La Responsabilidad Penal de los Adolescentes; la democracia y

							 La Responsabilidad Penal de los Adolescentes; la democracia y la doble
                                 crisis.

                                                                         Emilio García Méndez.

Hace muchos años que en cualquier encuesta de opinión en América Latina, el tema de la
inseguridad urbana aparece, en la peor de las hipótesis, como tema numero dos de
preocupación social. A veces, solo a veces, pierde para el tema de la desocupación. Por su
parte, los medios de comunicación han sido muy “eficientes” en una identificación automática
entre el tema de la inseguridad y una difusa violencia juvenil atribuida a los menores de edad.
En buena medida, esto es posible debido a la crónica falta de información cuantitativa
confiable, en un área que con bastante vaguedad puede ser identificado como el área de la
delincuencia juvenil. Algunos países, ignoran hasta el número de menores de edad privados de
libertad.

A pesar de la existencia de algunas tendencias de carácter general para la región, muy diversa
es la situación en cada país de América Latina. Por un lado, Argentina, Chile, Colombia y
México hacen parte del grupo de los países mas atrasados de la región, en la medida en que a
15 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, aun no han realizado ninguna
reforma legislativa. En el resto la situación se presenta disímil con importantes altos y bajos en
el proceso de implantación de los sistemas de responsabilidad penal juvenil.

Las dificultades son muchas y variadas, aunque al mismo tiempo pueden sintetizarse en la
existencia de una doble crisis: una crisis de implementación y una crisis de interpretación.
Mientras la primera crisis resulta muy fácil de entender en la media que remite al bajo nivel de
inversión en estas áreas de la política jurídica y social, la segunda crisis, esencialmente de
carácter político cultural, resulta tan decisiva cuanto compleja y difícil de entender. La misma
puede sintetizarse en la tendencia a la utilización de las sanciones que prevén los sistemas de
responsabilidad penal juvenil (muy especialmente la privación de libertad), no como una
respuesta excepcional a hechos gravísimos, sino como una forma “reforzada” de política
social.

Sin una resolución adecuada de la crisis de interpretación, no habrá aumento de la inversión
que resuelva los problemas que giran en torno a la “delincuencia juvenil”.

El problema resulta de una extraordinaria complejidad. Se trata de asegurar un delicado
equilibrio entre el derecho de la sociedad a su seguridad colectiva, con el derecho de cada
individuo (sin ninguna discriminación, incluida su edad) al respeto riguroso de sus garantías
individuales. Sin seguridad colectiva hay anarquía, sin libertades individuales, dictadura.

No cuesta mucho entender que estos problemas, son los mismos que los de la democracia.