MOVIMIENTO SINDICAL INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO EN DEFENSA DE

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MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS
                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




Guatemala, 27 de agosto de 2007.



Señores (as):
Departamento de Normas Internacionales de Trabajo
Organización Internacional del Trabajo –OIT-;
Ginebra, Suiza.



Por medio de la presente, el Movimiento Sindical Guatemalteco y las
organizaciones indígenas y campesinas, representado por las siguientes
organizaciones representativas y legítimas de las trabajadoras y trabajadores:

a) Confederación central de trabajadores del campo y la ciudad (CTC), quien
señala como lugar para recibir comunicaciones la 12 calle “A” 12-44 zona 1 de la
ciudad de Guatemala;

b) Confederación central general de trabajadores de Guatemala (CGTG), quien
señala como lugar para recibir notificaciones la 3 avenida 12-22 zona 1 de la ciudad de
Guatemala;

c) Confederación de unidad sindical de Guatemala (CUSG), quien señala como
lugar para recibir comunicaciones la 12 calle “A” 0-37 zona 1 de la ciudad de
Guatemala;

d) Coordinadora nacional de organizaciones campesinas (CNOC), quien señala
como lugar para recibir comunicaciones la 5 calle 1-61 Zona 1 de la ciudad de
Guatemala;

e) Coordinadora nacional sindical y popular (CNSP), que señala como lugar para
recibir comunicaciones la 1 avenida 9-91 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

f) Federación nacional de sindicatos de trabajadores del Estado de Guatemala
(FENASTEG), quien señala como lugar para recibir comunicaciones la 18 calle 6-72
zona 1 de la ciudad capital;

g) Federación sindical de empleados bancarios y de servicios (FESEBS), quien
señala como lugar para recibir comunicaciones la 7 avenida 22-01 zona 1 de la ciudad
de Guatemala;

h) Federación sindical de trabajadores de la alimentación agroindustrias y
similares de Guatemala (FESTRAS), quien señala como lugar para recibir
comunicaciones la 16 avenida 13-52 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

i) Federación sindical obrero campesina (FESOC), quien señala como lugar para
recibir comunicaciones la 3 calle 11-22 A zona 2 de la ciudad de Guatemala;

j) Frente nacional de lucha en defensa de los servicios públicos y recursos
naturales (FNL) a cuya organización esta adscrito el Sindicato Nacional de de
trabajadores de salud de Guatemala, quienes señalan como lugar para recibir
comunicaciones la 9 avenida 13-24 zona 1 oficina 309 de la ciudad de Guatemala;

k) Sindicato de trabajadores de distribuidora de occidente S.A. (SITRADEOCSA),
quien señala como lugar para recibir comunicaciones la 3 avenida 12-22 zona 1 de la
ciudad de Guatemala;


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l) Sindicato de trabajadores de la distribuidora de electricidad de oriente S.A.
(SITRADEORSA), quien señala como lugar para recibir comunicaciones la 3 avenida
12-22 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

m) Sindicato de trabajadores peteneros distribuidora de oriente sociedad
anónima (SITRAPDEORSA), quien señala como lugar para recibir comunicaciones la
3 avenida 12-22 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

n) Unión sindical de trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), que señala como
lugar para recibir comunicaciones la 9 avenida 1-43 zona 1 de la ciudad de
Guatemala;

De manera respetuosa comparecemos ante Ustedes con el objeto de remitirles en
nombre del MOVIMIENTO SINDICAL GUATEMALTECO los comentarios sobre los
Convenios: -87- Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización;
-98- Sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva; -111- Sobre la
discriminación en el empleo y la ocupación; -122- sobre la política de empleo y -144-
sobre la consulta tripartita, con base en lo siguiente:

                                     EXPONEMOS:

   1.   El Movimiento Sindical Guatemalteco, previamente a entrar en materia de la
        presente comunicación, quiere dejar constancia ante la comunidad
        internacional representada en la Organización Internacional del Trabajo de su
        preocupación por el estado permanente de irrespeto y violación de las
        garantías fundamentales de las trabajadoras y trabajadores de Guatemala;
        condiciones que imposibilitan no sólo el acceso de la población a un trabajo
        decente sino que la consecución de las aspiraciones distributivas del desarrollo
        manifestadas en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y
        en la Declaración de Filadelfia.

   2.   Si bien es cierto, en el proceso productivo existe una participación tripartita de
        la cual participan los trabajadores, los empleadores y el Estado, la inexistencia
        de un cumplimiento voluntario de los derechos inherentes al trabajo le genera
        al Estado el deber jurídico de restaurar las garantías violadas y el deber ante
        su población y ante la comunidad internacional de asegurarse de que estas
        violaciones no se conviertan en una ventaja competitiva ante naciones que han
        alcanzado o se encuentran en vías de alcanzar niveles aceptables de respeto
        y cumplimiento de las garantías sociales y económicas que asisten a las
        trabajadoras y trabajadores.

   3.   La inexistencia en Guatemala; en primer lugar, de una cultura de respeto de
        los derechos de las trabajadoras y trabajadores por parte del sector empleador
        y; en segundo lugar, de un Estado que garantice de manera efectiva a través
        de los procedimientos ante la institucionalidad laboral la reparación de las
        garantías violadas y las condiciones para evitar que estas violaciones se
        ejecuten, sea de manera persuasiva o coercitiva, han colocado a las
        organizaciones sindicales más representativas de las trabajadoras y
        trabajadores de Guatemala ante el reto y el deber de emprender acciones
        conjuntas a efecto de instar a la comunidad internacional representada en la
        Organización Internacional del Trabajo a coadyuvar en nuestra lucha por hacer
        frente y detener la constante, reiterada y sistemática violación de los derechos
        laborales.

   4.   Es evidente que, debido al papel de interlocutor social, de defensor de los
        derechos y garantías reconocidos a las trabajadoras y trabajadores y de entes
        impulsores de la creación de condiciones económicas y sociales más

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       favorables para la mayoría de la población, un ataque sistemático y de la
       magnitud que enfrentan las garantías laborales en Guatemala entraña
       necesariamente un ataque férreo en contra de la libertad sindical, de la
       negociación colectiva y del derecho de huelga, instituciones a través de las
       cuales se canaliza la interlocución social, la defensa y la actualización
       progresiva de las condiciones económico-sociales de la población derivadas
       del desarrollo del proceso productivo y de la participación en este de las
       trabajadoras y trabajadores.


  5.   Es por ello que las organizaciones sindicales de los trabajadores más
       representativas de Guatemala hemos tomado la decisión de iniciar un proceso
       de acción conjunta, entre otros,        ante los diversos organismos de la
       Organización Internacional del Trabajo en el cual actuaremos como
       Movimiento Sindical Guatemalteco declarando que toda acción, además de la
       presente comunicación, emprendida por alguna de las organizaciones
       firmantes, contará con el apoyo y el respaldo irrestricto de todas y cada una de
       las organizaciones que suscribimos este documento en reclamo de nuestra
       libertad sindical por que solicitamos que, en respeto de esa libertad sindical y
       en apoyo al esfuerzo que a partir de este momento emprendemos, al referirse
       a quienes presentamos esta comunicación, no se nos cite de manera individual
       sino como “Movimiento Sindical Guatemalteco”.

  6.   De la misma manera, solicitamos a la comunidad internacional representada
       en la Organización Internacional del Trabajo que investigue y cuestione al
       Estado de Guatemala de manera severa por las prácticas violatorias de las
       garantías laborales y por ende de los compromisos asumidos ante dicha
       comunidad a través a la ratificación de los distintos Convenios Internacionales
       emanados de la conciencia democrática que priva en la Organización
       Internacional del Trabajo y que a través de dicho cuestionamientos nos ayuden
       a crear las condiciones necesarias para alcanzar el pleno respecto de los
       derechos de las trabajadoras y trabajadores en Guatemala.




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C087. CONVENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE
SINDICACIÓN, 1948:


RATIFICACIÓN.

El Convenio 87, Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
fue ratificado por Guatemala el 28 de enero de 1952 y publicado en el Diario Oficial el
día 11 de febrero de 1952.

Decreto 843 del Congreso de la República emitido con fecha 7 de noviembre de 1951.


APLICABILIDAD EN EL ÁMBITO DE OIT

Dicho Convenio es aplicable a Guatemala en virtud de lo establecido por los artículos
19 y 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración
de Filadelfia “Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo”, adoptada el 10 de mayo de 1944 la “Declaración de la OIT
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento” ,
de fecha 18 de junio de 1998.


APLICABILIDAD EN EL AMBITO DEL SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS.

La protección al derecho de libre sindicalización que se establece en el Convenio 87
coincide con la protección en contra del mismo que los instrumentos internacionales
creados dentro del sistema de protección regional de los Derechos Humanos a que
pertenece Guatemala; en ese sentido, el instrumento de que el Estado de Guatemala
forma parte dentro de este sistema regional de protección es el Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) que garantiza este
derecho en su artículo 8.


APLICABILIDAD EN EL AMBITO DEL SISTEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS.

La protección contra el trabajo forzoso que se establece en el Convenio 87 se
encuentra contemplada en el sistema global de protección de los Derechos Humanos
especialmente en los artículos 22 de El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


APLICABILIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.

Toda la protección existente en materia de trabajo forzoso, sea en el ámbito específico
de OIT o en los sistemas de protección global y regional de los derechos humanos, se
encuentran plasmadas en instrumentos internacionales de los cuales el Estado de
Guatemala forman parte y, su observancia, se encuentra resguardada en el derecho
internacional público especialmente en los artículos 2, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de
la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados.




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                         VIOLACIONES AL CONVENIO 87


                                      Artículo 2

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como
el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos
de las mismas”

                                     Artículo 3.

“1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el elegir libremente sus
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su
programa de acción.       2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda
intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal.”.



Respecto a este artículo, es necesario señalar que sus alcances resultan mucho
mayores los expresados en el texto del mismo toda vez que, sobre la base del espíritu
de sus disposiciones, el Comité de Libertad Sindical a través de sus disposiciones ha
establecido como elementos fundamentales de tal protección, a grandes rasgos, los
siguientes:

   1. El pleno respeto de las garantías fundamentales de la persona.
   2. La libertad de afiliarse o no a una organización sindical,
   3. La prohibición de la injerencia de los empleadores en el ejercicio de este
       derecho por parte de los trabajadores y viceversa.
   4. La prohibición de la injerencia del Estado, de manera directa o de indirecta en el
       ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores o los empleadores.
   5. La prevención de las violaciones a la libertad sindical.
   6. La existencia de un ordenamiento jurídico efectivo que garantice las
       condiciones necesarias para el libre ejercicio de este derecho.
   7. La prevención de las violaciones a este derecho por parte de trabajadores o
       empleadores.
   8. La solución pronta y efectiva de los conflictos generados por la violación de este
       derecho o de las condiciones necesarias para su libre ejercicio.
   9. La inexistencia de deficiencias cualitativas en las resoluciones administrativas o
       judiciales en caso de violación de este derecho.
   10. La inexistencia de presiones que afecten el libre ejercicio de este derecho.

Pese a lo anterior, en el Estado de Guatemala, no se satisface alguno de tales
elementos, lo cual resulta evidente de la decreciente tasa de sindicación reconocida
por el propio Gobierno ante los distintos órganos de OIT.

Debe señalarse que, más allá de las declaraciones de buena voluntad por parte del
gobierno de Guatemala, las condiciones denunciadas no han observado en el período
que abarca el presente informe algún avance real, por el contrario, se han marcado
severos retrocesos.

Sin perjuicio de ampliar y presentar nuevos casos en posteriores comunicaciones,
ejemplificamos tal situación en los siguientes casos concretos:




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  1. Represión Antisindical:



CASO PEDRO ZAMORA:

  1. El 15 de enero de 2007 fue brutalmente asesinado el compañero PEDRO
     ZAMORA, Secretario General de Sindicato de Trabajadores de la Empresa
     Portuaria Quetzal.
  2. A la presente fecha, el asesinato de dicho compañero sigue impune; ni el
     Ministerio Público ni la Policía han emitido conclusión alguna respecto a los
     motivos de su asesinato y los posibles actores materiales e intelectuales de
     dicho hecho de sangre..
  3. El asesinato del compañero PEDRO ZAMORA y la lentitud e ineficiencia en el
     esclarecimiento del crimen reafirman que en Guatemala no existen las
     condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad sindical; es decir, en un
     clima exento de violencias o presiones de cualquier clase.


CASO MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÒN SOCIAL:

  1. Pese a ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social la institución del
     Organismo Ejecutivo encargada de velar por el cumplimiento de la normativa
     laboral vigente, entre ella los convenios internacionales ratificados por el Estado
     de Guatemala, el mismo ha insistido en el incumplimiento de órdenes de
     reinstalación y de pago de salarios y demás prestaciones laborales omitidas en
     pago.
  2. Actualmente, existen varias ordenes de reinstalación que el propio Ministerio de
     Trabajo no ha cumplido, y citamos los siguientes casos: Antonio Inocente
     Ovalle Cabrera, juicio 249-2004 del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión
     Social Oficial y Notificador 5to, Carlos Geovani Mérida Robledo, juicio 779-
     2005, Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social, Oficial y Notificador 5to;
     Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social Oficial y Not. 5To, y en otro
     casos no ha pagado los salarios dejados de percibir como los siguientes casos:
     Elio Ricardo Rufino Ochoa, juicio 20-2004, oficial y not. 5To, del Juzgado
     Primero de Trabajo y Previsión Social, Olga Margot Mendoza Puac, juicio 278-
     2004 Of y Not. 5to.


CASO SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN –SIGETRAMINEDUC-

  1. Como un mecanismo de represión antisindical, el Ministerio de Educación ha
     iniciado un Juicio ordinario de autorización judicial para despedir a los dirigentes
     sindicales sin que exista causal justa de despido, es decir, sin que opere el
     presupuesto que regula el artículo 223 inciso d) del Código de Trabajo. El
     proceso se está conociendo actualmente como juicio número 1777-2004 y se
     tramita en el Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social, a cargo del oficial y
     notificador 5to, siendo los dirigentes afectos ARTURO MESIAS ORTIZ,
     CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DIAZ, CONCEPCIÓN CRUZ ALDANA,
     ELSA REGINA RIVAS MERLOS y MANUEL ESTUARDO LOPEZ AREVALO,
     quienes son miembros del Sindicato General de Trabajadores del Ministerio de
     Educación –SIGETRAMINEDUC-, ya que se pretende despedirlos y obtener
     autorización judicial sin que exista causal justa de despido; únicamente se
     quiere despedir por reorganización lo cual no es causa justa de despido
     conforme lo establece los artículos 76 de la Ley de Servicio Civil y 223 inciso d)
     del Código de Trabajo.



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CASO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA:

      1. Las Autoridades, de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, desde
          hace mas de 3 años, han emprendido una campaña de ataque y
          desprestigio hacia la organización sindical a efecto de logar su destrucción
          ante la negativa de dichas autoridades de negociar el Proyecto de Pacto
          Colectivo de Condiciones de Trabajo presentado por la organización sindical
          para su negociación con la entidad patronal.
      2. Estos ataques han incluido múltiples comunicados de la Gerencia de El
          Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala atacando al Sindicato y a su
          dirigencia, comunicados que son distribuidos a los trabajadores por dichas
          autoridades, igualmente se le han iniciado de manera injustificada y
          procesos administrativos disciplinarios en contra de los directivos sindicales
          tendientes a justificar el despido de dichos trabajadores.
      3. Estas actividades antisindicales ejercidas por las autoridades de El Crédito
          Hipotecario Nacional de Guatemala, han sido ya condenadas por el
          Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, como
          consta en la Resolución del Procurador de los Derechos Humanos de fecha
          7 de marzo de 2007, dictada dentro del expediente identificado como
          REF.EXP.ORD.GUA. 180-2006/ DEESC, la cual acompañamos a la
          presente comunicación.
      4. Paralelo a ello, las autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de
          Guatemala, pese a la naturaleza permanente de las actividades para las
          cuales son contratados, con el fin específico de mantener la inestabilidad
          laboral de dichos trabajadores, ha recurrido a la contratación temporal de
          trabajadores a quienes persuade de no afiliarse o desafiliarse al sindicato
          bajo el argumento de la no renovación de los contratos que los vinculan a la
          institución si participan o apoyan las actividades del sindicato.
      5. Con fecha 15 de diciembre de 2006, el Sindicato de Trabajadores de El
          Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala realizó la elección de los
          integrantes de su Comité Ejecutivo, hecho que fue dado a conocer a las
          autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala mediante
          oficio de fecha 18 de diciembre de 2006.
      6. Mediante oficio número 03276, de fecha 18 de diciembre de 2006 y
          entregado al Sindicato con fecha 20 de diciembre de 2006, la Gerente de
          Recursos Humanos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
          comunica al compañero Edgar Vinicio Ordóñez García, en su calidad de
          Secretario General del Sindicato de Trabajadores de El Crédito Hipotecario
          Nacional de Guatemala, que la institución patronal NO RECONOCE A LOS
          DIRECTIVOS ELECTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL SINDICATO.
          Adjuntamos fotocopia del referido oficio.
      7. Mediante oficio 0386, de fecha 18 de diciembre de 2006, suscrito por el
          Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la
          institución patronal manifiesta expresamente a la Dirección General de
          Trabajo, que NO RECONOCE A LOS DIRECTIVOS ELECTOS POR LA
          ASAMBLEA GENERAL SINDICATO.
      8. Con fecha 26 de diciembre de 2006, la Dirección General de Trabajo del
          Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emire resolución dentro del
          expediente 943-2006, en donde, no solo no apercibe a la entidad patronal
          de que no constituye facultad del patrono reconocer a los directivos
          sindicales sino que deja abierta la posibilidad para que el patrono recurra la
          resolución que inscribe a los directivos sindicales.
      9. Con fecha 29 de diciembre de 2006, las autoridades de El Crédito
          Hipotecario Nacional de Guatemala promueven Recurso de Revocatoria en
          contra de la respuesta dada por la Dirección General de Trabajo al
          pronunciamiento realizado a la Dirección General de Trabajo.
      10. Con fecha 8 de enero de 2007, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
          emite la resolución 4/2007, mediante la cual, en estricto apego a los


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          principios que rigen la libertad sindical indica que NO ES FACULTAD DE
          LOS PATRONOS EL IMPUGNAR LAS ELECCIONES SINDICALES.
      11. No obstante a no contar las autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional
          de Guatemala con legitimación para impugnar las elecciones del Sindicato
          de Trabajadores de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ni a
          haber agotado el procedimiento judicial correspondiente, las autoridades
          patronales recurren a la vía extraordinaria del Amparo, el cual promueven
          ante la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia
          aduciendo la existencia de violaciones a las garantías constitucionales en la
          resolución 04/2007 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
      12. El proceso es admitido para su trámite por la Corte Suprema de Justicia
          como Amparo 97-2007, a cargo del Oficial Primero.
      13. Es necesario señalar, en este punto, que la resolución atacada, contiene
          simplemente una disposición en la cual el Ministerio de Trabajo indica a las
          autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala que no es
          facultad del patrono el impugnar la elección de directivos sindicales
          realizada por la asamblea general del sindicato.
      14. Con fecha, 1 de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia, constituida
          en tribunal de amparo, resuelve otorgar el amparo provisional y suspender
          provisionalmente la resolución       04/2007 del Ministerio de Trabajo y
          Previsión Social aduciendo que la misma es susceptible de causar daño
          irreparable. Vale señalar que, la suspensión provisional de un acto que
          indica que el patrono no puede impugnar una elección sindical bajo el
          argumento de que en el mismo operan los supuestos para el otorgamiento
          del amparo provisional, constituye un acto que legitima en gran forma la
          ingerencia e intervención patronal en la elección de los representantes de
          un sindicato.
      15. Como consecuencia de dicha resolución y del criterio manejado por la Corte
          Suprema de Justicia constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, las
          autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, mediante
          oficio 01235, de fecha 3 de mayo de 2007, comunican al compañero
          HECTOR ALFREDO ORELLANA AROCHE (a quien ya no se refieren como
          directivo sindical) que le deniegan el goce de su licencia sindical para el
          mes de mayo de 2007 y le ordenan reincorporarse a sus labores.
      16. En otras palabras, la ligereza de la Corte Suprema de Justicia al otorgar un
          amparo provisional en un proceso en el cual no solo el accionante no cuenta
          con legitimidad sino que tampoco se ha cumplido con agotar la vía judicial
          ordinaria, aduciendo que la no injerencia del patrono en los asuntos internos
          de los sindicatos y el derecho de los afiliados de una organización sindical a
          elegir libremente a sus representantes constituyen un riesgo para el estado
          de derecho, ha dado pie a que las autoridades de El Crédito Hipotecario
          Nacional de Guatemala intensifiquen y recrudezcan las acciones represivas
          en contra de la dirigencia sindical del SINDICATO DE TRABAJADORES DE
          EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.
      17. Con fecha 20 de julio de 2007, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
          dicta resolución número 113-2007 mediante la cual rechaza                 por
          IMPROCEDENTE Y EXTEMPORÁNEA la impugnación interpuesta en
          contra de la inscripción de los Directivos Sindicales de el Sindicato de
          Trabajadores de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, interpuesta
          por el señor EDGAR ESTUARDO RAMÍREZ SÁNCHEZ, en su calidad de
          Vicepresidente del Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de
          Guatemala, debiendo indicarse que, de conformidad con la Ley Orgánica de
          dicha institución bancaria, dicha persona no ostenta la representación legal
          de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.         Dicha impugnación,
          además de haberse interpuesto con errores técnicos monumentales al ni
          siquiera indicar el recurso que se planteaba; es decir, una Revocatoria o
          una Reposición, se plantea de manera extemporánea y después de iniciada
          la acción de amparo a que se hace referencia en los párrafos anteriores, lo


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          cual sustenta el hecho de que la suspensión provisional decretada por la
          Corte Suprema de Justicia, no afecta la calidad de directivos sindicales de
          los trabajadores así como tampoco los derechos provenientes del fuero
          sindical.
      18. Con fecha 17 de mayo de 2007, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la
          Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente de amparo número 344-
          2007, promovido por el Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional
          de Guatemala, mostrando nuevamente la tendencia antisindical de sus
          magistrados, decreta el amparo provisional suspendiendo la resolución de
          fecha siete de marzo de dos mil siete, dictada por el Señor Procurador de
          los Derechos Humanos de la República de Guatemala dentro del
          expediente identificado en la Procuraduría de Derechos Humanos con el
          número Ref.Exp.Ord.Gua 180-2006/DESC en la cual se condenaba en
          conciencia al Estado de Guatemala por violación de la libertad sindica, esta
          resolución no le fue notificada al Sindicato sino hasta el 1 de agosto de
          2007.
      19. Es necesario destacar lo preocupante que resulta la decisión de la Cámara
          de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que
          sienta como precedente la suspensión de un acto de conciencia emitido por
          el Procurador de los Derechos Humanos y vulnera con ello todo avance en
          materia de derechos humanos en Guatemala.
      20. Con motivo de dicha resolución, el Gerente General de El Crédito
          Hipotecario Nacional de Guatemala, se comunicó telefónicamente con los
          miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de El Crédito
          Hipotecario Nacional, quienes se encontraban en la sede de UNSITRAGUA,
          ordenándoles presentarse a una hora específica en el lobby del Edificio que
          ocupan las oficinas centrales de la institución bancaria.
      21. Según informaciones obtenidas de afiliados al Sindicato, el Gerente había
          ordenado a todo el personal presentarse a la misma hora en el lobby del
          Edificio que ocupa la sede central del Banco, lugar al que no asistieron los
          directivos del sindicato a efecto de evitar una confrontación pública.
      22. Mediante oficios del departamento de personal de El Crédito Hipotecario
          Nacional le indica a los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato que no
          recibirá los avisos dados por el Sindicato del goce de las licencias sindicales
          de los directivos sindicales, argumentando que ello es en razón del amparo
          provisional que le fuere otorgado por la Corte Suprema de Justicia.
      23. Con fecha 23 de agosto de 2007, el Gerente General de El Crédito
          Hipotecario Nacional, JOSE FIDENCIO GARCIA BELTETON, emite los
          oficios 235, 238 y 239, mediante los cuales, nuevamente, apoyándose en el
          amparo provisional que le fuese otorgado por la Corte Suprema de Justicia,
          ordena a los directivos del Sindicato dejar de hacer uso de las licencias
          sindicales de que gozan en virtud del fuero sindical regulado en la
          Convención Colectiva vigente y, acusándoles de usurpación de funciones,
          les indica que a partir del mes de septiembre de 2007 no va a hacerles
          efectivo el pago del salario.
      24. Ante esto, mediante oficio REF.STC. 104-2007, de fecha 23 de agosto de
          2007, dirigido por el Sindicato al Ministro de Trabajo y Previsión Social, le
          solicita la asignación de un Inspector de Trabajo para constatar la situación
          y le solicita que cumpla con las instrucciones giradas por el Secretario
          Privado de la Presidencia de la República con fecha 17 de julio 2007, en
          donde le indica que solucione en definitiva el conflicto existente en El
          Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, lo cual no se ha cumplido hasta
          la presente fecha.




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CASO SINDICATO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE LA FINCA EL CARMEN
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

  1. El Sindicato de Trabajadores Agrícolas de la FINCA EL CARMEN del municipio
     de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango inició proceso de
     negociación de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo el 16 de mayo de
     1995 ante la Inspección General de Trabajo, que actualmente se tramita en la
     vía judicial desde el 16 de julio 1996, Colectivo numero 243-97 del Juzgado de
     Trabajo y Previsión Social de Quetzaltenango. Empresa PETRA, Sociedad
     Anónima. Los trabajadores se encuentran despedidos y la empresa ha operado
     alzamiento de bienes y ahora se niega a recibir toda clase de notificaciones en
     cuanto a la reinstalación de los sindicalistas, la liquidación parcial de pago de
     salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir y la continuación
     del trámite del conflicto colectivo nacida del la negociación del Pacto Colectivo
     de Condiciones de Trabajo.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS FINCAS LOS ANGELES Y LA
ARGENTINA


  1. Trabajadores de DOS FINCAS del mismo dueño (FINCAS LOS ANGELES Y
     LA ARGENTINA) formaron el sindicato. La estrategia patronal para destruir el
     sindicato fue despedir a todos los trabajadores de dicha finca consignando las
     prestaciones laborales al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión
     Social de Suchitepéquez, el juez declaró con lugar el Pago por Consignación, el
     juicio sufrió todas sus etapas hasta llegar al proceso de amparo, todo fue en
     vano y, así quedó disuelto el grupo sindical de Finca La Argentina. El mismo
     procedimiento utilizó el patrono para destruir al grupo sindical de Finca Los
     Ángeles despidiendo a todos los trabajadores dejando solo a los miembros de
     la junta directiva del sindicato, despidió y consignó las prestaciones que no
     forman parte del tribunal ha declarado con lugar la consignación de las
     prestaciones laborales, en teste caso el Juez declaró sin lugar el incidente de
     consignación pero la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones declaró con lugar
     el Recurso de Apelación que presente la parte patronal, el caso se encuentra en
     trámite en un proceso de Amparo, el amparo provisional fue denegado y si el
     Amparo es denegado en definitiva, automáticamente queda disuelto el Sindicato
     de Trabajadores Campesinos de esa finca.


DESTRUCCIÒN DE SINDICATOS EN LA PRODUCCION CAFETALERA:


  1. Desaparición de los sindicato de empresas agrícolas de: Sindicato en formación
     de Trabajadores de Finca La Abundancia; Sindicato de Trabajadores de la
     Finca La Patria y Anexo; Sindicato de Trabajadores de Agropecuaria Martinica,
     Sociedad Anónima y Finca Cinan y Anexos; Sindicato de Trabajadores de
     Agropecuaria Bolivia, sociedad Anónima y Finca Bolivia; Sindicato de
     Trabajadores de Agropecuaria La Laguna, Sociedad Anónima y Finca Mocá;
     Sindicato de Trabajadores de las Fincas Clermont, Valdemar y Ucubujá,
     quedaron disueltos, el primero caso el patrón no puso ningún pretexto, en los
     demás los patronos adujeron la caída de los precios del café en el mercado
     internacional, les pagaron las prestaciones de los trabajadores mediante la
     dotación de tierras. Sindicatos de Empresa disueltos.




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CASO SINDICATO DE FLORES Y BOSQUES, SOCIEDAD ANÓNIMA DEL
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

  1. El Sindicato de Trabajadores de FLORES Y BOSQUES, Sociedad Anónima del
     municipio de San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz, en fecha 1 de
     marzo de 2006, presentó PLIEGO DE PETICIONES a su patrono por medio de
     Juzgado de Trabajo de Cobán, para culminar con la firma de un Convenio
     Colectivo de Condiciones de Trabajo, sin embargo, el efecto inmediato fue el
     despido de los trabajadores que llevan más de un año de tramitar su
     reinstalación ante el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión
     Social de Cobán, alta Verapaz. Expediente No. 79-2006. Oficial 2º el asunto se
     encuentra en un impasse judicial que aún no se resuelve.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FINCA SAN LÁZARO Y ANEXO
METZABAL.

  1. El Sindicato de Trabajadores de la Finca San Lázaro y Anexo Carmen
     Metzabal, el 8 de junio de 1999 presentó a su patrono PLIEGO DE
     PETICIONES por conducto de un Juzgado de Trabajo para negociar sus
     condiciones de trabajo y celebrar un Convenio Colectivo de Condiciones de
     Trabajo, (formaron sindicato) pero los ciento veinte trabajadores fueron
     despedidos y que a la fecha cuentan con ordenes de reinstalación que no se
     cumple, la empresa a propuesto negociar el conflicto ofreciéndole a los
     trabajadores lotes de terreno para el pago de sus prestaciones laborales y así
     evacuar la finca, se pidió la mediación de la Secretaría de Asuntos Agrarios de
     la Presidencia de la República pero luego quedó estacando el proceso.


CASO SINDICATO DE LAS FINCAS CLERMONT, VALDEMAR Y CUBUJA.


  1.   El Sindicato de Trabajadores de las FINCAS CLERMONT, VALDEMAR Y
       CUBUJA, del municipio de San Pablo departamento de San Marcos,
       presentaron a su patrono PLIEGO DE PETICIONES por conducto de un
       Juzgado de Trabajo negociar sus condiciones de trabajo y celebrar un
       Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo, posteriormente formaron
       sindicato pero el 10 de agosto de 2001 fueron despedidos de su trabajo y
       reducidos a tener que aceptar terrenos en pago de sus prestaciones laborales
       de esa cuenta desistieron de su demanda y clausuraron el Sindicato de
       Empresa para evacuar la finca que era propiedad de una de las cuñadas del
       Presidente de la República.


CASO SINDICATO DE WAKENHUT, SOCIEDAD ANÓNIMA.


  1. En el caso de la entidad WAKENHUT, Sociedad Anónima, filial de la
     transnacional de servicios de seguridad privada estadounidense WAKENHUT,
     se hicieron tres intentos de formación del sindicato, en cada ocasión los
     trabajadores inmediatamente fueron despedidos. Para el trámite de la formación
     de sindicato se presentan los documentos a la Dirección General de Trabajo y
     se da un aviso a la Inspección General de Trabajo, ambas dependencias del
     Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los trabajadores eran despedidos con
     base en el acta de constitución de constitución del sindicato que personal de las
     dependencias antes citadas entregaron al patrono, es decir filtraron la
     información a la parte patronal, los trabajadores eran llamados y les
     preguntaban la firma que calzaba el acta era suya, y al decir que sí, les decían


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      que se pasaran a otro lado y les dijeron que quedaban despedidos a partir de
      ese momento. Se presentó queja ante la Comisión Tripartita sobre Asuntos
      Internacionales de Trabajo, pero el Ministro de Trabajo no hizo nada por evitar
      dichas anomalías.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FINCA MI TIERRA


  1. Todos los trabajadores miembros del Sindicato de Trabajadores de la Finca MI
     TIERRA se encuentran despedidos de su trabajo, algunos con ordenes de
     reinstalación otros sin ello, pero el patrono viene realizando cambios de
     supuestos propietarios de la Finca Mi Tierra, primero que era propiedad de MI
     TIERRA, S. A. después de CAJUL, S. A. y ahora dicen que es de
     DESARROLLO LA VILLA, S. A. Esto legalmente no sería problema en virtud
     del artículo 23 del Código de Trabajo que dice que la sustitución patronal no
     debe afectar los derechos de los trabajadores, en el presente caso sí, porque
     además el Juez de Trabajo dice que solo puede enderezar la demanda en
     contra del nuevo propietario sin los trabajadores acreditan “fehacientemente” la
     propiedad de la finca, en este caso no es fácil tener acceso al título de
     propiedad o testimonio de la escritura pública.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS FINCAS SAN RAFAEL PANAN Y
FINCA OFELIA.

  1. El Sindicato de Trabajadores de las Fincas SAN RAFAEL PANAN Y FINCA
     OFELIA que aunque son propiedades de sociedades mercantiles, éstas son
     propiedades del actual Presidente del CACIF Licenciado Carlos Zúñiga
     Fumagalli, los trabajadores desde la formación del sindicato fueron objeto de
     vejámenes, malos tratos, ranchos “casas” sin las mínimas condiciones de
     habitabilidad para los trabajadores, hasta que fueron desalojados de las fincas.
     Hubo bastante colaboración de los jueces hacia los intereses patronales para
     levantar los emplazamientos y ejecutar despidos sin la mínima oportunidad de
     demandar reinstalación; hoy en día el sindicato ha quedado disuelto, y los ex
     sindicalistas sin poder conseguir trabajo en otras fincas porque estas ya
     cuentan con la lista de trabajadores que han estado vinculados a un sindicato.



CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FINCA SETAÑA:

  1. Los trabajadores miembros del Sindicato de Trabajadores de la FINCA
     SETAÑA en jurisdicción de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz
     nunca pudieron consolidarse como sindicato en la Finca porque los dueños al
     despedirlos iniciaron la persecución penal en su contra y ahora están
     enfrentando el inicio de un debate oral y público por los delitos de usurpación
     agravada. En una acción prejudicial promovida con anterioridad finalmente que
     no haber sido otorgada en segunda instancia hubo necesidad de recurrir en una
     Acción de Amparo y que la Corte Suprema de Jusiticia denegó pero que
     recientemente la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional.




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CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON
DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL:


  1. El Sindicato de Trabajadores de LA MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON del
     departamento de Izabal, desde su fundación ha podido celebrar un Convenio o
     Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, las represalias son bastantes que
     hasta amenazas de muerte han sufrido los líderes sindicales, algunos han
     tenido que renunciar a los cargos y otros permanecen pero cohibidos y sin
     hacer mayor cosa por temor a que les puedan hacer algo en contra de su
     integridad física.


CASO INTERVENCIÓN NEGATIVA AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL
POR PARTE DEL MIISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.


  1. El Sindicato de Trabajadores en las industrias de la maquila como: J. D.
     Fashion S. A., Giant Trading, S. A., Tejidos Imperial, es casi imposible la
     formación de sindicatos por las medidas que adoptan de aislamiento de los
     trabajadores, de cierres intempestivas de los centros de trabajo. Existe
     connivencia de las propias autoridades, especialmente de la Inspección General
     de Trabajo, al extremo que el propio Vice Ministro de Trabajo se ha pronunciado
     ante los propios trabajadores de que no se les moleste a los empleadores de la
     maquila porque ellos generan puestos de trabajo.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE                       LA    DISTRIBUIDORA        DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE - SITRADEORSA -


  1. La distribuidora de electricidad de Oriente, Sociedad Anónima es una empresa
     que se dedica a la comercialización de energía eléctrica en la región oriental del
     país y es una filial en Guatemala de la multinacional española UNION FENOSA.
  2. Dos veces despedido injustificadamente el compañero: JUAN CARLOS LOPEZ
     CRUZ, por parte de la Distribuidora de Electricidad de Oriente S. A. –Deorsa,
     Empresa de la Multinacional UNION FENOSA, fecha del primer despido
     26/03/2007, el trabajador impugnó dicha sanción ante Junta Mixta y como la
     empresa violó el procedimiento que establece el Pacto Colectivo para éstos
     casos, la Junta Mixta acordó que el trabajador se reinstalaría y se trasladaría de
     Salama a Chiquimula el 27/04/07 con otra ocupación pero del mismo nivel,
     resulta que en la practica no se le asignaron funciones sino que al contrario el
     día 03/05/07 nuevamente se le levanta otra acta por las mismas supuestas
     faltas y el 15/05/07 se le notificó nuevamente el despido, a pesar de estar
     emplazadas las empresas. El caso se encuentra en el pliego de peticiones del
     Conflicto Colectivo de Carácter económico social No. 100-2007 de fecha
     09/05/07, mismo que se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones.
  3. Traslado forzoso de Salama a Cobán, a los compañeros MARCELO COJON
     RODRÍGUEZ Y ANGEL JERÓNIMO VALEY, trabajadores de la Distribuidora de
     Electricidad de Oriente S.A. y afiliados a SITRADEORSA, la sanción aplicada
     fue totalmente injusta ya que a los compañeros no se les pudo demostrar que
     habían cometido falta para ser sancionados de esa manera . Sabemos
     perfectamente que el fondo del asunto es que la empresa Deorsa lo que
     pretende con dichos traslados es desarticular nuestras brigadas en esa área
     para evitar pago de viáticos y horas extras y que ingrese personal de empresas
     tercerizadas. En el presente caso se violaron los artículos 74 y 77 de Nuestro
     Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.



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CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS CONGELADOS, S.A.


  1. La entidad denominada Internacional de Productos Congelados, Sociedad
     Anónima se ubica en el kilómetro 52 de la Ruta Interamericana, jurisdicción del
     municipio de El Tejar del departamento de Chimaltenango; su actividad principal
     consiste en el procesamiento y empaque de frutas y verduras destinadas a su
     exportación al mercado de los Estados Unidos de América.
  2. En el mes de mayo de 2004 los trabajadores deciden organizarse en sindicato
     y, para los efectos de lograr una protección durante el proceso de consecución
     del número de trabajadores necesarios para la constitución de la organización,
     promueven un conflicto colectivo de carácter económico social ante el Jugado
     de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del
     departamento de Chimaltenango. No obstante, al enterarse el patrono del
     proceso organizativo de los trabajadores, ejecuta el despido de la totalidad de
     los directivos de la organización sindical.
  3. Ante esto, se solicitan las reinstalaciones; sin embargo, las mismas no llegan a
     ejecutarse debido al uso de mecanismos dilatorios por parte de la entidad
     patronal y la negativa del tribunal en hacer uso de sus facultades legales para
     hacer efectivas las reinstalaciones.
  4. Esta situación, aunada a las dificultades económicas de los trabajadores
     afectados y la imposibilidad de encontrar un nuevo empleo, obligan a los
     trabajadores a una negociación extrajudicial a efecto de que renuncien de la
     empresa.
  5. Al quedar acéfala la organización, se procedió a integrar un nuevo Comité
     Ejecutivo. En el mes de mayo del año 2005, la empleadora suspende sin goce
     de salario a la Secretaria General, Rosa Domínguez, y a la Secretaria de
     Conflictos, Vilma Velásquez.
  6. La suspensión de las integrantes del Comité Ejecutivo de la organización
     sindical, motiva el planteamiento del incidente de represalias, mismo proceso
     que se encuentra actualmente en el trámite de una acción constitucional de
     amparo que a la presente fecha, lleva ya mas de ocho meses en estado de
     resolver sin que se haya procedido a dictar la resolución correspondiente.
  7. En febrero del año 2007, la entidad Internacional de Productos Congelados,
     Sociedad Anónima opera una sustitución patronal y despide a la totalidad de
     sus trabajadores, entre ellos a los 90 afiliados con que contaba el sindicato.
  8. La entidad sustituta es la denominada ALIMENTOS SUMAR MB, la cual, aún en
     contra de las estipulaciones expresas contenidas en el Código de Trabajo,
     niega toda responsabilidad ante los trabajadores; esta situación se encuentra
     actualmente planteada ante la Inspección General de Trabajo sin que a la fecha
     haya habido solución alguna.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE CERVECERÍA CENTROAMERICANA
Y FÁBRICA DE BEBIDAS SALVAVIDAS.

  1. La organización sindical fue fundado en la década de los 50’s y la entidad
     patronal, durante muchos años, mantuvo el monopolio de la producción y venta
     de cerveza en Guatemala. Su marca líder es la Cerveza Gallo, conocida en el
     mercado estadounidense como “Famosa”. Esta empresa, no solo produce y
     vende cerveza sino que también ha incursionado en el campo de las bebidas
     carbonatadas y jugos de fruta envasados.
  2. En el año 2002 el empleador inicia una estrategia de división del Comité
     ejecutivo del sindicato mandando a afiliar a la organización a trabajadores con
     quienes secretamente había llegado secretamente a acuerdos de concederles
     beneficios adicionales a los de los demás trabajadores a cambio de que


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       respondieran a sus intereses dentro del sindicato y a obtener el control de la
       organización sindical logrando controlar la mitad del Comité Ejecutivo del
       Sindicato.
  3.   En el próximo período, el empleador continúo con su estrategia coptando a
       muchos afiliados del sindicato al punto de lograr la elección de una planilla
       integrada solamente por trabajadores al servicio de los intereses del empleador.
  4.   En su momento, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social denegó la
       inscripción de los directivos impuestos por la empresa, quienes impugnaron la
       resolución y, al llegar al poder el actual gobierno, muy afín a la familia
       propietaria de la entidad patronal, el nuevo Ministro de Trabajo y Previsión
       Social ordena la inmediata inscripción de los directivos al servicio de la
       empresa.
  5.   Ante esto, los trabajadores impugnaron ante los tribunales de trabajo y previsión
       social; sin embargo, debido a una serie de estrategia emprendida por la
       empresa y por los directivos sindicales a su servicio y, en cierta parte,
       complicidad por parte de los tribunales de trabajo y previsión social, se ha
       hecho muy difícil notificar la resolución de trámite del juicio y, por lo tanto, a la
       presente fecha, a casi tres años de haber iniciado el proceso, aún no se celebra
       la primera audiencia.
  6.   En el año 2004, debido a la existencia aún de trabajadores que no se plegaba
       dentro del sindicato a sus intereses y que se oponían al control patronal del
       sindicato, el empleador comienza a presionarlos para que renuncien al
       Sindicato y para que le firmaran cartas de renuncia, que luego eran remitidas al
       Ministerio de Trabajo y Previsión Social que, obviando los procedimientos de
       desafiliación establecidos en los estatutos del Sindicato, aceptaba las renuncias
       y los desvinculaba de la organización sindical.
  7.   Cuarenta trabajadores que no cedieron a las presiones del empleador y que no
       firmaron las cartas de renuncia fueron despedidos.
  8.   En el año 2006, luego de mantenerlos aislados del resto de trabajadores y
       amenazar con despedir a quienes se les viera conversando con ellos, el
       empleador despide a los trabajadores JOSE CANDIDO RAXO ZAMORA,
       MIGUEL GAMBOA y MARIO GUTIERREZ, quienes aún continuaban en
       acciones legales en contra la injerencia patronal en el sindicato. El caso, pese
       que se encuentra planteado ante diversas instancias del Ministerio de Trabajo y
       Previsión Social, no ha obtenido solución alguna a la presente fecha.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE TIQUISATE:

  1.   En el año dos mil seis el Alcalde de la Municipalidad de Tiquisate, Escuintla,
       despide, pese a gozar de inamovilidad, a los compañeros JOSE CHITIC,
       Secretario General y, ABNER ORELLANA, Secretario de Conflictos de la
       organización.
  2.   En virtud de gozar de inamovilidad, se solicitó la reinstalación de los directivos
       despedidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social
       del departamento de Escuintla.
  3.   Acto seguido, el alcalde, sin contar con causal justa de despido, despide a 15
       afiliados al sindicato violentando la ley de servicio municipal y la Convención
       Colectiva específicamente en lo relativo a las normas de estabilidad laboral, por
       lo cual se solicitó su reinstalación ante el Juzgado de Primera Instancia de
       Trabajo y Previsión Social del departamento de Escuintla.
  4.   En el caso de los directivos sindicales despedidos, existe ya una resolución de
       primera instancia que ordena su reinstalación; sin embargo, el trámite en la
       segunda instancia sigue siendo demasiado lento.
  5.   En el caso de los 15 afiliados, debido a las estrategias dilatorias del alcalde,
       aún no se celebra siquiera la primera audiencia.




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CASO    SINDICATO  DE   TRABAJADORES      DE    LA  DIRECCIÓN    DE
INVESTIGACIONES CRIMINALISTICAS DEL MINISTERIO PÚBLICO –SITRADICMP-


  1. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público –DICRI-
     constituye una unidad técnica del Ministerio Público la cual se especializa en el
     levantamiento de la escena del crimen, en la recopilación y en el análisis de
     evidencia.
  2. Este trabajo conlleva, en muchos casos, que los técnicos que laboran para
     dicha unidad entren en contacto con cadáveres y elementos orgánicos incluso
     en estado de descomposición, los cuales deben documentar y manipular para
     asegurar la eficacia de la persecución penal. Pese a ello, y a encontrarse su
     personal en contacto con material orgánico potencialmente contaminante y
     nocivo para la salud de los trabajadores y trabajadoras y sus familias,
     incluyendo dentro estos elementos sangre y fluidos producidos por cuerpos en
     estado de putrefacción, el Ministerio Público nunca les ha proporcionado el
     equipo de seguridad e higiene necesario para la realización de dicho trabajo,
     como lo es el caso de lentes, mascarillas, overoles y guantes de buena calidad,
     lo cual coloca a los trabajadores y trabajadoras en riesgo de adquirir
     enfermedades (como el sida) durante la realización de su labores. Igualmente,
     cuando se recoge evidencia contaminada con dichos fluidos y que requiere de
     secado para su conservación y presentación en juicio, este secado es realizado
     en los mismos ambientes en que permanecen y pernoctan los trabajadores,
     carentes de además de la debida ventilación y acceso a la luz solar, lo cual los
     coloca en riesgo de inhalar elementos nocivos a la salud proveniente de la
     evaporación de los fluidos orgánicos.
  3. A dichas condiciones se agrega la imposición de jornadas de trabajo de 32
     horas continuas, durante los cuales los equipos de levantamiento de la escena
     del crimen deben permanecer en las instalaciones.
  4. Ante todas estas condiciones laborales y ante la inexistencia de una
     organización sindical que tratara sus condiciones atendiendo a la naturaleza
     específica de sus labores, los trabajadores toman la decisión de conformar una
     organización sindical al mismo tiempo que dirigen al Fiscal General un pliego de
     peticiones a través de una coalición de trabajadores a efecto de tratar de
     mejorar las condiciones de absoluto riesgo en que se desempeñan.
  5. Con fecha 29 de marzo de dos mil siete, los trabajadores iniciaron el proceso de
     formación del Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Investigaciones
     Criminalísticas del Ministerio Público, mismo que fue inscrito con fecha 24 de
     mayo de 2007.
  6. Con fecha 6 de julio de 2007, se inscribió el Comité Ejecutivo y Consejo
     Consultivo de nuestra organización sindical cuyos miembros duraríamos dos
     años a partir de la fecha de la inscripción en el registro respectivo y quienes de
     conformidad con el artículo 22 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
     vigente de manera general el Ministerio Público, aplicable a los trabajadores en
     lo que les favorezca de conformidad con lo normado por el artículo 50 literal b)
     del Código de Trabajo, gozan de inamovilidad laboral, la cual conlleva, al tenor
     del mismo artículo, la imposibilidad de variar sin consentimiento del trabajador o
     trabajadora sus condiciones de trabajo.
  7. De conformidad con el artículo 209, los trabajadores que participan en el
     proceso de conformación de un sindicato, gozan de inamovilidad desde el
     momento en que se da aviso a la Inspección de Trabajo hasta 60 días después
     de la inscripción del mismo; es decir, a la presente fecha, gozan de inamovilidad
     todos los trabajadores que participaron en la fundación del sindicato y los que
     se adhirieron en el proceso.
  8. Igualmente, en el caso de los directivos sindicales, de conformidad con el
     artículo 223 inciso d) del Código de Trabajo: “Los miembros del Comité



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      Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen…” (las
      negrillas y subrayados son nuestros).
  9. En cuanto al instituto de la inamovilidad, debemos señalar que de conformidad
      con el diccionario de la Real Academia Española, el término inamovilidad se
      refiere a la “Calidad de inamovible” en tanto que inamovible significa “Que no es
      movible”. En términos jurídicos, según el Doctor Guillermo Cabanellas Torres
      (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual) la inamovilidad es el “Derecho
      de ciertos funcionarios y empleados públicos para no ser destituidos,
      trasladados, suspendidos ni jubilados sino por algunas de las causas
      prevenidas en las leyes.”. A lo anterior, debe agregarse que, como lo ha
      reconocido el Ministerio Público al suscribir la convención colectiva actualmente
      vigente, la inamovilidad comprende las condiciones de trabajo del trabajador o
      trabajadora.
  10. De conformidad con el artículo 20 del Código de Trabajo “…Las condiciones
      que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o
      permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes…”
      aclarando respecto a dichas condiciones que “…Son condiciones o elementos
      de la prestación de los servicios o ejecución de una obra: La materia u objeto;
      la forma o modo de su desempeño; el tiempo de su realización; el lugar de
      ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrono.”
  11. Por su parte, el artículo 34 de Pacto Colectivo vigente en el Ministerio Público,
      al regular lo referente a los traslados, y siendo la norma aplicable por resultar la
      mas favorable al trabajador de conformidad con el articulo 106 de la
      Constitución Política de la República de Guatemala, regula que los traslados
      operaran en casos de solicitud expresa por parte de los trabajadores, siempre y
      cuando se den los supuestos contemplados en la norma antes citada.
  12. Debe señalarse que, desde el inicio de los trámites de la conformación del
      sindicato y de la presentación al Fiscal General del Ministerio Público del pliego
      de peticiones presentado por los trabajadores y trabajadoras como materia del
      ejercicio de su derecho de negociación colectiva, fueron objeto de presiones e
      intimidaciones por parte de las autoridades del Ministerio Público.
  13. Finalmente, con fecha 9 de julio de 2007, mediante oficios dirigidos de manera
      personal a los trabajadores:           JOSE ALEJANDRO REYES CANALES
      (SECRETARIO GENERAL), JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR
      (SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS), AXEL VINICIO LEMUS
      FIGUEROA (SECRETARIO DE FINANZAS) y ERICK DANIEL SANTOS
      BARRERA (MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO) se le informó de que,
      por Acuerdo Número 0376-2007 del Fiscal General del Ministerio Público, de
      fecha, 6 de julio de 2007, del cual no les fue entregada copia y ni quiso ser
      exhibido por el Jefe de Personal del Ministerio Público a petición de los
      trabajadores afectados, se les trasladaba a un puesto de trabajo en lugares
      sumamente distante, en el cual debían presentarse al día siguiente a las ocho
      horas del día 10 de julio de 2007, debe indicarse, la comunicación se les hizo
      en horas de la tarde del día 9 de julio de 2007, a efecto de impedirles el uso de
      los mecanismos de impugnación previstos por la Ley Orgánica del Ministerio
      Público.
  14. Este se ha operado en contravención de los derechos de los trabajadores y en
      un claro acto de represión antisindical toda vez que las personas trasladadas de
      la Ciudad Capital de Guatemala al interior del país, son miembros del comité
      ejecutivo y consejo consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Dirección de
      Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público.
  15. Debe señalarse que tales traslados, operan como una especie de permuta
      forzada, ilegal y en contra de la voluntad de los trabajadores afectados toda vez
      que los puestos hacia los cuales fueron trasladados los directivos del
      SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
      CRIMINALISTICAS DEL MINISTERIO PUBLICO ya se encontraban cubiertos
      por otros trabajadores (Que no son afiliados al Sindicato de Trabajadores de la



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      Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público) y a quienes
      se les ha nombrado en sustitución de los directivos sindicales trasladados.
  16. Ante dicha medida represiva, los trabajadores afectados, sobre la base de lo
      regulado en los artículos 102 literal q), 103, 106 de la Constitución Política de la
      República de Guatemala; 63 y 72 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
      promovieron el Recurso de Apelación correspondiente ante el Consejo del
      Ministerio Público, recurso que de conformidad con el artículo 63 de la Ley
      Orgánica del Ministerio Público, tiene como efecto, por imperio de la
      norma, de SUSPENDER LA MEDIDA, no obstante, los trabajadores han sido
      amenazados por el Jefe de Personal del Ministerio Público de ser sancionados
      por abandono de trabajo y ser perseguidos también penalmente si no se
      presentan de manera inmediata a los puestos a los cuales fueron trasladados
      ilegalmente, de hecho, pese a tal regulación expresa, se les ha sacado de los
      roles de turnos y se les ha asignado turnos en los lugares en los cuales han
      sido nombrados.
  17. Igualmente, se les han iniciado procesos administrativos disciplinarios pese a
      que el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social constituido en tribunal de
      amparo, decretó el amparo provisional a favor de los trabajadores, este amparo
      se encuentra actualmente en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de
      Trabajo y Previsión Social.
  18. El Fiscal General del Ministerio Público, previo a la entrega por parte del
      trabajador ERICK DANIEL SANTOS BARRERA, uno de los directivos sindicales
      afectado por el traslado, de la renuncia a su cargo como directivo sindical y su
      desafiliación del Sindicato, dejó en suspenso el traslado de que había sido
      objeto. Lo cual demuestra nuevamente el ánimo antisindical de los traslados.
  19. Luego de una audiencia solicitada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social
      por parte del Sindicato y de UNSITRAGUA, el Primer Viceministro de Trabajo y
      Previsión Social manifestó darle un trato urgente al presente caso y ordenó a la
      Inspección General de Trabajo asignar inspectores de trabajo a efecto de que
      constataran las violaciones a las garantías sindicales.
  20. Si bien es cierto, siempre hemos criticado la falta de eficiencia y probidad de
      algunos inspectores de trabajo, debemos reconocer que los Inspectores de
      Trabajo designados han tenido una actitud sumamente profesional y proba en el
      tratamiento de este caso. Incluso, tenemos conocimiento, de que el Fiscal
      General del Ministerio Público les ha girado una invitación en la cual quiere
      conversar con ellos sin la presencia de los directivos sindicales, invitación a la
      que los inspectores de trabajo no han asistido en resguardo de la integridad de
      su actuación en el caso y han insistido en que cualquier reunión con el Señor
      Fiscal General del Ministerio Público deberá realizarse necesariamente con la
      participación de los directivos sindicales.
  21. Debemos señalar igualmente que el Departamento de Personal se negó a
      recibir los avisos de goce de las licencias sindicales del Comité Ejecutivo
      indicándoles que no se las recibirían si estas no se ajustaban al formato
      elaborado por el Departamento de Personal del Ministerio Público, forma en la
      cual se establece como el necesario indicar la actividad a la que se asiste y
      motiva la licencia así como el tiempo en que se realizará la misma, en claro
      intento de controlar la actividad de los directivos del sindicato.
  22. Con fecha 20 de agosto de 2007, los miembros del Comité Ejecutivo del
      Sindicato: CARLOS ROBERTO SANDOVAL LOPEZ, JORGE GARY GARCIA
      HERRERA, MAYNOR GIOVANNI GARRIDO VELIZ, PEDRO ADOLFO CIANI,
      RONALD ESTUADRO CASTILLO CASTILLO y GERSON ARIEL RECINOS
      GIRON y; con fecha 21 de agosto de 2007 el compañero LUIS RAUL BLANCO
      HERRERA, fueron notificados de sus trasladados a otros puestos de trabajo en
      lugares sumamente distantes de sus actuales puestos de trabajo y a pesar de
      los antecedentes de los primeros traslados suspendidos provisionalmente por
      un tribunal de amparo.
  23. Con la finalidad de impedir que los trabajadores hicieran uso de los
      mecanismos legales para impugnar los traslados, se les ordenó estar en el


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      nuevo puesto de trabajo a las ocho de la mañana del día siguiente y a los
      miembros del Comité Ejecutivo que gozan del amparo provisional, se les
      negaron las licencia sindicales para asistir a sus compañeros y; de hecho, el
      departamento de Personal colocó Notarios en los puestos de trabajo a efecto de
      que levantara actas notariales por abandono de trabajo en el caso de que los
      directivos salieran a auxiliar a sus compañeros.
  24. Ante esto, tuvieron comunicación telefónica con la asesoría Jurídica de
      UNSITRAGUA que se encargó de hacer las impugnaciones y tenerlas listas
      para que a la hora del almuerzo pudiesen pasar a firmar la impugnaciones.
  25. Pese a haber impugnado y tener esta impugnación efectos suspensivos por
      imperio de la ley, el departamento de personal del Ministerio Público comenzó a
      presionar a los compañeros indicándoles que les seguirían acciones
      disciplinarias y penales si no cumplían con ir a los nuevos puestos de trabajo,
      presiones que provocaron que algunos de los compañeros temieran y se
      presentaran en los centros de trabajo.
  26. Debemos indicar que se solicitó la mediación del Ministerio de Trabajo y
      Previsión Social a efecto de convencer al Fiscal General del Ministerio Público
      de las violaciones a la libertad sindical en que está incurriendo con estos
      traslados en represalia por la decisión de organizar un sindicato y la oposición
      del mismo a las modalidades de trabajo forzoso que se aplican en el Ministerio
      Público; sin embargo, a la presente fecha, dicha mediación todavía no ha sido
      efectiva ni ha arrojado resultado positivo alguno que haga cesar la violación de
      la libertad sindical de los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la
      Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público.
  27. Finalmente, debemos señalar que aunque el Gobierno ha indicado a OIT que el
      Ministerio Público cuenta con una Fiscalía de Delitos contra Periodistas y
      Sindicalistas (extremo que carece de veracidad porque desde su creación la
      otrora Fiscalía ha sido reducida de Fiscalía a Unidad y de Unidad a una Oficina
      que hoy día cuenta solo con dos trabajadores), en su propia sede, con sus
      propios trabajadores, viola las normas básicas de seguridad e higiene en el
      trabajo, viola las normas relativas a la imposición de trabajo forzoso y viola los
      derechos de libre asociación sindical y de negociación colectiva.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
LA AURORA:

  1. Desde hace un tiempo, la administración del Parque Zoológico Nacional La
     Aurora ha puesto en práctica una estrategia tendiente a debilitar y finalmente
     destruir el sindicato de trabajadores.
  2. Esta estrategia ha incluido presiones para que los trabajadores renuncien así
     como la utilización de tales renuncias como mecanismo para disminuir los
     trabajadores permanentes y también los trabajadores con una relación laboral
     formal con la institución.
  3. Es el caso que, de un total de 120 plazas que había para el año 2001 y para las
     cuales aún hoy el Estado de Guatemala ha asignado presupuesto para el pago
     de salarios y demás prestaciones de ley, hoy día solamente existen 68 plazas
     permanentes y el sindicato ha sido reducido a 35 afiliados.
  4. El mecanismo para ello ha sido simplemente no cumplir con llenar las plazas
     vacantes y sustituirlas a través de contrataciones bajo el renglón presupuestario
     029 o bien mediante la sub contratación de empresas mercantiles para que
     cumplan con las labores propias de las actividades normales y permanentes del
     parque, como lo son la limpieza y alimentación de los animales.
  5. Esto ha tenido como efecto no solo la eliminación del número de trabajadores
     sindicalizables y la evasión de responsabilidades patronales por parte del
     Estado de Guatemala sino que también el inicio de un proceso de debilitación
     del Sindicato que, de continuar, terminará por llevar al sindicato a su
     desaparición.


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CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEL DEPARTAMENT DE JUTIAPA:

  1. Pese a que hace algunos años, el Estado de Guatemala utilizó como argumento
     l declaración de legalidad de una huelga en la municipalidad de Jutiapa para
     intentar evadir los cuestionamientos de la Comisión de Normas de la
     Conferencia Internacional del Trabajo en cuanto a la inexistencia en Guatemala
     del acceso al derecho de huelga en Guatemala, es un hecho que ello no fue
     mas que un argumento sin sustentación real toda vez que en dicha
     municipalidad subsiste la represión antisindical.
  2. Es el caso que el Alcalde Municipal de la municipalidad de Jutiapa del
     departamento de Jutiapa, pese a encontrarse la municipalidad bajo las
     prevenciones del emplazamiento y contar los directivos sindicales con
     inamovilidad, procedió a despedir injustificadamente a 6 dirigentes sindicales y
     sin cumplir los procedimientos establecidos en la ley.         Los compañeros
     despedidos fueron ADODEMIN GARCIA NAJARRO, CRISTOBAL MONZON
     VELASQUEZ, MIGUEL GODOY, INES CRUZ DEL CID, GEMERITO
     SARCEÑO y ANTONIO MENDEZ.
  3. Ante esto los trabajadores acudieron a solicitar su reinstalación dentro del
     conflicto colectivo de carácter económico social promovido en contra de la
     Municipalidad de Jutiapa en donde se ordenó la reinstalación de los directivos
     despedidos, reinstalación que en su momento no fue cumplida.
  4. Debido a la impugnación de las reinstalaciones por parte de la municipalidad de
     Jutiapa, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión
     Social, en resolución de fecha 21 de agosto de 2006 ordena al tribunal de
     primera instancia enmendar el procedimiento a partir de la resolución de fecha
     27 de febrero de 2006 dejando sin efecto todo lo actuado a partir de dicha
     resolución.
  5. Con fecha 25 de octubre de 2006 el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y
     Previsión Social y de Familia del departamento de Jutiapa cumple con
     enmendar el procedimiento dejando sin efecto los numerales romanos II y IV de
     la resolución de fecha 27 de febrero de 2006 y que había ordenado las
     reinstalaciones.


CASO MUNICIPALIDAD DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO:

  1. El trabajador RODOLFO GARRIDO ORTEGA es afiliado al Sindicato Auténtico
     de Trabajadores de la Municipalidad de Sanarate, El Progreso.
  2. Con fecha 7 de mayo de 2007, por medio oficio signado por el señor Elías
     Morales Cardona, Alcalde Municipal en Funciones de Sanarate, municipio del
     departamento de El Progreso, fui citado a una sesión del Concejo municipal
     para el día 9 de mayo de 2007 a las 13:00 horas, aduciendo que la cita se debía
     a una diligencia administrativa. Ese día, pese a que el trabajador se presentó, a
     la reunión, la misma no se llevó a cabo debido a la ausencia del Alcalde por lo
     que se le indicó que se presentara a su casa de habitación; sin embargo,
     debido a encontrarse etilizado, le fue imposible atenderlo. Debo agregar que la
     cita era en horario fuera de su jornada de trabajo.
  3. Con fecha 16 de mayo de 2007, a las nueve horas con veinte minutos; es decir,
     fuera de la jornada de trabajo, se le hizo llegar a la sede de la municipalidad de
     Sanarate, El Progreso y se le notificó del oficio de fecha 15 de mayo de 2007,
     sucrito por el Alcalde Municipal, Profesor César Augusto Rodas Alvarez,
     mediante el cual se le comunicaba que “…por no convenir a los intereses de la
     municipalidad, a partir del día 16 de mayo de 2007…” quedaba despedido del
     cargo que ostentaba como empleado municipal.
  4. Debe señalarse que, el despido, a parte de haberle sido notificado fuera de la
     jornada ordinaria de trabajo, se ejecutó de manera injustificada, como lo denota



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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




       la misma notificación del mismo en la cual no se invoca alguna de las causales
       de despido justificado que establece la Ley de Servicio Municipal.
  5.   Con fecha 22 de mayo de 2007, a requerimiento del trabajador, se constituye en
       la sede de la municipalidad de Sanarate, El Progreso, el Inspector de Trabajo
       MARCOS RANDOLFO DE LEON LOPEZ, quien el en el acta de adjudicación
       de visitaduría número 64-2007 de fecha 22 de mayo de 2007 deja constancia
       de la negativa y obstrucción por parte de las autoridades municipales para la
       realización de la diligencia, lo cual obligó a que el acta fuese faccionada en el
       parque central del municipio, y le previno de reinstalar al trabajador en virtud de
       asistirle el derecho a ser reinstalado al haberse ejecutado el despido en
       violación de lo preceptuado por el artículo 21 del Pacto Colectivo de
       Condiciones de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de Sanarate, El
       Progreso y el Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Municipalidad de
       Sanarate del Departamento de El Progreso, suscrito ante el Tribunal de
       Conciliación del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del
       Departamento de El Progreso dentro del conflicto colectivo de carácter
       económico social registrado en el control interno de ese juzgado bajo el número
       68-2005.
  6.   Con fecha 28 de mayo de 2007, dentro de las diligencia de adjudicación de
       visitaduría número 64-2007, el Inspector de Trabajo MARCOS RANDOLFO DE
       LEON LOPEZ, se constituyó en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de
       Sanarate, El Progreso, con el objeto de verificar si la prevención de reinstalar al
       trabajador había sido cumplida, constatando, según consta en el acta de fecha
       28 de mayo de 2007, que dicha prevención no fue cumplida por la
       municipalidad de Sanarate, El Progreso.
  7.   Con fecha 15 de junio de 2007, el Sindicato Auténtico de Trabajadores de la
       Municipalidad de Sanarate, es notificado de la resolución de fecha 15 de Junio
       de 2007 del Alcalde Municipal de Sanarate del Departamento de El Progreso
       mediante la cual el Señor Alcalde Municipal, resuelve denegar la petición de
       reinstalación del afiliado al Sindicato por haberse ejecutado el despido en
       contravención de lo preceptuado por el artículo 21 del Pacto Colectivo de
       Condiciones de Trabajo suscrito por la Municipalidad de Sanarate del
       departamento de El Progreso y el Sindicato Auténtico de Trabajadores de la
       Municipalidad de Sanarate del Departamento de El Progreso dentro del conflicto
       colectivo de carácter económico social identificado en el control interno de este
       juzgado con el número 68-2005, resolución en la cual indica que el derecho a la
       reinstalación debe hacerse valer ante los tribunales de trabajo y previsión
       social, vía que corresponde de conformidad con lo preceptuado por el artículo
       103 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
  8.   Debe señalarse que, este caso, ha sido puesto en conocimiento del Comité de
       Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo toca vez que es
       de suma gravedad el hecho de que La Municipalidad de Sanarate del
       departamento de el Progreso, no solo viole los derechos del trabajador
       reconocidos en una convención colectiva sino que haga gala de irrespeto a la
       autoridad administrativa de trabajo (Inspección de Trabajo) y a la de ese mismo
       tribunal ante el cual se suscribió dicha convención colectiva, hecho que motivó
       que el tribunal levantara las prevenciones del emplazamiento dentro del
       conflicto colectivo de carácter económico social número 68-2005 en el control
       interno de ese Tribunal.
  9.   Debemos agregar que la violación a la convención colectiva además de implicar
       una violación a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
       Trabajo, implica una violación, no solo flagrante sino que consciente de los
       compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en el Capítulo XVI del
       Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y los
       Estados Unidos de América, el cual se encuentra ratificado y vigente para el
       Estado de Guatemala.




  COMENTARIOS OIT 2007
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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




CASO MAQUILA DOO SOL:

  1. En virtud de las malas condiciones de trabajo imperantes en la empresa
     dedicada a la maquila de confección de prendas de vestir conocida como
     MODAS DOO SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA, con fecha 30 de junio de 2007 un
     grupo de trabajadoras y trabajadoras decide iniciar un proceso de formación de
     un sindicato.
  2. Para los efectos de proteger a los trabajadores y trabajadoras de despidos en
     represalia y en virtud del riesgo que representaba, se promueve un conflicto
     colectivo de carácter económico social sobre la base de un pliego de peticiones
     a través del cual se pretendían sentar las condiciones para el ejercicio de la
     libertad sindical en la referida maquila.
  3. Cuando la administración se percata del movimiento de los trabajadores
     procede a presionar a los trabajadores y trabajadoras a fin de que renuncien de
     la empresa y le firmen el desistimiento.
  4. Este desistimiento, sin embargo, fue presentado de manera inadecuada y aún
     no se le da trámite por parte del Jugado de Trabajo y Previsión Social.
  5. Ante esta situación y a efecto de rescatar el proceso organizativo, se promueve
     un nuevo conflicto colectivo de carácter económico social, dicho conflicto
     colectivo de carácter económico social está siendo conocido actualmente por el
     Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de Guatemala.
  6. La entidad patronal, al enterarse del nuevo emplazamiento, procedió, con fecha
     21 de agosto de 2007, a despedir injustificadamente a las representantes de los
     trabajadores en el conflicto colectivo de carácter económico social, siendo estas
     RAHEMA VICTORIA ALVEÑO GONZALEZ, BERLY ELIZABETH DE LEON
     LOPEZ e IRMA YOLANDA SANAN AYALA.


CASO MAQUILA JAE SEUNG TEXTILE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA:

  1. Debido a los malos tratos por parte de los coreanos dueños de la empresa y la
     imposición de modalidades de trabajo forzoso prevaleciente en la maquila de
     prendas de vestir conocida como JAE SEUNG TEXTILE GUATEMALA,
     SOCIEDAD ANÓNIMA, con fecha nueve de junio de 2007 un grupo de
     trabajadoras y trabajadores decide iniciar la constitución de un sindicato.
  2. Para proteger a las trabajadoras y trabajadores de despidos en represalia se
     promueve un conflicto colectivo de carácter económico social sobre la base de
     un pliego de peticiones.
  3. Las trabajadoras y trabajadoras constituyen la organización sindical presentado
     la papelería correspondiente a la Dirección General de Trabajo y a la Inspección
     General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
  4. La Dirección General de Trabajo, lejos de proceder a la inscripción del
     Sindicato, les ordena presentar consentimientos por escrito de las trabajadoras
     y trabajadores que celebraron la asamblea constitutiva.
  5. En el tiempo en que los compañeros se encontraban en el proceso de
     conseguir dichos consentimientos, labor sumamente difícil debido a los
     controles existentes en la misma, la empresa se entera del movimiento por la
     notificación del emplazamiento tras lo cual reúne a todos los trabajadores de la
     planta para indicarles que la empresa va a cerrar operaciones por culpa de los
     que estaban constituyendo el sindicato.
  6. Paralelo a esto, comenzaron a llevar y a retener en las oficinas de la empresa a
     las trabajadoras y trabajadores que habían constituido el sindicato y, luego de
     múltiples presiones sobre ellos, los hacen copiar un documento en el cual
     renunciaban y manifestaban que estaban en contra de la conformación del
     sindicato.
  7. Esta papelería fue presentada al Ministerio de Trabajo dentro de un recurso de
     revocatoria interpuesto por el patrono en contra de la constitución de la



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     organización sindical cuyo trámite de constitución quedó suspendido debido a la
     exigencia de la Dirección General de Trabajo.
  8. Para los efectos de levantar el conflicto colectivo de carácter económico social
     iniciado por los trabajadores, la entidad patronal simuló la creación de un comité
     ad hoc bajo su control con el cual también simuló una negociación aduciendo
     ante el tribunal que el conflicto carecía de materia.
  9. El Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social, en resolución de fecha once
     de julio de 2007, dentro del proceso 1950-07, dicta auto levantando las
     prevenciones y dando por finalizado el conflicto sobre la base del convenio
     suscrito entre la empleadora y el comité ad hoc bajo el control de esta con lo
     cual da su aval a esta práctica como un mecanismo para desproteger a los
     trabajadores que pretenden organizarse en sindicato y ejercer su derecho de
     negociación colectiva.


CASO ATUNERA RIANXEIRA:

  1.   La atunera Rianxeira es una filial en Guatemala del Grupo Pesquero Español
       (Gallego) JEALSA RIANXEIRA, S.A. que ha ubicado una planta de
       empacadora de atún en el municipio de Puerto de San José del departamento
       de Escuintla.
  2.   La atunera Rianxeira en Guatemala, para los efectos de impedir la
       sindicalización de sus trabajadores, ha contratado directamente a una parte de
       los trabajadores de la plante a través RIANXEIRA AMÉRICA, SOCIEDAD
       ANÓNIMA, una parte a través de la entidad SELECCIÓN DE PERSONAL,
       SOCIEDAD ANÓNIMA y el resto a través de una serie de contratistas cuya
       identidad desconocemos por ahora.
  3.   La existencia de malas condiciones de trabajo y la constante violación de la
       legislación laboral guatemalteca llevó a los trabajadores a ver la necesidad de
       organizarse sindicalmente para defender sus derechos y, a través de la
       negociación colectiva, mejorar sus condiciones económico-sociales.
  4.   Para los efectos de protegerse de eminentes represalias, los trabajadores con
       fecha 15 de agosto de 2007 deciden emplazar a ambas entidades dentro de un
       conflicto colectivo de carácter económico social, el memorial, en virtud de
       encontrarse las oficinas centrales de la transnacional en la Ciudad de
       Guatemala, fue promovido en la Ciudad Capital de Guatemala el día 18 de
       agosto de 2007, dictando las prevenciones el Juzgado Sexto de Trabajo y
       Previsión Social. Posteriormente, el proceso fue remitido al Juzgado Cuarto de
       Trabajo y Previsión Social en donde es conocido con el número 2007-1856.
  5.   Al ser notificada de las prevenciones del emplazamiento, la entidad patronal
       anunció el despido de 150 trabajadores y a los emplazantes se les citó y se les
       retuvo hasta que les entregaron notas en donde se les despedía por
       reorganización administrativa. Debe señalarse, las notas fueron fechadas un
       día antes de la presentación del conflicto ante el tribunal aún y cuando el
       despido fue ejecutado el 20 de agosto de 2007.
  6.   Estos documentos fueron presentados por la entidad patronal al Juez para
       pedir que se levantaran las prevenciones del emplazamiento y se dejara sin
       efecto el conflicto colectivo de carácter económico social.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL –STIGSS-


  1.   En su oportunidad, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de
       Seguridad Social propuso al Instituto de Seguridad Social la negociación de un
       nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo, la negativa del empleador a
       negociar con el sindicato fue acompañada de la implementación de una serie


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




       de estrategias tendientes a debilitar a la organización mediante la afección a
       sus afiliados, tratando con ello restarle apoyo al sindicato.
  2.   Dadas las circunstancias y debido al ataque a sus afiliados y afiliadas mediante
       el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios e imposición injusta de
       sanciones de suspensión sin goce de salario, el Sindicato optó por plantear la
       negociación ante los tribunales de trabajo y previsión social a efecto de
       proteger a sus afiliados y afiliadas.
  3.   De tal cuenta, se promovieron dos conflictos colectivos de carácter económico
       social, uno ante el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social y otro ante el
       Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social.
  4.   Teniendo en cuenta la tendencia de los tribunales de trabajo a autorizar la
       totalidad de solicitudes de terminación de contratos de trabajo que les
       presentan los empleadores, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha
       optado por solicitar la terminación de contratos de trabajo de muchos
       trabajadores y trabajadoras a la espera de que los tribunales continúen con la
       tendencia general, las autoricen todas y proceder a debilitar al sindicato
       mediante el despido de sus afiliados y afiliadas.
  5.   En ese sentido, solicitamos a ese alto organismo que, sobre la base de
       procesos y trabajadores afectados que se inserta a continuación, proceda a
       solicitar al gobierno que informe cuántas de esas autorizaciones de terminación
       de contrato de trabajo solicitadas por el empleador han sido efectivamente
       autorizadas.

             JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
                          COLECTIVO 729-2002


            Incidente                    Afectado
            106-2006          BERNARDO LOPEZ HERNANDEZ
            14-2007        LINDA SIOMARA SANDOVAL SANCHEZ
            216-2006        CESAR AUGUSTO SANDOVAL LOPEZ
            255-2006      CELIA IZABEL SANDOVAL GARRIDO DE V
            329-2007                 WALTER AMADO
            47-2004                   TOMAS PEREZ
            88-2006           JOSE ANTONIO DE LEON LOPEZ
            96-2005           MIGUIL ANGEL PONCIANO CRUZ
                          NURIA DEL CARMEN ROMERO QUINTEÑO
                                 ADELIO SANDOVAL LOPEZ
                                  ANTONIO TIÑO QUIXTAN


             JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
                          COLECTIVO 1634-2002

           Incidente                      Afectado
             Feb-07       CARLOS ENRIQUE MORALES HERNANDEZ
            Ene-07          DAMARIS ARISBETH LOPEZ ESPINOZA
           101/2006           CESAR ROMEO CORADO NAVAS
           104/2007             ROBERTO TUQUER CUTZAN
           106/2006                    Lopez, Bernardo
           106-2007      JAVIER ENCARNACION RAMIREZ MARTINEZ
           110-2007              MANUEL LOPEZ MORALES
           114/2006               Urtado Rosales, Antonio A
           114-2006        ANTONIO ALFONSO HURTADO ROSALES


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            115-2006        ODBERTO NAJERA SAGASTUME
            116-2006 NORA ESTELA LEMUS BARRERA DE VARGAS
            117/2006           Hernandez Mayorga, Samuel
            117-2006       SAMUEL HERNANDEZ MAYORGA
            118-2006  AURA VIOLETA MOESCHLER BOL DE SARTI
            119/2006               Urrutia Estevez, Javier
            119-2006           JAVIER URRUTIA ESTEVEZ
            120/2006                Garcia Sicaja, Juan G
            120-2006        JUAN GABRIEL GARCIA SICAJA
            120-2007      JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA
            120-2007            JULIO LUIS RAMOS ITZEP
            120-2007           MARCO ANTONIO TI REYES
            120-2008            HIPOLITO CHOXIN SEPEZ
            120-2009        CARMEN DINORA CANO VALDEZ
            121/2006             Huertas Cordero Edgar R
            121-2007    EDGAR ROBERTO HUERTAS CORDERO
            122/2006             Gonzales Dougma, Hector
            122-2006    HECTOR ADOLFO GONZALEZ DOUGMA
            123/2006                Gomez Cruz Rutilia P
            123-2006         RUTILIA PIEDAD GOMEZ CRUZ
            124/2006              Garcia Castro Wiliam W
            124-2006      JOSE FERNANDO ORTIZ ALVARADO
            125-2006               JUAN JOSE ROSALES
            126-2006    WILLIAN WALDERMAR GARCIA CASTRO
            127/2006                Genoveva C Veronica
            127-2006   VERONICA GENOVEVA CRESPO DE RIOS
            128/2006           Gonzales H, Silvia del Rosario
            128-2007 SILVIA DEL ROSARIO GONZALEZ HERNANDEZ
            133/2006              Giron M, Luis Fernandez
            133-2006    LUIS FERNANDO GIRON MONTERROSO
            144/2006              Quiroa Higueroz, Julio G
            153/2006              Castellanos Chang, Felix
            153-2006      FELIZ ALONZO CASTELLANOS CHAN
            188-2006 FRANCISCO RICARDO HOLLIESTER CACERES
            189/2006             Munguia de Leon, Jose D
            189-2006         JOSE DAVID MUNGIA DE LEON
            190/2006          Castellanos Merida, Jose Mnuel
            190-2006    JOSE MANUEL CASTELLANOS MERIDA
            195/2004             Jimenez Rodriguez, Mnolo
            195-2006     PEDRO ANTONIO LEMUS VILLAGRAN
            196/2006           Ovalle Martinez, Erik Rolando
            196-2006          MARIO ALFREDO GIL GALVEZ
            199/2006              Dubon Lopez, Lidia Lucia
            199-2006           LIDIA LUCIA DUBON LOPEZ
            200-2006          JACOBO GERONIMO SANTOS
            211/2006        Gonzalez Barrera, Jorge Fernando
            211-2006   JORGE FERNANDO GONZAELZ BARRERA
             22-2007     ERVIN ANTONIO FUENTES HERRERA
            224-2006      AMELIA BELINDA ESCOBAR CUBIAS
             23-2007       INGRID NOEMI CARRANZA ORTIZ

  COMENTARIOS OIT 2007
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MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS
                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




             25-2007       LESLIE CORINA CASTRO BARRIENTOS
             25-2007         CESAR AUGUSTO VIELMAN MARIN
            252-2006         NERY ALFONSO FLORIAN PEÑATE
            270-2006       JULIO ALBERTO HERNANDEZ MATZAR
             30-2007      VICTORINA LIZZETTE BENITEZ ROMERO
             31-2007            LUIS FELIPE GOMEZ MERIDA
             31-2007       KENNY BENJAMIN VILLATORO GARCIA
             32-2007           LUIS EDUARDO GAMEZ LOPEZ
             34-2007         KARLA WALESKA ESTRADA PEREZ
             37-2007           IRENE LETICIA LEON ARCHILA
             47-2007         JULIO CESAR MONZON GONZALEZ
             50-2007        ALMA JEANNETTE GUZMAN PALMA
             52-2007        LLENER OSWALDO OXLAJ DIONICIO
             58-2007        VICTOR OMAR CONTRERAS GARCIA
             64-2006              LUIS ALFREDO TORRES
             65-2006      GUSTAVO ADOLFO ROSALES DROEGE
             78-2006       JULIO DAVID CALDERON BALCARCEL
             79/2006                Valle Garrido, Julio G
             80-2006             AMILCAR GARCIA LOPEZ
             81-2006     AMELIA DEL ROSARIO VILLEDA ARGUETA
             82/2006               Armas, Francisco Jorge
             82-2006            JORGE FRANCISCO ARMAS
             88-2006        JORGE ARMANDO GUILLEN LOPEZ
             88-2006         CRUZ AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ
             91/2006               Vazquez Lucas, Victor M
             91-2006         VICTOR MANUEL VASQEUZ LUCAS
             99-2006                DANIEL CHEX SIMON
             64-2006              LUIS ALFREDO TORRES
             65-2006      GUSTAVO ADOLFO ROSALES DROEGE
             78-2006       JULIO DAVID CALDERON BALCARCEL
             79/2006                Valle Garrido, Julio G
             80-2006             AMILCAR GARCIA LOPEZ
             81-2006     AMELIA DEL ROSARIO VILLEDA ARGUETA
             82/2006               Armas, Francisco Jorge
             82-2006            JORGE FRANCISCO ARMAS
             88-2006        JORGE ARMANDO GUILLEN LOPEZ
             88-2006         CRUZ AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ
             91/2006               Vazquez Lucas, Victor M
             91-2006         VICTOR MANUEL VASQEUZ LUCAS
             99-2006                DANIEL CHEX SIMON



CASO ASOCIACIÓN CAMPESINA SAN JOSÉ LA MOCA, SENAHÚ, ALTA
VERAPAZ


La situación de Finca La Moca es un conflicto agrario-laboral más en donde las
grandes causas estructurales de la explotación, el latifundio y la injusticia de los
sectores poderosos tienen como consecuencia la pobreza de gran cantidad de
población de Origen Maya y que como país no logramos resolver, explotan en una


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serie de violaciones a los derechos fundamentales a la vida de campesinos indígenas a
quiénes se les ha quitado el derecho a la tierra, al trabajo y a la alimentación.

Este es un caso de mozos colonos de origen Maya Qeqchí, despedidos que demandan
prestaciones laborales y su derecho a la tierra y a quiénes se les aplica el delito de
usurpación agravada criminalizando así su presencia en las tierras en donde nacieron.

Ubicación y propietarios de la finca.

La Finca San José la Moca se ubica en el Municipio Senahú, departamento de Alta
Verapaz, los dueños son personas de origen alemán William Hempstead Smith y
Howard Hempstead Smith, el representante legal Rober Weir Hempstead, es una
Sociedad Anónima. La finca es de cultivo de café, cardamomo y ganadería con una
extensión de aproximadamente 80 a 100 caballerías. La finca desde hace décadas
utiliza para su explotación productiva mano de obra de los campesinos q’eqchie’s que
siempre han vivido en las tierras de la finca en calidad de colonos. Se dedican al
cultivo de café y cardamomo.

Los mozos-colonos de la finca eran alrededor de mil doscientos familias que en su gran
mayoría son analfabetas y monolingües, la calidad de colonos se prueba con sus
partidas de nacimiento y cédulas de los ancianos y nuevas generaciones.

Por la prestación de su fuerza de trabajo les pagan salarios de Q. 15.00 diarios (ni
siquiera la mitad del salario mínimo), con jornadas de trabajo de lunes a sábado.


Razón del conflicto:

Mozos colonos que por décadas han vivido, trabajando y tenido la posesión de parte
de la finca la Moca después de ser despedidos en el año 2002 por el propietario de la
finca reclaman el pago de sus prestaciones laborales y su derecho a la tierra.

En el año 2002 el patrón los llamó y ante los reclamos de los trabajadores, los
propietarios de las fincas, les ofrecieron adjudicarles tierras en calidad de pago de
prestaciones laborales, para legalizar tal ofrecimiento, faccionaron Escrituras Públicas,
en las cuales se hace constar que Les venden 8 fincas de la manera siguiente:

1. Finca 1895 Folio 195 Libro 147 De Alta Verapaz: Terreno Denominado San Miguel
Ubicado En El Municipio De Senahú, Departamento De Alta Verapaz, Con Una
Extensión De 87 Hectáreas, 28 Áreas, 74.80 Centiáreas: Con Las Medidas Y
Colindancias Siguientes: Al Noroeste: 1240.00 Metros Con La Finca Mocca, Al Noreste:
3930.00 Metros Con Finca Actela: Al Sur: 809.00 Metros, Con Finca San Miguel
Camino De Por Medio, Al Suroeste: 670.00 Con Finca Mocca. Se la venden a 249
trabajadores organizados en el Comité Agrícola Comunidad San Jose, Senahú, Alta
Verapaz. La escritura indica que los campesinos pagaron Q 10,397.40 por toda la
finca. Les corresponde lotes de terreno de 352 metros cuadrados aproximadamente a
cada campesino..

Área 87874.80 metros cuadrados para 249 copropietarios que no saben que tierra es

Las tierras son barrancos, no son tierras buenas. Que nos digan a cada quien donde
es nuestra tierra.

2. Copropietarios Finca 199 Folio 241 Libro 22 Primera Serie: Comité Agrícola
Comunidad San Jose Senahú, Alta Verapaz. Terreno En Jurisdicción Municipal De
Carcha, Alta Verapaz. Compuesto De 46 Manzanas 4400 Varas Cuadradas, Colinda Al
Oriente Con: Domingo Chacon, Al Sur: El Triunfo Y 7 De Junio Y Baldíos, Sudoeste:
Los Alpes, Poniente: Con Los Alpes. Vendida a 380 campesinos.


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Aproximadamente 2 cuerdas cada uno.- cada uno necesita saber y conocer cuales son
y donde esta la finca.
La finca esta en Carcha, lo hicieron creer que es parte de la Moca.
Son 46 manzanas, pero tiene desmembrada una fracción de 7 hectáreas y 80
áreas****ampliar
escritura numero 60 fecha 2 de diciembre del 2002 autorizada por el mismo notario,

3. FINCA RUSTICA NUMERO 2217 FOLIO 128 LIBRO 130 DE ALTA VERAPAZ.
Terreno denominado Los Alpes, ubicado en los municipios de Tacurú y Senahú,
departamento de Alta Verapaz, con una extensión de 75 hectáreas, 23 áreas, mide y
linda al Norte: 200.00 mts. Finca mocca, 1140.00 mts. Finca camelias, al Este: 260.00
mts. Con Finca San Miguel, al Sur: 1920.00 mts. Con finca Ornaxa, y Oeste: 1928 mts.
Con finca matriz.
Fueron desmembradas 6 hectáreas, 65 áreas, 85 centiáreas.
Fue vendida a 515 trabajadores
Escritura 61 fecha 2 diciembre 2002mismo notario compra venta 8,971.95

4. Finca Rustica 5354 Folio 354 Libro 51 De Alta Verapaz, Finca Rustica Consistente
En Terreno Ubicado En Jurisdicción Municipal De Panzos Y Senahú, Departamento De
Alta Verapaz, De 722,996.7750 Metros Cuadrados (Ver Las Medidas Y Colindancias,
Están Con Azimut...) Propia De El Comité Agrícola Comunidad De San Jose Senahú,
Alta Verapaz, Cuyo Listado Es El Que Sigue Y Que La Compraron En Q.48, 405.97
(1/488 Ava. Parte)

Compra venta.
Vendida a 492 trabajadores Escritura numero 56 fecha 2 diciembre 2002, mismo
notario

5. Finca 5539 Folio 39 Del Libro 52e Del Departamento De Alta Verapaz.
***********Duda: ¿La Finca Esta En Panzos O En Senahú?
Finca Rustica Consistente En Lote De Terreno En Jurisdicción De Panzos Y (Ubicada
En El Municipio De Senahú, Departamento De Alta Verapaz), De 30,506.9450 Metros.
Esta Finca Pertenece A:
Vendida a 9 trabajadores
En La Inscripción Del Registro Dice Miembros Del Comité Agrícola Comunidad San
Jose Senahú, Departamento De Alta Verapaz.
*********************Duda ¿Pertenece Solo Al Listado De Personas O Al Comité
Agrícola?

Escritura 16 3 De Abril 2002 Mismo Notario

6. Finca Numero 49 Folio 49 Libro 122 De Alta Verapaz: Fracción De La Finca
Camponha O Cabañas, Jurisdicción Municipal De Panzos, Departamento De Alta
Verapaz, Mide 108 Hectáreas, 43 Áreas, 8 Centiáreas, Colinda Al Norte, Al Sur Y Al
Oriente Con Finca Matriz Y Al Poniente Con Finca Omaxa Y Papalha, (Esta Finca Se
Desmembró De La Numero 411 Folio 219 Libro 52 De Alta Verapaz.
******************************Nota: Al Momento De Conservación (29-01-2003) Esta Finca
Era Propiedad De Finca Tampoma Sociedad Anónima. Con Fecha 1 De Agosto Del
2003, Esta Finca Paso A Ser Propiedad De La Comunidad Santo Domingo Cabañas,
Senahú, Alta Verapaz, Y El Comité Agrícola Comunidad San Jose Senahú,
Departamento De Alta Verapaz. (Q. 12,912.90) Precio Pagado A Finca Tampoma, S.A.
vendida a171 trabajadores

Escritura numero 34 y 38 fecha 2 de septiembre 2002 mismo notario

7. Finca Rustica 2216, Folio 127, Libro 130 Alta Verapaz. Terreno Ubicado En Los
Municipios De Tucuru Y Senahú, Del Departamento De Alta Verapaz, Y Se Denomina
Los Alpes, Originalmente Con Un Área De 336 Hectáreas, 21 Áreas, Mide Y Las


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Medidas Y Colindancias Siguientes: Al Norte: 1981.00 Mts. Con Finca Yalijuy, Al Este:
1406.00 Mas Un Segmento De 892 Con Finca Omaxa, Al Sur: 2300.00 Finca Camelias,
Y Al Oeste 1580.00 Mts. Con Finca Matriz. Pero Al Efectuársele Una Desmembración
De 44 Hectáreas 88 Áreas 65 Centiáreas Le Quedo Un Área De 2, 913.235 M2.
Tiene Una Desmembración De: 44 Hectáreas 88 Áreas 65 Centiáreas.

Personas Copropietarias Total 597 (Ver El Listado En La Certificación Del Registro)
Esta Finca Se Compro A La Mocca S.A. Escritura Numero 58 2 Diciembre 2002 Mismo
Notario.

8.
Finca Numero 195 Folio 137 Libo 12 De Alta Verapaz
Terreno Situado En El Municipio De Panzos, Alta Verapaz, Consta De 20 Caballerías
32 Manzanas 6044 Varas Cuadradas, Colindancias: Al Norte Tomas Chacon, Al Sur
Finca Papalja, Al Oriente: Finca Chimax, Y Al Norte Termina En Un Angulo Formado
Por El Monjon Osmaxa.

Desmembraciones: 1) 87 Hectáreas 23 Área 8.9 Centiáreas.
                              2) 190 Hectáreas 91 Áreas, 50 Centiáreas
Área Actual: Esta Finca Según El Registro Tiene Un Área Actual De 7,242.590.4000
M2.
Personas Copropietarias Total 474 Miembros Del Comité Agrícola Comunidad Senahú,
Alta Verapaz, (Ver El Listado En la Certificación Del Registro) Esta Finca Fue
Comprada A Finca Mocca S.A. Por Q, 79,741.35
Numero Escritura
La forma fue compraventa en copropiedad.
El conflicto es que a todos se les dio una hoja de la escritura en donde sólo aparece su
nombre. A la fecha no se les ha indicado en donde esta físicamente ubicada su
fracción, mala tierra, si existe la tierra.


* La gente tuvo inconformidad, porque hubo un grupo de 442 trabajadores no fueron
tomados en cuenta en estas compraventas, razón por la que se organizaron en
Asociación campesina de desarrollo San José Mocca Aj Senahú Alta Verapaz. Se
avocaron a UVOC para solicitarles acompañamiento.

Estas familias siguieron asentadas como mozos colonos en sus casas en la finca
Moca.
También los otros a quienes supuestamente les dieron tierra.

Posteriormente los mismos trabajadores iniciaron un proceso de investigación registral
de las fincas mencionadas, para saber exactamente en donde geográficamente se
encuentran ubicadas y cual es la fracción que les corresponde a cada uno de ellos.

Como se puede observar la extensión territorial de las fincas es sumamente pequeña y
sus copropietarios son muchos. Se estima que la fracción de tierra que supuestamente
les corresponde no alcanza ni siquiera para su propia vivienda, menos para sus
trabajaderos.

Hablaron al finquero para que les explicara la situación de las tierra, no tuvieron
ninguna respuesta, le propusieron que eran muy poca y que mejor les vendiera más
tierra para tener en donde trabajar. El no acepto a sus peticiones.

Entonces los 280 trabajadores iniciaron medidas de presión tomando la finca
Tampoma (ver anotado anteriormente)

De esta finca es que fueron desalojados el 1 de febrero. (Quemaron viviendas, sus
cultivos, animales…) la que han sufrido varios desalojos judiciales y extrajudiciales,


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Recibido agresiones físicas, atacados con arma de fuego y asesinados algunos de sus
miembros. Ejercito, PNC, guardias de seguridad y antimotines. Ministerio Público y
Derechos Humanos.

El 5 de abril del 2006 el asesor de UVOC, plantea un Conflicto Colectivo en
Prevención en contra del patrono, en el Juzgado 6º de Trabajo en la capital,
identificado con el No. 8-2006. Con este juicio la finca quedó Emplazada con lo que se
busca sentar a las partes a la mesa de conciliación. El Emplazamiento previene a las
partes abstenerse de toda agresión.

Antecedentes:

   1. En el año 2000, los dueños de la finca despiden a los mozos colonos y solicitan
      su desalojo

   2. El 1 de febrero del presente año 2006, 280 familias campesinas indígenas
      quienes habitaban las fincas San José Moca y Cabañas del municipio de
      Senahú del Departamento de Alta Verapaz; fueron desalojadas por 600
      policías fuertemente armados, acompañados de un contingente de 100
      soldados del Ejercito Nacional de forma violenta, a las diez de la mañana. La
      policía, como en las peores épocas del conflicto armado interno inició la quema
      de las viviendas, alimentos, vestuario de las familias que mantenían ocupada la
      finca. Un día después de esta acción Las mismas familias regresan a ocupar la
      misma tierra donde siempre han vivido y construyen viviendas tipo champas.

   3. El 4 de febrero del 2006, la seguridad de la finca los agredió a 4 trabajadores
      cuando se conducían a recoger agua para beber, resultando cuatro personas
      heridas de bala dos de éstas de gravedad, consecuencias que aún persisten en
      dos de estas personas.

   4. El 6 de Abril del 2006 se realiza el segundo desalojo, con uso de violencia,
      donde pierden las pocas cosas que habían logrado hacer. A partir de este
      desalojo el finquero reforzó la seguridad por lo que se preveía mas ataques
      para los campesinos, permaneciendo aún 235 familias en la calle frente a la
      finca, ya que por el miedo algunas han desistido y se han marchado

   5. 21 de abril de 2006 Amnistía Internacional se dirige al Presidente de la
      República de Guatemala, manifestando su preocupación por el Caso de Finca
      Moca.

   6. 26 de Abril 2006 Carta de preocupación por parte de CONGCOOP al señor
      alcalde del municipio la Tinta, departamento de Alta Verapaz Guatemala, por
      las amenazas que el lanzo vía radio donde el anuncio que el juntaría al pueblo
      para desalojar a los campesinos.

   7. 22 de Junio 2006 Campo Pagado vía prensa libre denunciando los ataques, la
      violencia, los desalojos persecuciones amenazas de muerte en contra de los
      campesinos.

   8. A la fecha de hoy, las prestaciones laborales no han sido pagadas, la tierra que
      les fue ofrecida en el año 2002 a través de un documento no les ha sido
      adjudicada a las 800 familias, tampoco se les ha realizado el cálculo de sus
      prestaciones laborales por parte de la Inspección General de Trabajo por los
      años trabajados en la finca, como para poder partir de allí cualquier negociación
      o conciliación dentro del proceso laboral planteado.




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Acontecimientos trágicos del día 8 de julio 2006.

El 8 de julio del 2006, sufrieron una nueva agresión, un grupo de 600 personas muchas
de éstas armadas llegan y disparan indiscriminadamente, atacan a la población con
machetes, palos, piedras. La agresión inicia desde las 11 de la mañana hasta las 3 de
la tarde, resultando 39 heridos, 8 de gravedad y el Señor Miguel Quib de 75 años quien
fuera herido de bala en el pecho y luego asesinado con un ladrillo en su cabeza. El
recuento de los heridos se logró hacer hasta el día lunes 10, cuando las personas
fueron saliendo de donde se habían escondido para salvar la vida.

Este día 8 de Julio de 2006 a las 11 horas ingresaron aproximadamente 600 hombres
armados al casco urbano de la finca en donde viven los campesinos, esta gente
armada ataco desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas. Fue asesinado el
compañero Miguel Quib, de aproximadamente 75 años de edad. El falleció a las 11 de
la mañana de un tiro en el pecho y lo terminaron de matar a pura pedrada. El cadáver
permaneció tirado casi 24 horas.

El número de heridos es de 38 entre ellos se encuentran sumamente graves los
siguientes:
    1. Domingo Bol: con heridas en la cabeza ocasionados con machete.
    2. Rene Yaxcal: (tel. 55365549) fue herido por arma de fuego en el cuello una
       bala.
       En el brazo izquierdo una bala. En la Mejìa izquierda una bala. En la pierna
       derecha 3 balazos
    3. Sebastián Choc: heridas en ambas piernas*
    4. Corona Bol Tot: herida profunda en el brazo derecho, herida en la boca y
       golpes en diferentes partes del cuerpo*
    5. Fidelia Che: herida en el brazo derecho es probable que pierde el brazo.
    6. Mercedes Quib Caal:
    7. Alicia Bol: Golpe en la cabeza con machete*
    8. Paulina Cac: Machetazo en la cabeza, Machetazo en el pie, Golpes en todo el
       cuerpo*
    9. Dominga Ba Choc Hospital de coban tiene golpes por todo el cuerpo le
       quebraron el brazo. (número de cedula O-16 27150).*

El resto de campesinos heridos fueron golpeados y heridos con piedras y machetes,
permanecieron soportando el dolor de las heridas por casi 24 horas, fueron
encontrados por los mismos campesinos al día siguiente a las 10 de la mañana, en un
lugar donde se refugiaron. La señora Margarita Cac apareció el mismo domingo a las
5 de la tarde.

Fueron trasladados el día 9 de julio por una ambulancia del hospital del municipio de la
Tinta, en donde los atendieron y los dieron de alta el día 11 sin garantizar el
tratamiento adecuado. Luego UVOC con apoyo del Obispo Gerardo Flores fueron
recibidos en el hospital de San Cristóbal* Alta Verapaz y el hospital de Cobán, de
donde los sacaron el lunes 16 de julio. Donde permanecieron en una casa particular
de Santa Cruz Verapaz, en donde la organización acompañante y la misma gente los
atiende. Careciendo de medicamentos, médicos, alimentos, chamarras y demás
enseres que se necesitan para su tratamiento

A la Policía Nacional Civil se le aviso el mismo día que ocurrieron los hechos, sin
embargo fue hasta el día siguiente que se presentaron con el auxiliar de Derechos
Humanos, miembros del ejército, Policía Nacional civil y el Ministerio Público.
Manifiestan que el auxiliar de los derechos humanos Hugo Herculano Pop procedió a
entrevistar sólo a los agresores y no así a los agredidos.

Los heridos que al momento se encuentran fuera de peligro son:
   1. Fidelia Bol


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   2. Rubén Sagui Choc
   3. Augusto Xol
   4. Elvira Caal
   5. Luisa Caal
   6. Ernesto Xe
   7. Domingo Bol
   8. Petrona Ical
   9. Margarita Cac
   10. Tomás Ché
   11. Manuel Xe
   12. –Agusto Xe Putul
   13. Aurelia Che Toz
   14. Edmundo Xe
   15. Venancio Sacul
   16. Haroldo Xe
   17. Rosalía Chu
   18. Arturo Choc Chub
   19. Rogelio Antonio Bol Che
   20. Alfredo Choc Xo


Quienes son los Agresores

Los agresores son vecinos de Santa Cruz Moca y de otras comunidades pagados por
el finquero. Encabezados por:

Emilio Coc: excomisionado militar
Alfredo Coc Toz: promotor de salud
Carlos Coc Toz: empleado de la finca
Víctor Coc: Maestro de la comunidad

Estas personas encabezaban al grupo gritando la consigna del tiempo de la guerra “a
pura ley los vamos a matar y los vamos a quemar”

Usaron armas de diferentes calibres entre ellas pistolas calibre 22, escopetas calibre
12, rifles calibre 22 y 9 milímetros.


Los ejecutores de este hecho de sangre son campesinos indígenas en contra de sus
semejantes, pero los autores intelectuales de este enfrentamiento son los hermanos
de origen alemán William y Howard Hemstead Smith.

El entierro del fallecido se hizo en silencio no hubo presencia de muchas personas por
temor de ser agredidos.

Maniobras utilizadas por los propietarios de la finca:

Los dueños de la finca lograron dividir en dos grupos a los colonos de la finca (en total
850 aproximadamente); un grupo, conformado por ex patrulleros de autodefensa civil,
ex comisionados militares, ex soldados y soldados aún activo, así como caporales de
la finca y miembros de las sectas evangélicas quienes se quedan apoyando a los
finqueros en contra del otro grupo integrado por 235 familias de mozos colonos
(trabajadores) quienes demandan el pago de prestaciones laborales y que les
entreguen la tierra que les fue ofrecida.

El grupo que apoya a los finqueros conformador un frente en contra de los
trabajadores organizados que reclaman su derecho a la tierra, sus prestaciones
laborales y justicia.

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Los dueños de la finca han armado a una empresa privada de seguridad y a personas
particulares, aparentemente miembros de la comunidad, generando una situación en
que la violencia pareciera ser un enfrentamiento entre los campesinos.


Entidad Acompañante

En el año 2004 el grupo de 235 familias de mozos colonos se avoco a la Unión
Verapacense de Organizaciones Campesinas UVOC miembro de la Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).           Desde esta fecha esta
organización les ha acompañado, asesorado en búsqueda de solución a sus
problemas. El resto de familias no está organizado, pero igual enfrentan la misma
problemática.

Actuación del Gobierno en torno a estos ataques y violaciones.

Como todo caso de conflictividad agraria en nuestro país la situación es compleja y se
ha agudizado conforme pasa el tiempo la Asociación campesina de Desarrollo San
José Moca AJ, la UVOC y la CNOC han denunciado hasta la saciedad y han exigido
la intervención de las instituciones estatales para que se busque el respeto a los
derechos de los trabajadores campesinos indígenas de esta finca y que paren las
brutales violaciones de que han sido víctimas por parte de los finqueros. Se ha
exigido la solución del problema laboral y el problema de tenencia de la tierra.
Sumamos ahora la exigencia de que el Ministerio Público cumpla con su función de
investigar y capturar a los responsables de los delitos cometidos en contra de la vida e
integridad física de los campesinos que en los últimos seis meses han sufrido el acoso
y ataque perpetrados por cuerpos de policía ilegal, guardias de seguridad ordenados
por los Propietarios de la Finca La Moca.

Las agresiones, los ataques, y la violación de sus derechos laborales y a la tierra de los
campesinos han sido vistos con indiferencia por parte de las autoridades de gobierno
responsables de aplicar la justicia. En la última agresión los campesinos tienen
identificados a varios ex patrulleros y miembros de fuerza de seguridad, se han
proporcionado los nombres de los agresores y a la fecha no se ha capturado a los
responsables.

Se teme por nuevas agresiones en base a amenazas públicas escritas en medios de
comunicación por representantes de los terratenientes y empresarios, pronosticando
nuevas masacres y amenazando a los dirigentes y defensores de Derechos Humanos.
Los finqueros han contratado más personal de seguridad y se temen nuevos ataques.
Los agresores comentan que la ley está con ellos porque hasta el momento no les han
capturado        Con el agravante de que estos métodos de represión han sido
implementados en otras regiones del país donde los campesinos exigen su derecho a
la tierra, al pago de su trabajo...


Acciones Realizadas A Favor De Resolver El Conflicto De La Finca La Moca:

   1. A raíz de toma de la plaza Central por el Comité de Unidad Campesina, en el
      mes de enero del 2006, se abre el diálogo con las autoridades de gobierno
      poniendo en la mesa de negociaciones los conflictos de tierra más urgentes, en
      el que se incluye el conflicto de los Campesinos de San José la Moca. En este
      marco se instala la mesa de Negociación con la participación de UVOC, Fondo
      de Tierra, PDH, y Catastro en Cobán para discutir el conflicto de los
      campesinos de la finca la Moca, a la fecha no se tienen soluciones viables al
      problema.


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   2. El 5 de abril del 2006 el asesor de UVOC, a partir de un análisis del caso,
      determina que el problema es laboral, y plantea un Conflicto Colectivo en
      Prevención en contra del patrono, en el Juzgado 6º de Trabajo en la capital,
      identificado con el No. 8-2006. Con este juicio la finca quedó Emplazada con lo
      que se busca sentar a las partes a la mesa de negociaciones.                 El
      Emplazamiento previene a las partes abstenerse de toda agresión.

   3. El 11 de mayo del 2006 UVOC logra iniciar la negociación con el Vicepresidente
      de la República en funciones, le presentaron las siguientes peticiones y son las
      que prevalecen para continuar en la negociación con las autoridades:

       •   Que se convierta en Mediador en el conflicto
       •   Que el Fondo de Tierras realice Estudio Socio-económico de las familias
       •   El Ministerio de Trabajo realice estudio de la situación laboral calculando las
           prestaciones que se adeuda a las familias
       •   Víveres, medicinas y los servicios básicos para las familias afectadas.
       •   Ubicar y entregar la tierra que se adjudicó a 800 familias.

De esto se logró que les llevaran algunos víveres y colchas para el grupo que está en
la calle.

   4. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha abierto expediente por las
      violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los campesinos y se
      espera la resolución resultado de sus investigaciones.

   5. Se han hecho las denuncias de las agresiones, intimidaciones y ataques a los
      campesinos al Ministerio Público pero vemos que no ha realizado las
      investigaciones correspondientes que conduzcan a la captura y procesamiento
      de los responsables. Se han tenido que hacer las denuncias en la capital
      porque en las fiscalías de Alta Verapaz no les ponen la atención debida.

Peticiones Concretas Que Se Hacen Al Presidente De La Republica.

           a) Que el Ministerio Público de inmediato integre un equipo que investigue
              e individualice a los sujetos activos (materiales e intelectuales) de los
              hechos delictivos cometidos en contra de los trabajadores de la Finca
              Mocca, quienes deben quedar debidamente identificados y ligados a un
              proceso penal.
           b) La inmediata reparación de los daños y perjuicios causados a los
              trabajadores de la Finca Moca y Cabañas, por los daños y perjuicios
              ocasionados en las distintas agresiones de que han sido objeto y una
              indemnización por no poder garantizarles La Vida, la Integridad Física y
              la seguridad personal así como sus bienes.
           c) El cese inmediato de amenazas, intimidaciones e incitaciones públicas
              por parte de columnistas que se han dado a la tarea de difamar,
              calumniar y desprestigiar a dirigentes, líderes y defensores de los
              derechos humanos en este conflicto.
           d) Exigimos que no sigan quedando impunes estos hechos que atentan
              contra nuestra vida, contra nuestra etnia, contra nuestros territorios,
              contra nuestro derecho al trabajo.
           e) Que el ejecutivo a través de una comisión especial integrada por
              CONTIERRA, Secretaria Agraria, Fondo de Tierra, Registro de
              información Catastral, Derechos Humanos y representantes de nuestras
              organizaciones que se encargue de:
           • Investigar, sobre los contratos de compra venta en copropiedad
              celebrados entre Mocca Sociedad Anónima y los trabajadores en el año
              2002, que se refieren a las fincas
                    1. Finca 2216 Folio 127 Libro 130 De A.V,

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                     2. Finca 2217 Folio 128 Libro 130 De A.V.
                     3. Finca 199 Folio 241 Libro 22 P.S.
                     4. Finca 5354 Folio 354 Libro 51 “E” De A.V
                     5. Finca 195 Folio 137 Libro 12 De A.V.
                     6. Finca 1895 Folio 195 Libro 147 De A.V.
                     7. Finca 5539 Folio 397 Libro 52 “E” De A.V.
                     8. Finca 49 Folio 49 Libro 122 De A.V.
   •   Una investigación Registral y catastral profunda de las fincas mencionadas
       para determinar su origen, su existencia, la forma como la obtuvieron los
       actuales propietarios, su ubicación en campo y la extensión.
   •   Que se haga entrega física de dichas tierras a los trabajadores como
       copropietarios
   •   Adjudicar tierras a los 442 trabajadores que no fueron tomados en cuenta.
   •   Realizar un estudio socioeconómico de los trabajadores para que de acuerdo a
       la cantidad de tierra que les fue vendida se realice un proceso de acceso a la
       tierra a través de Fondo de Tierras.
                                .
            f) Que ordene al Ministerio de Trabajo, la realización del cálculo de las
               prestaciones laborales de cada uno de los trabajadores de la Finca
               Moca, para poder entrar en la fase de conciliación del proceso laboral.
               El cálculo de prestaciones debe incluir salarios no pagados desde que
               fueron despedidos, prestaciones laborales e indemnización por las
               décadas de trabajo prestado por nuestros padres, nuestros abuelos y los
               actuales trabajadores. Así como que revise planillas de salarios, planillas
               del IGSS.
            g) Que las actuales políticas publicas estén encaminadas a resolver de
               fondo y forma la problemática agraria.

Derechos Violados en este conflicto:
   1. Derecho a la Vida
   2. Derechos a la Integridad personal
   3. Derecho a no se sometido a la servidumbre
   4. Derecho a la protección de la honra y la dignidad
   5. Libertad de Asociación
   6. Derecho a la protección de la familia.
   7. Derecho a igual protección de la ley
   8. Derecho a protección judicial contra violaciones de los derechos fundamentales.
   9. Derecho al trabajo y a recibir un salario justo
   10. Derecho a la seguridad social.

Se presenta este caso porque
           •   Se niega a la victima acceder a la justicia,
           •   Las leyes y las instituciones locales no aseguran el debido proceso para
               la protección de los derechos.
           •   Retardo injustificado en la aplicación de la justicia
           •   No se tienen los medios económicos adecuados para pagar el costo de
               exigir justicia

Porque el Estado tiene relación con estas violaciones:


Las agresiones han ocurrido por el propio Estado a través de sus instituciones en
protección abierta a los terratenientes: Ministerio Público, Tribunales, Policía Nacional
Civil, Ejército.



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Porque las instituciones encargadas de administrar justicia nunca abren un proceso
penal en contra de los terratenientes y empresarios responsables de las violaciones a
los trabajadores y campesinos.


Porque a través de los tribunales de trabajo no se realiza el debido proceso para
garantizar los derechos laborales de trabajadores, mozos colonos.


No existe control sobre los empresarios, y terratenientes o partes patronales sobre el
cumplimiento de los salarios mínimos y Prestaciones de ley.


Porque el Estado permite con su silencio e indiferencia que comunidades sean
atacadas por guardias de seguridad particular, por grupos armados ilegales.


Porque El Estado niega el acceso a la justicia a los campesinos al no realizar la
investigación, la captura de los responsables y su enjuiciamiento debido por los delitos
que cometen en contra de trabajadores de la finca Moca.


Dirección de la Institución que presenta el caso:
Organización Campesina: “Asociación de Desarrollo San José Mocca AJ “
Entidad Acompañante: UVOC “Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas”


Nombres de los representantes legales:
Junta Directiva de la Asociación
Presidente:           Emiliano Xe,
Vicepresidente:       Mateo Yat Caal,
Tesorero:             Alfredo Xo,
Vocal 1.              Rolando Choc Macz,
Vocal 2:              Francisco Caal


El Estado involucrado:
Guatemala, Centro América.


Pruebas presentadas.
Adjunto:
    •   Un listado de los desalojos ordenados en las Verapaces.
    •   Listado de parte de los trabajadores y trabajadoras organizados.
    •   Fotografías de los heridos en el desalojo del 8 de julio del presente año.
    •   Algunas fotografías de desalojos.
    •   Copia de

Situaciones graves y urgentes:
Es inminente nuevo ataque a los trabajadores que se encuentran asentados en la orilla
de la carretera frente a la finca después de ser desalojados.
Riesgo inminente de perder la vida de los defensores de derechos humanos,
miembros de UVOC, directivos de la Asociación, y líderes de los trabajadores.



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Nombres:
    •   Carlos Morales Cifuentes
    •   Felix Ja Jalal
    •   Presidente:         Emiliano Xe,
    •   Vicepresidente:     Mateo Yat Caal,
    •   Tesorero:           Alfredo Xo,
    •   Vocal 1.            Rolando Choc Macz,
    •   Vocal 2:            Francisco Caal

    Los miembros de Comité Ad-Hoc que intervienen en el proceso laboral


    •   Mateo Yat Caal
    •   Emiliano Xe
    •   Emiliano Bol Xol

   1. finca 199 f 241 libro 22 de primera serie a.v. extensión. 46 manzanas 4400 v
      cuadradas. Desmembración de 7 hectáreas 80 áreas y 55 centiáreas
      adjudicada a 400 personas, dada a los campesinos. supuestamente
   2. 1895 f 195 l. 147 a.v.
   3. 2216, f 127, l 130 de a.v
   4. 2217, 128. l 130 a.v
   5. 5354 f 354, l 51 e a.v
   6. 49 f 49 l 122 de a.v.
   7. 195 f 137, l 12 a.v.

Sociedad la Moca S.A. dueños de las 7 fincas que fueron adjudicadas a los
campesinos

Sábado Emiliano Xe tel 57568859
Mateo Yat tel.
Tel. Jorge Luis 59708070 Abogado
El nombre de otros heridos: Yazcal Choc, Margarita Cac, Paulina Ic, David Coy, Miguel
Quib, Alicia Bol, Domingo Xe, Marcelino Quej, y Rosalía Chub, Corona Bol, Mauricio
Bol y Fidelia Choc


Tipificación del caso
Asesinato extrajudicial.

Jueves santo 5 de abril 2007 mataron al compañero dirigente Carlos Chub Che,
compañero que deja en la orfandad a 5 niños siendo los asesinos Eugenio Tot Choc,
Hermelindo Tot Choc, Rene Che Caal Y Roberto Caz Rax.

Lunes 6 de agosto 2007, fallece en el hospital San Juan de Dios de la ciudad Capital el
compañero dirigente José Maria Cu de 39 años después de un largo año de sufrimiento
por las heridas causadas en el desalojo del 8 de julio del 2006, dejando en la orfandad
a 3 niños.




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CASO FINCA CUBILGUITZ.


   1.   Esta finca se encuentra ubicada en Aldea Balbatzul, Municipio de Cobán,
        departamento de Alta Verapaz. Área total de la finca: 960.61 hectáreas.

   2.   Finca dedicada a la plantación de árboles de Hule de campo, con una
        producción máxima de rendimiento de 1,800 kilos por hectárea.-

   3.   En este conflicto intervienen 80 trabajadores.

   4.   El 26 de julio de 2001 se produce un despido masivo de los trabajadores, sin
        que la parte patronal les haga efectivos sus salarios y demás prestaciones
        laborales a las que tienen derecho. Los trabajadores manifestaron al CUC su
        solicitud en el sentido que se reclamen sus prestaciones laborales y que estas
        se les hagan efectivas mediante la adjudicación de tierra, que les permita hacer
        cultivos. Extrajudicialmente se hizo llegar esta petición a la parte patronal,
        quienes se negaron a cumplir con lo solicitado. Ante la respuesta negativa del
        patrono, los trabajadores se niegan a abandonar la finca, permaneciendo en
        ella en virtud que allí tienen sus viviendas, en base a lo establecido en el
        artículo 145 del Código de Trabajo.

   5.   El 17 de octubre del año 2001, los trabajadores nombraron un comité Ad-Hoc (
        Ad-Hoc, es una expresión latina que significa “para esto”, en otras palabras
        para un fin.) con tres trabajadores para que puedan actuar en representación
        de todos los trabajadores. Al haber formado el Comité Ad hoc, se emplazo a
        parte patronal, quienes a través de diversas acciones judiciales lograron
        levantar el emplazamiento dentro del expediente del Conflicto Colectivo Laboral
        No. 745-2001 del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social
        de Cobán Alta Verapaz.-
   6.   Lamentablemente ha transcurrido el tiempo y únicamente nos queda seguir
        negociando extrajudicialmente con la parte patronal, sin embargo el patrono se
        han negado a acceder una ultima reunión, la cual será clave para que el CUC,
        por medio de la oficina jurídica, pueda presentar la Demanda Ordinaria Laboral
        de reclamación de Prestaciones Laborales, en virtud que nos abre la vía para
        plantear la ordinaria laboral, aplicando el articulo 266 inciso b) del Código de
        Trabajo.-


CASO FINCA DOLORES:

   1.   Ubicada en el Municipio de Cobán, del Departamento de Alta Verapaz. En
        dicha finca trabajaron y viven 55 familias, las cuales, iniciaron su relación
        laboral en enero de 1979, de las cuales fueron suspendidos 44 trabajadores
        por parte de la propietaria, la Señora Patricia Dieseltdorff, en febrero de 2004,
        dentro de las acciones que iniciaron fue denuncia en la Inspección General de
        Trabajo jurisdicción de Cobán, en la cual se solicitaba el pago de las
        prestaciones que en derecho corresponden. De dicha acción no se llego a
        ninguna conciliación por tal motivo se dio por agotada la vía administrativa.
        Dentro del plazo establecido en la ley se inicia acción judicial demandando en
        juicio Ordinario Laboral el pago de Prestaciones Laborales, en el Juzgado de
        Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia de Alta Verapaz
        habiéndosele asignado a dicho expediente el numero 147-2005 oficial 1º.
   2.   Estado Actual: El 3/3/06, la señora Patricia Dieseldorf, plantea por medio de
        su apoderado conflicto de jurisdicción, el Juzgado manda suspender el tramite
        del juicio y envía el expediente (los autos) a la Corte Suprema de Justicia.




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  3.   En este caso la Corte declaro sin lugar el Conflicto de Jurisdicción planteado
       por la parte patronal, en consecuencia el Juzgado señalo audiencia para juicio
       oral el día 14 de junio del 2006, a las 8:30 horas.-
  4.   Esta audiencia se llevo a cabo, a la cual compareció personalmente la
       demandada, el mandatario y el abogado que los auxilia Lic. Gustavo Adolfo
       Barrios Enríquez. Contestaron por escrito la demanda e interpusieron
       excepciones perentorias. Dentro de las pruebas propuestas por los
       trabajadores se diligenciaron: a) La exhibición del libro de salarios por parte de
       la demandada, en el cual no aparece ningún nombre de los trabajadores
       demandantes; b) Las adjudicaciones de la Inspección General de Trabajo que
       obran en autos; c) Y la Declaración de Parte, que debía realizarse por la
       demandada, no se llevo a cabo en virtud de no haberse presentado las plicas
       correspondientes.
  5.   Dentro de las pruebas propuestas por la demandada, solicitaron la declaración
       de los trabajadores, mediante pliego de posiciones que presentaran el día de la
       audiencia, la cual se señalo para el día 12 de julio 2006, a las 8:15 horas, así
       también informes que solicitaron se pidan al M.P, sobre una denuncia de
       usurpación y a la Inspección de trabajo sobre una adjudicación.- Concluyo el
       periodo de prueba dentro de dicho juicio, procediendo dictar la SENTENCIA
       que corresponda.
  6.   Con fecha veinticuatro de noviembre del dos mil seis, el tribunal de Trabajo y
       Previsión Social, dicta sentencia declarando SIN LUGAR LA DEMANDA en la
       vía ordinaria.- Esta sentencia se notifico a los trabajadores el veinticuatro de
       noviembre del dos mil seis. Dicha sentencia fue apelada mediante memorial
       de fecha seis de diciembre del dos mil seis, otorgando el tribunal dicha
       apelación.- Se evacuan todas las audiencias conferidas otorgadas por el
       tribunal de alzada (Sala de Apelaciones), y el veintisiete de febrero del dos mil
       siete, la Sala respectiva notifica la sentencia de segundo grado, en la cual este
       tribunal CONFIRMA la sentencia apelada.-


CASO FINCA LOS CANAQUES


  1.   Finca Los Canaques, esta ubicada en aldea Cholá, del municipio de San
       Miguel Uspantán, departamento de El Quiché.
  2.   Las 7 familias trabajadores de la Finca Canaques, quienes viven en las aldeas
       Senzontle San Pablo, y Cantón Cholá, comenzaron su relación laboral entre
       los años de 1979, a 1993 con el propietario de la finca.
  3.   Recientemente devengaban un salario de Q.20.00 diarios los hombres, y las
       mujeres Q.25.00 semanales.
  4.   El 30 de noviembre del año 2002 fue informado por el señor David Rivera
       Orrego propietario de la finca, que ya no hay trabajo para ellos y que deben
       salir del terreno porque ya contrató a otros trabajadores.
  5.   La pretensión de los trabajadores ha sido que si no pueden seguir laborando
       en dicha finca, que el patrono les cancele cada una de las prestaciones que
       conforme a la ley les corresponde: INDEMNIZACIÓN, AGUINALDO, BONO
       CATORCE, SALARIOS NO PAGADOS Y VACACIONES LAS CUALES
       NUNCA FUERON GOZADAS NI RETRIBUIDAS por todo el tiempo que han
       mantenido su relación laboral con el propietario de dicha finca.-
  6.   Las siete familias que trabajaron en esta finca, quienes fueron despedidos de
       sus labores, presentaron la denuncia correspondiente a la Inspección General
       de Trabajo de El Quiche, quien convoco a varias juntas conciliatorias pero no
       se llego a ningún resultado positivo.

  7.   El Comité de Unidad Campesina –CUC-, a través de la Asesoría Jurídica,
       plateo la Demanda Ordinaria Laboral por medio de la cual se reclama el pago


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       de prestaciones laborales para las familias despedidas en dicha finca. El Juicio
       se ha tramitado en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo, Económico
       Coactivo, Civil y de Familia, de Santa Maria Nebaj, El Quiche, identificado con
       el numero 4-2004.-
  8.   La sentencia de fecha 22 de abril del 2005, en este juicio es favorable para las
       familias, sin embargo la parte patronal inconforme con el fallo APELO la
       sentencia, enviándose el expediente a la Sala 2ª. de la Corte de Apelaciones
       de la Ciudad de Guatemala, para que esta dictara una segunda sentencia, la
       cual fue dictada por dicha sala con fecha diez de octubre del dos mil seis, en la
       cual se CONFIRMA la sentencia apelada.- Esta sentencia se notifico a la parte
       patronal, en noviembre del 2006; a esta fecha la misma se encuentra firme, por
       lo que el juzgado de oficio debe proceder a realizar la liquidación
       correspondiente y darle audiencia al patrono por dos días para que haga
       efectivo el pago. Si este no paga a los trabajadores una vez notificado de la
       liquidación, el juzgado debe ordenar a un ejecutor para que le requiera el
       pago, y sí aun así se negare a pagar, se decretaran las medidas de embargo
       sobre bienes de su propiedad si tuviere. Si no tuviere bienes, la sentencia se
       queda sin ejecutar, únicamente debe hacerse presión con la solicitud de
       certificar lo conducente a un juzgado penal.- De hecho ya esta redactado el
       memorial pidiendo certificar lo conducente a un juzgado penal y el memorial
       pidiendo se realice la liquidación correspondiente. Para establecer el estado
       real y actual del presente proceso, viajaron a Nebaj, Sergio Belteton y Belter
       Hernández, el 18 y 19 de Julio, donde al hablar con el oficial del juzgado
       correspondiente, se estableció que efectivamente la parte patronal presento
       amparo en la Corte Suprema de Justicia, Camara de Amparo y Antejuicio, al
       cual se le asigno el numero 1444-2006, oficial 4º.-.
  9.   El 31 de julio del 2007, se presento memorial dentro del amparo evacuando
       audiencia de 48 horas a las partes. Se encuentra pendiente que se ordene la
       apertura a prueba de dicho amparo; luego la segunda audiencia, y pasada esta
       dictar la sentencia correspondiente, que esperamos sea favorable para las
       familias que reprsenta el CUC.-


CASO FINCA CHINTUN.


  1.   La finca Chintún se encuentra ubicada en la aldea Jalauté, Municipio de
       Tucurú, Alta Verapaz. 57 trabajadores campesinos iniciaron su relación laboral
       en el año de 1959. Con el patrón Flavio Leal, ya fallecido. La Finca se dedica a
       la siembra y cosecha de café.
  2.   Cuando ellos comenzaron a trabajar se les dio un área de tierra equivalente a
       436.81 metros cuadrados (una cuerda) para que construyeran sus casas y
       3,057.67 metros cuadrados (7 cuerdas de terreno)
  3.   Todos fueron despedidos en el año 1997. Habiendo trabajado durante 38 años.
  4.   El patrón para pagarles sus prestaciones les asignó 43 hectáreas, 68 áreas y
       10 centiáreas ( 1 caballería de tierra) a 37 trabajadores sin necesidad de ir a
       los tribunales de justicia, pero quedaron sin ser beneficiados 20 trabajadores.
       La donación de esta área de terreno se hizo a través de la Escritura de
       Compra Venta de bien Inmueble.
  5.   Después de varios intentos de negociación de los trabajadores con el patrón
       para que resolviera el problema a los trabajadores no beneficiados, los
       trabajadores decidieron tomar otra parte de las tierras en septiembre del año
       2,003.-
  6.   Con asesoría de la Oficina Jurídica del CUC se iniciaron platicas con los
       trabajadores y con el patrón para ver si se puede llegar a arreglos en vía
       directa, si el accede a resolver el problema la asesoría consistiría en autorizar



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       las escrituras y resolver la documentación individual. Caso contrario se llevará
       el caso a los tribunales de justicia laboral.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN
DE GUATEMALA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUNTEG:


  1.   En el caso del Sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la
       Educación de Guatemala del Ministerio de Educación –SUNTEG-, sindicato
       afiliado a FENASTEG, se les negó la celebración de Asamblea General en
       horas de trabajo, el permiso para celebrarla fue solicitado el 5 de agosto 2005,
       y el Ministerio de Educación negó el permiso mediante el oficio de DJ 213-
       2005/rrac de fecha 9 de Agosto 2005, sin embargo se solicito la intervención de
       la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales, y dicha comisión cito a la
       Ministra de Educación Ingeniera Maria del Carmen Aceña véase oficio de fecha
       4 de octubre del año dos mil cinco identificado con el número RC/961-2005
       firmado por el Viceministro Rodolfo Colmenares Arandi, quien nunca participo
       ni envió excusa alguna, simplemente no le importo y dicha Comisión nunca
       pudo hablar ni con el sindicato ni con la funcionario evidenciado la poca
       voluntad de vigilar la libertad sindical, y el Ministerio de Trabajo nunca se
       pronunció al respecto.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE BAYER DE GUATEMALA

  1. Bayer de Guatemala es una filial de la transnacional Alemana BAYER y que
     tiene su planta de producción en el municipio de Amatitlán del departamento de
     Guatemala.
  2. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Bayer de Guatemala se fundó el 24
     de mayo 1982 durante la época más cruenta del conflicto armado interno.
  3. Desde hace algunos años, la empresa ha puesto en ejecución de una estrategia
     a fin de lograr la muerte silenciosa del Sindicato; como parte de la misma, ha
     dejado de contratar trabajadores directamente por parte de Bayer de
     Guatemala, contratando a la mayoría de trabajadores a través una empresa
     denominada COSEIN.
  4. El objetivo ha sido siempre que el sindicato, conforme sus integrantes se vayan
     jubilando o retirando de la empresa, se vaya quedando sin afiliados hasta no
     reunir el número de trabajadores mínimo establecido por la ley para su
     funcionamiento. Las plazas que son dejadas por estos trabajadores, son
     posteriormente personal contratado por COSEIN. Actualmente, más del 70%
     de trabajadores que laboran para BAYER DE GUATEMALA son personas
     contratadas a través de la entidad denominada COSEIN.
  5. Es necesario señalar que, además de constituir una estrategia de debilitamiento
     y destrucción del sindicato, esta estrategia permite a la empresa establecer
     parámetros de discriminación que les permiten reducir sus costos toda vez que
     los trabajadores contratados a través de COSEIN no solo no pueden
     sindicalizarse sino que, a pesar de laborar en el mismo centro de trabajo,
     realizar las mismas labores y estar sujetos a los mismos horarios, reciben un
     salario menor que el que perciben los afiliados al Sindicato e, igualmente, se
     encuentran excluidos de los beneficios a favor de los trabajadores reconocidos
     en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
  6. Actualmente, debido a dicha estrategia, un sindicato con 25 años de lucha se
     encuentra a punto de desaparecer.




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CASO MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA:


  1. El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chinautla –
     SITRAMUNICH- en dicha municipalidad el Alcalde Arnoldo Medrano coarto la
     libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, al extremo que despidió
     sin autorización judicial, a todos los miembros del comité ejecutivo del sindicato,
     como a todos los afiliados a dicho sindicato, existiendo en dicha municipalidad
     el Colectivo No. 1938-2003 ofic.y not. 2do., Juzgado Quinto de Trabajo y
     Previsión Social, véase la queja planteada a instancia del Comité de Libertad
     Sindical de la Organización Internacional del Trabajo caso No.2361, y dicho
     comité dio recomendaciones que asta la fecha el Gobierno de Guatemala no a
     cumplido, Todos los trabajadores afiliados al sindicato y los miembros del
     Comité Ejecutivo, ya no laboran en la municipalidad en mención, puesto que el
     alcalde antes referido los amenazo para que ya no regresaran a trabajar, lo que
     se constituye en una acción de crimen en contra de todos los trabajadores que
     conformaron el sindicato.


CASO CENTRO NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
“JOSÉ DE PINEDA IBARRA” –CENALTEX- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

  1. El Sindicato de Trabajadores del Centro Nacional de Libros de Texto y Material
     Didáctico –José de Pineda Ibarra-CENALTEX- del Ministerio de Educación,
     existía el Conflicto Colectivo No. 2002-2969 ofi. Y not. 2do. en el Tribunal 4to.
     De Trabajo y Previsión Social, sin embargo existiendo un Conflicto Colectivo de
     Carácter Económico Social (emplazamiento), este tribunal acepto la solicitud del
     estado de Guatemala, para quitar las prevenciones en esta institución que era
     del Ministerio de Educación, específicamente en el CENTRO NACIONAL DE
     LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO –JOSE DE PINEDA IBARRA –
     CENALTEX- se destituyo a 16 trabajadores del Sindicato de Trabajadores del
     Centro Nacional de Libros de Texto y Material Didáctico –José de Pineda
     Ibarra- CENALTEX- lo cual causo perjuicio en estos trabajadores, ya que su
     trabajo era el único patrimonio con el cual contaban para cumplir con las
     obligaciones familiares adquiridas por estos, y que la causa invocada por el
     Estado de Guatemala QUE FUE LA REORGANIZACION no existe en la
     legislación nacional como causal justa de despido, por lo que el tribunal antes
     referido puso en indefensión a los trabajadores organizados en el sindicato, lo
     que permitió al estado de Guatemala EFECTUAR DICHOS DESPIDOS LO
     CUAL CONTRADICE el derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva.


CASO DICK FLETCHER ALBUREZ (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL)

  1. El trabajador Dick Fletcher Alburez fue despedido violando la inamovilidad que
     le asistía como directivo del Sindicato de las Direcciones Generales del
     Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de la Federación de Sindicatos
     de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
  2. Luego de mas de 6 años de proceso, el trabajador fue reinstalado en su puesto
     de trabajo, no obstante, no le fueron pagados los salarios y demás prestaciones
     dejados de percibir como consecuencia del despido reparando los perjuicios
     causados.
  3. Ante esto, se le solicitó al Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social que
     ordenara al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el pago de los
     salarios y demás prestaciones dejados de percibir desde el despido hasta la
     efectiva reinstalación reparando los perjuicios sufridos como efecto de la
     violación de su inamovilidad sindical, lo cual fue ordenado por el tribunal en


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     resolución de fecha 22 de junio de 2007 sin que el Estado de Guatemala
     impugnara dicha resolución lo cual presupone el consentimiento de la misma y,
     por ende, su firmeza jurídica.
  4. No obstante lo anterior, el Juez, en un acto unilateral y violatorio de la ley y el
     procedimiento, luego de recibida por el Juez la visita de funcionarios del
     Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, emite la resolución de fecha 16
     de agosto de 2007, dentro del juicio ordinario laboral número 294-2002,
     mediante la cual revoca las disposiciones de la resolución de fecha 22 de junio
     de 2007, dejando sin efecto el pago de los salarios y demás prestaciones
     dejados de percibir por el trabajador desde el despido hasta su efectiva
     reinstalación.
  5. El efecto de dicha resolución es que la responsabilidad el Estado al haber
     violado la inamovilidad sindical del trabajador despidiéndole de manera ilegal e
     injustificada, es trasladada de manera directa al trabajador al no repararse los
     perjuicios causados por un acto ilegal que no fue responsabilidad del trabajador
     afectado.


CASO LUIS ROLANDO VELASQUEZ (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL)

  1. El trabajador Luis Rolando Velásquez fue despedido de su puesto de trabajo sin
     causal justificada contraviniendo las prevenciones del emplazamiento dentro de
     un conflicto colectivo de carácter económico social con motivo de la negativa
     del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a negociar colectivamente
     con los trabajadores.
  2. La reinstalación fue ordenada y, luego de varios años de proceso, la
     reinstalación fue ejecutada; no obstante, existía la condena al Estado de
     Guatemala al pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir
     desde el despido hasta la efectiva reinstalación del trabajador afectado.
  3. Al entrar en proceso de ejecución de la parte económica del fallo (la reparación
     por los perjuicios causados) el Estado de Guatemala a través de la
     Procuraduría General de la Nación dio inicio a una serie de acciones dilatorias
     que han hecho que a mas de un año de la reinstalación, el Estado de
     Guatemala haya incumplido con el pago de dichos salarios lo cual mantiene los
     perjuicios causados por el despido ilegal del que fue objeto el trabajador.


CASO SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE:

  1. La trabajadora Evelyn Mansilla es afiliada al Sindicato de Trabajadores de la
     Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República –
     SITRASEC-, dependencia directamente relacionada con el despacho
     presidencial.
  2. De conformidad con la legislación nacional y los convenios ratificados por el
     Estado de Guatemala, las trabajadoras en estado de embarazo gozan de
     inamovilidad en su puesto de trabajo desde que dan aviso al patrono de su
     preñez y hasta un año después de finalizado el período de descanso post natal
     debido a la época de lactancia.
  3. En el caso de al compañera, concibió y dio a luz a un hijo y, algún tiempo
     después de haber regresado del goce de su período de descanso post natal,
     fue despedida por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
     de la República de Guatemala.
  4. Si bien es cierto, la autoridad nominadora se encontraba sujeta a las
     prevenciones de un emplazamiento dentro de un conflicto colectivo de carácter
     económico social y era posible solicitar la reinstalación por esa vía; de la
     evaluación del caso realizada por el equipo de asesoría se desprendieron varias
     conclusiones: La primera, que la reinstalación por la vía de la denuncia de


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     despido dentro del conflicto colectivo de carácter económico social resultaba,
     aunque más rápida, mas riesgosa toda vez que el despido fue ejecutado por
     una supuesta reorganización y, al respecto, la jurisprudencia existente resulta
     bastante contradictoria y, la segunda, que la reinstalación por violación de la
     inamovilidad derivada del período de lactancia, aunque debiese tramitarse por
     la vía del juicio ordinario laboral, un juicio un tanto largo, el plantear la
     reclamación sobre la base de un derecho de género permitía también
     reivindicar dicho derecho, en muchas ocasiones no reivindicado por las mujeres
     en circunstancias similares, agregando que además existía mas certeza en
     cuanto al resultado puesto que esta inamovilidad no admite mas excepción que
     la existencia de una causal de despido comprobada en un proceso incidental
     que, en este caso, no existía.
  5. Si bien es cierto, la reinstalación fue ordenada y ejecutada, a la presente fecha
     no se le ha hecho efectivo el pago a la trabajadora de los salarios y demás
     prestaciones dejados de percibir como consecuencia del despido, lo cual
     mantiene los perjuicios vigentes e incompleta la ejecución de la orden de
     reinstalación.


CASO INGENIO MAGDALENA, S.A. (FINCA EL CÓBANO):

  1. Con fecha 28 de enero de 2005 los trabajadores del Ingenio Magdalena,
     Sociedad Anónima en la Finca El Cóbano se coaligaron con el objeto de
     proponer a su patrono una negociación colectiva. Misma fecha en la que
     solicitaron a la Inspección de Trabajo de Escuintla trasladar el pliego de
     peticiones al patrono.
  2. Con fecha 28 de enero de 2005, el Juzgado de Trabajo y Previsión de Escuintla
     dictó las prevenciones dentro del conflicto número 043-2005 apercibiendo a las
     partes de no tomar represalia alguna entre sí. El patrono, Ingenio Magdalena,
     Sociedad Anónima fue notificado en las instalaciones de la Finca El Cóbano.
  3. Con fecha 7 de febrero de 2005, la entidad patronal, al tener conocimiento de
     la intención de los trabajadores de ejercer su derecho a la negociación colectiva
     y de conformar un sindicato, procedió a despedir a los trabajadores:
     ALEXANDER MAURICIO RODAS BAEZA, AUDENCIO GONZALEZ CHAY,
     BACILIO PIRIL SOLIS, DARWIN NOÉ BARRERA HERNÁNDEZ,                          ERIC
     OSWALDO SOLORZANO LARA, EZEQUIEL RAFAEL GONZALEZ
     MONTERROSO, GABRIEL ENRIQUE HERRARTE MIJANGOS, GUADALUPE
     BOCH, JOSÉ ANTONIO QUINTANA JUAREZ, JOSÉ HÉCTOR PIRIL SOLÍS,
     JULIO CESAR MAZARIEGOS ALBUREZ, MANUEL DE JESUS RODAS
     BAEZA,        MÁXIMO MORALES SUT, MILTON ALEXANDER BARRERA
     HERNANDEZ, MIGUEL VELASQUEZ, OVIDIO AREVALO MORALES, OMER
     DANERY VALENZUELA CONTRERAS y SAMUEL ISAI MONROY DEL CID
     ello con el objeto de no solo de evitar la negociación colectiva sino que también
     el de evitar la conformación del sindicato.
  4. Con fecha cinco de febrero del año dos mil cinco, los trabajadores y trabajadoras
     constituyeron su organización sindical, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
     LA FINCA EL COBANO, INGENIO MAGDALENA, SOCIEDAD ANÓNIMA
     - SITRAFECIMASA -.
  5. Con fecha 11 de marzo de 2005, el Juzgado de Trabajo ordenó las reinstalaciones
     de los trabajadores despedidos dentro de las denuncias de reinstalación
     identificadas con los números 68-2005, 80-2005, 81,2005, 82-2005, 83-2005, 84-
     2005, 86-2005, 87-2005, 88-2005. Dichas reinstalaciones no fueron obedecidas
     por la entidad patronal que en memorial de fecha 4 de marzo de 2005 apeló las
     mismas alegando que no eran trabajadores de dicha entidad patronal.
  6. 23 de marzo de 2005, (el reconocimiento del sindicato fue publicado en el
     diario oficial el día 17 de marzo de 2005) fueron despedidos los compañeros y
     compañera:        ALEX DONALD RODRIGUEZ CALITO, WILLIAM ESTUARDO
     PALENCIA ESCOBAR y MAURA MARÍA LÓPEZ GÜIL. Con tales despidos, el


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      patrono, INGENIO MAGDALENA, SOCIEDAD ANÓNIMA, completó el despido
      de la totalidad de trabajadores y trabajadoras que participaron en la
      conformación del sindicato.          La reinstalación de dichos trabajadores y
      trabajadoras también fue ordenada por el tribunal e igualmente no fueron
      reinstalados por el patrono que apeló las resoluciones indicando nuevamente
      que no eran trabajadores.
  7. A efecto de fortalecer el falaz argumento en la apelación de las reinstalaciones
      de que los trabajadores despedidos no laboraban para el Ingenio Magdalena,
      Sociedad Anónima, lo cual probamos con fotocopias de las constancias del
      pago del salario de algunos de los trabajadores, fotocopias de cheques y
      certificados de trabajo, el patrono interpuso recurso de Revocatoria en contra de
      la resolución que reconocía la personería y aprobaba los estatutos del
      SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FINCA EL COBANO, INGENIO
      MAGDALENA, SOCIEDAD ANÓNIMA - SITRAFECIMASA -. Es necesario
      hacer mención que acompañamos copia del acta notarial de fecha 7 de febrero de
      2005, faccionada por el Notario MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA, en donde
      consta que el despido fue ejecutado por el Jefe de Personal, el Administrador
      General de la División de Lechería y el Gerente de Recursos Humanos del
      INGENIO MAGDALENA, SOCIEDAD ANÓNIMA, despido que no hubieran podido
      realizar en tales calidades si el INGENIO MAGDALENA, SOCIEDAD ANÓNIMA
      no hubiese sido el patrono. Debiendo aclarar también que el hecho de que los
      trabajadores no se encuentren laborando en este momento se debe a la negativa
      de la entidad patronal de hacer efectivas las reinstalaciones ordenadas por el
      Juzgado de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Escuintla.
  8. No obstante constituir un acto claro de injerencia patronal, el Ministerio de
      Trabajo y Previsión Social, dio trámite a dicho recurso de Revocatoria, recurso
      respecto al cual nunca fue notificado el sindicato y tampoco fue escuchado en
      resguardo de su derecho de defensa.
  9. Es preciso señalar en este punto, que el actual partido de gobierno posee una
      fuerte afinidad con el sector empresarial guatemalteco y especialmente con el
      sector azucarero y el sector de exportadores de productos no tradicionales.
  10. No conforme con haber admitido el Ministerio de Trabajo y Previsión Social un
      acto de total injerencia patronal como lo es la impugnación de la denominación
      social del Sindicato, con no haber notificado al Sindicato de tal impugnación y
      con haber violado su derecho de defensa al no notificarle de la interposición del
      Recurso (que debió haber sido rechazado de plano de conformidad con los
      Convenios 87 y 98), con fecha 25 de abril de 2005, emite la resolución número
      113-2005, suscrita por el propio Ministro de Trabajo y Previsión Social,
      Ingeniero JORGE GALLARDO FLORES mediante la cual ORDENA a la
      Dirección General de Trabajo “que modifique parcialmente la resolución
      número 010-2005 en el sentido de que no aparezca dentro de la
      denominación de la organización sindical el nombre de la entidad
      INGENIO MAGDALENA, SOCIEDAD ANÓNIMA ordenando igualmente que
      LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO modifique los estatutos del
      sindicato y la documentación atinente a dicha organización sindical”.
      Adjuntamos copia de la resolución antes identificada.
  11. En cumplimiento de la resolución emitida por el Señor Ministro de Trabajo y
      Previsión Social, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
      Previsión Social, en resolución número 31-2005, de fecha nueve de mayo de
      dos mil cinco, modifica la denominación social del Sindicato. Con esto, se
      consuma la injerencia y violación en la libertad sindical de los trabajadores.


CASO HACIENDA SAN JUAN EL HORIZONTE, EMPRESA EXACTA, S.A.:

  1. El conflicto de la Hacienda San Juan El Horizonte, empresa Exacta, Sociedad
     Anónima inicia en el año de 1993, los malos tratos y los bajos salarios (en ese
     entonces la empresa pagaba Q.5.35 diarios aún y cuando el Salario Mínimo


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      vigente era de Q.10.00 mas Q1.20 de bonificación incentivo diarios) inducen el
      reconocimiento de los trabajadores y trabajadores de organizarse para la
      defensa de sus derechos, organizándose el sindicato con ochenta trabajadores.
      La respuesta empresarial tardó en llegar tres o cuatro meses cuando
      comenzaron los despidos masivos.
  2. El 18 de febrero de 1994, se plantea Conflicto Colectivo de Carácter Económico
      Social en contra de la Hacienda San Juan El Horizonte, Empresa Exacta,
      Sociedad Anónima con el fin de proponer la negociación de mejores en las
      condiciones económicas y sociales de trabajo.
  3. Ante los despidos realizados por la empresa los trabajadores y sus familias
      decidieron tomar las instalaciones de la empresa de forma pacífica a efecto de
      presionar por la reinstalación de los despedidos, dicha toma duró treinta y cinco
      días finalizando el día 24 de agosto de 1994 cuando la parte patronal, con más
      de quinientos policías privados y con el apoyo del Ejército y de la Policía
      Nacional, con lujo de violencia desalojaron a los compañeros con un saldo de
      tres campesinos asesinados, siendo ellos los compañeros EFRAIN RECINOS,
      BASILIO GUZMAN y DIEGO OROZCO. A parte de esto, resultan detenidos 45
      compañeros que son conducidos a la cárcel de Coatepeque y un buen número
      de heridos de los cuales actualmente 11 sufren de invalidez y severas
      consecuencias morales y mentales como cauda de las heridas que les
      infligieron.
  4. Veinte días después de estos sucesos es secuestrado y asesinado el
      compañero JUAN JOSE GARCIA GONZALES.
  5. La saña y la absurda violencia ejercida en contra de los compañeros y
      compañeras se evidencia en el hecho de que el compañero DIEGO OROZCO
      fue asesinado, subido su cuerpo a un Helicóptero para luego ser lanzado en un
      barranco a 60 Kilómetros del lugar en donde fue asesinado.
  6. Pese a que la denuncia fue realizada a nivel nacional e internacional, hasta la
      fecha, en lo penal, no se ha conducido una investigación seria tendiente a
      identificar, juzgar y condenar a los responsables de estas ejecuciones
      extrajudiciales.
  7. En el año de 1995 hubo un acercamiento entre los trabajadores y la patronal,
      sin embargo, la falta de voluntad de ésta impidió una solución al problema
      laboral.
  8. En lo laboral, los despidos de que fueron objeto 60 trabajadores se denunciaron
      ante el Juzgado de Trabajo que conocía del conflicto, inicialmente, estos
      procesos fueron conocidos por el Juzgado de Trabajo de Coatepeque pero
      luego se trasladaron al Juzgado de Trabajo Previsión Social y de Familia de
      Retalhuleu. La empresa con la complicidad de los órganos jurisdiccionales
      puso en práctica toda una serie de estrategias dilatorias y entorpecedoras del
      proceso que no pudieron evitar que actualmente se encuentren firmes y con
      calidad de Cosa Juzgada 60 reinstalaciones. Sin embargo, la lentitud en el
      actuar jurisdiccional permitió a la parte patronal ejecutar algunas maniobras
      para impedir la ejecutabilidad de las ordenes de reinstalación por medio de
      testaferros, transacciones comerciales, aportaciones a otras sociedades, etc,
      que hoy día hacen difícil ejecutar tales reinstalaciones dada la confusa trama
      mediante la cual se han ocultado losa bienes de la empresa y se han ocultado
      igualmente sus personeros.
  9. La actitud de los tribunales, ha sido denunciada por el Sindicato el cual ha
      realizado concentraciones frente a los edificios que ocupan las sedes del poder
      jurisdiccional y poder político a efecto de presionar para que cese la
      complicidad estatal      con estos empresarios violadores de los derechos
      humanos y laborales.
  10. El 24 de agosto del 2003 se cumplirán 9 años del desalojo violento y el
      asesinato de los compañeros, del despido por pretender ejercer los derechos de
      libre sindicalización y negociación colectiva, ocho años a los cuales no se ha
      juzgado ni condenado a los responsables de estos actos violentos, ocho años
      sin que el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad, ocho años sin que


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      el organismo judicial cumpla con su función de tutelar y hacer efectivo el
      cumplimiento de los derechos de los trabajadores y que por el contrario ha
      tutelado y ha mantenido la vigente la violación de los mismos por parte de los
      empresarios, ocho años en que los compañeros y compañeras continúan sin
      trabajo pero resistiendo en la lucha por ser escuchados y por el respeto al
      Estado de Derecho, nueve años que no debe olvidar Guatemala ni la
      comunidad internacional.
  11. Pese a que el Estado de Guatemala en muchas ocasiones ha asumido el
      compromiso de encontrarle una salida al conflicto y al resarcimiento de los
      familiares de las víctimas, incluso al punto de ser incluido el caso como cuarto
      en prioridad en materia de Derechos Humanos por el gobierno de Alfonso
      Portillo Cabrera, a la fecha no se ha visto avance alguno, la situación
      permanece igual ante la pasividad del Gobierno de Guatemala. Si bien es
      cierto existe un acuerdo para resarcir a la víctimas de este conflicto por parte
      del Estado de Guatemala, este se limita a las víctimas de la violencia más
      abarca lo referente al conflicto laboral.
  12. Por otra parte, es preciso necesario manifestar a OIT que a la presente fecha
      no no ha sido solucionado el problema, si bien es cierto ha habido algunos
      ofrecimientos económicos por parte del Gobierno, estos no compensan ni en
      mínima parte los efectos de la represión y violencia antisindical sufrida por los
      compañeros y compañeras, igualmente, los ofrecimientos del Gobierno excluye
      por completo el tema laboral y sindical por lo que a la fecha no se ha arribado a
      convenio definitivo alguno. Ahora bien, con independencia de la salida que le
      diere el Estado de Guatemala, existe una responsabilidad evidente por parte de
      las autoridades judiciales las cuales han bloqueado las reinstalaciones ya por
      nueve años y hoy día, aunque intentases ejecutarlas, ya la entidad patronal
      ocultó los bienes de la Empresa Exacta, S.A. haciendo que ahora resulten
      inejecutables tales reinstalaciones. Ante todo esto y la injustificada demora
      judicial, se dio inicio al procedimiento ante las autoridades disciplinarias del
      Organismo Judicial de Guatemala por el retraso irracional en el proceso y la
      manera en que esta práctica ilegal le creo al patrono las condiciones para poder
      ocultar sus bienes y hacer inejecutables los fallos judiciales, sin embargo, dicho
      proceso fue desestimado por las autoridades disciplinarias del Organismo
      Judicial de Guatemala.


CASO COMITÉ PRO CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA (LOTERIA SANTA
LUCIA)

      1. JOSEFINA CASTRO TEXAJ, MARITZA AQUINO, SILVIA CANDELARIA
         BARRIOS CIFUENTES, REYNA AMANDA RODAS MAZARIEGOS,
         GREGORIO BELETZUY LÓPEZ, HERMELINDA DEL ROSARIO
         RODRÍGUEZ SOSA, CRUZ GARCÍA PÉREZ, EVA GILDA CABRERA
         FIGUEROA, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VELETZUY, MARÍA ALEJANDRA
         GARRIDO RODRÍGUEZ, DORA LEONOR DEL VALLE ESPADA, SARA
         MARGARITA GÓMEZ ORTIZ y AUGUSTO VELETZUY XICARÁ
         (Trabajadores del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala). Fueron
         despedidos el 14 de enero de 2003, el caso fue presentado al Comité de
         Libertad Sindical aduciendo la violación del debido proceso de los
         trabajadores en una resolución de la Sala Primera de la Corte de
         Apelaciones de Trabajo y Previsión Social pero el caso fue desestimado por
         el Comité aduciendo haber recibido del gobierno copia de la resolución que
         originó la denuncia.    Pese a lo anterior, la asesoría de UNSITRAGUA
         continuó con el seguimiento de los procesos y finalmente, la Corte de
         Constitucionalidad declaro la existencia de violación del debido proceso y
         anuló la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de
         Trabajo y Previsión Social recibida del Gobierno por el Comité y en virtud de
         la cual desestimaron el caso. Hoy día existe una orden judicial firme que


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




          ordena la reinstalación de todos los trabajadores despedidos y el pago de
          los salarios y demás prestaciones dejados de percibir; sin embargo, a la
          presente fecha, la reinstalación no ha sido ejecutada en virtud de las
          acciones dilatorias de la entidad patronal promovidas por su Abogado Juan
          Carlos Corona. Como parte de esas medidas dilatorias tenemos una acción
          de amparo que conoce la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de
          Trabajo y Previsión Social dentro de expediente AMPARO NÚMERO 48-
          2006. Secretaría y Not. 2º.


CASO LA COMERCIAL, S.A. –PRODUCTOS ALIMENCITICIOS DIANA, S.A. DE
C.V.- (MULTINACIONAL SALVADOREÑA)

      1. MARCO ANTONIO ESTRADA LOPEZ, (afiliado al Sindicato de
         Trabajadores de La Comercial, Sociedad Anónima –Productos Alimenticios
         Diana, S.A. de C.V.). fue despedido con fecha 14 de junio de 2004, fecha
         a partir de la cual se promovieron las diligencias de reinstalación. A la
         presente fecha, el expediente se encuentra en la Sala Tercera de Trabajo y
         Previsión Social, que a más de un año de tener el expediente en su poder
         no ha resuelto. A la presente fecha, el proceso está por cumplir 3 años de
         tramitación sin que el trabajador haya sido reinstalado.


CASO EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PETÈN, SOCIEDAD ANÓNIMA:


      1. Con fecha 4 de febrero de 2007, trabajadores de la Distribuidor del Petén,
          S.A. constituyen una coalición de trabajadores con el propósito de negociar
          un Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo con la entidad patronal.
      2. Ante la negativa del empleador de negociar en la vía directa con los
          trabajadores, con fecha 9 de febrero de 2007, se le hace llegar el pliego de
          peticiones por intermedio del Juez de Trabajo.
      3. Ese mismo día, al enterarse el empleador del proceso organizativo de los
          trabajadores, procede a llamarlos uno por uno y trata de presionarlos para
          obligarlos a firmar desistimientos para ser presentados ante el Juzgado y, al
          no conseguirlo, despide a todos los trabajadores que participaban
          directamente en el movimiento.
      4. El 11 de febrero de 2007, 108 trabajadores de la Empresa Distribuidora del
          Petén, Sociedad Anónima constituyen el SINDICATO NACIONALDE
          TRABAJADORES DEL SECTOR DE LAS BEBIDAS DE GUATEMALA.
      5. El 13 de febrero, al enterarse el resto de trabajadores de que los delegados
          de la coalición de trabajadores habían sido despedidos, deciden no salir a
          trabajar y se concentran para exigir la reinstalación de sus compañeros y el
          respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva.
      6. El 20 de febrero de 2007, el representante legal del empleador inicia un
          incidente de represalias e contra de los trabajadores.
      7. El día 6 de marzo de 2007 la Dirección General de Trabajo notifica que
          Deniega la solicitud de inscripción del Sindicato Nacional de Trabajadores
          del Sector de las Bebidas aduciendo que “su inscripción violaba la libertad
          sindical de quienes no habían participado en su fundación”
      8. Dicha resolución fue recurrida mediante Recurso de Revocatoria, la cual es
          declarada sin lugar por el Ministro de Trabajo y Previsión Social.
      9. El 28 de marzo, un total de 67 trabajadores constituyendo un nuevo
          sindicato al que denominan SINDICATO DE TRABAJADORES DE
          DISTRIBUIDORA DEL PETEN SOCIEDAD ANÓNIMA.
      10. El 23 de abril de 2007, el Juez Segundo de Trabajo y Previsión Social del
          departamento de Guatemala, resuelve declarando con lugar el incidente de
          represalias iniciado por el empleador en contra de los trabajadores y les


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




          condena, sin ningún tipo de proporción y como consecuencia de una
          reacción ante una represalia y mala fe patronal, al una multa de Q.13,
          646.00 a Cada uno de los directivos, resolución que es apelada por los
          trabajadores.
      11. El 27 de abril de 2007, el Director General de Trabajo ordena que previo a
          inscribir al sindicato, debían los trabajadores modificar los estatutos de la
          organización sindical.
      12. El 17 de mayo de 2007, la Dirección General de Trabajo rechaza
          nuevamente la inscripción del sindicato.          Se interpone Recurso de
          Revocatoria en contra de la resolución del Director General de Trabajo
      13. El 24 de mayo de 2007 se solicita reunión con el Ministro de Trabajo y
          Previsión Social debido a que el patrono estaba condicionando el empleo a
          la no participación sindical; sin embargo, no atiende a los trabajadores.
      14. El día 24 de mayo de 2007, se constituye nuevamente el SINDICATO DE
          TRABAJADORES DE DISTRIBUIDORA DEL PETEN, SOCIEDAD
          ANÓNIMA.
      15. El 13 de junio de 2007, en un nuevo intento por impedir la libre organización
          sindical, el Director General de Trabajo cita a los fundadores del Sindicato
          para que se presenten a la sede de esa dependencia y ratifiquen
          personalmente su consentimiento por escrito.
      16. El 5 de julio de 2007, el Director General de Trabajo POR TERCERA VEZ
          declara sin lugar la inscripción del sindicato y el reconocimiento de su
          personalidad jurídica. Resolución que fue impugnada a través del recurso
          de revocatoria
      17. El 21 de junio de 2007, se funda por CUARTA VEZ el Sindicato de
          Trabajadores y se envía de nuevo la papelería al Ministerio de Trabajo y
          Previsión Social.
      18. Durante todo el proceso, los trabajadores han sido amenazados para que
          firmen desistimientos o renuncias a participar en la formación del sindicato
          ofreciendo las mejoras rutas de ventas a cambio de que renuncien al
          sindicato.


CASO ALIRIO CIFUENTES, ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEALA:


      1. En marzo de 1995, al entregar la Secretaría General del Sindicato de
         Trabajadores del Organismo Judicial de Guatemala –STOJ-, las autoridades
         se negaron a que Alirio Cifuentes tomara posesión de su cargo como Oficial
         en el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, ello sin existir orden de
         destitución y, por su calidad de dirigente sindical, gozaba de inamovilidad;
         sin embargo, la destitución fue de hecho.          Posterior a esto, la Corte
         Suprema de Justicia inició ante el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión
         Social el juicio ordinario laboral pretendido que éste tribunal le autorizara dar
         por terminada la relación laboral con el directivo sindical. Dicho tribunal
         declaro con lugar el juicio relacionado y hasta esa fecha autorizó la entidad
         nominadora para que pudiera dar por terminada la relación laboral por lo
         tanto, OFICIALMENTE, no fue sino hasta agosto de 2000 que al trabajador
         le fue notificada la destitución aunque la Corte Suprema de Justicia
         Pretendía que la misma cobrara efecto retroactivo, es decir, que sus efectos
         se retrotrajeran a febrero de 1995.
      2. Como consecuencia de lo anterior, el trabajador plantea ante el Juzgado
         Sexto de Trabajo y Prevació social el juicio ordinario laboral a efecto de que
         el Organismo Judicial de Guatemala le cancelara los salarios retenidos y las
         prestación de ley. Dicho tribunal declara con lugar la demanda, resolución
         que es confirmada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de
         Trabajo y Previsión Social la cual confirma la resolución.



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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




       3. La Procuraduría recurre la sentencia en Amparo, el cual debe ser conocido
          por la Corte Suprema de Justicia, misma autoridad nominadora que lo
          despidió, con lo cual la Corte Suprema de Justicia reúne en sí misma las
          calidades de Juez y Parte y de hecho, a mas de 7 meses de iniciado el
          amparo, aun no existe resolución.



  2. Actos de Injerencia:



CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO:

  1.   El Sindicato de Trabajadores del SISTEMA PENITENCIARIO, dependencia del
       Ministerio de Gobernación, solicitó reconocimiento de Personalidad Jurídica y
       aprobación de estatutos a la Dirección General de Trabajo, pero le fue
       denegada la solicitud, se interpuso Recurso de Revocatoria pero fue declarado
       SIN LUGAR por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, bajo el argumento
       de que entre los afiliados hay personal de seguridad. Al no reconocerles el
       sindicato, se les niega a los trabajadores el derecho de sindicación y en
       consecuencia el derecho a la negociación colectiva.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO:


  1.   Sindicato de Trabajadores de la MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO del
       departamento de Suchitepéquez, solicitó reconocimiento de Personalidad
       Jurídica y aprobación de estatutos a la Dirección General de Trabajo,
       SOLICITUD DENEGADA bajo el argumento de que tiene afiliados que
       pertenecen a la Policía Municipal, extra oficialmente se sabe que el Ex Director
       General de Trabajo Licenciado Enextón Gómez era uno de los asesores del
       alcalde Municipal. Al no reconocerles el sindicato, se les niega a los
       trabajadores de esa Municipalidad el derecho de negociación colectiva.


CASO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA:

  1. Las Autoridades, de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, desde hace
     mas de 3 años, han emprendido una campaña de ataque y desprestigio hacia la
     organización sindical a efecto de logar su destrucción ante la negativa de dichas
     autoridades de negociar el Proyecto de Pacto Colectivo de Condiciones de
     Trabajo presentado por la organización sindical para su negociación con la
     entidad patronal.
  2. Estos ataques han incluido múltiples comunicados de la Gerencia de El Crédito
     Hipotecario Nacional de Guatemala atacando al Sindicato y a su dirigencia,
     comunicados que son distribuidos a los trabajadores por dichas autoridades,
     igualmente se le han iniciado de manera injustificada y procesos administrativos
     disciplinarios en contra de los directivos sindicales tendientes a justificar el
     despido de dichos trabajadores.
  3. Estas actividades antisindicales ejercidas por las autoridades de El Crédito
     Hipotecario Nacional de Guatemala, han sido ya condenadas por el Procurador
     de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, como consta en la
     Resolución del Procurador de los Derechos Humanos de fecha 7 de marzo de
     2007, dictada dentro del expediente identificado como REF.EXP.ORD.GUA.
     180-2006/ DEESC, la cual acompañamos a la presente comunicación.



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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




  4. Paralelo a ello, las autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de
      Guatemala, pese a la naturaleza permanente de las actividades para las cuales
      son contratados, con el fin específico de mantener la inestabilidad laboral de
      dichos trabajadores, ha recurrido a la contratación temporal de trabajadores a
      quienes persuade de no afiliarse o desafiliarse al sindicato bajo el argumento de
      la no renovación de los contratos que los vinculan a la institución si participan o
      apoyan las actividades del sindicato.
  5. Con fecha 15 de diciembre de 2006, el Sindicato de Trabajadores de El Crédito
      Hipotecario Nacional de Guatemala realizó la elección de los integrantes de su
      Comité Ejecutivo, hecho que fue dado a conocer a las autoridades de El Crédito
      Hipotecario Nacional de Guatemala mediante oficio de fecha 18 de diciembre
      de 2006.
  6. Mediante oficio número 03276, de fecha 18 de diciembre de 2006 y entregado
      al Sindicato con fecha 20 de diciembre de 2006, la Gerente de Recursos
      Humanos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, comunica al
      compañero Edgar Vinicio Ordóñez García, en su calidad de Secretario General
      del Sindicato de Trabajadores de El Crédito Hipotecario Nacional de
      Guatemala, que la institución patronal NO RECONOCE A LOS DIRECTIVOS
      ELECTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL SINDICATO. Adjuntamos
      fotocopia del referido oficio.
  7. Mediante oficio 0386, de fecha 18 de diciembre de 2006, suscrito por el Gerente
      General de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la institución patronal
      manifiesta expresamente a la Dirección General de Trabajo, que NO
      RECONOCE A LOS DIRECTIVOS ELECTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
      SINDICATO.
  8. Con fecha 26 de diciembre de 2006, la Dirección General de Trabajo del
      Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emire resolución dentro del expediente
      943-2006, en donde, no solo no apercibe a la entidad patronal de que no
      constituye facultad del patrono reconocer a los directivos sindicales sino que
      deja abierta la posibilidad para que el patrono recurra la resolución que inscribe
      a los directivos sindicales.
  9. Con fecha 29 de diciembre de 2006, las autoridades de El Crédito Hipotecario
      Nacional de Guatemala promueven Recurso de Revocatoria en contra de la
      respuesta dada por la Dirección General de Trabajo al pronunciamiento
      realizado a la Dirección General de Trabajo.
  10. Con fecha 8 de enero de 2007, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social emite
      la resolución 4/2007, mediante la cual, en estricto apego a los principios que
      rigen la libertad sindical indica que NO ES FACULTAD DE LOS PATRONOS EL
      IMPUGNAR LAS ELECCIONES SINDICALES.
  11. No obstante a no contar las autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de
      Guatemala con legitimación para impugnar las elecciones del Sindicato de
      Trabajadores de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ni a haber
      agotado el procedimiento judicial correspondiente, las autoridades patronales
      recurren a la vía extraordinaria del Amparo, el cual promueven ante la Cámara
      de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia aduciendo la existencia
      de violaciones a las garantías constitucionales en la resolución 04/2007 del
      Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
  12. El proceso es admitido para su trámite por la Corte Suprema de Justicia como
      Amparo 97-2007, a cargo del Oficial Primero.
  13. Es necesario señalar, en este punto, que la resolución atacada, contiene
      simplemente una disposición en la cual el Ministerio de Trabajo indica a las
      autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala que no es
      facultad del patrono el impugnar la elección de directivos sindicales realizada
      por la asamblea general del sindicato.
  14. Con fecha, 1 de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia, constituida en
      tribunal de amparo, resuelve otorgar el amparo provisional y suspender
      provisionalmente la resolución 04/2007 del Ministerio de Trabajo y Previsión
      Social aduciendo que la misma es susceptible de causar daño irreparable.


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




      Vale señalar que, la suspensión provisional de un acto que indica que el
      patrono no puede impugnar una elección sindical bajo el argumento de que en
      el mismo operan los supuestos para el otorgamiento del amparo provisional,
      constituye un acto que legitima en gran forma la ingerencia e intervención
      patronal en la elección de los representantes de un sindicato.
  15. Como consecuencia de dicha resolución y del criterio manejado por la Corte
      Suprema de Justicia constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, las
      autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, mediante oficio
      01235, de fecha 3 de mayo de 2007, comunican al compañero HECTOR
      ALFREDO ORELLANA AROCHE (a quien ya no se refieren como directivo
      sindical) que le deniegan el goce de su licencia sindical para el mes de mayo de
      2007 y le ordenan reincorporarse a sus labores.
  16. En otras palabras, la ligereza de la Corte Suprema de Justicia al otorgar un
      amparo provisional en un proceso en el cual no solo el accionante no cuenta
      con legitimidad sino que tampoco se ha cumplido con agotar la vía judicial
      ordinaria, aduciendo que la no injerencia del patrono en los asuntos internos de
      los sindicatos y el derecho de los afiliados de una organización sindical a elegir
      libremente a sus representantes constituyen un riesgo para el estado de
      derecho, ha dado pie a que las autoridades de El Crédito Hipotecario Nacional
      de Guatemala intensifiquen y recrudezcan las acciones represivas en contra de
      la dirigencia sindical del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EL CREDITO
      HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.
  17. Con fecha 20 de julio de 2007, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dicta
      resolución número 113-2007 mediante la cual rechaza por IMPROCEDENTE Y
      EXTEMPORÁNEA la impugnación interpuesta en contra de la inscripción de los
      Directivos Sindicales de el Sindicato de Trabajadores de El Crédito Hipotecario
      Nacional de Guatemala, interpuesta por el señor EDGAR ESTUARDO
      RAMÍREZ SÁNCHEZ, en su calidad de Vicepresidente del Junta Directiva de El
      Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, debiendo indicarse que, de
      conformidad con la Ley Orgánica de dicha institución bancaria, dicha persona
      no ostenta la representación legal de El Crédito Hipotecario Nacional de
      Guatemala. Dicha impugnación, además de haberse interpuesto con errores
      técnicos monumentales al ni siquiera indicar el recurso que se planteaba; es
      decir, una Revocatoria o una Reposición, se plantea de manera extemporánea
      y después de iniciada la acción de amparo a que se hace referencia en los
      párrafos anteriores, lo cual sustenta el hecho de que la suspensión provisional
      decretada por la Corte Suprema de Justicia, no afecta la calidad de directivos
      sindicales de los trabajadores así como tampoco los derechos provenientes del
      fuero sindical.
  18. Con fecha 17 de mayo de 2007, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte
      Suprema de Justicia, dentro del expediente de amparo número 344-2007,
      promovido por el Gerente General de El Crédito Hipotecario Nacional de
      Guatemala, mostrando nuevamente la tendencia antisindical de sus
      magistrados, decreta el amparo provisional suspendiendo la resolución de fecha
      siete de marzo de dos mil siete, dictada por el Señor Procurador de los
      Derechos Humanos de la República de Guatemala dentro del expediente
      identificado en la Procuraduría de Derechos Humanos con el número
      Ref.Exp.Ord.Gua 180-2006/DESC en la cual se condenaba en conciencia al
      Estado de Guatemala por violación de la libertad sindica, esta resolución no le
      fue notificada al Sindicato sino hasta el 1 de agosto de 2007.
  19. Es necesario destacar lo preocupante que resulta la decisión de la Cámara de
      Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que sienta como
      precedente la suspensión de un acto de conciencia emitido por el Procurador de
      los Derechos Humanos y vulnera con ello todo avance en materia de derechos
      humanos en Guatemala.
  20. Con motivo de dicha resolución, el Gerente General de El Crédito Hipotecario
      Nacional de Guatemala, se comunicó telefónicamente con los miembros del
      Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de El Crédito Hipotecario


  COMENTARIOS OIT 2007
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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




      Nacional, quienes se encontraban en la sede de UNSITRAGUA, ordenándoles
      presentarse a una hora específica en el lobby del Edificio que ocupan las
      oficinas centrales de la institución bancaria.
  21. Según informaciones obtenidas de afiliados al Sindicato, el Gerente había
      ordenado a todo el personal presentarse a la misma hora en el lobby del Edificio
      que ocupa la sede central del Banco, lugar al que no asistieron los directivos del
      sindicato a efecto de evitar una confrontación pública.
  22. Mediante oficios del departamento de personal de El Crédito Hipotecario
      Nacional le indica a los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato que no
      recibirá los avisos dados por el Sindicato del goce de las licencias sindicales de
      los directivos sindicales, argumentando que ello es en razón del amparo
      provisional que le fuere otorgado por la Corte Suprema de Justicia.
  23. Con fecha 23 de agosto de 2007, el Gerente General de El Crédito Hipotecario
      Nacional, JOSE FIDENCIO GARCIA BELTETON, emite los oficios 235, 238 y
      239, mediante los cuales, nuevamente, apoyándose en el amparo provisional
      que le fuese otorgado por la Corte Suprema de Justicia, ordena a los directivos
      del Sindicato dejar de hacer uso de las licencias sindicales de que gozan en
      virtud del fuero sindical regulado en la Convención Colectiva vigente y,
      acusándoles de usurpación de funciones, les indica que a partir del mes de
      septiembre de 2007 no va a hacerles efectivo el pago del salario.
  24. Ante esto, mediante oficio REF.STC. 104-2007, de fecha 23 de agosto de 2007,
      dirigido por el Sindicato al Ministro de Trabajo y Previsión Social, le solicita la
      asignación de un Inspector de Trabajo para constatar la situación y le solicita
      que cumpla con las instrucciones giradas por el Secretario Privado de la
      Presidencia de la República con fecha 17 de julio 2007, en donde le indica que
      solucione en definitiva el conflicto existente en El Crédito Hipotecario Nacional
      de Guatemala, lo cual no se ha cumplido hasta la presente fecha.



CASO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:


  1.   Con fecha seis de julio de 2006 se constituyó el Sindicato de Trabajadores y
       Trabajadoras del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –SITRAMARN-
       dando los avisos correspondientes a la Dirección General de Trabajo y a la
       Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
  2.   Con fecha 3 de agosto de 2006 fue publicada en el Diario de Centro América la
       resolución número DGT- PJ 037-2006 de fecha 17 de julio de 2006 mediante la
       cual se reconocía la personalidad jurídica del Sindicato.
  3.   Con fecha 4 de agosto de 2006, el Ministerio de Ambiente y Recursos
       Naturales, en su calidad de autoridad nominadora (patrono) interpone recurso
       de Revocatoria en contra de la resolución que reconoce la personalidad jurídica
       del Sindicato y ordena su inscripción.
  4.   Cabe señalar que el argumento esgrimido para tal impugnación ha sido que el
       Estado de Guatemala, contrata servicios de personas a las que vincula
       contractualmente con cargo al Renglón Presupuestario 029 (servicios
       profesionales) y que, entre las personas que constituyeron la organización
       sindical podrían haber personas contratadas bajo el renglón presupuestario
       029.
  5.   Al respecto, debe señalarse, que el Estado de Guatemala, como un
       mecanismo de evasión de responsabilidades patronales y a efecto de impedir
       la formación de organizaciones sindicales de Guatemala, recurre a la
       simulación de una relación de naturaleza civil a efecto de encubrir formalmente
       la naturaleza laboral de la misma. No obstante, dichos trabajadores se
       encuentran dentro de una relación laboral al tenor de los criterios establecidos
       para determinar la naturaleza del vínculo en Recomendación Sobre la Relación
       de Trabajo adoptada en la nonagésima quinta Conferencia Internacional del


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




      Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, tal y como consta en el
      Acta Provisional 21ª y que, en su Título II, en el párrafo 13 establece dentro de
      tales criterios: “a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones
      y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del
      trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o
      principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado
      personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el
      lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de
      cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del
      trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias
      por parte de la persona que requiere el trabajo, y…
  6. Ahora bien, el hecho de que sea el propio Estado de Guatemala el que, dentro
      de una acción tendiente a evitar el reconocimiento de una organización sindical
      de trabajadores, recurra y utilice como único argumento para tal fin el hecho de
      que tales trabajadores hayan sido contratados bajo el renglón presupuestario
      029 aún y cuando los mismos se desenvuelven en las condiciones que
      caracterizan una relación laboral de conformidad con la Recomendación Sobre
      la Relación de Trabajo, deja en claro la finalidad del encubrimiento de la
      relación laboral, simple y llanamente impedir la libre sindicalización.
  7. El caso es que, siendo la libertad sindical un derecho que corresponde
      individualmente al trabajador, al constituir atribución exclusiva de éste el decidir
      si se sindicaliza o no se sindicaliza, y no ser el ejercicio de este derecho objeto
      de autorización ni por parte del Estado ni del patrono del trabajador, al
      Ministerio de Trabajo y Previsión Social no le quedó mas que declarar sin lugar
      el recurso interpuesto por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
      representado por la Procuraduría General de la Nación (Hoy dirigida por el
      Licenciado Mario Gordillo Bolaños, ex.vice ministro de Trabajo y Previsión
      Social) mediante la resolución número 197-2006 de fecha 3 de octubre de
      2006.
  8. Es necesario señalar que, algunos aspectos en Guatemala, se ventilan en tres
      vías, la administrativa (en este caso ante el Ministerio de Trabajo y Previsión
      Social), la judicial (ante un tribunal de trabajo y previsión social según el
      artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala) y; de
      manera excepcional, cuando un acto de autoridad conlleve violación a las
      garantías constitucionales y tales violaciones no hayan sido reparadas en las
      vías administrativa o judicial, la vía del amparo, enmarcado dentro de la justicia
      constitucional.
  9. Vale indicar también que, de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición
      Personal y de Constitucionalidad, para recurrir a la vía del amparo es necesario
      cumplir con el requisito de definitividad; es decir, haber agotado la discusión del
      asunto por medio de todos los recursos administrativos o judiciales
      procedentes para atacar el acto de autoridad que causa la contención de la
      garantía o garantías constitucionales que se invoquen.
  10. En el presente caso, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales auxiliado
      técnicamente por la Procuraduría General de la Nación, que en términos
      prácticos impugnó la voluntad de los trabajadores y trabajadoras de ejercer su
      libertad sindical mediante la creación de un Sindicato, además de incurrir en el
      gravísimo error técnico de promover la acción de amparo en contra del Ministro
      de Trabajo en funciones al momento de dictar la resolución a título personal y
      no en contra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es la autoridad
      con facultad de resolver, incurre en el error de reconocer expresamente, en el
      memorial de fecha 6 de octubre de 2006 presentado dentro Amparo 1124-2006
      de la Corte Suprema de Justicia, firmado por el Licenciado MARIO LUIS
      ROMAN COTO en representación del Estado de Guatemala, que la motivación
      de contratar trabajadores con cargo al renglón 029 es precisamente la de que
      no sean aptos para organizarse sindicalmente.
  11. Con fecha, 19 de octubre de 2006, la Corte Suprema de Justicia, constituida en
      tribunal de amparo, dentro del Amparo 1124-2006, resuelve otorgar el amparo


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




      provisional y suspender provisionalmente la resolución 197-2006 del Ministerio
      de Trabajo y Previsión Social aduciendo que la misma es susceptible de causar
      daño irreparable. Vale señalar que, la suspensión provisional de un acto que
      indica que el patrono no puede impugnar una elección sindical bajo el
      argumento de que en el mismo operan los supuestos para el otorgamiento del
      amparo provisional, constituye un acto que legitima en gran forma la ingerencia
      e intervención patronal en la elección de los representantes de un sindicato.
  12. Como consecuencia de dicha resolución y del criterio manejado por la Corte
      Suprema de Justicia constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, las
      autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se han negado a
      reconocer al sindicato y, consecuentemente, le han denegado a los directivos
      sindicales el goce de las licencias que de conformidad con el Código de
      Trabajo les corresponden para dedicarse a su actividad sindical.
  13. En otras palabras, la ligereza de la Corte Suprema de Justicia al otorgar un
      amparo provisional en un proceso en el cual no solo el accionante no cuenta
      con legitimidad sino que tampoco se ha cumplido con agotar la vía judicial
      ordinaria, aduciendo que la no injerencia del patrono en los asuntos internos de
      los sindicatos y el derecho de los afiliados de una organización sindical a elegir
      libremente a sus representantes constituyen un riesgo para el estado de
      derecho, ha dado pie a que las autoridades de El Ministerio de Ambiente y
      Recursos Naturales nieguen a sus trabajadores el ejercicio de su libertad
      sindical.


CASO SINDICATO DE TRABAJADORES JUBILADOS                         MUNICIPALES       DEL
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ –SITRAJUMAV-:

  1.   Una de las principales deficiencias del sindicalismo guatemalteco ha sido que
       aunque un trabajador haya permanecido afiliado a un sindicato toda su vida
       laboral activa, al momento de pasar al retiro y, cuando socialmente requiere de
       una mayor protección por parte de su sindicato, este queda desvinculado del
       mismo.
  2.   Este problema fue abordado en muchas ocasiones hasta que se constituyó el
       Sindicato Unidad Magisterial por el Cambio, sindicato que reguló
       estatutariamente que podría afiliar a docentes tanto de la iniciativa privada
       como del sector público, fuesen activos o jubilados.        Si bien es cierto, el
       entonces Director General de Trabajo recomendó la modificación de los
       estatutos, el sindicato en formación no aceptó la recomendación y reivindicó
       ante la Dirección General de Trabajo su libertad de establecer quienes podrían
       ser sus afiliados citando para ello antecedentes del Comité de Libertad
       Sindical. El entonces Director General de Trabajo, respetando dicha libertad,
       procede a la inscripción del Sindicato y sus estatutos sin modificación alguna.
  3.   De tal cuenta, un grupo sumamente numeroso de trabajadores en condición de
       jubilados (tercera edad) de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, con la
       finalidad organizarse y defender sus derechos, decidiò organizar un sindicato a
       través del cual participar en el plan de prestaciones del empleado municipal y
       luchar por mejoras en las pensiones y servicios que reciben. El Sindicato fue
       denominado Sindicato de Trabajadores Jubilados Municipales del
       Departamento de Alta Verapaz
  4.   Al presentar la papelería solicitando la Inscripción del Sindicato, el actual
       Director General de Trabajo, Licenciado HONNELL OSBERTO IZAGUIRRE
       NAVARRO, emite la resolución identificada como DGT-007-2007.hoin, de
       fecha 19 de febrero de 2007, en la cual deniega de plano la inscripción del
       Sindicato.
  5.   La resolución fue recurrida a través del Recurso de Revocatoria alegando que
       el derecho de sindicalización no era una garantía exclusiva para los
       trabajadores activos, que el sindicato tenía la libertad de plasmar en sus
       estatutos las calidades, requisitos y condiciones para la admisión de afiliados y


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




        que no existía norma expresa que prohibiera en estos casos el derecho a la
        sindicalización de estos trabajadores y que, de hecho, la ley de servicio
        municipal contemplaba las prestaciones por jubilación como derecho de los
        trabajadores. Para tal efecto se citaron algunas decisiones del Comité de
        Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.
  6.    Pese a lo anterior y a haberle exigido al Ministerio que, de confirmar la
        resolución que denegaba de plano la inscripción del sindicato, estableciere la
        norma que contenía la prohibición expresa, el primer Vice Ministro de Trabajo,
        Licenciado Rafael Alberto Lobos Madrid, emitió la resolución número 41-2007,
        de fecha 28 de febrero de 2007 mediante la cual confirma la resolución del
        Director General de Trabajo, nuevamente, sin fundamentar la prohibición
        expresa necesaria para impedir que los trabajadores se organizaran en
        sindicatos, resolución con la cual les fue negado el acceso a la libertad sindical
        por el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social.


CASO CERRO COLORADO:


 1.    Los trabajadores campesinos independientes de la Aldea Cerro Colorado del
       municipio de La Gomera del Departamento de Escuintla, tomaron la decisión de
       constituir una organización sindical llevando a cabo su asamblea constitutiva y
       aprobando los estatutos de su organización.
 2.    Se presentaros los avisos y solicitudes respectivas tanto a la Dirección General
       de Trabajo como a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
       Previsión Social de la República de Guatemala a efecto se la organización
       sindical fuese legalmente inscrita acompañando a las mismas la documentación
       que regularmente se presenta para la constitución de un sindicato.
 3.    Con fecha 31 de julio de 2006, en la sede de Unsitragua, fue notificada la
       Providencia Número 535-2006, de fecha 28 de julio de 2006, dictada por el
       Director General de Trabajo, Licenciado HONNELL OSBERTO IZAGUIRRE
       NAVARRO mediante la cual se negaba el reconocimiento de la personalidad
       jurídica    del     SINDICATO        DE      TRABAJADORES          CAMPESINOS
       INDEPENDIENTES (LIGA CAMPESINA) DE LA ALDEA CERRO COLORADO,
       MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA en tanto que los trabajadores no
       cumplieran con un único requisito: “Que se acompañe al expediente las
       constancias en donde aparezca el consentimiento por escrito de los
       trabajadores que comparecieron en la Asamblea General de constitución del
       sindicato identificado en el asunto; de conformidad con lo regulado en el Artículo
       216 del Código de Trabajo”.
 4.    Debe señalarse que, hasta dicha fecha, al menos a los sindicatos de
       trabajadores constituidos al amparo de Unsitragua, no se les había requerido el
       cumplimiento de tal requisito y que, exclusivamente ese requisito, se ha
       constituido en un elemento de demora y privación en el reconocimiento por
       parte del Estado de Guatemala del ejercicio de la libertad sindical de los
       trabajadores que constituyeron el sindicato y de la propia UNSITRAGUA en
       cuyo seno se ha constituido.         Esta demora innecesaria y violatoria de la
       libertad sindical y especialmente del artículo 2 del Convenio 87 amenaza con
       prolongarse en el tiempo toda vez que, tanto los miembros del sindicato como
       Unsitragua, hemos decidido no dar cumplimiento a tal requerimiento debido a
       que hacerlo, constituiría la aceptación tácita de una violación a nuestra libertad
       sindical y sentar un precedente sumamente negativo en un país como
       Guatemala cuyo caso es objeto de permanentes cuestionamientos al Gobierno
       en cada Conferencia Internacional del Trabajo.
 5.    Pese a ello, en el afán de que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a
       través del Director General de Trabajo reconsiderara tal medida, en términos
       respetuosos y corteses, con fecha 2 de agosto de 2006, se presentó un



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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




      memorial a la Dirección General de Trabajo proporcionando argumentos para
      que cesara la violación de la libertad sindical.
 6.   Pese a lo anterior y haciendo aún mas burocrático el trámite (no regulando la ley
      la necesidad de un dictamen técnico jurídico) el Director General de Trabajo
      remite el expediente al denominado “Consejo Técnico y Asesoría Jurídica, el
      cual luego de 21 días de demora, es devuelto por el Asesor LICENCIADO
      ANGEL ANIBAL PAPPA LOPEZ de cuyo contenido se desprende que no
      correspondía al Ministerio resolver por no tratarse de la interposición de un
      recurso administrativo y que el memorial debía ser resuelto por el Director
      General de Trabajo.
 7.   Con fecha 25 de agosto de 2006, en la sede de UNSITRAGUA, se notifica la
      providencia número 623-2006, de fecha 23 de agosto de 2006, del Director
      General de Trabajo, la cual establece en su numeral romano I) “No ha lugar a lo
      solicitado por no ser un recurso idóneo para la impugnación de las resoluciones
      administrativas.”. De dicha disposición, además de la irresponsabilidad de
      señalar una fecha distinta de recepción del memorial (3 de agosto de 2006) se
      desprende que, para la defensa de la libertad sindical, existe la pretensión del
      Director General de Trabajo de que se interpusiera un recurso administrativo en
      contra de la providencia en cuestión lo cual demoraría –como consecuencia de
      la misma decisión administrativa- el reconocimiento de la personalidad jurídica
      del sindicato. Además de esto, debe indicarse que el Director General de
      Trabajo, nuevamente de manera irresponsable, resuelve un recurso que nunca
      se interpuso y tergiversa totalmente el contenido del memorial que resuelve a
      partir del momento que se trató de una solicitud cortés y respetuosa de que
      reconsiderara su actitud a efecto de evitar no solo la innecesaria demora del
      proceso sino que tener que denunciar al Estado de Guatemala por la violación a
      la libertad sindical que dicha demora conlleva.
 8.   En el numeral romano II) de la referida providencia el Director General de
      Trabajo reitera la violación objeto de la presente al establecer: “Previamente al
      reconocimiento de la Personalidad Jurídica, Aprobación de Estatutos e
      Inscripción del SINDICATO DE TRABAJADORES (LIGA CAMPESINA) DE LA
      ALDEA “CERRO COLORADO”, MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA,
      que se cumpla con lo relacionado en la providencia número 535-2006, de fecha
      28 de julio de 2006”. A esto debe agregarse una nueva irresponsabilidad como
      factor común en las dos providencias dictadas por el Director General de
      Trabajo, como lo es el caso de la modificación de la denominación social del
      sindicato elegida por los trabajadores al constituirlo al cual denominaron
      “SINDICATO DE TRABAJADORES CAMPESINOS INDEPENDIENTES (LIGA
      CAMPESINA) DE LA ALDEA CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE LA
      GOMERA, ESCUINTLA” y no “SINDICATO DE TRABAJADORES (LIGA
      CAMPESINA) DE LA ALDEA “CERRO COLORADO”, MUNICIPIO DE LA
      GOMERA, ESCUINTLA”.
 9.   Como se evidencia de los hechos relacionados y documentación que se
      acompaña a la presente comunicación, existe claramente una violación a la
      libertad sindical a partir del momento en que se sujeta la inscripción y
      reconocimiento de un Sindicato de trabajadores al cumplimiento de un requisito
      no solo ilógico sino que también vincula el ejercicio de la libertad sindical de
      cada trabajador al consentimiento de los otros.


CASOS DE OBSTRUCCIÓN DE INSCRIPCIÓN DE DIRECTIVOS SINDICALES:

  1. Por regla General, quienes han ocupado el cargo de Director General de
     Trabajo de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión
     Social, se han dado a la tarea de crear requisitos, sin base legal, para ser
     exigidos a los directivos sindicales previo a inscribirlos y reconocerles la
     personería jurídica de sus organizaciones. Estos requisitos han ido desde la
     obligación de presentar fotocopias de las cédulas de vecindad hasta la de


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




      presentar fotocopia de la convocatoria a las asambleas, lo cual obliga a los
      Sindicatos a convocar por escrito aún y cuando estatutariamente contemplen el
      poder hacer tales convocatorias por medios mas efectivos, sobre todo en
      aquellos sindicatos en donde la mayoría de afiliados o afiliados no saben leer y
      escribir.
   2. Esta situación se ha recrudecido a partir de la llegada al cargo de Director
      General de Trabajo del Licenciado HONNELL OSBERTO IZAGUIRRE
      NAVARRO y de la creación dentro de la estructura de la Dirección de Trabajo
      de una unidad “técnica” encargada de identificar errores en la papelería que
      presentan los sindicatos.       Ello ha derivado en que los trámites de
      reconocimiento de personalidades o personerías jurídicas de los sindicatos se
      tornen sumamente lentos y sujetos a requisitos muchas veces incumplibles
      derivados no de la ley sino que del criterio del Director General de Trabajo o de
      los asesores que revisan la papelería recibida.
   3. Si bien es cierto, son muchos los casos en que esta situación opera y afecta el
      libre ejercicio de la libertad sindical, a continuación citaremos algunos que
      ejemplifican este problema:
              a) Inscripción de los directivos de la CONFEDERACIÓN DE UNIDAD
                  SINDICAL DE GUATEMALA –CUSG- (1 numeral con 9 requisitos)
              b) Sindicato de Trabajadores Pescadores Independientes de la Aldea
                  Tacatón del Municipio de Amatitlán del departamento de Guatemala
                  (cuatro previos).
              c) Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Colomba, Costa
                  Cuca, departamento de Quetzaltenango (un previo)
              d) Sindicato de Trabajadores Municipales y Empresa Eléctrica
                  Municipal de San Marcos (seis previos)
              e) Sindicato de Empleados Unidos de Quetzaltenango (cuatro previos)
              f) Sindicato de Trabajadores Municipales de Atescatempa (cuatro
                  previos)
              g) Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de El Tumbador, San
                  Marcos. (acéfalo debido a la no inscripción)
              h) Sindicato de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del
                  Presidente de la República de Guatemala. (acéfalo debido a la no
                  inscripción)
              i) Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cristóbal,
                  Totonicapán –en formación- (cuatro previos)
              j) Sindicato Gremial de Taxistas de Izabal en donde se ordenó
                  modificar las disposiciones estatutarias bajo apercibimiento de
                  suspender el trámite de inscripción del Sindicato.




   3. Ausencia de condiciones para el ejercicio de la libertad sindical:



SOBRE LAS OBLIGACIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE LIBERTAD
SINDICAL CONTRAÍDAS POR EL ESTADO DE GUATEMALA:

Cuando un Estado decide ser miembro de la Organización Internacional del Trabajo
acepta los principios fundamentales definidos en la Constitución y en la Declaración de
Filadelfia, incluidos los relativos a la libertad sindical.

Dentro de las obligaciones más importantes en materia de derechos humanos
fundamentales contraídas por los Estados al amparo de los convenios 87 y 98 de la
OIT se encuentra: a) El de la promoción y defensa de un clima social en el que el
respeto a las disposiciones jurídicas sea la forma de garantizar el respeto, y b) la

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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que cualquiera que
sea la tendencia sindical, los derechos sindicales puedan ejercerse con normalidad,
dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima desprovisto
de violencia, presiones, temores y amenazas de toda índole.

Contrastante con estas obligaciones las tres manifestaciones expresas y públicas que
se presentan a continuación reflejan la actitud del Estado de Guatemala:

   a) El Comité de Libertad Sindical en su informe de este año en el caso del
      allanamiento de la sede de CUSG recuerda al gobierno de Guatemala que los
      asaltos contra locales sindicales y a amenazas ejercidas contra
      sindicalistas, crean un ambiente de terror entre los sindicalistas que es en sí
      muy perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales y que cuando las
      autoridades tienen conocimiento de estos actos deberían proceder sin demora a
      una investigación para determinar las responsabilidades a fin de poder
      sancionar a los culpables (véase Recopilación de decisiones y principios del
      Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 184); y

   b) Estas son las palabras de nuestro representante durante la Conferencia de este
      año el Sr. José Pinzón ante la Conferencia de la Organización Internacional del
      Trabajo: “Cuando los dirigentes sindicales reclaman a los gobiernos de turno
      que respeten el diálogo, la libertad sindical y la negociación colectiva, que
      respeten a los más desposeídos y cumplan sus promesas y sus programas,
      éstos responden con políticas de destrucción de los sindicatos, los califican de
      terroristas y delincuentes, afirman que los sindicatos no deben existir en un
      Estado socialista y, lo peor, utilizan sicarios para asesinar a sus dirigentes.
      Puedo mencionar como ejemplo el caso de mi país, Guatemala, donde en
      los dos primeros meses del año asesinaron a tres dirigentes sindicales…”

   c) Respuesta del Estado de Guatemala ante el caso del allanamiento de la sede
      de CUSG: En su comunicación de fecha 23 de enero de 2007, el Gobierno
      resume la queja de la siguiente manera: la sede de la Confederación de Unidad
      Sindical de Guatemala (CUSG) fue allanada por personas desconocidas, hecho
      sucedido el día 6 de abril de 2006, en su sede sindical sustrayendo equipos de
      cómputo, libros y otros documentos de importancia político sindical. A este
      respecto, el Gobierno declara que la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas
      y Sindicalistas del Ministerio Público informó que en el lugar de los
      hechos se presentaron técnicos en escena del crimen de la Policía
      Nacional Civil y del Ministerio Público, quienes en sus informes
      manifestaron:… Fecha del allanamiento 6 de abril de 2006.

Sobre el fondo de lo argumentado:

Como puede apreciarse desde siempre el Estado de Guatemala ha hecho caso omiso
de su obligación de garantizar el libre ejercicio de la libertad sindical especialmente en
lo que atañe a la protección del derecho a la vida y a la integridad física de los y las
compañeras sindicalistas dentro del territorio.

No obstante ha mantenido un doble discurso ante la comunidad internacional y
especialmente en el seno de la Organización Internacional de Trabajo al extremo que
cuando le son solicitadas informaciones sobre actos de violación a derechos humanos
relacionados con la vida o integridad física de sindicalistas contesta contundentemente
que existe la Fiscalía de delitos contra periodistas y sindicalistas que se encarga de
todos los casos, a través de la cual se garantiza la investigación rápida, eficaz y
segura. Para un ejemplo véase la reciente comunicación en el caso del allanamiento de
la sede de CUSG.



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Es necesario ahora denunciar ante la Comunidad Internacional que la citada fiscalía
no existe dentro de la estructura del país, extremo que puede ser constatado a través
del Acuerdo del Consejo del Ministerio Público número tres de fecha nueve de marzo
del año dos mil cinco.

Lo que existe es una Fiscalía de sección de Derechos Humanos dentro del Ministerio
Publico, que en términos generales se encarga de cualquier violación a los derechos
humanos incluidas las violaciones contra sindicalistas, nos interesa citar brevemente la
estructura: Jefatura de La Fiscalía de sección; Unidad Fiscal de delitos contra
activistas de derechos humanos, contra operadores de justicia y contra periodistas y
sindicalistas; Unidad fiscal de casos especiales y violaciones a derechos humanos;
unidad de análisis de información y unidad de apoyo. El personal de la fiscalía de
derechos humanos se integra por las siguientes personas un fiscal de sección, dos
agentes fiscales y un jefe de unidad de análisis. Lo que significa que solamente un
agente fiscal se hace cargo de todas las unidades y casos.

A esto debe agregarse que la Unidad que se ocupa de los delitos contra sindicalistas,
cuenta actualmente solamente con dos personas para atender todo el país.

Ahora bien, para los efectos de comprender la magnitud de las inexactitudes
manifestadas por el Gobierno de Guatemala ante ese alto Organismo y la Comunidad
Internacional que representa, debemos explicar que la diferencia sustancial entre una
Fiscalía y una Unidad Fiscal, radica en que una Fiscalía, está a cargo de un Fiscal en
tanto que una Unidad no cuenta con personal profesional. En el caso de la figura que
el Estado de Guatemala ha indicado ante OIT que es una fiscalía, actualmente solo
cuenta con un oficial y un notificador.



PENALIZACIÓN DEL CONFLICTO LABORAL:

   1. En Guatemala se ha recurrido a la aplicación de las normas del ordenamiento
      jurídico penal (penalización de los conflictos laborales) como mecanismo de
      presión para vedarle a los trabajadores y trabajadoras el pleno ejercicio de sus
      libertades sindicales entre las que se encuentra el derecho a la negociación
      colectiva. Esta práctica ha sido aplicada tanto por los patronos de la iniciativa
      privada como por el propio Estado de Guatemala en su carácter de patrono de
      los trabajadores y trabajadoras del sector público, su objetivo, es mantener un
      mecanismo de represión legal que cree zozobra en el ejercicio de las libertades
      sindicales dando paso a una vía alterna –no laboral- que permite el
      debilitamiento y dispersión de un movimiento de trabajadores o trabajadoras.
   2. En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada, aún a pesar de las
      recomendaciones específicas realizadas por el órgano respectivo de OIT al
      Estado de Guatemala, mediante los Decretos Números 13-2001 y 18-2001 del
      Congreso de la República de Guatemala, el Estado omitió derogar el artículo
      390 del Código Penal pese a que en teoría el objetivo de dichas reformas era
      precisamente atender a tales recomendaciones. El artículo citado establece
      literalmente: “Artículo 390. Actividades contra la seguridad interior de la
      Nación. Serán sancionados con prisión de uno a cinco años y con multa de
      trescientos a tres mil quetzales quienes: 1º... 2º. Ejecuten actos que tengan
      por objeto el sabotaje y la destrucción, paralización o perturbación de las
      empresas que contribuyan al desarrollo económico del país, con el propósito de
      perjudicar la producción nacional o importantes servicios de utilidad pública...”.
   3. En el caso de los trabajadores del sector público, es preciso recordar a OIT que
      el Decreto Número 71-86 del Congreso de la República de Guatemala ”Ley de
      Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado,
      reformada mediante Decreto Número 35-96 del Congreso de la República de


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     Guatemala, deja al trabajador o trabajadora del Estado en condiciones de total
     indefensión e induce, pese a tratarse de una norma laboral, a la penalización
     del conflicto.      Con el objeto de ilustrar la anterior información, debemos
     recordar a OIT que el artículo 4 de la citada ley regula: “Artículo 4.
     Procedimientos: Para el ejercicio del Derecho de huelga de los trabajadores del
     Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los
     procedimientos establecidos en la presente ley y, supletoriamente, los que
     prescribe el código de Trabajo en lo que fueren aplicables y no contravengan
     las disposiciones siguientes: A.... B.... C... ...No constituyen actos de
     represalia, los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de
     os derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los trabajadores podrán
     dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial, cuando exista
     causal de despido indirecto imputable al Estado o en caso de renuncia,
     conservando el derecho al reclamo de las prestaciones que por ley pudieran
     corresponderles, acudiendo a los procedimientos legales que les sean
     aplicables. Tampoco constituyen actos de represalia por parte del Estado o de
     sus entidades descentralizadas o autónomas, la cancelación de nombramientos
     o contratos de trabajo en los casos siguientes: C.1.... C.2. En los casos de
     huelga acordada y mantenida de hecho, sea cual fuere su denominación,
     siempre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva, o
     afecte servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. En estos
     casos, la autoridad nominadora del Estado y sus entidades descentralizadas y
     autónomas, quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos de
     trabajo, sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. D....
     E... F. Además de las sanciones laborales que proceda imponer a quien
     participe en los casos de huelga enumerados en la literal C., de este artículo,
     quedará sujeto a las responsabilidades penales y civiles en que hubiere
     incurrido... G....” . (Las negrillas con subrayados dobles son nuestros)Por su
     parte el artículo 430 del Código Penal regula: “Artículo 430. Abandono
     colectivo de funciones, cargos o empleos.            Los funcionarios, empleados
     públicos, empleados o dependientes de empresas de servicio público, que
     abandonaren colectivamente su cargo, trabajo o servicio, serán sancionados
     con prisión de seis meses a dos años. Si el abandono produjere daño a la
     causa pública o se tratare de jefes, promotores u organizadores del abandono
     colectivo, se impondrá a los responsables el doble de la pena indicada.” Como
     Resulta evidente de los artículos parafraseados anteriormente, este artículo es
     severo con los miembros de base de la organización de que se trate y se
     recrudece en contra de la dirigencia.        Por otra parte, cabe indicar que el
     Decreto Número 71-86 del Congreso de la República de Guatemala, en la literal
     F. Del artículo 4, va mas allá de la desviación del conflicto laboral hacia una
     segunda vía, la del proceso penal, a parte de ello abre la posibilidad a una
     tercera vía, igualmente ajena a la laboral, como lo es el caso de la vía del
     procedimiento civil. En ese sentido, además de crear las condiciones para que
     administrativamente, sin ningún tipo de control en resguardo de los derechos de
     los trabajadores y trabajadoras, se les destituya de sus cargos o se les
     cancelen sus contratos de trabajo, se crea un marco represivo que a la
     posibilidad de la represión y sanción meramente laboral, que al tenor de dicha
     ley puede realizarse sin ningún control de legalidad, le suma la posibilidad de la
     persecución y sanción penal que podría implicar el encarcelamiento de los
     trabajadores o trabajadoras y la posibilidad de una sanción civil de carácter
     económico; en otras palabras, estamos hablando de una triple sanción.
  4. A parte del incumplimiento por parte del Estado de Guatemala en atender la
     recomendación realizada por OIT en cuanto al artículo 390 del Código Penal, el
     Decreto Número 18-2001 del Congreso de la República de Guatemala, crea las
     condiciones para la aplicación de una nueva figura penal aplicable en
     desviación del conflicto laboral, en efecto, al reformar el artículo 379 del Código
     de Trabajo, se abre la posibilidad para la aplicación no solo de una sanción
     penal sino que de igual forma como sucede en el caso del sector público, abre


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     las puertas para desviar al proceso a una tercera vía, la del proceso civil e
     igualmente para un nuevo caso de triple sanción para los trabajadores, el
     artículo 379 del Código de Trabajo, con la reforma realizada, establece:
     “Artículo 379... ... Si el patrono infringe esta disposición será sancionado con
     multa igual al equivalente de diez a cincuenta salarios mínimos mensuales
     vigentes para las actividades no agrícolas. Igualmente deberá reparar el daño
     causado por los trabajadores...”(Las negrillas con subrayados dobles son
     nuestros). Si bien es cierto dicha norma traslada la responsabilidad económica
     al patrono, el tenor literal de la norma que indicamos con negrilla y subrayado
     doble, da lugar a una presunción legal absolutamente peligrosa ya que
     presupone que en el caso de represalias, sean tomadas por el patrono o los
     trabajadores, los trabajadores causan daño figura contemplada en el
     ordenamiento jurídico penal guatemalteco en dos tipos legales. El artículo 278
     del Código Penal regula: “Artículo 278. Daño. Quien, de propósito, destruyere,
     inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare, parcial o
     totalmente, un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de seis
     meses a dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales”. El artículo 279
     del Código Penal preceptúa: “Artículo 279. Daño Agravado. Es daño
     específicamente agravado y será sancionado co una tercera parte más de la
     pena a que se refiere el artículo anterior: 1º. Cuando recayere en ruinas o en
     monumentos históricos o si fuere ejecutado en bienes de valor científico,
     artístico o cultural. 2º. Cuando el daño se hiciere en instalaciones militares,
     puentes, caminos o en otros bienes de uso público o comunal. 3º. Cuando en
     su comisión se emplearen sustancias inflamables, explosivas, venenosas o
     corrosivas.”. En lo que respecta a la tercera vía, es decir la penal, al pagar el
     patrono por el daño que se prejuzga cometido exclusivamente por los
     trabajadores según el texto de la norma reformada del Código de Trabajo,
     dicho pago le da derecho a repetir en proceso civil en contra del trabajador o
     trabajadora por quien hubiese pagado la reparación del daño.
  5. A parte de los casos citados con anterioridad, debemos ser enfáticos en que los
     efectos de la existencia de normativa de este tipo se recrudece para la
     dirigencia sindical, toda vez que en el ejercicio de la resistencia pacífica,
     garantizada por la Constitución Política de la República de Guatemala en su
     artículo 45, en función de los derechos de libre sindicalización y negociación
     colectiva reconocidos en los artículos 102 literal q) y 106 de la Constitución
     Política de la República de Guatemala y en congruencia con lo mantenido por la
     propia OIT al expresar: “459. En una situación en que estimen que no disfrutan
     de las libertades esenciales para realizar su misión, los sindicatos podrían
     reclamar el reconocimiento y el ejercicio de dichas libertades y tales
     reivindicaciones deberían considerarse como actividades sindicales legítimas.
     (Véanse 270.o y 275.o informes, caso núm. 1500 (China), párrafos 326 y 356,
     respectivamente; véase también 297.o informe, caso núm. 1773 (Indonesia),
     párrafo 533.)” y “460. El derecho de presentar peticiones constituye una
     actividad legítima de las organizaciones sindicales, y que los signatarios de
     peticiones de naturaleza sindical no deberían ser perjudicados ni sancionados
     por ese tipo de actividades. (Véase 283. Ver informe, caso núm. 1479 (India),
     párrafo 97.)” Esto en virtud de que, al abrir a la posibilidad de que actividades
     sindicales legítimas puedan ser desviadas y conducidas al marco jurídico penal
     y tipificarse tales actividades como delictuosas, la labor dirigencial igualmente
     permite la aplicación de la figura penal tipificada en el artículo 394 del Código
     Penal que regula: “Artículo 394. Instigación a Delinquir. Quien, públicamente,
     instigare a cometer u delito determinado, será sancionado con prisión de uno a
     cuatro años.”.




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CASO: CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR EL ESTADO DE GUATEMALA
BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 (DESNATURALIZACIÓN DEL
VÍNCULO LABORAL):

A) DEL OBJETO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL: Tanto la legislación laboral
como la misma Organización Internacional del Trabajo –OIT- tienen por objeto la
protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, entendiéndose los
mismos como garantías humanas del trabajo, mínimas e irrenunciables, encaminadas
a garantizar la existencia en condiciones de dignidad para el trabajador y su familia así
como al trabajo como instrumento de desarrollo social, protegiendo a la mano de obra
de los excesos del capital y estableciendo parámetros que separen de manera
definitiva el trabajo digno de las condiciones de esclavitud y desprotección social,
económica y cultural. Esta función la cumple la legislación laboral partiendo de dos
categorías básicas, Trabajador y Patrono, para las cuales regula derechos y
obligaciones y coloca al Estado como ente encargado de velar por el respeto de dichas
garantías, de ahí que OIT opere mediante una estructura tripartita en la que se
encuentran representados los dos elementos humanos del proceso productivo y el
Estado, llamado a mantener la armonía social mediante el cumplimiento de las normas
laborales y a través de su poder legislativo para garantizar los mecanismos en que
dichas garantías mínimas puedan ser superadas acorde al estadio de evolución de la
empresa y de la sociedad de que se trate así como para legislar en el sentido de
proteger el trabajo que, dicho de otra forma, se protege estableciendo condiciones
dignas de trabajo.

B)     DEL PRESUPUESTO LEGAL FUNDAMENTAL PARA GOZAR DE LA
PROTECCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO: Como ya lo esbozamos en la literal
anterior, para ser sujeto de los derechos y obligaciones que para las partes regula el
Derecho del Trabajo, necesariamente se debe participar en la relación como trabajador
o como patrono, es decir, para acceder a las garantías mínimas del derecho de trabajo
entre las que se encuentra la libertad sindical y la negociación colectiva debe
participarse de la relación laboral, presupuesto fundamental para la aplicación del
Derecho de Trabajo. Dicho de otra forma, al extraer la relación del ámbito regulatorio
del Derecho de Trabajo, se excluye al trabajador del goce de los derechos y garantías
mínimas e irrenunciables que el mismo consagra, incluyendo entre estas la libre
sindicalización y la negociación colectiva y consiguientemente el de huelga. Cabe
señalar igualmente que la desnaturalización de la relación laboral en relaciones de otra
índole, excluidas de la aplicabilidad de las normas laborales excluyen igualmente a los
trabajadores y trabajadoras afectadas de los beneficios de la Seguridad y de la
Previsión Social siendo que además no gozan de la cobertura del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social ni en cuanto a enfermedad común, ni accidentes, ni
invalidez, ni vejez ni sobrevivencia, lo cual añade a su indefensión laboral la
desprotección social.

C) DE LOS MECANISMOS PARALEGALES IMPLEMENTADOS EN GUATEMALA
PARA EXCLUIR A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL DERECHO DE TRABAJO: Como ya lo indicamos, las garantías
laborales se encuentran siendo violadas en Guatemala mediante la implementación de
ciertas práctica y la creación de normativa que desnaturaliza la relación de trabajo con
el objeto de hacerles inaplicables las garantías reguladas por nuestra normativa
laboral.    Esta normativa ha sido inicialmente aprobada por el Estado de Guatemala
quien de posteriormente la ha implementando e incluso lo ha reconocido ante la propia
OIT al remitirle las memorias relativas al cumplimiento del Convenio Número 94, Sobre
las Cláusulas de Trabajo y además ha permitido se apliquen prácticas similares en la
iniciativa privada.     El Estado de Guatemala, ha recurrido a la contratación de
trabajadores mediante el renglón presupuestario conocido como 029 mientras que la
iniciativa privada ha recurrido a la aplicación de instrumentos de contratación
jurídicamente regulados como contratos de índole civil o mercantil, excluyendo ambos


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la relación de las regulaciones referentes al Trabajo, lo cual no es sino un Fraude de
Ley ya que tales relaciones, por naturaleza y las condiciones en que se desarrollan,
constituyen en sí relaciones de trabajo con la excepción de que los trabajadores y
trabajadoras a quienes se les aplican no pueden, dada la manera en que tales
relaciones son formalizadas, acceder al goce y disfrute de las garantías fundamentales
del trabajo.

D) DEL ESTADO DE GUATEMALA Y EL RENGLÓN 029: El Estado de Guatemala
ha utilizado como práctica para excluir a los trabajadores y trabajadores de la
protección del Derecho de Trabajo y consecuentemente del libre ejercicio de la libertad
sindical, negociación colectiva y de huelga contratarlos bajo el renglón presupuestario
conocido en Guatemala como 029 el cual; para los efectos de fundamentación del
presente caso, analizamos a continuación:

   1. BASE LEGAL DEL RENGLÓN 029: El renglón 029 encuentra su base legal en
      la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la
      República de Guatemala y sus reformas. Dicha ley regula en su artículo 44:
      “Se establecen los siguientes casos de excepción: 1. No será obligatoria la
      licitación ni la cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades
      públicas, conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta
      ley y en los casos siguientes: ...1.9 La contratación de Servicios profesionales
      individuales en general...”. Cabe indicar que ni la ley ni el reglamento de la
      misma establecen calidades específicas para ser contratados al amparo de
      dicha norma.         Sin embargo, de conformidad con la Ley de Colegiación
      Profesional Obligatoria, para ser contratado con el carácter de profesional se
      requiere necesariamente contar con un título o diploma que acredite a la
      persona como profesional egresado de alguna de las Universidades del País,
      encontrarse colegiado en el Colegio Profesional que le corresponda y
      encontrarse sin inhabilitaciones.         No obstante, de conformidad con la
      Recomendación Sobre la Relación de Trabajo que, en su Título II, en el párrafo
      13 establece los criterios que determinan la naturaleza laboral del vínculo,
      siendo estos: “a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones
      y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del
      trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o
      principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado
      personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar
      indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta
      duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador,
      que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte
      de la persona que requiere el trabajo…”, estos criterios son recogidos en su
      mayoría por la Ley de Servicio Civil al definir el concepto “Servidor Público” en
      su artículo 4; de tal manera, que la sola circunstancia de que la persona
      contratada ostente una calidad reconocida no modifica el carácter laboral de la
      relación si en ella concurren los presupuestos antes citados.

   2. FORMA EN QUE OPERA EL RENGLÓN 029: El Renglón 029 opera en
      Guatemala convocando a plazas para las cuales se establece, en algunos
      casos, un sistema de entrevistas a las cuales se accede presentando la Hoja
      de Vida (Currículum Vitae) del aspirante. Luego de estas entrevistas, si
      satisfacen las aspiraciones de la autoridad nominadora, se les llama y se les
      indica que deben inscribirse como Contribuyentes ante la autoridad tributaria
      (Superintendencia de Administración Tributaria) y solicitar la autorización de
      Facturas, como la habilitación del libro de Compras y Ventas y, en el caso del
      Régimen General del IVA, los libros de compras y de ventas, así como realizar
      una Declaración Jurada de Ingresos para el período fiscal correspondiente para
      los efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta, debiendo sujetarse a alguno
      de los regímenes de tributación respecto al Impuesto al Valor Agregado,
      pudiendo ser este del doce por ciento como pequeño contribuyente que a su


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      vez puede ser el simplificado del doce por ciento sobre la diferencia entre lo
      facturado y el crédito fiscal o por el Simplificado del pago del cinco por ciento de
      lo facturado cuyo pago es trimestral o bien; el régimen General en donde debe
      pagarse mensualmente el doce por ciento sobre la diferencia entre lo facturado
      y el crédito fiscal cuyo pago debe hacerse mensualmente.                  Omitir el
      cumplimiento de estos requisitos implica la imposibilidad del trabajador o
      trabajadora de percibir el pago y además la comisión de delitos de orden
      tributario. Cumplidos estos requisitos, se suscribe el contrato civil, por servicios
      técnicos o profesionales por tiempo determinado, contrato a través del cual se
      formaliza la relación de trabajo al margen de la protección que brinda la
      normativa del Derecho de Trabajo. Una vez cumplido con esto, se inicia con la
      prestación del trabajo pagándose mensualmente, por períodos vencidos, al final
      de los cuales el trabajador o trabajadora debe emitir Factura contable por dicho
      pago, aduciendo que el concepto del mismo es el pago por servicios
      profesionales o técnicos prestados por el período de un mes. Cabe indicar que
      para la contratación de trabajadores o trabajadores dentro del renglón 029 no
      se exigen calidades específicas como acreditación de la calidad profesional o
      técnica lo que conduce a que su implementación constituya una evasión de la
      relación laboral. En otros casos, la autoridad nominadora propone planes de
      retiro voluntario, simplemente despide o espera a que por alguna razón el
      trabajador o trabajadora que ocupa la plaza permanente la deje vacante para
      sustituirle mediante un trabajador o trabajadora contratado bajo este renglón
      presupuestario.

  3. DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES Y
     TRABAJADORAS CONTRATADOS DENTRO DEL RENGLÓN 029:                              En lo
     que se refiere a la Jornada de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras
     contratados (as) bajo el 029 observan la misma hora de ingreso a sus labores
     que los del resto de los trabajadores de la dependencia de que se trate y,
     regularmente, la misma hora de salida con la diferencia de que a los mismos,
     en muchos casos, se les hace laborar excediendo la jornada ordinaria de
     trabajo sin que ello de lugar a un pago adicional por el tiempo laborado en
     jornada extraordinaria, este tiempo extraordinario, si bien es cierto no se refuta
     abiertamente como obligatorio debe ser laborarlo toda vez que ello incide en la
     evaluación de su rendimiento y desempeño y no trabajarlo podría significar la
     rescisión de su contrato sin responsabilidad para el Estado de Guatemala.
     Ahora bien, la suposición de que se están prestando servicios profesionales o
     técnicos implicaría no solo la no sujeción a una hora específica de entrada al
     trabajo y la total libertad del contratado para decidir la mejor forma para la
     realización del servicio, sin embargo, en el renglón 029, persiste la relación de
     dependencia ya que el mismo desarrolla sus labores bajo supervisión, vigilancia
     y dirección de un jefe inmediato superior que forma parte de la estructura
     administrativa de la entidad para la cual labora y es quien ejerce sobre el mismo
     las facultades patronales.       En cuanto al pago del salario, el trabajador o
     trabajadora contratado (a) en el 029, lo recibe mensualmente y por períodos
     vencidos al igual que los demás trabajadores, con la diferencia de que éstos
     deben emitir factura por su pago, con lo cual someten el salario a las cargas
     tributarias de las cuales el salario se encuentra exento en la legislación nacional
     e igualmente puede ser embargado en su totalidad toda vez que al encubrirse
     su pago mediante la facturación, este ingreso no se encuentra protegido por la
     garantía de inembargabilidad que reviste al salario de conformidad con la Ley
     Nacional y el convenio 95 de la OIT y, en caso de deuda, no se le reconoce el
     carácter de crédito privilegiado y su cobro debe realizarse por la vía civil misma
     que es absolutamente onerosa a diferencia de los procedimientos regulados por
     el Derecho de Trabajo que se caracterizan por su sencillez y gratuitidad o
     baratez. Si bien es cierto, los salarios que se les pagan son superiores a los
     que mensualmente devengan los trabajadores contratados como tales en los
     mismos puestos o realizando funciones similares, a los trabajadores del 029 no


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      se les paga aguinaldo, ni Bonificación Anual para trabajadores del Sector
      Público y Privado, Bonificación Incentivo, ni los demás beneficios provenientes,
      en su caso, de los pactos o convenios colectivos de trabajo y no gozan del
      derecho a la jubilación, ni montepío ni les brinda cobertura la Seguridad Social
      a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-; a las
      trabajadoras no se les reconoce la inamovilidad ni el derecho al descanso pre y
      post natal ni al período de lactancia que regula nuestro Código de Trabajo. En
      cuanto al ejercicio de la libertad sindical y del derecho a la negociación
      colectiva, es preciso indicar que por ser los mismos exclusivos de la existencia
      de una relación laboral.

  4. DEL CARÁCTER DISCRIMINATIVO DEL RENGLÓN 029: La discriminación
     laboral creada, mantenida e incentivada por el Estado de Guatemala a través
     del renglón 029 se marca desde el mismo momento en el que la relación laboral
     es desnaturalizada y extraída de su marco jurídico natural, es decir el Derecho
     de Trabajo, para regirla por normas correspondientes al Derecho Común las
     cuales no permiten el goce de los trabajadores y trabajadoras contratados bajo
     este renglón presupuestario gocen de los derechos mínimos e irrenunciables
     que garantiza, en teoría, la legislación nacional e internacional del trabajo, lo
     que a su vez incide en la inexistencia de condiciones para el ejercicio de la
     libertad sindical. Esta discriminación, como todo acto discriminatorio, actúa en
     dos vías: La primera, respecto de los trabajadores contratados mediante los
     demás renglones presupuestarios quienes, pese a realizar igual trabajo, en
     iguales condiciones, perciben una remuneración mucho menor y; la segunda,
     en cuanto a los trabajadores contratados bajo el renglón 0-29, a quienes se les
     priva de los derechos laborales mínimos e irrenunciables sin que la mayor
     remuneración que perciben compense los efectos económico-sociales que
     conlleva la privación de tales garantías.       Por otra parte, en el marco del
     Derecho Colectivo de Trabajo, el trabajador o trabajadora del 029 es inducido a
     actuar como un elemento contrario a los esfuerzos organizativos y
     reivindicativos de los trabajadores contratados bajo los otros renglones
     presupuestarios puesto que, inicialmente, por la naturaleza que
     contractualmente le es dada a la relación de trabajo y su sujeción a un
     ordenamiento jurídico distinto, se imposibilita su sindicación y luego, al no ser
     considerados como “trabajadores”, tampoco se extienden a los mismos los
     beneficios obtenidos mediante la negociación colectiva, es decir se encuentran,
     en “derecho”, excluidos de los efectos del Pacto Colectivo de Condiciones de
     Trabajo. Esta indiferencia creada por su condición laboral y la desprotección
     jurídica a que como trabajadores y trabajadoras se encuentran sometidos hace
     mucho más factible que estos trabajadores se sientan mucho más
     identificados con las autoridades de las instituciones para las cuales laboran y
     la necesidad de hacer méritos ante estas para prolongar su frágil estabilidad en
     el trabajo, los llevan muchas veces a ser instrumentalizados en el ataque a los
     intentos organizativos o de negociación colectiva realizados por el resto de
     trabajadores. De tal forma que se crea dentro del Centro de Trabajo una nueva
     categoría laboral, aparentemente mejor remunerada pero más desprotegida, en
     donde la coincidencia entre desprotección e inestabilidad laboral los lleva a
     jugar, en algunos casos, el papel de ejecutores de estrategias y prácticas
     antisindicales.     Además de todo esto, los trabajadores y trabajadoras
     contratados con cargo al renglón 029, no gozan de los servicios de previsión y
     seguridad social toda vez que, al no considerarse trabajadores, no son objeto
     de descuentos por concepto de cotización laboral ni de pago de cotización
     patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo cual, además de
     afectarlos directamente a ellos a través de la desprotección social en que se
     encuentran, afectan a los trabajadores y trabajadores que si son formalmente
     reconocidos como tales puesto que con esto también se disminuye
     constantemente la cotización de trabajadores y trabajadoras activas lo cual



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      impide mejorar e incluso pone en riesgo de desaparecer las prestaciones de
      que gozan los trabajadores y trabajadoras en condición de retiro.

  5. LA CONTRATACIÓN BAJO EL RENGLÓN 029 COMO MECANISMO DE
     PRIVAR A LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD
     SINDICAL: La negación de la libertad sindical, el acceso a la negociación
     colectiva y al ejercicio del derecho de huelga se materializa, en estos casos,
     sobre la base de la naturaleza formal del contrato mediante el cual el Estado de
     Guatemala y sus instituciones niegan las condiciones reales en que se
     desarrolla la relación privando al trabajador de esta calidad, la de trabajador o
     trabajadora, y de la cual deriva el reconocimiento de estas garantías, para
     presentarlo formalmente como un profesional liberal que presta sus servicios
     profesionales al Estado de Guatemala a cambio de honorarios gravados por
     impuestos; es decir, se niega la relación de trabajo y se le asignan, solo
     formalmente, las características de una relación comercial. A esto se agrega
     que de conformidad con la normativa reglamentaria, los contratos de las
     personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 029 no pueden tener
     una duración mayor de un año y según sus propias cláusulas, los mismos,
     pueden ser rescindidos en cualquier momento sin que se requiera de causa
     justificada, lo cual libera al Estado de Guatemala incluso de responsabilidades
     civiles. Estas resultan sumamente persuasivas para que el trabajador o
     trabajadora ni siquiera intente ejercer su libertad sindical; esencialmente por las
     siguientes razones: Primero, porque previo al ejercicio de su libertad sindical,
     de la negociación colectiva o del derecho huelga, debe iniciar una batalla legal a
     efecto de que los tribunales declaren que la naturaleza de su relación es laboral
     y no comercial desvirtuando el contenido formal del contrato, toda vez que sin la
     calidad de trabajador o trabajadora no puede acceder a tales derechos;
     segundo, porque de conformidad con el principio de la carga de la prueba
     sobre el postulante del supuesto de hecho, corresponde al trabajador probar
     que en la relación que se ha formalizado mediante un contrato no laboral
     concurren los presupuestos que caracterizan una relación de naturaleza laboral
     y, esta prueba, regularmente, no se encuentra a su alcance; tercero, porque
     aún iniciando la acción, siendo que la naturaleza laboral de la relación no existe
     sino hasta que ha sido declarada por el Juez y tal declaración se encuentre
     firme, las condiciones de rescisión intempestiva e injustificada del contrato no
     laboral continúan vigentes entre las partes, condiciones que son aprovechadas
     para despedir al trabajador (en ese momento profesional liberal) y privarlo de la
     fuente de trabajo y del acceso a los medios económicos para su subsistencia y
     la de su familia; cuarto, porque aún si el trabajador no es despedido al
     momento de iniciar la acción declarativa de la naturaleza laboral de la relación,
     dada la duración del proceso, la situación jurídica no será declarada antes de la
     finalización del plazo establecido en el contrato, de tal manera, el trabajador se
     sujeta a que el contrato no sea renovado; y, quinto, porque las condiciones
     cualitativas de la justicia que administran actualmente los tribunales que
     conocen en materia de trabajo y previsión social en Guatemala, mantienen
     latente el riesgo de que además de enfrentar la duración excesiva del proceso,
     el trabajador o trabajadora deba enfrentarse a una resolución que no se ajuste a
     las circunstancias de hecho y de derecho postuladas como asiento de la
     pretensión de la demanda; de tal forma, existen muchas posibilidades de que la
     demanda no prospere y el sistema de justicia lleve a la definitividad la situación
     de indefensión del trabajador.

  6. ALGUNOS DATOS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON
     CARGO AL RENGLON 029 EN ALGUNAS INSTITUCIONES DEL ESTADO:
     Para los efectos de ilustrar el impacto en el mercado laboral de esta modalidad
     de contratación desnaturalizante de la relación laboral, citamos los casos de
     algunas instituciones:



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      a) Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
         Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-: Este caso lo citamos en
         virtud de que, dada la naturaleza y función del órgano de que se trata,
         podría pensarse en la existencia en la misma de un pleno respeto de los
         derechos humanos económico sociales. Tenemos que en su rendición de
         cuentas del año 2006, COPREDEH reportó un total de 76 trabajadores; de
         estos, solamente 26 se encontraron vinculados al Estado de Guatemala
         mediante una relación laboral permanente, es decir, con cargo al renglón
         011 del presupuesto; 25 de ellos se encontraron vinculados mediante una
         relación laboral temporal contratados con cargo al renglón 022 del
         presupuesto (ello a pesar de que dicho órgano desarrolla funciones de
         carácter permanente) en tanto que los restantes 25 trabajadores se
         encontraban contratados con cargo al renglón 029 del presupuesto; es
         decir, pese a la naturaleza permanente de las actividades de este órgano,
         solo 1 tercera parte contaban con una relación permanente mientras que,
         las dos terceras partes restantes, o se encontraban vinculados mediante
         una relación de trabajo temporal o vinculados al Estado mediante un tipo de
         contratación, además de temporal, de naturaleza no laboral en el aspecto
         formal.

      b) Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-: Para los efectos de
         debilitar y destruir la organización sindical, las autoridades de El Crédito
         Hipotecario Nacional de Guatemala, a partir de los despidos masivos de
         afiliados ejecutados, optó inicialmente por sustituir sus plazas mediante
         trabajadores sub contratados a través de una empresa prestadora de
         servicios; no obstante, actualmente ha abandonado dicha práctica y se ha
         acomodado a la estrategia generalizada en el Estado de Guatemala, de tal
         manera que, de 829 trabajadores con que cuenta actualmente; 200
         trabajadores son trabajadores con cargo al renglón 011 (Permanentes);
         529 son trabajadores con cargo al renglón 022 (temporales) y 100 son
         trabajadores contratados con cargo al renglón 029 (por servicios
         profesionales).

      c) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-: Para los efectos
         de impedir la creación de sindicatos, como de hecho lo afirma el abogado
         de la Procuraduría General de la Nación al plantear un aparo en contra de
         la constitución del Sindicato, ha adoptado igualmente mecanismos para
         evitar al máximo contar con trabajadores permanentes y con estabilidad
         laboral, pese a la naturaleza permanente de las labores que ejecuta dicho
         Ministerio. La distribución de los empleados en dicho Ministerio es la
         siguiente:    142 trabajadores contratados con cargo al renglón 011
         (Permanentes); 67 con cargo al renglón 022 (temporales); 10 con cargo al
         renglón 012 (temporales) y 200 con cargo al renglón 029 (Servicios
         Profesionales).

      d) Procuraduría de los Derechos Humanos: Pese a la naturaleza de esta
         institución y a que su personal debe realizar actividades de constatación de
         hechos y denuncias para lo cual se necesita ser funcionario público; la
         Procuraduría de los Derechos Humanos ha contratado bajo el renglón 029 a
         todos los trabajadores cuyas funciones reciben financiamiento de la
         cooperación internacional.

      e) Procuraduría General de la Nación: Este órgano, tiene a su cargo la
         representación judicial del Estado de Guatemala; es decir, ejerce en juicio la
         personería Jurídica del Estado de Guatemala, no obstante, su personal, en
         mas de un 75% se encuentra contratado con cargo al renglón
         presupuestario 029; es decir, no son funcionarios públicos y,
         consecuentemente, al no encontrarse dentro de la jerarquía que presupone


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          la relación funcional, no opera el principio de delegación, pese a ello, el
          Procurador General de la Nación delega en ellos la representación en juicio
          del Estado de Guatemala.



  CASO ARTÍCULO 216 DEL CODIGO DE TRABAJO:


 1.   El Código de Trabajo Guatemalteco, hasta antes de la reforma realizada
      mediante el artículo 8 del Decreto Número 18-2001 del Congreso de la
      República de Guatemala establecía en su artículo 216: “Para formar un
      sindicato de trabajadores se requiere la concurrencia de veinte o mas
      trabajadores y para formar un sindicato de patronos se necesita un mínimun de
      cinco patronos…”.
 2.   Mediante el artículo 8 del Decreto 18-2001 del Congreso de la República de
      Guatemala fue reformado el artículo 216 del Código de Trabajo, quedando de la
      siguiente manera: “Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el
      consentimiento por escrito de veinte o mas trabajadores y para formar uno de
      patronos se necesita un mínimo de cinco patronos.”.
 3.   Es preciso señalar que la reforma introducida a dicha norma legal no solo
      mantuvo condiciones desiguales entre trabajadores y empleadores para la
      conformación de un sindicato puesto que en el caso de los trabajadores se
      requieren 20 trabajadores y en el caso de los empleadores solamente 5 sino
      que, además recrudeció estas condiciones de desigualdad toda vez que a los
      trabajadores se les impuso la obligación de otorgar un consentimiento por
      escrito para conformar el sindicato en tanto que a los empleadores se les
      mantuvo la sola concurrencia.
 4.   Al respecto debe señalarse que el ejercicio de la libertad sindical en lo que se
      refiere al hecho de constituir o no un sindicato o afiliarse o no al mismo,
      constituye una garantía individual de cada trabajador y, en ese sentido, la sola
      comparecencia con el fin de constituir una organización sindical de trabajadores
      conlleva el ejercicio de dicha garantía; ahora bien, la necesidad del
      otorgamiento de un consentimiento por escrito para la constitución de un
      sindicato no solo priva automáticamente de la posibilidad de constituir un
      sindicato a las personas que no saben leer ni escribir (que en Guatemala son
      muchas debido a los altos niveles de analfabetismo) así como también a
      aquellas que no hablan ni escriben el Español que es el idioma oficial en
      Guatemala (pese a que en Guatemala existe diversidad de idiomas y pueblos
      indígenas) sino que, vincula el ejercicio de la libertad sindical de cada trabajador
      o trabajadora a la autorización o consentimiento de otros trabajadores, lo cual
      sujeta este ejercicio a un consentimiento ajeno.
 5.   Esta norma, como ha sido denunciado no solo por Unsitragua sino que por otras
      organizaciones sindicales, resulta violatoria de la libertad sindical; no obstante, a
      ello ha respondido el Gobierno que tal disposición no es aplicada por el
      Ministerio de Trabajo en los trámites de inscripción legal de un sindicato a efecto
      de obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical y; de hecho, desde la entrada
      en vigencia de la reforma introducida, pese a que ha habido cambios de
      personas en el cargo de Director General del Trabajo, tal requisito no había sido
      requerido ni obstaculizado la conformación de sindicatos de trabajadores,
      aunque sí, como también lo hemos denunciado, ha existido una tendencia a
      burocratizar y establecer requisitos no regulados por la ley para la conformación
      de sindicatos y sustitución de directivos sindicales (como por ejemplo la
      exigencia de las fotocopias de las Cédula de Vecindad de los directivos,
      fotocopias de las convocatorias con lo cual se obliga a los sindicatos a convocar
      asambleas solamente por escrito, entre algunos otros).
 6.   Debemos agregar que esta norma es igualmente discriminatoria toda vez que
      sus efectos son los de negar liminarmente el derecho a la libre sindicalización


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      de las personas que no saben leer ni escribir, lo cual resulta grave en un país
      como Guatemala que enfrenta altos niveles de analfabetismo.
 7.   No obstante lo anterior, esta tendencia se ha recrudecido con la llegada a la
      Dirección General de Trabajo del Licenciado HONNELL OSBERTO IZAGUIRRE
      NAVARRO, al punto de tener que recurrir nuevamente a la presentación de
      denuncias ante ese alto organismo.



CASO PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO:

  1. En su momento, UNSITRAGUA denunció ante ese alto organismo la violación
     de garantías fundamentales de los trabajadores a través de los procedimientos
     administrativos disciplinario mediante los cuales se legitimaban las represalias
     en contra de los trabajadores y trabajadoras por el intento de ejercer libremente
     sus derechos de libertad sindical, negociación colectiva y de huelga al tenor de
     lo Regulado en el Decreto 71-86 y sus Reformas, Decreto 35-96, ambos del
     Congreso de la República de Guatemala.
  2. Vale señalar que la Corte de Constitucionalidad, en la sentencia emitida con
     fecha tres de agosto de dos mil cuatro, dentro de los expedientes acumulados
     898-2001 y 1014-2001, en una acción promovida por algunos representantes de
     los intereses del Sector Empresarial en contra del procedimiento de sanción de
     faltas contra las leyes de trabajo y previsión Social, declaró con lugar la
     inconstitucionalidad sobre la base de los artículos 103 y 203 de la Constitución
     Política de la República de Guatemala, principalmente, argumentando que el
     artículo 103 Constitucional preceptúa que cuando la aplicación de las leyes
     relativas al trabajo generan controversia (es decir hacen necesaria la prueba) se
     crea una litis que de conformidad con el artículo 203 Constitucional solamente
     puede ser conocida y resuelta por el poder jurisdiccional, en este caso por los
     Tribunales de Trabajo y Previsión Social.
  3. En ese orden de ideas, tomando como base esa resolución e invocando el
     derecho de igualdad ante la ley, UNSITRAGUA, a través del Sindicato de
     Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, promovió una acción de
     inconstitucionalidad en contra de las normas que regulan los procedimientos
     para la imposición de sanciones a los trabajadores del Estado, entre ellas la
     sanción de despido, alegando además que tales procedimientos, además de
     contravenir los artículos 103, 106 y 203 de la Constitución Política de la
     República de Guatemala, colocan al trabajador en un estado de indefensión al
     no permitir su derecho de defensa a partir de que se le priva de la presunción
     de inocencia (haciendo del procedimiento un acto inquisitivo) y de promover,
     conocer y resolver la controversia el propio patrono, a través de la autoridad
     nominadora, interesado en sancionar o despedir al trabajador o trabajadora.
  4. Como ya lo indicamos se promovió la Inconstitucionalidad Parcial del Decreto
     Número 1748 del Congreso de la República, Ley de Servicio Civil,
     específicamente en lo que respecta a los artículos 79 numeral 1, 80 y 82 y la
     Inconstitucionalidad Parcial del Acuerdo Gubernativo Número 18-98 del
     Presidente de la República, reformado por el Acuerdo Gubernativo Número
     564-98 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley de Servicio Civil,
     específicamente en lo que respecta a los artículos 1, 73 y 80 tales
     inconstitucionalidades se encuentran siendo conocidas por la Corte de
     Constitucionalidad dentro del expediente número 1091-2005. Of. 1º. No
     obstante, preocupa no solo la dilación al resolver sino también la imparcialidad
     de la Corte que, pese a ventilarse en el expediente 5 inconstitucionalidades,
     durante la vista, se limitaron los alegatos de los postulantes y sus Abogados
     asesores a TREINTA MINUTOS (El mínimo que establece el Reglamento) lo
     cual impidió que estos pudieran defender de manera adecuada los puntos de
     derecho sobre los cuales se asentó la acción de inconstitucionalidad.



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   5. Debemos señalar que, a casi dos años de encontrarse el expediente en estado
      de resolver, la Corte de Constitucionalidad no ha emitido aún la resolución
      correspondiente.


CASO INICIATIVA DE LEY DE SERVICIO CIVIL (INICIATIVA 3395):


   1. La Comisión Presidencial Para la Modernización del Estado (COPRE), con el
      apoyo financiero de los gobiernos de algunos países de Europa (Noruega,
      España, Suecia y los Países Bajos); pretendieron iniciar un proceso de
      modernización de la estructura estatal y, para ello, partieron de la intención de
      modificar el Servicio Civil; es decir, la normativa que rige las relaciones
      laborales entre el Estado y sus empleados.
   2. Si bien es cierto, la intención de los gobiernos Europeos que apoyan el proyecto
      sabemos que es buena; en Guatemala, esas intenciones han sido
      desnaturalizadas al vender la idea de que los problemas de corrupción y falta
      de eficiencia que se enfrentan en el Estado provienen de defectos en la
      regulación del servicio civil. No obstante, en la práctica, estos problemas se
      originan básicamente del incumplimiento estricto de los procedimientos de
      oposición que ya regula la ley de servicio civil actualmente, de la
      desnaturalización de la relación laboral utilizando formas temporales y no
      laborales para la contratación de mano de obra en el Estado, la politización del
      ingreso al servicio civil, la inexistencia de recursos dedicados a la capacitación,
      la corrupción en las altas esferas del gobierno, la falta de recursos e insumos
      para el cumplimiento de los fines de las instituciones y una tendencia totalmente
      negativa a negociar colectivamente con los trabajadores.
   3. En este marco, la COPRE, presenta una iniciativa de Ley de Servicio Civil y una
      Iniciativa de Ley de Servicio Municipal; ambas conteniendo elementos
      tendientes a una precarización aún mayor de las condiciones laborales en el
      Estado y sumamente represiva de la libertad sindical y de la negociación
      colectiva. El Ministerio de Trabajo, lejos de someter la misma la dictamen de la
      Comisión Tripartita Sobre Asuntos Internacionales del Trabajo fue trasladada
      directamente al Congreso de la República de Guatemala, sustituyendo el
      dictamen de la Comisión Tripartita por dictámenes antojadizos elaborados por el
      Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
   4. Esta iniciativa fue objeto del análisis por parte del movimiento sindical a través,
      análisis que se fue actualizando y socializando en la misma medida en que el
      entonces anteproyecto sufría modificaciones, realizando actividades con los
      sindicatos y centrales sindicales y campesinas.
   5. Finalmente, el anteproyecto, fue presentado al Congreso de la República para
      su aprobación y, de conformidad con el trámite legislativo, la iniciativa fue
      mandada a ser dictaminada por dos comisiones del Congreso: La de Trabajo y
      la de Previsión y Seguridad Social. En esta fase del proceso, el movimiento
      sindical acudió al Congreso de la República y en reuniones con el Diputado
      Alfredo de León, quien convocó a todo el movimiento sindical de Guatemala
      para sociabilizar el proyecto, el equipo técnico del movimiento sindical expuso
      su análisis y, en una actividad posterior, ante el movimiento sindical
      guatemalteco, debatió la iniciativa con el Comisionado Presidencial para la
      Modernización del Estado y su equipo técnico, que no pudieron desvanecer los
      señalamientos contenidos en el análisis del movimiento sindical guatemalteco.
      En este marco, se solicita una reunión con la Comisión de Trabajo del Congreso
      de la República y se realiza la exposición del análisis del movimiento sindical,
      exposición que convenció a los integrantes de dicha Comisión al punto de emitir
      un dictamen desfavorable a dicha iniciativa de ley. No obstante a ello, aunque
      se solicitó muchas veces, no le fue conferida audiencia al movimiento sindical
      por parte de la Comisión de Previsión y Seguridad Social que, de manera
      sorpresiva e introduciendo modificaciones al proyecto al margen de los


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     procedimientos regulados por la Ley Orgánica del Congreso de la República,
     emite un dictamen favorable a dicha ley aún y cuando el tema de Previsión y
     Seguridad Social no abarca ni el cinco por ciento del total de regulaciones
     contenidas en la iniciativa.
  6. El día viernes 13 de abril de 2007, a eso del medio día, por información filtrada
     a un compañero, el movimiento sindical se entera de que la iniciativa 3395 sería
     conocida por el pleno del Congreso de la República de Guatemala en la sesión
     del martes 17 de abril de 2007. Ante esto, se convoca de urgencia al
     movimiento sindical en la sede de una de las organizaciones que lo conforman
     y se acuerda una estrategia que incluía: 1) La elaboración de un documento
     dirigido a los diputados y diferentes bancadas representadas en el Congreso de
     la República exponiendo los motivos de oposición del movimiento sindical a
     dicha iniciativa; 2) El nombramiento de una comisión de cabildeo integrada por
     representantes de las organizaciones sindicales y campesinas solidarias con el
     movimiento; 3) La elaboración de un análisis actualizado de la iniciativa
     modificada para dotar de argumentos a los dirigentes miembros de la Comisión
     de Cabildeo y que debía estar concluido para día domingo; 4) Una reunión el
     día domingo para la suscripción del documento; 5) Una conferencia de prensa
     para el día domingo en la que se fijaría la posición pública del movimiento
     sindical y campesino; 6) La entrega del documento a los diputados y bancadas
     así como el cabildeo los días lunes 16 y la mañana del martes 17 de abril y; 7)
     Una movilización frente al Congreso de la República de Guatemala.
  7. La ejecución de dicha estrategia condujo a que el movimiento sindical y
     campesino guatemalteco lograra disuadir a las principales bancadas de
     oposición al punto de sacar de la agenda legislativa la iniciativa 3395 que
     contiene el proyecto de Ley de Servicio Civil, pese a que la intención inicial era
     aprobarla de urgencia nacional a efecto de evadir las tres lecturas que prevé la
     Ley Orgánica del Congreso de la República.
  8. Debemos señalar que, aunque debido al proceso electoral que se avecina ha
     provocado que esta iniciativa y sus efectos nocivos para el ejercicio de la
     libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga así como para el resto de
     garantías laborales haya sido dejada en suspenso, existe un grave riesgo de
     que la actual legislatura, una vez conocidos los resultados del proceso electoral
     y la integración de la legislatura siguiente, pueda aprobar dicha iniciativa de ley
     y hacer realidad sus dañinos efectos.


CASO LISTAS NEGRAS:


  1. A menudo se ha denunciado la existencia se listas negras en donde, a la
     represión existente contra el ejercicio de la libertad sindical por parte de los
     trabajadores y trabajadoras, se suma la negativa de su acceso a as fuentes de
     trabajo precisamente por haber intentado ejercer tal derecho.
  2. No obstante, el desarrollo de la tecnología, ha intensificado este tipo de
     prácticas puesto que existen empresas que brindan un servicio de prevención
     de riesgos a través de suscripción a una compañía que ha recopilado
     información y la pone a la disposición de los empleadores o de las agencias de
     contratación.
  3. En Guatemala, existe una empresa a la cual se le denomina INFORNET, en la
     cual se recopila información de los trabajadores o trabajadoras que han
     participado en un proceso organizativo o han entablado demandas contra sus
     patronos a los cuales se les califica como “NO RECOMENDABLES” sea para la
     consecución de empleo u obtención de créditos. Vale señalar que el solo
     hecho de figurar en tales bases de datos se constituye en un mecanismo de
     discriminación sea en el acceso al trabajo a los créditos.
  4. Entre los casos de la aplicación de estas listas negras encontramos el caso del
     directivo sindical DICK FLETCHER ALBUREZ a cuya esposa se le denegó un


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      crédito en una institución bancaria por la demanda de reinstalación entablada
      por su esposo en contra del Estado de Guatemala y el del trabajador HECTOR
      ALBINO HERNÁNDEZ GARCÍA, quien ha demandando su reinstalación en
      contra del Estado de Guatemala y cuyo caso es conocido por ese alto
      organismo dentro de los Convenios 29 y 105 a quien en repetidas ocasiones se
      la he negado el empleo por aparecer en INFORNET.
   5. Si bien es cierto los propietarios de estas empresas aducen que la información
      que proveen provienen de documentos públicos, tal información, al ser un
      mecanismo de lucro para dichas empresas a través del cual se afectan los
      derechos de la personas a quienes se refiere y acompañar consideraciones
      (evaluaciones de riesgo) realizadas por el proveedor del servicio de manera
      unilateral, constituyen actos meramente ilegales que no han sido investigados ni
      prevenidos por el Estado de Guatemala.
   6. En el caso de la libertad sindical, esto incrementa severamente la cultura de
      represiva que en contra del sindicalismo impera en Guatemala y se constituye
      en un instrumento de persuasión para admitir la violación de las garantías
      laborales o para no ejercer la libertad sindical.


ATAQUE Y DESPRESTIGIO AL MOVIMIENTO SINDICAL COMO POLITICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

   1. Ha sido una estrategia habitual, el ataque al movimiento sindical y las
      instituciones vinculadas a la negociación colectiva y la huelga, por parte de los
      medios de comunicación social; esta estrategia, es consentida y alentada por el
      Estado de Guatemala.
   2. De un tiempo a esta parte, sobre todo luego de la oposición de las
      organizaciones sindicales a la ratificación del CAFTA, el movimiento sindical ha
      venido siendo blanco de un ataque mediático orquestado por el sector
      empresarial (al que pertenecen los medios de comunicación social) y el Estado
      que permite tales campañas contra las instituciones de la libertad sindical.
   3. Entre la publicaciones antisindicales de los medios de comunicación escrita
      podemos citar las siguientes: Las de Siglo Veintiuno que son de fechas 22 de
      diciembre 2005, 24, 25 de octubre 2006, 7 Mayo 2007, 16 y 23 de octubre 2006,
      Las de Prensa Libre de fecha 29 de Agosto 2006, 19 de septiembre 2006, 23
      de Enero 2007, 18 Abril 2007; y las del periódico La Hora de fecha 27
      septiembre 2006.
   4. Para los efectos de ilustrar el sentido de tales publicaciones, a continuación
      trascribimos algunas de las realizadas por el Diario conocido en Guatemala
      como Siglo XXI:

Pactos colectivos superan
normativas del Código de Trabajo

Negociaciones legales obligan a entidades gubernamentales a erogar fuertes sumas
de dinero y aceptar derechos laborales superiores a los de ley.

Sindicalistas responden que las peticiones son parte de las negociaciones y que según
la ley, un pacto colectivo “debe” superar el anterior.

Edgar López Siglo21
elopez@sigloxxi.com

El tener derecho a teléfonos celulares con pagos mensuales de tiempo de aire,
vehículos con gasolina durante todo el mes, permisos para faltar más de 10 diez días a
sus labores cotidianas con goce de sueldo para hasta 250 trabajadores de un mismo
ministerio, la autorización para salir del país con boletos pagados y viáticos por espacio
de hasta 60 días y “en la posibilidad” con la esposa o conyuge son pactos entre


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trabajadores y dependencias estatales que superan lo contemplado en el Código de
Trabajo.

En la normativa 29 artículos del titulo sexto regulan la forma de que es lo que esta
permitido negociar en un pacto colectivo, “pero lo regulado supera lo pactado en todas
las ocasiones” expresa Luis Carlos Sanchez secretario general del Ministerio de
Trabajo, oficina a la cual llegan todos los pactos colectivos de empresas estatales y
privadas.

Los convenios no son novedad para los negociadores. En las negociones también se
incluyen erogaciones monetarias por parte de las entidades estatales que van desde
Q20 mil para organizar eventos deportivos que deben autorizar la salida de los
trabajadores participantes si caen en días hábiles, instalar con fondos del estado
“tiendas de consumo”, así como pagar los “convivios” anuales.

El pacto

Las negociaciones que se logran son legales. Unos reciben más que otros,
dependiendo de la entidad y de quienes negocien, pero el formato de peticiones es
casi similar en todos los pactos: inamovilidad, licencias sindicales, viáticos, bonos
adicionales al salario, más días de asueto y algunos privilegios para los miembros del
comité ejecutivo son las clausulas infaltables. El monto de lo erogado por el estado es
incalculable debido a que cada pacto se hace por separado. Pero todos tienen una
misma premisa, superar el pacto anterior. (Lea: Todo en ley).

“Esto es así por la cantidad de acuerdos firmados durante la historia de las
instituciones y las prerrogativas no pueden ser inferiores a la del pacto anterior, así
esta en la ley” expone Felipe Sánchez secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores
del Ministerio de Finanzas Públicas (Sintrafip) entidad que en abril, le fue autorizado un
nuevo pacto colectivo para tres años.

Los convenios establecen las reglas a seguir tanto para el patrono como para el
trabajador. El Código de Trabajo detalla en el titulo sexto todas las regulaciones para
los pactos colectivos. Y allí se establece que al sindicato le compete “velar en todo
momento por el bienestar económico-social del trabajador y su dignidad personal“.

También se establecer lo que pueden negociar en el articulo 214. “Crear administrar, o
subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades comerciales
que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores tales como cooperativas,
entidades deportivas, educaciones, culturales. Tiendas de artículos de consumo y en
general todas aquellas actividades que no estén reñidas con sus fines esenciales ni
con las leyes” se detalla.

Transparencia

Luis Lara secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala
(SNTSG), indica que “en los pactos se hacen peticiones que deben negociarse y
quedar satisfechos de ambas partes. Se llega hasta donde el patrono lo permite y los
sindicatos lo aceptan” refiere.

El SNTSG es la entidad que más licencias sindicales posee a nivel nacional, 250 de
sus miembros tienen permiso para faltar a sus labores cada vez que convoque el
sindicato. “Somos 21 mil miembros en toda la república y todos deben estar
informados, por ello la cantidad” expresa Lara.

Raquel Zelaya secretaria ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios
Sociales (ASIES) indica que la transparencia del gasto público es lo no sobresale en
este tipo de pactos colectivos. “Debería quedar mas claro porque eso daría una


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enorme luz en una negociación que es discrecional seguramente para que los patrones
estatales puedan llevar la fiesta en paz durante su gestión. Las prestaciones deben ser
acorde a las posibilidades porque son gastos del erario” detalla la analista.

José Pinzón secretario de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)
refuta dicha postura a su criterio “es la única manera de que los trabajadores sean
respetados como tales. La política neoliberal en la que vivimos está acostumbrada a
exigir demasiado y no reconocer la labor del obrero, es decir, como el azadón solo
para dentro. Los pactos están en ley, son logros sindicales que nacen de la opresión
laboral” comenta.

El Ministerio de Trabajo tiene registrados hasta el momento 1,785 sindicatos a nivel
estatal y privado. De ellos un 40% “esta activo”. El número de afiliados según Honnell
Izaguirre director general del trabajo “no se puede estimar” debido a que varían
anualmente definió.

Recuadro:
Todo en ley

El código de trabajo contempla que alcances tiene un pacto colectivo y algunas de las
disposiciones que superan los acuerdos firmados entre sindicalistas y patronos en las
diferentes negociaciones colectivas.

Articulo 51 inciso “B”: Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen
varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor numero
de trabajadores , en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables
para los trabajadores que las contendias en los contratos vigentes.

Articulo 61 inciso “Ñ” numeral 6. Licencias con goce de sueldo : Por desempeño de
función sindical, siempre que esta se limite a los miembros del comite ejecutivo y no
exceda de seis días en el mismo mes calendario para cada uno de ellos. Y por el
tiempo que lo necesiten sin goce de salario. En todos los demás casos previstos en el
pacto colectivo.

Articulo 130. Todo trabajador sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones
remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono
cuya duración mínima es de quince días hábiles.

Artículo 222 inciso “D”: Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en
el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren los mandato y hasta doce
meses de haber cesado en el desempeño de los mismos


Frases:

“En los pactos se hacen peticiones que deben negociarse y quedar satisfechos de
ambas partes. Se llega hasta donde el patrono lo permite y los sindicatos lo aceptan”
Luis Lara
Secretario del Sindicato de Salud

“Debería haber más transparencia en una negociación que es discrecional
seguramente para que los patrones estatales puedan llevar la fiesta en paz durante su
gestión”
Raquel Zelaya
Secretaria Ejecutiva de ASIES




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“La política neoliberal en la que vivimos está acostumbrada a exigir demasiado y no
reconocer la labor del obrero, es decir, como el azadón solo para dentro. Son logros
sindicales que nacen de la opresión laboral”.
José Pinzón
Secretario General de la CGTG




Los privilegios

Ministerio de Finanzas Públicas

Número de afiliados:
Monto de las cuotas:
Duración: Tres años.
Fecha de homologación: 24 de marzo de 2003.
Tiempo de inamovilidad sindical: Gozan de inamovilidad sindical los nueve
miembros del comité ejecutivo, tres miembros del Consejo Consultivo y Cuatro
miembros del comité de Honor. Es decir 16 personas hasta 30 meses después.
Días de asueto: 7 de octubre fecha del aniversario del Ministerio de Finanzas. Los
cumpleaños de los trabajadores. 12 de septiembre aniversario del sindicato. El día del
padre.
Vacaciones. 10 días hábiles de 1 a 5 años. Y cada 5 años dos días más hasta los 25
años y 28 días hábiles. Y 30 días para los que laboren en los sótanos uno, dos y tres
del edificio central.
Licencias. 75 horas por mes calendario para los 16 personas. Licencias para acudir a
cursos, seminarios, congresos y conferencias para los cuales se otorgarán viáticos y
boletos aéreos a un máximo de cuatro miembros una vez al año y hasta por un periodo
de 30 días calendario.
Transporte. Se obliga al ministerio se obliga a ampliar el servicio de transporte
adquiriendo tres buses más en forma inmediata.
Uniformes. Todo el material de desecho de papel del Taller de grabado será vendido y
los ingresos se utilizarán para la compra de uniformes.
Salud. Se proporcionarán los servicios médicos y odontológicos, oftalmológicos para
trabajadores cónyuge e hijos y el subsidio de Q300 para lentes.
Bolsas de Estudio. 175 bolsas de estudio para alumnos de primaria, secundario y
diversificado cuyo salario no exceda de Q5 mil.
Laboratorio de Internet. Implementar un laboratorio de Internet dentro de las
instalaciones, dotándolo de equipo necesario.
Tienda de consumo. Con la finalidad que los trabajadores se mantengan con su
salario real y que se conserve el valor adquisitivo de la moneda y coadyugar la
economía doméstica para lo cual el ministerio se compromete a realizar un aporte
extraordinario para su fortalecimiento.
Jardín Infantil, Sala Cuna y Programa de Tutoría. Jardín a menores de seis años, y
de 6 a 12 tutoría la cual estará supervisada por una directora.
Cafetería. Se mantendrá por parte del ministerio un subsidio por alimentos.
Actividades Sociales, Culturales y Deportivas. Se destinará un presupuesto anual
de funcionamiento que incluyen implementos deportivos de acuerdo al presupuesto.
Caja de Ahorro. El ministerio proporcionará el apoyo necesario para el funcionamiento
administrativo de la caja de ahorro y préstamo de la
Camposanto. Se evalúa la factibilidad para adquirir un área de nichos destinada a los
trabajadores.
Seguro funerario. Se mantiene vigente el seguro funerario.
Farmacia. Se evalúa la factibilidad de instalar una farmacia.
Bono extraordinario anual. Se otorgará un bono extraordinario anual en el mes de
enero.



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Vehículo. El ministerio mantendrá a disposición del sindicato un vehículo en buenas
condiciones y proporcionará el mantenimiento eventual.

INTECAP

Número de afiliados:
Monto de las cuotas:
Duración:.30 meses
Fecha de homologación: 20 de febrero de 2007.

Inamovilidad sindical: Hay inamovilidad para 9 miembros del comité ejecutivo hasta
15 meses después
Licencias: Licencias remuneradas a los miembros del comité ejecutivo de ocho días
en el mes calendario para cada uno de ellos o globalmente setenta y dos días área el
comité ejecutivo.
Descuentos. El sindicato acreditará al Intecap su listado de afiliados para que se
efectúe los descuentos a las cuotas ordinarias y extraordinarias. El intecap entregará el
monto así como el comprobante de los descuentos dentro de los diez días siguientes
de la fecha de pago.
Régimen vacacional: De 20 a 25 años, de 2 a 22 años en adelante.
Días de asueto: El día de cumpleaños, 19 de mayo día del trabajador del intecap,
aniversario de la institución.
Bono de transporte: A cada trabajador Q35 mensuales durante once meses de cada
año de servicios.
Bono vacacional.: Un bono vacacional anual de Q200 trabajadores.
Bono por antigüedad: De 1 a 10 años Q125, de 10 a 20 años Q175, de mas de 20
años Q280.
Impresión: El Intecap deberá imprimir 700 ejemplares.


Organismo Judicial

Monto de las cuotas:
Duración: Dos años
Numero de afiliados:
Fecha de homologación: 19 de junio de 2006.

Permisos sindicales ordinarios: El Organismo concede permiso o licencia con goce
de salario, a cada uno de los miembros del comité ejecutivo por seis días hábiles en el
mismo mes calendario.

Permisos sindicales especiales: El Organismo concede licencia a los miembros del
comité ejecutivo y del consejo consultivo para acudir a seminarios, congresos,
conferencias, cursos y eventos de capacitación y formación sindical tanto dentro como
fuera el país hasta por un máximo de treinta días.

Inamovilidad: Los nueve miembros del comité ejecutivo nacional y los tres del consejo
consultivo gozan de inamovilidad hasta 36 meses en que cesen en el desempeño de
sus cargos sindicales.

Aniversario: Las partes reconocen el 15 de abril como el día del trabajador
sindicalizado del OJ, el organismo cooperará económicamente con el financiamento de
esa celebración.

Aviso de afiliación y descuento de cuotas: El organismo cuidará que el descuento de la
cuota sindical se realice la próxima emisión de planillas al afiliarse. En ningún caso, El
OJ dejará de realizar los descuentos.



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Jornada ordinaria: El OJ concederá 10 minutos a los trabajadores que en caso fortuito
incumplan con el horario.

Bono de vacaciones: El bono de vacaciones es de Q350
Ayuda para gastos funerarios: El OJ por una sola vez cancelará el valor de la ayuda
para gastos funerarios que se ocasiones por el fallecimiento de un trabajador. La suma
no podrá ser menor a Q4 mil.

Prestación Post Mortem. El OJ otorgará el pago de la cuota Post-Mortem de Q25 mil a
los beneficiarios.

Prestaciones por estudio: El OJ por razón de estudio a cada trabajador dará Q100 de
ayuda universitaria y Q1 mil para impresión de tesis.

Prestación para deportes: El OJ aportará al comité de deportes la cantidad de Q10 mil
dentro de la primera quincena de enero y Q10 mil en la ultima de octubre para el
fomento del deporte.

Convivio. El OJ invertirá un mínimo de Q20 mil en el mes de noviembre para que se
celebre la navidad.

Impresión; El OJ imprimirá 5 mil ejemplares de los cuales 1 mil son para el sindicato.


Ministerio Público.

Monto de las cuotas:
Duración: Tres años
Numero de afiliados:
Fecha de homologación: 18 de septiembre de 2006


Inamovilidad: Se reconocerá la inamovilidad de todos los miembros del comité
ejecutivo y consejo consultivo hasta 24 meses para los miembros del Comité ejecutivo
y 12 meses del consejo consultivo.

Sede sindical: El MP concedera un local adecuado y seguro no menor a 30 metros
cuadrados y una sala de sesiones con espacio similar equipado con: Dos equipos de
computación, con scanner, fax modem, quemadora de cd, impresora de carro ancho e
impresora a colores. Con programas de ultima generación.

Un equipo de fotocopiado.
Telefax,
Dos megafonos.
Dos ventiladores,
Una mesa de sesiones para doce personas.
Una percoladora para 40 tazas
Telefonos celulares a los miembros del comité ejecutivo con la cuota máxima de Q200
mensuales de tiempo de aire.
El servicio de limpieza de la sede sindical y de la sala de sesiones estara a cargo del
MP.

Movilización. El MP velará por proporcionar colaboración al Sindicato para que de
manera programada se les preste el servicio de apoyo para su movilización.

Licencias El MP concederá a sus trabajadores licencias con goce de salario por el
tiempo que sea necesario para participar en cursillos, seminarios, talleres, congresos
tanto dentro como fuera.


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Permisos por actividades sindicales: El MP concedera licencia con goce de salario a
los miembros del comité ejecutivo hasta por 80 horas laborales mensuales a cada uno
para que se dedique exclusivamente al sindicato.

Cuota sindical: El MP deducirá del salario de los trabajadores afiliados las cuotas
sindicales ordinarias en la forma que lo establecen los estatutos y las leyes. Asi como
las cuotas extraordinarias. El monto será transferido por medio de cheque en los
primeros tres días de cada mes.

Asuetos: el 26 de marzo aniversario del sindicato. El 1 de julio aniversario del MP

Licencias con goce de salarios: Para examenes privado, tecnico o EPS 60 días
calendario. El dia del cumpleaños. Un dia para inscribirse en la Universidad.Si alguno
de los equipos de futbol de las diferentes fiscalías departamentales, municipales o de la
ciudad capital del MP tienen que sostener un compromiso en día habil o campeonato
ministerial, el MP concedera el permiso correspondiente.

Ingreso de labores: La presentación despues del respectivo horario de entrada que no
exceda de 60 minutos dentro del mismo mes calendario, no causará sanción alguna.

Gastos funerarios: En caso del fallecimiento del trabajador el MP pagará Q20 mil al
conyuge para gastos de funeral. En caso de fallecimiento de la conviviente Q3 mil para
gastos

Prestaciones de orden recreativo: El MP otorgará Q30 mil anuales como apoyo al
desarrollo del deporte el cual se hará en enero de cada año.

Prestaciones de orden recreativo: por estudios Q100 por matricula annual. Q1 mil 500
para impresión de tesis. Q375 por la aprobación de cada etapa al examen
privado.Q300 por gastos de estudio.

Seguro de vida: El MP mantiene en vigencia la Poliza Colectiva de seguro de vida de
Q100 mil.

Seguro Médico: El MP se compromete a adquirir un seguro medico que incluirá:
Consultas medicas de internistas, ginecologos y traumatologos, examanes de
laboratorio, orina, cultivo de orina, heces, hematología, velocidad de sedimentación,
glicemia pre y post. Imagenes diagnosticas de rayos X, traslados de emergencia dos
veces al año. Servicio odontologico que incluye evaluacion, limpieza, fluor, rellenos, y
extracciones. El MP será solidariamente responsible del pago.

Cooperativa. El MP a traves del sindicato promoverá la creación de una cooperativa de
servicios varios a empleados, sus familias y particulares tomando en cuenta la situacón
economica que atraviesa el país.

Gastos de negociacion del pacto: El MP se obliga a pagar la cantidad de Q200 mil al
asesor legal del sindicato en conceptos de honorarios.

Incremento salarial: Incrementos del 15% a quienes un salario menor a Q5 mil. 12%
hasta 7 mil. 10% de 7 mil en adelante No cada año.




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Migración:

Monto de las cuotas:
Duración: Dos años
Numero de afiliados:
Fecha de homologación:.28 de marzo de 2000.


Inamovilidad sindical: 12 meses despues de haber cesado del cargo.

Jornadas de trabajo: Los estudiantes universitarios podrá retirarse una hora antes del
horario establecido.

Tolerancia de ingreso: diez minutos de atraso siempre que no excesa de cien minutos
al mes.

Dias de asueto: El dia de cumpleaños del trabajador. 5 de junio día del aniversario del
sindicato. 29 de junio día de migración.

Vacaciones. 20 días habiles de vacaciones.

Licencias: ocho días en caso de fallecimiento. Ocho dias en caso de matrimonio.A los
miembros del comité ejecutivo se les ortorgará tiempo completo de jornada ordinaria a
tres miembros del comité ejecutivo y medio tiempo a dos miembros directivos restantes
a quienes podrá otorgarseles horas adicionales a solicitud del mismo.
Si se ofrecieran conferencias fuera del país a directivos se concedera licencias
simultaneas a un máximo de tres directivos y dos miembros base por un plazo no
mayor de tres meses por año. Para asistir a sepelios.

Gastos funerarios: En caso de muerte del trabajador el conyuge recibirá Q5 mil.

Incentivo annual: los trabajadores recibirá un incentivo annual de Q3 mil por la
responsabilidad y eficiencia de sus funciones. Dandolo el 15 de diciembre de cada año.

Gastos de negociación: para que el sindicato sufrague los gastos los trabajadores
aportará el 10% obligaroriamente del incentivo annual.


Salud


Monto de las cuotas:
Duración: 1 año
Numero de afiliados:
Fecha de homologación: 11 de enero de 2 mil,

Inamovilidad sindical: Reconocer la inamovilidad de todos los miembros del comité
ejecutivo nacional, consejo consultivo, directivas filiales, sub filiales y secciones del
SNTSG. El tiempo dura hasta 12 meses despues de haber cesado de sus labores.

Vehiculo. El MSPAS se compromete a proporcionar al sindicato. Un vehiculo con
combustible y mantenimiento. Un localizador persona y un telefono celular.

Licencias para capacitación sindical: Previa justificación para participar en cursillos,
seminarios, talleres, congresos y otras de caracter sindical por eltiempo que sea
necesario.
Licencias: El MSPAS se concedera licencias con goce de salario durante el tiempo que
se encuentre en funciones a : 9 miembros del comite ejecutivo, 4 miembros de cada


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filial, tres de la sub fililal y dos de la seccion de las directivas. Tres miembros del
consejo consultivo nacional.

Cuota sindical: El MSPAS deducira del salario de los trabajadores afiliados la cuotas
sindicales ordinarias asi como la cuotas sindicales extraordinarias. El monto será
transferido por el Ministerio de finanzas por medio de un cheque.

Licencias sin goce de salario: El MSPAS podrá conceder licencias sin goce de salario
hasta por un máximo de dos años previa justificación

Ingreso a labores: Llegada tarde se considera la presentación al trabajo dentro de los
15 minutos siguientes al respectivo horario de entrada.

Bono por condiciones de trabajo: por distancia geografica de Q1 por kilometros entre la
ciudad capital y el puesto de trabajo. Por condiciones de acceso cuando no este
asfaltado o de terracería.Q100 por inexistencia o de terracería.

Caminos:

Monto de las cuotas:
Duración: 1 año.
Numero de afiliados:
Fecha de homologación: 8 de septiembre de 2006.

Inamovilidad sindical: Reconoce a todos los miembros del comité ejecutivo nacional y
los comites ejecutivos seccionales durante el tiempo de ejercicio hasta 12 meses
posteriores.

Licencias sindicales: Licencias con goce de sueldo cuando sea solicitado por un
termino no menor de 15 dias a todos los miembros del comite ejecutivo nacional y a
tres de los comites ejecutivos seccionales. Cuando sean seminarios, congresos o
conferencias la direccion concedera permiso con goce de sueldo completo, por el
tiempo que sea necesario.

Transporte. La Direccion debe proporcionar el transporte adecuado para actividades
sindicales debiendo proporcionar la dotación de combustible.

Descuento de cuotas sindicales. La dirección se compromente a gestionar el descuento
del salario o sueldo de los trabajadores sindicales.

Ingreso de labores: Los trabajadores podrán ingresas a sus labores despues de la hora
reglamentaria hasta 15 minutos hasta por cuatro veces al mes.

Vacaciones. De 1 a 3 años 20 dias. 4 a 6 años 21 dias. 7 a 9 22 dias. 10 a 12 23 dias.
13 a 15 años 25 dias de 16 en adelante 30 dias.

Permisos por estudio. Para los estudiantes de la Practica supervisas, tesis o examen
tecnico dos meses de licencia uno de ellos con goce de salario. Asi mismo con gece
para seminarios, becas, conferencias , cursos hasta por un maximo de dos meses.

Dias de asueto. 28 de mayo fundacion de caminos. 13 de abril fundacion del sindicato.
Dia de cumpleaños.

Salud: se haran las gestiones para instalar consultorios medicos y farmacias estatales.
Se contará con medico generales para cada consultorio durante 5 horas diarias con
servicio de enfermería.




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Vivienda: se compromete a realizar gestiones pertinentes ante las autoridades para
proveer de viviendas a todos los trabajadores que carezcan de ellas.

Bolsa de estudio: conviene gestionar bolsas de estudio para los hijos de los
trabajadores en niveles de primaria y secundaria.


Ministerio de trabajo


Monto de las cuotas:
Duración: 2 años
Numero de afiliados:
Fecha de homologación: dos de abril de 1990


Inamovilidad: a los miembros del comité ejecutivo del sindicato que hasta 10 meses
despues de haber dejado el cargo. En ninguna caso se suprimirán las planzas o
puestos de dichos directivos.

Licencias: Concedera licencia con goce de sueldo a tres delegados por dependencia
que sean miembros del sindicato para que pueda acudir a cursos seminarios,
congresos conferencias,

Cuotas sindicales: El Ministerio a solicitud del sindicatoordenras cibiran las cuotas
sindicales de los afiliados al sindicato y sus contadores. Al cuotas serán entregadas al
secretario de finanzas los 15 dias siguientes de la recaudación.

Aporte de actividades deportivas: el Ministerio programará anualmente la suma de Q2
mil para el fomento del deporte y la cultura de los empleados.

Licencia para asutos universitarios. Concedera dos meses de licencia uno de ellos con
goce de salario cuando sea el EPS, examen tecnico y trabajo de tesis.

Vacaciones. De 1 a 4 años 20 dias. 5 a 8 años 21 dias. 9 a 12 22 dias. 13 a 16 23 dias.
17 a 20 años 24 dias, de 21 a 24 años 25 dias, de 25 a 28 años 26 dias, de 29 en
adelante 30 dias.

Medidas disciplinarias: Las medidas disciplinarios que se impongan a los trabajadores
sin llenar los requisitos previstos en este pacto, no surtiran efectos juridicos.

Area recreativa: Los empreados pueden hacer uso del area recreativa del parque
terminal del teleferico, durantos los asuetos, dias festivos y cacaciones identificandose
con el carné.

Vivienda: El ministerio gestionará un programa de vivienda para usos de trabajadores,
ante un banco del sistema,


Aeronautica Civil.

Monto de las cuotas:
Duración: 2 años
Numero de afiliados:
Fecha de homologación: 20 de noviembre de 2003




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Inamovilidad sindical: Reconoce a todos los miembros del comité ejecutivo y consejo
consultivo la garantía de inamovilidad durante el tiempo de ejercicio de sus cargos y
hasta 18 meses posteriores a la fecha que cesen sus funciones.

Licencias sindicales: Licencia con goce de sueldo a los miembros del comite ejecutivo y
consejo consultivo de seis días habiles al mes. Cuando sean designados a seminario,
cursos, congresos conferencias la direccion concederea por un maximo de 45 dias si el
evento es dentro del territorio nacional y hasta 8 meses si el evento fuera en el
extranjero, debiendo otorgar el boleto aereo con espacio positivo y dias de viaticos al
exteririor, podrán gozar de dicha licencia hasta 5 miemrbos del sindicato al mismo
tiempo.

Equipamiento e infraestructura. Sera habilitada una sede sindical, la construcción de un
salon de usos multiples par 500 personas en guatemala. En puerto barrios para 100 y
en peten para 150 en un plazo de 2 años. Utilizando personal de la direcciones
proporcionando el material necesario.

Transporte: La dirección conviene entregar un vehiculo exclusivo con capacidad para 8
personas debiendo otorgar 60 galones de combustible al mes.

Descuento de cuotas sindicales: La dirección se compromete a descontar de la nomina
de bomo por servicio aernautico de lso trabajadores sindicalizados las cuotas
ordinarios y extraordinarias de los afiliados.

Ingreso a las labores: los trabajadores podrán ingresar despues de la hora
reglamentaria hasta por 20 minutos cuatro veces al mes.

Asuetos: 26 de abril, 10 de mayo, 17 de junio, 17 de julio dia del sindicato, 4 de agosto
aniversario del otro sindicato, 11 de septiembre dia de la aviacion civil, el dia de
cumpleaños de cada trabajador y la fiesta titular de la localidad.

Vacaciones. Por cada año de servicios la direccion concedera 30 dias habiles de
vacaciones a todos los trabajadores.

Complemento salarial. Se pagara una bonificacion vacacional de Q500 el 15 de
noviembre y un bono diferido de Q1 mil 500 en enero.

Permisos y licencias: matrimonio 6 dias habiles, nacimiento de hijo 3 dias habiles. Por
fallecimiento de familiar 5 dias habiles. Por caracter educativo tres meses de licencia
uno de ellos con goce de sueldo. Por capacitación la direccion proporcionara el
transporte aereo cuanso sean en el extranjero para el trabajador y de ser posible para
su esposa y los viaticos para el trabajador.

Seguro de vida: se seguira pagando un seguro de vida de Q50 mil.

Reajuste salarial; por bonificacion de servicio aeronautico. Director Q3, 100, jefe de
depto Q2,100, subjefe de depto Q 1,900, jefe de seccion Q1,800, profesionales y
tecnicos Q1,800, oficinistas y secretarioasQ1,550, trabajadores y operativos y por
planillaçq1,400. Se pagara el 25 de cada mes.

Ayuda para el deporte. La direccion entregara al sindicato en el mes de febrero de cada
año, pants, uniformes, zapatos, pelotas y otros necesarios para la practica del deporte
y el permiso para que sus selecciones participen en eventos o invitaciones de otras
dependencia o empresas.

Impresión. Conviene imprimir 1 mil ejemplares.

Ministerio de economía.


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Monto de las cuotas:
Duración: Tres años
Numero de afiliados:
Fecha de homologación: 7 de mayo de 2002


Inamovilidad: a los miembros del comite ejecutivo y consejo consultivo hasta 10 meses
adicionales al pla contremplado en la ley.

Dias de aniversario; el 29 de febrero aniversario del sindicato para lo cual se permitirá
el permiso especial para todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. y 4
de diciembre aniversario del ministerio.

Vacaciones: de 1 a 9 años 21 dias, de 10 a 20 años, 27 dias, de 21 en adelante 30
dias.

Licencias. Licencia de caracter educativo: para EPS 40 dias, examen tecnico y
profesional privado 20 dia con goce de salario. El comite ejecutivo gozaran de licencia
sindical hasta de 13 dias habiles.

Permisos. Licencia a miembros del sindicato para formación a nivel nacional e
internacional por el tiempo que duren los eventos. El ministerio otorgará los viaticos y
boletos aereos respectivos. Se otorgara licencia a tiempo completo de dos dirigentes
afiliados al sindicato para actividades propias del sindicato.

Bono de transporte: de 1 a 2 mil Q100, de Q2 mil a Q3mil Q80, de Q3 mil a 4 mil Q60.

Bolsas de estudio: El ministerio otorgara 20 bolsas de estudio de Q100 pa los mejores
alumnos de primaria, basico y diversificado a aquellos que ganen menos de Q4 mil y
que tengan 75 de promedio.

Tienda de consumo. El sindicato elaborara un estudio tecnico financiero para la
instalaciones de una tienda de consumo para tal objeto el ministerio aportará, todas las
mercancias, suministros y bienes inmuebles hasta por un valor de Q20 mil por una sola
vez para que los trabajadores mejores su salario real.

Gastos de negociación. El ministerio asumira los gastos de negociacion del presente
pacto colectivo de condiciones de trabajo.

Sede sindical. El ministerio reconoco los espacios fisicos y mantendra el servicio
secretarial, de limpieza, mensajería, fax, telefax, telefonos celulares, internet, correo,
mobiliario, equipo y utiles de oficio.

Vehiculo. El ministerio proporcionará un vehiculo en buenas condiciones con
combustible, mantenimiento, y reparaciones del mismo.

_____________________________________________________________________


973 salubristas
ganan sin trabajar

De los 17 sindicatos existentes, más de 900 trabajadores pueden a discreción faltar a
sus labores durante todo el mes, “si lo creen necesario”.

El estado como mínimo eroga anualmente más de Q 40 millones en salario por
personas que se dedican a “ejercer” la actividad sindical a tiempo completo.


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Edgar López Siglo21
elopez@sigloxxi.com


El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es la entidad estatal que
más sindicatos tiene activos, 17 en total. El pacto colectivo que rige las normas a seguir
entre patronos y empleados firmado en el 2000 le da la posibilidad a por lo menos 900
trabajadores de no presentarse a laborar si tienen ciertas características: ser miembros
del comité ejecutivo de un sindicato, pertenecer a una de las filiales o subfiliales o bien,
estar en alguna sección directiva.

La norma de utilizar el tiempo completo para actividad sindical según el MSPAS, se
cumple. Los trabajadores que no están sindicalizados son quienes dan fé de la
inasistencia a laborar, “ellos tienen permiso por el sindicato para no llegar” detallan en
voz baja.

Mientras quienes representan a los afiliados tienen otra perspectiva de las ausencias.
“No son todos, se utilizan a los miembros únicamente cuando el sindicato los requiere”
manifiestan. El Estado por su parte, eroga para quienes utilizan el recurso legal
anualmente, más de Q40 millones.


En el nuevo
milenio

En el año dos mil se avaló para los trabajadores sindicalizados el pacto colectivo que
rige actualmente. En esa ocasión, el negociador fue el Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG). (Vea: Los negociadores)

Entre los “derechos” se estipulo en el articulo 20 del convenio, las licencias para
actividades sindicales a tiempo completo. Se plasmó que la estructura del sindicato
estaría protegida “durante el tiempo que se encuentren en funciones” en un número de
18 activistas. Sin embargo esa cifra se multiplica debido a la cantidad de filiales que
hay a nivel nacional.

El SNTSG en esa época tenía 60 filiales en todo el país. Pasados siete años el número
se elevo a 170, lo cual implicó que el número de trabajadores con licencia sindical
también aumentara. Pero la cifra no concluye allí debido a que el mismo pacto colectivo
también es aplicable para los 16 sindicatos adicionales que hay en el ministerio
quienes también tienen la licencia. (Lea: Lo Pactado).

,El MSPAS tiene registrados a 21 mil trabajadores a nivel nacional. El 60% está
sindicalizado. A nivel nacional existen 29 áreas de salud que están integradas por
Centros de Salud y Puestos de Salud. En todas existen sindicalistas. Además en los 44
hospitales a nivel nacional registrados hay una filial del sindicato.

El problema que se presenta en el area laboral del MSPAS es que hay lugares como
centros de salud donde labora solo una persona. Si este trabajador es requerido por el
sindicato, ese día no hay atención.

Contradicciones

“El pacto está vigente y aplica para todos los sindicatos por igual. De los ausentes, los
directores de los hospitales y de las áreas de salud son quienes dan fé, que no llegan a
sus puestos de trabajo, y si lo hacen, es dos o tres veces al mes. A nosotros lo que nos
envían es una hoja firmada por el sindicato donde avalan su inasistencia y como eso



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está regulado en el pacto, no hay ilegalidad” comenta Willy Sandoval director de
Recursos Humanos del MSPAS.

El ministro de salud, Alfredo Privado responde que “ese convenio se ha tenido que
cumplir desde el año 2 mil. Y desde ese entonces han pasado varios ministros que no
podemos hacer nada porque esta en ley y es algo que ni yo ni mis sucesores tuvieron a
la vista” indica.

Regina Ruano, secretaria de Organización del SNTSG manifiesta que “no somos unos
haraganes como se nos quiere pintar. Las licencias son supervisadas y reguladas por
nosotros para que no se vuelva una anarquía. Solo un miembro por departamento tiene
licencia a tiempo completo, los demás tiene que hacer su solicitud. Pero es justo
porque sino quien denuncia los atropellos que hace el ministerio al trabajador”
sentencia.

La sindicalista agrega que “por los otros grupos no podemos hablar, ya que cada uno
maneja a su manera a sus afiliados. Esto no es un privilegio es una necesidad y el
pacto es un logro laboral. Un sindicato sin pacto colectivo, es como un gato sin uñas”
refiere.

El SNTSG es la única agrupación que tiene organización a nivel nacional. Cada vez
que surja un nuevo sindicato en el MSPAS se regirá por el convenio firmado por está
agrupación y por ende el número de trabajadores con licencia a tiempo completo
ascenderá.


Los negociadores

Marco Tulio Sosa Ramírez
Fungió como Ministro de Salud en el gobierno de Alvaro Arzú durante cuatro años.
Antes de entregar el cargo el 3 de enero de 2000 firmó el pacto colectivo con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG). Retomo el cargo
de Ministro en la actual administración y el año pasado luego de una crisis hospitalaria
de varios meses renunció. El pacto firmado por él aún esta en vigencia.

Luis Alberto Lara Ballina
Labora en el ministerio de Salud desde 1982 y es desde los años 90 el secretario
general de la organización. El es uno de los dirigentes que goza de inamovilidad y de
licencia sindical a tiempo completo por dedicarse exclusivamente al movimiento. Este
año fue propuesto por
URNG-MAIZ para optar a un cargo de diputado conjuntamente con la secretaria de
organización del sindicato, Regina Ruano. Ambos decidirán su postulación en una
asamblea a celebrarse el 18 de mayo.

Lo Pactado

El Pacto Colectivo firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala
(SNTSG) en el año dos mil, estipula quienes tienen derecho a licencia sindical a
tiempo completo con goce de salario.

Pacto Colectivo
Articulo 120. El MSPAS concederá licencia con goce de salario durante el tiempo que
se encuentre en funciones a: Nueve miembros del Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de       Trabajadores de Salud de Guatemala, cuatro miembros de
cada filial, tres miembros de la sub filial, y dos miembros de la sección de las directivas.
Que funcionen en los centros de trabajo en la capital y en el interior de la república. A
tres miembros del Consejo Consultivo Nacional.


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Así mismo el MSPAS podrá conceder licencia con goce de salario a los miembros de
las Comisiones Especificas “cuando fuere necesario”, así como a los afiliados del
sindicato para asistir a Asambleas Nacionales, de filiales, Sub filiales y secciones
Ordinarias o Extraordinarias.

Ing. Marco Tulio Sosa Ramírez
Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social



El SNTSG en números
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) es el único
que tienen filiales a nivel nacional. De 5,436 afiliados según el último registro al menos
829 de los afiliados tiene licencia sindical a tiempo completo con goce de salario.
Total de filiales: 175
Total de personal autorizado solo por filiales: 700
Promedio de Salario: Q3 mil
Total de erogación mensual: Q2.1 millones
Total de erogación anual (14 salarios): Q29.4 millones
Total de Subfiliales: 40
Total de personal autorizado solo por subfiliales:120
Promedio de Salario: Q3 mil.
Total erogación mensual: Q360 mil
Total erogación anual (14 salarios): Q5.04 millones
Licencia para miembros
de comité ejecutivo
Miembros por comité: 9
Promedio Salarial: Q3,000.00
Total de erogación mensual: Q27 mil
Total de erogación anual (14 salarios): Q378 mil.

Otros Sindicatos
Debido a diferencias con lideres del SNTSG se han formado otros 16 sindicatos los
cuales no tienen filiales, ni sub filiales. Sin embargo los nueve miembros del comité
ejecutivo de cada uno si cuentan con licencia sindical a tiempo completo con goce de
salario.
Total de sindicatos adicionales:16
Total de miembros del comité ejecutivo: 9
Total de directivos: 144
Promedio de salario: Q3 mil
Total erogación mensual: Q432 mil
Total erogación anual (14 salarios): Q6.04 millones
La erogación
Total de erogaciones mínimas al año en pagos a sindicalistas con licencia a tiempo
completo con goce de salario (quedando a discreción si llegan o no):
Total de directivos con licencia: 973
Promedio Salarial: Q3 mil
Total erogación mensual: Q2.9 millones
Total erogación anual (14 meses): Q40.86 millones

Todas las áreas
Los 17 sindicatos que tiene registrados oficialmente el Ministerio de Salud Pública tiene
como mínimo nueve miembros del comité ejecutivo que pueden optar a tener licencia
sindical a tiempo completo con goce de salario.

1. Sindicato Unión Sindical de Trabajadores del Hospital General San Juan de Dios.
2. Sindicato de Trabajadores Hospital Roosevelt


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3. Sindicato de Empleados del Hospital General San Juan de Dios
4. Sindicato de Trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental del Ministerio de
    Salud Pública.
5. Sindicato de Trabajadores de Salud Pública del Departamento de Huehuetenango.
6. Sindicato de Trabajadores del Hospital de Amatitlán
7. Sindicato de Trabajadores del Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación “Dr.
    Jorge Von Ahn“.
8. Sindicato de Médicos y Cirujanos de Salud Pública de Guatemala.
9. Sindicato de Trabajadores del Cementerio General y sus Departamentos.
10. Sindicato de Trabajadores del Sanatorio Antituberculoso San Vicente
11. Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería.
12. Sindicato de Trabajadores del Hospital Nacional Regional de Escuintla.
13. Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala.
14. Sindicato de Profesionales.
15. Sindicato de Médicos.
16. Sindicato de Dirección General de Servicios de Salud
17. Trabajadores Colegiados del Hospital General San Juan de Dios.

Cifras
La cifra sobrepasa los 900 directivos con licencia sindical a tiempo completo
que de tomar a letra muerta el pacto, el Estado estaría pagando a trabajadores
sin laborar, más de Q40 millones al año por dedicar más de 2 mil horas a la
actividad sindical.


_____________________________________________________________________


Informante revela poder de sindicatos

Integrante de lo sindicatos revela cobro de cuotas por la cúpula a los jefes de
delegaciones en los puntos fronterizos que oscilan entre Q3 mil y Q4 mil semanales, y
amenazas de trasladarlos si no aceptan la condición de pago.

Miembros del comité ejecutivo mantienen el control de los principales puntos
fronterizos del país. De 16 sindicalistas, nueve son jefes de delegaciones y dos tienen
el cargo de supervisor general

Edgar López Siglo21
elopez@sigloxxi.com

Amenazas de traslados, cuotas semanales que oscilan entre Q3 mil y Q4 mil a los jefes
de los puntos fronterizos de la Dirección General de Migración (DGM) y la distribución
de los miembros de los dos sindicatos como jefes en las diferentes delegaciones,
fueron revelados a SigloVeintiuno por un integrantes de esas agrupaciones, que por
razones de seguridad no se puede revelar el nombre.

El informante pertenece al comité ejecutivo de uno de los sindicatos y posee un alto
cargo en una delegación. Asegura que de negarse a participar en el ingreso de
ilegales, es amenazado por la cúpula de los sindicatos de ser trasladado a un puesto
de baja categoría. Los señalados rechazan las acusaciones. En una entrevista
exclusiva detalla como estas organizaciones ha realizado sus acciones en los últimos
años.

 “A uno lo mandan y le dicen vaya a trabajar. Ellos (los jefes del sindicato) son los que
cobran y luego le dan a uno parte de ese cobro. Nos dicen: mirá tenés que recibir esta
gente hoy, y si uno dice no, entonces ellos buscan como fregarlo a uno o moverlo. Ellos
son los que cobran y al terminar la semana lo llaman a uno, como que es planilla para


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ir a traer el dinero por los que le deje pasar, pero le dan a uno lo que ellos quieren.
Nosotros no tocamos dinero, solo los jefes del sindicato”, asegura el entrevistado.

Aunque confiesa que es parte de la red, dice estar allí “por conveniencia y no por
convicción”. Según informaciones de la DGM en el Aeropuerto Internacional La Aurora
el ingreso de un ilegal es de $ 5 mil (Q38 mil), de este ingreso los que participan
reciben entre $50 y $150 según la nacionalidad del ilegal. Del resto no se sabe.

“ Estar en el sindicato tiene beneficios porque se goza de inamovilidad y hay ciertos
privilegios. Pero si nos agarra la policía como pasó en la Aurora en junio, los que
cobran las mayores cantidades no los meten al bote. Meten presos al delegado por
sellar y al jefe por haber autorizado la entrada” argumenta.

Consultados sobre la denuncia los secretarios de ambos sindicatos afirmaron que las
declaraciones no tienen fundamento “cada quien es responsable de sus propios actos.
Si ellos en un momento determinado están autorizando dejar entrar a alguien es
responsabilidad de ellos, porque no somos nosotros los que tenemos el sello ni es
nuestro nombre el que esta allí” afirma Mayra Escalante Secretaria general adjunta del
STM.

“Es muy injusto que una persona que hace mal su trabajo del cual el es el responsable
quiera limpiarse en nosotros. Si recibe hostigamiento, nadie lo puede obligar a hacer
cosas que no están en la ley y si hay pruebas que lo están hostigando para eso hay
entes responsables. Para acusar de algo así deberían tener pruebas suficientes.”
Sentencia Escalante.


Control en las fronteras

El poder de los sindicatos se traslada a los pasos fronterizos vía terrestre. De los 16
miembros del comité ejecutivo de los dos sindicatos, solo los secretarios generales y
adjuntos no laboran en los puesto de transito migratorio. Nueve son jefes de
delegaciones y dos son supervisores generales en el aeropuerto Internacional La
Aurora, cinco más trabajan como delegados. (Lea: Así controlan fronteras)

“Ninguna ley impide que los integrantes de un sindicato estén en altos puestos. Si ellos
están allí es porque les corresponde, tienen años de ser jefes y su cargo como tecnicos
III los faculta para estar allí” señala Rodolfo Quiñonez secretario general de STM.

Santos Cuc interventor de migración ha intentado remover de sus puestos a algunos
jefes de delegaciones “pero debido a que los amparan en los juzgados se ha vuelto
imposible colocar a otras personas allí” afirma. Además Cuc agrega que no solo
coordinan los traslados del personal sino tambien las vacaciones de los empleados de
migración. (Lea: Vacaciones controladas).

La presentación de los amparos son fundamentados para los sindicalistas, “son porque
a la dirección no le importa si se traslada a madres solteras o embarazadas o a
compañeros que viven en Petén y son trasladados a Huehuetenango y nosotros
tenemos la obligación de velar por sus intereses” aclara Eduardo Recinos secretario
adjunto de Sitramimg.

Pagos semanales

Segun declaraciones del entrevistado, cada jefe de delegación “tiene” que pagarle una
cuota semanal al sindicato
.
“Todos los jefes y delegados en las fronteras tienen que pagarles a ellos una cuota. En
El Carmen son Q4 mil semanales, en la Mesilla, Gracias A Dios, El Naranjo y Bethel


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son Q3 mil. Si hay excedente les queda a ellos. Al sindicato lo que le interesa es el
pago semanal” detalla.

“Es imposible que hagamos eso, quienes nos conocen saben que solo velamos por los
intereses de los compañeros. Sería contradictorio que avalaramos esta situación”
indica Arnoldo Miranda secretario general de Sitramimg

Para el ministro de gobernación Carlos Vielmann “así funcionan las mafias. Las
cabezas están ajenas a la situación del acto ilicito de flagrancia y en esos hechos caen
en los más débiles. Además ellos tienen un grupo de abogados que los apoya cuando
se realizan acciones de traslados ” apunta.

En los archivos de la Policía Nacional Civil se detalla que los máximos dirigentes de
STM y Sitramimg han tenido antecedentes por hechos supuestos hechos ilicitos. El
máximo dirigente de un tercer sindicato en formación también esta en las mismas
circunstancias. Este último es jefe de pasaportes de la institución. (Lea: Secretarios
de sindicatos con antecedentes policiacos).


Recuadro.
Vacaciones Controladas

Programar las vacaciones de los trabajadores de migración resulta imposible para la
dirección de esta entidad. Santos Cuc Morales interventor de la DGM, detalla que este
derecho laboral es coordinado por los trabajadores. “No pudimos programar las
vacaciones a todos los trabajadores porque los sindicatos ya tienen su propia
programación y son ellos los que deciden a quienes darles y a quienes no. Si me
pregunta ahorita quienes estan de vacaciones en mi institución no lo sé porque siempre
lo hacen esas organizaciones” informa.
Arnoldo Miranda secretario general de Sitramimg descartó lo anunciado por Cuc “ellos
son los que administran migración y nosotros solo nos dedicamos a velar porque los
intereses de nuestros compañeros no sean violados” argumenta.


Las Organizaciones

Todos los miembros del comité ejecutivo de los dos sindicatos laboran en puntos
fronterizos. El 80% tiene un cargo de jefe de delegación. Según el código de trabajo
gozan de inamovilidad por pertenecer a la organización. Cada delegación
supuestamente debe “tributar” entre Q1 mil y Q4 mil semanalmente a los sindicatos.

Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración.
STM

Rodolfo Quiñonez Mendoza
Secretario General
Labora a tiempo completo en el sindicato

Mayra Lissette Escalante Paz
Secretaria General Adjunta
Labora a tiempo completo en el sindicato

Sindicato de Trabajadores de Migración del Ministerio de Gobernación de la
República de Guatemala. (Sitramimg)

Arnoldo De Jesús Miranda Fuentes
Secretario General
Labora a tiempo completo en el sindicato


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Martín Eduardo Recinos Gramajo
Secretario General Adjunto
Labora a tiempo completo en el sindicato


Aeropuerto Internacional La Aurora

Juan Francisco de León
Supervisor General
Pertenece a Sitramimg


Otto René Quiñonez Sandoval

Supervisor General
Pertenece al S.T.M.

Alberto Caniz
Jefe de delegados
Pertenece a Sitramimg

Donal Carrera

Jefe de delegados
Pertenece al S.T.M.

Víctor Enrique Ortíz Alfaro

Jefe de Delegados

Pertenece al S.T.M.

Ingrid Janet Casasola Catalán

Delegada
Pertenece al S.T.M.


Gustavo Crasborg

Delegado
Pertenece a Sitramimg


Delegación Tecún Umán

Luis Emilio Perez Zamora
Jefe del punto fronterizo
Es esposo de Mayra Escalante.



Delegación del Cinchado

Ernesto Eduardo García Sánchez
Jefe del punto Fronterizo,

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pertenece al S.T.M.


Delegación Agua Caliente

Pablo Cux
Delegado del punto fronterizo
Pertenece a S.T.M.

Francisco Marín
Delegado del punto Fronterizo
Pertenece a Sitramimg



Delegación El Carmen

Omar Lemus
Jefe del punto fronterizo
Pertenece a Sitramimg

Gualberto Morales
Delegado del punto fronterizo
Pertenece a Sitramimg

Delegación Gracias a Dios

Rolando Mazariegos
Jefe de la delegación
Pertenece a Sitramimg

Delegación La Mesilla

Francisco Orozco
Jefe de la delegación
Pertenece a Sitramimg



Delegación de Bethel

Jose Alberto de León Gramajo
Jefe del punto fronterizo
Pertenece a Sitramimg




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C098. CONVENIO SOBRE EL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA, 1949:


RATIFICACIÓN.

El Convenio 98, Sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, fue
ratificado por Guatemala el 22 de enero de 1952 y publicado en el Diario Oficial el día
12 de febrero de 1952.

Decreto No. 843 del Congreso de la República de Guatemala.


APLICABILIDAD EN EL ÁMBITO DE OIT

Dicho Convenio es aplicable a Guatemala en virtud de lo establecido por los artículos
19 y 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración
de Filadelfia “Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo”, adoptada el 10 de mayo de 1944 la “Declaración de la OIT
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento” ,
de fecha 18 de junio de 1998.


APLICABILIDAD EN EL AMBITO DEL SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS.

La protección al derecho de libre sindicalización que se establece en el Convenio 98
coincide con la protección en contra del mismo que los instrumentos internacionales
creados dentro del sistema de protección regional de los Derechos Humanos a que
pertenece Guatemala; en ese sentido, el instrumento de que el Estado de Guatemala
forma parte dentro de este sistema regional de protección es el Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) que garantiza este
derecho en su artículo 8.


APLICABILIDAD EN EL AMBITO DEL SISTEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS.

La protección contra el trabajo forzoso que se establece en el Convenio 98 se
encuentra contemplada en el sistema global de protección de los Derechos Humanos
especialmente en los artículos 22 de El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


APLICABILIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.

Toda la protección existente en materia de trabajo forzoso, sea en el ámbito específico
de OIT o en los sistemas de protección global y regional de los derechos humanos, se
encuentran plasmadas en instrumentos internacionales de los cuales el Estado de
Guatemala forman parte y, su observancia, se encuentra resguardada en el derecho
internacional público especialmente en los artículos 2, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de
la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados.




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AMBITO DE PROTECCIÓN DEL CONVENIO 98:

El Convenio 98 establece inicialmente una protección hacia el derecho de libre
sindicalización como precondición para el ejercicio del derecho de negociación
colectiva y el derecho de huelga.

En ese orden de ideas, existe una vinculación permanente entre el respeto del
Convenio 87 y el Convenio 98 de tal forma que las violaciones al Convenio constituyen
también violaciones al Convenio 98, no obstante, por motivos de orden, las hemos
abordado de manera separada en esta comunicación, no obstante, consideramos, que
los casos presentados en el marco del Convenio 87 deben analizarse de manera
integral con los que se presentan en esta memoria.


                          VIOLACIONES AL CONVENIO 98


Artículo 1

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por
objeto:

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o
a la de dejar de ser miembro de un sindicato;

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su
afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Artículo 2

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada
protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice
directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución,
funcionamiento o administración.

2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo,
principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones
de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a
sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto
de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización
de empleadores.

Artículo 3

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos
precedentes.

Artículo 4

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de
empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno



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desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de
reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.


A) DISCRIMINACIÓN SINDICAL:


CASO UNIÓN FENOSA

   1) Limitación del acceso al trabajo por su pasado sindical o por ideas pro
      sindicalistas : A todo trabajador de nuevo ingreso las empresas Deorsa y
      Deocsa les hacen una serie de entrevistas y por supuesto se les hacen
      preguntas referente a su opinión sobre el sindicato, los mismos compañeros
      comentan que los entrevistadores les manifiestan que el sindicato no sirve y
      que no deben afiliarse porque si lo hacen serán despedidos. Lo que estamos
      haciendo los sindicatos es que esperamos que los trabajadores pasen el
      periodo de prueba y luego los visitamos para hacerles conciencia sobre lo
      importante que es estar afiliado. Lamentablemente no podemos documentar
      casos porque los compañeros tienen miedo a las represalias.
   2) Presiones sobre trabajadores para no afiliarse o desafilarse de un sindicato. En
      el año 2,006 estas empresas iniciaron con la política de ofrecer alrededor de
      Q200.00 a los trabajadores para que se desafilaran del sindicato, el día de hoy
      10/08/2006, las empresas están implantando un Nuevo Modelo Organizativo
      con la intención de cambiar de ocupación a los trabajadores de confianza e
      incrementarles su salario y dejar fuera del modelo con ocupaciones transitorias
      a nuestros trabajadores afiliados, citamos el caso del señor PEDRO ALEGRIA
      MORAN quien tenía una plaza de Jefe de brigadas de mantenimiento en el
      centro de trabajo de LOS ESCLAVOS, ubicado en Aldea Los Esclavos,
      Cuilapa, Santa Rosa y por tener el pecado de ser HONESTO Y AFILIADO AL
      SINDICATO, en éste nuevo modelo lo están dejando en ocupación transitoria
      (O.T), sin funciones, prácticamente para el significa un despido indirecto, ya
      que la política de éstas empresas es tener en puestos claves jefes corruptos,
      servilitas, incondicionales al presidente y Gerentes. Otros casos que se están
      dando es que a algunos compañeros afiliados les están asignando otra plaza
      pero antes de otorgársela les están pidiendo su carta de renuncia al sindicato.,
      lamentablemente los compañeros por querer superarse en su trabajo y
      económicamente están aceptando las propuestas patronales.
   3) La desnaturalización de la relación laboral como instrumento para impedir el
      ejercicio de la libertad sindical: Aplicación de políticas de discriminación sindical
      orientada a llevar la organización de los trabajadores a su mínima expresión;
      utilizando la implementación de políticas de simulación contractual de trabajo
      mediante la subcontratación de personal a través de terceras empresas para la
      colocación, cambio y lectura de contadores y distribución de facturas;
      implementación de políticas agresivas de fortalecimiento de las empresas
      satélites o terceras para la simulación de contratos de trabajo, entre ellas
      GESERV, INSTALCOBRA y SISPEN, SOCIEDAD ANÓNIMA y en empresas los
      que se encuentran involucrados los mismos socios de la compañía española
      UNION FENOSA y varios de sus empleados de confianza, es decir controlados
      por ellos mismos.


Los demás casos e han citado en la memoria referente al Convenio 87.




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B) INJERENCIA EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL:


I- INJERENCIA PATRONAL:


Se han citado en los casos presentados dentro del Convenio 87.


II- INJERENCIA DEL ESTADO:


Se han citado en los casos presentados dentro del Convenio 87



C) VIOLACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA:


CASO MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL:

El Sindicato de Trabajadores de la MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR departamento de
Izabal, inició tramite de negociación de nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo el 30 de noviembre de 2006, ante la Inspección General de Trabajo, a la fecha
no se ha iniciado la negociación del nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo,
no obstante que la ley da un plazo de 30 días a los funcionarios públicos para que
atiendan las peticiones de los trabajadores.


CASO CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

El Sindicato de Trabajadores de la CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMÍA DE
GUATEMALA, inició trámite de negociación de nuevo Pacto Colectivo de Condiciones
de Trabajo el 16 de diciembre de 2005, ante la Inspección General de Trabajo, a 18
meses no hay señales de negociación con la entidad patronal, pero además, de las
denuncias de violación del pacto vigente derivó un convenio extra pacto.


CASO MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS

El Sindicato de Trabajadores de la MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS departamento
de Chiquimula, terminó de discutir y negociar nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo el 9 de mayo de 2006, pero para la firma definitiva, la Municipalidad pidió que
se desistiera de un conflicto colectivo económico social planteado ante un Juez, los
trabajadores no aceptaron la condición porque temen ser despedidos después de la
firma del pacto.


CASO AEREONÁUTICA CIVIL


El Sindicato de Trabajadores de AERONÁUTICA CIVIL inició trámite para negociar
nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo por conducto de la Inspección
General de Trabajo, el 15 de febrero de 2006, el 3 de mayo la Inspecció0n General de
Trabajo notificó a la Dirección General de Aeronáutica Civil, EL Director de esta
dependencia solicita a la Inspección General de Trabajo opinión de si se puede
negociar el pacto con este sindicato en virtud de que hay dos sindicatos en la
dependencia, en resolución de fecha 4 de junio de 2007 la Inspección General de


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Trabajo enmendó de oficio el procedimiento de denuncia del pacto declarándolo no ha
lugar y dejando sin ningún valor jurídico todo lo actuado. Contra esta resolución se
interpuso Recurso de Revocatoria y en resolución de fecha 4 de julio de 2007 el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social resolvió declarar SIN LUGAR el Recurso con lo
cual queda confirmada la actuación negativa de la Inspección de Trabajo de que se
negocie el pacto colectivo.


CASO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS:

El Sindicato de Trabajadores de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS del
departamento de Izabal, 25 de febrero de 2005 presentaron a su empleadora proyecto
de nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, no se negoció y ahora se
encuentra en el Juzgado de Trabajo de Puerto Barrios desde el 17 de mayo de 2005,
sin que se haya convocado a Tribunal de Conciliación para tratar el asunto. Expediente
No. 47-2005 Oficial 2º de dicho tribunal. Evidente es el retardo malicioso de la
administración de justicia para resolver estos conflictos.


CASO ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC


El Sindicato de Trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC, el 10 de
marzo de 2005 presentó proyecto de nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
por conducto de la Inspección General de Trabajo, el cual se encuentra ahora en
trámite en el Juzgado de Trabajo de Puerto Barrios desde el 6 de mayo de 2005.
Expediente numero 44-2005 Oficial 2º de dicho tribunal.


CASO MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS


El Sindicato de Trabajadores de la MUNICPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
luego de varios años de lucha en los tribunales de trabajo de la ciudad de Cuilapa del
departamento de Santa Rosa, finalmente se suscribió un convenio colectivo de
condiciones de trabajo en el que se garantizaba la estabilidad en el trabajo y un
procedimiento de despido, dicho convenio permanentemente viene SIENDO violado
por el Alcalde Municipal que mantiene despedidos a un buen grupo de sindicalistas, el
juez ha ordenado en varias ocasiones su reinstalación, los trabajadores son
reinstalados en presencia del juez ministro ejecutor, al día siguiente son despedidos.


CASO UNION FENOSA II

En la compañía española UNION FENOSA existen tres sindicatos: el Sindicato de
Trabajadores de Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A., Sindicato de
Trabajadores Peteneros de Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. y Sindicato
de Trabajadores de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. uno
que cubre la región oriental del país, el otro cubriendo la región occidental y otro
cubriendo todo lo que es el departamento de Petén. Los tres sindicatos han suscrito
con la compañía un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, existen graves
violaciones al pacto colectivo, represalias, despidos selectivos, un proceso de disminuir
la capacidad y potencialidad de los sindicatos mediante la contratación de servicios
tercearizados, se han intentado resolver los asuntos mediante el planteamiento de
Conflicto Colectivos de Carácter Económico Social, pero las empresas aduciendo la
vigencia de un pacto colectivo solicitan al juez se levanten las prevenciones y
emplazamientos judiciales decretados, se ha recurrido antes las Salas de Trabajo pero
también sostiene el mismo criterio. Existen dos tipos de contratos individuales de


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trabajo uno que va orientado específicamente a los trabajadores sindicalizados y otro a
los no sindicalizados y trabajadores de nuevo ingreso, siendo de menores beneficios
los contratos que se celebran con trabajadores no sindicalizados o de nuevo ingreso.
En dichas empresas existe un Plan Complementario de Pensiones adicional al
Régimen de Pensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sin embargo
dicho plan complementario no se les aplica a los trabajadores no sindicalizados ni a
trabajadores de nuevo ingreso. El sistema de simulación de los contratos de trabajo
son permanentemente a través de las empresas satélites llamadas GESERV,
INSTALCOBRA y SISPEN, SOCIEDAD ANÓNIMA donde los socios principales son los
mismos españoles dueños de Unión FENOSA.



CASO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN`S

El Sindicato de Trabajadores de Industrias Alimenticias Kern´s y Cía. S. C. V. tiene 43
años de existencia, ha sobrevivido por muchos años, pero existen permanentes
violaciones al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, permanentemente le andan
buscando nuevas interpretaciones del pacto, especialmente en materia de cobertura de
plazas vacantes.


CASO MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:

Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -
SIGEMITRAB-, tiene planteado su Juicio Colectivo identificado con el número 276-2000
a cargo del Oficial y Notificador 5to del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social.
El proceso lleva ya siete años de trámite sin que se haya logrado la suscripción del
pacto.


CASO SINDICATO UNION DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA
EDUCACIÓN DE GUATEMALA DEL MINISTERIO DE EDUCACION

El Sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala del
Ministerio de Educación -SUNTEG- planteo su Juicio Colectivo identificado con el
número L1-2005-3605 Oficial y Notificador 4to, en el Juzgado Sexto de Trabajo y
Previsión Social, a la presente fecha han transcurrido 2 años sin que se haya suscrito
la convención colectiva.


CASO OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL:


El Sindicato de Trabajadores de la Oficina Nacional de Servicio Civil -SONSEC- que
planteo su Juicio Colectivo identificado con el número 496-2005 Oficial y Not. 4to, del
Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social, a la presente fecha el conflicto lleva
ya mas de 2 años sin que se haya suscrito el Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo.


CASO DIRECCIÓN           GENERAL      DE   MIGRACIÓN       DE    LA   REPÚBLICA       DE
GUATEMALA:

El Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración de la República de
Guatemala -STM-, que tiene su Juicio Colectivo identificado con el número 18-2006 a
cargo del Oficial y Notificador 1ro, en el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, el



  COMENTARIOS OIT 2007
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proceso lleva mas de un año sin que el mismo haya concluido con la suscripción de
una convención colectiva.


CASO UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

El Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Construcción de Edificios del Ministerio
de Educación -STUCE- planteo el Juicio Colectivo número 143-2003 a cargo del Oficial
y Notificador 5to, en el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social, el proceso lleva
ya mas de 4 años en trámite sin que se haya logrado la suscripción de un Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo.


CASO TIPOGRAFIA NACIONAL Y DIARIO DE CENTRO AMÉRICA

El Sindicato de Trabajadores de Tipografía Nacional y Diario de Centro América-STTN
y DCA- que planteo el Juicio Colectivo identificado con el numero 1244-2003 a cargo
del oficial y notificador 3ro, en el Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social, el
proceso lleva ya mas de cuatro años sin que se haya arribado a la suscripción de un
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.


CASO COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN


En el Comité Nacional de Alfabetización existe un sindicato denominado Sindicato de
Trabajadores del Comité Nacional de Alfabetización-SITRACONALFA- quien ha visto la
limitación del derecho de negociación, puesto que se vieron en la necesidad de
plantear el conflicto colectivo No.2003-213 ofic. Y not. 4to. En dicho colectivo se logro
un Laudo Arbitral (SENTENCIA QUE APROBO EL PACTO COLECTIVO) sin embargó
la parte empleadora CONALFA Y EL ESTADO DE GUATEMALA plantearon un amparo
en contra de dicho LAUDO ARBITRAL, conociendo la Corte Suprema de Justicia,
Cámara de Amparo y Antejuicio, dicho amparo se identifica con el numero 877-2005
ofic. 13 y que asta la fecha no a resuelto nada, existiendo un retraso en el
diligenciamiento de dicho juicio, al extremo que primero finalizara la actual
administración de gobierno representada por Oscar Berger Perdomo, y los trabajadores
miran frustradas sus aspiraciones de mejoras económicas y sociales. .


CASO FENASTEG:

La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala -
FENASTEG-, planteó el conflicto colectivo de carácter económico social en contra del
Estado de Guatemala con vistas a negociar un pacto colectivo de condiciones de
trabajo a nivel federación, dicho proceso fue identificado con el número 615-2006 a
cargo del Oficial y Notificador 5to del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social,
dicho colectivo fue levantado por requisitos que exigió el tribunal sin que los mismos
estuviesen regulados por la ley, y ello elimino totalmente el derecho de negociación
colectiva para todos los trabajadores del Estado de Guatemala y para la Federación
que planteo dicho Juicio Colectivo.


CASO MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA:

El    Sindicato     de    Trabajadores    de     la     Municipalidad   de    Chinautla
–SITRAMUNICH- en dicha municipalidad el Alcalde Arnoldo Medrano coarto la libertad
sindical y el derecho de negociación colectiva, al extremo que despidió sin autorización


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judicial, a todos los miembros del comité ejecutivo del sindicato, como a todos los
afiliados a dicho sindicato, existiendo en dicha municipalidad el Colectivo No. 1938-
2003 ofic.y not. 2do., Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social,


CASO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL:

El Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, al vencimiento de la
vigencia del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo propuso la negociación de una
nueva convención colectiva, ante la negativa del Tribunal Supremo Electoral a negociar
con el Sindicato, se promovió el conflicto colectivo de carácter económico social, el
cual, debido a las maniobras dilatorias por parte de la Procuraduría General de la
Nación, lleva ya 5 años sin que se haya logrado suscribir un nuevo pacto colectivo.


CASO MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS:

El sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de El Tumbador, municipio del
departamento de San Marcos, ante la negativa de las autoridades de negociar un
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo procedió a plantear un conflicto colectivo de
carácter económico social, el cual lleva ya mas de 8 años de encontrarse en trámite sin
que se haya logrado negociar la convención colectiva.


CASO AGRÍCOLA INDUSTRIAL EL ROSARIO, S.A. (PRODUCCIÓN DE CAFÉ
PARA EXPORTACIÓN):

El Sindicato de Trabajadores de Agrícola Industrial El Rosario, S.A., ante la negativa
del patrono a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo debió plantear un
conflicto colectivo de carácter económico social el cual lleva ya mas de 8 años sin que
haya logrado suscribir la negociación colectiva.


CASO EMPRESA AGRÍCOLA INDUSTRIAL CECILIA, S.A.

El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agrícola Industrial Cecilia, Sociedad
Anónima ante la negativa de esta a negociar un nuevo pacto colectivo de condiciones
de trabajo y luego del despido masivo de mas de 60 afiliados al Sindicato, debió
plantear el conflicto colectivo de condiciones de trabajo a fin de llegar a la negociación,
no obstante, el proceso lleva ya más 6 años de trámite sin que a la fecha se haya
logrado la suscripción de la convención colectiva.


CASO CHIQUITA BRANDS:

Siete sindicatos de trabajadores de las fincas propiedad de la empresa Compañía
Agrícola Independiente, S.A. propiedad de la transnacional Chiquita Brands, al finalizar
la vigencia de los pactos que, luego del cierre de varias fincas fueron obligados a
aceptar bajo amenaza del cierre de la empresa reduciendo grandemente las
condiciones de trabajo con que contaban, plantearon la negociación de un nuevo pacto
colectivo de condiciones de trabajo, el cual lleva ya mas de 2 años sin que se haya
finalizado la negociación. Si bien es cierto, en estos momentos se lleva a cabo una
negociación se teme que la entidad patronal insista en el proceso de reducción de las
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras a su servicio.




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CASO ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FE Y ALEGRÍA:

La asociación movimiento fe y alegría es una institución educativa de beneficencia
privada que depende la orden de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. Tras
varios años de intentar negociar un pliego de peticiones promovido por una coalición
de trabajadores y ante la negativa de la entidad patronal a negociar con los
trabajadores, se plantea un conflicto colectivo de carácter económico social efectos de
negociar un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, no obstante, ante la negativa
del empleador y la lentitud de los tribunales, el proceso lleva ya mas de 3 años en
trámite sin que se haya podido concluir con la suscripción de un Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo.


CASO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ante la negativa de la entidad patronal de negociar un nuevo pacto colectivo de
condiciones de trabajo con el Sindicato de Trabajadores de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, la organización debió plantear la negociación ante un tribunal
de trabajo y previsión social, no obstante, debido a la lentitud del tribunal y las
estrategias dilatorias del patrono, el proceso lleva ya más de 3 años en trámite sin que
se haya logrado la suscripción de la convención colectiva, durante este tiempo, el
Sindicato y sus directivos han sido objeto de un ataque constante con miras a debilitar
y destruir la organización sindical de los trabajadores.


CASO SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA:

Las trabajadora de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la
República de Guatemala iniciaron un proceso judicial con la intención de suscribir un
convenio colectivo de condiciones de trabajo; no obstante, a la presente fecha y de
haber ya una solicitud de que se declare la legalidad de la huelga, el proceso ha
durado ya más de 4 años sin que se logre la suscripción de la convención colectiva o
se declare la legalidad de la huelga.


CASO HOSPITAL ANTITUBERCULOSO SAN VICENTE:

En su oportunidad, el Sindicato de Trabajadores del Hospital Antituberculoso San
Vicente, ante la negativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en
negociar colectivamente con los trabajadores de dicha unidad hospitalaria, promovieron
el conflicto colectivo de carácter económico social que a la fecha lleva ya mas de 2
años de duración sin que se haya logrado la negociación del Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo.


CASO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

Desde hace más de un año, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales han intentando negociar un convenio colectivo de condiciones de
trabajo, no obstante, a la presente fecha no se ha integrado aún el tribunal de
conciliación y no se ha logrado la suscripción de la convención colectiva.




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CASO DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS DEL MINISTERIO
PÚBLICO:

Ante las condiciones de insalubridad y riesgo de enfermedad profesional así como las
modalidades de trabajo forzoso a que son sometidos los trabajadores de la Dirección
de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, decidieron promover una
negociación colectiva a través de un pliego de peticiones. La reacción al proceso
organizativo de los trabajadores y a su ejercicio de su derecho a la negociación
colectiva por parte del Fiscal General del Ministerio Público ha sido una ola represiva
que ha incluido el traslado a lugares muy distantes de sus actuales centros de trabajo a
los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo del recién constituido sindicato
de trabajadores.


CASO SINDICATO NACIONAL               DE TRABAJADORES            DE LA SALUD          DE
GUATEMALA –SNTSG-

El artículo 20 del Pacto Colectivo Suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala
regula lo referente a las licencias sindicales que forman parte del fuero sindical de una
manera superior a la forma en que se encuentran reguladas en el Código de Trabajo.
No obstante a ello, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante
dictámenes elaborados complacientemente por sus asesores ha pretendido reducir las
licencias sindicales restringiéndolas a los seis días mensuales para cada directivo.

Debe señalarse que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la
Inspección General de Trabajo, con fecha 15 de mayo de 2001 dictaminó que las
licencias sindicales debían otorgarse de conformidad con las estipulaciones del Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo; no obstante, la misma Inspección General de
Trabajo, contraviniendo el artículo 106 constitucional, en nuevo dictamen con fecha 20
de diciembre de 2005, revoca lo dictaminado el 15 de mayo de 2001, lo cual ha dado
pie a presiones en contra de los directivos del sindicato en el sentido de limitar el goce
de las licencias sindicales a los seis días mensuales que establece el Código de
Trabajo.

Igualmente, pese a haberse obligado mediante el artículo 21 del Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo al descuento y el traslado al Sindicato de la cotización de los
afiliados a la organización sindical y de haberle sido solicitado nuevamente desde el 13
de febrero de 2004, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se ha negado a
hacer el descuento a los trabajadores de la cotización al sindicato. De tal manera,
existe una violación permanente de los artículos 20 y 21 de la Ley Profesional por parte
del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.


CASO MUNICIPALIDAD DE SANARATE, EL PROGRESO

Ante el Tribunal de Conciliación del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y
Previsión Social y de Familia del Departamento de El Progreso, dentro del conflicto
colectivo de carácter económico social identificado en el control interno de este juzgado
con el número 68-2005, se suscribe el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
entre la Municipalidad de Sanarate, municipio del departamento de El Progreso y el
Sindicato Auténtico de Trabajadores             de la Municipalidad de Sanarate del
Departamento de El Progreso. Dicho acuerdo fue suscrito dentro de un proceso
judicial, sujeto a la fiscalización de un órgano jurisdiccional competente.

El tribunal, una vez suscrito el Pacto, emite resolución ordenando al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social proceda a Inscribir el Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo, en el entendido de que el mismo fue producto de un proceso judicial, no sujeto


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a la fiscalización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como sucede en el caso
de las negociaciones en la vía directa llevadas a cabo sin la participación de un tribunal
de trabajo y Previsión Social.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desobedeciendo la orden judicial y
obstruyendo una negociación colectiva concluida ante un tribunal de trabajo y previsión
social, se negó a inscribir el pacto y ordena seguir el procedimiento de homologación
que se encuentra previsto para los casos de negociación en la vía directa, con lo cual
obstruye el derecho a la negociación colectiva.


CASO PACTO BANANERA DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA (FINCA EL
ATLÁNTICO):

Luego de más de tres años de negociaciones, se logra suscribir un Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo entre la entidad Bananera del Atlántico, Sociedad Anónima y el
Sindicato de Trabajadores de Agropecuaria Tunico, Sociedad Anónima y Demás
Empresas que conforman la misma unidad económica del municipio de Morales del
departamento de Izabal.

En una clara violación a la negociación colectiva libre y voluntaria, el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, contraviniendo además la ley de lo contencioso
administrativo, toma como resolución un dictamen derivado de un órgano técnico en la
resolución número 121-2007, de fecha 31 de julio de 2007.

En dicha resolución, que remite al dictamen del órgano técnico, se ordena: …d) Que
se corrijan errores mecanográficos que le cambian totalmente el sentido a varios de los
artículos del pacto colectivo; e) Que de mutuo acuerdo entre las partes negociadoras y
suscriptoras del pacto colectivo, se aclare el sentido y alcance de los siguientes
artículos: 18, 19, 22, 23, 24 y 26 ya que del estudio y análisis realizado a los mismos
se establece que son incongruentes e imprecisos.

De conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 221-94,
las facultades conferidas al Consejo Técnico y al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social en materia de homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo y
específicamente en cuanto a la potestad de señalar artículos que deben ser
modificados por las partes, se limita a aquellos casos en los cuales las referidas
disposiciones contengan alguna violación a las disposiciones legales. En el caso del
Derecho del Trabajo, estas violaciones a las disposiciones legales consisten
básicamente en la renuncia, restricción, tergiversación o negación de los derechos
reconocidos a los trabajadores de forma previa a la suscripción del pacto, ello al tenor
del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Igualmente,
debe señalarse que, siendo que la negociación colectiva y su producto, el pacto
colectivo de condiciones de trabajo, un mecanismo lícito de superación de las
condiciones de trabajo preexistentes, de conformidad con el artículo 106 constitucional
y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (Decreto 843 del
Congreso de la República), no puede asumirse que superar lo establecido por las
normas vigentes a momento de la suscripción del pacto constituya una violación legal
ya que, de ser así, administrativamente se estaría dejando sin contenido la negociación
colectiva.

Es de señalar también que, ni el Código de Trabajo ni el Acuerdo Gubernativo 221-94,
en lo que respecta a la Homologación de Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo,
reconocen al Consejo Técnico ni al Ministro de Trabajo y Previsión Social una función
exegética de las normas de un pacto, tampoco se le establece ni la obligación ni la
facultad de prever sus posibles problemas de interpretación, así como tampoco sus
problemas de aplicación, de tal manera, la excesiva diligencia en cuanto asumir
facultades y señalar requisitos que no se encuentren expresamente señalados las


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normas que rigen el acto de la homologación del pacto colectivo de condiciones de
trabajo, no es sino un acto arbitrario que vulnera y obstruye el derecho de negociación
colectiva y por consiguiente, constituye una violación al Convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo y al Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio
Suscrito entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de
América.

No obstante a no contar con facultades legales para ello el ministerio emite la
resolución número 121-2007, fechada treinta y uno de julio de dos mil siete en la cual
se ordena: “Hágase saber a las partes negociadoras del referido pacto, que cumplan
con lo solicitado en Providencia No. 39-2007, de fecha 30 de julio de 2007, emitida por
el Consejo Técnico y Asesoría Jurídica de este Ministerio, misma que deberá cumplirse
a cabalidad dentro del plazo de 10 días, a partir de la presente notificación.”.

Por su parte, la providencia 39-2007, cuyo contenido se integra a la resolución 121-
2007 (Lo cual contraviene el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo),
establece que, previo a homologar el pacto colectivo de condiciones de trabajo, las
partes se ajusten a la ley y cumplan dentro del plazo de diez días hábiles con lo
siguiente: “…d) Que se corrijan errores mecanográficos que le cambian totalmente el
sentido a varios de los artículos del Pacto Colectivo. e) Que de mutuo acuerdo entre
las partes negociadoras y suscriptoras del pacto colectivo, se aclare el sentido y
alcance de los siguientes artículos: 18, 19, 22, 23, 24 y 26 ya que del estudio y
análisis realizado a los mismo se establece que son incongruentes e imprecisos…”.
Dicha providencia, invoca como fundamento legal los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo
Gubernativo número 221-94.

En ese orden de ideas, debe señalarse que ninguno de los artículos invocados como
fundamento legal de la referida providencia faculta ni al Consejo Técnico ni al Ministerio
de Trabajo y Previsión Social para demorar la homologación del pacto por los motivos
expresamente señalados en dicha providencia; insistimos, los únicos supuestos
jurídicos en virtud de los cuales el Consejo Técnico y el Ministerio están facultados
para ello son: QUE LOS DOCUMENTOS NO REUNAN LOS REQUISITOS LEGALES
o que EL PACTO CONTENGA ALGUNA VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES
LEGALES, supuestos que no operan en el presente caso.

La providencia 39-2007, de fecha treinta de julio de 2007, establece “…d) Que se
corrijan errores mecanográficos que le cambian totalmente el sentido a varios de los
artículos del Pacto Colectivo.”. En este aspecto, el consejo técnico, sin mayor técnica
jurídica, además de no estar el hacer tal señalamiento dentro de las facultades que le
confiere el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 221-94, tampoco indica cuáles son
dichos artículos ni cuales son los supuestos errores que le cambian el sentido a los
“varios artículos del pacto”, debiendo señalar que en tales condiciones se enerva el
carácter arbitrario de tal disposición siendo además que el proceso de homologación
no tiene por objeto el establecer una interpretación de las disposiciones acordadas
libremente por las partes y la cual tampoco les fue solicitada por las partes.

La providencia 39-2007, de fecha treinta de julio de 2007, establece “e) Que de mutuo
acuerdo entre las partes negociadoras y suscriptoras del pacto colectivo, se aclare el
sentido y alcance de los siguientes artículos: 18, 19, 22, 23, 24 y 26 ya que del
estudio y análisis realizado a los mismo se establece que son incongruentes e
imprecisos…”. Nuevamente, el denominado Consejo Técnico actúa al margen de sus
facultades ya que, establecer el alcance de los artículos negociados entre las partes no
constituye ni una facultad que le confiera el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 221-94
ni tampoco una actividad que les haya sido requerida,. Por consiguiente tampoco lo es
pronunciarse respecto a la congruencia o imprecisión de los mismos que, en todo caso,
sería una función que de conformidad con el artículo 103 constitucional correspondería
con exclusividad a los tribunales de trabajo y previsión social, debemos recordar que el
pacto, establece en su artículo 8 sus reglas de exégesis y que, además, el artículo 106


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constitucional establece criterio claros de interpretación de las disposiciones relativas al
trabajo.

Como se desprende del contenido expreso de los literales d y e de la Providencia 39-
2007, los requisitos exigidos para proceder a la homologación del pacto carecen de
sustento legal así como el consejo técnico carece de facultades legales para señalarlos
toda vez que en ambos casos, ninguno de tales requisitos incurre en una violación a
disposición legal alguna, de tal manera, los mismos se están imponiendo con abuso de
autoridad y en violación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
Trabajo (Decreto 843 del Congreso de la República) así como del Capítulo XVI del
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y los Estados
Unidos de América.


CASO PACTO BANANERA DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA (FINCA EL
REAL):


Luego de más de tres años de negociaciones, se logra suscribir un Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo entre la entidad Bananera del Atlántico, Sociedad Anónima y el
Sindicato de Trabajadores de las Empresa Arrendadoras Agrícla, El Real y Aloha,
Sociedad Anónima, Agrícola Industrial, Sociedad Anónima, SERTRA, S.A. y Demás
Empresas que conforman la misma unidad económica del municipio de Morales del
departamento de Izabal.

En una clara violación a la negociación colectiva libre y voluntaria, el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, contraviniendo además la ley de lo contencioso
administrativo, toma como resolución un dictamen derivado de un órgano técnico en la
resolución número 122-2007, de fecha 31 de julio de 2007.

En dicha resolución, que remite al dictamen del órgano técnico, se ordena: …d) Que
se corrijan errores mecanográficos que le cambian totalmente el sentido a varios de los
artículos del pacto colectivo; e) Que de mutuo acuerdo entre las partes negociadoras y
suscriptoras del pacto colectivo, se aclare el sentido y alcance de los siguientes
artículos: 18, 19, 22, 23, 24 y 26 ya que del estudio y análisis realizado a los mismos
se establece que son incongruentes e imprecisos.

De conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 221-94,
las facultades conferidas al Consejo Técnico y al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social en materia de homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo y
específicamente en cuanto a la potestad de señalar artículos que deben ser
modificados por las partes, se limita a aquellos casos en los cuales las referidas
disposiciones contengan alguna violación a las disposiciones legales. En el caso del
Derecho del Trabajo, estas violaciones a las disposiciones legales consisten
básicamente en la renuncia, restricción, tergiversación o negación de los derechos
reconocidos a los trabajadores de forma previa a la suscripción del pacto, ello al tenor
del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Igualmente,
debe señalarse que, siendo que la negociación colectiva y su producto, el pacto
colectivo de condiciones de trabajo, un mecanismo lícito de superación de las
condiciones de trabajo preexistentes, de conformidad con el artículo 106 constitucional
y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (Decreto 843 del
Congreso de la República), no puede asumirse que superar lo establecido por las
normas vigentes a momento de la suscripción del pacto constituya una violación legal
ya que, de ser así, administrativamente se estaría dejando sin contenido la negociación
colectiva.

Es de señalar también que, ni el Código de Trabajo ni el Acuerdo Gubernativo 221-94,
en lo que respecta a la Homologación de Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo,


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




reconocen al Consejo Técnico ni al Ministro de Trabajo y Previsión Social una función
exegética de las normas de un pacto, tampoco se le establece ni la obligación ni la
facultad de prever sus posibles problemas de interpretación, así como tampoco sus
problemas de aplicación, de tal manera, la excesiva diligencia en cuanto asumir
facultades y señalar requisitos que no se encuentren expresamente señalados las
normas que rigen el acto de la homologación del pacto colectivo de condiciones de
trabajo, no es sino un acto arbitrario que vulnera y obstruye el derecho de negociación
colectiva y por consiguiente, constituye una violación al Convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo y al Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio
Suscrito entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de
América.

No obstante a no contar con facultades legales para ello el ministerio emite la
resolución número 122-2007, fechada treinta y uno de julio de dos mil siete en la cual
se ordena: “Hágase saber a las partes negociadoras del referido pacto, que cumplan
con lo solicitado en Providencia No. 38-2007, de fecha 30 de julio de 2007, emitida por
el Consejo Técnico y Asesoría Jurídica de este Ministerio, misma que deberá cumplirse
a cabalidad dentro del plazo de 10 días, a partir de la presente notificación.”.

Por su parte, la providencia 38-2007, cuyo contenido se integra a la resolución 122-
2007 (Lo cual contraviene el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo),
establece que, previo a homologar el pacto colectivo de condiciones de trabajo, las
partes se ajusten a la ley y cumplan dentro del plazo de diez días hábiles con lo
siguiente: “…d) Que se corrijan errores mecanográficos que le cambian totalmente el
sentido a varios de los artículos del Pacto Colectivo. e) Que de mutuo acuerdo entre
las partes negociadoras y suscriptoras del pacto colectivo, se aclare el sentido y
alcance de los siguientes artículos: 18, 19, 22, 23, 24 y 26 ya que del estudio y
análisis realizado a los mismo se establece que son incongruentes e imprecisos…”.
Dicha providencia, invoca como fundamento legal los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo
Gubernativo número 221-94.

En ese orden de ideas, debe señalarse que ninguno de los artículos invocados como
fundamento legal de la referida providencia faculta ni al Consejo Técnico ni al Ministerio
de Trabajo y Previsión Social para demorar la homologación del pacto por los motivos
expresamente señalados en dicha providencia; insistimos, los únicos supuestos
jurídicos en virtud de los cuales el Consejo Técnico y el Ministerio están facultados
para ello son: QUE LOS DOCUMENTOS NO REUNAN LOS REQUISITOS LEGALES
o que EL PACTO CONTENGA ALGUNA VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES
LEGALES, supuestos que no operan en el presente caso.

La providencia 38-2007, de fecha treinta de julio de 2007, establece “…d) Que se
corrijan errores mecanográficos que le cambian totalmente el sentido a varios de los
artículos del Pacto Colectivo.”. En este aspecto, el consejo técnico, sin mayor técnica
jurídica, además de no estar el hacer tal señalamiento dentro de las facultades que le
confiere el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 221-94, tampoco indica cuáles son
dichos artículos ni cuales son los supuestos errores que le cambian el sentido a los
“varios artículos del pacto”, debiendo señalar que en tales condiciones se enerva el
carácter arbitrario de tal disposición siendo además que el proceso de homologación
no tiene por objeto el establecer una interpretación de las disposiciones acordadas
libremente por las partes y la cual tampoco les fue solicitada por las partes.

La providencia 38-2007, de fecha treinta de julio de 2007, establece “e) Que de mutuo
acuerdo entre las partes negociadoras y suscriptoras del pacto colectivo, se aclare el
sentido y alcance de los siguientes artículos: 18, 19, 22, 23, 24 y 26 ya que del
estudio y análisis realizado a los mismo se establece que son incongruentes e
imprecisos…”. Nuevamente, el denominado Consejo Técnico actúa al margen de sus
facultades ya que, establecer el alcance de los artículos negociados entre las partes no
constituye ni una facultad que le confiera el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 221-94


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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




ni tampoco una actividad que les haya sido requerida,. Por consiguiente tampoco lo es
pronunciarse respecto a la congruencia o imprecisión de los mismos que, en todo caso,
sería una función que de conformidad con el artículo 103 constitucional correspondería
con exclusividad a los tribunales de trabajo y previsión social, debemos recordar que el
pacto, establece en su artículo 8 sus reglas de exégesis y que, además, el artículo 106
constitucional establece criterio claros de interpretación de las disposiciones relativas al
trabajo.

Como se desprende del contenido expreso de los literales d y e de la Providencia 38-
2007, los requisitos exigidos para proceder a la homologación del pacto carecen de
sustento legal así como el consejo técnico carece de facultades legales para señalarlos
toda vez que en ambos casos, ninguno de tales requisitos incurre en una violación a
disposición legal alguna, de tal manera, los mismos se están imponiendo con abuso de
autoridad y en violación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
Trabajo (Decreto 843 del Congreso de la República) así como del Capítulo XVI del
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y los Estados
Unidos de América.


CASO PACTO UNIÓN FENOSA:

Los tres sindicatos, SITRADEORSA, SITRAPDEORSA Y SITRAEDEOCSA
celebramos un mismo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual se encuentra
vigente y no obstante dicha vigencia, varias de sus normas son permanentemente
violadas por parte de las citadas empleadora, irrespetando o incumpliendo los
acuerdos pactados en la vía directa y que ahora integran el texto del citado pacto
colectivo de condiciones de trabajo y los acuerdos alcanzados –también en la vía
directa- a través del procedimiento de la Junta Mixta, acuerdos que constan en las
actas de las sesiones de dicha Junta. Citaremos algunos artículos: Articulo 34
PROMOCION PROFESIONAL: Este articulo busca promocionar a todos los
trabajadores que cumplen con los objetivos, en la practica solo se promociona a los
trabajadores de confianza (jefes), 44 DESEMPEÑO DE OCUPACIÓN SUPERIOR
(INTERINATO) , este articulo persigue pagar la diferencia salarial a todo aquel
trabajador que hace interinatos en plazas o ocupaciones de mayor jerarquía, en la
practica no se está cumpliendo. 52 JORNADA A TURNO: En éste caso no se pagan
las horas extraordinarias laboradas en días de asueto y días inhábiles. ARTICULOS
DEL 74 AL 80, JUNTA MIXTA que tiene que ver con el procedimiento para resolver
conflictos, en éste caso la empresa no respeta los acuerdos emanados en Junta Mixta
y actúa unilateralmente. No se cumple con los plazos establecidos para entrega de
uniformes, HERRAMIENTA Y EQUPO. También se está violando el Acta No. 23-2005
de Negociación de Pacto Colectivo, en el sentido que en esa acta se acordó que las
empresas mensualmente dispondrían de Q120,000.00 cada una para el otorgamiento
de prestamos sin intereses a los trabajadores, actualmente las empresas han
interrumpido ese beneficio.

CASO PACTO INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN ý PRODUCTIVIDAD
(INTECAP)

El pacto colectivo vigente dentro del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -
INTECAP-, de encuentra siendo violado por la entidad patronal debido a la no
integración de la junta mixta ello pese a que el Sindicato de Trabajadores del Intecap lo
ha denunciado y ha solicitad se integre el órgano bipartito de solución de conflictos.




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CASO PACTO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

El pacto colectivo del Ministerio de Energía y Minas que existe violación puesto que
nunca se ha integrado la comisión mixta, la no aplicación del paso salarial, la no
habilitación de la tienda de consumo; los permisos sindicales, y la falta de
implementación de capacitación al personal derechos consignados en dicho pacto


CASO PACTO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ONSEC)


El pacto de la Oficina Nacional de Servicio Civil -SONSEC- existe la violación de la
integración de la Junta Mixta puesto que la misma nunca se ha integrado, y violación al
derecho de ascenso regulado en el pacto, en todos estos casos se ha planteado
acciones en los tribunales, sin embargo en la mayoría no se le ha dado trámite, y otros
están pendientes de ser resueltos, ninguno se ha planteado en la Inspección General
de Trabajo, puesto que la titular de dicha Inspección aduce que la Inspección no tiene
competencia para tratar problemas y violaciones de los pactos en las entidades del
Estado


CASO PACTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CAMINEROS DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA:


El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo negociado por el Sindicato de
Trabajadores Camineros de la Republica de Guatemala-STRAC- , Han visto frustrada
la negociación colectiva, ya que los funcionarios de gobierno no cumplen la Ley
Profesional pactada y constantemente niegan los compromisos que emanan de la Ley
Profesional, por lo que existe un claro atropello al pleno respeto de los Pactos
Colectivos de Condiciones de Trabajo y una franca limitación al derecho de
negociación colectiva.


EXIGENCIA DE REQUISITOS NO REGULADOS POR LA LEY A LOS
TRABAJADORES A EFECTO DE OBSTACULIZAR, RETARDAR EL PROCESO O
ELIMINAR LA PROTECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DENTRO DE UN CONFLICTO
COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL.

      1. A pesar de que el artículo 381 del Código de Trabajo 1 establece tanto los
         requisitos que deben reunir el pliego de peticiones y el memorial dirigido al
         tribunal así como el mecanismo para la subsanación de omisiones en los
         requisitos legales sin que ello implique violación alguna a la libertad sindical
         desprotegiendo a los trabajadores; es preciso señalar que si bien es cierto, la
         ley de otorga a los jueces facultades para señalar requisitos y fijar plazos, esta
         atribución opera únicamente en los casos en los que la ley no señale requisitos
         o plazos, en el caso de los conflictos colectivos de carácter económico social,
         señala tanto requisitos como plazos y por lo tanto el ejercicio de tal facultad en

1 Artículo 381 del Código de Trabajo: “El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten éstas, y
a quien o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la
situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores en éstos
prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener: el juez al
que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones, que debe
establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en
donde deba ser notificada ésta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de
trámite conforme las reglas de los artículos que preceden. Si la solicitud presentada no llena los requisitos
legales, el tribunal, de oficio, la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud.” (Las
negrillas y subrayados dobles son nuestros)

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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




     condiciones en que ello no debiere darse, resulta arbitrario por parte de los
     tribunales de trabajo y previsión social.
  2. La práctica en tribunales hoy día en Guatemala ha convertido precisamente el
     criterio judicial en un instrumento de violación a los derechos de libre
     sindicalización, negociación colectiva y de huelga a través del ejercicio del
     poder jurisdiccional que legalmente está obligado a tutelarlos. Los tribunales de
     trabajo y previsión social, al recibir el pliego de peticiones presentado por los
     trabajadores o trabajadoras que pretenden negociar colectivamente con su
     patrono, luego de dictar las prevenciones propias del emplazamiento dentro del
     conflicto colectivo de carácter económico social o en la misma resolución,
     ordenan a los trabajadores o trabajadoras el cumplimiento de requisitos que no
     se encuentran regulados en el artículo 381 del Código de Trabajo fijando
     además un plazo para cumplirlos “bajo el apercibimiento que, de no cumplirse,
     se levantarán las prevenciones del emplazamiento” y, en efecto, si no se
     satisfacen los jueces efectivamente levantan tales prevenciones y dejan
     desprotegidos a los (as) trabajadores (as).
  3. Lo anterior representa; en primer lugar, una evasión a la obligación legal de
     convocar al tribunal de conciliación dentro de las 24 horas siguientes a la
     recepción del pliego de peticiones, esta disposición es susceptible de ser
     atacada únicamente mediante recursos del sistema de justicia retenida que
     resuelve el propio juez y que por lo tanto los desestima en defensa de su
     criterio, implicando para los trabajadores una multa equivalente que asciende
     hasta Q.500.00 por el rechazo del recurso (nos referimos al recurso de nulidad
     que es el procedente contra actos o resoluciones que violen la ley o el
     procedimiento y que no sean apelables) lo cual es casi el 50% de un salario
     mínimo mensual e implica el retardo indefinido en la resolución del recurso
     dando lugar al patrono incluso de acudir al amparo para agregarle dos
     instancias al proceso e impedir indefinidamente la negociación colectiva. En
     segundo lugar, representa una violación al derecho de defensa y a la igualdad
     ante la ley en contra de los trabajadores, dado que el Código de Trabajo regula
     que en caso de que no se satisfagan los requisitos señalados en el artículo 381
     del Código de Trabajo, el Juez debe subsanarlos de oficio mediante acta sin
     que ello implique detener el proceso, se viola el principio de igualdad ante la ley
     ya que la existencia de la norma obliga a su observancia, con independencia de
     quien promueva la acción, en este caso, al sustituirse la ley por el criterio
     personal del juzgador y evadir el imperio de la ley, cuando esto limita las
     garantías laborales, se coloca al trabajador en una posición desigual ante la ley
     y viola el derecho de defensa a partir de que afecta los derechos de los
     trabajadores sin asidero legal, sin citarles, oírles y vencerles en juicio. Estas
     violaciones, desembocan en la violación de los derechos inherentes a la libertad
     sindical, como lo son la negociación colectiva y la huelga.
  4. Estos casos, han sido denunciados a las autoridades disciplinarias del
     Organismo Judicial de Guatemala que, a pesar de implicar la violación abierta al
     texto expreso de la ley, han sido desestimados bajo el argumento de que las
     partes cuentan con los recursos procesales para el ejercicio de su derecho de
     defensa y que, por tratarse de resoluciones enmarcadas en la independencia de
     criterio de los juzgadores, no es posible sancionarles por las mismas. En otras
     palabras, se pretende el uso infructuoso de los medios de impugnación de las
     resoluciones que, con independencia del resultado de tales gestiones, implican
     la prolongación irracional e ilegal del proceso en violación precisamente del
     debido proceso y de que tales resoluciones son oficiosamente confirmadas por
     los tribunales superiores.




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NEGACION DEL DERECHO DE HUELGA MEDIANTE LA REMISIÓN DEL
PROCESO A UNA VÍA PROCESAL DISTINTA:

  1. El Estado de Guatemala ratificó el Convenio número 87, Sobre la Libertad
     Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación con fecha 28 de enero de
     1952. El cual se encuentra vigente para Guatemala.
  2. El Estado de Guatemala ratificó el convenio número 98, Sobre el Derecho de
     Sindicalización y de Negociación Colectiva con fecha 22 de enero de 1952,
     mismo que se encuentra actualmente vigente para Guatemala.
  3. El Estado de Guatemala ratificó el Convenio número 154, Sobre la negociación
     Colectiva con fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y siete.
     Convenio actualmente vigente para Guatemala.
  4. Además de los Convenios 87, 98 y 154,el Estado de Guatemala ratificó el
     Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en
     Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
     Salvador”, el cual se encuentra actualmente vigente para Guatemala y
     reconoce el derecho de huelga como un derecho humano en su artículo 8: “1.
     Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los trabajadores a organizar
     sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus
     intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a
     los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a
     las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y
     asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los
     sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;            b. el
     derecho a la huelga.              2. El ejercicio de los derechos enunciados
     precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones
     previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad
     democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la
     salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás.
     Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros
     servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones
     que imponga la ley...” (Los subrayados dobles son nuestros).
  5. Que la Constitución Política de la Republica de Guatemala reconoce en su
     artículo 104: “Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de
     conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de
     conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de
     orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en
     que no serán permitidos la huelga y el paro.”.
  6. Los derechos de huelga para los trabajadores y de paro para los patronos, son
     derechos inherentes al propio derecho de negociación colectiva toda vez que
     operan como mecanismos legales para que, una vez fracasada la conciliación,
     mediante su ejercicio se compela a la contraparte a respetar el derecho a
     negociar colectivamente con la otra o en su defecto que el derecho, peticiones
     o quejas ejercitados mediante la negociación colectiva se adecuen tanto al
     marco jurídico como a las condiciones de hecho de las partes y dotar de
     solución al conflicto.       La huelga es un mecanismo legal de carácter
     extraordinario que en defecto de la intención de negociar colectivamente
     resguarda el derecho fundamental de negociar colectivamente.
  7. Que la ley laboral guatemalteca, en los artículos 51, del 239 al 256 y del 374 al
     413 del Código de Trabajo, regula tanto el debido proceso para la negociación
     colectiva como para la huelga y el paro.
  8. Que tal procedimiento, en cuanto al derecho de huelga, a grandes rasgos
     contempla: a) Una etapa o vía directa susceptible de ser agotada entre
     patronos y trabajadores de manera directa, ante la Inspección General de
     Trabajo o ante Amigables componedores. b) Fracasada la vía directa existe
     la posibilidad de ejercer el derecho de negociación colectiva ante los tribunales
     de trabajo y previsión social mediante el planteamiento del conflicto de carácter
     económico social, con el objeto de que el tribunal dicte los apercibimiento


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            establecidos por la ley para impedir la toma de represalias entre las partes. c)
            Una etapa de conciliación judicial que ha de agotarse ante el tribunal de
            Conciliación, conformado de manera tripartita por delegados patronales,
            delegados laborales y el Juez de Primera Instancia que actúa como
            representante del poder judicial y en representación el Estado. d) Fracasada
            la conciliación procede la etapa de declaratoria de la legalidad de la huelga o
            del paro, que no es sino la autorización judicial para hacer estallar la huelga o
            el paro, en otras palabras, ejercer en sí el derecho de huelga. e) Una etapa
            de Declaratoria de la Justicia o Injusticia del movimiento, mediante la cual se
            determina si los responsables de la huelga o el paro son los trabajadores o
            patronos, respectivamente. Dicha declaratoria, además de resolver el conflicto,
            reconoce derechos sea para trabajadores o sea para patronos dependiendo de
            si la huelga o el paro se declaran justos por la imputabilidad de las causas del
            mismo a la contraparte.
      9.    De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de
            Guatemala, la única vía legal susceptible de conducir al ejercicio de los
            derechos de huelga o paro es la del Conflicto Colectivo de Carácter económico
            social, lo cual se desprende de la disposición transcrita en el párrafo 5 de este
            apartado expositivo.
      10.   Respecto a la procedencia del Conflicto Colectivo de Carácter Económico
            Social, el artículo 377 del Código de Trabajo preceptúa: “Cuando en un lugar
            de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o
            paro 2, los interesados, si se tratare de patronos o trabajadores no
            sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que,
            asimismo, designarán tres delegados que conozcan muy bien las causas que
            provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento, el
            poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva, o simplemente ad
            referéndum.        Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la
            Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en este
            código y en los estatutos respectivo, será la que acuerde el planteamiento del
            conflicto, correspondiéndole la representación del Sindicato al Comité Ejecutivo
            en pleno o a tres de sus miembros que asignará la propia Asamblea General.”
            (Las negrillas y subrayados dobles son nuestros).
      11.   En cuanto al contenido del pliego de peticiones el artículo 381 del Código de
            Trabajo regula: “El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué
            consisten éstas, y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas 3, el
            número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de
            los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de
            trabajadores que en éstos prestan servicios y el nombre y apellidos de los
            delegados y la fecha....”. (Las negrillas y subrayados dobles son nuestros).
      12.   Es entendido que las causas que pueden conducir a la declaratoria de justicia
            de una huelga, que es la culminación del ejercicio del derecho de huelga, son
            necesariamente las mismas que son susceptibles de promover el conflicto
            colectivo de carácter económico social y de llegar al estallido de una huelga o
            paro al ser declarados legales toda vez que no puede arribarse a tal
            declaración de justicia si no se agotan las fases previstas por el debido proceso
            establecido en la ley. En ese orden de ideas, al referirse a las causas que
            deben conducir a la declaratoria de justicia de una huelga, el artículo 242 del
            Código de Trabajo regula con claridad meridiana: “Es justa la huelga cuando
            los hechos que la motivan son imputables al patrono, por incumplimiento de

2 Estas causas se encuentran previstas tanto en el artículo 242 del Código de Trabajo al referirse a la justicia de la
huelga o el paro y por el artículo 381 del Código de Trabajo al referirse al contenido del denominado “pliego de
peticiones”.
3 Las quejas no importan la pretensión de una reivindicación en sí sino que necesariamente se refieren al

incumplimiento a un derecho reconocido por la ley, la costumbre, el contrato individual o colectivo de trabajo, la
convención colectiva o los convenios internacionales en materia de trabajado vigentes para el país que, en todo
caso, dado el proceso de incorporación al ordenamiento jurídico nacional que conlleva el proceso de ratificación,
constituyen normas jurídicas nacionales.

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          los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de
          condiciones de trabajo 4 o por la negativa injustificada a celebrar este
          último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que
          el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando
          no concurre ninguno de estos motivos...” (Las negrillas y subrayados dobles
          son nuestros).
      13. Contrario a estas disposiciones legales, tanto los tribunales de trabajo como la
          Corte Suprema de Justicia y la propia Corte de Constitucionalidad, han
          implementado una practica para legal desnaturalizando en su aplicación el
          artículo 292 inciso a) del Código de Trabajo cuya finalidad no es la de regular
          el ejercicio de los derechos de huelga y paro sino que es una norma de
          carácter general cuya finalidad es simplemente establecer la competencia
          aduciendo como argumento que la violación de los contratos individuales
          o colectivos de trabajo o la violación de las disposiciones del Pacto
          Colectivo de Condiciones de Trabajo constituyen conflictos de carácter
          jurídico no susceptibles de conducir a la huelga o al paro, ello en clara
          violación de las normas específicas parafraseadas en los párrafos 4, 5, 10, 11
          y 12 del apartado expositivo de la presente queja. Esto conlleva no sólo a un
          estado de indefensión provocado por la violación de la normativa aplicable y del
          debido proceso preestablecido precisamente por parte de los órganos
          constituidos para el fin de hacer efectiva la garantía de coercibilidad de la
          norma que a su vez, al conducir las causas legalmente susceptibles de
          provocar una huelga incluso justa por la vía del juicio ordinario laboral que no
          contempla como posibilidad el ejercicio del derecho de huelga y cierra las
          puertas al tripartismo al no constituir el tribunal tripartito de conciliación, niega e
          impide a los trabajadores y trabajadores el ejercicio legítimo del derecho a la
          huelga que al tenor de los artículos 44, 104, 106 de la Constitución Política de
          la República de Guatemala y 256 del Código de Trabajo constituye un derecho
          reconocido como irrenunciable.
      14. La aplicación de este criterio ilegal –nulo de pleno derecho por contravenir
          normas expresas-, impuesto a través de las resoluciones de los tribunales
          de trabajo y previsión social, las salas de la Corte de Apelaciones de
          Trabajo y Previsión Social, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de
          Constitucionalidad, en su caso, implica el levantamiento de las prevenciones
          de protección de las partes ante posibles represalias y la imposibilidad jurídica
          de ejercer libre y legalmente el derecho de huelga, lo cual afecta igualmente a
          la libre sindicalización toda vez que la negociación colectiva es uno de los fines
          principales de la sindicalización y la huelga constituye una garantía ante la
          negativa injustificada del patrono a negociar colectivamente con los
          trabajadores. 5.
      15. Los efectos prácticos de esta contravención de la norma por parte de la justicia
          ordinaria laboral y constitucional en Guatemala son, en resumen, los siguientes:
          a) La sustitución del texto expreso de la ley por un criterio judicial contrario al
          mismo; b) La violación artera e impune por parte de la Justicia guatemalteca
          tanto de la norma como de las garantías de defensa y de debido proceso; c)
          La legitimación de hecho de un fraude de ley, nulo de pleno derecho, mediante
          las resoluciones emitidas por la justicia ordinaria laboral y constitucional en
          Guatemala aplicando una norma general que rige genéricamente lo relativo a la
          competencia en perjuicio de las que rigen el ejercicio del derecho de
          negociación colectiva y de huelga 6; d) El desvío del proceso a una vía que
          impide el ejercicio del derecho de huelga; e) La eliminación de las medidas de
          protección reguladas en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo ante
          posibles represalias entre las partes; f) La creación de un Estado permanente
          de indefensión que afecta el libre ejercicio del derecho irrenunciable a la

4 Ver artículos 377 y 381 del Código de Trabajo.
5
  Ver paráfrasis contenida en el párrafo 12 del apartado expositivo de esta queja.
6
  Ver párrafo 7 del apartado expositivo de esta queja.

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                             DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




      negociación colectiva y de huelga; g) La destrucción o debilitamiento de las
      organizaciones sindicales a través de represalias como el despido o la renuncia
      obligada de trabajadores o trabajadoras sindicalizadas (as); h) La negación
      del ejercicio libre del derecho de huelga.
  16. Ejemplos claros y recientes de los efectos de la implementación de estos
      criterios contrarios a la normativa expresa que rige en Guatemala las
      condiciones y mecanismos para el libre ejercicio de los derechos de
      negociación colectiva y de huelga los tenemos en los casos del Sindicato de
      Trabajadores de la Empresa Industrias Acrílicas de Centro América,
      Sociedad Anónima –en donde los afiliados fueron obligados mediante
      represalias a renunciar al sindicato y los que se negaron fueron despedidos,
      incluyendo a los directivos sindicales conduciendo a la destrucción de la
      organización sindical-; del Sindicato de Trabajadores del Banco Crédito
      Hipotecario Nacional –en donde más del setenta por ciento de los afiliados
      fueron despedidos causando un severo debilitamiento del sindicato- de los
      cuales conoce OIT mediante quejas por violaciones a la libertad sindical.
  17. El Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- ha
      sostenido en diversas ocasiones respecto al derecho de huelga lo siguiente:
      “474. El Comité ha reconocido siempre el derecho de huelga como un derecho
      legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en
      defensa de sus intereses económicos y sociales. (Véase Recopilación de
      1985, párrafo 362.)”; “475. El derecho de huelga de los trabajadores y sus
      organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para
      promover y defender sus intereses profesionales. (Véase Recopilación de
      1985, párrafo 363.)”


NEGACION DEL DERECHO DE HUELGA MEDIANTE LA ADMISIÓN                               DE
ESTRATEGIAS DILATORIAS Y DESNATURALIZANTES DEL PROCESO:

  1. El Estado de Guatemala ratificó el Convenio número 87, Sobre la Libertad
     Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación con fecha 28 de enero de
     1952. El cual se encuentra vigente para Guatemala.
  2. El Estado de Guatemala ratificó el convenio número 98, Sobre el Derecho de
     Sindicalización y de Negociación Colectiva con fecha 22 de enero de 1952,
     mismo que se encuentra actualmente vigente para Guatemala.
  3. El Estado de Guatemala ratificó el Convenio número 154, Sobre la negociación
     Colectiva con fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y siete.
     Convenio actualmente vigente para Guatemala.
  4. Que el Estado de Guatemala, además de los Convenios 87, 98 y 154, ratificó el
     Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en
     Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
     Salvador”, el cual se encuentra actualmente vigente para Guatemala y
     reconoce el derecho de huelga como un derecho humano en su artículo 8: “1.
     Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los trabajadores a organizar
     sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus
     intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a
     los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a
     las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y
     asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los
     sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;            b. el
     derecho a la huelga.              2. El ejercicio de los derechos enunciados
     precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones
     previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad
     democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la
     salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás.
     Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros



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                                 DE LOS Y LAS TRABAJADORAS




            servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones
            que imponga la ley...” (Los subrayados dobles son nuestros).
      5.    Que la Constitución Política de la Republica de Guatemala reconoce en su
            artículo 104: “Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de
            conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de
            conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de
            orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en
            que no serán permitidos la huelga y el paro.”.
      6.    Los derechos de huelga para los trabajadores y de paro para los patronos, son
            derechos inherentes al propio derecho de negociación colectiva toda vez que
            operan como mecanismos legales para que, una vez fracasada la conciliación,
            mediante su ejercicio se compela a la contraparte a respetar el derecho a
            negociar colectivamente con la otra o en su defecto que el derecho, peticiones
            o quejas ejercitados mediante la negociación colectiva se adecuen tanto al
            marco jurídico como a las condiciones de hecho de las partes y dotar de
            solución al conflicto.       La huelga es un mecanismo legal de carácter
            extraordinario que en defecto de la intención de negociar colectivamente
            resguarda el derecho fundamental de negociar colectivamente.
      7.    Que la ley laboral guatemalteca, en los artículos 51, del 239 al 256 y del 374 al
            413 del Código de Trabajo, regula tanto el debido proceso para la negociación
            colectiva como para la huelga y el paro.
      8.    Que tal procedimiento, en cuanto al derecho de huelga, a grandes rasgos
            contempla: a) Una etapa o vía directa susceptible de ser agotada entre
            patronos y trabajadores de manera directa, ante la Inspección General de
            Trabajo o ante Amigables componedores. b) Fracasada la vía directa existe
            la posibilidad de ejercer el derecho de negociación colectiva ante los tribunales
            de trabajo y previsión social mediante el planteamiento del conflicto de carácter
            económico social, con el objeto de que el tribunal dicte los apercibimiento
            establecidos por la ley para impedir la toma de represalias entre las partes. c)
            Una etapa de conciliación judicial que ha de agotarse ante el tribunal de
            Conciliación, conformado de manera tripartita por delegados patronales,
            delegados laborales y el Juez de Primera Instancia que actúa como
            representante del poder judicial y en representación el Estado. d) Fracasada
            la conciliación procede la etapa de declaratoria de la legalidad de la huelga o
            del paro, que no es sino la autorización judicial para hacer estallar la huelga o
            el paro, en otras palabras, ejercer en sí el derecho de huelga. e) Una etapa
            de Declaratoria de la Justicia o Injusticia del movimiento, mediante la cual se
            determina si los responsables de la huelga o el paro son los trabajadores o
            patronos, respectivamente. Dicha declaratoria, además de resolver el conflicto,
            reconoce derechos sea para trabajadores o sea para patronos dependiendo de
            si la huelga o el paro se declaran justos por la imputabilidad de las causas del
            mismo a la contraparte.
      9.    De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de
            Guatemala, la única vía legal susceptible de conducir al ejercicio de los
            derechos de huelga o paro es la del Conflicto Colectivo de Carácter económico
            social, lo cual se desprende de la disposición transcrita en el párrafo 5 de este
            apartado expositivo.
      10.   El artículo 294 del Código de Trabajo establece:             “Los Tribunales de
            Conciliación y Arbitraje estarán organizados de forma permanente en cada
            Tribunal de Trabajo y Previsión Social o tribunal que conozca en materia de
            trabajo...”.
      11.   El artículo382 del Código de Trabajo regula: “Dentro de las doce horas
            siguientes al recibo del pliego de peticiones, el Juez de Trabajo y Previsión
            Social, procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad
            con lo preceptuado en el artículo 294 7, notificará a la otra parte por todos los

7
 Cabe indicar que ya no es necesaria la formación del tribunal de Conciliación por orden del Juez que
conoce del conflicto toda vez que el artículo 294 establece que tales tribunales se encuentran organizados

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          medios a su alcance, que dentro de veinticuatro horas debe nombrar una
          delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de
          hacerlo de oficio en caso de desobediencia...”
    12.   El artículo 283 del Código de Trabajo preceptúa taxativamente en su párrafo
          final: “...Fuera de lo establecido en el párrafo anterior 8 no cabrá recurso
          alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones,
          excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase.” (Las negrillas y
          subrayados dobles son nuestros).
    13.   Es entendido que, siendo jurídicamente necesario el agotamiento de la etapa
          de conciliación para ejercer legalmente el derecho de huelga, las violaciones al
          debido proceso que retardan o impiden el cumplimiento de esta etapa dentro de
          los plazos y conforme a lo establecido por la ley, conllevan una violación al
          propio derecho de huelga y la negación del mismo cuando tales violaciones
          procedimentales conducen a la finalización anómala del proceso.
    14.   Contrario a estas disposiciones legales, tanto los Tribunales de Trabajo, las
          Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social como la Corte
          Suprema de Justicia y la propia Corte de Constitucionalidad, han implementado
          una practica cuyos efectos vulneran lo preceptuado en la parte final del artículo
          383 del Código de Trabajo al admitir tanto el planteamiento de excepciones
          como de incidentes y recursos de todo tipo que regularmente concluyen con el
          levantamiento de las prevenciones del emplazamiento, dejando en estado de
          indefensión a los trabajadores o trabajadoras y vulnerables a la represalia por
          parte del patrono y finalizando el proceso negándole a los trabajadores el
          ejercicio de su derecho de huelga.
    15.   Entre estas anomalías, debemos citar la frecuente admisión de los conocidos
          como “Cuestión Previa como Punto de Derecho” o “Cuestión Previa Como
          Punto de Mero Derecho” 9. Tales procedimientos operan como incidentes que
          atacan el derecho que asiste a los trabajadores para negociar colectivamente e
          ir a la huelga, regularmente son planteados por los patronos luego de ser
          notificados de las prevenciones del emplazamiento dentro del conflicto colectivo
          de carácter económico social, sin embargo, esta aplicación no tiene un tiempo
          específico dentro del cual plantearse así es que puede plantearse en cualquier
          momento del proceso. Estas acciones atacan el propio emplazamiento y son
          resueltas en autos que al declararlos con lugar, enmiendan el procedimiento
          dejando sin efectos las prevenciones y dando por terminado el proceso o bien
          enmendando el procedimiento para levantar las prevenciones y conducir el
          conflicto por la vía del juicio ordinario el cual no es susceptible de conducir a la
          huelga legal. La resolución es atacable mediante recurso de apelación, cuya
          resolución es susceptible de atacarse mediante el Recurso de Amparo que a su
          vez es igualmente apelable, lo cual ha retardado en algunos casos el
          procedimiento hasta por 11 años para luego finalmente levantar las
          prevenciones y privar a los trabajadores definitivamente de su derecho de
          huelga.      Pese a que repetitivamente las organizaciones sindicales de
          trabajadores ha alegado en estas 4 instancias procesales de hecho que el
          artículo 383 del Código de Trabajo prohíbe legalmente la admisión a trámite y
          resolución de este tipo de incidentes, los tribunales de justicia han sostenido
          esta práctica ilegal existiendo incluso jurisprudencia o criterio legal de
          observancia obligatoria sentado por la Corte de Constitucionalidad que legitima
          este fraude de ley aun contraviniendo el texto expreso del artículo 383 del
          Código de Trabajo.

de manera permanente, en ese orden de ideas, al presentarse el pliego de peticiones, se da inicio a la etapa
de conciliación y el juez debe ordenar que dentro de las 24 horas la contraparte designe su delegación
análoga. Entender esto resulta trascendental para la comprensión de esta denuncia.
8
  Esta excepción se refiere a la existencia de impedimento legal o causa de excusa por parte de alguno o
algunos de los miembros del Tribunal de Conciliación.
9
  En las cátedras de Derecho del Trabajo en las Universidades Privadas del País se les conoce como
“Juicio Trampa” toda vez que constituye el planteamiento de un incidente en fraude de ley, violando el
artículo 383 del Código de Trabajo.

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  16. Otro mecanismo de negación de los derechos de negociación colectiva y de
      huelga es la interposición del conocido como “recurso de nulidad” el cual se
      plantea aduciendo violaciones a la ley y al procedimiento dentro de tercero día
      de notificada la resolución en que se dictan las prevenciones del
      emplazamiento dentro del conflicto colectivo de carácter económico social, en
      cierta forma es otra modalidad de planteamiento de la cuestión previa como
      punto de derecho y su objetivo es igualmente que el Juez resuelva
      considerando que cometió un error sustancial al dictar las prevenciones del
      emplazamiento y enmiende el procedimiento dejándolas sin efecto. La
      resolución es atacable mediante recurso de apelación, cuya resolución es
      susceptible de atacarse mediante el Recurso de Amparo que a su vez es
      igualmente apelable, lo cual ha retardado en algunos casos el procedimiento
      hasta por 11 años para luego finalmente levantar las prevenciones y privar a los
      trabajadores definitivamente de su derecho de huelga.               Pese a que
      repetitivamente las organizaciones sindicales de trabajadores ha alegado en
      estas 4 instancias procesales de hecho que el artículo 383 del Código de
      Trabajo prohíbe legalmente la admisión a trámite y resolución de este tipo de
      incidentes, los tribunales de justicia han sostenido esta práctica ilegal
      existiendo incluso jurisprudencia o criterio legal de observancia obligatoria
      sentado por la Corte de Constitucionalidad que legitima este fraude de ley aun
      contraviniendo el texto expreso del artículo 383 del Código de Trabajo. Cabe
      citar que el planteamiento de este recurso a veces se hace para prolongar
      mucho más el proceso dado que, en caso de que fracase, plantean la cuestión
      previa como punto de derecho volviendo a iniciar el curso de las cuatro
      instancias procesales de hecho.
  17. Otro mecanismo para esta privación de los derechos de negociación colectiva y
      de huelga, la constituye al conocida como “ENMIENDA DE PROCEDIMIENTO”
      que es ejercida directamente por el Juez en cualquier estado del proceso como
      facultad propia, en muchas ocasiones, la parte patronal solicita al Juez que
      enmiende ya sea directamente o mediante la cuestión previa como punto de
      derecho, el recurso de nulidad o ambos y al fracasar –cosa que sucede muy
      eventualmente- el Juez aduce que se ha percatado de la comisión de un error
      sustancial que vulnera los derechos de la parte patronal y procede a enmendar
      el procedimiento dejando sin efectos las prevenciones del emplazamiento y
      desprotegidos a los trabajadores y trabajadoras. Si bien es cierto la resolución
      es apelable por poner fin al proceso de negociación colectiva y de huelga, la
      jusrisrpudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad es que:”La
      enmienda del procedimiento surte efectos desde el acaecimiento del eror
      sustancial que la motiva y por lo mismo no resulta necesario notificar a la
      contraparte de la resolución que confirme el auto dictado en primer grado para
      que este surta sus efectos en contra de la parte no notificada...” Cabe citar que
      esto, además de crear una total inseguridad jurídica para los trabajadores les
      niega el derecho de defensa toda vez que sus derechos son susceptibles de
      ser afectados sin previa notificación rompiendo el principio de que nadie puede
      ser afectado en sus derechos sino mediante resolución firme dictada en
      procedimiento preestablecido y por tribunal competente. Recientemente, la
      aplicación de esta figura provocó que se les negara a 8 trabajadores y
      trabajadoras de la empresa INDUSTRIAS ACRÍLICAS DE CENTRO AMÉRICA,
      SOCIEDAD ANÓNIMA –ACRICASA- su derecho a ser reinstalados en sus
      puestos de trabajo después de la represalia antisindical de la empresa ya que,
      pese a que fueron despedidos antes de que se les notificara legalmente de la
      resolución que confirmaba la enmienda del procedimiento que levantaba las
      prevenciones del emplazamiento, revocando con el ilegal criterio respecto de la
      enmienda del procedimiento las reinstalaciones que habían sido ordenadas y
      confirmadas en las 2 instancias procesales regulares mediante las dos
      instancias extras del amparo y, luego de una lucha jurídica de más dos años,
      tiempo en el cual la citada empresa alzó sus bienes para evadir toda



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             responsabilidad económica y desapareció físicamente para cualquier
             reinstalación..
       18.   La aplicación de estos criterios ilegales –nulos de pleno derecho por
             contravenir normas expresas-, impuesto a través de las resoluciones de los
             tribunales de trabajo y previsión social, las salas de la Corte de
             Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la Corte Suprema de Justicia y
             la Corte de Constitucionalidad, en su caso, implica el levantamiento de las
             prevenciones de protección de las partes ante posibles represalias y la
             imposibilidad jurídica de ejercer libre y legalmente el derecho de huelga, lo cual
             afecta igualmente a la libre sindicalización toda vez que la negociación
             colectiva es uno de los fines principales de la sindicalización y la huelga
             constituye una garantía ante la negativa injustificada del patrono a negociar
             colectivamente con los trabajadores.
       19.   Los efectos prácticos de esta contravención de la norma por parte de la justicia
             ordinaria laboral y constitucional en Guatemala son, en resumen, los siguientes:
             a) La sustitución del texto expreso de la ley por un criterio judicial contrario al
             mismo; b) La violación artera e impune por parte de la Justicia guatemalteca
             tanto de la norma como de las garantías de defensa y de debido proceso; c)
             La legitimación de hecho de un fraude de ley, nulo de pleno derecho, mediante
             las resoluciones emitidas por la justicia ordinaria laboral y constitucional en
             Guatemala aplicando una norma general que rige genéricamente lo relativo a la
             competencia en perjuicio de las que rigen el ejercicio del derecho de
             negociación colectiva y de huelga 10; d) La evasión del procedimiento legal
             establecido para acceder al ejercicio real de los derechos de negociación
             colectiva y de huelga; e) La eliminación de las medidas de protección
             reguladas en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo ante posibles
             represalias entre las partes; f) La creación de un Estado permanente de
             indefensión que afecta el libre ejercicio del derecho irrenunciable a la
             negociación colectiva y de huelga; g) La destrucción o debilitamiento de las
             organizaciones sindicales a través de represalias como el despido o la renuncia
             obligada de trabajadores o trabajadoras sindicalizadas (as); h) La negación
             del ejercicio libre del derecho de huelga. i) La violación del texto expreso del
             artículo 383 del Código de Trabajo. j) Hacer del ejercicio legal del derecho de
             huelga una expectativa irrealizable.
       20.   Ejemplos claros y recientes de los efectos de la implementación de estos
             criterios contrarios a la normativa expresa que rige en Guatemala las
             condiciones y mecanismos para el libre ejercicio de los derechos de
             negociación colectiva y de huelga los tenemos en los casos del Sindicato de
             Trabajadores de la Empresa Industrias Acrílicas de Centro América,
             Sociedad Anónima –en donde los afiliados fueron obligados mediante
             represalias a renunciar al sindicato y los que se negaron fueron despedidos,
             incluyendo a los directivos sindicales conduciendo a la destrucción de la
             organización sindical-; del Sindicato de Trabajadores del Banco Crédito
             Hipotecario Nacional –en donde más del setenta por ciento de los afiliados
             fueron despedidos causando un severo debilitamiento del sindicato- del
             Sindicato de Trabajadores del Registro General de la Propiedad –en donde
             con represalias se ha debilitado y decrecido la afiliación al sindicato y se ha
             despedido a trabajadores sindicalizados- de los cuales conoce OIT mediante
             quejas por violaciones a la libertad sindical. Igualmente casos como el del
             Sindicato de Trabajadores de la Universidad Rafael Landivar.
       21.   El Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- ha
             sostenido en diversas ocasiones respecto al derecho de huelga lo siguiente:
             “474. El Comité ha reconocido siempre el derecho de huelga como un derecho
             legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en
             defensa de sus intereses económicos y sociales. (Véase Recopilación de
             1985, párrafo 362.)”; “475. El derecho de huelga de los trabajadores y sus

10
     Ver párrafo 7 del apartado expositivo de esta queja.

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      organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para
      promover y defender sus intereses profesionales. (Véase Recopilación de
      1985, párrafo 363.)”




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CONVENIO 111, SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (EMPLEO Y OCUPACIÓN)


RATIFICACIÓN.

El Convenio 111, Sobre la discriminación (empleo y ocupación, fue ratificado por
Guatemala el 20 de septiembre de 1960 y publicado en el Diario Oficial el día 26 de
octubre de 1960.

Decreto Número 1382 del Congreso de la República de Guatemala, emitido el 31 de
agosto de 1960.


                         VIOLACIONES AL CONVENIO 111


ARTÍCULO 1.

   1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” comprende:

   a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color,
      sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga
      por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo
      y la ocupación;


   2. A los efectos de este Convenio, los términos “empleo” y “ocupación” incluyen
      tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el
      empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.


ARTÍCULO 2.

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar
a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones
y práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.


ARTÍCULO 3.

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por
métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

   a)   Tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de
        trabajadores y de los otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la
        aceptación y cumplimiento de esa política;
   b)   Promulgar leyes y programas educativos que por su índole puedan garantizar
        la aceptación y cumplimiento de esa política:
   c)   Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas
        administrativas que sean incompatibles con dicha política;
   d)   Llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al
        control directo de una autoridad nacional;
   e)   Asegura la aplicación de esta políticas en las actividades de orientación
        profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una
        autoridad nacional;
   f)   Indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas
        adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos;

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CASO ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FE Y ALEGRIA:

  1. El trabajador Jorge Augusto Navas Martínez, quien de desempeña como
     docente dentro del Programa de Educación Formal de la Asociación Movimiento
     Fe y Alegría, una organización no gubernamental con fines educativos de la
     Compañía de Jesús de la Iglesia Católica plantea una demanda en juicio
     ordinario laboral reclamando el pago de una prestación salarial por antigüedad
     denominada Trienio en virtud de que su patrono no estaba haciéndole efectivo
     dicho pago de conformidad con la regulación de la misma en el Reglamento
     Interior de Trabajo.
  2. El proceso es conocido por la Jueza Cuarta de Primera Instancia de Trabajo y
     Previsión Social quien declara sin lugar la demanda argumentando que, por
     trabajar el demandante dentro del programa de educación formal, aún y cuando
     tuviese la antigüedad para gozar de dicha prestación, según el reglamento de la
     entidad patronal no tenía derecho a percibirla.
  3. En virtud de lo sesgado de la resolución se promovió un Recurso de Apelación
     que fue conocido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y
     Previsión Social.
  4. Con fecha diecisiete de abril de dos mil siete, dentro del expediente identificado
     con el número 20-2007, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo
     y Previsión Social dicta sentencia confirmando la sentencia de primera
     instancia, la cual no le es notificada al trabajador sino hasta el diecisiete de julio
     de dos mil siete.
  5. Dicha sentencia, se fundamenta esencialmente en la aplicación de normativa
     que adolece de vicio de inconstitucionalidad por causar contención de las
     garantías reconocidas a favor de los trabajadores y trabajadoras en la
     Constitución, los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala y las
     demás leyes del país.
  6. Además de la aplicación de normativa que niega, limita y restringe los derechos
     del trabajador, la sentencia parte de una inconsistencia lógica-práctica y de la
     aplicación retroactiva de la norma aplicada toda vez que el programa de
     educación formal de la Asociación Movimiento Fe y Alegría, ya existía y
     operaba al momento de emitirse el Reglamento Interior de Trabajo, lo cual se
     desprende de que en sus disposiciones ya se regule lo relativo a las categorías
     de trabajo que abarca el Programa de Educación Formal y, que pese a ello, al
     establecer los criterios de discriminación en cuanto al goce de la prestación por
     antigüedad o trienio, no se excluye a los trabajadores del Programa de
     Educación Formal así como tampoco en los convenios suscritos entre el
     Ministerio de Educación y la Asociación Movimiento Fe y Alegría tampoco se
     establece de manera expresa en los mismos que los trabajadores han de ser
     discriminados en cuanto al goce de la citada prestación.
  7. Omite también la Sala Jurisdiccional el hecho que, dentro del expediente, ya la
     entidad demandada había reconocido expresamente que otorgaba a los
     trabajadores del Programa de Educación Formal una prestación por concepto
     de antigüedad, la cual se otorgaba cada tres años de trabajo con la única
     diferencia de que no la otorgaba en la misma cantidad y proporción que regula
     el artículo 49 del Reglamento Interior de Trabajo y que fue el motivo por el cual
     se promovió la demanda de cuya resolución derivó la sentencia de segundo
     grado.
  8. Debemos recordar que, de conformidad con el artículo 18 del Código de
     Trabajo, el contrato de trabajo es un vínculo jurídico-económico que genera
     tanto derechos como obligaciones para las partes que lo suscriben; en este
     caso, el patrono y el trabajador, derechos que no se pueden encontrar sujetos
     ni a eventos, ni a condiciones ni a voluntades externas a la relación toda vez
     que los titulares de los derechos y las obligaciones que el contrato genera son


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      exclusivamente el trabajador y el patrono. Estos vínculos generan sus efectos a
      partir de una situación práctica consistente en la prestación del servicio y la
      remuneración del mismo.
  9. No obstante lo anterior, la Sala Jurisdiccional, en un contrasentido olímpico, y
      sin haber escuchado o citado al Estado de Guatemala por medio de su
      representante legal para su comparecencia a juicio, otorga a la Asociación
      Movimiento Fe y Alegría un carácter de intermediario en la relación laboral y
      vincula al Estado de Guatemala en calidad de patrono al considerar que los
      trabajadores les correspondería gestionar ante el Ministerio de Educación sus
      mejoras salariales. A lo que agrega el desacierto de establecer una vinculación
      directa con efectos restrictivos de los derechos del trabajador de las relaciones
      sostenidas por la Asociación Movimiento Fe y Alegría y el Estado de Guatemala
      y que operan al margen de la relación regulada por el contrato de trabajo. En
      otras palabras, aún y cuando la norma establece que los derechos del
      trabajador, esencialmente los de naturaleza salarial, parten exclusivamente del
      cumplimiento o prestación por parte de este de los servicios que se obligó a
      prestar al patrono, la autoridad reclamada, en una resolución para Guinnes,
      vincula estos derechos a una relación sostenida de manera independiente entre
      el patrono y otra persona jurídica y que no modifica el contrato de trabajo
      puesto que, aún así la relación fuese con el Vaticano, el contrato de trabajo
      establece que el trabajador es el ahora amparista y el patrono la Asociación
      Movimiento Fe y Alegría. Vale recalcar que, los aventurados argumentos de la
      Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, pueden
      derivar en una demanda contra el Estado de Guatemala toda vez que provienen
      de una resolución judicial que declara que el Estado de Guatemala a través del
      Ministerio de Educación Paga el salario del trabajador y de los demás
      trabajadores del Programa de Educación Formal de la Asociación Movimiento
      Fe y Alegría, que el Estado de Guatemala es el que establece a través del
      convenio respectivo los derechos de los trabajadores pudiendo modificar el
      contrato de trabajo y que el amparista y los demás trabajadores del Programa
      de Educación Formal de la Asociación Movimiento Fe y Alegría pueden acudir y
      promover una negociación individual o colectiva en contra del Estado de
      Guatemala con el fin de obtener mejoras en sus condiciones económicas; en
      otras palabras, declara, sin la participación del Estado en el proceso, que existe
      un vínculo laboral entre el trabajador demandante y el Estado de Guatemala.
  10. Igualmente, la resolución que nos ocupa, avala una práctica discriminatoria
      regulada por el Reglamento Interior de Trabajo de la Asociación Fe y Alegría
      que contraría los derechos reconocidos al trabajador en la Constitución; los
      convenios 95 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo; el Pacto
      Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
      Organización de Naciones Unidas; La Convención Americana Sobre Derechos
      Humanos (Pacto de San José) y el Protocolo Adicional a la Convención
      Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
      Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), ambos de la Organización
      de Estados Americanos y que contraviene los artículos 18, 20, 57 y 60 del
      Código de Trabajo.
  11. A lo anterior debemos sumar, que al invocar la Sala Jurisdiccional como un
      argumento para confirmar la sentencia que conocía en segunda instancia la
      aplicación del artículo 66 del Reglamento Interior de Trabajo, según la cual los
      conflictos derivados de la relación laboral y de la aplicación de dicho reglamento
      serían conocidos y resueltos por la Dirección Nacional de la Asociación
      Movimiento Fe y Alegría, contraviene el artículo 103 Constitucional que
      preceptúa expresamente que todos los conflictos relativos al trabajo serán
      conocidos por una jurisdicción privativa; es decir, por los tribunales de trabajo y
      previsión Social.
  12. Ahora bien, si por un momento adujéramos que las disposiciones contenidas en
      los artículos 3, 49, 55 y 66 del Reglamento Interior de Trabajo de la Asociación
      Movimiento Fe y Alegría no causan contención alguna de garantías


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      constitucionales; la resolución que constituye la sentencia de segunda instancia
      continúa siendo contraria a las disposiciones constitucionales y violatoria de las
      garantías mínimas e irrenunciables del trabajador toda vez que, al ser aplicados
      dichos artículos, se omitió hacer una integración normativa y aplicar, como lo
      ordena el artículo 106 constitucional, la norma que resultare mas favorable al
      trabajador.
  13. De hecho, el artículo 49 del Reglamento Interior de Trabajo, se refiere a la
      exclusión de la prestación de trienio a los trabajadores que laboren para
      programas específicos de la Asociación Movimiento Fe y Alegría (no obstante el
      patrono continúa siendo la Asociación Movimiento Fe y Alegría) entre los cuales
      menciona varios proyectos mas no al de educación formal (que ya operaba al
      momento de la entrada en vigencia del Reglamento Interior de Trabajo) y se
      extiende dicha exclusión a los trabajadores de programas que se crearen en el
      futuro (que no es el caso del Programa de Educación Formal que ya existía en
      ese momento); este artículo, atendiendo al sentido de integridad y coherencia
      de la norma, debió ser integrado con artículo 3 del mismo reglamento que,
      establece que las exclusiones en la aplicabilidad de las disposiciones del
      Reglamento Interior de Trabajo, deben establecerse de manera expresa en los
      convenios respectivos; en este caso, en los convenios suscritos entre el
      Ministerio de Educación y la Asociación Movimiento Fe y Alegría para el
      subsidio del Programa de Educación Formal y como obra en el expediente, no
      existe norma alguna que regule la excepción invocada por la Sala Primera de la
      Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. De la misma manera,
      dichos convenios hacen referencia a que el subsidio otorgado por el Ministerio
      de Educación a la Asociación Movimiento Fe y Alegría, se otorga para el pago
      de salarios del personal que labore para el Programa de Educación Formal lo
      cual, al tenor del artículo 49 del Reglamento Interior de Trabajo y el Artículo 1
      del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, la prestación por
      antigüedad o “trienio” constituye una prestación de naturaleza salarial.
  14. En ese orden de ideas, la Sala Jurisdiccional, al aplicar la norma, la
      descontextualiza, se aparta de la realidad demostrada en el proceso y sobre
      esa base tergiversa, niega, limita, restringe un derecho salarial mínimo e
      irrenunciable del ahora amparista y hace prevalecer una norma contenida en un
      Reglamento Interior de Trabajo por sobre normas de mayor jerarquía.
  15. Los efectos de la sentencia emitida por la Sala Primera de la Corte de
      Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, pueden resumirse de la siguiente
      forma:
          A. Admite la aplicación de criterios discriminativos con la finalidad de
                negar al amparista el goce de una prestación de naturaleza salarial
                sobre la base de una norma de menor jerarquía de las normas que
                prohíben la aplicación de tales criterios.
          B. Priva de certeza jurídica la relación y vulnera el derecho de defensa del
                Estado de Guatemala puesto que se establece una vinculación de
                carácter laboral entre este y el amparista y el Ministerio de Educación.
          C. Limita la libertad de acción del amparista y traslada la facultad de
                conocer y resolver los conflictos nacidos como producto de la relación
                de trabajo a un ente que no forma parte de la jurisdicción privativa de
                trabajo.
          D. Omite hacer una debida integración de la norma aplicándola fuera de
                contexto y omite aplicar la norma más favorable al trabajador.
          E. Aplica una ley de forma retroactiva a un programa preexistente al
                momento de la entrada en vigencia del Reglamento Interior de Trabajo
                y que, pese a tal preexistencia del Programa de Educación Formal, no
                se excluye expresamente a los laborantes de tal programa de la
                prestación como se hizo respecto a los trabajadores y trabajadoras de
                otros programas coexistentes en ese momento con el Programa de
                Educación Formal.



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           F.   Aplica una exclusión sin que se hayan operado los presupuestos
                jurídicos y fácticos para que la misma operase de conformidad con el
                propio reglamento interior de trabajo, toda vez que ni el reglamento ni
                los convenios suscritos entre el Ministerio de Educación y la
                Asociación Movimiento Fe y Alegría establecen de manera expresa la
                exclusión del derecho a tal prestación de los trabajadores y
                trabajadoras del Programa de Educación Formal de la Asociación
                Movimiento Fe y Alegría.


CASO MINISTERIO PÚBLICO:


   1. El Ministerio Público, periódicamente, publica convocatorias para optar a plazas
      por oposición dentro de la institución.
   2. El proceso de oposición consta de varias etapas, la primera, consistente en un
      examen técnico jurídico que si es aprobado por el o la aspirante le da lugar a
      continuar con el proceso de oposición.
   3. La segunda etapa, consiste en un examen psicológico a fin de evaluar la
      idoneidad mental del aspirante a la plaza, si el mismo resulta satisfactorio, se
      accede a la tercera fase.
   4. La tercera fase, consiste en un examen médico general dentro el cual se
      realizan pruebas de sangre y, en el caso de las mujeres, entre las pruebas se
      encuentra la prueba de embarazo.
   5. Si el aspirante es bien evaluado en el examen médico, su expediente se
      incorpora a las listas de elegibles del Ministerio Público.
   6. No obstante, en los casos de quienes padecen de alguna enfermedad crónica
      o, en el caso de las mujeres, a quienes les resulte positiva la prueba de
      embarazo, se les excluye automáticamente de la lista de elegibles


CASO: CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR EL ESTADO DE GUATEMALA
BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 (DESNATURALIZACIÓN DEL
VÍNCULO LABORAL):

A) DEL OBJETO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL: Tanto la legislación laboral
como la misma Organización Internacional del Trabajo –OIT- tienen por objeto la
protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, entendiéndose los
mismos como garantías humanas del trabajo, mínimas e irrenunciables, encaminadas
a garantizar la existencia en condiciones de dignidad para el trabajador y su familia así
como al trabajo como instrumento de desarrollo social, protegiendo a la mano de obra
de los excesos del capital y estableciendo parámetros que separen de manera
definitiva el trabajo digno de las condiciones de esclavitud y desprotección social,
económica y cultural. Esta función la cumple la legislación laboral partiendo de dos
categorías básicas, Trabajador y Patrono, para las cuales regula derechos y
obligaciones y coloca al Estado como ente encargado de velar por el respeto de dichas
garantías, de ahí que OIT opere mediante una estructura tripartita en la que se
encuentran representados los dos elementos humanos del proceso productivo y el
Estado, llamado a mantener la armonía social mediante el cumplimiento de las normas
laborales y a través de su poder legislativo para garantizar los mecanismos en que
dichas garantías mínimas puedan ser superadas acorde al estadio de evolución de la
empresa y de la sociedad de que se trate así como para legislar en el sentido de
proteger el trabajo que, dicho de otra forma, se protege estableciendo condiciones
dignas de trabajo.

B)     DEL PRESUPUESTO LEGAL FUNDAMENTAL PARA GOZAR DE LA
PROTECCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO: Como ya lo esbozamos en la literal
anterior, para ser sujeto de los derechos y obligaciones que para las partes regula el


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Derecho del Trabajo, necesariamente se debe participar en la relación como trabajador
o como patrono, es decir, para acceder a las garantías mínimas del derecho de trabajo
entre las que se encuentra la libertad sindical y la negociación colectiva debe
participarse de la relación laboral, presupuesto fundamental para la aplicación del
Derecho de Trabajo. Dicho de otra forma, al extraer la relación del ámbito regulatorio
del Derecho de Trabajo, se excluye al trabajador del goce de los derechos y garantías
mínimas e irrenunciables que el mismo consagra, incluyendo entre estas la libre
sindicalización y la negociación colectiva y consiguientemente el de huelga. Cabe
señalar igualmente que la desnaturalización de la relación laboral en relaciones de otra
índole, excluidas de la aplicabilidad de las normas laborales excluyen igualmente a los
trabajadores y trabajadoras afectadas de los beneficios de la Seguridad y de la
Previsión Social siendo que además no gozan de la cobertura del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social ni en cuanto a enfermedad común, ni accidentes, ni
invalidez, ni vejez ni sobrevivencia, lo cual añade a su indefensión laboral la
desprotección social.

C) DE LOS MECANISMOS PARALEGALES IMPLEMENTADOS EN GUATEMALA
PARA EXCLUIR A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL DERECHO DE TRABAJO: Como ya lo indicamos, las garantías
laborales se encuentran siendo violadas en Guatemala mediante la implementación de
ciertas práctica y la creación de normativa que desnaturaliza la relación de trabajo con
el objeto de hacerles inaplicables las garantías reguladas por nuestra normativa
laboral.    Esta normativa ha sido inicialmente aprobada por el Estado de Guatemala
quien de posteriormente la ha implementando e incluso lo ha reconocido ante la propia
OIT al remitirle las memorias relativas al cumplimiento del Convenio Número 94, Sobre
las Cláusulas de Trabajo y además ha permitido se apliquen prácticas similares en la
iniciativa privada.     El Estado de Guatemala, ha recurrido a la contratación de
trabajadores mediante el renglón presupuestario conocido como 029 mientras que la
iniciativa privada ha recurrido a la aplicación de instrumentos de contratación
jurídicamente regulados como contratos de índole civil o mercantil, excluyendo ambos
la relación de las regulaciones referentes al Trabajo, lo cual no es sino un Fraude de
Ley ya que tales relaciones, por naturaleza y las condiciones en que se desarrollan,
constituyen en sí relaciones de trabajo con la excepción de que los trabajadores y
trabajadoras a quienes se les aplican no pueden, dada la manera en que tales
relaciones son formalizadas, acceder al goce y disfrute de las garantías fundamentales
del trabajo.

D) DEL ESTADO DE GUATEMALA Y EL RENGLÓN 029: El Estado de Guatemala
ha utilizado como práctica para excluir a los trabajadores y trabajadores de la
protección del Derecho de Trabajo y consecuentemente del libre ejercicio de la libertad
sindical, negociación colectiva y de huelga contratarlos bajo el renglón presupuestario
conocido en Guatemala como 029 el cual; para los efectos de fundamentación del
presente caso, analizamos a continuación:

   1.   BASE LEGAL DEL RENGLÓN 029: El renglón 029 encuentra su base legal en
        la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la
        República de Guatemala y sus reformas. Dicha ley regula en su artículo 44:
        “Se establecen los siguientes casos de excepción: 1. No será obligatoria la
        licitación ni la cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades
        públicas, conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de
        esta ley y en los casos siguientes: ...1.9 La contratación de Servicios
        profesionales individuales en general...”. Cabe indicar que ni la ley ni el
        reglamento de la misma establecen calidades específicas para ser contratados
        al amparo de dicha norma.           Sin embargo, de conformidad con la Ley de
        Colegiación Profesional Obligatoria, para ser contratado con el carácter de
        profesional se requiere necesariamente contar con un título o diploma que
        acredite a la persona como profesional egresado de alguna de las
        Universidades del País, encontrarse colegiado en el Colegio Profesional que le


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       corresponda y encontrarse sin inhabilitaciones. No obstante, de conformidad
       con la Recomendación Sobre la Relación de Trabajo que, en su Título II, en el
       párrafo 13 establece los criterios que determinan la naturaleza laboral del
       vínculo, siendo estos: “a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las
       instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la
       integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado
       única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado
       personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el
       lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de
       cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del
       trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias
       por parte de la persona que requiere el trabajo…”, estos criterios son recogidos
       en su mayoría por la Ley de Servicio Civil al definir el concepto “Servidor
       Público” en su artículo 4; de tal manera, que la sola circunstancia de que la
       persona contratada ostente una calidad reconocida no modifica el carácter
       laboral de la relación si en ella concurren los presupuestos antes citados.

  2.   FORMA EN QUE OPERA EL RENGLÓN 029: El Renglón 029 opera en
       Guatemala convocando a plazas para las cuales se establece, en algunos
       casos, un sistema de entrevistas a las cuales se accede presentando la Hoja
       de Vida (Currículum Vitae) del aspirante. Luego de estas entrevistas, si
       satisfacen las aspiraciones de la autoridad nominadora, se les llama y se les
       indica que deben inscribirse como Contribuyentes ante la autoridad tributaria
       (Superintendencia de Administración Tributaria) y solicitar la autorización de
       Facturas, como la habilitación del libro de Compras y Ventas y, en el caso del
       Régimen General del IVA, los libros de compras y de ventas, así como realizar
       una Declaración Jurada de Ingresos para el período fiscal correspondiente para
       los efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta, debiendo sujetarse a alguno
       de los regímenes de tributación respecto al Impuesto al Valor Agregado,
       pudiendo ser este del doce por ciento como pequeño contribuyente que a su
       vez puede ser el simplificado del doce por ciento sobre la diferencia entre lo
       facturado y el crédito fiscal o por el Simplificado del pago del cinco por ciento
       de lo facturado cuyo pago es trimestral o bien; el régimen General en donde
       debe pagarse mensualmente el doce por ciento sobre la diferencia entre lo
       facturado y el crédito fiscal cuyo pago debe hacerse mensualmente. Omitir el
       cumplimiento de estos requisitos implica la imposibilidad del trabajador o
       trabajadora de percibir el pago y además la comisión de delitos de orden
       tributario.   Cumplidos estos requisitos, se suscribe el contrato civil, por
       servicios técnicos o profesionales por tiempo determinado, contrato a través
       del cual se formaliza la relación de trabajo al margen de la protección que
       brinda la normativa del Derecho de Trabajo. Una vez cumplido con esto, se
       inicia con la prestación del trabajo pagándose mensualmente, por períodos
       vencidos, al final de los cuales el trabajador o trabajadora debe emitir Factura
       contable por dicho pago, aduciendo que el concepto del mismo es el pago por
       servicios profesionales o técnicos prestados por el período de un mes. Cabe
       indicar que para la contratación de trabajadores o trabajadores dentro del
       renglón 029 no se exigen calidades específicas como acreditación de la calidad
       profesional o técnica lo que conduce a que su implementación constituya una
       evasión de la relación laboral.       En otros casos, la autoridad nominadora
       propone planes de retiro voluntario, simplemente despide o espera a que por
       alguna razón el trabajador o trabajadora que ocupa la plaza permanente la deje
       vacante para sustituirle mediante un trabajador o trabajadora contratado bajo
       este renglón presupuestario.

  3.   DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES Y
       TRABAJADORAS CONTRATADOS DENTRO DEL RENGLÓN 029:                       En lo
       que se refiere a la Jornada de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras
       contratados (as) bajo el 029 observan la misma hora de ingreso a sus labores


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       que los del resto de los trabajadores de la dependencia de que se trate y,
       regularmente, la misma hora de salida con la diferencia de que a los mismos,
       en muchos casos, se les hace laborar excediendo la jornada ordinaria de
       trabajo sin que ello de lugar a un pago adicional por el tiempo laborado en
       jornada extraordinaria, este tiempo extraordinario, si bien es cierto no se refuta
       abiertamente como obligatorio debe ser laborarlo toda vez que ello incide en la
       evaluación de su rendimiento y desempeño y no trabajarlo podría significar la
       rescisión de su contrato sin responsabilidad para el Estado de Guatemala.
       Ahora bien, la suposición de que se están prestando servicios profesionales o
       técnicos implicaría no solo la no sujeción a una hora específica de entrada al
       trabajo y la total libertad del contratado para decidir la mejor forma para la
       realización del servicio, sin embargo, en el renglón 029, persiste la relación de
       dependencia ya que el mismo desarrolla sus labores bajo supervisión,
       vigilancia y dirección de un jefe inmediato superior que forma parte de la
       estructura administrativa de la entidad para la cual labora y es quien ejerce
       sobre el mismo las facultades patronales. En cuanto al pago del salario, el
       trabajador o trabajadora contratado (a) en el 029, lo recibe mensualmente y por
       períodos vencidos al igual que los demás trabajadores, con la diferencia de que
       éstos deben emitir factura por su pago, con lo cual someten el salario a las
       cargas tributarias de las cuales el salario se encuentra exento en la legislación
       nacional e igualmente puede ser embargado en su totalidad toda vez que al
       encubrirse su pago mediante la facturación, este ingreso no se encuentra
       protegido por la garantía de inembargabilidad que reviste al salario de
       conformidad con la Ley Nacional y el convenio 95 de la OIT y, en caso de
       deuda, no se le reconoce el carácter de crédito privilegiado y su cobro debe
       realizarse por la vía civil misma que es absolutamente onerosa a diferencia de
       los procedimientos regulados por el Derecho de Trabajo que se caracterizan
       por su sencillez y gratuitidad o baratez. Si bien es cierto, los salarios que se
       les pagan son superiores a los que mensualmente devengan los trabajadores
       contratados como tales en los mismos puestos o realizando funciones
       similares, a los trabajadores del 029 no se les paga aguinaldo, ni Bonificación
       Anual para trabajadores del Sector Público y Privado, Bonificación Incentivo, ni
       los demás beneficios provenientes, en su caso, de los pactos o convenios
       colectivos de trabajo y no gozan del derecho a la jubilación, ni montepío ni les
       brinda cobertura la Seguridad Social a través del Instituto Guatemalteco de
       Seguridad Social –IGSS-; a las trabajadoras no se les reconoce la inamovilidad
       ni el derecho al descanso pre y post natal ni al período de lactancia que regula
       nuestro Código de Trabajo. En cuanto al ejercicio de la libertad sindical y del
       derecho a la negociación colectiva, es preciso indicar que por ser los mismos
       exclusivos de la existencia de una relación laboral.

  4.   DEL CARÁCTER DISCRIMINATIVO DEL RENGLÓN 029: La discriminación
       laboral creada, mantenida e incentivada por el Estado de Guatemala a través
       del renglón 029 se marca desde el mismo momento en el que la relación
       laboral es desnaturalizada y extraída de su marco jurídico natural, es decir el
       Derecho de Trabajo, para regirla por normas correspondientes al Derecho
       Común las cuales no permiten el goce de los trabajadores y trabajadoras
       contratados bajo este renglón presupuestario gocen de los derechos mínimos e
       irrenunciables que garantiza, en teoría, la legislación nacional e internacional
       del trabajo, lo que a su vez incide en la inexistencia de condiciones para el
       ejercicio de la libertad sindical.    Esta discriminación, como todo acto
       discriminatorio, actúa en dos vías: La primera, respecto de los trabajadores
       contratados mediante los demás renglones presupuestarios quienes, pese a
       realizar igual trabajo, en iguales condiciones, perciben una remuneración
       mucho menor y; la segunda, en cuanto a los trabajadores contratados bajo el
       renglón 0-29, a quienes se les priva de los derechos laborales mínimos e
       irrenunciables sin que la mayor remuneración que perciben compense los
       efectos económico-sociales que conlleva la privación de tales garantías. Por


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       otra parte, en el marco del Derecho Colectivo de Trabajo, el trabajador o
       trabajadora del 029 es inducido a actuar como un elemento contrario a los
       esfuerzos organizativos y reivindicativos de los trabajadores contratados bajo
       los otros renglones presupuestarios puesto que, inicialmente, por la naturaleza
       que contractualmente le es dada a la relación de trabajo y su sujeción a un
       ordenamiento jurídico distinto, se imposibilita su sindicación y luego, al no ser
       considerados como “trabajadores”, tampoco se extienden a los mismos los
       beneficios obtenidos mediante la negociación colectiva, es decir se encuentran,
       en “derecho”, excluidos de los efectos del Pacto Colectivo de Condiciones de
       Trabajo. Esta indiferencia creada por su condición laboral y la desprotección
       jurídica a que como trabajadores y trabajadoras se encuentran sometidos hace
       mucho más factible que estos trabajadores se sientan mucho más
       identificados con las autoridades de las instituciones para las cuales laboran y
       la necesidad de hacer méritos ante estas para prolongar su frágil estabilidad en
       el trabajo, los llevan muchas veces a ser instrumentalizados en el ataque a los
       intentos organizativos o de negociación colectiva realizados por el resto de
       trabajadores. De tal forma que se crea dentro del Centro de Trabajo una nueva
       categoría laboral, aparentemente mejor remunerada pero más desprotegida, en
       donde la coincidencia entre desprotección e inestabilidad laboral los lleva a
       jugar, en algunos casos, el papel de ejecutores de estrategias y prácticas
       antisindicales.     Además de todo esto, los trabajadores y trabajadoras
       contratados con cargo al renglón 029, no gozan de los servicios de previsión y
       seguridad social toda vez que, al no considerarse trabajadores, no son objeto
       de descuentos por concepto de cotización laboral ni de pago de cotización
       patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo cual, además de
       afectarlos directamente a ellos a través de la desprotección social en que se
       encuentran, afectan a los trabajadores y trabajadores que si son formalmente
       reconocidos como tales puesto que con esto también se disminuye
       constantemente la cotización de trabajadores y trabajadoras activas lo cual
       impide mejorar e incluso pone en riesgo de desaparecer las prestaciones de
       que gozan los trabajadores y trabajadoras en condición de retiro.

  5.   LA CONTRATACIÓN BAJO EL RENGLÓN 029 COMO MECANISMO DE
       PRIVAR A LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD
       SINDICAL: La negación de la libertad sindical, el acceso a la negociación
       colectiva y al ejercicio del derecho de huelga se materializa, en estos casos,
       sobre la base de la naturaleza formal del contrato mediante el cual el Estado de
       Guatemala y sus instituciones niegan las condiciones reales en que se
       desarrolla la relación privando al trabajador de esta calidad, la de trabajador o
       trabajadora, y de la cual deriva el reconocimiento de estas garantías, para
       presentarlo formalmente como un profesional liberal que presta sus servicios
       profesionales al Estado de Guatemala a cambio de honorarios gravados por
       impuestos; es decir, se niega la relación de trabajo y se le asignan, solo
       formalmente, las características de una relación comercial. A esto se agrega
       que de conformidad con la normativa reglamentaria, los contratos de las
       personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 029 no pueden tener
       una duración mayor de un año y según sus propias cláusulas, los mismos,
       pueden ser rescindidos en cualquier momento sin que se requiera de causa
       justificada, lo cual libera al Estado de Guatemala incluso de responsabilidades
       civiles. Estas resultan sumamente persuasivas para que el trabajador o
       trabajadora ni siquiera intente ejercer su libertad sindical; esencialmente por las
       siguientes razones: Primero, porque previo al ejercicio de su libertad sindical,
       de la negociación colectiva o del derecho huelga, debe iniciar una batalla legal
       a efecto de que los tribunales declaren que la naturaleza de su relación es
       laboral y no comercial desvirtuando el contenido formal del contrato, toda vez
       que sin la calidad de trabajador o trabajadora no puede acceder a tales
       derechos; segundo, porque de conformidad con el principio de la carga de la
       prueba sobre el postulante del supuesto de hecho, corresponde al trabajador


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       probar que en la relación que se ha formalizado mediante un contrato no
       laboral concurren los presupuestos que caracterizan una relación de naturaleza
       laboral y, esta prueba, regularmente, no se encuentra a su alcance; tercero,
       porque aún iniciando la acción, siendo que la naturaleza laboral de la relación
       no existe sino hasta que ha sido declarada por el Juez y tal declaración se
       encuentre firme, las condiciones de rescisión intempestiva e injustificada del
       contrato no laboral continúan vigentes entre las partes, condiciones que son
       aprovechadas para despedir al trabajador (en ese momento profesional liberal)
       y privarlo de la fuente de trabajo y del acceso a los medios económicos para su
       subsistencia y la de su familia; cuarto, porque aún si el trabajador no es
       despedido al momento de iniciar la acción declarativa de la naturaleza laboral
       de la relación, dada la duración del proceso, la situación jurídica no será
       declarada antes de la finalización del plazo establecido en el contrato, de tal
       manera, el trabajador se sujeta a que el contrato no sea renovado; y, quinto,
       porque las condiciones cualitativas de la justicia que administran actualmente
       los tribunales que conocen en materia de trabajo y previsión social en
       Guatemala, mantienen latente el riesgo de que además de enfrentar la
       duración excesiva del proceso, el trabajador o trabajadora deba enfrentarse a
       una resolución que no se ajuste a las circunstancias de hecho y de derecho
       postuladas como asiento de la pretensión de la demanda; de tal forma, existen
       muchas posibilidades de que la demanda no prospere y el sistema de justicia
       lleve a la definitividad la situación de indefensión del trabajador.

  6.   ALGUNOS DATOS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON
       CARGO AL RENGLON 029 EN ALGUNAS INSTITUCIONES DEL ESTADO:
       Para los efectos de ilustrar el impacto en el mercado laboral de esta modalidad
       de contratación desnaturalizante de la relación laboral, citamos los casos de
       algunas instituciones:

          A.   Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo
               en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-:               Este caso lo
               citamos en virtud de que, dada la naturaleza y función del órgano de
               que se trata, podría pensarse en la existencia en la misma de un pleno
               respeto de los derechos humanos económico sociales. Tenemos que
               en su rendición de cuentas del año 2006, COPREDEH reportó un total
               de 76 trabajadores; de estos, solamente 26 se encontraron vinculados
               al Estado de Guatemala mediante una relación laboral permanente, es
               decir, con cargo al renglón 011 del presupuesto; 25 de ellos se
               encontraron vinculados mediante una relación laboral temporal
               contratados con cargo al renglón 022 del presupuesto (ello a pesar de
               que dicho órgano desarrolla funciones de carácter permanente) en
               tanto que los restantes 25 trabajadores se encontraban contratados
               con cargo al renglón 029 del presupuesto; es decir, pese a la
               naturaleza permanente de las actividades de este órgano, solo 1
               tercera parte contaban con una relación permanente mientras que, las
               dos terceras partes restantes, o se encontraban vinculados mediante
               una relación de trabajo temporal o vinculados al Estado mediante un
               tipo de contratación, además de temporal, de naturaleza no laboral en
               el aspecto formal.

          B.   Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-:                Para los
               efectos de debilitar y destruir la organización sindical, las autoridades
               de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, a partir de los
               despidos masivos de afiliados ejecutados, optó inicialmente por
               sustituir sus plazas mediante trabajadores sub contratados a través de
               una empresa prestadora de servicios; no obstante, actualmente ha
               abandonado dicha práctica y se ha acomodado a la estrategia
               generalizada en el Estado de Guatemala, de tal manera que, de 829


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                 trabajadores con que cuenta actualmente; 200 trabajadores son
                 trabajadores con cargo al renglón 011 (Permanentes); 529 son
                 trabajadores con cargo al renglón 022 (temporales) y 100 son
                 trabajadores contratados con cargo al renglón 029 (por servicios
                 profesionales).

            C.   Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-: Para los
                 efectos de impedir la creación de sindicatos, como de hecho lo afirma
                 el abogado de la Procuraduría General de la Nación al plantear un
                 aparo en contra de la constitución del Sindicato, ha adoptado
                 igualmente mecanismos para evitar al máximo contar con trabajadores
                 permanentes y con estabilidad laboral, pese a la naturaleza
                 permanente de las labores que ejecuta dicho Ministerio.             La
                 distribución de los empleados en dicho Ministerio es la siguiente: 142
                 trabajadores contratados con cargo al renglón 011 (Permanentes); 67
                 con cargo al renglón 022 (temporales); 10 con cargo al renglón 012
                 (temporales) y 200 con cargo al renglón 029 (Servicios Profesionales).

            D.   Procuraduría de los Derechos Humanos: Pese a la naturaleza de
                 esta institución y a que su personal debe realizar actividades de
                 constatación de hechos y denuncias para lo cual se necesita ser
                 funcionario público; la Procuraduría de los Derechos Humanos ha
                 contratado bajo el renglón 029 a todos los trabajadores cuyas
                 funciones reciben financiamiento de la cooperación internacional.

            E.   Procuraduría General de la Nación: Este órgano, tiene a su cargo la
                 representación judicial del Estado de Guatemala; es decir, ejerce en
                 juicio la personería Jurídica del Estado de Guatemala, no obstante, su
                 personal, en mas de un 75% se encuentra contratado con cargo al
                 renglón presupuestario 029; es decir, no son funcionarios públicos y,
                 consecuentemente, al no encontrarse dentro de la jerarquía que
                 presupone la relación funcional, no opera el principio de delegación,
                 pese a ello, el Procurador General de la Nación delega en ellos la
                 representación en juicio del Estado de Guatemala.



CASO SALARIO MINIMO:

De conformidad con el artículo 103 del Código de Trabajo, el Salario Mínimo es aquel
derecho del trabajador a un salario “que cubra sus necesidades normales de orden
material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia”

FUNDAMENTOS DEL SALARIO MÍNIMO:

El artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que:
“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia: su fin
supremo es la realización del bien común” para cumplir con tal postulado, el artículo 2
de la misma Carta magna regula que “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona”. En ese orden de ideas, el mismo texto constitucional en su artículo 47
manifiesta que: “El Estado garantiza la protección social y económica y jurídica de la
familia...”.


Obviamente, el Estado de Guatemala no se encuentra en las condiciones para cumplir
con tales obligaciones así es que, igualmente, crea mecanismos para que la población


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participe en el cumplimiento de tales fines de tal forma que esta protección estatal se
orienta a lograr la efectividad de tales mecanismos y a hacer que a través de estos el
Estado satisfaga estos compromisos sociales, es por ello que el artículo 101
constitucional sentencia “El trabajo es un derecho de la persona y una obligación
social. El régimen laboral del país debe de organizarse conforme a principios de justicia
social.” Si bien es cierto, la Constitución no nos define con claridad cuales son estos
principios de justicia social es natural que entendamos que los mismos están
directamente vinculados al cumplimiento de los deberes que le establece al Estado los
artículos 1 y 2 precitados. De lo anteriormente expresado se desprende entonces que
el Estado debe garantizar a la persona no solo el derecho de acceso al trabajo sino
también a que el producto de este satisfaga las necesidades vitales del trabajador o
trabajadora y su familia, es por ello que el artículo 7 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador- (Decreto 127-96 del
Congreso de la República), e su inciso a. Le establece al Estado de Guatemala la
obligación de garantizarle al trabajador o trabajadora: “una remuneración que asegure
como mínimo a todos los trabajadores condiciones se subsistencia digna y decorosa
para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción” lo cual retoma el derecho humano reconocido en la Declaración Universal de
Derechos Humanos que en su artículo 23 incisos 1 y 3 declara que “Toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, reconociendo en lo
referente al salario que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social”.


El salario, y el salario mínimo con mayor razón, de conformidad con el artículo 106
constitucional forma parte precisamente de ese minimun de garantías irrenunciables,
básicamente porque el mismo debe satisfacer las necesidades vitales del trabajador o
trabajadora y de su familia, tal y como lo establece el artículo 103 del Código de
Trabajo al establecer que “Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo
que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le
permita satisfacer sus deberes como jefe de familia...”.


En otras palabras, el salario mínimo tiene el carácter de prestación alimentaria y
constituye el mecanismo a través del cual el Estado debe garantizar a la persona del
trabajador o trabajadora y su familia el acceso a los satisfactores necesarios para una
vida digna y decorosa y, dicho de alguna manera, la fijación de los salarios mínimos
más que una atribución del Organismo Ejecutivo es una obligación del Estado de
Guatemala a cuyo cumplimiento está vinculada la satisfacción de sus deberes
fundamentales hacia la mayoría de la población –recordemos que el salario mínimo no
sólo debe satisfacer las necesidades básicas del trabajador o de la trabajadora sino
también las de sus respectivas familias y por lo mismo no afecta solamente a la
Población Económicamente Activa sino que afecta a toda la población- y en ese
sentido al mismo le resulta totalmente aplicable el precepto contenido en el artículo 44
de la Constitución Política de la República de Guatemala que ordena que “El interés
social debe prevalecer sobre el interés particular...”. Este interés particular, se
encuentra representado por el patrono que ejerce su actividad sobre la base del goce
de un derecho de goce eminentemente particular como lo es la libertad de empresa.


Ahora bien, regularmente, la fijación de salarios mínimos posee dos vicios de fondo; el
Primero, establecer un salario menor para las actividades agrícolas respecto a las no
agrícolas ya que a un trabajador agrícola le cobran lo mismo por los satisfactores
vitales que al trabajador no agrícola ya que los precios de los mismos se cobran


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indiscriminadamente con independencia de la naturaleza del trabajo que realice el
trabajador o trabajadora y; el Segundo, que el costo de la canasta básica vital supera
de manera abismal el monto del salario mínimo, brecha que no pretende disminuir el
Estado de Guatemala al mismo tiempo que no ejerce control alguno sobre los precios
de los satisfactores que conforman la Canasta Básica Vital y sin que el Estado
pretenda tampoco eliminar los efectos de esta falta de poder adquisitivo mediante la
satisfacción directa de estas necesidades vitales.


RESPECTO AL SISTEMA DE FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS:


El Convenio Número 26 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos, ratificado por Guatemala el veinte de abril
de mil novecientos sesenta y uno y publicado en el Diario Oficial con fecha nueve de
mayo de mil novecientos sesenta y uno, establece en su artículo 1 “1. Todo miembro
de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se
obliga a establecer o mantener métodos que permitan la fijación de tasas mínimas de
los salarios de los trabajadores empleados en industrias o partes de la industria
(especialmente en las industrias a domicilio) en las que no exista un régimen eficaz
para la fijación de salarios, por medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las
que los salarios sean excepcionalmente bajos. 2. A los efectos de este Convenio, el
término “industrias” comprende las industrias de transformación y el comercio.”. El
artículo 2 de dicho Convenio preceptúa: “Todo miembro que ratifique el presente
Convenio quedará en libertad para decidir, previa consulta a las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan en la industria o
partes de la industria en cuestión, a qué industrias o partes de la industria, y
especialmente a qué industrias a domicilio o partes de estas industrias, se aplicarán los
métodos para fijación de salarios mínimos previstos en el artículo 1.”. En tanto que, el
artículo 3, inciso 1, literal a) de dicha norma –incorporada al ordenamiento jurídico
nacional-, indica que: “Antes de aplicar los métodos a una industria, o parte de una
industria determinada, se consultará a los representantes de los empleadores y de los
trabajadores interesados, incluidos los representantes de sus organizaciones
respectivas, cuando dichas organizaciones existan, y a cualquier persona,
especialmente calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a la que la
autoridad competente crea oportuno dirigirse.”.


Como es evidente de las normas parafraseadas, la fijación de los salarios mínimos es
una atribución exclusiva del Gobierno del Estado y los interesados, es decir
empleadores y trabajadores, participan de dicho proceso con carácter meramente
consultivo más no vinculante.


El Convenio Número 99 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos (Agricultura), ratificado por Guatemala con
fecha veintidós de junio de mil novecientos sesenta y uno y publicado en el Diario
Oficial del trece de octubre de mil novecientos sesenta y uno, regula en su artículo 1:
“1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el
presente Convenio se obliga a establecer o a conservar los métodos adecuados que
permitan fijar tasas mínimas de salarios para los trabajadores empleados en las
empresas agrícolas y en ocupaciones afines. 2. Todo Miembro que ratifique el
presente Convenio quedará en libertad, previa consulta a las organizaciones interesas
más representativas de empleadores y de trabajadores, si dichas organizaciones
existen, para determinar las empresas, ocupaciones o categorías de personas a las
cuales serán aplicables los métodos de fijación de salarios mínimos previstos en el
párrafo precedente.” El artículo 3 de dicho cuerpo normativo nos ordena: “1. Todo
Miembro que ratifique el presente Convenio quedará en libertad para determinar, a


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reserva de las condiciones previstas en los párrafos siguientes, los métodos de fijación
de salarios mínimos y sus modalidades de aplicación. 2. Antes de adoptar una
decisión deberá procederse a una detenida consulta preliminar con las organizaciones
interesadas más representativas de empleadores y de trabajadores, si dichas
organizaciones existen, y con cualesquiera otras personas especialmente calificadas a
este respecto, por razón de profesión o de funciones, a las cuales la autoridad
competente juzgue conveniente dirigirse. 3. Los empleadores y los trabajadores
interesados deberán participar en la aplicación de los métodos de fijación de salarios
mínimos, ser consultados o tener derecho a ser oídos, en la forma y en la medida que
determine la legislación nacional, pero siempre sobre la base de una absoluta
igualdad.”.


Como resulta evidente, el precitado Convenio –ley nacional por incorporación-
mantiene la facultad del Estado a través del Gobierno para la fijación de los salarios
mínimos y que la opinión de los interesados, trabajadores y empleadores, observa una
mera condición consultiva sin características vinculantes en el ejercicio de la atribución
soberana del Estado de fijar las tasas de los salarios mínimos.


El Convenio Número 131 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Sobre la
fijación de salarios mínimos, ratificado por Guatemala con fecha tres de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho y publicado en el Diario Oficial el once de agosto de mil
novecientos ochenta y ocho, establece en su artículo 1: “Todo miembro de la
Organización Internacional del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a
establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de
asalariados cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema.
2. La autoridad competente de cada país determinará los grupos de asalariados a los
que se deba aplicar el sistema, de acuerdo con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores interesadas o después de haberlas consultado
exhaustivamente, siempre que dichas organizaciones existan. El artículo 3 de dicho
cuerpo legal, regula: “Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para
determinar el nivel de los salarios mínimos deberán de incluirse, en la medida en que
sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los
siguientes: a) Las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta el
nivel general de salarios en el país, el costo de vida, de las prestaciones de seguridad
social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; b) Los factores
económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de
productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.”.


Como ya lo indicamos respecto a los dos Convenios citados anteriormente, el presente
convenio mantiene que la facultad de fijar las tasas de los salarios mínimos
corresponde al Estado a través de la autoridad de gobierno competente y que la
participación de trabajadores y empleadores en dicho proceso observa un carácter
meramente consultivo más no vinculante.


Nuestro Código de Trabajo, establece y regula el sistema de fijación de salarios
mínimos en sus artículos del 103 al 115 y mediante el Acuerdo Gubernativo Número
1319, de fecha nueve de abril de 1968, “reglamento de la Comisión Nacional y de las
Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos. Si bien es cierto, una exposición didáctica
nos obligaría a referirnos al proceso de integración de la Comisión Nacional del Salario
Mínimo y de las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo, por no ser esos aspectos
objeto del presente proceso nos permitiremos omitirlos para referirnos en sí al referido
proceso. En ese orden de ideas, el artículo 110 del Código de Trabajo establece: “Son
atribuciones de las Comisiones paritarias de salarios mínimos: a) Precisar en forma
razonada los salarios mínimos que cada una de ellas recomienda para su jurisdicción


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en memorial que debe ser dirigido a la Comisión Nacional del Salario. Dicho informe
debe ser suscrito por todos los miembros de la Comisión, aunque alguno o algunos de
estos salvaren su voto. En este último caso, el memorial debe ir acompañado de los
respectivos votos razonados.” (Las negrillas y subrayados dobles son nuestros).
Debemos recordar que, según la interpretación del término “atribución”, de conformidad
con el Diccionario de la Real Academia Española, se refiere a “cualquiera de las
facultades que confiere a alguien su cargo” en tanto que el mismo diccionario define el
concepto “facultad”, en el contexto dentro del cual nos encontramos, como el “Poder o
derecho para hacer una cosa”. En ese sentido, el precisar los salarios mínimos en
forma razonada que cada una de las comisiones paritarias RECOMIENDA, deviene en
un derecho subjetivo de cada una de las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo que
se integren o creen, y como tal, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, estas pueden o no ejercer dicha atribución, en
términos prácticos, el artículo 110 inciso a) del Código de Trabajo, no establece con tal
función carácter obligatorio a las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo y, por lo
tanto, no existiendo un deber jurídico expreso, cada Comisión Paritaria del Salario
Mínimo puede o no, emitir recomendación alguna al respecto. Por otra parte, es
preciso insistir que el mismo texto legal le establece al producto del ejercicio de esta
atribución el carácter de simple recomendación –ya que la ley no le prevé
expresamente un efecto vinculante-, sin atribuirle a la misma un efecto vinculante para
el órgano jerárquicamente superior. El artículo 112 del Código de Trabajo, regula: “La
Comisión Nacional del Salario, una vez que reciba los informes de todas las
comisiones, debe rendir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el dictamen
razonado que recomienda, dentro de los quince días siguientes al recibo de dicho
informe, en el que se debe armonizar los salarios mínimos por actividad y
circunscripciones económicas en todo el país hasta donde sea posible...” (Las
negrillas y subrayados dobles son nuestros).           Como se desprende de la simple
lectura del texto legal, la obligación de las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo
para con la Comisión Nacional del Salario, es simplemente la de emitir un informe
dentro del cual, éstas pueden o no formular una recomendación, de tal forma que lo
actuado por las referidas comisiones, siendo el caso de que estas hayan ejercido la
atribución o facultad de recomendar tasas de salario mínimo para las actividades que
representan, estas RECOMENDACIONES, por su propia naturaleza no vinculan a la
Comisión Nacional del Salario ya que una RECOMENDACIÓN no es por naturaleza
vinculante ya que si eso hubiese querido la ley –Lex semper loquitor-, lo hubiese
manifestado utilizando términos como resolución, disposición, ordenes, o cualquier otro
vocablo que llevase intrínsecamente la obligación de acatar o atender.


Ahora bien, el artículo analizado del Código de Trabajo impone a la Comisión Nacional
del Salario el deber jurídico de emitir un dictamen, sin embargo, al no establecer ni la
ley ni el reglamento de la ley, forma, requisitos o formalidades mínimas de tal dictamen
ni establecer fórmulas de razonamiento del mismo, la redacción y estilo de este así
como la estructuración del documento queda al albedrío de quien lo crea o redacta y,
siendo que esa Corte no cuenta con facultades reglamentarias en este caso, no puede
esta ni debe a través de un fallo establecer requisitos para el mismo ya que ello
implicaría la usurpación de atribuciones propias del Organismo Ejecutivo.


Por otra parte, el supuesto jurídico que dicta: “en el que se debe armonizar los
salarios mínimos por actividad y circunscripciones económica en todo el país hasta
donde sea posible...” se refiere al caso que una sola actividad económica, sea por
naturaleza o por territorio, haya motivado la creación de dos o más Comisiones
Paritarias del Salario Mínimo y que cada una de estas, en el caso de que hayan
ejercido la atribución o facultad de recomendar una tasa de salario mínimo, estas no
recomendasen la misma tasa, caso en el cual existe un deber de armonizar tales tasas
pero, como lo reza la propia norma, esta armonización no se refiere a las posiciones de
trabajadores y patronos sino en sí a las tasas que dichas comisiones, en ese supuesto,


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recomendaron sin que eso sea un deber definido ya que la norma agrega “hasta donde
sea posible” y siendo que nuevamente la ley no establece tales parámetros de
posibilidad o imposibilidad, estos quedan a discreción de quienes crean el dictamen
que a la larga, como lo reza nuevamente la ley, contiene una RECOMENDACIÓN que
en ningún caso observa efectos vinculantes hacia quien la ley le establece el deber y
facultad de fijar en definitiva las tasas de los salarios mínimos.


Finalmente, el artículo 113 del Código de Trabajo, preceptúa: “El Organismo
Ejecutivo, con vista de los mencionados informes y dictámenes debe fijar
anualmente mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, los salarios mínimos que han de regir en cada actividad, empresa o
circunscripción económica. En los considerandos de los referidos acuerdos deben
consignarse las razones en que descanse la fijación de los salarios mínimos.” (Las
negrillas y subrayados dobles son nuestros). Del texto copiado literalmente y de su
mera lectura, se desprende que el Sistema de Fijación de Salarios Mínimos establecido
en el ordenamiento jurídico otorga la competencia y obligación (el verbo “deber” es
determinante para interpretarlo así) de fijar los mismos al Organismo Ejecutivo (siendo
la autoridad máxima de este el Presidente de la República) a través de Acuerdos
emanados a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social estableciéndole como
uno requisito el razonar en los considerandos del acuerdo respectivo los motivos que le
inducen a dar cumplimiento a su deber legal en la cuantía en que lo hace; ahora bien,
si tenemos en cuenta lo regulado por los demás artículos que se han parafraseado en
este apartado, en donde el papel de las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo y de
la Comisión Nacional del Salario sencillamente reviste el carácter de órganos de
consulta cuya opinión no se regula vinculante para la autoridad competente, en
congruencia con lo establecido expresamente en el último artículo citado en donde
simplemente se dice que tal deber debe cumplirse “CON VISTA” de los informes y
dictámenes que prevé la norma, se refuerza el concepto de la no vinculación del poder
del Organismo Ejecutivo en el ejercicio del deber de establecer las tasas de los salarios
mínimos ya que, si así lo hubiese querido la ley, la frase “CON VISTA” hubiese sido
sustituida por frases como “CON OBSERVANCIA” “EN ESTRICTA OBSERVANCIA
DE” “DE CONFORMIDAD CON” “CON APEGO A” o cualquier otra expresión similar
que estableciese el carácter vinculante de dichos informes y dictámenes; sin embargo,
la ley no lo regula de tal forma y, por lo mismo, no puede subsistir la presunción del
carácter vinculante de tales informes y dictámenes ya que expresamente la ley
desvanece tal presunción.

ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO
       MÍNIMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN APLICABLE A GUATEMALA:

El Código de Trabajo, en su artículo 111, para la fijación de los salarios mínimos debe
tenerse en cuenta:

       El costo de vida;
       El costo de la vivienda
       El costo del vestido
       El costo de los alimentos;

Debemos recordar que, de conformidad con la Constitución Política de la República de
Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Protocolo de San
Salvador, la Constitución de OIT, la Declaración de Filadelfia y el Convenio número 117
de OIT, deben tenerse en cuenta otros factores como lo son:

       El Costo de la Educación


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       El costo de la Salud (preventiva y curativa)
       El Costo del Esparcimiento
       El Costo del acceso a la cultura

Adicionalmente a esto debemos tener en cuenta que el Salario Mínimo es el
mecanismo mediante el cual se tasa el esfuerzo físico y mental que entraña el trabajo y
constituye la parte de la plusvalía generada por este que se reparte al trabajador y su
familia. Si este salario mínimo, tiene por objeto asegurar las condiciones básicas de
bienestar del trabajador y su familia, la tasación que se hace a través de este, por
lógica, se encuentra sujeta a ciertos limitantes en el momento de su fijación a fin de
que el mismo responda a parámetros estables no sujetos a la voluntad del patrono ya
que, su función es, básicamente, impedir la existencia de modalidades de trabajo
forzoso.

En ese orden de ideas, existen otros elementos a tener en cuenta a la hora de fijar el
salario mínimo para las diversas actividades que trataremos de enunciar, sin que dicha
enunciación sea limitativa y de razonar el objeto de tales limitantes:

       El tiempo empleado para devengarlo: En virtud de lo establecido por el artículo
       102 inciso g) de la Constitución Política de la República de Guatemala, el
       tiempo por el cual se devenga el salario mínimo consiste en la duración de la
       jornada ordinaria de trabajo, sea diurna, nocturna o mixta, sin perjuicio de que el
       trabajador, por disposición de la ley acuerdo con el patrono o costumbre, labore
       una jornada de menor duración. En ese sentido, no puede entenderse como
       parte del salario mínimo el trabajo el devengado por el trabajador en jornada
       extraordinaria de trabajo. Debemos recordar que la limitación de la duración de
       la jornada de trabajo obedece a la necesidad de establecer ciertas protecciones
       entre las cuales tenemos: Protección a la salud física del trabajador, toda
       vez que un trabajo extenuante, a mediano y a largo plazo afectan el organismo
       del trabajador o trabajadora y debe existir un tiempo razonable para compensar
       el desgaste producido por la actividad física representada por el mismo;
       Protección a la salud mental del trabajador, porque el trabajo lleva implícito
       un esfuerzo mental que requiere de una limitación razonable que proteja la
       psiquis del trabajador o trabajadora permitiéndole una adecuada recuperación
       mental, una jornada físicamente extenuante es también intelectualmente
       extenuante; Protección a la familia del trabajador, porque el trabajador es
       un ser social y, la primera célula social en la que se desarrolla, es la familia
       respecto a la cual tiene necesidad de convivencia una jornada de trabajo
       extenuante o ilimitada temporalmente necesariamente rompe esa convivencia
       familiar y genera a largo plazo problemas sociales;        Protección social al
       trabajador porque, como ya lo indicamos, el trabajador es por naturaleza un ser
       sociable y como tal, necesita interactuar fuera del ambiente de trabajo con otros
       seres humanos, necesita interrelacionarse; por otra parte,        una jornada de
       trabajo ilimitada o extenuante, reduce drásticamente el tiempo en que el
       trabajador puede gozar de un pleno rendimiento laboral, en ese sentido, el
       trabajador se vería en corto tiempo reemplazado y por lo tanto, desplazado del
       mecanismo legal para el acceso a los satisfactores económicos y sociales
       necesarios para acceder a su supervivencia y la de su familia, lo cual también le
       vedaría del acceso a un desarrollo integral para él o ella y su familia.
       Protección cultural al trabajador porque la cultura es un producto de la vida
       en sociedad, como no existe cultura sin sociedad, tampoco puede existir
       sociedad sin cultura, en ese sentido el acceso a la interacción social pasa
       obligadamente por el acceso al desarrollo cultural de la sociedad dentro del cual
       se encuentra también el esparcimiento. Protección económica al trabajador
       porque el salario mínimo le asegura a este y a su familia un ingreso mínimo
       diario que debiese ser susceptible de satisfacer todas las necesidades


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      económicas, sociales y culturales del trabajador por un esfuerzo razonable, el
      sometimiento del trabajador a una jornada de trabajo extenuante o ilimitada,
      además de violar las protecciones anteriormente enunciadas, conlleva la
      devaluación del trabajo que presta en perjuicio propio, de su familia y de la
      sociedad a la que pertenece. Protección del acceso al trabajo digno y
      satisfactorio porque el establecimiento de jornadas de trabajo extenuantes o
      ilimitadas para obtener el salario mínimo o un salario inferior a este conlleva,
      como ya lo expresamos, la devaluación de la fuerza de trabajo y, este proceso,
      conduce necesariamente al detrimento generalizado de las condiciones de
      trabajo a partir del momento de que genera competencia en el mercado laboral
      pero una competencia que apunta a la obtención de mayor trabajo por menor
      precio que contrapone la intención de lucro del patrono a su oferta de puestos
      de trabajo en condiciones dignas y satisfactorias, entendiendo su carácter
      satisfactorio como la suficiencia de los ingresos obtenidos del mismo para
      solventar las necesidades básicas del trabajador y su núcleo familiar.
      Protección del acceso al desarrollo ello debido a que la imposición de
      jornadas de trabajo extenuantes o ilimitadas para obtener el salario mínimo o un
      salario inferior, con la devaluación de la mano de obra, impide que el trabajador
      se beneficie de los productos del desarrollo impulsado por el proceso productivo
      y desequilibraría aún más la balanza en cuanto al repartimiento de la plusvalía
      generada por el trabajo ya que; por una parte, tendríamos al patrono con
      elevados índices de lucro y mayor competitividad y; por la otra, una fuerza
      laboral privada de las condiciones básicas de dignidad y subsistencia, problema
      que se extiende a su familia y a la sociedad. Protección ante el incremento
      de la carga social del Estado;           el Estado, como ente jurídico, tiene la
      obligación de asegurarle a sus habitantes el acceso a todos los satisfactores
      básicos para una vida digna y con expectativas reales de desarrollo, la
      impostura de jornadas de trabajo extenuantes o ilimitadas para obtener el
      salario mínimo o un salario inferior, además de generar severos problemas
      sociales, obliga al Estado a la inversión de una mayor cantidad de recursos
      para satisfacer las necesidades tanto del trabajador como de su familia que no
      pueden ser satisfechas debido a sus escasos ingresos; ahora bien, la histórica
      ineficacia del Estado para cumplir con tales objetivos, lejos de reducir la
      problemática, induce a su recrudecimiento y al incremento de la carga social y
      económica que pesa sobre el Estado de tal manera que los ingresos que
      podrían invertirse en desarrollo deben orientarse a la insuficiente satisfacción de
      necesidades de sobrevivencia alejando a la sociedad de que se trate de la
      consecución del estado de bienestar.
      La intensidad del trabajo: Ahora bien, el salario mínimo observa también como
      elemento importantísimo en su fijación la intensidad de la tarea que se ejecuta
      para devengarlo. Esto explica las razones por las cuales el salario mínimo es
      susceptible de ser fijado por actividad; el objetivo de ello es mantener la relación
      de proporcionalidad entre el desgaste físico y mental sufrido por el trabajador en
      su ejecución y la contraprestación económica que recibe como salario mínimo.
      En ese orden de ideas, el salario mínimo debe no solo satisfacer las
      necesidades básicas del trabajador y su familia sino que también debe asegurar
      que para su obtención el trabajador no se vea sometido a un trabajo cuya
      intensidad o ritmo de trabajo agrave el desgaste normal o racional inherente al
      trabajo.
      El esfuerzo invertido en el trabajo: Otro aspecto que debe tenerse en cuenta
      en la fijación del salario mínimo es el esfuerzo físico y mental que el trabajador
      debe invertir para la consecución del mismo.          Este esfuerzo debe ser un
      esfuerzo racional y debe guardar estricta relación con la duración de la jornada
      de trabajo y la intensidad del trabajo. Es decir, a trabajo más duro, menor
      intensidad y menor jornada de trabajo.




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       El riesgo profesional:     De la misma forma que a los anteriores aspectos, al
       fijarse el salario mínimo tiene que tomarse cuenta el riesgo profesional que
       conlleva el trabajo para el cual se fija dicho salario mínimo. Debemos recordar
       que el riesgo profesional no se debe entender limitado a las enfermedades
       profesionales o accidentes de trabajo sino que debe entenderse extendido el
       riesgo profesional que puede crearse en el momento en que el patrono, para
       pagar el salario mínimo sujete al trabajador a una jornada de trabajo extenuante
       o extensa, a un ritmo irracionalmente intenso de trabajo o a un esfuerzo
       irracional, crea como principal riesgo profesional la reducción del tiempo de
       plenitud productiva del trabajador o trabajadora de que se trate.


EXTENSIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN GUATEMALA:

El Salario Mínimo en Guatemala se establece por día de trabajo, el cual comprende
únicamente la jornada ordinaria de trabajo al tenor de lo regulado por el artículo 102
inciso g) de la Constitución Política de la República de Guatemala. Debemos recordar
que el artículo 88 del Código de Trabajo, agrega igualmente la limitación a que el
salario pueda ser devengado mediante el esfuerzo ordinario en el trabajo, es decir,
protege a los trabajadores o trabajadoras ante la imposición de un ritmo extenuante de
trabajo.


MECANISMOS DE VIOLACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO:

En Guatemala, existe una cultura patronal de violación e incumplimiento de los salarios
mínimos fijados por el Estado de Guatemala, misma que se opera principalmente a
través de los siguientes mecanismos:


       El pago de salarios semanales, quincenales o mensuales cuyo promedio diario
       no satisface el salario mínimo establecido por la ley.

       El pago de salarios por unidad de obra.

       La fijación del salario por metas de producción cuyo cumplimiento implica para
       el trabajador laborar más allá de los límites de la jornada ordinaria de trabajo
       para obtener el salario mínimo establecido por el Estado de Guatemala.


OBSERVACIONES RESPECTO AL SALARIO MÍNIMO EN GUATEMALA:

Es preciso señalar respecto al salario mínimo dos aspectos fundamentales:


       Que los salarios mínimos actuales no alcanzan para cubrir siquiera el 50% del
       Costo de la Canasta Básica Vital por lo cual se puede afirmar que en
       Guatemala aún no se cuenta con un salario mínimo de las características
       establecidas tanto por la legislación nacional como internacional aplicables.

       Que la cultura empresarial de explotación de la mano de obra ha conducido a
       que, en la práctica, el salario mínimo sea tenido por el patrono como “Salario
       Máximo” para los trabajadores, lo cual además de ser incorrecto y producto de
       una visión primitiva del proceso productivo, hace necesario que el gobierno
       imponga por lo menos semestralmente ajustes a los salarios mínimos que
       compensen la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, estos ajustes,


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       atendiendo a las necesidades que debe satisfacer el salario mínimo deberían
       oscilar hoy por hoy, en el orden de entre el 50 y el 100% de incremento anual
       hasta que estos cubran el costo de la canasta básica vital y, posteriormente, en
       los porcentajes necesarios para compensar la perdida de poder adquisitivo del
       salario.

       La necesidad de la imposición de incrementos a los salarios mínimos por parte
       del Gobierno deviene también de la cultura empresarial contraria a la
       negociación colectiva y al enfrentamiento de ésta, en los casos excepcionales
       en que no se reprime el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores,
       con la visión de no reconocer más derechos que los establecidos previamente
       por la ley, incluyendo lo referente a reivindicaciones salariales, lo cual
       contraviene el artículo 106 Constitucional y el Convenio 98 de OIT.


 LA NO VIABILIDAD DE ADOPTAR LA PROPUESTA EMPRESARIAL DE FIJAR LOS
                 SALARIOS MÍNIMOS POR PRODUCTIVIDAD


En los últimos tiempos se ha puesto en boga en el sector empresarial de Guatemala la
intención de modificar la forma de fijación del salario mínimo abandonando la actual
para establecer salarios mínimos por productividad.

Esta tendencia obedece a un proceso de preparación para la competencia planteada
desde la perspectiva neoliberal en el proceso de globalización que actualmente se vive.
Esta competencia desencarnada parte de la elevación al rango de principio único y
general tanto de las relaciones comerciales como de las relaciones laborales de las
conocidas leyes de la oferta y la demanda. partiendo de esto se pretende que, al igual
que el mercado, los derechos y obligaciones provenientes de la relación laboral sean
regidas por estas leyes privando al trabajo de su naturaleza social para ubicarlo como
otra relación comercial en puja. En ese orden de ideas se pretende a obviar que el
sistema productivo, al tenor del principio de que el interés general prevalece sobre el
particular debe ser, en primer lugar, socialmente rentable para luego ser individual o
empresarialmente rentable; en otras palabras, se pretende hacer prevalecer los
intereses particulares sobre los generales.

Ahora bien, debemos entender que el proceso productivo involucra tres elementos
fundamentales como lo son el capital, la tecnología y el trabajo; sin embargo, dentro
de estos tres elementos, solamente el trabajo posee la característica de generar
riqueza y, en ese orden de ideas, es este el que genera plusvalía que no es más que el
valor agregado a las cosas por el trabajo (o esfuerzo físico y/o mental) que implica
obtenerlas o producirlas.     La idea de fijar salarios mínimos por productividad, en
esencia, nace de una percepción irreal del proceso productivo toda vez que surge de la
concepción de que el costo de la mano de obra constituye una carga para el capital, en
tanto que; en realidad, la acumulación del capital constituye una carga para trabajo. El
Salario mínimo es en sí, solamente un mecanismo para asegurar que esta carga no
resulte tan extorsiva como para privar al trabajador o trabajadora y su familia de lo
esencial para una vida digna y con expectativas de desarrollo integral; en otros
términos, para que esta carga no llegue al vulnerar su integridad física, mental, social y
cultural.

Por otra parte, el Salario Mínimo constituye una garantía igualmente mínima efecto de
que este cumpla su función social proveyendo al trabajador o trabajadora y a su familia,
a cambio de un esfuerzo razonable, de un ingreso permanente que le permita
satisfacer todas sus necesidades básicas. Hoy día, en nuestro país, si bien es cierto
existe la figura del salario mínimo y un mecanismo para su fijación periódica, este se
encuentra lejos de cumplir con su objetivo ya que el mismo no satisface siquiera el 50%

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de las necesidades básicas-vitales del trabajador y su familia. Este déficit, tampoco es
cubierto por el Estado a través de instituciones sociales. Esto debido a una mala
orientación de la política económica y social del propio Estado que, al fijar un salario
mínimo inferior al monto que debiese tener para cumplir su cometido a efecto de
garantizar la rentabilidad de empresas cuyas condiciones no les permiten una
rentabilidad adecuada (en teoría) pagando un salario mínimo que satisfaga las
necesidades que debe satisfacer, ha optado por la protección de los intereses
particulares a costo del interés social del trabajo.

Retomando una visión real del papel empresarial en las relaciones productivas,
tenemos que el empresario realmente participa del proceso como un intermediario
entre el capital y el trabajo, siendo entonces la utilidad que éste obtiene la carga menos
justificada ya que es la misma la que sacrifica el interés social del trabajo y la
rentabilidad social del proceso productivo. La existencia o protección de esta
rentabilidad o “carga injustificada” a costa de la finalidad social del trabajo por parte del
Estado no puede entenderse sino que, como ya lo indicamos, en el holocausto del
interés social a efecto de la realización de los intereses profesionales. Si la libertad de
empresa, como derecho de naturaleza enteramente particular, es protegido por el
Estado a efecto de garantizar su rentabilidad particular fijando salarios mínimos
inferiores a los montos que debiesen tener para satisfacer las necesidades del
trabajador y su familia o bien admitiendo mecanismos de fijación del mismo sujetando
al trabajador o trabajadora a condiciones de trabajo que pongan en riesgo su integridad
física, mental, social y cultural así como a sus familias, esta libertad individual se
convierte en la violación de las garantías humanas fundamentales y, si el Estado
incumple con su deber de protegerlas, necesariamente perdería su legitimación como
persona jurídica de derecho público y al mismo tiempo no tendría razón de ser al no
tener un interés social mayoritario que justifique su existencia.

La oferta empresarial de fijar los salarios mínimos por productividad, en términos
simples puede expresarse de la siguiente manera: “Señores trabajadores, nosotros
nos comprometemos a fijar un aumento a sus salarios mínimos (no a pagar un salario
mínimo como el que debiese pagarse) a cambio de que Ustedes aumenten la
productividad e incrementen nuestras ganancias”.

La empresa empresarial, además, tiende a flexibilizar el Derecho del Trabajo en
cuanto al Salario Mínimo y jornadas de trabajo se refiere. Esto, porque el salario
mínimo actualmente se fija por día de trabajo, sujeto a una jornada de trabajo y a un
esfuerzo razonable para obtenerlo y sin que los montos de los mismos respondan
todavía a todas las necesidades que de conformidad con la ley debiesen satisfacer en
el trabajador o trabajadora y su familia; el objeto de esto es precisamente para
garantizar, con independencia cualquier otro factor ajeno a la propia relación laboral, el
trabajador o trabajadora, por el hecho de la prestación de sus servicios, tenga
garantizado un ingreso mínimo diario que responde a parámetros de tasación reales,
como lo son el costo de todos esos satisfactores que son los mismos para todos los
trabajadores y trabajadoras del país con independencia de la naturaleza de las tareas
que realicen.

El salario mínimo por productividad propuesto por el sector empresarial rompe con este
valor de tasación estable, concreto, general y determinado además de que lo sustituye
por un valor de tasado que además de inestable, poco preciso, particular e
indeterminado, responde exclusivamente al interés particular del patrono, a su
necesidad de lucro obviando las necesidades del trabajador y su familia a que
actualmente aspira a responder el Salario Mínimo, debiendo indicar igualmente que
esta productividad, ante la imposibilidad de ser establecida de manera general por el
Estado, queda a discreción del patrono y, en ese orden de ideas, no existiendo
regulación precisa, tampoco habría en ningún caso violación a la obligación de pagar el
salario mínimo.



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                                          140
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De la misma forma, la propuesta empresarial invierte la protección social inmersa
actualmente en el Salario Mínimo ya que hoy día, aún a pesar que todavía no alcance
a satisfacer el coste de todas las necesidades que debería cubrir, protege al trabajador
y trabajadora en tanto que la propuesta empresarial aspira a una tutela sobre las
utilidades que obtienen y deja a discreción de ellos los parámetros de exigencia al
trabajador para obtener ese salario mínimo al tiempo que incrementan sus utilidades.

Si los salarios mínimos se fijan hoy día por jornada de trabajo limitada tanto en tiempo
como a la exigencia de un esfuerzo razonable por parte del trabajador o trabajadora,
debemos entender necesariamente que el denominado Salario Mínimo por
productividad que propone el Sector empresarial constituye también un rompimiento
con tales limitantes toda vez que, si la propuesta existe y si se insiste en la misma, es
sencillamente porque quiere encontrarse un mecanismo “legal” para forzar al trabajador
a un mayor esfuerzo físico y mental para obtener un salario mínimo o sujetarlo a un
trabajo más extenuante dado que el incentivo de la “productividad” impulsa a la
intensificación del ritmo de trabajo.      Con esto se persigue también una mayor
devaluación del costo de la mano de obra ya que, como la práctica lo demuestra, en
todas aquellas empresas en que se ha llegado a la negociación de incentivos por
producción como vía para alcanzar incrementos salariales, en lo económico, lo que
percibe el trabajador como incentivo por ese incremento en la productividad es muy
inferior a lo que se le paga normalmente por cantidades iguales de la producción
realizada como parte del esfuerzo normal.

La productividad, como método de tasación del Salario, plantea dos alternativas para el
trabajador:

   1.   La intensificación del ritmo de trabajo y por consiguiente su sujeción a un
        mayor desgaste físico y mental durante la jornada de trabajo o;
   2.   La prolongación de la jornada de trabajo sin que este rompimiento con los
        límites del tiempo establecidos para ésta sea remunerado como tal por el
        patrono.

En ambos casos, este método conduciría a una infracción integral a los convenios 29 y
105 de la Organización Internacional del Trabajo ya que conlleva trabajo efectivamente
realizado sin que sea adecuadamente remunerado. Igualmente debemos insistir en
que esta modalidad de fijación de los salarios mínimos, sujeta las tasas de los mismos
factores como la oferta, la demanda y la propia necesidad de producción del patrono,
obviando las necesidades básicas del trabajador y su familia como motivación del
mismo.      La oferta, induce a una reducción del costo del producto; en un marco de
competencia, la oferta, por naturaleza tenderá a una permanente disminución del costo
de los productos o servicios que se ofrezcan, en ese sentido, se pretende trasladar al
salario del trabajador o trabajadora el costo de la misma. La demanda, depende de la
oferta que se haga y del consumo del producto o servicio de que se trate; la
inexistencia de demanda o la existencia de mejores ofertas, en este caso, se
trasladaría directamente al trabajador abonándole el riesgo propio de la empresa de
que se trate. La necesidad de producción del patrono, igualmente, es determinada
tanto por la oferta y la demanda, lo cual indica que, en este caso, también se
sacrificarían los ingresos vitales del trabajador o trabajadora y su familia a efecto de
garantizar la subsistencia de la empresa respectiva.

Además de lo anteriormente establecido, debemos indicar que la propuesta de adoptar
la productividad para la fijación del salario mínimo adolece del defecto de contravenir lo
establecido la ley; en primer lugar, porque el artículo 88 del Código de Trabajo al
establecer la forma de cálculo del Salario (y por ende también del Salario Mínimo) para
los efectos de pago, reconoce la Unidad de tiempo, la unidad de obra o la participación
en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono; pero no establece que el Salario
pueda pactarse por productividad; en segundo lugar, porque dicho artículo prohíbe
que los riesgos de la empresa sean trasladados al trabajador lo cual, como fue


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expresado en un pasaje anterior de este trabajo, sucede al fijar los salarios mínimos
por productividad; en tercer lugar, porque el párrafo cuarto del citado artículo, regula
que el salario debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su
labor ordinaria lo cual, en cuanto al salario mínimo, conlleva la limitación y
racionabilidad del esfuerzo para obtenerlo así como a la sujeción a la jornada de
trabajo; en cuarto lugar, porque el citado artículo en su párrafo tercero establece que
para la fijación del salario (entendiendo el salario mínimo como la expresión mínima de
éste) debe tener en cuenta la intensidad y calidad del trabajo que se requiere así como
el clima y las condiciones de vida, en ese sentido, dicha norma fortalece la
racionabilidad del esfuerzo empleado por el trabajador o trabajadora para obtener el
salario y; en quinto lugar, porque el artículo 103 del Código de Trabajo, regula que
para la fijación del salario mínimo deben tomarse las medidas necesarias para que los
trabajadores que devengan su salario por pieza, tarea, precio alzado o a destajo no
salgan perjudicados, en este caso, el incremento en la intensidad o ritmo de trabajo
para obtener el salario mínimo que presupone la fijación del salario mínimo por
productividad afectaría a los trabajadores o trabajadoras dado que su trabajo resultaría
devaluado.

En ese sentido y para finalizar, por ahora, el presente trabajo, debemos indicar que la
intención del sector empresarial de establecer como método de cálculo y fijación de los
salarios mínimos el criterio poco concreto de la “productividad” carece de viabilidad y
resulta sumamente nociva para los trabajadores y trabajadoras que debemos
rechazarlo por las siguientes razones:

   1.   Porque al abandonar las necesidades alimentarias del trabajador o trabajadora
        y su familia para sujetar el salario mínimo exclusivamente a las necesidades
        particulares del empleador, la fijación del salario mínimo por productividad
        violaría lo establecido por los artículos 44, 101, 102 de la Constitución Política
        de la República de Guatemala y 103 del Código de Trabajo.
   2.   Porque la adopción de la productividad como método para la fijación del salario
        mínimo haría del mismo una prestación incierta al no ser posible su fijación de
        manera general como sucede actualmente, lo cual violaría lo establecido por
        los artículos 102 y 106 de la Constitución Política de la República de
        Guatemala.
   3.   Porque al ser la productividad el elemento fundamental para la fijación de tal
        salario y no las necesidades del trabajador y su familia, se perdería el derecho
        mínimo e irrenunciable de que el producto del trabajo satisfaga dichas
        necesidades, lo cual violaría los artículos, 101, 102 y 106 Constitucionales.
   4.   Porque la adopción de la productividad como método de cálculo del salario
        mínimo dejaría a discreción del patrono y de las necesidades de la empresa de
        que se trate la fijación de la productividad necesaria para el goce del salario
        mínimo, lo cual haría del mismo una protección inexistente y violentaría el
        principio de igual salario por trabajo igual, lo cual violaría los artículos 101, 102,
        103 y 106 Constitucionales.
   5.   Porque en las condiciones antes descritas, la fijación del salario por
        productividad traslada el costo de la competencia y el riesgo de la empresa al
        ingreso mínimo y vital del trabajador o trabajadora. Lo cual contraviene el
        artículo 88 del Código de Trabajo.
   6.   Porque la adopción de la productividad como método de fijación del salario
        mínimo por productividad, abandonando la racionabilidad del esfuerzo y la
        duración de la jornada de trabajo viola el artículo 88 del Código de Trabajo y el
        artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala;
   7.   Porque la adopción de la productividad como mecanismo para la fijación del
        salario mínimo, partiendo de que la propuesta se orienta a elevar la intensidad
        actual del trabajo que desempeñan los trabajadores y trabajadoras, conlleva el
        incremento del esfuerzo necesario para que el trabajador o trabajadora y sus
        familias obtengan lo mínimo para tener una vida digna y con expectativas de



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        desarrollo integral. Lo cual violaría los artículos 88 y 103 del Código de
        Trabajo.
  8.    Porque la adopción de la productividad como mecanismo para la fijación del
        salario mínimo, conlleva la intensificación del ritmo de trabajo, eliminando la
        protección actualmente existente de la salud física, mental, social y cultural del
        trabajador o trabajadora y su familia al extender la jornada de trabajo o
        intensificar el ritmo o intensidad del trabajo durante la misma.
  9.    Porque actualmente los salarios mínimos no satisfacen siquiera el 50% del
        costo de la canasta básica vital.
  10.   Porque la fijación del salario mínimo por productividad conduciría a una
        devaluación constante e ilimitada del trabajo en perjuicio de los trabajadores y
        trabajadoras.
  11.   Porque la fijación del salario mínimo por productividad, en contra partida,
        conllevaría la negación del derecho a percibir por el trabajo el ingreso
        suficiente para la satisfacción de las necesidades vitales del trabajador o
        trabajadora y de su familia; es decir, admite el supuesto de que, al no
        alcanzarse la productividad establecida discrecional y unilateralmente por el
        patrono no se tiene derecho al salario mínimo, lo cual violaría los artículos 102
        y 106 Constitucionales.
  12.   Porque la fijación del salario mínimo por productividad, además de negar el
        derecho del trabajador o trabajadora y su familia a percibir por el trabajo
        ejecutado mediante un esfuerzo e intensidad racional durante la jornada de
        trabajo dotaría al patrono de las herramientas necesarias para evitar el
        incremento de mejoras económicas sociales a los trabajadores a través de la
        negociación colectiva, violando con ello el artículo 106 Constitucional,
        Convenios 87 y 98 de la OIT así como el artículo 27 de la Convención de Viena
        Sobre el Derecho a los Tratados.
  13.   Porque la fijación del salario mínimo por productividad, al conducir a la
        devaluación del trabajo, legitimaría la aplicación de modalidades de trabajo
        forzoso, contraviniendo los Convenios 29 y 105 de la OIT así como el artículo
        27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados.
  14.   Porque la fijación del salario mínimo por productividad observaría
        características absolutamente excluyentes y discriminativas puesto que,
        además de romper con el principio de igual salario por trabajo igual (Artículo 7
        del Protocolo de San Salvador, Decreto 127-96 del Congreso de la República),
        sujetaría la obligación del patrono de pagar un salario que satisfaga las
        necesidades vitales del trabajador o trabajadora y su familia a la capacidad
        productiva individual del mismo, lo cual excluiría de este derecho a las
        personas con minusvalías, con edades superiores a las edades en que se
        manifiesta la plenitud productiva del trabajador o trabajadora y otros casos que
        podrían incluirse como mecanismos de discriminación salarial.
  15.   Porque la fijación del salario mínimo por productividad podría conducir a la
        legalización de represalias contra los trabajadores por el ejercicio de sus
        derechos, incluyendo la libertad sindical y la negociación colectiva, pudiendo
        negarles el derecho al salario mínimo sea fijando mayores metas de
        productividad u ocupándolos en tareas en que no les sea posible cumplir con la
        productividad establecida para devengar el salario mínimo, lo cual violaría el
        artículo 102 Constitucional; los Convenios 87 y 98 de la OIT así como el
        artículo 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados.
  16.   Porque la fijación del salario mínimo por productividad fortalecería la práctica
        actual del sector empresarial guatemalteco de desnaturalizar el concepto de
        Salario Mínimo para aplicarlo como Salario Máximo o Salario Techo.
  17.   Porque sencillamente, al establecer la legislación aplicable a los salarios
        mínimos en Guatemala, protecciones tanto temporales (a través de la jornada
        de Trabajo) como físicas, mentales y culturales (a través de la racionalización
        del esfuerzo empleado para devengarlo) y no establecer la productividad como
        método de cálculo del salario, hace jurídicamente imposible su aplicación.



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No obstante lo anterior, su inviabilidad y el carácter discriminativo que asumiría una
fijación de salarios mínimos sobre la base de la productividad, el Gobierno de
Guatemala ha insistido dentro de los tres Acuerdos Gubernativos de fijación de salarios
mínimos emitidos durante el período de las actuales autoridades, en inducir a la fijación
del salario mínimo por productividad.



CASO SENTENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:


     1. La Corte de Constitucionalidad conoció dentro del Expediente 3046-2005 una
        inconstitucionalidad planteada en contra del artículo 4 inciso C.1 de la Ley de
        Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado.
     2. La acción de inconstitucionalidad, dada su naturaleza eminentemente
        dispositiva, presupone que el tribunal ha de pronunciarse exclusivamente
        respecto a si la norma impugnada contraría o no las garantías constitucionales.
     3. En el presente caso, la Corte de Constitucionalidad, una vez más, se excede en
        sus facultades y al resolver, sin que nadie se lo haya pedido, sin que nadie lo
        haya argumentado y sin conferirle audiencia a los afectados violando con ello
        su derecho de defensa, emite un fallo que afecta a los trabajadores y
        trabajadoras y recrudece las condiciones para el ejercicio de la libertad sindical
        y la negociación colectiva en Guatemala mediante criterios eminentemente
        discriminatorios.
     4. En la sentencia de fecha 29 de marzo de 2007, la Corte de Constitucionalidad,
        luego de una serie de reiterativas divagaciones, parte de un ejemplo para sentar
        un criterio de discriminación, contrario a la ley al cual le da el carácter de criterio
        legal de observancia obligatoria.
     5. La sentencia en cuestión, específicamente en la parte a la cual nos referimos
        establece:       “…Lo contrario puede suceder y de hecho sucede con
        desafortunada frecuencia, cuando un agente de autoridad que dispone de cierta
        discrecionalidad para el uso de la fuerza, incluso armada, pueda poner mano
        sobre las personas. Ejemplo de esto, para detenerlas o para el registro de
        individuos o vehículos, situaciones que, aunque están reguladas en normas
        constitucionales y deben actuarse con respeto a la dignidad humana, no están
        ajenas a que se ejerciten con arbitrariedad y abuso, por no decir exacciones
        ilegales, que requieren ser controladas por medio de acciones rápidas y
        eficaces que separen inmediatamente a los agentes que sean imputados de
        tales infracciones. De igual manera, tratándose de servidores Públicos que
        tienen encomendada la seguridad de la población, cualquier abandono 11,
        descuido o negligencia en el cumplimiento de los deberes, cuando revista
        caracteres de gravedad o de notoria ignorancia o indolencia, no puede
        permitirse que se prolongue con perjuicio de la tranquilidad ciudadana, en tanto
        se tramiten procedimientos para operar el despido o, al menos, la suspensión
        del agente que incurra en falta grave que lo amerite. Las especiales
        condiciones de conducta de los miembros de la Policía Nacional Civil, los
        encuadran entre otros preceptos 11y 12 del Decreto 11-97 del Congreso de la
        República. Por los argumentos anteriores, esta Corte debe matizar el alcance
        de la inconstitucionalidad del inciso C.1 del artículo 4º de la Ley de
        Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, que,
        para el caso, el concepto “trabajador” que contiene excluye a quienes prestan
        servicios de seguridad pública, los cuales por su naturaleza especial, ya
        descrita anteriormente, no pueden quedar protegidos por la prevención de los
        tribunales laborales para que, previo a su despido, deba solicitarse autorización
        judicial de la misma forma que se hace para los trabajadores públicos del

11
  Admite la imposición de modalidades de trabajo forzoso como una opción viable para el máximo tribunal de
Justicia Constitucional de Guatemala.

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     servicio civil, en los casos de planteamientos de conflictos laborales colectivos.
     Desde luego, en caso de despido, queda a salvo el derecho de los interesados
     de reclamar administrativa o judicialmente el pago de sus prestaciones…”
     “…POR TANTO:… …II.             Esta sentencia se pronuncia con la reserva
     interpretativa contenida en el considerado sexto, el cual, para los efectos
     ejecutorios del fallo, debe tenerse por incorporado a la parte resolutiva y ser
     observado en la aplicación concreta del caso…”.
  6. Como es evidente, la referida resolución, crea criterios discriminatorios y en el
     trabajo admite la imposición de modalidades de trabajo forzoso como criterio
     sentando por el máximo tribunal de justicia constitucional en Guatemala.




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C122. CONVENIO SOBRE LA POLITICA DEL EMPLEO, 1964:


RATIFICACIÓN.

El Convenio 122, Sobre la política del empleo, fue ratificado por Guatemala el 19 de
agosto de 1988 y publicado en el Diario Oficial el día 19 de octubre de 1988.

Decreto Número 41-88 del Congreso de la República de Guatemala, emitido el 4 de
agosto de 1988.


CONSIDERACIONES PREVIAS:

Para EL MOVIMIENTO SINDICAL GUATEMALTECO, el convenio 122 se encuentra
íntimamente vinculado al cumplimiento del Convenio 117 toda vez que el cumplimiento
de las obligaciones que establece no pueden ser ejecutadas sino en el marco de una
política social que se adecue a los requerimientos básicos que establece el Convenio
117. De tal forma, nuestra organización concibe los todos los Convenios de OIT como
un todo coherente con los principios y objetivos establecidos para OIT tanto por su
Constitución como por la Declaración de Filadelfia y en este caso, estima, existe total
coherencia entre lo regulado por el Convenio 117 (de manera genérica) con el
convenio 122 (de manera específica en cuanto a la política de empleo).



Artículo 1:

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el
nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema
del desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como
un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno
empleo, productivo y libremente elegido.

2. La política indicada deberá tender a garantizar:

a) que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo;

b) que dicho trabajo será tan productivo como sea posible;

c) que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las
posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le
convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea, sin
que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia
nacional u origen social.

 3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo
económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los
demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada por métodos apropiados a las
condiciones y prácticas nacionales.”.

CASO CAFTA:


 1.   Todos los Convenios surgidos del seno de OIT, incluyendo el Convenio 122,
      tienen por objeto orientar hacia el cumplimiento de los fines de democratización
      de los beneficios del proceso productivo establecidos con claridad tanto en la

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     Constitución de la Organización Internacional del Trabajo como en la
     Declaración de Filadelfia estableciendo parámetros de protección hacia los
     derechos democráticos tanto de los trabajadores, como de los patronos.
2.   Tales Convenios, incluyendo el Convenio 122, operan sobre dos principios
     fundamentales que podríamos establecer como los siguientes: A) Establecer
     una protección con carácter de mínimo aceptable hacia los factores sociales del
     proceso productivo y;        B) Instar a los Estados a superar tales niveles de
     protección en relación con el desarrollo económico y social de cada Estado.
3.   El artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala
     reconoce como garantías mínimas e irrenunciables para los trabajadores y
     trabajadoras los derechos reconocidos por el Estado de Guatemala en los
     Tratados Internacionales ratificados por Guatemala , dentro de los cuales se
     incluyen los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo e
     instrumentos como el Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, El
     Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (dentro
     del sistema de protección global de los Derechos Humanos); la Convención
     Americana Sobre Derechos Humanos –Pacto de San José- y el Protocolo
     Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de
     Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-
     (dentro del sistema de protección regional de los Derechos Humanos).
4.   Si bien es cierto, en OIT se adopta en 1998 la Declaración de la OIT Relativa a
     los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, al tenor de lo
     establecido en su párrafo 2, tiene como único objeto establecer una excepción a
     la regla general de la ratificación por parte de los Estados miembros de OIT para
     la exigibilidad del cumplimiento de los Convenios relativos a los temas
     enunciados en los literales a), b) c) y d) de dicho párrafo con los cuales se
     identifica a ocho Convenios siendo estos los números 29, 87, 98, 100, 105, 111,
     138 y 182.
5.   En ese sentido, tal declaración no puede ni debe interpretarse como la limitación
     del marco mínimo de protección buscado por OIT a las materias específicamente
     reguladas en esos ocho convenios dejando de lado los demás Convenios
     adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del
     Trabajo, no solo porque ello constituiría una violación a los principios
     establecidos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y en
     la Declaración de Filadelfia sino porque también constituiría una violación a los
     procedimientos establecidos por la propia OIT sino que también a los
     procedimientos regulados en el marco del Derecho Internacional Público.
6.   No obstante lo anterior, con fecha 16 de marzo de 2005, fue publicado en el
     Diario de Centro América el Decreto Número 35-2005 del Congreso de la
     República, sancionado y promulgado por el Presidente de la República de
     Guatemala, mediante el cual el Estado de Guatemala ratifica e incorpora al
     ordenamiento jurídico guatemalteco el Tratado de Libre Comercio entre Centro
     América, Estados Unidos y República Dominicana, conocido por sus siglas en
     inglés como CAFTA. El cual, pese a sus implicaciones y a la insistencia de las
     organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares del país, no fue
     sometido por el Gobierno de Guatemala a la consulta con la población mediante
     el procedimiento de referéndum contemplado para estos casos tanto por el
     artículo 173 de la Constitución Política de la República de Guatemala como por
     el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
7.   Pese a que el Estado ha omitido dar a conocer oficialmente el contenido íntegro
     del CAFTA a través de su publicación en el Diario Oficial (Diario de Centro
     América), gracias al sitio Web del Ministerio de Comercio Exterior de la
     República de Costa Rica ha sido posible para UNSITRAGUA acceder a su
     contenido íntegro, no obstante, al no haberse publicado su contenido ha sido
     imposible impugnarlo ante la Corte de Constitucionalidad.
8.   Dicho tratado “comercial” denominado por sus siglas en inglés como CAFTA,
     regula lo referente a los derechos laborales en su Capítulo XVI, reconoce de
     manera restrictiva la protección de los derechos reconocidos por OIT a ocho


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    Convenios que denomina fundamentales es decir, a los convenios números 29,
    87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182 liberando con ello, de manera tácita, a los
    Estados parte de dicho tratado, del cumplimiento del resto de convenios que
    haya ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo.
9. De la misma forma, el referido capítulo admite la modificación o reforma de los
    ordenamientos jurídicos laborales de cada uno de los Estados-Parte del CAFTA
    con el único requisito de no afectar los derechos reconocidos en los que
    denomina Convenios Fundamentales de OIT (es decir, los números 29, 87, 98,
    100, 105, 111, 138 y 182); ello, en las condiciones totalmente asimétricas tanto
    económicas, como sociales, culturales, políticas y comerciales existentes entre
    los Estados Unidos de América y el resto de los Estados-Parte del CAFTA no
    solamente es susceptible de provocar un severo estancamiento en el
    reconocimiento y respeto de las garantías para los trabajadores y trabajadoras
    protegidos en los Convenios “No fundamentales” (En el caso de Guatemala 57 –
    sin contar los dejados de lado-), como el Convenio 122) sino que, peor aún,
    conducir a la reforma regresiva de nuestras legislaciones laborales, lo cual
    implicaría también la violación del artículo 106 de la Constitución Política de la
    República de Guatemala. Esto, ante la imposibilidad real de la existencia de una
    verdadera competencia comercial con los Estados Unidos de América, en el afán
    de ganar la competencia forzada por las asimetrías ya mencionadas, conduciría
    al resto de los países marcados por la debilidad natural inherente a dichas
    asimetrías a competir por ofrecer al capital transnacional menores costos de
    producción –ante la desaparición de los aranceles de importación- traducidos en
    condiciones de empleo cada vez más desventajosas para los trabajadores y
    trabajadoras que aún hoy día, al menos en Guatemala, no se acercan a los
    conceptos de pleno empleo y de empleo satisfactorio defendidos de manera tan
    decidida por la Organización Internacional del Trabajo.
10. En este punto, resulta necesario tener en cuenta que la protección de la
    sociedad o de las garantías laborales no constituye un objetivo del tratado ni un
    elemento que oriente la interpretación de sus disposiciones tal y como se denota
    en El Capítulo I del TLC-RD-CAUSA, Disposiciones Iniciales:             “Artículo 1.2:
    Objetivos 1. Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera más
    específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato
    de nación más favorecida, y transparencia, son: (a) estimular la expansión y
    diversificación del comercio entre las Partes; (b) eliminar los obstáculos al
    comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre
    los territorios de las Partes; (c) promover condiciones de competencia leal en la
    zona de libre comercio; (d) aumentar sustancialmente las oportunidades de
    inversión en los territorios de las Partes; (e) proteger en forma adecuada y eficaz
    y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada Parte;
    (f) crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este
    Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de controversias; y
    (g) establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional, y multilateral
    dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 2. Las Partes
    interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los
    objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas
    aplicables del Derecho Internacional.”.
11. Lo anterior resulta complementado por el Capítulo II del tratado ratificado que
    regula en lo referente a las Definiciones Generales: “Artículo 2.1: Definiciones
    de Aplicación General.        Para los efectos de este Tratado, a menos que se
    especifique otra cosa: …medida incluye cualquier ley, reglamento,
    procedimiento, requisito o práctica;”.
12. A su vez, estas limitaciones a las débiles protecciones sociales que contiene se
    hacen mucho más graves al extender el sentido de la expropiación, en el
    ANEXO 10-C, del tratado ratificado, que, al referirse a la Expropiación,
    establece: “Las Partes confirman su común entendimiento que: 1. El Artículo
    10.7.1 intenta reflejar el derecho internacional consuetudinario concerniente a la
    obligación de los Estados con respecto a la expropiación. 2. Un acto o una serie


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    de actos de una Parte no pueden constituir una expropiación a menos que
    interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los atributos o
    facultades esenciales del dominio de una inversión. 3. El Artículo 10.7.1 aborda
    dos situaciones. La primera es la expropiación directa, en donde una inversión
    es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante la
    transferencia formal del título o del derecho de dominio. 4. La segunda situación
    abordada por el Artículo 10.7.1 es la expropiación indirecta, en donde un acto o
    una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente al de una
    expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de
    dominio. (a) La determinación de si un acto o una serie de actos de una Parte,
    en una situación de hecho específica, constituye o no una expropiación indirecta,
    requiere de una investigación factual, caso por caso, que considere entre otros
    factores: (i) el impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho de
    que un acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el
    valor económico de una inversión, por sí solo, no establece que una
    expropiación indirecta haya ocurrido; (ii) la medida en la cual la acción del
    gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables en la
    inversión; y (iii) el carácter de la acción gubernamental.”
13. Es necesario recordar que los artículos 1 y 2, del Convenio 122 recoge como
    principios de la política del empleo el cumplimiento de los principios orientadores
    de la política social establecidos en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Convenio 117
    asignando un carácter prevalerte al bienestar y desarrollo de la población así
    como al mejoramiento de su nivel de vida sobre la base de la existencia de un
    empleo satisfactorio, aspecto que es obviado por completo al negociar, suscribir
    y ratificar el CAFTA toda vez que el mismo establece en su Capitulo I: “Artículo
    1.2: Objetivos: 1. Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera más
    específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato
    de nación más favorecida, y transparencia, son: (a) estimular la expansión y
    diversificación del comercio entre las Partes; (b) eliminar los obstáculos al
    comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre
    lo s territorios de las Partes; (c) promover condiciones de competencia leal en la
    zona de libre comercio; (d) aumentar sustancialmente las oportunidades de
    inversión en los territorios de las Partes; (e) proteger en forma adecuada y
    eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada
    Parte; (f) crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de
    este Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de
    controversias; y (g) establecer lineamientos para la cooperación bilateral,
    regional, y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.
    2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz
    de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas
    aplicables del Derecho”. Tal disposición, como resulta evidente, no tiene en
    cuenta los fines prioritarios de la política social a que se refieren los artículos 1,
    2, 3 y 4 del Convenio 117 y, por el contrario, aunado a las disposiciones
    contenidas en el Capítulo II y anexo X-C del CAFTA, conducen necesariamente
    al detrimento aún de las condiciones actuales conducen a la generación de una
    política de empleo contraria a lo preceptuado por los artículos 1 y 2 del Convenio
    122..
14. Vale la pena tener en cuenta que los artículos 1 y 2, del Convenio 122
    establecen obligaciones que, en determinado momento, requerirán de
    inversiones extraordinarias tanto por parte del Gobierno como por parte de las
    empresas y, en ese marco, siendo obligación del Gobierno adoptar tales
    medidas, las mismas podrán ser interpretadas como medidas de expropiación
    indirecta.
15. De la misma manera, el artículo 5, en concordancia con el artículo 27 de la
    Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, establece no solo la
    vigencia sino la obligatoriedad de cumplimiento del Convenio 117 y, de tal
    manera, al haber el Estado suscrito un instrumento internacional que limita tal
    obligación en sus relaciones comerciales con República Dominicana, El


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    Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y los Estados Unidos de América,
    viola de manera integral las disposiciones del Convenio 117 respecto del cual
    también (Anexo 10-C del CAFTA) crea las condiciones prácticas para hacer
    nugatorio su cumplimiento.
16. Vale señalar igualmente que los efectos previstos a corto y mediano plazo de
    dicho acuerdo comercial como lo son la pérdida de aproximadamente
    500,000,000 de quetzales por concepto del impuesto directo de importación y la
    pérdida de aproximadamente 60,000 empleos en su primer año de vigencia; no
    solo impediría la disponibilidad de recursos por parte el Estado de Guatemala
    para la realización de la inversión social necesaria para dar cumplimiento a los
    compromisos sociales que genera el Convenio 122 sino que obligaría a
    laceración o incremento de los impuestos indirectos (dada la posibilidad de ser
    sancionado por expropiación indirecta de conformidad con el anexo 10-C del
    CAFTA en el caso de crear nuevos impuestos directos) lo cual aunado a la
    actual condición de desempleo, recrudecido por la pérdida de fuentes de trabajo
    a raíz de la destrucción de la agricultura nacional y de la pequeña y mediana
    empresa incrementaría la vulnerabilidad social, laboral y económica de la
    población guatemalteca y en especial de los pueblos indígenas y tribales.
17. En ese sentido, la ratificación del CAFTA por parte del Estado de Guatemala,
    conlleva la violación integral del Convenio 122.




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C144. SOBRE LA CONSULTA TRIPARTITA (NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJO),
1976.


Ratificación: 7 de febrero de 1989

Decreto Número: 14-89

Emisión: 7 de febrero de 1989


                         VIOLACIONES AL CONVENIO 144


Artículo 1

En el presente Convenio, la expresión organizaciones representativas significa las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, que gocen del
derecho a la libertad sindical.

Artículo 2

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente
Convenio se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas
efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los
trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la Organización
Internacional del Trabajo a que se refiere el artículo 5, párrafo 1, más adelante.

2. La naturaleza y la forma de los procedimientos a que se refiere el párrafo 1 de este
artículo deberán determinarse en cada país de acuerdo con la práctica nacional,
después de haber consultado a las organizaciones representativas, siempre que tales
organizaciones existan y donde tales procedimientos aún no hayan sido establecidos.




Artículo 3

1. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a efectos de los
procedimientos previstos en el presente Convenio, serán elegidos libremente por sus
organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones existan.

2. Los empleadores y los trabajadores estarán representados en pie de igualdad en
cualquier organismo mediante el cual se lleven a cabo las consultas.

Artículo 4

1. La autoridad competente será responsable de los servicios administrativos de apoyo
a los procedimientos previstos en el presente Convenio.

2. Se celebrarán los acuerdos apropiados entre la autoridad competente y las
organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones existan, para
financiar la formación que puedan necesitar los participantes en estos procedimientos.

Artículo 5

1. El objeto de los procedimientos previstos en el presente Convenio será el de
celebrar consultas sobre:

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a) las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos
en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios de los
gobiernos sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia;

b) las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes
en relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con
el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo;

c) el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de
recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas
podrían tomarse para promover su puesta en práctica y su ratificación eventual;

d) las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la
Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo;

e) las propuestas de denuncia de convenios ratificados.



A) Efectividad de las Consultas:


CASO TLC-RD-CA-USA:


Pese a contener el Tratado de Libre Comercio Suscrito entre República Dominicana,
Centro América y los Estados Unidos de América en su Capítulo XVI, disposiciones
relativas al cumplimiento de algunos de los Convenios ratificados por Guatemala ante
la Organización Internacional del Trabajo, la suscripción y ratificación del mismo no fue
sometida a consulta ante la Comisión Tripartita Sobre Asuntos Internacionales de
Trabajo.



CASO LEY DE SERVICIO CIVIL:

En este caso, el Gobierno no realizó la consulta de esta iniciativa de ley pese a los
efectos que podría tener la misma respecto al cumplimiento de los Convenios
Internacionales ratificados por Guatemala ante la Organización Internacional del
Trabajo. Para los efectos de evadir este procedimiento, el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social emitió dictamen favorable a dicha ley aduciendo que no violaba
normas nacionales ni internacionales relativas al trabajo y a la previsión social.


CASO LEY DE SERVICIO MUNICIPAL:

En este caso, el Gobierno no realizó la consulta de esta iniciativa de ley pese a los
efectos que podría tener la misma respecto al cumplimiento de los Convenios
Internacionales ratificados por Guatemala ante la Organización Internacional del
Trabajo. Para los efectos de evadir este procedimiento, el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social emitió dictamen favorable a dicha ley aduciendo que no violaba
normas nacionales ni internacionales relativas al trabajo y a la previsión social.




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CASO CONVENIO 175:

Previo a entrar en materia, es necesario señalar que el salario mínimo en Guatemala,
que de conformidad con el artículo 103 del Código de Trabajo debe satisfacer las
necesidades de índole material, moral y cultural del trabajador o trabajadora y su
familia, presenta un déficit aproximado del 115% frente al costo de la Canasta Básica
Vital que es la unidad estadística que, aunque no los abarca todos, recoge muchos de
los satisfactores que serían necesarios para dar cumplimiento al artículo 103 del
Código de Trabajo.

Ante dicho déficit, las trabajadoras y trabajadores además de laborar jornadas
ordinarias se ven en la necesidad de laborar jornadas extraordinarias, como un
paliativo a su situación económica que les permite, si no alcanzar los ingresos
necesarios para satisfacer sus necesidades, al menos alimentarias, por lo menos
reducir la brecha existente entre lo que devengan y lo que necesitan.

Con respecto a lo anterior, debemos tener en cuenta que el costo de la Canasta Básica
Vital oscila actualmente hasta el mes de junio del año en curso en Q2,920.94
mensuales y que, en Guatemala, menos del treinta por ciento de la población
empleada obtiene ingresos mensuales iguales o superiores al coste mensual de la
CBV; ha de citarse también que de la población económicamente activa, menos del
cuarenta por ciento cuentan con empleo formal. En otras palabras, el empleo en
Guatemala es esencialmente precario.

En estas condiciones, el Organismo Ejecutivo, en contubernio con el sector
empresarial, aún y cuando los trabajadores manifestamos nuestro rechazo en la
Comisión Tripartita Sobre Asuntos Internacionales de Trabajo, pretende la ratificación
del Convenio 175, Sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, de la Organización Internacional
del Trabajo. El efecto de la aprobación de dicho instrumento en la legislación
guatemalteca sería simple y sencillamente permitir una mayor precarización del trabajo.

La contratación a tiempo parcial, en los términos regulados por el Convenio 175 de
OIT, afecta a los y las trabajadoras de diversas maneras:

   a) En primer lugar, porque no permite ni protege un ingreso mínimo diario al
      fraccionar de hecho el salario, con lo cual se pierde la esencia de la tutela social
      inmersa en el salario;
   b) En segundo lugar, porque extiende de manera no remunerada la jornada de
      trabajo del trabajador o trabajadora toda vez que lo sometería a movilizarse y a
      perder tiempo en el traslado de un empleo a otro; y
   c) En tercer lugar, porque afectaría la cobertura de la seguridad social para los
      trabajadores y trabajadoras que, al llegar a la edad de retiro, contarían con
      pensiones mucho más bajas que las que actualmente paga el Instituto
      Guatemalteco de Seguridad Social, amén de las perdidas de las demás
      prestaciones laborales irrenunciables tales como aguinaldo, vacaciones,
      bonificación anual (bono 14), bonificación mensual (incentivo), el pago del
      séptimo día, prestaciones que se pagan por cierta cantidad de días, meses y
      año trabajados y, la libertad sindical y la negociación colectiva.

En opinión del movimiento sindical, es poco certera la afirmación del gobierno y del
sector empleador que por medio de este instrumento se generarían más fuentes de
trabajo. Además en el informe de 2006 el Director General de la OIT advirtió que el
trabajo a tiempo parcial en los países subdesarrollados -caso Guatemala- genera sub
empleo y precarización de la mano de obra.

El Convenio 175 fue aprobado y creado sobre la base de realidades distintas a la
Guatemalteca y es funcional en aquellos países en los cuales los índices de
precariedad en el empleo son sumamente bajos o inexistentes, en los cuales el nivel de


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ingreso del trabajador o trabajadora supera lo necesario para la sola subsistencia de
este y su familia y no para realidades como la nuestra en la cual el desempleo, el sub
empleo y el empleo precario son la regla general.

Por otra parte, la ratificación del Convenio 175 de OIT, constituiría una violación a lo
preceptuado por el artículo 102 literal g) de la Constitución Política de la República de
Guatemala que establece: “… Quienes por disposición de la ley, por la costumbre
o por acuerdo con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas
semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos
en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal…”… De
tal manera que no es cierto que en Guatemala no se admita la contratación a tiempo
parcial, de hecho, existe la posibilidad de que el trabajador o trabajadora labore menos
tiempo que el fijado para la jornada ordinaria de trabajo; no obstante, como una medida
de protección social acorde a lo preceptuado por los artículos 101 y 103
constitucionales, no se admite el fraccionamiento del salario que es lo que
verdaderamente pretenden los promotores de la ratificación del Convenio 175 de la
Organización Internacional del Trabajo.

No obstante lo anterior, cuando la opinión de los trabajadores se manifestó en el seno
de la Comisión Tripartita Sobre Asuntos Internacionales de Trabajo, la misma fue
intencionalmente obviada y evadida por parte de los representantes del Gobierno y del
Sector Empleador y, de tal cuenta, la iniciativa de Ley que dispone la ratificación del
Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo fue trasladada al Congreso
de la República en medio de severas anomalías que hicieron de la consulta un ejercicio
poco efectivo.


B) Elección libre de los representantes por parte de las organizaciones
representativas:



CASO ACUERDO GUBERNATIVO 285-2004

   1. El Estado de Guatemala, ratificó el Convenio número 87, Sobre la Libertad
      Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación con fecha 28 de enero de
      1952 e igualmente ratificó el Convenio Número 144, Sobre la Consulta
      Tripartita, con fecha 7 de febrero de 1989 mismos que se encuentran
      actualmente vigentes para Guatemala.
   2. El artículo 1 del Convenio 144 establece:         “En el presente Convenio, la
      expresión “organizaciones representativas” significa las organizaciones más
      representativas de empleadores y trabajadores, que gocen del derecho a la
      libertad sindical.” En tanto que el párrafo 1 del artículo 3 del mismo Convenio
      regula que “Los representantes de los empleadores y trabajadores, a efectos de
      los procedimientos previstos en este Convenio, serán electos libremente por
      sus organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones existan.”
   3. El artículo 3 del Convenio 87 reza: “1. Las organizaciones de trabajadores y de
      empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
      administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su
      administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2.
      Las autoridades Públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
      limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.”.
   4. Que el Presidente de la República de Guatemala y el Ministro de Trabajo y
      Previsión Social emitieron el Acuerdo Gubernativo Número 285-2004 mediante
      el cual se crea (nuevamente) la Comisión Tripartita Sobre Asuntos
      Internacionales de Trabajo.
   5. El primer párrafo del artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 284-2004
      establece: “Convocatoria.          El Ministerio de Trabajo y Previsión Social,


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     convocará con un mes de antelación a la fecha en que deba (sic) tomar
     posesión los miembros de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales
     de Trabajo, a los sectores sindicales y a las entidades industriales, agrícolas,
     comerciales y financieras más representativas para que designen a sus
     representantes dentro de los 15 días siguientes. Si los sectores convocados
     incumplen con la presentación de las nóminas respectivas dentro del plazo
     fijado, o si proponen un número mayor que el requerido el Ministerio de
     Trabajo y Previsión Social hará la designación atendiendo al criterio de
     mayor representatividad.           La designación se hará mediante Acuerdo
     Ministerial...” (Las negrillas y subrayados dobles son nuestros).
  6. El citado artículo incurre en violación a los Convenios 87 y 144 a partir del
     momento en que establece la representación del sector empleador a “las
     entidades industriales, agrícolas, comerciales y financieras” toda vez que tales
     convenios reconocen la representatividad de los empleadores en razón de su
     carácter de empleadores más no de la actividad económica a que estos se
     dedican y, al hacer una enumeración de tales actividades, se excluye in limine a
     representantes patronales de otras áreas de la economía además de que se
     limita a entidades o personas jurídicas aún y cuando existen patronos
     individuales agremiados en diferentes tipos de asociaciones. Por otra parte,
     cabe recordar que en Guatemala existe una entidad denominada COMITÉ
     COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, COMERCIALES
     INDUSTRIALES Y FINANCIERAS (CACIF). Llama poderosamente la atención
     la coincidencia existente entre el texto del artículo 7 del Acuerdo y la
     denominación social de la entidad antes indicada. Ahora bien, tal disposición,
     al limitar la representación del sector empleador por la actividad económica que
     realizan (pese a que tal representación obedece a su carácter de patrono,
     según el Convenio 144) y la “coincidencia” antes apuntada denota la intención
     manifiesta de tal disposición gubernamental de restringir la representación del
     Sector Empleador a una sola entidad representativa de los mismos y niega la
     misma a cualquier otra expresión organizada de los empleadores en
     Guatemala, existente ahora o en el futuro, a elegir sus representantes en este
     espacio tripartito.
  7. En el caso de la representación del Sector Sindical de Trabajadores, el artículo
     7 del Acuerdo Gubernativo Número 284-2004, contraviniendo los artículos 3 del
     Convenio 87 y 3 del Convenio 144; el Estado de Guatemala atrae para sí una
     atribución exclusiva de las organizaciones sindicales como lo es la elección
     directa y libre de sus representantes en el espacio tripartito y le asigna al
     Ministerio de Trabajo y Previsión Social la facultad de intervenir y sustituir este
     derecho de elección que asiste a las organizaciones sindicales mediante la
     designación unilateral de sus representantes por parte del Ministerio de Trabajo
     y Previsión Social. Por otra parte, sujeta el criterio de representatividad (de
     menor jerarquía que el de legitimidad) a la discrecionalidad del Ministerio de
     Trabajo y Previsión Social; es decir, le permite, a su conveniencia, establecer
     unilateralmente cuál o cuales organizaciones le resultan más representativas lo
     cual afecta a las organizaciones que por las limitaciones a la libertad sindical
     que existen en Guatemala operan sobre la base de la legitimidad reconocido
     como criterio fundamental tanto por los Convenios 87 y 144 como por la
     Constitución de OIT y la Declaración de Filadelfia aún y cuando la
     representatividad que se ejercería en la Comisión Tripartita Sobre Asuntos
     Internacionales de Trabajo no es la representatividad de la organización sindical
     como tal sino como movimiento sindical y, por lo tanto, tal representatividad
     debe ser establecida por las propias organizaciones sindicales mediante la
     elección directa y libre de sus representantes para dicho espacio tripartito. En
     otras palabras, el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 284-2004 viola la
     libertad sindical y hace ilegítima a la Comisión Tripartita Sobre Asuntos
     Internacionales de Trabajo a partir del momento en que le otorga al Ministerio
     de Trabajo y Previsión Social la facultad no solo de establecer la
     representatividad del Sector Sindical de Trabajadores sino que también la de


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