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organizacion del estado mexicano

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					Organización del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todo Estado tiene que realizar funciones para llegar a realizar los fines que lo originan y justifican. Estas funciones se desarrollan de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a los órganos que lo integran. La actividad del Estado implican las siguientes funciones: 1. Normas generales para estructurar al Estado. 2. Reglamentar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y entre los ciudadanos entre sí. 3. Tiene función jurisdiccional, es decir, debe tener una función de tutela del ordenamiento jurídico definiendo la norma precisa que se aplica en cada caso. 4. Debe promover la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentar el bienestar y el progreso colectivo. Para poder realizar estas funciones de forma imparcial y con un principio de legalidad el Estado tiene una ordenación y distribución de sus funciones, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. El poder es único e indivisible y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía, el pueblo o la nación, por lo que la noción de separación de funciones o separación de facultades es imposible, sólo puede existir una distribución de las funciones. 1. El principio de legalidad consiste en la distinción y subordinación de las funciones ejecutiva y judicial a la función legislativa. Este principio implica la supremacía de la ley. 2. El principio de imparcialidad consiste en la independencia de los tres órganos estatales. Este principio garantiza la aplicación efectiva de la ley. Según la doctrina tradicional (Montesquieu) el Estado realiza tres funciones: 1. Legislativa: producción de normas generales y abstractas. 2. Jurisdiccional: verificación del cumplimiento o no de esas normas. 3. Ejecutiva: función responsable de la gestión diaria del Estado. Las funciones judicial y ejecutiva se encuentran subordinadas a la función legislativa, por que todo acto judicial y administrativo debe fundarse en una norma previa (general y abstracta), además de adecuarse a la misma. Esta es la jerarquía que lleva la separación de las funciones estatales. Los órganos responsables de llevar a cabo estas funciones son el Parlamento, los Jueces y la Administración Pública. La función judicial a través de los jueces dan garantía del control efectivo del cumplimiento de la ley, los jueces son los custodios últimos de la legalidad, de la independencia del Poder Judicial depende la imparcialidad y de ésta los principios de igualdad y de certeza de derecho. La separación de funciones también significa: 1. Que las mismas personas no puedan formar parte de más de uno de los tres órganos de gobierno. Implica la verdadera separación de poderes (Artículo 55 para ser diputado, 82 para ser Presidente y 95 para ser ministro de la Suprema Corte). 2. Que un órgano no puede interferir con el desempeño de las funciones de otro. 3. Que un órgano no puede ejercer las funciones que tiene asignadas otro órgano. (las dos últimas significa la separación de las funciones estatales) Cuando un órgano tiene asignada una función, se encuentra inhabilitado para delegarla o transmitirla y, además, está obligado a ejercer tal atribución. Para hacer que esto se cumpla existen normas constitucionales especiales: 1. Reserva de ley o reserva de dominio. 2. Reserva de administración. 3. Reserva de Jurisdicción. Esto sirve para evitar tener leyes incompletas o parciales, también para evitar funciones imparciales en cada uno de los órganos estatales. Pero además, esta separación sirve para crear mecanismo de auxilio y coordinación entre los poderes públicos para permitir la colaboración y realizar funciones de manera coordinada. Separación no debe significar inmovilización. En la Constitución se reconoce la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero además reconoce a los órganos constitucionales autónomos que sin poderes, sí tienen una serie de atribuciones y funciones relevantes. Se reconocen cuatro órganos constitucionales autónomos: 1. Los Tribunales Agrarios (Artículo 27) 2. El Banco Central (Art. 28) 3. El Instituto Federal Electoral (Art. 41) 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Art. 102)


				
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