Tomado del libro titulado Delito y Seguridad de los by arn92217

VIEWS: 9 PAGES: 16

									       T omado del libro titulado Delito y Seguridad de los Habitantes.
  México,D.F.: Editorial Siglo XXI, Programa Sistema Penal Derechos
              Humanos de ILANUD y Comisión Europea, 1997


              SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA EN CENTROAMÉRICA:
                        ESFUERZOS REGIONALES EN MARCHA




                                                          *
                                 LAURA CHINCHILLA M


     El proceso de transformación democrática, iniciado a principios de la década de
los ochenta en la casi totalidad de los países latinoamericanos, ha tenido en América
Central importantes repercusiones.        Entre las más destacadas figuran las
relacionadas con la asignación de nuevos papeles a las fuerzas armadas y a los
servicios policiales, en un contexto caracterizado por un auge sin precedentes de la
criminalidad y del sentimiento de inseguridad de los ciudadanos ante el delito, así
como por numerosas tentativas orientadas a resolver los problemas sociales en forma
integrado.
     A estos aspectos se refiere el presente ensayo, en el cual, después de
mostrarse la superación de la noción de "seguridad nacional", imperante en las
décadas anteriores, y el desarrollo y aceptación de la noción de "seguridad
ciudadana", se indican la actual problemática de este nuevo concepto, los avances
regionales conseguidos en la materia y las perspectivas y retos del futuro.


     DE LA SEGURIDAD NACIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA


     Los cambios que experimentó la geopolítica internacional durante la década de
los ochenta y que condujeron al fin del conflicto este-oeste, junto con los procesos de
reconciliación nacional que, durante estos mismos años, tuvieron lugar en las
sociedades centroamericanas, provocaron un significativo impacto en materia de
seguridad regional: de una agenda centrada en temas tales como la insurrección y la

                                                                                      1
desestabilización política, se pasó a otra basada en la delincuencia común y el crimen
organizado de una doctrina de seguridad nacional que giraba alrededor de las fuerzas
armadas, se pasó a otra de seguridad democrática, que aspiraba a fundamentarse en
las instituciones de desarrollo social y en la administración de justicia.1

       Durante las décadas anteriores los conflictos sociales y políticos internos de los
países centroamericanos, exacerbados por la Guerra Fría, fueron percibidos por los
gobiernos de la región como amenazas al Estado mismo y tratados, erróneamente,
como un problema de seguridad nacional cuya solución se reducía a una solución
militar.

       Todos los demás problemas, entre ellos el de la criminalidad, quedaban
subsumidos en el de la seguridad nacional, y se privilegiaba sobre cualquier otra
institución el desarrollo y crecimiento de las fuerzas armadas.                                   Esta situación se
constata al observar el aumento que, en un periodo relativamente corto,
experimentaron los ejércitos de la región en el total de sus miembros; por ejemplo,
entre 1980 y 1988, en El Salvador dicha cantidad pasó de 7 mil a 56 mil; en
Guatemala, de 14 mil a 42 mil; en Honduras, de 11 300 a 18 700; y en Nicaragua, de
                       2
6 700 a 77 mil.

       El fortalecimiento de los ejércitos se produjo en detrimento de otras
instituciones, en particular de la policial, generalmente concebida como un apéndice
menor de la institución castrense. Aparte de su adscripción a las fuerzas armadas, la
estrategia de guerra de contrainsurgencia que prevaleció en ese periodo profundizó
las características militares de la mayor parte de las policías centroamericanas, lo que
se reflejó en su organización, sus funciones, su doctrina y la capacitación de sus
integrantes.




       *
           Ministra de Seguridad Pública, Costa Rica.
       1
           Sobre el proceso de formación de una nueva agenda de seguridad en Centroamérica, con énfasis en el fenómeno
militar, véase Gabriel Aguilera, " La problemática de la seguridad en Centroamérica", en Dirk Kruijt y Edelberto Torres-Rivas
(comps.), América Latina: Militares y sociedad FLACSO, San José, Costa Rica, 1991.
       2
         P. Klepak Hat, "Seguridad regional y percepción de la amenaza en Centroamérica", documento presentado en el Taller
sobre desmovilización y seguridad en América Central y Latina, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Quebec,
diciembre de 1992.
                                                                                                                           2
        Así, por ejemplo, en Panamá la policía formó parte durante un largo tiempo de
las fuerzas de defensa, dentro de las cuales se agrupaban las distintas unidades a
cargo de la defensa nacional del país. Igualmente en Honduras se creó en 1963 un
cuerpo especial de seguridad que, a partir de 1975, recibió la denominación de
FUSEP, adscrito a la Secretaría de Defensa, el cual tenía a su cargo el ejercicio de
las funciones policiales, pese a que sus miembros provenían de las distintas unidades
de las fuerzas armadas.                   En Guatemala la ambivalencia entre función policial y
función militar se observa con la creación, en 1965, de la policía militar ambulante,
bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, para colaborar con la policía nacional
y la guardia de Hacienda en la prestación de servicios policiales en las zonas rurales,
y con la disposición constitucional (artículo 244) según la cual se atribuía al ejército la
facultad de intervenir en asuntos de seguridad interna. En Nicaragua hasta principios
de 1990 las funciones policiales eran desempeñadas por la llamada policía
sandinista, adscrita al Ministerio del Interior, lo que hizo que su desempeño estuviese
fuertemente condicionado por el del ejército. Por último, en El Salvador un decreto
emitido por el Directorio Cívico-Militar, en agosto de 1961, determinó que los tres
cuerpos de policía del país en ese entonces -la guardia nacional, la policía nacional y
la policía de Hacienda- pasarían a formar parte de las fuerzas armadas junto con el
ejército, la fuerza aérea y la marina nacional.3

        Los alcances del conflicto centroamericano y de la doctrina de la seguridad
nacional llegaron a sentirse hasta en Costa Rica, sociedad con una de las más
asentadas tradiciones democráticas de América Latina y en la que se proscribió el
ejército desde 1949. En dicho país el conflicto creó grandes presiones sobre las
instituciones de policía que, en nombre de la defensa de la territorialidad en la zona
norte y fronteriza con Nicaragua, experimentaron una fuerte tendencia hacia la
militarización, que se reflejó en aspectos tales como el entrenamiento recibido por los
policías y las armas adquiridas, todo lo cual era más propio de un ejército de
infantería liviana que de un servicio de policía que adquiriese armamento.

        3
          Para más información sobre las características de las instituciones policiales en Centroamérica, véase José María Rico
et al. La justicia penal en Costa Rica, San José, Costa Rica, Educa, 1988, pp.94-102; Luis Salas y José María Rico, La justicia
penal en Guatemala, San José, Costa Rica, Educa, 1989, p. 55-75; Luis Salas y José María Rico. La justicia penal en
Honduras, San José, Costa Rica, Educa, 1989, pp. 67-78; y Luis G. Solís y Richard Wilson, Polifical transition and the
administration of justice in Nicaragua, San José, Costa Rica, The Center for the Administration of Justice, Florida International
University, 1991.


                                                                                                                               3
       Al ingresar Centroamérica a la segunda mitad de los años ochenta, y bajo las
condiciones propicias del debilitamiento del conflicto este-oeste, se inició un proceso
de reconciliación regional que culminó con los conocidos acuerdos de Esquipulas y la
ejecución del "Procedimiento para establecer una paz firme y duradera en la región",
que hicieron posible la pacificación de al menos dos de los países más conflictivos:
Nicaragua y El Salvador, y que generaron un clima de distensión en toda la región.

       Con el advenimiento de la paz adquirió prominencia un conjunto de problemas
propios del proceso de reconstrucción y del desarrollo social y económico de los
países, entre los cuales ha descollado de manera particularmente alarmante el de la
criminalidad y la inseguridad ciudadana.                       Las nuevas circunstancias obligan a un
replanteamiento de la tradicional agenda de seguridad y a una revisión del papel de
instituciones tales como el ejército y la policía.

       Tal y como se detallará más adelante, la nueva agenda de seguridad en la
región enfatiza por un lado la necesidad de abordar los compromisos pendientes de
las fuerzas armadas (balance razonable de fuerzas, medidas de confianza mutua,
negociación pacífica de controversias, etc.) en un contexto de paz y, por otro,
introduce la preocupación sobre la seguridad de las personas y los bienes,
asignándole un gran protagonismo a las instituciones sociales para la prevención, el
sistema judicial y la policía.

       LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN

       Al hablar de seguridad ciudadana se alude a dos fenómenos que conviene
distinguir: el de la criminalidad y el del sentimiento de inseguridad. El primero está
referido esencialmente a las conductas delictivas que se cometen en una sociedad
determinada, y el segundo a la percepción que sobre la problemática delincuencial
tiene la población.4




       4
         Sobre la distinción de ambos fenómenos véase José María Rico y Luis Salas, Inseguridad ciudadana y policía, Madrid,
Tecnos, 1988, pp. 13-16.
                                                                                                                          4
        En Centroamérica la preocupación sobre el estado de la seguridad ciudadana
se confirma mediante la constatación de un incremento en las tasas de criminalidad y
de una creciente sensación de inseguridad por parte de los habitantes, que ocasiona
estados de alarma generalizada.

        Así, por ejemplo, en lo que respecta al crimen, se observa que en el periodo
1991-1994 los delitos contra la propiedad se incrementan en Belice 19.5%; en Costa
Rica 18.6%,5 en Honduras 15.8% y en Nicaragua 30%. Por su parte, los delitos
contra la vida en el mismo periodo experimentan un crecimiento de 26.9% en Costa
Rica; 40.4% en Honduras y 41.9% en Nicaragua.6

        La existencia (le diferencias en la clasificación y recopilación de estadísticas
criminales en la región dificulta un riguroso y detallado análisis comparativo. Sin
embargo, de los datos existentes se pueden derivar ciertas tendencias comunes a
todos los países centroamericanos en materia de criminalidad.                                     Estas tendencias
apuntan a lo siguiente:

        Continuos incrementos en los índices de criminalidad, particularmente
significativos a partir de la presente década.

        Tasas de crecimiento mayores en los delitos relativos a la integridad física y a la
vida.

        Mayor participación de los jóvenes dentro de la población infractora, los cuales
tienden a actuar grupalmente (bandas, "maras", "chapulines", etcétera).

        Una relación cada vez más estrecha entre la delincuencia -común y organizada-
y la problemática de la droga y el narcotráfico.

        Una "regionalización del delito", dado que ciertos ilícitos traspasan las fronteras
geográficas; tal es el caso del tráfico de drogas y armas, el contrabando de
mercaderías y animales, el trasiego de inmigrantes ilegales ("coyotismo") y el robo de
automóviles.


        5
         Para un análisis sobre la seguridad ciudadana en Costa Rica véase Laura Chinchilla, "La seguridad ciudadana El caso
de Costa Rica", Revista de Ciencias Jurídicas, núm. 73, septiembre-diciembre, 1992, pp. 11-39.
                                                                                                                          5
       Hablar en detalle de las causas, de dicha situación criminógena en
Centroamérica es un tanto complejo, dada la diversidad de la problemática social de
los países. Sin embargo, entre algunas de las razones comunes se pueden citar las
siguientes:

       Una prolongada situación de guerra fratricida que ha dejado importantes
secuelas, tales como acentuados patrones de conducta basados en la violencia o
procesos de desmovilización que han lanzado a quienes engrosaban los ejércitos y
las fuerzas irregulares a las filas de la delincuencia común y la mafia.

       Un grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de las grandes
mayorías, así como de los mecanismos tradicionales de socialización (familia,
sistema educativo, etc.), lo que, lejos de neutralizar, tiende más bien a propiciar
conductas delictivas de la población.

       Patrones de consumo que no guardan relación con la estructura productiva de
estos países ni con el poder adquisitivo del ciudadano medio.

       Las características geográficas de la región, que facilita la comunicación entre
ambos océanos y entre el sur y el norte del continente americano, condiciones
propicias para la operación de la delincuencia internacional y del crimen organización
en lo que respecta al tráfico de drogas, de automóviles robados, de inmigrantes
ilegales, etcétera.

       Al problema de la delincuencia descrito se agrega el del sentimiento de
inseguridad que invade a los ciudadanos centroamericanos. Según distintos sondeos
de opinión pública realizados en los países de la región, el fenómeno criminal
constituye para la mayoría de los habitantes uno de los principales problemas
sociales de los últimos cinco años, a la par de temas tales como el desempleo y el
costo de la vida. La mayor parte de los estratos sociales estiman que la delincuencia
aumenta sin cesar -lo que suele corresponder a la realidad-, temen ser víctimas de
delitos, y consideran insuficiente la respuesta institucional.



       6
          Elías Carranza, "La problemática de la seguridad ciudadana en América Central", ponencia presentada en el taller de
trabajo regional Seguridad Ciudadana y Capacitación Policial en Centroamérica, San José, Costa Rica, febrero de 1995.
                                                                                                                           6
       Así, por ejemplo, recientes encuestas de opinión indican que en Costa Rica para
casi 50% de la población la inseguridad ciudadana ha empeorado con respecto al
pasado, y en El Salvador dicho porcentaje es de 70%. Adicionalmente, se observa
que en ambos países los problemas ligados a la delincuencia y a las drogas ocupan
el primer o segundo lugar de preocupación.7

       Aparte de las variables analizadas de la delincuencia y el sentimiento de
inseguridad, cabe destacar otro aspecto ligado a la problemática de la seguridad
ciudadana: las tendencias que se observan sobre el tipo de reacción social que se
está generando ante ella.

       Sobre este particular, resulta sintomática en todos los países de la región una
tendencia a legitimar formas de intervención frente al delito de naturaleza más bien
represiva. En las mismas encuestas de opinión se observa que las soluciones más
comunes sugeridas por el ciudadano se refieren a la reforma de las leyes para el
incremento de las penas o el establecimiento de penas más drásticas, incluyendo la
de muerte; la ampliación de centros penales; el fortalecimiento de la acción policial y
hasta, en algunos casos, la intervención de las fuerzas armadas para el combate de
                        8
la delincuencia.

       En el plano de la acción privada las tendencias apuntan a un crecimiento de los
servicios de seguridad privada, la adquisición de armas, la compra de elementos de
mayor seguridad (alarmas, rejas, guardias, etc.), y la organización de brigadas de
ciudadanos para la persecución y castigo de posibles delincuentes.

       Las actitudes descritas, lejos de garantizar soluciones efectivas y capaces de
sostenerse en el largo plazo, agravan la situación, puesto que, por un lado, tienden a
postergar la articulación de respuestas de naturaleza integral y preventivas, y por otro
contribuyen a un exacerbamiento de los conflictos sociales que ponen en riesgo los
aún jóvenes procesos de consolidación democrática en la región.


       7
           Encuestas de opinión CID/Gallup, Costa Rica, abril de 1995, y El Salvador, junio de 1995.
       8
          Por ejemplo, Costa Rica acaba de aprobar un conjunto de reformas penales, como la Ley de Justicia Penal Juvenil y
las modificaciones al Código Penal, caracterizadas por un incremento de las penas para varios delitos; en El Salvador la
Asamblea Nacional ha decretado en octubre de 1996 la instauración de la pena de muerte; en Guatemala los medios de
comunicación han enfundado con un afán aleccionador, la ejecución de dos criminales realizada en septiembre de 1996, y en
Honduras, Nicaragua y Guatemala el ejército ha sido llamado a apoyar a los cuerpos de policía para enfrentar la delincuencia.
                                                                                                                           7
AVANCES REGIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA

     En respuesta a los cambios que en materia de seguridad se han producido en el
istmo, los gobiernos de la región han propiciado una dinámica, tanto en cada uno de
los países como en el nivel regional, que busca formular la agenda regional en
materia de seguridad a fin de fortalecer la acción de las instituciones sociales y de
justicia penal y estrechar los lazos de cooperación entre países.

     El primer antecedente de acuerdos formales orientados a la formulación de una
nueva agenda regional de seguridad lo constituye la firma del Protocolo de
Tegucigalpa, de diciembre de 1991, mediante el cual se crea el Sistema de
Integración (Centroamericana (SICA).                        Gracias a dicho sistema, los países de la
región aspiran, entre otras cosas, al establecimiento de un modelo de seguridad
regional sustentado en un balance razonable de fuerzas; el fortalecimiento del poder
civil; la superación de la pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenido; la
protección del medio ambiente, y la erradicación de la violencia, la corrupción, el
terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas.9

     Posteriormente, en la XV Reunión de presidentes centroamericanos efectuada
en Guácimo (Costa Rica) en agosto de 1994, se hace un llamado para el
establecimiento de un acuerdo regional en materia de seguridad que "refleje la nueva
                                                                                              10
realidad política, jurídica e institucional existente en el istmo centroamericano".

     En la Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo de Centroamérica,
efectuada en Tegucigalpa, Honduras, en octubre de 1994, los presidentes del istmo
proponen la reactivación de la Comisión de Seguridad Centroamericana, la cual
asume la tarea inmediata de definir un nuevo modelo de seguridad para la región.
Dicha tarea se concretó, finalmente, en el denominado Tratado Marco de Seguridad
Democrática de Centroamérica, suscrito en San Pedro Sula (Honduras) el 15 de
diciembre de 1995.




     9
         Protocolo de Tegucigalpa, artículo 3, literal b.
     10
          Agenda de Guácimo, artículo 11.


                                                                                                    8
     Las características principales de dicho tratado son las siguientes:

     Conceptúa la seguridad como una condición para el desarrollo más que como
un fin en sí misma. En sus considerandos se puede leer lo siguiente:

     Que entre los propósitos del sistema de Integración Centroamericana
establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, se encuentra la obtención del desarrollo
sostenible de Centroamérica, que presupone concretar un Nuevo Modelo de
                                11
Seguridad Regional...

     Avanza de una definición estrictamente militar a una definición integral: la
seguridad es aquella condición que resulta de la conjugación de una multiplicidad de
factores. Según el texto del tratado, el Modelo Centroamericano de Seguridad
Democrática se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el
balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la
superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la
corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas.12

     Al ampliarse la definición de seguridad, ésta aparece no como una tarea que
emprende el Estado frente a la sociedad civil para la defensa a ultranza de una
estabilidad entendida como statu quo, sino como una tarea que surge de la
interacción libre y pacífica entre gobernantes y gobernarlos. De esta manera, se
establece lo siguiente:

     El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática tiene su razón de ser en
el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus
disposiciones garantizan la seguridad de los Estados centroamericanos y de sus
habitantes, mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo
                                                                             13
personal, familiar y social en paz, libertad y democracia.




     11
          Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, considerandos.
     12
          Idem.
     13
          Ibidem, artículo 1.
                                                                                      9
     Establece la diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad nacional; el
primer concepto se trata en el título II bajo la denominación de "seguridad de las
personas y de sus bienes"; el segundo en el título III como "seguridad regional".
Dentro del primer concepto se define una agenda relativa a temas tales como la
pobreza, los servicios sociales, la delincuencia, la migración, la protección del medio
ambiente y del patrimonio cultural, etc., que son por su naturaleza de incumbencia
                                                                                          14
principal para las instituciones económicas sociales, judiciales y policiales.                 Dentro
del segundo concepto se desarrollan los aspectos relativos a la integridad territorial,
independencia política y seguridad jurídica de los estados, a la solución pacífica de
las controversias entre estados, al balance razonable de fuerzas militares y de
seguridad pública en la región, etc, y se asigna a las fuerzas armadas el papel
                   15
protagónico.

     Aparte del Tratado Marco, y de los compromisos que de éste se derivan, existe
un conjunto de acciones en marcha desde antes de la suscripción de dicho tratado,
que afectan a distintos sectores que de una u otra manera se relacionan con la
seguridad de los habitantes de la región.

     Probablemente el sector que más ha experimentado cambios en el nuevo
contexto regional es el de la administración de justicia, entendiendo por
administración, de justicia el conjunto de normas, instituciones y procesos -formales e
informales- que se utilizan para resolver los conflictos individuales y sociales que
derivan de toda vida en colectividad, así como las personas que forman parte de ellos
                                             16
o intervienen en los mismos.

     Los procesos de diagnóstico y revisión de la administración de justicia en
Centroamérica se inician a finales de los años ochenta y continúan hoy de manera
consistente          mediante           la    implementación   de   acciones   que   garanticen    la
independencia, la accesibilidad, la eficiencia y la trasparencia de los procedimientos y
las instituciones judiciales.



     14
          Ibidem, artículos 10 al 25.
     15
          Ibidem, artículos 26 al 46.

     16
          Rico et al., cit., p. 15
                                                                                                   10
     En materna de normativa jurídica, se han producido diversas reformas
constitucionales de códigos y leyes que evidencian la intención de democratización y
modernización. Observamos, por ejemplo, el caso de El Salvador, donde se han
producido importantes cambios a la Constitución política que han afectado sobre todo
al Poder Judicial y a la policía; igualmente, se ha aprobado una nueva Ley del Menor
Infractor y Ley Procesal de Familia, y están en discusión la aprobación de nuevos
códigos (Penal y Procesal Penal) y nuevas leyes (Ley Penitenciaria, Ley (le la Fiscalía
General, entre otras). En Guatemala la Constitución se ha visto reformada, lo que
afectó positivamente al Poder judicial, y se ha promulgado un nuevo Código Procesal
Penal orientado hacia el modelo acusatorio. En Panamá en los últimos diez años se
produce un conjunto de importantes reformas legales tales como el Código Judicial, el
Código Penal y el Código de Familia y del Menor. En Costa Rica se ha integrado una
Comisión para la Reforma de la Legislación Relativa a la Seguridad Ciudadana, que
agrupa a representantes de los tres poderes del Estado; este organismo ha generado
la Ley de Armas y la Ley de Justicia Penal Juvenil y discute las reformas al Código
Penal y al Código Procesal Penal.

     En materia de reforma institucional, la dinámica de cambio es también evidente.
Se ha fortalecido la defensa mediante la creación de oficinas de defensoría pública
en El Salvador, Guatemala y Panamá; en Costa Rica el sistema existe desde hace
varios años.   En materia de tribunales, los esfuerzos apuntan hacia una mayor
independencia y modernización; en este sentido, se ha instaurado la carrera judicial
(Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá), se han creado organismos para el
autogobierno del órgano judicial (Costa Rica, El Salvador y Panamá), se ha regulado
el nombramiento de magistrados reduciendo los criterios político-partidistas (El
Salvador y Guatemala) y se han creado escuelas judiciales (Costa Rica y El
Salvador).

     Cabe destacar también la creación de comisiones para el mejoramiento de la
administración de justicia (Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá) y de
instituciones para la protección de los derechos humanos, tales como la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, la Defensoría de los
Habitantes en Costa Rica, el Comisionado para la Protección de los Derechos

                                                                                     11
Humanos en Honduras, la Procuraduría de Derechos Humanos en Nicaragua y
Guatemala.

      Además, se observa una tendencia hacia la promoción de procesos de
desjudicialización e incorporación de la comunidad en la resolución de conflicto s y la
prevención del delito; el caso más claro es el de Costa Rica, donde se ha
implementado un programa de resolución alternativa de conflictos (RAC) y se están
impulsando experiencias piloto en materia de policía y comunidad para la prevención.

      Finalmente, y desarrollado en mayor detalle, se ha emprendido un conjunto
reacciones en el nivel regional en materia de policía que procuran una reforma en tres
sentidos: su desmilitarización, el fortalecimiento de su capacidad operativo y la
coordinación regional.

      En lo que respecta al proceso de desmilitarización, éste se origina mediante los
esfuerzos en varios países por separar las funciones de defensa nacional y de
seguridad interna y por recuperar esta última para entidades policiales civiles. En
este sentido se han emprendido reformas legales y se han tomado decisiones
administrativas que han sacado a los cuerpos de policía de la tutela militar y los han
dotado de una estructura orgánica, funcional y operativa más propias de este tipo de
institución.

      Así, por ejemplo, en Panamá, mediante decreto ejecutivo de 1990, se
desmiembra la fuerza de defensa y se organiza la policía nacional bajo la jurisdicción
del Ministerio de Gobernación y Justicia. En Nicaragua el Ministerio del Interior se
trasforma en el Ministerio de Gobierno para la atención de la seguridad pública y, al
mismo tiempo, se le adscribe la policía nacional. En Honduras ya ha sido enviado al
Congreso un proyecto de ley que pretende deslindar la fuerza de seguridad pública
de las fuerzas armadas.      Finalmente, en Guatemala, con la sanción del primer
gobierno civil en 1986, se iniciaron esfuerzos por retirar del ejército la función de
seguridad pública y fortalecer la gestión civil del Ministerio de Gobernación, al cual
están adscritas la policía nacional y la guardia de Hacienda; sin embargo, la




                                                                                     12
persistencia de la guerra en ese país ha hecho que el avance en este proceso sea,
quizás, el más lento de la región.

     La orientación civil que pretende dársele a las policías centroamericanas se ve
también confirmada por el fortalecimiento de los programas de formación, los cuales
incorporan conceptos jurídicos y derechos humanos, así como un mayor énfasis en la
técnica policial propia del control de la criminalidad, cl mantenimiento del orden
público y la prestación de servicios múltiples en la comunidad como forma para la
prevención del delito.

     Otro aspecto digno de mención es el hecho de que en varios de los países se
han fortalecido los mecanismos, tanto internos como externos, de control sobre la
acción policial. En lo que respecta a los mecanismos internos, las leyes orgánicas y
reglamentos de las policías centroamericanas contemplan unidades para la
investigación interna tales como las inspectorías generales o de policía (Guatemala y
Costa Rica), o la unidad de investigaciones disciplinarias (El Salvador); en el caso de
los mecanismos externos, éstos se han fortalecido mediante la creación de las
procuradurías para la defensa de los habitantes en todos los países.

     En lo concerniente al fortalecimiento de la capacidad operativo, ha habido
mejoras en cuanto a la dotación de equipo de apoyo y a la capacitación del recurso
humano.

     Finalmente, en relación con el incremento de la cooperación regional, observa
un gran dinamismo en los tres últimos años como resultado de las diversas iniciativas
plantearlas en las distintas cumbres presidenciales anteriormente citadas.          Al
respecto, merecen mencionarse los avances hasta ahora obtenidos, consistentes en
la creación de las siguientes instituciones

     a] La Asociación de jefes de Policía de Centroamérica, creada en julio 1992 en
Panamá, mediante la Declaración Conjunta Constitutiva de la Asociación de Jefes de
Policía de Centroamérica, suscrita por los jefes de policía de la región.




                                                                                     13
     b] La Comisión de Seguridad Centroamericana, creada en la Conferencia
Internacional de Paz y Desarrollo de Centroamérica, efectuada en Tegucigalpa,
Honduras, en octubre de 1994.

     c] La Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la
Producción, Tráfico y Consumo Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
ratificada   también   en   la   Conferencia   Internacional   de   Paz   Desarrollo   de
Centroamérica, en Tegucigalpa, Honduras, en octubre de 1994.

     d] El Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO)
cuyo convenio constitutivo se suscribió en El Salvador en julio de 1996 por parte de
los cancilleres de los países de la región.

     e] El Tratado de Devolución de Vehículos y Aeronaves Hurtadas, Robadas o
Apropiadas llícitamente, suscrito como anexo al Tratado de Seguridad Democrática.

     Como se observa, los avances de la región en materia de seguridad ciudadana
y policía pueden considerarse sumamente positivos, no sólo porque ha habido una
reformulación conceptual sobre la problemática de la seguridad misma, sino por la
profunda reforma institucional en marcha que afecta no solamente a la policía, sino a
otras entidades relacionadas con la problemática delincuencial.

     PERSPECTIVAS Y RETOS

     De lo expuesto en páginas anteriores se puede concluir que en los diez últimos
años, y particularmente en la década de los noventa, la problemática de la seguridad
en la región ha variado de manera significativa, lo que ha obligado a las autoridades
gubernamentales a replantearse la agenda político-institucional sobre la materia.

     La problemática actual, caracterizada por un mayor énfasis en los problemas de
criminalidad y de inseguridad ciudadana, está suponiendo la articulación de
respuestas en el plano institucional, que van desde el fortalecimiento de los
programas sociales para la prevención del delito hasta la reforma del sector de
justicia penal, enfatizándose la revisión del papel de la policía tanto en el plano de la
asignación de responsabilidades en cada uno de los países, frente a las fuerzas

                                                                                       14
armadas, como en el nivel regional, para la consecución de mayores niveles de
coordinación e integración de procesos.

        Resulta innegable el progreso alcanzado, particularmente en lo que respecta a
las instituciones y procesos de la administración de justicia penal. Sin embargo, a
efectos de que las perspectivas de cambio se consoliden, las sociedades
centroamericanas deberán enfrentar el reto de resolver ciertas ambivalencias que aún
gravitan sobre el proceso. Entre ellas, conviene destacar particularmente dos:

        Visión estratégica contra corto-pIacismo

        Dada la complejidad de las causas que subyacen a la problemática de la
criminalidad y la inseguridad ciudadana, las respuestas no son simples ni sus
resultados inmediatos.

        Pese a los esfuerzos que los gobiernos centroamericanos están impulsando por
reformar el sistema ole reacción social, se carece aún de una visión estratégica y de
largo plazo sobre la seguridad ciudadana que garantice una mayor coherencia de la
reforma y que integre a todas las instituciones involucradas alrededor de los principios
objetivos y acciones consistentes entre sí.17

        Dentro de esta preocupación, debe abordarse el tema de la prevención social
del delito, mediante políticas de desarrollo social que hagan énfasis particularmente
en los secadores en riesgo social jóvenes, madres adolescentes, sectores
marginales, etc.; el de una política en materia criminal que garantice una mayor
coherencia de los procesos de reforma penal, y el de la intervención complementaria
                                                                                                  18
y solidaria de la comunidad para la prevención de la delincuencia .


        17
             En este sentido, conviene remitirse a los enunciados de las Naciones Unidas para la orientación de la intervención en
materia delincuencial; véanse Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de
Delincuente, La Habana, Cuba, 27 de agosto-7 setiembre de 1990; "Prevención del delito y justicia penal en el contexto del
desarrollo: realidades y perspectivas", punto núm. 3, documento preparado por la Secretaría, A/CONF.144/L.3. En el plano de la
formulación y ejecución de políticas, recomendamos referirse a las iniciativas promovidas por el Foro Europeo para la Seguridad
Urbana.
          18
             Sobre esquemas de participación comunitaria y modelos alternativos de policía existe abundante bibliografía, dentro
de la que cabe destacar la siguiente: H. Goldsterin, Problem-oriented policing, Nueva York, Mc Graw-Hill, 1990; C. Klockars y S.
Mastrofsi, Thínking about police: Contemporary readings, Nueva York, Mc Graw-Hill, 1991; J. McEIroy et al., Community policing:
The CPOP in New York, Sage, 1993; National Institute of Justice, Perspectives on Policing, Washington D. C., U.S. Department
of Justice, 1992; Dennis Rosenbaum (Comp.), The challenge of community policing, testing the promise, Thousand Oaks,
Londres y Nueva Delhi, 1994; R. Trojanowicz y B. Bucqueroux, Commuity policing: How to get started, Cincinnati, Anderson,
1993; Metropolitan Toronto Police, Shaping the future, Toronto, 1991; Ministry of the SoIicitor General of Ontario, Community
policin,. Shaping the future, 1990
                                                                                                                               15
     En ausencia de lo anterior se corre el peligro del abuso de acciones que
persigan respuestas inmediatas a la problemática, la mayor parte de las cuales
actúan sobre las manifestaciones y no sobre las causas de la criminalidad, y hacen
hincapié en la represión, más que en la prevención.

     Intervención militar contra intervención policial

     Pese a los importantes avances logrados en cuanto a la distinción de las
problemáticas de defensa nacional y de seguridad ciudadana, y el papel diferenciado
de los ejércitos y de la policía, persiste la tentación, por parte de las fuerzas armadas,
de tomar en sus manos algunas de las tareas de la seguridad interna. Por ejemplo,
en Guatemala, pese a las reformas constitucionales emprendidas, sigue vigente la
disposición según la cual se asigna dicho tipo de funciones a las fuerzas armadas; en
Honduras el ejército ha desplegado su presencia en las calles de la capital para
enfrentar la delincuencia, y en El Salvador, donde se ha avanzado de maneras
importante en la constitución de una nueva policía civil, se han hecho señalamientos
en el sentido de que "no se han definido claramente los campos de intervención de
otras instancias estatales en materia de seguridad pública, como las fuerzas
                19
armadas..."

     Resolver tal ambivalencia no dependerá única y exclusivamente de la voluntad
de los ejércitos sino también del fortalecimiento de las policías civiles, a fin de que su
intervención no sólo sea eficaz y apegada al respeto de los derechos humanos, sino
que también satisfaga a la población para que ésta no solicite intervenciones de
naturaleza ajena al Estado de derecho. Depende también de la construcción de una
cultura cívica que, frente a las manifestaciones de violencia que supone la
delincuencia, no propicie una respuesta igualmente violenta, sino que promueva
mecanismos para la resolución pacífica de los conflictos.




     19
          MINUSAL, Evaluación sobre el sector seguridad pública, septiembre de 1995, p. 2.
                                                                                             16

								
To top