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Res: 2008-00888

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas

quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil ocho.

       Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra ELLIOT TORRES

DÍAZ, de 44 años de edad, Casado, Soldador, nacido en Buenaventura, Colombia, el día 17 de

Octubre de 1963, hijo de José Alfonso Torres Riascos y Leonor Díaz Moreno, vecino de La

Aurora de Alajuelita, Urbanización Bellota, de nacionalidad colombiana, licencia de conducir

costarricense número PT 000833205; DANIEL JOVEL MÉNDEZ ROCHEZ, de 40 años de

edad, Casado, Vigilante, nacido en Puerto Cortéz, Honduras, el día 03 de Enero de 1968, hijo de

Ernesto Méndez y Virgen Rochez, vecino de La Uruca, Pie del Monte, Apartamentos blancos,

número 17-A, de nacionalidad hondureña, tarjeta de identidad hondureña número 0506-1968-

0016 y CARLOS ALBERTO VARELA GRANADA, de 33 años de edad, en Unión Libre,

Operario de Construcción, nacido en Buenaventura, Colombia, el día 13 de Marzo de 1974, hijo

de Napoleón Varela y Dina María Granada Gamboa, vecino de San José, Paso de la Vaca, de

nacionalidad colombiana, Indocumentado; todos por el delito de SECUESTRO EXTORSIVO

Y OTRO, cometidos en perjuicio de ALLAN ARRIETA GONZÁLEZ. Intervienen en la

decisión del recurso los Magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente, Jesús Alberto

Ramírez Quirós, Alfonso Chaves Ramírez, Magda Pereira Villalobos y Carlos Chinchilla Sandí.

También interviene en esta instancia el licenciado Leonel Villalobos Salazar en su condición de
defensor Particular de los encartados. Se apersonó el representante del Ministerio Público.

                                           Resultando:

       1. Que mediante sentencia N° 246-2008, dictada a las ocho horas treinta minutos del

veinticinco de febrero de dos mil ocho, el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de

San José, resolvió: ―POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la

Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 6, 9, 141, 142,
182, 184, 258, 265, 270, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367 y 368 del Código Procesal Penal, 1,

11, 21, 30, 31, 45, 50, 71, 75, 103, 212, 213 incisos 2) y 3), este último en relación al 209 inciso
7) y 215 del Código Penal, 1045 del Código Civil, 122 siguientes y concordantes Normas

vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, por unanimidad, se

ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ ARCE y JARIZ

MURILLO RIASCOS por el delito de SECUESTRO EXTORSIVO que se les ha venido

atribuyendo como cometido en perjuicio de ALLAN ARRIETA GONZÁLEZ. En razón de lo

anterior, cese toda medida cautelar que se hubiere dispuesto en contra de González Arce y

Murillo Riascos por el presente asunto, disponiéndose la inmediata libertad de Jariz Murillo

Riascos si otra causa penal no lo impide. Por unanimidad de votos, se declara a ELIO TORRES

DÍAZ, DANIEL JOVEL MÉNDEZ ROCHEZ y CARLOS ALBERTO VARELA

GRANADA, autores responsables de los delitos de SECUESTRO EXTORSIVO y ROBO

AGRAVADO, en concurso ideal, cometidos en perjuicio de ALLAN ARRIETA GONZÁLEZ,

y en tal carácter se les impone, a cada uno, el tanto de DIECISIETE AÑOS DE PRISIÓN, pena

que, una vez firme el fallo, deberán descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos

Reglamentos Penitenciarios. Se declara con lugar en todos sus extremos la Acción Civil

Resarcitoria incoada por Allan Arrieta González en contra de los demandados civiles Elio Torres

Díaz, Daniel Jovel Méndez Rochez y Carlos Alberto Varela Granada, razón por la cual se

condena a éstos últimos a pagar de manera solidaria, a favor del actor civil Arrieta González, la

suma de CINCO MILLONES DE COLONES por concepto de Daño Moral, así como el Daño

Material causado, costas procesales y personales, rubros que se fijan en ABSTRACTO y que

deberán liquidarse, hasta su efectivo pago, en la vía de Ejecución de Sentencia en la jurisdicción
civil. Así mismo se declara sin lugar en todos sus extremos la Acción Civil Resarcitoria

formulada por Allan Arrieta González en contra de los demandados civiles José Ángel González

Arce y Jariz Murillo Riascos, la cual se resuelve sin especial condenatoria en costas por haber

existido razones plausibles para litigar. Igualmente se acuerda Prorrogar la PRISIÓN

PREVENTIVA de Elio Torres Díaz, Daniel Jovel Méndez Rochez y Carlos Alberto Varela

Granada, por el término de seis meses más, contados a partir del día de hoy y hasta el próximo 25
de Agosto del año 2008, lo anterior en virtud que el Principio de Inocencia Constitucional que

los ha venido amparando durante la tramitación del proceso se ha visto modificado por sentencia
condenatoria, que implica certeza sobre la existencia de los hechos, aunado que la pena impuesta

deberá ser necesariamente descontada en prisión, dado que no existe instituto alterno que les

permita descontarla en libertad, motivo por el cual debe asegurarse su efectivo cumplimiento.

Firme el fallo comuníquese al Instituto Nacional de Criminología, Registro Judicial, Centro de

Información Penitenciario y Juzgado de Ejecución de la Pena para los de sus cargos.

Comuníquese en forma inmediata a la Dirección General de Migración y Extranjería lo resuelto

para lo de sus cargos. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. POR LECTURA

NOTIFÍQUESE.‖(sic). Fs. JUAN CARLOS PEREZ MURILLO.                            ISABEL PORRAS

PORRAS. LUIS GERARDO BOLAÑOS GONZALEZ. JUECES DE JUICIO.

       2. Que contra el anterior pronunciamiento los encartados Carlos Alberto Varela Granada,

Daniel Méndez Rochez y Elio Torres Díaz, en su condición de imputados; así como el licenciado

Leonel Villalobos Salazar en su condición de defensor particular de los tres anteriores, interponen

recurso de casación por la forma y por el fondo. Solicitan, anular la sentencia impugnada.

       3. Que verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas

en el recurso.

       4. Que se celebró audiencia oral a las catorce horas del veintidós de julio de dos mil ocho.

       5. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

       Informa la Magistrada Pereira Villalobos y,

                                         Considerando:

       I. Recurso de Casación interpuesto por el Licenciado Leonel Villalobos Salazar en

representación de Carlos Varela Granada, Daniel Méndez Rochez y Elio Torres Díaz :

Falta de congruencia en la sentencia. El Licenciado Villalobos Salazar, así como el imputado

Elio Torres Díaz, alegan que; de conformidad con los hechos que el Tribunal tuvo por

acreditados, no comprende cómo hizo el A quo, para excluir a Jariz Murillo Riascos              del

conocimiento de la solvencia económica del ofendido, a pesar de que se acreditó que vivían en el

mismo apartamento que Tattiana Quintero Escobar. No explica tampoco por qué se excluyó a
Urrego Vargas del conocimiento de la solvencia económica del agraviado, pero la incluyen en la

elaboración del plan para secuestrarlo. A su criterio, no hay ningún indicio que permita derivar
que los imputados anteriormente indicados se conocían entre sí, que Quintero Escobar, realmente

conociera de la solvencia económica del perjudicado y mucho menos, que les haya transmitido

ese conocimiento para aliarse en el secuestro de Arrieta González. Lo anterior, significa que el

cuadro fáctico acusado por el Ministerio Público es totalmente distinto, al que se estableció en el

fallo, sin que se haya advertido ninguna modificación del cuadro fáctico en las etapas procesales

oportunas.- El reclamo no es de recibo: Para justificar el presente alegato, se parte de una serie

de premisas incorrectas que devienen en una conclusión errada, en el afán de interpretar los

razonamientos del A quo, conforme a su conveniencia.- No es cierto, que el Tribunal, excluyera a

Jariz Murillo Riascos de los hechos que le fueron atribuidos en forma infundada, por el contrario,

existe un acápite del fallo donde el Tribunal pondera los elementos probatorios que no le

permitieron afirmar con la certeza requerida, la participación del encartado en el ilícito juzgado

(ver folios 1354 a 1365). Ello, no significa que los Jueces hayan tenido por demostrado que el

justiciable Murillo Riascos no participó en el secuestro del agraviado, lo que sucede es que no

contaron con los suficientes elementos probatorios para poder acreditar con la certeza requerida,

la culpabilidad del imputado. Al respecto señala el A quo que: ―…el hecho que Murillo Riascos

tuviere relación con Tatiana María y Edith, con independencia o no, que conociera o bien que

éstas le hubieran comunicado de la situación financiera de Arrieta González, no lo vincula

directamente con la delincuencia, aunque ello si constituye un indicio, cuyo contenido debe

necesariamente concatenarse con otros para establecer una conclusión válida e inequívoca…‖

(ver folio 1358). Bajo tal supuesto, el ofendido sabía de la existencia de Jariz Murillo Riascos
antes de que se ejecutara el secuestro, pero nunca llegó a conocerlo para poder identificarlo; no se

puede presumir que el día del ―levante‖ haya sido él, quien conducía el Hyundai color gris, en

razón de que no existe prueba alguna que permita determinar quién era el conductor o

conductora; los registros de llamadas telefónicas que existe entre su línea celular y la de los

demás coencartados no permite derivar que sean referentes al delito en cuestión, puesto que se

desconoce el contenido de las conversaciones, o bien, quien utilizaba dicho instrumento en ese
momento, máxime que la llamada que consta se hizo de ese teléfono (339-25-57), al del ofendido

(856-48-18), fue realizada por Tattiana Quintero Escobar; tampoco se afirma que Jariz haya
llegado al sitio donde se encontraba en cautiverio el agraviado, como sí lo hicieron los tres

imputados condenados; su presencia física se extraña en todos las etapas del delito, excepto al

momento de la detención que se realiza posterior al secuestro, lo que sólo permite, afirmar que,

entre los demás imputados y Jariz existía una relación de amistad, pero no vincular con la

convicción requerida su rol dentro de la realización de la acción ilícita. Por consiguiente, no

existe la incongruencia que alude la defensa, por el contrario, el presente reclamo no representa

ningún agravio para los intereses de sus representados, en razón de que el juicio de culpabilidad

que el A quo realiza, es de carácter individual, siendo un aspecto totalmente ajeno, el resultado
que en el presente caso beneficia al encartado Murillo Riascos.

       II. Falta de correlación entre acusación y sentencia. El recurrente Villalobos Salazar,

considera que se produce una incongruencia entre acusación y sentencia, con respecto a la

dinámica en que el Tribunal acreditó que se realizó el denominado ―levante‖. Por un lado, se

afirmó que el vehículo que participó en el hecho era un Hyundai Accent, placas 596367, color

gris, polarizado, conducido por el encartado Jariz Murillo Riascos y por otro lado, en sentencia

no se refiere a la existencia de dicho automóvil en la escena del secuestro. Lo mismo ocurre, al

referir quién es la persona que conduce el vehículo en el que se transportaban los encartados,

antes de abordar al agraviado ya que en la acusación se le atribuye tal acción a Murillo Riascos y,

en los hechos demostrados, no se logró determinar cómo aparece en la escena dicho vehículo,

señala el recurrente: ―es el auto fantástico de la serie de televisión, se maneja sólo o por control

remoto‖ (ver folio 1455).- El reclamo no es de recibo. No existe ninguna falta de correlación

entre acusación y sentencia, en razón de la presencia del vehículo Hyundai Accent, tal y como lo

plantea el recurrente, ya que tal acción no es descartada por el A quo. Lo que si genera duda, es

quién era la persona que conducía dicho automotor, ya que no se pudo tener por acreditado que

su conductor fuera Murillo Riascos, lo que deviene en un supuesto distinto pero no incongruente.

Al respecto, señalan los Juzgadores. ―…un segundo punto, de necesario comentario, resulta ser

lo relacionado con el vehículo Hyundai, gris, del que hace alusión el ofendido, en su denuncia,
ante el Organismo de Investigación Judicial, sede San Ramón, de folios 94 a 100 , y que se
informa participó en el ilícito, ello en virtud que, de acuerdo con el Acta de Decomiso de folio

48, al encartado le fue decomisado uno de esas características en fecha 26 de setiembre del año

2006. Sobre el particular, es lo cierto que, tal y como apunta el Lic. Rodríguez de Sarraga, ante

el Organismo de Investigación Judicial, el agraviado Arrieta González, tan solo hace alusión, a

la marca y color del automotor, más no a otras características individualizantes que permitan su

identificación. Ahora bien, a pesar de que pudiéramos tener por cierto que en efecto, el vehículo

decomisado, fue el que efectivamente el día de los hechos observó el ofendido en el sitio del

levante, –tal y como lo reconoce Arrieta González–, propiamente frente a los apartamentos

Miami en Barrio Francisco Peralta, no por ello podemos concluir que quién conducía el

automotor en esa fecha y oportunidad lo fuere el aquí imputado…‖ (ver folio 1359). Tal

razonamiento, no puede entenderse como un aspecto violatorio del principio de congruencia entre

acusación y sentencia, por el contrario, en beneficio del imputado Murillo Riascos, el Tribunal

tuvo como hecho no demostrado, que fuera dicho endilgado quien conducía el vehículo referido

por el agraviado en la versión de sus hechos, lo cual, no puede ser utilizado por el recurrente, para

interpretar dicho razonamiento como un vicio de la sentencia. La imposibilidad de determinar la

persona que conducía el vehículo citado, no puede traducirse en el absurdo de afirmar que el

automóvil se conducía solo, tal y como lo pretende hacer ver el recurrente. Aludir como motivo

de casación tal argumento, implica una abstracción completa del análisis intelectivo realizado por
el Tribunal. Se declara sin lugar el presente alegato.

       III. Falta de correlación entre acusación y sentencia. Con respecto al robo agravado,

arguye que existe una falta de correlación, en el tanto en la acusación refiere específicamente la

suma de tres mil dólares, mientras que en los hechos demostrados se consigna ―la suma

aproximada de tres mil dólares‖, lo que en su criterio varía el cuadro fáctico, en perjuicio de sus

defendidos, de forma sorpresiva.- El reclamo no es de recibo. Sobre el valor de lo sustraído al

encartado, se equivoca el recurrente al pretender sustituir en esta Sede, el nivel de convicción que

el Tribunal derivó de la valoración de dicha prueba, ya que en ―…un sistema de libre apreciación
de los medios de prueba, como lo es el imperante en nuestro derecho, no existe ni un minimum ni
un maximum para poder tener por demostrado o no un hecho concreto atribuido a un presunto

autor o partícipe; no es entonces un asunto de cantidad probatoria, sino de calidad e idoneidad

de los medios a fin de que las inferencias de ellos extraídas por los juzgadores, resulten lógicas y

ajustadas a las máximas del correcto entendimiento humano…‖ (Ver voto de esta Sala: 2001-

1098, de las 9:45 horas del 16 de noviembre de 2001). Conforme a este sistema de valoración de la

prueba, los Jueces tiene plena libertad de acreditar determinados hechos, mediante cualquier

elemento probatorio –siempre y cuando éste cumpla con los requisitos de legalidad pertinentes–,

teniendo como único límite para su validez, las reglas de la sana crítica y el respeto al ordenamiento

jurídico. La determinación que se contiene en la acusación (tres mil dólares), al referir la suma

que le fue sustraída al ofendido de su billetera, no varía en nada la configuración delictiva del

robo agravado, por agregar al monto mencionado la frase ―aproximadamente‖, ya que el adverbio

en cuestión es irrelevante a efectos de tipificación de la conducta, para poder afirmar que se hizo

una variación significativa del cuadro fáctico que le fuera atribuido a sus representados, pues los

elementos configurativos del tipo penal se mantienen incólumes, a pesar de la observación

realizada en el presente reclamo. En consecuencia, se declara sin lugar el presente motivo, por
falta de agravio.

       IV. Incorrecta valoración de la prueba. Los recurrentes Carlos Varela Granada, Daniel

Méndez Rochez y Leonel Villalobos Salazar, argumentan en sus recursos de casación que; el

Tribunal se equivocó al creerle al ofendido sin hacer una confrontación con otros elementos

probatorios valorados en el contradictorio, a pesar de no contener la contundencia suficiente para

aprobar un cuestionamiento riguroso.- El reclamo no es de recibo. La credibilidad que le

merezca al Tribunal una determinada prueba, es una decisión que compete únicamente a los

Jueces de juicio que, a través de los principios de oralidad, inmediatez y publicidad que

caracterizan la etapa de debate, se encuentran facultados para elegir dentro del acervo probatorio

en general, aquellos elementos que le permitan fundamentar de manera razonada la decisión

judicial que consideren pertinente para cada caso concreto. Al respecto esta Sala ha indicado: ―la
convicción del a quo en validar o no una prueba testimonial, pericial o documental, es de resorte

exclusivo de su independencia jurisdiccional, del ejercicio de la razón y el respeto a la
legitimidad del elenco probatorio, tanto en su obtención como en la incorporación al proceso.

Por lo expuesto, la deposición de la víctima es suficiente para fundar un fallo condenatorio y esa

credibilidad otorgada por el Tribunal no es posible sustituirla en casación, a menos que sea

demostrada una infracción en el iter lógico o una anomalía en la probidad de los jueces. Bajo el

privilegio del principio de inmediación, se le creyó a la víctima‖ (voto 1098-2001 de las 9:45

horas del 16 de noviembre de 2001). En tal sentido, los Juzgadores, fundamentaron de manera

detallada y completa, las razones por las que estimaron que el ofendido les mereció plena

credibilidad y, por el contrario, realizaron de manera sustanciada un enfoque de aquellos

elementos que le permitieron justificar las decisión judicial tomada, tal y como se indicó

anteriormente. Cabe agregar que las reglas de la sana crítica son aquellas "que rigen los juicios de

valor emitidos por el entendimiento humano en procura de su verdad, por apoyarse en

proposiciones lógicas correctas y por fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la

realidad" (COUTURE citado por NUÑEZ, Ricardo: Código Procesal Penal, Córdoba, Marcos

Lerner Editora Córdoba, Segunda Edición Actualizada, 1986, p. 394-395). De igual manera señala

CAFFERATA NORES: ―…La sana crítica racional como método para la valoración de prueba,

pone como único límite a la libre convicción de los jueces, el respeto a las reglas que gobiernan la

conexión del pensamiento humano: las de la lógica, las de la psicología y las de la experiencia

común…‖ (CAFFERATA NORES, José I. Temas de Derecho Procesal Penal. Ediciones Depalma,

Buenos Aires, 1988. p. 288). Por consiguiente, no basta en casación demostrar la disconformidad

con la resolución tomada, para solicitar la anulación o invalidez de la misma, se requiere demostrar
que las conclusiones derivadas por el Tribunal, no sean producto de los elementos de convicción

que fueron considerados para fundamentar su decisión, aludiendo de manera específica, la

contradicción, incoherencia, o error detectado en la estructura de sus razonamientos, en vez de emitir

su propia interpretación valorativa. Bajo tal supuesto, se denota que el vicio señalado por los

recurrentes, obedece a una reinterpretación parcializada de la prueba, que lejos de atacar la logicidad

en los razonamientos deslindados por el Tribunal sobre los aspectos medulares del fallo, exponen su
propia valoración de la prueba. En este orden de ideas, los Jueces tuvieron a disposición distintos

medios probatorios que analizados en forma conjunta, pudieron confirmar la versión de la víctima,
que a efectos del presente reclamo y de los demás referentes a la impugnación de la prueba vale la

pena recordar. En primer lugar, el ofendido manifiesta que, el día del ―levante‖, se presentó a la

casa de una amiga de nombre Tatiana Quintero Escobar ubicada en Barrio Francisco Peralta,

propiamente 250 metros al este de la Casa Italia, en tal sentido, de los registros de llamadas

telefónicas, se observa que las radio bases que reportan las llamadas del teléfono del ofendido,

van desde San Ramón de Alajuela (lugar de residencia), hasta la radio base de los Yoses (a

menos de un kilómetro de la residencia de la mentada amiga). Ver folios 204 al 226. Al mismo

tiempo, surge una frecuente comunicación entre el teléfono utilizado por Quintero Escobar, con

el endilgado Carlos Varela Granados (siete oportunidades); y al menos en tres oportunidades con

el que utilizaba Torres Díaz; y de éste último en al menos una oportunidad con el utilizado por

Daniel Méndez Rochez. Aspectos que son claramente analizados por el A quo, conforme se

desprende a folio 1336. El perjudicado refiere que las personas que lo abordan portaban un arma

de nueve milímetros y un revólver, con las cuales fue amenazado en distintos momentos para que

no opusiera resistencia e hiciera caso de todas las ordenes que se le dieran. Curiosamente, al

momento de la detención, los oficiales del Organismo de Investigación Judicial les decomisan a

los encartados, las armas descritas por el perjudicado (Ver declaración del oficial Henry Madrigal

Ledezma folio 1238 y siguientes). Del lugar de cautiverio el ofendido describió la distribución de

los aposentos que tenía, el desayuno que había consumido en horas de la mañana, las prendas de

vestir y colonia que en ese momento utilizó, mismas que casualmente fueron ubicadas en la

vivienda sita en Cuatro Reinas de Tibás, propiedad de Elio Torres Díaz (ver folios 111 al 135).
Asimismo consta en el acta que la propiedad tenía la fachada con rejas galvanizadas, que se

pueden visualizar a su vez en la secuencia fotográfica visible a folios 377 al 446, lo cual es

coherente con el relato del ofendido y con la especial circunstancia de que el imputado Elio

Torres Díaz fuera el que pagara a hacer ese trabajo en la casa que rentaba, según lo declaró el

testigo Santiago Álvarez Álvarez (Ver folio 1319). Mayor credibilidad deriva el Tribunal, no sólo

de la presencia del ofendido en dicho lugar, sino de la existencia del delito como tal, cuando se
desprende que encontrándose el mismo en dicho sitio, conforme a lo que se detalla en el informe

de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial y que permite descartar que el
agraviado se encontraba en el lugar de cautiverio por otras razones distintas a la acción ilícita de

sus captores, es el hecho de que desde tempranas horas de la mañana inicia una comunicación

con el Licenciado Vargas Solís (cuatro llamadas), teniendo como referencia de las llamadas la

radio base de Colima de Tibás (ver folio 214). Relata el ofendido que el objetivo de tales

llamadas era solicitarle a dicho profesional que le entregara el dinero requerido por los imputados

en efectivo, situación que tuvo que ser variada por la falta de la liquidez que en ese momento

tenía el abogado para cumplir con tales requerimientos, poniendo a disposición la emisión de los

cheques correspondientes, conforme se desprende la declaración del Licenciado Luis Vargas

Solís, al señalar: ―El no me envió la solicitud por escrito del dinero, en efectivo, pero como era

imposible, no era lo que él quería, pero era lo que yo podía hacer (ver folio 1307), y agregó en

su declaración en debate: ―…Allan era insistente en cuanto al dinero en efectivo y la celeridad en

que debía hacerse el negocio, le dije que podían estafar, le dije que, para esa cantidad uno

usualmente firmaba en el banco, él no accedió y quería frenéticamente el dinero…‖ (Ver folio

1314). Siempre dentro de este mismo análisis del testimonio del agraviado Arrieta González,

refiere que estando en la oficina del abogado antes mencionado, éste nunca estuvo solo, ya que el

imputado Elio Torres Díaz se bajó del automotor para acompañarlo mientras se concretaba la

diligencia de los cheques, mientras que los otros dos captores se quedaron esperando en el

vehículo de su propiedad. Dicha versión es corroborada por el Licenciado Vargas, cuando

manifiesta que: ―...La persona que acompañaba a don Allan era alta, robusto y delgado, de

color, negro, ojos muy abiertos y andaba con gorra camiseta y jeans. Esa persona si está en la
Sala, de izquierda a derecha de segundo —Elio—. Además de ese sujeto, en ese momento no vi

otra persona más, pero luego me percaté que en el carro de Allan iban otras personas y además

iba saliendo otro carro, creo que iban dos personas más (ver folio 1306). Manifiesta Arrieta

González que los endilgados decidieron mostrar sus rostros, lo cual le incrementó aún más su

temor, dado que al identificarse ellos, significaba un riesgo mayor, lo que razonado por el

Tribunal se debió a la necesidad que tenían los captores de acompañar al ofendido a la oficina del
abogado para retirar los cheques que ellos pretendían (ver folio 1344). Bajo tal hipótesis, consta

en el resultado de los reconocimientos físicos realizados en el Ministerio Público que, el
secuestrado pudo identificar como sus captores a los aquí condenados conforme se desprende a

folios 171 a 173; 183 a 185; 195 a 197. Aduce el agraviado que una vez con los cheques a su

disposición, fueron entregados a sus captores, los que a su vez, se los entregaron a una tercera

persona, identificada como José Angel González Arce, quien en su declaración corroboró tal

versión señalando que fue Elio Torres Díaz quien lo envió a verificar la validez de dicho título

(ver folio 1224 y 1225), pero que en tal momento no lo cambió por no contar con fondos

suficientes, sin embargo, en esa misma declaración expresa: ―yo retiré los cheques entre once o

medio día, hasta las seis de la tarde que cerré no me reuní con Don Elio, en ese momento dejé el

negocio así, sabía que el cheque en parte tenía fondos, ya Elio sabía y entonces me quedé

tranquilo. El día lunes 25 fui al Banco, al mismo Banco Nacional de Costa Rica en Tibás, no

pregunté por mi sobrino, pregunté por don Carlos pero no estaba, entonces el subgerente me

atendió, me saludó, le dije que iba a depositar un cheque en una cuenta y me dijo que cuando se

desocupara el muchacho lo presentara en la ventanita. Entregué el cheque, para sorpresa mía

luego de estar sentado como media hora, llegó uno de seguridad, me pasó a una salita...‖ (ver

folio 1226). Anticipando el análisis de uno de los motivos presentados por los recurrentes, que se

resolverá posteriormente en el presente fallo, cuando se plantea la logicidad que tiene la

determinación de ir a cambiar un cheque que supuestamente no tenía fondos, que no contaba con

la justificación comercial correspondiente, que su origen no era lícito y, la inexistencia de una

persona que con un nivel intelectivo promedio que pudiera exponerse a realizar una operación de

tal manera, esta Sala estima que la respuesta se extrae de la manifestación rendida por el
imputado González Arce, ya que son aspectos psico-conductuales que no pueden ser explicados

ontológicamente por los Juzgadores, sino desde las apreciaciones que las pruebas materiales

derivan al respecto. No obstante, lo que si es coherente y demostrable son las deducciones

intelectivas probatorias que derivan del análisis del testimonio del ofendido, quien señala que una

vez puesto en libertad, puso en aviso a su papá, a su hermano y a la amiga que recogió en la

parada de la empresa de buses ―Los Caribeños‖, que contrató el servicio de una empresa de
seguridad, que le recomendaron estar en un sitio público como lo era el supermercado ―Price

Mart‖, que se dirigió después hacia su casa situada en San Ramón, que tenía temor de denunciar
por las amenazas recibidas pero que, una vez meditados los consejos que le dieron, decidió poner

la denuncia respectiva conforme se desprende, de los registros de las radio bases utilizadas por su

teléfono el día de su liberación (ver folio 214). Asimismo, se cuenta con el testimonio del oficial

Henry Madrigal Ledezma quien señaló que cuando acudió a la casa del ofendido, pudo constatar

la gran escolta de seguridad privada que había en dicho lugar (ver folio 1230); en igual sentido, el

Licenciado Vargas Solís señaló: ―...Yo me di cuenta del secuestro porque me llamó su

papá...cuando lo llamé en ese momento me confirmó que lo habían secuestrado pero que ya

estaba libre. El como que me dice que por eso fue a la oficina, entonces le dije no quiere que le

gire la orden de no pago y me dijo que le daba miedo que luego tomaran represalias en su

contra, le dije que era su decisión y me dijo si se podía diera la orden de no pago...‖ (ver folio

1306). A su vez la testigo Paola Marcela Ugalde da cuenta que el ofendido, cuando visitó la

oficina del abogado, siempre tuvo a su lado a un individuo de raza negra (ver folio 1323) y el

testigo Paulo Absalon Montenegro refirió que cinco o seis días después del secuestro don Allan

llegó a la oficina del Licenciado Vargas con guarda espaldas (Ver folio 1325). De igual forma, en

respaldo de la versión del ofendido, se cuenta con el dictamen psiquiátrico forense número SPPF-

2007-0557, donde se hacen constar las secuelas presentadas por el agraviado a raíz de la

traumática experiencia vivida e incluso se recomienda el sometimiento a un tratamiento a efectos

de evitar un mal psiquiátrico mayor (ver folios 898 al 902); situación que el Tribunal consigna a

folio 1276, donde indica que el ofendido en su relato solloza. Aspectos que unidos entre si,

ratifican la situación descrita por el agraviado, y demuestran que el análisis de credibilidad que
hace el Tribunal sobre su dicho, es producto de la coherencia que su versión mantiene con la

demás prueba objeto del presente caso. En consecuencia, se declara sin lugar el presente reclamo.

       V. Violación a las reglas de la sana crítica. El recurrente Villalobos Salazar, así como

Daniel Méndez Rochez y Carlos Varela, consignan en sus recursos de casación que es ridículo

que los Jueces estimen que el agraviado, era una persona sencilla sin malicia, ya que de su propio

relato, señaló que vivió en New York, Estados Unidos de Norteamérica, que era dueño de una
empresa de pintura, que adquirió la suma de aproximadamente tres millones setecientos mil

dólares, producto de una venta de tierra en Costa Rica. Todo lo anterior, estando ilegal en el país
norteamericano, y sin recordar el nombre del abogado que le traspasó la finca, el nombre de la

persona a quien se la vendió, cuando se refiere al negocio realizado en nuestro país. Consideran

que el Tribunal acreditó la existencia de cuatro millones de dólares, sin tener pruebas que

afirmaran la existencia de tal cantidad de dinero y, mucho menos, que sus defendidos conocieran

tal situación, en razón de que nunca se hizo un estudio bancario, los cheques no tenían fondos, la

finca que vendió tenía un valor menor a los tres millones de dólares, datos que no son

congruentes entre si.- El reclamo no es de recibo. Aunado a lo expuesto en el considerando

anterior, cabe indicar que la idea de precisar, mediante estudios bancarios o pruebas periciales, la

materialidad del capital económico del agraviado, la misma resulta irrelevante para el caso

concreto; es claro que el testigo Luis Vargas dio cuenta de la existencia del fideicomiso y la

cuenta a nombre de Allan Arrieta, prueba que no fue controvertida en el juicio y, lo trascendental

en la especie, es que las coimputadas ausentes Urrego Vargas y Quintero Escobar se percataron

de la liquidez monetaria del ofendido, conforme a las invitaciones, actos y comentarios que éste

les hacía. Por otra parte, la investigación criminal en este tipo de delito, difiere ampliamente de la

auditoría tributaria pretendida por el recurrente, a fin de determinar la licitud, origen o fuentes de

las distintas empresas, propiedades, negociaciones o cuentas bancarias que pueda presentar la

persona agraviada, ya que tal situación no es necesaria para determinar si la víctima ser objeto de

un secuestro. Las especulaciones plasmadas por el recurrente en el presente reclamo, no permiten

ver una infracción a las reglas de la sana crítica en los razonamientos del Tribunal. Cuestionar la

veracidad del relato del ofendido, conforme a la convicción que éste le generó al defensor, no
puede prosperar como motivo de casación, ya que la decisión de creer o no, si el ofendido trabajó

en Estados Unidos como pintor; si prosperó en el negocio estando ilegal en dicho país; si compró

o no una finca o si tenía o no la cantidad de dinero en la cuenta bancaria correspondiente a los

cheques; le corresponde únicamente al A quo, quien analizó correctamente todos los elementos

de prueba allegados al debate, el origen de esos dineros se acreditó en la audiencia, es producto

de largo tiempo de trabajo de don Allan Arrieta y en todo caso es un aspecto que no incide de
ninguna manera en el desarrollo del marco fáctico que se le imputó a los encartados, puesto que

aún asumiendo que el secuestrado no tuviera capital económico alguno, no haya tenido una
empresa en Estados Unidos y no haya vendido una finca con anterioridad al secuestro, no

significa que los hechos no hayan acontecido tal y como el A quo los tuvo por acreditados.

Propiamente en el fallo, los Jueces consideran dichos elementos en conjunción, con el estado

civil de la víctima, la publicidad del Hotel El Rey en el país norteamericano por sus bellas

mujeres y su proveniencia de una zona rural, para justificar la factibilidad de que el ofendido

haya conocido a las encartadas Urrego Vargas y Quintero Escobar en dicho Hotel (Ver folios

1331 y 1332) y, con el afán de impresionar, le refiriera a Tattiana su solvencia económica. Por
todo lo anterior, se declara sin lugar el presente reclamo.

       VI. Incorrecta valoración de prueba. Los recurrentes Carlos Varela Granados y Leonel

Villalobos Salazar, consideran que el supuesto ―levante‖ referido por el ofendido, es incierto por

no contarse con las declaraciones de Tattiana Quintero Escobar y María Edy Urrego Vargas que

permitan acreditar su versión. De conformidad con los rastreos de llamadas que se le hicieron a

los teléfonos que supuestamente portaban los imputados, no se logró determinar que los mismos

se encontraran en el Barrio Francisco Peralta, San José, a la 1:00 o 2:00 horas del 22 de setiembre

de 2006, cuando supuestamente ocurrió el ―levante‖. Igualmente, extrañan una razón coherente

para que los secuestradores, no ataran al ofendido; le taparan la cara en forma parcial con una

bolsa de tela durante el traslado a la casa donde se le tuvo en cautiverio; se le ordenara quitarse la

misma para que los pudiera observar y luego reconocer; utilizar el vehículo del ofendido para

transportarse cuando los justiciables tenían los propios; elementos juntos que hacen incoherente

el relato del ofendido, sobre los supuestos hechos ocurridos.- El reclamo no es de recibo. No

puede pretender los que recurren, que los Jueces no crean en la declaración de un testigo, porque

no estuvieron presentes en el debate las endilgadas Quintero Escobar y Urrego Vargas para

acreditar su dicho, las que en todo caso, por su vinculación con los hechos, les asistía el derecho

de abstención, tal y como lo hicieron la mayoría de los encartados. El Tribunal valoró tal

declaración de una manera integral junto con los demás elementos probatorios para lograr

concluir que tal versión merecía su credibilidad, conforme a la coherencia derivada. Al respecto,
señala: ―…Nótese como, cada uno de los aspectos que narró al Tribunal el ofendido, Arrieta
González ira encontrando respaldo en otros elementos de prueba, respecto de los cuales éste no

tiene dominio o control, como para afirmar que hubiera podido alterarlos…‖ (ver folio 1335).

No llevan razón los recurrentes, cuando pretenden establecer que los imputados no se

encontraban involucrados en el secuestro, en razón de que los registros de rastreos de llamadas

realizadas a los teléfonos que supuestamente ellos portaban, no reportan movimiento alguno al

momento del levante que acredite su presencia en Barrio Francisco Peralta. Se desprende del

informe número 254-OPO/UAC-2006 realizado por la Oficina de Planes y Operaciones de la

Unidad de Análisis Criminal, que el teléfono de Carlos Alberto Varela Granados (337-3886),

recibió una llamada proveniente del teléfono de Jaris Murillo Riascos (339-2557), a las 21:42

horas del 21 de setiembre de 2006, cuya radio base del teléfono de inicio es ―Los Yoses, Parqueo

del ICE‖ y la del destino ―González Lahman‖, ambas celdas dentro de un perímetro de

proximidad bastante estrecho, en relación con el sitio donde se produjo el ―levante‖. De igual

manera, consta en el mismo estudio una llamada entrante del (339-2557) a las 02:05 horas del 22

de setiembre del mismo año, al teléfono del encartado Varela Granados, donde consta que la

radio base es la de ―Colima, ICE‖ lo que guarda correlación de proximidad con el sitio del

cautiverio, donde el a quo determinó que se encontraba el ofendido, junto con los encartados (Ver

folio 209). En todo caso, para demostrar la presencia de una persona en un determinado lugar, no

se requiere la información derivada de las radio bases para tal objetivo, ya que dicho elemento

probatorio, si bien es cierto, permite determinar un rango de proximidad de un usuario al

momento de efectuar una comunicación telefónica, no agota la posibilidad de acreditar la
presencia de un sujeto en el sitio por cualquier otro medio de prueba factible, como fue el dicho

del ofendido al cual los Jueces le brindaron plena credibilidad. En lo referente, al por qué los

secuestradores dejaron que el ofendido les viera el rostro y no lo mantuvieran atado, refieren los

Juzgadores: ―…Véase que los requerimientos de los imputados era el pago de la suma de dinero

en efectivo, no en cheque, por lo que es natural que luego de que Arrieta González les

comunicara de la imposibilidad de hacerlo de esa forma se enojaran. Véase entonces, que ello
implicó dos situaciones adicionales, la primera relacionada con la necesidad de contar con otra

persona, de confianza, que consultara los cheques una vez que le fueran entregados y la
segunda, la visita a la oficina del abogado para la entrega del cheque, es por ello que no es

extraño entonces que los encartados debieran abandonar el continuar ocultando sus rostros

mediante el uso de ―mallitas‖, sino que debían descubrirse, lo que además, implicó para el

ofendido el incremento de su temor, pues una vez que pudo observar sus rostros temió que lo

mataran posteriormente…‖ (ver folio 1344). La particular forma en que se desarrolló el presente

delito, hizo necesario que los secuestradores descubrieran sus rostros, siendo uno de sus objetivos

principales no despertar sospechas de lo que estaba sucediendo, lo que implicaba la necesidad de

darle cierta libertad vigilada a la víctima, entre ellas, la de poder acudir a su abogado a retirar el

dinero demandado por los endilgados. Bajo tal supuesto, es ilógico que una persona acuda con

una máscara en su cabeza, con un arma a plena vista, dirigida a un sujeto atado de manos, a la

oficina del abogado que administraba el dinero del agraviado, para poder cobrar el rescate

solicitado. Para lo anterior, se valían de las amenazas proferidas al agraviado, a fin de que no

hiciera nada que pudiera comprometer su operación delictiva, siendo más bien la revelación de su

identidad, una acto de intimidación de mayor peso en la psiquis del perjudicado. Este método de

actuación, hace innecesaria, mayor violencia durante el cautiverio conforme a las circunstancias

presentadas, que no pueden verse como una anomalía que ponga en entredicho la deposición del

agraviado.- Por otro lado, sobre el uso del vehículo del ofendido, no es omiso el Tribunal, al

indicar que: ―…Nótese entonces que para dirigirse al sitio, el medio de transporte, dado que no

se reporta que contaran con otro en Cuatro Reinas de Tibás, debía ser el vehículo Four Runner,

amén que no podía exponer que el acusado pudiera observar algún número de placa por el cual
luego pudieran ser localizados, motivo por el cual le piden nuevamente que agache su cabeza…‖

(ver folios 1344 y 1345). Lo anterior, no significa que el Tribunal obviara que los encartados

tuvieran sus vehículos personales para poder transportarse, no obstante, para los fines delictivos

que ellos tenían, poco efectivo era exponer sus automóviles ante el secuestrado o sus posibles

conocidos, pues evidentemente podría implicar elementos individualizantes, que podrían volverse

perjudiciales, por significar la creación de posible evidencia en forma innecesaria. En
consecuencia, se declara sin lugar el presente motivo de casación.
       VII. Incorrecta valoración de prueba. En ese mismo orden, considera que el A quo se

equivoca al tener como cierto que en el sitio del cautiverio estuvo el ofendido junto con sus

defendidos (en calidad de secuestradores), ya que: 1. Del allanamiento en dicha morada, no se

ubicó ningún elemento que permitiera derivar rastro alguno de la comisión del delito en cuestión.

2. Que si bien es cierto, la colilla de cigarro deriva la presencia de Eliott Torres Díaz y Carlos

Varela Granada, en dicho lugar, no existe ninguna prueba sobre la permanencia de Daniel

Méndez Rochez, más que el dicho del propio agraviado. 3. Tomando en consideración que el

allanamiento se realizó siete días después de ocurridos los supuestos hechos, es ilógico pensar

que los secuestradores no hayan limpiado la escena para borrar cualquier tipo de rastro, o bien,

que decidan esconder algunos instrumentos, tales como las denominadas medias panties y dejar a

la vista una colilla de cigarro. 4. Siendo todo lo anterior, una invención del ofendido, quien en

realidad, no hay duda que estuvo ahí, pero por otros motivos distintos a los que manifestó en su

declaración.- El reclamo no es de recibo: Lejos de demostrar, cuál fue la equivocación del A

quo al interpretar que el ofendido estuvo en el lugar de cautiverio junto con los imputados, el

recurrente pretende hacer una interpretación parcializada de la prueba, de conformidad con sus

intereses. Sobre el allanamiento realizado, no es cierto que no se logró obtener evidencia alguna

sobre el ilícito en cuestión, por el contrario, mediante un análisis integral de la prueba, los Jueces,

pudieron derivar, entre otras cosas, una serie de aspectos que permitieron confirmar la coherencia

y veracidad del testimonio del agraviado, en torno a lo sucedido. Al respecto señala el Tribunal:

―…Señala Don Allan, que en horas de la madrugada que los sujetos le llevaron parte de su ropa
que uso como almohada e incluso su colonia. –Bienes que luego serían localizados, al

practicarse el allanamiento del lugar, ver acta folio 111 a 117 (…) Tampoco resulta extraño que,

en el sitio, luego de la inspección realizada por las autoridades de lofoscopía, no se encontraran

huellas dactilares, pues a pesar que el principio de intercambio afirma la interacción entre las

personas y el medio, es lo cierto que bien pudo suceder que ninguna de las huellas fuera apta

para comparación, sin que en todo caso esta circunstancia nos haga dudar de su testimonio,
pues fue claro en establecer la condición de la cochera del inmueble, mucho antes de que la

policía judicial diera con el lugar, de los objetos y distribución que poseía la misma, e incluso
pudo narrar con precisión lo que consumiría al desayuno. Sobre el particular ver folios 111 al

117-. Obsérvese que la policía judicial logra ubicar en dicha vivienda, entre otras una bolsa con

la leyenda ―Arrieta Friesians‖, en clara alusión a la raza de equinos que señaló el ofendido se

dedicaba a su crianza, así como una colonia 212 de Carolina Herrera, sus prendas de vestir, y

un block de notas en donde se lee que se autoriza a girar un cheque a su nombre por la suma de

$600.000 dólares, monto que corresponde a los requerimientos de sus plagiadores y a la

justificación que ordinariamente solicitaba el Lic. Vargas Solís. Más aún, no puede pasar por

alto el Tribunal, que al momento de enseñarle la secuencia fotográfica del sitio del cautiverio, de

folios 544 y siguientes, don Allan, luego de observarlas, afectado, conmovido y entre sollozos,

fue señalando cada uno de los sitios que recordaba, destacando que las características del baño

y del mueble de cocina coincidían con lo que previamente había narrado al Tribunal, todo lo

cual permite afirmar la credibilidad de su testimonio y de que en efecto estuvo en ese lugar, ello

con independencia a que no fueran ubicadas, como se dijo huellas de éste (…)‖ (ver folios 1340

al 1343). Expuesto lo anterior, si siguiéramos la tesis de quien recurre, se le debe creer al

ofendido –únicamente– que sí estuvo presente en la casa de Tibás, junto con Elio Torres Díaz y

Carlos Varela Granada, pero no se puede acreditar que fue en razón de un secuestro, ni tampoco

que se encontraba en el sitio el imputado Daniel Méndez Rochez, porque en su criterio, esa parte

es ficticia y producto de la imaginación, lo cual es insuficiente para argumentar un vicio en los

razonamientos de los Jueces. Aceptar tal hipótesis, significaría, entre otras cosas, que el

agraviado prefirió quedarse con sujetos que no conocía hasta altas horas de la madrugada, que
pasar más tiempo con su amiga, o bien; querer dormir de forma penosa, teniendo la comodidad

de su casa u hotel. No puede olvidar quien recurre que de la escena del cautiverio se logró

determinar la existencia de huellas de calzado, que coincidían perfectamente con el calzado de los

imputados (ver folios 681 al 686), así como un chicle que contenía material genético del

imputado Carlos Varela Granados (ver folios 925 al 928), un recibo de caja por pago de artículos

que correspondían, de acuerdo a la investigación, a la compra de jugo de frutas, queso crema y
pan, que coinciden con los alimentos que Arrieta González dijo le llevaron por la mañana cuando

lo mantenían en cautiverio, lo cual ratifica aún más la versión rendida por el agraviado. Por
consiguiente, tales alegatos no pueden prosperar por configurar meras especulaciones derivadas

de la interpretación parcializada del elenco probatorio, sin tomar en cuenta el resto de las

probanzas a las que se hizo alusión anteriormente.- En otro orden de ideas, es preciso indicar que,

si bien la fecha en que se realizó el allanamiento, efectivamente permitía que los endilgados

trataran de cubrir cualquier detalle o rastro que pudiera ser utilizado como evidencia en su contra,

sería un error asumir como regla, que el autor de un hecho regrese al sitio poco tiempo después

para revisar el estado de las cosas, o bien, a limpiar la escena, puesto que existen diversas

alternativas conductuales que pueden ser consideradas por una persona en tal situación, entre

ellas; a.- Realizar tal acción podría llamar la atención de los vecinos o los guardas, o bien, dejar

una nueva marca o seña que los vincule; b.- Aún hechas tales diligencias, los imputados

asumieran que el lugar no iba a ser descubierto por las autoridades policiales; c.- Aún descubierto

el sitio de cautiverio, pensaran que los oficiales no tendrían mayor elemento probatorio de su

presencia conforme a la percepción propia de cómo había quedado la escena. Es decir, ya sea por

exceso de confianza, ignorancia, negligencia o descuido, es un hecho cierto que se hallaron

suficientes indicios para acreditar la versión del ofendido, al indicar que los acusados lo

mantuvieron en dicho sitio secuestrado, siendo una mera presunción del recurrente, asumir una

actitud diligente, cautelosa y precavida de sus defendidos para presentar su reclamo basado en la

incerteza de tal posibilidad y no en el marco probatorio existente. En consecuencia, se declara sin
lugar el presente reclamo.

       VIII. Inaplicación de las reglas de la sana crítica. En otro sentido, cuestiona la forma

en que los secuestradores solicitaron el pago del rescate, en criterio de quien recurre, no existe

ninguna prueba que permita acreditar que el ofendido solicitó el dinero ante el peligro de que uno

de los secuestradores empleara un arma de fuego; Tampoco se aclara como una persona que está

siendo objeto de un secuestro, de forma unilateral, decida solicitar que se sanee un cheque que

supuestamente se encontraba defectuoso; mucho menos entendible que la forma de pago sea el

ofendido quien la elija y que, los secuestradores sólo decidan aceptar la mitad del monto
solicitado, sin cerciorarse de la existencia de fondos en la cuenta corriente.- El reclamo no es de
recibo: El Tribunal nunca acreditó que los secuestradores hayan solicitado el pago del rescate por

medio de cheques, por el contrario, los Jueces fueron claros en admitir que tal capital fue

solicitado en efectivo, no obstante, quien administraba los fondos del perjudicado, no disponía en

ese momento de la suma líquida requerida, y por tal razón, los acusados, aceptaron los títulos

cambiarios mencionados. Al respecto, señala el a quo: ―…Don Allan, luego de ser amenazado

por sus captores, es obligado a comunicarse con su abogado, el Lic. Vargas, para que éste,

procediera a entregarle una importante suma dinero en dólares, en efectivo, siendo que, en

virtud de la imposibilidad material que ello fuere posible, se convino entonces un pago mediante

la entrega de dos cheques, uno por la suma de seiscientos mil dólares y otro por el monto de

cincuenta mil dólares, número 22-4 y 21-8 del Banco Nacional de Costa Rica… los cuales debió

el ofendido entregar para lograr finalmente su libertad, pues no fue sino hasta que sus captores

conocieron que éstos podían hacerse efectivos que lo dejaron en libertad…‖ ( Ver folio 1376).-

Por otra parte, no puede pretender el recurrente, que los secuestradores estuvieran mostrando

permanentemente el arma de fuego a su víctima, incluso ante terceros, para poder afirmar que el

ofendido fue amenazado con dicho instrumento; la víctima fue clara al precisar que fue a la

oficina de su abogado accediendo a ello por la amenaza de muerte que le profirieron sus captores,

quienes incluso le indicaron que, en la casa de cautiverio podrían enterrarlo. El Tribunal,

confirma la coherencia del relato del ofendido con los demás elementos probatorios cuando éste

indica que, al momento del levante observó dos armas, pero que al acudir a la cita con su

abogado, quien lo acompañó la ocultó en la pretina de su pantalón, asegurándose de que sólo el
ofendido tuviera conocimiento de ella. Al respecto, el perjudicado refiere: ―…cuando me pasaron

para atrás si pude ver las armas, me pusieron una a cada lado del estómago. Un revólver y una

pistola…Yo vi dos armas cuando me secuestraron. Ellos andaban las armas en el vehículo de

ellos. El que iba a un lado y se quedó en el carro se quedó con el arma. El día anterior vi dos

armas y cuando fui a la oficina, el alto llevaba un arma en la cintura. El que va conmigo atrás

me va apuntando. Cuando entramos a la oficina él me enseñó el arma y me dijo que si hacía algo
me quebraba, era un revólver…‖ (ver folios 1274 al 1288). De igual forma en el acta de

secuestro número 391419, consta que se le decomisó al imputado Daniel Méndez Rocha, un arma
de fuego Smith Wesson, calibre 9 mm, que portaba en su cintura (ver folio 47). Aspectos que

permiten a los Jueces afirmar la existencia de las armas de fuego señaladas por el agraviado, sin

que se observe ninguna condición que convierta en ilógico o irracional la derivación probatoria

realizada en el fallo, cuando señalan que: ―…Los acusados son localizados por la policía en

fecha 26 de setiembre de 2006, en el momento que se reunían con el conocido ―pinta‖, -José

Angel González Arce–, en las instalaciones de Autos Oseguera en Moravia, cuando todavía

portaba el encartado Daniel Jovel Méndez Rochez, una pistola, nueve milímetros marca Smith &

Wesson, de características que responden a las descrita por Allan, a una de las dos que se

empleara en el momento de su levante, en tanto que la otra, propiamente el revólver, es

localizada siempre en ese negocio comercial, debajo de uno de los automotores en exhibición –

ver secuencia fotográfica, folio 247 y 248–. (ver folios 1351 y 1352).- En lo que respecta a la

acción del ofendido, cuando solicita que se corrija un defecto en la confección del cheque, se

equivoca el recurrente, al concluir que tal conducta refleja la inexistencia del delito, suponiendo

que el objetivo es no lograr la liquidez del título. Cabe recordar, tal como el A quo lo tuvo por

acreditado que, el ofendido se encontraba bajo amenaza de muerte, sino se hacía efectivo el

precio solicitado para su debida liberación, siendo que pagar el rescate con un título cambiario

defectuoso, significaría un riesgo para su vida, en razón de que la posibilidad de materializar la

ganancia pretendida quedaría frustrada por la falta de formalidad que requiere la entidad bancaria

correspondiente. Señala el Tribunal: ―…Es esa misma solidez de su declaración es lo que permite

considerar, bajo las condiciones de amenazas en que se encontraba Arrieta González, que
buscaba a toda costa mantener su vida, en aras de ese fin, no resultaba un ―negocio‖

arriesgarse, sino por el contrario cumplir con los requerimientos de sus plagiadores. Véase que

tanto Vargas Solís, como la señorita Ugalde Rascon dan cuenta de la presencia de don Allan en

la oficina y de la persona que lo acompañó, al cual ubican siempre en una posición cercana o

próxima al agraviado, circunstancia que reafirma el control del que era objeto…‖ (ver folio

1346). La determinación de la cantidad solicitada por los secuestradores, fue una cuestión que se
modificó en razón de las circunstancias que se presentaron, previa comunicación con el abogado

que administraba el dinero de la víctima, dado que la elevada suma que se solicitó inicialmente,
no se encontraba dispuesta en efectivo. No obstante, el valor que finalmente fue aceptado por los

secuestradores, corresponde a una suma nada despreciable en términos pecuniarios, cuya

disposición no implicaba mayor complejidad para hacerla efectiva, puesto que a efectos

comerciales, no existía ningún indicio que permitiera evidenciar la ejecución de un acto ilícito. Si

bien es cierto, la demanda de los imputados era otra, conforme se fueron desarrollando los

hechos, fueron aprovechando los recursos que la clandestinidad de su modus operandi les iba

generando, en gran parte, por la actitud colaboradora del agraviado. Es este último sujeto quien

reúne dos condiciones de especial importancia para el caso concreto, ya que por un lado; es la

persona que se encuentra privada de libertad bajo amenaza de muerte, y por otro lado; es a quien

los secuestradores solicitan el pago para cesar su primera condición. Por consiguiente, el éxito o

frustración del secuestro, dependía principalmente de la manipulación que se ejerciera sobre la

víctima, para evitar que terceras personas se percataran de la situación que éste estaba sufriendo.

De igual forma, dejar marcas de golpes o violencia física en general, así como degradar su

apariencia física, permitiría levantar sospechas de aquellos con los que el ofendido tuviera que

tratar para complacer las pretensiones de los encartados, por lo que es totalmente razonable, que

la actitud de los secuestradores frente a su víctima tuviera siempre un matiz de pasividad o si se

quiere consideración, a fin de no promover circunstancias que pudieran irrumpir el desarrollo del

plan trazado por los infractores, lo que incluía consecuentemente, un tipo de pago mediante

cheque, por una cantidad inferior a la requerida, pero que a fin de cuentas, no generaba
inconveniente alguno para su materialización. En consecuencia, se declara sin lugar el reclamo.

       IX. Alega, que atenta contra las reglas de la sana crítica, que el ofendido haya

manifestado que los secuestradores le permitieron usar su celular mientras estuvo en cautiverio,

para evitar cualquier tipo de sospecha, frente a las insistentes llamadas que entraban a ese

teléfono. Sin embargo, dicho teléfono no fue utilizado sólo para devolver llamadas, ya que desde

el momento en que se activa tal aparato, no recibe ninguna llamada y, por el contrario, es él quien

realiza las mismas.- Finalmente, el Licenciado Luis Vargas Solís, refirió que mientras
confeccionaba los cheques, el ofendido utilizó su celular para conversar, aparentemente, con su
padre, inclusive el propio agraviado, indicó que tuvo la posibilidad de ir al baño, momento en el

cual, pudo llamar a quien quisiera para pedir ayuda e informar la situación. Sin embargo,

manifestó no recordar si andaba celular.- El reclamo no es de recibo: El punto en cuestión, es

por qué teniendo la oportunidad de pedir auxilio por medio del celular –si es que realmente se

encontraba secuestrado–, éste no lo hizo. Aunado a lo señalado por esta Sala en el considerando

anterior, los Juzgadores refieren en el fallo: ―…Señala además, que sus captores ponen a cargar

su teléfono celular e incluso le permitirían contestara sus llamadas y realizara otras, eso sí bajo

al supervisión de ellos. Este aspecto, lleva a la defensa a cuestionar, cómo sería posible hablar

de una condición de secuestrado, ante la posibilidad de comunicación que le brindaban. Sin

embargo, no puede ni debe perderse de vista, que Arrieta González, debía comunicarse con su

Abogado, pues era dicho profesional quién podía proveerles el dinero que pedían, de ahí que

resultaba de interés mantener la carga del celular, más cuando hoy en día, a partir del uso

cotidiano del mismo y de las facilidades que brinda, nos ha llevado a anotar en este los distintos

números de teléfono de nuestro interés, pasando con ello la página a las agendas o al uso de la

memoria como un método para guardar esos datos. Más aún, no puede perderse de vista que el

uso del celular era en ese momento para el ofendido privado y discrecional, sino por el contrario

supervisado, por lo que el temor, -sentimiento que dicho sea de paso reiteró constantemente en

su declaración poseía-, le impidió, que buscara pedir ayuda usando ese medio. La queja de la

defensa, del porque (sic), no lo hizo, encuentra su respuesta en lo señalado en las primeras

líneas de este análisis, sin embargo, bajo la condición en que se encontraba el joven Arrieta,
sería exigirle casi que una conducta heroica, que optara por pedir ayuda, menos cuando ni

siquiera sabía en ese momento el sitio exacto en el que se hallaba. Incluso, facilitar al ofendido

la posibilidad de contestar el teléfono de manera supervisada, permitía que algunas personas

interesadas por conocer de su ubicación, no entraran en sospechas por su repentina ausencia y

acudieran a solicitar ayuda a las autoridades policiales, por lo que no resulta extraño que sus

mismos plagiadores le recomendaron informara que se encontraba en la playa, pues de esa
manera desviaban toda la atención en la meseta central…‖ (Ver folios 1340 a 1342). Como se

indicó anteriormente, la renuencia del ofendido de utilizar el celular para solicitar ayuda, no se
puede entender como un factor que permita desacreditar la veracidad de su relato, dado que la

actitud que mantuvo la víctima frente a la condición a la que estuvo sometido, fue siempre la de

obedecer y colaborar para que los imputados lograran su objetivo sin mayor dificultad a fin de

preservar su vida e integridad física intacta, conforme hasta el momento lograba mantener,

recuérdese que el testigo Vargas, abogado del ofendido, cuando éste recibió la llamada

aparentemente de su padre, lo escuchó decir, ―tranquilo pa‖. Tal comportamiento, no descarta que

la intención del ofendido haya sido pedir ayuda, escapar o frustrar el delito de cualquier manera,

pues la situación evidentemente, no podía ser agradable, sin embargo, el miedo o pánico que

significaba el ser descubierto en el intento, hacía que la forma más conveniente de mantenerse

con vida era la que siguió el ofendido y que finalmente, le resultó. Debe tomarse en cuenta que el

uso del celular no le fue nunca discrecional, pues siempre estuvo alguien con él vigilándolo, lo

que hacía irrelevante si las llamadas eran entrantes o salientes, dado que las conversaciones

generadas eran siempre supervisadas. La determinación que tuvo el ofendido de no pedir auxilio,

no excluye el empleo del celular, siendo que su deseo era mantenerse con vida, cualquier

situación que implicara un riesgo para la misma, no era una solución viable a considerar,

conforme al panorama que psicológicamente el ofendido se representaba, frente a la amenaza

latente que fue proferida por sus secuestradores. En consecuencia, se declara sin lugar el presente
reclamo.

       X. El recurrente Villalobos Salazar al igual que Varela Granados, cuestionan la modalidad

en que los Jueces acreditaron que se desarrolló el secuestro, puesto que según las reglas de la

experiencia, los secuestradores no se exponen yendo a un mall, a almorzar con sus víctimas.

Justificar que dicha acción se hizo, a efectos de gastar tiempo mientras se verificaba que los

cheques tuvieran fondos antes de dejarlo en libertad es, a su criterio, un absurdo si se toma en

cuenta, primero, que no hay comunicación telefónica entre los captores, José González Arce y

Elio Torres Díaz en ese momento y, segundo, que hay cámaras de seguridad, gran cantidad de

personas y guardas privados, que podrían truncar el objetivo de los imputados. De igual manera,
justificar que el ofendido no intentó pedir auxilio, o escapar por el bloqueo mental que le produjo
el miedo a perder la vida, es totalmente, incoherente, con la acción de citarse por teléfono con

una amiga para ir de compras minutos después de que lo dejaran en libertad, ya que esto significa

que él la llamó mientras éste permanecía aterrorizado en el supuesto cautiverio. Considera

ofensivo que los Jueces, comparen la reacción ecuánime y pasiva del agraviado ante las

posibilidades de escapar o ser socorrido, con lo ocurrido con las víctimas del secuestro del Banco

Nacional de Monteverde, que si fue un verdadero secuestro, que no puede servir de excusa para

justificar la incoherencia del relato del agraviado.- El reclamo no es de recibo: Evidentemente,

la idea de ir a almorzar con la víctima al Mall San Pedro, supone el aumento del riesgo de frustrar

el plan de los plagiadores, no obstante, dicha conducta si se quiere confiada, por parte de ellos,

fue realizada una vez que contaban con los títulos cambiarios; mientras la víctima se encontraba

aún bajo amenaza de muerte y; en un lugar que cuenta con varias salidas, generalmente

concurrido a esas horas, que lo hacen un sitio idóneo para escapar en caso de presentarse algún

problema. Cabe indicar que, las cámaras y personal de seguridad, son factores que pudieron ser

útiles al ofendido, para lograr su rescate. No obstante, como lo mantiene el Tribunal, la condición

psicológica del agraviado se encontraba mermada frente al cuadro de violencia emocional que

había sido sometido, por parte de sus captores. En este orden de ideas, el ofendido era consciente

que el sujeto que lo acompañaba y vigilaba a la vez sus movimientos, se encontraba armado, de

forma tal, que aún solicitado el auxilio de los mecanismos de seguridad de dicho establecimiento

comercial, no se garantizaba de ninguna manera, que su vida e integridad física se mantuvieran

ilesas. Al respecto, los Juzgadores señalan: ―… Para el Tribunal es claro que, Torres Díaz,
Mendez Rochez, y Varela Granada, pudieron percibir el miedo y temor que embargaba a don

Allan y a partir de ello prever que no optaría por delatarlos, tal y como en todo caso sucedió

durante el tiempo que se mantuvieron con éste…‖ (ver folio 1348). Es decir, teniendo mermada

la capacidad de actuar del ofendido, la presencia de guardas de seguridad y cámaras de video son

inútiles, si la persona agraviada no da noticia de lo que realmente acontece, pues tales

mecanismos de reacción, no pueden prever la condición que poseía el perjudicado conforme a lo
natural del comportamiento que realizaban secuestrador y secuestrado. Sobre la mención al caso

del secuestro ocurrido en el Banco Nacional de Monteverde, alude en su recurso el Licenciado
Villalobos, que es un insulto de los Jueces para su inteligencia la comparación de dicho caso con

el presente (ver folio 1487), no obstante, revisada la sentencia, esta Sala se percata que la alusión

a dicho caso, fue realizado por el Tribunal para ejemplificar su teoría victimológica, sobre las

distintas reacciones que presentan las personas que son objeto del crimen, conforme a los

temperamentos que los caracterizan y las circunstancias que los rodean. Dicho argumento, no

puede ser considerado irracional de ninguna manera, ya que el propósito del Tribunal era

demostrar que incluso, personas sometidas a un mismo delito y en las mismas circunstancias

actuaron de una forma distinta, con mucho más razón, el recurrente puede pensar reaccionar

distinto al ofendido, analizando las circunstancias desde un plano ex post.- Por otra parte, sobre la

decisión de irse al supermercado ―Price Mart‖ poco tiempo después de quedar en libertad, señala

el A quo: ―…Ahora bien, luego de la liberación, surge entonces una nueva duda para la defensa,

relacionada con la actitud que asumió el ofendido, pues inmediatamente después fue en busca de

una joven que venía del sector de Guápiles y de ahí a Price Smart a realizar unas compras. Lo

que no dice, el señor defensor, es que luego de la liberación éste informa a sus familiares de lo

sucedido, y que incluso por temor a sus captores no opta por pedir de manera inmediata se

girara una orden de no pago de los títulos, sino que ello fue idea y obra del Lic. Vargas Solís.

Nótese incluso como Arrieta González, a pesar de estar en libertad, no sintió confianza en

comentar abiertamente con su abogado de todo lo sucedido. Más aún, no dice la defensa que a

don Allan, por recomendación de la empresa de seguridad que de manera inmediata fue

contratada para que lo asistiera se le pidió estar en un sitio público, como lo sería en este caso
Price Smart y que él siguió los consejos que le dieron. De hecho que, el Informe de Llamadas

Telefónicas, de folios 204 a 226, denota que éste luego que fuera liberado se aleja poco a poco

de San José, con rumbo hacia el sector de Escazú y posteriormente hacia San Ramón. De hecho

que, por extraño que pudiera parecerle a la Defensa, no por eso podríamos afirmar que en el

presente caso no existió o se produjo un secuestro, pues tal y como se advirtió desde un inicio,

cada uno de nosotros actuamos de distintas maneras, tanto así que el comportamiento humano,
se muestra de diversas maneras, así por ejemplo, algunos optan por el trabajo duro, tesonero y

mal pagado, otros en cambio por la vagancia y los réditos de vivir arrimados a quién los
mantenga y unos pocos buscan su ―ollita de oro‖ en el delito, sin importarles cuanto dolor

inflijan a los demás. Si don Allan se sintió tranquilo y seguro en Price Smart es algo, que solo él

y nadie más puede sentir, más cuando ha denotado, conforme las reacciones que ofreció a las

situaciones de estrés, no arriesgar su vida y si ello es así, con independencia de las

consideraciones de si el sitio era seguro o no, ahí fue donde ―profesionales‖ de seguridad le

indicaron permaneciera en espera de apoyo y ahí fue dónde se quedó…‖ (Ver folios 1349 a

1351). De conformidad con el análisis anterior, esta Sala no observa que haya alguna infracción

en el análisis probatorio e intelectivo de los Jueces; mediante el presente reclamo los recurrentes

pretenden imponer su interpretación particular sobre las actitudes que debió tener una persona

que fue sometida a un secuestro, sin tomar en consideración los efectos causados en la

personalidad propia de la víctima, la experiencia que solamente él vivió. Argumentar las posibles

acciones que el recurrente hubiera realizado, si estuviera en la situación del agraviado, no es un

argumento válido para fundamentar un motivo de casación. Por consiguiente, se declara sin lugar
el presente reclamo.

       XI. En cuanto al reconocimiento físico realizado, señala que el mismo es una farsa

procesal, ya que una persona que comparte tiempo y convive con otras personas en evidente

camaradería, puede reconocerlas perfectamente, tal y como sucedió en el presente caso. El

reclamo no es de recibo: El planteamiento que hace el defensor, no encuentra sustento en

ningún elemento probatorio, ya que no existe ningún indicio que permita acreditar que el

ofendido conocía a los encartados con anterioridad, mucho menos que existiera una razón por la

cual el ofendido estaría sometiéndose a un proceso judicial como el presente, para perjudicar a las

personas que, a criterio del recurrente, habían compartido una estancia amena en una casa de

Tibás, tal y como afirma el Tribunal al señalar: ―…luego de un amplio examen, más de dos horas

por parte del Lic. Villalobos Salazar, quién acuciosamente lo interrogó, se mantuvo, no incurrió

en contradicciones que nos hicieren considerar falsedad en sus afirmaciones, menos cuando no

ha existido indicio alguno que previamente don Allan conociera a los acusados, como para creer
que ha acudido a estrados judiciales con el fin de obtener algún tipo de venganza (…) éstos
fueran plenamente identificados por Arrieta González –ver folios 172, 184 y 196–, en tanto que

Vargas Solís, reconoce a Elio Torres Díaz –ver folio 193–. Razón de más para afirmar que no

exista duda de sus identidades, pues incluso en el mismo contradictorio don Allan volvió a

señalar a cada uno de los acusados Torres Díaz, Méndez Rochez y Varela Granada y definió las

conductas que ejecutaron‖ (ver folio 1338 y 1352). En consecuencia, no queda duda de que a

través de los reconocimientos físicos, se confirma aún más, que las personas sometidas a
instancias penales, fueron las mismas que mantuvieron en cautiverio al perjudicado.

       XII. Por otra parte, señala que el robo agravado que el Tribunal tuvo por acreditado,

únicamente, por medio del testimonio del propio ofendido, no cumple con la demostración de

todos los presupuestos para su configuración, ya que la suma de dinero consignada en el marco

fáctico acusado no concuerda con el descrito por el ofendido en su declaración. Por un lado se

imputó la sustracción de tres mil dólares y un celular; en la declaración refirió más de dos mil

dólares y trescientos y resto de mil colones…; en la sentencia se condenó por haber sustraído

aproximadamente, dos mil cien dólares y cerca de trescientos mil colones, así como un teléfono

celular, justificando que los secuestradores no obligaron a la víctima a usar las tarjetas de crédito,

por los videos y controles que existen, lo que a su criterio, contradice el razonamiento referente a

la presencia de los secuestradores en el mall San Pedro, donde hay tales mecanismos de

seguridad y aún más.- El reclamo no es de recibo: No existe ninguna imposibilidad de que los

Jueces tuvieran por acreditado el robo agravado, basándose únicamente en el relato del ofendido,

quien de forma coherente ha mantenido en todas las etapas del proceso, que sus captores, le

sustrajeron el dinero que tenía en su billetera, así como el celular, mientras se encontraba

amenazado con armas de fuego y con la concurrencia de un mínimo de tres personas, claramente

identificadas en este proceso. Al respecto señala: ―…los aquí imputados Torres Díaz, Méndez

Rochez y Varela Granada, mediante el empleo de violencia, toda vez previamente con el uso de

arma de fuego había privado de su libertad del ofendido Arrieta González, y de haberle

proferido distinto tipo de amenazas, entre ellas de muerte, procedieron aprovechando la
condición en que se encontraba su víctima a despojarlo ilegítimamente –pues no estaban
autorizados a tomarlos–, el dinero en efectivo que éste portaba y un teléfono celular…‖ (ver

folio 1382). Basta con acreditar lo anterior, para configurar el ilícito en cuestión conforme lo

dispone el artículo 213 del Código Penal. La precisión exacta de cuánto dinero portaba en su

billetera o la serie de su teléfono móvil, son intrascendentes a efectos de calificar la acción

perpetrada, puesto que el robo en su modalidad agravada no requiere un detalle pormenorizado de

las características de los bienes, sino, la identificación de éstos. En otras palabras, nada influye

que en la acusación se haya consignado la suma de tres mil dólares más el celular (ver folio 649)

y que en sentencia se le haya atribuido el robo de ―aproximadamente‖ tres mil dólares y el celular

(ver folio 1220), conforme a la declaración del agraviado en debate refirió dos mil dólares, más

trescientos y resto mil colones, más el celular, ya que tal imprecisión es irrelevante para la

calificación legal del delito, en primer lugar; porque la cantidad que se acreditó si bien es cierto,

no es igual a la acusada, al ser menor se encuentra comprendida en el marco fáctico acusado. En

segundo lugar; no existe ningún agravio para los imputados, en razón de que tal suma de dinero

consignada no perjudica la calificación legal atribuida a su conducta y, finalmente; la

determinación de creerle o no al ofendido sobre cuál era el monto real que andaba, depende de la

convicción que la prueba haya generado en el criterio de los Jueces, siendo que no existe ningún

yerro lógico que permita evidenciar una falta a su deber de probidad y el respeto a las reglas de la

sana crítica. En su análisis, el A quo refiere: ―…A todo lo dicho, tómese en consideración que

para el momento en que se encuentra en la casa de cautiverio, los acusados despojaron a Arrieta

González del dinero que portaban, aproximadamente uno dos mil cien dólares y cerca de
trescientos mil colones, así como un teléfono celular, aprovechando el miedo y temor, y la

circunstancia de tenerlo privado de su libertad. Pese a ello, extraña a la Defensa que los

acusados, no optaran por llevarlo hasta un cajero automático y ahí lo obligaran a ―vaciar‖ sus

cuentas, sin embargo, si los acusados no optaron por ese tipo de acciones lo fue por cuanto ellos

mismos así lo quisieron, pues es más que evidente que su plan iba encaminado a conseguir

seiscientos cincuenta mil dólares y de cara a eso, sería ínfimamente poco lo que hubieran
logrado en un cajero, en el que hubieran aumentado el riesgo de ser descubiertos por los

sistemas de vídeo que todos sabemos se encuentran en esos lugares…‖ (ver folio 1349). Tal
análisis permite observar que los Jueces no son contradictorios en sus argumentos, tal y como lo

afirma quien recurre, siendo claros al señalar, que la utilización de las tarjetas de crédito del

ofendido, ameritaban una logística mucho mayor que el beneficio que podían obtener mediante

tal procedimiento, no así, el tomar simplemente el dinero que tenía a disposición el ofendido en

su billetera. El principal propósito lucrativo de los justiciables era el precio que habían puesto por

la libertad del agraviado, y no el aventurarse a buscar fondos de sus tarjetas de crédito, pues

comparativamente, las ventajas económicas derivadas de tales métodos de ejecución, hacían ver

poco productivo lo que pudiera derivar de la capacidad de las tarjetas del perjudicado y mucho el

riesgo que podría significar para la consecución de su objetivo principal. Por consiguiente, se
declara sin lugar el presente reclamo.

       XIII. Estima que la acción del secuestrador de poner a disposición de la víctima un

número de teléfono para comunicarse entre sí, una vez finalizado el secuestro, atenta contra la

naturaleza del delito. Lo que evidencia es que las llamadas que ocurrieron posteriormente, se

debía a la existencia de una relación de cualquier tipo menos la del secuestro, pues ninguna

persona normal, se puede exponer de tal manera, ante los mecanismos policiales de investigación,

cuando ya se ha conseguido el objeto del delito exitosamente.- Se declara sin lugar el reclamo:

Nuevamente, quien recurre fundamenta su motivo en conjeturas sobre lo que significan los

hechos sucedidos en el desarrollo de la actividad ilícita emprendida por los secuestradores,

oponiéndose sin mayor razonamiento objetivo, a los razonamientos expuestos por el A quo en

sentencia. Concluir que los secuestradores intentaran persuadir al ofendido de que no iniciara

ningún proceso policial por haber logrado su objetivo, es una acción perfectamente posible, si se

toma en cuenta que, el principal mecanismo de control utilizado por los acusados para lograr sus

objetivos, fue el mantener amenazada a su víctima para que materializara todas sus pretensiones,

no habría razón alguna que impida a los plagiadores procurar su impunidad mediante el mismo

dispositivo de intimidación. Aducir que dicho razonamiento es un absurdo, en razón de que al

recurrente no le merece credibilidad el testimonio del agraviado, es totalmente respetable, pero no
por ello factible de anular el razonamiento del Tribunal conforme a su libre convicción. Tampoco
es cierto, que las diligencias hasta ese momento realizadas habían satisfecho todas las

expectativas que tenían los encartados con la ejecución del delito, ya que la suma supuestamente

entregada, mediante el pago con los cheques, éstos aún no habían sido materializados en su

liquidez. Sobre las llamadas posteriores a su liberación señala el ofendido: ―...Luego, después de

esa noche de poner la denuncia, ellos empezaron a llamarme, decían que eran mis amigos, me

decían que si estaba en la casa o en la pista, me decían que eran mis amigos, que iban a donde

fueran. Luego me llamaron, me dijeron que necesitaban reunirnos, que necesitaban un

documento para ellos justificar el cheque, de una venta de una propiedad o algo, porque el

banco no se los iba a cambiar y que no querían que ―la pinta‖ se quedara con esa plata,

empezaron a llamarme, les dije que estaba en San Carlos, les dije que nos vieramos otro día. El

día de la competencia de motocross me llamaron y me dijeron que si estaba en mi casa o en la

pista y me dijeron que querían estar conmigo porque a mi me iban a matar. Les dije que nos

viéramos la semana siguiente para ir al banco y hacer el documento...‖ (ver folio 1270). Lo

anterior, permite deducir que los imputados siguieron en contacto con la víctima porque en el

Banco les dijeron que la denominación del cheque necesitaba la justificación comercial

correspondiente para poder validar la transacción, siendo que tal documento, únicamente, podía

ser realizado por el endosante, quien ya gozaba de libertad y de ahí que se justifica la insistencia

de los plagiadores para poder concretar sus planes. Y también la respuesta del ofendido, quien,

conociendo que aun se encontraban en libertad, asumió la posición de distraerlos posponiendo el

supuesto encuentro, en aras de resguardar su integridad física y su vida. Por consiguiente, se
declara sin lugar el presente motivo de casación.

       XIV. Los recurrentes Villalobos Salazar y Torres Díaz, alegan que el mismo argumento

que el Tribunal utilizó para absolver a Jariz Murillo Riascos, es utilizado para condenar a Eliott

Torres Díaz, Daniel Méndez Rochez y Carlos Varela Granados; por un lado, estiman que los

rastreos telefónicos no necesariamente vinculan al encartado, porque las radiobases refieren un

sitio cercano pero no preciso, que los celulares no son siempre utilizados por sus propietarios, y
ante la ausencia del contenido, lo que se acredita es una comunicación entre ambas líneas
telefónicas. No obstante, esos mismos rastreos son utilizados por los Jueces para acreditar que los

encartados antes mencionados se pusieron de acuerdo entre si, para perpetrar el delito, pese a ser

la misma prueba utilizada para absolver a Murillo Riascos. El reclamo no es de recibo: Parte de

una falacia el recurrente para fundamentar su reclamo, al asumir que el mismo argumento con el

que se absuelve al imputado Murillo Riascos, es el mismo con el que se condena al encartado. En

su análisis parcializado de la prueba, olvidó mencionar el recurrente, que existen reconocimientos

físicos donde el ofendido, señala a sus defendidos como los autores activos del secuestro (Ver

folios 171 a 173; 183 a 185; 192 a 194; 195 a 197), las armas que fueron decomisadas coincidían

con las descritas por el ofendido(folios 47 y 247), las huellas de las tenis que coincidían con las

que pertenecían a los encartados en el sitio del suceso (ver folios 683), el chicle que tenía saliva

de Carlos Varela Granados (ver folios 925 al 928), la identificación que hace el Licenciado

Vargas Solís, del imputado Elio Torres Díaz como la persona que se presentó con el ofendido a

retirar los cheques en cuestión (ver folio 193), igualmente, los testigos Paulo Absalón

Montenegro y Paola Ugalde Rascón, que no con la misma contundencia que Arrieta González y

Vargas Solís, identifican también a dicho encartado (ver folios 198 a 203), y demás elementos

que fueron expuestos en los considerandos primero y tercero de la presente resolución, hacen

totalmente distinto las situaciones probatorias existentes contra Jariz Murillo Riascos y los
condenados Mendez Rochez, Torres Díaz y Varela Granados.

       XV. Motivos particulares, expuestos en el recurso de casación interpuesto por el

imputado Carlos Varela Granados. Alega el recurrente Varela Granados, así como también

Elio Torres Díaz y Daniel Méndez Rochez, que el Tribunal nunca tomó en cuenta que la

privación de libertad que supuestamente sufrió el agraviado, haya sido por otra razón distinta a la

solicitud del rescate, aduciendo que la misma se pudo producir para que pagara una cuenta

pendiente, o lo que se denomina ―el cobronazo‖. Por consiguiente, no se configuraría el delito de

secuestro extorsivo. El reclamo no es de recibo: De todos los elementos probatorios en el caso

de marras, no hay ninguno que permita justificar la existencia de una deuda del ofendido con
alguno de los encartados, para poder afirmar que el monto solicitado por los justiciables
respondiera a un concepto distinto a un rescate con fines de lucro, ni los propios acusados lo

manifestaron en debate como tesis de defensa, no obstante, aún asumiendo —hipotéticamente—

que la privación de libertad del ofendido se haya motivado en razón del denominado

―cobronazo‖, es decir, que a Arrieta González lo hayan mantenido privado de libertad hasta que

pagara una deuda pendiente con los plagiadores, la calificación legal dada por el Tribunal, no

varía de ninguna manera. Al respecto la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que: ―…la

adecuación típica realizada resulta conforme a Derecho, pues se comprobó que las menores de

edad fueron privadas de su libertad y para obtener su liberación, se exigió entregar un rescate,

lo cual enmarca en las previsiones del numeral 214 del Código sustantivo aplicado en la especie.

Cabe anotar, que el citado numeral no distingue acerca de la naturaleza lícita o ilícita del

rescate, con lo que es factible, como aconteció en la especie, que lo que se exige a cambio de la

liberación de las personas sea un objeto ilícito. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el

patrimonio (como bien jurídico comprometido en el secuestro extorsivo junto a la libertad de

movimiento) puede verse afectado mediante la demanda de que se entreguen objetos, bienes o

valores o que se renuncie a los mismos, en el entendido de que ese acto dispositivo tiene un valor

económico. En el caso concreto que ahora se conoce que es un secuestro extorsivo (y que por

similitud del objeto protegido, puede aplicarse en la extorsión), el patrimonio es el conjunto de

bienes o valores económicos evaluables pecuniariamente, que se encuentran bajo el poder de

disposición de una persona, independientemente de que gocen o no del reconocimiento del

Derecho (Sobre este concepto económico del patrimonio, véase: Conde-Pumpido Ferreiro,
Cándido: Estafas, Tirant lo blanch, Valencia, 1.997, pág. 37. Romero Soto, Luis: El delito de

estafa, editorial Carvajal S.A., 1.990, págs 5 a 6. Castillo González, Francisco: El delito de

extorsión, Seletex Editores, 1.991, págs. 35 a 38, donde concluye que la teoría que debe seguirse

en nuestro medio es una posición mixta o económico jurídica, en la medida en que las posiciones

económicas, de acuerdo al principio de unidad del ordenamiento, deben estar respaldas o al

menos no desaprobadas por el derecho, págs. 41 a 42. En el mismo sentido: Castillo González,
Francisco: El delito de estafa, Editorial Juritexto, 2001 págs. 74 a 75)…‖. (Sala Tercera. Voto:

2003-00245, de las 9:15 horas del 25 de abril de 2003). De conformidad con tal criterio, no se
desnaturaliza el secuestro extorsivo, si el objeto pretendido para liberar a una persona, responde a

una obligación pecuniaria que éste tenía a favor de sus captores. Cabe recordar que la libertad, es

un derecho inalienable del hombre, que se tutela no sólo en nuestra Constitución Política (artículo

24 y 48), sino a nivel internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(artículos 1, 13, 18 y 19), La Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 7 y 13),

entre otros; por lo que dicho derecho no puede ser objeto de negociación dentro del comercio de

los hombres, tal y como lo pretende ver el recurrente. Aceptando aún hipotéticamente, que haya

existido una deuda pendiente del secuestrado con los secuestradores (hecho no probado), no se

convalida el medio utilizado por los encartados para hacer efectivo el pago correspondiente, bajo

el argumento de configurar una causa de justificación que los exonere de culpabilidad, siendo que

la ley prevé mecanismos judiciales y legales para proceder en contra de un deudor, que no

implican per se, el menoscabo a la libertad de las personas, exigiendo un pago por ella, ni el

ejercicio de la violencia para conseguir tal fin. En consecuencia se declara sin lugar el presente
reclamo.

       XVI. Considera erróneo que los Jueces hayan determinado la existencia del delito en

cuestión, en razón de que la forma en que éste sucedió, se sale por completo de los parámetros

lógicos que dictan las reglas de la experiencia, al punto que la persona siendo supuestamente

secuestrada en la provincia de San José, decida ir a poner la denuncia hasta San Ramón de

Alajuela, desplazamiento que no tiene ninguna coherencia, si se parte de que el mismo ya se

encontraba en libertad, pues la ayuda más próxima no podría ser donde finalmente decide

comunicar a las autoridades. El reclamo no es de recibo: La forma y el lugar donde el ofendido

decidió interponer la notitia criminis, no se contrapone a los presupuestos tomados en cuenta por

el A quo para acreditar la acción ilícita en cuestión. Independientemente del lugar donde el

ofendido decide interponer la denuncia, los Jueces tuvieron por demostrado que el desarrollo de

los acontecimientos propios del secuestro ocurrieron en la provincia de San José, siendo que los

actos que la víctima decida ejecutar posterior a la consumación del delito, puede variar conforme
tipos de temperamentos y formas de pensar existen. El acudir inmediatamente a las autoridades, o
bien, valorar la posibilidad de no presentar reporte alguno por miedo a las amenazas proferidas es

una decisión que solamente puede ponderar quien se encuentra viviendo tal situación. Buscar

seguridad privada para proteger su vida o exponerla mediante la interposición de una denuncia,

conforme a las circunstancias que se presentaron en el caso, son aspectos que no pueden

abstraerse, al momento de analizar las razones por las que el ofendido decide trasladarse hasta

San Ramón de Alajuela, para dar noticia de su lamentable experiencia, sin que ello signifique un

análisis irracional. Debe tomarse en cuenta que don Allan Arrieta vive en dicha localidad,

conforme se desprende de los datos de la denuncia que consta a folios 94 al 100, y a la hora en

que la misma es interpuesta 21:21 horas, permite derivar que el mismo, se encontraba ya en su

casa de habitación cuando decide tomar el valor de acudir a las autoridades para reportar el delito

del que había sido víctima recién pasadas algunas horas, luego de recibir el consejo de sus más

cercanos familiares y de tener protección privada. Pese a que el delito se desarrolló en San José,

no significa que el ofendido tenía la obligación de trasladarse nuevamente de su lugar de

residencia, hasta las dependencias judiciales de la capital para dar noticia de lo acontecido,

tomando en cuenta que el Poder Judicial rinde un servicio a nivel nacional que se ajusta a la
comodidad del usuario, para situaciones como la vivida por el secuestrado.

       XVII. Aduce el quebranto de las reglas de la sana crítica, el hecho de que los Jueces

tengan por acreditado que los cheques girados respondían al cobro de un rescate, por cuanto los

mismos se intentaron cambiar hasta después de transcurridos cuatro días desde que ocurrió el

supuesto suceso. Por un lado, cualquier persona promedio en tal condición intentaría cambiar los

títulos de forma inmediata y por otro lado, la mayor prueba de que los mismos no respondían a

ninguna acción ilícita, es que un cheque con una denominación mayor a los diez mil dólares no

puede ser cambiado sin una justificación comercial lícita y demostrable, lo cual hace totalmente

impertinente aceptar dicho medio de pago como parte de un secuestro. El reclamo no es de

recibo: Tales planteamientos, lejos de significar una excusa para demostrar la inocencia de quien

recurre, resulta totalmente contraproducente para sus intereses, dado que una persona que hace
tales cuestionamientos sobre la legalidad comercial de dicho giro o transacción pretendida, no
intenta cobrar dicha suma en la entidad bancaria, conforme al riesgo que tal acción significa bajo

tales circunstancias y, que finalmente se materializó con su detención, conforme se adelantó en el

análisis expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Sin embargo, a mayor

abundamiento, la representación hipotética que hace el recurrente, es planteada posterior a la

ejecución del delito, lo que resulta irrelevante a nivel probatorio, puesto que los sucesos ocurridos

no permiten derivar que su participación en el grupo delictivo, tenía otro propósito distinto al

cobrar los cheques solicitados a la víctima del presente caso. Asumir que los cheques debían

cobrarse de forma inmediata, es tan sólo una forma de interpretar las posibilidades que tuvieron

los encartados en ese momento y que realmente, se intentaron realizar, conforme se desprende de

la versión del imputado absuelto José Angel González Arce, quien manifestó haber acudido a la

entidad bancaria para ver la viabilidad de dichos títulos cambiarios mientras el agraviado aún se

encontraba en una situación donde no podía oponer alguna diligencia bancaria que permitiera

truncar la transacción pretendida. Asumir que los imputados debían seguir manteniendo en

cautiverio al agraviado hasta tener la suma líquida pretendida por los secuestradores en sus

manos, no sería posible de argumentar si se toma en cuenta que los cheques fueron extendidos

por el Licenciado Luis Vargas Solís, quien no tenía conocimiento alguno de lo que se encontraba

pasando su cliente, limitando su papel a entregar el capital que le correspondía conforme a lo que

él tenía bajo su custodia. Elemento que pudo generar la confianza en los encartados de que la

operación pretendida no tendría ningún problema, al contar con un patrón de colaboración de la

víctima frente a las amenazas que le fueron proferidas durante la ejecución del delito, e inclusive,
posterior al mismo según se desprende de las llamadas recibidas en su teléfono, dado que

necesitaban justificar la transacción comercial, debido a las denominaciones monetarias por las

que fueron confeccionados los títulos en cuestión. Al respecto cabe recordar lo expresado por el

imputado José Angel González Arce: ―...me dijo además que tenía que justificar la transacción,

por ser mayor de diez mil dólares...‖ (Ver folio 1225). En este orden de ideas, el cambio

inmediato de los cheques no fue posible de realizar a falta de tal requisito bancario, teniendo los
plagiadores que ingeniárselas para intimidar al ofendido de que cumpliera con tal requerimiento,

sin lograr éxito alguno ante tal petición, situación que narró el ofendido en su deposición al decir
que: ―...luego me llamaron, me dijeron que necesitaban reunirnos, que necesitaban un

documento para ellos poder justificar el cheque, de una venta de una propiedad o algo porque en

el banco no se los querían cambiar...‖ (ver folio 1270). Lo que evidencia, que tal detalle que se

les había salido de las manos a los plagiadores, impidió su objetivo inmediato y aún más, la
frustración de todo su actuar ilícito.

       XVIII. Sobre la configuración del delito de secuestro en su modalidad agravada, señala al

igual que el imputado Elio Torres Díaz en su segundo reclamo, que los Jueces no tomaron en

cuenta que el ofendido no presenta ningún rasgo de violencia física constatable, por el contrario,

el agraviado fue liberado sin presentar ningún daño. El tiempo que estuvo retenido

supuestamente, no duró más de un día lo que permite establecer que su libertad se devolvió en

menos de tres días, por lo que estima que la figura agravada no se da en el presente caso. De igual

forma, estima que el delito no se consumó al no materializarse la entrega del dinero, ya que la

entrega de un cheque funciona como una expectativa de pago que no puede ser entendida como la

consumación del cobro supuestamente realizado por su correspondiente rescate. Agrega que no

puede hablarse de la existencia de un delito de robo agravado, puesto que el mismo se subsume

dentro de la figura del secuestro extorsivo, por lo que considera, que el Tribunal se equivoca al

calificar un concurso ideal entre ambos ilícitos. El reclamo no es de recibo: Los argumentos

expuestos por el recurrente para alegar que no se configuró el delito de secuestro extorsivo, no

son más que los presupuestos comprendidos en la causal de atenuación previstas en el párrafo

segundo del artículo 215 del Código Penal, que en lo que interesa señala: ―…Si el sujeto pasivo

es liberado voluntariamente dentro de los tres días posteriores a la comisión del hecho, sin que

le ocurra daño alguno y sin que los secuestradores hayan obtenido su propósito, la pena será de

seis a diez años de prisión…‖. No obstante, conforme al análisis de los hechos que se tuvieron

demostrados, se confirma no sólo que dicho precepto atenuante no se configura, sino que la

calificación legal en su modalidad agravada, que fue impuesta por los Jueces, se encuentra

conforme a derecho. Esta Cámara, concuerda con el recurrente, en que el secuestrado fue liberado
voluntariamente en un plazo menor de tres días, pues fueron únicamente 12 horas

aproximadamente que duró su retención. No obstante, se difiere de quién recurre, cuando señala
que el agraviado no sufrió daño alguno. Del dictamen pericial psiquiátrico forense SPPF-2007-

0557, se logra desprender que el perjudicado experimentó: ―…lo que se conoce como un

Síndrome de Estrés Agudo, que se caracteriza por una ansiedad generalizada, insomnio, estados

de sobresalto y revivir constantemente el evento desencadenante, síndrome que tiende a resolver

de forma espontánea en un tiempo variable de varias semanas…propensa a desencadenar un

Episodio depresivo para el cual ya presenta síntomas tales como ansiedad generalizada,

irritabilidad y llanto fácil; esto debido a que el factor de estrés psicológico se mantiene y está

fuera del control del evaluado…‖ (ver folios 898 al 902). Bajo dicha óptica no se requiere la

presencia de lesiones físicas para evidenciar la existencia de un daño, siendo totalmente factible

que el mismo se presente a nivel de la psiquis del secuestrado. Tampoco es posible señalar que el

agraviado fue liberado sin que los secuestradores hayan obtenido su propósito, tal y como lo

razona el Tribunal en el análisis de tipicidad que realiza, diciendo en lo que interesa: ―…véase

que la decisión ―voluntaria‖ de los plagiadores, no tiene como contenido un acto de conciencia,

sino por el contrario, es una decisión producto de la circunstancia particular de haberse

confirmado que los cheques tenían provisión de fondos, aspecto relevante, pues tal como se

expuso, dichos títulos tienen la característica particular de ser una orden incondicional de pago,

y si los mismos no se lograron hacer efectivos en el momento mismo en que fueron consultados

por González Arce, ese es un aspecto que escapa de la voluntad del ofendido, sin embargo, la

orden de no pago de los mismos se produce, tal y como lo expuso el Lic. Vargas Solís y confirma

Arrieta González en su declaración, posterior a la liberación de éste último. En virtud de lo
anterior que el Tribunal excluye resulte de aplicación el párrafo segundo del artículo 215 en

comentario…‖ (ver folios 1381 y 1382). En este orden de ideas, cabe recordar que los

presupuestos contenidos en dicho párrafo no son de análisis individual al momento de decidir si

se atenúa la pena, sino que el tipo penal requiere la concurrencia de su totalidad para afirmar la

existencia de la causal de atenuación que se encuentra ahí prevista. En este sentido, la

jurisprudencia de esta Sala, es conteste al afirmar que: ―…Se equivoca además en el análisis del
segundo párrafo del artículo 215 del Código Penal porque en él no se prefiguran varias

circunstancias por las que se atenúe la pena, sino una sola, que consiste en tres aspectos, a
saber, que la víctima de secuestro        sea liberada por voluntad de sus captores antes de

transcurrido el tercer día y que además, como efecto del tiempo que estuvo en cautiverio, no

hubiera sufrido daño alguno. Al no darse la primera de estas circunstancias –como bien lo

acepta el recurrente- pues Jennifer Esquivel Delgado logró liberarse por su propia cuenta

precisamente al tercer día de ocurrido el secuestro ,          no tiene sentido hablar de ―otras

circunstancias atenuantes‖ que deban tomarse en cuenta porque todas esas son condiciones de

la primera. El Tribunal de sentencia procedió correctamente al calificar el hecho conforme el

numeral 215 inciso 2) del Código Penal en razón de tener por demostrada la participación de

tres individuos en el evento delictuoso y así ponderar la pena conforme la previsión de ese

supuesto. No ha habido entonces preterición de ley sustantiva, el elenco fáctico ha sido

correctamente evaluado y calificado en el fallo y por tanto no puede aceptarse la queja del

interesado. (Sala Tercera. Voto 2002-0391 de las 8:55 horas del 3 de mayo de 2002). Por

consiguiente, contrario a lo expresado por el recurrente, en la especie se logró acreditar la

concurrencia de al menos tres personas en la ejecución del secuestro extorsivo, lo cual se

encuentra contemplado en el inciso 2 del artículo 215, cuyo rango de penalidad va de 15 a 20

años de prisión, siendo totalmente procedente la determinación del a quo al imponer la sanción

correspondiente, ateniéndose a los límites previstos por el legislador para el tipo penal en

cuestión, sin que exista ningún quebranto en la aplicación de la ley sustantiva, tal y como lo

pretende hacer ver el recurrente.- Por otra parte no lleva razón cuando expresa que el delito de

robo agravado se subsume dentro del delito de secuestro extorsivo, a fin de pretender la
impunidad por el mismo. Dicho planteamiento no puede prosperar en esta Sede, en razón de que

las descripciones jurídicas que refieren ambos delitos no se excluyen entre sí, pues no existe

relación de especialidad o de subordinación entre ellas (Ver Castillo González, Francisco. ―El

concurso de delitos en el derecho penal costarricense‖. Litografía e imprenta LIL S.A., San José,

Costa Rica. 1981. p. 37 a 46). Por el contrario, la discusión podría dirigirse al tratar de determinar

si los mismos se produjeron bajo una unidad de acción, o si se dieron mediante acciones
totalmente independientes, lo que nos llevaría a ponderar la aplicación de un concurso ideal, o

bien, de un concurso material, pero nunca de un concurso aparente de normas. En tal sentido el
Tribunal refiere en forma acertada las razones por las que se debe aplicar el concurso ideal entre

el secuestro extorsivo y el robo agravado al señalar lo siguiente: ―…Ahora bien, tal y como se

expondrá, es criterio de este Tribunal que en la especie nos encontramos en presencia de un

concurso ideal. En este sentido tenemos que el artículo 21 del Código Penal establece: ―...Hay

concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan diversas disposiciones legales

que no se excluyen entre sí...‖. En el caso que nos ocupa tenemos, que el delito de Secuestro

Extorsivo, lleva implícito la privación de libertad del sujeto pasivo y además, como

característica particular, respectos de una gran cantidad de tipos penales, que sus efectos en

fase de ejecución, se mantienen durante el tiempo de realización del mismo, motivo por el cual,

es considerado un delito con efectos permanentes. En el caso particular, debe necesariamente

observarse que, al momento de efectuarse el ―levante‖, el ofendido Arrieta González se

encuentra dentro del vehículo automotor, Toyota Four Runner, motivo por el cual, fue ahí y no

en otro sitio que se produce el abordaje de los plagiadores, quienes utilizando arma de fuego

proceden a privarlo se su libertad, y de una vez toman dominio sobre el automotor dicho, pues se

ha tenido por acreditado que el justiciable Torres Díaz, asume el control de su conducción,

acción que solo puede ser el resultado de un apoderamiento. Este punto en particular resulta

determinante, pues está claro que para la consumación del delito de Secuestro, no se requiere la

realización de esa conducta, -Robo-, aunque ello evidencia que, a partir de ese mismo momento

que los bienes del ofendido se encuentra a merced de sus captores, pues el dominio corporal que

ejercen sobre el plagiado, se extiende en forma colateral a los bienes que porta en su cuerpo,
razón de más afianzar la tesis, de que mediante una sola acción, los imputados toman control no

sólo de su víctima, sino además de las pertenencias de éste, tanto así que, como se dijo, disponen

de la conducción del vehículo. Es claro entonces que, dentro de esa mismo marco de acción,

dadas las características de permanencia del secuestro, los acusados optan por llegar a cabo

una segunda fase del delito de Robo Agravado, como sería la sustracción y extracción definitiva

de los bienes de la esfera de poder o custodia de su legitimo propietario Arrieta González, a
saber el dinero y el celular, por lo que podemos distinguir la existencia de dos momentos, eso sí

realizados bajo un mismo marco de acción, lo que en definitiva nos lleva a considerar la
existencia del concurso en los términos expuestos…‖            (Ver folios 1390 al 1392). En

consecuencia, se declara sin lugar el presente reclamo.

       XIX. Alega falta de fundamentación, en razón de que la huella que coincide con el

calzado de Carlos Varela en el sitio de cautiverio, no evidencia su participación en ningún delito,

pues el Tribunal no tomó en cuenta que dicha casa era de su amigo Elio Torres Díaz, siendo

común que el primero visitara al segundo. Dado que la pericia no dice fecha y hora de tal huella,

no se puede presumir en su perjuicio que fue durante la ejecución del secuestro. El reclamo no es

de recibo: Efectivamente, la huella como tal, no significa por sí misma, la participación del

encartado en los hechos denunciados, sin embargo, analizada la prueba dentro de un análisis

integral, tal y como se hizo en la sentencia impugnada, así como en el recuento de los elementos

valorados por el a quo para rendir credibilidad al ofendido, conforme se reflejó en el

considerando cuarto de la presente resolución, la misma viene a corroborar la presencia del

encartado junto con el ofendido en el sitio del cautiverio, lo que permite señalar la participación

del encartado dentro de los actos ejecutivos propios del secuestro extorsivo realizado en perjuicio
de Allan Arrieta González.

       XX. Motivos de casación particulares expuestos en el recurso de casación interpuesto

por Daniel Méndez Rochez: Alega al igual que Elio Torres Díaz, una errónea aplicación de la

ley sustantiva, al tener por demostrado el delito de secuestro extorsivo, cuando a lo sumo lo que

existe es una privación de libertad. Justifica que entre Elio Torres Díaz y el ofendido existía una
relación de amistad, por cuanto el primero tenía incluso guardado en la agenda de su celular,

bajo el nombre de ―amigo‖ el número telefónico del ofendido (ver folios 755 al 758). Ambos

vivieron en New York durante mucho tiempo, de lo cual se puede apreciar, incluso del informe

de la INTERPOL (ver folios 299 al 301); aspectos que no fueron valorados por los Jueces al

afirmar que víctima y victimarios no se conocían con anterioridad para presumir la intención

vengativa del ofendido con el proceso incoado. Le dejaron hacer 89 llamadas de un teléfono

descargado, se bañó, desayunó, se cambió de ropa y hasta dejó dentro de la misma casa varias de
sus prendas de vestir. Agrega que el ofendido, una vez que logró que sus captores pagaran
mediante cheque sin fondos su rescate, fue a almorzar y de forma apresurada partió hacia ―Los

Caribeños‖ aunque sus captores desconocieran si los cheques tenían fondos fue puesto en

libertad. Posteriormente, el ofendido indicó que no recordaba si él llamó o su amiga Karol lo

llamó a él, aunque su celular también le había sido robado, se dirigió al Price Mart a comprar

bombillos sin tener dinero porque cabe recordar que también le fue sustraído. El ofendido llegó

al sitio del cautiverio de forma voluntaria, conforme se desprende del testimonio de Santiago

Alvarez que afirma que fue el agraviado quien llegó conduciendo a dicha morada y por otro lado,

Absalon Montenegro manifestó que Arrieta González también llegó manejando a la oficina del

abogado, lo que demuestra que existe una coherencia entre ambas pruebas. En este último sentido

el recurrente Elio Torres Díaz refiere en su tercer motivo de casación que las razones que tuvo el

a quo para desacreditar la versión del testigo Santiago Alvarez, no son suficientes, dado que él

mantuvo que el ingreso a la morada de cautiverio fue a las siete de la mañana, y conocía a Torres

Díaz, por lo que una confusión de una fotografía de la casa en cuestión, no puede ser un

argumento para descalificarlo. El reclamo no es de recibo: Sobre la calificación legal a imponer,

tal y como se indicó en el considerando XVIII de la presente resolución, no existe duda de que el

Tribunal aplicó de forma correcta y justificada la ley penal sustantiva, conforme a las

valoraciones fácticas y probatorias presentes en la especie. Alegar que Allan Arrieta González y

Elio Torres Díaz se conocían con anterioridad por haber vivido ambos en el estado de New York,

Estados Unidos de Norteamérica o, porque el segundo tenía registrado en la agenda de su

teléfono el número del agraviado bajo la denominación de ―amigo‖, no implica en absoluto que
haya existido una conexión previa constatable entre ambos. Cabe recordar que el celular que se

decomisó, fue posterior al cese de la privación de libertad, lo que no es nada extraño que el

imputado decidiera contactar, tal y como efectivamente lo hizo, al ofendido para intimidarlo y

amenazarlo para evitar que el mismo recurriera a las autoridades; para afinar o corregir cualquier

detalle o inconveniente que pudiera presentarse con posterioridad. El otro punto de análisis que

extraña el recurrente, es que no se tomó en cuenta que ambos habían residido en Estados Unidos
con anterioridad. Si bien es cierto, cabe la posibilidad de que ambos sujetos hayan coincidido en

vivir en el mismo Estado, para una época determinada, uno de ellos en prisión, conforme los
datos que se puede extraer de la información aducida por quien recurre, la determinación de que

hayan tenido algún tipo de negocio, amistad, o cualquier tipo de relación cercana, si bien, no se

descarta, no es una cuestión que deba presumirse, siendo que dicho lugar, posee una de las tazas

demográficas más altas de todo el continente americano, que no puede ser equiparada a las

posibilidades de conocer a una persona en un pueblo rural de nuestro país. En tal sentido, el

Tribunal no tenía la obligación de hacer referencia a dicha presunción, en razón de no contar con

ningún elemento probatorio que hiciera pensar en la existencia de tal eventualidad y tampoco

esgrimida por el encartado, como tesis de defensa en el debate, por consiguiente, su

fundamentación no era requerida por no ser un aspecto medular. Sin embargo, manteniendo la

coherencia de lo expresado en el considerando XV, de la presente resolución, aún aceptando

hipotéticamente la existencia de una relación previa entre ambos sujetos (ofendido-encartado), no

existe duda alguna que los hechos que el a quo tuvo por demostrados sucedieron tal y como los

relató el agraviado, en unión con los demás elementos probatorios, puesto que ninguna relación

antecedente justifica el privar a una persona de libertad a fin de obtener un capital determinado,

sea éste lícito o ilícito conforme se dijo anteriormente.- Sobre el tema del flujo de llamadas que

tuvo el teléfono del ofendido, así como las evidencias halladas en el sitio del cautiverio, en vista

de ser puntos que han sido desarrolladas en el presente fallo con anterioridad, a efectos de no

incurrir en reiteraciones innecesarias, se remite al recurrente a lo ya resuelto en los considerandos

anteriores.- Por otro lado, sobre la determinación de ir a recoger a una amiga con la que contactó

estando secuestrado, para ir a realizar compras en el Price Mart, si bien ya fue analizado, cabe
agregar que no es cierto que el ofendido quedara sin dinero, pues precisamente, uno de los

reclamos presentados con anterioridad por parte del defensor Villalobos Salazar, lo fue que, los

encartados decidieron no sustraer las tarjetas de crédito que tenía el ofendido, con las cuales

perfectamente podía realizar las compras que deseara en el establecimiento comercial en el que,

la empresa de seguridad le recomendó que se mantuviera mientras se ponían los agentes a su

disposición. Finalmente, sobre la tesis de que el ofendido decidió ir a la casa de Elio Torres Díaz
por su propia voluntad, conforme a la declaración del testigo Santiago Alvarez Alvarez, quien

señaló que la persona que conducía el vehículo era el ofendido y que la hora su ingreso fue a las
siete de la mañana. Esta Sala coincide con el Tribunal en cuestionar tal versión, no sólo por las

imprecisiones de su relato que destacan los Jueces en sentencia, tales como las incongruencias en

la identificación de las fotografías de la casa, la presencia de otros vehículos, cuando señalan que:

―…él días antes del allanamiento no observó nada extraño. Curiosamente conforme la prueba el

ingreso de lo encartados a la casa de cautiverio se realizó en horas de la madrugada del día 22

de setiembre del 2006, momento para el cual no estaba laborando el deponente, en tanto que,

por la forma en que el acusado ―resguardo‖ o tapó la cochera, no le permiten, tal y como lo dice

el mismo Álvarez Álvarez poder observar hacia el interior de la vivienda. En todo caso al

consultársele sobre la presencia de vehículos en la vivienda del encartado incurrió en

imprecisiones que no nos permiten darle credibilidad sobre el punto, máxime si al mostrarle dos

fotografías de la misma vivienda, una totalmente tapada y en otra en parte, no logró establecer

algún tipo de diferencia, lo que hace cuestionable su capacidad de observación…‖ (ver folios

1352 y 1353). Cabe resaltar que existe una incongruencia en la estrategia de defensa, ya que por

un lado el defensor Leonel Villalobos Salazar, insinúa que el ofendido estuvo en la casa de Elio

Torres Díaz pero por motivos sociales o de cualquier otra naturaleza menos por motivo de un

secuestro. Sin embargo el imputado Daniel Méndez Rochez aduce que el ofendido llegó a las

siete de la mañana por su propia voluntad conforme la declaración del guarda del residencial

donde vivía Torres Díaz. Curiosamente, señala Alvarez Alvarez: ―…El vehículo cuatro por

cuatro, lo que vi es que llegaron tres personas nada más. Ese vehículo no recuerdo la hora en

que llegó, anda por ahí de las siete o siete y media de la mañana. Si vi que llegaron tres personas
en ese carro. Iba don Elio, una persona más y el que manejaba una persona blanca…‖ (ver folio

1320). No obstante, pese a que de acuerdo a tal versión, Torres Díaz también iba entrando a esa

hora a su casa, junto con otras dos personas, se desprende del informe número 254-OPO/UAC-

2006 de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, que el

teléfono del encartado Elio Torres Díaz reporta comunicaciones telefónicas con el teléfono de

Jaris Murillo Riascos (supuestamente utilizado también por la encartada Quintero Escobar) y con
otro número no identificado, a las 2:07 horas; 3:39 horas 4:45 horas y a las 8:17 horas, todas

utilizando como referencia la radio base de Colima ICE (ver folios 219 y 220), lo que hace
suponer que éste se encontraba a esa hora en la casa de cautiverio y no como dice el testigo que

éste llegó a las siete de la mañana aproximadamente. Por consiguiente, es válido que los Jueces

determinaran que el testimonio de Alvarez Alvarez no era lo suficientemente coherente, para

poder rendirle la credibilidad necesaria, conforme a los intereses que reclaman los encartados

condenados. Mucho menos aceptar que el ofendido andaba por su propia voluntad con los

encartados, en razón de que el mismo era quien iba conduciendo el vehículo, ya que la víctima

fue clara en señalar que se encontraba amenazado de muerte, sino seguía las ordenes de sus

captores, siendo una de ellas el conducir hasta la oficina de su abogado, como lo acreditó el

testigo Absalón Montenegro, sin que ello signifique una manifestación expresa de su libre
voluntad. En consecuencia, se declara sin lugar el presente reclamo.

       XXI. Señala que se violentó el principio in dubio pro reo; a su criterio, se le vinculó en el

presente asunto, en razón de la amistad que tenía con Elio Torres Díaz, no existe ningún indicio

que permita asociar su presencia en el lugar del cautiverio, en el levante, o en alguna otra parte.

Si bien es cierto, el ofendido lo identifica en el reconocimiento físico, eso se debe al tiempo que

pasaron en el Mall San Pedro y al momento de cambiar la batería del vehículo que se varó.

Estima que el arma que se le encontró, no puede ser una prueba en su contra porque lo único

concordante con la descripción que hizo el ofendido de la misma es que ésta era 9mm, existiendo

miles del mismo calibre. Indica que no participó en la negociación, la confección de cheques, el

monto, siendo casi nula su supuesta participación, para que lo condenaran al igual que los otros

dos encartados. El reclamo no es de recibo: El presente argumento, obedece a una

reinterpretación parcializada de la prueba, que lejos de atacar la logicidad en los razonamientos

deslindados por el Tribunal sobre los aspectos medulares del fallo, refiere su inconformidad a través

de supuestos sin un contenido probatorio adecuado. El a quo, se encuentra en duda cuando existen

determinados elementos probatorios que señalan la culpabilidad del imputado, pero a los cuales no

se les da la credibilidad necesaria para derivar con certeza lo que se pretende probar, sea por la

existencia de otras pruebas que lo descartan o porque aquella no le mereció la credibilidad requerida.
El marco dubitativo, se presenta cuando hay incertidumbre entre distintas opciones sin poderse
inclinar con certeza por alguna de ellas. En este orden de ideas, sobre el caso concreto, no ocurre –

como alega la recurrente– que el Tribunal omitiera la valoración de elementos probatorios de

carácter decisivo, sino que al valorar íntegramente el marco probatorio existente, consideró que

existían los suficientes elementos de convicción para afirmar con la certeza requerida, la

responsabilidad del encartado. Al respecto doctrinalmente se tiene que: ―La duda, en cambio, se

presenta cuando hay incertidumbre entre distintas opciones sin poderse inclinar con certeza por

alguna de ellas. Para tales efectos debemos tener presente que, luego del juicio oral, la convicción

de los juzgadores plasmada en la sentencia pasa por dos distintos niveles: (a) el primer nivel

consiste en la formación del criterio que se forman los juzgadores con base en todo lo percibido en

el juicio oral. Se trata del examen sobre la credibilidad de la prueba, es decir el valor asignado a

cada uno de los elementos de constatación incorporados a la audiencia oral. Este nivel está

conformado por dos momentos: la percepción de la prueba que se realiza durante el juicio; y la

motivación de la interpretación de la percepción que tuvo lugar en ese juicio. (b) El segundo nivel

se refiere a la estructura racional de la formación de la convicción, es decir a la observancia de las

leyes de la lógica, la psicología, la experiencia, los conocimientos científicos, el sentido común, en

las deducciones que el Tribunal realice a partir de la prueba…‖ (Véanse por todos, IBAÑEZ,

PERFECTO ANDRES. Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal, Doxa, N° 12,

1992, pp. 257 ss.; y BACIGALUPO, ENRIQUE. Presunción de inocencia, in dubio pro reo y

recurso de casación, en op. cit., pp.13 ss, en especial 29 y 30). En este orden de ideas, se debe

entender que la acción punible no requiere para su configuración, la realización de todos los actos
de ejecución, sino que basta con brindar una contribución esencial dentro de los mismos. Al

respecto señala Claus Roxin: ―…es en primer lugar, coautor todo interviniente cuya aportación en

la fase ejecutiva representa un requisito indispensable para la realización del resultado pretendido,

esto es, aquel con cuyo comportamiento funcional se sostiene o se viene abajo lo emprendido. Nada

importa al respecto su disposición subjetiva hacia el acontecer. Y mucho menos se requiere que

«ponga manos a la obra» en sentido externo o ni siquiera que esté presente en el lugar del
hecho…‖ (ROXIN, Claus, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, Sexta edición,

Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1998, pp. 308-309). Siguiendo la teoría del dominio
funcional del hecho aludida por Roxin, el Tribunal de juicio consideró que la acción desplegada por

el justiciable Méndez Rochez, dentro de su rol delictivo asignado, fue esencial para la consecución

del ilícito ejecutado, pues figuró como una de las personas que amenazó al ofendido mediante el uso

de arma de fuego, tanto en el levante, como en en el lapso que duró su retención. Lo anterior,

claramente se deriva del testimonio del secuestrado, los reconocimientos físicos y los reportes de

llamadas existentes, que fueron mencionados insistentemente en el presente fallo. Por consiguiente,
se declara sin lugar el presente reclamo.

       XXII. Motivos de casación particulares expuestos en el Recurso interpuesto por Elio

Torres Díaz: Alega la existencia de una incorrecta fundamentación de la sentencia, en razón de

que el ofendido en la denuncia señaló que la cantidad de dinero que poseía y quién se la

administraba, se lo había contado a mucha gente pero no a Tatiana Quintero Escobar (ver folios

94 a 100). En el dictamen psicológico tampoco refiere haberle comentado a la imputada, tal

situación (ver folios 898 y 902). Por otra parte en la querella y acción civil aduce haberle contado

en una de las tantas salidas a Quintero Escobar que poseía dicho dinero y el abogado que se lo

administraba (ver folios 12 y 13). Finalmente durante el debate, señaló que fue en el Hotel El Rey

cuando le comentó a las encartadas ausentes dicha información. Por otro lado, el A quo no

determina en qué momento la endilgada Quintero Escobar les transfiere tal información a los

encartados para poder afirmar que ese fue el móvil del secuestro. El reclamo no es de recibo:

Esta Sala, no comparte el criterio de quien recurre, que pretende restar la credibilidad otorgada

por el a quo, al dicho del ofendido por existir ciertas diferencias en los aspectos meramente

circunstanciales del suceso delictivo, e incluso irrelevantes, dentro de la conducta que realmente

se investiga. En efecto, definir si el agraviado le contó a Quintero Escobar sobre su fortuna en el

Hotel el Rey, si manifestó haberselo referido en una de sus salidas, o bien, no recordar en que

momento se lo dijo, carece de importancia dentro de un análisis integral de la prueba, de donde

los Jueces lograron extraer suficientes elementos probatorios para acreditar la responsabilidad

penal de los aquí encartados. Las incongruencias circunstanciales alegadas por el recurrente, no
pueden ser analizadas sin mencionar que el agraviado tenía un interés sentimental particular hacia
la imputada Quintero Escobar, de la cual se resistía a creer que podría tener participación dentro

de la banda que lo mantuvo en cautiverio a espera del pago por su rescate correspondiente. En

todo caso, debe tenerse presente que la declaración testimonial es la que se rinde en el

contradictorio, no las consignadas en otras instancias judiciales previas al debate. Al respecto la

jurisprudencia de esta Sala ha indicado: ―… En primer lugar no puede partirse de la premisa de

que las referencias contenidas en las pericias y que dan las personas evaluadas –en este caso las

menores- al perito como parte de la historia clínica necesaria para enmarcar el examen, son o

pueden equiparse a un relato o a una declaración testimonial, a efectos de contrastarla con la

verdadera declaración testimonial que es la que se rinde en juicio, en plena vigencia de la

oralidad, la inmediación y el contradictorio, pues tal premisa es errónea…‖ (Sala Tercera. Voto:

2006-1112, de las 15:05 horas del 1 de noviembre de 2006). En tal sentido, ninguna de las fases

anteriores al contradictorio, se hace un análisis pormenorizado del relato que hacen los testigos

llamados al estrado, donde a diferencia de otras instancias, son impuestos de su obligación de

decir la verdad bajo advertencia de los delitos de perjurio y falso testimonio que prevé el Código

Penal, teniendo las partes la posibilidad de interrogar y cuestionar sus declaraciones bajo el

principio de inmediatez, publicidad y oralidad que caracteriza dicha etapa procesal, que no puede

ser de ninguna forma equiparada a los relatos de referencia que se consignan en los peritajes,

escritos, o informes que se recaben en las etapas previas al contradictorio. En consecuencia, se
declara sin lugar el presente reclamo.

                                              Por Tanto:

       En consecuencia se declaran sin lugar los recursos de casación incoados. NOTIFIQUESE.




                                         José Manuel Arroyo G.




Jesús Ramírez Q.                                                         Alfonso Chaves R.
Magda Pereira V.    Carlos Chinchilla S.




dig.imp/Jamz-

Exp N° 603-3/3-08

				
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