apuntes de derecho fiscal 2

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apuntes de derecho fiscal 2 Powered By Docstoc
					DERECHO FISCAL II.
Apuntes de Clase

                                                                     16 de Agosto de 2008
Derecho Fiscal II. Hugo Carrasco. Sexta Edición.
Derecho Financiero Mexicano. Sergio Francisco De la Garza. Ed. Porrúa.
Compendio de Leyes Fiscales.

Empezamos a realizar un análisis de dos puntos importantes: Aportaciones a la Seguridad
Social y Contribuciones de Mejoras, que antes del Código actual, en 1967, se llamaban
Contribuciones Especiales.

Aportaciones de Seguridad Social. De acuerdo al artículo 2º fracción II del CFF se
establece que: “las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas
en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de
obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se
beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el
mismo Estado”
De acuerdo con el artículo 2º de la Ley del Seguro Social, la seguridad social tiene como
finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Regímenes de seguros que comprende el IMSS. De acuerdo con lo previsto en el artículo
6º de la Ley del Seguro Social comprende el régimen obligatorio y el voluntario.

Seguros que comprende el régimen obligatorio. El artículo 11 de la Ley del Seguro Social
señala que el régimen obligatorio comprende los seguros de:
   1. Riesgos de trabajo
   2. Enfermedades y maternidad
   3. Invalidez y vida
   4. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
   5. Guarderías y prestaciones sociales.

Integración del salario base de cotización. De acuerdo al artículo 5-A, fracción XVIII de la
Ley del Seguro Social se establece que el salario base de cotización se integra con los
pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación,
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Conceptos que se excluyen como integrantes del salario base de cotización.
   1. Instrumentos de trabajo. (herramientas, ropa y similares)
   2. El ahorro cuando se integre a partes iguales por el trabajador y el patrón, así como
        tampoco las cantidades pagadas por el patrón para fines sociales de carácter
        sindical.
   3.   Aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus
        trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad
        avanzada y vejez.
   4.   Las cuotas del IMSS que aporta el patrón, las aportaciones al INFONAVIT, y las
        participaciones en las utilidades de la empresa.
   5.   La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa al
        trabajador (cuando se pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario
        mínimo general diario que rija en el D. F.)
   6.   Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el
        40% del salario mínimo general diario vigente en el D.F.
   7.   Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de
        ellos no rebase el 10% del salario base de cotización
   8.   Las cantidades aportadas para fines sociales
   9.   El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la LFT.


Fincamiento de capitales constitutivos. De acuerdo al artículo 77 de la Ley del Seguro
Social, el patrón que no asegure a sus trabajadores contra riesgos de trabajo estando
obligado a hacerlo, deberá enterar al Instituto –en caso de que ocurra un siniestro- los
capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo
dispuesto en la citada ley, sin perjuicio de que el instituto otorgue las prestaciones a que
haya lugar.
La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus trabajadores en forma tal que
se disminuyan las prestaciones a que ellos o sus beneficiarios tengan derecho,
limitándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar
las prestaciones correspondientes señaladas en la Ley del Seguro Social. Esta regla se
aplicará tratándose de recaídas por riesgos de trabajo, con el mismo patrón con el que
ocurrió el riesgo o con un patrón distinto.

Prestaciones que integran los capitales constitutivos. De acuerdo al artículo 79 de la Ley
del Seguro Social, los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o
algunas de las prestaciones siguientes:
    1. Asistencia médica
    2. Hospitalización
    3. Medicamentos y material de curación
    4. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento
    5. Intervenciones quirúrgicas
    6. Aparatos de prótesis y ortopedia
    7. Gastos de traslado del trabajador accidentado y, en su caso, pago de viáticos
    8. Subsidios
    9. En su caso, gastos de funeral.
    10. Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión
   11. Valor actual de la pensión
   12. el 5% del importe de los conceptos que lo integren, por gastos de administración.

Determinación del grado de riesgo. Las clases y grado de riesgo para los efectos de la
fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo se revisarán
anualmente con el fin de confirmarlas, aumentarlas o disminuirlas; para este efecto, las
empresas están obligadas a mantener actualizados los registros de accidentes de trabajo
ocurridos en la fuente de trabajo, además de informar al Instituto y a la STPy PS de cada
accidente o enfermedad.

Análisis breve de las aportaciones y descuentos para los fondos de la vivienda. El
artículo 123 apartado A, fracción XII de la CPEUM, establece que las empresas están
obligadas, de acuerdo con la ley reglamentaria, a proporcionar a los trabajadores
habitaciones cómodas e higiénicas. Las aportaciones que las empresas hagan a un fondo
nacional para la vivienda, con el propósito de constituir depósitos a favor de sus
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a ésos
créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
La Ley del INFONAVIT, en su artículo 29 fracción III, establece que una de las obligaciones
de los patrones es realizar los descuentos en los salarios de los trabajadores, conforme a
la LFT, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el
INFONAVIT

Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).El artículo 1º de la Ley del
SAR dispone que dicho ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por
objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus
participantes, en las leyes del IMSS, del INFONAVIT y del ISSSTE.
En febrero de 1992, se publicó la reforma a la Ley del Seguro Social, en la cual se incorpora
un nuevo seguro (denominado de retiro), como lo estipula la nueva fracción IV del artículo
11 del ordenamiento mencionado. Con esta incorporación se pretende mejorar los
ingresos de los trabajadores que dejan de prestar un servicio remunerado, proporcionar
un ahorro que no pierda valor por inflación y, lo más importante, fomentar el nivel de
ahorro interno del sistema financiero nacional.

Pago de las cuotas obrero-patronales. Aquí se presentan 4 situaciones:
     1. Pago de patrones y trabajadores en términos de la Ley del Seguro Social
     2. Pago de patrones y trabajadores en términos de la Ley del INFONAVIT
     3. Aportaciones de los trabajadores en términos de la Ley del ISSSTE.
     4. Aportaciones de los trabajadores de acuerdo a la Ley del ISFAM.
La seguridad social como tal, surge en Inglaterra en el siglo XIX, de acuerdo a la visión de
un fiscalista inglés que concibió al Estado como una gran aseguradora.
En nuestro país la seguridad social nace con la Constitución de 1917.
El riesgo de trabajo más bajo es el de las secretarias o recepcionistas.
De acuerdo al artículo 5º del CFF, los trabajadores pagan de acuerdo a su salario base de
cotización y los patrones pagan de acuerdo a la clasificación del riesgo.
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Contribuciones de Mejoras.
De acuerdo al artículo 2º, fracción III del CFF, las contribuciones de mejoras, son las
establecidas por la Ley, a cargo de las personas físicas o morales que se beneficien en
manera directa por obra pública.
En materia federal sólo se regula la infraestructura hidráulica (la pagan las entidades
federativas, que son los sujetos pasivos de la contribución). En el caso de los
particulares, éstos pagan derechos por el suministro de agua.
En materia local: el alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, conexiones de agua
potable, son contribuciones de mejoras.
Las contribuciones de mejoras se generan por dos conceptos:
    1 Por obra pública programada
    2 Por obra pública solicitada por el contribuyente.
Debe de existir un beneficio directo
También existen las Aportaciones Especiales que pueden ser:
    1 Aportaciones por contribución de mejoras
    2 Aportaciones por contribución a la seguridad social.
Los ingresos del Estado se dividen en:
           1. Ingresos Tributarios. Que derivan del requisito de proporcionalidad y
               equidad.
           2. Ingresos no Tributarios. Como son los:
                    Aprovechamientos. Son ingresos que el Estado tiene derecho a
                        percibir por el ejercicio de funciones públicas distintas a las
                        contribuciones.
                    Productos. Son ingresos que el Estado recibe en función de
                        actividades de Derecho Privado.
                    Financiamientos Crediticios. Son los préstamos por deuda pública.
                    Ingresos por emisión de moneda. México es un país eficiente en
                        fabricación de moneda, y la fabrica para varios países. Los ingresos
                        por este concepto son importantes.

                                                                    30 de agosto de 2008.
Código Financiero del Distrito Federal.
Está estructurado en seis libros
    1. De los Ingresos
    2. De los Servicios de la Tesorería. Ministraciones de fondos y Pagos
    3. De la Programación y Presupuesto de Egresos
    4. Del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
    5. De las Infracciones y Sanciones, Responsabilidades Resarcitorias y Delitos en
        Materia de Hacienda Pública
    6. Del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
El Código Financiero del Distrito Federal se puede definir como el ordenamiento legal en
que el legislativo local plasmó las leyes fiscales para su organización, administración y
ejecución.

En este curso se analizarán principalmente dos impuestos locales.
1º     El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles.
2º     El Impuesto Predial.

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Se encuentra regulado en los artículos del 134
al 147 del Código Financiero. Es un impuesto real, directo y local. Es real porque la base
del impuesto la establece el valor de la actividad gravada y es directo porque es el
mismo obligado el que debe pagarlo. Es un impuesto de alto impacto financiero. Grava la
transmisión de propiedad. Todos los supuestos que caben están gravados (compra-venta,
donación, cesión de derechos, permuta, dación en pago, herencia, fideicomisos.
La base gravable se establece conforme al valor más alto que resulte entre el valor de
catastro, valor de la operación y el valor de avalúo.
ARTÍCULO 134. Están obligados al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles,
establecido en este Capítulo, las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles
que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones
adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los
mismos a que este Capítulo se refiere.
ARTÍCULO 135. El impuesto se calculará aplicando sobre el valor total del inmueble la
siguiente tarifa:
                                                                                 FACTOR           DE
                    LÍMITE INFERIOR     LÍMITE SUPERIOR                          APLICACIÓN SOBRE
                                                                                 EL EXCEDENTE DE
     RANGO                ($)                                   CUOTA FIJA       LÍMITE INFERIOR.
        A                        0.11           66,561.99               125.48             0.00000
        B                  106,499.14          106,499.13               125.49             0.03163
        C                  159,748.55          159,748.54             1,388.71             0.03261
        D                  319,497.19          319,497.18             3,125.19             0.03261
        E                  798,742.96          798,742.95             8,334.60             0.03696
        F                1’597,485.93        1’597,485.92            26,047.53             0.04565
        G                 En adelante         En adelante            62,510.16             0.04565

En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de aplicar
la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, el porcentaje
que se adquiera.
ARTÍCULO 136. Sólo los bienes que se adquieran para formar parte del dominio público
del Distrito Federal y los que se adquieran para estar sujetos al régimen de dominio
público de la Federación estarán exentos del impuesto a que se refiere este Capítulo.
También estarán exentos los inmuebles adquiridos por representaciones Diplomáticas de
Estados Extranjeros acreditados en el país, siempre y cuando exista reciprocidad del
Estado solicitante, y organismos internacionales, en términos de lo dispuesto por el
artículo 133 de la CPEUM.
ARTÍCULO 137. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por adquisición, la que
derive de:
I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que
ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a
excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que
sean inmuebles propiedad de los cónyuges;
En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones:
En el caso de adquisiciones por causa de muerte, se aplicará una tasa del 0% del
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, siempre que el valor del inmueble a la fecha
de la escritura de la adjudicación no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y
tres veces al Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal;
II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la
transferencia de ésta opere con posterioridad;
III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o
el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el
contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias;
IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las
fracciones II y III que anteceden respectivamente;
V. Fusión o escisión de sociedades;
VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de
remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles;
VII. Transmisión de usufructo o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo,
salvo que el mismo se extinga por muerte del usufructuario, independientemente de que
el usufructo se haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio;
VIII. Prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa; salvo que
el adquirente ya hubiera pagado el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles causado por
la celebración del contrato base de la acción, previamente al ejercicio de la acción judicial
en cuestión;
IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en
proporción a los inmuebles.
Se asimila a la cesión de derechos la renuncia o repudio de la herencia o legado
efectuados después de la aceptación de herencia o de la declaratoria de herederos o
legatarios.
X. Actos que se realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de derechos en el
mismo, en los siguientes supuestos:
a). En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario
diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes;
b). En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del
fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho;
Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte, en
fideicomiso, se considerarán, enajenados esos bienes al momento, en que el
fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones
c). En el acto en el que el fideicomitente ceda los derechos que tenga sobre los bienes
afectos al fideicomiso, si entre éstos se incluye el de que dichos bienes se transmitan a su
favor;
Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se
coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes
al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de
aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los
certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito
que no representan la propiedad de bienes y tendrá las consecuencias fiscales que
establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el fideicomitente reciba certificados de participación
por los bienes que afecte en fideicomiso y cuando se emitan certificados de participación
por los bienes que afecte en fideicomiso y cuando se emitan certificados de participación
por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista se
considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente enajene dichos
certificados o cuando el fideicomiso enajene los bienes aportados.
d). En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente los derechos que
tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve
el derecho de readquirir dichos bienes, y
e). En el acto en que el fideicomisario designado ceda los derechos que tenga sobre los
bienes afectos al fideicomiso, o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la
propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario
adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de
ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.
XI. La división de la copropiedad por la parte que se adquiera en demasía del porciento
que le correspondía al copropietario, tomando como base los valores a que se refiere el
artículo 138 de este Código;
XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la
adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del
arrendatario;
XIII. Se deroga.
XIV. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos derechos.
ARTÍCULO 138. El valor del inmueble que se considerará para efectos del artículo 135 de
este Código, será el que resulte más alto entre:
     I.     El valor de adquisición;
     II.    El valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que
            se refiere el artículo 151 de este Código, o
     III. El valor comercial que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o
            por personas registradas o autorizadas por la misma.
Tratándose de adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción, los valores
catastral y de avalúo, se determinarán de acuerdo a las características estructurales y
arquitectónicas del proyecto respectivo.
ARTÍCULO 139. Para determinar el valor del inmueble, se incluirán las construcciones que
en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstos tengan terceras
personas, salvo que se demuestre fehacientemente ante la autoridad fiscal y de manera
previa al otorgamiento del instrumento público correspondiente, que dichas
construcciones se realizaron con recursos propios del adquirente, o que las adquirió con
anterioridad habiendo cubierto el impuesto respectivo. Para los fines de este impuesto, se
considerará que el usufructo y la nuda propiedad, tienen cada uno de ellos, el 50% del
valor del inmueble.
Cuando con motivo de la adquisición, el adquirente asuma la obligación de pagar una o
más deudas o de perdonarlas, el importe de ellas se considerará parte del valor de
adquisición.
Cuando se adquiera sólo una porción del inmueble o el usufructo o la nuda propiedad, la
base gravable que se considerará para el cálculo del impuesto, será el valor del inmueble
en su totalidad. Al impuesto determinado se le aplicará la proporción correspondiente a la
parte que fue adquirida y el resultado será el monto del impuesto a pagar.
Cuando se trate de adquisición por causa de muerte, el valor del inmueble que se
considerará será el que resulte más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del
avalúo vigente al momento de otorgarse la escritura de adjudicación de los bienes de la
sucesión, dicho avalúo deberá estar referido a la fecha de adjudicación, venta o cesión de
los bienes de la sucesión.
Cuando se trate de la adquisición por aportación a toda clase de asociaciones o
sociedades, fusión o escisión de sociedades, dación en pago y liquidación, reducción de
capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o
sociedades civiles o mercantiles, el valor del inmueble será el que resulte más alto entre el
valor catastral, el valor de operación y el valor de avalúo referidos al momento de
otorgarse la escritura de formalización de la transmisión de la propiedad de los inmuebles
con motivo de dichos actos.
Tratándose de adquisición por prescripción positiva e información de dominio judicial o
administrativa, el valor del inmueble que se considerará será el que resulte más alto
entre el valor catastral y el valor de avalúo referido a la fecha en que cause ejecutoria la
sentencia de prescripción y de la resolución judicial, o administrativa de información de
dominio, respectivamente.
En los casos no previstos en este Capítulo, tratándose de adquisiciones formalizadas en
documentos privados, el avalúo deberá referirse a la fecha en que se adquiera el dominio
del bien conforme a las leyes, o en su defecto, a la fecha de otorgamiento de la escritura
pública correspondiente.
ARTÍCULO 140. Los avalúos que se realicen para los efectos de este impuesto, deberán ser
practicados por las personas señaladas en el artículo 44 de este Código.
En caso de que dichas personas, practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y
lineamientos técnicos, se harán acreedoras a la suspensión o cancelación de la
autorización o registro, según corresponda, y a las sanciones pecuniarias a que haya lugar,
sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir en el caso de la comisión
de algún delito fiscal.
ARTÍCULO 141. En inmuebles destinados a vivienda, los propios contribuyentes podrán
determinar el valor del inmueble, aplicando el procedimiento y los valores de referencia
del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria y de
Autorización de Sociedades y Registro de Peritos Valuadores, utilizando los formatos que
para tal efecto sean aprobados por la autoridad fiscal.
ARTÍCULO 142. El pago del impuesto deberá hacerse mediante declaración, a través de
la forma oficial autorizada, que se presentará dentro de los 15 días siguientes a aquél en
que se realicen cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan:
    I.      Cuando se adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de cualquier
            usufructo, que se haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio,
            cuando se extinga por cualquier causa distinta de la muerte del usufructuario;
    II.     Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión, así como al cederse los
            derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos
            últimos casos, el impuesto se causará en el momento en que se realice la
            cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el
            cesionario o por el adquirente, asimismo, en los casos de formalización de
            adquisiciones en las que el enajenante falleciere sin que se hubiere pagado el
            impuesto correspondiente, se deberán pagar tanto el impuesto por la
            adquisición por herencia o legado, como el del acto que se formalice;
    III. Cuando se realicen los supuestos de enajenación a través del fideicomiso.
    IV.     A la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva, a la
            de la resolución correspondiente, en el caso de información de dominio judicial
            o administrativa, y a la de la formalización en escritura pública, tratándose de
            la adjudicación judicial o administrativa y a la fecha de la cesión de dichos
            derechos;
    V.      En los contratos de compraventa con reserva de dominio y promesa de venta,
            cuando se celebre el contrato respectivo;
    VI.     En los contratos de arrendamiento financiero, cuando se cedan los derechos
            respectivos o la adquisición de los bienes materia del mismo la realice una
            persona distinta del arrendatario;
    VII. Cuando se formalice en escritura pública la transmisión de propiedad de
            inmuebles, con motivo de la aportación a toda clase de asociaciones o
            sociedades, de la fusión o escisión de sociedades, de la dación en pago y
            liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o
            dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, y
    VIII. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que
            se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro Público, o si
            se trata de documentos privados, cuando se adquiera el dominio del bien
            conforme a las leyes. El contribuyente podrá pagar el impuesto por anticipado.
            A la declaración a que se refiere este artículo deberá acompañarse la
            documentación que en la misma se señale.
    IX. Se deroga.
Tratándose de adquisiciones que se deriven de los actos mencionados en el artículo 137
de este Código, que no se hagan constar en escritura pública, el enajenante tendrá el
carácter de responsable solidario respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles
que se genere a cargo del adquirente y éste omita su pago.
En el caso de adquisiciones de inmuebles derivadas de actos consignados en documentos
privados, el plazo para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades
fiscales, así como el de prescripción, comenzarán a correr a partir de que dichas
autoridades tengan conocimiento de la celebración de tales actos.
Los inmuebles servirán de garantía por los créditos fiscales que resulten con motivo de
diferencias provenientes de los avalúos o determinaciones de valor efectuadas por los
contribuyentes, tomados como base para el cálculo del impuesto a que se refiere este
Capítulo, los que se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de
ejecución.
ARTÍCULO 143. En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los
fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto
bajo su responsabilidad y mediante declaraciones lo enterarán en las oficinas autorizadas,
dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior.
Si las adquisiciones se hacen constar en documentos privados, el cálculo y entero del
impuesto deberá efectuarlo el adquirente bajo su responsabilidad.
Se presentará declaración por todas las adquisiciones aun cuando no haya impuesto a
pagar.
Los fedatarios no estarán obligados a enterar el impuesto cuando consignen en escritura
pública operaciones por las que ya se hubiera pagado el impuesto y acompañen a su
declaración copia de aquéllas con las que se efectuó dicho pago.
ARTÍCULO 144. Cuando por avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por
las autoridades fiscales, o bien, por las determinaciones de valor efectuadas por los
propios contribuyentes a que se refieren los artículos 138, 139 y 140 de este Código,
resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las
mismas.
Tratándose de fideicomisos con inmuebles en los que el fedatario considere que no se
causa el impuesto en los términos de este Capítulo, dicho fedatario deberá presentar
aviso a las autoridades fiscales.
Se deroga.
ARTÍCULO 145. Los fedatarios estarán obligados a verificar que los avalúos o las
determinaciones de valor efectuadas por los propios contribuyentes, que sirvan de base
para el cálculo del impuesto a que se refiere este Capítulo, se encuentran vigentes y en
el caso de los primeros, que se hayan practicado y signado por las personas a que se
refiere el artículo 44 de este Código, y cuya autorización o registro no se encuentre
cancelada o suspendida.
ARTÍCULO 146. Tratándose de inmuebles en condominio los fedatarios públicos deberán
anotar en las escrituras públicas o demás documentos mediante los cuales se adquiera o
transmita la propiedad de bienes inmuebles, una descripción general de la construcción
del condominio, que comprenda las construcciones de uso común, indicando las medidas
y superficies que les corresponda, así como la calidad de los materiales empleados, la
descripción de cada departamento, vivienda, casa o local, su número, situación, medidas y
superficies, piezas de que conste, espacio para estacionamiento de vehículos, si lo
hubiere, los indivisos correspondientes a la localidad, así como la parte proporcional de
los derechos sobre las áreas comunes del inmueble.
ARTÍCULO 147. Cuando la adquisición de los bienes inmuebles opere por resoluciones de
autoridades no ubicadas en el Distrito Federal, el pago del impuesto se hará dentro de
los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que haya causado ejecutoria la
resolución respectiva.
Cuando dicha adquisición opere en virtud de actos o contratos celebrados fuera del
territorio de la República, o bien a través de resoluciones dictadas por autoridades
extranjeras, el impuesto deberá ser cubierto dentro del término de noventa días hábiles
contados a partir de la fecha en que surtan efectos en la República los citados actos,
contratos o resoluciones.

SUJETOS DEL IMPUESTO. Son las personas físicas y morales que adquieran inmuebles en
el Distrito Federal (suelos y construcciones adheridas a él), y construcciones adheridas a
otras construcciones.
Una vez que haya sentencia firme sobre la partición de la herencia de la declaración del
heredero o legatario que sea considerado como propietario legal, el nuevo propietario
tendrá un plazo de un año para regularizar la propiedad del inmueble ante el RPP con
una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles siempre que el valor de
mercado del inmueble no exceda de $500,000.00. Después de un año no habrá
consideración especial para el pago de este impuesto.

OBJETO DEL IMPUESTO. Es gravar estas operaciones donde consten estos supuestos de
traslación de dominio. Reside en gravar la adquisición de inmuebles que consistan en el
suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicadas
en el Distrito Federal.

BASE GENERAL DEL IMPUESTO. Será la del valor del inmueble que resulte más alto entre
el valor de la adquisición, el valor comercial catastral y el valor comercial que resulte del
avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personal registrado o autorizado por la
misma. Tratándose de adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción, los valores
catastral y de avalúo se determinarán de acuerdo con las características estructurales y
arquitectónicas del proyecto respectivo.
En inmuebles destinados a la vivienda, los propios contribuyentes podrán determinar el
valor del inmueble, aplicando el procedimiento y los valores de referencia del Manual de
Procedimientos y lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria y de autorización de
sociedades y registro de peritos valuadores, utilizando los formatos aprobados por la
autoridad fiscal.
a). Base cuando se compra una parte de un inmueble. La base gravable que se
considerará para el cálculo del impuesto será el valor del inmueble en su totalidad. Al
impuesto determinado se le aplicará la proporción correspondiente a la parte que fue
adquirida y el resultado será el monto del impuesto a pagar.
b). Base cuando se trate de adquisición por causa de muerte. El valor del inmueble que
se considerará será el que resulte más alto entre el valor catastral y el valor que resulte
del avalúo vigente al momento de otorgarse la escritura de adjudicación de los bienes de
la sucesión.
c). Base cuando se trate d adquisición por fusión o escisión de sociedades. Cuando se
trate de adquisición por aportación a toda clase asociaciones o sociedades, fusión o
escisión de sociedades, dación en pago, reducción del capital, pago en especie de
remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, el
valor del inmueble será el que resulte más alto entre el valor catastral, el valor de
operación y el valor de avalúo referidos al momento de otorgarse la escritura de
formalización de la transmisión de la propiedad de los inmuebles con motivo de dichos
actos.
d). Base cuando se trate de adquisición por prescripción positiva. En información de
dominio judicial o administrativa; el valor del inmueble que se considerará será el que
resulte más alto entre el valor catastral y el valor de avalúo referido a la fecha en que
cause ejecutoria la sentencia de prescripción y de la resolución judicial o administrativa de
información de dominio, respectivamente.

FORMA Y ÉPOCA DE PAGO.
Deberá hacerse mediante declaración, acompañada de la forma oficial autorizada, de la
documentación que en ésta se señale y el aviso previsto en el artículo 49 del Código
Financiero del D.F., que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquel en que
se realicen los supuestos establecidos en el artículo 142 de dicho código.
El contribuyente podrá pagar el impuesto por anticipado asimismo, en adquisiciones a
plazos, la autoridad fiscal podrá fijas las reglas para permitir el pago en parcialidades.

SUJETOS OBLIGADOS A ENTERAR EL IMPUESTO.
Al respecto existen dos supuestos:
    1. Cuando se trate de adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los
       fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el
       impuesto bajo su responsabilidad y mediante declaración, lo enterarán en las
       oficinas autorizadas.
    2. Cuando se trate de adquisiciones que se hagan constar en documentos privados,
       el cálculo y entero del impuesto deberá efectuarlo el adquirente bajo su
       responsabilidad.
       En los casos que deban ser gravados a sea que se celebren en escritura pública o
       en documento privado, deberá formularse una manifestación en la que se precise
       la descripción del inmueble correspondiente, la superficie del terreno y de las
       edificaciones, especificando las características de éstas, así como la fecha de su
       construcción y estado de conservación, que se acompañará a la declaración
       respectiva. Se presentará declaración por todas las adquisiciones aun cuando no
       haya impuesto al pagar.
       Los fedatarios no estarán obligados a enterar el impuesto cuando consignen en
       escritura pública operaciones por las que éste ya se hubiera pagado y acompañen a
       su declaración copia de aquéllas con las que se efectuó dicho pago.

EXENTOS.
Sólo los bienes que se adquieran para formar parte del dominio público del Distrito
Federal y los que se adquieran para estar sujetos al régimen de dominio público de la
Federación estarán exentos del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
También estarán exentos los inmuebles adquiridos para representaciones Diplomáticas
de estados extranjeros acreditados en el país, siempre y cuando exista reciprocidad del
Estado solicitante y organismos internacionales, en términos de lo dispuesto en el
artículo 133 de la CPEM.
Además de la base, hay una tarifa progresiva. Los valores más bajos pagan menos y
valores más altos pagan más.
La forma de pago es mediante declaración previo aviso a la Tesorería. Al Notario le
corresponde calcular el impuesto. Si no consta en escritura pública es responsabilidad de
las partes pagar dentro de los 15 días siguientes a la operación.

IMPUESTO PREDIAL.
Es el impuesto eje de la recaudación fiscal. Los primeros vestigios vienen de Egipto
Características: Es directo, real y local.
Sujetos del impuesto predial. Son las personas físicas y morales que sean propietarias
del suelo, o del suelo y las construcciones adheridas a éste, independientemente de los
derechos que respecto de las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también
estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no
se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible.
Los sujetos deberán determinar y declarar el valor catastral de los inmuebles, aun en caso
que se encuentren exentos del pago del impuesto predial.
Objeto del impuesto predial. Reside en gravar la propiedad o posesión del suelo, o del
suelo y las construcciones adheridas a éste.
Base del impuesto predial. Es el valor catastral, que será determinado por los
contribuyentes conforme a lo siguiente:
             a. Avalúo directo. Mediante la determinación del valor real del inmueble,
                realizada por persona autorizada.
             b. Valores unitarios. Señalados en el artículo 151 del Código Financiero del
                Distrito Federal y emitidos por la Asamblea Legislativa.
             c. Base renta. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un inmueble
                (derogada para 2008).
             d. Inmuebles sin construcciones. Los contribuyentes, además de determinar y
                pagar el impuesto respectivo, deben enterar una cuota adicional, que se
                calculará multiplicando el impuesto por el factor correspondiente,
                dependiendo del valor catastral por metro cuadrado de suelo que le
                corresponda, de acuerdo con la tabla 3-3 (derogado en el DLF, a partir de
                2005, sigue vigente en algunos estados).
             e. Para inmuebles en construcción.

                                                                    6 de Septiembre de 2008
Impuesto Predial. Como ya había sido señalado, este impuesto tiene sus orígenes en el
antiguo Egipto, hacia el año 1700 a.C. y se fijaba sobre una quinta parte de los ingresos
brutos productos del cultivo de la tierra. Esa tasa sigue vigente en Egipto actualmente.
Base gravable. Se conforma por los valores unitarios que atenderán a los precios del
mercado del suelo y de las construcciones en el DF, así como a las características
comunes de los inmuebles que se ubiquen en las distintas zonas del mismo, refiriéndolos
a colonias catastrales de condiciones homogéneas, tipo de área de valor, tipo en clave de
valor y tipo de corredor de valor. El valor catastral se puede determinar por la base valor y
la base renta.
Cálculo de la base gravable para el impuesto predial: Base gravable (base valores) valor
unitario del suelo x superficie del terreno (m2) + valor unitario de las construcciones x
superficie de las construcciones (m2) – factor de descuento (antigüedad del inmueble) =
base gravable – límite inferior x porcentaje excedente + cuota fija x porcentaje de
descuento (habitacional) = a impuesto a pagar.
Los valores unitarios de suelo y de construcción son los aprobados por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
En el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al
rango A, sólo se pagará el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior
correspondiente a dicho rango.
Base en inmuebles en proceso de construcción. En estos casos el valor catastral que
servirá de base para calcular el impuesto predial a pagar, se determinará a partir de la
clasificación que de dichos inmuebles se efectúe, tomando como base los datos
proporcionados en la manifestación de construcción respectiva.
Los datos catastrales sobre los cuales se calculará el valor de la construcción, tomará sólo
en consideración el 50% de la superficie de construcción total registrada en la
manifestación respectiva, durante los bimestres que abarquen el tiempo de vigencia de tal
manifestación o de las ampliaciones correspondientes, aplicando las tablas de valores
unitarios de construcción vigentes en el ejercicio fiscal que corresponda. A lo anterior se le
adicionará el valor del suelo determinado conforme a las tablas de valores unitarios de
suelo vigentes.
Para el caso de que se suspenda o interrumpa el proceso de construcción de la obra
respectiva por más de un bimestre se deberá presentar ante la autoridad fiscal, la
manifestación correspondiente debidamente justificada, anexándolo a la declaración que
corresponda al bimestre siguiente a aquel en que se presente esta circunstancia y hasta
que la misma desaparezca. Se volverá a calcular el valor de la construcción considerando
solamente el 50% de la superficie de construcción total registrada en la manifestación
respectiva.
Fraccionamiento de inmuebles. En este caso, el impuesto se causará por fracción que
resulte, a partir del bimestre siguiente a aquél en que se autorice su constitución.
Forma y época de pago del impuesto predial. Debe hacerse en forma bimestral durante
los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante declaraciones
ante las oficinas autorizadas.
Reducción por pronto pago del impuesto predial. Cuando los contribuyentes cumplan
con la obligación de pagar el impuesto predial en forma anticipada, tendrán derecho a una
reducción, en los términos siguientes:
    1. Del 7%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, a más tardar el último
         día del mes de enero del año que se cubra.
    2. Del 4%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, a más tardar el último
         día del mes de febrero del año en que se cubra.
Sujetos Exentos. No se pagará el impuesto predial por los siguientes inmuebles:
    1. Los del dominio público del DF
    2. Los de propiedad de organismos descentralizados de la administración Pública del
       DF.
    3. Los sujetos al régimen de dominio público de la Federación, en los términos de la
       Ley General de Inmuebles.
    4. Los de propiedad de representaciones diplomáticas de estados extranjeros
       acreditados en el estado Mexicano, en términos de la Convención de Viena sobre
       relaciones diplomáticas y, en su caso, de la Convención de Viena sobre relaciones
       consulares.
    5. Los de propiedad de organismos internacionales de los que el Estado mexicano
       sea parte, ubicados en el DF.
Terrenos. El impuesto predial en el caso de los terrenos, son más elevados. Pagan cuota
adicional por no tener construcciones. Se considera un lujo en el DF, tener un terreno sin
construcción.

Agua.
Derecho por uso de agua. Artículo 194 del Código Financiero del Distrito Federal.
Objeto de este derecho. Abarca el uso, aprovechamiento, redes de distribución y descarga
al drenaje. Es decir, que el Código señala varios tipos de agua (potable, residuales),
primario, secundario y terciario para uso doméstico y no doméstico. Este último se
clasifica en comercial, industrial y otros usos.
Sujetos Obligados. Las personas físicas o morales en el Distrito Federales usuarios del
servicio de agua.
Objeto. Gravar la prestación del servicio público del agua de uso doméstico, comercial,
industrial o de otra naturaleza, así como su descarga al drenaje, y el tratamiento de
aguas residuales.
Base de cálculo. A través del medidor, el pago respectivo del derecho. El consumo
medido se lleva a la tabla y se determina el monto a pagar. Si no existe medidor, en la
boleta de pago se determina el consumo promedio respecto a la zona. Solicitar
medidores es obligación del contribuyente.

                                                               13 de septiembre de 2008
Procedimiento= Reglas Simples
Proceso= Reglas estrictas.

Procedimiento. Intervienen la autoridad y el particular. No concurren en igualdad de
circunstancias. Se resuelve con un acto administrativo.
Proceso. Intervienen la autoridad y el particular. Concurren en un plano de igualdad, la
controversia la resuelve otra autoridad, en su calidad de actores y demandado. Se
resuelve con sentencia.

Procedimiento. Se dividen en dos grandes grupos:
Los que se inician por parte del particular y los que se inician por parte de las
autoridades.
Los más importantes que se inician por parte del particular son los siguientes:
    1. Consulta administrativa. Artículo 34. Tiene su fundamento constitucional en el
        artículo 8 de la Ley Suprema. En materia fiscal todas las garantías individuales se
        respetan pero tienen su interpretación propia. Tiene por objeto confirmar o aclarar
        y provocar a la autoridad para el primer acto de aplicación de una ley.
        Es un procedimiento de carácter particular que consiste en que el contribuyente
        solicita de la autoridad administrativa un pronunciamiento específico sobre una
        situación concreta.
        Características fundamentales:
            a. Es individual
            b. Real. Concreto
            c. Debe dirigirse a la autoridad competente.
            d. Si nos niegan el motivo de la consulta…….., si nos conceden la petición, se
                da la resolución favorable, oponible a terceros.
                En este sentido se dan tres circunstancias. Artículo 34 del CFF:
                1. Que la consulta comprenda todos los antecedentes y circunstancias.
                2. No se modifiquen después de…….
                3. Facultad de comprobación
                Tres meses por seguridad jurídica del contribuyente. Artículo 37 del CFF.
    2. Devolución. Artículo 22, 22-A, 22-B y 22-C del CFF
    3. Compensación de créditos. Artículo 23 del CFF
    4. No lo anoté.
    5. Los procedimientos para otorgar garantías. Artículos 141 y 142
    6. Declaratoria de prescripción. Artículo 146
En el caso de la autoridad se tienen los siguientes:
    1. Procedimiento de ejecución directa.
    2. Visita domiciliaria.
    3. Previos de apremio.
            a. Apremio
            b. Sanción
            c. Planeación.
    4. Procedimiento de ejecución forzosa.
Efectos. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones.


                                                                  20 de septiembre de 2008.
Consulta. Deriva del artículo 8 constitucional, artículo 34 del Código Fiscal Federal. Se
pretende que la autoridad se pronuncie por un hecho real y concreto. Tiene tres meses
para emitir su respuesta. Si no lo hace (artículo 37) el particular debe entender que se ha
negado el propósito de la consulta. En caso de la negativa ficta el requisito es que hayan
transcurrido más de tres meses, los particulares podrán optar por un medio de defensa
o esperar respuesta de la consulta.
Si la consulta se resuelve favorablemente, el SAT está obligado a publicar mensualmente
un extracto de las resoluciones favorables concedidas. Se considera que este es el
procedimiento más importante iniciado por los particulares.
“ojo”. Modificaciones al artículo 34.
Devolución. Artículo 22 del CFF. Establece el derecho de los particulares de obtener
aquellas cantidades pagadas indebidamente.
    1 Pago Indebido. Puede ser resuelto como pago legal o ilegal. En este segundo caso
        es en el que se tiene derecho a la devolución
    2 Saldos a favor.
Artículo 141. Garantizar el interés fiscal.
    1 Garantías Genéricas. Aquí sirve de base, la totalidad de bienes del deudor.
    2 Garantías específicas. Reales (fianza), Personales (depósito, prenda)
Garantizar es asegurar al acreedor por parte del deudor el pago de una obligación. En
materia fiscal se llama interés fiscal. Estas formas no son excluyentes una de otra, son
complementarias. En el artículo 141, fracción VI, se contemplan los títulos-valor, como
garantía, sin embargo, no dice en calidad de qué, quedan estos títulos.
La garantía se presenta ante la autoridad y es válida por un año.
En los artículos del 60 al 69 dYel reglamento, se establecen las condiciones para la
presentación de garantías. Ahí se indica sobre la sustitución de garantías.
La devolución surge a partir del principio de legalidad de las contribuciones. Si hay
excedente, deben ser devueltos al contribuyente.
La devolución procede contra la declaración anual.
Esta expresión de las contribuciones que procedan devolver se incorporó al Código Fiscal a
través de la ley del IVA.
El código establece un plazo de 40 días para la devolución:
    1 El derecho a la devolución prescribe en 5 años
    2 Una vez presentada la solicitud, la autoridad tiene 20 días para analizarla y puede
        requerir información, el particular tiene 20 días para contestar. 32-A del Código
        Fiscal, el plazo se reduce a 25 días en el caso de contribuyentes que dictaminen
        sus estados financieros por contador público autorizado, y se realiza por medios
        electrónicos.
APUNTES DEL TEXTO.
Procedencia de la devolución. Las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la
devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días
posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o
documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con aquélla,
apercibido el particular, que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por
desistido de la solicitud de devolución correspondiente.
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo
previsto en el artículo 17-A del CFF, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido
o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquel en que la
devolución esté a disposición del contribuyente.
Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de
comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos a que
hace referencia el párrafo sexto del artículo 22 del CFF, se suspenderán hasta que se emita
la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución.
Prescripción. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones
que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el
particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto
cuando el particular se desista de la solicitud.


                                                                    27 de septiembre de 2008
Procedimientos administrativos a instancia de las autoridades.
El propósito de las autoridades es la verificación del cumplimiento de las obligaciones a
cargo de los contribuyentes. Está contemplado en el párrafo 11 del artículo 16
constitucional, “visitas tendientes a verificar que los contribuyentes han cumplido con
sus obligaciones. Código Fiscal, artículo 42, establece 4 facultades:
    1. Comprobación de cumplimiento de obligaciones.
    2. Determinación de créditos fiscales
    3. Comprobar la comisión de delitos fiscales
    4. Facultades para auxiliarse de otras autoridades
Estas facultades inician con la facultad revisora, artículo 6 del Código Fiscal. Corresponde a
los contribuyentes determinar en cuanto al alcance de sus contribuciones fiscales. En esa
medida esa autodeterminación comprende dos casos principales.
    1. Establecer obligaciones
    2. Monto a pagar por ellas
Las autoridades ejercen esa facultad de revisión de acuerdo a la norma sustantiva. Las
normas procesales no arrojan beneficio a ninguna de las partes. Son equitativas.

Clasificación de los procedimientos administrativos:
    1. Procedimientos previos
            a. Apremio. Artículos 41 y 41-A
            b. Aclaración.
            c. Planear la fiscalización. Artículo 42-A
    2. Procedimientos de verificación directa. Artículos 43
               a. Visita domiciliaria.
               b. Revisión de gabinete
    3. Procedimientos de ejecución forzosa. Artículos 145 al 196

Apremio. Se dan tres circunstancias:
   1. Imposición económica.
   2. Embargo precautorio
   3. Multas.


                                                                    4 de octubre de 2008.
Visita Domiciliaria. Es el Procedimiento Administrativo por parte de las autoridades en el
domicilio fiscal del contribuyente, para comprobar la información presentada por el
contribuyente en sus declaraciones..
Este procedimiento implica una excepción al principio de inviolabilidad, y debe
contemplar los requisitos formales establecidos en el artículo 16 constitucional, así como
en el 38 del Código Fiscal Federal, que contiene los requisitos mínimos generales, y que
viene siendo como un recuento del artículo 16 constitucional. Por lo que respecta a los
requisitos específicos o propios de la orden de visita, los encontramos en el artículo 43 del
Código Fiscal Federal.
    1. Lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar
         deberá notificarse al visitado.
    2. El nombre de la persona o personas que deben efectuar la visita, las cuales
         podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier
         tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas
         que deban efectuar la visita, se notificará al visitado. Las personas designadas para
         efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente.
    3. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44 de este Código,
         las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado excepto
         cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se
         ignore el nombre del mismo. En estos supuestos, deberá señalarse, los datos que
         permitan su identificación, los cuales podrán ser obtenidos al momento de
         efectuarse la visita domiciliaria, por el personal actuante en la visita de que se
         trate.
¿Cómo se desarrolla la visita?. Ver artículos 44, 45, 46, 46-A y 47 del Código Fiscal Federal.
La visita concluye en tres momentos:
    1. Efectivamente. Cuando la autoridad da a conocer el acta de auditoría.
    2. Fictamente. Cuando se ha concluido el plazo sin acta final.
    3. Anticipadamente. Cuando el contribuyente cuente con estados financieros
         dictaminados, artículo 32-A. Presunción de veracidad.
Artículo 44-fracción IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras
autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una visita iniciada por
aquéllas, notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán
solicitarles también, practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la
que estén practicando.
No es delito llevar dos contabilidades, siempre que no sea para efectos fiscales.
Actas. Documentos en donde las autoridades hacen constar hechos u omisiones durante
la visita. Determinan las bases para realizar la liquidación que correspondan.
Cuando la visita se inicia y no está el o los representantes de la empresa, podrá atenderla
cualquier otra persona que les pueda proporcionar la información requerida.
El acta de visita es un documento continuado, se van haciendo constar hechos en
diferentes tiempos.
Inicial
Final
Complementarias (parciales)
Las dos primeras deben hacerse del conocimiento del contribuyente.
Términos. Existen dos: uno de 18 meses para contribuyentes del Sistema Financiero
Nacional (bancos, casas de bolsa), y 24 meses cuando el objeto de la revisión está fuera
del país (comercio exterior). Fracción VIII del artículo 46.

Próxima clase: terminamos visita domiciliaria y comenzamos procedimiento de ejecución.

                                                                     11 de Octubre de 2008
Pendiente: Artículo 48 del CFF. Leerlo.
La revisión de gabinete p de escritorio es el otro procedimiento de revisión directa, que
a diferencia de la visita domiciliaria se lleva a cabo en las oficinas de las autoridades
administrativas y no en el domicilio del particular.
Tiene como propósito hacer una revisión sobre documentación específica, para que este
entregue informes, documentos, avisos, etcétera que tengan relación con sus
declaraciones.
La autoridad deberá determinar los términos que el particular tiene y el lugar donde debe
entregar la información requerida.
La documentación que el particular entrega a las autoridades administrativas. Genera
dos tipos de situaciones:
    1 Concluido. Cuando no existe omisión alguna.
    2 Oficio de observaciones. Aquí también se presentan dos posibilidades. La
        primera es que el particular corrige su situación fiscal. Segundo, contesta el oficio
        de observaciones, exhibiendo las pruebas que acrediten que las observaciones
        carecen de fundamento.
Concluido el plazo de 20 días, o antes si se contesta el oficio de observaciones, las
autoridades tienen un término de 6 meses, si considera que existen elementos para
asignarle un crédito fiscal al particular.

Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Está regulado por los artículos 145 al 196 del Código Fiscal Federal.
Este procedimiento tiene como único propósito lograr el cobro de créditos fiscales que
no se hayan pagado en tiempo ni garantizados con oportunidad.
Tiene su origen en la materia civil, y en los documentos que tienen aparejada ejecución,
(crédito fiscal), no pagado o no garantizado. Sin embargo, a diferencia de los particulares,
las autoridades fiscales pueden ejecutar. Eso hace de las autoridades fiscales un acreedor
privilegiado. Es un procedimiento de cobro, no resuelve nada, ni versa sobre la legalidad
del acto, ya que se acoge al artículo 68, sobre la presunción de legalidad.
El procedimiento de ejecución tiene cuatro etapas:
    1. Requerimiento del pago
    2. Embargo
    3. Remate
    4. Aplicación del producto, al pago del crédito fiscal.
El artículo 151 nos habla sobre el embargo, y nos señala 3 tipos de embargo:
             Dos en garantía. El precautorio, artículo 41, fracción II, y el voluntario,
                regulado en el artículo 141, fracción V.
             Y el de Ejecución. Es el único que es vía efectiva, para asegurar el pago del
                crédito.
Se pueden embargar: muebles, inmuebles y negociaciones comerciales que sean
propiedad del deudor y de terceros que de manera voluntaria lo den como garantía
solidaria.
Los bienes muebles quedan en custodia de un depositario. Los inmuebles los maneja un
interventor, nombrado por la autoridad administrativa.
Los negocios también los maneja un interventor nombrado por la autoridad y cuyos
honorarios los cubre la caja del mismo negocio.
Le asiste al deudor el derecho de designar bienes para embargo. Artículo 155.
La diferencia entre depositario e interventor: Consiste en que el depositario o custodio no
puede realizar ninguna transacción con los bienes en resguardo, mientras que el
interventor, además de que cobra sus honorarios, tiene funciones específicas.
En los artículos 156 y 157 el CFF, establece que los bienes a embargar serán de fácil
realización y venta (dinero, metales preciosos, acciones, bienes muebles, bienes
inmuebles, etc.)
En el artículo 157, se establecen los bienes exceptuados de embargo: el lecho cotidiano,
los vestidos del deudor o de sus familiares, muebles de uso indispensable cotidiano, que
no sean de lujo a juicio del interventor, libros indispensables para la profesión, los
sueldos, salarios, pensiones, etc.

                                                                     18 de octubre de 2008.
Interventores. Se designan a negocios, con cargo a la caja, el interventor tendrá las
obligaciones que le señalan los artículos 167 y 172, entre otros, debe reunir el diez por
ciento de las cantidades que ingresen a la negociación, descontando los salarios,
créditos preferentes y los indispensables para el negocio, y enterarlos a la autoridad
ejecutora. Como ejemplo de créditos preferentes tenemos: los alimentos, los prendarios
y las indemnizaciones laborales.
Este diez por ciento que se entera mensualmente, debe cubrir en tres meses, al menos el
24% del valor del crédito, de tal modo que si no se cubre cesará la intervención con cargo
a la caja, y se irá al remate.
El interventor administrativo tendrá funciones de liquidador.
¿Cuándo procede el remate?
Artículo 173. Procede al día siguiente que quede firme el avalúo. Cuándo queda firme el
avalúo? (artículo 175) Impugnación del avalúo. Es obligación de las autoridades
administrativas valuar los bienes del deudor y notificarle el resultado del dictamen. El
particular debe interponer el recurso de revocación (artículo 117, fracción II-d del CFF.
Con reglas del recurso) a los diez días siguientes en que le fue notificado el avalúo. Debe
señalarse al perito designado por el embargado que deberá cumplir con los requisitos
señalados por el reglamento del CFF.
Para rendir el informe se tienen diez días en caso de bienes muebles, 20 días en caso de
inmuebles y 30 días en caso de negociaciones.
Si el resultado del avalúo difiere en un diez por ciento con el de las autoridades, éstas se
allanarán al resultado del embargado. Si la diferencia es mayor vendrá un tercer perito
que determinará el precio para el remate de los bienes.
Se convoca a remate al día siguiente que quede firme el remate a través de subasta
pública para que tenga que verificarse dentro de los 30 días siguientes, debe mediar al
menos 10 días entre el avalúo y el remate, y la convocatoria se realiza por medios
electrónicos, y se inicia con los 2/3 del valor del avalúo. Los postores deben inscribirse y
depositar el diez por ciento del valor de su oferta, leer el artículo 182 que establece la
viabilidad de los postores. El remate dura 8 días desde las 12 horas del primer día y
culmina a las 12 horas del octavo día. La última oferta se extiende hasta por 5 minutos,
hasta que no haya quien ofrezca más. El pago se hace de contado.
Fincado el remate a favor del postor, a los que no resultaron favorecidos con el remate se
les devuelven sus fondos. En caso de ganar, se tienen 3 días para pagar el saldo y retirar
los bienes embargados, salvo el caso del artículo 188-bis. El dinero recaudado en el
remate se aplica al crédito, con la siguiente prelación: gastos de ejecución, recargos,
multas y crédito actualizado.

Procedimientos de Defensa del Particular.
Estos recursos administrativos son medios de defensa que la ley prevé a favor de los
particulares que se consideran afectados por una resolución administrativa, cuyo
propósito es que la autoridad la revoque, anule o modifique de encontrar justificados los
motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, ya sea por demostrar la
ilegalidad o inoportunidad del acto administrativo.
Naturaleza Jurídica. Algunos dicen que es un medio de defensa, otros que es una forma
de controlar la legalidad de los actos administrativos. Lo cierto es que es un derecho de
los particulares para obligar a las autoridades para que se conduzcan con legalidad.

                                                                   25 de octubre de 2008.
                                                        El maestro no asistió a la asesoría.

                                                                  1 de noviembre de 2008.
                                                                              Día Inhábil.

                                                                  8 de noviembre de 2008.
Recurso de revocación.
Es el único medio de defensa que se establece en el Código Fiscal.
Procede contra resoluciones definitivas dictadas por la autoridad fiscal federal, artículo
117, fracción I. Principio de definitividad. Autoridades fiscales federales son aquellas que
pueden realizar las operaciones básicas. No sólo comprenden a los órganos fiscales
autónomos, como el IMSS e INFONAVIT.
Inciso B. Resoluciones que nieguen la devolución.
Inciso C. Cualquier resolución que dicten las autoridades aduaneras.
Inciso D. Cualquier resolución que cause agravio.
Fracción II. Existen tres supuestos en el inciso C.
                 1. Cuando el pago se extinguió
                 2. Cuando se alegue que el cobro es en exceso.
                 3. Accesorios.
El recurso de revocación (artículo 121) se debe realizar por escrito. Es importante checar
bien el término, porque es muy largo.
Artículo 122. Requisitos de formalidad para la presentación del recurso. También artículo
123, así como el 18, relativo a los requisitos generales para escritos a la autoridad.
La lesión que causa la resolución son los agravios. Según la doctrina existen dos tipos de
agravios:
    1. Los que atacan las formalidades.
    2. Los que atacan el fondo de la disposición.
En materia administrativa, el momento oportuno para ofrecer pruebas, es con el escrito
inicial.
Se pueden presentar pruebas supervenientes.
Artículo 123. Documentos que se deben acompañar a la demanda.
    1. Acreditar personalidad cuando se promueve a nombre de otro.
    2. Documento en que conste el acto impugnado.
    3. Constancia de notificación del acto impugnado.
    4. Pruebas documentales y dictámenes periciales.
    5. Fotocopias simples. El maestro aconseja que sean copias certificadas. Artículo
         129. La notificación es un medio de comunicación procesal, que puede impugnarse
         junto con el acto administrativo.


                                                                 15 de noviembre de 2008.
Pruebas.
En el recurso de revocación son admisibles todas las pruebas, excepto la confesional por
posiciones a cargo de las autoridades y la testimonial. La resolución impugnada es la
principal prueba.
Las pruebas se ofrecen con el documento donde se presenta el medio de defensa, si no
es así, se pierde el derecho, a excepción de las supervenientes, en este sentido, se
siguen los mismos principios que establece el Derecho Procesal Civil. Las pruebas
supervenientes, deberán ser documentos anteriores a la fecha de la demanda, que los
documentos con fecha posterior, su oferente manifieste bajo protesta de decir verdad
que lo desconocía, y por último que los documentos para desvirtuar las excepciones
opuestas…….. Las pruebas supervenientes deben ser sobre hechos. Las autoridades
tienen 3 meses para resolver el recurso, donde resolverán todas las cuestiones
planteadas, si no se resuelve se configura una confirmativa ficta.
La interposición del recurso es optativa.
Notificación. La notificación es un medio de comunicación procesal que garantiza el
derecho de los litigantes jurisdiccionales de notificar a las partes con interés jurídico, y
hace saber el contenido de acuerdos y la sentencia.
En los actos administrativos que son materia del recurso de revocación, puede ser que los
notifiquen mal. En esos casos al intervenir el medio de defensa, expresa agravios sobre la
notificación. Contra el acto administrativo y contra la notificación. Procederá la figura de
la ampliación de la demanda. Uno de esos casos es cuando se impugna la notificación.
El efecto de impugnar las notificaciones, es que éstas tienen prioridad de análisis.
Estructura del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Es un tribunal contencioso-administrativo, dice su Ley. Dotado de plena autonomía para
emitir sus fallos. Su integración es la siguiente: Una sala superior, una junta de gobierno
y administración y por salas regionales.
Sala Superior. Está compuesta por 13 magistrados, 11 de los cuales ejercen función
jurisdiccional y 2 forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. La designación
corresponde al presidente de la república, con aprobación del Senado. Los magistrados
deberán cumplir con los requisitos legales que establece la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, ya que si no se cumplen, de acuerdo con el artículo 51,
fracción I de dicha, las resoluciones emitidas serán ilegales. La sala superior puede
funcionar en pleno o en dos secciones de 5 magistrados cada una. El presidente del
tribunal no sesiona en las secciones, salvo que falte quórum.
El Presidente de la Sala Superior dura en su encargo 3 años, y no puede ser reelegido, es
además presidente del Tribunal y de la Junta de Gobierno y Administración. Su
nombramiento es por 15 años improrrogables. Para que exista quórum debe haber por lo
menos 7 magistrados en la Sala Superior y 4 en las seccionales.
Junta de Gobierno. Está integrada por el presidente del tribunal, que es presidente de la
misma, por dos magistrados de salas regionales y duran en su encargo dos años, quienes
además no tendrán funciones jurisdiccionales durante ese periodo.
Salas Regionales. Están compuestas por tres magistrados que duran en su encargo seis
años. Existe también la figura del magistrado supernumerario, que son cinco en total,
cuyo propósito es suplir ausencias de los magistrados de salas regionales, así como
también a los que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. Estos últimos
pueden ser propuestos para otro periodo, pero no pueden ser considerados para dos
periodos seguidos.
Los nombramientos de los magistrados de salas regionales y supernumerarios es por diez
años, y también los nombra el Presidente de la República. Los magistrados regionales que
terminan su periodo, pueden ser considerados para nuevos cargos, no así los
supernumerarios.


                                                                     22 de noviembre de 2008.
                   Competencia Material del Tribunal Federal de Justicia
                                      Fiscal y Administrativa
El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
está dividido en quince fracciones. Tiene una competencia más de tipo administrativo
que fiscal, comprende: responsabilidades, comercio exterior, etc. Las únicas fracciones
de naturaleza fiscal son la I, II y IV. Los juicios que competen al TFJFA sólo proceden contra
resoluciones definitivas (párrafo antepenúltimo del artículo 14)
Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios
que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y
procedimientos que se indican a continuación:
I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determinen la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las
bases para su liquidación.
II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de
conformidad con las leyes fiscales.
III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;
IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores.
V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional
o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al
erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas,
de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde n mayor
número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación
militar sea diversa de la que fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de
Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado
o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la
prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su
depuración.
VI. Las que dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de
contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y
las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la
reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de
responsabilidad patrimonial del Estado;
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los
Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales.
X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo;
XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican en las demás fracciones de este artículo;
XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble
tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga
valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los
referidos tratados o acuerdos;
XIV. Las que se consiguen por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo,
por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, La Ley Federal
de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el
plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse
configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentra prevista por la ley que
rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos
aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un
registro o anotación ante autoridad administrativa, y
XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán
definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste
sea optativa. El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los
actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los
reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con
motivo de su primer acto de aplicación.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que
promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas
favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas
en las fracciones anteriores como de su competencia.

En las fracciones I y II del artículo 23 de la LO en comento, se establece la competencia
exclusiva de las secciones en materia de Comercio Exterior:
Artículo 23. Son facultades de las Secciones, las siguientes:
I. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo
94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta
exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias;
II. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones
aplicables;

La competencia territorial de las Salas Regionales, es facultad del Pleno determinarlas.
Artículo 24 del Reglamento.

                                                                 29 de noviembre de 2008.
                         JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, entró en vigor a partir del 1º
de enero de 2006. Sustituyó al Título 6º del Código Fiscal Federal, el cual fue derogado.
Esta Ley está compuesta de 79 artículos, y en su estructura observamos, que regula casi lo
mismo del Título 6º antes mencionado.
Existen artículos muy importantes, de los cuales se mencionan algunos a continuación.
Artículo 1º. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto
por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa
se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la
disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio
contenciosos administrativo federal que establece esta Ley.
Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico
del recurrente, y ésta la controvierta en el juicio contenciosos administrativo federal, se
entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa
afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el
recurso.
Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto
o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la
procedencia del mismo, el juicio contenciosos administrativo procederá en contra de la
resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de
impugnación no planteados en el recurso.
Comentario del maestro: Habla de los juicios ante el tribunal, y la supletoriedad del
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 2º.
El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones
administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de
carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el
interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.
Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir
una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a
la ley.
Comentario del maestro: Habla de la competencia adicional. Conocer de actos
administrativos, decretos o acuerdos de carácter general no reglamentarios, que éstos
actos sean diversos a los reglamentos.
Artículo 3º. Son partes en el juicio contencioso administrativo:
I. El demandante
II. Los demandados. Tendrán ese carácter:
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la
autoridad administrativa.
c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u
organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se
controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con
fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las
materias de la competencia del Tribunal.
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se
controvierta el interés fiscal de la Federación.
III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.
Comentario del maestro: Define a las partes en el juicioso contencioso administrativo.
Artículo 4º. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este
requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda
firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego.
Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada
una de ellas, y designar a un representante común que elegirán de entre ellas mismas, si
no lo hicieren, el Magistrado Instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los
interesados, al admitir la demanda.
Comentario del maestro: Las promociones deben ir firmadas por cada uno de los
interesados. En materia contenciosa no pueden agruparse los demandantes, cada quien
debe representar sus derechos.
Artículo 5º. Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a
nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en
la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.
La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o
ante los secretarios del Tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de
profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la
patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la
representación se acreditará con la resolución judicial respectiva.
La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas
encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su
Reglamento o decreto respectivo y en caso, conforme lo disponga la Ley Federal de
Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las Entidades Federativas
coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales.
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho
que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer
promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las
autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.
Comentario del maestro: No hay gestión de negocios. Debe acreditar su personalidad
quien promueva el interés jurídico de otro. Se permite el registro de cédula profesional
en el Tribunal.
Artículo 6º. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a condenación
en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las
diligencias que promuevas.
Únicamente habrá lugar a condena en costas a favor de la autoridad demandada, cuando
se controviertan resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios.
Para los efectos de este artículo, se entenderá que el actor tiene propósitos notoriamente
dilatorios cuando al dictarse una sentencia que reconozca la validez de la resolución
impugnada, se beneficia económicamente por la dilación en el cobro, ejecución o
cumplimiento, siempre que los conceptos de impugnación formulados en la demanda
sean notoriamente improcedentes o infundados. Cuando la ley prevea que las cantidades
adeudadas se aumentan con actualización por inflación y con alguna tasa de interés o
recargos, se entenderá que no hay beneficio económico por dilación.
La autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los
daños y perjuicios causados, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa
falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el
concepto de impugnación de que se trata. Habrá falta grave cuando:
I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la
competencia.
II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación
no hay falta grave.
III. Se anule con fundamento en el artículo 51, fracción V de esta Ley.
La condenación en costas o la indemnización establecida en los párrafos segundo y
tercero de este artículo se reclamará a través del incidente respectivo, el que se tramitará
conforme lo previsto por el cuarto párrafo del artículo 39 de esta Ley.
Comentario del maestro. Novedoso. Previene la posibilidad de indemnizar a las partes
en los daños y perjuicios.
Artículo 7º. Los miembros del Tribunal incurren en responsabilidad si:
I. Expresan su juicio respecto de los asuntos que estén conociendo, fuera de las
oportunidades en que esta Ley lo admite.
II. Informan a las partes y en general a personas ajenas al Tribunal sobre el contenido o el
sentido de las resoluciones jurisdiccionales, antes de que éstas se emitan y en los demás
casos, antes de su notificación formal.
III. Informan el estado procesal que guarda el juicio a personas que no estén autorizadas
por las partes en los términos de esta Ley.
IV. Dan a conocer información confidencial o comercial reservada.
Comentario del maestro: La falta de fundamentación puede ser por: ausencia,
insuficiencia o indebida.
Artículo 51. fracción V. Facultades discrecionales que se aplican indebidamente.
…V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales
no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.
Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera
que no afectan las defensas del particular ni la trascienden al sentido de la resolución
impugnada, entre otros, los vicios siguientes:
a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita
domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.
b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que
el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la
diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba
notificarse.
c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento,
siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con
el interesado o con su representante legal.
d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de
requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios
requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo
oportunamente la información y documentación solicitados.
e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a
terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.
f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de
observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para
dichos efectos.
El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la
autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el
procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en
dicha resolución.
Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y
convenciones internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio
las causales a que se refiere este artículo…
…Artículo 34, párrafo IV. Las partes podrán recusar a los magistrados o a los peritos del
Tribunal, cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere el
artículo 10 de esta Ley. Artículo 10. Los magistrados del Tribunal estarán impedidos para
conocer, cuando: I. Tengan interés personal en el negocio; II. Sean cónyuges, parientes
consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus patronos o
representantes, en línea recta sin limitación de grado y en línea transversal dentro del
cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad; III. Hayan sido patronos o
apoderados en el mismo negocio; IV. Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna
de las partes o con sus patronos o representantes; V. Hayan dictado la resolución o acto
impugnados o hayan intervenido con cualquier carácter en la emisión del mismo o en su
ejecución; VI. Figuren como parte en un juicio similar, pendiente de resolución; VII. Estén
en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que
las mencionadas. Los peritos del Tribunal estarán impedidos para dictaminar en los
casos a que se refiere este artículo…
ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y
contra los actos siguientes:
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.
II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera
identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas
sean diversas.
IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se
promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el
Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.
Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de
ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido
expresamente impugnada.
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución
ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.
VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con
excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa.
VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de
defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía.
Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurran
las causas de acumulación previstas en el artículo 31 de esta Ley.
VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.
IX. Contra reglamentos.
X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.
XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución
o acto impugnados.
XII. Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio
Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la
opción ya haya sido ejercida.
XIII. Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que
emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el
artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior.
XIV. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de
resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si
dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso
de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal.
XV. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen
impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las
autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados
internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte.
No es improcedente el juicio cuando se impugnen por vicios propios, los mencionados
actos de cobro y recaudación.
XVI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley
o de una ley fiscal o administrativa.
La procedencia del juicio será examinada aun de oficio.
ARTÍCULO 9o.- Procede el sobreseimiento:
I. Por desistimiento del demandante.
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia
a que se refiere el artículo anterior.
III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es
intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y
cuando se satisfaga la pretensión del demandante.
V. Si el juicio queda sin materia.
VI. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir
resolución en cuanto al fondo.
El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.
Comentario del maestro: Estos dos últimos artículos (8 y 9) son muy importantes. La
improcedencia es un hecho jurídico que al actualizarse impide al juzgador pronunciarse
por el fondo del asunto: la improcedencia se puede dar por falta de interés jurídico, por
litispendencia o por conexidad. Se establecen como hechos que pueden invocarse por las
partes. Deben ser actualizados por el Tribunal. El sobreseimiento es la resolución que
emite el Tribunal, de naturaleza generalmente interlocutoria en la que reconoce que
existe un hecho que le impide analizar el fondo del asunto (que se desista, causal de
improcedencia, muerte del actor, quede sin materia).
Artículo 10. Ya fue transcrito líneas arriba, y trata sobre los impedimentos y las excusas.
Comentario del maestro: Puede existir un interés personal en el negocio, sean cónyuges,
parientes, patronos en el negocio. Tengan amistad o enemistad estrecha, hayan dictado
la resolución, etc.
Artículo 13. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional
competente, dentro de los plazos que a continuación se indican:
I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos
siguientes:
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando
se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa
de carácter general.
b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de
carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa.
II. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la
resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es
improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al promovente
para que presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter
definitivo.
III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una
resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la
fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo,
caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin
exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de
ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco
años anteriores a la presentación de la demanda.
Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la
Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal Mexicano, mediante correo
certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida
el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones,
el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio
dentro de la jurisdicción de la Sala Competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto,
deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.
Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá
hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión.
También se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las
autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en
un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso, el procedimiento
arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por
terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a
petición del interesado.
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial,
el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se suspenderá hasta
por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo
de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si
durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.
Comentario del maestro: Artículo sobre los términos.
ARTÍCULO 14.- La demanda deberá indicar:
I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte
del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala
Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar
ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente.
II. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo,
acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación.
III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.
IV. Los hechos que den motivo a la demanda.
V. Las pruebas que ofrezca.
En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre los
que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos.
En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente
administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada.
Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información
relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha
documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos
administrativos posteriores y a la resolución impugnada. La remisión del expediente
administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las especifique
como ofrecidas. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la
autoridad, el cuál estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que
pretendan consultarlo.
VI. Los conceptos de impugnación.
VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.
VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las
cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.
En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que
se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos
de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones
en un solo escrito.
El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo
dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes
para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda
correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y
VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se
omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor
requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días,
apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o
por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.
En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para recibir notificaciones
conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo o se desconozca el domicilio del
tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio
visible de la propia Sala.
Comentario del maestro: Requisitos de la demanda.
Artículo 15. El demandante deberá adjunta a su demanda:
I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.
II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida
por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la
que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.
III. El documento en que conste la resolución impugnada.
IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar
una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente
por la autoridad.
V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.
VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido
practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en
que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda
hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya,
el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de
esta Ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad
de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de
notificación de la referida resolución.
VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el
demandante.
VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado
por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.
IX. Las pruebas documentales que ofrezca.
Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que
fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o
comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se
encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra
para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando
ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los
documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que
acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de
la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las
constancias.
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el
Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de
cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los
documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la
demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las
mismas se tendrán por no ofrecidas.
Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la
fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada
por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de
operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el
demandante se abstendrá de revelar dicha información.
La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición
de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los
representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción
VII, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación.
Comentario del maestro: Copias para toaos de las partes.
ARTÍCULO 16.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que
lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso
administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:
I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de
impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer
en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.
II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende
impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su
notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad
acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el
actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.
III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación,
en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución
administrativa.
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor
de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se
le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha
notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la
resolución.
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la
demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la
resolución administrativa combatida.
Comentarios del maestro: Reglas de impugnación al acto administrativo cuando se
alegue que no fue notificado o fue irregular.

                                                                   6 de diciembre de 2008.
Cuando puede ampliarse la demanda:
ARTÍCULO 17.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquél
en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos
siguientes:
I. Cuando se impugne una negativa ficta.
II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así
como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.
III. En los casos previstos en el artículo anterior.
Comentario del maestro: Impugnación a las notificaciones. Revisar artículo 16.
         “…Artículo 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue
         notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las
         impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las
         reglas siguientes:
         1. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los
         conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución
         misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la
         fecha en que la conoció.
         2. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que
         pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la
         autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso,
         al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la
         resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá
         combatir mediante ampliación de la demanda.
         3. El tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la
         notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en
         contra de la resolución administrativa. Si resuelve que no hubo notificación
         o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución
         administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le
         dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en
         base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se
         hubiese formulado contra la resolución.
         Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como
         consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente,
         sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa
         combatida…”
IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el
primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.
Comentario del maestro: Estos casos se presentan poco. Significa, que sin violentar la
fundamentación y motivación de la demanda, se incluyen elementos novedosos.
Admitida la demanda, se debe correr traslado a las partes. Las reglas para la
contestación las tenemos en los artículos 19 y 20.
V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por
extemporaneidad en la presentación de la demanda.
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio
en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas
y documentos que en su caso se presenten.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se
encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el tercer
párrafo del artículo 15 de esta Ley.
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado Instructor
requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el
promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la
ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios
dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX del artículo 15 de
esta Ley, las mismas se tendrán por no ofrecidas.
Comentarios del maestro. Ampliación de la demanda. Requisitos formales, artículo 19, y
documentos que deben acompañarse el artículo 20.
Artículo 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta
efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de
veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que
admita la ampliación. Si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a
todos los hechos, se tendrá como ciertos los que el actor impute de manera precisa al
demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten
desvirtuados.
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor
como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en
el plazo a que se refiere el párrafo anterior..
Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá
individualmente.
Artículo 20. El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la
demanda, expresará.
I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento.
II. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto al fondo o
demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su
demanda.
III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de
manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios
o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso.
IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de
impugnación.
V. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a indemnización que
solicite la actora.
VI. Las pruebas que ofrezca.
VII. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisará los hechos sobre
los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos.
Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.
Comentarios del maestro: Debe leerse el artículo 40, referente a las pruebas y reglas par
la valoración de las mismas. Deben ser hechos positivos, Se admiten toda clase de
pruebas, excepto la confesional por posiciones. Existen tres tipos de pruebas: la tasada,
la prueba libre y la sana crítica.
        “…Artículo 40. En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que
        pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá
        probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo,
        cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus
        excepciones. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles
        toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante
        absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se
        limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las
        autoridades.
        Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya
        dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para
        que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga…”
        “…Artículo 46. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las
        siguientes disposiciones:
        I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones
        legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente
        afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales;
        pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de
        verdad o manifestaciones de hechos particulares, los documentos sólo
        prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron
        tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo
        declarado o manifestado.
        II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas,
        se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las
        actas respectivas.
        III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás
        pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala.
        Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a
        una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración se estará a
        lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos
        Civiles.
        Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones
        formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia
        del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las
        fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su
        sentencia…”
Artículo 47. Cierre de la instrucción.
El magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del
juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por
lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito.
Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin
ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción.
Comentarios del maestro: Los alegatos son importantes. Concluido el plazo se declara el
cierre de la instrucción y en ese momento el Tribunal tiene 45 días para elaborar el
proyecto de sentencia y para darla a conocer 60 días (estos plazos corren paralelos). En
caso de no darse de esta manera el quejoso puede promover la excitativa de justicia
(art. 55).
Contra la sentencia definitiva no hay recurso para los particulares. Para las autoridades
existe (art.63) y para ambos se cuenta con el recurso de reclamación (art. 63)