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Independencia Judicial en el Ecuador by inf20003

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									                           Independencia Judicial en el Ecuador

                                                                  Luis Sánchez Baquerizo

Introducción

        La independencia judicial es uno de los temas que más se ha desarrollado en los
últimos años, en los países del tercer mundo, en especial los latinoamericanos. Estos
países, desde su fundación, se han caracterizado por el irrespeto a las instituciones, ya
sean políticas o sociales, que son necesarias para garantizar el Estado de derecho. Desde
que la mayoría de estos países se libraron de sus respectivas dictaduras –
aproximadamente hace 25 años- y, en consecuencia, se constituyeron en Estados
democráticos, muchos politólogos y juristas trataron de diseñar un arreglo institucional
para la organización del Estado, que logre resolver los problemas de anomia, que
garantice los derechos fundamentales, que perdure en el tiempo, etc.

        El Ecuador es uno de los países que, a lo largo del tiempo, ha demostrado ser
uno de los más inestables de la región, no en vano, en la actualidad, se encuentra en
funcionamiento una nueva asamblea constituyente, según los principales actores, de
plenos poderes, con el deber de redactar un nuevo texto constitucional, el número 20
desde la fundación de la República. En cada uno de estos procesos constitucionales, se
ha reformado o modificado el aparato estatal de acuerdo a la tendencia imperante en la
época, en algunos, se podría decir, se trató de elaborar diseños originales. No obstante,
la realidad muestra que estos intentos no funcionaron del todo, ya que sin contar los
periodos de gobiernos de facto, y sacando un promedio, se sostiene que la vigencia de
cada constitución, en el Ecuador, es de 8 años aproximadamente.

        Uno de los temas siempre tan debatidos y disputados en todos estos procesos de
reforma, es aquel acerca del rol del poder judicial. Históricamente, el partido político
que se encuentra en circunstancias favorables, con respecto a su poder e influencia, ha
tratado de controlar los juzgados y las cortes del país. Sin embargo, si uno revisa la
actuación de los magistrados, puede notar que el poder judicial, curiosamente, nunca fue
un obstáculo para el gobierno de turno en la implantación de sus políticas. Es decir que,
el ejecutivo o el legislativo, nunca se han visto amenazados por una judicatura con
capacidad normativa (formalidades legales) para ejercer plenamente las atribuciones
conferidas en cada una de estas constituciones, y que, de acuerdo con ellas, haya estado
dispuesta a declarar la inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o resolución. La
pregunta entonces, que cabe plantearse, es por qué, si los gobernantes no corren el
peligro de interferencia judicial, el Estado ecuatoriano no ha podido consolidar un poder
judicial independiente.

        En el presente trabajo, trataré de analizar el tema de la independencia judicial en
el caso ecuatoriano. Mi análisis partirá desde la última gran intervención del poder
político en el ámbito judicial, esto es, desde el año 2004. En la primera sección,
describiré, a breves rasgos, los hechos que suscitaron la destitución de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, designados en el año de 1997. En la segunda sección,
enunciaré la normativa constitucional que, formalmente, garantiza, hasta el día de hoy –
aparentemente-1, la independencia judicial. Luego de ello, en la tercera sección,
1
  Digo aparentemente, puesto que la Asamblea Nacional Constituyente, que se encuentra actualmente en
funcionamiento, alega tener plenos poderes, pero hasta el momento los hechos han confirmado que ella


                                                                                                  1
abordaré la cuestión de las reformas legales que se realizaron en el intento de designar
magistrados que demuestren probidad moral, basto conocimiento jurídico e
independencia política, poniendo énfasis en que para su designación no intervengan los
órganos políticos. En la cuarta sección, compararé las teorías acerca de la independencia
judicial, estudiadas en el curso, y desarrolladas en la bibliografía, con la normativa
ecuatoriana actualmente vigente.

       Finalmente, como conclusión, sostendré que los intentos teóricos para garantizar
la independencia judicial, no pueden ir más allá de los aspectos formales, esto es, de las
reformas constitucionales y legislativas, porque si nos detenemos en el análisis y
profundizamos en las causas sustantivas que llevan al irrespeto, debilidad institucional y
anomia social, nos estrellaremos contra un problema tan enorme, tan complejo, que
apunta a los problemas estructurales de una sociedad subdesarrollada, desigualitaria y
tercermundista. Una de las consecuencias de estos problemas es, precisamente, la que
vamos a tratar a continuación.

        Por otro lado, pensar que se puede lograr el respeto por las instituciones a lo
largo del tiempo, en Estados tremendamente desigualitarios, con una basta porción de la
población marginada, excluida, explotada, desatendida en sus necesidades más básicas –
necesarias para tener una vida digna-, sería irrazonable. No obstante, lo más
problemático del asunto, creo yo, es pretender que el mejoramiento de estas condiciones
sustantivas llegará desde arriba, desde el ámbito de las autoridades, mediante la
implantación de un buen arreglo institucional. Con esto no quiero decir que esta opción
queda descartada del todo, sino que estos mismos discursos esperanzadores se vienen
repitiendo y aplicando, a lo largo del tiempo, sin ningún resultado satisfactorio.

I. Intervención del Poder Político en la Función Judicial

Antecedentes

        Comienzo este trabajo con la descripción de unos hechos que, de forma más que
evidente, entran en tensión o, siendo francos, violan abiertamente el principio de
independencia judicial. El 9 de noviembre de 2004, los partidos políticos más
importantes de oposición al Gobierno preparaban, en el Congreso Nacional, una acción
de enjuiciamiento político al entonces Presidente de la República, coronel Lucio
Gutiérrez. Cumpliendo con ese requisito legal previo, perseguían, como objetivo final,
el enjuiciamiento penal del ejecutivo, por un presunto delito de peculado. Sin embargo,
en reacción de esta maniobra conocida por todos, los partidos políticos afines al
gobierno lograron formar una nueva mayoría parlamentaria pro gobiernista, que logró
bloquear la conformación de la comisión especialísima encargada del juicio político.

        Ante esta nueva coyuntura política, la nueva mayoría, luego de cerrar el paso al
juicio político del Presidente, inició, a renglón seguido, un proceso irregular de
reestructuración de varios organismos del Estado. El 25 de noviembre de 2004, con una
decisión de la nueva mayoría afín al Gobierno, la función legislativa cesó en sus
funciones, sin un juicio político previo, requerido por la constitución2, a todos los

está sujeta a la voluntad del Presidente de la República, Rafael Correa. Si esto es así, entonces, la última
constitución, aquella del año 98, ha quedado derogada por completo, ya que sería contrario a la lógica,
pensar, que una norma jurídica pueda transferir plenos poderes.
2
  Art. 130.- El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones:


                                                                                                          2
vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral. Aunque luego,
algunos de los destituidos, fueron posteriormente enjuiciados políticamente. Para
entonces, los diputados de la nueva mayoría ya anunciaban públicamente su siguiente
maniobra, la cual era lograr cambios en la Corte Suprema de Justicia.

        Los nuevos miembros del TSE y del TC fueron posesionados el 26 de noviembre
de 2004. A continuación, la misma mayoría parlamentaria, que algunos denominaban
“la aplanadora”, había designado a varias personas afiliadas o afines a los partidos
políticos de aquella alianza para ocupar los cargos vacantes en el TC y el TSE. El 30 de
noviembre de 2004, los nuevos miembros del TC, designaron a una persona
perteneciente al partido político del presidente de la República, como presidente del
Tribunal Constitucional.

        Se entiende, por los hechos mencionados, que todos estos pasos dados tenían
como objetivo principal evitar la posible interferencia -totalmente justificada- que
hubiera puesto fin a sus planes, puesto que el TC, mediante las atribuciones consagradas
en la Constitución de la República3, tiene la facultad de anular cualquier resolución del
legislativo. Por ello, de forma inmediata, buscaron la sustitución de sus miembros,
reemplazándolas con personas afines al Gobierno, y con ello, tener el camino libre en su
intención de cambiar la conformación de la Corte Suprema de Justicia.

       En efecto, el 2 de diciembre del 2004, el Presidente del la República solicitó al
Tribunal Constitucional que se pronuncie para impedir que los jueces de instancia
acepten al trámite acciones de amparo constitucional que cuestionen resoluciones


         …
         8. Proceder al enjuiciamiento político, al solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes
del Congreso Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros de Estado, del
Contralor General y Procurador del Estado, del Def ensor del Pueblo, del Ministro Fiscal General; de los
superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante el
ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas. …
El Presidente y Vicepresidente de la República sólo podrán ser enjuiciados políticamente por la comisión
de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado, y
enriquecimiento ilícito, y su censura y destitución sólo podrá resolverse con el voto conforme de las dos
terceras partes de los integrantes del Congreso. Nos será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este
proceso.
Los demás funcionarios referidos en este número podrán ser enjuiciados políticamente por infracciones
constitucionales o legales, cometidas en el desempeño del cargo. El Congreso podrá censurarlos en el
caso de declaratoria de culpabilidad, por mayoría d e sus integrantes La censura producirá la inmediata
destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros de Estado, cuya permanencia en el cargo
corresponderá            decidir         al           Presidente          de          la          República.
Si de la censura se derivaren inicios de responsabilidad penal del funcionario, se dispondrá que el asunto
pase a conocimiento del juez competente lo solicite fundadamente.

3
    Art. 276.- Competerá al Tribunal Constitucional:
      1. Conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad, de fondo o de forma, que se presenten
           sobre leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas; estatutos, reglamentos y
           resoluciones, emitidos por órganos de las instituciones d el Estado, y suspender total o
           parcialmente sus efectos.
      2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda autoridad
           pública. La declaratoria de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin perjuicio de
           que el órgano administrativo adopte las medidas necesarias para preservar el respeto a las
           normas constitucionales.



                                                                                                            3
parlamentarias, medida que claramente está en contra del inciso segundo del art. 2764.
El TC, como peón del ejecutivo, resolvió comunicar al Presidente de la Corte Suprema
que no procedía interponer acciones de amparo para suspender los efectos de una
resolución parlamentaria.

Hechos

        El 5 de diciembre de 2004, el Presidente de la República, convocó al Congreso
Nacional a un período extraordinario de sesiones. Aunque el Presidente tiene la
atribución de convocar de manera extraordinaria al Congreso5, cabe resaltar que el
propósito de esa convocatoria se refirió al análisis y resolución con respecto a la
situación jurídica-constitucional de la Función Judicial. Ante este hecho, la función
ejecutiva dejaba bien en claro su intención de confrontar con el principio constitucional
de independencia judicial.

        La sesión extraordinaria se llevó a cabo y el Congreso Nacional adoptó, el 8 de
diciembre de 2004, la Resolución Parlamentaria mediante la cual cesó en sus funciones
a los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia. El trámite fue extremadamente sumario.
Para mayor sorpresa de todos, no sólo que fueron cesados todos los magistrados sino
que, a su vez, se eligieron sus reemplazos. Sin lugar a dudas, el Congreso Nacional
actuó de manera inconstitucional. Ahora pasaré al análisis de la normativa
constitucional, que consagra y garantiza la independencia judicial (como vemos, en este
caso, no sirvió de mucho).

II. Normativa Constitucional

       Ahora paso a exponer las normas constitucionales que, según los entendidos, se
encuentran actualmente vigentes, y que garantizan la independencia de la Función
Judicial. Para comenzar, la constitución se auto atribuye, en su artículo 2726 jerarquía
suprema, es decir ninguna norma jurídica debe contrariarla. El principio de reserva legal
se encuentra plasmado en su texto, art. 1197; con lo cual, normativamente, los
diputados no deberían hacer nada que no se encuentre establecido en la constitución.

        El Congreso, institución que forma parte del Estado ecuatoriano, no tiene la
atribución de remover y nombrar jueces de la Corte Suprema, por cuanto ninguna

4
  Art. 276.-… Las providencias de la Función Judicial no serán susceptibles de control por parte del
Tribunal Constitucional.
5
  Art. 171.- Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los siguientes:
         8. Convocar al Congreso Nacional a períodos extraordinarios de sesiones. En la convocatoria se
determinarán los asuntos específicos que se conocerán durante tales períodos.

6
  Art. 272.- La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes
orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros
actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si,
de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.
Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades
administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior.
7
  Art. 119 "Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no
podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley (...)"



                                                                                                        4
disposición constitucional o legal le otorga dichas facultades. En el art. 130 de la
Constitución se determinan las funciones del Congreso Nacional, dentro de las cuales
no están las de destituir a los magistrados sin juicio político previo y, peor aún, elegir a
los nuevos magistrados, debido a que donde la constitución señala a los funcionarios
que el Congreso debe designar, no están incluidos los magistrados de la CSJ.

       El art. 199 de la constitución8 garantiza expresamente y, de forma general, la
independencia de la función judicial. Luego, en siguientes artículos, se acoraza a la
Corte Suprema, protegiéndola de posibles injerencias en su funcionamiento, para ello se
garantiza expresamente: 1) la estabilidad en los cargos de los jueces de la Corte
Suprema9, a su vez, se establece el mecanismo para llenar las vacante; 2) se protege la
carrera judicial, realizando, para los nombramientos, un concurso público de méritos10;
3) para hacer efectiva la despolitización de la función judicial, no se debe nombrar a
personas afiliadas a partidos políticos o que mantengan compromisos partidarios11.

        Hasta aquí, hemos visto aquellas normas constitucionales que se encontraban
vigentes al momento de sucedidos los hechos antes narrados, lo cuales, formalmente,
nunca debieron ocurrir. No obstante, los partidarios de la sustitución de los magistrados
tenían sus propios argumentos, veamos ahora si son tan sólidos como para echar abajo
lo hasta aquí expuesto.

        En la constitución del año 98, se establecieron cuarenta y seis disposiciones
transitorias, una de ellas la vigésimo quinta12 señala que algunos funcionarios cesaban
en sus funciones en enero de 2003. De esta disposición se agarró la nueva coyuntura
política. Sostuvieron que como los magistrados de la Corte Suprema, hasta ese entonces

8
  Art. 199.- Los órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y
atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos.
Los magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su potestad jurisdiccional aun frente a
los demás órganos de la Función Judicial; solo estarán sometidos a la Constitución y a la ley.
9
  Art. 202.- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no estarán sujetos a período fijo en relación
con la duración de sus cargos. Cesarán en sus funciones por las causales determinadas en la Constitución
y la ley.
Producida una vacante, el pleno de la Corte Suprema de Justicia designará al nuevo magistrado, con el
voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, observando los criterios de profesionalidad y
de carrera judicial, de conformidad con la ley.
En la designación se escogerá, alternadamente, a profesionales que hayan ejercido la judicatura, la
docencia universitaria o permanecido en el libre ejercicio profesional, en este orden.

10
   Art. 204.- Se reconoce y se garantiza la carrera judicial, cuyas regulaciones determinará la ley. Con
excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, jueces, funcionarios y
empleados de la Función Judicial, serán nombrados previo concurso de merecimientos y oposición, según
corresponda, de acuerdo con lo establecido en la ley.

11
   Art. 205.- Se prohíbe a los magistrados y jueces ejercer la abogacía o desempeñar otro cargo público o
privado, con excepción de la docencia universitaria. No podrán ejercer funciones en los partidos políticos,
ni intervenir en contiendas electorales.
12
   Disposición transitoria: Vigésima quinta.- Los funcionarios e integrantes de organismos designados
por el Congreso Nacional y el Contralor General del Estado designado, a partir del 10 de agosto de 1998
para un período de cuatro años, en virtud de las disposiciones de esta Constitución, permanecerán en el
desempeño de sus funciones hasta enero del año 2003.



                                                                                                         5
en funciones, habían sido nombrados por el Congreso Nacional en el año de 1997, y
entendiendo que la función judicial forma parte de los organismos de control del
Estado, decidieron que para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, los
magistrados debían ser cesados de sus cargos.

        Aparentemente, este argumento podría tener cierto sustento, ya que hay margen
para cierta discrepancia interpretativa, y es, precisamente, el Congreso, quien posee la
atribución de interpretar la constitución13. Si la función judicial debe ser considerada
como un organismo de control más o, como su nombre lo indica, una función –poder-
del Estado, puede ser decidido por el Congreso. Fue muy interesante, también, el debate
que se dio entorno a qué funcionarios, de acuerdo con la transitoria en cuestión, debían
ser removidos; si todos aquellos designados por el legislativo, previo a la entrada en
vigencia de la constitución, o si solamente aquellos designados a partir del 10 de agosto
de 1998 –si fuera este el caso, los magistrados no debieron ser removidos-. La mayoría
gobiernista sostuvo que solo en el caso de la designación del Contralor General del
Estado, operaba la fecha establecida en la dispocisión, para el resto, los magistrados de
Corte Suprema, no.

        Sin embargo, el hecho de nombrar una Corte Suprema, por parte del Congreso,
de acuerdo con la normativa, era inconstitucional. A su vez, recordemos que la Corte
destituida había utilizado el mecanismo de la cooptación para reemplazar a algunos
magistrados salientes, es decir, esos magistrados no fueron nombrados por el Congreso
y, por tanto, para ellos, no era sostenible el argumento señalado en el párrafo anterior.
Como vengo argumentado, el formalismo jurídico no basta para garantizar la estabilidad
institucional.

III. Reformas Legales

        Las interferencias políticas en la función judicial, llegaron a su punto más alto,
cuando, entre otras cosas, los nuevos magistrados invalidaron, o anularon, tres de los
juicios más polémicos e importantes que se encontraban en conocimiento de la Corte
Suprema. Estos juicios penales eran de dos ex presidentes de la república y de un ex
ministro de economía, quienes se encontraban expatriados, ya que pesaba sobre ellos
orden de prisión. Estas maniobras políticas, que trajeron de retorno a dichos ex
funcionarios, fueron rechazadas por la sociedad civil. La ciudadanía reaccionó en contra
de lo resuelto por la nueva corte, pues, se pensaba, que estas acciones eran ilegales, y el
pueblo clamaba por la no impunidad. Esto generó un entorno hostil al gobierno, de
hecho se efectuaron marchas y contramarchas, y es por ello que una nueva mayoría en
el Congreso decidió, el 12 de mayo de 2005, mediante la Resolución No. 26-049,
expedir la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que,
como primera cuestión, cesó en sus funciones a los magistrados que fueron designados
por el gobierno. Por otro lado, ante la reacción ciudadana, el presidente de la república
fue destituido en el mes de abril de ese mismo año, por la causal de abandono del poder,
sin juicio político previo.



13
     Art. 130.- El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones: …
           4. Reformar la Constitución e interpretarla de manera generalmente obligatorio.




                                                                                             6
        Lo más importante de aquella ley fue la creación de un Comité Calificador14
para designar por esa única vez a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de
Justicia. Se estableció la cantidad de magistrados que debían provenir de alguno de
estos tres ámbitos: carrera judicial, ejercicio profesional y docencia universitaria15. El
Comité Calificador fue diseñado para reemplazar a la función legislativa –organismo
netamente político- en dicha función, recordemos que el Congreso, en ese entonces, se
encontraba completamente deslegitimado, de acuerdo a la opinión pública mayoritaria.
Hubo un gran interés por la conformación de ese comité; lo que urgía era evitar, en la
medida de lo posible, las influencias y presiones de los grupos políticos. Por eso, como
requisitos indispensables para formar parte del comité, se copiaron aquellos establecidos
para ser magistrado de Corte Suprema1617. A su vez, para garantizar la independencia de
14
   SEGUNDA.- En vista de la ausencia definitiva de la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, su designación será por esta ocasión, efectuada por un comité de calificación, el que estará
integrado por los siguientes miembros:
1. Uno por los presidentes de los Tribunales de Honor de los colegios de abogados del país.
2. Uno por los decanos o directores de las facultades o unidades académicas de derecho de las
universidades legalmente reconocidas por el CONESUP y que acrediten ante este Organismo, al menos
diez años de existencia.
 3. Uno por los ministros de cortes superiores de justicia y tribunales distritales de lo Contencioso
Administrativo y Fiscal.
4. Uno por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
5. Uno por los organismos de los derechos humanos, que tengan al menos cinco años de existencia legal
en el Ecuador.

15
   Art. 12.- La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 31 magistrados. Uno de los magistrados
que ostente tal calidad, ejercerá la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por dos años, sin que
pueda ser reelecto. Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia provendrán de la carrera judicial,
diez de la docencia universitaria y diez del libre ejercicio profesional. Todos los magistrados de esta Corte
deberán tener antecedentes intachables, acreditarán probidad notoria y solvencia profesional y moral en
los términos previstos en esta Ley.

16
   CUARTA.- Los cinco miembros del Comité de Calificación no deben pertenecer a los cuerpos o
asambleas que los nominen, y reunirán los mismos requisitos exigidos para ser magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. De entre ellos, se elegirá un Presidente y, de fuera de su seno, un Secretario. El
Comité de Calificación terminará sus funciones con la designación y posesión de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia…

17
   Art.12. ...Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a más de los requisitos señalados en la
Ley y en la Constitución Política de la República, se requerirá:
1. No ser menor de cuarenta y cinco años ni mayor de setenta y cinco años de edad.
2. Haber obtenido, con al menos 3 años de anticipación a la fecha de designación, el título de Doctor en
Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas en universidades y facultades de Jurisprudencia legalmente
reconocidas por el CONESUP y que tuvieren existencia legal desde hace quince años. Asimismo, deberán
tener título de cuarto nivel académico en cualquiera de las ramas de Derecho.
3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la judicatura o la docencia universitaria
en ciencias jurídicas, por el lapso mínimo de 15 años antes de ser nominado para el cargo.
4. No haber participado en política activa como miembro de directivas de partidos o movimientos
políticos, dentro de los cinco años anteriores a la postulación.
5. No haber recibido sanción alguna en el ejercicio de su profesión de abogado, o sanción por altas graves
en el ejercicio de la judicatura y la docencia universitaria.
6. No haber sido sentenciado como autor, cómplice o encubridor de algún delito, ni haber sido encausado
en procesos que prescribieron por falta de presentación del sindicado.
7. No ser deudor moroso del Estado ni de sus instituciones, ni de las entidades financieras en saneamiento
o en liquidación, ni del sistema financiero nacional.
8. No haber incumplido contratos con el Estado o sus instituciones, salvo que hayan sido ya rehabilitados
por los organismos de control.


                                                                                                           7
este organismo, se le otorgó la atribución de ser el último intérprete de aquella ley18,
además que se restringió la acción de amparo constitucional, ante el TC, para evitar el
bloqueo de sus resoluciones19. En este punto vemos como aún cuando lo que se busca es
la protección del Estado de derecho, se continúa violando la constitución, puesto que
esta prohibición, proveniente de una norma de inferior jerarquía, no puede irse en contra
de la norma fundamental.

        El mecanismo utilizado para designar a los magistrados estuvo planificado y
dirigido, como veremos, para cumplir con el objetivo tan anhelado de la independencia
e imparcialidad en la justicia. Para ello, se buscó definir reglas claras para el
procedimiento de postulación de candidatos, se estableció medios de evaluación
netamente técnicos, apuntando a la formación académica. Cabe resaltar, que se obligó a
hacer público toda la tramitación ante el comité, y se dio espacio para la presentación de
oposiciones de cualquier tercero que poseyere pruebas en contra de alguno de los
postulantes. Esta ley, a su vez, para garantizar el aspecto técnico de la designación,
obligaba al comité de calificación a contratar dos veedurías, nacionales o
internacionales, con la función de asistirlo y respaldarlo en la evaluación y designación
de los postulantes20.

        El 5 de julio de 2005, el Comité de Calificación expidió el reglamento, en el que
se reguló la convocatoria a concurso público para los postulantes a magistrados y
conjueces de Corte Suprema. Se establecieron los requisitos formales para la
postulación: documentos necesarios, plazos y el procedimiento para la respectiva
calificación de cada postulante, con el fin de evitar la discrecionalidad. El
procedimiento de impugnación fue reglado, así como las resoluciones que el Comité
decidió adoptar. Para la evaluación de los postulantes, se establecieron criterios de
puntuación en cuanto a la idoneidad, según si el postulante proviene del ámbito de la
carrera judicial, docencia académica o libre ejercicio de la profesión.


9. Presentar una declaración juramentada de cumplir uno a uno los requisitos para ser magistrado
establecidos en esta Ley y en la Constitución, así como no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
ni inhabilidades.
10. No haber sido abogado patrocinador o defensor de los sindicados o encausados en causas relacionadas
con delitos establecidos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, siempre que las mismas
hubieren concluido con sentencia condenatoria de los procesados defendidos.
11. No ser apoderado ni defensor por sí mismo o como socio de estudios jurídicos, o propietario de
empresas nacionales o extranjeras que mantengan litigios contra el Estado Ecuatoriano o sus
instituciones, y que comprometan su patrimonio y recursos.
12. Los demás requisitos de idoneidad y solvencia que fije la ley.

18
   OCTAVA.- Cualquier duda relativa a la aplicación de esta Ley en lo que concierne al proceso de
postulación, calificación y selección de candidatos, será resuelta por el propio Comité.

19
   NOVENA.- Los actos del Comité de Calificación como cuerpo colegiado no serán susceptibles de
acción de amparo constitucional, demanda ni acción judicial de ningún tipo. No obstante lo anterior y
para los efectos previstos en esta Ley sus miembros gozarán de fuero de Corte Suprema de Justicia.

20
   SÉPTIMA.- El comité contará, para la evaluación y selección de los postulantes, con la asistencia de,
por lo menos, dos firmas auditoras de reconocido prestigio nacional e internacional, seleccionadas
directamente por el comité, y sus informes serán de conocimiento público y orientarán las resoluciones
del comité.



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IV. Análisis teórico

        En toda teoría general del Estado moderna, la independencia judicial es
considerada como una de sus partes constitutivas. La doctrina de la separación de
poderes y de los frenos y contrapesos, ha sido la de mayor elaboración y, de acuerdo a
la experiencia política, parece ser la más acertada. Según esta, la función judicial debe
ser la garante de los límites impuestos a la política, es decir, los derechos.

        Estas teorías han elaborado dos conceptos de independencia judicial, uno
subjetivo, que trata sobre la independencia personal del juez, y el otro, objetivo, sobre
la independencia institucional. El objetivo de la independencia judicial es permitir el
imperio de la ley y su aplicación de manera imparcial a los casos concretos, buscando la
neutralidad en la aplicación. La expresión más sobresaliente de la independencia
judicial es la defensa de la constitución, mediante la revisión judicial de las leyes. En un
sentido más mediato, la independencia permite una mejor garantía de los derechos
humanos. Estos son los objetivos normativos, de deber ser, acerca de la independencia.

        Los problemas que surgen en nuestra región, en general, y en el Ecuador, en
particular, son los siguientes: - existen niveles muy bajos de independencia judicial, ya
que los poderes políticos –ejecutivo y legislativo- ejercen presión en los casos sensibles,
mediante el control de la aprobación y desembolso del presupuesto judicial, la
atribución de variar el número de los integrantes de las altas cortes –como vimos, esto
no sucede en Ecuador-, además del uso impropio del juicio político para los magistrados
de las altas cortes; - los jueces, a su vez, han legitimado violaciones a los derechos y
atropellos al orden constituido, como en el caso de los gobiernos de facto; - muchas
veces, la independencia judicial, ha sido confundida con un corporativismo que no
admite responsabilidades, puesto que los jueces se resisten al control disciplinario por
parte del Consejo de la Magistratura.

        Por otro lado, los salarios se mantienen muy bajos, lo que incentiva la
corrupción; dentro de la función judicial, existe resistencia interna a los cambios. La
realidad económica nos sitúa en una situación de dependencia, para realizar proyectos y
reformas de semejante magnitud necesitamos de la colaboración internacional con todos
sus condicionamientos. Falta el reconocimiento del poder político a la independencia
judicial, las intervenciones se dan aun cuando los jueces no afectan a la política
ordinaria, esto ha logrado que la sociedad civil muestre desconfianza en los jueces.

       La independencia judicial subjetiva debe permitir que los jueces apliquen el
derecho y no la voluntad de los más poderosos, siendo imparciales y neutrales21.
Aunque, de hecho, aplican el derecho que ellos creen, que interpretan, de acuerdo a su
formación académica, social, cultural. Los jueces independientes actúan de acuerdo a
sus preferencias ideológicas y no a lo establecido por la ley

       El más común de los remedios propuestos, para superar estos problemas, es el
establecimiento de formalidades constitucionales y legales que garanticen la estabilidad
en el cargo, mediante periodos fijos para los magistrados de Corte Suprema; que
prohíban los traslados sin justa causa y sin la anuencia del juez afectado; que dispongan
porcentajes mínimos del presupuesto público dirigido al poder judicial para mejorar los

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     Josep Aguiló, Universidad de Oviedo.


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salarios; que doten de regímenes disciplinarios que sean aplicados por instancias
diferentes del poder ejecutivo, y que consagren la carrera judicial para evitar la
intervención de los partidos políticos al interior de esta función.

        Según los índices que arrojaron los estudios realizados en la región, se evidenció
que, de acuerdo a la normativa legal, el Ecuador se situó en el puesto número tres, es
decir, su legislación, que consagra la independencia judicial, es muy buena. Como
vimos en secciones anteriores, la constitución –vigente o no- establece la naturaleza y
competencia de la corte suprema, esto es, ha sido atrincherada, está protegida de las
decisiones mayoritarias en los momentos de política ordinaria. El procedimiento de
designación de magistrados, una vez conformada la Corte Suprema, se encuentra
protegido. El periodo legal en el cargo es hasta que dure el buen desempeño. El manejo
de los casos queda a discreción de la función judicial, se ha concedido atribuciones para
ejercer control sobre otros poderes del Estado - un freno o contrapeso- como en el caso
de las salas de lo contencioso administrativo con competencia para controlar actos
administrativos de todos los organismos del Estado.

        No obstante, en el Ecuador, el control de constitucionalidad, como se ha sido
mencionado anteriormente, está a cargo del Tribunal Constitucional, el cual es
independiente de la función judicial, pero que en algunos casos tiene competencia de
apelación para los fallos de las garantías constitucionales: amparo, habeas corpus,
habeas data. Esto hace que el Ecuador se encuentre en segundo lugar con respecto a las
normas que consagran la revisión constitucional. Por otro lado, se instituyó el Consejo
de la Magistratura, que es un organismo autónomo al gobierno central, con la función
de administrador de los recursos económicos y humanos. Así mismo, se encuentra
constitucionalizada la accesibilidad a la justicia, mediante la institución de jueces de paz
y justicia comunitaria; así como la autorización para implantar mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje; y, como punto de
avanzada, se ha reconocido a la justicia indígena, siempre y cuando no vulnere los
derechos humanos fundamentales.

       Esto, en teoría, tiende a la transparencia en las decisiones judiciales. Hasta aquí
uno podría llegar a pensar que lo descrito en las secciones anteriores no corresponde a
un país con la calidad de legislación que posee el Ecuador, sin embargo, la evidencia
empírica que recoge la sociología jurídica, establece que el Ecuador está en el puesto
noveno, de diez, en cuanto a la independencia judicial de hecho.

Objetivos en el plano analítico (positivo)

       La independencia judicial es, ante todo, un medio ligado a la realización de fines
superiores, es un instrumento del que dependen objetivos sustantivos, tanto el
establecimiento de un Estado de derecho, como del crecimiento económico. Según
algunos, contribuye al crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, ya
que, al restringir la discrecionalidad administrativa, fortalece el principio de reserva
legal, con lo que se alcanza un balance entre control, regulación rígida y las
circunstancias cambiantes del acontecer económico.

       Este sentido instrumental permite diferenciarlo del aislacionismo y
corporativismo: ni los jueces, ni el poder judicial son independientes para aislarse de la
realidad social, como un pretexto para la defensa de intereses corporativos, al margen de


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cualquier responsabilidad y control. Sin embargo, no existe evidencia empírica que
demuestre la relación causal entre la independencia judicial y sus objetivos, en otras
palabras, que haya independencia judicial no implica, o no es condición necesaria, para
que la economía de un país crezca, por lo que muchos sostienen que, de hecho, los
jueces son utilizados como herramienta para materializar los intereses de la elite
dominante.

        La independencia judicial debe estar sujeta a ciertos límites. De acuerdo con la
teoría de los pesos y contrapesos, el poder judicial tiene límites absolutamente legítimos
y necesarios, dados por las leyes producidas por el poder legislativo, que no solo sujetan
a los jueces sino que pueden transformar la forma misma de cómo está estructurada y
distribuida la judicatura. En un sistema democrático el poder judicial debe someterse a
la voluntad popular. No existen contradicciones entre independencia y sometimiento a
control, es por ello que, en el Ecuador, no se habla de poder sino de función, el poder es
uno solo que radica en el soberano, el pueblo, que distribuye su ejercicio en distintas
funciones.

Factores determinantes de la Independencia Judicial

        Algunos sostienen que los jueces tienen la independencia que los políticos están
dispuestos a cederles. Siendo este el caso, los políticos conservadores buscarán la
independencia judicial para garantizar el status quo, que por lo general está revestido de
forma jurídica, es decir, aquellos derechos (naturales) que garantizan el sistema
económico capitalista. Por otro lado, un liberal también buscará la independencia,
cuando lo que se proteja sean los derechos a la igualdad de oportunidades. Los jueces,
como garantes de la credibilidad de las leyes, protegen los acuerdos anteriores de las
nuevas decisiones que adopten distintas mayorías. A su vez, los jueces permiten a los
políticos mantener el control de los mandos medios de la burocracia.

        Se entiende que en política siempre ha existido discrepancia dentro de una
misma comunidad, lo que supone que hay quienes están alineados con el gobierno y
otros que se encuentran en la oposición. Sin dudas, aquellos que se encuentran en la
oposición, serán los primeros en luchar por una mayor independencia judicial, ya que
son los más interesados en buscar la judicialización de la política para que el gobierno
vea restringido su campo de acción. Siendo esto así, y suponiendo que existe
alternabilidad en el poder, el que ahora está en el poder, mañana será oposición. En este
caso el rol del juez será semejante al del árbitro de un juego, se mira a la política como
un juego competitivo, donde hay ganadores y perdedores.

       Los partidos políticos con fuerza similar necesitan superar los conflictos a través
de un tercero independiente de ambos, el cual esté protegido de toda interferencia.
Aquel partido que tenga el control monolítico, cuando hay una sola fuerza política, no
tendrá ningún interés en ser controlado por nadie. Así mismo, cuando los jueces
comparten la misma ideología del gobierno y deciden de acuerdo a este, los políticos no
tienen necesidad de atacar la independencia judicial.

        Otra de las tendencias analíticas, la estrategia de autocontrol, sostiene que las
razones para el respeto a la función judicial se dan como resultado de la acción
estratégica de los jueces. Los jueces buscan acomodar sus decisiones de manera de



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lograr que los actores políticos impulsen cambios que impacten en la sociedad. Actúan
estratégicamente para no incitar una respuesta política que los afecte.

        Los costos políticos y de legitimación son los factores que impiden el
desconocimiento de la independencia judicial. El mantenimiento de la independencia
judicial puede conllevar una mayor legitimación a los gobiernos, si profundizamos en
esta proposición, es verdad que lo que los jueces aplican son aquellas leyes expedidas
por el gobierno, y esto favorece a la eficiencia requerida en todo sistema jurídico. En el
caso ecuatoriano fue la escandalosa intervención en la función judicial lo que terminó
derrocando al entonces presidente coronel Lucio Gutiérrez.

        No es posible una teoría general-normativa de la independencia, puesto que la
realidad marca serias diferencias en los distintos contextos, no es lo mismo hablar de
Ecuador que de Estados Unidos. Los factores formales son condiciones necesarias, pero
no condiciones suficientes para la independencia judicial, ya que esta depende de los
actores políticos, y, en nuestro caso, los políticos no son tan respetuosos del marco
jurídico que los regula.

        Las teorías tratan de dar razones por las que los jueces toman decisiones
inconsistentes; algunos sostienen que esto es debido a la situación de inestabilidad
política y económica, con lo que entraría en tensión la tesis de que el derecho es neutral,
objetivo, sin ideología. Otros alegan que las decisiones judiciales persiguen valores
intrínsecos, el margen de discrecionalidad permite al juez conocer la respuesta del caso
y luego encontrar los argumentos que fundamenten su fallo, es decir, primero decido de
acuerdo con mi convicción, y luego le doy una forma jurídica. El modelo actitudinal
sostiene que los jueces actúan como cualquier actor político, sus actitudes ideológicas,
respecto a las consecuencias políticas, inciden en cómo votan las causas. Esto se puede
demostrar al observar cómo, cuando la composición de la corte varía, y, en
consecuencia, su ideología cambia, los fallos difieren entre si.

        El enfoque actor estratégico considera a los jueces como actores políticos
ambiciosos, que emiten fallos guiados por las oportunidades y limitaciones del sistema
político dentro del cual operan; los jueces votan en contra del gobierno saliente para
ganarse el apoyo del gobierno entrante, esto es, la declaratoria de inconstitucionalidad
de las leyes y decretos aumenta cuando hay menos jueces nombrados por el ejecutivo en
función. Esto no es así en el caso estudiado, los jueces son abiertamente peones del
poder político que los nombró, ya que estas vinculaciones, además de ser, digamos,
ideológicas, se mantienen por un interés de clase, o, en algunos casos, regional. Los
jueces en la ciudad de Quito pertenecen al partido hegemónico de la región Sierra,
mientras que los jueces de la ciudad de Guayaquil, son afines al partido hegemónico de
la Costa.

V. Conclusión

        En este trabajo, he venido sosteniendo que las propuestas teóricas que buscan
explicar y resolver la falta de independencia judicial, encarándolo como un problema
aislado, separado de otros factores y circunstancias, fallan, porque dicho problema es
parte de los mismos factores y circunstancias –crisis económica, inestabilidad
institucional y anomia social. Pienso que allí donde existe una enorme desigualdad,
producto de años de injusticias, cientos quizás, es casi imposible resolver la


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problemática descrita en las secciones anteriores, solamente mediante la superación de
una de sus consecuencias, esto es, la debilidad institucional de la función judicial. No se
pueden resolver las causas, mediante la resolución de sus consecuencias.

        Sin embardo, ante la actual tendencia que se viene desarrollando, esto es,
plantear la superación de las injusticias producidas por los modelos de organización
política, económica y social, en términos de derechos, sin dudas ha generado que el
poder judicial pase a tener un rol de actor principal para la transformación social. Es
muy importante tener esto en consideración, pues este lenguaje de los derechos es muy
rico en cuanto a su alcance, lo que no supone que sea eficaz, o que baste con una
normativa que establezca su exigibilidad judicial. Lo curioso es que dentro de esta basta
lista de derechos, civiles y políticos, por un lado, y económicos, sociales y culturales,
por el otro, también se ha consagrado el derecho a una justicia independiente, imparcial,
accesible, etc. ¿Cómo se demanda el derecho a acceder a la justicia, ante el poder
judicial mismo?

         Esta nueva narrativa de los derechos, como instrumentos para la emancipación
social, tendría como consecuencia inmediata, la judicialización de la política; esto es
precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad en países como la Argentina, donde
el litigio de interés público se ha venido incrementando velozmente, en los últimos años
(caso Riachuelo y Verbistky).

        Ahora bien, la judicialización de la política tiene algunas objeciones
importantes. Una de ellas es el argumento democrático, los jueces no son elegidos por la
ciudadanía, no representan al soberano, lo que supone que no son responsables ante
ellos. La objeción epistémica se refiere a la falta de capacidad técnica de los jueces para
decidir sobre cuestiones de políticas públicas, como por ejemplo, no tienen
conocimiento acerca de la administración de los recursos del erario público, como para
saber o prever de cuánto dinero dispondrán, en un determinado periodo, para la limpieza
y saneamiento de un río, o para la construcción de varias, muchísimas, infraestructuras
carcelarias que se requieren.

        Por otra parte, siguiendo con la objeción epistémica, la satisfacción de los
derechos sociales requieren de reformas estructurales, aquí es donde aparece el
problema del policentrismo de los problemas estructurales. Los problemas policéntricos
se los asemeja a una telaraña. Pongamos el ejemplo de la reparación de un puente, se
dice que cuando el juez conoce este tipo de casos, sólo llega a conocer el lugar donde se
encuentra el daño, pero es sabido, que para repararlo de forma efectiva, es necesario
conocer todo el puente; la casuística judicial no permite ver más allá, hay que ver el
bosque y no sólo el árbol.

        Para concluir, si lo que los teóricos proponen a través de la independencia
judicial es la eliminación de la anomia social que se sufre en el tercer mundo, se
equivocan contundentemente. Para lograr ello se requiere la democratización de la
política, incluyendo a los inmensos sectores marginados y vulnerables, pero esto se
debe dar en el campo político mismo, no en el de los derechos. El camino de los
derechos no es acertado, los derechos protegen un status, impiden el cambio masivo
(requerido), son límites a las decisiones mayoritarias, son ases de triunfo frente a los
objetivos colectivos.



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        Si los intereses mayoritarios no son representados en el parlamento, entonces no
sería razonable pensar que si serán escuchados en el ámbito judicial, con su lenguaje
desconocido para las personas que más necesitarían de él. Las decisiones de los jueces,
a su vez, son derechos para la parte vencedora, que deben ser ejecutados por los órganos
políticos. Allí donde no se ha masificado la participación política, no se puede pensar en
estrategias contra mayoritarias, como aquellas de los derechos, para impulsar la
emancipación social.




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Bibliografía:

      Constitución Nacional del Ecuador de 1998.
      http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/actualidad/peticion.htm, acceso 17 de
       diciembre de 2007
      Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, Ecuador.
      Reglamento para concurso, designación y posesión de los magistrados y
       conjueces de la Corte Suprema De Justicia.
      ¿Qué se entiende por independencia judicial?, Germán Burgos Silva.
      Iniciativas para mejorar la Independencia Judicial en América Latina: una
       perspectiva comparativa, http://www.dplf.org/uploads/1184345829.pdf, Popkin
       Margaret.
      La Corte Suprema y la Política Constitucional en la Argentina Post Menem,
       Diana Kapiszeuski.
      Un enfoque estratégico para entender el comportamiento de la Corte Suprema,
       Matías Iaryizower, Pablo Spiller y Mariano Tomáis.




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