Un mal saldo en el aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Laura Becerra Pozos DECA, Equipo Pueblo ALOP Pareciera que México está destinado a ocupar los primeros lugares, no por sus progresos, sino por el dramático nivel de desigualdad social, sus actos de corrupción e impunidad y por la violación de los derechos humanos particularmente hacia las mujeres, las niñas y niños. Hoy no se puede hablar de este secular problema sin colocar en el centro el caso de las ya 415 mujeresniñas secuestradas, violadas y asesinadas violentamente en el estado de Chihuahua a quienes dedicamos esta reflexión. Pero antes, ¿cuál es el contexto en el que ocurre este ya muy largo y doloroso capítulo de violencia y muerte? En un reciente diagnóstico sobre los derechos humanos en México, en su capítulo sobre las mujeres se reconoce que “La polarización en las condiciones de vida de las mujeres en diferentes estratos sociales y zonas del país muestra la persistencia de la desigualdad como un obstáculo estructural a la vigencia de los derechos humanos en México. Un gran número de mujeres viven en la pobreza, aisladas física, social y culturalmente, con perspectivas de corta vida, sin acceso a la educación, a la salud, a los trabajos remunerados y a infraestructura de apoyo a sus tareas domésticas (acceso a agua potable, energía, combustible), en tanto que otras han logrado su incorporación plena a la corriente principal del desarrollo del país.” Y agrega que “La cultura de género dominante y su lenta transformación, así como la persistencia de instituciones (vida doméstica, iglesias, sistema escolar, medios de comunicación, sindicatos) y estructuras de poder reproducen y fomentan las asimetrías de género y mantienen estereotipos tradicionales, constituyen el obstáculo estructural de más difícil superación en materia de igualdad entre los sexos y de respeto a los derechos humanos de las mujeres.”1 En razón del aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres,2 el gobierno mexicano reconoce que en nuestro país 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años que conviven con su propia pareja en el hogar sufren algún tipo de violencia emocional, económica, física o sexual por su esposo. El INEGI señala además que 56 de cada 100 mujeres de 15 a 19 años
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Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, México, 2003, pag. 142 y 143 2 En noviembre de 1999, las mujeres latinoamericanas lograron el triunfo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU): establecer el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
sufren algún tipo de maltrato por su esposo o compañero, mientras, una de cada dos mujeres que trabaja padece agresiones por parte de su pareja.3 La agresiones físicas domésticas son realmente alarmantes, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, recientemente publicó que en México ocurren al año 5 200 muertes de mujeres de entre 15 y 49 años de edad por causas violentas; es decir, 14 fallecen diariamente y dos de cada tres en sus hogares. Peor aún. el 97% de estos casos siguen impunes porque de cada 100 delitos reportados, 50 se investigan, apenas ocho terminan en arresto y juicio, y sólo tres en prisión, con condena. Entonces, ¿qué hacer frente a los casos de 1.4 millones de mexicanas que sufren violencia doméstica, de los que 1.2 millones tienen características de tipo sexual? En su informe, la Secretaria mencionada reconoce que: “Asociado con un acto violento, el gasto en materia de salud implica en México casi un punto porcentual del PIB. Las pérdidas materiales que sufren las personas por esas causas ascienden a cerca de 50 mil millones de pesos, y debemos de sumar las pérdidas, entre comillas, asociadas al mantenimiento de un sistema de seguridad que representa el 4.9% del PIB.”4 Pero la violencia doméstica está rebasada en el caso de las mujeres de Juárez, Chihuahua, el estado más grande de México y con la mayor extensión de frontera con los Estados Unidos, que desde hace diez años padece el sufrimiento de madres y familiares que horrorizados encuentran a sus hijas, hermanas, novias y esposas, muertas después de haber sido sometidas a la tortura y la violación. De 1993 a la fecha 415 mujeres han perdido la vida bajo esas deplorables circunstancias, sin que se haya logrado hacer justicia. Apenas el pasado 24 de noviembre un grupo de estas madres se encontró con el Presidente del país Vicente Fox y aun cuando fueron recibidas y escuchadas por él y parte de sus colaboradores y colaboradoras, no están satisfechas pues no recibieron una respuesta firme y comprometida de tomar medidas más contundentes, según expresaron varias de las entrevistadas. Para la Laurie Freeman, representante para México en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), “lo que une a estas tristes historias no es necesariamente un asesino común, sino una vida parecida y una muerte sin solución. Las víctimas nacieron en la pobreza, trabajaron para mejorar sus vidas y, después de haber sido brutalmente asesinadas, se les negó justicia.”5 El artículo de Freeman busca responder quiénes son los responsables de este drama que pareciera extenderse a otros estados y países. Y apunta por supuesto a la impunidad, particularmente la relacionada con el fenómeno del narcotráfico
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Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 2004 Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, Secretaría de Desarrollo Social. Pubilicado en La Jornada, 18 de octubre del 2004 5 Impunidad en Ciudad Juárez, Reforma, Suplemento Enfoque, 21 de noviembre de 2004
que “une” a México con Estados Unidos, el vecino del norte, importante consumidor de drogas. Los supuestos culpables que han sido castigados y hasta asesinados para aceptar los delitos que se les imputan, son apenas “chivos expiatorios”, mientras los verdaderos responsables son protegidos. “El narcotráfico ha corrompido tan a fondo las instituciones policiacas y judiciales que éstas en vez de investigar los asesinatos de mujeres prefieren hacerse de la vista gorda.” Es lamentable que la corrupción de drogas se haya propagado por todo el sistema de justicia del estado de Chihuahua. En por ello, dice Freeman, que tras revisar los expedientes de los feminicidios, María López Urbina, la fiscal especial comisionada por el presidente Fox, detectó que 130 funcionarios estatales presuntamente incurrieron en omisión, negligencia y abuso de autoridad. Las escenas del crimen no se conservaron, no se interrogó a los testigos, los exámenes forenses fueron hechos con poco control de calidad, varias víctimas siguen sin ser identificadas, entre otras muchas irregularidades y preguntas sin respuesta. Organizaciones civiles de mujeres y ciudadanas están convencidas de que las autoridades federales y estatales mexicanas no han asumido su responsabilidad en estos casos y pareciera que no quieren llegar a fondo, ni castigar a los verdaderos criminales. Sirva esta nota para insistir en que la violencia contra las mujeres está dentro y fuera de su entorno familiar, que está ligada a la corrupción, a la impunidad, al crimen organizado, al irrespeto a los derechos humanos, es resultado de la inequidad y la intolerancia. Es por ello un problema social nacional de alta prioridad que nos interpela a todas y todos los mexicanos, estén donde estén, pero sobretodo a las autoridades y funcionarios públicos responsables de garantizar el estado de derecho. Con motivo de este aniversario, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México reitera: “Garantizado el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos a una vida libre de violencia y a la salud integral y al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos es como se propicia el ejercicio pleno de la ciudadanía.”
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2004