“ LA NECESIDAD DE UNA NUEVA JURISDICCIÓN

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					                           III ENCUENTRO INTERNACIONAL
                              JUSTICIA Y DERECHO 2006


NECESIDAD Y POSIBILIDAD DE UNA JURISDICCION ESPECIAL DE FAMI-
LIA EN CUBA

MsC. Osvaldo M. Álvarez Torres
Abogado Bufete Internacional, Sucursal Varadero
Profesor Titular (A) Universidad de Matanzas,
Cuba

Materia: Civil



Ha llegado ya el momento de sustraer, de la esfera del derecho procesal civil el
bien llamado Derecho Procesal de Familia, pues no resulta ya posible que
dentro del cúmulo de trabajo de los jueces que atienden el proceso civil,
constituyan "uno más”, los numerosos juicios en los que se ventilan problemas
familiares; de filiación, de guarda y custodio de menores hijos, de alimentos
que impiden al juez una dedicación especial a tan importante problemática.

Actualmente en Cuba, la mayoría de los procesos que se tramitan en la
jurisdicción civil de los Tribunales de Justicia, son asuntos de índole familiar,
que conocen los jueces de lo civil y aplican las normas procesales civiles,
caracterizadas por la prevalencia del principio procesal de la escritura con
relación a la oralidad, amen de los formalismos y formulismos que signan a un
proceso en que se dirimen enconadas controversias, luchas entre partes y que
casi siempre tienen el sello patrimonial inherente al Derecho Civil.

No es posible que el conocimiento y solución de los asuntos de familia se re-
suelvan con un incremento en la plantilla de los jueces de lo civil y del personal
judicial auxiliar de las funciones de los jueces, porque de lo que se trata es de
establecer una jurisdicción especial que, con toda autonomía, conozca y
resuelva los asuntos de familia, en que los jueces no ocupen sus mentes al
conocer de otros procesos que nada tienen que ver en un proceso como el de
familia, en que la preceptiva sustantiva cuya realización pretende, tiene un
carácter de derecho eminentemente social, que cada vez se distancia más del
viejo Derecho Civil en tanto que derecho privado y eminentemente patrimonial.

La jurisdicción especial de familia y los tribunales de familia son viables en un
país como Cuba, que ha tenido el privilegio de ser de los primeros en estrenar
en Latinoamérica el ya centenario juicio oral en lo penal, tomado de la moderna
legislación procesal española en materia de lo criminal que constituyó uno de
los últimos códigos decimonónicos que heredó Cuba; que revolucionó el conti-
nente, sobre todo América Latina cuando al promulgar su Código de Familia en
1975 eliminó las causales de divorcio y por tanto la discriminatoria calificación
de cónyuge culpable; que acabó con las distinciones entre hijos, no importa si
sus madres fuesen casadas o solteras y si eran habidos dentro ó fuera del
matrimonio; que protegió a los necesitados de recibir alimentos o alimentistas.

Es imposible impartir justicia familiar con la “cabeza caliente” por los asuntos
penales, administrativos, civiles y laborales, porque la excelencia de la raciona-
lidad de los jueces está dada en la ponderación en el juzgar y ello no resulta
dable cuando el juez tiene que desdoblarse, verbigracia, cuando juzga a un de-
lincuente y aplica con el debido rigor la ley penal sustantiva y luego tiene que ir
a resolver un contradictorio civil para finalmente despejar su mente, liberar ten-
siones y fungir como conciliador en un conflicto de familia en evitación de la
litis.

Por ello no resulta plausible en la realidad cubana buscar paliativos que dilaten
lo que se ha ido convirtiendo de facto en una realidad: la necesidad de imple-
mentar la jurisdicción especial de familia.

El Derecho Procesal de Familia es, como todo derecho procesal, Derecho Pú-
blico y si bien es cierto que el Derecho Sustancial de Familia es en puridad un
derecho social, el derecho procesal familiar tendrá que ser el c auce por el que
transiten los conflictos que surjan de las relaciones familiares y que en virtud de
este proceso y no de las tradicionales normas del proceso civil se resuelvan de
manera ágil estas confrontaciones en el marco de las relaciones familiares.

En tanto que Derecho Público, el Derecho Procesal Familiar está llamado a tu-
telar normas de orden público y no privado; es un derecho eminentemente so-
cial, diseñado para solucionar, con racionalidad, agilidad y prontitud los conflic-
tos que surjan en la esfera de las relaciones familiares; los valores hacia los
que se orientan son diferentes a los que apunta el Derecho Procesal Civil, por
cuanto en él están en juego valores fundamentales como la dignidad personal,
igualdad, unidad de la familia y el interés supremo de velar por el buen desen-
volvimiento de las relaciones familiares; de los menores y de las personas de la
tercera edad.

En este tipo de derecho procesal no pueden solamente tomarse en cuenta los
derechos patrimoniales o económicos, como en el proceso civil, sino que va
más allá de estos limitados objetivos para tutelar derechos de carácter perso-
nalísimo como la filiación, el derecho a la comunicación con los hijos; el dere-
cho a la formación de una familia; a la protección de los ancianos, de ahí que
los conflictos que se plantean sean de carácter profundamente humanos, por lo
que este nuevo Derecho Procesal postula como piedra angular el resolver los
conflictos familiares, en lo posible, al eliminar la confrontación entre las partes y
en todo caso evitar que exista el mayor daño posible a la familia como célula
fundamental de la sociedad.

Como consecuencia de estas ideas, el VII Congreso Mundial sobre Derecho de
Familia realizado en San Salvador, República de El Salvador entre el 20 y el 26
de septiembre de 1992 recomendó algunas cuestiones fundamentales con
relación al Derecho Procesal Familiar, a saber:
a) Que los estados deben establecer tribunales de familia especializados y téc-
    nicamente asesorados que contribuyan a garantizar y consolidar la convi-
   vencia familiar y resolver con mayor justicia y eficacia los conflictos fami-
   liares.
b) Que los jueces y el personal operador de la Ley deben ser cuidadosamente
   seleccionados, priorizando su capacidad técnica y respecto de ellos debe
   mantener una política de capacitación permanente.
c) Que los tribunales de familia han de contar con un equipo asesor multidisci-
   plinario, integrado al menos por sicólogos, trabajadores sociales y educa-
   dores.
d) Se recomienda el establecimiento de un proceso ágil y eficaz, sin excesiva
   pluralidad de procedimientos.

El Derecho Procesal de Familia ha de apuntar teleológicamente a la realización
de normas sustantivas de familia que tienen su fundamento en principios
jurídicos, éticos y espirituales que éste específico derecho procesal no puede
ignorar, tales son la solidaridad; la autonomía personal de los partícipes en los
conflictos familiares; la protección de los menores, discapacitados; los incapa-
ces y las personas de la tercera edad.

Los principios que informan el procedimiento familiar, si bien son de lege lata,
pues se toman del propio proceso civil y se atemperan a un derecho eminente-
mente social, pese a que estos principios tomados del ordenamiento procesal
civil son principios que se aferran a concepciones patrimoniales y de la vida pri-
vada de las personas, a veces en exceso formalistas y formulistas; en el proce-
dimiento de familia estos principios tienes sus características propias para un
procedimiento donde no existen ideas conservaduristas y tal es así que princi-
pios como el de la preclusión se flexibiliza en el procedimiento de familia, en
casos en que hay que repetir actuaciones judiciales o retrotraerlas, cuando se
aprecia que se han violado derechos subjetivos de menores; de adolescentes;
de discapacitados ó de ancianos, por sólo citar algunos ejemplos.

A contrario sensu de la naturaleza controversial del proceso civil en general, el
derecho procesal familiar se sustenta en bases en que predomina el papel con-
ciliatorio del juez de familia, que por tener función eminentemente conciliatoria
entre los contendores del proceso familiar, debe abstenerse de conocer otros
conflictos que se suscitan en la esfera del proceso civil, tales como los patrimo-
niales; reivindicatorias; rescisiones contractuales; impugnaciones y nulidades
que impedirían al juzgador estar anímicamente preparado, después de su parti-
cipación en estas controversias, para administrar justicia con un prioritario ca-
rácter de conciliación en el ámbito familiar del divorcio, los alimentos, la adop-
ción o la tutela.

Es menester hacer comprender a las partes, que una de las razones sustan-
ciales por las que deben evitarse las controversias familiares, es por los costos
del juicio, no sólo desde el punto de vista económico, sino también por el des -
gaste de energías psíquicas, mentales, espirituales, morales y de salud que
perjudica a los miembros de una familia.
1
 Se impone un cambio en la mentalidad de los juristas de esta nueva époc a,
para comprender la nueva cultura de la paz y la armonía social que deben
primar en los procesos de familia y contribuir de esta manera al establecimiento
real, no sólo en la teoría, de un Estado de Derecho.

En Cuba, la instrumentación del Derecho Procesal de Familia tiene su basa-
mento constitucional en el Artículo treinta y cinco de la Constitución de la
República, que en el Capítulo IV dedicado a la familia anuncia que “El Estado
protege la Familia, la Maternidad y el Matrimonio “

“El Estado reconoce en la Familia la célula fundamental de la sociedad y le
atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación
de las nuevas generaciones”

En este postulado constitucional se basa la necesaria tutela a la familia y las
relaciones familiares. Para ello no basta el establecimiento de un Código de
Familia, en tanto que contentivo de normas de derecho sustantivo familiar, sino
que se precisa de un instrumento que materialice; que lleve a efecto, que sea el
cauce por donde transite el derecho sustantivo de familia y ese no es otro que
el Derecho Procesal de Familia, ajeno como tiene que ser a las regulaciones
del Proceso Civil que apunta a la realización de normas sustantivas civiles
matizadas por el carácter patrimonial, de ahí su naturaleza distinta a lo que se
pretende regular y tutelar con el Derecho Procesal Familiar.

En su discurso de apertura del IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia,
celebrado en la República de Panamá, del 22 al 27 de septiembre2 de 1996, el
Presidente del referido Congreso Mundial, Dr. Ulises Pittí, afirmaba:

“... la presencia de la familia en el Derecho Constitucional contemporáneo signi-
fica que ella es una auténtica institución, destinataria de presentaciones socia-
les, protegida por disposiciones positivas de aplicación directa e inmediata...”

Para precisar más adelante:
“Es del dominio de todos que se viene configurando un Derecho Constitucional
Familiar en las constituciones europeas y de América,... que marca un hilo re-
novador al asumir literalidad de la Convención de los Derechos del Niño, sus
derechos fundamentales y el respeto al derecho de la pareja a decidir respon-
sablemente el número de sus hijos, a los que deben sostener y educar, mien-
tras sean menores o discapacitados”.

No puede resolverse un litigio de familia con normas procesales que partan de
una contienda irreconciliable entre las partes. Los principios del Derecho
Procesal de Familia que signan este procedimiento sui géneris y especialísimo
son mucho más amplios; expeditos y flexibles que los conocidos Principios
Rectores o Principios Técnicos Configurativos del Proceso Civil.

Los principios procesales que informan este nuevo Derecho Procesal Familiar
son los siguientes:
 El principio dispositivo; que en este caso entraña la iniciación del proceso a
  instancia de parte, salvo las excepciones que por Ley se establezcan.
 El principio de impulsión de oficio o de impulso procesal de oficio; que parte
  del postulado de que, una vez iniciado el proceso familiar, éste será dirigido
  e impulsado de oficio por el Tribunal, que evitará toda dilación o la realiza-
  ción de diligencias innecesarias e inconducentes y tomará todas las medi-
  das pertinentes para impedir su paralización.
 La inmediación procesal; que significa la presencia física del juez en todas
  las actuaciones procesales que se verifiquen, procurando la concentración
  de los distintos actos procesales con vistas a la necesaria agilidad que debe
  caracterizar al procedimiento familiar.
 La publicidad y oralidad de los debates; que se verificarán en presencia no
  sólo de las partes y sus representantes sino de la población como controla-
  dora máxima de la realización de la justicia en un aspecto social tan impor-
  tante como son las relaciones familiares.

Solamente el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, debidamente razonado,
podrá disponer el carácter privado o reservado de los debates en el procedi-
miento familiar.

Todos los actos procesales que se verifiquen se realizarán “a viva voz“, rese-
ñándose sumariamente en acta los particulares que sean de relevancia, lo que
exige que el Tribunal o el Juez que se designe presida cada uno de los actos
procesales que se lleven a efecto.

 La igualdad de las partes en el debate; que será garantizada por el Tribunal
  en el desenvolvimiento del procedimiento familiar en cada uno de sus actos.
 El planteamiento simultáneo por las partes, de todos los hechos y alegacio-
  nes en que fundamenten sus pretensiones o defensas y las pruebas de que
  intenten valerse.
 La resolución exclusiva por los Tribunales de los puntos propuestos por las
  partes, salvo aspectos no contenidos en las cuestiones planteadas que
  sean consecuencia o se relacionen íntimamente con las pretensiones dedu-
  cidas originalmente; que estos aspectos se encuentren dentro de la compe-
  tencia del órgano jurisdiccional y que antes de la audiencia de sentencia, el
  Tribunal instruya a las partes sobre los nuevos aspectos apreciados, para
  que formulen sus alegaciones al respecto y propongan las pruebas de que
  se intenten valer.
 La lealtad; probidad y buena fe como presupuesto exigible a los sujetos que
  actúen en el proceso.
 La preclusión, en tanto que pérdida, extinción o consumación de una facul-
  tad procesal, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya
  extinguidas y consumadas, pero que a contrario sensu del proceso civil se
  flexibiliza en la medida en que, sin que ello implique que el procedimiento
  familiar se haga interminable, permita su retroacción en interés de lo que re-
  sulte más beneficioso para la familia; los menores o personas de la tercera
  edad.

Como se ha expuesto anteriormente, los principios que informan a la jurisdic-
ción especial de familia son de lege lata, aunque si en verdad estos principios
remiten a la realidad legislativa existente (de lege lata), se reformulan y flexibi-
lizan de manera tal que resulta aconsejable tenerlos en cuenta para sustentar
la necesidad de reformar la ley adjetiva que cree la jurisdicción especial de fa-
milia.

Vistos estos principios, distintos por su naturaleza no patrimonial a los que
configuran el proceso civil, en el procedimiento familiar se va a la búsqueda
imprescindible de la única verdad posible: la correspondencia con el mundo,
con el efecto garantista de la preservación del derecho a la defensa. Se amplía
la posibilidad de escuchar a los menores en las controversias familiares, en
franco respeto a lo refrendado en la Convención Sobre los Derechos del Niño;
se advera la intervención real y efectiva de la Fiscalía como garante del interés
público y órgano que ejercita la acción de protección para los intereses de la
familia; los menores, incapacitados y personas de la tercera edad.

Elemento cardinal en este Procedimiento Familiar viene dado al establecimien-
to de medidas cautelares decretadas en cualquier estado de la sustanciación
del proceso, bien de oficio por los Tribunales de Justicia o a instancia de parte,
aunque cuando se presentan como acto previo al proceso sólo se decretarán a
petición de parte, si se tiene en cuenta que la demanda en el procedimiento fa-
miliar es el acto procesal de iniciación donde se manifiesta en su máxima ex-
presión el principio dispositivo, lo que obliga a la parte que interesa su decreto
a establecer la demanda en el plazo fijado por la Ley, bajo apercibimiento de
que cesará de pleno derecho si no establece la promoción en ese plazo.

El XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal reunido en Santa Fe, Argen-
tina, en Junio de 1995, recomendó:

“Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales de la institución
cautelar contenidos en los códigos procesales, en procesos vinculados con el
Derecho de Familia deben atenderse las singularidades de esta materia y los
intereses primordiales que en ella se debaten, correspondiendo materializar las
adecuaciones que la ley o la propia naturaleza del orden familiar determinan en
hipótesis particulares”.

“En todo supuesto en que se haya obtenido aseguramiento de derechos de ín-
dole familiar (exclusión del hogar, tenencia provisoria, alimentos provisionales,
etc.), en los que no ha mediado audiencia o cualquier tipo de intervención del
afectado, la resolución respectiva participa de los caracteres de ausencia de
prejuzgamiento, provisoriedad, mutabilidad y recurribilidad con efecto mera-
mente devolutivo”

Dada la necesaria flexibilidad que debe caracterizar al procedimiento familiar,
generalmente queda en manos de los Tribunales de Justicia la adopción de las
medidas cautelares que estime necesarias para la protección personal de los
miembros de la familia o para evitar que se causen daños graves o de difícil
reparación a las partes antes de que se dicte sentencia o para asegurar provi-
soriamente los efectos de ésta; que puede mantenerse hasta el momento de la
ejecución de la sentencia dictada, salvo que sea menester, a los fines de ga-
rantizar el cumplimiento de la misma, se prorrogue su vigencia.
Algunas de estas medidas cautelares decretadas por los Tribunales de Justicia,
en procesos de divorcio o de nulidad de matrimonio, son:

 La autorización por el Tribunal de la residencia separada de los cónyuges y
  el uso provisional de la vivienda y de los bienes muebles de utilización fa-
  miliar;
 La disposición provisional de que uno de los cónyuges, o ambos; o un
  tercero se ocupen del cuidado de los hijos menores habidos del matrimonio,
  prevaleciendo en este caso el interés supremo del menor;
 La determinación de la cuantía que cada cónyuge deba aportar por concep-
  to de alimentos para la manutención de los menores hijos mientras se sus-
  tancie el divorcio, establecida dicha cuantía previa a la presentación de la
  demanda y cuando procediere, la determinación de la cuota alimentaria
  para el sostenimiento del otro cónyuge necesitado;
 Reseñar a solicitud de parte, la existencia de bienes comunes o propios,
  anotación que surtirá efecto durante todo el tiempo de duración del proceso
  o hasta que se practique la liquidación correspondiente a esos bienes, lo
  que indudablemente evitará la ocultación o desaparición de dichos bienes
  por el cónyuge que de mala fe se proponga privar al otro de los bienes que
  pudieran corresponderle luego de disuelto el matrimonio y en trámite de
  liquidación de la comunidad matrimonial que existió entre ambos;

Con relación a esta medida, ha sido objeto de cuestionamiento si debe o no
adoptarse, arguyendo los detractores de esta idea que el fin del proceso de
divorcio no es el de ir a liquidar los bienes del matrimonio sino el de disolver el
mismo y que en tal virtud la pretensión deducida en nada tiene carácter
patrimonial y por ello no es dable la adopción de esta medida que pretende
asegurar la preservación de los bienes adquiridos en el matrimonio.

Esta aseveración no resiste la crítica, pues si se analiza, para poner tan sólo un
ejemplo, el Divorcio por Justa Causa en Cuba, dentro del propio Capítulo y
Sección que específicamente regula el Divorcio por Justa Causa preceptúa la
posibilidad de la tramitación, en las propias actuaciones del Divorcio, en lo que
constituye, ni más ni menos un trámite judicial de ejecución de sentencia, las
cuestiones relativas a la liquidación de los bienes comunes al matrimonio, por
lo que ante la realidad constatada de cónyuges que desde que conocen van a
ser demandados por el otro, desaparecen u ocultan bienes comunes, nada
impide la adopción de esta medida cautelar que no tiene sólo un fundamento
patrimonial o económico, sino de tutela de derechos y bienes adquiridos en el
matrimonio y que constituyen el régimen económico del mismo, que no puede
permitirse sean burlados por la actuación temeraria de uno de los cónyuges,
ahora convertido en parte litigante en el divorcio.

Otra cuestión planteada como novedad en el Procedimiento Familiar y que
establece un sello distintivo entre éste procedimiento y el Civil, es lo relativo a
la declaración de rebeldía.

En el proceso de familia no habrá declaración de rebeldía. El demandado podrá
comparecer en cualquier estado del proceso y se entenderán con él, a partir de
este momento, todos los trámites sucesivos, salvo lo que pueda disponer el
Tribunal en virtud de la flexibilización del principio procesal de la preclusión, en
interés de la familia; de los menores, incapacitados o personas de la tercera
edad.

Lo que existe en el Procedimiento Familiar es la inasistencia del demandante o
del demandado, que cuando se reputa injustificada traerá para el demandante
las consecuencias de volver las cosas al estado en que se encontraban antes
de la promoción establecida, dejándose sin efecto las medidas cautelares que
se hubieren adoptado, con la disposición por el Tribunal del archivo del
expediente y para el demandado su representación por el Fiscal de Familia en
aquellos casos en que procediere, previa notificación personal al demandado
de la asunción de su representación por la Fiscalía, así como de la sentencia
definitiva que en su día se dictare.

El objeto de la prueba en el procedimiento familiar presenta, asimismo, diferen-
cias respecto del proceso civil. En este sólo lo son los hechos controvertidos.
No deben probarse en cambio los admitidos, aceptados o reconocidos por las
partes.

Sin embargo, ante el carácter indisponible de algunos derechos comprometidos
en el conflicto familiar la cuestión exige un tratamiento diferente.

Así, en ciertos casos, aún los hechos no controvertidos o aceptados, deben ser
acreditados con otros elementos probatorios; ejemplo: las causas de la nulidad
matrimonial; los reconocimientos de unión matrimonial no formalizada; los pro-
cesos de filiación, por sólo citar algunos, pues no quedan acabadamente pro-
bados por el sólo allanamiento o reconocimiento de demandado. Se requiere
entonces de prueba autónoma para la procedencia de la pretensión.

Los medios de prueba en el área iberoamericana no tienen el mismo tratamien-
to. Al efecto hay que distinguir entre las condiciones de admisión y las condicio-
nes de eficacia.

Las condiciones de admisibilidad, son circunstancias de lugar, tiempo y modos
regulados por la ley adjetiva por el ingreso al proceso de tales medios.

Las condiciones de eficacia, a su vez, indican que no todos los medios tienen la
misma entidad o virtualidad probatoria; cada uno puede presentar diferente
eficacia probatoria según el hecho a demostrar.

Así, la prueba confesional o de confesión judicial, que en el proceso dispositivo
patrimonial civil es la prueba más plena y completa con eficacia vinculante para
las partes, sin preterir el principio de libre apreciación de las pruebas por los
Tribunales de Justicia, presenta particularidades “ad hoc” en el procedimiento
familiar.

La confesión presenta diferentes grados de eficacia que oscilan entre la
prohibición de su utilización hasta la eficacia probatoria de perjuicio al litigante
que la presta como sucede en cuestiones patrimoniales vinculadas al divorcio
entre los cónyuges. En otros supuestos sólo tienen un valor relativo y debe ser
completada con otros medios de probanza. Así ocurre en la demostración de
causas objetivas de nulidad de matrimonios; en materia de filiación, principal-
mente de reconocimiento de paternidad. Por ello ante el reclamo judicial de
paternidad, debe estarse al conjunto de las pruebas practicadas y a las llama-
das reglas de la sana crítica.

Tratándose estos temas, dentro del Derecho de Familia, de temas indubitable-
mente escabrosos, debe exigirse siempre un apoyo probatorio- autónomo en
que esté presente siempre un interés de orden público y social, que prime por
sobre el interés particular.

La prueba testimonial por su parte, también presenta caracteres propios. Pue-
den señalarse como ejemplo el que personas inhábiles para declarar en juicio
ordinario común sean idóneas en asuntos en que se ventilen conflictos familia-
res (tal sucede con los parientes próximos de las partes o aún los propios hijos
de los cónyuges cuando debe velarse por sus intereses).

Por otra parte, el existir un interés público en el descubrimiento de la verdad ju-
rídica objetiva o verdad biológica, debe propenderse en el procedimiento fami-
liar a la iniciativa probatoria oficiosa para el Tribunal que resuelve el conflicto.
El instituto de las pruebas de oficio, que pugna con el principio de la indisponi-
bilidad de pruebas en el proceso civil tradicional y a todas luces dispositivo,
permite a los jueces, en esa función tuitiva que tienen en el proceso de familia,
el ordenar la realización, de oficio, de pruebas científicas biológicas en las ac-
ciones de filiación. Ello permite que el Tribunal, en aras de defender un interés
público o social, supla el actuar negligente de las partes y sus representantes al
proponer diligencias de prueba y ejerza una franca autonomía en otras oportu-
nidades.

A la luz de estas pautas han de regir las reglas de cargas dinámicas de la prue-
ba en el procedimiento familiar. Ello significa la derogación tácita de las reglas
ordinarias de la carga probatoria y el desplazamiento del ¨onus probandi¨, ya
que el esfuerzo debe recaer sobre el sujeto que se encuentra en mejores
condiciones para producir las probanzas, tal cual es, el órgano jurisdiccional en
tanto que sujeto procesal jerárquicamente subordinante y director del proceso
en las condiciones del procedimiento familiar.

En la propia prueba testifical o testimonial ya referida, se plantea la abolición en
el procedimiento de familia de lo relativo a la tacha de testigo, como se señala
en el proceso civil en general, dejando en amplia libertad al Tribunal juzgador
para aplicar las reglas de la sana crítica en su justa valoración ponderada.

Otra novedad del Procedimiento Familiar que debe resaltarse es que no obs-
tante la admisión del allanamiento como medio para la conclusión rápida y ágil
del proceso, habida cuenta la naturaleza distinta de este procedimiento del ri-
tualismo del proceso civil, se deja la facultad al Tribunal para desestimar tal
allanamiento y disponer de oficio cuantas pruebas sean menester cuando el in-
terés de la familia y de los menores pueda salir afectados de ese allanamiento;
caso en que el Tribunal de Familia estará autorizado, por esa misma función
tuitiva a la que hemos hecho alusión, de la disponibilidad de diligencias de pro-
banza, de oficio, para fallar con mejor acierto al asunto sometido a su examen.

En discrepancia con lo que plantean algunos procesalistas latinoamericanos,
entre ellos el maestro uruguayo Enrique Véscovi acerca de que los tribunales
deben integrarse por “personal especializado”, con preterición de la institución
de los jurados, en el caso de Cuba los jueces legos, pues refieren que es un
personal que “nada aportaría” en la esfera del derecho, es mi opinión que Cuba
está en disposición de instituir Tribunales de Familia con participación popular,
eligiéndose jueces legos que acompañen a los profesionales y que sin tener no
solo el carácter de equipo asesor multidisciplinario, podrían bien escogerse es-
tos jueces legos o jurados populares de entre sociólogos, psicólogos, pedago-
gos y trabajadores sociales.

En Cuba instituir el procedimiento familiar no implica hacer ninguna inversión
presupuestaria en el incremento de la plantilla de jueces, que en la práctica
judicial cubana se ha incrementado o aún del denominado personal auxiliar.

Si en la instauración del Procedimiento de Familia prima el sistema de oralidad,
en el que Cuba tiene la ya centenaria experiencia del juicio oral en lo penal,
destinándose un juez de la plantilla ya existente en los Tribunales Municipales
para la atención a estos asuntos y un juez en las Salas de lo Civil de los
Tribunales Provinciales, con un personal auxiliar mínimo, ello bastaría par a
echar a andar el Derecho Procesal de Familia cubano. Obviamente, en cumpli-
miento de los postulados de la oralidad, habría que iniciarse el proceso familiar,
con la audiencia preliminar, en tanto que momento procesal en que el Juez de
familia jugaría su preponderante papel conciliatorio que signan las normas
procedimentales familiares.

Realizada la audiencia preliminar, en que a toda costa busca el juez la concilia-
ción de la controversia entre las partes o al menos una conciliación parcial, de
no lograrse ésta en todo o en parte al menos se fijarían los términos del debate
judicial que aceleraría ulteriormente la tramitación y pronta solución del asunto;
oportunidad en que se decretarían por el Tribunal las medidas necesarias para
sanear los vicios del proceso o prevenirlos, corregir los errores y omisiones de
derecho, enrumbar la integración del litis consorcio necesario y adecuar la sus-
tanciación procesal con el objetivo de imprimir la requerida celeridad en bús-
queda de la verdad material u objetiva; para pasar luego a una audiencia de
pruebas o audiencia probatoria en la que se practicarían las propuestas desde
un inicio por las partes en sus escritos polémicos de iniciación del proceso (de-
manda y contestación) y acto seguido a una audiencia de sentencia en que se
oirían breves alegatos de las partes y concluidos dichos alegatos se pasaría a
la deliberación del Tribunal y al pronunciamiento oral de la sentencia en el acto,
lo que no impediría que en días subsiguientes fueran citadas las partes para la
entrega del documento sentencial o aún en casos de asuntos muy controver-
tidos, quedará el asunto concluso para sentencia (esto sería la excepción) para
notificar después el documento contentivo de la sentencia acordada.

El papel del juez cubano en la aplicación del Derecho Procesal de Familia debe
ser, tal cual es en la actualidad, un papel de sujeto procesal jerárquicamente
subordinante, máxime cuando en el procedimiento civil cubano prima el princi-
pio de la impulsión de oficio por sobre el principio dispositivo y el Tribunal, en
aras de garantizar la plena realización de la justicia, tiene en sus manos el
instituto de las pruebas para mejor proveer que le permite en cualquier circuns-
tancia, sin subrogarse en lugar y grado de las partes y de la c arga procesal de
la prueba que le viene atribuida a estas por mandato legal, a disponer cual-
quier diligencia para el esclarecimiento de la verdad; aspecto que se refuerza
en el procedimiento de familia en que el Tribunal ejerce una indiscutible función
“tuitiva” al tratar asuntos de menores, incapacitados, desvalidos o en que peli-
gre un interés social.

Es preciso que se refuerce el papel del fiscal en el procedimiento de familia.

En Cuba se aprecia un aumento de la participación del fiscal en procesos en
que se discuten cuestiones tan álgidas como la impugnación de la filiación;
reconocimientos de uniones de hecho; adopciones; tutelas; del usufructo legal
vinculado a la patria potestad cuando se tramitan expedientes de jurisdicción
voluntaria sobre utilidad y necesidad de enajenación de bienes cuyos titulares
son menores; pero de lo que se trata es de que el Fiscal investigue, profundice
y esté en la primera línea de interés en cuanto asunto de familia interiorice que
es vital su presencia, en aras del interés superior de los niños y niñas; de los
discapacitados; personas de la tercera edad; de violencia doméstica.

El Fiscal de familia no puede conformarse con oponerse a demandas; excep-
cionar rara vez; proponer alguna que otra prueba, o simplemente no contestar
a una promoción.

No se trata del Fiscal de asuntos civiles que no tiene por qué interesarse en la
litis privada de dos contendientes, salvo que haya afectación de un interés pú-
blico o social. Se trata de un sujeto procesal velador de la buena marcha de las
relaciones familiares, que con su reconocida autoridad estatal puede contribuir
con extrema valía a la plena realización de la justicia de familia, que no es otra
cosa que la búsqueda de la única verdad existente, por encima de las disquisi-
ciones teórico- doctrinales, que es la verdad que se corresponde con el mundo

En el Proceso Familiar el fiscal debe intervenir activamente sobre todo en pro-
cesos en que se ventilen intereses de menores o incapacitados, apoyando al
juez en su papel de conciliador, buscando fórmulas que eviten que el proceso
familiar se convierta en un duelo entre partes, por su importancia social y que
en estos procesos en que existan intereses de menores o discapacitados, o de
personas de la tercera edad, asuma la defensa del demandado que no concu-
rre, lo que evitaría que la ausencia del mismo perjudicara en definitiva los inte-
reses de la familia.

Estas son algunas consideraciones y estimativas de la ya necesaria implemen-
tación en Cuba del procedimiento de familia, fuera de la generalidad del proce-
so civil y con la virtual designación del juez de familia, que es un juez de los
que hoy existen pero destinado a estas funciones, auxiliado por un equipo de
jueces legos que, en tanto especialistas en sociología, pedagogía, psicología o
trabajo social, permitan la armonización de los conflictos familiares o en todo
caso, su solución por caminos que obsten que la mente de los juzgadores de
los problemas de familia esté afectada por el ánimo de controversia y de no
conciliación entre las partes que en muchas oportunidades vemos en el resto
de los procesos civiles.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Textos doctrinales
- Enneccerus, Kipp, Wolff : Tratado de Derecho Civil, Tomos IV y V, Primero y
Segundo, Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1946.
- Gómez Orbaneja, E y Herce Quemada, V : Derecho Procesal Civil, Tomo I,
Editorial Gráfica Administrativa- Rodríguez San Pedro No. 32, Madrid, 1951.
- Kemelmajer de Carlucci, Dra Aida: “Reflexiones en torno a la eficacia del
llamado proceso familiar”, Revista de Derecho Puertorriqueño de la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico , Volumen 35, No. 3 de 1996.
 - Jiménez Serrano, Pablo y Pinto, Filho, Heitor : Metodología para las Investi-
gaciones Jurídicas,Ediciones Julgar, Sao Paulo, Brasil, 1997.
- Michán, Horacio J. : “Tribunales de Familia”, Folleto publicado en el Palacio
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- Pittí G, Dr Ulises, : “Discurso Inaugural del IX Congreso Mundial de Derecho
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- Planiol Marcelo y Ripert Jorge , : Tratado Práctico de Derecho Civil Francés,
Tomo II sobre La Familia, Editorial Cultural S.A, La Habana, 1939.
- Privado, Diccionario de Derecho. Editorial Labor, Buenos Aires, 1950
- Revista Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, República Argentina, Publicación Extraordinaria en Adhesión al IX
Congreso Mundial de Familia celebrado en la República de Panamá., Mendo-
za, Argentina, 1996.
- Tavano, María Josefina: “El Derecho Procesal y el Derecho de Familia: un
enfoque desde el análisis económico del Derecho”. Publicación en Palacio de
Convenciones. La Habana, 1998.

Textos legales
-Constituciones Políticas de: Reino de España, República de Chile, República
de Guatemala, República del Perú, República de Colombia, República Boliva-
riana de Venezuela y República de Cuba
-Constitución Española publicada en el Boletín Oficial del estado español el 29
de diciembre de 1978 y Selección de Constituciones Iberoamericanas, Editorial
Félix Varela del Ministerio de Educación Superior de Cuba, La Habana, 2000.
-Ley Procesal de Familia de la República de El Salvador, 1994
-Ley No. 3 de 17 de Mayo de 1994. Código de Familia, República de Panamá.
-Fuero de Familia de la Provincia de Córdoba, Argentina
-Ley No. 7675 de 1988
-Ley Provincial No. 7.676 Funcionamiento del Fuero de Familia, de 1988
-Ley No. 7 de 1977, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de la
República de Cuba.
-Código de Familia de Cuba, Ley No. 1289 de 1975.
Otras consultas
-Notas del autor del trabajo sobre el Procedimiento Familiar, Matanzas, Cuba,
julio de 1997.

 -TEMAS DE DERECHO DE FAMILIA. Obra didáctica de Colectivo de Autores,
todos profesores de Derecho, bajo la dirección de la Dra. en Ciencias Olga Me-
sa Castillo, entre ellos el Autor de esta Tesina, publicado por la Editorial Félix
Varela del Ministerio de Educación Superior de Cuba en La Habana, 2001, que
constituye texto de consulta de la carrera de Derecho en las universidades
cubanas, reeditado por la propia editorial en el 2002, en saludo al XII Congreso
Mundial de Derecho de Familia celebrado en al Palacio de Convenciones de La
Habana, Cuba, entre los días 22 y 27 de septiembre del 2002.

				
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