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					BORRADOR DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA SUJETA A CORRECCIÓN Y CAMBIOS Al Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid Procedimiento: Derecho al Honor, Intimidad e Imagen 1877/2008 Miguel Ángel Gallardo Ortiz, demandado en este procedimiento, como mejor proceda, ALEGA: Primero.- Se niegan todos los hechos salvo los expresamente reconocidos aquí, y especialmente, se considera maliciosamente temeraria la demanda al pretender atribuirme palabras y expresiones de terceros a los que no se demanda, y con los que nada tengo que ver, como saben perfectamente los demandantes y más aún su mendaz letrado, sobre el que nos manifestaremos más adelante pero se deja constancia de su maliciosa temeridad, y su obvia intención de confundir, desde el principio. Segundo.- Los hechos en los que, temerariamente, pretende basarse la demada son éstos:

En efecto, Miguel Ángel Gallardo Ortiz es, y siempre ha sido, desde su constitución en 1996, Administrador Único de la empresa CITA. La página www.cita.es/peritos/incompatibles a la que hace referencia la demanda es de la exclusiva responsabilidad de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, y yo mantengo mi afirmación de que la peritación de funcionarios públicos para partes litigantes es inmoral e ilícita. Ahora también digo que es temerario y malicioso acusar de falsedad como lo hace la demanda, en una falsa acusación de falsedad. Toda la información que publico es VERAZ. Más allá de los datos objetivos y bien contrastados, sostengo también la opinión de que los funcionarios, docentes o no, solamente deben de peritar sobre lo que conocen cuando, y solamente cuando los jueces así se lo requieran, expresamente. Lamentablemente, los catedráticos suelen eludir los pocos requerimientos judiciales que se les hacen a menos que tengan muy bien garantizados sus ingresos personales, u otras compensaciones (hay casos de funcionarios docentes que no piden dinero por sus pericias, pero se benefician mucho más que económicamente por otras compensaciones), y que sin embargo, sí están a la disposición de las partes más solventes incluso en descarados conflictos de intereses para hacer declaraciones subsumibles en la mendacidad. Quien se dé por aludido en la UPM ya sabe que el Rector y el letrado Juan Manuel del Valle Pascual están 1

dispuestos, e incluso interesados, en demandarme por muy importantes cuantías. Pero como creo que estoy en mi derecho, no dejaré de manifestar mi opinión sobre la perversión de las pericias de parte realizadas por funcionarios públicos, e investigaré lo mejor que pueda casos como los de los dos catedráticos demandantes, uno perito de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y otro perito de BOLIDEN. Lo que no dice el letrado Juan Manuel del Valle Pascual es que en la UPM se organizan múltiples actividades con participación de magistrados como José Ramón Chaves García, Mariano Sampedro Corral, José María Marín Correa, José Luis Castro de Antonio, José Luis Requero Ibáñez, José Manuel Maza Martín, José María Vázquez Honrubia, Luis Román Puerta Luis, Manuel Marchena Gómez, Juan José del Águila Torres, así como el Fiscal del Tribunal Supremo Fernando Herrero Tejedor y posiblemente otros muchos que no aparecen en Internet tan claramente vinculados a la UPM, pero sí se han relacionado con ella y, en especial, con el letrado Juan Manuel del Valle Pascual u otros cargos directivos de la UPM. Algunos de esos actos están descaradamente orientados a la promoción de servicios periciales prestados en la UPM para partes solventes. Quien niegue esa evidencia, miente, o es incapaz de comprender lo que al respecto aparece en los Webs www.upm.es www.fgupm.es www.universia.es o más claramente aún, en www.cingefor.es Mi crítica no es destructiva. Todo lo contrario. Pongo aquí como ejemplo de corrección para la peritación de funcionarios, a la Unidad de Auxilio a la Justicia de la Agencia Tributaria que designa inspectores o subinspectores para peritar, pero siempre a requerimiento de los juzgados, y nunca por petición directa de partes litigantes. Otro ejemplo que entiendo razonable es el del Centro Español de Metrología en www.cen.es que supervisa las competencias ejecutivas en materia metrológica de las Comunidades Autónomas y ofrece sus servicios por tasas, de manera imparcial e independiente, también para juzgados. Posiblemente haya también corruptelas y corrupciones en ambos organismos públicos, pero al menos, la norma y la costumbre impiden, en principio, las pericias parciales que dejan en indefensión a la parte más débil. Sin embargo, las teorías del letrado Juan Manuel del Valle Pascual posibilitan, y aún promueven, la subasta de opiniones de funcionarios públicos, únicamente para quienes ellos mismos elijan. Y sus clientes suelen ser los más fuertes, no los que más razón tienen. En caso de que prospere su demanda, no solamente podrán seguir haciendo cuanto les aconseje el letrado Juan Manuel del Valle Pascual, sino que lo harán sin ser objeto de crítica alguna. De hecho, la mera interposición de su demanda inhibe y amedranta a jueces, fiscales, políticos, periodistas y abogados que, considerando que los funcionarios no deben de estar a la disposición directa de partes litigantes lucrándose, dejen de atreverse a comentar siquiera que alguien publica información veraz y relevante sobre los paradigmas de la peritación parcial de funcionarios públicos en España. Esta situación anacrónica, que no es la única que afecta a la pericia judicial (ni la única que yo mismo he denunciado), es inconcebible en otros países, y sin críticas, se hará crónica e irreversible. Decía Pascal que, ya que no podemos hacer fuerte a la Justicia, debemos hacer la fuerza justa. Yo pretendo interpretar aquí doblemente esa ambigüedad de la traducción pidiendo que los fuertes sean justos y actúen lo menos posible, y si es posible nunca, contra los más débiles. Lamentablemente, la Universidad Politécnica de Madrid (recuérdese que yo estoy titulado como ingeniero en ella), actualmente mal dirigida política y jurídicamente, utiliza su desmesurada fuerza contra los más débiles, y lo que es peor, se alía con los más fuertes siempre que puede obtener algún beneficio, despreciando al débil, también en perjuicio del interés general. El hecho de que una universidad pública tenga clientes, como lo han sido la SGAE y BOLIDEN, es en sí mismo un dato que merece la más dura crítica. Ni la UPM, ni la Guardia Civil, ni el Banco de 2

España, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) deben tener clientes. Pueden y deben relacionarse con todo tipo de empresas, instituciones, profesionales y personas físicas o jurídicas, pero no hacerles facturas por servicios periciales parciales o de parte. Ésta es mi opinión. Incluso si todas las peritaciones para partes litigantes realizadas por funcionarios públicos fuesen impecablemente ejemplares y completamente lícitas, yo tendría todo el derecho del mundo (constitucional) a criticarlas, aunque yo fuese el único que lo hiciera. Pero además, el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 95, sanciona como falta muy grave "La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro", que es, precisamente, lo que presuntamente hace el funcionario público cuando actúa como perito de una parte litigante, ostentando su condición de funcionario, y más aún cuando se atreve a hacer uso de papel, membrete, sello, escudo o imagen de instituciones públicas beneficiando a una parte litigante y cobrando directamente de ella, o indirectamente, a través de empresas o fundaciones interpuestas. Anteriores rectores de la UPM hubieran actuado de otra manera ante peritajes para partes como BOLIDEN y la SGAE, y es deseable que los próximos, porque los habrá, se formen su propio criterio sin coacciones de su letrado contra quien ofrece información veraz y relevante al respecto. Si tengo que ser condenado por expresarme así, haré frente a la condena que se me imponga pero acudiré a foros internacionales para denunciar mi indefensión. En otros países es inconcebible que un funcionario público, docente o no, pueda vender sus servicios periciales a una parte litigante. En España, no podemos sentirnos especialmente orgullosos de la historia pericial porque ni siquiera se ha planteado una historiografía documentada de los peritajes judiciales, y resulta extremadamente difícil conseguir los documentos firmados y ratificados por peritos, más aún si son funcionarios que tratan de evitar a toda costa que se puedan conocer y publicar, como es el caso de los numerosos informes y dictámenes, de oficio o de parte, sobre la catástrofe medioambiental por la rotura de la balsa minera de Boliden en Aznalcóllar, entre los que se encuentran varios del demandante Ramón Álvarez Rodríguez. Ojalá que esta demanda sirva, al menos, para que sí se puedan conocer en este procedimiento judicial, con sus correspondientes facturas, a petición de este demandado.

No quisiera caer en juegos de palabras, pero lo que está en cuestión es el automático e indiscrimado 3

procedimiento de compatibilización inmediata utilizado por los funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid, de manera que siempre que la universidad cobre lo que pretende, se entiende que la compatibilidad es automática. Ese procedimeinto actual de la UPM es tan perverso, que tiene estas consecuencias. La presencia de un funcionario público en un procedimiento judicial para el beneficio y con el pago de una parte litigante es un hecho tan relevante que requiere una compatibilidad previa y específica que solamente el rector, con su firma, puede conceder. Y aún en el supuesto de que el Rector de la UPM, caso por caso, y en cada caso en el que un funcionario comparezca en sede judicial como perito de una parte, la compatibilidad específica y previa sería perfectamente criticable porque el Rector estaría autorizando algo que otro Rector podría no autorizar, y sería, o debería de ser, un procedimiento administrativo recurrible, y con publicidad, porque la parte perjudicada por la actuación del funcionario, y también los que consideramos que realizan una competencia desleal, deberíamos de conocer quién está a favor, y quién está en contra, tanto sobre la opinión de fondo del perito en cada caso, como sobre la preceptiva autorización de compatibilidad. Y así, sería posible que algún otro funcionario docente también opinase en sentido contrario, o por menos dinero, pero lo que no puede hacerse es un uso parcial del personal y de los símbolos de la universidad pública, como descaradamente pretende el rector y su letrado, auténticos responsables de la inmoralidad, y de la ilegalidad de sus costumbres. El procedimiento automático generalizado, que incluye la ratificación pericial de peritajes para partes realizados por funcionarios públicos, docentes o no docentes, es inaceptable desde cualquier perspectiva moral, administrativa y jurídica. Y no es la única “incompatibilidad incompatibilizable”, pero ampliamente generalizada, en la UPM. Como sabe perfectamente el letrado de los demandantes, el Rector de la UPM está formalmente acusado de permitir y promover varias actividades ilícitas que ningùn fiscal o juez parece capaz de comprender, o lo que es peor, prefieren tolerarlas. Para categorizar con rigor las actividades ilícitas de las que el aquí demandado acusa públicamente al Rector de la UPM, hay que distinguir entre: A) Servicios facturados por la propia Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Fundación General de la UPM, otras fundaciones como la Gómez Pardo, Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial o el Instituto Juan de Herrera, por ejemplo, que nada tienen que ver con la investigación o la docencia, incurriendo sistemáticamente en competencia desleal, tanto si las autoridades lo reconocen, como si siguen mirando a otro lado. La UPM reconoce ingresos de más de 30 millones de euros anuales por prestación de servicios (al margen de los más de 76 por I+D y 10 por proyectos con financiación pública y sin contar con nóminas, sexenios y otros complementos que cobran los funcionarios, ni inversiones o gastos universitarios cubiertos por los presupuestos de la Comunidad de Madrid en esos más de 116 millones de euros de los que presume la UPM citando un informe de RedOTRI), entre los que se encuentran otros dictámenes periciales ratificados en juicio para partes litigantes que, por cierto, ya han sido multadas por abuso de posición dominante. La noticia de fecha 22-12-2008 se publicó en el Web de la Universidad Politécnica de Madrid en
http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e077edc5b9f360b90171c58bdffb46a8/?vgnextoid=ea6bf64056c5e110VgnVCM10000009c7648aRCRD&vgnextfmt=ext2

B) Empresas constituidas por la propia UPM y otras muchas toleradas por el Rector de la UPM, incluso en su propio departamento universitario de la ETS de Ingenieros Industriales que, dicho sea de paso, es el mismo que el del funcionario perito de la SGAE, y aquí demandante, Rafael Aracil Santonja, pese a haber sido reiteradamente denunciadas. Hay docenas de empresas que utilizan recursos públicos, como instalaciones, instrumental, papelería, comunicaciones, PAS, secretarias, auxiliares, becarios, doctorandos, ayudantes e interinos de la UPM para realizar trabajos facturados por empresas. Esta denuncia se hizo pública el 17 de octubre en la misma UPM en el III Congreso sobre Corrupción y Acoso en la Universidad Pública, con la ponencia INCOMPATIBLIDADES Y DELITOS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, cuyo texto, ampliamente difundido, puede verse, 4

con varios enlaces a muy relevantes documentos (incluyendo denuncias penales y administrativas), en Internet http://www.cita.es/corruptio Además de las páginas de Internet, he recopilado numerosos documentos extraordinariamente relevantes sobre ambos tipos de actividades que considero inmorales e ilícitas, así como sobre los medios de prueba que permiten evidenciar las prácticas generalizadas en la UPM para prestación de servicios en descarada competencia desleal, y en especial, sobre la existencia de numerosas empresas administradas por funcionarios públicos que incurren en falsedad cuando niegan estar incurriendo en causa de incompatibilidad, ante notario y en documento público, al constituir sus empresas o aceptar sus cargos mercantiles, o también en documento público al aceptar su dedicación completa a la función pública, en http://www.docstoc.com/profile/miguel619776475 Salvo que un juez me lo prohiba expresamente, todos los documentos a los que acceda en este procedimiento serán también publicados en http://www.docstoc.com/profile/miguel619776475 con enlaces desde www.cita.es/peritos/incompatibles y www.cita.es/corruptio Si el letrado de la UPM, su Rector, o alguno de los numerosos funcionarios expresamente mencionados en esos documentos publicados en Internet, considera que en alguno de ellos hay alguna falsedad, nadie tiene más interés que yo en rectificar cualquier dato incorrecto (en el registro mercantil resulta muy difícil diferenciar homónimos), pero al menos, que admitan que tienen pleno conocimiento de ello, porque la correspondencia delatará a quien lo niegue mendazmente. Otra cosa será que la corrupción no se ve igual desde una institución pública, que desde fuera de ella. Por corrupción en la función pública refiero a todo aquello que hace un funcionario que no debería de hacer (como dictámenes periciales para partes o administrar empresas o intervenir parcial e interesadamente en conflictos o procedimientos administrativos o judiciales, siendo peor aún cuando se obtiene un beneficio personal con ánimo de lucro). También es corrupción todo aquello que el funcionario no hace y que sí debería de hacer, y en este sentido, hay que recordar lo que dice la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, de la que fue ponente el actual Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que dice “...ha de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”. La pregunta que sigue sin contestar la Fiscalía es ésta: ¿cuántos peritajes, empresas, negocios y beneficios para los funcionarios públicos deben denunciarse y cuántos perjuicios injustos deben haber causado para que algún Fiscal alguna vez cuestione su legalidad y la responsabilidad del Rector de la UPM por sus acciones u omisiones? ¿Algún Fiscal leerá esto? Yo acuso al Rector de la UPM, Javier Uceda Antolín, y a su principal asesor jurídico, Juan Manuel del Valle Pascual, de ser los máximos responsables de la corrupción existente en la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente. Y les acuso a ambos de cometer varios delitos, como mínimo, en comisión por omisión. Basta comprobar en el Registro Mercantil que numerosos cargos de dirección unipersonal administran docenas de empresas en descarados conflictos de intereses, y para dar las máximas facilidades a mi alcance, recuerdo al Rector y a su asesor jurídico la relación de nombres de varios funcionarios públicos y empresas administradas por ellos publicados en http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf http://www.miguelgallardo.es/funcionariosempresarios.pdf http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf 5

http://www.miguelgallardo.es/denuncia2.pdf http://www.miguelgallardo.es/denuncia3.pdf y otros datos con referencias, repito, en http://www.cita.es/corruptio Es lícito y posible, e incluso más que probable, que las definiciones de corrupción que puedan dar el Rector de la UPM y su letrado no coincidan con las mías, pero sería muy restrictivo que no pudiera hablar de corrupción a la vista de tales documentos en los que hago referencia a hechos gravísimos que nunca han negado los denunciados, pese a conocerlos perfectamente. Creo que algún experto en corrupción en la Administración Pública, como Alejandro Nieto García, autor entre otros libros de “La corrupción en la España democrática”, “El desgobierno de lo público” y “El arbitrio judicial”, podría opinar sobre el fondo y la forma de la demanda de la UPM y sus funcionarios, y también sobre mis denuncias, así como sobre las teorías del letrado de la UPM. Yo deseo que lo haga aquí. Cualquier estimación de la corrupción es relativa, y en una universidad pública, como lo es la UPM, el desglose detallado de los más de 30 millones de euros anuales de ingresos por prestación de servicios, así como el número de peritajes para partes dominantes, y también el número de funcionarios que administran empresas de manera descaradamente incompatible, son indicadores que permiten comparar ponderadamente la moralidad pública de los funcionarios docentes de la UPM respecto a otras universidades públicas, y también en su evolución desde que el anterior rector, Saturnino de la Plaza, o el más anterior Rafael Portaencasa, cesaron en sus cargos, y podrá ser también comparado con los del siguiente, dentro de 3 años. Aunque incluso podría empeorar. De lo que no cabe duda, es de la gran prosperidad de la extraordinaria actividad de la UPM que nada tiene que ver con la docencia o con la investigación, y sí con la competencia desleal en la prestación de servicios, en ocasiones, con algo muy parecido al tráfico de influencias en ciertas tecnologías muy especiales, o en competencias muy exclusivas y excluyentes, como es la arquitectura y el urbanismo. No puede explicarse tal prosperidad sin comprenderse la obra, tanto la publicada, como la que consta en docenas de expedientes administrativos, y documentos internos, de los que es autor su letrado Juan Manuel del Valle Pascual, desde hace ya 25 años. En otras universidades públicas de Madrid, como la Complutense, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos, o Alcalá de Henares, los letrados de las asesorías jurídicas están sometidos a muchos más controles, contrapesos y críticas que, obviamente, parten de las facultades de derecho, o humanistas y economistas, y en el claustro de la universidad pesan más las opiniones jurídicas que las de los arquitectos, ingenieros e informáticos de la UPM. Aunque no se juzga aquí a al letrado, y sí a mí, quiero dar una explicación socio-cultural-económica de las perversiones más frecuentes de los funcionarios de la UPM, porque de alguna manera hay que explicarse el singular fenómeno del abogado Juan Manuel del Valle Pascual en la UPM, sus teorías sobre el derecho a investigar (enriqueciéndose) y a competir muy deslealmente (que me demande le letrado, pero que lo haga personalmente él porque es a él, y no a sus defendidos, a quien hago más responsable hasta el punto de considerarle un inductor y autor intelectual de las actividades más perversas y de las empresas administradas por funcionarios más descaradamente incompatibles) utilizando recursos públicos materiales y humanos para enriquecerse abaratando (el hecho de que se pretendan sobresueldos y no haya costes empresariales permite ofrecer precios muy bajos) y envileciendo el mercado. Y se permite interponer una demanda mientras está abierto un procedimiento por recurso contencioso-administrativo iniciado por mí, precisamente, para que la Comisión Nacional de la Competencia, a pesar de estar presidida y formada por profesores universitarios con excesiva tolerancia a prácticas desleales en la universidad, investigue a la UPM. Que quede claro que le acuso a él, al letrado, a Juan Manuel del Valle Pascual, de todo ello, aunque 6

sea yo el único ingeniero en el mundo que lo vea con tal claridad y tenga que asumir yo toda la responsabilidad de esta acusación que se dirige, repito, mucho más contra el letrado que contra quien se beneficia de sus consejos sin querer admitir opiniones discrepantes ni la publicación de hechos relevantes, verazmente. Respecto a si fue el Ministro, o su Gabinete, quien me envió el mensaje remitido por "Jordi Sevilla" <jordisevilla@map.es> nada me agradaría más que fuera el mismísimo Jordi Sevilla, ahora diputado, quien voluntariamente quisiera manifestar su opinión sobre la autoría del mensaje, sobre mis denuncias, y también sobre el fondo de la demanda, pero debo decir que la Directora de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas y alguno de sus colaboradores, especialmente el funcionario Pablo Juan Sanz <pablojuan.sanz@map.es>, también conocen muy bien la extremadamente inmoral problemática de la Universidad Politécnica de Madrid, y pueden emitir opinión sobre mis acusaciones penales, repito, dirigidas al Rector de la UPM, Javier Uceda Antolín, y a su principal asesor jurídico, Juan Manuel del Valle Pascual, en mi opinión, auténtico cerebro y cómplice de la impunidad de los más incompatibles en la UPM. No sería la primera ocasión en la que el auténtico delincuente es el abogado que se ampara en los derechos de defensa, y en este caso, en los de una demanda por derecho al honor de quienes hacen lo que él dice que deben hacer. El problema no está tanto en el ánimo de lucro de 2 funcionarios que han hecho peritajes para BOLIDEN y SGAE, como en quien ampara y promueve esas actuaciones y otras más mercantiles aún, en un entramado de empresas de incompatibles, también denunciadas, como es seguro que sabe el letrado Juan Manuel del Valle Pascual. Creo estar en mi perfecto derecho al centrar esta acusación en Juan Manuel del Valle Pascual, que presume de llevar más de 25 años dirigiendo la asesoría jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid desarrollando un supuesto derecho muy particular que se basa en ideas muy simples: los sueldos son intocables y sobre cuanto se haga debe maximizarse el propio beneficio, de manera que, entre lo que ya tienen asegurado, y lo que consiguen relacionándose con empresas, se enriquecen sin riesgo, pudiendo presumir, además, de buena imagen personal, profesional e institucional. El enriquecimiento de muchos profesores y catedráticos de la UPM ha sido escandaloso en los últimos años, y prácticamente sin inversión, riesgo o esfuerzo alguno (para eso están los alumnos y los aspirantes a doctores, becarios e interinos) gracias a las teorías de Juan Manuel del Valle Pascual que, al menos que yo sepa hasta ahora, nunca ningún jurista ha intentado cuestionar o criticar. Hay 4 tipos de posibles perjudicados por las particulares teorías de Juan Manuel del Valle Pascual: A) Empresarios y profesionales que se ven obligados a competir con profesores que facturan servicios similares por precios muy bajos utilizando los recursos y la imagen de una universidad. Diga lo que diga la Comisión Nacional de la Competencia, por cierto, presidida por un profesor titular de universidad, Luis Berenguer Fuster que como es comprensible, no quiere sancionar ni criticar a catedrático alguno, al menos, hasta que él mismo no lo sea también. Los dictámenes de catedráticos y profesores condicionan decisiones de organismos reguladores, como los de la misma CNC, pero también el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y procedimientos administrativos, especialmente los sancionadores, e incluso contenciosos en los que funcionarios públicos docentes en las más diversas especialidades, cobran sobresueldos por opinar, en ocasiones, en contra del interés general, pero siempre a favor de quienes les contratan. Los responsables de los archivos y registros públicos deberían de ser mucho más respetuosos con el artículo 105 de la Constitución Española cuando los funcionarios-peritos de 7

partes utilizan símbolos de universidades públicas para impresionar o motivar a otros funcionarios, permitiendo el acceso y la publicación de sus informes y dictámenes. Y en los que constan en procedimientos judiciales, con funcionarios públicos actuando para partes y cobrando por ello, no debería haber excepción alguna para la aplicación del artículo 120 de la Constitución Española. B) Perjudicados por la opinión pagada a funcionarios públicos, tanto si son partes litigantes, como si son personas físicas o jurídicas afectadas por procedimientos administrativos en los que se aportan informes o dictámenes contrarios a sus legítimos intereses. Lamentablemente son muy pocos los ciudadanos o las empresas que se atreven a denunciar "La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro", incluso cuando están clara y seriamente perjudicados por opiniones pagadas a funcionarios públicos, interesadamente. No solamente tienen derecho a la información, sino también la la jurisprudencia incluso de primeras instancias, porque es evidente que todos los perjudicados por los dictámenes de un mismo funcionario público tienen perfecto derecho de acceso inmediato a cuanto les ofrece el artículo 120 de la Constitución, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Pero más aún, pese a que muy pocos periodistas especialidados en información judicial han prestado atención a las pericias en general, y menos aún, a los peritajes de funcionarios, si el "Protocolo de Comunicación de la Justicia" de la Comisión de Comunicación del CGPJ el 30 de junio de 2004 con el visto bueno del Pleno del CGPJ del día 7 de julio del mismo año, sirve realmente para algo, una de sus funciones debería ser la de garantizar, incluso de manera anticipada, el acceso a cualquier vista pública en la que un funcionario público actúa en beneficio de una parte, y remunerado por ella. C) Aunque no quieran reconocerlo, son también, y probablemente más que ninguno, todos los colaboradores que trabajan en condiciones precarias para los funcionarios públicos con la aspiración de serlo algún día. Doctorandos, becarios, ayudantes e interinos son quienes hacen la gran mayoría de trabajos y servicios prestados por las universidades públicas, aunque si denuncian su explotación, renuncian para siempre a conseguir una plaza en el actual modelo pervertido. Los estudiantes de los últimos cursos, especialmente los que están haciendo proyectos fin de carrera, y también los matriculados en doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), pueden testificar sobre lo que aquí se señala, pero además, esa problemática está bien documentada en el Web www.precarios.org de la FEDERACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES / PRECARIOS (Por la dignidad en la investigación - Ningún investigador sin contrato), y más concretamente, en la elocuente sección “No + Becas x Trabajo”. D) El erario público y el interés general, porque el uso de recursos públicos para beneficio privado y la pérdida de credibilidad del funcionariado en general, deberían de ser más y mejor defendidos por los letrados de las comunidades autónomas, abogados del Estado, interventores de la administración y muy especialmente, por el Ministerio Público, cuyos representantes parecen incapaces de ser mínimamente críticos con profesores y catedráticos de universidades públicas. Son muy sospechosas ciertas publicaciones y más aún, las complicidades entre juristas funcionarios con funcionarios docentes en ciertos eventos pseudoacadémicos en los que participan juntos. Pero hasta ahora, nadie se ha planteado una “econometría de la incompatiblidad” en las universidades públicas que hacen y promueven activamente, o toleran con descarada complicidad, actividades periciales o mercantiles que solamente pueden calificarse como inmorales e ilícitas. La Universidad Politécnica de Madrid es un auténtico paradigma de esa complicidad hasta el punto de ser la universidad pública que más servicios factura (más de 30 millones anuales al margen de sus ingresos por financiación de I+D o nóminas de sus empleados) y pretende que ni siquiera 8

puedan conocerse, y menos aún criticarse los menos morales y menos lícitos, como son los peritajes judiciales para partes que abusan de sus posiciones dominantes y utilizan la imagen de la universidad y la condición de funcionarios públicos de sus catedráticos para influir en jueces, amparados por el Rector y por las teorías de su principal asesor jurídico que ahora incluso demanda por 300.000 euros a quien, bien informado, y con un criterio coherente, discrepa de ellas.

Mis datos son veraces y mis opiniones meditadas, prudentes y correctas. Pero no soy en absoluto responsable de ninguna de las manifestaciones o refencias que en este apartado hace el letrado de la UPM. Sin embargo, él sí lo es de las actividades periciales y empresariales de sus funcionarios, así como de algunas falsedades por las que incluso ya hubo alguna condena, como él bien sabe. Debe de quedar bien claro que yo asumo plenamente la responsabilidad de cuanto he publicado, pero no tolero a nadie que me atribuya nada que sea responsabilidad de otro, y que denuncio como falsedad dolosa del letrado con la intención de confundir al juzgador la aportación con maliciosa interpretación de numerosos documentos publicados por entidades con las que yo no tengo nada que ver. Además de denunciarlo, llamaré, y no dejaré de llamar públicamente embustero y mentiroso a quien afirme lo contario. El letrado Juan Manuel del Valle Pascual puede darse ya por aludido. No soy miembro de APEMIT, pero sí que he sido perito designado por su letrado Josep Jover i Padró, y por ello he tratado de comprender la problemática del llamado canon digital por el que muy modestos comercios son demandados sistemáticamente con dictámenes periciales del funcionario demandante y perito habitual de la SGAE, Rafael Aracil Santonja. Mis opiniones están plasmadas en mis dictámenes periciales, y no admito a nadie que me haga responsable de las interpretaciones de otros, al menos, sin mi más enérgica protesta. Al letrado Juan Manuel del Valle Pascual, a quien ya le dije personalmente en su despacho que soy plenamente responsable de lo que firmo o afirmo públicamente, pero no de lo que hagan o digan otros, voy a denunciarle por insistir en su error, porque ya estaba bien avisado, y lo hace con mendaz malicia y temeridad, dolosamente. Me parece repugnante, y no voy a tolerar de ninguna manera, que el letrado Juan Manuel del Valle Pascual pretenda hacerme responsable de las manifestaciones de los alumnos de la UPM, que son mayores de edad, que están sometidos a todas las leyes civiles y penales como cualquier otro ciudadano, y que además, también están sometidos a los estatutos y reglamentos universitarios. No reconozco, ni creo conocer, al autor de lo que en la demanda se menciona y califica así: “Tan pasionales términos han acabado alcanzando a un alumno de la UPM (al menos a uno que se sepa), que en la web llegó a decir:”, pero basta poner la frase literal en GOOGLE para localizarla en el Web www.elotrolado.net que es a donde supongo debería de dirigirse su demanda, y no a mí. De tener alguna influencia en la sentencia alguna de las torticeras referencias que da el letrado Juan Manuel del Valle Pascual, seré yo quien presente querella contra el letrado por acusar a quien no debe y dejar en la impunidad a quien sí que debería acusar, confundiendo intencionadamente. Los términos pasionales no son propios de mi estilo, y si en alguna ocasión puedo haberlos utilizado (cosa que sinceramente dudo), habrá sido en conversaciones personales y coloquiales en las que me permito más ironías y sátiras humorísticas, cuanto más ingeniosas mejor, y no con descalificaciones personales o insultos que me parecen inapropiados. No es mi estilo el pasional, y me repugna la 9

insistente intención del letrado demandante de atribuirme lo que yo no digo con expresiones que nunca utilizaría, ni me parece bien que nadie utilice. En su mismo despacho a primeros del año 2007 yo le dije personalmente a Juan Manuel del Valle Pascual que no me hiciera responsable de lo que yo no he hecho, ni de lo que yo no he dicho, y como en esta demanda lo pretende, en esta contestación lo denuncio, imputandole todo el dolo que tiene al hacerlo, ya avisado claramente. En cualquier caso, denuncio la mendacidad interesadamente maliciosa de la demanda y rechazo de plano cualquier responsabilidad respecto a esto:

Antes al contrario, mi correspondencia electrónica con Guillermo Rodríguez Lorbada - Delegado de Alumnos UPM <delegado.alumnos@upm.es>, evidencia mis reiterados esfuerzos por informarle de la proliferación de empresas administradas por profesores y catedráticos con dediciación completa en la UPM al insitirle en que leyera y difundiera entre otros representantes de alumnos de la UPM lo publicado en http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf Sin embargo, nunca he tenido constancia de ninguna manifestación crítica por parte de Guillermo Rodríguez Lorbada - Delegado de Alumnos UPM <delegado.alumnos@upm.es> hacia la política del Rector Javier Udeda Antolín o hacia las teorías del letrado Juan Manuel del Valle Pascual. Antes al contrario, puede verse una entrevista al actual rector, cuando era candidato, que evidencia sus inmejorables relaciones y permite suponer cierta complicidad respecto a lo que yo denuncio, en Uceda en clave personal. Parte 1 en http://www.youtube.com/watch?v=CYWSpkOWnmE Uceda en clave personal. Parte 2 en http://www.youtube.com/watch?v=xroYdKtJMgY Esos dos videos sí que me los tengo que tomar con ironía, porque ni Elisa Beni, en la “Soledad del Juzgador”, fue tan épicamente elogiosa hacia su marido, el juez Gómez Bermúdez. Pero entiendo que, acostombrado a ese trato, tan adulador, del delegado de alumnos de la UPM, su Rector considere cualquier crítica, por veraz y leal que sea, como afrenta contra el honor de su universidad. Es posible que los alumnos de la UPM, y sus delegados de las Escuelas de Ingeniería, Arquitectura, y de la Facultad de Informática u otros centros de la UPM puedan aportar algunos elementos de juicio sobre la lucrativa dedicación a las pericias judiciales para partes de los funcionarios docentes con dedicación completa y este demandado dará las máximas facilidades para que se formen su propia opinión al respecto porque, guste o no, creo que tienen derecho a la información veraz. ¿O es 10

que alguien aquí pretende impedir que los alumnos universitarios se informen y opinen aún a riesgo de que alguno haga mal uso del lenguaje y caiga en el insulto del que solamente él es responsable? Repito, y no dejaré de repetir, que si Juan Manuel del Valle Pascual considera que debe de presentar demanda o querella contra quien insulta o calumnia a los profesores de la UPM, debe de acusar o atribuir correctamente las autorías y responsabilidades civiles o penales, porque si lo hace incorrectamente, como aquí pretende, un inocente tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus errores, que no son pocos aunque parece que todos los que veo que comete le benefician a él y me perjudican a mí, mientras los auténticos autores seguirán riéndose de él, pero mucho más aún de quien él pretende defender con su zafia falsedad. Y eso, la Administración de Justicia no debe de permitírselo nunca más, porque las falsedades conscientes de un letrado pueden confundir al juzgador, perjudicando también a sus defendidos o demandantes, y ocupar más aún los ya saturados juzgados llegando a audiencias y tribunales superiores meras aclaraciones de lo que no es responsabilidad de este demandado, en modo alguno. Preferiría no tener que recurrir porque se me atribuya así de zafiamente lo que yo ni he dicho ni he escrito nunca, pero si tengo que hacerlo, recordaré insistentemente este párrafo y reiteraré tanto como sea necesario mi denuncia por la falsedad dolosa y del mendaz letrado Juan Manuel del Valle Pascual en su temeraria demanda.

Repito aquí que yo no soy miembro, socio o responsable de APEMIT ni tolero que se me haga responsable de palabras o hechos que no son míos, pero ya que la demanda aporta alguno de los informes firmados por el funcionario perito de la SGAE, creo que debe de aportar todos los demás y las evidencias documentables de todas las relaciones de la UPM con la SGAE y con empresas, como MICROGÉNESIS, con las que ha participado en proyectos internacionales. Dicho sea de paso, si el informe que sí aporta es tan obvio y evidente, no me explico por qué la SGAE ha pagado tantos al mismo perito, desde hace muchos años, y los ha utilizado, y sigue utilizándolo, en tan numerosos procedimientos judiciales. También me pregunto si ese informe lo ha hecho sin ayuda de nadie el demandante, o si lo ha hecho “en compañía de otros”, pero esperaremos al momento procesal oportuno para analizar auténticas autorías, moralidad y licitud de ese informe, y de cuantos sean responsabilidad de los demandantes cuya crítica pudiera afectar a su honorabilidad. Pero para ello, la UPM también debe aportar todos los informes y dictámenes firmados por el funcionario perito de BOLIDEN, porque pese a las reiteradas peticiones que yo mismo he formulado al Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid, la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Juzgado Único de lo Mercantil de Sevilla y a varias partes en los diversos procedimientos que siguen abiertos sobre BOLIDEN, todavía no he conseguido leer lo que informa y dictamina Ramón Álvarez Rodríguez en favor de BOLIDEN. Por tanto, me reservo mi opinión hasta conocerlo, pero sí que denuncio ya el secretismo cómplice de un funcionario perito de parte, a quien yo mismo llamé varias veces a lo largo del último trimestre de 2006 para intentar recabar su versión de los hechos y pedirle personalmente copia de sus informes ya ratificados en juicio. El trabajo realizado por el Subdirector de la Escuela de Minas para BOLIDEN, durante varios años, debería de estar cuidadosamente documentado en un expediente administrativo y, al implicar a una universidad pública, puede y debe someterse a la consideración de otros profesores, y en general, de todo el que esté mínimamente interesado, como no puede dejar de estarlo todo el que tenga un título de ingeniero de minas, en algún lugar del mundo. Por ejemplo, en Francia, la École des Mines de Paris, según puede leerse, incluso en castellano, en www.ensmp.fr cuenta con 49 profesores que pertenecen al Cuerpo Técnico del Estado, y al ser un Establecimiento Público Administrativo 11

(EPA), bajo la tutela del Ministerio de Industria, está también formada y dirigida por funcionarios, dicho sea salvando las enormes distancias que separan al funcionariado español del francés. Pues bien, resulta imposible imaginarse a alguno de esos 49 profesores del Cuerpo Técnico del Estado Francés trabajando para BOLIDEN como lo viene haciendo el demandante Ramón Álvarez Rodríguez, y si uno puede imaginárselo, la prensa y la opinión pública utilizarían calificativos y epítetos muchísimo más contuntentes que ninguno de los que yo puedo haber utilizado hasta ahora. Y desde luego, una demanda por el honor del funcionario perito de BOLIDEN sería una broma de mal gusto inmediatamente rechazada. Tal vez por esas distancias, y más aún por las diferencias que hay entre la dignidad de los profesores, directores y subdirectores de la École des Mines de Paris, y los de la de Madrid, ocurran en España, y no en Francia, catástrofes medioambientales como la rotura de la balsa minera de BOLIDEN y la Fiscalía tenga que difundir notas de prensa sobre alguna reciente querella. Del prestigio internacional que merece una y otra escuela es mejor no hablar en este procedimiento judicial, porque aunque yo me quedaría corto en mi crítica, el actual director de la Escuela de Minas iba a tener que querellarse, o dimitir (y tampoco confío en que pudiera sucederle otro mejor). A los ingenieros de minas españoles nos queda poco más que el humor para resarcirnos de la vergüenza profesional por lo ocurrido en Aznalcóllar, aunque, probablemente, de eso sabrán mucho más el demandante al que me refiero. Yo respeto las convicciones de los peritos y también la libertad de cátedra a la que hace expresa referencia la demanda, pero lo que no respeto, y no creo que nadie pueda obligarme a respetar, al menos en silencio, es el secretismo de funcionarios públicos que intervienen a petición de partes de manera remunerada en procedimientos judiciales. Y destaco mi oposición y rechazo al secretismo en la función pública antes de opinar, comentar o criticar sobre lo que pueda haber escrito Ramón Álvarez Rodríguez en favor de BOLIDEN, porque en otro intento más de confundir al juzgador el letrado de la UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, en el último hecho en el que pretende basar su demanda por el derecho al honor de la UPM y dos catedráticos, en otra maniobra de distracción perfectamente subsumible en la mendacidad judicial más descarada, trata de centrar la atención del juzgador en un documento irrelevante cuando sabe perfectamente que está resisitiéndose con todas las argucias y estrategias a su alcance, a proporcionar la documentación que sí es relevante, como es la contable y los dictámenes e informes de Ramón Álvarez Rodríguez en favor de BOLIDEN (en la vista pública del Juicio Ordinario 101/2004, por la responsabilidad civil de la rotura de la Balsa Minera de BOLIDEN en Aznalcóllar, celebrada el 22 de junio de 2006 en el Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid reconoce haber hecho más trabajos sobre el mismo asunto para la consultora Ernst&Young con lo que queda abierta la posibilidad de que este funcionario público haya tenido muchos más contratos o colaboraciones, directas o indirectas, entre la UPM y BOLIDEN, o sus consultores y abogados u otras entidades públidas o privadas). En su síntesis (página 27 XI), la demanda dice que lo peritado por Ramón Álvarez Rodríguez, pagado por BOLIDEN, “parece que no concluyó con la constatación de sus tesis”, entiendo que refiriéndose a mí y a mis tesis. Pues bien, debe quedar meridianamente claro que no puedo concluir, ni dejar de concluir, si constata o no mis tesis, porque yo no no conozco las conclusiones de Ramón Álvarez Rodríguez a las que se refiere la demanda, pese a mis reiterados esfuerzos por tratar de documentarme, incluyendo un recurso de alzada al Pleno del Consejo General del Poder Judicial contra las negativas del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de dar cualquier tipo de información al respecto, en un auténtico alarde de transparencia informativa en un asunto de innegable interés general, y más aún, para la generalidad de todos los ingenieros de minas del mundo civilizado. Únicamente conozco lo que confusamente se entiende de la ratificación pericial en la vista pública. Mentirá quien diga lo contrario, y lo denuncaré como otra falsedad más responsabilidad del letrado de la UPM, a quien vuelvo a llamar mendaz aquí.

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Lo que sí que conozco, e interpreto tan críticamente como se me permita, es esta factura:

Esta factura tiene una muy especial relevancia, porque la emite la Fundación Gómez Pardo, que es la entidad sin ánimo de lucro presuntamente utilizada por Ramón Álvarez Rodríguez para cobrar sus sobresueldos, y aunque es seguro que no es la única emitida, sí que puede tener trascendencia al haber sido recibida y pagada por BOLIDEN en Suecia cuando BOLIDEN APIRSA ESPAÑA ya estaba en suspensión de pagos por quiebra en el Juzgado Único de lo Mercantil de Sevilla. Para evitar cualquier suspicacia, o mayor falacia, de los demandantes, y aunque no tendría por qué decirlo, ese documento lo he obtenido del expediente del Contencioso-Administrativo que bien conocen los demandantes, y especialmente, su letrado, pero en el que no consta ninguno de los 13

informes de Ramón Álvarez Rodríguez, pero alguno de los de Rafael Aracil Santonja. Y son los de Ramón Álvarez Rodríguez para BOLIDEN los que más pueden afectar al interés general y a la imagen de todos los ingenieros de minas, máxime cuando se le contratan (y habría que saber cómo se negoció esa contratación con un funcionario público) por su condición de subdirector de la Escuela de Minas de la UPM, por la que yo también estoy titulado. Como ingeniero de minas, la gran catástrofe de la rotura de la balsa minera en Aznalcóllar y la responsabilidad de BOLIDEN y otras entidades siempre me ha interesado, y me seguirá interesando mientras sea posible conocer algún hecho más, o alguna explicación más. Soy consciente de que aquí no debe juzgarse lo que ya ha sido juzgado, y recurrido, pendiente de sentencia firme en la Audiencia Provincial de Madrid, pero ya que el perito de BOLIDEN considera lesionado su honor por los datos y opiniones que publico, es el negocio pericial, su moralidad y licitud, así como el derecho a cuestionar ambas, con la máxima publicidad a mi alcance. Lamentablemente, la Escuela de Minas alberga todo un entramado de entidades que dificultan intencionadamente la obtención de cualquier información sobre las actividades a las que se dedican los profesores y catedráticos con dedicación completa en la Universidad Politécnica de Madrid. La Fundación Gómez Pardo es un claro ejemplo de ello, pero no es el único, y en cualquier caso, son muy numerosas las empresas administradas por cargos de dirección unipersonal. Baste mencionar, por ejemplo, a José Manuel Fidalgo Alonso, Subdirector de Gestión de Recursos Económicos e Infraestructura de la ETSI de Minas, que ostenta todos estos cargos mercantiles: GARNETKAO SL, como LIQUIDADOR actualmente, según el Registro Mercantil DANLAKE CORPORATION ESPAÑA SL, como ADMINISTRADOR UNICO METALES HISPANIA SL, APODERADO GARNET STAR SL, APODERADO RECURSOS METALICOS SL, APODERADO FELDESKAO SL, APODERADO KAOLIBER SL, APODERADO IBERICA CLAY CORP SL, APODERADO, SECRETARIO y CONSEJERO OURAL SL, ADMINISTRADOR UNICO MINERA DE SANTAMARTA SA, CONSEJERO Estas incompatibilidades mercantiles, repito una vez más, ya han sido denunciadas, junto a otras muchas, según puede verse en el documento http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf y también en la ponencia publicada en http://www.cita.es/corruptio y son perfectamente conocidas por el Rector y el letrado de la UPM. Si de verdad se quiere defender el honor de una universidad pública, actuaciones como la del Subdirector de la Escuela de Minas, perito de BOLIDEN, o del Subdirector de Gestión de Recursos Económicos e Infraestructura con tan extraordinaria actividad mercantil, no solamente no deben ocultarse, y menos aún puede intentar amedrentarse con demandas por el honor y 300.000 euros, sino que deben de hacerse públicas. Y también debe reprocharse la pasividad cómplice, hasta la más que presunta prevaricación en comisión por omisión, de los responsables institucionales y jurídicos de la UPM. El honor de una institución debe de estar muy por encima de los negocios de sus cargos, y lo lesiona quien se lucra haciendo lo que no debería de hacer, y no quien informa y denuncia verazmente sobre lo que ha hecho, está haciendo, o pretende hacer, porque lo más preocupante es la permanente disposición de numerosos profesores y catedráticos de la Escuela de Minas a participar en actividades absolutamente inmorales e ilícitas, sin que nadie se atreva a cuestionar su moralidad y licitud, al menos, hasta ahora, que yo sepa.

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El hecho de que la demanda aporte un dictamen ya muy ampliamente conocido contrasta sospechosamente con el celo que el mismo letrado pone en tratar de evitar, a toda costa, que puedan conocerse otros dictámenes o documentos firmados por funcionarios y evidencias contables. Los de Ramón Álvarez Rodríguez para BOLIDEN, así como toda la facturación de servicios de profesores y catedráticos de la Escuela de Minas, muy legítimamente, interesan a este demandado, pero también me interesa, e incluso mucho más, aquellos de los que no tengo noticia y que también han sido firmados y ratificados en sede judicial por otros funcionarios públicos, en beneficio de alguna parte que les paga. La política informativa de la UPM, así como la actitud y la intención de su letrado, queda en evidencia en su personación en el procedimiento contencioso-administrativo 144/2008 que se sigue en la Audiencia Nacional, y del que tengo todo el derecho del mundo a publicar todo el expediente, que considero mutilado intencionadamente, y en cualquier caso, debería documentar detelladamente cada factura por servicios periciales, y faltan muchas. Muchísimas. Si es que se facturan todas las pericias de funcionarios de la UPM para partes litigantes, porque es más que posible que alguno sea bien compensado, sin necesidad de factura. Basta con reproducir 4 páginas con su impugnación firmada por Juan Manuel del Valle Pascual el 5 de noviembre de 2008 y registro de salida de la UPM número 1134 del día siguiente, y por lo tanto, más de una semana después de haber firmado la demanda a la que aquí se contesta, y que evidencia la transparencia y colaboración con la Administración de Justicia de la función pública en la Universidad Politécnica de Madrid, así:

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Hay algo en lo que puedo asegurar a los demandantes que les voy a complacer. Publicaré la sentencia, sea la que sea, en un enlace a http://www.cita.es/peritos/incompatibles De hecho, ya está publicada la demanda con un enlace, en esa misma página (lamentablemente, la modesta economía de mi empresa y las limitaciones tecnológicas de los servidores de Internet que utilizamos no nos permiten mantener en línea grandes archivos y por este motivo las publicamos en servidores mucho más preparados para ofrecer grandes documentos como es el caso de Docstoc), hacia http://www.docstoc.com/docs/3143492/Demanda-Imagen No es la primera vez que se me demanda por mis manifestaciones publicadas en páginas de Internet pero nunca he sido condenado, hasta ahora. Antes al contrario, sí que he sido absuelto, con todos los pronunciamientos favorables, y puedo decir con cierto orgullo que para mí fue un honor el haber sido demandado por publicar una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción que mantengo en la página de Internet http://www.cita.es/INE/fiscal.htm Los abogados podrán hacer uso de todas las bases de datos de la jurisprudencia, pero nadie podrá negarme a mí el derecho de citar aquí una sentencia absolutoria, en la que se cita mi propio nombre. La sentencia 590/2005 de la Sección 20 de la Audiencia Provincial de Madrid que me absuelve confirmando la 980/2003 del Procedimiento Ordinario del Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid, desestima una demanda que se plantea en términos muy similares a ésta. En ella, puede leerse lo siguiente:

Es público y notorio que siempre he sido muy crítico, y pretendo seguir siéndolo, respecto a las instituciones que manejan fondos públicos poco controlados. La Universidad Politécnica de Madrid no solamente ha suscrito más de 330 contratos con la Comisión Europea que sus mismos funcionarios consideran muy poco controlados, su Rector tolera que docenas de funcionarios con dedicación completa administren docenas de empresas con las que facturan sin ningún control público, sino que también pretende que, desde la misma Universidad, se presten servicios profesionales libremente, facturados a través de un inescrutable a inauditable entramado de fundaciones, incluyendo entre estos servicios prestados por funcionarios públicos los dictámenes periciales para partes como BOLIDEN y SGAE, y otros muchos peritajes parciales de funcionarios, porque es seguro que los hay, pero que son imposibles conocer por procedimientos administrativos mínimamente racionales por la permanente obstrucción del Rector y del letrado de la UPM.

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La mezcla de intereses públicos y privados con resultado de enriquecimiento de funcionarios que escapan, o pretenden escapar, al control de la opinión pública, hace más responsable aún al Rector y a su letrado de cuantos hechos se ocultan intencionadamente. Y son más responsables aún al pretender amedrentar a quien cuestiona su gestión de recursos públicos con demandas como éstas. Esa sentencia sigue diciendo, refiriéndose directamente a mi persona, por mis apellidos y a mis publicaciones en Internet:

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Obviamente, existen algunas diferencias entre aquella demanda de DEPHIMATICA, SAL, contratada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según denuncié, y mantengo la denuncia en http://www.cita.es/INE/fiscal.htm Pero hay también varias coincidencias en las pretensiones de la demandante DEPHIMATICA, SAL entonces y ahora en las de la Universidad Politécnica de Madrid con dos catedráticos peritos de BOLIDEN y SGAE, porque en esencia, en ambos casos se pretende perpetuar una situación injusta que les beneficia protegiéndose de las críticas basadas en una información relevante y VERAZ. Pero más aún. El único requerimiento que he recibido del letrado Juan Manuel del Valle Pascual, aunque él pretenda ignorarlo ahora, fue contestado así (aquí destaco en negrita dos párrafos y subrayo, una vez más, que el letrado de la UPM sigue sin precisar en qué estoy equivocado):

De: Miguel Angel Gallardo Ortiz <miguel619776475@gmail.com> Fecha: 23 de octubre de 2008 19:59 Asunto: Su escrito por conducto notarial Fwd: REITERANDO e INSISTIENDO Re: Adjuntando DENUNCIA POR INCOMPATIBILIDAD Para: juanmanuel.delvalle@upm.es Cc: concha.varela@upm.es, rector@upm.es, secretaria.rector@upm.es, gabinete.rector@upm.es, ines.bernabeu@upm.es, cristina.cebrian@upm.es, victoria.ferreiro@upm.es, comunicacion.rector@upm.es, alvarez-sala@notariado.org, jjalvarez-sala@correonotarial.org Sr. D. Juan Manuel del Valle, Abogado Cc: Jefa de Comunicación y redactores del Rectorado de la UPM y al notario de Madrid Sr. D. Juan José Alvarez-Sala Walther ANEXANDO una vez más el documento funcionariosempresarios.pdf (application/pdf) 100 K Acuso recibo de su escrito de fecha 14 de octubre, pero como Vd. comprenderá, yo no debo atender requerimientos, y menos aún ruegos, si a mí ni siquiera se me da el acuse de recibo de una denuncia anterior
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tan seria como la que vuelvo a adjuntarle, una vez más. Sí que me voy a permitir hacerle yo a Vd. otro ruego. Por favor, explique Vd. mismo a Dª Virginia Ferreiro las consecuencias que puede tener algún "off-the-record" extremadamente repugnante desde cualquier perspectiva moral y más aún deontológicamente en una Licenciada en Ciencias de la Información que representa y comunica en una institución de derecho público. Más allá de las cuestiones jurídicas que siempre será un placer poder debatir con Vd. directamente, o a través de juzgados y tribunales, la Jefa de Comunicación debería de conocer mejor el artículo 10 del actual código deontológico que libera a los periodistas del deber de secreto profesional cuando la fuente falsea intencionadamente la información que les transmite "off-the-record". Si tengo que hacer una página especial para ello toda la Asociación de Profesionales de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas será testigo y puede que perito o enjuiciador de lo que Vd. denomina "apelativos y epítetos" sobre algún "off-the-record" que no solamente estoy en mi perfecto derecho de escribir y publicar según mi leal saber y entender, sino que puedo ampliarlos muy inspirado por las confidencias intoxicadoras a las que ella sabe que me estoy refiriendo (si no lo sabe, no debería de estar en su puesto ni un minuto más). Si existe alguno en concreto que Vd. considere excesivo o inapropiado, cítelo literalmente y, si Vd. me convence, como le tengo a Vd. por ser una persona razonable y prudente, seguro que también entenderá este primer y último aviso que doy, a través suyo, a la Jefa de Comunicación. Por favor, no lo interprete como una amenaza, pero si ella le reconoce y le detalla el asunto, no dudo de que Vd. comprenderá que hay algunas manifestaciones que no voy a consentir sin exigir las pruebas (que sólo pueden ser documentos y testimonios bien identificados), cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, hasta el último límite jurídico del artículo 20 de la CE, VERAZMENTE. El honor de cada uno es lesionado, antes que por nadie, por cada uno. Si alguna información no es cierta, al menos reconózcame Vd. que he hecho todo lo que he podido y sabido para intentar contrastarla, sin respuesta alguna del rectorado, o de Vd. que sigue sin precisar en qué estoy equivocado, pero me hace un juicio universal "sin ajustarse a la verdad", como Vd. mismo dice, y eso VERAZMENTE cuestiona el honor de otros, pero no el mío. Por cierto, la página en la que Vd. centra su petición reconozco que, siendo rigurosamente veraz, está bastante obsoleta y descuidada por mi parte, así que si ve cambios en ella será no tanto porque atienda a requerimiento alguno (que repito que no haré mientras no se me dé el acuse de recibo y respuesta a mi denuncia anexa) sino porque he podido dedicarle algún rato libre especialmente para poner un enlace a la
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última en http://www.cita.es/corruptio (seguro que la Jefa de Comunicación conoce bien los antecedentes y el contexto del evento en el que se presentó esa ponencia, el pasado viernes 17). En mi opinión, sería mucho mejor y más eficaz que Vd. ejerciera los derechos que emanan de la Ley 2/84 que regula el derecho de rectificación, porque puedo asegurarle que tengo el máximo respeto por el espíritu y la letra de esa ley, tanto cuando yo soy responsable de alguna información publicada que pueda contener inexactitudes o errores, como cuando yo soy perjudicado por las publicaciones de otros. Sé que no tengo obligación legal de cumplirla porque ni mi empresa ni yo somos responsables de un medio de comunicación en el sentido legalista, pero por pura cortesía reitero que atenderé gustoso todas las propuestas de corrección concretas, reconsiderando incluso lo que Vd. denomina "apelativos y epítetos", pero insisto en que mejor será que antes Vd. también lea atentamente todos los datos que doy en http://www.cita.es/corruptio Por si acaso Vd. no hubiera recibido mi mensaje del pasado 6, vuelvo a repetírselo por si encuentra alguna forma de dar acuse, también a este mensaje, para que yo pueda considerar su requerimiento, y sus ruegos, después de que se atiendan los míos. ---------- Mensaje reenviado ---------De: Miguel Angel Gallardo Ortiz <miguel619776475@gmail.com> Fecha: 6 de octubre de 2008 12:39 Asunto: REITERANDO e INSISTIENDO Re: Adjuntando DENUNCIA POR INCOMPATIBILIDAD Para: rector@upm.es, secretaria.rector@upm.es, gabinete.rector@upm.es Cc: director.industriales@upm.es, estudios.industriales@upm.es, infraestructuras.industriales@upm.es, aeconomicos.industriales@upm.es, investigacion.industriales@upm.es, internacional.industriales@upm.es, calidad.industriales@upm.es, extension.industriales@upm.es, ieducativa.industriales@upm.es, fernando.matia@upm.es, juanmanuel.delvalle@upm.es, fernando.aldana@upm.es, csanchez@etsii.upm.es, felix.moreno@upm.es, pascual.campoy@upm.es, agarcia@etsii.upm.es, raquelm@etsii.upm.es, eduardo.delatorre@upm.es, ajimenez@etsii.upm.es, concha.varela@upm.es Al Rector de la UPM Al no haber recibido acuse de mis reiterados mensajes del 30 de septiembre adjuntando la DENUNCIA ADMINISTRATIVA que vuelvo a adjuntar, ya la he publicado en www.miguelgallardo.es/funcionariosempresarios.pdf En caso de no recibir pronto acuse de recibo entenderé que debo
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denunciar penalmente la presunta comisión por omisión del Rector, según lo que se comprende en la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, en la que puede leerse "...ha de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación". REITERO LOS MENSAJES ANTERIORES INTENCIONADAMENTE CONCATENADOS, CON EL CORRESPONDIENTE ANEXO. El día 30 de septiembre de 2008 14:22, Miguel Angel Gallardo Ortiz <miguel619776475@gmail.com> escribió: > Para mayor seguridad de esta comunicación se envía el mismo mensaje > con el ANEXO también desde esta segunda dirección electrónica > insistiendo en la solicitud del pronto acuse de recibo. > > 2008/9/30 Miguel Angel Gallardo Ortiz <miguel@cita.es>: >> Al Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) >> Cc: Dirección de ETSI de Industriales, letrado de la UPM y denunciados >> >> Adjunto DENUNCIA POR INCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONARIOS, en el documento >> adjunto funcionariosempresarios.pdf (application/pdf) 100 K >> >> Solicito el más pronto acuse de recibo, por esta misma vía. >> >> ->> Miguel A. Gallardo en www.cita.es >> www.miguelgallardo.es >> Tel.: 914743809 y móvil 619776475 >> Con los datos identificativos que constan en el documento PDF ANEXO >> funcionariosempresarios.pdf (application/pdf) 100 K >> > > > > -> Miguel A. Gallardo en www.cita.es > www.miguelgallardo.es > Tel.: 914743809 y móvil 619776475
BORRADOR redactado el jueves 1 de enero de 2009 sobre la demanda referenciada en www.miguelgallardo.es/peritos/incompatibles 25


				
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