Temas de Derecho Procesal Civil I by hyq46512

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									   Temas de Derecho Procesal Civil I.
1. Derecho Procesal. Concepto. Contenido. Carácter. Unidad. Relaciones con el
Derecho Constitucional.

Derecho Procesal. Concepto.
El Derecho Procesal es la rama autónoma de la ciencia jurídica que trata la función
jurisdiccional, así como la naturaleza, trámites, la forma y la extensión de la actividad del
órgano jurisdiccional de las partes y de los terceros en el proceso.
En sentido estricto, consiste en el conjunto de normas que regulan el proceso.
Cuando el derecho material no es cumplido y el afectado peticiona al estado la tutela
jurisdiccional, surge el derecho procesal para la realización practica del derecho material
violado.

Contenido.
Comprende el estudio de la jurisdicción, de la acción y del proceso que constituye la
trilogía estructural de la ciencia procesal.

Carácter.
Pertenece al ámbito del derecho público. Este carácter determina la imposibilidad de dejar
librada su regulación a la autonomía de la voluntad privada.
Nada importa que la materia procesal se refiera al derecho privado, como ocurre con el
proceso civil precisamente. Lo decisivo en una institución es la función que realiza y no la
materia sobre la que recae.

Unidad.
El derecho procesal es uno solo, pero por razones de estructura y función, los procesos
pueden ser distintos.
La materia procesada respecto de lo penal es naturalmente distinta a la materia procesada
en asuntos civiles.
En lo penal, la materia es una pretensión preferentemente del estado, que se confunde con
la actuación de la voluntad de la ley.
En lo civil, la materia es también una pretensión, pero en este caso preferentemente del
individuo que puede o no coincidir con la voluntad de la ley.
En cuanto a la forma, siempre el proceso asume la forma de debate. Es un proceso
dialéctico que opera por tesis y antítesis, respetando los ineludibles principios de la defensa
en juicio y de bilateralidad (contradicción), que constituyen la garantía constitucional del
debido proceso.

Relaciones con el Derecho Constitucional.
El derecho procesal crea y regula el mecanismo mediante el cual pueden hacerse efectivas
las garantías constituidas. -



2. Norma Procesal. Concepto. Aplicación en el espacio. Aplicación en el tiempo.

Norma Procesal. Concepto.
Es la regla jurídica que contiene las facultades, los `poderes, los deberes y las cargas
procesales relativas al juez y a las partes, vinculándolos entre sí. Es la rama reguladora del
proceso.

Aplicación en el espacio.
El principio de la territorialidad de la ley es el que rige en relación a las normas procesales.
Estas solo tienen vigencia en el territorio del estado que las dictó, siendo aplicables a todos
los actos procesales que se realicen en su ámbito, con independencia del lugar donde se
constituyó la relación material o de la nacionalidad de las partes. Es decir que los actos en
relación a sus formas y solemnidades deben juzgarse de acuerdo con la ley del lugar en que
fueron celebrados (Tratado de Montevideo 1940).




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Aplicación en el tiempo.
La constitución nacional consagra el principio de la Irretroactividad de la ley, al establecer
que: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o
condenado” (Art. 14).
Un fenómeno que produce la ley derogada es el de su ultraactividad, esto es la continuidad
de su eficacia hacia el futuro en relación a situaciones anteriores.
Acerca de la eficacia temporal de la ley procesal corresponde formular algunas precisiones:
    a) Una ley procesal nueva no puede aplicarse a procesos que en el momento de su
        entrada en vigencia se hayan finiquitados por sentencia firme. Lo contrario
        implicaría una violación de la garantía constitucional de la propiedad (Art. 109) la
        cual es comprensiva de los derechos reconocidos mediante sentencia pasada en
        autoridad de cosa juzgada.
    b) La nueva ley procesal debe aplicarse a los procesos que se inician con posterioridad
        de su entrada en vigencia, sin importar el momento en que se constituyeron las
        relaciones jurídicas sobre las que ellos versen.
    c) Puede afectar los procesos en trámite, siempre que ello no implique alterar los actos
        procesales cumplidos. Esta regla es aplicable a las leyes que rigen el proceso como
        a las que modifican la competencia de los órganos judiciales. -



3. Relaciones del Derecho Procesal con otras ramas del derecho. Con el derecho
administrativo. Con el derecho civil. Con el derecho penal.

Con el derecho administrativo.
Porque son de naturaleza administrativa los principios que regulan la función pública,
desempeñada por los órganos jurisdiccionales las relaciones de jerarquía entre los
tribunales de mayor y menor grado, y delimita la aptitud de la Corte Suprema de Justicia
para dictar normas reglamentarias (acordadas).

Con el derecho civil.
El código procesal no podría ser suficientemente comprendido si no se pudiera recurrir a
los conceptos e instituciones regulados en el derecho civil, el domicilio, la capacidad, la
representación, etc. En las normas del derecho civil, generalmente, se originan el
fundamento y el contenido de la pretensión procesal y, además, se encuentra el criterio al
que deberá recurrir el juez para decidir el fondo del litigio.

Con el derecho penal.
Este derecho debe recurrir necesariamente al derecho procesal para subsanar o corregir la
violación del ordenamiento jurídico penal. Es así que solo el juez puede imponer la sanción
penal y únicamente mediante un debido proceso, institución que tiene jerarquía de garantía
constitucional en nuestro derecho. -



4. Derecho, sociedad y conflicto. Conflicto de intereses y posibles soluciones.
Autodefensa. Autocomposición. Heterocomposición.

Derecho, sociedad y conflicto.
El ser humano se relaciona permanentemente con los demás, dentro de un marco de normas
de conducta.
Del natural relacionamiento surgen en, infortunadamente, hasta ahora conflictos de
intereses que enfrentan a las personas entre sí.
El Estado, cumpliendo su función y a los efectos de hacer posible la convivencia sanciona
normas de conducta de cumplimiento general y obligatorio (Derecho Objetivo) y establece,
también, las facultades de las personas (Derecho Subjetivo) y para que ellas sean efectivas.
Siendo así, la sociedad establece el modo para que se cumpla el derecho. Esto se denomina
la tutela jurídica del Estado.




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Conflicto de intereses y posibles soluciones.
Para hacer posible la vida en sociedad, el hombre desde siempre ha tratado, de diversas
maneras, lograr solucionar los conflictos que a menudo se propician en ella. Los métodos
utilizados Fueron: la autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición.

Autodefensa.
El mismo asume la defensa y la sanción (Legítima Defensa, Huelga). Mediante la
autodefensa el afectado, por sí y por la fuerza, impone a la otra parte la solución del
conflicto y, por ende, la sanción. La autodefensa se distingue porque no existe un tercero
imparcial a cargo de la solución del conflicto. Una parte, la más fuerte, impone su criterio
sobre la otra más débil.

Autocomposición.
Las partes involucradas en el conflicto por sí mismas solucionan la cuestión. Ejemplo de
ello se produce en la transacción, mediante la cual las partes, en virtud de recíprocas
concesiones, llegan a un acuerdo satisfactorio de sus intereses en pugna.
En la autocomposición la fuerza es sustituida por el dialogo, la negociación.

Heterocomposición.
Es cuando un tercero imparcial interviene (conciliación, arbitraje y proceso judicial). Se
produce cuando el conflicto originado entre las partes se soluciona mediante la actuación de
un tercero imparcial.
Los supuestos de heterocomposiciónson: la mediación, la conciliación, el arbitraje y el
proceso judicial. –

5. Proceso romano. Generalidades. Ordo iudiciorum privatorum. Extraordinaria
cognitio.

Proceso romano. Generalidades.
El proceso civil, tal como es conocido en la actualidad, es la consecuencia de los procesos
romano y germánico, sin olvidar que algunos de ellos tienen sus antecedentes en Grecia y
en Oriente.
El período histórico romano básicamente se divide en dos grandes etapas:
El Ordo Iudiciorum Privatorum: desde los orígenes hasta el siglo III d.C. que, a su vez, se
divide en: el período de la legis actionum y el período del procedimiento formulario;
La Extraordinaria Cognitio: desde el siglo III hasta el final.

El Ordo Iudiciorum Privatorum.
En esta etapa predomina el carácter privado, poniendo en manos de las partes la suerte del
proceso, rige el principio dispositivo. Este procedimiento era formalista y requería de las
partes la realización de ritos y el pronunciamiento de fórmulas orales solemnes que debían
cumplirse estrictamente.
Estas fórmulas eran las contenidas en las:
    a) Legis Actionum o Acciones de la Ley: en esta fase del antiguo proceso romano el
        juez tenía carácter de arbitro, el testimonio fue inicialmente la prueba casi exclusiva,
        pero luego se admitieron los documentos, el juramento y los indicios.
    b) Per Formulam o Procedimiento Formulario: posteriormente se crea la fórmula
        escrita, característica del procedimiento formulario, en la que se permitía al pretor el
        otorgamiento de otras acciones, no previstas anteriormente. Este procedimiento se
        desarrolla ante el “Iudex” o arbitro. El régimen era de oralidad, inmediación y
        publicidad. El juez apreciaba libremente las pruebas, escuchaba a las partes y
        dictaba sentencias que no admitía recursos. Si esta no era cumplida
        voluntariamente, se debía pedir que el magistrado la ejecutara, ya que el arbitro
        carecía de imperio.

Extraordinaria Cognitio.
En esta segunda etapa el estado se afirma como autoridad ante los particulares. El juez deja
de ser un árbitro para representar al estado en su función de administrador de justicia. El
procedimiento civil se volvió escrito, a la publicidad le sustituyó el secreto, la mediación
suplantó la inmediación. El impulso de la parte fue reemplazada por el impulso de oficio, y
se estableció un sistema de valoración legal de pruebas, que sustituyó a la libre apreciación.
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6. El Proceso Colonial. El Proceso Paraguayo.

El Proceso Colonial.
En las colonias españolas rigió el derecho español, con algunas particularidades causadas
principalmente por la enorme distancia que las separaban de la metrópoli y la influencia de
las costumbres indígenas.
La Recopilación de Indias de 1680 estableció el orden jerárquico de las leyes que regían en
América:
    a) Normas especialmente dictadas para las Indias: Cédulas, Provisiones, Acuerdos y
        Despachos emanados del Rey y los Órganos Metropolitanos.
    b) Leyes de España en general: Fuero Juzgo, las Partidas de Alfonso X el Sabio, las
        Ordenanzas Reales de Castilla, las leyes de Toro, etc.
La Partida III establecía el Sistema Procesal: mantuvo el sistema romano canónico. Las
instancias eran múltiples a saber:
    a) Primera: Alcaldes (Ordinarios y de Hermandad).
    b) Apelación: Regidores Gobernadores.
    c) Tribunales Superiores: las Reales Audiencias, Adelantados.
    d) Consejo Supremo de Indias: para apelaciones de las Reales Audiencias.

El Proceso Paraguayo.
Época Colonial: en 1617, se crea la Gobernación del Paraguay que en 1776 entró a formar
parte del Virreinato de la Plata. En 1783 fue creada la Audiencia de Buenos Aires, con lo
que el paraguay dejó de depender de la Audiencia de Charcas.
Período de la Independencia: en 1812, la Junta Superior Gubernativa rescata de la
Audiencia de Buenos Aires la competencia para entender en los asuntos paraguayos
tramitados ante ella.
El Congreso de 1813, creó el Superior Tribunal de Recursos como última instancia, que
pasó a llamarse Tribunal Superior de Justicia luego del Congreso de 1814 y cuyos poderes
pasaron al Dr. Francia hasta su muerte. En 1842, los Cónsules dictaron el Estatuto
Provisorio de la Administración de Justicia, primera Ley Orgánica de los Tribunales. Este
estatuto fue incorporado en 1844 a la ley que establece la Administración Política de la
República del Paraguay, y que sustituyó el consulado por la figura del Presidente de la
República.
Período Constitucional: en 1870, se sanciona la Constitución Nacional que proclama la
presunción de inocencia, y crea el tribunal de Justicia, con lo que formalmente se declara la
independencia del Poder Judicial.
En 1859 se constituye la Comisión nacional de Codificación, y en 1872 se dispuso que
entraba en vigencia los códigos: civil de Vélez Sarfield, penal de Carlos Tejedor y de
procedimientos del Dr. José Rodríguez. Ese mismo año se redacta un Código de
Procedimientos Judiciales, promulgado en 1876, siendo el primer código netamente
paraguayo. Luego vinieron el Código de Procedimiento en materia civil y comercial de
1883 y el hoy vigente, Código Procesal Civil (Ley Nº 1.337/88). –



7. Fuentes del Derecho Procesal. Fuente Formal del Derecho Procesal. Jurisprudencia.
Doctrina. Costumbre.

Fuente Formal del Derecho Procesal.
So consideradas como posibles fuentes formales o de validez del derecho procesal: la ley en
sentido amplio (lato sensu), la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

La Ley: en nuestro país la única fuente de validez es la ley. En sentido estricto, la ley es la
norma jurídica dictada por autoridad competente (Poder Legislativo).
La más importante fuente del derecho procesal es la ley, y entre las numerosas leyes que
integran el ordenamiento jurídico, la primera y fundamental es la Constitución.




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La Jurisprudencia: la voz jurisprudencia, según la doctrina mayoritaria, tiene tres
significados:
    a) La suma de conocimientos teórico-práctico en materia jurídica.
    b) El conjunto total de resoluciones judiciales.
    c) La opinión concordante de los tribunales sobre casos similares.
La jurisprudencia aunque no tiene fuerza legal, “influye de forma decisiva en la vida
jurídica y constituye, como en otras ramas del derecho, una fuente del derecho procesal”.

La Doctrina: es la opinión autorizada de los juristas sobre cuestiones del derecho. No
constituye una fuente formal del derecho, sin embargo y de acuerdo con la autoridad de
quien emite la opinión, se la considera fundamental en la sistematización, interpretación e
integración del derecho al elaborar conceptos, establecer la naturaleza de las instituciones,
clasificar, clarificar y explicar, es decir, al producir el derecho.
La doctrina de los autores representa el esfuerzo de la ciencia del derecho procesal al
servicio de éste.

La Costumbre: es el uso que como consecuencia de su constante y reiterada repetición se
erige en una norma de conducta en la comunidad que lo practica.
El uso es diferente a la costumbre. El uso se caracteriza por la repetición constante de un
mismo acto. La costumbre es la consecuencia del uso, y se produce cuando el uso es
aceptado por la generalidad de las personas como regulador de la conducta.
La costumbre no es fuente formal del derecho procesal. Al respecto, el Código Civil
establece: “El uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes
se refieran a ellos”. Es lo que se denomina <<secundum legem>>. -



8. Principios Procesales. Iura novit curiae. Adquisición Procesal. Eventualidad. Preclusión.
Continencia de la Causa.

Iura novit curiae. (El juez conoce el derecho)
En virtud de este se otorga al órgano judicial la facultad de calificar la relación jurídica, y de
determinar la norma que resulte adecuada para decidir la cuestión planteada, sin atenerse a la
particular apreciación de las partes.

Adquisición Procesal.
El Principio de Adquisición procesal es fundamental en el régimen probatorio.
Los resultados de las actividades procesales son comunes a las partes. Ejemplo: La declaración de
un testigo puede ser valorada libremente por el juez, incluso en contra de las pretensiones de la
parte que la ofreció.

Eventualidad.
El Principio de Eventualidad, llamado también de acumulación eventual, supone que las respectivas
etapas del proceso se deben presentar y ofrecer, simultánea y subsidiariamente - no
consecutivamente - todas las alegaciones probanzas que correspondan, puesto que lo contrario
puede significar la pérdida de la facultad o derecho no ejercido, al haber quedado preclusa la etapa
procesal.
La vigencia del principio supone la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente
mediante la acumulación eventual de todos los medios de ataque y de defensa de que se disponga
para que surtan sus efectos “ad eventum”, es decir, por si algunos de ellos no los producen.

Preclusión.
De acuerdo a este principio, el proceso se divide en etapas: demanda, contestación, pruebas, etc.,
cada una de lasa cuales supone la clausura de la anterior sin posibilidad de renovarla. La preclusión
en nuestro derecho se produce en forma automática, sin que sea necesaria petición alguna ni
declaración judicial al respecto, la preclusión puede operarse de tres modos distintos:
    a) Por no haberse observado el orden u oportunidad que la ley establece para la realización de
        un acto.
    b) Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra.
    c) Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, una facultad.
COUTURE, se define generalmente como una pérdida, extinción o consumación de una facultad
procesal.
El Código Procesal Civil consagra este principio al estatuir: “Principio de Preclusión. Clausurada
una etapa procesal no es posible renovarla, aunque haya acuerdo de partes. Por la cosa juzgada se
opera la preclusión del proceso”.



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Continencia de la Causa.
Existe conexidad, cuando causas sustancialmente diversas tienen en común el título, el objeto o
ambos; o cuando el objeto o el título de una de ellas tiene con el título o con el objeto de la otra una
relación tal que las decisiones que hubiesen que recaer en las distintas causas deban tener el mismo
fundamento, y éste no pudiera ser admitido o negado en unas y viceversa, sin que exista
contradicción y, eventualmente, imposibilidad de ejecución.
El principio que fundamenta este desplazamiento de la competencia por conexidad es el
denominado continencia de causa, según el cual las pretensiones conexas entre sí deben debatirse en
un mismo juicio y ser decididas, en tanto sea posible, en una misma sentencia. Ejemplo: Es
competente para entender en las tercerías el juez de la ejecución, aunque aquella por su cuantía
corresponda a otro juez, el juicio ordinario posterior al ejecutivo previsto en el art. 471 CPC, debe
promoverse ante el mismo juez que intervino en la ejecución; la demanda reconvencional debe
deducirse ante el juez de la demanda original, según el Art. 238, inc. a) del CPC.
La conexidad es una excepción a las reglas de competencia. -

 9. Principios Procesales. Concepto. Adquisición Procesal. Preclusión. Iura novit
curiae. Eventualidad.

Principios Procesales. Concepto.
CARNELUTTI expresa: “Los principios procesales son las leyes de las leyes”.
Los principios son valiosos e imprescindibles instrumentos para la interpretación de la ley.
Son la luz que ilumina al intérprete.
Los principios procesales son las “Ideas fuerza” del proceso.
COUTURE dice: “Toda ley procesal, todo texto particular que regula un trámite del
proceso es, en primer término, el desenvolvimiento de un principio procesal”.

Adquisición Procesal.
El Principio de Adquisición procesal es fundamental en el régimen probatorio.
Los resultados de las actividades procesales son comunes a las partes. Ejemplo: La
declaración de un testigo puede ser valorada libremente por el juez, incluso en contra de las
pretensiones de la parte que la ofreció.

Preclusión.
De acuerdo a este principio, el proceso se divide en etapas: demanda, contestación, pruebas,
etc., cada una de las cuales supone la clausura de la anterior sin posibilidad de renovarla. La
preclusión en nuestro derecho se produce en forma automática, sin que sea necesaria
petición alguna ni declaración judicial al respecto, la preclusión puede operarse de tres
modos distintos:
    d) Por no haberse observado el orden u oportunidad que la ley establece para la
        realización de un acto.
    e) Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra.
    f) Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, una facultad.
COUTURE, se define generalmente como una pérdida, extinción o consumación de una
facultad procesal.
El Código Procesal Civil consagra este principio al estatuir: “Principio de Preclusión.
Clausurada una etapa procesal no es posible renovarla, aunque haya acuerdo de partes. Por
la cosa juzgada se opera la preclusión del proceso”.

Iura novit curiae. (El juez conoce el derecho)
En virtud de este se otorga al órgano judicial la facultad de calificar la relación jurídica, y
de determinar la norma que resulte adecuada para decidir la cuestión planteada, sin atenerse
a la particular apreciación de las partes.

Eventualidad.
El Principio de Eventualidad, llamado también de acumulación eventual, supone que las
respectivas etapas del proceso se deben presentar y ofrecer, simultánea y subsidiariamente -
no consecutivamente - todas las alegaciones probanzas que correspondan, puesto que lo
contrario puede significar la pérdida de la facultad o derecho no ejercido, al haber quedado
preclusa la etapa procesal.
La vigencia del principio supone la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal
íntegramente mediante la acumulación eventual de todos los medios de ataque y de defensa
de que se disponga para que surtan sus efectos “ad eventum”, es decir, por si algunos de
ellos no los producen. –



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10. Jurisdicción. Concepto. Acepciones. Naturaleza. Derecho a la Jurisdicción. Unidad.

Jurisdicción. Concepto.
Etimológicamente jurisdicción (Iuris-dicto) significa decir el derecho.
El Código de Organización Judicial define la Jurisdicción cuando expresa: “La jurisdicción consiste
en la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado” (Art. 5 COJ).
La jurisdicción judicial es la facultad conferida a los jueces para administrar justicia en las
controversias con relevancia jurídica.
La jurisdicción es un atributo de la soberanía; de allí que todos los jueces integrantes del Poder
Judicial tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer y decidir en un
determinado asunto.

Acepciones.
El lenguaje jurídico concede a la voz jurisdicción diversos significados.
Se utiliza para indicar los límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones específicas
los órganos judiciales y administrativos del Estado.
Se la usa, también de manera impropia, para señalar la aptitud reconocida a cierto juez o tribunal
para conocer una determinada categoría de pretensiones, confundiendo la jurisdicción con la
competencia, que es una medida en que aquella se ejerce.
A su vez, el término es utilizado para referirse al poder que sobre los ciudadanos ejercen los
órganos estatales: el Congreso, el órgano judicial o el ente administrativo.
En el lenguaje técnico la jurisdicción es la función mediante la cual los órganos judiciales del estado
administran justicia en los casos litigiosos.

Naturaleza.
Predomina el criterio formal y el criterio teleológico, respecto a la naturaleza de la jurisdicción.
El Criterio Formal: de acuerdo al mismo analizando sus elementos formales se determina su
naturaleza. La jurisdicción actúa mediante el proceso. Para hablar de proceso necesariamente hay
que referirse a las partes que controvierten ante un tercero imparcial: el juez. Este es el elemento
esencial que caracteriza a la jurisdicción.
El juez y las partes, interactúan entre sí; concediendo el juez la posibilidad a las partes de probar sus
afirmaciones y de ser escuchadas, lo cual recibe el nombre de debido proceso, lo cual concluye con
el pronunciamiento de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, que consiste en la cualidad que
la convierte en inimpugnable e inmodificable, lo cual se da solo en la jurisdicción.
El Criterio Final o Teleológico: de acuerdo con este criterio lo que interesa es el fin de la
jurisdicción. Los fines de la jurisdicción son el cumplimiento de la voluntad de la ley - la actuación
de la ley – y la satisfacción de los legítimos intereses de las partes.

Derecho a la Jurisdicción.
Es la facultad que tiene toda persona de poder recurrir ante el órgano judicial en procura de justicia,
como consecuencia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia (autotutela).
Dispone la Constitución: “Nadie podrá hacer justicia por sí mismo, ni reclamar sus derechos con
violencia. Pero se garantiza la legítima defensa” (Art. 15 CN).
“Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e
imparciales” (Art. 16 CN).

Unidad de Jurisdicción.
El concepto unitario de jurisdicción, es en el sentido de que ésta constituye la función pública de
dirimir conflicto de intereses, significa que el Estado, a través del Poder judicial, debe tutelar el
derecho subjetivo, realizando a la vez el derecho objetivo, al decidir la controversia e imponer el
cumplimiento de su decisión. Los jueces tienen a su cargo la potestad jurisdiccional del Estado.
La jurisdicción es única, aún cuando existan procesos especiales en razón de las peculiaridades del
derecho material al cual se hallan referidos (civil, penal, laboral, electoral, etc.). -




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11. Arbitraje. Concepto. Naturaleza. Fundamento Constitucional. Objeto. Regla
general.

Arbitraje. Concepto.
El proceso arbitral es el que se sustancia ante los jueces árbitros y arbitradores, quienes
tienen competencia para conocer los conflictos que le son sometidos para su decisión
conforme a derecho o según la equidad.
El arbitraje implica siempre un proceso desarrollado y resuelto por particulares que, como
método de debate, presenta innegables ventajas respecto del proceso judicial.
Estas ventajas son.
    a) Las exposiciones de las partes se hacen generalmente en forma verbal y sin
        formalismo anacrónicos.
    b) No se exige la documentación y el acreditamiento de cada acto.
    c) La comunicación entre las partes y el juzgador es siempre directa, lo cual facilita las
        declaraciones, aclaraciones, revisiones de bienes en general y de documentos.
    d) Se realiza a puertas cerradas y sin acceso al público, lo que permite hablar con toda
        confianza, llanamente, sin protocolo y con cordialidad, incluso el laudo se mantiene
        en reserva.

Naturaleza. Fundamento Constitucional.
La función que ejercen los jueces árbitros y arbitradores tiene naturaleza jurisdiccional.
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico los mismos integran el Poder Judicial de la
República.
El Código de Organización Judicial establece:”El Poder judicial ejerce la función
jurisdiccional en los términos y garantías establecidos en el Capítulo IX de la Constitución
nacional”.
“El Poder Judicial será ejercido por… los jueces árbitros y arbitradores”.
La naturaleza jurisdiccional de la función arbitral tiene sustento constitucional en virtud de
lo dispuesto en la Ley Suprema:
Art. 248: “Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo este puede conocer
y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de los otros
poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén
expresamente establecidos en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar
los existentes, ni intervenir en cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza
conllevan nulidad insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbítrales en el
ámbito del derecho privado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el
derecho de defensa y las soluciones equitativas. Los que atentasen contra la independencia
del poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados por cinco años
consecutivos, además de las penas que fije la ley”.

Objeto. Regla general.
Art. 774. – Objeto del Arbitraje: Toda cuestión, de contenido patrimonial, podrá ser
sometida a arbitraje antes o después de deducida en juicio ante la justicia ordinaria,
cualquiera fuese el estado de éste, siempre que no hubiese recaído en sentencia definitiva
firme. –


12. Los Sujetos del Proceso. El Juez. Las Partes. Conceptos. Modificación de las Partes en el
Proceso. Sucesión y Sustitución de Parte dentro de un proceso en trámite.

Los Sujetos del Proceso.
Los sujetos de la relación procesal son: las partes; el actor o sujeto activo (promueve la demanda),
el demandado o sujeto pasivo (contesta la demanda), y el juez o tercero imparcial (encargado de
resolver el conflicto).
El juez y las partes se hallan recíprocamente vinculados en el proceso mediante la relación jurídico-
procesal, que es una relación de derecho público, la cual genera derechos, deberes, cargas y
obligaciones recíprocos.




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Parte Procesal. Concepto.
Toda persona física o jurídica que en nombre propio, o en cuyo nombre, se pretende la actuación de
una norma legal y aquél respecto del cual se formula la pretensión.
Las partes son quienes actúan en el proceso asumiendo las posiciones de actor o demandado. El
actor o demandante es el que promueve la demanda contra el demandado, quien asume esta
posición como consecuencia de que la demanda le fue dirigida a él, independientemente de que la
misma esté mal planteada, porque él no es el deudor, el arrendatario, etc., igualmente asume la
posición procesal de parte demandada.
No obstante lo mencionado puede acontecer que en el proceso intervengan otras personas (terceros),
quienes al ingresar a la relación procesal también serán partes, porque en un mismo proceso puede
existir más de un litigio.
Así mismo una parte procesal puede estar integrada por varias personas, como sucede en la figura
del litisconsorcio.

Modificación de las Partes en el Proceso.
Se produce cuando se opera un cambio en la composición de las partes originarias del proceso,
como consecuencia de su reemplazo por otra persona distinta.

Sucesión y Sustitución de Parte dentro de un proceso en trámite.
Sucesión Procesal: durante la tramitación del proceso puede producirse el fallecimiento (real o
presunto) o la incapacidad de alguna de las partes, en cuyos supuestos se suspende la tramitación
del mismo, sin que ello importe la interrupción del juicio.
El proceso queda suspendido, no pudiéndose ejecutar en él actos válidos, salvo los que tengan por
objeto alguna medida precautoria, hasta tanto se notifique al sucesor o representante, para que
dentro del plazo que el juez le fije comparezca a tomar intervención asumiendo la calidad de parte.
Producida la muerte de alguna de las partes el heredero del causante ocupa su lugar en el proceso,
continuándose con él la tramitación del proceso.
Del mismo modo, si la parte se vuelve incapaz, le sustituye su representante legal prosiguiéndose el
juicio. Aquí se contempla solo el caso de la parte (activa o pasiva) que actúa personalmente en el
proceso.
Sustitución Procesal: se produce en el caso de sustitución a título singular que se origina como
consecuencia de la enajenación o cesión de la cosa o derecho en litigio.
Producida la enajenación del bien objeto del pleito el enajenante o cedente continúa actuando en el
proceso en nombre propio y con interés ajeno, el del adquiriente.
Este no puede intervenir como parte principal sin el consentimiento de la otra parte, en razón de que
la sentencia que se dicte debe referirse al momento en que se trabó la litis por demanda y
contestación, no pudiendo los hechos posteriores modificarla o alterarla, salvo que exista
conformidad de las partes originarias y se produzca la exclusión (extromisión) del sustituido por el
sustituyente. Art. 90 3ª Parte CPC establece: “Mediando acuerdo de parte, podrá operarse la
sustitución procesal del citante por citado, cuando aquél fuere el demandado”. –




13. Competencia. Concepto. Legalidad. Improrrogabilidad. Indelegabilidad.

Competencia. Concepto.
La competencia consiste en el límite de la jurisdicción.
El Código de Organización Judicial establece: “Los jueces y tribunales ejercerán
jurisdicción dentro de los límites de su competencia”.
Aparece entonces clara la distinción entre jurisdicción y competencia; la primera es la
potestad genérica de todo tribunal, y la segunda el poder específico, concreto, de intervenir
en determinadas causas.
Objetivamente, la competencia es la órbita jurídica dentro de la cual se puede ejercer el
poder público por el órgano correspondiente.
Subjetivamente, es el conjunto de atribuciones acordadas a dicho órgano para que ejercite
sus poderes, con respecto a los tribunales su potestad jurisdiccional.
En cuanto a su alcance o extensión, la competencia comprende todos los poderes inherentes
a la función judicial sean de conocimiento o de ejecución.
En lo concerniente al conocimiento, el juez competente tiene atribuciones para conocer el
objeto principal del juicio, de la excepciones previas, incluso para declararse competente o
no, de la reconvención y, en general, de los incidentes y recursos que se promuevan en el
curso del proceso.
En lo que atañe a la ejecución, la competencia comprende los poderes necesarios para que
el juez, mediante el uso de las medidas coactivas pertinentes, haga efectivo el cumplimiento
de sus resoluciones.


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Legalidad.
Las reglas de competencia se fijan y modifican por la ley, entendida ésta en sentido amplio
(lato sensu).

Improrrogabilidad.
La competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable. Exceptuase la
competencia territorial, que podrá ser prorrogada por conformidad de partes, pero no a
favor de jueces extranjeros, salvo lo establecido en leyes especiales, dispone el Art. 3 del
CPC.
Siendo la jurisdicción un atributo de la soberanía no pueden quedar sometidas a la voluntad
de las partes las cuestiones referentes a la competencia de los jueces y tribunales.
La competencia, por regla general, es una cuestión de orden público y tiene carácter
absoluto, salvo la territorial que es relativa.

Indelegabilidad.
El carácter indelegable que posee la competencia es de su misma esencia y naturaleza, en
razón de que emana de la soberanía.
La competencia, precisamente porque se basa en razones de orden público, no puede ser
delegada por el titular al órgano al cual se atribuye.
La competencia debe ejercerse por sus propios agentes y no por representación o mandato,
salvo que exista expresa autorización de la ley.
Excepcionalmente por razones de auxilio judicial la realización de ciertos actos procesales
que no pueden efectuar los jueces por sí mismos pueden ser efectuados por otros jueces.
Los jueces comisionados o exhortados sólo pueden realizar el acto o diligencia que se les
encomienda y sin que ello suponga delegación de competencia sino simple cooperación o
auxilio judicial. –



14. Contienda de Competencia. Contienda Positiva. Contienda Negativa. Competencia
Acumulativa.

Contienda de Competencia.
La contienda de competencia se puede producir de dos maneras: cuando ambos jueces se
declaran competentes para entender en la causa, en este caso la contienda es positiva, o
cuando ambos jueces se declaran incompetentes, en cuyo caso la contienda se denomina
negativa.

Contienda Positiva.
La contienda de competencia positiva se produce cuando en una cuestión de competencia
planteada por vía inhibitoria, el juez se niega a separarse del conocimiento de la causa. En
el incidente de acumulación de procesos se plantea la contienda positiva cuando el juez
requerido no acepta la competencia del juez requiriente (Art. 125 CPC).

Contienda Negativa.
La contienda de competencia es negativa cuando en una cuestión de competencia
promovida por vía declinatoria ha prosperado la excepción, o mediando declaración de
oficio el juez declarándose incompetente para conocer la causa, el promueve nuevamente la
demanda ante otro juez considerado por él competente, y este también se declara
incompetente.

Competencia Acumulativa.
El fenómeno procesal descrito se denomina competencia acumulativa o competencia
preventiva, en cuya virtud cuando dos o más tribunales son competentes para entender en
una misma causa, el tribunal que conoce primero adquiere, por este hecho, competencia
exclusiva, excluyente y definitiva, por la vigencia del Principio Perpetuatio Jurisdictionis.
El Código de Organización judicial en su Art. 17 2ª Parte establece: “Que si hubiese varios
coobligados, prevalecerá la competencia del juez ante quien se instaure la demanda”. –




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 15. Cuestiones de Competencia. Vías Procesales. Declinatoria. Inhibitoria.
Declaración de Oficio.

Cuestiones de Competencia.
La competencia de los jueces y tribunales es un presupuesto de la validez del proceso.
Existen situaciones en que se niega la facultad de un cierto juez o fiscal de conocer y
decidir en un juicio determinado.
Esta circunstancia origina las denominadas cuestiones de competencia que tratan de evitar
el nacimiento de un proceso que pueda ser objeto de nulidad, produciéndose,
consecuentemente un dispendio de la actividad jurisdiccional.

Vías Procesales.
Las vías aptas para lograr el objetivo enunciado y poder plantear y resolver las cuestiones
de competencia son: Declinatoria e Inhibitoria.

Declinatoria.
La incompetencia por declinatoria debe promoverse como excepción previa ante el mismo
juez que comenzó a conocer la causa, pidiéndole la parte que lo considera incompetente
que así se declare.

Inhibitoria.
En la incompetencia por vía inhibitoria la parte debe presentarse ante el juez que crea
competente, pidiéndole que se dirija al que estima no serlo para que éste se declare
incompetente.

Declaración de Oficio.
El juez puede de oficio declararse incompetente al promoverse la demanda (Arts. 7 y 216,
2ª Parte CPC), porque en esta oportunidad debe verificar la existencia de este presupuesto
procesal, juntamente con los otros.
Art. 7 CPC- Declaración de incompetencia: “Toda demanda debe interponerse ante juez
competente, y siempre que la exposición del actor resulte no ser de la competencia del juez
ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio, sin más actuaciones, mandando
que el interesado recurra ante quien corresponda, salvo lo establecido por los artículos 3º y
4º”.
Art. 216 CPC- Rechazo de Oficio del Escrito de Demanda: “si no resultare claramente de
ellos que son de su competencia, mandará que el actor exprese lo necesario a ese respecto”.
También, si no fue advertida por el juez ni fue deducida por el demandado, al momento de
dictar sentencia, en forma previa y al considerar la existencia de los presupuestos
procesales, puede declarar su incompetencia.
Nuestra ley procesal civil prohíbe expresamente la posibilidad del empleo simultáneo o
sucesivo de la declaratoria o inhibitoria. Siendo así una de las vías procesales no puede
posteriormente ser reemplazada por la otra, ni ser empleadas en forma sucesiva. –




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16. Acumulación de Procesos. Procedencia. Admisibilidad. Unidad de Instancia.
Unidad de Competencia. Unidad de Trámites.

Acumulación de Procesos.
La acumulación de procesos consiste en reunir dos o más procesos en trámite, con el objeto
de que todos ellos constituyan un solo juicio y sean terminados por una sola sentencia.
La institución se funda en las siguientes razones:
    a) Evitar el dictado de decisiones contradictorias, lo cual constituirá un “escándalo
        jurídico” que desprestigiará a la administración de justicia.
    b) Posibilitar que las sentencias puedan efectivamente ejecutarse, es decir, sean útiles.
    c) Cumplir con el principio de economía procesal.

Procedencia.
La acumulación de procesos corresponderá cuando:
   a) Sea admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, siempre que las mismas sean
   conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez. (Art. 101 CPC)
   b) El actor, titular de diversas pretensiones conexas, no haya hecho uso frente al
   demandado de la facultad de realizar la acumulación objetiva de pretensiones. (Art. 100
   CPC)
   c) El demandado, en lugar de deducir reconvención en el mismo proceso, deduce otro
   juicio con una pretensión conexa a la promovida por el actor contra él.

Admisibilidad.
Los requisitos de admisibilidad para que pueda producirse la acumulación de procesos son:
Unidad de instancias, Unidad de Competencia y Unidad de Trámites.

Unidad de Instancia.
Todos los procesos, cuya acumulación se pretende, deben encontrarse en la misma
instancia, pero no será posible si estuvieren en instancias distintas.

Unidad de Competencia.
La acumulación de procesos no puede alterar la regla de la competencia en razón de la
materia, porque la misma se funda en consideraciones de orden público, que pueden ser
soslayadas ni por las partes, aunque exista acuerdo, ni por el juez.

Unidad de Trámites.
Se exige por obvias razones de orden procesal, como condición para la debida
substanciación de los procesos acumulados.
No obstante, si se trata de procesos de ejecución, sujetos a distintos trámites y la sentencia
que haya de dictarse en uno de los procesos sea susceptible de producir efectos de cosa
juzgada en otro u otros, procederá la acumulación, en cuyo el juez determinará el
procedimiento atendiendo ala mayor amplitud de la defensa en juicio. –


17. Litisconsorcio. Concepto. Clases. Integración de la Relación Procesal. Deber, Carga y
Obligación Procesal.

Litisconsorcio. Concepto.
Se denomina a la actuación conjunta de más de dos sujetos en el proceso, es decir proceso con
pluralidad de partes.
Son litisconsortes aquellos que asumen la misma posición en el proceso corriendo igual suerte.
La voz litisconsorcio deviene de la locución “litisconsortium”, de “litis”: pleito, litigio judicial,
juicio (conflicto de intereses) y de “consortium” comunidad de destino.

Clases.
Activo: cuando existen varios actores frente a un demandado.
Pasivo: cuando hay varios demandados frente a un actor.
Mixto: cunado existen varios actores frente a varios demandados.
El litisconsorcio también puede ser “originario” cuando la pluralidad de litigantes se produce al
comienzo del proceso (acumulación objetiva de pretensiones), o “sucesivo” cuando la pluralidad de
litigantes ocurre durante el desarrollo del proceso (integración de la relación procesal).
El litiscosorcio se llama “facultativo” cuando su formación obedece a la libre voluntad de las partes,
y “necesario” cuando lo impone la ley o la misma naturaleza inescindible de la relación o situación



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jurídica que constituye la causa de la pretensión, lo cual hace que el litigio no pueda decidirse
válidamente si la relación procesal no se halla integrada con todos los litisconsortes.

Integración de la Relación Procesal.
Se produce cuandoentre varios sujetos existe una relación sustancial única e inescindible.
El litisconsorcio es necesario cuando la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los
integrantes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo que la validez de
éste se halla subordinada a la citación de todas aquellas personas.
Existe siempre una única pretensión, necesariamente debe ser promovida por varios legitimados o
contra varios legitimados y no por o contra alguno de ellos solamente, en razón de que la
legitimación procesal corresponde al conjunto de personas.

Deber, Carga y Obligación Procesal.
Son tres conceptos de uso corriente en el léxico procesal que, muchas veces, son confundidos.
Deber: el imperativo jurídico que tienen las partes y los terceros respecto del órgano judicial o los
otros intervinientes en el proceso, v.g.: las partes deben litigar conforme al principio de moralidad;
los terceros el deber de testimoniar la verdad. Así también, el órgano judicial respecto de aquellos
v.g.: el juez debe resolver oportunamente el litigio, el juez debe inhibirse si existe causa. El
incumplimiento de los deberes procesales hace pasible de sanciones al infractor.
Obligación: imperativo jurídico que una parte procesal tiene respecto de la otra o del órgano judicial
v.g.: el pago de las costas procesales y de las multas en carácter de sancionas conminatorias. En
caso de no cumplirse voluntariamente la obligación, el acreedor puede ejecutar su crédito contra el
deudor.
Carga: imperativo del propio interés, en cuya virtud existe la necesidad de realizar una determinada
actividad procesal a fin de evitar que sobrevenga un perjuicio. Constituyen cargas procesales:
comparecer en el juicio, contestar la demanda, probar una afirmación, etc.
El que cumple con la carga (imperativo de su interés) favorece su posición procesal (interés) y no el
ajeno, como sucede con la obligación y también con el deber. –



18. Deber Legal. Obligación. Carga Procesal.

Deber Legal.
El imperativo jurídico que tienen las partes y los terceros respecto del órgano judicial o los
otros intervinientes en el proceso, v.g.: las partes deben litigar conforme al principio de
moralidad; los terceros el deber de testimoniar la verdad. Así también, el órgano judicial
respecto de aquellos v.g.: el juez debe resolver oportunamente el litigio, el juez debe
inhibirse si existe causa. El incumplimiento de los deberes procesales hace pasible de
sanciones al infractor.

Obligación.
Imperativo jurídico que una parte procesal tiene respecto de la otra o del órgano judicial
v.g.: el pago de las costas procesales y de las multas en carácter de sancionas
conminatorias. En caso de no cumplirse voluntariamente la obligación, el acreedor puede
ejecutar su crédito contra el deudor.

Carga Procesal.
Imperativo del propio interés, en cuya virtud existe la necesidad de realizar una
determinada actividad procesal a fin de evitar que sobrevenga un perjuicio.
Es la situación jurídica en la que hallan los litigantes en el proceso, cuando la ley o el juez
requieren de ellos una determinada conducta, de realización facultativa, dándoles por
consiguiente la opción de omitirla o realizarla, trayendo la omisión aparejado un gravamen
y constituyendo la realización un imperativo de su propio interés.
Constituyen cargas procesales: comparecer en el juicio, contestar la demanda, probar una
afirmación, etc.
El que cumple con la carga (imperativo de su interés) favorece su posición procesal
(interés) y no el ajeno, como sucede con la obligación y también con el deber. –




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19. Representación. Concepto. Representación Legal. Personería Jurídica.

Representación. Concepto.
Representar significa actuar por nombre o por cuenta de otra persona.
Todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente en juicio, siempre que tenga
capacidad procesal. Pero aún teniéndola, las personas capaces pueden hacerse o no
representar en juicio.
Si no tuviere capacidad procesal, la ley impone la intervención de otra persona para integrar
su capacidad.
En el primer caso, tenemos la representación convencional, y en el segundo la
representación legal.
El representante realiza actos en nombre de otra persona, denominada representado, sobre
la cual recaen los efectos jurídicos producidos por la gestión.

Representación Legal.
La representación legal se produce cuando existen personas físicas procesalmente incapaces
por estar sometidas a una incapacidad de hecho.

Personería Jurídica.
Las personas jurídicas y otras entidades colectivas, aunque tienen capacidad procesal,
necesariamente deben ser representadas cuando deban actuar en juicio por procuradores o
abogados matriculados, los que deben hallarse debidamente apoderados por los órganos de
gestión instituidos en sus leyes o estatutos.
El Código procesal civil dispone: “Las personas jurídicas solo podrán intervenir mediante
mandatario profesional matriculado”. –


20. Representación sin Mandato. Concepto. Requisitos. Urgencia, Caución, Plazo.

Representación sin Mandato. Concepto.
La representación sin mandato se produce cuando una persona, denominada gestor “falsus
procurador” o gestor oficioso, sin tener mandato o siendo éste insuficiente, interviene en un
proceso o realiza actos procesales en representación de otro.
La representación sin mandato puede darse en cualquier clase de proceso y es aplicable a
cualquier tipo de representación sea ella voluntaria o necesaria.

Requisitos.
Los requisitos necesarios para que se produzca son: Urgencia, Caución, Plazo.

Urgencia.
Sólo puede ser admitida la representación sin producir prueba mandato en los casos
urgentes. La urgencia debe tener carácter objetivo. Debe surgir manifiesta sin que sea
necesario al respecto la interpretación, por tratarse una norma de excepción, debe ser
restrictiva.

Caución.
Es requisito inexcusable el ofrecimiento de una garantía o caución suficiente, la cual será
calificada por el juez, quien a su vez, fijará el plazo dentro del cual deberá efectivizarse.

Plazo.
En nuestro código se establece un plazo, de treinta días, para la presentación de los
documentos que acrediten la personalidad y la ratificación de la gestión realizada. –




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21. Unificación de la representación. Concepto. Requisitos. Pluralidad de Litigantes. Interés
Común. Compatibilidad. Igualdad. Forma. Revocación.

Unificación de la representación. Concepto.
La unificación de la representación se produce cuando varios actores o varios demandados
vinculados por un interés común, designan un apoderado único para que éste asuma la
representación de todos los que se encuentren en igual posición procesal.
El fundamento del instituto procesal radica en obtener celeridad, economía y unidad de dirección en
el proceso a fin de evitar la profusión de trámites y el de desorden o confusión procesal.
En cualquier momento del juicio, después de contestada la demanda, el juez, de oficio o a petición
de parte, instará a la unificación de la representación. Producida la unificación de la representación,
el representante común tendrá respecto de sus mandantes todas las facultades y obligaciones
inherentes al mandato.

Requisitos.
   a) Pluralidad de Litigantes.
   b) Interés Común.
   c) Compatibilidad.
   d) Igualdad.

Pluralidad de Litigantes.
Se requiere que en el proceso existan varios litigantes.

Interés Común.
Es una condición esencial que debe existir para que sea admisible. Consiguientemente, no
corresponde la unificación de la representación de los litigantes por el solo hecho de encontrarse en
una misma situación procesal, sino que es necesario haber deducido pretensiones o defensas
comunes.

Compatibilidad.
Debe haber compatibilidad entre quienes invocan el interés común, vale decir, armonía. En caso
contrario, el juez debe tener el arbitrio de denegar la unificación.

Igualdad.
Deben ser iguales el derecho invocado o el fundamento de la demanda o las defensas opuestas.

Forma.
A los efectos de la unificación de la representación el juez fijará una audiencia dentro de los diez
días, a la que revocará a las partes.
Si los interesados no concurrieren, la instancia se tendrá como negativa a la unificación,
continuándose la tramitación de la causa como se venía haciendo.
Si en la audiencia no existe unanimidad, el juez podrá disponer la unificación sólo en relación a las
partes que hayan manifestado su conformidad.
No es necesario el otorgamiento de nuevo poder por cuanto la representación emana directamente
de un proceso legal.

Revocación.
Efectuado el nombramiento común, podrá revocárselo por acuerdo de las mismas partes o por el
juez, a petición de alguna de ellas, siempre que en éste último caso hubiere motivo que lo
justificare. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario
(Art. 66, 1ª Parte CPC). –

22. Intervención de Terceros. Clases de Intervención. Intervención Voluntaria. Intervención
coadyuvante. Intervención Excluyente.

Intervención de Terceros.
Tiene lugar cuando en el desarrollo del proceso, se incorporan a él personas distintas a las partes
originarias, con el propósito de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o
el objeto de la pretensión.
La intervención de terceros en un proceso se admite por razones de:
    a) Seguridad jurídica y economía procesal.
    b) La conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todas las personas interesadas.
Declarada admisible la intervención del tercero, éste asume la calidad de parte, con sus derechos,
facultades, deberes, cargas y obligaciones, porque el propósito de la institución consiste, en brindad a
aquel la posibilidad de obtener protección judicial de un derecho o interés propio.
Procesalmente acontece que como consecuencia de la intervención del tercero en el proceso original, se
produce una acumulación de pretensiones.



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Clases de Intervención.
    a) Voluntaria: coadyuvante, que a su vez se subdivide en adherente simple o accesoria y adherente
        autónoma o litisconsorcional; y excluyente.
    b) Forzosa u obligatoria.
    c) Necesaria.

Intervención Voluntaria.
Se origina por la voluntad libre y espontánea del propio tercero. A su vez puede ser coadyuvante o
excluyente.

Intervención Coadyuvante.
Cuando tiene por objeto apoyar la pretensión de una de las partes originarias (actor o demandado).
La intervención coadyuvante puede asumir dos modalidades: adherente simple o accesoria y adherente
autónoma o litisconsorcional.
    a) Adherente simple o accesoria: cuando el tercero pretende hacer valer un derecho conexo con el
         debatido entre el actor y el demandado, apoyando a uno de ellos pero sin autonomía de
         actuación, vale decir su actuación procesal se halla subordinada a la parte principal a la cual
         coadyuva.
         Ejemplo: el fiador que interviene en la demanda que se le promueve al deudor por él afianzado;
         el acreedor, que interviene en la demanda que promueve su deudor (Art. 94, in fine CPC)
    b) Adherente autónoma o litisconsorcional: cuando el tercero invoca un derecho propio frente a
         alguna de las partes originarias (no ambas), actor o demandado. El tercero actúa como
         litisconsorte de la parte a quien adhiere, con la consiguiente autonomía de gestión procesal.
         El tercero que interviene de este modo pudo haber sido parte principal en el proceso que actúa
         como tercero, y la sentencia que se vaya a dictar en dicho proceso, haya tomado o no
         intervención como tercero, le afectará directamente.
         Ejemplo: demanda de nulidad de una asamblea de accionistas promovida por un accionista;
         citación de evicción (Art. 90 CPC).

Intervención Excluyente o principal.
Cuando el tercero pretende un derecho frente a las partes originarias. Su pretensión se contrapone a la de
los litigantes originarios: actor y demandado.
Ejemplo: las partes principales discuten acerca de la propiedad de un bien y el tercero interviene en el
proceso alegando ser propietario de dicho bien.
El tercero promueve una demanda contra el actor y el demandado, pasando las partes a ser litisconsortes.
–

23. Tercerías. Concepto. Clases. Tercería de Dominio. Tercería de Mejor Derecho.
Diferencia entre Tercerías e Intervención de Terceros.

Tercerías. Concepto.
Pretensión deducida por un tercero en el proceso, en cuya virtud reclama el levantamiento
de un embargo trabado sobre un bien de su propiedad, o el pago preferencial de su crédito
con el producido de la venta del bien embargado.
La admisibilidad de la tercería, cualquiera sea su clase, se halla supeditada a la existencia
de un embargo efectivamente trabado, no es suficiente que se haya decretado.
En la tercería el actor es el tercerísta y los demandados son todas las partes del juicio
principal (actor y demandado) que pasan a tener el carácter de litisconsortes.
Son asimilables al embargo las medidas judiciales que sean equivalentes al mismo en sus
efectos, v.g.: secuestro de bienes.

Clases:
   a) Tercerías de Dominio.
   b) Tercerías de Mejor derecho.

Tercería de Dominio.
Aquella en cual el tercero pretende que se declare su dominio sobre el bien que es objeto
del proceso principal, pidiendo se deje sin efecto el embargo trabado sobre el mismo.
La promoción de la tercería de dominio no tiene carácter obligatorio para el titular del
dominio. Este, por el hecho de haberse transferido el bien en el juicio principal, no pierde la
facultad legal que posee de reivindicarlo frente al tercer adquiriente, si se cumplen las
condiciones legales para el efecto.




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Tercería de Mejor Derecho.
Aquella en la cual el tercero pretende derecho preferente de pago frente al que aducen los
litigantes. Su pretensión esta dirigida a que con el producido de la venta del bien subastado
se le pague antes que al embargante.
La tercería, cualquiera de ellas, debe sustanciarse por el trámite establecido para los
incidentes, en pieza separada por el embargante y el embargado.
Las tercerías pueden deducirse hasta tanto no se haya efectuado la subasta de los bienes, no
se haya hecho pago al acreedor. Según sea de dominio o de mejor derecho (Art. 81 CPC).
Las dos tercerías, de dominio y de mejor derecho, pueden ser ejercidas conjuntamente en
forma subsidiaria, en razón de que las mismas no se excluyen.

Diferencia entre Tercerías e Intervención de Terceros.
En la tercería, el tercero promueve un juicio contra el actor y el demandado, que son partes
en un proceso sustanciado entre ellos, y la sentencia que se dicte en el mismo no le va
afectar, salvo el embargo trabado. Consecuentemente, el tercerísta permanece indiferente al
resultado de la litis principal.
En la intervención de terceros, el tercero generalmente asume la calidad de parte en el
proceso y queda vinculado a la sentencia que vaya a dictarse en el mismo. –


24. Acción. Concepto. Significados de la Acción, Pretensión y demanda.

Acción. Concepto.
           En el derecho procesal tiene varios significados:
           - Como sinónimo de derecho.
           - Como sinónimo de pretensión.
           - Como sinónimo de provocar la actividad jurisdiccional.
           - Como sinónimo de vía procesal mediante la cual se debate un asunto
               sometido a la jurisdicción.
           - Como sinónimo de demanda.
Para ALLEN, la acción es el derecho subjetivo de peticionar a la jurisdicción con un
contenido pretensional. Para ejercitar válidamente una acción misma debe tener un
contenido pretensional, y cumplirse con las formalidades exigidas por la ley.

Significados de la Acción, Pretensión y demanda.
Estos significados son correlativos y se apoyan en forma recíproca para determinar el
fenómeno procesal.
Acción: es el derecho subjetivo (poder) de reclamar ante el órgano jurisdiccional un
determinado derecho.
Pretensión: es lo que se exige de otro. Para ALLEN, consiste en la autoatribución de un
derecho material con la alegación de que el propio ha sido violado, desconocido, impedido,
y la correspondiente manifestación de voluntad requiriendo una concreta tutela jurídica.
La presentación de la pretensión al proceso se realiza mediante el ejercicio del derecho de
acción, que se efectúa a través de la presentación de la demanda.
La pretensión debe contener la atribución de un derecho o una consecuencia jurídica
derivada de determinada situación de hecho, sin importar que el derecho coincida o no con
el ordenamiento jurídico vigente. De allí que la pretensión pueda ser fundada o infundada.
La pretensión es admisible cuando reúne los requisitos necesarios para iniciar el proceso y
el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.
La pretensión es fundada cuando resulta apropiada para obtener un pronunciamiento
favorable a quien la ha promovido.
Demanda: es el acto procesal de iniciación del proceso. Mediante ella se ejercita la acción y
se deduce la pretensión.
En síntesis, la acción se ejerce ante los órganos jurisdiccionales mediante la demanda, con
el fin de obtener un pronunciamiento sobre una pretensión. –




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25. Demanda. Concepto. Efectos de la Admisión. Procesales. Sustanciales.

Demanda. Concepto.
Acto por presentación al tribunal queda explícito el ejercicio de la acción que tiene como
contenido necesario la pretensión.
Mediante la demanda, se somete un conflicto a la decisión del Estado para que éste, por el
órgano jurisdiccional (Poder judicial) decida, mediante un debido proceso, en forma
definitiva.

Efectos de la Admisión.
La demanda cuando es admitida por el juez produce los siguientes:
   a) Procesales.
           - Nace es estado de litisdependencia
           - El juez debe: juzgar en la sentencia la pretensión deducida; atenerse a los
               términos de la demanda a dictar sentencia bajo pena de nulidad, por el efecto
               retroactivo que tiene la sentencia que debe ser pronunciada como si hubiese
               sido el momento mismo de la promoción de la demanda.

   b) Sustanciales.
        - Determina que los magistrados, fiscales, defensores de incapaces y ausentes
            y otros funcionarios, abogados, procuradores, escribanos, peritos que
            intervengan o hayan intervenido en el proceso, no puedan adquirir los bienes
            comprometidos en el juicio, aunque sea en remate, por sí o por interpósita
            persona. –



26. Presupuestos de la Acción. Existencia y Capacidad del Actor. Cuestión o Caso
Justiciable. Caducidad del Derecho.

Presupuestos de la Acción.
   a) Existencia y Capacidad del Actor.
      El derecho de ejercer la acción para lograr su propósito de obtener un proceso
      requiere la existencia de una persona física o jurídica, que tenga capacidad para
      realizar por sí mismo actos jurídicos procesales válidos.
      Esta capacidad en las personas físicas se asimila a la capacidad de hecho. Quien no
      tiene capacidad de hecho tampoco tiene capacidad procesal. Quien no la tiene no
      puede actuar por sí en juicio y sólo puede hacerlo a través de su representante.
      La persona jurídica tiene que tener existencia legal, vale decir, no debe estar
      extinguida.

   b) Cuestión o Caso Justiciable.
      La justiciabilidad del caso sometido al conocimiento del tribunal es un presupuesto
      indispensable para el ejercicio de la acción.
      Al respecto la Ley Nº 609/95 reza que la Corte Suprema de Justicia no dará trámite
      a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables.
      La promoción ante los tribunales de una cuestión no justiciable autoriza el rechazo
      “in limine” de la acción.

       Las cuestiones no son justiciables cuando:
          - La pretensión carece de contenido jurídico.
          - La cuestión no justiciable se halla legislada en forma expresa en la
              Constitución o en la ley.
          - La configuración de no justiciable surja de modo implícito de la norma
              constitucional o legal.




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Caducidad del Derecho.
Con la caducidad del derecho se niega a la persona la posibilidad de ejercer el derecho por
el transcurso del tiempo, es así porque el derecho debe ejercerse dentro de su plazo de
validez, es decir, siempre que no haya caducado.
La caducidad tiene las siguientes notas características: es de orden público, no es
renunciable, no se halla sujeta a suspensión ni interrupción.
Si ha producido la caducidad del derecho, no podrá haber un proceso válido, lo cual podrá
declararse de oficio o a petición de parte. Al respecto, el Código Civil en su Art. 634
establece: “Los derechos que en virtud de la ley o del acto jurídico constitutivo sólo existan
por tiempo determinado o deban ser ejercidos dentro de él, no están sujetos a prescripción.
Caducan por vencimiento del plazo si no se dedujere la acción o se ejerce el derecho”. –


27. Condiciones para el Ejercicio de la Pretensión. Posibilidad Jurídica. Interés
directo, Legítimo, Actual. Legitimación.

Condiciones para el Ejercicio de la Pretensión.
La posibilidad jurídica, el interés y la legitimación. Para ejercer la acción basta sólo con
peticionar a la autoridad con un contenido pretensional y con las formalidades establecidas
en la ley.

Posibilidad Jurídica.
Consiste en que la pretensión esté regulada por el derecho objetivo, que se encuentre
tutelada, y no exista una prohibición legal que impida que pueda ser planteada ante el Poder
Judicial para su consideración y resolución.

Interés.
Motivo, razón, móvil que tiene la parte para ejercer la acción. Consiste en el hecho de que
al actor sufrirá un perjuicio sin la intervención del órgano jurisdiccional.
El interés invocado por el accionante debe ser directo, legítimo y actual.
    a) Directo: particular, propio de quien lo ejerce. Sólo por excepción admitida por ley,
        se permite que alguien ejercite un interés que no sea propio.
        Ejemplo: subrogación.
    b) Legítimo: lícito, no contrario a derecho.
    c) Actual: no eventual o futuro. Si una obligación está sujeta a un plazo no vencido o
        una condición, no se puede reclamar judicialmente.
        Excepcionalmente, el Código Procesal civil admite la condena de futuro, en cuya
        virtud se puede anticipadamente solicitar un desalojo, aunque todavía no haya
        vencido el plazo del arrendamiento, para hacerlo efectivo recién cuando venza (Art.
        634 CPC).

Legitimación.
Condición jurídica ñeque se halla una persona con relación al concreto derecho que invoca
en el proceso, en razón de su titularidad o de otra circunstancia que justifique su pretensión.
Ejemplo: el que pretende el cobro de una suma de dinero debe ser el acreedor y la demanda
debe estar dirigida precisamente contar el deudor.
La ausencia de legitimación autoriza una excepción previa, denominada falta de acción
(Art. 224, inc. e, CPC). –




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28. Acumulación de Pretensiones. Acumulación Objetiva. Requisitos. No Contradicción de las
Pretensiones. Unidad de Competencia. Unidad de Trámites.

Acumulación de Pretensiones.
Por razones de economía procesal y para evitar probables pronunciamientos contradictorios, se permite
en un mismo proceso la acumulación de varias pretensiones. Esta puede ser objetiva o subjetiva.
No debe confundirse la acumulación de pretensiones con la acumulación de procesos, que consiste en la
reunión de varios procesos iniciados, en los cuales se ha deducido pretensiones conexas. La acumulación
de procesos tiene por finalidad permitir la sustanciación de varios procesos ante un mismo juez y su
resolución en una misma sentencia o de acuerdo con un solo criterio.
La acumulación de procesos trata de evitar el escándalo jurídico que producirá el hecho de que una
misma cuestión sea resuelta de manera distinta en los diversos procesos.

Acumulación Objetiva.
Cuando el actor reúne en una misma demanda, en las condiciones establecidas por la ley, varias
pretensiones contra el demandado (pluralidad de objetos). La norma procesal utiliza, de manera
impropia, el vocablo acción como sinónimo de pretensión (Artículo 100 CPC).
Del mismo modo, es admisible que el demandado en la reconvención ejerza todas las pretensiones que
tenga contra el actor, que será el demandado en la reconvención (Artículo 237 CPC).

Requisitos.
No contradicción de las pretensiones: es preciso que las pretensiones no sean contrarias entre sí, de
modo que la elección de una quede excluida la otra, salvo el caso en que se promueva una pretensión
como subsidiaria de la otra.
Siendo así pueden distinguirse:
            - Acumulación sucesiva: cuando una de las pretensiones es propuesta con la condición de
                que entes sea acogida la otra de la que tomará vida, de modo que desestimada aquella,
                ésta queda de hecho excluida.
            - Acumulación eventual: cuando la pretensión sólo será considerada por el juez cuando la
                otra pretensión fuere desestimada.
            - Acumulación alternativa: cuando varias pretensiones son propuestas para que una u otra
                sea desestimada.

Unidad de Competencia.
Las pretensiones –cada una de ellas consideradas aisladamente- deben corresponder a la competencia de
un mismo juez. Se considera que no procede la acumulación si tomadas las pretensiones aisladamente
corresponden por su valor a distintos jueces.
Ejemplo: 1ª Instancia y Justicia Letrada, en cuyo caso habrá conexidad.

Unidad de Trámites.
Las Pretensiones deben poder sustanciarse por los mismos trámites.
Ejemplo: es improcedente la acumulación de una acción ejecutiva a una ordinaria, o de ésta a otra que se
sustancie por un procedimiento especial, a menos que el actor renuncie al proceso ejecutivo o especial y
opte por el proceso ordinario.
La acumulación de pretensiones es procedente aún cuando las mismas tengan diverso origen. Siendo así,
pueden emerger de un derecho original como adquirido por cesión. Pero no será admisible acumular una
demanda de divorcio, en que es competente un juez en lo civil y una demanda por tenencia de menores
en la que será competente un juez tutelar de menores.
Cuando se hayan acumulado pretensiones en violación de las previsiones de la ley procesal (Art.100
CPC) el demandado podrá oponer la excepción de defecto legal en la forma de deducir la demanda
(Art.224, inc. e CPC) o la de incompetencia, en su caso (Art.224, inc. a CPC).
El actor podrá formalizar la acumulación hasta antes de la notificación e la demanda. –




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29. Oportunidad para Oponer Excepciones. Carácter Previo. Al contestar la
demanda. Defensa. Excepciones.

Oportunidad para Oponer Excepciones.
Excepciones previas: Se deducen como de previo y especial pronunciamiento dentro del
plazo para contestar la demanda. Se encuentran enumeradas en el Código Procesal Civil y
son:
    a) Incompetencia;
    b) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por
       carecer de capacidad civil para estar en juicio, o de representación suficiente. El
       demandante hará valer esta excepción por la vía del recurso de reposición;
    c) Falta de acción cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no ocurrir esta
       última circunstancia de que el juez la considere en la sentencia definitiva;
    d) Litispendencia, la acción intentada ante un tribunal extranjero no importa
       litispendencia,
    e) Defecto legal en la forma de deducir la demanda;
    f) Cosa juzgada;
    g) Pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando
       pudieren resolverse como de puro derecho;
    h) Convenio arbitral;
    i) Arraigo.

Defensa temporarias: de previo y especial pronunciamiento, debiendo deducir dentro del
plazo para contestar la demanda. Ejemplo: beneficio de excusión.

Al contestar la demanda.
Defensas: en la contestación opondrá el demandado todas las defensas que, según el CPC
no tengan carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el Art. 233 que dice:
Facultad del demandado. “El demandado podrá hacer valer, en la contestación de la
demanda, como medios generales de defensa, las excepciones destinadas a producir la
extinción de la acción, o el rechazo de la pretensión, que no hayan sido admitidas y
juzgadas como previas”.

Excepciones: el demandado deberá, al contestar la demanda, plantear las excepciones que,
en virtud de la ley, no tengan carácter previo o que hayan sido admitidas y juzgadas como
previas (Art. 233 CPC). Ejemplo: falta de acción no manifiesta; pago, transacción,
conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando no puedan resolverse como
de puro derecho. –


30. Presupuestos del Proceso. Existencia del Tribunal. Competencia del Tribunal.
Existencia y Capacidad del Demandado. Citación y Emplazamiento Válido.

Presupuestos del Proceso.
Existencia del Tribunal.
El órgano ante el cual se ejerce la acción debe tener calidad funcional suficiente para que
pueda constituirse un proceso. Si la demanda se promoviera ante una persona que no es
juez (o árbitro), el acto no podría generar un proceso. No existiría un proceso.
En nuestro derecho poseen investidura jurisdiccional: todos los jueces que integran el Poder
judicial, los árbitros designados en la cláusula compromisoria o en el compromiso arbitral,
el senado de la Nación en el exclusivo caso del Juicio Político previsto en la Constitución
para ciertos funcionarios (Art. 225 CN), y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Judiciales, previsto en la Ley Nº 1084/97.

Competencia del Tribunal.
La competencia consiste en la atribución de funciones que la ley o la convención atribuyen
a determinadas personas, jueces o árbitros, que actúan en carácter de autoridad respecto de
otras personas.
El tribunal, ante quien se ejerce la acción, debe ser competente para entender en el juicio, lo
cual constituye u presupuesto de validez del proceso. La falta de competencia se denuncia a
través de la excepción previa de incompetencia (art.224, inc. a CPC).




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Existencia y Capacidad del Demandado.
No puede existir proceso sin que exista demandado.
Con relación a la capacidad del demandado debe advertirse que una persona incapaz puede
ser demandada, pero para que exista un proceso válido la relación procesal debe integrarse
con el representante necesario del incapaz demandado a quien debe notificarse la demanda.

Citación y Emplazamiento Válido.
La citación y el emplazamiento incluyendo la notificación, constituyen presupuesto de
validez del proceso. Ahora bien, en relación a la nulidad que puede generar su omisión o
irregularidad, nuestra ley procesal en esta materia consagra la doctrina finalista. En
consecuencia, si la notificación ha sido defectuosa, pero no obstante ha cumplido su
finalidad, el acto se considera válido y no puede declararse su nulidad. –


31. Valoración de los Actos Procesales. Validez, admisibilidad, fundabilidad. Eficacia.

Valoración de los Actos Procesales.
La doctrina, de manera no siempre coincidente, se ha ocupado de establecer los distintos
grados de valor que pueden tener los actos procesales. Al efecto, se puede distinguir:

Validez.
La validez se refiere a los actos formales del acto procesal.
Consecuentemente, su opuesto, la invalidez o nulidad, se refiere a la falta de los requisitos
formales del acto, los cuales en el proceso se encuentran dirigidos a un fin, porque el acto
procesal no tiene un fin en sí mismo.

Admisibilidad.
La admisibilidad apunta a la idoneidad del acto procesal para que pueda ser considerado
por el órgano jurisdiccional. Generalmente se halla referida al cumplimiento de los
requisitos formales del acto procesal, v.g.: el juez antes de dar curso a la demanda debe
examinar sise hallan cumplidos los requisitos procesales de admisibilidad formales (idioma,
firma, etc.) y sustanciales (nombre y domicilio del demandante y el demandado, cosa
demandada, etc.). La falta de estos requisitos, en el ejemplo señalado, autoriza el rechazo
“in limine” de la demanda, sin que ello signifique prejuzgamiento sobre el derecho
sustancial. Lo opuesto de la admisibilidad es la inadmisibilidad.

Fundabilidad.
La fundabilidad se dirige a la existencia de los requisitos necesarios que debe reunir el acto
procesal para que pueda ser acogido favorablemente por el órgano jurisdiccional, v.g.: son
requisitos de fundabilidad la pretensión para que se dicte una sentencia favorable: el
derecho, la calidad y el interés. La fundabilidad de la demanda es examinada por el juez al
dicyar la sentencia definitiva. Lo opuesto de la fundabilidad es la falta de fundabilidad o
fundamento.

Eficacia.
La eficacia se logra cuando el acto procesal obtiene el fin propuesto, perseguido,
requiriéndose para ello que el mismo cumpla con las demás condiciones señaladas, es decir,
validez, admisibilidad y fundabilidad. Lo contrario de la eficacia es la ineficacia. -




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32. Acto Procesal. Concepto. Elementos. Sujeto. Objeto. Actividad.

Acto Procesal. Concepto.
Los actos procesales son aquellos actos voluntarios que tienen efecto directo e inmediato la
iniciación, el desarrollo o la extinción del proceso, v.g.: la demanda, la declaración de un
testigo, la sentencia, etc.
Lo que distingue al acto procesal es que tiene vida y eficacia sólo dentro del proceso,
siendo su finalidad posibilitar el dictado de la sentencia.
Siendo así no son actos procesales los realizados fuera del proceso, aunque puedan producir
efectos en él, v.g.: el otorgamiento de un poder para asuntos judiciales, la confesión
extrajudicial, etc. Pero si los mismos por algún motivo son incorporados al proceso,
constando en el respectivo expediente, se convierten en actos procesales.

Elementos.
Los elementos del acto procesal son: el sujeto, el objeto y la actividad. Este último
elemento se halla compuesto por el lugar, la forma y el tiempo. La existencia del acto
procesal depende y es la consecuencia de estos elementos característicos y fundamentales.

Sujeto.
Los sujetos de los actos procesales son: el órgano jurisdiccional (judicial o arbitral) y sus
auxiliares, el ministerio Público, las partes y los terceros directamente vinculados al
proceso.
Para que el acto procesal produzca efectos, es necesario que el sujeto que lo realiza tenga
aptitud para ello, v.g.: el órgano debe ser competente, y las partes y sus representantes
procesalmente capaces.

Objeto.
El objeto es la materia sobre la cual recae el acto procesal, puede consistir en: una cosa,
v.g.: embargo de un bien mueble; una persona física o jurídica, v.g.: declaración de un
testigo; o referirse a más de uno de los elementos mencionados, v.g.: orden de exhibición
de un documento.
El objeto debe ser:
            - Idóneo: es decir, apto, eficaz para lograr la finalidad pretendida por quien lo
                realiza, v.g.: que la prueba recaiga sobre un hecho controvertido.
            - Jurídicamente posible: es decir, que no se halle prohibido por la ley, v.g.: no
                tendría esta condición el embargo trabado sobre un bien de familia (Art. 59
                CN).

Actividad.
La actividad se analiza en relación a la forma (cómo), el tiempo (cuándo) y el lugar (dónde)
de los actos procesales. –




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33. Expediente Judicial. Retiro del Expediente. Reconstitución. Reglas.

Expediente Judicial.
Es el legajo de actuaciones que registra los actos procesales realizados en un juicio,
ordenadas cronológicamente y foliadas en forma de libro y provistas de una carátula
destinada a su individualización. Su custodia corresponde al Secretario, siendo éste
responsable por su pérdida, uso indebido, etc. El expediente es de acceso libre al público,
siempre que sea en la secretaría y con la presencia del actuario.

Retiro del Expediente.
Resulta imprescindible para el ejercicio de la defensa en juicio.
Casos:
___________________________: a cuyo efecto, una vez agregados los cuadernos de
prueba al expediente, el secretario lo entregará a los letrados, para su orden y por el plazo
de seis días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo la responsabilidad, para que
presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba.
El sólo transcurso del tiempo sin que la parte que retiró el expediente lo haya devuelto, le
hará perder el derecho de alegar, sin necesidad de intimación, porque se trata de un plazo
perentorio e individual y una carga (imperativo de su propio interés) cuyo incumplimiento
en tiempo y forma trae aparejada, como consecuencia en forma automática, la pérdida del
derecho.
______________________________________: las mismas consideraciones expresadas
precedentemente son de entera aplicación en el supuesto referido a la facultad de la parte de
retirar el expediente cunado se trata de fundar y contestar los recursos de apelación y
nulidad.
____________________________________________: cuando la producción de ciertos
actos procesales que por razones de complejidad u otros motivos valederos, justifiquen que
sean retirados de la secretaría.
___________________________: los jueces o tribunales, están facultados para ordenar,
por resolución fundada, la entrega en préstamo de los expedientes.
En el caso que la ley no tenga previsto un plazo determinado, el juez deberá fijar el plazo
de la devolución, de acuerdo con la importancia y complejidad de la diligencia.
La entrega del expediente en préstamo debe hacerse bajo recibo extendido en el libro
correspondiente, donde deberá constar: la fecha de retiro, datos personales del que retira
(nombre y apellido, profesión, domicilio y número de cédula de identidad);
individualización del expediente (carátula, juzgado o tribunal, secretaría, número de fojas)
y firma de la persona autorizada por la ley para ejecutar el retiro.

Reconstitución. Reglas.
La norma procesal regula el procedimiento de reconstitución del expediente, cuya pérdida
ha quedado constatada. Los pasos a seguir son:
    a) El nuevo expediente se iniciará con la providencia que ordena la reconstitución.
    b) El juez intimará a las partes para que presenten todos los documentos que tienen en
       su poder en el plazo de cinco días, dándose vista a las partes por cinco días para que
       se expida sobre su autenticidad.
    c) El secretario agregará todas las copias de resoluciones y diligencias que obren en
       libros del juzgado o archivos públicos.
    d) El juez podrá disponer sin sustanciación ni recurso alguno las medidas que crea
       necesarias. –




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34. Formas Procesales. Concepto. Finalidad. Sistemas. Legal. Judicial. Convencional. Sistema
de Nuestro Código.

Formas Procesales. Concepto.
Son las condiciones de Lugar, de tiempo y de modos de expresión a que debe sujetarse el ejercicio
de los actos procesales.
La forma es el “corpus” del acto.
Las formas procesales son el medio que utiliza el legislador para hacer efectiva la grantía de la
defensa en juicio; consecuentemente, cuando esa garantía es violada debe declararse la nulidad
aunque se carezca de un texto legal expreso.
La forma como modo de expresión de la voluntad, del contenido del acto, tiene en el derecho
procesal una importancia radical, porque mediante su cumplimiento se obtiene la vigencia del
debido proceso.
El Código Civil preceptúa: “En la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las
solemnidades prescriptas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas
que estime convenientes”.

Finalidad.
Las formas procesales tienen una importancia radical, porque su cumplimiento se obtiene la
vigencia del debido proceso y se garantiza lealtad en debate, la igualdad en la defensa, la rectitud en
la decisión.
Establecen las reglas del juego a decir del Prof. ALLEN.
Las formas, al igual que el proceso, no tienen un fin en sí mismas; ellas han sido concebidas para
servir un valor, un ideal: la justicia.

Sistemas.
Se conocen tres sistemas de regulación de las formas procesales. Ellos son:
    a) Sistema de Regulación Legal: es conocido también con la denominación de sistema de
       legalidad, pues en su virtud las formas procesales se encuentran establecidas en la ley.
    b) Sistema de Regulación Judicial: este sistema denominado a su vez, de la soberanía del juez,
       rige cuando les formas son establecidas por el órgano Jurisdiccional (juez o árbitro).
Ejemplo: - Las facultades ordenatorias e instructorias.
            - Ordenar la apertura a prueba en los incidentes y en las excepciones.
            - Eximir de costas al vencido.
            - Disponer notificación por cédula, etc.
    c) Sistema de regulación Convencional: también es llamado sistema de la libertad               de
       formas. El CPC dispone que las partes no pueden darse un procedimiento especial, distinto
       al legal, para sustanciar judicialmente el proceso en que intervengan, pero pueden renunciar
       a trámites o diligencias particulares, establecidos en su interés exclusivo.
Ejemplo: - La facultad de las partes para prorrogar la jurisdicción territorial.
            - La posibilidad de las personas físicas de comparecer en juicio personalmente o por
                medio de representante convencional.
            - Ponerse de acuerdo en la designación del perito.
            - Recusar a los jueces.
            - Interponer recursos.
       No obstante, cuando medie acuerdo de partes y no se lesiona el interés             público, la
       regulación legal y la judicial de las formas procesales ceden ante la regulación
       convencional, en razón de que la intervención del Estado en la composición de la litis
       subsidiaria, hallándose subordinada a que las mencionadas condiciones no se cumplan, vale
       decir, acuerdo de partes y no lesión del interés público. –




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35. Nulidades Procesales. Concepto. Finalidad. Carácter. Principio de Legalidad. Nulidades
implícitas. Principio de Trascendencia.

Nulidades Procesales. Concepto.
Es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales, cuando carece de un
requisito formal i material indispensable para su validez.
La función específica de la nulidad no es asegurar el cumplimiento de las formas sino de los fines
asignados a éstas por el legislador cumpla, es decir su objeto o fin.
En el derecho procesal la nulidad se señala como un error “in procedendo” que motiva el recurso de
nulidad, que tiene por objeto reparar los defectos de las resoluciones judiciales que contienen vicios
producto de la inobservancia o apartamiento de las formas o solemnidades que prescriben las leyes.
No hay nulidad sin perjuicio.

Finalidad.
Asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. ALSINA: donde hay indefensión hay
nulidad. El simple apartamiento de las formas no genera la nulidad si en definitiva se cumple con el
objeto del acto, con el fin propuesto.

Carácter.
En el proceso los actos afectados de nulidad pueden ser convalidados por el consentimiento expreso
o tácito (carácter relativo) de las partes a quienes perjudique. Por ello en el derecho procesal, a
diferencia del derecho civil, no existen nulidades absolutas.

Principio de Legalidad.
Según el cual no hay nulidad sin ley específica que lo establezca. Siendo así, la regla es la validez
del acto y la excepción la nulidad. No son admisibles nulidades por analogía o extensión.

Nulidades implícitas.
La moderna doctrina procesal ha reconocido la existencia de cierto tipo de nulidad que no se halla
expresamente prevista en la ley, sino que resulta o es la consecuencia de principios fundamentales
contenidos en su texto aunque no se encuentren de manera explícita.
Provienen generalmente, de la violación de normas prohibitivas, que trae aparejada la posibilidad de
declarar la nulidad del respectivo acto (nulidad virtual).
Ejemplo: normas legales imperativas que contienen expresiones, tales como: “en ningún caso”, “es
inadmisible”, “no será permitido”, etc.

Principio de Trascendencia.
Para que el pedido de nulidad sea procedente, no será suficiente señalar solamente la infracción a la
norma, sino que al solicitarse su declaración deberá expresarse:
             - El perjuicio sufrido.
             - El interés personal de la parte en obtener su declaración.
No hay nulidad sin perjuicio, no pueden sancionarse con la nulidad los actos que, aunque son
irregulares, porque se han apartado de lo que la ley manda en relación a los mismos, no han
producido un real y concreto perjuicio a quien la invoca.
Procedencia: el interesado en la declaración deberá demostrar:
             - El perjuicio que ha sufrido, el cual debe ser cierto, concreto e irreparable.
             - El interés jurídico que procura subsanar con la declaración de la nulidad, indicando
                 las facultades, defensa o pruebas de las que se la habría privado. –




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36. Inconstitucionalidad de la Resoluciones Judiciales. Inconstitucionalidad Directa.
Inconstitucionalidad Indirecta. Renovación de Actos Anulados.

Inconstitucionalidad de la Resoluciones Judiciales.
La inconstitucionalidad procede cuando:
            - La ley aplicada por el juez es inconstitucional.
            - O cuando de manera independiente a la ley aplicada, el pronunciamiento que
                la sentencia contiene es inconstitucional.
Siendo así, la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales puede producirse de modo
directo o indirecto.

Inconstitucionalidad Directa.
Cuando la resolución judicial es en sí misma inconstitucional, por violar alguna norma o
principio de rango constitucional. Esto se puede producir:
           - En el supuesto de que un juez o tribunal inferior resuelva un “caso
               constitucional” pronunciándose sobre materia constitucional (Art. 259, inc. 6
               y Art. 260 CN).
           - Cuando la resolución judicial, aunque fundada en una ley que no sea
               contraría a la Constitución: viola principios o garantías consagradas en la
               Constitución; atenta contra la garantía del “debido proceso”; interpreta
               normas de la Constitución; desconoce derechos o exenciones de rango
               constitucional.

Inconstitucionalidad Indirecta.
Cuando se funda en una ley contraria a la Constitución o la aplica. No basta el error de
juicio; es necesario que el error configure una violación de la Constitución para que sea
precedente la inconstitucionalidad.
Existe error “in iudicando” cuando el juez aplica equivocadamente una ley, lo cual no hará
que la resolución sea necesariamente inconstitucional, si la ley aplicada no es
inconstitucional. Lo mismo acontecerá si el juez yerra en la conclusión y resuelve
erróneamente la causa. En este caso habrá error de juicio pero no inconstitucionalidad, si la
resolución no viola la resolución sino una ley ordinaria.
La violación de una ley ordinaria -no de rango constitucional- se repara por medio de las
vías ordinarias: los recursos.

Renovación de Actos Anulados.
Por ser nulidad disvaliosa, es preferible no declararla (principio de conservación de los
actos procesales), pero si se tuvo que llegar a ello deberá otorgarse a el juez facultad para
que, en determinadas circunstancias y de ser ello posible, ordene la renovación del acto
nulo. Ejemplo: hacer que se retire, conforme a las formalidades procesales, la notificación
anulada.
La disposición se funda en el principio de economía procesal y es aplicable siempre que
con ello no se violen los superiores principios de la defensa en juicio y de la igualdad de las
partes en el proceso. Su correcta aplicación quedará librada al prudente arbitrio judicial.
La renovación del acto declarado nulo no será posible cuando ha transcurrido el plazo
perentorio que tenía para hacerlo (Preclusión). –




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37. Plazos Procesales. Concepto. Clasificación. Perentorios. No Perentorios. Comunes.
Individuales. Suspensión. Interrupción.

Plazos Procesales. Concepto.
Plazo es la medida de tiempo señalada para la realización de un acto o para la producción de sus
efectos jurídicos.
Los plazos procesales son los lapsos, establecidos en la ley, fijados por los jueces y convenidos por
las partes para la realización de actos procesales.
El tiempo crea, modifica y extingue derechos procesales. Dentro de los plazos deben cumplirse las
cargas procesales si no se quiere padecer las consecuencias de su incumplimiento.
El plazo que corresponde a las partes para el ejercicio de su defensa es un elemento que integra el
principio de su inviolabilidad.

Clasificación.
Los plazos pueden clasificarse en:
Legales; judiciales; convencionales; perentorios; no perentorios; prorrogables; improrrogables;
individual; común; ordinario y extraordinario.

Perentorios.
Son aquellos que vencidos producen la caducidad del derecho, sin necesidad de actividad alguna ni
del juez ni de la parte contraria.
Art. 145 CPC- Los plazos legales y judiciales sin perentorios e improrrogables para las partes.
Vencido el plazo procesal, el juez dictará la resolución que corresponda.
Los plazos perentorios fenecerán por su solo transcurso, sin necesidad de petición de parte ni
declaración judicial.

No Perentorios.
Cuando se necesita una actividad de la parte contraria para producir caducidad del derecho procesal.
El acto puede ser ejecutado, no obstante la expiración del plazo, mientras no se produzca la
actividad de la parte solicitando el decaimiento del derecho.

Individual.
Es el fijado sólo a una de las partes para la realizar un determinado acto procesal, computándose
independientemente para cada parte a quien afecta. Ejemplo: plazo para contestar la demanda (Arts.
222 y 234 CPC).

Común.
Cuando dentro del mismo la posibilidad de realizar actos procesales comprende a las dos partes.
Ejemplo: plazo ordinario de prueba (Art. 253 CPC). Los plazos comunes empiezan a correr desde la
última notificación efectuada, venciendo para todas las partes en el mismo momento.

Suspensión.
Un plazo se suspende cuando en determinado momento queda detenido por un lapso y luego
prosigue. No se computa cada periodo de la detención pero sí el anterior a ella, el cual se suma al
posterior para obtener el toral del plazo.

Interrupción.
Un plazo se interrumpe cuando ocurre u hecho que tiene por objeto borrar la parte del plazo
que ha corrido hasta ese momento. El plazo transcurrido no se computa. El plazo comienza
a correr de nuevo. v.g.: la deducción de una excepción previa interrumpe el plazo para
contestar la demanda, la declaración judicial de la nulidad de un acto procesal (notificación
nula), la integración definitiva del tribunal arbitral.
La interrupción puede acontecer en virtud de la ley, como en los ejemplos mencionados,
por resolución judicial o de hecho. –




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38. Plazos Procesales. Concepto. Suspensión e Interrupción de los Plazos. Conceptos.
Plazos No Perentorios y Comunes.

Plazos Procesales. Concepto.
Plazo es la medida de tiempo señalada para la realización de un acto o para la producción
de sus efectos jurídicos.
Los plazos procesales son los lapsos, establecidos en la ley, fijados por los jueces y
convenidos por las partes para la realización de actos procesales.
El tiempo crea, modifica y extingue derechos procesales. Dentro de los plazos deben
cumplirse las cargas procesales si no se quiere padecer las consecuencias de su
incumplimiento.
El plazo que corresponde a las partes para el ejercicio de su defensa es un elemento que
integra el principio de su inviolabilidad.

Suspensión e Interrupción de los Plazos.
Suspensión:
Un plazo se suspende cuando en determinado momento queda detenido por un lapso y
luego prosigue. No se computa cada periodo de la detención pero sí el anterior a ella, el
cual se suma al posterior para obtener el toral del plazo.

Interrupción:
Un plazo se interrumpe cuando ocurre u hecho que tiene por objeto borrar la parte del plazo
que ha corrido hasta ese momento. El plazo transcurrido no se computa. El plazo comienza
a correr de nuevo. v.g.: la deducción de una excepción previa interrumpe el plazo para
contestar la demanda, la declaración judicial de la nulidad de un acto procesal (notificación
nula), la integración definitiva del tribunal arbitral.
La interrupción puede acontecer en virtud de la ley, como en los ejemplos mencionados,
por resolución judicial o de hecho.

Plazos No Perentorios y Comunes.
No Perentorios:
Cuando se necesita una actividad de la parte contraria para producir caducidad del derecho
procesal. El acto puede ser ejecutado, no obstante la expiración del plazo, mientras no se
produzca la actividad de la parte solicitando el decaimiento del derecho.

Comunes:
Cuando dentro del mismo la posibilidad de realizar actos procesales comprende a las dos
partes. Ejemplo: plazo ordinario de prueba (Art. 253 CPC). Los plazos comunes empiezan a
correr desde la última notificación efectuada, venciendo para todas las partes en el mismo
momento. –




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39. Notificación. Citación. Emplazamiento. Intimación. Conceptos. Nulidad de la Notificación.
Impugnación. Vía Procesal.

Son modos mediante los cuales se comunican los actos del proceso a las personas. Cada uno de
ellos tiene una significación jurídica determinada, por ello conviene distinguirlo.
La norma procesal preceptúa que se dejará copia fiel en el expediente de toda comunicación que se
libre (Art. 128, 2ª Parte CPC).

Notificación.
Es el acto mediante el cual se hace saber a las partes o a los terceros una resolución judicial u otro
acto de procedimiento.

Citación.
Es el acto en cuya virtud se requiere a alguien que concurra al tribunal a fin de realizar un acto
procesal determinado, en el lugar, la fecha y la hora señalados.
Ejemplo: Audiencia de absolución de posiciones, audiencia para declaración testifical.

Emplazamiento.
Consiste en un llamamiento con plazo realizado por el juez para que una persona comparezca en un
proceso, a fin de ejercer su defensa o cumplir con lo que se le mandare.
Ejemplo: Contestar la demanda.

Intimación.
Es el requerimiento realizado a una persona como consecuencia de un mandato judicial para que
cumpla un acto o se abstenga de hacerlo.
Ejemplo: Intimación de pago.

Nulidad de Notificación.
La inobservancia de los requisitos de forma a los cuales debe atenerse las distintas clases de
notificaciones, trae aparejada la nulidad de las mismas.
Cae recordar que quien alega la nulidad debe expresar el perjuicio sufrido y el interés que pretende
subsanar con su declaración (Principio de trascendencia), señalando los derechos o defensas de los
que se vio privado, siempre que el perjuicio o interés no se presuman. Ejemplo: cuando se trata de
la nulidad del traslado de la demanda o de la reconvención o de una resolución susceptible de
recursos.
Además, debe tenerse en cuenta el principio de finalidad que rige en materia de nulidades
procesales, en virtud del cual no se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado su fin, aunque fuere
irregular (Arts. 111, in fine y 114, inc. a CPC).
Tampoco debe olvidarse que toda nulidad procesal puede convalidarse por la afirmación expresa o
tácita de la parte a quien perjudique, (principio de convalidación) (Art.114, inc. b CPC).

Impugnación. Vía Procesal.
La nulidad de la notificación por tratarse de una actuación procesal, debe deducirse por la vía del
incidente de nulidad.
La notificación por cédula es un acto ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus
facultades legales. Las manifestaciones vertidas por el ujier en el original y en el duplicado de la
cédula, hacen plena fe hasta tanto se declare su falsedad, de la existencia material de los hechos que
el notificador afirma haber cumplido personalmente o han pasado en su presencia, pero no de la
veracidad de las manifestaciones que le formulen terceras personas.
El pedido de nulidad de la cédula de notificación debe sustanciarse por el trámite del incidente en
consideración a que se trata de una actuación procesal que tiene relación con el proceso.
La cédula de notificación es un documento producido por un funcionario judicial en el proceso y
para el proceso, y no fuera de él como sería el caso de una escritura pública. –




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40. Notificación Automática. Concepto. Regla General. Condiciones. Que sea el día
indicado en la Ley. Que el Expediente se Encuentre en Secretaría.

Notificación Automática.
Regla General.
El CPC establece, como regla general de notificaciones, el sistema de la notificación
automática o por ministerio de la ley.
Los litigantes o sus representantes, tienen la carga procesal de concurrir determinados días
a informarse del estado del proceso en el que intervienen.
Siendo así y sin llenar ninguna formalidad, se produce la notificación de las resoluciones
judiciales que en el mismo se pronuncien los días martes o jueves inmediatamente
subsiguiente a aquel en fueron dictadas o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere
feriado (Art. 131 CPC).

           - Autor: Angelical V5Que sea el día indicado en la Ley.
           Martes o jueves. Si fuese feriado, el día siguiente hábil.
           En razón de que la notificación se produce “ministerio legis” los días
           establecidos expresamente en la norma, no es necesaria la fijación de dichos
           días por el juez o por el tribunal.
           La resolución dictad en uno de los días establecidos por mandato legal: martes o
           jueves, quedará notificada el siguiente día de notificaciones.

           - Que el expediente se encuentre en secretaría.
           No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se hallare en
           secretaría, por motivo que fuere, y se hiciere constar esta circunstancia en el
           libro que se debe llevar a ese efecto en las secretarías de los juzgados y
           tribunales, debiendo ser suscripta por el compareciente y el secretario, a quien
           corresponde otorgar autenticidad a dicha diligencia, ya que él es el encargado de
           la custodia de los expedientes (Art. 186, inc. k COJ). –




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