La necesidad de investigar los ataques recientes en contra by arn92217

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									8 de abril 2008

Lic. Juan Luis Florido
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
Edificio del Ministerio Público
15 Avenida 15-16, Zona 1, Barrio Gerona, 8vo. Nivel,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Distinguido Sr. Ministro Florido:

La necesidad de investigar los ataques recientes en contra de defensores de
derechos humanos

En esta ocasión hacemos llegar por este medio la profunda preocupación de
Human Rights First por los ataques perpetrados en contra de un sindicato, una
defensora de Derechos Humanos y a la Diócesis de San Marcos en las últimas
semanas, dando como resultado el asesinato del Sr. Miguel Ángel Ramírez
Enríquez, la intimidación de la señora Aída del Rosario López Cordero y la
amenaza de muerte dirigida a Monseñor Álvaro Ramazzini.

Estos actos se suman a una serie de intimidaciones llevadas a cabo en contra de
defensores de derechos humanos, manifestado por este medio a su persona en
cartas anteriores, fechadas 28 de febrero y 14 de marzo del presente año.

   1. El asesinato de Miguel Ángel Ramírez Enríquez

El Sr. Miguel Ángel Ramírez Enríquez era cofundador del Sindicato de
Trabajadores del Sur (SINTRABANSUR), entidad que surgió a partir del
incumplimiento de los derechos laborales, como el pago al salario mínimo y el
acceso a beneficios de seguridad social.

A partir de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Protección de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos se ha documentado que el
SINTRABANSUR, a partir de acciones de presión y amenazas, fue
desmembrado en noviembre del 2007 por parte de la empresa Finca Olga María.
Unos miembros de la directiva del SINTRABANSUR reportaron que recibieron
amenazas de muerte por parte de la empresa en relación de su labor a favor de
los derechos laborales.

El día 2 de marzo, el Sr. Miguel Ángel Ramírez llegaba a su casa acompañado
de su hijo, fue atacado con arma de fuego por dos hombres con el rostro cubierto
con pasamontañas, recibiendo varios impactos de proyectil y muere al ingresar
al hospital.
La esposa de la víctima informa que quince días antes del asesinato, el Sr. Ramírez le había
comentado que unas personas de la Finca Olga María lo habían amenazado de muerte si no
firmaba un documento de renuncia del sindicato.

Otros fundadores de SINTRABANSUR y miembros de la directiva también han sido
amenazados. El 29 de febrero personas desconocidas estuvieron preguntando la ubicación
de la vivienda del Sr. Víctor Manuel Gómez Mendoza, secretario de Conflictos y Trabajo de
SINTRABANSUR. A partir del 3 de marzo, hombres desconocidos empezaron a rondar por
la casa del Sr. Alberto López Pérez, miembro del Consejo Consultivo de SINTRABANSUR,
el día 8 ingresaron a su vivienda, logrando escapar junto con su familia.

Human Rights First teme que el asesinato y la intimidación estén vinculados con la legítima
actividad de SINTRABANSUR en protección de los derechos de los trabajadores.

   2. La intimidación de Aída del Rosario López Cordero

Aída del Rosario López Cordero, Coordinadora de la Defensoría de la Mujer, de la
Procuraduría de Derechos Humanos del departamento de Quiché, Guatemala, ha sido
amenazada aparentemente en conexión con su apoyo a Juana Méndez Rodríguez, víctima
maya de violación, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. La Sra. López Cordero
se encuentra promoviendo un juicio penal en contra de los agentes Antonio Rutilo Matías
López y Nery Osberto Aldana Rodríguez.

Desde el inicio del juicio en contra de Matías López, el 18 de febrero, Aída del Rosario López
Cordero ha tratado de resguardar la vida e integridad de la señora Méndez Rodríguez, que fue
trasladada de su residencia hacia un lugar seguro. Así mismo, la señora López Cordero se ha
constituido en parte elemental de la campaña de sensibilización sobre los abusos que sufren
las mujeres privadas de la libertad y en especial de la importancia que el caso de Juana
Méndez Rodríguez no quede impune.

El día 25 de febrero, se llevó a cabo la segunda audiencia del debate público, la Sra. López
Cordero convocó a representantes de varias organizaciones de defensores de derechos
humanos del departamento de Quiché para apoyar a Méndez Rodríguez. Esa noche, López
Cordero recibió una amenaza por teléfono con relación a su defensa de los derechos de las
mujeres.

El 2 de marzo, desconocidos pintaron letras de una pandilla local en la casa de la Sra. López
Cordero. También rompieron focos de la entrada de su residencia que iluminan el acceso a su
casa poniéndola en situación de riesgo. El día 4 de marzo, un día antes de la tercera audiencia
del debate, en un restaurante se percató de ser vigilada. El día 6 de marzo recibió una llamada
de un desconocido, el cual indicó ser un recluso del Centro de Detención Preventivo de la
zona 18.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) también
sufrió una serie de actos de intimidación y amenazas durante los meses de febrero a abril del



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2007 en donde se presume una vinculación directa a este caso, en el cual el ICCPG es
querellante adhesivo.

    3. Amenaza de muerte en contra de Monseñor Álvaro Ramazzini

Monseñor Álvaro Ramazzini es Obispo de la Diócesis de San Marcos, miembro de la
Conferencia Episcopal de Guatemala y miembro de la Mesa de Alto Nivel sobre la Minería.
El día 31 de marzo se llevó a cabo un acto de intimidación a un miembro de la Pastoral Social
de San Marcos, con un mensaje amenazante de muerte dirigido a Monseñor Ramazzini.

Un vehículo con individuos armados interceptó a este miembro de la Pastoral, el cual
transitaba en una calle en San Marcos, uno de los individuos armado le sujetó, haciéndole
llegar el mensaje de forma verbal para Monseñor Ramazzini.

Monseñor Ramazzini, tiene un historial de amenazas, aunque no en los últimos dos años. Ha
desarrollado un extenso trabajo en el tema de la minería y la intervención de conflictos de
tierra. A través de la diócesis y las pastorales en las últimas décadas que él ha estado
apoyando, acompañando y denunciando a comunidades en torno a la Minera Montana y su
impacto, a la Ley de Minería, en la construcción de la Hidroeléctrica de Tres Ríos, y muchas
otras cosas. Recientemente, del 24 hasta el 28 de marzo, acompañó al Relator de las Naciones
Unidas sobre Migrantes en su visita a Guatemala.

    4. Solicitudes

Por lo anteriormente expuesto, Human Rights First manifesta su preocupación que estos actos
podrían tener vinculación con la promoción de los derechos humanos por parte de los
individuos atacados.

El Comité de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han
mencionado en repetidas ocasiones qué Estados han ratificado el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos 1 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 2 así
como Guatemala, tienen la obligación positiva de investigar y procesar en particular cuando
el derecho de la vida ha sido violado. 3 El Estado Guatemalteco es responsable por los ataques
en contra de defensores de derechos humanos debido a su fracaso en investigar y procesar a
quienes cometen estos crímenes.




1
  December 16, 1966, 999 UNTS 171 (ICCPR). The ICCPR entered into force for Guatemala on May 5, 1992.
2
  November 22, 1969, OAS, Treaty Series, N° 36 (IACHR). The IACHR entered into force on July 18, 1978.
3
  See, e.g., Human Rights Committee, Concluding Observations on El Salvador, UN Doc. A/58/40 Vol. I (2003)
61, para 84(6); Human Rights Committee, Concluding Observations on Peru, UN. Doc. A/51/40 Vol. I (1996)
48, paras. 347, 358; Meneses Reyes et al v Chile, Report No. 34/96, OEA/Ser.L/V/II.95 Doc.7 rev at 196 (1997)
(October 15 1996) para 106; see also Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International
Humanitarian Law, G.A. Res. 60/147, UN Doc. A/Res/60/147 (December 16, 2005).


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Human Rights First le insta a:

     •   Garantizar una persecución penal de los perpetradores de todos los actos antes
         mencionados.
     •   Utilizar las investigaciones de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la
         División de Investigación Criminal (DINC) en la persecución penal.
     •   Garantizar que la persecución penal sea puntual, imparcial y exhaustiva.

Gracias por su atención a este asunto urgente.

Sinceramente,




Andrew Hudson
Abogado Asociado
Programa de Defensores de Derechos Humanos
Human Rights First


CC

Doctor Carlos Vinicio Gómez,
Ministro de Gobernación,
6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3,
Ciudad de Guatemala,
Guatemala

Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procuraduría de los Derechos Humanos,
12 Avenida 12-72, zona 1,
Ciudad de Guatemala,
Guatemala


Lic. Orlando Blanco
Ministro de Paz y Derechos Humanos
7ª avenida 3-54 zona 1.
Ciudad de Guatemala
Guatemala




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