
podamos avanzar en esa liberación de los secuestrados muchos de ellos y todos lo sabemos están a punto de bordear
ya los 7 años en poder de los grupos alzados en armas olvidados por la sociedad colombiana apartados de sus
familias y por consiguiente negados totalmente a ser partícipes en las grandes decisiones de este país.
    Pues a esto es que yo clamo a esto es lo que los invito a que miremos el escenario de la discusión del proyecto de
justicia y paz como un gran escenario para trabajar el tema del acuerdo humanitario y para trabajar el tema de
artículos que garanticen que sean las herramientas necesarias para que el Presidente de la República las ponga en
marcha en un momento dado y por eso voy a plantear en su momento que esta discusión aboque también el estudio y
el análisis de cuatro artículos que someto a consideración de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de
Representantes. Este articulado honorables Senadores se fundamenta en garantizar que el Presidente de la República
cuente con las facultades necesarias para que un momento dado bajo su creencia, bajo su convicción de estar
adelantándose los diálogos necesarios en el avance de la suscripción del acuerdo humanitario pueda él como máximo
conductor del orden público del país y como comandante supremo de las fuerzas militares en Colombia tomar la
determinación de solicitarle a la autoridad competente la libertad provisional o la suspensión condicional de la pena
para aquellos miembros de los grupos alzados en armas que se encuentren purgando penas en las diferentes cárceles
del país y que sean claros sujetos con capacidad de ser miembros activos de acuerdo humanitario que se plantee en
las partes.
    Yo soy del criterio honorables Senadores y representantes de que este país está girando alrededor de levantar
cada día más muros pero no de dedicarse a construir puentes. Yo soy amigo de la solución negociada, siempre lo he
dicho en este recinto. Me alejo profundamente de lo que sean decisiones militares, pero entiendo que el país tiene que
girar alrededor de lo que sea la consolidación de las decisiones y entiendo perfectamente que el proyecto de
seguridad democrática en que se encuentra empeñado el señor Presidente de la República, el alto Gobierno y con el
respaldo de la inmensa mayoría de colombianos tiene que seguir avanzando en la ofensiva para poder garantizar que
contrarrestaremos la violencia y el avance del terrorismo en nuestro país, pero sobre esa base de convicciones
profundas, lo que me anima esencialmente es garantizar que esta ley sea una ley instrumental más que jurídica, soy
de una profunda convicción de que las decisiones que conllevarán al logro de la paz en nuestro país se deben apartar
del exclusivo marco jurídico para involucrarse en el terreno de la actividad de decisión política como corresponde a
este tipo de temas y a este tipo de actitudes y el acuerdo humanitario no se aparta de ello. El acuerdo humanitario es
parte fundamental de las decisiones políticas en el país más que jurídicas, las partes tienen que
encontrarse. El Gobierno Nacional debe buscar la manera de sentarse a dialogar con los grupos
alzados en armas al margen de la ley, con los voceros que ellos determinen y desde aquí desde mi
curul de Senador de la República clamo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, para que el Ejército de Liberación Nacional, para que las AUC, designen sus voceros y
se puedan sentar en mesas individuales de negociación con el Gobierno para alcanzar la
suscripción de este acuerdo humanitario que garantice la liberación de los secuestrados.
    Son cuatro artículos honorables Senadores y Representantes. El primero de ellos vinculado con el artículo 2º, el
22, 93 y 189 de la Constitución Política. Habida la consideración del conflicto armado, no internacional entre las
fuerzas legítimas y los grupos armados organizados que atentan contra el orden jurídico y la población civil.
    Un segundo artículo para facilitar la necesaria pacificación mediante el término de la confrontación que libran
las fuerzas armadas de la nación con los grupos armados organizados y en desarrollo del Derecho Internacional
Humanitario el Presidente de la República como jefe del Estado y de Gobierno deberá celebrar los convenios que
fueren necesarios y convenientes para que las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el
conflicto armado recuperen su libertad dentro del menor tiempo posible.
    El artículo 3º trae la consideración que para dar cumplimiento al intercambio humanitario el Presidente de la
República solicitara de la autoridad competente la libertad provisional o la libertad condicional de los que estén
privados de la libertad y esta las otorgará previo concepto del ministerio público en este caso anoto honorables
Senadores y Representantes, no se exigirá la declaratoria de un cese de hostilidades ni la firma de un proceso de paz
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con el Gobierno Nacional sin perjuicio de lo previsto en la Ley 782 del año 2002. El Presidente de la República
podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la
búsqueda y logro de la paz y un artículo 4º que establece que el Presidente de la República como comandante
supremo de las fuerzas armadas de la República tomará las medidas que fueren indispensables para facilitar el
intercambio humanitario sin menoscabo del orden jurídico. Asimismo, se asesorará de la Cruz Roja Internacional en
los términos del derecho humanitario vigente. Le he pedido al señor Ministro del Interior y de Justicia adelantar los
contactos necesarios, las consultas necesarias con el fin de garantizar que acoplemos la voluntad del Gobierno con
esta propuesta. No la radicaré como proposición sustitutiva señor ministro hasta tanto conozca la opinión del
Gobierno Nacional que ya la he consultado en diferentes oportunidades pero que en aras de la discusión con el fin de
no entrar en situaciones que no nos vinculen en la coherencia de conceptos y de actitudes, esperaré debidamente para
que su señoría tenga la voluntad de expresarle a estas comisiones conjuntas la opinión del Gobierno, sobre esta
propuesta que solicitaré quede incluida en el texto de la ley que salga expedida como voluntad del Congreso
Nacional.
    Pero además señor Presidente, me parece que no solamente debe quedar como un articulado más sino que
presentaré la propuesta para que sea un capítulo adicional dentro de este proyecto para que tenga la consideración
debida y la respetabilidad necesaria que amerita un tema de tanta significación para el país como es la liberación de
los secuestrados en Colombia.
    Finalmente, un anuncio para la opinión que nos está escuchando y muy especialmente para los familiares de los
secuestrados en Colombia. No quiero generar la más mínima expectativa con esta propuesta, que no se vaya a llamar
a engaños el país nacional y mucho menos los familiares de los secuestrados. Se trata de una propuesta que ojalá
tenga la voluntad para ser aprobada pero no quiero que sea mirado como la panacea y la solución definitiva. Es una
posición seria de reflexión que quiero que sea mirada en esos mismos términos y en esas mismas condiciones . En su
momento señor Presidente entonces la radicaré como proposición sustitutiva y estaré dispuesto a brindar el debate
que otorguen pidiéndole sí a los Senadores y Representantes que con sus luces construyan a enriquecer estas
propuestas, no faltaría más que la última palabra fuera la que esté expresando este senador de la República cuando
de lo que se trata es de que tengamos un marco de acción que garantice que el acuerdo humanitario tenga en
Colombia la viabilidad necesaria y la eficiencia suficiente para lograr la liberación de los secuestrados. Muchas
gracias señor Presidente.
    La Presidencia somete a votación las Proposiciones número 1 y 2 y son aprobadas por las Comisiones Primeras
del Senado y Cámara en forma separada y constancia del voto negativo de honorable Representante Roberto
Camacho Weverberg.
    Por Secretaría se da lectura al siguiente impedimento.
    (…)
    La Presidencia dispone que se continúe con el debate general y concede el uso de la palabra al honorable
Senador Luis Humberto Gómez Gallo:
    Señor Presidente, de manera muy breve porque ya los demás ponentes que han hablado respecto de la ponencia
que firmé han hecho claridad de la misma, yo quisiera señalar primero que todo como Presidente del Congreso a mis
colegas la invitación para que este sea un debate amplio y a usted señor Presidente para que este sea un debate
amplio, tranquilo, participativo, este no es proyecto de ley que pueda sacarse con una mayoría numérica que
garantice la aprobación de la ley. Este es un proyecto de ley que requiere buscar el mayor consenso posible por
supuesto dentro de las posibilidades que nos permitan encontrar el mayor apoyo y soporte político que le garantice al
marco jurídico que deberá producir el Congreso consultando los altos intereses del país y de la patria, la garantía de
que el proceso de paz que está en curso y los procesos futuros se desarrollen como consecuencia de la voluntad de las
partes dentro de ese marco jurídico de avanzar en la búsqueda de los espacios de la reconciliación y de la paz para
los colombianos. Por eso señor Presidente, la invitación a mis colegas y a usted para que este debate sea lo más
amplio posible, yo hubiese querido acompañar la proposición que presentó el Senador Darío Martínez y no
solamente para oír a uno de los actores en el conflicto que está interesado dentro del proceso sino también para que
hubiésemos podido escuchar seguramente a representantes de las víctimas, a familiares a la gente que sienta que a
través de este instrumento y que con la contribución en la edificación del mismo podemos realmente encontrar y
podemos interpretar lo que los colombianos quieren hoy pensando en la paz y pensando en el futuro de la Nación.
    Lo segundo que quisiera decir en mi condición de ponente es que el proyecto de alternatividad penal y paz que
tiene los tres componentes de los que aquí se ha hablado, justicia, verdad y reparación, cuenta con mi respaldo y con
mi firma de condición de ponente salvo tres artículos que he dejado señalados en el pie de mi firma los artículos 17 y
18 que tienen que ver con la verdad y voy a explicar por qué, antes, quisiera señalar que si hay algo en lo que
estemos de acuerdo en ambas ponencias y yo diría que el debate y el sobredebate si se quiere que se ha dado a través
de los medios de comunicación nos ha indicado, es que este proyecto no va a permitir la impunidad porque en lo que
hemos coincidido inicialmente que debe tener una pena privativa de la libertad todos aquellos ciudadanos objeto
pertenecientes a los grupos que se acojan a los beneficios, objeto de esos beneficios, todos aquellos ciudadanos que
hayan cometido delitos de lesa humanidad, tendrán que tener una pena privativa de la libertad, el segundo
componente fundamental es la verdad y aquí es donde me he apartado de la ponencia en los artículos 17 y 18 en el
sentido en que considero que la verdad es la única compensación frente a la rebaja de la pena y a la pena privativa
de la libertad que contempla el proyecto una pequeña dosis de impunidad por llamarlo de alguna manera requiere
una gran dosis de verdad y de reparación y me parece que la verdad debe ser condición sin la cual no se puede
otorgar los beneficios, la verdad de la persona que reconoce su participación en el delito y en la totalidad de los
delitos, de tal manera que en esta parte me separo de la ponencia y finalmente lo que quisiera señalar después de
haber escuchado al honorable Senador José Renán Trujillo, después de haber estado este fin de semana en la ciudad
de Caicedonia en el Valle, de haber visitado la sede del diputado Nacianceno Orozco y haber visto sus seguidores,
haber escuchado a su familia a su esposa que hoy es Diputada a la Asamblea del Valle, que por supuesto honorable
Senador José Renán vamos a acompañarlo en ese propósito dejando el espacio suficiente para que dentro del criterio
de la política de seguridad democrática sin que ella sea lesionada se pueda abrir un espacio para la fraternidad,
para el amor, para la reconciliación y para la búsqueda de mecanismos que le den un espacio de tranquilidad y de
paz a tantas familias que hoy padecen en nuestro país el flagelo del secuestro y que han visto privados de la libertad
a uno de los suyos, por supuesto haciendo claridad que quedaría conforme está redactado bajo la responsabilidad
política del Presidente y en la claridad de que debe ser dentro del marco de la política de seguridad democrática sin
que ella se lesione. Muchas Gracias señor Presidente.
    La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Roberto Camacho Weverberg:
    Señor Presidente, no pierda de vista nunca que aquí hay dos fuerzas decisorias, la Cámara de Representantes que
es mayoría en este plenario y el Partido Conservador, son dos fuerzas absolutamente decisorias que es mejor
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considerar a través de todo este debate.
    Claro tiene razón usted que la presentación de la ponencia ha sido más o menos exhaustiva a través de todos los
exponentes que ya han hecho uso de la palabra pero nosotros queremos como Conservadores, y creo en esto estar
interpretando la bancada, por lo menos de la Cámara, hacer algunas precisiones, sobre todo frente a la opinión
pública, si es que nos están observando todavía, o no, ¿todavía hay opinión pública o no? Sobre todo frente a la
opinión pública que es bueno despegar cuál ha sido la posición del Partido Conservador y de nosotros los Ponentes
de esa colectividad en particular. Estos temas, que son tan agudos, tan complicados, no son difíciles pero sí son
complejos, requieren cierto orden conceptual, cierto orden de ideas, y ciertos referentes obligados para su buen
suceso y su buen debate. El Partido Conservador como partido de orden, de orden mental, de orden metodológico,
siempre esperó al referente obligado que se necesitaba para discutir un proyecto de ley de esta naturaleza, no porque
el partido carezca de experiencia o de ideas o de propuestas para hacer, sino porque nosotros somos completamente
conscientes de que en el orden constitucional colombiano, la responsabilidad del orden público está en cabeza del
Gobierno Nacional y este que es un asunto de Estado tiene que tener como referente obligado esa posición del
Gobierno Nacional, esa indicación que nosotros podemos todos, unos y otros, de todos los partidos, hacer un debate
con un centro de gravedad y de referencia definido, al ver nosotros esa cantidad de confusión en que había proyectos
de distintos orígenes, opiniones de distintas fuentes y aún dentro del Gobierno posiciones encontradas, cada uno
también con sus propios voceros, le pedimos al señor Presidente de la República la necesidad de que el Gobierno
unificara una posición en frente del proyecto.
    Un referente claro y contundente liderado por el propio Presidente de la República y así aconteció, el doctor
Álvaro Uribe Vélez, personalmente, encabezó la discusión conceptual durante muchos días con los distintos ponentes
de las distintas colectividades para unificar un criterio sobre el particular. Y tienen que ser de esa manera, porque es
el Gobierno Nacional el que debe tener la estimación adecuada de lo que le sirve como proyecto para un proceso de
paz, es el Gobierno el que no solamente tiene la responsabilidad sino que tiene las intuiciones, la experiencia y las
conversaciones adelantadas con los grupos que se van a someter a este proyecto y es el Gobierno el que tiene que dar
las luces básicas, para el levantamiento del mismo, por eso, esas conversaciones terminaron en esta ponencia, que es
eso, una ponencia, una propuesta, no como dicen los medios de comunicación que esta es la ley, el debate que se ha
adelantado en los medios de comunicación es que la ley dice esto, que la ley dice lo de más allá, que no estamos de
acuerdo con esto y con lo de más allá, nosotros lo que hemos traído es una ponencia, una propuesta para que aquí
sea discutida ampliamente por los distintos sectores políticos, por la opinión pública, por los medios de
comunicación, y por las organizaciones interesadas y conocedoras de este tema para mejor proveer de una norma
que le sirva al país y le sirva al propósito superior que es alcanzar la paz, no es un documento dogmático, no es
documento acabado, no es documento donde haya verdades indiscutibles, ni postulaciones irreversibles, sino que es
un documento básico para que con base en él nos podamos nosotros poner de acuerdo en lo mejor que ello tenga y de
donde a salido el documento, lo que llamamos ponencia ha salido de una multitud de fuentes, porque este es un
proyecto ampliamente discutido por el país hace mucho tiempo no solamente el que hace referencia exactamente al
proceso de paz con las autodefensas, sino al tema de la paz en general, en Colombia hoy hay más violentólogos casi
que violentos en Colombia todo el mundo tiene una posición frente al particular y este documento lo que busca es
recoger hasta donde sea posible esa multitud de fuentes que han informado este tipo de temas.
    Hay otra ponencia que tiene unas visiones en algunos puntos diferentes que también los examinaremos con ánimo
desprevenido y en lo que tengan acierto serán acogidas y en lo que no pues definiremos aquí democráticamente cuál
es la orientación correcta que esta ley debe tener, el Partido Conservador actúa en estos asuntos con una actitud
realista como corresponde a su temperamento y a su doctrina, el Partido Conservador no hace falsas ilusiones sobre
la realidad ni hace pirotecnia política, ni marabalismo conceptual, sino que se sitúa en el realismo tratando de
definir hasta donde sea posible el objetivo general que en este caso es la paz, de acuerdo con las posibilidades reales
de alcanzarla y ¿cuáles son las fuentes del realismo del partido Conservador en este caso? Dos fundamentalmente,
una que ya mencioné que es la responsabilidad del Gobierno Nacional en esta materia por consagración
constitucional en Colombia y en casi todas las partes del mundo y la normatividad internacional vigente hoy que
pone unos límites, marca unas pautas, y señala unas directrices para solucionar este tipo de problemas, normatividad
internacional que en anteriores procesos de paz no estaba vigente o por lo menos Colombia no había adherido a ella,
no se veía obligada en esos momentos a considerarla, pero que hoy es absolutamente inevitable, todo eso dentro de
un marco de realismo colombiano teniendo en cuenta la realidad del conflicto colombiano llevando las cosas hasta
las posibilidades límites que nos permiten ese tipo de referentes para este tipo de evento.
    Por eso las discusiones en el interior de los ponentes fueron amplias, detalladas, exhaustivas, agotadoras,
artículo por articulando, tratando de hacer un todo coherente para efectos de lo que se proponga aquí tenga una
teleología bastante clara, de ser de una unidad de designio un propósito anterior completamente unificado.
El proyecto naturalmente como lo dije anteriormente puede no ser perfecto es perfectible, ya escucharemos a través
del debate las distintas objeciones que hay sobre él hasta el momento no he escuchado ninguna realmente válida, me
aparto de muchas de las observaciones que han hecho aquí en forma inicial pero obviamente el debate dará esa
pauta suficiente.
    Aquí ya se han dicho muchas cosas, pero yo quiero hacer énfasis fundamentalmente en tres cosas, que son las que
marcan la posibilidad de sacar adelante esto. El Realismo: Que se sitúa entre un extremo, aquellos que quieren que
haya una impunidad total, que se haga un proceso de paz haciendo olvido, perdón, amnistías, indultos, de todos los
actores armados y alegan para esos efectos que en otrora así se hizo, y algunos se remontan hacia tiempos casi
inmemoriales en la historia de Colombia para afianzar esa postura; eso no es posible hacerlo hoy.
    No es posible por muchas razones, por las que ya dije porque la normatividad internacional no lo permite, no lo
permiten ni las normas internacionales, ni la política internacional, que hace que sea imposible que las personas que
han cometido delitos de lesa humanidad, sean tratadas como en otrora se hacía con un olvido de la justicia de la
reparación y de las consideraciones por las víctimas, pero además por una razón ética, porque esta es la oportunidad
de oro para que Colombia de una vez por todas, como política de Estado como política de sociedad civilizada de
sociedad moderna, condene de una vez por todas el uso de la violencia como un método de conseguir poder político o
espacios democráticos.
    Yo aquí tengo que hacer alguna memoria de la cual profundizaremos después sobre ¿por qué en Colombia ha
sido tradicional que el uso de las armas y la violencia hayan sido los métodos de actuación política? Allí si es cierto,
alternativas doctor Pardo o complementarias o subyacentes de la lucha democrática y eso involucran los dos
partidos tradicionales, liberales y conservadores en el siglo XIV y en el siglo XX y luego finalmente otras
agrupaciones y hay un momento en que nosotros tenemos que decirle a los colombianos, no es la manera de llegar a
los espacios de poder, el uso de la fuerza y sobre todo el uso de la fuerza en forma indiscriminada y exagerada, ese
principio ético muy colombiano que es compatible con las normas internacionales que hoy sancionan severamente a
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los delincuentes de lesa humanidad y que los excluye de las consideraciones del DIH para considerar a los
delincuentes políticos porque el Derecho Internacional Humanitario es un derecho de presunciones que busca
generar los conflictos entendiendo los conflictos en este caso internos, como el adelantamiento de delitos políticos
con el propósito de derrocar el Gobierno, de cambiar la constitucional o de cambiar el orden de las cosas y es un
derecho presunto porque hay conductas del DIH que excluyen la motivación altruista o noble que alegan los
delincuentes políticos para su actuación.
     Tradicionalmente el delito político ha sido tratado en forma diferente al delito común por razones de su
motivación, porque se considera que el delincuente político tiene cierto altruismo, cierta motivación noble y que lo
que busca es la justicia social o cualquier cambio Constitucional en cualquier orden y el DIH excluye de esas
motivaciones por la vía de la prueba presunta la atribución de delitos de lesa humanidad y por eso hoy no es posible
ni amnistiar, ni indultar, ni perdonar a los delincuentes de lesa humanidad.
     Pero volviendo al realismo, si bien eso es cierto por eso existe la figura de la alternatividad penal, la
alternatividad penal lo que busca es establecer justicia pero una justicia que sea aceptable tanto para las víctimas
como para los victimarios. La alternatividad penal significa aplicar penas efectivas que no excluyen las penas
principales, para efectos de que los delitos de lesa humanidad sean dignamente sancionados, sean reconocidos, se
deriven de él unas reparaciones, unas consecuencias pero que no sean un impedimento para lograr la paz, porque en
países como el nuestro lamentablemente los conflictos se han adelantado con violación sistemática y sistémica del
Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos por parte de todos los actores armados al margen de
la ley, y si nosotros no tenemos en consideración ese tipo de actitudes no podremos llegar nunca a un proceso de paz
valedero.
     Esa limitante internacional mezclada con el realismo de nuestra sociedad, nos ha hecho concebir este proyecto
que lo juzgamos equilibrado, lo juzgamos eficaz, lo consideramos útil y lo consideramos posible, hacerlo más fuerte,
pues podría ser muy justo y muy jurídico y todo lo que ustedes quieran pero no contribuiría en ningún momento a la
consecución de la paz, tiene tres principios fundamentales aunque aquí se han mencionado en forma pasajera,
aunque sí se han mencionado, que son el principio de universalidad, el principio de equilibrio y el principio de
eficacia. El de universalidad, tocado aquí tangencialmente por algunos anteriores expositores es el que reza que debe
ser aplicable a todos los procesos de paz que se adelanten de aquí en adelante con cualquier grupo político, perdón
grupo armado al margen de la ley. Y fue muy explícito aquí el señor Frulhin, en la gente de Naciones Unidas cuando
aquí hace ocho días lo dijo y lo repito después de una pregunta que le hicimos de que aquí en adelante