Evaluación Común de País Venezuela - ONU

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					Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela Evaluación Común de País Common Country Assessment | CCA 2006

Evaluación Común de País / Common Country Assessment – CCA, Venezuela 2006

Presentación

Como parte de su programa de reforma dado a conocer en 1997 dirigido a aumentar la eficacia y la eficiencia de las Naciones Unidas como institución promotora de la paz y el desarrollo mundiales en el siglo XXI, el Secretario General destacó fuertes vínculos recíprocos entre diferentes sectores: paz y seguridad; reducción de la pobreza y desarrollo humano sostenible, y promoción y respeto de los derechos humanos. En respuesta a sus instrucciones para que las Naciones Unidas expresen una visión y una estrategia coherentes que posibiliten un enfoque unificado de las metas comunes de desarrollo a nivel de los países, fueron adoptados la Evaluación Común para el País y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (CCA y UNDAF, respectivamente, por sus siglas en inglés) como herramientas de planificación estratégica para el sistema de Naciones Unidas. Este documento constituye la Evaluación Común de País (CCA) 2006 del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Su objetivo principal es presentar un diagnóstico compartido por las agencias acreditadas en el país que comprende los principales problemas de desarrollo identificados a nivel nacional, el análisis de sus causas, la valoración de su importancia de acuerdo con los esfuerzos emprendidos internamente para solucionarlos y los mejores aportes de la cooperación para contribuir a resolverlos. El contenido de este documento se enmarca dentro de los propósitos del Sistema de Naciones Unidas dirigidos hacia la construcción de un enfoque unificado de país con base en las Metas de Desarrollo de la Declaración del Milenio, definido como un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza en el siglo XXI, pacto que fue suscrito por 189 Jefes de Estado y de Gobierno en septiembre del año 2000. La elaboración de este diagnóstico ha sido una responsabilidad conjunta de todas las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, con el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente, teniendo como columna vertebral la transversalización de los enfoques de derecho y de género, y el mandato de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todos sus análisis. Estas aproximaciones hacia la cooperación para el desarrollo y la programación reconocen que las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de ayudar a los países a cumplir con sus obligaciones en lo que a los derechos humanos de sus ciudadanos se refiere, de conformidad con la normativa internacional suscrita en esta materia por los Estados miembros de la organización. Finalmente, los apartados que aquí se presentan encuentran origen en estudios recientes de todas las agencias involucradas, una gran parte de cuyos contenidos fueron avalados por el Gobierno Nacional a través de consultas intersectoriales. El diseño de cadenas causales para cada uno de los problemas identificados devino posteriormente en el establecimiento de las áreas prioritarias donde el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela puede colaborar, considerando sus ventajas comparativas y las necesidades del país. Tales líneas estratégicas han sido consultadas con el Gobierno venezolano con miras a la formulación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo-UNDAF para los próximos cinco años (2007-2012) y constituyen la base de este diagnóstico.
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Introducción El país: población, instituciones y economía
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Los cambios institucionales que ha sufrido Venezuela durante la última década verifican el advenimiento de un nuevo paradigma de la política y del propio ejercicio de la democracia. Este proceso encontró su origen, en lo que a legislación se refiere, en el diseño y aprobación de un nuevo texto constitucional a principios de 1999, en el que se formaliza un ambicioso proyecto de refundación de la República y se sientan las bases de una sociedad democrática, participativa y protagónica, así como multiétnica y pluricultural, animada por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, la paz, la libertad, la solidaridad, la integridad territorial, el bien común, la promoción de la cooperación pacífica, la autodeterminación de los pueblos, el equilibrio ecológico y la democratización de la sociedad internacional (CRBV, Preámbulo, 1999). El Estado es definido, en esta Constitución, como uno de justicia, federal y descentralizado, pero bajo términos diferentes a los establecidos en el modelo de democracia representativa establecido en la Constitución de 1961, al menos en lo que institucionalidad se refiere1. De esa forma, la Constitución de 1999 agregó a la clásica tríada de los poderes públicos otras dos ramas, correspondientes a la salvaguarda de las virtudes republicanas y a la regulación de los asuntos electorales, a saber, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, a la par que consolidó las bases y políticas para la interacción dinámica del crecimiento económico sostenido, las efectivas oportunidades y equidades sociales, la dinámica territorial y ambiental sustentables, la ampliación de las oportunidades ciudadanas y la diversificación multipolar de las relaciones internacionales (MPD, 2000: Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, p. 4). Otras innovaciones que se destacan en la nueva Constitución son: • • • • • • El privilegio permanente de los derechos humanos y su rango supraconstitucional; El reconocimiento de derechos propios y garantías de protección a los pueblos indígenas; El reconocimiento de la igualdad de género; El fortalecimiento de las instancias locales de decisión y del sistema de rendición de cuentas por parte de las autoridades electas. El establecimiento de un nuevo sistema económico fundado en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. La creación de la Asamblea Nacional como máximo órgano del poder legislativo con un solo cuerpo de representantes.

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La Constitución de 1961 contemplaba un Congreso Nacional bicameral, con representación de senadores y diputados. |3

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La modificación del papel de los partidos políticos y la sociedad civil; La participación como eje articulador del Estado y principio organizativo de los poderes públicos, que se expresa en el derecho a la participación directa e indirecta; el carácter democrático y participativo del gobierno; la creación de los referendo populares consultivos, revocatorios, aprobatorios y abrogatorios; la referencia a las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, como órganos populares con carácter vinculante regidos por legislación especial; la construcción de un Sistema de Planificación Nacional, integrado por el Consejo Federal de Gobierno, Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas en cada entidad estadal y Consejos Locales de Planificación Pública en cada entidad municipal; la descentralización de servicios públicos a comunidades y grupos vecinales; y la participación de la sociedad organizada en la elección de cargos públicos, así como en la formulación, ejecución y control de la gestión pública.

Entre las novedades más interesantes en el nuevo ordenamiento destaca que sólo cuida las relaciones estructurales de género en las diferentes dinámicas que describe y regula, incluso en el uso del lenguaje, sino que también hace referencia permanente a la disminución de las brechas de capacidades entre el Estado y la ciudadanía, especialmente en el caso de poblaciones vulnerables. A partir de 1998, el triunfo electoral de una visión diferente de país estimuló el reacomodo de las fuerzas políticas y la reestructuración de los movimientos opositores de acuerdo con un nuevo programa. Este cuadro produjo situaciones de alta conflictividad y polarización entre sectores sociales, característica que se hizo aún más patente con la relegitimación de los poderes públicos así como en la aprobación de algunas materias de interés colectivo por parte del gobierno nacional.
La cooperación para el desarrollo en Venezuela en el área de la gobernabilidad democrática En el área de la institucionalidad democrática Venezuela presenta valiosas oportunidades de cooperación dentro de líneas tales como: § El fortalecimiento del marco institucional que emana de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y más específicamente en lo referido a la ampliación de la participación ciudadana en los niveles locales para el logro del desarrollo humano sostenible; § El mejoramiento de las capacidades de los órganos del Estado y de la sociedad civil que administran los sistemas de protección de derechos humanos (promoción del acceso igualitario a la justicia, diseño de políticas de seguridad ciudadana y reducción de la vulnerabilidad a la violencia); § El fortalecimiento de la transparencia y eficacia de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad, así como la optimización de los sistemas de gestión pública y de prestación de servicios, incluyendo la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación.

El aumento de las tensiones entre los diferentes actores políticos devino progresivamente en numerosos episodios de violencia, una ruptura del orden constitucional en abril de 2002 y un paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, sólo por mencionar los más resaltantes y de mayor impacto durante ese período. Acciones de calle y protestas civiles también fueron parte de la agenda pública con motivo de los diferentes comicios convocados a lo largo de los últimos ocho años, especialmente en ocasión del referendo revocatorio del mandato presidencial en agosto de 2004. La consolidación del programa político del presidente Hugo Chávez y el consecuente despliegue de la revolución bolivariana, ha movilizado al gobierno nacional en el diseño y la
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implantación de nuevos abordajes al desarrollo, mediante el combate del déficit social –que se podría identificar como de carácter histórico– y la construcción de nuevas instituciones y estilos en el manejo de la administración pública. Esto ha supuesto, igualmente, un modo especial de legislar alrededor de aquellos aspectos de la vida pública otrora desatendidos o sobre los cuales era preciso realizar algunos ajustes para garantizar así el despliegue de los principios consagrados por la Constitución de 1999. En 2001, el Presidente de la República promulgó 49 decretos con carácter de leyes nacionales con el propósito de llevar adelante cambios en el ordenamiento económico, siguiendo las funciones y prioridades constitucionales asignadas al Estado en esta materia, como son: la protección de la industria petrolera y del comercio externo, un papel privilegiado para la agricultura, la erradicación del latifundio y la promoción de la asociatividad económica colectiva. Las leyes más importantes fueron: la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero y la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES). Por otra parte, la renta derivada de la actividad petrolera ha sido asumida como un mecanismo de provisión de seguridad social y de reducción de las vulnerabilidades que afectan a la población más pobre, abriendo paso a una institucionalidad diferente y al margen de los órganos tradicionales de asistencia del Estado. Este es el caso de las misiones, cuyo propósito central desde su creación en 2002 es atender las necesidades de los sectores excluidos en áreas tales como salud (Misión Barrio Adentro); atención odontológica (Misión Sonrisa); atención de la vista (Misión Milagro); alfabetización (Misión Robinson); educación básica, diversificada y superior (misiones Ribas, Sucre y Alma Mater); investigación científica (Misión Ciencia); identificación civil (Misión Identidad); seguridad alimentaria (Mercal); empleo y economía popular (misiones Vuelvan Caras y Vuelvan Caracas Jóvenes); diversificación de la economía de acuerdo con las riquezas minerales (Misión Piar); distribución de las tierras (Misión Zamora); atención a las madres en situación de pobreza (Misión Madres del Barrio), indigencia (Misión Negra Hipólita); vivienda (Misión Hábitat); milicia de reserva (Misión Miranda); inclusión de los pueblos indígenas (Misión Guaicaipuro) y conservación ambiental (Misión Árbol)2. El pleno funcionamiento de las misiones así como de otros programas orientados a la superación de la pobreza y la desigualdad en Venezuela sigue el espíritu de la universalización de los derechos sociales y la ampliación de la cobertura de atención a sectores excluidos y desfavorecidos. Sin embargo, en virtud de su muy reciente data y pese al alto nivel de inversión, es necesario elaborar indicadores que permitan medir el impacto de estas intervenciones. También es importante mencionar las diferentes iniciativas legislativas que el gobierno nacional impulsó desde el año 2002 para poner en práctica los nuevos mecanismos de participación directa en los asuntos públicos que establece la Constitución. Entre las iniciativas aprobadas por la Asamblea Nacional sobre el tema de participación, son relevantes las siguientes leyes: Ley de los Consejos Locales de Planificación, aprobada en el año 2002; Ley del Poder Público Municipal, aprobada en el año 2005; y Ley de los Consejos Comunales, aprobada en el año 2006. Un país en transición demográfica avanzada
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Para mayor información sobre las misiones se puede consultar las siguientes direcciones: http://www.misionvenezuela.gov.ve y http://www.pdvsa.com. |5

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Con una población estimada en 26,6 millones para el año 2005, Venezuela es un país en proceso de transición demográfica. El sostenido descenso de la mortalidad general y de la mortalidad infantil, la disminución de las tasas de fecundidad, así como la rápida urbanización y la concentración de servicios sociales entre las décadas de los años cuarenta y cincuenta contribuyó a elevar la esperanza de vida de la población venezolana. En tal sentido ha descendido la natalidad de manera sostenida hasta menos de la mitad de su valor inicial. Así mismo, la fecundidad decreció y con ello se redujo el tamaño de la familia. En 1960 las mujeres venezolanas tenían en promedio cerca de 7 hijos/as; veinte años después el promedio se había reducido aproximadamente a 4 hijos/as. En las décadas siguientes la fecundidad continuó su tendencia decreciente hasta llegar a un nivel promedio de 2,6 hijos por mujer. Otro rasgo distintivo de este proceso de transición es la rápida e intensa transformación de la población rural en población urbana, pasando esta última de 40% en 1950 a 90% en el año 2000, lo que ha tenido amplias repercusiones sociales. Asociada al elevado incremento de la población total, la acelerada urbanización multiplicó por nueve la población urbana en el curso de cincuenta años, que equivale al ritmo de crecimiento acumulativo más alto de América Latina. Esta transición se observa también en la transformación de la estructura por edades de la población venezolana: de una estructura expansiva donde los menores de 15 años ocupaban casi el 46% del total y las personas de 65 años y más constituían apenas el 3%, se pasó a una estructura relativamente madura, donde el grupo de 0 a 14 años representa el 31% y el de 65 años y más aumentó a 5%, con tendencia a crecer en forma continua. De igual manera, la transición se puede observar en el gran peso que tiene la población en edad de trabajar, la cual se aproxima actualmente a 64%. A consecuencia de una mortalidad baja y al marcado descenso en la fecundidad, el peso de los menores de 15 años tenderá a reducirse. La persistencia de esta reducción por un tiempo prolongado llevará al envejecimiento de la población por el aumento de la edad mediana de los activos. Así lo indican las proyecciones de población para el año 2020. En la transición demográfica avanzada también intervienen los flujos migratorios. En 1980, los porcentajes más altos de población mayor de 60 años se encontraban en aquellas entidades territoriales más rezagadas de los procesos de modernización. En esos casos, la importancia de los adultos mayores se debe a la migración de la población en edad de trabajar. Actualmente, las entidades más avanzadas muestran señales de envejecimiento asociadas con los logros de supervivencia de la población adulta mayor mientras que las más rezagadas continúan presentando porcentajes de personas mayores superiores al promedio nacional por los factores expulsores de población en edad activa. Un país de desafíos y oportunidades económicas y productivas La economía venezolana, casi desde comienzos del siglo XX, creció por el impulso que le daba la expansión del influjo de divisas proveniente de la actividad petrolera. El ingreso cada vez mayor de divisas se tradujo en el incremento monetario sostenido que estimulaba la demanda por producción interna y las importaciones. El ingreso fiscal creciente era el soporte de una política de expansión del gasto y de la inversión pública, lo que incluía infraestructuras, empresas públicas, el factor humano y el fomento de la producción
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industrial, consistente en amplios subsidios, transferencias y concesión de privilegios fiscales a los productores privados domésticos. Aunque Venezuela ha contado con un alto volumen de ingresos por la renta petrolera, este volumen no ha tenido correspondencia con la percepción real de ingresos nacionales por parte de la población ni con los bienes y servicios disponibles. Entre 1950 y 2003 se registró una reducción de 38,5% en el PIB real per cápita, lo que equivale a una contracción anual de 1,85% durante 26 años consecutivos. La tasa de variación interanual del PIB real por habitante comenzó a tomar valores negativos entre 1978 y 1985. La contracción del PIB real per cápita en ese lapso fue de 24,2%. Desde 1986 en adelante el comportamiento de esta variable muestra una alta volatilidad con tendencia al estancamiento. Incluso, las tasas espectaculares de ingresos petroleros alcanzadas en los años 2004 y 2005 (15,8% y 7,5%, respectivamente), apenas lograron superar ligeramente el nivel de disponibilidad real de bienes y servicios por habitante existente en el país para 1985, manteniéndose por debajo del de 1964.

GRÁFICO I.1 VENEZUELA: PIB PER CÁPITA

Fuente: cálculos propios basados en datos del BCV (varios años). Data 1950-1998: Series Estadísticas de Venezuela. Data 1995-2003: PIB por clase de actividad a precios de 1984. Data 1997-2005: Programa de Estimaciones del PIB trimestral por clase de actividad económica a precios de 1997.

Los eventos económicos que tuvieron la potencia para alterar la dirección ascendente que por casi 60 años mantuvo la economía venezolana, fueron: a. La debacle de 1978 Entre 1978-1985 se produce una caída significativa del PIB por los efectos de la nacionalización del petróleo. En 1979 el gobierno aplica una política de “enfriamiento” consistente en menores escalas de producción y exportaciones que redujeron la productividad total del sector petrolero con notables impactos sobre su contribución fiscal.
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Además, en 1982 se produce una crisis de pago de la deuda externa como resultado de la abrupta elevación de las tasas de interés internacionales. b. La crisis de pagos de 1983 El importante nivel de endeudamiento de la economía nacional y las políticas monetarias y cambiarias seguidas desde 1979 tuvieron un efecto directo en la contracción del gasto interno al tiempo que la recesión internacional redujo los ingresos fiscales por exportación, empujando a la baja el gasto público interno con consecuencias severas sobre inversiones, transferencias distributivas y apoyo a la industria nacional. c. La crisis de del ajuste en 1989 En 1989 el PIB por habitante cayó respecto al año anterior en 11% como resultado de las políticas de ajuste macroeconómico aplicadas. Una variación brusca en el costo de vida dio pie a una fuerte reacción popular. En adelante, los miembros inactivos, especialmente las mujeres, se vieron forzados a incorporarse a la búsqueda de ingresos. Por esta razón la tasa de desocupación abierta comenzó a ascender de manera pronunciada. d. La crisis bancaria de 1994 Los síntomas recesivos que mostraba la economía nacional se agravaron en 1994 y constituyeron la causa de la situación de crisis bancaria que se presentó en el país durante ese año. Además de reducirse la capacidad del sector público para apoyar a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad de la sociedad y contraerse el ingreso real de los hogares, se destruyeron cuantiosos puestos de trabajo, conduciendo a un importante grupo de trabajadores al autoempleo. El efecto de ello fue el crecimiento de la informalidad. e. Los choques exógenos de 1998-1999 y 2002-2003 En los años 1998-1999 y 2002-2003 se produjeron choques exógenos transitorios en la economía, como lo fueron la crisis asiática y la crisis global latinoamericana derivada de la recesión norteamericana de 2001. En 1998-1999 aparecen desajustes endógenos adicionales como consecuencia de la crisis bancaria de 1994 y el ajuste fiscal y cambiario de 1996. En los años 2002-2003, sin duda, los acontecimientos políticos internos como el golpe de estado y el paro económico convocado por sectores de oposición al gobierno explican la abrupta caída del PIB y sus consecuencias sobre la reducción del gasto fiscal. Aun cuando tales acontecimientos son resultado de causas relativamente independientes entre sí, en conjunto tuvieron un efecto de acumulación y repercusiones permanentes sobre las capacidades para el desempeño económico y social del país. La contracción prolongada en el crecimiento económico condujo a una menor ocupación de los factores productivos y a la disminución de la productividad total de los factores, lo cual tuvo efectos directos sobre la remuneración de éstos. La combinación de acontecimientos y factores, dada la relativa abundancia de trabajo no calificado así como la escasez y la desigual distribución del capital físico y del trabajo calificado, llevó a una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, lo que ocurrió especialmente al ampliarse las disparidades entre los centros urbanos y urbano-rurales del país.

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Las manifestaciones de colapso económico y la ausencia de políticas pertinentes para hacer frente a las situaciones mencionadas repercutieron en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo para la mayor parte de la población del país. En particular, estas repercusiones fueron: el aumento de la desocupación abierta, la pérdida de empleos de calidad y el aumento de la precariedad y de la informalidad ocupacional, la reducción de la remuneración al trabajo, el aumento de la pobreza y la exclusión social, al igual que la disminución de la protección social, entre otras cosas. En general, los resultados económicos de 2004, 2005 y lo que se conoce de 2006 se apoyaron en la recuperación del precio internacional del petróleo. Las exportaciones generan entradas de divisas que, frente a un tipo de cambio fijo, expanden el dinero de base. Éste se incorpora a la economía fundamentalmente mediante el gasto público. El gasto termina convirtiéndose en demanda privada y pública de producción nacional e importaciones. A partir del año 2003, la demanda agregada interna, expresada en términos reales por habitante se recuperó notablemente. Este resultado proviene, en lo fundamental, de la mejoría del consumo privado real por habitante por efectos de una menor tasa de expansión del Índice de Precios de Consumo (IPC), conjuntamente con las medidas aplicadas para elevar las remuneraciones de los trabajadores. El consumo del sector público también se expandió, aunque no en las proporciones del gasto privado en bienes finales. En este caso, las mayores transferencias al sector privado y el mayor empleo público, así como los incrementos de las remuneraciones dan cuenta de ese mayor nivel. Por su parte, la formación bruta de capital real por habitante también muestra un repunte respecto del año 2003. Sin embargo, aún se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en 1997 y 1998.
GRÁFICO I.2 VENEZUELA: DEMANDA AGREGADA INTERNA REAL PER CÁPITA

Fuente: BCV, Agregados macroeconómicos.

El gasto social, en general, desde 1998, muestra una tendencia a crecer más rápidamente que el gasto total, habiendo alcanzado su máxima participación en el total del gasto con un
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41,4% en el año 2004. El mayor crecimiento del gasto social real per cápita respecto del gasto público total real per cápita se explica, a su vez, por los mayores recursos destinados a educación, seguridad social y salud.

GRÁFICO I.3 VENEZUELA: GASTO SOCIAL FRENTE

A GASTO PÚBLICO TOTAL

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE.

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Capítulo 1: Pobreza e Inequidades
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Se considera que la pobreza es expresión de la falta de oportunidades y opciones para que la población desarrolle sus capacidades y potencialidades y alcance el nivel de vida que permita su realización plena como personas y como parte de la sociedad3. Así mismo, hoy se reconoce que la pobreza es el resultado tanto de debilidades en el crecimiento económico como de las desigualdades en el acceso a los productos de ese crecimiento, que se origina en parte en la discriminación y la exclusión política, social, económica y cultural. Llamaremos inequidades al conjunto de estas dimensiones que influyen de manera determinante en la pobreza así como en la calidad de vida de todos los grupos por género, edad, características socioeconómicas y étnicas de una sociedad, con el propósito de llamar la atención sobre las situaciones de injusticia que están implicadas en estos fenómenos, así como las consideraciones éticas, sociales y económicas que deben ser tomadas en cuenta para actuar sobre sus causas y consecuencias. La meta de reducción de la pobreza en Venezuela La pobreza en Venezuela tiene una fuerte incidencia regional y presenta grandes disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Los problemas de mayor influencia en la pobreza que presenta el país se relacionan con amplios déficit en el acceso a la vivienda, al empleo y a las actividades productivas.
El gobierno de Venezuela se ha propuesto cumplir la primera Meta del Milenio, que consiste en reducir a la mitad el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema para el año 2015, tomando como referencia el año 2002, en el cual 25% de la población se encontraba en tal situación. Ello implica que para el año 2015 las personas en hogares en situación de pobreza extrema deben ubicarse en 12,5%. La línea nacional de pobreza extrema se encuentra por encima de la línea internacional sugerida por el PNUD, que se estima en un dólar diario (MPD/PNUD, 2006).

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Desde el punto de vista del desarrollo humano, entendido como el camino para ampliar las oportunidades y opciones de la gente para lograr un desarrollo más democrático y participativo, la pobreza puede definirse como “… la ausencia, la denegación del desarrollo humano. Por consiguiente, su causalidad y los rasgos principales de su caracterización se encuentran íntimamente relacionados con la carencia de oportunidades y opciones esenciales en la vida de una persona y con fallas en las capacidades básicas. Allí se ubican la carencia de recursos, la insatisfacción de necesidades básicas y la escasa participación (…) vinculada con la ausencia de voz, poder y representación” (PNUD, 2001: 18). | 11

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Los niveles de pobreza En el período 1997-2005, la pobreza económica4 bajó de 48% a 38% y el número de personas pertenecientes a los hogares en esta situación disminuyó de 54% a 44%. Dentro de este conjunto de hogares, los que se encuentran en pobreza extrema pasaron de 19% a 15%, y el número de personas al interior de estos hogares disminuyó igualmente de 23% a 18% (ver en Anexo cuadros A.1a y A.1b). Desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)5, la pobreza ha tenido una leve mejora en lo que se refiere a la asistencia escolar de las personas más jóvenes. No obstante, el hacinamiento y las viviendas inadecuadas continúan siendo un problema significativo. En el caso de los servicios básicos es notoria una mejor situación. Igualmente, la dependencia económica también evidencia mejora, probablemente debido a la disminución del desempleo.
CUADRO 1.1 INDICADOR NBI, 1997 – 2005
% de hogares con: Niños 7 a 12 años que no asisten a la escuela Hacinamiento crítico Viviendas inadecuadas Sin servicios básicos Alta dependencia económica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1,7 13,7 4,9 17,6 6,9

1,8 14,6 6,6 15,7 6,2

1,7 15,0 5,9 14,7 6,4

1,7 15,3 5,7 15,7 6,5

1,8 14,1 5,4 14,0 6,0

1,9 16,4 9,5 17,1 5,7

1,9 16,2 9,2 16,3 5,5

1,5 15,7 8,8 15,7 5,4

1,4 14,1 8,1 12,0 5,1

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo.

Aunque la pobreza presenta tendencias declinantes, es necesario considerar su distribución y concentración regional. En Venezuela, el Distrito Capital es la entidad con menos pobreza económica. Para el año 2005 esta entidad mostraba el menor porcentaje de pobres y de pobres extremos en su población. En la situación contraria se encuentran los estados Sucre y Barinas. Además, hay una notable distancia de pobreza entre el Distrito Capital y el estado Miranda, que ocupa la segunda mejor posición, al igual que entre el mismo Distrito Capital y
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Por convención internacional, la pobreza económica se mide por el método de líneas de pobreza. La primera línea se traza comparando el ingreso per cápita de los hogares con el valor de una canasta básica normativa de alimentos, la cual debe cubrir las necesidades nutricionales de 5 miembros en un hogar. Los hogares cuyo ingreso laboral está por debajo de esta línea se encuentran en pobreza extrema. La segunda línea se calcula multiplicando por 2 la línea anterior, estimando que otros bienes y servicios básicos tienen un costo equivalente al doble del costo de los alimentos. Debajo de esta línea se encuentran todos los hogares en pobreza. 5 La medición de la insatisfacción de necesidades básicas es una otra metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística para la estimación de la pobreza en Venezuela, pero aquí se establece el foco en indicadores críticos de pobreza producidos con base en las estadísticas generada regularmente por el INE. El Instituto Nacional de Estadística la evalúa con base en la presencia o ausencia de características de la vivienda, tales como materiales del piso o techo o el acceso a servicios como el agua potable o el servicio de cloacas. Se consideran también rasgos demográficos del hogar como número de miembros, educación del jefe o asistencia de los niños a la escuela. | 12

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el estado Vargas, en el caso de la pobreza extrema. Los estados Lara, Yaracuy, Apure, Sucre y Barinas son los que presentan la situación más precaria, puesto que la mitad de su población está por debajo de la línea de pobreza.
CUADRO 1.2 ENTIDADES FEDERALES SEGÚN PORCENTAJE DE POBREZA, 2005
Pobres Distrito Capital Miranda Monagas Carabobo Vargas Delta Amacuro Anzoátegui Portuguesa Mérida Nueva Esparta Táchira Aragua 19% 28% 32% 32% 32% 35% 36% 37% 38% 38% 39% 39% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pobres extremos 6% 1 11% 4 12% 5 13% 8 10% 2 10% 3 13% 7 14% 9 13% 6 21% 19 15% 11 14% 10 Pobres Zulia Bolívar Falcón Amazonas Trujillo Cojedes Guárico Apure Yaracuy Lara Barinas Sucre 41% 42% 43% 43% 44% 45% 49% 49% 50% 51% 55% 55% 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pobres extremos 16% 12 19% 15 20% 17 19% 14 17% 13 19% 16 21% 18 23% 22 23% 21 22% 20 26% 24 25% 23

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo.

El perfil de las inequidades Las inequidades se reflejan en varios aspectos de la vida de los/as venezolanos/as a lo largo del ciclo de vida. Las desigualdades territoriales son muy marcadas en el país. La desigualdad en los ingresos y en el acceso a la riqueza, expresadas en pobreza y diferenciales de nivel educativo, condiciones laborales, acceso a la salud, falta de vivienda y fragilidad en las redes familiares y comunitarias afectan sensiblemente las oportunidades y opciones de calidad de vida de la población. Estas desigualdades se relacionan también con factores demográficos. La aplicación de políticas públicas orientadas hacia la redistribución de la riqueza deben ser prioritarias así como la inclusión debe ser un elemento destacado en las políticas, entendida en última instancia como redistribución de poder político en el ámbito de los derechos y también como poder para optar y decidir proyectos de vida. Esa inclusión debe tomar en cuenta tanto la igualdad como la diversidad para generar condiciones que permitan a la población el desarrollo de sus aspiraciones individuales y colectivas. Inequidades regionales La urbanización fue uno de los pilares del desarrollo político, económico y social del país entre las décadas cincuenta y setenta, creando nuevos modos de vida y también nuevos problemas en las condiciones de calidad de vida de la población. Durante estos años, el centro norte costero, que representa el 2% del territorio, y específicamente las ciudades de Caracas, Distrito Capital, y Maracaibo, estado Zulia, fueron los principales polos de atracción y concentración poblacional. Dentro de estos espacios predominaron asentamientos humanos en terrenos irregulares, viviendas improvisadas con espacios insuficientes y falta
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de acceso a servicios básicos y sociales. En estos asentamientos se ha estimado que vive hoy aproximadamente el 50% de la población de las ciudades. Las cifras indican que la dinámica de urbanización cambió a partir de la década de los ochenta. El crecimiento de las ciudades ya no se debe a los movimientos migratorios campociudad ni se relaciona con la industrialización, sino al aumento de la densidad interurbana. Las grandes ciudades se han expandido, ocupando zonas rurales cercanas o periféricas sin realizar en ellas actividades agrícolas y, a la vez, se han fortalecido otras ciudades y regiones metropolitanas en el resto del país. De esta forma, la ciudad de Caracas ha ido perdiendo su relevancia poblacional con el tiempo6, y Maracaibo su velocidad de crecimiento. Cerca del 90% de la población venezolana vive en áreas urbanas. Esto parece indicar que la población rural es cada vez menos significativa en la configuración socioterritorial del país. No obstante, la forma de delimitar lo urbano subvalúa las formas de ocupación rural y sobrestima lo urbano, haciendo pensar que la mayoría de los venezolanos viven en grandes ciudades dotadas de vialidad, instituciones y servicios. En Venezuela sólo el 35% de la población habita en ciudades de más de 1 millón de habitantes: Caracas y su área metropolitana, Maracaibo, Valencia, Maracay y Barquisimeto. Se destaca también Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, que ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años. El resto de la población reside en ciudades y centros poblados medianos y pequeños, con variedad de densidades y características urbanas, o en zonas rurales con poblaciones concentradas o dispersas. De acuerdo con la división político-territorial del país, integrada por 24 estados federales y 345 municipios autónomos, existe una amplia heterogeneidad y disparidades de distribución de la población. Un 50% de la población se concentra en 6 estados del país (Zulia, Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Lara y Aragua. Los estados con menor población son: Apure, Nueva Esparta, Vargas, Cojedes, Delta Amacuro y Amazonas. El 71% de los municipios cuenta con poblaciones inferiores a 50.000 habitantes y el 40% con menos de 20.000 habitantes. En el Informe de Desarrollo Humano 2002 (PNUD, 2003) se encontró que la desigualdad de condiciones de vida está asociada con la distribución espacial de la población, de tal manera que a menor urbanización se encuentran peores condiciones de vida. Los bajos ingresos, la baja calidad de la vivienda y de los servicios públicos aumentan en la medida en que disminuye el tamaño de los asentamientos socioespaciales. Desde el punto de vista socioeconómico, las disparidades coinciden con la distribución poblacional. La diferencia entre los ingresos promedios de cada región muestra una marcada ventaja del Área Metropolitana de Caracas sobre las regiones del interior del país, estando en mayor desventaja las ciudades pequeñas y las zonas rurales. Aun cuando se observa la inferioridad de los ingresos que perciben los hogares ubicados en zonas populares del Área Metropolitana de Caracas, estos están en mejor situación que los que viven en el resto del país. Tomando como indicador el Coeficiente Gini para observar la desigualdad regional, en el año 2003 el valor más bajo lo presentó el Distrito Capital y el más alto el estado Anzoátegui.

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En la ENPOFAM (1998) se encontró que l 30% de las adolescentes encuestadas eran migrantes. Estas migraciones se encuentran fundamentalmente en zonas del interior del país y en ciudades de menos de 25.000 habitantes procedentes de Caracas. Esta migración es además reciente, son cambios de residencia que ocurrieron hace menos de 10 años. | 14

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CUADRO 1.3 POSICIÓN DE EQUIDAD POR ESTADOS DISTRITO CAPITAL ZULIA GUÁRICO SUCRE BOLÍVAR FALCÓN MIRANDA APURE MONAGAS TÁCHIRA AMAZONAS 0,336 0,341 0,358 0,376 0,379 0,399 0,405 0,409 0,413 0,417 0,472 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 19 VARGAS BARINAS LARA ARAGUA PORTUGUESA NUEVA ESPARTA DELTA AMACURO CARABOBO MÉRIDA TRUJILLO YARACUY COJEDES ANZOÁTEGUI 0,385 0,427 0,436 0,451 0,454 0,467 0,472 0,472 0,473 0,479 0,481 0,500 0,501 6 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24

Fuente: procesamiento propio con base en datos del INE, Encuesta de Hogares por Muestreo.

El Índice de Desarrollo Humano por estados permite identificar diferentes territorios de menor a mayor desarrollo. Esta clasificación ayuda a priorizar las políticas de inclusión y redistribución a nivel regional. De acuerdo con esta clasificación los estados con menor desarrollo son Amazonas, Delta Amacuro y Guárico, los dos primeros con alto9 porcentaje de población indígena, que en algunos casos coincide también con inequidades económicas y con una baja densidad poblacional.
CUADRO 1.4 CLASIFICACIÓN DE VENEZUELA EN TERRITORIOS SOCIALES , 2002 Territorio Social 1 (Menor desarrollo) Amazonas Delta Amacuro Guárico Territorio Social 2 Yaracuy Sucre Trujillo Portuguesa Barinas Apure Territorio Social 3 Lara Falcón Monagas Mérida Táchira Cojedes Territorio Social 4 Nueva Esparta Aragua Anzoátegui Bolívar Carabobo Zulia Territorio Social 5 (Mayor desarrollo) Distrito Capital Miranda

Fuente: Estratos definidos según PPA$ per cápita. Datos obtenidos del Índice y Entorno del Desarrollo Humano en Venezuela, INE/PNUD, 2002.

Inequidades por igresos En lo que respecta a la composición de grupos socioeconómicos en el país, FUNDACREDESA ha realizado estudios aplicados en el Área Metropolitana de Caracas que han permitido
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construir categorías sociales a partir de la ocupación del jefe del hogar y otras variables7. En estos estudios se ha encontrado que el 7,9% de los hogares pertenecen a una primera categoría constituida por un 96,8% de profesionales, empleados y comerciantes, el 44,3% a una segunda categoría donde el 84,7% son empleados y obreros especializados, y el 47,7% pertenece a una tercera categoría conformada por 100% de obreros especializados y no especializados. Combinando estas categorías con una extensa cantidad de variables demográficas, educacionales, nutricionales y de salud, FUNDACREDESA ha intentado conformar estratificaciones de las condiciones de vida de la población venezolana. En los análisis que ha venido realizando el Ministerio de Planificación y Desarrollo (2002) sobre la estructura del mercado de trabajo, se encontró que para el año 2000 las mujeres conformaban el 36,5% de la población ocupada y los hombres el 63,4%. El sector de actividad económica de mayor peso poblacional es el sector “no transable”, en el cual se producen bienes que no son comercializables con el resto del mundo, como por ejemplo el sector servicios. Las mujeres representan la primera fuerza laboral en este sector, debido a su creciente ritmo de participación en el mercado de trabajo durante los últimos años8. De éstas, el grupo de mujeres calificadas asalariadas del sector “no transable” es el que se distingue más por su tamaño (14,5%) del resto de los grupos laborales donde ellas participan (1,5%). Los hombres, en cambio, tienen mayor significación en los grupos calificados y no calificados asalariados y no asalariados del sector “no transable” (13,87% y 22,7% respectivamente). Los hombres tienden a presentar una remuneración promedio superior a las mujeres en los mismos grupos. Los grupos laborales representativos de los hombres concentran el 18,45%, mientras que el grupo de las mujeres, recibe el 15,8%. Las disparidades por ingreso en Venezuela superan a otros países de la región. En un trabajo realizado por el ILDIS sobre distribución del ingreso en el país con datos hasta 1995, se encontró que el 10% más pobre de la población recibía 2,4% de los ingresos por trabajo, mientras que el 10% más rico, un 34,9% de este ingreso, situación que se vio agravada en los años noventa. En el año 2003, las desigualdades seguían siendo pronunciadas. El 10% más pobre obtenía en ese año el 16% del ingreso promedio, mientras que el ingreso promedio del décimo decil más rico fue 4 veces y medio superior. La diferencia entre ambos es de 1 a 27 veces. Lo que muestra aún más la desigualdad es que el 80% de la población tiene un ingreso promedio por debajo del promedio nacional. Una fuente importante de ingresos son las transferencias en dinero por concepto de pensiones, jubilaciones, transferencias entre hogares y ayudas de la asistencia social en dinero que más recientemente ha asumido un importante rol en la composición del presupuesto familiar en Venezuela debido a los programas sociales entre los que destacan las Misiones Sociales. Estas transferencias aumentan el ingreso de los hogares en casi 13% y modifican la forma de la distribución haciéndola menos desigual.

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El análisis de FUNDACREDESA se basa en el Método Graffar modificado por el Dr. Méndez Castellanos en el cual se incluyen las variables Profesión del Jefe de Familia; Nivel de Instrucción de la Madre, Principal Fuente de Ingreso de la Familia y Condiciones de Alojamiento en la Vivienda. 8 “Al comparar los años 1996, 1998 y 2000 se observa que (...) la tasa de participación de las mujeres aumenta mientras que en los grupos masculinos disminuye” (MPD, Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007). | 16

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Inequidades en escolarización y acceso a puestos de trabajo Los datos disponibles permiten examinar la desigualdad según el nivel educativo de los trabajadores, comparando su participación en la fuerza laboral y en el ingreso percibido. En el año 1975, los trabajadores sin escolaridad representaban el 49% de la fuerza laboral venezolana, y en el año 2002 disminuyeron a 18%. Pero, en 1975 éstos recibían el 35% del ingreso laboral y, en 2002 pasaron a recibir el 11%. La situación contraria ocurrió con los trabajadores que terminaron la educación primaria, la educación media y la educación superior, que vieron disminuir su participación en la fuerza laboral pero presentan una mejor situación distributiva, especialmente aquellos que terminaron el bachillerato y la universidad.

GRÁFICO 1.4 VENEZUELA: PARTICIPACIÓN EN EL

INGRESO LABORAL SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN

Fuente: procesamiento propio basado en datos del INE, Encuesta de hogares por muestreo.

GRÁFICO 1.5 VENEZUELA: PARTICIPACIÓN EN LA

FUERZA LABORAL SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN

Fuente: procesamiento propio basado en datos del INE, Encuesta de hogares por muestreo. | 17

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CUADRO 1.6 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Fuente: procesamiento propio basado en datos del INE, Encuesta de hogares por muestreo.

En cuanto al salario femenino, la meta de igual remuneración por igual trabajo desde el punto de vista de la equidad de género en la actividad económica todavía está lejos de lograrse, aunque en algunas ocupaciones como profesionales y gerentes se acerca a la paridad. En las ocupaciones de empleados/as de oficina y operarios es donde se concentran los ingresos más bajos pagados a la población femenina activa. Igualmente, la distribución de los salarios por sexo indica que la brecha promedio entre mujeres y hombres ha descendido. En 1990 el salario medio femenino representaba el 81% del masculino y, en el año 2002, esta relación subió a 91%.

GRÁFICO 1.7 RAZÓN SALARIO MEDIO FEMENINO / SALARIO MEDIO MASCULINO

Fuente: procesamiento propio basado en datos del INE, Encuesta de hogares por muestreo.

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CUADRO 1.5 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Año 2002 ocupación Sin nivel Primaria Bachillerato Universitario 18,2 46,4 27,2 7,0 ingreso 10,6 37,3 32,6 17,5

Fuente: procesamiento propio basado en datos del INE, Encuesta de hogares por muestreo.

CUADRO 1.6 SALARIOS MEDIOS EN BS. MENSUALES Mujeres 7.167 104.574 262.523 Hombres 8.790 127.028 290.049

1990 1997 2002

Fuente: procesamiento propio basado en datos del INE, Encuesta de hogares por muestreo. GRÁFICO 1.8 PARTICIPACIÓN EN LA INFORMALIDAD

Fuente: cálculos propios basados en datos del INE sobre indicadores de la fuerza de trabajo.

La informalidad en el mercado de trabajo puede ser vista como un fenómeno asociado a la desocupación y a los bajos niveles de desempeño de la economía. En Venezuela, la ocupación informal ha aumentado en los períodos de bajos niveles de inversión y de reducción en el ingreso de los hogares. Así, la informalidad, debido a su precariedad y

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dimensión puede ser considerada en Venezuela una fuente de inequidad entre los trabajadores. Los saltos de la informalidad ocurren en Venezuela primero en 1982, luego en 1994 y finalmente en 1999, asociados con acontecimientos que por razones diferentes afectaron la economía del país. Así mismo, la fase de disminución de la informalidad parece estar asociada con la recuperación de la tasa de crecimiento de PIB real per cápita y también del ingreso fiscal. Un factor común a los saltos de la informalidad es la inflación. La pérdida del ingreso real en los hogares por aumentos de precios obliga a los miembros inactivos a buscar ingresos complementarios. Igualmente, quienes pierden su empleo formal, mientras buscan un nuevo empleo, se procuran algún ingreso temporal laborando informalmente. Los miembros de los hogares forzados a abandonar la condición de inactividad se incorporan a la fuerza de trabajo como desocupados o como ocupados informales. Entre 1969 y 1978 la ocupación informal cayó de 48% a 32%. Desde ese momento la tendencia se revirtió mostrando un comportamiento al alza, pero en escalones. En 1980 todavía se encontraba en 32%, pero en 1982 subió a 39% y para 1986 había aumentado a 42%. A este brusco ascenso siguió una década, entre 1983 y 1993, de relativa estabilidad, manteniéndose en un promedió de 41%. En el año 1994 la informalidad volvió a incrementarse llegando a un 46% y para el siguiente año había alcanzado un 49%. Desde allí, la informalidad adoptó una tendencia ascendente. En 1999 superó al trabajo formal llegando a ser el 51% y en el 2003 aumentó a 53%, el valor máximo del período hasta el año 2004. Desde el 2003 hasta el 2005 la tendencia es decreciente con un valor de 47%. El comportamiento de la informalidad es diferente cuando se discrimina por género. La participación de las mujeres en la informalidad respecto a la ocupación total de las mujeres crece más que la participación de los hombres respecto a la totalidad de los ocupados. En el caso de las mujeres, la informalidad dentro de la ocupación femenina aumentó entre 1993 y 2003 de 38% a 54%, mientras que en el caso de los hombres subió de 43% a 52%. Esto significa que en general las mujeres que se incorporaron a la actividad económica luego de 1993 lo hicieron como trabajadoras informales. Las inequidades por actividad económica e ingresos laborales indica que las políticas de ajuste aplicadas a finales de la década de los años ochenta contrajeron fuertemente el ingreso de los hogares, forzando a sus miembros inactivos a buscar ocupación para compensar la pérdida de bienestar. Especialmente ocurrió así con las mujeres, pero también con los niños y adolescentes quienes en muchos casos debieron abandonar sus estudios y procurarse ingresos para sí mismos y para sus hogares. Inequidades demográficas Entre los años 1950 y 2000, la población en Venezuela creció al mayor ritmo de toda la región latinoamericana. En ese período, la población venezolana se multiplicó casi 5 veces, mostrando el más alto multiplicador de todos los países de la región.

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GRÁFICO 1.9 VENEZUELA: RITMO DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL 1950-2050

Fuente: CELADE. División de Población de la CEPAL.

En ese trayecto de cincuenta años la población se distribuyó de manera muy distinta en el tiempo. En el período de alto crecimiento, entre el censo del año 1940 y el de 1971, se añadieron aproximadamente 7 millones de personas. En los siguientes treinta años, cuando el ritmo de crecimiento disminuyó considerablemente, la población creció el doble (13 millones). Desde mediados de los años setenta y hasta el año 2000, el país tuvo que hacer frente a un incremento de población mayor en términos absolutos con mayores demandas de alimentación, educación y salud. A pesar de la tasa de crecimiento de ese período, la proyección al año 2045 muestra que el descenso de la población tiene un ritmo considerable. Sin embargo, como la acumulación en el tiempo del crecimiento de la población se va haciendo cada vez mayor, el rasgo distintivo en Venezuela es que gran parte de esa población, aproximadamente el 90%, es actualmente una población urbana. Si antes decíamos que el ritmo de crecimiento poblacional fue el más alto de la región, el ritmo de crecimiento de la población urbana fue prácticamente explosivo y el más alto también de América Latina. La disminución de la fecundidad indica la entrada a la etapa de transición demográfica avanzada. Este descenso abre una ventana de oportunidades ayudando a crear una ruta de salida de la pobreza para muchas familias. No es la única solución, pero aumenta extraordinariamente el margen de maniobra que tienen las personas, los hogares, las comunidades y finalmente los países, para salir de la pobreza. Una vía es el incremento del ahorro y la inversión debido a la mejora de la relación entre población en edad laboral y población dependiente. Adicionalmente, permite el incremento del tamaño de la población en edad de trabajar lo cual está asociado positivamente con el

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crecimiento económico. Por el contrario, esta asociación es negativa en el caso del incremento del grupo de edad de 0 a 15 años, porque aumenta la dependencia. Esa ventana de oportunidades se abre por única vez y en un momento limitado de la transición demográfica. La ventana se cierra cuando los cambios en la estructura de edades aumentan la relación de dependientes mayores de 64 años. La ventana se aprovecha si más personas pueden producir más, ahorrar más, invertir más e incrementar su capital humano, pero eso sólo es posible si existen condiciones adecuadas de salud, educación y empleo productivo. La transición demográfica es heterogénea. Los grupos de población por entidades tienen tasas de fecundidad y mortalidad diferentes. Esta distribución se presenta en círculos que identifican etapas distintas de transición. En el primero, los estados en transición moderada que todavía poseen niveles Población y Objetivos de Desarrollo del Milenio de fecundidad y mortalidad altos y también En el marco de los ODM, el estudio de la dinámica demográfica del una elevada dependencia país debe basarse en el reconocimiento de las inequidades, para lo juvenil, representan el 5% cual resulta fundamental construir indicadores desagregados para de la población total (1,5 los diferentes estratos de la población, dada la situación desigual millones de personas). Los en que estos se encuentran en relación con los fenómenos estados en plena demográficos y las metas establecidas. En este sentido, este tipo de análisis constituye una herramienta importante para revelar los transición, que todavía diversos rostros de la desigualdad y derivar de allí las prioridades experimentan un proceso de políticas. lento de descenso en la fecundidad y la mortalidad, representan el 48% de la población (entre 11 y 12 millones de personas). Finalmente, los estados del tercer círculo, que comprende el 47 % de la población, se encuentran en fase avanzada de transición.

GRÁFICO 1.10 COMPARACIÓN INTERTEMPORAL DE LA RELACIÓN

DE DEPENDENCIA JUVENIL POR ENTIDAD FEDERAL,

CENSOS 1961 Y 2001

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Las desigualdades económicas y sociales tienen expresiones demográficas que dan lugar a un fenómeno de dualismo entre los estratos extremos de la población, como lo muestran los siguientes gráficos. En ambos casos se observan disparidades entre los patrones reproductivos y de supervivencia con estructuras de edades muy distintas entre sí.
GRÁFICO 1.11

Por otra parte, el calendario de la fecundidad es absolutamente diferente entre las mujeres pertenecientes a los hogares más pobres y las de los más ricos. En las mujeres de estos últimos, los niveles de fecundidad se inician más tarde porque hay un período de proyecto de vida que cubre un tránsito dentro del sistema educativo mucho más prolongado y que permite postergar el matrimonio y la maternidad. Mientras tanto, en el otro modelo de calendario, las mujeres de los hogares más pobres comienzan mucho antes, con las consiguientes limitaciones en otras dimensiones de la vida como son la inserción educativa y laboral. Las mayores brechas de insatisfacción en los deseos reproductivos de las mujeres venezolanas se encuentran en las menos instruidas y las más pobres. Los niveles de fecundidad deseada son relativamente similares, excepto en las mujeres con menos de 6 grados de escolaridad. En ellas se produce un exceso de fecundidad no deseada que está limitando sus opciones de vida. La fecundidad adolescente en Venezuela tiene niveles altos. Al parecer los elementos que influyeron en un descenso de la fecundidad general no han penetrado en todo el universo de la población femenina. Algunos hallazgos demuestran que las adolescentes en Venezuela no han desertado del sistema escolar por efectos del embarazo. Muchas estaban fuera del sistema escolar cuando quedaron embarazadas. Existen elementos previos a la escuela que les impiden desarrollar un proyecto de vida. La dimensión demográfica en la inequidad se manifiesta también en las condiciones de partida frente a la morbilidad y la mortalidad. Existen grandes diferenciales todavía en la esperanza de vida al nacer. Ésta se distribuye de manera muy diferente entre grupos de población y territorios. Algunos estados del país poseen niveles de esperanza de vida por encima del promedio nacional. En aquellos con una transición moderada, los déficit de años por vivir son bastante grandes.
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En la distribución de la mortalidad ocurre lo mismo. Entre el Distrito Capital y el estado Amazonas, la probabilidad de que los niños sobrevivan es de 2 a 1. Visto por el lado de los ingresos, también se observan enormes disparidades demográficas y, por lo tanto, sociales. La diferencia entre la tasa de mortalidad infantil del quintil más rico en el estado Miranda, es prácticamente de 6 a 1 en relación con el grupo de población más pobre del mismo estado.

GRÁFICO 1.12
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL,

2004

En relación con las oportunidades laborales y la seguridad económica, los procesos están actuando de manera muy diferencial entre hombres y mujeres. La tasa de participación es muy distinta a lo largo de todo el ciclo de vida de hombres y mujeres. Pero, al mismo tiempo, las mujeres abandonan el trabajo mucho antes, además de que la duración de su inserción laboral es mucho menor. Ello tiene repercusiones importantes en la seguridad y la protección económica de las familias que viven en las ciudades más tardías desde el punto de vista de la transición demográfica. También hay desigualdades a lo interno del grupo. A mayor nivel de instrucción, la capacidad de inserción laboral de las mujeres es mayor y su permanencia dentro del mercado laboral es mucho más intensa y extensa. En la población mayor de 64 años existen también importantes inequidades por género y grupo socioeconómico. La mayor parte del peso relativo de las personas mayores está donde la fecundidad bajó de manera más pronunciada y donde el peso relativo de los de 14 años de edad es más pequeño. Los estados con una transición moderada, allí donde está la mayoría de la población, serán los que concentren una mayor cantidad de personas mayores. Si se mira cuáles son las condiciones de seguridad económica de las personas mayores al momento del retiro, efectivamente existen diferenciales entre los grupos socioeconómicos, pero las diferencias de desprotección no son muy grandes entre los grupos. Si se discrimina entre hombres y mujeres, la inseguridad económica se agrava en el caso de las segundas. Es decir, el 80% de la población femenina mayor de 60 años con bajos recursos no tiene ningún tipo de protección. Evidentemente, esto es producto de su salida anticipada del mercado de trabajo.

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GRÁFICO 1.13 PORCENTAJE DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERAL. AÑOS 1980, 2005 Y 2030

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Capítulo 2: El derecho a la salud
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La salud comprende todo lo que haga posible estar sano. No significa solamente ausencia de enfermedad, sino la realización plena de condiciones de calidad de vida que permitan alcanzar el mejor estado físico y mental, material y social, espiritual y anímico de las personas, individual y colectivamente, a lo largo de la vida. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 84, 85 y 86) establece que la salud es un derecho social fundamental, parte integral del derecho a la vida y una obligación del Estado. Bajo este mandato, ordena la creación de un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) cuyo financiamiento es obligatorio por parte del Estado y cuya estructura debe ser de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al Sistema de Seguridad Social y regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. También establece que para garantizar el derecho a la salud el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. El sistema de salud en Venezuela se ha caracterizado por una organización y dinámica de funcionamiento compleja y fragmentada. A finales de 2005, la red de servicios del SPNS estaba constituida por 4.804 establecimientos ambulatorios públicos en el nivel primario, de los cuales 4.605 (96%) pertenecen al Ministerio de Salud; 296 hospitales públicos segmentados en varios sistemas, 8.600 puntos de consulta popular instalados con la Misión Barrio Adentro I y 600 centros de diagnóstico, rehabilitación y alta tecnología, creados con la Misión Barrio Adentro II, ambos programas de salud instrumentados a partir de la cooperación sur-sur entre Cuba y Venezuela. El perfil epidemiológico general y de grupos específicos Venezuela presenta un perfil epidemiológico donde se combinan enfermedades infecciosas, crónico-degenerativas y lesiones por causas externas. Las principales causas de la mortalidad general han sido los hechos violentos y accidentes de todo tipo, afectando la mortalidad predominantemente a la población masculina entre 15 y 45 años. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en el año 2004, los primeros diez grupos de causas de mortalidad por 100.000 habitantes, fueron: las enfermedades del corazón (93%); el cáncer (67%); los hechos violentos, entre los cuales se encuentran los suicidios, los homicidios y otras muertes violentas (57,2%); los accidentes de todo tipo (32,1%); las enfermedades cerebrovasculares (31,7%); la diabetes (27,3%); las afecciones originadas en el período perinatal (20,1); las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (12,1%); la influenza y la neumonía (11%); y las enfermedades del hígado (8,5%). En la mortalidad destacan principalmente los diferenciales por sexo en las muertes causadas por hechos violentos que afecta principalmente a los hombres (100,4 para los hombres y
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10,0 para las mujeres) y los accidentes de todo tipo (49,1 para los hombres y 14,9 para las mujeres). Las muertes por hechos violentos fueron la mayor causa de años de vida potencial perdidos en el país. En el caso específico de los niños/as, la mortalidad infantil expresada en tasas por 1.000 nacidos vivos fue de 17,5 en 2004. La prevalencia de bajo peso al nacer pasó de 12,0% en 1999 a 8,0% en 2002, última cifra registrada. La mortalidad en niños menores de cinco años por enfermedades infecciosas intestinales expresada en tasa por 100.000 habitantes fue de 37,3 en 2002 y de 35,3 en 2004, siendo aproximadamente el 70% de estas muertes en niños menores de un año. Según cifras preliminares, se reportaron 1.213.460 casos de diarrea en niños menores de cinco años en 2004 y 1.214.461 en 2005. Cabe destacar que en el grupo de muertes en menores de un año, 60% es debido a muertes neonatales (menos de 20 días) relacionadas con el evento obstétrico. En el grupo de los adolescentes, para el año 2004 la tasa de mortalidad entre 10 y 14 años por 100.000 fue de 44,0 (52,0 sexo masculino y 35,0 sexo femenino) y en adolescentes entre 15 y 19 años fue de 158,0 (253,0 sexo masculino y 59,0 sexo femenino). La principal causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años de sexo masculino fue por hechos violentos. La tasa de fecundidad por 1.000 de las jóvenes entre 15 y 19 años se estimó en 91,7 para 2004. En 2002, el Ministerio de Salud reportó 98.099 nacimientos ocurridos en el grupo de adolescentes de 10-19 años (22,4% del total de nacimientos). En cuanto a la población adulta, las cinco primeras causas de muerte en el año 2004, expresadas como tasa por 100.000 habitantes, fueron: hechos violentos 82,3 (153,4 hombres y 11,1 mujeres); cáncer 57,3 (47,7 hombres y 67,0 mujeres); enfermedades del corazón 49,2 (68,6 hombres y 29,9 mujeres); accidentes de todo tipo 45,3 (76,1 hombres y 14,5 mujeres) y diabetes 13,8 (15,9 hombres y 11,7 mujeres). En lo que se refiere a la población adulta mayor, para el año 2004 la distribución proporcional de las principales causas de mortalidad fueron: enfermedades del corazón 19,1%; cáncer 10,5%, enfermedades cerebrovasculares 6,8%, diabetes 5,1% y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 2,8%. En 2005, las principales causas de morbilidad en este grupo específico fueron: hipertensión arterial 17,2%, trastornos visuales 13,9%, trastornos respiratorios 12,7%, diabetes 11,3% y osteoartrosis y osteoartritis 10,0%. Finalmente, las patologías prevalentes en la población indígena que representa 2,3% de la población (532.743 habitantes), son principalmente de origen infecto-contagiosas y nutricionales. La mortalidad materna Por ser uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia en Venezuela, la mortalidad materna merece especial atención en los diagnósticos de salud del país. Las muertes de mujeres durante el período de gestación es un indicador del déficit de acceso tanto a servicios sociales, de salud y de nutrición, como a ingresos económicos. Al analizar la mortalidad materna, se observa un sostenido descenso de 172 en 1940 a 59 por 100.000 nacidos vivos en 1999. Pero, a partir de la década de 1980, esta reducción se hizo más lenta y hasta el presente las cifras se mantienen en niveles altos. Para el año 2003 murieron 321 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, obteniéndose una tasa de 57,8 por 100.000 nacidos vivos.

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Las muertes maternas ocurren principalmente por causas obstétricas, sean directas o indirectas. Las primeras son las que suceden por complicaciones en el mismo embarazo, parto o puerperio, tales como hipertensión, infecciones, hemorragias y abortos. En Venezuela, el 77% de la mortalidad materna está relacionada con estas causas. Las defunciones por causas obstétricas indirectas son aquellas que pueden ocurrir debido a una enfermedad existente antes del embarazo o de una enfermedad que evolucionó durante el mismo, como hepatitis, tuberculosis, anemia y diabetes. Las cifras indican que el 23% de las muertes maternas en el país de deben a estas causas indirectas. De esta manera, la relación entre causas y muertes de mujeres en gestación señala como factores influyentes: a) La escasa cobertura de atención prenatal. b) La inaccesibilidad y poca calidez de los servicios. c) La baja calidad de la atención y la falta de capacidad resolutiva de las emergencias obstétricas. Todos estos aspectos no se pueden desligar de las condiciones de subordinación de la mujer por razones de género en la atención del proceso reproductivo. La libertad de procrear o de decidir sobre el embarazo sin sometimiento se inscribe dentro de los derechos sexuales y reproductivos, desarrollados en Venezuela desde 1974, plasmados en normativas que protegen a los niños(as), la mujer y la maternidad y, establecidos en la Constitución de 1999 (artículo 76). En ellos se consagra el derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre ellos; el derecho a disponer de la información y de los medios para hacerlo; el derecho de alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, y el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coacción, ni violencia. La visión tradicional de género induce a que las decisiones relacionadas con el embarazo sean una pauta sociocultural adscrita exclusivamente a la conducta femenina. Ello restringe las identidades, condiciones de existencia y actuación, y por ende, la autonomía de las mujeres en los asuntos o funciones reproductivas y el cuidado de los hijos(as). Esto a su vez excluye a los hombres de sentir, expresar y realizar las necesidades humanas involucradas con la concepción y, en consecuencia, a no asumir, participar y realizarse como padres, esposos, hermanos e hijos varones en la plenitud de la infancia, la familia y el hogar. Por ello, cualquier intervención propuesta debe contribuir también a disminuir embarazos no deseados (que podrían terminar en abortos), embarazos muy tempranos (adolescentes), embarazos muy seguidos y embarazos en condiciones de riesgo, además de disminuir el riesgo de complicaciones durante el embarazo o el parto y evitar posibilidades de muerte entre las mujeres que experimenten tales complicaciones. Reducir la incidencia de complicaciones entre las mujeres embarazadas fue siempre el foco de los programas de salud materna durante la década pasada. Sin embargo, el potencial de las actividades emprendidas para prevenir complicaciones ha sido re-examinada. Lo que muestran los análisis es que la mayoría de estas complicaciones no puede ser prevenida. La excepción son las complicaciones resultantes de abortos inducidos e inseguros que se pueden evitar, entre otras cosas, con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Este planteamiento en ningún momento resta importancia al fortalecimiento del control prenatal, el cual entre otras cosas garantiza mejores condiciones de salud de la madre y del niño/a.

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Aunque no se pueden predecir ni prevenir del todo las complicaciones La mortalidad materna en los objetivos de desarrollo de Venezuela obstétricas, éstas pueden ser evitadas con un tratamiento adecuado. Por lo tanto, el acceso Tanto en Venezuela como en América Latina las muertes maternas, indicador de la Meta 5 de los rápido a los cuidados obstétricos de ODM, no sólo representan un dato numérico. Detrás emergencia debe ser el esfuerzo de este indicador hay rostros de mujeres con principal para reducir muertes entre derechos humanos, entre los cuales se cuentan los mujeres embarazadas. Por ello, el derechos sexuales y reproductivos (DSR). Si bien paradigma de atención de las estos derechos han sido reconocidos en diversos emergencias obstétricas debe acuerdos internacionales firmados por los gobiernos enfocarse más en factores como la que se han sucedido en Venezuela así como también cantidad, la calidad y el acceso a los en distintas leyes vigentes en el país, es necesario centros de salud que ofrecen profundizar los estudios acerca de la garantía real de los derechos sexuales y reproductivos que se ofrece servicios de cuidados obstétricos de dentro del sistema de salud, específicamente en lo emergencia. Cualquier mujer puede concerniente a los servicios que deben atender las presentar una complicación de esta complicaciones de las mujeres en el momento del naturaleza independientemente de su parto. grupo social de pertenencia, situación económica o del control de su embarazo. Por ello es necesario garantizar el acceso universal y la adecuación de los servicios, dispensados de manera oportuna y rápida en todas las regiones del país. El Ministerio de Salud, a través de la Misión Madre, creada en el año 2006, tiene como objetivo reducir a nivel nacional la mortalidad de la madre y de los niños y las niñas menores de 5 años mediante del fortalecimiento de dos componentes: la movilización de la comunidad y la atención integral a través de redes de servicios desarrollados de acuerdo con las siguientes líneas estratégicas: • • • Empoderar a los Comités de Salud y a las Redes Sociales en la promoción de la salud de la madre y de los niños y niñas. Fortalecer la Atención Integral a la Madre y a los niños y niñas en el primer y segundo nivel de atención. Mejorar la calidad de la atención integral a la madre y a los niños y niñas a nivel hospitalario, con énfasis en Cuidados Obstétricos de Emergencia.

Las enfermedades prevenibles por vacunación La vacunación es una práctica primordial que protege al niño y a la niña de contraer enfermedades y de que se debiliten sus capacidades físicas y mentales a causa de ellas. En Venezuela existe un esquema de vacunación obligatoria y gratuita como derecho garantizado a todos los niños/as (LOPNA, artículo 47). Entre las primeras vacunas suministradas a las embarazadas está el toxoide tetánico, que protege al niño/a del tétanos neonatal en el momento del parto y durante los primeros meses de nacido; la vacuna contra la tuberculosis (BCG) que debe administrarse en los primeros días de nacido; la vacuna triple –contra el tétano, la difteria y la tosferina– aplicada en la sexta, décima y decimocuarta semana de nacido, así como la vacuna contra la poliomelitis; y a los nueves meses la vacuna contra el sarampión, que es causa frecuente de desnutrición, retraso mental y ceguera.

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Entre los años 2004 y 2005 se lograron coberturas superiores a 90% en la vacunación obligatoria a menores de un año con BCG (96% y 95%, respectivamente) y fiebre amarilla o antimalárica (94% en los dos años), mientras que el resto de vacunas mantuvieron coberturas entre 80% y 90% durante el año 2005: la Trivalente o Triple Viral (sarampión, rubéola y parotiditis) con 85%, la Triple Bacteriana o DPT3 (tétano, difteria y tosferina) con 87%, la Hepatitis B con 88% y la vacuna contra la Meningitis con 79%. La cobertura con vacuna Pentavalente (DPT, Hepatitis B y Haemophilus influenzae Tipo b, que protege contra las gripes y ciertas formas de meningitis) pasó de 37% en 2004, año en el que se la introdujo en el país, a 80% en 2005. Las enfermedades transmisibles En las enfermedades transmisibles se encuentran las infecciosas endémicas como la fiebre amarilla, la enfermedad de chagas, el paludismo o malaria, el dengue y otras enfermedades como la oncocercosis, así como el VIH-SIDA. También en este tipo de enfermedades se incluyen las crónicas como la tuberculosis y la lepra. En el año 2002 se registraron tres casos de fiebre amarilla con dos muertes en Zulia, dando inicio a un brote que se extendió hasta 2003 con un total de 34 casos y 14 defunciones. La enfermedad de Chagas, considerando la proporción de positivos del total de muestras examinadas, fue de 8,1% en 2000 y de 5,8% en 2005. Así mismo, la población bajo riesgo de contraer la malaria ha disminuido de 36% en 2000 a poco menos de 20% en 2004, sin embargo, la incidencia de la enfermedad aumentó casi tres veces en el mismo período de 0,3% en 2000 a 0,9% en 2004. El dengue clásico y el dengue hemorrágico se han comportado de forma endemo-epidémica en el país con circulación de los cuatro tipos de virus. En 2005 se produjo un incremento, con 42.217 casos notificados (39.536 dengue clásico y 2.681 hemorrágico). Finalmente, en el año 2005, Venezuela representó 22,0% de la población en riesgo de oncocercosis en América Latina. Desde 2004, Venezuela está clasificada en el grupo de países de la región americana con mediana carga de tuberculosis (TB). La forma pulmonar representa la mayor parte del total de casos notificados y la co-morbilidad SIDA/TB continúa en ascenso. En el año 2004 fueron notificados 6.519 casos nuevos de TB todas formas, lo que representó una tasa de 25,1 por 100.000 habitantes. En el caso de la lepra, la tasa de prevalencia nacional en 2004 fue 0,54 por 10.000 habitantes. Las enfermedades infecciosas agudas Las diarreas y las neumonías son enfermedades infecciosas que tienen alto impacto en la población infantil. Las diarreas y las enfermedades respiratorias en los niños/as se relacionan con condiciones medio-ambientales. Las diarreas hacen perder una excesiva cantidad de líquidos corporales y disminuye, por tanto, la absorción de nutrientes generando una cadena de efectos infecciosos que provocan y agravan la desnutrición. Los estados con mayor incidencia parasitaria son los estados Amazonas, Sucre, Bolívar y Delta Amacuro y los más afectados en estos estados son las comunidades indígenas. La contaminación general afecta principalmente a los niños/as indígenas y en ellos los casos de diarrea adoptan una forma endémica. Las enfermedades respiratorias agudas, en cambio, tienen una incidencia más general en niños menores de cinco años. En el año 2002 la
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mortalidad por enfermedades respiratorias agudas expresada en tasa por 100.000 habitantes fue 24,5 en 2002 y 27,2 en 2004 habiéndose producido aproximadamente 60% de estas muertes en niños menores de un año. VIH/SIDA El VIH/SIDA se presenta en el país como una epidemia concentrada, lo que significa que las cifras de prevalencia superan el 5% en poblaciones con conductas de riesgo como los y las trabajadores/as comerciales del sexo, hombres que tienen sexo con hombre (HSH) y usuarios de drogas endovenosas, y se sitúa por debajo del 1% en la población general. Su prevalencia en Venezuela es de 0,7% en la población de 15 a 49 años y se estima un total de 110.000 casos de infecciones por VIH. De 1982 a 2005 se registraron 53.465 casos de SIDA con 6.372 muertes por esta causa. No obstante, todavía existe un significativo subregistro de las muertes, fenómeno asociado al estigma y la discriminación vinculada al SIDA. Por ello es importante que el país cuente con estudios de seroprevalencia y/o encuestas poblacionales que sustenten los cálculos que exige el ejercicio de estimación de prevalencia y casos. La epidemia de VIH en el país está relacionada en principio con la transmisión sexual, donde se presenta más del 90% de los casos. Inicialmente afectó a los HSH, como en el resto del mundo occidental. De hecho, hasta 2004 aproximadamente 65% de los casos registrados por el Ministerio de Salud se producían en hombres de orientación homosexual y bisexual. Pero en los últimos diez años se observa la feminización de la epidemia haciendo que la razón de hombres afectados por mujer se haya reducido de 10 a 3. Esto obedece a un incremento de la transmisión entre la población heterosexual, que es la forma predominante en las epidemias “generalizadas”. Ello ocasionará un incremento de la transmisión vertical, de madre a hijo/a recién nacido/a. El Ministerio de Salud cuenta desde 1999 con el Programa Nacional de SIDA (PNS), cuyo presupuesto ha venido aumentando progresivamente, aunque todavía requiere mejorar la articulación multisectorial en el abordaje del problema. Desde 1999, el PNS ofrece acceso universal y gratuito a terapia antiretroviral, pruebas diagnósticas y seguimiento inmunológico y virológico a todos las personas venezolanas o residenciadas en el país. En prevención, contempla actividades de “sangre segura”, adquisición y distribución de condones, prevención de transmisión vertical atendiendo a todas las embarazadas con VIH, profilaxis pos-exposición en accidentes laborales del personal de salud, y un concurso anual promovido por organizaciones no gubernamentales (ONG) para estrategias de prevención en poblaciones vulnerables, vigente desde 2003. Otros organismos gubernamentales involucrados han sido el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicación e Información, el Instituto Nacional de la Mujer y la Fuerza Armada Nacional, con la cooperación de UNFPA, ONUSIDA y/o UNICEF. No obstante, las experiencias continúan siendo muy limitadas. Además, existe un movimiento organizado de personas infectadas y/o afectadas por el virus que han influido de manera notable en materia de políticas y prevención. De hecho, el acceso universal y gratuito a tratamiento es producto de una querella legal modelo emprendida por este sector a mediados de los años noventa. Existen más de 50 organizaciones no gubernamentales con servicios en VIH, la mitad de ellas en la región metropolitana de Caracas, y muchas mantienen programas de prevención de gran trascendencia e impacto, como es el caso del centro de información telefónica en VIH.
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Para el año 2003, cerca de 9.000 personas comenzaron a recibir en forma gratuita y regular tratamiento antiretroviral (TARV) a nivel nacional. Para el año 2005, esa cifra había aumentado a casi 16.000 personas, con lo cual la cobertura de tratamiento antiretroviral entre las personas solicitantes pasó de 52% en 2004 a 100% en diciembre del año 2005. El programa de tratamiento también contempla los 3 componentes que se requieren para la atención de las embarazadas VIH positivas y la prevención de la transmisión de madre a hijo/hija. Con este servicio se ha brindado atención a 816 embarazadas en los últimos cinco años y el Ministerio de Salud reporta que ningún niño/niña (hijo de estas mujeres) ha resultado VIH positivo.
El VIH/SIDA de cara a los Objetivos de Desarrollo del Milenio La meta 7 del sexto Objetivo de Milenio establece haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, para lo cual se fijaron indicadores tales como la prevalencia de VIH entre gestantes de 15 a 24 años; el porcentaje de uso de preservativos dentro de la tasa de uso de anticonceptivos (utilización de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, porcentaje de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA y tasa de prevalencia de uso de preservativos); y la relación entre la matriculación de niños huérfanos y la matriculación de niños no huérfanos de 10 a 14 años. Dos observaciones surgen al intentar responder la situación del país respecto a estos parámetros. En primer lugar, estos indicadores se enfocan todos en el comportamiento del VIH/SIDA en los países donde la epidemia ha alcanzado el estatus de generalizada, que ya vimos no es el caso de Venezuela. Por esta razón habría que adecuar los indicadores a la situación del país. En segundo lugar, como se ha mencionado anteriormente, se requiere del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica para poder monitorear la epidemia y definir con precisión su tendencia.

El PNS se ha constituido en la principal referencia estadística sobre la epidemia. Según sus registros la mayoría de los afectados por el virus tienen entre 25 y 45 años; sin embargo, se observa una tendencia al ascenso sostenido de casos en grupos más jóvenes, de 15 a 25 años de edad. En los casos pediátricos, hasta el año 2005 unos 422 niños y niñas menores de 12 años y 611 adolescentes, entre 12 y 17 años, estaban cubiertos por el programa. Sin embargo, estimaciones elaboradas en el país entre ONUSIDA y el Ministerio de Salud para el informe de los ODM en 2004, calcularon que en 2003 podían existir 2.380 casos entre la población menor de 15 años.

La epidemia venezolana sigue creciendo, tiende a feminizarse y a afectar a la población más joven. Un condicionante de este crecimiento es la carencia de un sistema integral y sistemático de vigilancia epidemiológica que impide conocer con precisión la dimensión, la dinámica y las características demográficas y geográficas de la epidemia, así como los comportamientos que la determinan. Esto dificulta la definición de políticas, la asignación de recursos y la aplicación de estrategias adecuadas. Otros condicionantes fundamentales son el reducido uso del condón y su limitada distribución, la alta proporción de personas infectadas que desconocen su condición (sólo 1 de cada 10), la carencia de servicios públicos para la asesoría y el diagnóstico, la violencia hacia la mujer y las altas tasas de infecciones por transmisión sexual. Por otra parte, las prácticas socioculturales no favorecen relaciones de género favorables a la prevención, tales como el uso habitual de los preservativos entre los hombres, la capacidad de negociación del condón masculino por parte de las mujeres y el uso del condón femenino, entre otros. Ello requiere promover los vínculos entre la prevención del VIH y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la población.
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De igual forma, no podemos olvidar que el SIDA en nuestro país, desde el inicio de la epidemia y hasta nuestros días, ha afectado a la población GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y trans: travestis, transexuales, transgénero e intersex), cuyas identidades sexuales fueron históricamente discriminadas y hasta perseguidas. Por lo tanto, el estigma y la discriminación contra esta población constituyen un obstáculo crucial para detener la epidemia, no sólo entre ellos/ellas, sino en la población general, toda vez que las orientaciones bisexuales sin protección son un vehículo que alimenta las infecciones entre las mujeres. Para detener la epidemia es recomendable impulsar acciones efectivas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como programas de prevención y atención integral dirigidos a la población GLBT, evitando la culpabilización, la discriminación y el rechazo a estos grupos. La experiencia acumulada a lo largo de 25 años evidencian que la prevención, la atención y el apoyo en VIH/SIDA sólo pueden ser encaradas de manera eficaz si se reconocen los derechos humanos, la dignidad y la diversidad de las personas.

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Capítulo 3: El derecho a la alimentación
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El derecho a la alimentación abarca todos los aspectos necesarios para tener una suficiente y adecuada ingesta de alimentos y un buen estado nutricional que permitan llevar una vida sana y activa. De acuerdo con la norma constitucional, la seguridad alimentaria es un derecho de la población considerado como un área estratégica de las políticas del Estado. Se entiende por seguridad alimentaria la disponibilidad suficiente y estable de alimentos para todos los habitantes, así como el acceso oportuno y permanente a estos por parte de los consumidores (CRBV, artículo 305). De acuerdo con la FAO (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996) la seguridad alimentaria es la que garantiza que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objetivo de llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria comprende muchas variables: la disponibilidad de los alimentos para el consumo humano; la capacidad económica de la población para adquirirlos y la capacidad física de las cadenas de colocación para distribuir alimentos en el territorio; el estado nutricional de la población y su capacidad de utilización biológica de nutrientes contenidos en los alimentos, y la estabilidad de las variables anteriores, al igual que la vulnerabilidad de la población ante situaciones extraordinarias. Entre los años 2001 y 2002 el gobierno nacional estableció un marco jurídico sobre la seguridad alimentaria siendo relevantes las siguientes leyes: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; Ley de Mercadeo Agrícola; Ley de Crédito para el Sector Agrícola; Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas; Ley del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA); Ley de Pesca y Acuicultura; Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. De igual manera estableció la nueva institucionalidad pública agraria creando el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y la Corporación Venezolana Agraria (CVA). Hoy en día hay numerosos organismos que trabajan en beneficio de la seguridad alimentaria entre los cuales se menciona el Ministerio de Agricultura y Tierras (con sus organismos adscritos: Instituto Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, FONDAFA); el Ministerio de la Alimentación; el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas); el Ministerio para la Economía Popular (Fundación CIARA); el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, los cuales pudieran ser muy efectivos en su contribución a la seguridad alimentaria si trabajaran de manera coordinada y estuviera determinada la misión de cada uno, lo que no siempre sucede. El gobierno nacional ha facilitado también el acceso a los medios de producción a través leyes y acciones que posibiliten el acceso a la tierra y al capital. En diciembre de 2001
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aprobó la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, con la finalidad de disminuir progresivamente las desigualdades, incrementado el acceso al crédito agrícola a través de FONDAFA, que representa la institución financiera más importante en el sector y que ha otorgado aproximadamente unos 400 millones US$ para el año 2005. Igualmente, con el fin de disponer de estadísticas más actualizadas y de mejor calidad que reflejen de forma fiel la situación alimentaria del país, el gobierno venezolano está mejorando la aplicación de la Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) y la elaboración de las Hojas de Balances de Alimentos para el período 2004 y 2005, así como también ha perfeccionado la utilización de los datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2005. Por su parte, la FAO está brindando asistencia técnica para mejorar la calidad de la información estadística sobre alimentación y apoya la implantación del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), el más grande de Latinoamérica, solicitado por el propio gobierno venezolano a la FAO. El PESA comenzó su ejecución el año 2002 para zonas rurales y fue extendido en 2003 a zonas urbanas y periurbanas. La agricultura y la importación de alimentos La estrategia del país para garantizar la seguridad alimentaria es desarrollar y privilegiar la producción agropecuaria interna. Para ello, el Estado deberá dictar las medidas, obtener los soportes financieros, comerciales, tecnológicos y formativos, así como las condiciones de tenencia de la tierra y disponibilidad de infraestructura para alcanzar los niveles estratégicos de autoabastecimiento. Así mismo, el Estado protegerá la actividad agrícola de las desventajas de la economía nacional e internacional y dará especial protección a las comunidades rurales y a los pescadores artesanales. En función de estas orientaciones constitucionales, las grandes líneas de la política de seguridad alimentaria (cf. Hernández, 2006), son: • • • La intervención directa del Estado como agente económico, para garantizar la provisión de alimentos básicos desarrollando un complejo agroindustrial y comercial público integrado verticalmente en las principales cadenas agroalimentarias. La participación de nuevos agentes económicos, surgidos del proceso redistributivo agrario y apoyados por el financiamiento público, dando prioridad a las cooperativas y organizaciones comunales. La promoción del desarrollo endógeno por medio de redes productivas generadas a partir de las potencialidades o recursos locales no aprovechados, por medio de la participación de las comunidades organizadas bajo un esquema cooperativo y en el marco del reforzamiento de la identidad cultural y el respeto al medio ambiente. Los programas de desarrollo social en función del Desarrollo Rural Integral especialmente dirigidos a la capacitación y la dotación de infraestructura y servicios.

•

La seguridad alimentaria en Venezuela está marcada por el hecho de que el país es fundamentalmente urbano puesto que 87% de la población habita en ciudades. Esto implica una creciente disminución de personas dedicadas a la producción de alimentos y una mayor dependencia de la oferta y de la capacidad de compra para adquirirlos. Para el año 2002 la agricultura representaba 4,6% del PIB (FAO, 2004) y apenas el 7% de la población económicamente activa lograba satisfacer alrededor del 26% de la necesidades de alimentación de la población. En relación con el comercio alimentario el país tiene un comportamiento deficitario en su balanza agrícola por un monto promedio anual de US$ 1.200 millones. Para el año 2002, el
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país importó el 73,28%, de sus alimentos elaborados, así como también sus productos básicos. Las importaciones de alimentos representaron 1,64% de PIB. De igual modo las exportaciones de productos agrícolas y de la industria alimentaria representaron 1,18% de las exportaciones totales en 2002 y 0,3% de PIB. La disponibilidad de nutrientes y el estado nutricional de la población
Erradicación del hambre en el cumplimiento de los ODM por Venezuela En relación con el primer objetivo, meta 2, de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padezcan hambre, los indicadores establecidos para medir su alcance fueron el porcentaje de menores de 5 años con insuficiencia ponderal (UNICEF-OMS) y el porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (FAO). En Venezuela, para el año 1990, el porcentaje de los menores de 5 años con peso inferior moderado o grave fue de 7,7% mientras la proporción de personas cuya ingesta alimenticia no satisfacía los requerimientos energéticos mínimos establecidos para la población venezolana fue de 11%. La meta del milenio para Venezuela es disminuir para el año 2015 la insuficiencia ponderal en menores de 5 años a 3,85% y la prevalencia de la subnutrición a 5,5%. El país ha realizado grandes avances en la mejora de la condición nutricional, en particular en la población menor de 15 años. Según los parámetros establecidos por la OMS la prevalencia de la desnutrición global (peso/edad) en los menores de 5 años se encuentra en el nivel catalogado como bajo en 4,64%, aunque ha mostrado retrocesos durante los periodos 1996-1998 y 2003-2004. Esto indica que Venezuela está a menos de un punto porcentual del cumplimiento de esta meta y de continuar la tendencia hacia la disminución observada a partir del 2004 la meta se alcanzará antes del 2015.

Para el año 2004 los suministros de energía alimentaria alcanzaron las 2.196 calorías, que cubren 99,5% de los requerimientos calóricos de la población (cf. MSDS, 2005c: Resultados de las Hojas de Balance de Alimentos y sus Aplicaciones 2002-2004, INN) cuando por lo general se estima que esta disponibilidad debe ser entre 10% y 20% superior al requerimiento promedio. De ello se infiere que, sin tomar en cuenta las desigualdades de consumo derivadas de las posibilidades de acceso a recursos económicos, la disponibilidad de alimentos para 2004 no satisfacía las necesidades energéticas promedio de la población.

En cuanto a la disponibilidad de proteínas per cápita en los alimentos para el mismo año fue de 64,8 gramos diarios (99,7% del valor de referencia). En cuanto a la disponibilidad de micronutrientes sólo detectaron deficiencias en calcio, cuya disponibilidad cubrió el 42,2% de los requerimientos, y en retinol (98,8%). Debe destacarse que alrededor del 70% de los aportes nutricionales y energéticos se encuentran en tres rubros considerados estratégicos: cereales, lácteos y carnes. Sin embargo, los principales proveedores de energía fueron los cereales (38%), azúcares (16,9%) y grasas visibles (17,9%). La distribución calórica de la dieta del venezolano está compuesta por 60% de carbohidratos, 28% de grasas y 12% de proteínas, lo que se ajusta a las metas internacionales establecidas. La información contenida en el Informe SOFI 2006 (FAO, 2006) destaca que el porcentaje de subnutridos de Venezuela se ha estabilizado en 18%, de acuerdo a cifras preliminares de la FAO, luego de experimentar un crecimiento sostenido desde 1990 hasta 2002. Entre 19901992 y 2000-2002 el porcentaje de población subnutrida pasó de 11% a 17%, observándose un aumento de sólo 1 punto porcentual en el período 2001-2003, tasa que no experimentó crecimiento alguno en el período 2002-2004.
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Se puede destacar también que el ritmo de crecimiento de la población subnutrida también se ha desacelerado. En el período 2002-2004 el crecimiento de la población subnutrida fue de 4,4% con relación al período 2001-2003, y ligeramente inferior a la registrada en 20012003 respecto del período 2000-2002, que fue de 4,6%. Durante el período 2002-2004 la población afectada fue de 4,7 millones de personas.

CUADRO 2.1 NÚMERO DE PERSONAS SUBNUTRIDAS EN VENEZUELA

Fuente: FAO (varios años), El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo.

Sin embargo, debilidades en la transmisión y difusión de información, comunicación y educación en hábitos de higiene y de manipulación de los alimentos, hacen que la población carezca de conocimientos precisos acerca de los riesgos de la inadecuada alimentación sobre la salud pública. A pesar de los esfuerzos por crear un sistema de información estadístico oportuno y confiable, todavía existe una brecha de información en relación a algunas variables y estudios que señala la necesidad de replantear los indicadores y los sistemas de información estadísticos para el monitoreo de los programas diseñados. Desde el año 2003 el gobierno, con la Misión Mercal, puso en práctica un Programa Nutricional de Máxima Protección que se instrumenta a través de 4.000 Casas de Alimentación en las cuales se entrega una comida diaria a un total de 150 beneficiarios en cada una, entre los cuales se encuentran niños/as, mujeres embarazadas, personas mayores y personas en situación de indigencia y desempleo. Así mismo, para garantizar una adecuada nutrición se ha elaborado una ley de protección a la lactancia materna que establece las normas de suplementación con hierro y ácido fólico para la población de este sector, aunque es necesario resaltar que dicha ley todavía se encuentra en etapa de revisión por el Ministerio de Salud. Otra medida de protección nutricional de más vieja data son los programas de fortalecimiento y enriquecimiento de las harinas de maíz precocida y de trigo con algunos micronutrientes como hierro, vitamina A, tiamina, niacina y riboflavina, en acuerdo con las empresas distribuidoras privadas. Esto ha determinado que su disponibilidad media se haya mantenido alta, sin perjuicio de la persistencia de bajos suministros en grupos vulnerables. Existen sin embargo todavía deficiencias significativas en calcio. De igual manera, en la actualidad se trabaja en la formulación de alimentos estratégicos para garantizar la ingesta
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de micronutrientes relacionados con las deficiencias más comunes de la nutrición en salud pública. Igualmente, más recientemente se han diseñado políticas para medir los indicadores de vulnerabilidad y desnutrición en el país ampliando el Sistema de Información y Vigilancia Nutricional (SISVAN) a nivel local en conjunto con la Misión Barrio Adentro, el cual busca obtener información de manera oportuna y confiable sobre la situación nutricional de las comunidades. Acceso y abastecimiento de los alimentos La población económicamente activa para septiembre de 2006 era de 11 millones de personas. De éstas, 45,2% labora en el sector informal. La tasa de desocupación para la fecha fue de 9,5%. El salario mínimo actual en Venezuela es de 512.325 Bs/mes (238 US$) el más alto de América Latina, pero éste apenas sobrepasa en 17% el costo de una canasta alimentaria que es de 424.550 Bs/mes (197,46 US$). El país ha mantenido altos niveles de inflación en las últimas décadas, aunque se observa una tendencia hacia su desaceleración. En el sector alimentario la inflación reflejada en las variaciones de precios en alimentos y bebidas en el año 2005 fue de 19,8% por encima del índice general de precios. Esta tendencia se ha mantenido durante los últimos siete años. El número de hogares pobres en Venezuela es un indicador del bajo nivel de accesibilidad de alimentos en el país. Según la encuesta de seguimiento al consumo realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los primeros cinco productos adquiridos por parte de los hogares desde 2003 hasta 2005 fueron: harina de maíz, arroz, azúcar, aceite y pasta alimenticia. En política alimentaria se han instrumentado una serie de programas para facilitar el acceso alimentario a los sectores populares, independientemente del nivel de ingreso. La distribución de alimentos se hace a través de la Misión Mercal. Las compras nacionales e internacionales las realiza la empresa estatal Corporación CASA para abastecer la Misión Mercal. La red de distribución de Mercal se ha desarrollado de manera acelerada y en la actualidad cuenta con más de 14 mil puntos de venta que cubren alrededor del 70% de la población y tienen la preferencia en compras de un 47% de ella. Mercal, además de distintos tipos de tiendas, cuenta con una red de 106 centros de acopio. Los productos vendidos por Mercal tienen un precio promedio de 13% por debajo de los precios regulados por el Ejecutivo. Venezuela se orienta hacia la conformación de un sistema nacional de control de alimentos con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de los mismos, bajo el enfoque de responsabilidades compartidas en toda la cadena alimentaria. Las políticas alimentarias mejoran la gestión de riesgos en los productos agrícolas, al igual que la aplicación de normas de calidad conocidas como Buenas Practicas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), Procedimientos Normalizados Operativos de Saneamiento (SSOP), Rastreabilidad, Control de los Procesos y Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP). No hay duda de que son muy importantes los esfuerzos realizados por la actual administración para desarrollar los programas de seguridad alimentaria y equidad social. Sin
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embargo, la falta de planificación en algunos casos, y la descoordinación entre los distintos entes públicos en otros, ha mermado su eficacia económica y social. Es así como se evidencia que han sido diseñados numerosos planes para lograr la seguridad alimentaria, pero ellos han sido ejecutados de manera parcial. En este sentido es necesario retomar el carácter integral de la seguridad alimentaria con la participación de todos los sectores y actores involucrados y crear mecanismos y sistemas operativos que permitan coordinar las acciones, aumentar la inversión en este ámbito y hacerla más eficiente.

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Capítulo 4: El derecho a la educación
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La educación comprende el aprendizaje y la apropiación de conocimientos y saberes de información y comunicación, desde una visión integradora, abierta y democrática, acorde con los contextos culturales y sociales de cada persona y comunidad. Estos son elementos esenciales para el desarrollo expresivo, creador y transformador de los seres humanos en su relación con el mundo y la sociedad. Por mandato constitucional, en Venezuela la educación es un derecho humano y un deber social. Se considera un servicio público de carácter democrático, gratuito y obligatorio para todos/as las personas, desde la etapa maternal hasta el nivel medio diversificado. Este derecho debe ejercerse con garantías de calidad, integralidad, permanencia, en igualdad de condiciones y oportunidades, respetando todas las corrientes del pensamiento y orientada hacia el desarrollo del potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad (CRBV, artículo 102).
Metas de los ODM en la educación venezolana para el año 2015 Los compromisos internacionales asumidos por Venezuela en educación respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración Educación para Todos (Jomtien y Dakar) son: 1. En 2015 todos los niños y niñas deben haber completado el ciclo de Educación Básica. 2. Alcanzar un crecimiento interanual sostenido de 5% de la matrícula en Educación Inicial. 3. Haber mantenido la tendencia de crecimiento de la tasa neta de escolaridad en Educación Media, Diversificada y Profesional. 4. Expandir en 50% la alfabetización de adultos. 5. Brindar educación gratuita y obligatoria de

La educación abarca las experiencias calidad, y mejorar la calidad de la lectura y socioeducativas, la alfabetización y el escritura, aritmética y competencias prácticas en dominio del lenguaje, el desarrollo de el aprendizaje. competencias tanto en habilidades como en capacidades, la adquisición de Fuente: MPD, 2004, p. 42. conocimientos técnicos, humanísticos y científicos, la formación y la capacitación para el trabajo, así como la educación ciudadana en el sistema formal y en la participación. Una de las prioridades del Estado venezolano es el desarrollo del sistema educativo, propósito que se refleja en el aumento de las coberturas y la inversión pública, como parte de los compromisos asumidos por el país con los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y los compromisos de Jomtien y el Foro Mundial de Dakar, contenidos en la Declaración de Educación para Todos. El análisis del sector por niveles permite afirmar que el mayor logro educativo en Venezuela se encuentra en la educación básica, cuyas coberturas alcanzaron el 95% entre el primero y

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sexto grado, y el 80% entre el séptimo y noveno grado para el período 2002-2003. En segundo lugar, se ubica la educación inicial y preescolar que para el período escolar 20042005 alcanzó una tasa neta de 52% entre los niños de 3 a 6 años. La mayor fragilidad del sistema sigue estando en la educación media diversificada y profesional, que pese a su evolución positiva sólo alcanzó una tasa neta de 30,6% para los años 2004 y 2005. Otro aspecto relevante en los últimos años es la incorporación –por medio de las misiones educativas– de los jóvenes y adultos que se encontraban excluidos del sistema escolar. De esta manera, la Misión Robinson logró la alfabetización de cerca de 1.500.000 personas, lo que hizo que en el año 2005 el gobierno nacional declarara al país libre de analfabetismo. No obstante, Venezuela aún tiene un déficit importante en materia de formación de recursos humanos, que se expresa en el bajo promedio de escolaridad de la población general el cual alcanza los 8,9 años. Respecto de este promedio nacional las mujeres poseen una escolaridad ligeramente superior, calculada en 9,2 años. La educación en el país es fundamentalmente pública y la mayor oferta de los servicios se concentra en el área urbana. La participación femenina es mayor en todos los niveles educativos, sin embargo hay todavía problemas de calidad, así como estereotipos y discriminación hacia las niñas. Entre las brechas más importantes destaca la alta deserción de los y las adolescentes, la baja escolaridad de los niños/as indígenas y de aquellos que viven en zonas de frontera así como en ciudades con menos de 200.000 habitantes, donde la oferta educativa es todavía limitada. En el marco del derecho a la educación se han aplicado una serie de medidas dirigidas al aumento de la matrícula en las escuelas públicas, el programa alimentario escolar, la ampliación progresiva de las escuelas de turno completo y los centros de educación inicial en sus diferentes modalidades, como los centros de educación inicial llamados “Simoncitos”. Como una estrategia complementaria a la educación básica, actualmente el gobierno está desarrollando los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT). Los esfuerzos realizados se observan en el incremento de la inversión pública educativa, que representó el 38% del gasto social y el 4,2% del PIB para el año 2005 (MPD/SISOV, 2005). La educación inicial La educación inicial es de particular importancia para el desarrollo de las capacidades de la primera infancia, así como el aprestamiento necesario de los niños y niñas que iniciarán el primer grado de la educación básica en condiciones más adecuadas. Desde 1980 la matrícula del nivel preescolar ha ido en aumento: para 2002 existía una red de cerca de 11.800 preescolares a nivel nacional y la cobertura se ha duplicado en los últimos 20 años, de 412.000 alumnos (1981-1982) a 882.000 (2002-2003) (cf. MED, Memoria y Cuenta, varios años). Para 2004-2005 existían 974.900 niños y niñas matriculados en el preescolar y 282.00 niños y niñas en los centros denominados HOGAIN atendidos por SENIFA, lo que significa que la tasa neta de escolaridad inicial de niños y niñas de 3 a 6 años es aproximadamente 52%. Los servicios de educación preescolar en el país son urbanos en un 77% y públicos en 82% (MED, Memoria y Cuenta 2004-2005), con distintas modalidades de atención en el marco del proyecto “Simoncito”. A pesar de estos avances, se puede afirmar que la matrícula de la educación preescolar evoluciona con menos intensidad que la matricula de la educación básica, debido a la persistencia de factores que impiden el pleno acceso de los niños y niñas en áreas
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periurbanas y rurales. La educación preescolar tiene mayor cobertura en áreas urbanas concentradas, especialmente en grandes ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia.

CUADRO 4.1 LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO BOLIVARIANO Educación Inicial: Simoncito La educación inicial es el primer nivel dentro del sistema de educación bolivariana y se desarrolla mediante el programa “Simoncito”. En éste, se concibe a la familia como el primer escenario de socialización e incluye modalidades de atención convencional y no convencional. Su objetivo es asegurar el derecho a la educación integral y de calidad a los niños y niñas entre 0 y 6 años de edad, en un marco de equidad y justicia social, a través de condiciones sociales, educativas y nutricionales que permitan a la niñez crecer y desarrollarse plenamente y procurar su nivelación antes de ingresar al primer grado. La educación básica primaria es el segundo nivel educativo y comprende del 1° al 6° grado a través de las “Escuelas Bolivarianas”, definidas como espacios para la salud y la vida a partir de la concepción de la educación como “un continuo humano” que se inicia desde los 0 años de edad de los niños y niñas hasta la adultez. Estas escuelas incluyen una jornada escolar completa, la flexibilización del currículo y el cambio de paradigma de la supervisión de la conducta punitiva hacia la orientación, acompañamiento, control y evaluación del proceso educativo. Es una escuela transformadora de la sociedad que profundiza la identidad nacional, la participación, la formación crítica, la integración a la comunidad y el arraigo a la historia, valores y costumbres nacionales. La educación media en el nuevo modelo de educación bolivariana es atendida a través de dos modalidades: • Los Liceos Bolivarianos, son centros de educación media que atienden a los adolescentes y jóvenes entre los 13 y 18 años de edad. Contempla 5 años de formación, que corresponden a los grados 7°, 8º y 9° de educación básica y el 1° y 2° año de educación media diversificada. En estos liceos se propone un programa formativo más flexible, ajustado a las realidades locales y el cual garantice continuidad de formación. En este sentido, los liceos son definidos como un espacio para la producción y la productividad, la paz, la innovación pedagógica, la creación y creatividad, la salud y la vida, la comunicación alternativa y la innovación tecnológica, además de constituirse en un centro del quehacer comunitario. Comprende áreas de conocimiento en lugar de materias y la construcción de proyectos en lugar de contenidos. Plantea además la creación de centros de recursos para el aprendizaje, centros ambientalistas y el séptimo bolivariano. • Las Escuelas Técnicas Robinsonianas están orientadas a la formación de los jóvenes en oficios necesarios para el desarrollo endógeno de su comunidad y municipio y les permita la inserción en el proceso productivo. Su enfoque se centra en la importancia de la educación y el trabajo como procesos fundamentales para alcanzar la defensa y el desarrollo de las personas, así como la construcción de una sociedad justa y pacífica. La educación superior se orienta a potenciar la sinergia institucional y la participación comunitaria para garantizar el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo y transformar la condición de excluidos del subsistema de educación superior.

Educación Básica primaria: Escuelas Bolivarianas

Educación media y diversificada: Liceos Bolivarianos Escuelas Técnicas Robinsonianas

Universidad Bolivariana

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Para alcanzar una cobertura plena de calidad es necesario que las políticas educativas presten particular atención a las necesidades diferenciadas de los niños de 0 a 3 años y de 4 a 6 años, enfatizando el desarrollo de modalidades alternativas para la primera etapa, orientadas a fortalecer las capacidades de la familia para la atención integral de la niñez. En el caso de los niños de 4 a 6 años, tiene mayor relevancia la oferta de servicios preescolares de calidad orientadas a universalizar el acceso y permanencia de éstos en el sistema escolar. La educación básica Venezuela ha mostrado avances significativos en la universalización de la educación básica, con diferentes ritmos de crecimiento en las últimas tres décadas. Durante los años ochenta la matrícula apenas creció en 1,9% y en los noventa se produjeron retrocesos en la cobertura. A lo largo de ese decenio, las tasas netas de matrícula del primer grado mostraron un deterioro, pasando de 87,2% en 1990 a 80,6% en el período 1998-1999, con una fuerte caída en la oferta educativa pública. Las tasas netas de matrícula de la tercera etapa de educación básica (7º a 9º grado) arrojaron que menos de la mitad de los adolescentes entre 13 y 15 años lograron tener acceso a ese nivel, sin grandes variaciones durante los años noventa, calculándose entre 45% y 47% los porcentajes de cobertura (OCEI/UCAB/UNICEF, 2001). El descenso en la matrícula escolar para esos años ha sido atribuido a la crisis en el gasto público. En efecto, el gasto en educación como porcentaje del PIB se mantuvo alrededor del 3,5%, bajando a 2,1% en el año 1996. A partir del año 1999 la matrícula del sistema escolar retoma su tendencia al crecimiento que por más de 30 años había sido considerado el más inclusivo de América Latina. Entre los años 2004 y 2005 se incrementó la matrícula de educación básica en 11% y la tasa neta de cobertura pasó de 82,8% en 1998-1999 a 90,7% en 2004-2005. La cobertura de la educación básica muestra que en este nivel es donde el país tiene mayor fortaleza. Actualmente se cuenta con más de 25.000 escuelas, de las cuales 83% son públicas y 17% son privadas. En las zonas rurales e indígenas las escuelas son predominantemente públicas y las privadas sólo representan 2% (MED, Memoria y Cuenta, varios años, citado por MPD/UNICEF, 2005). Los avances significativos en educación básica no sólo se reflejan en el acceso sino también en la permanencia escolar, aun cuando todavía no se puede hablar de una plena universalización. Hasta 1994-1995 la repitencia en educación básica había mostrado una tendencia creciente y en esos años fue de 13%. A partir de 1998-1999 la repitencia mostró un moderado descenso hasta ubicarse en 7,6% durante los años 2004-2005, siendo más baja en las niñas (5,9%). Así mismo la deserción escolar, que había estado por encima de 12% para 1994-1995, bajó considerablemente a poco más del 4% entre los años 2003 y 20049. Los avances más importantes en matrícula se concentran en los primeros seis grados, donde la tasa neta superó 95% en el período 2002-2003, con diferencia de apenas un punto más favorable para las niñas. La tasa neta de escolaridad del 7° al 9° grado de educación básica es más baja, aunque ha tenido en los últimos años incrementos significativos al haber

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La información de 1994-1995 procede del documento “La EPT Evaluación 2000: Informes de Países: Venezuela” (www2.unesco.org/wef/countryreports/venezuela/rapport_1.html) y la información 20032005 son cálculos propios basados en las estadísticas oficiales del MED y las proyecciones de población del INE. | 43

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pasado de menos de 50% en 1998-1999 a más de 80% en 2002-2003, con una situación significativamente más favorable para las adolescentes. A pesar de los altos promedios nacionales en la cobertura de la educación básica, existen aún inequidades en la educación de la niñez indígena. Según la información del Censo 2001 se estima que la asistencia escolar de los niños/as indígenas entre 7 y 14 años es aproximadamente un 20% más baja que el promedio del país. Se presume que también existe un déficit de cobertura en las comunidades rurales afrodescendientes (UNICEF, 2006). A esto se suman las limitaciones de los contenidos y las metodologías pedagógicas que no responden adecuadamente a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de las comunidades rurales del país.
GRÁFICO 4.1 TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 7 Y 14 AÑOS

Fuentes: Censo del Población 1990 y 2001; Censo indígena 1992.

La educación media diversificada Este es el nivel con mayor fragilidad del sistema educativo venezolano, tanto por la aún baja cobertura como por la alta tasa de deserción que se advierte en los últimos grados de la educación básica. Como en todos los niveles educativos, la mayor parte de la matrícula del ciclo medio sigue siendo pública con más del 70% para 2002-2003. Sin embargo, un tercio de los planteles son privados. Para el año escolar 2001-2002 la tasa neta de escolaridad media diversificada era de 23,7% y aumentó a 30,6% para el año 2004-2005, con cerca de 43% de participación femenina y 34% de participación masculina. La deserción escolar sigue siendo alta: 11,6% para los años 2003-2004. Así mismo, las tasas de repetición son mayores en los niños (4%) que en las niñas (2,7%). Se calcula que aproximadamente cerca de 1.000.000 de adolescentes entre 15 y 17 años están fuera del sistema educativo formal. Según la CEPAL, para el año 2000, se requería un mínimo de 10 a 13 años de educación formal para contar con buenas probabilidades de no caer o de seguir en la pobreza. Por lo tanto, urge incrementar el acceso y la inclusión a la educación media que no sólo permitirá el acceso a mejores empleos, sino que además juega un rol protector e incrementa las
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capacidades de los adolescentes para tomar decisiones informadas y evitar riesgos de diversa índole (CEPAL/UNICEF, 2006). Entre los factores más relevantes que pueden estar afectando el acceso universal en educación básica, media y diversificada de los niños, niñas y adolescentes se pueden mencionar los siguientes: • La insuficiente oferta que persiste en algunos planteles educativos, particularmente los ubicados en área rural dispersa, municipios de frontera, comunidades indígenas y ciudades pequeñas, que no ofrecen todos los niveles y grados de la educación básica, especialmente a partir del séptimo grado. Los factores sociales y culturales, como la falta de documentos de identidad y/o escolaridad, la nupcialidad temprana, el embarazo adolescente, la violencia en la comunidad y la escuela, así como la incorporación temprana de la niñez al trabajo doméstico y no doméstico, acentuado en familias de escasos recursos en general y en las niñas en particular que asumen las tareas domésticas no remuneradas.

•

A estos factores se deben sumar los aspectos de calidad que pueden disminuir la retención escolar de la niñez y la adolescencia en el sistema educativo. En este sentido, la falta de adecuación de los contenidos a los requerimientos del mercado laboral, el bajo rendimiento, la calidad del desenvolvimiento de los docentes en el aula, los contenidos sin suficiente actualización y con poca relación con la visión de los jóvenes podrían contribuir a la deserción de los estudiantes especialmente de estratos pobres. El fracaso escolar se debe en parte a la ausencia de esfuerzos que contribuyan a mejorar la autoestima de los escolares. Ello crea las condiciones para que la niñez y adolescencia sean excluidas del sistema escolar, con el peligro de que la calle se convierta en el único medio de socialización accesible (Espíndola y León, 2002).

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Capítulo 5: Los derechos de las mujeres y la igualdad de género
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La situación de las mujeres venezolanas ha venido transformándose aceleradamente durante las últimas décadas producto de significativos cambios en los aspectos sociodemográficos como la reducción de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, el mejoramiento de los servicios básicos, el incremento de las oportunidades de acceso a la educación y participación en la estructura económica así como avances en el marco institucional y legislativo, reconocidos como impostergables para el logro de la igualdad de género. De ahí que la Constitución de 1999, redactada desde una perspectiva de género, garantiza –entre otros derechos– las medidas de acción positiva, reconoce el valor agregado del trabajo doméstico, el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos/as y a ejercer acciones para atender las reivindicaciones más importantes en materia de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades (CRBV, artículos 21, 83 y 76). La educación en las mujeres Venezuela no presentará mayores dificultades para alcanzar el cumplimiento de la Meta 4 de la Declaración del Milenio, referida a la eliminación de las disparidades de género en la educación primaria y secundaria. Para el período escolar 2003-2004 se produjo un aumento de la matrícula tanto de niñas (53,5%) como de niños (53%) en preescolar, así como en la educación básica tanto para las mujeres (98,4%) como para los hombres (97,2%) situándose actualmente la proporción en 101 mujeres por cada 100 hombres. Durante los últimos tres años se ha producido un incremento en la matriculación de estos niveles (primaria y secundaria) lo que junto a un significativo descenso de la deserción escolar, la aplicación de políticas sociales en educación y un significativo aumento de la inversión a través de las Misiones Educativas Ribas y Sucre, permite decir que la meta está muy cerca de ser alcanzada. En la educación superior, la meta se alcanzó en la matriculación, pero en cuanto a las especialidades existen aún importantes discrepancias. En ciencias sociales, salud, educación, letras y artes el número de mujeres supera al de los hombres mientras que en las ingenierías y carreras técnicas la preponderancia es masculina.

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CUADRO 5.1 MATRÍCULA, NUEVOS INSCRITOS Y Área de conocimiento Ciencias básicas Ingeniería, arquitectura y tecnología Ciencias del agro y del mar Ciencias de la salud Ciencias de la educación Ciencias sociales Humanidades, letras y artes

EGRESADOS EN LAS UNIVERSIDADES SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO, AÑO

2000

Total 6.069 86.138 12.749 34.292 96.210 166.893 7.806

Matrícula Mujeres 1.985 34.667 4.293 17.947 61.108 87.663 1.583

Hombres 4.084 5.1471 8.456 16.345 35.102 79.230 6.223

Total 250 6.909 1.126 5.783 14.882 17.032 464

Egresados Mujeres Hombres 101 2.606 348 2.695 10.009 9.027 145 149 4.303 778 3.088 4.873 8.005 319

Fuente: Oficina de Planificación del Sector Universitario-OPSU, 2003.

Sin embargo persisten aún discriminaciones en el ámbito de los contenidos curriculares que fortalecen los estereotipos culturales y mantienen obstáculos especialmente para el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Por eso se requiere de esfuerzos en la aplicación de programas que eduquen hacia la igualdad, con el fin de lograr mayores oportunidades que se transformen en mayor acceso a trabajos productivos, mejores ingresos y proyectos de vida que demoren, entre otros, la edad de inicio de la maternidad. La participación política y cargos de decisión El año 1999 marca un importante hecho histórico para el avance de los derechos de las mujeres en Venezuela. La nueva Constitución visibiliza a las mujeres través del uso de un lenguaje no sexista a lo largo de todo su articulado y además de que incluye los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento del valor agregado del trabajo doméstico (CRBV, artículos 76 y 88). En cuanto a la participación de las mujeres en política, tanto en los cargos de elección directa como en la Asamblea Nacional, la tendencia ha experimentado un ligero aumento pero la brecha entre mujeres y hombres sigue siendo muy amplia. En la Asamblea Nacional, para el período 2006-2011, sólo 25% de la representación corresponde a mujeres, de las cuales apenas 18% fueron elegidas como principales. A nivel electoral, la resolución Nº 050401-179 del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la cual se exige a las organizaciones con fines políticos, así como a los grupos electorales, conformar la postulación de sus candidatas/os de forma alternativa y paritaria, es una medida de acción positiva que garantizará en cierta manera mayor participación de las mujeres en la escena política. Es importante señalar que el actual Poder Electoral está compuesto por tres mujeres como rectoras principales, que en la presidencia del legislativo también está una mujer y que en el poder judicial y en el Tribunal Supremo de Justicia 31% son magistradas (10 de 32).

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Sin embargo, la situación actual está muy lejos de ser representativa y de corresponder con la importancia poblacional de las mujeres y el mandato del texto del artículo 21 de la Constitución. Una meta inmediata sería la de aumentar los porcentajes de mujeres en los poderes legislativos, nacionales regionales y locales (concejalas, gobernadoras, alcaldesas) para lo cual es necesario actuar mejorando los esfuerzos de representación en los partidos políticos. La incorporación al trabajo productivo La proporción de mujeres venezolanas incorporadas a la fuerza de trabajo en los últimos veinte años ha sido creciente y sostenida. Entre 1990 y 2005 la tasa de actividad económica de las mujeres pasó de 35,6% a 55,2%. Las participaciones relativas para el año 2005 indican 40% de mujeres y 60% de hombres. Sin embargo, esta incorporación se ha dado en condiciones de desigualdad. Otro elemento que muestra la desventaja de las mujeres en el ámbito laboral sería la tasa de desocupación abierta, que es mayor para las mujeres (13% frente a 10,8%), así como el tiempo que éstas tardan en conseguir un nuevo empleo. Precisamente, mientras en 2005 los hombres tardaban en promedio 9,45 meses en situación de desempleo, una mujer tardaba 20,62 meses, más del doble. Por otro lado, en los últimos años ha habido una tendencia a la precarización del empleo femenino en sectores de bajos salarios, malas condiciones de trabajo y carentes de seguridad social como ocurre con el trabajo informal, el trabajo a domicilio y el trabajo a tiempo parcial, donde la mayoría de las personas que los ejercen son mujeres. Se observa que el peso del trabajo informal es cada vez mayor entre las trabajadoras respecto de los trabajadores hombres. Entre 1990 y 1998, el trabajo informal entre las trabajadoras pasó de 19,2% a 35,0%, mientras que en los hombres la variación fue mucho menor, de 24,8% en 1990 a 28,2% en 1998. Las trabajadoras del servicio doméstico (incluidas en el sector informal de la economía) representan 12% de la fuerza de trabajo femenina en condiciones de trabajo precarizadas. El gobierno nacional ha instrumentado una serie de programas sociales, entre ellos la creación del Banco de Desarrollo de la Mujer (2001), la organización en cooperativas y la Misión Vuelvan Caras, que fomentan la participación activa de las mujeres para la obtención de un ingreso a través de los micro-créditos, especialmente dirigidos a las mujeres más pobres.

GRÁFICO 5.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS POR SEXO

Fuente: cálculos propios con base en datos de la Encuesta de hogares por muestreo. | 48

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No obstante, razones de género permanecen detrás de esta desigualdad que trae como consecuencia: • • • Iniciación temprana en las relaciones sexuales y la maternidad. Más hijos e hijas de los que desearían tener, con mayor riesgo de sufrir desnutrición y enfermedades evitables, y más altos índices de muertes producidas por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Doble jornada, trabajo doméstico no remunerado, siendo ésta una actividad reproductiva por la que no perciben ingresos, lo que les impide satisfacer de manera autónoma sus necesidades básicas, haciéndolas económicamente dependientes y por lo tanto más vulnerables a la pobreza. Menores oportunidades para insertarse en el mercado de trabajo, desempeñándose en los segmentos más precarios del sector informal, con bajas remuneraciones, incluso inferiores a la remuneración percibida por los hombres. Cuando trabajan con remuneración no se liberan del trabajo doméstico lo que aumenta la carga total de trabajo.

•

La violencia contra las mujeres La violencia contra las mujeres, entendida como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Belem Do Pará) sigue siendo una de las más profusas formas de discriminación que encontramos en Venezuela. Dada la dispersión de la información y el sub-registro de los casos, junto a la ausencia de coordinación entre organismos públicos y privados, es difícil dar cifras sobre la dimensión de este problema a lo largo del tiempo. El Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), órgano rector de las políticas de igualdad, desde su creación hace siete años ha mantenido una política institucional de prioridad a la atención de este problema. Una de sus más importantes medidas es la creación de una línea telefónica para denuncias, “0-800 Mujeres”, que ha recibido hasta el presente 22.372 llamadas, que reportan en su mayoría agresiones psicológicas y físicas hacia las mujeres por parte de sus parejas. INAMUJER informó que para el año 2004 se recibieron 2.895 llamadas, de las cuales 71,4% referían casos de violencia. De estas últimas, 91% eran casos de violencia intrafamiliar, casi siempre (70%) ocasionados por la pareja o ex-pareja. Una segunda fuente, el Boletín Violencia en Cifras (CEM-UCV), apunta que en el 79% de los casos el agresor es la pareja. Las diferentes fuentes coinciden en que el rango de edades tanto de agresores como de las agredidas o agredidos se mueve entre los 20 y 40 años. Desde 1998 y con la promulgación de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, tanto los institutos gubernamentales como las ONG comienzan a trabajar, de manera sostenida y articulada, para instrumentar medidas de sanción, atención y prevención con la finalidad de reducir la violencia. La Ley Orgánica por el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de muy reciente aprobación, mejora el marco legal de protección de los derechos de las mujeres, pues incluye no sólo la violencia doméstica y/o de pareja, sino todas las otras formas de violencia existentes como la sexual, la patrimonial, la obstétrica, la laboral, que también –aunque en menor magnitud– siguen estando presentes en la sociedad venezolana.

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Además, se ha habido también otros adelantos institucionales en materia de atención y prevención de la violencia hacia la mujer, como la creación de la División contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en el año 1999, y la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, en el año 2002. INAMUJER también ha realizado algunos avances significativos en la materia, dentro de los cuales se puede señalar el Plan Nacional de Prevención de la Violencia hacia la Mujer 20002005 y la puesta en marcha de las Casas de Abrigo, donde el Estado presta asistencia a las mujeres (y sus hijos e hijas) víctimas de violencia y donde reciben atención psicológica, jurídica y pedagógica por parte de un equipo multidisciplinario. Actualmente funcionan dos Casas de Abrigo a nivel nacional. Entre los obstáculos más difíciles de vencer se encuentra el de visibilizar el problema con cifras. El país cuenta con iniciativas muy frágiles como son las estadísticas sobre los casos atendidos por la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, las denuncias registradas por la línea 800 de cobertura nacional, así como el Boletín Violencia en Cifras del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, y las recogidas por el Departamento de la Comisión de Investigaciones Científicas y Criminalísticas. También el Ministerio de Salud ha presentado estadísticas de casos de violencia doméstica atendidos, pero no están articuladas ni sistematizadas. En cualquier caso, para confirmar estas tendencias haría falta desarrollar un sistema de recolección de información representativo a escala nacional con el fin de realizar estudios en profundidad. Igualmente, es altamente probable que se estén obviando algunos perfiles importantes sobre el desarrollo y las tendencias del problema. Sin lugar a dudas, el fenómeno pudiera ser más complejo en cuanto a estratos sociales y ámbitos geográficos se refiere, puesto que, más allá de los grandes promedios, hay que considerar una cantidad de casos no reflejados en los datos. Si bien la tendencia de la violencia doméstica pareciera ser del hombre hacia la mujer dentro de las relaciones de pareja, combinando violencia física con violencia psicológica, hace falta afinar la información para poder capturar las diferencias. Algunas informaciones señalan la existencia de patrones de violencia en las relaciones de noviazgo y la reproducción de patrones violentos aprendidos por agresores que fueron agredidos. Igualmente será necesario apoyar un trabajo eficiente sobre la identificación y erradicación de los patrones socioculturales que perpetúan relaciones de poder de los hombres contra las mujeres. Actualmente existe la posibilidad de instrumentar en el país encuestas demográficas y de salud, en las cuales ya se ha probado la incorporación de un módulo para medir las diferentes formas de violencia: violencia sexual, violencia en el hogar, incluso la existencia de sentimientos de culpabilidad por parte de las mujeres, en el caso de la violación sexual, así como el uso de medios legales y conocimiento de lugares donde realizar la denuncia. Todo ello favorecerá la identificación y tendencias del problema y los diferentes perfiles de violencia con el fin de elaborar políticas públicas que busquen resolver y erradicar esta forma de violación de los derechos humanos. Hacia la erradicación de las desigualdades Los avances se expresan de manera desigual. Las mujeres más pobres reciben menores ingresos, alcanzan menor nivel educativo y habitan en zonas marginales y rurales, por lo
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que muestran marcadas desventajas en su calidad de vida. Hay un aumento de la proporción de hogares pobres con jefatura femenina. Estos hogares son en extremo vulnerables lo cual contribuye a mantener los patrones socioculturales tradicionales que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres. El gobierno venezolano ha desarrollado un conjunto de políticas públicas que busca cubrir los déficit sociales acumulados a través de la estrategia de inclusión social de la mayor parte de la población que vive en situación pobreza. La creación de un marco institucional de equidad de género ha estado a cargo de INAMUJER, institución que ha desarrollado el Plan de Igualdad para las Mujeres (2005-2009), que centra su compromiso en acciones que velan por el ejercicio de los derechos de las mujeres. Es importante señalar como muestra de vocación política para la superación de las inequidades el aumento considerable que ha tenido INAMUJER en su presupuesto desde su creación en el 1999, pasando de 228 millones de bolívares a 5 mil millones en 2005. Así mismo, INAMUJER trabaja con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la transversalización de la perspectiva de género a fin de producir indicadores eficientes en la medición de las inequidades y con el Ministerio de Finanzas actualmente lleva adelante la incorporación del enfoque de género en el presupuesto nacional. En cuanto a la participación ciudadana de las mujeres venezolanas, desde 1999 hasta hoy ha sido masiva. Esto se observa con la creación de puntos de encuentro y la participación de las mujeres en organizaciones sociales como las mesas técnicas de agua, comités de tierras, comités de salud, impulsándolas hacia el ejercicio de la participación en todos los ámbitos de la vida pública.

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Capítulo 6: El derecho a la seguridad ciudadana
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Si bien la inseguridad se encuentra presente en todas las sociedades, existen situaciones y circunstancias que la incremetan o la reducen. Esta es una materia que preocupa a amplios sectores de la ciudadanía y, a la vez, un tema altamente sensible y complejo, por cuanto no existe acuerdo ni político ni técnico sobre el estándar de seguridad esperada o buscada, y menos sobre el nivel de inseguridad que una sociedad puede tolerar. El concepto de seguridad ciudadana está íntimamente relacionado con la violencia, sin embargo, la seguridad ciudadana no se circunscribe a la ausencia de violencia. En el marco jurídico venezolano, la seguridad ciudadana es un derecho humano reconocido en la Constitución donde se expresa que el Estado debe velar por la protección de las personas ante situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley. Para la Organización de Estados Americanos (OEA), en su Declaración de Montrouis (1995) la seguridad ciudadana es entendida como la seguridad de todas las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado. La seguridad de las personas constituye una pieza clave que incide en el desarrollo de la sociedad y en la garantía democrática de un Estado, junto con otros elementos esenciales tales como la existencia de instituciones democráticas y el estado de derecho. El tema de la violencia no está contemplado en las metas del milenio, por lo que no existen metas fijadas. Sin embargo, su estudio no debe pasar desapercibido, puesto que está demostrado que la criminalidad, la impunidad y la deficiencia de los sistemas judiciales y policiales afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las sociedades, amenazan la consolidación de las democracias, deterioran los niveles de vida de la población e impiden la vigencia plena de los derechos humanos y garantías de las personas. El aumento de la violencia y la inseguridad entre los habitantes de las grandes ciudades, en sus diferentes formas, debe entenderse como un fenómeno multicausal, en el que confluyen factores individuales, familiares, sociales y culturales, que inciden sobre los patrones de conducta doméstica y social. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la rápida modernización, las aceleradas modificaciones en el ámbito económico y el desarrollo de nuevas necesidades económicas, el deterioro de la calidad de vida de grandes sectores de la población y la falta de solución a problemas de larga data como guerras civiles y desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a la tierra ponen en entredicho los valores establecidos en la sociedad, generando trastornos en la escala de valores y la moral de la población.

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En este contexto, la delincuencia aparece como una forma de autodefensa –“justicia por su propia mano”– o una de forma de hacer dinero fácil, siempre a costa del derecho a la propiedad y a la integridad física de las víctimas. Estas desviaciones, que se generan por factores internos o externos de una sociedad, encuentran expresiones muy variadas, todas ellas formando parte del problema mencionado: aumento de la criminalidad violenta; ajusticiamientos por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; la violencia doméstica, en particular hacia la niñez y la adolescencia; potenciales disturbios sociales, narcotráfico y presencia de grupos irregulares en la frontera. Un elemento que explica la criminalidad en el país se relaciona con la impunidad. Durante el año 2003 fueron reportados 265.488 delitos, de los cuales 68% fueron investigados, y sólo el 7% de los casos culminó con la detención de sus autores. Esta situación tiende a generar desconfianza y falta de credibilidad en el Sistema de Administración de Justicia, a pesar de los esfuerzos gubernamentales desplegados para su reforma. La relación entre la impunidad y las fallas en el sistema de administración de justicia se evidencian en la deficiencia tanto en los sistemas de prevención del delito como en los de rehabilitación al delincuente, la actuación al margen de la ley de los funcionarios encargados de la seguridad ciudadana y los operadores de justicia, lo que se traduce en corrupción y abuso de poder. Otra situación que ejemplifica el patrón de criminalidad son las ejecuciones extrajudiciales. Según cifras oficiales, en los últimos tres años la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Republica reportó 2.415 denuncias por violación del derecho a la vida, lo que por ese despacho es reconocido como “ajusticiamiento”. Según los datos de esa oficina, las cifras de ejecuciones pasaron de 1.480 en 2004 a 707 en 2005 y sólo 228 en lo que va de 2006. Sin embargo, según una ONG como Provea, las ejecuciones extrajudiciales año a año se mantienen más o menos al mismo nivel. Un aspecto que tiene impactos a largo plazo en la construcción de la convivencia ciudadana lo constituye la protección a la niñez y a la adolescencia contra la violencia. Allí se observa una debilidad en el sistema de protección, en particular en lo relativo a la prevención del maltrato infantil, a pesar de los esfuerzos emprendidos en la reforma integral del sistema de atención a la niñez implantado luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA). De igual modo resulta preocupante que los niveles de violencia en la extensa franja fronteriza con Colombia se hayan incrementado notablemente en los últimos años como resultado, entre otros aspectos de importancia, de la intensificación del conflicto colombiano en los estados fronterizos y la exacerbación de los enfrentamientos armados entre los distintos grupos irregulares. Criminalidad y violencia urbana En los últimos quince años la criminalidad y la violencia se presentan de manera consistente entre los principales motivos de preocupación de la población urbana en Venezuela. En 2001 la inseguridad era considerada el segundo problema en el país, en el año 2003 pasó a ocupar el tercer lugar después del desempleo, para volver a situarse en el segundo lugar en consultas más recientes. A pesar de las deficiencias en el registro y la clasificación de los hechos delictivos y la presunción basada en encuestas de victimización, las cifras disponibles muestran una creciente percepción de inseguridad en la población.
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GRÁFICO 6.1 EVALUACIÓN DE LA DELINCUENCIA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA GENTE

Fuente: Consultores 21.

GRÁFICO 6.2 DELITOS REGISTRADOS

Fuente: cálculos realizados por el Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV con base en datos de estadística delictiva del antiguo Ministerio de Justicia y del actual CICPC.

Sin embargo, a pesar de que el índice de delitos en general se ha mantenido relativamente constante, la criminalidad violenta, expresada en homicidios y lesiones, ha experimentado variaciones importantes, lo que refuerza en la población la percepción de riesgo de ser víctima de delitos violentos. Entre 1986 y 2005 la tasa de homicidios por cien mil habitantes se cuadruplicó, al pasar de 8 a 37. Este comportamiento se inicia a partir de 1989, cuando dicha tasa experimenta un crecimiento sostenido con leves variaciones interanuales negativas al final de los noventa.
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GRÁFICO 6.3 HOMICIDIOS REGISTRADOS

Fuente: cálculos realizados por el Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV con base en datos de estadística delictiva del antiguo Ministerio de Justicia y del actual CICPC.

Al comparar la participación porcentual de delitos contra las personas y contra la propiedad sobre los delitos totales, encontramos que los primeros han experimentado un alza en tanto que los segundos han decrecido en los últimos años, producto de los esfuerzos y recursos públicos y privados dedicados al control de los delitos contra la propiedad.
GRÁFICO 6.4 DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y CONTRA LA PROPIEDAD. TOTAL NACIONAL

Fuente: cálculos realizados por el Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV con base en datos de estadística delictiva del antiguo Ministerio de Justicia y del actual CICPC.

Estas cifras indican un cambio de patrón en la criminalidad urbana en Venezuela, expresado en el crecimiento de los delitos violentos (homicidios y delitos contra la propiedad con recurso a la violencia), diferenciada en una criminalidad de tipo social (no delincuencial, difusa y sin fines lucrativos) presente en la mayoría de los delitos contra las personas y una criminalidad instrumental, caracterizada por su finalidad lucrativa, que se observa en la mayoría de los delitos contra la propiedad. La mayor parte de las víctimas de delitos violentos son varones entre los 15 y 24 años, seguidos por mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Así mismo, se conoce que las zonas periféricas de los centros urbanos presentan las mayores tasas de homicidios en tanto
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que, las de mayor nivel socioeconómico, presentan una incidencia más alta de delitos contra la propiedad y lesiones. Para el año 2005, siete estados del país se situaron por encima de la tasa nacional de homicidios por cien mil habitantes, dentro de los cuales destaca el Área Metropolitana de Caracas, que duplica el índice nacional.
CUADRO 6.1 TASA DE CRIMINALIDAD VIOLENTA, 2005

Estado Caracas Vargas Carabobo Anzoátegui Bolívar Táchira Miranda Venezuela

Tasa 2005 99 68 56 53 48 48 46 43

Fuente: cálculos realizados por el Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV con base en datos de estadística delictiva del antiguo Ministerio de Justicia y del actual CICPC.

Estos cambios en el patrón de criminalidad y violencia urbana en Venezuela tienen su explicación en una diversidad de factores, entre los cuales destacan: el crecimiento del delito organizado; el aumento de la conflictividad civil manifiesta en la resolución de conflictos interpersonales por vías violentas; la impunidad estimulada por las disfunciones del sistema de administración de justicia y la descodificación penal; las respuestas inadecuadas por parte del Estado, en parte debido a la confusión entre los conceptos de seguridad ciudadana, orden público y seguridad del Estado; la proliferación desordenada de cuerpos policiales que no siempre actúan de manera coordinada; las dificultades en la formulación de políticas públicas de seguridad para atender la heterogeneidad de factores asociados a la violencia, y las deficiencias de registro y clasificación de los hechos delictivos, además de la insuficiente intervención sobre factores de riesgo, tales como control de armas en manos de civiles, consumo de drogas y alcohol, entre otros. Las políticas y los planes dirigidos a reducir la violencia y el delito en Venezuela tradicionalmente se han caracterizado por ser unidimensionales, improvisados, reactivos y atomizados, así como por la exclusión de la participación ciudadana en su formulación y la ausencia de seguimiento y evaluación sistemática. El enfoque del Estado ha estado dirigido a incrementar la capacidad coercitiva de las fuerzas policiales y la represión del delito, más que a la intervención sobre factores sociales y situacionales que actúan como causas de la violencia y la criminalidad. Como consecuencia, se han producido reiterados fracasos –a juzgar por el aumento de las tasas de criminalidad– así como efectos nocivos, tales como la proliferación y el crecimiento desordenado de cuerpos policiales con distintos niveles de competencia, grados de desarrollo institucional y de legitimidad. Así mismo han tenido repercusiones negativas en el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, pues junto con el crecimiento de los índices de criminalidad y violencia se observa el incremento de la intervención de funcionarios policiales en acciones que atentan directamente contra el

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derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad ciudadana, lo cual ha dado lugar a un serio debate y cuestionamiento del funcionamiento y la estructura de los cuerpos policiales. Ante esta situación, Venezuela emprendió un proceso de reforma policial consistente y profundo a partir de abril de 2006, cuando se crea la Comisión Nacional para la Reforma Policial como un órgano plural y técnico, conformado por representantes de amplios sectores de la sociedad y presidida por el Ministro de Interior y Justicia, con la misión de proponer un modelo de policía concebido como un servicio público orientado por los principios de permanencia, eficiencia, extensión, democracia, participación y evaluación pública, dentro del marco de la Constitución Nacional y de las normas y principios internacionales sobre Derechos Humanos. Luego de una amplia y abierta consulta nacional, la Comisión se encuentra en la etapa final de preparación de la propuesta que presentará a la nación. La reforma policial se inserta en un programa más amplio de seguridad ciudadana que el Estado está desplegando por intermedio del Ministerio de Interior y Justicia. Este programa consta de los siguientes componentes: Plan de Control de Seguridad Urbana, Rural y Fronteriza; Plan de Control de Armas; Plan Barómetro de Seguridad; Plan contra la Delincuencia Organizada; Plan de Cumplimiento de la Ley y Rescate de Valores, y Plan de Convivencia Ciudadana. Este programa representa un avance importante en las políticas públicas de seguridad ciudadana. Sus ejes apuntan a la reconstrucción del papel del sector seguridad en el sistema democrático, incorporando los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en el diseño y desarrollo de las políticas y planes de seguridad, y estos ejes se conciben como complemento de otras políticas y acciones orientadas hacia la creación de un ambiente propicio para el desarrollo humano. La violencia y el maltrato a la niñez y la adolescencia La violencia contra la niñez y la adolescencia es reconocida como un problema mundial, depende de varios factores y son múltiples las manifestaciones en los diferentes entornos (familia, comunidad, escuela, calles, instituciones de atención, lugares de trabajo y medios de comunicación), con repercusiones que afectan el desarrollo infantil a nivel físico, psíquico, emocional y mental, tanto en el corto como en el largo plazo. Un estudio realizado por las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños en 2006 concluye que este problema está presente en todos los países y grupos sociales, y lo más lamentable es que permanece oculto, no denunciado y poco documentado. Numerosos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o que son conscientes de su existencia se mantienen callados por temor a la retribución y al estigma, cuando además no encuentran mecanismos seguros para denunciar o recibir ayuda. Todos los niños y niñas corren potencialmente el peligro de sufrir la violencia, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, sin embargo el estudio identifica que los niños tienen más riesgo frente a la violencia física mientras que las niñas lo tienen frente a la violencia sexual, al abandono y la prostitución forzada. Destaca la alta vulnerabilidad de la niñez que vive en las calles, carente de medio familiar, y los adolescentes en conflicto con la ley, refugiados o desplazados (ONU, 2006). En Venezuela la violencia contra la niñez y la adolescencia también está presente y trasciende el ámbito de la esfera familiar o doméstica como suele atribuirse. Se ha identificado que desde finales de los ochenta la violencia en general está impactando los patrones de la mortalidad. La fuerte tendencia al incremento de los homicidios afecta principalmente a los adolescentes y los jóvenes. Entre 1998 y 2000 el 70% de las muertes
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de personas entre 15 y 19 años se produjo como consecuencia de hechos externos, con aumento a 77% entre 2002-2003. En la información oficial de los órganos de seguridad se reportan situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entre septiembre 2004 y marzo 2005 hubo un total de 668 muertes por causas violentas y, de éstas, el 44% fueron homicidios10. En ese mismo período se recibieron 1.800 denuncias por casos de violencia sexual, 2.070 lesiones a la integridad física, 232 raptos y secuestros y 109 desapariciones concluidas. Otra fuente de información importante es el Informe de la Defensoría del Pueblo, 2004 (cf. DP, 2005), el cual reporta 285 denuncias relacionadas con violaciones al derecho de los niños y adolescentes a ser protegidos en su integridad física y psíquica, 41 sobre abuso sexual y 5 sobre venta y tráfico de niños y adolescentes. Un estudio del Ministerio de Salud sobre prostitución infantil (DP, ibíd., pp. 170-171) destaca que los niños y adolescentes víctimas de esta situación conviven en un ambiente extremadamente duro y violento. En ese mismo año el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente (CNDNA) resaltó el incremento de las denuncias relativas al presunto tráfico y abuso sexual de niños. Entre los grupos de niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la violencia están aquellos en situación de calle y de mendicidad. No obstante, no existen estadísticas confiables sobre este problema. Las cifras existentes provienen de censos muy focalizados, como por ejemplo el que realizó la Alcaldía Metropolitana de Caracas (2003) que identificó a 857 niños y niñas en situación de calle en los municipios Baruta, Chacao, Sucre y Libertador (citado por CECODAP, Informe 2004). Otro censo sobre niños, niñas y adolescentes en situación de calle realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Salud en ese mismo año, arrojó otras cifras ya que sólo en el municipio Libertador se identificaron 754 niños, niñas y adolescentes en esta situación. Estos resultados muestran la falta de uniformidad de criterios en las metodologías de medición. Cabe destacar que Venezuela cuenta con un amplio marco normativo orientado a proteger y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en general, y en particular para su protección contra las diversas formas de violencia. Desde 1990 se ratificó la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y posteriormente ha sido acogida en sus principios fundamentales, tanto en la Constitución de 1999 como en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA). El país también ha ratificado los dos Protocolos Facultativos de la CDN, que protegen a la infancia contra la prostitución infantil y pornografía, y la participación en conflictos armados, así como el Protocolo Facultativo para Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional). En los últimos años ha habido avances importantes como la puesta en funcionamiento del sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, con alcance nacional, estadal y local, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo en su rol de vigilancia y protección de los derechos de la niñez, así como las acciones de prevención contra la explotación sexual comercial y el reclutamiento forzoso de la niñez en las fronteras. También se destaca que en noviembre de 2006 el gobierno nacional firmó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, con especial énfasis en la Niñez y la Adolescencia, el cual comenzará a ejecutarse a partir del año 2007. Sin embargo, dos de los principales desafíos siguen siendo la articulación entre los distintos órganos del Estado que asegure un abordaje integral para la
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La misma fuente reporta que entre septiembre 2003 y mayo 2004 hubo 845 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, siendo los homicidios el 45%. | 58

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prevención y atención de violencia a la niñez y adolescencia, así como un sistema de administración de justicia más eficiente. La violencia y los accidentes En Venezuela, 32% de las muertes violentas son consecuencia de accidentes con vehículos de motor, primera causa de muerte en las mujeres de 15 a 24 años y segunda causa en los hombres en ese grupo de edad (MSDS, Anuarios de mortalidad, varios años).
GRÁFICO 6.5 MUERTES VIOLENTAS COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES CON VEHÍCULOS DE MOTOR

GRÁFICO 6.6 MORTALIDAD POR SUICIDOS Y HOMICIDIOS, 1989-2004

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La seguridad ciudadana en la zona de frontera Venezuela tiene un área fronteriza extensa que comparte con Colombia, Brasil y Guyana principalmente. La dinámica con Colombia es particularmente activa, con 2.317 Km de frontera común. Los departamentos limítrofes colombianos con Venezuela comprenden las entidades de la Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía las cuales colindan con los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, donde se asientan aproximadamente cinco millones de habitantes (INE, Censo 2001). Tres de los cuatro estados fronterizos presentan índices de pobreza y pobreza extrema en porcentajes muy superiores al promedio nacional11 lo que evidencia que en estas zonas del país también se encuentran presentes los problemas de la pobreza endémica, inequidades sociales pronunciadas, servicios públicos precarios, poca presencia institucional, e incluso elevados índices de desempleo y una creciente inseguridad social tanto en áreas urbanas como rurales. A estos problemas se unen los efectos del conflicto colombiano, que se ha intensificado en años recientes, en particular, en los departamentos colombianos fronterizos con Venezuela. Un signo visible de las secuelas del conflicto armado fue la llegada al territorio nacional de personas civiles, mayoritariamente de origen rural, huyendo del conflicto colombiano. Este flujo se ha caracterizado por ser constante, pero no masivo. Éste se ha consolidado a lo largo de los últimos ocho años, alcanzando hasta la fecha una cifra significativa, que según estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) podría rebasar ya las 200.000 personas, con base en un estudio de 2003 y en proyecciones a partir de los informes censales nacionales. Esta nueva migración es sustancialmente distinta a las que habían caracterizado el flujo histórico de personas de Colombia a Venezuela a lo largo de varias décadas, y que se han asimilado a la sociedad venezolana. La nueva corriente se caracteriza por su mimetismo con la población local y su consecuente invisibilización jurídica. No obstante, con el proceso de adecuación de la normativa interna a los compromisos internacionales12, manifestada en la inclusión del derecho al asilo y al refugio en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), así como la entrada en vigencia de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (2001), y la institucionalidad encargada de su aplicación (2003), el número de solicitudes crece año a año, siendo el año 2006 el que registra el mayor número de solicitantes, signo tangible del impacto del conflicto colombiano y de las necesidades de protección en la que se encuentra dicha población. Uno de los hechos que tiene mayor relevancia en la llegada de nuevas personas procedentes de Colombia en busca de protección internacional es la implementación del Plan Colombia, la erradicación de cultivos ilícitos y la ofensiva militar en amplias zonas del vecino país. A esto se une la entrada en vigencia de los acuerdos de justicia y paz firmados entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno colombiano, conocido como el acuerdo de Santa Fe de Rialito. Por medio de dichos acuerdos los grupos paramilitares se comprometieron a desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado al
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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los estados Amazonas, Apure y Zulia presentan cifras de pobreza y pobreza extrema en porcentajes superiores al promedio nacional. 12 Venezuela es signataria del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York en 1967. El Protocolo fue ratificado el 27/06/1986 y fue publicado en la Gaceta Oficial N° 33.503 del 02/07/1986. | 60

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finalizar el año 2005. Sin embargo, según informe de la MAPP/OEA surgen ahora fenómenos nuevos como el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales; grupos paramilitares que no se han desmovilizado; aparición de nuevos grupos armados y la violación al cese de hostilidades de estos grupos. Simultáneamente, otros grupos armados han incrementado su pugna por recuperar su antiguo dominio dentro de las zonas fronterizas, reactivando su ofensiva militar. En este contexto, la frontera colombo-venezolana seguirá siendo un espacio donde se sentirán los efectos del conflicto, no sólo por el arribo de nuevas personas, sino por el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana de la población, exacerbado entre otros factores por la presencia visible de los grupos armados colombianos, el aumento sostenido del cobro de vacunas, el incremento en el número de secuestros, enfrentamientos entre los distintos grupos armados en el territorio venezolano, asesinatos selectivos por medio de la modalidad del sicariato, el reclutamiento forzado, así como el contrabando y el racionamiento de gasolina. Otros efectos que están asociados a la presencia del conflicto colombiano en Venezuela tienen que ver con el incremento en los problemas de seguridad para los defensores de derechos humanos que laboran en el área fronteriza, la propagación del narcotráfico y la estigmatización de los colombianos solicitantes de la condición de refugiado por parte de la población local y las autoridades públicas. En los siguientes mapas se muestra la dinámica de la frontera colombo-venezolana, donde el tráfico de combustible y armas, y actividades del narcotráfico coexisten con el accionar de grupos armados irregulares. También se puede observar cómo las rutas del narcotráfico son también las rutas utilizadas por las personas que ingresan a Venezuela en busca de protección internacional.
MAPAS 6.1 Y 6.2 DINÁMICA Y RUTAS DE LA FRONTERA COLOMBO -VENEZOLANA

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Esta problemática ha sido abordada en uno de los componentes de la estrategia nacional de convivencia y seguridad ciudadana, el Plan de Control de Seguridad Urbana, Rural y Fronteriza, que se propone el aumento de los niveles de seguridad disminuyendo la criminalidad en las áreas urbanas, rurales y fronterizas a través de la ejecución de proyectos enfocados en las situaciones particulares de cada uno de estos ámbitos. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el tema de la seguridad ciudadana tanto en el plano objetivo como subjetivo requiere fortalecer políticas y programas integrales que incluyan el aspecto preventivo como su componente esencial y abarque acciones coordinadas del Estado, la sociedad civil y los organismos internaciones bajo el liderazgo rector de éste. Un signo alentador en ese sentido sin duda lo constituye, como ha sido señalado, el reciente proceso de reforma policial.

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Capítulo 7: El derecho al ambiente
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La estructura y dinámica de los asentamientos humanos involucra todo lo que permita un espacio adecuado, sano y seguro para vivir, así como un entorno socioespacial (localidad de residencia, vecindario, barrio o urbanización) que asegure condiciones físicas, ambientales, económicas y sociales adecuadas para el desarrollo de la vida, en correspondencia con un aprovechamiento armónico y sostenible de los recursos naturales y energéticos. La sustentabilidad ambiental La situación ambiental venezolana es un reflejo de los patrones de desarrollo y consumo implantados. La realidad económica y social se refleja en un crecimiento descontrolado de asentamientos humanos, periurbanos, urbanos y rurales, construidos en su mayoría sobre zonas vulnerables que ya para el año 1997 involucraban a más del 60% de la población urbana13 en condiciones precarias (cf. ONU, 2005) con carencias de servicios básicos y sobreexplotación de recursos naturales que condujeron a una pérdida de biodiversidad y de servicios ambientales.
CUADRO 7.1 PLANES DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTOS DE USO A SER COMPLETADOS Nº total de áreas Áreas boscosas de protección Lotes boscosos Monumentos naturales Parques nacionales Reservas de la biosfera Reservas de fauna silvestre Reservas forestales Reservas hidráulicas Zonas protectoras Total ABRAES 39 8 36 43 2 6 11 14 64 230 ABRAE PARA EL AÑO 2015

POR LAS

Planes de ordenamiento 39 8 31 23 2 5 9 13 48 180

Reglamentos de uso 39 8 31 23 2 5 9 13 42 174

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Información presentada por el Gobierno de Venezuela ante la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en su Quinta Sesión. | 63

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Aun así, 72,8% del territorio nacional (aproximadamente 66,7 millones de hectáreas) se encuentran bajo la figura jurídica de áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) (MARN, 2002), de las cuales se estima que tan solo el 28,45% comprende áreas de conservación de la biodiversidad, distribuidas en 214 sitios, de los cuales sólo 50 tienen un Plan de ordenamiento y Reglamento de uso (ibíd.). La cobertura vegetal del país esta amenazada por una tasa de deforestación que alcanzaba un 0,4% para el año 2000 por actividades tales como explotación petrolera, minería, expansión de tierras agrícolas, asentamientos humanos, invasiones, extracción ilegal de recursos madereros e incendios forestales (CEPAL, 2001). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ratifica que, entre 1980 y 1995, los bosques venezolanos fueron destruidos a una tasa de 500.000 hectáreas por año. La mayor proporción se debe a la conversión de bosques en tierras de cultivo y potreros. Esta alta tasa de deforestación representa aproximadamente el 42% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica un aspecto importante relativo al cambio climático y señalado en la Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela. En respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional ha implementado la Misión Árbol, reforestando las cuencas altas y medias fuertemente degradadas. Otro aspecto importante es el impacto generado por la actividad industrial. A pesar de que todo desarrollo debe presentar un estudio de impacto ambiental (EIA) con el fin de establecer las medidas mitigantes, correctivas y preventivas a que haya lugar, casi el 95% de las empresas inician operaciones dentro de procesos inadecuados para el tratamiento y la disposición final de desechos, sólidos, líquidos y gaseosos; en parte por los sistemas de tratamiento de la empresa y por la carencia de sitios de disposición final adecuados. Se calcula en 600 mil toneladas por año los desechos peligrosos generados en su mayoría por la industria petroquímica, petrolera e industrias básicas, los cuales son almacenados y dispuestos dentro de las mismas instalaciones o exportados para su tratamiento bajo el marco del Convenio de Basilea debido a que no existe posibilidad de tratamiento adecuado en el país. En el caso de los desechos domésticos, no hay un sistema adecuado de recolección, tratamiento y disposición. De los 140 espacios existentes, tan solo 7 pueden ser considerados rellenos sanitarios, pero su funcionamiento no es óptimo. Adicionalmente, en el sector productivo, especialmente la pequeña, mediana y micro empresa, los procesos de producción no son lo suficientemente eficientes, debido a que requieren mayor cantidad de materia prima y generan una cantidad mucho mayor de desechos. Es allí hacia donde deberán orientarse las políticas del Estado con el objetivo de alcanzar prácticas de producción más limpia. La existencia de estas condiciones tiene un origen institucional por parte no sólo de la empresa y su comportamiento y postura ambiental, sino debido a fallas institucionales del Estado en lo que se refiere a seguimiento, control y toma de decisiones, así como a la inexistencia de un marco regulatorio que promueva el uso de buenas prácticas y tecnologías limpias. En cuanto a las actividades urbanas, existe una responsabilidad compartida entre las comunidades y el Estado, donde los aspectos de educación ambiental, ciudadanía y sistemas eficientes de recolección y disposición de desechos, así como la existencia de viviendas dignas, son los aspectos básicos a considerar. Los altos niveles de pobreza en las zonas periurbanas y rurales conducen al uso inadecuado de recursos y a la generación de desechos sin sistemas de manejo. En las grandes ciudades,
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la economía informal se ha convertido en un problema ambiental y de salud pública, bien sea por la disposición de alimentos y aceites al alcantarillado público, como por la cantidad de desechos dispuestos inadecuadamente en las calles. Parte de los aspectos que generan esa situación son la falta de ordenanzas municipales y las deficiencias institucionales para la aplicación de las mismas, así como la planificación no adecuada del territorio con el abastecimiento de servicios básicos. Es por ello que las políticas de desarrollo deben estar dirigidas al abatimiento de la pobreza, a la definición de funciones y responsabilidades y al empoderamiento de las comunidades, no sólo en derechos sino también en deberes. Según las Naciones Unidas (ONU, 2005), el gasto ambiental total público y privado de la última década no suele superar el 1% del PIB, mientras que el gasto ambiental público nacional rara vez sobrepasa el 3% del gasto público total. En Venezuela hay variedad de instrumentos económicos en esta materia como el sistema de depósito y reembolso para botellas de consumo masivo, la exoneración de impuestos corporativos por desempeño ambiental, los impuestos a la deforestación y los sistemas de tarifas a los desechos industriales basadas en el volumen generado en la zona metropolitana de Caracas. En el acceso al agua potable y al saneamiento, Venezuela ha venido cumpliendo la meta de los objetivos de desarrollo del milenio. En abril de 2006, HIDROVEN señalaba que la cobertura nacional de conexiones domiciliarias de agua había aumentado en un 89%. Esto representa un aumento del 9% en comparación con el año 1998 y un incremento en más de 25% de cobertura en las zonas rurales.
GRÁFICO 7.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

En el caso de la recolección de desechos a nivel nacional, se observa un incremento de cobertura de 14% desde el año 1998, alcanzando 76% sobre el total de la población para el 2005 y 45% en las zonas rurales.

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GRÁFICO 7.2 COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS A TRAVÉS DE REDES

En saneamiento, la cobertura nacional es de 22%. No obstante este porcentaje no muestra la calidad del tratamiento de las aguas servidas ni las características diferentes entre los efluentes domésticos y los de los procesos productivos. En el sector energético, la intensidad energética ha aumentado mostrando una menor eficiencia en el país (datos del Banco Mundial). La emisión de dióxido obedece en gran medida a las generadas por el parque automotor y el sector industrial. Sin embargo, la alta tasa de deforestación y los incendios forestales producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI). En 1995 Venezuela emitía aproximadamente 240 millones de toneladas de gas carbónico (CO2). La mitad debía al consumo de energía y, la otra mitad, a la destrucción de los bosques naturales del país
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(datos del MARN). Las emisiones de gas carbónico por habitante son muy superiores a las de países con niveles similares de desarrollo. En el caso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), el país cuenta con una política clara de eliminación de este tipo de gases, así como la reconversión de los aparatos industriales y domésticos. Hasta la fecha el Ministerio del Ambiente ha logrado capacitar tanto a los agentes aduaneros para la reducción del tráfico ilícito como a los técnicos en refrigeración para la recolección y disposición adecuada de dichos gases. En diciembre de este año, la única empresa productora de estos gases, PRODUVEN, cerró estas líneas de producción y la cantidad de importación de los mismos se estaba reduciendo dentro de un proceso de sustitución progresiva. Sin embargo, si bien estas acciones son angulares en el cumplimiento de los objetivos del milenio, se debe avanzar en el establecimiento de una gestión ambiental integrada entre el Estado y las comunidades. Esta gestión deberá tener como lineamientos claves: • • • • • • • • La gobernabilidad de los recursos, tanto bienes como servicios, involucrando los esfuerzos de la gestión del Estado y el empoderamiento de la sociedad civil. La modificación de los patrones de consumo, domésticos y productivos. La promoción de prácticas adecuadas para el uso sustentable de tecnologías limpias y la disposición y tratamiento adecuado de desechos. La implantación y el mantenimiento de programas de conservación. La educación ambiental. La equidad social y económica en la prestación de servicios y la planificación territorial. La capacidad de asimilación y recuperación de los ecosistemas en su resistencia y resilencia. El diagnóstico de las condiciones ecológicas y las relaciones con las comunidades; el análisis de los vacíos institucionales y legales; el monitoreo, control y mejoramiento continuo de la calidad ambiental; el establecimiento de indicadores; la definición clara de responsabilidades y competencias, y un sistema de evaluación y retroalimentación de dicho proceso de gestión. El incremento en la inversión del Estado en Ambiente.

•

La gestión de riesgos El desastre ocurrido en Vargas en diciembre de 1999 puso en evidencia los niveles de vulnerabilidad y riesgo a que se encuentra expuesta gran porción de la población nacional debido a las desigualdades generadas por los planes de desarrollo y el impacto de la variabilidad ambiental. Los avances obtenidos en el caso de infraestructura y prestación de servicios se ven amenazados o afectados por los efectos de desastres de origen natural cuya principal consecuencia es la pérdida de vidas. El incremento de la recurrencia de este tipo de fenómenos ha generado preocupación no sólo en el sector científico y académico, y en las personas que pueden ser afectadas, sino también en la población en general y en las autoridades nacionales y locales vinculadas a la atención de emergencias y prevención de desastres. Hoy existe el convencimiento de que estos ya no son fenómenos aislados y circunstanciales, sino que constituyen parte de la dinámica de los procesos naturales que se dan en el territorio. A consecuencia de las lluvias del año 2005, el 13 de febrero de 2006 el presidente de la República creó la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos, la cual tiene como misión
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principal “trabajar en función de la prevención y alerta ante la presencia de fenómenos naturales” (Boletín 03 del Ministerio de Interior y Justicia, marzo 2005). Dicha Comisión está presidida por el Ministro de Interior y Justicia e integrada por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Defensa, Vivienda y Hábitat, Infraestructura y Ambiente. Su objetivo es crear el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Atención a Emergencias. Esta iniciativa indica una mejor comprensión por parte del alto gobierno y de la población en general de las causas de los desastres, determinados generalmente por los riesgos que producen los procesos de desarrollo. Actualmente se discute en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Esta ley generará una reorganización de las instituciones vinculadas con la gestión de riesgo y atención a emergencias, tanto a nivel nacional como regional y local. Igualmente, a nivel municipal y comunitario existen lineamientos para atender o mejorar las condiciones de seguridad de la población.

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Conclusiones
Con base en este diagnóstico estratégico, el Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela pudo identificar cinco áreas prioritarias a través de las cuales puede apoyar al país durante los próximos cinco años, de conformidad con sus ventajas comparativas en el campo de la cooperación internacional y las estrategias nacionales de desarrollo. Tales líneas de acción están siendo consensuadas para sentar las bases del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo-MANUD, y reflejan las preocupaciones comunes de las agencias acreditadas en Venezuela. La definición de estas posibles áreas de trabajo partió de la intersección de tres componentes básicos, a saber: a) los Objetivos de Desarrollo del Milenio; b) la legitimidad del derecho al desarrollo de grupos particularmente vulnerables; y c) mandato de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela.

De este modo, el resultado de este ejercicio refleja que la mirada del Sistema de las Naciones Unidas se centra sobre: 1. Promoción y protección de los derechos humanos, principalmente en poblaciones vulnerables y excluidas. 2. Reducción de la mortalidad materna e infantil, y prevención y vigilancia de VIH/SIDA y otras ITS, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos. 3. Gestión Pública orientada a la reducción de la pobreza y las inequidades sociales, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento del Sistema Nacional de información y estadística, la gestión local y la participación comunitaria.

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4. Desarrollo de las capacidades humanas, a través del fortalecimiento de las políticas de inclusión y el mejoramiento de la gestión educativa. 5. Promoción y coordinación de acciones para la prevención y atención a la población afectada por desplazamiento en frontera y/o desastres naturales, incluyendo alerta temprana, planes de contingencia y ayuda humanitaria.

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Anexo

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GRÁFICO A.1 VENEZUELA: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

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GRÁFICO A.2 VENEZUELA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER (SEGÚN TERRITORIO SOCIAL), 2002

Fuente: cálculos propios con datos tomados del INE, http://www.ine.gob.ve, consulta en 2006.

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GRÁFICO A.3 ADECUACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES ALIMENTARIAS Y LOS APORTES

NUTRICIONALES EN ENERGÍA

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición-INN, Hoja de balance de alimentos.

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GRÁFICO A.4 RELACIÓN DEL COSTO DE LA CANASTA ALIMENTARIA NORMATIVA (CAN) Y EL SALARIO MÍNIMO , 2000-2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE.

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