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									  Las empresas transnacionales y los derechos humanos
                                      Yolanda Román
Yolanda Román es responsable de Política Exterior de la sección española de Amnistía Internacional, y
dentro del curso “Las multinacionales españolas en América Latina: realidades y resistencias”,
organizado por la asociación Paz con Dignidad en colaboración con Hegoa, presentó el pasado día 8 de
noviembre de 2005 en Bilbao la ponencia titulada “Las empresas transnacionales y los derechos
humanos”.




En su último Informe Anual 2005, Amnistía Internacional declaraba que el panorama mundial de
los derechos humanos se caracteriza en la actualidad por una mezcla de indiferencia, deterioro e
impunidad. Los derechos humanos no constituyen sólo una promesa incumplida, sino también
traicionada.

Señalemos, por ejemplo, la incapacidad de pasar de la retórica a la práctica en materia de
derechos sociales y económicos. A pesar de las promesas recogidas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, según las cuales
toda persona tendrá derecho a un nivel de vida adecuado y a disponer de comida, agua, techo,
educación, trabajo y asistencia médica, más de mil millones de personas carecen de agua no
contaminada, 121 millones de niños no van a la escuela, la mayoría de los 25 millones de personas
con VIH/sida en África no tienen acceso a asistencia médica y medio millón de mujeres mueren
cada año durante el embarazo o el parto.

En septiembre del año 2000, dirigentes de todo el mundo adoptaron la Declaración del Milenio –
que tenía como tema central los derechos humanos– y establecieron los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, en los que se fijaban metas concretas y viables para 2015. Estas metas se ocupan de
cuestiones como el VIH/sida, el analfabetismo, la pobreza, la mortalidad infantil y materna y la
ayuda al desarrollo. Pero los avances en la realización de los objetivos han sido demasiado lentos y
de una insuficiencia desoladora. No podrán conseguirse sin un firme compromiso para con el
respeto igualitario de todos los derechos humanos, tanto los económicos, sociales y culturales
como los civiles y políticos. La capacidad del Estado para proteger los derechos humanos está en
crisis a nivel nacional. En algunos lugares, los grupos armados –caudillos militares, bandas de
delincuentes o jefes de clanes– controlan la vida de la gente. En muchos países, la corrupción, la
mala gestión, el abuso de poder y la violencia política han socavado la gobernanza de los asuntos
públicos.

Por otra parte, en una economía globalizada, los acuerdos sobre comercio internacional, las
instituciones financieras internacionales y las grandes empresas marcan cada vez más la pauta.
Sin embargo, existen pocos mecanismos para abordar sus efectos sobre los derechos humanos, y
aún hay menos sistemas adecuados de rendición de cuentas.

Las empresas facilitan trabajo a millones de personas y en la actualidad constituyen la fuerza
motriz de la mayoría de las economías nacionales. Tienen, por tanto, una influencia y un poder
tremendos y muchas de ellas son de alcance mundial. Las actividades empresariales tienen efectos
considerables en los derechos humanos de las personas sobre las que influyen. En muchos países,
tanto las normas gubernamentales como su aplicación son inadecuadas para proteger a los
individuos cuando dichas actividades empresariales perjudican a los trabajadores o a las
comunidades. Los sistemas nacionales suelen mostrarse incapaces o poco deseosos de pedir
responsabilidades a las empresas que operan en sus países. La compleja estructura de las
multinacionales puede obstaculizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales locales sobre los
abusos cometidos por una empresa que tenga su sede en otro país.




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La mayoría de las empresas se oponen a cualquier medida que conduzca a la adopción de normas
internacionales vinculantes, a pesar de que el funcionamiento trasnacional de muchas de ellas
excede la capacidad reguladora de cualquier Estado. Aunque los códigos voluntarios y las
iniciativas como el Pacto Mundial, red internacional de apoyo a un civismo empresarial
responsable, pueden ser útiles en la promoción de buenas prácticas, no han conseguido reducir
las consecuencias negativas que sobre los derechos humanos tiene el comportamiento de las
empresas.

En 2004 adquirió un nuevo impulso en la ONU el proceso de codificación normativa de las
responsabilidades sobre derechos humanos de las empresas transnacionales y de otras empresas
comerciales, pero queda mucho por avanzar para asegurar que las empresas trasnacionales
asumen su responsabilidad de respetar los derechos humanos y su obligación de responder por el
impacto de sus actividades sobre los mismos. La impunidad que caracteriza las actividades de las
empresas trasnacionales en la esfera de los derechos humanos ensombrece aún más, si cabe, un
panorama mundial de por sí sombrío.

Sin embargo, se habla más que nunca de "responsabilidad social corporativa" o de otros conceptos
similares y, afortunadamente, existe un debate mundial que permite abordar, de manera más o
menos ambiciosa, el alcance de la responsabilidad de las empresas en distintos ámbitos "sociales",
uno de ellos el del respeto de los derechos humanos.

Amnistía Internacional lleva años contribuyendo a ese debate en el marco de la Unión Europea y
en el de distintas iniciativas internacionales, también en España. Hasta ahora, lo que ha podido
constatar esta organización, es que el debate sobre la responsabilidad de las empresas carece de
consenso y de contenido concreto o soluciones. El escaso éxito de los esfuerzos invertidos en la
Unión Europea, plasmados en diferentes iniciativas (la Comunicación de la Comisión sobre la
Agenda Social, el Libro Verde, el Multistakeholders Forum) o la escasa credibilidad del Global
Compact ponen de manifiesto hasta qué punto el debate sobre la llamada "responsabilidad social
corporativa" no pasa de ser precisamente eso: un mero debate. En opinión de Amnistía
Internacional, es necesario avanzar en ese debate y abordar con decisión las problemáticas que
constituyen la razón de ser y el origen del mismo, y son los Gobiernos y las Instituciones
internacionales quienes tienen que asumir y definir su responsabilidad en ese sentido.

Así lo entiende ya buena parte de la comunidad internacional, y así lo demuestra la histórica
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre derechos humanos y
empresas trasnacionales y otras empresas comerciales aprobada en el último periodo de
sesiones del órgano de protección de los DDHH más importante del sistema universal de
Naciones Unidas. La parte más relevante de esa resolución1 destaca:

       Reconociendo que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales pueden
contribuir al disfrute de los derechos humanos mediante, entre otras cosas, la inversión, la
creación de empleo y la estimulación del crecimiento económico,

       Reconociendo también que un funcionamiento responsable de las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales y una legislación nacional efectiva pueden
contribuir a promover el respecto a los derechos humanos y ayudar a canalizar los beneficios de
las empresas hacia ese objetivo,

       1. Pide al Secretario General que designe un representante especial sobre la cuestión de
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, por un
periodo inicial de dos años, que presente un informe provisional a la Comisión de Derechos
Humanos en su 62º período de sesiones, y un informe final en su 63º período de sesiones, que
incluya opiniones y recomendaciones para su examen por la Comisión, y que tenga el siguiente
mandato:

1
    E/CN.4/2005/L.87 de 15 Abril 2005.



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        a) Señalar y aclarar normas unificadas sobre responsabilidad empresarial y rendición
de cuentas en relación con las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la
esfera de los derechos humanos;

        b) Desarrollar más la función de los Estados en las regulación y arbitraje efectivos en
relación con la función de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la
esfera de los derechos humanos, incluso mediante cooperación internacional;

       c) Investigar y aclarar las implicaciones que, en lo que respecta a las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales, tienen conceptos como ‘complicidad’ y ‘esfera de
influencia’;

       d) Elaborar materiales y metodologías para realizar evaluaciones de las repercusiones
que las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales tienen en los
derechos humanos;

Aunque no las menciona explícitamente, esta resolución supone un decidido espaldarazo a las
Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, aprobadas por la
Subcomisión para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, en 2003. Constituyen
un conjunto de normas de derechos humanos para empresas, que reúne en un solo documento
normas internacionales de derechos humanos aplicables a las empresas sobre cuestiones
laborales, de salud y medioambientales, de discriminación, de seguridad, etc. Las Normas de la
ONU para Empresas enuncian, en una sola y concisa declaración, una lista detallada de las
obligaciones empresariales en la esfera de los derechos humanos. Subrayan las prácticas óptimas
y varias formas de monitorizarlas y hacerlas cumplir. Además de establecer una norma con la que
las empresas pueden medir su propia conducta, las Normas de la ONU sientan también un punto
de referencia muy útil con el que evaluar las legislaciones nacionales para determinar si los
gobiernos están cumpliendo su obligación de proteger los derechos asegurando que existen los
marcos reguladores apropiados.

Parece indudable que los actores económicos en la economía global tienen obligaciones y
responsabilidades en relación a los derechos humanos y éstas deben estar bien definidas y ser
exigibles. Resulta absolutamente necesario que se establezcan estándares y obligaciones
claras y     mecanismos de cumplimiento y exigencia de las mismas. ¿Por qué?
Sencillamente porque las actividades de las empresas pueden tener un impacto negativo sobre los
derechos humanos y, por tanto, las empresas deben tener obligaciones y responsabilidades por
esos impactos.

La naturaleza y amplitud de la ola más reciente de mundialización económica ha creado un
mundo mucho más interdependiente que en ninguna otra época pasada. Desde el fin de la Guerra
Fría, se ha producido una explosión del comercio internacional y de las relaciones financieras que
ha ido acompañada de la correspondiente expansión del poder de las grandes empresas
transnacionales y las instituciones financieras. Con más y más frecuencia, el capital, la mano de
obra, la tecnología y otros recursos se dirigen o se retiran de destinos de inversión basándose
principalmente en factores económicos. Las operaciones transnacionales de un número creciente
de empresas rebasan la capacidad de reglamentación de cualquier sistema nacional. Agentes con
gran poder económico ejercen una enorme influencia en la política normativa —tanto para bien
como para mal—, lo que repercute en los derechos humanos de millones de personas.

Si las actividades comerciales proporcionan empleo a millones de personas, diversas prácticas
comerciales que se aplican a diario pueden tener un efecto negativo sobre los derechos humanos.
Las empresas pueden violar los derechos humanos con sus prácticas de empleo, o por la forma en
que sus procesos de producción repercuten en los trabajadores, las comunidades y el medio
ambiente. Las empresas también pueden estar implicadas en abusos por su asociación con
autoridades políticas o gobiernos represivos.


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Algunos ejemplos ponen de manifiesto el alcance del impacto de las actividades de las empresas
en los derechos humanos.

Dow Chemical en Bhopal

Hace más de veinte años del desastre de Bhopal. Después de este tiempo, miles de personas en
Bhopal siguen sufriendo los efectos de la exposición al gas isocianato de metilo (MIC).
Sorprendentemente no se ha hecho a nadie responsable del escape y de sus devastadoras
consecuencias. Dow Chemical sigue evadiendo su responsabilidad por las consecuencias del
escape de gas ocurrido en 1984 en la fábrica de pesticidas de Union Carbide Corporation (UCC) en
Bhopal, India.

La exposición a las sustancias tóxicas en el momento del desastre tuvo consecuencias catastróficas
y causó la muerte a más de 7.000 personas en cuestión de días, muchas de ellas niños y niñas.
Desde entonces, miles de individuos han fallecido o desarrollado enfermedades crónicas y
debilitantes que les impiden realizar las tareas más básicas y que afectan a su capacidad para
trabajar. Ya en 1982, UCC sabía que existían graves motivos de preocupación en materia de
seguridad respecto a la fábrica de Bhopal. Meses antes del desastre de diciembre de 1984, la
empresa matriz estadounidense había advertido de que podría ocurrir algo así. UCC aún no ha
facilitado datos acerca de los gases liberados ni información toxicológica esencial para el
tratamiento médico de las víctimas.

Shell en Nigeria

El 3 de diciembre de 2003, parte de un oleoducto de Rukpokwu, en el Estado nigeriano de Rivers,
estalló, devastando la tierra antes fértil que lo rodeaba. El vertido de petróleo resultante destruyó
tierras de cultivo, lagunas de pesca y pozos de agua, y privó de unos ingresos vitales a las familias
que vivían del cultivo. El oleoducto está gestionado por la Shell Petroleum Development
Corporation en asociación con la Nigerian National Petroleum Corporation. Sin embargo, ni la
Shell ni el gobierno nigeriano han limpiado la zona después del vertido.

El caso de la comunidad de Rukpokwu es un ejemplo de cómo el derecho a un nivel de vida
adecuado, incluido el acceso a alimento adecuado, y el derecho al agua se han violado a
consecuencia de los daños medioambientales provocados por los vertidos de petróleo de un
oleoducto con escapes. Antes del vertido, las comunidades dependían de los campos para su
cultivo y de las lagunas para la pesca y el agua potable. A causa de la contaminación del agua, han
perdido los ingresos derivados de la venta de pescado, y también de los productos agrarios.

Repsol YPF en Arauca (Colombia)

La realidad del conflicto armado en Colombia es terriblemente cruda, pero el departamento de
Arauca, rico en petróleo, se ha visto especialmente afectado, siendo la población civil la más
perjudicada por la principal característica de ese conflicto: la sistemática violación de los derechos
humanos por todas las partes armadas en conflicto, esto es, el ejército, los grupos paramilitares y
los grupos armados de oposición.

La empresa española Repsol YPF tiene importantes intereses en el Departamento, como el
yacimiento petrolífero de Capachos I, así como una participación en la Asociación Cravo Norte
para la explotación del yacimiento de Caño Limón, propiedad de la estatal colombiana Ecopetrol,
la estadounidense Occidental Petroleum y la propia Repsol YPF. Muchas de las violaciones de
derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario tienen lugar en
comunidades y zonas cercanas al oleoducto de Caño Limón. Es más, la Asociación Cravo Norte
había firmado un acuerdo de colaboración, que incluía financiación, con la Brigada XVIII, estando
los soldados de esa unidad del ejército colombiano implicados en graves violaciones de los
derechos humanos, ya sea directamente o en connivencia con las fuerzas paramilitares.



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Amnistía Internacional ha pedido a la empresa Repsol YPF que aclare estos extremos y las
medidas que piensa adoptar al respecto. Parece obvio, que una empresa que opera en un contexto
así tiene el deber de adoptar y desarrollar medidas concretas para asegurar el respeto y la
promoción de los derechos humanos en la comunidad en la que opera.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que deben darse los pasos necesarios para adoptar una
normativa internacional y legislaciones nacionales que definan y desarrollen cuáles son las
obligaciones de las empresas en relación con los derechos humanos. Entre las obligaciones
generales que deben concretarse, en ámbitos como los derechos de los trabajadores, el respeto de
los consumidores y del medioambiente, destaca el cumplimiento de:

    •   el derecho a la igualdad de oportunidades y a un trato no discriminatorio
    •   el derecho a la seguridad personal
    •   el derecho a no ser sometido a trabajo forzoso y a no sufrir explotación económica
    •   el derecho a disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular los
        derechos al desarrollo, a la alimentación, a la salud y a la educación.

Igualmente, debe determinarse el alcance de la vigilancia y verificación periódicas por
mecanismos nacionales y otros mecanismos internacionales y de las Naciones Unidas
que ya existan o estén por crearse. Esa vigilancia deberá ser transparente e independiente y
deberá tener en cuenta la información que proporcionen las partes interesadas (incluidas las
ONG) y la información proveniente de denuncias de violaciones de los DDHH.

Nada de esto es incompatible con las iniciativas voluntarias de las empresas, con las
autoevaluaciones y los compromisos privados. Pero la experiencia demuestra que eso no es
suficiente. Al final, son los Estados quienes tienen que garantizar el respeto y disfrute de los
derechos humanos de todas las personas, removiendo los obstáculos y adoptando las medidas
necesarias para lograrlo. En ese esfuerzo, las empresas deberán cooperar si no quieren dar la
espalda a los derechos humanos y ser percibidas de manera negativa por la sociedad.




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