PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONONOMIA Y LA HACIENDA PUBLICA by rockman15

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Dependencia:        PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA
                    HACIENDA PÚBLICA
Radicación          052-8343/05
Disciplinado        MANUEL ANTONIO ALZATE RESTREPO
Cargo               Alcalde Municipal de PUERTO ASIS
Quejoso             Sergio Aurelio Yela
Fecha Queja:        10 de septiembre de 2003
Fecha hechos:       Vigencias 2000 a 2002
Asunto:             Fallo Segunda Instancia


Bogotá, D.C., 7 de febrero de 2006


En virtud de la competencia otorgada en el numeral 1º literal c) y parágrafo del
artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y el artículo 19 de la Resolución 017 del mismo
año, proferida por el Procurador General de la Nación, procede esta Delegada a
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 039 de junio 24 de
2005, mediante la cual fue sancionado el señor MANUEL ANTONIO ALZATE
RESTREPO en su calidad de Alcalde del Municipio de Puerto Asís Putumayo, con
multa de sesenta (60 días de salario devengado para la época en que ocurrieron los
hechos, equivalentes a $5.992.844.00


                                  ANTECEDENTES


Se inició la presente actuación disciplinaria con fundamento en la denuncia
formulada en el Consejo Comunal Anticorrupción llevado a cabo el 9 de septiembre
de 2003, según la cual se omitió por parte de los mandatarios locales ordenar la
transferencia de los aportes a la Caja de Compensación Familiar del Putumayo
CONFAMILIAR, desde 1989 a la fecha en que fue instaurada la queja, circunstancia
por la que no se había cancelado durante dicho lapso los subsidios a los
trabajadores y ex trabajadores municipales.


Con base en las pruebas recaudadas en la indagación preliminar, iniciada mediante
providencia de septiembre 16 de 2003 surgió mérito para ordenar en enero de 2004
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la apertura de investigación disciplinaria contra el funcionario en referencia y
posteriormente la formulación de cargos porque:


       “…no tramitó las diligencias pertinentes para incluir en el presupuesto de la
      vigencia fiscal del año 2000, 2001 y 2002 la partida presupuestal suficiente
      para el cumplimiento del pago de aportes a la Caja de Compensación Familiar
      del Putumayo que venía desde las vigencia (sic) 1989 a 2002; y no ordenó
      hacer las transferencias y los descuentos y girar los dineros correspondientes
      para el pago de los aportes a COMFAMILIAR Putumayo, correspondientes de
      los trabajadores del municipio durante su administración, es decir las
      vigencias   2000,     2001   y   2002   en   cumplimiento    de   sus   funciones
      Constitucionales y legales como lo prevé la Ley 21 de 1982, violando con su
      conducta el numeral 16 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 y por ello,
      deberá responder disciplinariamente conforme a lo previsto en los artículos 6,
      123-2 209 y 315-1 de la Constitución Nacional y numerales 1º y 2º del artículo
      40 de la Ley 200 de 1995. La falta se consideró como grave. (folios 261 a
      262).


El pliego de cargos fue notificado personalmente al implicado, según diligencia
visible al folio 273 del 24 de febrero de 2005, sin embargo no presentó escrito de
exculpaciones. (Folio 59)


Mediante providencia de abril 1 de 2005, la Procuraduría Regional de Putumayo
ordenó la practica de pruebas de oficio, luego de lo cual se efectuó el traslado para
alegato de conclusiones, decisión que se notificó por estado como consta al folio
447, profiriéndose con fecha junio 24 de 2005 el fallo de primera instancia, mediante
el cual se sancionó al funcionario investigado. (Folios 75 a 79)


Notificado el fallo de instancia, se interpuso por parte del funcionario sancionado
recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo para ante la
Delegada para la Vigilancia Administrativa, correspondiéndole por reparto a la
Segunda Delegada, Despacho que mediante providencia de julio 25 de 2005 lo
remitió a este Despacho por competencia.(Folios 471 a 482).


                            FALLO DE PRIMERA INSTANCIA:
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La Procuraduría Regional de Putumayo, al definir en primera instancia el presente
proceso disciplinario advierte que la crisis fiscal por la que atravesaban la mayoría
de los municipios de Colombia no puede convertirse en una excusa para que
durante tres vigencias fiscales no efectuará con la debida antelación las gestiones
presupuestales necesarias para el pago oportuno de los aportes parafiscales a fin
de que se apropiaran los recursos para hacer efectivo el pago de obligaciones
legales, rechazando el argumento de defensa respecto de la delegación, porque
ésta no exime de responsabilidad al delegante y que además el Tesorero no puede
efectuar un pago sin que previamente sea ordenado.


Agregó el A-quo que al ordenador le corresponde dirigir, supervisar, velar y
controlar para que cuando se cancelen los salarios se giren oportunamente todos
los descuentos que aparecen en nómina, por ser quien firma y autoriza el pago de
los descuentos parafiscales. Que dadas las condiciones en que se encontraba el
Municipio le correspondía gestionar la consecución de recursos para el normal
funcionamiento de la Entidad y el cumplimiento de las obligaciones financieras; que
debió haber gestionado con el Secretario de Hacienda la elaboración de un
proyecto de presupuesto de adición o de modificación que tuviera en cuenta las
acreencias de años anteriores.


Que si bien es cierto que el Tesorero paga las obligaciones debidamente
legalizadas, es al Alcalde a quien le correspondía presentar ante el Concejo un
informe   para   que   se   buscaran   alternativas   para   obtener   un   adecuado
funcionamiento administrativo, máxime cuando los aportes parafiscales vienen
incluidos en las nóminas de pago a pesar de lo cual los sueldos no se dejaron de
pagar durante todo ese lapso.


Que la Ley 489 de 1998 permite la Delegación de funciones, como un acto en virtud
del cual las autoridades administrativas pueden transferir el ejercicio de funciones a
los colaboradores de los niveles directivo y asesor, pero esa Delegación no se
estructuró en el caso bajo examen, circunstancia por la que luego de analizar los
requisitos contenidos en la Sentencia T-024 de 1999, puntualizó que cuando tomó
posesión del cargo, asumió las responsabilidades de representante legal y
ordenador del gasto y que por tanto debía asumir las obligaciones que venían de
administraciones anteriores y que por ello debió evitar que se agravara la situación,
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teniendo en cuenta que el no pago de los aportes parafiscales tiene consecuencias
negativas ante el detrimento patrimonial por el aumento de la carga prestacional y
el perjuicio que se causa a los empleados.


Que si efectivamente el Municipio se encontraba en un programa de saneamiento
fiscal apoyado por el Ministerio de Hacienda, se debió establecer mecanismos para
sanear durante su administración las deudas de años anteriores y asumir el pago
oportuno de las causadas durante su mandato, resaltando que solo a finales del
2002 cuando ya estaba finalizando su periodo se cancelaron en los meses de
septiembre y diciembre los valores descontados.


Puntualizó el fallador de instancia que no se tiene soporte alguno que permita
colegir que durante su administración realizó gestiones para llegar a un acuerdo
con la Caja de Compensación o que se haya consolidado su pago, situación que
solo se concretó por parte del alcalde entrante prueba de ello es que aún se
adeuda los aportes correspondientes a las vigencias 2000 a 2002, lo que
demuestra que incumplió durante todo su administración el deber legal y funcional
que como representante legal le correspondía de pagar el 4% de los aportes
parafiscales y además tampoco efectuó ningún trámite para incluir en el
presupuesto de las vigencias 2000 a 2001 la partida presupuestal necesaria para
cancelar la deuda de administraciones anteriores.


Concluyó el A-quo señalando que la situación deficitaria del Municipio no es una
situación de fuerza mayor que excuse el cumplimiento obligatorio de un deber, que
además durante las vigencias 2000 a 2002 no se implementó políticas para el
saneamiento fiscal, reiterando que dentro del plenario no figura acciones tendientes
a fortalecer los ingresos ni al saneamiento de los pasivos, circunstancia por la que
rechazó los argumentos expuestos por el apoderado.


Le impuso el A-quo como sanción disciplinaria multa de sesenta días (60) días, en
virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 200 de 1995, norma vigente para
la época en que sucedieron los hechos, al calificar definitivamente la falta como
grave a titulo de dolo. (folios 450 a 463)
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                           RECURSO DE APELACIÓN


En el escrito sustentatorio de la apelación el apoderado del implicado se refiere tanto
a la crisis política como financiera del Municipio así como el hecho que durante el
periodo comprendido entre 1998 y 2000 ejercieran el cargo tres alcaldes, hecho que
generó un desorden administrativo y fiscal, situación por la que debió suscribir
convenio de desempeño con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y derivado
de este surgió la obligación de realizar un Plan de Reforma Económica Territorial,
dentro del cual se efectuó un diagnostico financiero y administrativo del ente
territorial, documento que demuestra el alto nivel de endeudamiento en el que se
encontraba el municipio y la disminución de los ingresos entre otros factores por el
cierre de los pozos petroleros, época por la que además la Corte Constitucional
ordenó no atrasarse en el pago de salarios de los empleados y trabajadores, a todo
lo cual se aúna el hecho de que las administraciones anteriores a más de
encontrarse en mora en el pago de los aportes parafiscales no entregaron
documentos ni oficinas.


Advirtió el Defensor que era el Comité designado dentro del plan de desempeño el
que le señalaba a la Fiduciaria que coadministraba los recursos del Municipio, los
pagos que se debían efectuar, y que en el caso de los aportes parafiscales su no
pago se debió entre otras causas a los exiguos ingresos percibidos por el Municipio,
la falta de información en el sistema o en libros, el cumplimiento de la tutela de la
Corte Constitucional, la delegación que tenía el Secretario de Hacienda, todo lo cual
estructuran un caso de fuerza mayor o causas ajenas e involuntarias al disciplinado y
que constituyen eximente de responsabilidad, aspectos que el A-quo no valoró.


Agregó el defensor que el Tesorero no por delegación sino funcionalmente debe dar
cumplimiento a los pagos de carácter legal tanto de los aportes como                las
transferencias legales incluidos los pagos de servicios públicos y los descuentos de
la Ley 21 de 1982, y que si su poderdante no canceló durante tanto tiempo los
recursos objeto de investigación ello obedeció a la ignorancia invencible no dolosa
sino negligente, circunstancia por la que se debe graduar una menor sanción,
teniendo en cuenta además que no se valoraron los documentos aportados los
cuales demuestran que el no pago obedeció a causas ajenas a la voluntad del
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implicado, por la critica situación agravada por el fallo de tutela, los embargos, la
Fiducia con el Ministerio de Hacienda etc.


Solicito el apoderado las declaraciones de las personas que relacionó en el escrito
sustentatorio de la apelación. (folios 472 a 475)


                    CONSIDERACIONES DE ESTA DELEGADA


Conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley 200 de 1995, vigente para la
época en que ocurrieron los hechos, hoy artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se
podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que con certeza
demuestre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, es decir,
que se encuentre demostrada la realización material de la conducta y que ésta
encuentre adecuación típica en las normas citadas como infringidas y que el autor de
la misma haya actuado con dolo o con culpa.


De precisarse además, que como la carga de la prueba corresponde al Estado al
tenor de lo establecido en el artículo 128 del Código Único Disciplinario, y teniendo
en cuenta que en el caso materia de apelación no se presentaban los elementos
descritos que permitieran confirmar, con los elementos de prueba allegados al
plenario, la sanción disciplinaria impuesta al funcionario investigado, se ordenó,
previo a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 039 de
junio 24 de 2005, allegar copia de las actas de recibo y entrega de la Administración
al implicado MANUEL ANTONIO ALZATE RESTREPO, en su calidad de Alcalde
Municipal de Puerto Asís, así como de las Actas mediante las cuales se suscribió el
plan de desempeño por parte de la Administración Municipal con la Dirección de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.


Así mismo, se solicitó allegar copia del documento en el cual se relacionaron la
totalidad de los pasivos de la Entidad que iban a ser sujetos de pago mediante el
saneamiento fiscal, especificando la fuente de financiamiento así como el término
dentro del cual se esperaba hacer efectivo su pago, copia de los presupuesto de
Ingresos y de Gastos de las vigencias 2000 a 2002 y de la ejecución de los mismos
en la que se pueda apreciar: la apropiación inicial, las modificaciones, apropiación
definitiva, saldo disponible de reserva o recaudado.
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Y finalmente se comisionó al Procurador Regional de Putumayo a fin de que
estableciera las circunstancias por las que durante la Administración del implicado no
se llevó a cabo la dación en pago a través de la cual se cancelaría los recursos que
se adeudaba a la Caja de Compensación, con la entrega de un bien inmueble a que
se hace referencia en las diligencias.


No obstante lo anterior, las pruebas decretadas en esta instancia según lo dispuesto
en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, por el tiempo transcurrido desde la
ocurrencia de los hechos, no fueron recaudadas en su totalidad, destacándose entre
las allegadas el compromiso suscrito por el implicado en su calidad de representante
legal del Municipio de Puerto Asís, según el cual, el ente territorial se sometió a partir
del 29 de junio de 2001 a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, en
razón a la crisis fiscal por la que atravesaba la Entidad y que le impedía cumplir con
algunas de las funciones por la creciente acumulación de pasivos correspondientes a
obligaciones laborales, pensiones, parafiscales, bancarias y de proveedores que a
31 de diciembre de 2000 ascendía a 2.150 millones equivalentes a 0.30 veces sus
ingresos corrientes y 1.8 veces sus ingresos corrientes de libre destinación, hecho
que le impedía a su vez cumplir con los límites de gasto que establecía la Ley 617 de
2000, a lo cual se aunaba la existencia de una estructura administrativa
sobredimensionada e imposible de pagar con los ingresos corrientes de libre
destinación y que demandaban la reestructuración administrativa.


Solicitadas las autorización correspondientes al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para financiar con créditos los componentes estipulados en el parágrafo del
artículo 61 de la Ley 617 de 2000, reestructurar deudas y obtener las garantías de la
Nación, el Municipio se comprometió a adoptar, ejecutar y cumplir en los tiempos
definidos en la matriz de seguimiento del Programa de Ajuste las acciones descritas
en el acta respectiva, en la que además se obligó a suscribir el encargo Fiduciario
irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos de todos los recursos que
se destinarán al pago de la deuda estructurada y del crédito necesario para el ajuste,
el cual también debían ser previamente aceptado por el Ministerio y el Comité
especial constituido para el efecto y en el que se relacionó en orden de prelación las
obligaciones de vigencias anteriores y del servicio de la deuda. (folios 32 a 38 del
cuaderno anexo)
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Posteriormente en mayo del 2002 se suscribió la adición número 1 al Programa de
Saneamiento Fiscal Financiero de acuerdo a las nuevas exigencias de la Ley 715
de 2001 y del documento CONPES 057 de 2002, reduciendo los gatos de
funcionamiento de acuerdo al monto de los ingresos corriente de libre destinación
los cuales no podían superar en la vigencia 2002 el 75%, el 70% en el año 2003 y el
65% a partir del 2004 y el nuevo encargo fiduciario para asegurar el pago de los
gastos corrientes, de las obligaciones de vigencias anteriores y del servicio de la
deuda, de acuerdo al orden de prelación nuevamente establecido en dos numerales,
y solo se podía cancelar las del numeral 2 una vez cancelado en su totalidad las
primeras. (Folios 22 a 26 del cuaderno anexo)


Igualmente se estableció que dentro del déficit fiscal del Municipio aparece
relacionada la deuda de COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO de los años 1994 a 2000,
la cual ascendía 326.986.650 y que el total del déficit fiscal con soportes para la
época en que se inicio el ajuste fiscal era de $4.360.746.105 (folios 73 del cuaderno
anexo)


Al revisar los presupuesto de las vigencias durante las cuales ejerció el cargo el
implicado se observa que marzo de 2000 el Concejo Municipal de Putumayo
modificó el presupuesto aprobado para ese año y en el rubro Saneamiento Fiscal
numeral 101 pago cuentas de déficit fiscal se incluyó una partida de $150 millones y
se estipulo en el artículo 46 que el Alcalde no podía ordenar pagos por conceptos
que no estuvieran programados dentro del Presupuesto Municipal. (Folios 40 a 56
del cuaderno anexo)


En el presupuesto aprobado por el Concejo para la vigencia 2001 se apropio los
recursos para el pago de los aportes legales incluido los pagos a las Cajas de
Compensación     por un valor de 172.223.063     (folio 74). En la vigencia 2002 se
apropió inicialmente 151.598 millones y se acreditaron $8,500 millones para un total
de $160.098.456, ejecutándose 155.102.083 y un saldo de $4.996.393, asimismo
en esta misma vigencia se apropió en el rubro de déficit fiscal $476.070.882
millones, de los cuales se ejecutaron $475.177.651. (Folio 140 y 144 del cuaderno
anexo)
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En estas condiciones queda desvirtuada la omisión objeto de reproche como se
evidencia en los presupuesto analizados de las precitadas vigencias, al verificarse
que si se incluyó las partidas que el déficit presupuestal por la que atravesaba el
Municipio permitía, y si efectivamente durante la administración del implicado no se
canceló dicha acreencia, se debió a circunstancias ajenas a su voluntad.


Pero en todo caso, el Municipio del Putumayo si realizó apropiaciones
presupuestales para cubrir los gastos por concepto de transferencias de aportes
parafiscales durante las vigencias 2000 a 2002 como se observa en los informes de
ejecución presupuestal obrantes a folios 297 a 303, a pesar de que en el proceso no
se estableció para cada uno de los años señalados la desagregación de los aportes
parafiscales, si que pueda establecerse con precisión que monto de los recursos
apropiados por dicho concepto correspondían a los recursos que se debía girar para
cubrir los aportes a COMFAMILIAR en cada una de las vigencias señaladas porque
se repite dichas cantidades se encuentran globalizadas.


También encuentra esta Delegada que dada la situación fiscal por la que atravesaba
el Municipio de Puerto Asís y el ajuste fiscal que se surtió durante la administración
del implicado como se detalló en acápites anteriores, debido al encargo Fiduciario
que se debió contratar como requisito del mismo, con el objeto de asegurar el
cumplimiento en el pago de los gastos corrientes, de las obligaciones de vigencias
anteriores, entre ella la deuda objeto de cargos, los pagos debían seguir un orden
cronológico al cual tenía que someterse el Municipio, es decir que el pago de las
deudas quedaron sometidas a las términos y condiciones establecidos en el
Programa de Ajuste Fiscal. Similar situación se presenta con respecto a las
transferencias y los descuentos que por concepto de aportes debió realizar el
Municipio a COMFAMILIAR Putumayo en las mismas vigencias.


Finalmente debe precisarse que en la ejecución del rubro presupuestal mencionado
se observa que de las partidas apropiadas en los años señalados fueron ejecutadas,
es decir, se efectuaron pagos y giros por concepto de aportes parafiscales, en este
sentido se desvirtúa en parte el reproche disciplinario puesto que para efectuar dicho
pago se tenía que surtir el trámite de la ordenación del gasto, reiterándose lo ya
expuesto en el sentido que no se estableció dentro de la investigación a que
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entidades se le canceló los aportes presupuestados en el precitado rubro al no estar
desagrados.


De otra parte, es necesario resaltar que dentro del ajuste fiscal quedo plenamente
incorporada la deuda con COMFAMILIAR Coordinadora de Aportes y Subsidio de
COMFAMILIAR, con una deuda de $326.986.650, la cual para el año 2003 ascendió
a $435.251.883 y que si no se canceló durante su administración fue por
circunstancia ajenas a su voluntad, pues las deudas del Municipio se sometieron a la
prelación previamente aprobada por el Ministerio de Hacienda dentro del plan de
ajuste fiscal iniciado precisamente por él, sin embargo, como se anexaron al
expedientes fotocopia de los documentos en los que consta los acuerdos de pago
suscritos por parte del funcionario que sucedió en la Alcaldía al implicado
finiquitándose así finalmente dicha deuda, gracias a las gestiones que se iniciaron en
su mandato como lo declaró el Secretario de Hacienda señor Luis Martínez Preafán,
quien fue enfático en manifestar respecto al pago de los recursos parafiscales que
en esa época “se pagaron alguna parte y otra estaba en proceso de
negociación con la Caja de Compensación familiar, negociación esta que
consistía en un canje por un bien municipal y que quedo prácticamente para su
definición con la firma de las escrituras y documentos que este acuerdo
requería, además la mayor parte de estos parafiscales correspondían a
administraciones anteriores” luego ha de entenderse que si existió gestión de su
parte para pagar lo adeudado a la Caja de Compensación y que las cuotas que se
adeudaban de la administración del funcionario investigado “en si era muy poco el
valor que se adeudaba”. (folio 110 y 111)


Son validos entonces los argumentos de defensa expuestos por el apoderado del
implicado en el escrito sustentatorio de apelación respecto a la crisis política y/o
financiera del Municipio a la cual se sumo el desorden administrativo y fiscal en la
que recibió el Ente Territorial, así como el convenio de desempeño que debió
suscribir con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Reforma Económica
Territorial que también debió adelantar y dentro de la cual se efectuó un diagnostico
financiero y administrativo del ente territorial, hechos que se prueban con el
documento anexo al recurso de apelación y el cual demuestra el alto nivel de
endeudamiento en el que se encontraba el municipio y la disminución de los ingresos
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por el cierre de los pozos petroleros, los cuales en verdad evidencian las gestiones
que debió realizar el implicado al asumir su gestión y a lo cual se aúno el
cumplimiento del fallo de tutela de la Corte Constitucional, respecto a la imposibilidad
de atrasarse en el pago de salarios de los empleados y trabajadores.


Debe tenerse en cuenta           además que las deudas correspondían a las
administraciones anteriores, que no se le entregaron documentos que le permitieran
establecer con certeza la magnitud de la misma y que una vez suscritos los
convenios arriba señalados, debía sujetarse para la prelación de pagos a lo decido
por el Comité designado el que le señalaba a la Fiduciaria que coadministraba los
recursos del Municipio, los pagos que se debían efectuar, todos estos elementos que
constituyen eximente de responsabilidad, por estarse frente a causas ajenas a la
voluntad del implicado


En las condiciones puntualizadas considera esta Delegada que se debe relevar de
responsabilidad al implicado porque la conducta materia de cargos quedó
desvirtuada.


No puede sin embargo este Despacho pasar por alto que la calificación jurídica de la
falta que se le atribuyó al implicado en el pliego de cargos no es concordante con la
que definitivamente se da en el fallo de primera instancia, la cual fue agravada en
contra del principio de Constitucional de la reformatio impejus , teniendo en cuenta
que en el primero se calificó de grave y podría decirse que a titulo de culpa porque
específicamente no se dijo nada al respecto, pero ya en el fallo se hablo de culpa
grave y luego de dolo.


En mérito de lo expuesto, El Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda
Pública,


                                     RESUELVE


PRIMERO. REVOCAR el fallo de primera instancia número 039 de junio 24 de
               2005 por medio del cual la Procuraduría Regional del Putumayo
               sancionó disciplinariamente al doctor MANUEL ANTONIO ALZATE
               RESTREPO C. C. 2.442.158 expedida en Cali Valle, en su calidad de
                                                                                12




            Alcalde Municipal de Puerto Asís para la época de los hechos objeto de
            investigación, con MULTA DE 60 días equivalentes a $5.992.844 y en
            su lugar ABSOLVERLO DE RESPONSABILIDAD, de conformidad con
            lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO. Por la Procuraduría Regional de origen o por la Dependencia que esta
            estime conveniente, se NOTIFICARA a las partes procesales de la
            presente decisión en los términos de ley, advirtiéndoles que contra la
            misma no procede ningún recurso por la vía gubernativa.


TERCERO. En firme la presente decisión se remitirá copias de las decisiones de
            primera y segunda instancia a la Oficina SIRI de la Procuraduría, para
            lo de su competencia.


                          NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



                          ANDRES VARELA ALGARRA
                              Procurador Delegado

AVA/AA58

								
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