Voces DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS ~ INTERPRETACION LITERAL

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					Voces: DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS ~ INTERPRETACION LITERAL ~
LEY ~ LIQUIDACION DE ENTIDADES ASEGURADORAS ~ QUIEBRA


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Tribunal:         Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E
(CNCom)(SalaE)

Fecha: 10/05/2000

Partes: I.A.B. Cía. de seguros.

Publicado en: LA LEY 2000-E, 57 - DJ 2000-3, 430


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SUMARIOS:
La prohibición contenida en el art. 51 de la ley 20.091 (Adla, XXXIII-A, 150), según la
cual los aseguradores no pueden recurrir al concurso preventivo ni ser declarados en
quiebra, es de alcance general, de modo que su inclusión dentro del subtítulo"
liquidación por disolución forzosa" no permite sostener que la veda no alcanza a la
compañía disuelta voluntariamente y en proceso de autoliquidación.

La calificación de la peticionante como "ex aseguradora en autoliquidación" no permite
considerarla excluida de la prohibición contenida en el art. 51 de la ley 20.091 (Adla,
XXXIII-A, 150), según la cual los aseguradores no pueden recurrir al concurso
preventivo ni ser declarados en quiebra, pues dicha solución no se compadece con el
régimen positivo vigente.

Las sociedades que se disolvieron voluntariamente y se encuentran en proceso de
autoliquidación permanecen sujetas a la ley 20.091, de modo que la aplicación del art. 5
~ de la ley 24.522 (Adla, XXXIII-A, 150; LV-D, 4381) que admite la presentación en
concurso de las personas de existencia ideal en liquidación, resulta desplazada por la ley
20.091 y el art. 2° del propio ordenamiento concursal que, específicamente, excluye de
los sujetos concursables a los regulados por el ordenamiento mencionado.

Cuando existe una ley cuyo texto es claro y expreso, ésta debe ser aplicada
estrictamente en el sentido que resulte de sus propios términos, aun cuando pareciera
injusta, pues el juez es un ministro de la ley para aplicarla tal cual es y no para juzgar su
bondad o su justicia.

El sometimiento voluntario de la aseguradora a los regímenes previstos por la ley
24.522 y 20.091, sin reserva expresa, determina la improcedencia de la impugnación
posterior de aquellos con base constitucional (Adla, LV-D, 4381; XXXIII-A, 150).

TEXTO COMPLETO:

2ª Instancia. - Buenos Aires, mayo 10 de 2000.
Considerando: 1. Interpuso recurso de queja el agente fiscal por la denegatoria de la
apelación deducida contra el auto de apertura de concurso preventivo (v. fs. 638/40,
2766/7 y 2782/3), la que fue concedida por esta sala a fs. 2877/9.


Esta última fue sostenida por el Representante del Ministerio Público ante esta Cámara,
quien fundó la pretensión recursiva contra aquella decisión mediante la pieza que corre
a fs. 2787/92.


2. Por su parte la Superintendencia de Seguros de la Nación dedujo sendas apelaciones
contra la apertura del concurso preventivo y el rechazo del incidente de nulidad
articulado a su respecto (v. memoriales obrantes a fs. 1288/93 de esta causa y a fs.
153/61 d incidente de apelación que lleva nro. 16.944).


3. Los tres memoriales se encuentran debidamente sustanciados con la concursada y el
síndico, quienes resistieron el progreso de los agravios.


4. Adelántase que la totalidad de las cuestiones suscitadas por vía recursiva habrá de ser
dirimida e un solo pronunciamiento.


5. Ello sentado, señálase que la nulidad de un resolución sólo procede cuando adolece
de vicios defectos de forma o construcción que la descalifica como acto jurisdiccional
(art. 253, Cód. Procesal), decir, cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de
tiempo, lugar y forma prescriptos por la le adjetiva (art. 34, inc. 4° y y 163, Cód.
Procesal), pero n en hipótesis de errores "in iudicando" que, de existir pueden ser
reparados por medio del recurso de apelación en cuya virtud el tribunal de alzada puede
examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción como sucede en autos (v. esta
sala, "Maragna, José L. y otro c. Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para fines
determinados s/sumario", del 11/4/91).


6. No obstante lo anterior, la decisión adoptada por el a quo no puede ser mantenida,
toda vez que l misma resulta contraria al ordenamiento jurídico vi gente.


Destácase en tal sentido que el art. 51 de l ley 20.091 señala que "...Los aseguradores no
pueden recurrir al concurso preventivo ni son susceptibles de ser declarados en
quiebra...".


Por su parte, el art. 2° de la ley 24.522 contempla que"...no son susceptibles de ser
declaradas en concurso las personas reguladas por las leyes 20.091, 20.321 24.241, así
como las excluidas por leyes especiales".
7. La tesis sostenida por la peticionante del concurso, admitida por el a quo, se fundó en
la inaplicabilidad de dicha normativa a las entidades que, como l, solicitante del
remedio concursal, decidieron su di solución anticipada y se encuentran en proceso di
"autoliquidación", esto es, de liquidación a cargo di sus propios órganos estatutarios
prevista por e art. 50, parr. 1° de la ley 20,091.


Se arguyó en ese sentido que tal situación provocó una suerte de mutación del objeto
social o, si se quiere, la necesidad de orientar la actividad del ente a las tareas propias de
la etapa liquidatoria y no a las previstas en la cláusula enunciativa de aquél.


Se agregó, entre otras consideraciones, que tal situación conduce a, la sujeción de la
sociedad a la normativa propia del derecho común - art. 5°, ley 24.522 - dado que la
prohibición del art. 51 de la ley 20.091 citada" "ut supra" debe entenderse circunscripta
a las aseguradoras en actividad y a aquellas que se encuentran en proceso de liquidación
forzosa.


8. Cierto es que hubiera sido más adecuado, tal vez; desde el punto de vista de la técnica
legislativa que la prohibición emergente del aludido art. 51 se hubiera incluido como
una disposición más de un régimen o sección general.


Sin embargo, el precepto luce incluido en un artículo precedido por el siguiente
subtítulo: "Liquidación por disolución forzosa".


Dicha circunstancia, en modo alguno puede conducir a sostener que la mentada
prohibición no alcanza a la compañía disuelta voluntariamente y en proceso de
"autoliquidación" toda vez que la veda tiene, no obstante, un alcance general.



a. En primer lugar, porque del texto de la norma no surge distinción en tal sentido y "ubi
lex non distinguit......".


b. Luego, por cuanto la prohibición tampoco se circunscribe a la declaración de falencia,
sino que se refiere también a la imposibilidad de acudir al concurso preventivo, proceso
ajeno en principio al sucedáneo de la quiebra allí previsto (vgr: la liquidación forzosa).


c. Existen otras razones que avalan el carácter general que cabe asignar a la prohibición
prevista por el art. 51 de la ley 20.091.


En efecto, dicho precepto es el único en aquel ordenamiento que alude a la referida
prohibición, sirviendo de fundamento a la exclusión introducida con ulterioridad al art.
2° de la ley 19.551, en oportunidad de su reforma por ley 22.917.
Ello aparejó el reconocimiento del legislador de que dichos entes resultaban
insusceptibles de concurso, nuevamente sin efectuar distinción alguna y dejando en
claro la intención de evitar cualquier interpretación derogatoria de la ley 20.091 sobre el
punto (v. Exposición de motivos de la ley 22.917, 11, 6 "in fine").


En tal contexto, mantenida la exclusión en el art. 2° de la ley 24.522, resulta
insostenible que una aseguradora no afectada por alguna causal de disolución se
encuentre habilitada para solicitar su concurso preventivo.


d. La calificación de la peticionante como "ex-aseguradora", propugnada por la
concursada y por cierta doctrina con base en la disolución voluntaria de la sociedad (v.
Vaiser, "Un ex asegurador en concurso preventivo", diario ED, del 2/11/99), tampoco
permite considerarla excluida de aquella prohibición.


Ello, a poco que se advierta, como se adelantó, que la misma se incluyó bajo un
subtítulo que también presupone la disolución de la sociedad, bien que forzosa, sin que
corresponda postular que las entidades que se encuentren en dicha situación - por la
imposibilidad de continuar operando en la contratación de seguros - se encuentran
facultadas a recurrir al remedio concursal.


Por ende, la diversa solución propugnada para las llamadas "ex-aseguradoras en
autoliquidación" sólo reposa sobre una base nominalista, que no se compadece con el
régimen positivo vigente y que resulta contradictoria con los demás postulados de la
promotora de las actuaciones.


En definitiva, no cabe afirmar coetáneamente que la prohibición del art. 51 de la ley
20.091 se circunscribe a los supuestos de liquidación forzosa; sostener luego que la
misma regla alcanza a las aseguradoras en actividad, extendiéndoles sus efectos; para,
finalmente, excluir a las entidades en proceso de "autoliquidación" sin otra base
normativa.


e. Adviértese en este sentido, que tampoco cabe considerar sujetas a dichas sociedades
al llamado "derecho común", inteligencia con la que se pretende excluirlas del régimen
de la ley 20.091 y del art. 2° de la ley 24.522, actualmente vigente, que remite a las
personas reguladas por aquélla para excluirlas del ámbito de los sujetos concursables.


Sucede que las sociedades que se disolvieron voluntariamente y se encuentran en
proceso de "autoliquidación" permanecen sujetas a la ley 20.091, resultando supletoria
la aplicación de la ley 24.522 (cfr. art. 52 del ordenamiento citado en el primer término).
Lo anterior también se desprende sin lugar a hesitación del propio art. 50 que, no sólo
contempla la disolución voluntaria del ente y su liquidación por los órganos estatutarios,
sino la fiscalización de la autoridad de control y la facultad de solicitar su designación
como liquidadora para el caso de requerirlo el interés de los asegurados o de que la
aseguradora (no "ex aseguradora") omitiera su inmediata liquidación.


De modo tal que la aplicación del art. 5º de la ley 24.522, que admite la presentación en
concurso de las personas de existencia ideal en liquidación, resulta desplazada por la ley
20.091 y el art. 2º del propio ordenamiento concursal que, específicamente, excluye de
los sujetos concursables a los regulados por el ordenamiento premencionado.


9. Resulta ilustrativo en tal sentido el proyecto de ley acompañado en copia por la
propia concursada, del que se desprende una propuesta de excluir a las compañías en
"autoliquidación", de la referida prohibición.


Ello por cuanto la agregación de dicho proyecto supone el reconocimiento de la plena
vigencia de un régimen diverso, contemplando por la ley 20.091, cuya derogación aquél
persigue.


10. En el contexto reseñado, la interpretación propuesta por la concursada y recogida
por el a quo no resulta pues admisible en tanto se aparta del sentido literal de la
normativa analizada, admitiendo una excepción a la prohibición de concursabilidad de
las compañías aseguradoras que no ha sido contemplada por el legislador.


Cabe recordar que, como bien enseñaba Salvat "Cuando existe una ley cuyo texto es
claro y expreso, esta ley debe ser aplicada estrictamente en el sentido que resulte de sus
propios términos, aun cuando pareciera injusta: el juez es un ministro de la ley para
aplicarla tal cual es y no para juzgar su bondad o su justicia; ni el juez ni el intérprete,
pueden eludir la aplicación de una ley clara, so pretexto de penetrar su espíritu..."
("Derecho Civil Argentino. Parte General", t. 1, p. 183, pto. 263; ed. 1950).


Tal temperamento fue sostenido con anterioridad por esta sala "in re": "Las Flores
S.R.L. c. Ares, Ernesto Roberto s/sumario", del 25/6/97, y por la propia Corte Suprema
de Justicia de la Nación (v. B. 75. XXIII, "Ballvé, Horacio J. c. Administración
Nacional de Aduanas s/nulidad de resolución", del 9/10/90; íd., K. XVII. XXIII,
"Kamensztein, Víctor J, y otros c. Fried de Goldring, Malka y otros", del 1/4/92; íd., F.
112. XXIII, "Fernández, Eduardo c. TA La Estrella S.A. s/despido", del 1/6/92, entre
otros - La Ley, 1998-D, 306; 1991-B, 400; 1992-C, 491; 1993-A, 546-).


Ello sentado, resulta ocioso el análisis propuesto de la evolución legislativa en punto a
la ampliación de la nómina de sujetos concursables, así como las discrepancias que
suscitó, el mantenimiento de la prohibición de solicitar concurso preventivo a las
compañías aseguradoras que, en todo caso, podrían conducir a formular propuestas "de
lege ferenda", mas no inciden en la solución de la litis.


11. Resta por último tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 20.091
y del art. 2° de la ley 24.522, que introdujo en subsidio la concursada para el caso de
determinarse su aplicación al caso, tal como se decidiera con anterioridad.



a. Adviértese, en primer término, que su introducción fue extemporánea.


En efecto, la peticionante del concurso preventivo, esgrimió su solicitud en pleno
conocimiento de la normativa vigente. A punto tal es ello así, que dedicó un capítulo
completo a fundar su concursabilidad (v. ap. VIII a fs. 577/8).


De modo que el agravio constitucional debió haberse introducido con la promoción de
las actuaciones por haber sido esa la primera oportunidad que brindaba el procedimiento
a tal fin (v. en tal sentido, doctrina de la C.S.J.N., G. 358. XXIV, "Golpe, Luis H.
s/regulación de honorarios", 23/3/93 (La Ley, 1993-C, 188); íd., "Melián, José A. c.
E.L.M.A.", del 1/1/65, publicado en Fallos 263:129, entre otros).


b. Por lo demás, el sometimiento voluntario de la misma a los regímenes previstos por
las leyes 24.522 y 20.091, sin reserva expresa, determina la improcedencia de la
impugnación posterior de aquéllos con base constitucional (cfr. C.S.J.N., "Financiera
Pro-Car Promotora de Crédito Argentino S.A.", del 1/1/68; íd., "Saguier, Eduardo R. c.
Pontificia Universidad Católica Argentina - Santa María de los Buenos Aires",
publicados en Fallos 271:183 y 342 -c. Cabe ponderar, finalmente, que la declaración de
inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las
funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto
de suma gravedad que debe ser considerado como "ultima ratio" del orden jurídico (cfr.
C.S.J.N., B . 175. XXIII, "Bruno Hnos. S.C. y otro c. Administración Nacional de
Aduanas s/recurso de apelación", del 1/5/92), lo que sella la suerte adversa del planteo.


12. Las costas generadas en esta instancia por el planteo de nulidad y por el recurso
deducido por la S.S.N. habrán de ser soportadas en cada caso por el vencido - cfr. art.
69, Cód. Procesal -.


Por ello, se resuelve: 1. desestimar el planteo de nulidad, reiterado por vía recursiva por
la Superintendencia de Seguros de la Nación; 2. acoger los restantes agravios de la
misma y del Representante del Ministerio Público ante esta Cámara, revocando en
consecuencia la apertura del concurso preventivo solicitado; 3. rechazar el planteo de
inconstitucionalidad introducido por la peticionante; 4. imponer las costas de alzada,
con el alcance indicado en el consid. 12 y, 5. mandar agregar copia certificada de la
presente en el incidente de apelación que lleva N° 16.944.
El doctor Guerrero no interviene por hallarse excusado a fs. 2786. - Rodolfo A.
Ramírez. - Martín Arecha.

				
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