Sentencias condenatorias por Lavado de Activos en Honduras

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					Sentencias condenatorias por Lavado de Activos en Honduras
Honduras es un país que forma parte de la América Central, su ubicación geográfica es
un paso obligado para el tránsito de la droga que circula hacia los Estados Unidos de
Norte América. Hasta hace algún tiempo, nuestro territorio era utilizado para almacenar
temporalmente la droga, la cual posteriormente era enviada preferentemente por la vía
marítima, hacia las costas de la Florida o para alguno de los países de las antillas. Ahora
la situación ha cambiado, los narcotraficantes pagan con droga los servicios que les
proporcionan nuestros compatriotas y estos la distribuyen a las diferentes ciudades del
país incrementando paulatinamente el consumo de este alucinógeno, principalmente en
los jóvenes, lo cual está generando como consecuencia una descomposición social
acelerada y el aparecimiento de crímenes espeluznantes nunca antes vistos.

Los lugares de nuestro país utilizados con más frecuencia para el trasiego de la droga
son la costa nororiental y las Islas de la Bahía, en estos sitios se desembarca y luego es
guardada en lugares donde existe poca o ninguna vigilancia de las autoridades
policiales. A lo anterior, se agrega el inconveniente de los escasos medios de
comunicación existentes en dichos lugares.

Datos extraoficiales obtenidos, establecen que al menos una aeronave diaria aterriza en
pistas clandestinas de los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Yoro, Islas de la
Bahía y Olancho. En algunas ocasiones, los narcotraficantes han utilizado hasta los
aeropuertos internacionales para estos menesteres; sin embargo, las cantidades de droga
trasportada por este medio solamente equivalen a un 5% del total que transita por el
país, ya que el mayor volumen circula por la vía marítima y es equivalente al 95%.

El sistema de prevención contra el Delito de Lavado de Activos esta integrado como
primer eslabón por el sistema financiero nacional el cual esta compuesto por 16 bancos
comerciales, asociaciones de ahorro y préstamo, sociedades financieras, compañías de
seguros, casas de cambio e instituciones de previsión. Así mismo, por el ente Supervisor
del sistema financiero, conocido como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, El
Sistema Judicial, La Policía, y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial
Contra el Crimen Organizado, del cual dependen la Fiscalía Contra el Narcotráfico y la
Fiscalía Contra el Lavado de Activos.

Estas estructuras de prevención, si bien es cierto no cuentan con toda la logística
necesaria, realizan una labor muy aceptable, al grado de haber logrado hasta la fecha un
total de 24 sentencias condenatorias de lavado de activos, lo cual sitúa al país en una
posición envidiable en materia de prevención de este delito, solamente superado por
Colombia en cuanto a las sentencias condenatorias en esta materia.

De acuerdo a la normativa nacional vigente, cuando una institución financiera detecta
una transacción o actividad atípica realizada por un cliente, debe informar a la Unidad
de Información Financiera, dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
esta dependencia en forma inmediata debe trasladar esta información al Ministerio
Público para que se inicie una investigación formal. Las estadísticas del año 2006 y lo
que transcurre del 2007, que maneja el ente Supervisor, establecen que el sistema
financiero nacional ha reportado hasta la fecha un total de 117 transacciones atípicas.
Un buen porcentaje de las sentencias condenatorias obtenidas hasta la fecha, han sido
producto de los reportes realizados por el sistema financiero nacional y las restantes han
sido investigaciones realizadas directamente por el Ministerio Público, generalmente
utilizando reportes anónimos de ciudadanos.

Uno de los casos de sentencia más relevantes conocidos hasta la fecha, es el de la
embarcación “Capitán Ryan” el cual fue investigado gracias a una llamada anónima en
la que se informó que dicho barco estaba zarpando con destino a Panamá y que en su
interior transportaba una cantidad indeterminada de dólares para la compra de droga.

Al abordar la embarcación, las autoridades encontraron la cantidad de US$459,580.00
en billetes de veinte dólares. Producto de las investigaciones se incautaron 7 barcos, 3
cabezales, 5 vehículos de lujo y la tienda de electrodomésticos M & M Zelaya, ubicada
en la ciudad costera de la Ceiba, Atlántida.

Esta organización criminal estaba compuesta por ciudadanos de Guatemala, Costa Rica,
Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, Chile y Honduras y dentro de la misma se
identificó a los siguientes cabecillas: Faustino Guerrero, originario Nicaragua, John
Bryan Buitrago de nacionalidad Panameña, Ufleman Guardia Calderón de Bolivia y
Milton Merari Girón Zelaya, de quien se constató que no obstante portar documentos de
identidad de Honduras es una persona nacida en Colombia. La embarcación Capitán
Ryan estaba registrada a su nombre y cuando se desató el escándalo huyo a Panamá en
donde actualmente guarda prisión por lavado de activos.

Las autoridades judiciales de Honduras condenaron a Roberto Williams Ellist, de
nacionalidad colombiana, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de
activos y 10 años por asociación para lavar dinero. Este señor al momento de su
detención portaba un pasaporte que lo acreditaba como panameño; sin embargo, al
investigar en aquel país se determinó que el verdadero Roberto Williams Ellist se
encontraba en aquel país y no tenia ninguna relación con el caso, lo que generó una
investigación que concluyó con el despido de la Directora de pasaportes de Panamá.
Hasta la fecha esta persona guarda prisión en la Ciudad de La Ceiba, sin que se haya
conocido realmente su verdadera identidad.

También fueron sentenciados Julio Delano River, hondureño, Oscar Mauricio Urrutia,
Guatemalteco, y Rigoberto Rodríguez Martínez, Capitán del mencionado barco,
Hondureño, quienes fueron sentenciados a 15 años de prisión por lavado de activos y 6
por asociación por lavado de activos.

Antes de que el juzgado emitiera la sentencia condenatoria de este caso, se produjo un
total de 10 asesinatos de personas relacionadas con el mismo, entre ellos, el socio del
señor Milton Merary Girón, un abogado defensor, la administradora de la tienda M & M
y otras personas más.
Un buen porcentaje de estas sentencias condenatorias está relacionado con personas que
han sido detenidas transportando en su cuerpo o en vehículos, dinero (dólares) del cual
no han podido probar su procedencia, ya que nuestra Ley contra el Delito de Lavado de
Activos en su articulo No. 3 establece cuales son los delitos subyacentes al delito de
lavado de activos y complementariamente determina lo siguiente: “y delitos conexos o
que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Al respecto los
entendidos en aspectos legales manejan este concepto como “el enriquecimiento sin
causa”. Muchos eruditos consideran esta parte de la Ley Hondureña como una
aberración jurídica ya que esto invierte la carga de la prueba debido a que el imputado
es quien debe probar su inocencia, no la justicia su culpabilidad.