PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN LO by pengxiang

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									Cátedra de Contencioso Administrativo

Profesor Carlos Rafael Pérez Marchan
                                                                                          …se declara con
                                                                                          lugar el recurso
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                                        de nulidad de
   TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                           nulidad…
        TRIBUNAL SUPERIOR
   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

  DEMANDA DE NULIDAD DEL ACTO
       ADMINISTRATIVO…                                  …demando la        …ese abogado
                                     ¡como lo dijo el   nulidad del acto   si sabe
                                       Profesor de      administrativo…    contencioso…
                                       Contencioso
                                     Administrativo!
                                            PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN
                                         LOS JUICIOS DE NULIDAD CONTRA LOS
                                         ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS
                                                  GENERALES Y PARTICULARES




LEY ORGÁNICA DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
G. O. Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004




Caracas, agosto de 2009
                                 LEGITIMACIÓN ACTIVA
       Toda persona natural o jurídica, que sea afectada en sus derechos o intereses por
una ley, reglamento, ordenanza u otro acto administrativo de efectos generales emanado
de alguno de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal o Municipal,
puede demandar la nulidad del mismo ante el Tribunal Supremo de Justicia, por razones
de inconstitucionalidad o de ilegalidad. (Actos de efectos generales).

       Los que tengan interés personal, legítimo y directo en impugnar un acto
administrativo de efectos particulares, puede igualmente demandar la nulidad del mismo
ante el Tribunal Supremo de Justicia, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.
(Actos de efectos particulares).

       El Fiscal General de la República y demás funcionarios a quienes las leyes les
atribuyen tal facultad, podrán también solicitar la nulidad del acto, cuando éste afecte un
interés general. (Ej. el Procurador General de la República, el Defensor del Pueblo, los
Representantes de las Organizaciones No Gubernamentales, etc.).

                                        ART. 21.8 LOTSJ.
      (Vid. S/TSJ/SPA. Nº 121 del 31/01/2007, Exp. Nº 2007-1996, caso: Almacenadora Caraballeda, C.A.,
     contra la Resolución Nº 271 de 27/09/1995, dictada por el Ministro de Transporte y Comunicaciones.
                                                  S/TSJ/SPA Nº 121 del 31/01/2007, Exp. Nº 2007-1996,
                       caso: Almacenadora Caraballeda, C.A., contra la Resolución Nº 271 del 27/09/1995,
                                                dictada por el Ministro de Transporte y Comunicaciones.


“…Esta Sala en sentencia Nº 1.084 del 11 de mayo de 2000 (caso: Colegio de
Nutricionistas), señaló al respecto que cuando el objeto del recurso de nulidad se
refiere a un acto administrativo de efectos particulares la legitimación activa exigida
es, de acuerdo a los claros términos de los artículos 121 y 124, ordinal 1º de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la de un interés legítimo, personal y
directo, esto es, que el interés en la legalidad de la actividad administrativa está
calificado por el legislador; por ello se requiere que el recurrente, sea el destinatario
del acto, o cualquier otro sujeto que, sin ser titular de derechos subjetivos
administrativos, se encuentre en una especial situación de hecho ante la infracción
del ordenamiento jurídico, la cual, por eso mismo, le hace más sensible que el resto
de los administrados al desconocimiento del interés general o colectivo por parte de
la Administración al violar la ley. Éstos últimos han sido llamados por la doctrina
interesados legítimos.

En el texto de la mencionada sentencia, la Sala conceptualizó la noción de simple
interés, estableciéndolo como no calificado por el legislador y que ‘se refiere a la
facultad que tiene cualquier ciudadano de impugnar la actuación administrativa,
siempre que ésta le afecte en su esfera jurídica. Este interés simple, pero
particularizado, condicionado a que afecte derechos o intereses de quien recurre, es
el que se exige para solicitar la nulidad de actos de la Administración de efectos
generales’.                                                                    …/…
Con vista a lo antes expuesto, la Sala arribó a la conclusión de que en el contencioso
administrativo la legitimación activa para recurrir de un acto que aparezca ilegal
dependerá de la calificación del acto mismo, es decir, si es de efectos generales o de
efectos particulares. Siendo requerido en el primero de los casos, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el
simple interés particularizado, en tanto que, cuando se trata de la impugnación de
actos administrativos de efectos particulares, el interés estaba calificado por el
legislador, al exigir que el mismo debía ser legítimo, personal y directo, es decir, un
interés actual, concreto, que afecte directamente a sus destinatarios, a aquellos que
han establecido una relación jurídica con la Administración Pública o a todo aquel a
quien la providencia administrativa afecta en su derecho o interés legítimo.

Lo antes expuesto ha sido recientemente previsto por esta Sala en sentencia Nº
1.895 del 26 de julio de 2006, (caso: Enrique Mendoza vs. Decreto Presidencial Nº
1.969), al establecer que en el caso de recurso de nulidad contra actos
administrativos de efectos particulares ‘se requiere de un interés calificado, es decir,
interés personal, legítimo y directo’. (Resaltado nuestro).                        …/…
De modo que todo acto del Poder Público debe ceñirse a los parámetros de la
legalidad y constitucionalidad vigentes, so pena de ser revocado por la propia
Administración en ejercicio de su poder de autotutela o de ser declarado nulo por las
autoridades judiciales competentes, mediante el ejercicio de acciones judiciales
provistas por el propio ordenamiento jurídico como instrumentos de colaboración
ciudadana para el resguardo y vigilancia de la juridicidad y el logro de la justicia.

Ello implica que cuando la Administración actúe al margen de la ley, en detrimento
de intereses indirectos y distintos a los derechos subjetivos de los destinatarios
expresos de su actuación, quedan habilitados quienes ostenten esta condición dada
por este específico interés, de acuerdo a los razonamientos que acaban de
exponerse, los cuales quedan confirmados además, con lo previsto en el artículo 121
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia relativo a los extremos subjetivos
para recurrir de los actos administrativos de efectos particulares, esto es, el interés
personal, legítimo y directo…”.
                                           INTRODUCCIÓN DE LA DEMANDA

       La Secretaría de la Sala recibe el escrito de la demanda, recurso o solicitud con
la documentación pertinente acompañada al mismo, forma expediente, da cuenta
ante la correspondiente Sala, y en esa misma oportunidad, si el juez no solicita los
antecedentes administrativos, ordena su inmediata remisión al Juzgado de
Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie sobre su admisibilidad o no; en
caso de haberse solicitado los antecedentes administrativos, luego que sean
consignados los mismos al expediente, se remiten las actuaciones al Juzgado de
Sustanciación de la Sala.


                  ARTS. 19 (Enc)-1-2-3-5-10 y 21.9-21 LOTSJ.
                                          FORMALIDADES DE LA DEMANDA

      En la demanda se indicará con toda precisión el acto administrativo
impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y
las razones de hecho y de derecho en que se fundamente la acción.


      Si la nulidad se concreta a determinados artículos, a ellos se hará mención
expresa, indicándose respecto de cada uno de ellos la motivación pertinente, o si se
refiere a un acto administrativo, se indicarán los aspectos formales del mismo; con la
demanda se acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado, el instrumento
que acredite el carácter con que actúa quien la presenta (Poder), si no lo hace en
nombre propio, y cualesquiera otros documentos que considere necesarios para
hacer valer sus derechos.
                                 ART. 21.9 LOTSJ.
                                                FORMALIDADES DE LA DEMANDA

    El libelo de la demanda deberá expresar:

1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.

2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que
   tiene.

3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá
   contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su
   situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere
   semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su
   identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare
   de derechos u objetos incorporales.


                                     ART. 340 CPC.
                                            FORMALIDADES DE LA DEMANDA

5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la
   pretensión, con las pertinentes conclusiones.

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los
   cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán
   producirse con el libelo.

7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos
   y sus causas.

8° El   nombre y      apellido   del   mandatario   y la consignación     del   poder.

9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.
   (Domicilio Procesal).

                                       ART. 340 CPC.
                                      SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

       En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y el
Tribunal Supremo de Justicia podrá acordar, inclusive aun de oficio, las medidas
cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho
invocada y garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no
prejuzguen sobre la decisión definitiva. (periculum in mora y fomus boni iuris)


               ARTS. 19.10 LOTSJ. Y ARTS. 585 AL 588 CPC.
                                                               SOLICITUD DE LOS
                                                 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS


       Para los casos de las demandas contra los actos administrativos de efectos
particulares, la Sala “podrá” solicitar al órgano o ente emisor del acto impugnado los
antecedentes administrativos.


       A tal efecto concede al órgano o ente requerido un plazo prudencial para la
remisión del referido expediente al tribunal.


       (Vid. S/TSJ/SPA Nº 1.257 del 11/07/2007. Exp. Nº 2006-0694, Caso: Echo Chemical 2000, C.A.).



                                       ART. 21.10 LOTSJ.
                                          S/TSJ/SPA Nº 1.257 del 11/07/2007. Exp. Nº 2006-0694,
                                                                  Caso: Echo Chemical 2000, C.A.


“…En España, según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 del 28 de
noviembre de 1986, se define al expediente administrativo como “el conjunto
ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a
la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”,
disponiendo también que “los expedientes se formarán mediante la agregación
sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos,
notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán
rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.”

En nuestro país, si bien la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no
establece definición alguna de “expediente administrativo”, si regula esta figura,
pudiendo resaltarse entre esa regulación, las disposiciones siguientes: *

                                     (…Omissis…)

*(Vid. Artículos 31, 32, 34 y 51).
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, observa la Sala que el
expediente administrativo puede definirse como el conjunto ordenado de todas las
actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento administrativo que le sirven
de sustento a éste; es decir, el expediente es la materialización formal del
procedimiento.

En atención a que el expediente conforma la materialización del procedimiento
administrativo, es preciso que a fin de garantizar el derecho al debido proceso en
sede administrativa, como lo preceptúa el artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
141 eiusdem, el cual establece que “La Administración Pública está al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad,
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley
y al derecho” (subrayado de la Sala), los órganos administrativos al sustanciar los
expedientes deben observar las normas previstas en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, que disponen la unidad, orden y secuencia en la
cual se deben llevar dichos expedientes. ..”.
                                                    RECEPCIÓN DE LOS
                                       ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS


      Recibidos los antecedentes administrativos, se abre pieza separada y se
remiten tanto el expediente judicial como el expediente administrativo al Juzgado de
Sustanciación, a los fines de la admisión o no de la demanda, recurso o solicitud
propuesta.




                         ARTS. 19.3 y 21.10 LOTSJ.
                                          ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA


      El Juzgado de Sustanciación, una vez recibidas las actuaciones de la Sala,
decidirá por auto motivado sobre la admisibilidad de la demanda, recurso o solicitud
dentro de los tres (3) días hábiles (de Despacho) siguientes contados a partir del
recibo del expediente.



                         ARTS. 19.4 - 21.11 LOTSJ.
                                          CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS
                                          DEMANDAS, RECURSOS O SOLICITUDES


1.   Cuando así lo disponga la ley.


2.   Si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal. (Desaplicado)
3.   Si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción intentada.


4.   Cuando se acumulen acciones o recursos que excluyan mutuamente o cuyos
     procedimientos sean incompatibles.


5.   Cuando no se acompañen los documentos indispensables para
     verificar si la acción o recurso es admisible.



                                   ART. 19.5 LOTSJ.
                                               CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS
                                               DEMANDAS, RECURSOS O SOLICITUDES

6.   Cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las
     demandas contra la República. (Antejuicio Administrativo).


7.   Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos o es de tal modo ininteligible que
     resulte imposible su tramitación.


8.   Cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya el
     demandante, recurrente o accionante.


9.   Cuando exista cosa juzgada.

                                          ART. 19.5 LOTSJ
      (Vid: S/TSJ/SC Nº 97 del 02/03/2005, Exp. Nº 03-2.290, caso: Banco Industrial de Venezuela, C.A.,
        ratificada en S/TSJ/SPA N° 1.316 del 05/04/2005, Exp. N° 04-691, caso: Inversiones Dax, C.A.).
                                                    S/TSJ/SC. Nº 97 del 02/03/2005, Exp. Nº 2003-2.290,
                                                     caso: Banco Industrial de Venezuela, C.A. (Revisión).


“…Incluso, considera la Sala que la aplicación literal de la referida norma jurídica implicaría
una indebida desigualdad procesal y una indeseable inseguridad jurídica. Desigualdad
procesal e inseguridad jurídica porque, en el marco de un proceso judicial y ante un supuesto
de hecho en concreto –la incompetencia del tribunal ante el cual se interpuso la causa-, se
producirían dos soluciones jurídicas distintas: la declaratoria de incompetencia y consecuente
declinatoria, o bien la declaratoria de inadmisibilidad, según el proceso se rigiese por el
Código de Procedimiento Civil (artículos 69 y 75 de dicho Código) o bien por la normativa de
la entonces Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (artículo 84, cardinal 2), ahora Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 19, párrafo 6), lo que, en definitiva, arroja
una dicotomía de soluciones jurídicas frente a un mismo supuesto fáctico que reflejan la
necesaria incompatibilidad de alguna de ambas en relación con el derecho de acceso a la
justicia y el principio pro actione, ante lo cual debe prevalecer, con fundamento en los
precedentes de esta Sala que antes se citaron, la solución que otorga la norma procesal.

De manera que no existen dudas para esta Sala Constitucional de que, en este caso, si
bien la decisión se fundó en el artículo 84.2 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, entonces vigente, tal disposición debió ser desaplicada –vía control difuso-
ante la existencia de una norma de rango constitucional que garantiza de manera
expresa el acceso de toda persona a los órganos de administración de justicia…”.
                               AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA
                                                                   (contenido)



       El auto de admisión de la demanda contendrá las citaciones y/o
notificaciones del máximo representante del órgano o ente emisor del acto
administrativo impugnado, del Fiscal General de la República, del Procurador
General de la República y de cualquier otro funcionario o persona que señale la
ley.


       Igualmente se “PODRÁ” citar a los interesados mediante cartel        de
emplazamiento en un diario de circulación nacional para que se hagan parte en
el proceso.


                           ART. 21.11 LOTSJ.
                                       RETIRO, PUBLICACIÓN Y CONSIGNACIÓN
                                             DEL CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

      El Recurrente deberá retirar, publicar y consignar a los autos el cartel de
emplazamiento dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su
expedición.

       Igualmente deberá consignar un (1) ejemplar del diario o periódico en el
cual fue publicado el cartel de emplazamiento, dentro de los tres (3) días (de
Despacho) siguientes a su publicación.

       El incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso y
se ordenará el archivo del expediente.

 (Vid. S/TSJ/SPA. N° 5.481 del 11/08/2005, Exp. N° 2002-0679, caso: Miguel Ángel Herrera Herrera, contra el
    Ministerio del Interior y Justicia, ratificada en S/TSJ/SPA. Nº 1.116, del 04/05/2006, Exp. N° 2004-696,
                       caso: Carlos Javier Melo contra el Ministerio de la Defensa).


                          ART. 21.11 LOTSJ. Y ART. 267 CPC.
                                 S/TSJ/SPA. N° 5.481, de fecha 11 de agosto de 2005, Exp. N° 2002-0679,
                           caso: Miguel Ángel Herrera Herrera, contra el Ministerio del Interior y Justicia.



“… Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte
undécimo -parte in fine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a
establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del
cartel de emplazamiento, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso
para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha
formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de
particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen
tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte
del recurrente del retiro y publicación del cartel de emplazamiento, lo que podría
perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el
acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación,
además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya
estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de
ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva. …/…
Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-
administrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve
a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se
asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental)
de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez
como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la
Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por mandato del
primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de
la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos
previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que
establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso
administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el
cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la
Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal.

En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha
en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el
recurrente deberá retirar y publicar el ejemplar del periódico donde fue publicado el
referido cartel, contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha
publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no
cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de
desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de
su inactividad en el procedimiento. Así se declara...”.
                              AUTO DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
                                                    (RECURSO PROCESAL DE APELACIÓN)


       Del auto por el cual se declare inadmisible la demanda, recurso o
solicitud, podrá apelarse por ante la Sala respectiva, dentro de los tres (3) días
hábiles (de Despacho) siguientes a su publicación, y la Sala podrá confirmarlo,
reformarlo o revocarlo en el lapso de quince (15) días hábiles (de Despacho),
contados desde la interposición de la apelación, quedando a salvo los lapsos
previstos en leyes especiales, siempre que éstos resulten más favorables a las
partes.

                  (Vid: S/TSJ/SPA. N° 1.735, Exp. N° 14.226 del 27/07/2000,
          caso: Juan Eduardo Adellán contra la República Bolivariana de Venezuela).


                                 ART. 19.4-13 LOTSJ.
                                  S/TSJ/SPA. N° 1.735, Exp. N° 14.226, de fecha 27 de julio de 2000,
                          caso: Juan Eduardo Adellán contra la República Bolivariana de Venezuela.



“… ¿ ES O NO APELABLE EL AUTO QUE ADMITE ?

Al respecto, es menester observar que en materia civil ordinaria, el auto que
declara la admisión no resulta apelable, porque se tiene una oportunidad y un
procedimiento establecido para controlar la admisión, que viene a ser todo el
régimen de las cuestiones previas, por lo que cualquier oposición a la admisión
se verifica en la oposición de cuestiones previas. En el contencioso
administrativo, se plantean dos hipótesis: la primera, es seguir la misma regla del
Código de Procedimiento Civil y por lo tanto no apelar, porque la admisión no
causa un grave daño irreparable; sin embargo, esta Sala debe recordar que en el
contencioso administrativo las cuestiones previas opuestas, como regla general,
se deciden como punto previo en la sentencia definitiva, y en consecuencia, hay
que llevar todo el procedimiento y el demandado sí podría sufrir un grave daño
con la admisión.
                                  (…Omissis…)

Por tales razones considera esta Sala, y de ahí que se abandone el criterio
sostenido por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de
Justicia, que cuando el Juzgado de Sustanciación de la Sala admite una demanda
sin haberse demostrado el cumplimiento del antejuicio administrativo previo, lo
procedente no es la oposición de la cuestión previa de prohibición de admitir la
acción propuesta (ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil), sino la apelación del auto de admisión dictado por el Juzgado de
Sustanciación, a fin de que la Sala se pronuncie en relación a los requisitos de
inadmisibilidad sobre los cuales la parte afectada por el auto de admisión,
consideró que no fueron debidamente analizados al momento de producirse la
admisión de la demanda o la solicitud.

Si la representación de la República demandada no ejerciere ese derecho de
apelar contra el auto de admisión emanado del Juzgado de Sustanciación, la
propia Sala quedará autorizada – de oficio - para pronunciarse en relación al
auto proferido por dicho Juzgado y, consecuentemente, también quedará
autorizada para revocar el referido auto de admisión y declarar inadmisible esa
demanda en razón del carácter de orden público del procedimiento
administrativo previo que prevé la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, tal y como lo presupone el artículo 212 del Código de Procedimiento
Civil. Así se declara …”. (Resaltado del texto).
                                                 ANUNCIO Y SOLICITUD DE
                                         APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBAS


      Una vez practicadas las citaciones y/o notificaciones, cualquiera de las

partes podrá solicitar la apertura de un lapso para promover y evacuar las
pruebas que consideren convenientes para la mejor defensa de sus intereses.
      En el período de promoción de pruebas las partes deberán indicar los
hechos sobre los cuales recaerán las mismas y producirá aquellas que no
requieran evacuación.

          (Vid. Auto/TSJ/SPA (Juzgado de Sustanciación) del 26/04/2006, Exp. Nº 02-1072,
                       caso: Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR).


                                  ART. 21.12 LOTSJ.
                             Auto/TSJ/SPA (Juzgado de Sustanciación) de fecha 26/04/2006, Exp. Nº 02-1072,
                                                     caso: Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR).


“…En relación con la oposición a la admisión de las pruebas de inspección judicial y experticia por
no señalar el objeto de las mismas, ha sido criterio reiterado de esta Sala Político-Administrativa,
señalar que el sistema de libertad de los medios de prueba es absolutamente incompatible con
cualquier tendencia restrictiva de admisibilidad del medio probatorio escogido por las partes,
salvo de aquellos legalmente prohibidos o que resulten ajenos a los hechos debatidos, ya que
cualquier negativa a admitir una prueba que no fuese calificada como manifiestamente ilegal o
impertinente, pudiera vulnerar en definitiva el derecho a la defensa del promovente.
                                           (…Omissis…)
Así, por decisión N° 00314 del 5 de marzo de 2003, ratificada en fecha 16 de diciembre de 2003
(sentencia Nº 01956), la Sala expresamente estableció que:

“la disposición antes citada (artículo 395 del Código de Procedimiento Civil) no establece que
para la admisión de una prueba deba señalarse expresamente cuál es el objeto de la misma; sin
embargo, esta Sala considera que existen casos en los cuales resulta conveniente para las partes
hacer tal señalamiento, pues sin duda alguna ello facilitaría la labor de valoración de las pruebas
que debe desempeñar el juez al dictar sentencia. Lo que no puede, en ninguno de los casos, es
pretenderse de manera general que tal precisión sea de obligatorio cumplimiento, creando una
carga para las partes no establecida expresamente por la ley...”; en razón de lo cual, estima este
Juzgado, de conformidad con la doctrina antes mencionada, que la omisión del señalamiento
expreso del objeto de las pruebas promovidas (documentales, inspección judicial y experticia) no
es un impedimento para su admisión, toda vez que no atiende a la manifiesta ilegalidad o
impertinencia de las mismas; resultando, en consecuencia, improcedente la citada oposición, y
así se decide…”.
                                             LAPSO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS

       En los recursos de nulidad contra los actos administrativos, el
promovente dispone de cinco (5) días hábiles para la promoción de las pruebas
que estime convenientes para la mejor defensa de sus intereses.



         ( Vid: S/TSJ/SPA, Nº 904, Exp. Nº 03-1.383, del 30/03/2005, Exp. Nº 2003-1.383,
       caso: Rafael Alberto La Torre Cáceres, contra la República Bolivariana de Venezuela
      ‘Ministerio del Interior y Justicia’, ratificada en S/TSJ/SPA, Nº 2.339, Exp. Nº 2002-662,
                          del 27/04/2005, caso: Centro Simón Bolívar, C.A.)


                    ART. 21.12 LOTSJ. Y ARTS. 392 y 396 CPC.
                                          S/TSJ/SPA, Nº 904, del 30 de marzo de 2005, Exp. N° 2003-1.383,
                        caso: Rafael Alberto La Torre Cáceres, contra la República Bolivariana de Venezuela
                                                                           (Ministerio del Interior y Justicia).



“…Ahora bien, como puede apreciarse de la situación fáctica así como de las normas
citadas, las disposiciones del artículo 19, apartes 18 y 19 eiusdem, están referidas al
procedimiento para las apelaciones que deban tramitarse ante el Tribunal Supremo de
Justicia, lo cual resulta inaplicable al presente caso, ya que se trata de un juicio que se
encuentra en fase de cognición.

De esta manera, considera esta Sala, que cuando el artículo 21 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, hace referencia
a la aplicación del artículo 19 eiusdem, debe entenderse que el procedimiento aplicable
para el lapso de pruebas es el del procedimiento ordinario previsto en el artículo 388 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la remisión supletoria que hace
el artículo 19, primer aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela. Así se declara…”.
                                          MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS
                             EN PRIMERA INSTANCIA,

                 Rige el principio de la libertad probatoria.

                            EN SEGUNDA INSTANCIA,

       Sólo se podrán promover las pruebas de experticia, inspección judicial,
incluyendo aquellos documentos que formen parte de los archivos de la
Administración Pública, cuando haya constancia que la prueba que de ellos se
pretende deducir no puede llevarse de otro medio a los autos, las posiciones
juradas, y los instrumentos públicos y privados.

                                   ART. 19.11 LOTSJ.
                                 (Parcialmente desaplicado)

          (Vid. S/TSJ/SPA, Nº 1.676, Exp. Nº 99-16.424, de fecha 5 de octubre de 2004,
       caso: Rosa Aura Chirino Navas contra el Municipio Silva del Estado Falcón y otros).

                                     ART. 395 CPC.
                             S/TSJ/SPA, Nº 1.676, de fecha 5 de octubre de 2004, Exp. Nº 99-16.424,
                   caso: Rosa Aura Chirino Navas, contra el Municipio Silva del Estado Falcón y otros.




“… Así las cosas y volviendo al examen del aparte once del artículo 19 de la
novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, considera esta Sala que la limitación consagrada en
dicho dispositivo, respecto de los medios de prueba que pueden promover las
partes en aquellas demandas, solicitudes o recursos ejercidos, en primera
instancia, por ante este Supremo Tribunal, constituye una limitación excesiva al
derecho a la defensa de los justiciables consagrado en el artículo 49 de la
Constitución, la cual vacía prácticamente dicho derecho de contenido, toda vez
que se excluyen otros medios probatorios que en determinados casos, por
estarse ventilando en primera y única instancia, resultan pertinentes e incluso
los únicos para demostrar las pretensiones que se quieren hacer valer en juicio.

                                                                                                …/…
En ese orden de ideas y atendiendo al marco de Estado de Derecho y de Justicia
que abarca nuestro ordenamiento constitucional vigente, considera esta Sala
que el legislador debió contemplar en la Ley que regula los procedimientos que
se ventilan ante este Máximo Tribunal un sistema amplio de pruebas para las
causas que se tramitan y sustancian en primera instancia, especialmente si se
parte del hecho de que esos juicios – los que se conocen y deciden en primera
instancia – no tienen alzada, surgiendo así la imperiosa necesidad de permitir
que las partes, a través de los medios probatorios que dispone el ordenamiento
jurídico, prueben lo que ha bien tengan, poniendo en conocimiento del juez los
elementos de juicios necesarios para la mejor solución de la controversia
planteada.
                                  (…Omissis…)

Ahora bien, en este contexto resulta forzoso para esta Sala desaplicar de oficio y
para el caso en concreto lo dispuesto en el aparte once del artículo 19 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela, en lo que se refiere a aquellos medios probatorios que se admiten en
los procedimientos que se sustancian por ante este Máximo Tribunal en primera
instancia. Por lo tanto, deben admitirse en el presente caso, todos los medios
probatorios que no estén expresamente prohibidos por el Código Civil, el Código
de Procedimiento Civil y otras leyes de la República …”.
                                 LAPSO PARA CONVENIR U OPONERSE


       Dentro de los tres (3) días siguientes al término de la promoción, cada

parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata
de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el juez
pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no
serán objeto de prueba. si alguna de las partes no llenare esta formalidad en el
término fijado, se considerarán contradichos los hechos.

       Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la
admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente
ilegales o impertinentes.

                              ART. 397 CPC.
                         AUTO DE ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS


      Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del lapso para

convenir u oponerse, el juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo
las que sean legales y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o
impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que se omita toda declaración
o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las
partes.


                  ART. 19.19 LOTSJ. Y ART. 398 CPC.
                                       APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE
                                       ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS


       Las partes podrán apelar contra el auto de admisibilidad de las pruebas,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación
del correspondiente auto.

     Contra el auto que niegue la admisión de pruebas, se oirá apelación en
ambos efectos, y contra el auto que las admita, en un solo efecto.

       La Sala proveerá dentro de los quince (15) días siguientes, contados
desde la presentación de la apelación. Quedan a salvo los lapsos previstos en
disposiciones espaciales, siempre que éstos sean más favorables para las partes.

                          ART. 19.11-13 LOTSJ.
                                  LAPSO DE EVACUACIÓN DE PRUEBAS


       Admitidas las pruebas, la evacuación de las mismas se efectuará dentro

de los treinta (30) días continuos siguientes, dicho lapso podrá extenderse por
una sola vez, por un lapso de quince (15) días continuos.




                  ART. 21.12-13 LOTSJ. y ART. 400 CPC.
                                             RESOLUCIÓN DEL ASUNTO
                                             COMO DE MERO DERECHO



      El Tribunal Supremo de Justicia podrá dictar sentencia definitiva, sin
relación, ni informes, cuando el asunto fuere de mero derecho.




                ART. 21.15 LOTSJ. Y ART. 389, 1° CPC.
                                  CONCLUSIÓN DE LA SUSTANCIACIÓN
                                DESIGNACIÓN MAGISTRADO PONENTE



       Negadas las pruebas o evacuadas las pruebas admitidas, la Sala recibe las

actuaciones del Juzgado de Sustanciación, a los fines de la continuación del
procedimiento, se da cuenta en Sala, se designa Magistrado ponente, y se fija la
oportunidad para dar comienzo a la primera etapa de la relación de la causa
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.



                         ARTS. 19.6 - 21.14 LOTSJ.
                                                     RELACIÓN DE LA CAUSA
                                                           PRIMERA ETAPA
                                                                 (ACTO DE INFORMES)



       La relación de la causa consiste en el estudio individual del expediente por los
Magistrados. Se hará constar en el expediente su fecha de inicio.


       Iniciada la primera etapa de la relación de la causa, las partes deberán
presentar sus informes en forma oral dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la hora que fije el tribunal.



                                ART. 19.7-8 LOTSJ.
                                                         ACTO DE INFORMES
                                                             (Formalidades)


       Al inicio el acto de informes, el Presidente de la Sala respectiva señalará a
las partes el tiempo de que disponen para exponerlos, y de igual modo,
procederá si las partes manifiestan su deseo del hacer uso del derecho a réplica
o contrarréplica.


       Los informes constituyen la última actuación de las partes en el proceso.
Concluido el acto de informes se dice “vistos”, y se da comienzo la segunda
etapa de la relación de la causa.



                               ART. 19.8 LOTSJ.
                                                 RELACIÓN DE LA CAUSA
                                                       SEGUNDA ETAPA


      Realizado el acto de informes, ope legis se da comienzo a la segunda
etapa de la relación de la causa, la cual tendrá una duración de veinte (20) días
hábiles, dicho lapso podrá ser prorrogado por una sola vez, por el mismo
tiempo, por auto razonado, cuando el número de piezas que conforman el
expediente, la gravedad o complejidad del asunto u otras razones así lo
impongan la causa entrará en estado de sentencia.


                             ART. 19.8 LOTSJ.
                                                     SENTENCIA DEFINITIVA

       En su fallo definitivo el Tribunal Supremo de Justicia declarará, si procede
o no, la nulidad de los actos o de los artículos impugnados, y determinará, en su
caso, los efectos de la decisión en el tiempo; igualmente podrá, de acuerdo con
los términos de la solicitud, condenar el pago de sumas de dinero y a la
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la
administración, así como disponer lo necesario para el restablecimiento de las
situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.


       Cuando la acción hubiese sido temeraria o evidentemente infundada, se
impondrá al solicitante multa entre cincuenta unidades tributarias (50 UT) y cien
unidades tributarias (100 UT).


                          ART. 21.16-17-18 LOTSJ.
FIN DE LA PRESENTACIÓN

								
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