Docetesisentorno al Derecho Procesal Constitucional by qgp38355

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									                                 Doce tesis en torno al
                                 Derecho Procesal Constitucional                                            *



                                                                                       César Astudillo




           SUMARIO: I. Dedicatoria. II. Explicación metodológica y conceptual. III. Primera
           tesis.—Las formas de aproximación al Derecho Procesal Constitucional. Segunda
           tesis.—La historia del Derecho Procesal Constitucional. Tercera Tesis.—El método
           para la sistematización científica del Derecho Procesal Constitucional. Cuarta Te-
           sis.—La naturaleza del Derecho Procesal Constitucional. Quinta Tesis.—La carac-
           terización del Derecho Procesal Constitucional. Sexta tesis.—La ductilidad del De-
           recho Procesal Constitucional. Séptima tesis.—La originalidad del Derecho
           Procesal Constitucional. Octava tesis.—El carácter inquisitivo del Derecho Procesal
           Constitucional. Novena tesis.—El valor del Derecho Procesal Constitucional. Dé-
           cima tesis.—La interpretación del Derecho Procesal Constitucional. Undécima te-
           sis.—La integración del Derecho Procesal Constitucional. Duodécima tesis.—El
                              concepto de Derecho Procesal Constitucional.



                                            I. Dedicatoria
      En 1955 el maestro Héctor Fix-Zamudio culminaba sus estudios universitarios
en la UNAM mediante la defensa de su tesis de licenciatura en la Facultad de Dere-
cho. El trabajo presentado en el examen profesional bajo el título La garantía juris-
diccional de la Constitución mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo, repre-
sentó un acontecimiento académico de proporciones mayúsculas, pues reflejaba
una contundente toma de posición científica en torno a la metodología de análisis
de nuestro paradigmático instrumento protector de los derechos fundamentales: el
Juicio de Amparo.1

     *   El presente trabajo forma parte del Programa de consolidación institucional de grupos de in-
vestigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.
      1 FIX-ZAMUDIO, Héctor, La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana. Ensayo de una estructura-
ción procesal del amparo, México, UNAM-Facultad de Derecho, 1955, p. 57 y ss. Esta contribución apa-
reció después en su monografía, El juicio de Amparo, presentación de Antonio Martínez Baez, México,
Porrúa, 1964, p. 3-144. (Se cita el primero de los trabajos).

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42   •   César Astudillo

     Las contribuciones científicas de esa obra fueron bastas y de la mayor significa-
ción. Dentro de ellas, quizá uno de sus mayores méritos fue el de haber aproxima-
do con total pulcritud la metodología y los conceptos básicos del derecho constitu-
cional y del derecho procesal, dos disciplinas que venían desenvolviéndose de
manera autónoma, con el objetivo de aprovechar sus enseñanzas en la explicación
de la única institución con que contábamos para la defensa de los derechos, cuyo
status, valores protegidos, finalidades, y modo de estructuración interna, se encuen-
tra a medio camino entre lo constitucional y lo procesal.
     A poco más de 50 años de esa inmejorable contribución, este artículo, dentro
de sus limitaciones, intenta homenajear al maestro de maestros, reconociendo en él
al académico responsable, al científico riguroso, al universitario comprometido, al
mexicano ejemplar, pero sobre todo al humanista; porque todos aquellos que
hemos tenido la fortuna de conocerlo y de tratarle, sabemos de la calidad moral y
humana del Dr. Héctor Fix-Zamudio.2

                    II. Explicación metodológica y conceptual
     El presente artículo difícilmente puede ocultar la proximidad de su estructura
con una contribución clásica del profesor Francisco Rubio Llorente que lleva por
título “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa”.3 En ese texto, el
profesor de la Universidad Complutense evidenciaba la problemática de la jurisdic-
ción constitucional europea con el objeto de analizar la situación en que se encon-
traba en ese preciso momento. Para efectos meramente expositivos utilizó, en ra-
zón de su agilidad, la fórmula de las tesis, en virtud de que a través de ellas pueden
fijarse posicionamientos directos, claros y breves, que facilitan de alguna manera la
presentación de las ideas e, incluso, su posible crítica.
     Me ha parecido oportuno emplear este formato porque las tesis del presente
trabajo constituyen los planteamientos principales defendidos en la investigación
presentada para obtener el doctorado europeus (hispano-italiano) en derecho.4 Por su
matriz en el trabajo apenas citado, las tesis siguen en número y en contenido la es-
tructura de dicha memoria doctoral. La intención es fijar un conjunto de ideas a
partir de las cuales puedan extraerse postulados enunciados en forma de principios

      2 Para conocer la semblanza del maestro Fix-Zamudio, acúdase a CARPIZO, Jorge, “Semblanza
del doctor Héctor Fix-Zamudio”. Héctor Fix-Zamudio. Imagen y obra escogida, México, UNAM, 1984, p.
11 y ss.
      3 Publicada dentro de La forma del Poder. Estudios sobre la Constitución, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1997, p. 541 y ss.
      4 Cfr. ASTUDILLO, César, El Derecho procesal constitucional como derecho con especificidad propia para la
garantía de la Constitución, Madrid, Universidad Complutense, 2006, in toto.
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con el objeto de que constituyan un bagaje conceptual que con el tiempo pueda ser
profundizado, flexibilizado o replanteado en función de las nuevas sugerencias,
ideas o criticas que puedan generar.
     Es conveniente destacar también que el formato utilizado conducirá en muchas
ocasiones al empleo de generalizaciones que, en estricto sentido, se encuentran so-
metidas a excepciones. No obstante, el interés principal que nos motiva a actuar de
esta manera se basa en el propósito de presentar a discusión algunos lineamientos
generales que emanan de la particularidad del Derecho procesal constitucional —en
adelante DPC— como derecho a través del cual la Constitución se ubica como
norma procesal dirigida a la tutela de sus propios contenidos. Por lo tanto, dicha
toma de posición nos obliga a preferir aquellos elementos que coadyuvan a consoli-
dar las peculiaridades del DPC con el consecuente sacrificio de aquellos otros que
intentan negarlos.
     Para iniciar con una base sólida es necesario fijar el sentido que provisional-
mente hemos de darle a la expresión DPC. En este tenor, debe destacarse que la
expresión representa el último “neologismo” empleado por la dogmática jurídica
para hacer referencia a la disciplina que se ocupa de estudiar las categorías mediante
las cuales se tutela la Constitución. Si bien es cierto la noción aludida fue acuñada
hace más de medio siglo, no puede decirse que en la actualidad haya penetrado
completamente dentro del lenguaje jurídico. Su falta de arraigo y la ausencia de
una definición mayoritariamente aceptada ha producido, por ejemplo, que carezca
todavía de una voz particular en las enciclopedias jurídicas en donde se explique y
detalle su contenido, lo que denota que aún no se tiene plena conciencia acerca
de cuál es su objeto de estudio, cuál es su posición sistemática respecto al resto de
disciplinas jurídicas y cuál es la metodología jurídica que debe emplearse en su
reconstrucción.
     La falta de “madurez” de la noción demuestra la dificultad de cualquier defini-
ción. No obstante, acaso sea prudente comenzar teniendo en cuenta que existen di-
versas formas de organizar la tutela jurídica de la Constitución, lo que da lugar al
establecimiento de una noción amplia o restringida de DPC. Si tenemos presente la
clásica bipartición avanzada por Calamandrei5 entre el modelo judicial, difuso o ameri-
cano y el modelo autónomo, concentrado o europeo es evidente que es este último el que
de forma más nítida deja ver la existencia de un DPC de carácter específico, en vir-
tud de que se pueden identificar con mayor facilidad instrumentos procesales autó-
nomos e, igualmente, órganos de garantía establecidos ex profeso para dirimir los
contenciosos constitucionales, lo que hace suponer la presencia de una función
constitucional particular que dentro de la dinámica de las funciones estatales se diri-

       5 CALAMANDREI, Piero, “La illegitimità costituzionale delle leggi nel processo civile”, Opere Giuri-
diche, Vol. III, Napoli, Morano, 1968, p. 350.
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ge a procurar, en exclusiva, la salvaguarda de la Constitución. Este criterio, no obs-
tante, deja fuera un cúmulo de experiencias que han tomado como primer paradig-
ma al modelo estadounidense y que paulatinamente se han ido acercando a un
modelo mixto o incluso autóctono de control de la constitucionalidad.6 La consoli-
dación de un sistema “híbrido” ha permitido ir perfilando ciertas especificidades,
pues al original arreglo en el que las controversias constitucionales se dirimían en el
ámbito del derecho procesal general, por cualquier juez, dentro de la substanciación
de cualquier controversia jurídica, se han ido añadiendo nuevos elementos para
posibilitar la concentración de los conflictos de constitucionalidad en un órgano
único, creándose a la vez instrumentos procesales de tutela a semejanza de lo que
ha ocurrido en Europa, perfilando con ello un derecho procesal especial y particu-
larizado.
     Necesario es tener presente también que en una primera aproximación el DPC
puede entenderse desde una acepción “descriptiva” y desde una “prescriptiva”. Si
se atiende a la primera, el DPC se considera simple y llanamente como el conjunto
de reglas de procedimiento en las que se apoyan los órganos de tutela constitucio-
nal para resolver los conflictos constitucionales. En cambio, si se opta por la segun-
da, el DPC aparece como aquél conjunto de normas concernientes a las categorías
jurídicas que hacen posible la tutela de la Constitución, en la medida en que coad-
yuvan a configurar una función, una jurisdicción y un proceso, todos con el adjeti-
vo “constitucional”.
     Visto lo anterior, interesa profundizar en una noción prescriptiva de DPC que
no se disuelva en un ámbito meramente procesal, sino que tome en cuenta el deci-
dido status constitucional de las normas encaminadas a la garantía constitucional,
haciendo que la perspectiva de análisis suba un escalón para situarse en el ámbito
de la constitucionalidad. Con esto presente, tomar en cuenta al modelo de control de
constitucionalidad como único criterio diferenciador para la noción que pretende-
mos avanzar, desembocaría en una definición que incluiría solamente a aquellos sis-
temas de tipo europeo que con mayor nitidez han instituido una función constitu-
cional particular, un Tribunal constitucional como órgano ad hoc y procesos
constitucionales específicos para la substanciación de los contenciosos constitucio-
nales. La definición dejaría de lado aquellos sistemas que siguen el modelo america-
no e incluso los que han diseñado un sistema propio de conformidad con el con-
texto específico en el cual están destinados a operar. Si a esto le agregamos el
hecho, por demás probado, que en la actualidad es difícil encontrar sistemas que si-
gan al pie de la letra las líneas maestras de los modelos paradigmáticos de control

     6 En relación a estos sistemas “híbridos”, PEGORARO, Lucio, Lineamenti de giustizia costituzionale
comparata, Torino, G. Giappichelli, 1998, p. 27 y ss.
                                             Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional             • 45

de constitucionalidad, constatamos que una definición de estas características sería
sumamente restrictiva.
     Por ello, más que una noción restringida debe preferirse una noción amplia de
DPC, que se interese, ante todo y sobre todo, en la existencia de normas procesales
específicas para promover la protección de la Constitución, tanto en su vertiente
objetiva (procesos o procedimientos) como en la subjetiva (órgano de control) con
independencia de si las mismas establecen una función constitucional específica, si
se desarrollan al interior de la función judicial del Estado, y si crean una jurisdic-
ción especial y especializada o se la confían al órgano cúspide de la función judicial,
a una de sus salas, a o determinados órganos dentro de su estructuración orgánica;7
el dato diferenciador reside entonces en la existencia de determinados procesos y
procedimientos especiales para hacer posible la protección constitucional, alejados
lógicamente de los procesos comunes, y en cuya resolución se emplean normas es-
peciales que regulan la actuación de los órganos de tutela, a efecto de que pueda
advertirse la separación entre el “orden procesal general” y el “orden procesal espe-
cífico o constitucional”, pues son ordenes normativos a los que no puede dárseles
la misma consideración, por existir entre ellos una diferenciación de grado y de
contenido que los aleja de forma incontestable.8 En síntesis, lo que en verdad inte-
resa es que los conflictos constitucionales se solventen a través de la utilización de
un derecho procesal especial y no mediante el empleo de un derecho procesal ordi-
nario o general.

                                                          III

                                       Primera tesis
                               Las formas de aproximación al
                               Derecho procesal constitucional
     El DPC puede abordarse bajo la pretensión de mostrar los elementos que consolidan la crea-
ción de una nueva disciplina científica o de analizar los perfiles que manifiesta en calidad de siste-
ma normativo. La forma de aproximación al DPC concebido como nueva disciplina científica o
como sistema de normas especializadas por el objeto, debe anclarse en perspectivas diferentes y utili-
zar enfoques y argumentos distintos con el objeto de enfatizar en lo que interesa a cada una.

       7  Sobre estas formas de organización, para el entorno de América Latina, Cfr. FERRER MAC-GRE-
GOR,   Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, México, FUNDAp, 2002, p. 65 y ss.
       8 En general BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, “La giurisdizione costituzionale. Questioni strut-
turali, organizzazione, legittimazione”, Stato, costituzione, democracia. Studi di teoria della costituzione e di dirit-
to costituzionale, Michele Nicoletti, Omar Brino (a cura di), Milano, Giuffré, 2006, p. 644 y ss.
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     El cúmulo de manuscritos latinoamericanos que circulan en relación al DPC
conduce a una conclusión preliminar: existe la fuerte pretensión de una corriente
académica por justificar la creación de una nueva disciplina científica encargada, en
exclusiva, del estudio y sistematización de las categorías jurídicas encaminadas a la
tutela de los ordenamientos constitucionales. En sus estudios es fácil advertir la
apuesta por engrosar la ciencia procesal con una nueva disciplina que se encargue
de profundizar en las vicisitudes de la dinámica procesal que se instaura en relación
a pretensiones de carácter constitucional.9
     No obstante, la observación de las contribuciones europeas demuestran un en-
foque distinto; ahí, la construcción de una nueva disciplina científica ha pasado a
segundo plano, porque lo relevante en ese entorno es el análisis concreto del siste-
ma normativo que posibilita la representación procesal o jurisdiccional de conten-
ciosos de naturaleza constitucional con el objeto de indagar en qué medida dicho
sistema permite la adecuada canalización jurídica de las expectativas políticas; de
qué manera utiliza el juez constitucional sus poderes de conducción de la secuela
procesal e indagación de los hechos materia del conflicto; de qué forma el manejo y
la interpretación de las normas procesales favorece las necesidades de tutela de in-
tereses materiales, o bajo qué escenarios sus disposiciones pueden crearse y recrear-
se a partir de la propia dinámica jurisdiccional, sin la intervención del legislador, al
que en principio corresponde dictar las normas de actuación de cualquier órgano
jurisdiccional.10
     Visto lo anterior, es notorio que existen dos formas de aproximación claramen-
te definidas en torno al DPC: la primera como “disciplina científica”, y la segunda
como “sistema normativo”. Una implica un posicionamiento que puede denomi-
narse “teórico-abstracto” en virtud de que enlaza el “referente positivo” (normas)
con el “referente científico” (doctrinas) a fin de demostrar la existencia de bases
científicas sólidas para conformar una nueva disciplina dentro del ámbito de la
ciencia jurídica. La otra supone una aproximación “concreto-positiva” que atiende
solamente al “referente positivo” y lo vincula a un “objeto específico” (la tutela
constitucional), con la intención de profundizar en su concreto modo de ser y de
representarse.

      9 Esta corriente ha sido encabezada principalmente por el maestro FIX-ZAMUDIO y seguida de
cerca por el profesor GARCÍA BELAUNDE. Consúltese respectivamente, La garantía jurisdiccional…, op.
cit. p., 85. Y, De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional, Lima, Grijley, 2000, p. 53 y ss.
     10 Esta corriente se desarrolla a partir del estudio de HÄBERLE, Peter, “El derecho procesal cons-
titucional como derecho constitucional concretizado frente a la judicatura del Tribunal constitucio-
nal”, en HÄBERLE, Peter, Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, presentación de Domingo Gar-
cía Belaunde, nota liminar de Joaquín Brage Camazano, Lima, Palestra Editores y Asociación Peruana
de Derecho Constitucional, 2004, p. 23 y ss.
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     La importancia que se otorgue a cada uno de estos “ángulos visuales” permitirá
acentuar aquellos perfiles que contribuyan a conferir al DPC el espacio que se me-
rece dentro del concierto de las disciplinas jurídicas, o bien a profundizar en aque-
llos que precisen cuáles son los elementos que confieren especificidad a las normas
que tienen un objeto determinado, en este caso, la tutela de la Constitución. En
todo caso, empezar por el análisis específico del “referente positivo” para estar en
condiciones de delimitar un entorno normativo particular y especializado por el ob-
jeto, representa el prerrequisito indispensable para que el elemento extranormativo
o “referente científico”, como también le hemos llamado, pueda cumplir con sus
expectativas de ordenación, sistematización, racionalización y delimitación a fin de
presentar al DPC como un conjunto sistemático de conocimientos que se conside-
ran aptos para ser abordados y estudiados dentro de una de las parcelas en que se
divide la ciencia jurídica. Esto conduce a concluir que si bien ambos análisis se ali-
mentan, cada uno tiene que fundarse en un particular tipo de discurso en función
de obedecer a intereses y finalidades distintas.

                               Segunda tesis
              La historia del Derecho procesal constitucional
     La reconstrucción de la historia del DPC depende de la atención que se brinde a la evolución
de los precedentes que en determinados momentos históricos han llevado la intención de proteger un
determinado tipo de normas, y de la capacidad de vincularlos con los modelos concretos que se han
establecido con ese propósito dentro de la evolución del Estado constitucional.
     Nadie parece poner en duda que uno de los momentos claves para el derecho
constitucional en particular, estuvo determinado por el instante en el que la Consti-
tución se erigió en criterio único de legitimidad del conjunto de leyes y actos que
dan vida a un particular ordenamiento jurídico. Ese momento crucial tiene uno de
sus antecedentes más significativos en la experiencia estadounidense de finales del
siglo XVIII y principios del XIX, pero resulta difícil negar que con el tiempo ha ob-
tenido su más evolucionada representación en Europa, puesto que como principio
de legitimidad, las constituciones del siglo XX, principalmente aquellas expedidas en
la segunda posguerra, han tenido la capacidad de incorporarse a la dinámica de un
autónomo y específico proceso constitucional en calidad de “criterio de enjuicia-
miento práctico” para la resolución de los contenciosos constitucionales emanados
de su propio entorno.11
     La narración de las vicisitudes de esta nueva representación de los textos cons-

     11 ZAGREBELSKY, Gustavo, “Diritto processuale costituzionale?”, VVAA, Giudizio a quo e proumo-
vimento del processo costituzionale, Milano, Giuffré, 1990, p. 105
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titucionales es una tarea que corresponde fundamentalmente a la historia; conse-
cuentemente, la evolución de la tutela jurisdiccional de los textos fundamentales en
su lucha por hacer realidad los valores y principios en ellos enunciados es una labor
que sólo la historia del DPC puede determinar. Tomando en cuenta un referente
estrictamente “temporal”, es necesario indagar en qué momento surge y cómo evo-
luciona la idea de un DPC, bajo los planteamientos apenas anotados.
     La elaboración del nomen iuris DPC se debe a la agudeza intelectual del notable
procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, quien en 1947 advirtió la ampliación
del ámbito de influencia del proceso y de la ciencia procesal hacía espacios nuevos
e inusitados, y bajo la premisa de avanzar una tipología de los procesos jurisdiccio-
nales con base en la naturaleza del litigio, estableció por vez primera la existencia
de un DPC.12 El uso de la denominación apuntada llevaba implícita una decisión de
orden metodológico tendente a ubicar el estudio científico de los mecanismos de tu-
tela constitucional dentro de la órbita del derecho procesal. El pensamiento de Alca-
lá-Zamora fue rápidamente atendido por el maestro Héctor Fix-Zamudio, a quien
corresponde el mérito de haber establecido la primera aproximación científica al
concepto de DPC.13
     Sobre la base de las aportaciones de Alcalá-Zamora y Fix-Zamudio, hoy en día,
buena parte de la doctrina coincide en que el DPC cuenta con referentes temporales,
espaciales, normativos y personales bien delimitados. Hay consenso en que la disciplina
nace en 1920, en Austria, en su Ley Fundamental, gracias a su principal impulsor:
Hans Kelsen.14
     A pesar de lo anterior, para lograr una adecuada reconstrucción historiográfica,
no puede pasar desapercibido que antes del empleo de este neologismo, el estudio
de las formas de tutela de la Constitución se ha agrupado en torno a lo que se co-
noce como “justicia” y “jurisdicción” constitucionales, o “control de constituciona-
lidad de las leyes”. Si nos quedamos en un plano exclusivamente descriptivo po-
dríamos hablar de una evolución lineal y únicamente semántica, pero si lo que nos
motiva es encontrar una noción prescriptiva, existe la necesidad de advertir en don-
de se asienta la diferencia.
     Hasta ahora, la nota diferencial ha venido consolidándose en torno a la preten-
sión de demostrar que la garantía de los ordenamientos constitucionales se realiza a

     12  Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Niceto, Proceso, autocomposición y autodefensa. Contribución al estudio de los fi-
nes del proceso, México, Imprenta universitaria, 1947, p. 206-207.
     13 FIX-ZAMUDIO, La garantía jurisdiccional…, op. cit., p. 57 y ss. Desde ese remoto trabajo, hasta
su más reciente obra, el profesor Fix-Zamudio ha continuado bregando en el mismo tema, dando
nuevas y renovadas luces sobre su problemática. Cfr. en último lugar, FIX-ZAMUDIO, Héctor, Estudio
de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, México, Porrúa-UNAM, 2005, p. 67 y ss.
     14 En general, FIX-ZAMUDIO, Estudio de la defensa…, op. cit., p. 71 y ss.
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través de mecanismos jurisdiccionales y formas procesales, y que toda reconstruc-
ción dogmática debe partir de la teoría general del derecho procesal y no desde la
teoría general de la Constitución. Tomando en cuenta este punto de partida, todo
parece indicar que la historiografía del DPC no se remonta a un punto ininteligible
del pasado, haciendo más fácil indagar sus orígenes concretos.
     No obstante, lo que no puede perderse de vista, es que a pesar de que el con-
cepto de DPC lleva implícita una pretensión metodológica evidente, no es posible
perder la riqueza de conocimientos que sobre el particular existen, a pesar de desa-
rrollarse sobre una orientación metodológica distinta. A esta conclusión nos lleva el
hecho de considerar que el conjunto de adjetivaciones utilizadas por la doctrina tie-
nen el denominador común de orientarse al análisis y estudio de los tentativos de
tutela que se han venido construyendo en el tiempo bajo la expectativa de lograr
una adecuada justiciabilidad del texto fundamental.
     En este contexto, para una adecuada reconstrucción historiográfica del DPC
deben distinguirse, al menos, que el DPC cuenta con tres tipos de precedentes: Pre-
cedentes que pueden llamarse “remotos”, “positivos” y “doctrinales”.
     Los “precedentes remotos” adquieren esta denominación porque tienen la fun-
ción de recuperar la riqueza historiográfica alcanzada en torno a las distintas ideas,
nociones, principios y métodos concretos de organizar la salvaguarda constitucional
en el curso de la historia. Forman parte, sin duda alguna, de las manifestaciones
más añejas, pero no por ello menos importantes del DPC, en la medida en que
atienden los aportes de aquellos modelos filosóficos, proyectos políticos, preceden-
tes jurisprudenciales y doctrinas jurídicas que han preparado el terreno para el asen-
tamiento de formas de tutela jurisdiccional para el máximo nivel normativo.15 El
“precedente positivo” del DPC recupera en cambio el momento preciso, el concre-
to ámbito normativo y espacial en el que la tutela constitucional se ejerce mediante
instrumentos de carácter jurisdiccional; y aunado a ello, lo que es bastante significa-
tivo, los “referentes doctrinales” que justificaron y en cierto modo apuntalaron di-
cha decisión.16
     Más allá de los datos que únicamente sirven para vestir de sapiencia a las apor-
taciones doctrinales, interesa destacar que el referente positivo presenta dos ele-
mentos de la mayor trascendencia: un “elemento normativo” representado por el
primer ordenamiento constitucional que desde el plano jurídico instituyó normas

     15 En este sentido, LUTHER, Jörg, Idee e storie di giustizia costituzionale nell´ottocento, Torino, G. Giap-
pichelli, 1990, p. 17 y ss.
     16 Cfr. ERMACORA, Felix, “Hans Kelsen e il diritto costituzionale austriaco”, Hans Kelsen nella cul-
tura filosofico-giuridica del novecento, Carlo Roehrssen (a cura di), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1983, p. 34 y ss.
50   •   César Astudillo

concretas e instituciones especificas para su propia tutela (la Constitución austriaca
de 1920), y un “elemento doctrinal” o “especulativo”, representado por las bases
teóricas que fundamentaron y que siguen soportando en la actualidad la institucio-
nalización de una jurisdicción constitucional, en la medida que buena parte de los
ingenieros constitucionales han adoptado fielmente los conceptos kelsenianos como
lenguaje oficial al momento de edificar sus órganos de garantía constitucional.17
     No se trata de señalar cuál es el ordenamiento que dio vida al primer Tribunal
Constitucional de la historia, ni exponer la justificación kelseniana al respecto. Se
trata de reconstruir el desarrollo del derecho constitucional y evidenciar el sustan-
cial enriquecimiento que a partir de ese momento se produjo en él, al adquirir el
atributo necesario para presentarse como un derecho superior y peculiar por su ca-
pacidad de erigirse como un derecho “autogarantizado”, cuya validez y efectividad
se hace depender exclusivamente de sí mismo. Igualmente, de comprender la para-
doja que se esconde tras la institucionalización jurídica del DPC, en donde se des-
prende que si bien las garantías jurisdiccionales que se emplean para la tutela de la
Constitución no pueden ser adjetivadas como políticas, se insertan a un entorno
plenamente político, haciendo que desempeñen una función política innegable.
     Los “precedentes doctrinales” presuponen que la materia o el objeto de estudio
se encuentra ya establecido y delimitado, preocupándose por debatir el ángulo de
observación científica a partir del cual ese objeto habrá de ser sistematizado. Por lo
tanto, no se está frente al problema de determinar en qué momento surgen los ins-
trumentos de tutela constitucional como nuevo objeto de estudio, sino en el mo-
mento de determinarle su metodología científica más adecuada. Se trata, en conse-
cuencia, de analizar cuál es la naturaleza de esa materia y cuáles sus peculiaridades a
efecto de advertir donde está su “espacio” dentro del concierto de las disciplinas ju-
rídicas, y quiénes y bajo qué perfiles deben acometer a su estudio y racionalización.
     Si lo que interesa es indagar la “metodología adecuada” del DPC, existen ele-
mentos para sostener que el debate en torno a su “espacio jurídico” se advierte
tempranamente dentro de los trabajos del III y IV Congresos de juristas alemanes de
1862 y 1863, donde se hizo patente el debate en torno al carácter privado, publico
o procesal del control de constitucionalidad de las leyes, en la medida que Rudolf
von Jhering sostuvo que estábamos frente a un problema de fuentes del Derecho
concerniente al Derecho Civil; Bluntschli que era una cuestión de derecho público
porque en buena medida de dicho control dependía la existencia misma del Estado
y, finalmente, von Gneist, quien sostenía que era un tema relativo al poder de los

    17 Bases teóricas que no estan completamente sistematizadas y que se encuentran en alrededor
de 7 contribuciones, entre libros y artículos. Buena parte de ellos se encuentran compilados en KELSEN,
Hans, La giustizia costituzionale, Carmelo Geraci (a cura di), Milano, Giuffrè, 1981.
                                           Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional          • 51

jueces de abordar la cuestión prejudicial de la ley, lo que hacía del asunto un pro-
blema netamente procesal.18
      La problemática aludida pasa igualmente por la contraposición metodológica
surgida entre los seguidores del formalismo, con Kelsen a la cabeza, y Triepel,
Schmitt, Smend y Heller, como sus principales detractores, en donde el control de
constitucionalidad de las leyes se explicó bajo los principios de ambas metodologías
hasta desembocar, como no podía ser de otra manera, en conclusiones totalmente
contrarias.19 En ese entorno resalta por su significación el doble debate en el que
participó directamente el maestro de la escuela de Viena: primero con Triepel en
1928, en relación a la “esencia y desarrollo de la justicia constitucional” y después
con Schmitt, entre 1929 y 1931, sobre “quién debía ser el guardián de la Constitu-
ción” en donde quedó fijada con total nitidez la doble concepción, política y jurídi-
ca, del control de constitucionalidad.20
      Finalmente, por su trascendencia, es inevitable referirse a los trabajos del Con-
greso internacional de derecho procesal civil de Florencia de 1950, pues es el ámbito en don-
de de forma más clara se produjo la disociación de una tendencia “constitucionalis-
ta” y una tendencia “procesalista”, en la medida en que quedó constancia de que en
torno al tema de la ponencia principal relativa al “control de constitucionalidad de
las leyes”, era perfectamente posible fundar dos tipos de discursos jurídicos. La dis-
cusión entre protagonistas de la talla de Esposito, Andrioli, Calamandrei y Carne-
lutti, intentó dilucidar el carácter jurisdiccional o político del Tribunal constitucional,
la naturaleza del juicio de constitucionalidad, el método procesal o constitucional
que debía emplearse en su análisis y el espacio científico que debía reconocerse a la
disciplina jurídica encargada de su estudio.21
      Las cuestiones discutidas quedaron abiertas, tal cual permanecen en la actuali-
dad, hecho que amerita, como el mismo Carnelutti señaló en ese Congreso, “nue-
vas y más profundas reflexiones” sobre el particular; sin embargo, lo que no parece
estar en duda es que la ruta de esas reflexiones no puede desconocer una evolución

    18   En general, acúdase a LUTHER, Idee e storie…, op. cit., p. 141 y ss.
    19   En general, LANCHESTER, Fulco, Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il
1900 e il 1918, Milano, Giuffre, 1985, p. 86 y ss.
     20 Estos debates son bien conocidos, por lo que resulta útil remitir, para el primero, a CRUZ VI-
LLALÓN, Pedro, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 1987, p. 94, 124, 133 y 218; y para el segundo, a FIORAVANTI, Maurizio,
“Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica del´Ottocento”, La Scienza del Diritto Pubblico. Dottrine dello
Stato e della Costituzione tra otto e novecento, T. II, Milano, Giuffrè, 2001, p. 605 y ss.
     21 Las memorias del Congreso se encuentran reunidas en AAVV, Atti del Congresso Internazionale di
Diritto Processuale Civile, Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Padova, CEDAM, 1953, p. 27
y ss.
52   •   César Astudillo

tan rica de perfiles y perspectivas que sólo la historiografía del DPC se encuentra
en posibilidades de proporcionar.

                                 Tercera tesis
                  El método para la sistematización científica
                      del Derecho procesal constitucional
     No es pensable la sistematización del DPC como disciplina científica o sistema normativo, si
no se establece una metodología adecuada para afrontar las particularidades de su objeto de estu-
dio. Por ende, más que emplear los códigos lingüísticos de las disciplinas que se disputan su estu-
dio, es necesario profundizar en el discurso a efecto de analizar sus perfiles a la luz de las distin-
tas teorías jurídicas que lo condicionan.
     Desde el punto de vista teórico-abstracto, el DPC encierra una importante de-
cisión metodológica en torno al espacio y al perfil metodológico adecuado para
abordar su objeto de estudio. La paradoja que se encierra en el hecho de vincular
garantías jurisdiccionales al ámbito en donde se desarrolla el proceso político, ha
dado pie a la existencia de dos discursos jurídicos basados en dos ópticas bien dife-
renciadas que sobre la misma sustancia o materia han avanzado dos formas de ex-
plicación alejadas una de otra.
     Tener como categorías centrales una función de control o garantía, un tribunal
u órgano de tutela y un proceso o procedimientos, todos bajo el adjetivo “constitu-
cional” ha generado que la ciencia constitucional y la ciencia procesal intenten la re-
construcción sistemática de los principios del DPC bajo sus propios “códigos lin-
güísticos”, dando lugar a investigaciones ajenas a la multidiciplinariedad y asentadas
en un exclusivo y excluyente “monismo metodológico”.22
     No obstante, si consideramos que el DPC representa el espacio en el que con-
vergen las máximas garantías del ordenamiento jurídico debemos concluir que en
esa coyuntura de convergencia existe una riqueza conceptual que difícilmente pue-
de ser captada bajo un único ángulo de observación, so pena de generar un empo-
brecimiento notable y una visión parcial de todas las vicisitudes que se generan y
que hay que tener muy presentes para comprender a cabalidad las posibilidades
de que los textos constitucionales acometan a su propia garantía.
     La aseveración señalada conduce a escapar de los moldes tradicionales y discur-
sos unilaterales, cerrados, rígidos y en cierto sentido parciales. Si se observa con de-
tenimiento, la historiografía del DPC ha evidenciado que nos encontramos frente a
un tema que involucra importantes conocimientos en torno a la producción del de-

    22 RUGGERI, Antonio, “Dottrine della costituzione e metodi dei costituzionalisti (prime osserva-
zioni)”, Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, Padova, CEDAM, 1997, p. 347 y ss.
                                       Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional    • 53

recho, la unidad del poder y los órganos del Estado, las formas de autoprotección
de los textos constitucionales y las formas jurisdiccionales que racionalizan méto-
dos concretos para la pacificación de cualquier conflicto normativo. Por ello, más
que seguir bregando en torno al discurso rígido y que avanza paralelamente entre lo
procesal y lo constitucional, es necesario aproximarse al DPC a la luz de los princi-
pios fundamentales de las teorías jurídicas y no tanto de las disciplinas científicas.
El cambio de perspectivas sugiere poner la discusión en un nivel de análisis más
concreto y especializado para integrar conocimientos provenientes de la teoría de la
Constitución, la teoría de la interpretación constitucional, la teoría de la justicia constitucional, la
teoría de las fuentes del derecho y la teoría general del derecho procesal, sin olvidar el elemental
apoyo que transversalmente puede brindar la ciencia del derecho comparado.
      En este orden de ideas, parece más oportuno construir un método jurídico
adecuado, de conformidad con los “fines” y las “expectativas” perseguidas, tal cual
lo sugirió Orlando a finales del siglo XIX en sus relevantes criterios técnicos para la re-
construcción jurídica del derecho público.23 Puede convenirse entonces que el análisis y la
reconstrucción dogmática del DPC necesitan realizarse a través de una técnica par-
ticular y abierta que dé cuenta de los mecanismos o procedimientos lógicos y siste-
máticos que confieran especificidad a la disciplina y de los que deba servirse para
alcanzar sus propios fines analíticos.
      Por ello, frente a las posibilidades ofrecidas por un “monismo metodológico”,
y en aras de esa riqueza de perfiles, el camino del “pluralismo metódico” se presen-
ta más atractivo y enriquecedor, pues representa una vía de escape a la rigidez de
los códigos lingüísticos de cada disciplina y posibilita un diálogo interdisciplinario
que deberá procurar en todo momento la integración y no sobreposición de aque-
llas perspectivas que condicionan un objeto de estudio que es toral para el Estado
constitucional en tanto afecta al mantenimiento de la supremacía del texto constitu-
cional y la unidad y continuidad del ordenamiento jurídico.

                                Cuarta tesis
             La naturaleza del Derecho procesal constitucional
     La naturaleza del DPC difícilmente podrá definirse si se continúa bregando en torno a dis-
cursos que corren paralelamente como el procesal y el constitucional, y si no se proyectan las catego-
rías de tutela constitucional a un espacio en el que puedan estudiarse desde sus múltiples perfiles.
     En torno al DPC se han construido dos discursos autónomos y claramente
identificados que sustentados en métodos propios y visiones específicas, han con-
ducido el análisis de las garantías jurídicas de la Constitución sobre senderos distan-
tes, provocando su desembocadura en conclusiones no del todo coincidentes. La

    23   Bologna, E. Garagnani, 1889, p. 4.
54   •    César Astudillo

bifurcación de ideas puede agruparse en torno a un “discurso procesal” y a un “dis-
curso constitucional”.24
     La idea fundamental que subyace al discurso procesal se ancla en la intención
histórica de generar la “unidad” de principios del derecho procesal, pues en cuanto
pretensión originaria, constituye una de las exigencias elementales en que se asienta
la disciplina desde el momento en que Carnelutti, en 1925, señalara: “el derecho
procesal es fundamentalmente uno” y sus distintas disciplinas deben distinguirse,
no por el hecho de tener diversas raíces, sino por constituir las grandes ramas en
que se divide un único tronco.25 Anclados en dicha pretensión, se advierte un en-
sanchamiento de las ramas procesales identificadas por su nivel de especialización,
en virtud que la jurisdicción constitucional se incorpora al ámbito procesal en cali-
dad de jurisdicción especializada y el proceso constitucional, dentro de la tipología
respectiva, pasa a considerarse como un proceso particularizado en función de su
objeto. Ni que decir tiene que la alineación realizada hace que el DPC comparta au-
tomáticamente los rasgos elementales o los principios comunes de las normas pro-
cesales, esto es, su naturaleza pública, su carácter instrumental y su imperatividad;
produce también que su reconstrucción científica se guíe bajo el método sistemáti-
co, aglutinando los tres grandes conceptos en que se ancla la ciencia procesal y, fi-
nalmente, que la interpretación e integración de sus normas no suponga problemas
distintos a los de cualquier otra norma jurídica.26
     Contrario a lo anterior, la tendencia constitucionalista basa su argumentación
en la necesidad de preservar la “unidad” de principios del derecho constitucional,
advirtiendo que en esta materia y particularmente en ésta, la disociación entre lo
sustancial y lo procesal no debe concebirse de forma rígida ante la necesidad de que
las constituciones dispongan de normas adjetivas de autogarantía que conformen su
“Constitución material”. Su exigencia de unidad de principios constituye también
una añeja aspiración de la doctrina constitucional desde la conocida prelusión de
Santi Romano, en 1903, donde se explicó con autoridad que el derecho constitucio-
nal representa la unidad esencial de principios generales del derecho público sin
que pueda considerarse solamente una rama del derecho público, en virtud de que
constituye su tronco mismo, a partir del cual emanan las demás ramas particulares
del derecho.27 Anclada en esta exigencia, se ha señalado la importancia de que las

     24   Sobre el particular, LUTHER, Idee e storie…, op. cit., p. 3.
     25   CARNELUTTI, Francesco, “Prove civile e prove penali”, Rivista di diritto processuale civile, V. II,
parte I, Padova, CEDAM, 1925, p. 3.
      26 Caracteristico de este discurso es GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Derecho Procesal Constitucional, Ma-
drid, Civitas, 1980, pp. 39-41.
      27 ROMANO, Santi, “Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche”, Scritti minori, V. I, Diritto
costituzionale, Milano, Giuffre, 1950, p. 207-208.
                                           Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional            • 55

normas procesales constitucionales tengan un tratamiento específicamente constitu-
cional por constituir una especie de “derecho constitucional concretizado” y por ser-
vir a las jurisdicciones constitucionales para concretizar la Constitución.28 El DPC
adquiere, desde estas perspectivas, una especificidad manifiesta que implica que su
sistematización deba realizarse a partir de una metodología decididamente constitu-
cional que coadyuve a redefinir el valor que se les reconoce como normas jurídicas
de peculiaridades indiscutibles, que identifique sus particulares criterios de interpre-
tación e, incluso, sus puntuales métodos de integración.
     La ausencia de un diálogo entre perspectivas ha motivado férreos posiciona-
mientos teóricos que no hacen sino constatar la rigidez de los postulados en que se
asienta tanto la ciencia procesal como la ciencia constitucional.29 Si para el derecho
procesal la exigencia de abordar autónomamente lo adjetivo de lo sustantivo confi-
gura un presupuesto elemental, para el derecho constitucional esta separación es in-
viable ante la necesidad de integrar su derecho adjetivo y sustantivo en la unidad
material del ordenamiento constitucional. Si para el derecho procesal la necesidad
de reconstruir las categorías del DPC sobre la certeza y predeterminación de las es-
tructuras procesales es una exigencia que está en la base de su ideología, para el de-
recho constitucional es necesario que parte de esas categorías aparezcan bajo ade-
cuadas dosis de ductilidad o maleabilidad para que el guardián de la Constitución
pueda hacer frente al conjunto de expectativas y vicisitudes que emanan de la com-
plejidad intrínseca de los conflictos de naturaleza constitucional. Si el derecho pro-
cesal necesita a la jurisdicción como fuente de autoridad externa para garantizar la
eficacia de sus normas, el derecho constitucional no requiere de otra autoridad para
procurar su vinculatoriedad pues se ha dotado directamente de su jurisdicción, al
margen y por encima de la jurisdicción ordinaria, su órgano de tutela y sus procesos
y procedimientos de autogarantía.
     Un panorama como este demuestra que difícilmente podrá existir una salida
adecuada al antagonismo de perspectivas si no se confiere autonomía al objeto de
estudio del DPC, a fin de rescatarlo de los dos discursos que sólo limitan, constri-
ñen y empobrecen su riqueza conceptual. Esto supone otorgar a las categorías jurí-
dicas que posibilitan la tutela constitucional una especial dignidad para ubicarlas en

     28 El trabajo más representativo de esta tendencia es el de HÄBERLE, “El derecho procesal cons-
titucional…”, op. cit., p. 23 y ss.
     29 Parte de esa rigidez se evidencia en la diferencia de perspectivas sobre la relación del derecho
procesal y el constitucional sostenida por Micheli y Crisafulli. Cfr. CRISAFULLI, Vezio, “Profili costitu-
zionali del diritto processuale”, Stato e diritto. Rivista bimestrale di studi giuridici, Fasc. 1, gennaio-febbraio,
Roma, Studium Urbis, 1941, p. 41. MICHELI, Gian Antonio, “Profili o presupposti costituzionale del
diritto processuale?”, Stato e diritto. Rivista bimestrale di studi giuridici, Fasc. 6, novembre-dicembre, Roma,
Studium Urbis, 1941, p. 445 y ss.
56   •   César Astudillo

un espacio de estudio independiente que pueda emplear los instrumentos de un
método abierto y plural para que mediante su implementación puedan ir emergien-
do todas aquellas especificidades que hacen del DPC un sistema de normas de ca-
racterísticas excepcionales.

                              Quinta tesis
         La caracterización del Derecho procesal constitucional
     Para comprender el DPC es necesario advertir las influencias que han condicionado al proce-
so, desde la perspectiva procesal, y a los guardianes de la Constitución, desde la perspectiva consti-
tucional. De ahí podrán rescatarse algunos elementos para constatar que el DPC contiene una
“intrínseca ambigüedad” por estar constreñido a responder a exigencias de certeza y predetermina-
ción jurídica emanadas de las formas jurisdiccionales, en un entorno en donde la ambigüedad e in-
determinación caracterizan a la sustancia constitucional.
     Desde el punto de vista doctrinal, el discurso procesal es el que actualmente
parece gozar de mayores adhesiones. Es así porque la idea de un derecho “del”
proceso constitucional, con énfasis en el objeto “proceso” parece haber ganado
bastante terreno. Sin embargo, no puede olvidarse que el neologismo DPC puede
evocar otra idea, la de un derecho procesal “de la” Constitución, lo que cambia sig-
nificativamente la concepción que sobre el mismo pueda tenerse en la medida en
que se otorga mayor relevancia al elemento “Constitución”. La centralidad conferi-
da a cada uno de estos componentes explica por sí misma la tensión existente en
torno a su ámbito de estudio.
     Es evidente que entre ambos objetos existe una inescindible vinculación ya que
un proceso constitucional sin Constitución es sencillamente imposible, y una Cons-
titución sin proceso constitucional sólo es posible si se sacrifica parte del valor de la
Constitución como norma efectiva y vinculante. Su relación, en cambio, es bastante
peculiar; por un lado es una relación de “equilibrio”, pues mientras el proceso sirve
a la efectividad de la Constitución, la Constitución sirve como garantía jurídica del
proceso. Pero por otro, es una relación de “desequilibrio”, pues la Constitución no
sólo representa la norma que fundamenta al proceso, sino aquella que lo organiza y
lo delimita; además, y esto es también lo significativo, es la norma que coadyuva a
su conformación práctica en la medida que como norma fundamental se incorpora
a la dinámica procesal en calidad de norma sustancial o norma parámetro. Esta rea-
lidad conduce a que aquellas exigencias encaminadas al tratamiento autónomo de
las formas respecto a la sustancia, difícilmente puedan acogerse en su totalidad.30

    30 Cfr. ALMAGRO NOSETE, José, “Tres breves notas sobre derecho procesal constitucional”,
Constitución y proceso, Barcelona, Bosch, 1984, p. 155.
                                            Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional           • 57

     Si en general se reconoce que las normas del derecho procesal no pueden ser
sino un reflejo de las normas sustanciales a cuyo servicio se disponen, es evidente
que el proceso, cada tipo de proceso, adquiere sus propios matices en base al dere-
cho diferenciado que debe ser aplicado para decidirlo. Si éste es un principio básico
de la doctrina procesal, la peculiar relación que se origina entre el proceso y la Cons-
titución hace aún mayor la influencia de la materia sobre la forma. ¿Porqué? Por que
al ser el proceso constitucional un proceso con status constitucional por la fuente de
la que emana, y al ser constitucional la materia a cuya salvaguarda está dispuesto, no
puede sino resentir el gran influjo de las normas constitucionales. En este sentido, su
reconstrucción dogmática no puede dejar de observar en qué forma las normas cons-
titucionales condicionan su dinámica procesal. Si el derecho constitucional es un de-
recho que se caracteriza por las altas dosis de indeterminación y vaguedad de su len-
guaje, sí es un derecho en constante tensión entre lo normativo y lo fáctico, y sí
tiene que mediar entre las exigencias del derecho y las necesidades de la política, es
sumamente improbable que dichas manifestaciones dejen de trasladarse al proceso
constitucional.31 Por el contrario, el proceso constitucional recibe y refleja esa am-
bigüedad en al menos dos sentidos: en la conformación misma del proceso consti-
tucional, es decir, en los elementos que lo estructuran y le dan vida, y en la propia
mecánica procesal, al ser la Constitución el principal canon de enjuiciamiento.32
     La realidad anterior parece generar un desencuentro entre los objetos “proce-
so” y “Constitución”. Mientras que la noción de proceso y el bagaje doctrinal que
le subyace representa, desde el punto de vista de la estructura, el paradigma de la
certeza y la predeterminación jurídica, la noción de Constitución y la construcción
científica que la precede es, desde el punto de vista del contenido, el paradigma de
la indeterminación y de la ambigüedad por los presupuestos en que se sostiene. De
ahí que su vinculación no deje de ser problemática, puesto que al unirse se produce
un sacrificio, así sea parcial, de los elementos que los caracterizan en lo individual;
por ende, es difícilmente sostenible una posición rígida sobre el particular, ya que el
proceso constitucional no puede erigirse como el paradigma de la certeza normati-
va, pero tampoco como un instrumento de la incertidumbre jurídica. Es este el re-
sultado, negativo si se quiere, de la unión de una garantía que es política en la sus-
tancia pero jurisdiccional en la forma. Forma jurisdiccional y sustancia política han

     31 Sobre las características del derecho constitucional, importantes reflexiones en TRIEPEL, Hein-
rich, Derecho público y política, prólogo, trad. y apéndices de José Luis Carro, Madrid, Civitas, 1974, p. 42
y ss. En sentido similar, BACHOF, Otto, Jueces y Constitución, trad. de Rodrigo Bercovitz, prólogo de To-
más Ramón Fernández, Madrid, Civitas, 1987, p. 61 y ss.
     32 En este sentido, CARROZZA, Paolo, “Intervento”, Pizzorusso, Alessandro, Romboli, Roberto,
Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino,
G. Giappichelli, 2002., p. 345 ss.
58   •   César Astudillo

encontrado un espacio de expresión común en el DPC que impone una debida ar-
monización con el objeto de lograr un equilibrio en el que se eviten los extremos
de “politizar” al proceso constitucional, y de “procesualizar” la actividad política.33
    Lo anterior no debe llevar a sostener que la ambigüedad que rodea a los instru-
mentos de tutela constitucional sea solamente achacable al contenido de un lengua-
je constitucional que intenta racionalizar la esfera de lo político. Gran parte de la
responsabilidad tiene su origen en la indecisión original de Hans Kelsen en torno al
carácter del Tribunal constitucional, porque en su calidad de impulsor originario de
los presupuestos y las bases teóricas de la garantía jurisdiccional de la Constitución,
no fue capaz de disipar las dudas que aquejaban al nacimiento de un órgano que en
ese momento no tenía parangón.34 Esa indefinición quedó abierta y así ha perma-
necido hasta nuestros días. La aparente solución con que se ha pretendido cerrar la
discusión, en el sentido que los garantes constitucionales tienen la “doble vocación”
de ser órganos jurisdiccionales y órganos constitucionales autónomos a la vez, es la
muestra más palpable de que no existe una teoría jurídica adecuada que explique
fehacientemente qué tipo de función se ejerce en la salvaguarda de la Constitución,
que carácter debe reconocerse al órgano que ha de llevarla a cabo, cuál es el ámbito
en donde está llamado a funcionar y qué lugar ocupa en el sistema constitucional
de división de poderes.35
    La ambigüedad que emana del lenguaje constitucional y la insuficiencia demos-
trada por las aportaciones doctrinales fortalece la convicción de construir un siste-
ma de normas adjetivas que ofrezcan plena certidumbre y objetividad a la tutela
constitucional. Sin embargo, a la necesidad de la objetividad se contrapone la nece-
sidad, igualmente trascendente, de que los interpretes supremos cuenten con már-
genes de libertad suficientemente amplios para poder reaccionar frente a los distin-
tos requerimientos del sistema constitucional. Esto conduce a que la valoración en
torno a cuál de los elementos resulta más relevante se realice desde distintos ángu-
los y perspectivas.

     33 Como adecuadamente apunta Zagrebelsky, las garantías de la Constitución “no pertenecen a la
política pero tienen una función política. Comprender esta paradoja significa penetrar en la esencia de
la democracia”. ZAGREBELSKY, Gustavo, Principi e voti, La Corte costituzionale e la polìtica, Torino, Giulio
Eunaudi editore, 2005, cita de la portada.
     34 Esas indefiniciones se advierten principalmente en KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la
Constitución. La Justicia Constitucional, trad. Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 2000, p. 54.
Amplias referencias a esta contradicción de pensamiento en GIOVANNELLI, Adriano, “Alcune conside-
razioni sul modello della Verfassungsgerichtsbarkeit kelseniana, nel contesto del dibattito sulla funzio-
ne “politica” della Corte costituzionale”, Dottrina pura e teoria della Costituzione in Kelsen, Milano, Giuffrè,
1983, p. 242 y ss.
     35 En general, PÉREZ ROYO, Javier, Tribunal constitucional y división de poderes, Madrid, Tecnos, 1988,
p. 16-17.
                                         Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional        • 59

     Para llegar a esa valoración es necesario analizar las tesis principales de quienes
promueven la idea de la “objetivación”, destacando cómo han influido en ellas las
bases ideológicas en las que se asienta el derecho procesal como ciencia, y el Tribu-
nal Constitucional como institución.36 En este sentido, no se puede perder de vista
el impacto que dentro de las aportaciones doctrinales de Chiovenda y de Kelsen
tuvo el movimiento alemán del “derecho libre” (Freirecht), impulsado por Bülow, y
la doctrina del “espíritu popular” (Volksgeist), porque la profunda influencia que ge-
neraron en el ámbito académico y jurisdiccional, empujaría a ambos juristas a la
confección de sendas teorías ancladas en la inexorable necesidad de regenerar la con-
fianza en la ley, de restablecer el vinculo del juez a la misma y de disolver cualquier
forma de discrecionalidad judicial.37
     Tampoco puede dejar de observarse que dichas construcciones doctrinales se
apoyaron desde su nacimiento en similares pretensiones de “autosuficiencia”, pues
ambos autores estaban convencidos de que el problema de la objetivación debía
encontrarse en la predeterminación ofrecida por las categorías procesales y en la ra-
cionalidad brindada por la jurisdicción constitucional, lo cual motivó su desinterés
por el análisis del influjo causado por las normas materiales, en un entorno en el
que la pretensión principal era dotar a sus teorías de autonomía y validez científica
universal.38
     Desde el momento en que las teorías de Chiovenda y de Kelsen se asentaron
en el entorno científico, no pasó mucho tiempo para que brotaran importantes ma-
nifestaciones que, oponiéndose a sus premisas, reprocharon al primero la “escisión
del derecho procesal del derecho material o sustancial”, y al segundo, el desprecio a
la “fundamental diferencia que existe entre un fallo procesal y la resolución de du-
das y divergencias de criterio acerca del contenido de un precepto constitucional”.39
Esa oposición permite advertir que paulatinamente se ha generado un movimiento

     36 Importantes planteamientos en PRIETO SANCHÍS, Luis, “Presupuestos ideológicos y doctrinales
de la justicia constitucional”, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, p. 80.
     37 Las implicaciones de ambos movimientos, desde el punto de vista constitucional, pueden ver-
se en VOLPE, Giuseppe, Il costituzionalismo del novecento, Roma, Laterza, 2000, p. 19 y ss., y 49 y ss. Para
un acercamiento desde el perfil procesal, CALAMANDREI, Piero, “Appunti sul concetto di legalitá”,
Opere Giuridiche, Vol. III, Napoli, Morano, 1968, p. 80 y ss.
     38 La contribución que constata el esfuerzo de sistematizar la ciencia procesal desde una perspec-
tiva de autosuficiencia se encuentran en CHIOVENDA, Giuseppe, La acción en el sistema de los derechos,
Santiago Sentís Melendo (Trad.), Valparaiso, EDEVAL, 1992, p. 17 y ss. El esfuerzo de Kelsen por
instaurar un sistema de garantías para el modelo de Constitución que tenía en mente se advierte en
KELSEN, La garantía jurisdiccional…, op. cit., p. 20.
     39 Respectivamente, CARNELUTTI, Francesco, “Torniamo al «giudizio»”, Rivista di diritto processuale,
No. I, Padova, CEDAM, 1949, p. 167. SCHMITT, Carl, La defensa de la Constitución, prólogo de Pedro de
Vega, Madrid, Tecnos, 1998, p. 84.
60   •   César Astudillo

propenso a conferir una nueva importancia al elemento “material”. La aparición de
renovados planteamientos ha posibilitado cambios significativos en la forma de anali-
zar el derecho procesal y de entender a la jurisdicción encargada de la tutela consti-
tucional, advirtiéndose cada vez con mayor claridad que el estudio dogmático de
los mecanismos de garantía constitucional no puede sustentarse en tesis ancladas
exclusivamente en la naturaleza de las formas y en premisas como las de certeza,
racionalidad o predeterminación jurídica, sino que a lado de estos elementos, cons-
titutivos de verdaderos valores fundamentales del Estado de derecho de matriz li-
beral, es necesario analizar con igual detenimiento el contexto de la sustancia, o lo
que es lo mismo, el objeto “Constitución”, desde el punto de vista de sus implica-
ciones con el Estado constitucional.40
     Este sólo hecho conduce igualmente a un análisis escrupuloso de los cambios
suscitados en los paradigmas jurídicos para observar cómo la ideología y el método
mismo sobre el que dichas teorías se han desarrollado, han mutado radicalmente, y
cómo la consolidación del Estado constitucional, con un nuevo paradigma de
Constitución como estandarte, ha impuesto una profunda transformación de los
principios de certeza jurídica y de legalidad, y una notoria afirmación del principio
de constitucionalidad, generando que los valores en que se anclaba el Estado liberal
tengan que ser ponderados con aquellos que se han desarrollado a la luz del nuevo
modelo constitucional .41
     Por lo anterior, la caracterización del DPC de nuestros días tiene inexorable-
mente que tomar en cuenta la vertiente de las formas, con sus exigencias en favor
de la certeza, la predeterminación y la objetividad, compatibilizándolo con el espa-
cio de la sustancia, en base a las características con las que aparece el tipo, la exten-
sión y los valores del renovado dominio constitucional.

                                Sexta tesis
             La ductilidad del Derecho procesal constitucional
     El DPC necesita constituirse como un derecho de manifiesta ductilidad para estar en aptitud
de adecuarse a las distintas expectativas emanadas del texto constitucional, y para que el órgano
de garantía pueda regular por sí mismo la forma, el momento, el lugar y el grado de intensidad de
su intervención institucional a fin de modular el impacto que sus decisiones producen en el sistema
constitucional.

    40 Sobre ambos contextos, respectivamente, CAPPELLETTI, Mauro, Processo e ideologie, Bologna, Il
mulino, 1969, p. V. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. de Marina Gas-
cón, Madrid, Trotta, 4ª ed., 2002, p. 33 y 122.
    41 Sobre el particular, ZAGREBELSKY, El derecho dúctil…, op. cit., p. 34.
                                       Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional    • 61

     Como derecho instrumental, el DPC adquiere unos perfiles, una particularidad,
o una especificidad propia en base a la naturaleza del derecho al que debe servir.
En este sentido, empieza a ser común que se presente bajo el atributo de la “ducti-
lidad”, ante su necesaria y manifiesta capacidad de adaptación o acomodación a las
diversas situaciones, objetivos y finalidades constitucionales, lo que deja entrever
que en el fondo demuestra su disposición para adquirir variadas estructuras de
acuerdo a las exigencias que está llamado a satisfacer dentro del ordenamiento. La
lógica de esta manejabilidad descansa en que todas las exigencias que se desprenden
del derecho de la Constitución tienen que encontrar su correspondiente reflejo en
el campo adjetivo si quieren encontrar una óptima realización.
     La Constitución, por ser la norma fundamental del Estado, tiene que responder
a un conjunto de exigencias que emanan de su función constitutiva y ordenadora.
Esto supone la búsqueda de fórmulas de compromiso para posibilitar un acuerdo
razonable entre sus exigencias de estabilidad y de cambio; entre su propensión a la
sobrecarga ideológica, por su evidente perfil axiológico, y su necesidad de afianzar
instrumentos procesales para introducir márgenes de neutralización política, e inclu-
so, entre la reciproca armonización de los mecanismos para atender las pretensio-
nes y los fines de la tutela objetiva del derecho respecto de aquellas que se despren-
den de la tutela subjetiva de los derechos. En este contexto tan peculiar, el DPC
difícilmente tiene más opción que presentarse como un sistema normativo dúctil,
flexible y sobre todo abierto al acoplamiento a las concretas y muy distintas realida-
des y exigencias que se presentan en el entorno constitucional.42
     Su capacidad para representarse como un derecho instrumental “versátil” apa-
rece como un atributo esencial por las posibilidades que ofrece para brindar una sa-
lida flexible a la tensión cambio-permanencia a la que está sujeto el ordenamiento
jurídico. Por ello, no es de extrañar que se manifieste como un derecho con aptitu-
des para estabilizar los contenidos constitucionales cuando se requiera fijar en la
conciencia social el sistema de valores que le subyacen; o que muestre su capacidad
para facilitar la evolución de dichos contenidos cuando exista el imperativo de enri-
quecer su significado como consecuencia de la incesante transformación social. En
síntesis, debe aparecer como el hilo conductor o la pieza de equilibrio entre la con-
servación de la Constitución “escrita” y la innovación que emerge de la Constitu-
ción “efectiva”.43

     42 En general, ZAGREBELSKY, “Diritto processuale…”, op. cit., p. 119 y ss. También MEZZANOT-
TE, Carlo, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, Tipografica veneziana, 1984, p. 70-71.
     43 Por ello, el DPC debe ser uno de los principales instrumentos para favorecer la mutación
constitucional. En general, acúdase a la clásica obra de DE VEGA, Pedro, La reforma constitucional y la
problemática del Poder Constituyente, Madrid, Tecnos, 1985, p. 210-211.
62   •    César Astudillo

     Además, frente al progresivo ensanchamiento de la materia constitucional, mer-
ced a las características de un lenguaje de textura abierta, vaga e indeterminada, es
necesario encontrar en el DPC aquellos elementos que coadyuven a mantener la
cualidad imperativa de sus prescripciones, el carácter técnico-jurídico de sus meca-
nismos de garantía y el ejercicio objetivado de los poderes del órgano de garantía
constitucional, para que estén en condiciones de erigirse en contrapeso elemental a
la natural ambigüedad de la norma sustancial y se interpongan como verdaderas he-
rramientas de neutralización de los poderes del guardián de la Constitución frente a
la progresiva acentuación de su carácter político.
     En base a los dos tipos de tutela —objetiva y subjetiva— a que se encamina, el
DPC debe ponerse en “línea de tensión” entre las exigencias que derivan del inte-
rés general y las que surgen del interés particular. Su ductilidad debe hacerlo procli-
ve a sensibilizarse frente a las necesidades del sistema de gobierno por un lado, y
frente a las expectativas de justicia que emanan del cuerpo social, por el otro;44
debe permitir una respuesta razonable cuando el conflicto constitucional acentúe el
interés general y se ponga en términos de “macroconstitucionalidad”, o cuando pri-
vilegie los intereses individuales y se represente en términos de “microconstitucio-
nalidad”. Incluso, debe estar en aptitud de facilitar vías de salida para aquél contexto
en el que las necesidades apremiantes del sistema constitucional conduzcan a recha-
zar el conocimiento de conflictos particulares en ausencia de un interés general, o
conflictos con alto contenido político, cuando esa actitud se considere indispensa-
ble para salvaguardar la autoridad, integridad, independencia y legitimidad de los
guardianes de la Constitución.45
     Derivado de lo anterior, el DPC, debe permitir que sea el propio órgano de ga-
rantía el que determine las formas, los momentos, los lugares y el grado de intensi-
dad de su intervención institucional, modulando el tiempo y el contenido de sus
decisiones de acuerdo al “impacto ambiental” que puedan producir en el contexto
institucional, y de conformidad con las necesidades que en cada momento emanen
del ordenamiento jurídico.46
     En consecuencia con lo anterior, la complexión más adecuada bajo la que
puede representarse el DPC parece ser aquella que advierta un justo equilibrio en-
tre la existencia inexorable de normas vinculantes para que la maquinaria garantista

     44 Cfr. ZAGREBELSKY, “Diritto processuale…”, op. cit., p. 119 y ss.
     45 En argumento, PANUNZIO, Sergio “Qualche riflessione sulla «elasticita» delle regole procedura-
li nel processo costituzionale”, VVAA, Giudizio a quo e proumovimento del processo costituzionale, Milano,
Giuffré, 1990, p. 261 y ss.
     46 BOGNETTI, Giovanni “La Corte costituzionale tra procedura e politica”, VVAA, Giudizio a quo
e proumovimento del processo costituzionale, Milano, Giuffré, 1990, p. 226.
                                          Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional          • 63

de la Constitución se desarrolle conforme a cánones jurídicos preconstituidos, y la
exigencia, igualmente trascendente, de preservar la natural necesidad de que cual-
quier guardián de la Constitución disponga de ámbitos propios de actuación, ade-
cuados a la función y al papel que desarrolla dentro de su respectivo sistema consti-
tucional. En este sentido, no queda otro camino que armonizar la necesidad de con-
tar con “reglas” que disciplinen el proceso constitucional, y la oportunidad de que
el proceso mismo se conduzca con plena “regularidad”, de modo que al mismo
tiempo de mostrar firmeza y claridad para encauzar el desarrollo de la dinámica ju-
risdiccional, aparezcan con una portada “razonablemente flexible” para cumplir
adecuadamente con la pluralidad de expectativas constitucionales que se despren-
den de la Ley Fundamental.47

                                Séptima tesis
            La originalidad del Derecho procesal constitucional
     El DPC debe estar en condiciones de ofrecer un conjunto de categorías normativas autóno-
mas, adecuadas al derecho diferenciado que se encamina a servir, y estructuras procesales coherentes
con la particularidad de cada uno de los procesos constitucionales, en virtud de que individualmen-
te demuestran una lógica y una finalidad específicas. Debe permitir, además, que los órganos de
garantía constitucional creen determinadas categorías procesales para perfilar con mayor pulcritud
las especificidades de sus instrumentos de tutela.
     La especificidad del DPC es todavía una asignatura pendiente de afrontar con
rigor y profundidad. Si bien se ha ido construyendo de forma paulatina desde el
ámbito concreto y particular de la jurisprudencia constitucional, desde un punto de
vista teórico-abstracto es posible advertir que el reconocimiento de sus particulari-
dades ha chocado con obstáculos significativos, desvelando una debilidad impor-
tante dentro del sistema de garantías constitucionales, si se presupone al menos que
dentro del entorno procesal y del constitucional, una idea constante y arraigada exi-
ge la plena y necesaria adaptación entre el “espíritu” y el “cuerpo”.48
     El desarrollo del DPC se ha ajustado a una concepción apegada a las ideas,
principios y estructuras del proceso civil, aproximándose con el correr del tiempo a
las líneas fundamentales del proceso administrativo, y más recientemente a la no-

      47 Cfr. RUGGERI, Antonio, “I giudizi di costituzionalita tra riforma delle norme integrative e au-
toriforma della giurisprudenza (ripensando a regole e regularita in tema di processo costituzionale ed
alle loro possibile innovazione)”, PIZZORUSSO, Alessandro, ROMBOLI, Roberto, Le norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, G. Giappichelli, 2002,
p. 409.
      48 En argumento, CALAMANDREI, Piero, “Líneas fundamentales del proceso civil inquisitorio”,
Estudios sobre el proceso civil, trad. Santigo Sentis Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1962, p. 235.
64   •   César Astudillo

ción de proceso y procedimiento jurisdiccional.49 Esta forma de actuar ha detenido
cualquier intento de avanzar en la reconstrucción de normas específicas para la rea-
lidad del proceso constitucional, pues como conjunto normativo de una especifici-
dad manifiesta, por su “intrínseca ambigüedad” cuenta con los elementos para con-
formar una categoría “general” de normas.50 Ha imposibilitado, igualmente, que se
advierta a plenitud que la realidad del proceso constitucional tampoco es uniforme
y que se necesita una tipología propia de los procesos constitucionales que dé pie a
categorías “particulares”, en plural, con el objeto de dar cuenta de los perfiles que
los individualizan dentro del contexto de un mismo género.51 Consecuentemente,
una consideración amplia de DPC debe estar en condiciones de ofrecer un género
propio de categorías normativas adecuadas al derecho diferenciado al que se enca-
mina a servir, y a la vez, favorecer la creación de estructuras procesales coherentes
con la particularidad de cada uno de los procesos constitucionales, en virtud de que
cada uno obedece a una lógica distinta.
     Una primera explicación en relación a la ausencia de especificidad puede en-
contrarse en la profunda influencia que la doctrina procesal italiana ejerció en Eu-
ropa, y de forma más intensa en América, a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Sobre el particular, necesario es recordar que a partir de la expedición de la Consti-
tución italiana, en 1947, gran parte de los esfuerzos de la doctrina procesal de ese
País se encaminaron al análisis de la nueva Corte costituzionale, logrando consolidar
en poco tiempo una importante masa de conocimientos en relación a las implica-
ciones de la justicia constitucional. De la mayor relevancia fueron los estudios de
Calamandrei, Carnelutti y Cappelletti, por ejemplo, pero sin duda alguna la figura
de Virgilio Andrioli debe ser resaltada, pues fue quién advirtió por vez primera las
notables diferencias existentes entre las categorías procesales que se habían estable-
cido para gobernar los procesos ordinarios y las que, en su caso, deberían gobernar
a los procesos constitucionales.52
     A pesar de la convicción de Andrioli en relación a la inminente especificidad
del DPC, el recorrido posterior fue aminorando esa carga de particularidad. Poco a
poco comenzó a deslizarse una tendencia hacia la importación de categorías de

      49 De forma general, D’AMICO, Marilisa, “Giustizia e processo costituzionale”, Jus. Rivista di scien-
ze giuridiche, No. 1, Milano, Universita Cattolica, 1994, p. 49 y ss.
      50 Vid. RUGGERI, Antonio, “Note introduttive allo studio della motivazione delle decisioni della
Corte costituzionale”, La motivazione delle decisioni della Corte costiuzionale, Antonio RUGGERI (a cura di),
Torino, G. Giappichelli, 1994, p. 1-2.
      51 Al respecto, ZAGREBELSKY, Gustavo, Processo costituzionale, Milano, Giuffré, 1989, p. 522.
      52 ANDRIOLI, Virgilio, “Profili processuali del controllo giurisdizionale delle leggi”, Atti del Con-
gresso Internazionale di Diritto Processuale Civile, Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Padova,
CEDAM, 1953, p. 50.
                                           Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional           • 65

otros procesos, incluidas sus explicaciones teóricas, al espacio del proceso constitu-
cional.53 Fueron básicamente las categorías del proceso civil, el proceso más añejo y
mejor estructurado por la ciencia procesal, las que se utilizaron en la conformación
del proceso constitucional, operando una simple y no siempre bien pensada amplia-
ción de significados con objeto de ajustarlas, en lo posible, a la nueva institución.
     La originalidad y autonomía del DPC sufrió, en consecuencia, una fuerte invo-
lución; en lugar de construirse presuponiendo su “emancipación”, pasó a convertir-
se en un conjunto de disposiciones producto de la “extensión” de categorías ya
consolidadas en la tradición iuscivilista, generando, desde entonces, una dependencia
procesal irregular, de “especie a especie” y no de “genero” a “especie”, colocando
al DPC en un entorno de dependencia directa del derecho procesal civil y no del
derecho procesal general.54 Esa automática extensión de significados fomentó la
pérdida de “identidad” de las cualidades intrínsecas que deberían mostrar las nor-
mas procesales constitucionales, al grado que no es difícil advertir que gran parte de
los desajustes que en la actualidad se observan en su funcionamiento tienen su
explicación en la ausencia de una plena adaptación entre el cuerpo y el espíritu, en-
tre la forma y la sustancia.55
     La doctrina constitucional jugó un papel importante en esta cuestión ya que,
convencida de la naturaleza jurisdiccional de la Corte, se interesó preponderante-
mente en el estudio de su función en el sistema constitucional, su status, sus ele-
mentos estructurales, sus relaciones con los demás poderes, y de los eventuales
efectos de sus resoluciones, sin reparar en el tipo de normas instrumentales que im-
plicaba su eficaz funcionamiento.56
     No obstante lo anterior, todo aquel que se aproxime a la doctrina alemana de
la época de Weimar podrá darse cuenta que en su entorno existían importantes
pronunciamientos a favor de la especificidad del DPC. En Carl Schmitt, por para-
dójico que pueda parecer, se encuentran enriquecedores argumentos a favor de la
especificidad de lo que hoy conocemos como procesos constitucionales. En efecto,
en su Teoría de la Constitución y en el opúsculo en el que rebate la teoría kelsenia-
na del guardián de la Constitución, el destacado profesor alemán estableció la exis-
tencia de una diferencia “fundamental” entre lo que representa un fallo procesal y
un fallo de contenido político. A su juicio, la premisa principal de la que debía par-

     53 Sobre esta cuestión, D’AMICO, Marilisa, Parti e processo nella giustizia costituzionale. Studio introdutti-
vo, Torino, G. Giappichelli, 1991, p. 18 y ss.
     54 Cfr. ZAGREBELSKY, “Diritto processuale…”, op. cit., p. 113.
     55 D’AMICO, Parti e processo…, op. cit., p. 20.
     56 En argumento, PIZZORUSSO, Alessandro, “Uso ed abuso del diritto processuales costituziona-
le”, Diritto giurisprudenziale, Mario Bessone (a cura di), Torino, G. Giappichelli, 1996, p. 142.
66   •   César Astudillo

tir la justicia constitucional se encontraba en el establecimiento de un concepto cla-
ro de proceso constitucional —o “litigio constitucional”, como le llamaba—; no-
ción que sólo podía alcanzarse si se partía de un concepto “bien entendido” de
Constitución;57 porque desde su perspectiva, las particularidades de la “estructura y
el contenido” de dicho proceso se derivaban de forma exclusiva, “de su inmediata
relación real con la Constitución”.58
      Es también Schmitt quien tempranamente intuye la individualidad de los proce-
sos constitucionales al advertir que no es posible identificar un “conflicto constitu-
cional”, una “reclamación constitucional” y un “procedimiento judicial” para resol-
ver dudas y diferencias de opinión sobre la interpretación de leyes constitucionales,
pues responden a lógicas diferentes que deben encontrar su adecuado reflejo nor-
mativo.59 Y es quien advierte que los futuros estudios dogmáticos sobre el tema de-
berán evitar caer en las redes de los rígidos caminos marcados por la metodología
formalista y por la sistemática procesal, ya que el proceso constitucional, a diferen-
cia de los demás, no puede recrearse sino es en consonancia con la esencia de la
Constitución.60
      El pensamiento de Schmitt, en consonancia con el de Triepel, fue un referente
para la plena reivindicación de la especificidad del DPC enunciada por el Tribunal
constitucional alemán en el “Informe” de su status de 1952.61 En el importante do-
cumento aprobado por el pleno, destaca en primer lugar la particularidad del Tribu-
nal constitucional en base a un criterio “teleológico y jerárquico” al autodesignarse
como “supremo guardián de la Constitución” y como “órgano constitucional inves-
tido de la máxima autoridad”.62 En segundo lugar, se establece su especificidad y la
de los procesos constitucionales en base a un criterio “objetivo” al señalar que su
singularidad frente al resto de tribunales radica en que se ocupa de “contenciosos

      57 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, presentación de Francisco Ayala, epílogo de Manuel
García Pelayo, Madrid, Alianza editorial, 1982, p. 126-127.
      58 Cfr. SCHMITT, La defensa…, op. cit., p. 94.
      59 Teoria…, op. cit., p. 126 a 133.
      60 La defensa…, op. cit., p. 120.
      61 Cfr. “Bericht des Berichterstatters des Bundesverfassungsgerichts vom 21. März 1952”, en
LEIBHOLZ, Gerhard, “Der Status des Bundesverfassungsgerichts” (El status del Tribunal Constitucio-
nal), Jahrbuch des Öffentlichen Rechts, Band 6, Neue Folge, 1957, p. 129. Sobre el particular, CAPPELLETTI,
Mauro, “La actividad y los poderes del juez constitucional en relación con su fin genérico (Naturaleza
tendencialmente discrecional de la providencia de actuación de la norma constitucional), Proceso, ideolo-
gías, sociedad, Trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1960, p. 403 y ss.
      62 “Informe”, citado por SCHNEIDER, Hans Peter, “Jurisdicción constitucional y separación de
poderes”, Democracia y Constitución, prol. Luis López Guerra, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1991, p. 196.
                                       Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional    • 67

jurídicos de naturaleza política, en los que se discute sobre Derecho político y lo
político mismo se hace —en el marco de normas jurídicas con fuerza de obligar—
objeto de un juicio de constitucionalidad”.63 Finalmente, abunda en la particulari-
dad del DPC, no por el órgano que lo ejerce o por la esencia de su naturaleza, sino
por el órgano que lo produce. Desde este criterio “formal” se advierte que “la fun-
ción creadora de derecho del Tribunal constitucional federal se observa también en
el hecho de estar llamado a regular con mayor precisión su proceso en el marco de los
principios generales regulados por la ley a través del uso del Tribunal o del Regla-
mento de funciones interno y así adaptar el proceso a las exigencias de los grupos de
supuestos particulares” —cursivas nuestras—.64
     La construcción de la originalidad o especificidad del DPC parece tener un ma-
yor y mejor desarrollo en el entorno alemán y no en el italiano, que siempre nos ha
sido una realidad más próxima; al margen de ello, es necesario subrayar otro dato
de la mayor significación: que la especificidad del DPC no se basa únicamente en la
peculiar naturaleza de los conflictos constitucionales sino en sus concretas formas
de producción, pues reconocer en el órgano de garantía constitucional una fuente
autónoma de normas procesales significa modular el significado que hasta ahora ha
tenido el principio de configuración procesal legislativa.

                                     Octava tesis
                              El carácter inquisitivo del
                           Derecho procesal constitucional
      El DPC se ha enriquecido con prescripciones que refuerzan la autoridad del juez constitucio-
nal en la búsqueda de la verdad al interior de los procesos que tutelan expectativas constituciona-
les, instaurando así un débil equilibrio entre el principio de instancia de parte y el principio de ofi-
cialidad, y advirtiendo el renovado interés que Estado y Constitución demuestran por los conflictos
surgido en su seno.
    Hemos señalado que los instrumentos de tutela constitucional se encuentran
arropados en primera instancia por el orden constitucional; si se admite este presu-
puesto y se conviene que a dicho orden subyace un elemental interés general, en-
tonces es posible caracterizar al DPC como un derecho de carácter inquisitivo cuya
positivización demuestra el significativo reforzamiento de la autoridad del Estado

    63 “Informe”, citado por SIMON, Helmut, “La jurisdicción constitucional”, BENDA, MAIHOFER,
VOGUEL, HESSE, HEYDE, Manual de derecho constitucional, 2ª ed., presentación de Conrado Hesse, trad.
A. López Pina, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 849.
    64 “Informe”, citado por RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia, “La libertad del Tribunal Constitucional
alemán en la configuración de su derecho procesal”, Revista Española de Derecho Constitucional, No. 62,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Mayo-Agosto de 2001, p. 126, en nota 5.
68   •    César Astudillo

dentro de aquellos procesos y procedimientos dispuestos a la tutela de expectativas
emanadas de la propia Constitución.65
    La caracterización del DPC expresa un problema constitucional emanado de
una particular forma de entender la relación entre el Estado, los órganos por medio
de los cuales se manifiesta, y los individuos, en tanto titulares de derechos y liberta-
des. En este contexto, el análisis detenido de la posición y papel del juez constitu-
cional dentro de un proceso constitucional en el que se resuelven las disputas entre
los órganos estatales, o entre el Estado y el ciudadano, resulta de la mayor relevan-
cia si se observa al menos que la aparición del Estado como auténtico “Estado
constitucional”, ha supuesto un aumento de poderes de este peculiar “arbitro” con
el objetivo de dotarlo no sólo de poder sino de autoridad para que pueda cumplir
con eficacia y dignidad la relevante tarea de controlar las formas de expresión del
poder estatal y garantizar las libertades fundamentales de los individuos.
    Esa mayor autoridad encontró uno de sus extremos en la propuesta doctrinal
de Kelsen de dotar al Tribunal constitucional de iniciativa “oficiosa”.66 La intención
del maestro de la escuela de Viena no era que el Tribunal se erigiese como “procu-
rador” permanente de la Constitución; le interesaba más bien establecer las bases
para que una vez activado, tuviera amplias libertades en la inspección de los vicios de
inconstitucionalidad. La propuesta no fructificó en ese momento, pero al menos dejó
entrever que la necesidad de incorporar el principio inquisitivo como elemento defi-
nidor de la garantía jurisdiccional de la Constitución ha sido una preocupación real.67
    Si se tiene en cuenta lo anterior, es fácil advertir las razones que justifican que
en la actualidad el único elemento que el DPC mantiene del principio dispositivo
sea el de “instancia de parte” o “justicia rogada”: a través de él se ha pretendido
modular el poder de inspección tan intenso que se deposita en los guardianes de la
Constitución. Esto no quiere decir que se compartan las demás implicaciones de di-
cho principio; el “interés superior” a la constitucionalidad del ordenamiento y el
acomodo estructural de los procesos constitucionales para dar cuerpo a ese interés,
produce que algunas categorías y principios férreamente asentados en otro tipo de
procesos jurisdiccionales difícilmente encuentren aplicación en esta ámbito. En vir-
tud que los procesos constitucionales no pueden considerarse procesos de “partes”,
puede válidamente dudarse que categorías como la “suspensión”, la “interrupción”,
la “caducidad”, el “desistimiento”; o incluso principios procesales tan importantes
como el de “congruencia”, puedan emplearse en ellos.

     65  Sobre el particular, FIX-ZAMUDIO, La garantía…, op. cit., p. 93 y ss.
     66  Recordemos que KELSEN llega a proponer el establecimiento de un “defensor de la Constitu-
ción ante el Tribunal constitucional”. La garantía jurisdiccional…, op. cit., p. 90.
     67 En general, CARAVITA, Beniamino, Corte “giudice a quo” e introduzione del giudizio sulle leggi. I, La
Corte costituzionale austriaca, Padova, CEDAM, 1985, p. 45 y ss., y 105 y ss.
                                              Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional              • 69

     Las pretensiones constitucionales que esta clase de procesos deben satisfacer
niegan cualquier posibilidad de que sus promotores puedan disponer de su dinámi-
ca procesal desde el momento en que el tribunal los tiene bajo su gestión.68 La
práctica de estos órganos evidencia una constante que determina que desde el mo-
mento en que son activados y entran en funcionamiento, se conducen bajo el prin-
cipio de oficialidad. Esto supone dotarlos de suficiente autoridad para que puedan
realizar cuantas gestiones sean necesarias para formarse un criterio sólido respecto
a la constitucionalidad de determinadas normas o en relación a la existencia históri-
ca de hechos que sean relevantes para la emisión de su pronunciamiento, a fin de
que tengan elementos para contemplar el problema “desde todos los ángulos y
puntos de vista posibles” y aproximarse a la verdad constitucional.69 El juez consti-
tucional, en consecuencia, no solamente se distingue por realizar ejercicios abstrac-
tos de compatibilidad normativa, sino por conducir ejercicios de valoración concre-
ta de hechos y situaciones que son los que a final de cuentas evidencian el
ensanchamiento de su ámbito de gestión procesal. Estos poderes pueden emplearse
en distintas etapas procedimentales y con diferentes finalidades, por ejemplo: en la
dirección del proceso, ya que corresponde exclusivamente al juez marcar las pautas
dentro del iter procesal como consecuencia de la máxima de instrucción; en la selec-
ción y determinación del material probatorio, pues está en posibilidad de ampliar el
conjunto de pruebas aportadas por los promoventes, disponiendo de todos aque-
llos medios de prueba que crea oportunos para la “búsqueda de la verdad constitu-
cional”, entre los que destacan la audiencia de los interesados, los testimonios, los
peritajes, el consejo de expertos, la solicitud de documentos y actos, o de cualquier
otra información de las diversas autoridades; en la investigación de los hechos ma-
teria del conflicto, pues esta autorizado para indagar las situaciones que fundamen-
tan la demanda de manera autónoma, sin vincularse a las alegaciones de las partes;
en la valoración libre de las pruebas, a las que puede dar una u otra significación
dependiendo de su fuerza para crear convicción en el jugador respecto a la cons-
titucionalidad de un acto, hecho o ley impugnada; y finalmente en la capacidad
manifiesta para verificar de manera autónoma todas las hipótesis de inconstitucio-
nalidad.70

      68 En este sentido WEBER, Albrecht “La jurisdicción constitucional de la República Federal de
Alemania”, Anuario Iberoaméricano de Justicia Constitucional, No. 7, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2003, p. 521.En perspectiva diferente, GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho procesal…, op. cit.,
p. 188.
      69 DE VEGA, Pedro, “Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución”, Estudios Político Cons-
titucionales, México, UNAM, 1987, p. 306.
      70 Sobre el particular, Cfr. GROPPI, Tania, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi,
Milano, Giuffré, 1997, p. 77 y ss., esp. 112 y ss.
70   •    César Astudillo

     El desplazamiento de las alegaciones de los interesados y la consecuente dismi-
nución de sus poderes de impulso representa el elemento clave en la configuración
de una mayor libertad decisoria del juez constitucional, ya que le permite interpretar
ampliamente, e incluso replantear, el thema decidendum del proceso, permitiendo que
pueda abocarse al estudio, análisis y resolución de cuestiones que originalmente no
fueron planteadas. Posibilita, además, que el juez ponga el proceso delante de la
realidad concreta con el objeto de que valore las consecuencias de sus sentencias a
fin de proceder a una eventual moderación de sus efectos inmediatos, o que lo si-
túe frente al resto de valores constitucionales con la finalidad de realizar un juicio
de ponderación para determinar el valor que debe prevalecer dentro de un caso
concreto.71
     Como puede apreciarse, la caracterización del DPC como derecho inquisitivo,
es necesaria para explicar la predisposición de los órganos de garantía a eliminar
progresivamente los obstáculos para el ejercicio del control de constitucionalidad,
como en los casos en que modulan los requisitos para la “admisibilidad procesal”;
que dispongan con meridana libertad del objeto del proceso, ampliándolo y anulan-
do normas que no fueron impugnadas originalmente como en los supuestos de la
“inconstitucionalidad consecuencial”; que ejerciten una autónoma iniciativa de con-
trol de normas infraconstitucionales, como cuando emplean la denominada “auto-
cuestión de inconstitucionalidad”, o que atemperen la fuerza de sus decisiones me-
diante soluciones ponderadas caso por caso, como en aquellos casos, cada vez más
extendidos en la actualidad, en la que dictan “sentencias manipulativas”.72

                                  Novena tesis
                  El valor del Derecho procesal constitucional
     El DPC debe encontrar el justo equilibrio entre la necesidad de que existan reglas claras y
preconstituidas que otorguen certeza al desenvolvimiento del proceso constitucional, y la exigencia,
igualmente trascendente, de que los órganos de tutela constitucional puedan usufructuar la elastici-
dad de sus categorías procesales para adecuarlas a exigencias concretas y estar en condiciones de
consolidar una auténtica política jurisprudencial.
    Una de las cuestiones más significativas del DPC se halla en la necesidad de sa-
ber el tipo de valor que debe asignarse a las normas que lo conforman, con la fina-

     71 Al respecto, BORDALÍ SALAMANCA, Andrés, “La función judicial de defensa del orden consti-
tucional”, Derecho Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Coord.), prólogo de Héctor
Fix-Zamudio, T. I, México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción A.C, 2002, p. 29 y ss.
     72 En general, RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia, La «autonomía procesal» del Tribunal Constitucional, Ma-
drid, Civitas, 2003, p. 26. Id. “La libertad del Tribunal, …”, op. cit., p. 134 y ss.
                                        Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional     • 71

lidad de averiguar si se adaptan a la lógica de las normas procesales, imbuidas en
una “imperatividad” estricta, si se ajustan a las normas constitucionales, con su
“ductilidad” manifiesta, o en su caso, si obedecen a una lógica diferente.
     El valor de las normas mediante las que se hace frente a la tutela de la Consti-
tución difícilmente puede inferirse desde un plano estrictamente teórico porque se
ve necesitado de la observación cuidadosa de la dinámica judicial para extraer ele-
mentos que expliquen las formas en que son aplicadas. El análisis de esa práctica
demuestra la tendencia de los órganos de tutela constitucional a manejar las catego-
rías procesales que configuran su proceso de manera incierta e irregular; incierta
porque en muchas ocasiones proceden a crear sus propias normas, sin que haya po-
sibilidad de conocerlas previamente por los usuarios, e irregular porque a veces de-
jan de aplicar el mismo criterio ante casos significativamente similares, procediendo
al cambio de criterio jurisprudencial. Esta constatación conduce a advertir que en
base a la amplia libertad con que se les puede manejar, las normas procesales cons-
titucionales expresan un alto grado de “ductilidad”, “maleabilidad” o “flexibilidad”
que de alguna manera pone en entredicho su pretendido carácter vinculante.73
     Si las normas del proceso constitucional adquieren su verdadera significación a
través de la interpretación jurisprudencial, se comprende el papel que la jurispru-
dencia está asumiendo en este rubro, pues en la actualidad es cada vez más difícil
separar DPC y jurisprudencia constitucional, cuestión que, vista desde la óptica
procesal, podría estar en contradicción con algunas directrices emanadas de la pro-
pia lógica de estas normas, en específico, con el principio que impone a la ley como
principal fuente creadora y estructuradora del proceso. Esto mismo advierte la difi-
cultad de contar con un complejo normativo cierto y predeterminado, esto es, con
un DPC codificado y racionalizado, en virtud de que las normas formales que lo
configuran han ido diluyéndose poco a poco dentro de la práctica judicial, cediendo
paulatinamente frente a la “omnipotencia” del derecho jurisprudencial.74
     El tratamiento conferido a las reglas instrumentales podría tener una explica-
ción en los deseos de protagonizar una especie de activismo judicial garantista. No
obstante, la cuestión obedece más bien a causas vinculadas a la perdida de “identi-
dad” del DPC por los obstáculos existentes para autonomizarse de otros tipos pro-

      73 Para algunos ejemplos concretos de este manejo, BOCANEGRA SIERRA, Raúl, El valor de las sen-
tencias del Tribunal Constitucional, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1982, p.
168-169. ROMBOLI, Roberto, “Il processo costituzionale dopo l´eliminazione dell´arretrato. Il giudizio
costituzionale incidentale come giudizio «senza proceso»”, Quaderni costituzionali, Bologna, Il Mulino,
1989, p. 598 y ss. GÓMEZ MONTORO, Ángel J., “Comentario al artículo 40”, Comentarios a la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional, Juan Luis Requejo Pagés (Coord.) Madrid, Tribunal Constitucional, Bole-
tín Oficial del Estado, 2001, p. 578 y ss., 608 y ss.
      74 ANGIOLINI, Vittorio, La “manifesta infondatezza” nei giudizi costituzionali, Padova, CEDAM, 1988,
p. 7.
72   •    César Astudillo

cesales, sin poder afirmar plenamente sus especificidades; igualmente, al exceso de
rigidez que demuestran algunas categorías procesales importadas de otros procesos,
que fracasan en su intento de regular situaciones concretas del proceso constitucio-
nal cuya complejidad difícilmente acepta soluciones homogéneas y estandarizadas; y
finalmente, a las deficiencias en el diseño institucional de algunas normas que sir-
ven a la dinámica del proceso constitucional.75
     El manejo que los órganos de garantía constitucional han conferido a sus nor-
mas de actuación ha sido duramente criticado desde el espacio de quienes sostienen
un modelo “jurisdiccional” de justicia constitucional, y ha sido ampliamente justifi-
cado por quienes sostienen un modelo de tipo “político”. Pero más allá de ello, es
preciso entender que el DPC representa un entramado normativo que se encuentra
en una “línea de tensión” entre las reivindicaciones que emanan de su cualidad im-
perativa y las que surgen de la necesidad de ponderar la certidumbre o predetermi-
nación jurídica que deben propiciar, con otros bienes constitucionales igualmente
dignos de ser salvaguardados.
     El valor otorgado al DPC no es uniforme en todos los casos. Varía de confor-
midad con la centralidad que se otorgue a determinados criterios. Si se distingue,
por ejemplo, entre modelos procesales de contenido objetivo o subjetivo, es posi-
ble concluir que el valor de las normas se distingue en función del tipo de bienes
jurídicos protegidos, en la coloración, más política o más jurisdiccional que adquie-
re el proceso en base a su contenido, y en el perfil con el que actúa el órgano de
garantía, en funciones de órgano político en unos casos, o en funciones de órgano
jurisdiccional en otros.76 Si se considera además que cualquier guardián de la Cons-
titución goza hoy en día de una posición institucional particular que lo hace repre-
sentarse como órgano terminal de amplios poderes interpretativos, con la posibili-
dad de delimitar su propia competencia bajo un conjunto de decisiones que gozan
de una especie de intangibilidad, al no encontrarse sometidas a ningún tipo de im-
pugnación dentro de la jurisdicción nacional, no es difícil concluir que la pondera-
ción final del valor, de la mayor o menor imperatividad del DPC queda siempre en
sus manos, justamente por su calidad de “órgano de cierre del sistema constitucio-
nal” ubicado en una posición de independencia y autonomía que lo emancipa de
cualquier tipo de interferencias externas e, igualmente, de cualquier forma de con-
trol jurídico. Finalmente, si se observa que las normas procesales constitucionales
emanan de fuentes legislativas o heterónomas y de fuentes jurisdiccionales o autó-
nomas, es posible inferir que los órganos de garantía se “vinculan” a las primeras y
se “autovinculan “a las segundas. En su calidad de normas que provienen de valo-

     75   D’AMICO, Parti e processo…, op. cit., p. 20 y 26.
     76   ZAGREBELSKY, “Diritto processuale…”, op. cit., p. 108.
                                        Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional      • 73

raciones legislativas generales, la vinculación a las fuentes heterónomas es menos
intensa en virtud de su incapacidad para contemplar todos los supuestos normati-
vos del conflicto constitucional o para tener en cuenta las necesidades concretas de
su dinámica procesal; en virtud de que las fuentes autónomas emanan de la propia
visión de los tribunales, se produce una vinculación más intensa en cuanto las pres-
cripciones ahí establecidas representan ejercicios de autorregulación producto de
necesidades reales que surgen de vicisitudes procesales particulares.
     Lo anterior confirma la menor vinculación de los jueces constitucionales a sus
normas procesales, en relación a la que mantienen el resto de los jueces.77 La natu-
raleza de su función y su posición institucional dificultan su sujeción a “vallas de-
masiado estrechas”, pudiendo escapar de sus ataduras cuando lo consideren conve-
niente para la adecuada satisfacción de las pretensiones constitucionales, sin que
existan medios de reacción jurídica frente a este manejo de sus categorías instru-
mentales. Por lo tanto, no puede sino reconocerse que la peculiar flexibilidad, duc-
tilidad o maleabilidad de dichas categorías, y la discrecionalidad en su uso están, en
cierta medida, implícitas en la naturaleza del DPC. En consecuencia, los órganos de
garantía constitucional se encuentran constreñidos a encontrar el justo equilibrio
entre la necesidad de que existan reglas claras y preconstituidas que otorguen certe-
za al desenvolvimiento del proceso constitucional, y la exigencia igualmente tras-
cendente de no encontrarse inmovilizados a efecto de usufructuar positivamente la
natural elasticidad de sus categorías procesales y estar en condiciones de consolidar
su propia “política jurisprudencial”.78

                               Décima tesis
          La interpretación del Derecho procesal constitucional
     El DPC goza de una especificidad interpretativa que se deriva de la capacidad de los órganos
de garantía para perfeccionar y erigirse en jueces únicos de su propio derecho procesal, conformar
autónomamente su instrumental hermenéutico y realizar la interpretación simultánea de los dos
polos esenciales del ordenamiento jurídico. En ejercicio de ella, han ido conformándose pautas in-
terpretativas orientadas a consolidar el carácter instrumental y funcional de las normas procesales
a fin de que demuestren una mayor dosis de “sensibilidad” frente a las exigencias y expectativas
expresadas por las normas constitucionales.

    77  La expresión corresponde a LEIBHOLZ. Cfr. “Informe”, citado por CAPPELLETTI, “La actividad
y los poderes…”, op. cit., p. 405 en nota 56.
     78 Cfr. ONIDA, Valerio, “Considerazione introduttive e sul valore delle norme integrative”, PIZ-
ZORUSSO, Alessandro, ROMBOLI, Roberto, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, G. Giappichelli, 2002, p. 287-288.
74   •    César Astudillo

     Resulta válido comenzar cuestionándose sí la interpretación de las normas que
gobiernan al proceso constitucional no plantea problemas distintos a los que genera
la interpretación de otras normas jurídicas o si, por el contrario, plantea cuestiones
propias que deben dar lugar a la existencia de una interpretación sometida a deter-
minadas especificidades.
     La respuesta parece ser la segunda, pues como hemos señalado, los principios
elementales del DPC se asientan en la Constitución y en función de ello, la proble-
mática de la interpretación constitucional se convierte automáticamente en la del
DPC. En este contexto, los elementos que confieren especificidad a la interpreta-
ción del DPC se advierten, en primera instancia, bajo una aproximación al “objeto”
de la interpretación y al “sujeto” de la misma. El objeto de la interpretación es la
Constitución misma, a la que el DPC sirve en calidad de derecho instrumental y de
la que emana como tal, presuponiendo que en base a su naturaleza, a las caracterís-
ticas de su lenguaje y a su posición de supremacía goza de una interpretación particu-
lar. El carácter extraordinario del poder interpretativo reconocido al órgano des-
ciende, en consecuencia, de la naturaleza “extraordinaria” del parámetro de constitu-
cionalidad. El sujeto de la interpretación esta conformado por su o sus intérpretes,
quienes coadyuvan a conferir especificidad interpretativa al DPC. Esta especificidad
no se asienta únicamente en su carácter de interpretes privilegiados del texto consti-
tucional; se basa, ante todo, en la posición institucional en que se encuentran por-
que es lo que permite que realicen su función sin atenerse a un “canon” preestable-
cido de métodos interpretativos, y lo que es más significativo, que corresponda a
ellos mismos determinar autónomamente los métodos o los principios para efec-
tuar la interpretación constitucional.79
     A partir de estos elementos comunes es posible inferir algunos más que se apli-
can únicamente para advertir la especificidad interpretativa del DPC. Comencemos
señalando que hoy en día, la mayoría de sistemas constitucionales abren la interpre-
tación de la Constitución a la totalidad de poderes públicos y de particulares, pero
en todos ellos existe un intérprete “privilegiado” que se encarga de la aplicación de
la Constitución con efectos vinculantes; el DPC como instrumento primario para
facilitar dicha aplicación pasa a ser un derecho de uso exclusivo y excluyente. Por
otra parte, hemos dicho que el sistema de fuentes del DPC se construye a partir de
una voluntad ajena a la de los propios órganos de garantía (fuentes heterónomas), a
la que inexorablemente se vinculan, pero se completa y perfecciona mediante actos
normativos emanados de la propia voluntad (fuentes autónomas), a los cuales se
autovinculan. Esta posibilidad, reconocida en exclusiva a los órganos de garantía,
conduce a destacar que en la dinámica institucional dichos órganos aparecen como

     79   En este sentido, BÖCKENFÖRDE, “La giurisdizione costituzionale…”, op. cit., p. 637.
                                         Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional        • 75

autores o legisladores de su propio DPC, pero a la vez, y esto es lo significativo,
como intérpretes últimos y destinatarios únicos del conjunto de fuentes “sobre” los
órganos de garantía constitucional.80 Adicionalmente, dada su condición de órganos
de cierre del sistema constitucional, existe una evidente ausencia de controles sobre
los métodos de interpretación utilizados y sobre los resultados interpretativos mis-
mos. El único control existente es el autocontrol, y la única posibilidad de volver a
abrir el expediente interpretativo debe emanar de la propia voluntad de los órganos
de garantía. Finalmente, la especificidad interpretativa se justifica porque toda inter-
pretación de una norma procesal constitucional implica la realización de “dos inter-
pretaciones jurídicas” complementarias: una en relación a las normas que se ponen
como objeto de su enjuiciamiento, regularmente normas infraconstitucionales, y
otra respecto a las normas constitucionales que se ponen como medida o criterio
del mismo, generalmente normas constitucionales. La función principal del juez es
armonizarlas a través de diversos cauces interpretativos, pero en aquellos casos en
que no exista dicha posibilidad, el empleo de sus poderes de anulación se vuelve
inexorable.81
     Las peculiaridades emanadas de los órganos de garantía constitucional por su
función de co-legisladores, por su capacidad de ser los jueces únicos de sus propias
fuentes, de conformar autónomamente su instrumental hermenéutico, y por su ap-
titud para realizar la interpretación simultánea de los dos polos esenciales del orde-
namiento jurídico, permiten subrayar la especificidad interpretativa del DPC.
     Ahora bien, los métodos de interpretación del DPC que los propios órganos de
garantía han ido perfilando con el transcurso del tiempo, indican algunas pautas in-
terpretativas homogéneas que no se pueden desdeñar; por ejemplo, los guardianes
de la Constitución parecen rechazar que los significados del DPC se descubran me-
diante una “interpretación literal”, pues la tecnicidad de gran parte de sus categorías
impone que el alcance de sus contenidos se desvele a través de una “interpretación
prescriptiva” que ante todo respete la esencia de sus postulados. Se resisten tam-
bién al empleo de una “interpretación cerrada” o autosuficiente, que intente deter-
minar el significado de las normas procesales y materiales en ejercicios autónomos
de interpretación, dado que su carácter instrumental y su fuerte orientación hacia
los valores que subyacen al ordenamiento constitucional propicia que las normas

     80 Cfr. CARNEVALE, Paolo, “«Ecce iudex in ca(u)sa propia». Ovvero della Corte-legislatore dinan-
zi alla Corte-giudice (prime reflessioni sulla posizione della giurisprudencia della corte costituzionale
intorno al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propi giudizi nel quadro del
dibattito dottrinario)”, L’organizzazione e il funzionamento della corte costituzionale, Pascuale Costanzo (a
cura di), Torino, G. Giappichelli, 1995, p. 36.
     81 Sobre el particular, PIERANDREI, Franco, Corte costituzionale. Estratto. Enciclopedia del Diritto, Mi-
lano, Giuffre, 1962, p. 982.
76   •    César Astudillo

instrumentales demuestren una mayor dosis de “sensibilidad” frente a las exigencias
y expectativas expresadas por las normas sustanciales. En cambio, parecen concor-
dar con una “interpretación abierta” que conduzca al juez a interpretar las normas
de su proceso conjuntamente y en armonía con las normas materiales que expresan
exigencias de justicia material; este proceder en ocasiones los ha constreñido a mo-
dular los efectos generados por el proceso constitucional a fin de alcanzar una ade-
cuada protección de los distintos bienes jurídicos objeto de tutela sin que se pro-
duzcan indebidas “conmociones” dentro del sistema de las fuentes.
     La práctica jurisprudencial indica, además, que su metodología interpretativa se
muestra contraría a admitir una “interpretación estática” que obstaculice la evolu-
ción del significado de las normas adjetivas, rezagándolo en comparación a los re-
novados contenidos que periódicamente adquieren las normas materiales como
consecuencia de las mutaciones del entorno. Por el contrario, concebido como ins-
trumental para la promoción, actualización y renovación permanente del texto
constitucional, los guardianes de la Constitución parecen inclinarse por una “inter-
pretación evolutiva” que facilite la adaptación del derecho material a la realidad
efectiva mediante la praxis jurisprudencial. Finalmente, conscientes del cambio de
paradigma jurídico, la metodología interpretativa adoptada por los garantes consti-
tucionales parece haber consolidado el rechazo a la “interpretación formal” basada
en las directrices del positivismo jurídico y, en cambio, parece perfilar cada vez con
mayor intensidad una “interpretación valorativa” del DPC, pues al igual que el con-
junto de normas materiales, se encuentra orientada hacia los valores superiores del
orden constitucional, en concordancia con el modelo de Estado constitucional
imperante.
     La predisposición que enseñan los sistemas de justicia constitucional hacia la
garantía y realización de los valores y principios fundamentales ha motivado que
nadie dude en considerarlos componentes inescindibles de cualquier ordenamiento
constitucional, al grado que más de uno ha señalado que comportan un valor cons-
titucional en sí mismo. Esta consideración, anclada en la relevancia con que actual-
mente se valoran los mecanismos de tutela constitucional, ha conducido a que algu-
nos guardianes de la Constitución interpreten de dos maneras su propio derecho
adjetivo: una primera interpretación se encamina a favorecer la racionalización de
las normas procesales constitucionales, unificando el significado general del conjun-
to de garantías jurisdiccionales de la Constitución con el objeto de delimitar juris-
prudencialmente su espacio institucional, los márgenes de control que tienen como
guardianes, y proceder de modo más eficaz a la salvaguarda de sus normas de pro-
cedimiento.82 Es una interpretación que antes de ponerse al servicio de la unidad de

     82   En general, BÖCKENFÖRDE, “La giurisdizione costituzionale …”, op. cit., p. 641.
                                         Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional       • 77

la Constitución se pone a su propio servicio, a fin de generar la unidad del sistema
de medios de garantía constitucional como una “entidad” propia dentro de la
Constitución. La segunda interpretación se dirige a armonizar ese sistema y erigirlo
a la condición de “valor constitucional” al que subyace la pretensión de certeza y
seguridad jurídicas, con el objeto de que el juez constitucional pueda ponderar los
bienes jurídicos tutelados por ese valor en relación a expectativas emanadas de
otros valores constitucionales que se consideran igualmente meritorios de tutela, a
fin de alcanzar un resultado razonable, procesal o sustancial, y favorecer con ello la
“unidad” tanto del sistema de garantías como del derecho constitucional.83
     Los márgenes de apreciación jurídica y responsabilidad institucional que hoy
tienen a cuestas los órganos de garantía constitucional sólo se conciben cuando se
toma plena conciencia de las tres notables tareas que les han sido confiadas: fungir
como “centros de equilibrio” de los ordenamientos jurídicos, controlar los “modos
de evolución” de los propios sistemas constitucionales y, de forma más general, ser
los verdaderos “epicentros” de las actuales democracias constitucionales.

                              Undécima tesis
            La integración del Derecho procesal constitucional
      La integración del DPC se realiza mediante fuentes en las que el órgano de garantía no par-
ticipa y otras en la que su contribución es directa. La capacidad para integrar su propio derecho
procesal mediante reglamentos o sentencias es una de las mayores especialidades de lo órganos de
garantía; pero lo verdaderamente significativo es la libertad que se atribuyen para elegir, en base a
las exigencias concretas de su proceso, alguno de los medios de integración que tienen disponibles.
    El DPC incardina sus bases fundamentales en la Constitución y se desarrolla
dentro de un esquema de fuentes normativas que se caracteriza por su “pretensión
de restricción”, encaminada a impedir la disposición de sus normas frente al legisla-
dor ordinario; por su “natural insuficiencia”, producto de la imposibilidad legislativa
de prever el conjunto de supuestos normativos que sólo la realidad concreta pone
en evidencia; y por su “notoria dispersión”, ante la pluralidad de regulaciones existen-
te sobre cada uno de los aspectos relevantes para la garantía de la Constitución.84

     83 ROMBOLI, Roberto, “La Corte costituzionale e il suo processo”, Il Foro Italiano, anno LXX,
No. 4, Bologna, Zanichelli, 1995, p. 1096.
     84 En este sentido, SPADARO, Antonino, “Sulla razionalizzazione del potere di autonormazione
interna della Corte Costituzionale”, L´organizzazione e il funzionamento della corte costituzionale, Pasquale
Costanzo (a cura di), Torino, G. Giappichelli, 1995, p. 70. Acúdase también a, SAGÜÉS, Néstor Pedro,
“La codificación del derecho procesal constitucional”, Derecho Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer
Mac-Gregor (Coord.), prólogo de Héctor Fix-Zamudio, T. I, México, Porrúa-Colegio de Secretarios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A.C, 2002, p. 500.
78   •   César Astudillo

En un contexto como este, la problemática de la integración, complementación y
perfeccionamiento del DPC cobra particular relevancia; más, si se observa que la
misma obedece a una lógica resuelta a marcar su distancia respecto a los métodos
tradicionales de integración de las normas jurídicas en general, y de las normas pro-
cesales en particular.
     Las peculiaridades en la integración del DPC determinan que su complementa-
ción y perfeccionamiento se lleve a cabo mediante procedimientos establecidos en
dos particulares tipos de fuentes: “fuentes heterónomas” por un lado y “fuentes au-
tónomas” por el otro. La integración heterónoma es aquella que se realiza siguien-
do los mecanismos marcados en las fuentes externas del DPC mediante un llamado
a otras disciplinas procesales (civiles o administrativas) bajo el empleo de una cláu-
sula de supletoriedad, del recurso a la analogía o a los principios generales del dere-
cho. La integración autónoma, por el contrario, es aquella en donde la disciplina
procesal constitucional se complementa y perfecciona a través de la aplicación de
fuentes propias que adquieren su fundamento en una genérica “autonomía regla-
mentaria y procesal” reconocida a los custodios constitucionales. El reglamento inter-
no y la jurisprudencia aparecen como las fuentes paradigmáticas de este proceder.
     La forma de utilizar estos mecanismos de complementación normativa no pa-
rece estar sujeta a un orden prefigurado, y aún en el supuesto de que lo estuviera,
no hay duda de que los órganos de tutela pueden elegir el que se considere más
propicio, lo cual quiere decir que gozan de amplios márgenes de libertad para deci-
dir cuál es el que más se acomoda a las exigencias y necesidades de cada instrumen-
to de garantía. Lo significativo de este proceder se encuentra en que la capacidad
de elección termina por generar una “norma sobre la producción de otras normas
positivas”.85
     La praxis jurisprudencial sugiere la tendencia a delimitar el reenvío a normas su-
pletorias que se hallan en otros órdenes procesales, a fin de ir precisando que la
supletoriedad no es abierta y general como cuando se utilizan frases como “en lo
no previsto” o “en defecto de”, sino cerrada y particular al puntualizarse las mate-
rias y las condiciones específicas en las que procede la suplencia de las normas; se
ha procedido de esta manera presuponiendo que mientras mayor sea la apertura en
el reenvío a normas supletorias menor será la cuota de especificidad de las normas
procesales constitucionales, y que mientras la apertura sea menor, podrá potenciar-
se de mejor manera su nivel de peculiaridad. Algo similar puede sostenerse en tor-
no a la analogía, pues los guardianes de la Constitución han ido subrayando que el
recurso a la analogía no puede implementarse únicamente por existir identidad de

     85 Cfr. GRASSO, Pietro Giuseppe, “Prime osservazioni sulla potesta regolamentare della Corte
costituzionale”, Rivista trimestrale di diritto pubblico, No. 4, V. XI, Milano, Giuffrè, 1961, p. 959.
                                        Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional      • 79

razones entre dos supuestos procesales, sino solamente cuando se considere feha-
cientemente que el proceso constitucional puede, sin desnaturalizarse, recibir los
desarrollos del derecho procesal general. En relación a los principios generales del
derecho, la problemática es aún más basta en virtud que previo a su empleo los tri-
bunales deben tener plena conciencia de la naturaleza de la disciplina en cuestión a
fin de acudir, cuando proceda, a los principios inspiradores del derecho procesal o
del constitucional; en este contexto, la libertad de apreciación de los tribunales, de
la mano de las exigencias concretas de integración, ha suscitado que en algunos casos,
por ejemplo, hayan hecho uso del principio procesal de “prórroga” de los términos
procesales, y que en otros acudiesen al principio “democrático” con el objeto de
ampliar la legitimación procesal. Bajo esta práctica se patentiza la convicción de que
el DPC es una disciplina que absorbe múltiples perfiles, y el deseo mismo de los
tribunales de ir perfilando la especialidad de su derecho procesal.
     Pero sin ningún género de dudas, lo más relevante de esta problemática se en-
cuentra en la integración autónoma, vía reglamentos o jurisprudencia, del DPC.
Esta forma de complementación se justifica en la presunción de que las lagunas
normativas contenidas en las fuentes heterónomas han sido “concientemente” deja-
das por el legislador para que los propios órganos de garantía puedan integrar su
proceso en aquellas partes que se encuentran condicionadas directamente por la ex-
periencia del caso concreto.86 Este perfeccionamiento jurídico autónomo permite,
entre otras cosas, garantizar la plena funcionalidad de los órganos de garantía cons-
titucional, a efecto de que allí donde exista una atribución, existan también las nor-
mas para su ejercicio efectivo; coadyuva además a deshacer el cordón umbilical que
mantiene al proceso constitucional en estrecho vínculo con el resto de procesos ju-
risdiccionales y órdenes procesales, ubicándolo como una herramienta en favor de
la autonomía y especificidad de la disciplina; y posibilita que sean los propios órga-
nos de garantía constitucional los que desarrollen y perfilen los propios esquemas
de organización y funcionamiento a los que habrán de quedar conscientemente vin-
culados, cuestión que se reputa esencial para la salvaguarda de su independencia y
para tener certidumbre en la regularidad de su funcionamiento.87
     La potestad reglamentaria es fundamental para dotar a los órganos de garantía
de un espacio real de independencia. La adopción de sus reglamentos internos per-

    86  En este sentido, las aportaciones de GRASSO, “Primi osservazioni…”, op. cit., p. 958, y ZEM-
BSCH,  Günter, Verfahrensautonomie des Bundesverfassungsgerichts, Köln-Berlin-Bonn-München, Carl Hey-
manns, 1971, p. 85 y ss., citado por RODRÍGUEZ-PATRÓN, “La libertad del Tribunal…”, op. cit., p. 142.
     87 Vid. NOCILLA, Damiano, “Aspetti del problema relativo ai rapporti fra le fonti che disciplina-
no la Corte costituzionale”, Giurisprudenza costituzionale, Fasc. 4, Milano, Giuffre, 1968, p. 2016. RODRÍ-
GUEZ-PATRÓN, Patricia, La potestad reglamentaria del Tribunal Constitucional, Madrid, Iustel, 2005, p. 31
y ss.
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mite regular en abstracto, según valoraciones propias y exigencias concretas, aspec-
tos puntuales y determinados de la organización jurisdiccional y del proceso consti-
tucional. Llevan implícita la percepción que los órganos de garantía tienen de sí
mismos, de su esencia, su posición y su papel dentro del sistema constitucional. Por
ende, no resulta extraño que mediante el ejercicio de esta potestad los órganos de
garantía se conviertan en legisladores primero, e interpretes después, de su propia
normativa procesal.88
     Los reglamentos aparecen bajo un típico contenido orgánico a través del cual
se detalla la estructura, organización y funcionamiento del órgano al que se confía
la garantía de la Constitución (cuestiones relativas a la instrucción y relatoria, con-
vocatoria a sesiones, deliberaciones y votaciones, publicación de sentencias, correc-
ción de sentencias y autos, etc.), y un típico contenido procesal, mediante el cual se
dictan normas integradoras de los distintos procesos constitucionales, a fin de que
no exista motivo alguno para que una competencia o atribución deje de ser efecti-
vamente ejercitada (disposiciones sobre las partes, intervención de terceros, notifi-
caciones y comunicaciones, prueba, acumulación de procesos, inhibición y recusa-
ción de jueces constitucionales, interrupción, suspensión o extinción del proceso,
costas procesales, etc.). La forma como se expresa este contenido deja ver que en
muchas ocasiones sus prescripciones no se limitan a concretar lo dispuesto en las
fuentes heterónomas del DPC sino que llevan una fuerte pretensión a integrar los
vacíos legislativos, a innovar el dictado normativo, y en ocasiones, incluso, a modi-
ficar el sentido o el significado de ese dictado, cuestión que ofrece importantes ele-
mentos para señalar que sus disposiciones se ubican en un lugar muy especial den-
tro del sistema de las fuentes.89
     Indicios de su jerarquía normativa se observa en la tendencia de los tribunales a
mostrar su preferencia por las normas de producción autónoma en perjuicio de las
supletorias, o en su respaldo a la progresiva reducción de las fuentes del DPC a sus
tres “sedes lógicas” (la Constitución, las leyes constitucionales y los reglamentos)90
con la consecuente afirmación implícita de inaptitud de la ley ordinaria para erigirse
como acto productor de normas que disciplinen al tribunal o al proceso constitu-
cional. Su status normativo se observa igualmente, en la reducida viabilidad de que
sobre el reglamento pueda imponerse un control jurídico que no sea el del propio
órgano emisor, aún y cuando exista consenso en afirmar que, en tanto acto jurídico,
se encuentra sujeto a evidentes límites impuestos por la Constitución y las leyes or-

      CARNEVALE, “Ecce iudex…”, op. cit., p. 36.
     88
      Cfr. ONIDA, “Considerazione introduttive…”, op. cit., p. 288. Igualmente, RODRÍGUEZ-PA-
     89
TRÓN, La potestad…, op. cit., p. 256-265.
   90 En este sentido, ZAGREBELSKY, Gustavo, La giustizia costituzionale, Bolonia, Il mulino, 1998, p. 81.
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gánicas o constitucionales y consecuentemente debe estar sometido a algún tipo de
control.91
     Ahora bien, frente al perfeccionamiento autónomo del proceso desde una pers-
pectiva abstracta como la proporcionada por el reglamento, aparece la complemen-
tación desde un ángulo concreto por medio de la jurisprudencia. Esta última forma
de integración normativa, en principio, constata la necesidad de que la actividad ju-
risprudencial disponga de un “ámbito propio y exclusivo” en virtud de las funcio-
nes y el papel desempeñado por los órganos de garantía, y la tipicidad y compleji-
dad de las relaciones que mantienen con el resto de instituciones estatales.92 A
través de este espacio jurisprudencial es posible advertir la consideración que los
propios órganos confieren a sus propios precedentes y el modo en que proyectan
hacía el futuro determinados criterios de actuación judicial. En este ámbito propio
se genera la “autonomía procesal” para dar pauta a la creación de normas, criterios
o principios procesales constitucionales utilizables por los propios tribunales y por
los usuarios de la justicia constitucional en supuestos análogos futuros.93
     En función de lo anterior, la autonomía normativa aparece como una de las
vías privilegiadas para racionalizar los procesos constitucionales al menos por tres
motivos: porque expresa una regulación que emana de los concretos conflictos
constitucionales, ámbito en donde las exigencias de la complementación se pueden
palpar directamente; porque concierne a cuestiones que se vinculan con el objeto
del proceso, haciéndose específicamente procesales y, sobre todo, porque como ad-
vierte Zembsch, acaso el principal promotor de la noción de “autonomía procesal”,
a través de ella se expresan decisiones discrecionales de configuración política de
los guardianes de la Constitución, basadas en criterios de oportunidad más que en
estrictos argumentos de carácter jurídico.94
     Las normas procesales creadas mediante criterios jurisprudenciales aparecen
bajo una vocación de permanencia. Por eso, allí donde existe un precedente se genera
un vinculo para futuras actuaciones jurisdiccionales a efecto de lograr coherencia y
regularidad en la aplicación de la jurisprudencia hasta desarrollar una “uniformidad
de comportamiento” compatible con las exigencias de certeza y predeterminación
jurídicas.95 No obstante, la regularidad en el uso de la jurisprudencia y la plena vin-

     91 En general, RODRÍGUEZ-PATRÓN, La potestad…, op. cit., p. 287 y ss. LOZANO MIRALLES, Jor-
ge, SACCOMANNO, Albino, El Tribunal constitucional. Composición y principios jurídico-organizativos (el aspecto
funcional), Valencia, Tirant lo blanch, 2000, p. 225.
     92 Vid. RUGGERI, “I giudizi di costituzionalita…”, op. cit., p. 409.
     93 Vid. RODRÍGUEZ-PATRÓN, “La libertad del Tribunal …”, op. cit., p. 128 y ss.
     94 En general, acúdase a ZEMBSCH, Verfahrensautonomie…, op. cit., citado por RODRÍGUEZ-PA-
TRÓN, “La libertad del Tribunal…”, op. cit., p. 135 y ss. Id. La «autonomía procesal»…, op. cit., p. 19 y ss.
     95 En este sentido, de una parte, ZEMBSCH, explicado por RODRÍGUEZ-PATRÓN, “La libertad…”,
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culación a los precedentes no es siempre posible, primordialmente porque las pecu-
liaridades de la función, y la ubicación misma de los garantes en el sistema constitu-
cional, los hacen ser los únicos órganos que no se encuentran plenamente
vinculado a sus propios precedentes, contando con márgenes más amplios de valo-
ración y actuación a efecto de estar en condiciones de desarrollar su propia política
jurisprudencial.
     Los límites de una libertad de configuración tan amplia como la presente se en-
cuentran inexorablemente en las constituciones y en las leyes orgánicas o reglamenta-
rias, principalmente donde exista una reserva de ley o de reglamento, donde existan
regulaciones más o menos exhaustivas que dejen poco margen de complementa-
ción, o incluso donde existan regulaciones cerradas o prohibiciones particulares.
Además, existe la tendencia a reconocer que este ejercicio de integración es proce-
dente únicamente en aquellos casos en donde una norma delegue al Tribunal la re-
gulación de un determinado supuesto dentro del proceso constitucional.
     Algunos de los más relevantes sistemas constitucionales europeos ofrecen enri-
quecedoras experiencias que constatan como la libertad de configuración del proce-
so constitucional a favor de los tribunales constitucionales puede tener su origen en
delegaciones normativas realizadas desde la misma Constitución, desde la Ley
Orgánica o desde sus propios reglamentos. En Austria, los ejemplos paradigmáticos
son los relativos a la inconstitucionalidad de oficio y la determinación de los efectos
de las sentencias. En Alemania, un caso típico es el aseguramiento de la eficacia de
las sentencias del Tribunal constitucional mediante providencias provisorias y me-
diante la disciplina de la ejecución. En Italia, el ejemplo primordial concierne a la
autonomía del proceso constitucional en vía incidental respecto a las vicisitudes del
proceso A-quo. En España, la autonomía procesal del Tribunal constitucional se ha
manifestado en la determinación de los efectos temporales y espaciales de las sen-
tencias constitucionales, cuestión que por su relevancia ha obtenido recientemente
plena cobertura legal a través de la reforma de su Ley Orgánica.
     Sin embargo, incluso en aquellos casos en donde no exista norma habilitadora,
la libertad de configuración procesal del Tribunal aparece como una necesidad ins-
titucional en todos los casos en donde se tenga una competencia determinada pero
se carezca de las normas procesales para poder ejercitarla. Esta habilitación para
dotarse de sus propias normas procesales debe vincularse, de modo inexorable, al
principio de oficialidad, pues sólo en un entorno en donde se advierte la existencia

op. cit., p. 143-144; y ROMBOLI, Roberto, “Il giudizio de costituzionalità delle leggi in via incidentali”,
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995), Romboli, Roberto (a cura di), Torino, G.
Giappichelli, 1996, p. 60.
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de un proceso con un objeto y una naturaleza decididamente pública, se compren-
den a cabalidad las necesidades institucionales de complementación.
     La búsqueda de la verdad constitucional ha llevado a los órganos de garantía ha
desvincularse por momentos del objeto de la controversia, de los razonamientos y
de la iniciativa probatoria de las partes. La configuración de una mayor libertad de
decisión asentada en una importante parcela de autonomía procesal ha ofrecido al
juez constitucional herramientas para replantear el thema decidendum del proceso, per-
mitiendo el estudio, análisis y resolución de cuestiones que originalmente no fueron
planteadas por los promotores del litigio, al grado de pronunciarse sobre normas
no impugnadas pero que se consideran inconstitucionales por conexión o conse-
cuencia; le ha permitido eliminar las limitaciones a la procedencia del control de
constitucionalidad con el objeto de adentrarse al estudio de fondo de la controver-
sia; ha dado pié a que se ponga la duda “de oficio” respecto a la constitucionalidad
de una norma concreta que deba aplicarse para resolver la cuestión de legitimidad
que le ha sido planteada; y lo que no es menos trascendente, ha posibilitado la ca-
pacidad de modular la fuerza de sus decisiones mediante sentencias intermedias que
en muchos de los casos dejan subsistentes las normas impugnadas hasta que el le-
gislador no proceda a su reforma.96
     Lo apenas sostenido conduce a advertir que el ámbito reservado a la potestad
reglamentaria de los garantes constitucionales es coincidente con el radio de acción
conferido a su jurisprudencia, de forma que no es de extrañar que los principios
procesales creados reglamentaria o pretorianamente puedan eventualmente inter-
cambiarse y ocupar ambos tipos de fuentes. La decisión de racionalizar normativa-
mente los desarrollos jurisprudenciales o de mantenerlos dentro del ámbito de la
praxis es bastante significativa porque representa una operación por medio de la cual
el mismo órgano de tutela resuelve “estabilizar la práctica jurídica” y ponerse un
vínculo normativo más fuerte que inexorablemente se encuentra obligado a respe-
tar en su actividad cotidiana.

                              Duodécima tesis
               El concepto de Derecho procesal constitucional
     Avanzar un concepto prescriptivo de DPC implica hacer una distinción entre normas proce-
sales “en la” Constitución y normas procesales “de la” Constitución, y advertir cómo estas últimas
se agrupan en un sistema normativo autogarantizado, autoreferente y autosuficiente del cual se vale
el órgano de garantía para cumplir con su función constitucional.

    96   En general, acúdase a la tesis de la “autonomía procesal” de ZEMBSCH, explicada por RODRÍ-
GUEZ-PATRÓN,    “La libertad del Tribunal …”, op. cit., p. 134 y ss., esp. 150 y ss.
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      Si se comparte que el conjunto de datos emanados de cada una de las tesis
expuestas hasta ahora, hacen del DPC un derecho con especificidad propia para la
garantía de la Constitución, se acordará igualmente que el neologismo no puede ha-
cerse plenamente fungible con los conceptos tradicionales de “justicia” o “jurisdic-
ción” constitucionales, “control de constitucionalidad de las leyes” o “garantías
constitucionales”. Hay evidentes analogías pero también diferencias que conducen a
conferir un tratamiento autónomo al DPC, si en realidad se pretende conformar un
objeto de estudio alimentado desde múltiples y enriquecedoras perspectivas de
análisis.
      Construir una noción “prescriptiva” de DPC presupone, ante todo, el análisis
de las normas, instituciones y principios procesales que por su importancia para la
dinámica del proceso, de cualquier proceso, se han elevado a rango constitucional.97
Igualmente, la ponderación de aquellas normas que disciplinan una función consti-
tucional dirigida concretamente a la garantía de la Constitución, que definen y siste-
matizan al órgano que proveerá dicha garantía, y que estructuran y racionalizan a
los procesos y procedimientos para conseguirlo. La distinción entre ambos tipos de
prescripciones debe conducir a identificar lo que concebimos como DPC y a adver-
tir los rasgos que lo hacen aparecer como un “sistema unitario de normas de status
constitucional”, bajo un carácter “innovador”, un “objeto específico”, una “finali-
dad determinada”, y cuyo empleo recae en manos de un “sujeto” único. Estas ca-
racterísticas dan pauta a la identificación de criterios que convencionalmente pue-
den denominarse sistemático, temporal, objetivo, teleológico y subjetivo.
      En primer lugar, el DPC representa la realización histórica de una decisión po-
lítica tendente a introducir un derecho procesal “de la” Constitución, para positivi-
zar, regular y racionalizar al proceso constitucional como garantía de la Constitu-
ción. Constituye, en ese sentido, una decisión originaria del poder constituyente y
no de uno de los poderes constituidos, lo que lo hace aparecer como un auténtico
“derecho procesal constituyente”.98 Su positivización y la conjunción de sus normas
da lugar a una nueva dicotomía que puede ponerse en términos de “Constitución
sustancial” y “Constitución procesal”. Los medios jurídicos que utiliza la Constitu-
ción-procesal para conservar incontestada su preeminencia no se dirigen a enjuiciar
a la Constitución sino a emplearla como canon de enjuiciamiento. Esto quiere decir
que la Constitución utiliza al propio derecho constitucional para protegerse, hecho
que le produce una situación de privilegio, pues a la vez que está exenta de control,
vincula a las normas inferiores del ordenamiento a un efectivo control normativo,

      97 En torno a la problemática de las definiciones, SCARPELLI, Uberto, Il problema della definizione e
il concetto di diritto, Milano, Casa editrice Nuvoletti, 1955, p. 37.
      98 El uso de esta idea se encuentra ya en el clásico de, ALVARADO, Jorge, El recurso contra la incons-
titucionalidad de las leyes, prol. de F. Clemente de Diego, Madrid, Reus, 1920, p. 57.
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cuya efectividad se alcanza en la medida en que sea un verdadero control constitu-
cional; es decir, que sea un control “constitucional” por el objeto, vinculado a la
materia constitucional, pero sobre todo, que sea un control “constituzionalizado”
que reconozca la superioridad del “medio”, del instrumento procesal, o lo que es lo
mismo, de las normas que lo configuran.99 Si se piensa detenidamente lo anterior
podrá advertirse que la norma que establece la vía o el mecanismo concreto para
operar la tutela constitucional difícilmente puede compartir la naturaleza o la fuerza
jurídica de los actos o leyes objeto de enjuiciamiento; por el contrario, para su debi-
da eficacia necesita participar de la preponderancia de la materia jurídica a salva-
guardar. Bajo estas premisas, no es extraño considerar que al margen del lugar don-
de se encuentren las normas de tutela constitucional, encierran una fuerte
pretensión de unidad y supremacía que se ancla en las categorías jurídicas a las que
dan vida, y en las especialidades que las distinguen y las hacen agruparse en torno a
un sistema de normas; sistema que en base al principio de unidad fundamental de
la Constitución se aproxima al mismo status constitucional.100
     Las normas procesales constitucionales representan a su vez normas de “inno-
vación” jurídica, pues desde una óptica temporal, representan una adquisición “re-
ciente” del derecho constitucional, ya que con anterioridad los ordenamientos jurí-
dicos desconocían la existencia de normas con este objeto, contenido y finalidad.101
Son normas cuya aparición simboliza un acto de refundación del Estado porque
nacieron en “polémica” con la realidad del momento histórico, atendieron la exi-
gencia de racionalización del poder político, y coadyuvaron a sentar las bases de un
nueva relación entre el Estado y a la sociedad.
     En este mismo sentido, el DPC es un derecho con un “fin” concreto y deter-
minado que se vincula en exclusiva al “circuito” de la constitucionalidad, es decir, al
circuito normativo de mayor trascendencia, con el objeto de salvaguardar, principal-
mente, los principios y valores democráticos en que descansa la estructura constitu-
cional, para lo cual da vida a un conjunto de procesos y procedimientos constitu-
cionales a través de los cuales se concreta una paradójica defensa jurisdiccional de
la democracia constitucional.
     Adicionalmente, el DPC es un orden normativo que se diferencia del resto de

      99 Sobre el control de constitucionalidad y la constitucionalidad del control, acúdase a GALEOT-
TI,  Serio, “Profilo giuridico dei controlli costituzionali”, Studi in memoria di Guido Zanobini, Milano,
Giuffre, 1965, p. 324 y ss.
     100 Interesantes reflexiones en CRUZ VILLALÓN, La formación…, op. cit, p. 32-38; en sentido simi-
lar, MODUGNO, Franco, L´invalidita delle legge, T. I, Teoria della Costituzione e parametro del giudizio costituzio-
nale, Milano, Giuffré, 1970, p. 62.
     101 En este sentido, ZAGREBELSKY, La giustizia…, op. cit., p. 11, refiriéndose a la “justicia
constitucional”.
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órdenes procesales en función de su “objeto”. El orden procesal constitucional y el
orden procesal general anclan sus principios y presupuestos en la misma fuente
constitucional, pero mientras el último se dirige a conformar las categorías por me-
dio de las cuales el Estado ejerce la jurisdicción ordinaria, aquél se dirige a estipular
las categorías por medio de las cuales la Constitución procura su tutela. Por ende, la
dicotomía entre DPC y derecho constitucional procesal puede encontrar una nueva
proyección si se distingue entre normas procesales “de la” Constitución y normas
procesales “en la” Constitución, con el objeto de autonomizar ambos órdenes y ha-
cerlos correr por vías paralelas para distinguir con claridad las que se dirigen a tan-
gibilizar las categorías mediante las cuales se tutela la Constitución, de aquellas que
conforman las categorías procesales a través de las cuales se tutela el circuito de la
legalidad.102 Las primeras, es decir, las que han interesado a lo largo de este trabajo,
son normas que en mayor o menor medida se refieren a: la jurisdicción constitucio-
nal como función estatal específica; al status del Tribunal constitucional, de la ma-
gistratura o del órgano constitucional de garantía; al estatuto jurídico de los magis-
trados o jueces constitucionales; a las competencias del Tribunal o magistratura
constitucional; a los procesos o procedimientos constitucionales; y a las normas
particulares del procedimiento.103
     La distinción entre normas procesales “de la” y “en la” Constitución subraya que
las primeras no puedan ser utilizadas por cualquier operador jurídico, ya que gozan
de un atributo de exclusividad. Esto quiere decir que a diferencia de lo que sucede en
otros órdenes procesales, el orden procesal constitucional es un orden cerrado, que
actúa en un espacio delimitado, bajo un uso restringido, y que sólo compete mane-
jar al máximo órgano de garantía de la Constitución. Por ende, no es extraño que
existan quienes sostengan que los tribunales constitucionales son los auténticos “se-
ñores” de su derecho procesal. Efectivamente lo son, porque sólo ellos pueden em-
plearlo, interpretarlo, pero sobre todo, porque están facultados para participar en su
creación y perfeccionamiento.
     Bajo las consideraciones apenas esgrimidas, y bajo el convencimiento de que
no existe la definición de un concepto sino solamente posibles definiciones, y sobre
todo, elección entre definiciones, es posible señalar que el DPC puede concebirse
como un sistema unitario de normas de status constitucional, dirigido a la determinación de las

     102 Sobre el particular, existen puntos de vista antagónicos. Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexio-
nes sobre el derecho constitucional procesal mexicano”, Justicia Constitucional, Ombudsman y Derechos Hu-
manos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1993, p. 357. Y, GARCÍA BELAUNDE, De la
jurisdicción…, op. cit., p. 66.
     103 Interesantes son los conceptos de derecho constitucional procesal y derecho procesal constitu-
cional manejados por PROVINCIALI, Renzo, Norme di diritto processuale nella Costituzione, Milano, Giuffré,
1959, p. 17 y ss.
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categorías jurídicas elementales a través de las cuales se tutela la Constitución, cuyo empleo exclusi-
vo por el máximo órgano de garantía constitucional posibilita que la norma fundamental se tra-
duzca en parámetro concreto de enjuiciamiento para la resolución de las controversias surgidas del
propio entorno constitucional.
     El deslinde realizado en relación a las características de las normas procesales
constitucionales permite hacer algunas consideraciones en relación al sistema nor-
mativo en que se agrupan. Por la especificidad que demuestra, el DPC tiene una
fuerte inclinación a presentarse como un sistema normativo “autogarantizado”,
“autosuficiente” y “autoreferente”.
     Como un sistema “autogarantizado”, en función de que la Constitución se en-
cuentra en una relación de superioridad frente al resto del sistema de las fuentes, por
lo que cualquier norma jurídica, exceptuando a la Constitución misma, nace y se de-
sarrolla como derecho problemático y contingente en la medida que es potencial-
mente ilegitimo.104 Esto justifica que sea la propia Constitución la que instrumente
sus mecanismos de defensa, y que tanto el órgano de garantía como los instrumentos
procesales de tutela se eleven por encima de la ley para adquirir la fuerza de oponerse
a ella y para que, eventualmente, puedan tutelarse las normas que dan vida a ambas
categorías procesales cuando el espacio de la “Constitución-garantía” se encuentre
amenazado por el legislador. Es “autosuficiente”, en virtud de que sus normas de-
penden únicamente de la Constitución y del reducido número de fuentes que deben
regular el perfil garantista o procesal de la misma. El DPC, en consecuencia, es un
sistema que se crea y recrea, se genera y se autogenera a partir de un sistema de
fuentes de validez propias encaminadas a impedir cualquier posibilidad de injeren-
cia del legislador ordinario. Es “autoreferente”, porque sus normas se utilizan e in-
terpretan por un órgano especializado que sólo esta sometido a la Constitución, en
función de metro de su actividad fiscalizadora, el cual goza de la autoridad para de-
terminar en única e última instancia el significado de sus prescripciones sin vincu-
larse a un canon hermenéutico preestablecido y sin que exista la posibilidad de que
el producto de su actividad interpretativa sea contestada en modo alguno.105




    104 Al respecto, LUHMANN, Niklas, “La Costituzione come conquista evolutiva”, Il futuro della Costi-
tuzione, Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro, Jörg Luther (a cura di), Torino, Einaudi, 1996, p. 89.
    105 En este sentido se pronuncia BÖCKENFÖRDE, “La giurisdizione costituzionale… ”, op. cit., p. 641.

								
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