La función del derecho en torno al crecimiento económico by yzc11728

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									    La función del derecho en torno al crecimiento económico
                                                               Por: José Alvaro Cálix Rodríguez

El presente articulo pretende esbozar algunas relaciones posibles entre el derecho
como conjunto normativo y el crecimiento económico. Para ello nos referiremos al
crecimiento en atención a la visión holística que plantea el paradigma de desarrollo
humano sostenible, donde el ingreso de las personas es un aspecto importante, pero
no el único que explica el mejoramiento de los niveles de desarrollo de las personas.

Desde esta perspectiva se plantea que el crecimiento económico se vería favorecido si
concurren dos condiciones esenciales, a saber: a) adecuados niveles de seguridad
jurídica; y, b) orientación del derecho hacia una justicia redistributiva.

El diccionario de la real academia española define al derecho como “un conjunto de
principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda
sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza”.

El derecho como conjunto de normas requiere de instituciones formales que incentiven y
garanticen el cumplimiento de los preceptos. De aquí se desprende que no sólo se
precisa de instituciones adscritas al sistema tradicional de justicia, sino que también de
entidades reguladoras y estimuladoras para que los actos y contratos se realicen dentro
de los parámetros de la legalidad.

Por otra parte el cumplimiento del derecho se ve favorecido por la existencia de una
cultura ciudadana que interiorice en el sujeto una actitud reflexiva que lo lleve a adquirir
la convicción de que una determinada ley es justa y debe de acatarse aún sin necesidad
de que intervengan los medios coercitivos de la autoridad.

Ambos elementos, la institucionalidad y la actitud de la ciudadanía, adecuadamente
combinados, estarían facilitando la aplicación del derecho en la sociedad.


El crecimiento económico en la perspectiva del desarrollo humano

El fin de siglo XX nos enfrenta con una realidad apremiante: el paso avasallador de un
modo de pensar y actuar afincado en una lógica economicista que ha invisibilizado otras
dimensiones inherentes a la calidad de vida humana.

Frente a tal tendencia hegemónica, encontramos un paradigma en construcción que
proclama la necesidad de situar al ser humano como el centro del desarrollo, y por ende
hacerle sujeto de un proceso de acumulación de oportunidades sociales, económicas,
políticas y culturales que permitan el despliegue de sus potencialidades. “Ampliar las
opciones y capacidades de las personas” es una forma resumida con la que el
paradigma intenta definir al desarrollo humano sostenible.

Uno de los énfasis principales de este planteamiento consiste en considerar al ingreso
como una de las oportunidades de las que deben disponer las personas, más no la
única, por cuanto que la libertad, la seguridad personal, la educación y la salud son
otros aspectos que no se garantizan automáticamente por el simple hecho de poseer un
ingreso aceptable. De ahí que ciertas sociedades hayan logrado altos niveles de


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desarrollo humano con modestos niveles de ingreso per cápita, producto de la acertada
adecuación de sus políticas, leyes e instituciones.

En el paradigma del desarrollo humano sostenible la gente debe de ser el centro del
desarrollo; lo que realmente cuenta es como ella participa en el crecimiento económico
y como se beneficia del mismo. El proceso de producción es indispensable pero no
debe dañar la calidad de vida de las personas (Mahbub ul Haq, 1992). De ahí que en
términos del desarrollo humano, la distribución del producto nacional bruto sea tan
importante como su crecimiento (PNUD, 1990).

Es por ello que una de las principales conclusiones de los informes de desarrollo
humano es que el crecimiento económico no mejora automáticamente las vidas de las
personas, lo cual nos remite inmediatamente a la manera en como los resultados del
crecimiento son repartidos. A nivel internacional tenemos que la diferencia del ingreso
entre el quintil de la población mundial que vive en los países más ricos y el quintil que
vive en los países pobres era de 30 a 1 en 1960, 60 a 1 en 1990 y, 78 a 1 en 1997
(PNUD, 1997, 1999).

Sin perjuicio de las implicaciones de este dilema distributivo, para los países menos
desarrollados el crecimiento es un imperativo, donde no sólo debe preguntarse cuánto
crecer, sino que también reflexionar sobre el tipo de crecimiento: ¿Cómo se está
aumentando la productividad de la gente y quienes se benefician de la misma?.
Aspectos como el acceso de los pobres al crédito, tecnología y otros insumos de
producción, merecen prioridad. En 1992 el Informe mundial de Desarrollo Humano
expresaba que a nivel internacional el 20% más pobre de la población mundial
participaba apenas del 0.2% de los préstamos internacionales otorgados por la banca
comercial, del 1.3% de la inversión internacional y del 1% del comercio internacional
(PNUD, 1992).


El crecimiento económico y el ordenamiento jurídico

El crecimiento, en su condición de medio para el desarrollo humano sostenible (DHS),
precisa que el ordenamiento legal favorezca la seguridad de las operaciones
económicas, pero a su vez, requiere de regulaciones que salvaguarden los derechos
de las personas ante las inflexiones del mercado. Una adecuada combinación de
estos aspectos estaría incidiendo en el aumento de la riqueza susceptible de ser
producida y distribuida entre toda la población.

Una condición esencial del derecho para su interacción virtuosa con el crecimiento
estriba en el hecho de que las leyes no deben ser, ni deben ser percibidas como una
camisa de fuerza que desalienta la iniciativa privada. Esta pretensión requiere que el
Estado tenga definida en forma meridiana la orientación que desea generar en la
sociedad, qué aspectos regulará, cómo y quién lo hará. Asimismo se precisa de
adecuados niveles de madurez ciudadana, para comprender que si bien la iniciativa
particular no debe ser maniatada por el sistema jurídico, debe ser limitada en tanto su
ejercicio perjudique los derechos de terceros y el interés general.

Por otra parte la protección de los derechos de las personas frente al orden económico
y la orientación distributiva del derecho, es un tema que implica serios debates respecto
a los riesgos de “desarticular los incentivos que hacen funcionar a una economía de


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mercado” al alterar las condiciones iniciales en aras de propiciar la igualdad de
oportunidades.    Es decir, se advierte que por anteponer las ventajas de una
redistribución más rápida al crecimiento puede perpetuarse la pobreza; por lo que se
sugiere que la política económica propicie un ambiente adecuado para al “crecimiento
vigoroso y sostenido”, fijando entonces políticas y marcos legales redistributivos que
reduzcan la desigualdad sin dañar los incentivos. (Fontaine, Juan Andrés, 1999)

La seguridad jurídica

Existe una variada evidencia respecto a que la incertidumbre en la determinación y
aplicación de las leyes dañan el crecimiento del sector privado, especialmente en los
países menos desarrollados. Pueden citarse algunos estudios que nos ilustran como el
de De Soto (1989) sobre el problema del sector informal en Perú, la descripción de
Kiltgaard (1990) sobre la incertidumbre para hacer negocios en Guinea Ecuatorial, o el
análisis de la inestabilidad institucional en Nicaragua (Borner, Brunneti and Weder,
1995). Tales estudios muestran como la acción impredecible del Estado puede tener
grandes costos en términos de desarrollo económico. (World Bank, 1997)

Si las empresas no tienen certeza sobre las regulaciones vigentes en el corto plazo, si
no confían en que los contratos serán respetados, o en que sus derechos de propiedad
serán protegidos, entonces la reacción común de sus accionistas es cesar las
inversiones en una zona determinada. El efecto no solo es en relación con las
inversiones actuales, sino que también se desincentivan inversiones potenciales (Ibíd.).

Para nuestros fines esbozaremos una aproximación conceptual de la seguridad jurídica,
considerándola como: la garantía efectiva de que los actos y contratos no serán
perturbados por acciones arbitrarias de la autoridad ni de los particulares, para lo cual
se requiere crear y fortalecer un aparato legal-institucional que vele por el debido
cumplimiento (en tiempo y forma) de los derechos y deberes correspondientes a las
personas.

Atendiendo a ese alcance teórico, destacaremos dos elementos esenciales de la
seguridad jurídica: a) libertad de contratación y autonomía de la voluntad con garantía
efectiva contra acciones arbitrarias; b) presencia de un marco legal institucional que
estimule el cumplimiento de las normas.

La ausencia de cualquiera de estos elementos causaría efectos adversos sobre la
sociedad. Entre algunos de las consecuencias negativas que podría generar la
inseguridad jurídica, podemos citar:
    •   Incumplimiento de los derechos y deberes por parte de los sujetos.
    •   Desconfianza ciudadana para celebrar actos y contratos.
    •   Falta de credibilidad en las instituciones encargadas de aplicar la ley.
    •   Desprotección de las personas en el medio social.

Como puede colegirse, estos efectos no se dan de manera aislada sino que están
concatenados el uno al otro, generando un círculo vicioso que puede llegar a perturbar
seriamente la dinámica social. La situación se agrava si colateralmente la sociedad va
experimentando un debilitamiento de valores de pretensión universal, tales como la
responsabilidad, la honestidad, y la justicia.


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Douglas North, (Premio Nóbel de Economía, 1993) argumenta que la incapacidad de las
sociedades para establecer el cumplimiento de los contratos eficazmente y a bajo costo
es la fuente más importante del subdesarrollo contemporáneo. No discutiremos en este
momento si realmente esa es la fuente de mayor incidencia, pero si deseamos significar
la importancia que le es atribuida como factor explicativo de los bajos niveles de
crecimiento y desarrollo. La confianza en las transacciones es vital para el soporte
productivo; y aunque la confianza no se genera exclusivamente por la formalidad
jurídica -ya que el conocimiento personal de la contraparte y las normas morales
pueden actuar eficazmente-, lo cierto es que un mundo cada vez más globalizado, la
transacción tiende a realizarse entre personas que poco o nada se conocen, donde la
única sensación de certidumbre la brindan las garantías legales y las instituciones al
efecto creadas.

Es por ello que en el contexto actual, la seguridad jurídica fortalece la libertad de
contratación, produciendo confianza en las operaciones económicas, y como resultado
de esto se espera que se agilice el crecimiento. De ahí que los entes financieros
internacionales insistan en estos temas como desafíos impostergables de los países,
especialmente los más deprimidos económicamente. En aras de fortalecer estos
factores se han priorizado los siguientes aspectos para ser regulados y adecuados:

   •   Derechos del consumidor y libre competencia
   •   Derechos de propiedad
   •   Sistema financiero
   •   Adecuación administrativa del Estado para facilitar la constitución y desarrollo de
       las empresas
   •   Transparencia de las contrataciones del Estado
   •   Promoción de las inversiones y el comercio internacional
   •   Aspectos laborales y de seguridad social
   •   Aspectos medio-ambientales
   •   Sistema judicial expedito, imparcial y de libre acceso.

Tales medidas no se producen en el vacío, puesto que requieren niveles adecuados de
estabilidad política, en el sentido de que las nuevas políticas y leyes: financieras,
comerciales, fiscales, judiciales, entre otras, gocen de continuidad, y no sean
trastocadas por grupos o intereses particulares que subordinen para ello al aparato
estatal.


La función social del derecho en torno al crecimiento económico

Si el derecho es vaciado de su contenido teleológico para convertirse en “pura técnica
formal”, donde la igualdad de derechos es un “puro legalismo positivo”; le estamos
restando su fundamento de justicia, tornándolo en un “artificio”, “en regla de juego, en
espacio para la negociación de los intereses económicos en conflicto.” (Barcellona,
Pietro, 1992).



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Dentro de lo que el derecho puede dar de sí, y con base a los términos en que hemos
tratado de plantear la seguridad jurídica, diremos que ésta no es suficiente garantía
para estimular un crecimiento económico en los parámetros que el desarrollo humano
supone.

Por lo tanto se requiere que el marco legal también promueva las oportunidades y
capacidades de los diferentes sectores poblacionales, y no solamente a los que en este
momento pueden insertarse eficazmente en la actividad productiva. Aquí podemos
retomar a Rawls con su propuesta de justicia distributiva mediante el esfuerzo por una
igualdad de oportunidades, de modo que los menos aventajados hoy, reciban
oportunidades especiales que los puedan incorporar al sistema productivo (López
Burniol, J. José, 2000).

Convendría agregar que no sólo debe pensarse en función de los que –en desventaja
hoy- con cierta protección pueden alcanzar capacidades suficientes para participar
activamente en la productividad de su entorno económico. Es decir, debe repensarse en
aquellos que por una u otra razón, como puede ser la edad avanzada o alguna
discapacidad extrema, se sabe de antemano no formarán parte activa del engranaje
productivo.

Con ello se pretende subrayar que a pesar de los aportes sustanciales de la seguridad
jurídica al desarrollo, ésta no sigue necesariamente una orientación de equidad, ya que
este pilar del desarrollo sólo podrá ser potenciado por el ordenamiento jurídico en la
medida que promueva la protección de derechos humanos excluidos hasta hoy de la
lógica economicista.

Esta exclusión no puede pasar inadvertida al contemplar algunas externalidades que se
dan con el actual orden económico, especialmente en cuanto a la precariedad del
empleo por la desregulación del derecho al trabajo y su subordinación progresiva a la
esfera del derecho mercantil. No con esto vamos a negar el enorme impulso que ha
recibido la actividad económica como producto de la flexibilización del trabajo y la
liberalización del capital, pero si debemos visibilizar los efectos negativos que este
fenómeno ha provocado en el mundo contemporáneo.

Especialmente para las economías en desarrollo, una vez que estas dependen
esencialmente de la atracción y retención de los capitales extranjeros, esto puede tener
algunas implicaciones perjudiciales para las condiciones de vida y trabajo de la gente.
Los movimientos imprevistos de los flujos de capital que salen de un país pueden
afectar dramáticamente las condiciones económicas y sociales de las personas, como
ya lo han experimentado poblaciones de Latinoamérica y el sudeste asiático. (Ghosh,
Jayati, 1999)

Sería normal preguntarse cómo asegurar la protección de la gente que se ve afectada
por sucesos, ante los cuales poco o nada puede hacer; acontecimientos que muchas
veces no dependen de la formación o capacitación laboral, y ni siquiera del entorno
socio-político, sino que de otras variables –incluso coyunturales- asociadas a
conveniencias financieras de los grupos económicos hegemónicos.

Preocupa sobremanera esta situación cuando notamos que en el mundo occidental la
tendencia a reducir la acción social del Estado avanza día a día, sin antes haber dado
respuesta a la pregunta anterior. De igual forma, observamos como va adquiriendo


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progresiva relevancia el reemplazo de un Estado social por un Estado penal para
reprimir el incremento de la delincuencia y otras conductas atípicas para el orden
imperante; de ahí que aspectos como el de la policía, el proceso judicial y las cárceles
adquieran notoria prioridad como disuasivos de la inseguridad.

Ante tales perspectivas, la función social del derecho, en su orientación hacia el
bienestar general, se nutre pero no se agota con la mera seguridad contractual; puesto
que colateralmente deben reconocerse y garantizarse los derechos especiales de
aquellos que en un momento dado se ven implicados en una relación desigual con
respecto a otros sujetos.


A manera de conclusión

En cuanto a la materialización del derecho, se plantean dos factores esenciales para
facilitar el cumplimiento del marco legal acordado: a) la convicción ciudadana de que las
leyes son justas y deben respetarse, y; b) la existencia de una institucionalidad
apropiada que respalde la aplicación del derecho vigente. Uno, alude al carácter
autónomo del sujeto y los motivantes que influyen en su actitud frente a la leyes; el otro,
refiere al carácter heterónomo del derecho y a la disposición de los medios materiales
pertinentes para estimular y exigir el acatamiento de la norma.

En el caso concreto del crecimiento económico, como elemento subordinado de la
productividad en la concepción del DHS, precisa de la concurrencia de dos aspectos
fundamentales: a) niveles adecuados de seguridad jurídica, y; b) apertura del marco
legal hacia el reconocimiento y garantía de derechos humanos que no deberían verse
minimizados por los efectos directos y externalidades causadas por las tendencias del
orden económico.


Referencias Bibliográficas

Barcellona, Pietro. 1992. Postmodernidad y Comunidad, el regreso de la vinculación social,
1992.
Brunetti, Kisunko and Weder. 1997. Institucional Obstacles to Doing Busines, (Backgraound
Paper for World Development Report 1997).
Fontaine, Juan Andrés, 1999. “¿Crecimiento con equidad?” En CHILE: Los desafíos éticos del
presente, PNUD.
Ghosh, Jayati. 1999. Rules of Economic Integration and Human Rights, (Background paper for
Human Development Report, 2000).
Haq, Mahbubul, 1992. Human Development in a Changing World.

López Burniol, Juan-José. 2000. “Hacia una política que renueve lo jurídico.” Revista El Cuervo
(España).
PNUD. 1990. Informe Mundial de Desarrollo Humano.
PNUD. 1998. Informe sobre Desarrollo Humano Honduras.




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