Angola el complejo camino hacia la paz

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Angola el complejo camino hacia la paz Powered By Docstoc
					Publicado en Revista Nova África
Número 16
Enero 2005



Oscar Mateos
Investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB (www.escolapau.org)



               Angola: el complejo camino hacia la paz
                 Logros, retos y amenazas en la rehabilitación posbélica


                                             El comandante Ndozi permanece de pie a la sombra de un mango
                                             frondoso. Se seca el rostro empapado de sudor. Ganar una batalla
                                             significa también un gran esfuerzo físico. Es como talar un bosque.
                                             Llama a un grupo de soldados y les ordena enterrar a los caídos. Los
                                             nuestros y los del enemigo pueden ser enterrados juntos: nada tiene
                                             importancia después de la muerte. Además, el proverbio dice: enemigo
                                             en la tierra, hermanos en el cielo.
                                                                           Ryszard Kapuscinski, Un día más con vida




La herencia de la guerra
Alrededor de un millón de muertos, cuatro millones de desplazados internos, más de 500.000
personas refugiadas (sobre una población de unos 13 millones), millones de minas antipersona
enterradas y la devastación de las infraestructuras físicas del país son el balance de 27 años
de enfrentamiento armado entre el MPLA (Movimiento Para la Liberación de Angola), en el
Gobierno desde 1979, y UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola). La
guerra en Angola ha sido el síntoma de la disfunción de su propio sistema político y social tras
la independencia de Portugal en 1975 y ha adoptado diferentes formas: primero fue una guerra
de secesión sin control (1961-1975); después, un enfrentamiento internacionalizado en un
contexto de Guerra Fría (1975-1991); y por último, una carrera ilimitada por el control del poder
y los recursos (1991-2002). 1

El asesinato del histórico líder de UNITA, Jonas Savimbi, a manos de las Fuerzas Armadas
Angoleñas (FAA) el 22 de febrero de 2002 puso fin a este ciclo de cuatro décadas de violencia
armada. Su desaparición y la asfixiante situación en la que se encontraba dicho grupo
precipitaron unas negociaciones en las que UNITA decidió entregar las armas e iniciar un
proceso de inserción en la vida política del país. De este modo, pocas semanas después de la
muerte de Savimbi, concretamente el 4 de abril, ambas partes firmaban el llamado ‘Memorando
de Luena’, basado en gran parte en los términos establecidos en 1994 en el frustrado Acuerdo
de Lusaka, mediante el que se abría una nueva puerta a la esperanza en un país en el que
generaciones enteras sólo habían conocido la devastación y el horror causados por la guerra.

Casi tres años después de Luena, Angola parece haber emprendido un rumbo más o menos
sólido, aunque lento, hacia la construcción de la paz, haciendo prácticamente inviable la vuelta
a las armas de UNITA y logrando consolidar algunos aspectos importantes de la fase de
rehabilitación, tales como el retorno de millones de personas o la desmovilización de miles de
ex combatientes, entre otros. No obstante, el presente artículo trata de analizar también los
principales déficits desde los que parte el proceso de paz y reconstrucción, así como los
numerosos desafíos y amenazas que Angola encara actualmente en su complejo y largo
camino hacia la paz.
Los déficits de Luena
A pesar del fracaso que supusieron los acuerdos de Biccese (1991) o Lusaka (1994), el
‘Memorando de Luena’ parece suponer un punto de inflexión definitivo en el conflicto angoleño.
La definitiva desmovilización de UNITA es el elemento principal que señala que el Memorando,
como mínimo, puede garantizar el final del enfrentamiento armado que ha tenido lugar desde la
independencia de Angola en 1975. No obstante, dicho acuerdo, cuyo contenido bebe
fundamentalmente de los dos anteriores, no está exento de algunos déficits que cabe tener en
cuenta a la hora de medir lo que pueden ser sus consecuencias.

En primer lugar, Luena parte de un escenario asimétrico donde existe un vencedor
(MPLA) y un vencido (UNITA), con todo lo que en términos de reconciliación este hecho
supone. Aunque es cierto que desde la muerte de Savimbi hasta la firma del documento se
establecieron una serie de negociaciones entre ambos actores, fue el Gobierno en todo
momento quien, aprovechando el desconcierto generado por la falta del líder de UNITA,
organización que se había regido por una lógica cuasiestalinista, y recogiendo los frutos de su
asfixiante política de guerra llevada a cabo durante los últimos años contra el grupo armado,
pudo mantener una posición de fuerza durante los contactos y, de este modo, lograr un
acuerdo en los términos que más le interesaban.

Segundo, el acuerdo se circunscribió a los dos actores enfrentados, prescindiendo de la
participación y la opinión del resto de fuerzas políticas y sociales. Aunque este hecho
podría parecer lógico, lo cierto es que el principal damnificado de la violencia fue
fundamentalmente la población civil, de ahí la importancia de que ésta hubiera también estado
representada, al menos, en la escenificación de la firma del Memorando. En este sentido, y con
Aaron Griffiths 2 , cabe preguntarse qué habría pasado si el proceso en Angola hubiera sido
definido en términos más amplios, contemplado como una oportunidad no sólo para acabar con
las hostilidades militares de una forma más o menos negociada, sino para abrir un auténtico
proceso de renovación política, teniendo en cuenta al resto de partidos políticos y a la sociedad
civil: ¿Hubiera supuesto una mayor democratización y una reconciliación más profunda que
hubiera llevado al país a erradicar sus problemas de fondo de forma más exitosa? Aunque está
claro que las estructuras de poder (es decir, un Estado que prácticamente se confunde con el
partido que lo dirige desde hace casi 30 años), dificultaban enormemente esta posibilidad, este
hecho hubiera situado a Angola en un escenario muy diferente del que se encuentra
actualmente.

Tercero, la amnistía generalizada decretada por el acuerdo, que ha contemplado
posteriormente incluso los delitos menores, para todos los miembros de las FAA y de UNITA,
refuerza el sentido de ‘pacto a dos’ que se desprende del principio del proceso y lanza
un mensaje de impunidad para los perpetradores y responsables de violaciones de los
derechos humanos. Esta decisión, refrendada posteriormente y de forma unánime por la
Asamblea Nacional, podría condicionar el futuro de la reconciliación nacional, que a todas luces
se sitúa como uno de los pilares centrales en el proceso de rehabilitación. Aunque Angola no
debe seguir necesariamente los pasos de Sudáfrica, Rwanda o Sierra Leona, donde
Comisiones de la Verdad o Tribunales Penales se han encargado de esclarecer y castigar, en
algunos casos, a los culpables de las violaciones, sí que sería necesario considerar
mecanismos que fomenten el restablecimiento del daño sufrido durante cuarenta años de
        3
guerra . Además, tanto Naciones Unidas como numerosos partidos políticos nacionales han
criticado duramente esta política de amnistía, lo que constata la falta de legitimidad interna y
externa con la que cuenta esta medida. No obstante, sí cabe señalar el alegórico pero
importante gesto que emprendió UNITA pocos meses después del fin de las hostilidades al
pedir disculpas públicamente por todos sus actos cometidos durante el conflicto armado. Aún
tratándose sólo de un gesto, la carga simbólica que adquiere en la restitución del daño moral
realizado a millones de personas, supone un primer paso en el proceso de reconciliación,
máxime teniendo en cuenta la actitud negativa que el Gobierno de José Eduardo Dos Santos
ha mostrado a la hora de emprender una iniciativa del mismo calibre.

Por último, la exigua participación de Naciones Unidas en todo el proceso, a menudo
limitada a tareas humanitarias, confiere al acuerdo una legitimación menor de la deseada.
Esto es debido al creciente descrédito que la organización ha ido cultivando en el país fruto de
la irrelevancia que los actores armados le han concedido en la implementación de todos y cada
uno de los acuerdos de paz alcanzados en algún momento, así como por el pseudo fracaso
que han supuesto las numerosas misiones de mantenimiento de la paz que ha liderado la
Organización desde 1989 hasta el año 2003 (UNAVEM I, UNAVEM II, UNAVEM III, MONUA,
UNOA y UNMA). Ambos elementos han determinado la función de Naciones Unidas durante
estos casi tres últimos años y han mermado la viabilidad de que desempeñe un papel de mayor
importancia que garantice y acompañe el resultado final del proceso.


¿Qué se ha logrado en Angola tras el fin de la guerra?
A pesar de los importantes déficits señalados anteriormente, el proceso de rehabilitación
angoleño también ha logrado completar algunos aspectos primordiales que cabe subrayar y
que, a diferencia de Biccesse y Lusaka, conceden al Acuerdo de Luena una mayor solidez. Los
más importantes son:

1.- La desmovilización de UNITA y su inserción en la vida política. Durante el pasado año
2003, la llamada Comisión Mixta (formada por representantes del Gobierno, UNITA, Naciones
Unidas y varios países) logró completar la fase de desmovilización de unos 100.000 ex
combatientes de UNITA y 350.000 de sus familiares. Las 35 zonas de acantonamiento donde
se les ubicó tras el fin de la guerra fueron cerrándose de forma paulatina entre junio y
septiembre. Además, otros 5.000 miembros del grupo se integraron en las FAA, principalmente
cuadros militares. Esta etapa, sin embargo, no estuvo exenta de problemas, y durante los
primeros meses de 2003 empezó a cundir la alarma entre los actores implicados como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos en el transporte y reubicación de los
desmovilizados, los retrasos en la entrega de los paquetes de ayuda, la sobresaturación
existente en los campos de acuartelamiento, y las graves necesidades humanitarias que
enfrentaban miles de personas en estos centros. Ante esta situación, existía el peligro real de
que creciera la frustración y la impaciencia entre la población desmovilizada y que ésta acabara
buscando una salida en el pillaje y la violencia. Además, como se observará más adelante, la
reinserción de estos ex combatientes continúa siendo uno de los retos principales.

Por otra parte, UNITA logró su reunificación como partido político en octubre de 2002, tras su
escisión en 1998 y el surgimiento de UNITA-Renovada, la cual ha formado parte durante estos
últimos años del Gobierno de Transición surgido tras los Acuerdos de Lusaka. Durante el
primer Congreso del partido, celebrado en junio de 2003, Isaías Samakuva fue elegido como
nuevo Presidente de UNITA, tras derrotar ampliamente al que hasta esa fecha fuera el
interlocutor del grupo, Paulo Lukamba ‘Gato’.

2.- La mejora de la crisis humanitaria. La situación humanitaria ha mejorado ostensiblemente
desde el final de la guerra gracias al progresivo acceso que las organizaciones humanitarias
han ido teniendo a las poblaciones afectadas y al incremento de la producción alimentaria. Este
avance, teniendo en cuenta que son centenares de miles de personas las que todavía siguen
dependiendo de la ayuda internacional, ha supuesto que las agencias humanitarias y el
Gobierno hayan ido pasando gradualmente de las tareas de emergencia a las de rehabilitación,
desarrollo y suministro de los servicios básicos. De todos modos, cabe recordar que los
indicadores sociales siguen situando a Angola como uno de los peores países a escala mundial
en materia de desarrollo: 4 el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, la
esperanza de vida es de 46 años, el índice de analfabetismo es cercano al 60% y la tasa de
mortalidad infantil es una de las más elevadas del mundo. Sólo un tercio de la población tiene
acceso al agua potable y el 40% de las aulas fueron destruidas durante el conflicto armado.

3.- El retorno y reasentamiento de millones de personas desplazadas y refugiadas.
Aproximadamente un tercio de los angoleños tuvo que abandonar su hogar a causa de la
guerra. Las estimaciones de Naciones Unidas indicaban que en abril de 2002 Angola tenía
unos cuatro millones de desplazados internos y unas 440.000 personas refugiadas en países
de la región (Zambia, República Democrática del Congo y Namibia, principalmente). Desde la
firma de los acuerdos de paz, se calcula que han regresado a sus lugares de origen casi la
totalidad de los desplazados internos, 145.000 refugiados de forma espontánea y unos 75.000
bajo los auspicios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No
obstante, la Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha alertado en
todo momento de la falta de condiciones para el retorno y que sólo una pequeña parte de los
retornados ha recibido algún tipo de asistencia. Además, numerosas organizaciones
humanitarias y de derechos humanos han denunciado la falta de acompañamiento y protección
de esta población, así como constantes violaciones de los derechos humanos 5 .

4.- La reinserción del país en la escena regional e internacional. En el plano regional,
Angola retiró sus tropas de países vecinos como la República Democrática del Congo o Congo-
Brazzaville, como medida de distensión y normalización de sus relaciones con los países de su
entorno, tras finalizar la guerra. Además, presidió el organismo regional SADC (Southern Africa
Development Community) durante dos años, lo que le convirtió temporalmente en la principal
referencia de toda la región sur del continente, y recientemente ha sido integrado en la llamada
Conferencia Internacional para los Grandes Lagos que dará comienzo en noviembre de 2004
en Tanzania 6 . A escala internacional, dos acontecimientos ilustran el apoyo y el reconocimiento
internacional hacia Angola. En primer lugar, Naciones Unidas y EEUU levantaron de forma total
y definitiva las sanciones impuestas a UNITA en 1993, con lo que el antiguo grupo armado dejó
de ser visto como una amenaza para la paz y la estabilidad regionales. Segundo, Angola ha
formado parte durante dos años del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no
permanente. Este acontecimiento otorgó un protagonismo extraordinario al país y representó
un incremento de la legitimidad de la actuación del Gobierno de Dos Santos. No obstante, un
grave hecho empaña este proceso de normalización internacional y es el que se refiere al
nombramiento como representante de Angola en la UNESCO del francés Pierre Falcone,
acusado en Francia por venta ilegal de armas, fraude fiscal y tráfico de influencias, y
protagonista del escándalo “Angolagate”, que salpicó a la clase política francesa en el año
      7
2000 .


¿Cuáles son los principales desafíos en la construcción de la paz?
A pesar de la improbabilidad de que Angola vuelva a convertirse en un escenario de guerra,
existen una infinidad de desafíos a los que el país debe hacer frente cuanto antes si pretende
consolidar la compleja tarea de la reconstrucción.

1.- La reinserción en la sociedad de los ex combatientes de UNITA. Hasta el momento, tan
sólo unos cuantos miles de ex soldados de los 100.000 que se desmovilizaron han podido
acogerse a programas de reinserción, los cuales no han tenido en cuenta la asistencia a las
mujeres que fueron movilizadas en acciones militares 8 . Por el contrario, tanto el Gobierno como
organizaciones de defensa de derechos de los menores han promovido programas de
desmovilización y reinserción de un número indeterminado de menores-soldado 9 . Lo cierto es
que la reinserción de todo este grupo en la vida social del país a través de programas de
formación y de ocupación resulta un elemento cardinal en la consolidación de la paz.
Asimismo, existe el peligro nada desdeñable de que un proceso incompleto o mal
implementado desemboque en un incremento de la criminalidad o el bandidaje por parte de
este grupo.

2.- El desminado urgente del país. Naciones Unidas estima que hay entre 9 y 15 millones de
minas enterradas en suelo angoleño. Al margen de la volatilidad de esta cifra y aunque tras la
firma de los acuerdos de paz no se ha vuelto a detectar el uso de minas, un dato indiscutible es
que Angola es uno de los países más minados del mundo, lo que supone un grave obstáculo
para el desarrollo y la estabilización del país. Además, a pesar de los esfuerzos que se están
realizando y del trato prioritario que está recibiendo este asunto, completar el desminado será
un proceso muy lento que requerirá de una gran cantidad de recursos y medios. En este
sentido, UNICEF ha asegurado que considera posible desactivar todas las minas enterradas en
un período de 10 años, siempre y cuando exista coordinación entre todos los actores
implicados en esta tarea.

3.- La gestión transparente de los recursos. Angola es uno de los países potencialmente
más ricos del mundo: es el segundo productor de petróleo de África subsahariana (después de
Nigeria), con una extracción de casi un millón de barriles diarios, y el cuarto productor mundial
de diamantes (considerados entre los más puros del mundo). Según el FMI, el petróleo
representó más del 90% de las exportaciones oficiales y el 80% de los ingresos
gubernamentales durante la década de los noventa. Por su parte, el comercio de diamantes
legítimos aporta un 7% de los ingresos estatales y todos los demás productos combinados
ascienden a sólo un 1% del total de las exportaciones. Los ingresos procedentes tanto del
petróleo como –aunque en menor medida- de los diamantes fueron utilizados respectivamente
por el MPLA y UNITA para financiar la guerra durante décadas 10 .

A pesar de tanta riqueza, Angola todavía depende enormemente de la ayuda internacional. La
principal razón de dicha dependencia ha sido la corrupción endémica del Gobierno durante los
años de guerra, directamente relacionada con la explotación del petróleo y la financiación de la
compra de armas. En este sentido, el propio FMI denunció la desaparición de 1.000 millones de
dólares de las arcas públicas en 2001 y Human Rights Watch (HRW) ha asegurado que más
de 4.000 millones de dólares también desaparecieron entre 1997 y 2002 11 . Por su parte, el
Índice de Percepción de la Corrupción que publica anualmente la organización Transparency
International sitúa a Angola actualmente entre los 14 países más corruptos del mundo 12 . Lo
que está claro es que la reconstrucción y pacificación definitiva de Angola están estrechamente
vinculadas a una explotación del petróleo que revierta en el desarrollo social y económico del
país. Adecuadamente administradas, las reservas petrolíferas -calculadas en 5.400 millones de
barriles- podrían durar unos 20 años 13 . La diversificación de la economía y el fin de la
dependencia absoluta del petróleo también serán vitales para el desarrollo y la estabilidad del
país.

4.- La celebración de elecciones libres y transparentes. Uno de los asuntos más
controvertidos hasta el momento y que más ha polarizado el escenario político es el que tiene
que ver con la futura celebración de elecciones democráticas multipartidistas. El éxito de los
comicios puede ser determinante a la hora de demostrar la consolidación del proceso
democrático. No obstante, el establecimiento de una fecha para las elecciones ha sido motivo
de constante enfrentamiento y crispación entre el Gobierno y una treintena de partidos políticos
(entre los que se encuentra UNITA), organizaciones de la sociedad civil y ONG, agrupados en
una iniciativa llamada ‘Campaña para una Angola Democrática’. Mientras que el Ejecutivo de
Dos Santos ha establecido finalmente que los comicios se celebren en el año 2006 por
considerar imprescindible que se lleven a cabo determinadas medidas (tales como la
aprobación de la Constitución, el establecimiento de una nueva Ley electoral, la creación de un
Consejo Electoral o el retorno de la población desplazada y el desminado urgente de algunas
zonas), la oposición ha insistido en la idea de que tengan lugar durante el segundo semestre
de 2005 y ha amenazado al Gobierno con boicotear todo el proceso si no se constituye una
Comisión Electoral Independiente y se define de forma exacta el calendario electoral.

5. La distribución de la tierra. El asunto de la tierra se entremezcla con numerosos aspectos
de la vida política, económica, cultural y social de Angola, especialmente en lo que tiene que
ver con los procesos de reconciliación y reconstrucción 14 . Aunque hasta el momento se ha
subestimado el potencial conflictivo que tiene este tema, debido fundamentalmente a que la
economía angoleña se ha centrado casi exclusivamente en la explotación del petróleo, existen
síntomas preocupantes en algunas provincias como Kwanza Sul, Huambo, Huila, Kunene e
incluso Luanda que ponen de manifiesto que el número de conflictos podría incrementar e
intensificarse tras el final de la guerra, a resultas del retorno de millones de desplazados y
refugiados a sus lugares de origen y a la inexistencia de un marco legal que solvente esta
situación.

Todo ello ha situado actualmente el debate en torno a la Ley de Tierras en el centro de la
escena política. Algunas voces han sugerido que esta discusión ha supuesto un valioso
ejercicio de conocimiento ciudadano sobre la elaboración de leyes y el funcionamiento de las
instituciones, además de contribuir a clarificar los aspectos fundamentales de este tema, a
saber: el derecho exigido por las comunidades a tener los títulos de propiedad de tierras que
ocupan de forma ancestral; los derechos de dichos grupos a recuperar las tierras que les
fueron expropiadas durante el periodo colonial; y por último, el reconocimiento de la
importancia de la propiedad de la tierra como una ambición legitimada y una necesidad para
aquellos que intentan dedicarse a la agricultura y su modernización, que debe incluir
regulaciones como la delimitación, su efectiva utilización y la introducción de fuertes sanciones
para los propietarios de tierras que no se cultiven 15 . De este modo, es importante autentificar lo
que hasta ahora son leyes informales que no garantizan ningún derecho a la mayoría de la
población, y normalizar el hecho de que los ciudadanos tengan acceso a las instituciones para
validar sus derechos. En cambio, si Angola sigue apostando por un modelo que actualmente
condena a la mayoría de la población rural a la pobreza, estará abriendo la puerta a nuevos
enfrentamientos y focos de tensión.

6. El fortalecimiento de la sociedad civil. La consolidación del proceso de rehabilitación
posbélica pasa por el afianzamiento de la sociedad civil. En primer lugar, porque el gran déficit
del proceso angoleño es que desde un inicio se ha impulsado desde las elites políticas y
militares, relegando a un papel prácticamente marginal a otros actores políticos y sociales.
Segundo, porque es ineludible una articulación de la sociedad civil para presionar en la
exigencia de mejoras, el seguimiento del cumplimiento de compromisos y la rendición de
cuentas. En el nuevo contexto, existen varios colectivos clave dentro de la sociedad civil: a) el
sector de los periodistas independientes y los intelectuales; b) algunas organizaciones de la
sociedad civil, como la ya mencionada ‘Campaña para una Angola Democrática’ (que agrupa a
una treintena de colectivos de diferente índole y que está impulsada por el Open Society
Institute de la Fundación George Soros), el AMC (Amplo Movimento de Cidadoes), o el Jubilee
2000; y c) las plataformas integradas por las principales iglesias presentes en Angola –católica
y protestante- como son la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé (CEAST) y el
Comité Intereclesiástico para la Paz (COIEPA). Tanto el CEAST como el COIEPA
desempeñaron un papel fundamental de denuncia de la corrupción y de las violaciones de los
derechos humanos que MPLA y UNITA perpetraron durante la guerra.

Todas estas organizaciones tienen la difícil tarea de rescatar el tejido asociativo existente y de
articular y vertebrar nuevas propuestas. Éstas, muchas veces vinculadas a organizaciones de
base de las iglesias, siguen siendo un actor clave en el proceso de reconciliación a escala
comunitaria, en la capacitación de la sociedad civil y en la denuncia y presión sobre la
actuación gubernamental. Por otro lado, es necesario destacar el también fundamental papel
de las mujeres, quienes durante la guerra fueron tanto las principales víctimas de la violencia,
como el principal pilar de la comunidad y el motor de la casi inexistente economía. Este grupo
debería incorporarse a la esfera de la política y la toma de decisiones, asumiendo un mayor
liderazgo en la reconstrucción comunitaria y en la reinserción social, y proporcionando una
visión alejada de la mística de la masculinidad y el patriarcado.

7.- Garantizar el respeto y la protección de los Derechos Humanos. Según Naciones
Unidas, a pesar de que han desaparecido prácticamente las violaciones de derechos humanos
relacionadas con la guerra, siguen produciéndose abusos contra cuatro grupos, principalmente:
los desplazados internos, las mujeres, los menores y la población civil del enclave de Cabinda
(asunto éste último que se analizará más adelante) 16 . Durante el proceso de retorno y
reasentamiento de los cuatro millones de desplazados internos que había en el país,
numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o HRW
denunciaron los tratos vejatorios y las reiteradas violaciones que los miembros de la policía y
del ejército angoleño dispensaron a este grupo, en su mayoría mujeres y menores. La
protección y respeto de sus derechos, así como el enjuiciamiento de los responsables de estos
actos, suponen un paso esencial en la normalización de la vida política y social del país.

Otro escenario de violación de los derechos humanos, y a la vez de preocupante tensión e
inestabilidad, son las provincias diamantíferas de Lunda Norte y Sur (este), donde desde
principios de 2004 han sido expulsados más de 300.000 congoleses que trabajaban de forma
ilegal en la extracción de diamantes. Los abusos perpetrados por parte del ejército angoleño
contra esta población, especialmente contra mujeres y menores, se ha merecido la denuncia y
condena rotunda de numerosas organizaciones de derechos humanos que han exigido
responsabilidades a Luanda respecto a los hechos.

8.- Abordar el conflicto en el enclave de Cabinda. Este pequeño territorio situado en el
extremo norte del país, conocido como el ‘Kuwait africano’ y que produce entre el 60% y el 80%
de los ingresos petrolíferos de Angola, ha sido lugar de enfrentamientos armados entre las
fuerzas gubernamentales y el grupo armado de oposición independentista FLEC-FAC 17 desde
1975. Aunque tras el fin de la guerra con UNITA se recrudecieron los combates entre Luanda y
el FLEC-FAC, a mediados de 2003 algunos de los principales cuadros militares de dicho grupo
entregaron las armas y se integraron en las FAA. Además, un año más tarde las dos
principales facciones del FLEC decidieron unificarse con el objetivo de establecer una voz
única en una futura mesa de negociaciones con el Gobierno de Dos Santos, mostrando su
voluntad a entablar una salida negociada y definitiva al conflicto.

Sin embargo, también cabe subrayar que durante estos tres últimos años, organizaciones de
derechos humanos locales han acusado al Ejecutivo angoleño de cometer crímenes de guerra
contra la población civil y han solicitado la presencia de organizaciones humanitarias
internacionales en la zona, lo que evidencia que la resolución de esta situación es más
compleja de lo que parece. Máxime si se tiene en cuenta que el conflicto parte de dos posturas
irreconciliables: mientras que para el Gobierno angoleño Cabinda es parte de su territorio y no
contempla la secesión, para el FLEC, el enclave tiene una identidad, una historia y una cultura
diferentes a las del conjunto del país. De este modo, algunas voces han sugerido que la clave
para su resolución se fundamenta en la negociación de una autonomía que no despierte
recelos en otras regiones por los privilegios que pudiera adquirir 18 , la redistribución de los
recursos en la región y la restitución del daño ejercido contra la población civil.

9.- Reformular la participación internacional. Obviar la influencia de algunos Gobiernos
(especialmente de los de Francia y de EEUU) y de numerosas empresas transnacionales en el
devenir del conflicto supondría leer la historia de Angola únicamente a través de claves
internas. Lejos de ser así, la complicidad y beligerancia de la comunidad internacional también
ha condicionado en muchos momentos la evolución de la guerra. En primer lugar, las
compañías petroleras han participado del secretismo de la administración al no facilitar
información sobre los pagos efectuados al Gobierno y que, a menudo, han escapado al control
del Ministerio de Finanzas y del Banco Central. Gracias a esta dinámica, surgió en Angola una
elite política, conocida como nomenklatura petrolífera, que se enriqueció privando al resto de
los angoleños de la distribución de las riquezas del país 19 , y permitió que compañías como
ChevronTexaco, Elf, Exxon Mobil (Esso), BP-Amoco, Shell, Statoil y AGIP, obtuvieran de forma
constante beneficios globales extraordinarios. En un contexto posbélico marcado por la
herencia de años de corrupción y secretismo, la transparencia en la gestión de las finanzas
públicas y en las prácticas empresariales será un factor decisivo para el éxito de una
reconstrucción que beneficie a toda la población, y en ello, las empresas petroleras y los países
donantes tienen una responsabilidad directa en la promoción de la rendición de cuentas.

En segundo lugar, las cuatro décadas de guerra no pueden entenderse sin la participación de
determinados países en la venta y suministro de armas a cambio de la explotación de las
principales minas de diamantes o de importantes concesiones petrolíferas (el ya mencionado
escándalo ‘Angolagate’). De hecho, y según el propio Gobierno, unos 900 millones de dólares
generados por la exploración de varias plataformas -en las que estaban compañías como BP-
Amoco, Exxon-Mobil o Elf- fueron utilizados directamente para la compra de armamento en los
años de enfrentamiento armado 20 . Por lo tanto, la sujeción de la comunidad internacional a los
códigos de conducta que recomiendan no vender armas a países que se encuentran en un
conflicto armado o que, como es el caso actual de Angola, acaban de salir de éste, debería ser
otro de los pilares en los que se sustente la actuación internacional en la antigua colonia
portuguesa.


¿Qué elementos amenazan el actual proceso?
Más allá de los inmediatos y futuros retos que encara Angola, existen también una serie de
elementos que hacen temer por el deterioro de la situación política y social y que podrían llevar
al país a un escenario de inestabilidad, violencia y fracaso del proceso de rehabilitación. Son
aspectos, por tanto, que todas las partes deben tener muy en cuenta a la hora de revalorizar la
ventana de oportunidad en la que actualmente se encuentra el país. ¿Cuáles son estas
amenazas?

En primer lugar, el clima de creciente crispación y polarización existente entre el
Gobierno y la oposición que ha provocado una escalada de la violencia política en todo el
país y que ha llevado a las organizaciones de derechos humanos a advertir de las graves
consecuencias que puede conllevar esta dinámica. Tres episodios ilustran esta situación: 1) el
asesinato en julio de 2004 de un parlamentario del partido de oposición PDP-ANA,
organización que responsabilizó al propio partido del Gobierno (MPLA) de la autoría de los
hechos; 2) las acusaciones vertidas por UNITA en las que aseguraba que unas milicias
vinculadas de nuevo con el partido gubernamental (conocidas como ODC) habían perpetrado
varios ataques contra diputados de su partido, y; 3) los actos de violencia que tuvieron lugar en
agosto de 2004 en la provincia de Moxico (este) durante la visita a la zona del líder regional de
UNITA, quien señaló al gobernador provincial (perteneciente al MPLA) como principal
responsable de los hechos y advirtió del aumento de las intimidaciones contra sus miembros.

Un segundo elemento preocupante es el impresionante volumen de armas que posee la
población: casi un tercio de los angoleños -unos cuatro millones de personas- tienen armas
ligeras, según el Gobierno. Este fenómeno comporta serios peligros para la consolidación de la
paz y la estabilidad política, como son el incremento del crimen y la delincuencia, o el tráfico y
comercialización ilegal de armas, que podría también alimentar conflictos locales y regionales.
Aunque el Gobierno ha dado pequeños pasos en este ámbito desde el fin de la guerra -como la
aprobación de una ley de desarme de civiles o la implementación de un programa de
recolección de armas, que ha obtenido escasos resultados- es perentorio la puesta en práctica
de más iniciativas que intenten erradicar este problema y que cuenten con la participación e
implicación de las comunidades locales. Con relación a este asunto también es destacable la
alarmante masificación que sufre la capital, Luanda, donde actualmente se hacinan cerca de
cuatro millones de personas, a pesar de ser una ciudad planteada para acoger a unas 300.000.
De seguir así, Luanda podría convertirse en una auténtica ‘bomba de relojería’ debido a la
proliferación de armas ligeras y al incremento de la delincuencia y la violencia.

Por último, el progresivo sentimiento de frustración entre la población como consecuencia
de la percepción de que el fin de la guerra, por el momento, no ha supuesto una mejora de la
situación política, económica y social, y que el llamado ‘dividendo de la paz’ –es decir, los
recursos destinados a gastos sociales procedentes de una hipotética reducción en gastos
militares tras el fin de un conflicto armado- es un elemento inexistente y ficticio en el país. Esta
impresión, constatada por las agencias de Naciones Unidas y por las organizaciones que
trabajan sobre el terreno, es un alarmante indicio de que las cosas no se están haciendo del
todo bien y de que gran parte de los angoleños consideran que la única diferencia entre la
situación actual y la anterior a febrero de 2002 es la ausencia de enfrentamientos armados.


De una paz negativa a una paz multidimensional
Angola se encuentra ante la oportunidad de cambiar el rumbo de su historia, marcada por el
dolor y las secuelas de la guerra. Tres años después de la firma del acuerdo de paz, puede
considerarse que la vuelta a las armas es altamente improbable y que el proceso de
reconstrucción ha emprendido un camino más firme que en otras ocasiones. No obstante,
como se ha señalado, los déficits de los que parte el fin de la guerra, así como la existencia de
numerosos y exigentes retos y de algunas amenazas, requieren de la audacia, la agilidad y el
compromiso de todas y cada una de las partes implicadas en el proceso.

Reconstruir un país sin que se lleve a cabo un auténtico proceso de desmilitarización,
democratización, respeto de los derechos humanos y desarrollo económico, no es más que un
ejercicio de maquillaje para un territorio que adolece carencias y necesidades tan profundas.
En este sentido, una desmilitarización no sólo logística, sino también de las conciencias y de la
cultura de la violencia imperante tras años de guerra; una democratización que pase por la
rendición de cuentas y la plena participación de la sociedad civil en la esfera pública; unos
derechos humanos que integren de forma prioritaria a los grupos que la guerra ha maltratado
especialmente; y un desarrollo económico que se fundamente en la justicia social y la
redistribución de las enormes riquezas que posee Angola.

Así es, poner fin a cuatro décadas de guerra plantea el colosal desafío de construir una paz
con un carácter multidimensional: integrador, para que el ‘dividendo de la paz’ no sólo revierta
en las elites políticas y militares, sino en toda la población civil; positivo, para abordar las
causas del conflicto pero también las de la violencia estructural que han condenado a la
exclusión y a la extrema pobreza a la mayoría del país; y por último, sostenible, porque la paz
debe construirse sobre la participación y el protagonismo de un nuevo tejido social. Todo este
proceso, y en palabras de John Paul Lederach, puede costar, como mínimo, el mismo tiempo
que ha durado la guerra 21 , pero también debe estar impregnado del deseo y la voluntad real de
escribir una nueva historia para Angola. Una historia que, hasta el momento, se hace esperar.



Bibliografía utilizada y/o recomendada
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(www.worldwatch.org)
1
  BALENCIE, J-M, Mondes Rebelles, Michalon, París, 2001, p: 1074.
2
  GRIFFITHS, A, “The end of the war: the Luena Memorando of Understanding”, en MEIJER, G. (ed.), From Military
Peace to Social Justice? The Angolan Peace Process, Accord-Conciliation Resources, Londres, 2004
3
   Algunas ONG locales están llevando a cabo experiencias de reconciliación y de confrontación de los traumas
ocasionados por la guerra. UNICEF estima que un 66% de los menores angoleños ha visto como asesinaban a alguien
de su entorno y un 67% ha presenciado algún tipo de tortura. Ver: IRIN, Focus on healing and reconciliation, 11 de
marzo de 2003
4
  Actualmente se sitúa en el puesto 164 (sobre un total de 175 países) en el índice de Desarrollo Humano que elabora
el PNUD.
5
   Véanse los informes de MÉDICOS SIN FRONTERAS, Angola, after the war abandonment, agosto 2002, en
www.msf.org; de HUMAN RIGHTS WATCH, The war is over: the crisis of Angola’s Internally Displaced continues, julio
2002, y Struggling through peace: return and resettlement in Angola, agosto 2003, en www.hrw.org; de REFUGEES
INTERNATIONAL, Spontaneus Returnees in Danger of Being Marginalised, agosto 2003, en www.refintl.org; y de
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL, Angola: Lack of assistance undermines sustainable return of IDPs, marzo 2004,
en www.idpproject.org
6
  Esta iniciativa, auspiciada por Naciones Unidas y la Unión Africana, contará con la participación de numerosos países
africanos y tiene como principal finalidad abordar las cuestiones de paz, seguridad, democracia y desarrollo que
afectan a la región.
7
  “Angolagate” reveló la venta de armas del Gobierno del Presidente socialista F. Miterrand al ejecutivo del MPLA por
un valor de 633 millones de dólares, a cambio de concesiones petrolíferas entre 1992 y 1994. Ver GLOBAL WITNESS,
All the Presidents’ men, Marzo 2002.
8
   WATTEVILLE, N., Addressing Gender Issues in Demobilization and Reintegration Programs, Africa Region Working
Paper Series No. 33, Washington, World Bank, 2000: http://www.worldbank.org/afr/wps/wp33.htm
9
   Algunas fuentes cifran el número de menores soldado en 8.000 (el dato está basado en un estudio realizado en
1995). Por su parte, HRW estima que fueron 11.000 los menores reclutados durante la guerra. Ver: HUMAN RIGHTS
WATCH, Child Soldiers forgotten in Angola, abril 2003, http://hrw.org/press/2003/04/angola042903.htm.
10
   Existen algunos estudios en los que se refleja toda esta relación entre recursos, Gobierno y UNITA, y Gobiernos
occidentales y multinacionales. Ver: GLOBAL WITNESS, All the Presidents’ men, Marzo 2002 y A rough trade,
diciembre 1998; WORLD WATCH INSTITUTE, The Anatomy of Resource wars, octubre 2002.
11
    En concreto, en 1997 desaparecieron 1.800 millones de dólares, el 23% del PIB del país ese año. Ver informe
HUMAN RIGHTS WATCH, Some transparency, no accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its Impact on
Human Rights, enero 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/angola0104/angola0104.pdf
12
   TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Global Corruption Report 2004, mayo 2004, en:
http://www.globalcorruptionreport.org/
13
   En 1999 se descubrieron en Angola reservas de petróleo equivalentes a 1.390 millones de barriles, siendo este el
tercer mayor descubrimiento en términos de volumen, después de Irán y Arabia Saudita. Los ejecutivos de la industria
del petróleo calculan que la producción de Angola sobrepasará a la de Nigeria en los próximos diez años. The
Economist Intelligence Unit, “Informe sobre país: Angola”, agosto 2000.
14
   PACHECO, F., “The land issue in the context of peacebuilding: development or conflict?” en MEIJER, G. (ed.), From
Military Peace to Social Justice? The Angolan Peace Process, Accord-Conciliation Resources, Londres, 2004
15
   Íbid.
16
    NACIONES UNIDAS, Informe del Secretario General sobre la Misión de Naciones Unidas en Angola, 07/02/03
(S/2003/158)
17
    El FLEC-FAC basa sus reivindicaciones independentistas en el hecho de que, bajo el poder colonial, Cabinda y
Angola fueron entidades separadas (Cabinda fue protectorado portugués desde 1885 hasta 1956, cuando
administrativamente entró a formar parte de Angola).
18
   INTERNATIONAL SECURITY STUDIES, Cabinda: Notes on a soon to be forgotten war, Occasional paper 77, agosto
2003, en www.iss.co.za
19
   ENNES FERREIRA, M., La reconversion économique de la nomenklatura pétrolière, en Politique Africaine, Angola, nº
57, marzo 1995
20
   HUMAN RIGHTS WATCH, El programa de control de personal del FMI para Angola: las implicaciones en Derechos
Humanos, junio 2000
21
   LEDERACH, J-P, Construyendo la paz en sociedades divididas, Guernika Gogoratuz, Bilbao, 1997