COBRO COACTIVO ACREEDOR CON GARANTIA REAL CITACION PERSONAL

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COBRO COACTIVO  ACREEDOR CON GARANTIA REAL  CITACION PERSONAL Powered By Docstoc
					COBRO COACTIVO / ACREEDOR CON GARANTIA REAL / CITACION
PERSONAL / NOTIFICACION DE PROVIDENCIA JUDICIAL / NOTIFICACION
PERSONAL / REMATE DE BIENES

    Según el Artículo 539 del C.P.C., la “citación” de los acreedores con
    garantía real es “personal” y que la misma debe efectuarse de acuerdo con
    el procedimiento consagrado en los artículo 315 a 320 del Código de
    Procedimiento Civil, vale decir, de acuerdo con el procedimiento dispuesto
    para la notificación de providencias judiciales, pues dada la importancia
    de tal citación, la cual tiene por objeto que los acreedores puedan hacer
    valer sus derechos dentro de la oportunidad legal, al legislador, por una
    parte, consagró la “citación personal” por otra, ordenó efectuarla de
    conformidad con el procedimiento señalado para la notificación de
    providencias judiciales previsto en los artículos 315 a 320 citados. Por
    tanto, la Administración de Impuestos hubiera dado aplicación al Artículo
    315 del Código de Procedimiento Civil para efectuar la “citación personal”
    de la actora en cumplimiento del fallo de tutela, no significa que hubiera
    confundido el procedimiento para efectuar la “citación personal” con el
    establecido en el mismo estatuto para la “notificación personal” de las
    providencias judiciales, toda vez que fue el mismo legislador por las
    razones anotadas que determinó que el procedimiento a seguir, para
    efecto de las citaciones que los acreedores con garantía real, era el
    establecido en los artículos 315 a 320 del Código de Procedimiento Civil.
    En cuanto a la afirmación del apelante en el sentido de que su
    representada no se enteró del contenido del acto, porque no lo leyó ni lo
    tuvo en sus manos y al constancia del funcionario notificador no tiene
    ningún valor por cuanto frente a la imposibilidad de efectuar la notificación
    se debió emplazar o utilizar el procedimiento consagrado en el Artículo
    320 ibídem, se observa que no le asiste razón a la demandante, toda vez
    que el sub lite es evidente que la Administración en aplicación de los
    dispuesto en el Artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, puedo
    realizar la citación personal, en los términos consagrados en tal
    disposición. En tales condiciones no era procedente dar aplicación al
    procedimiento consagrado en el Artículo 320 del C.P.C., como quiera que
    la actora (acreedora hipotecaria) fue enterada del motivo de la diligencia,
    sin que esta lo impidiera, solo que no firmó el acta, razón por la cual no se
    deban los presupuestos consagrados en el citado artículo, es decir, no
    encontrarse la persona a quien se va a notificar o encontrarse pero que la
    misma impida la realización de la diligencia, circunstancias que no
    ocurrieron en el presente caso, por lo que la objeción que al respecto
    formula la apelante tampoco es de recibo.



   Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo.- Sección Cuarta. -
Santafé de Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).

    Consejero ponente: Doctor Delio Gómez Leyva
     Referencia: Expediente No. 7602. Actor: Bertha Hernández. Impuesto: Renta
(Jurisdicción coactiva). Fallo.

    Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de
la demandante la señora Bertha Hernández, contra la sentencia de dieciséis (16) de
noviembre, de mil novecientos noventa y cinco (1995), por la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca desestimó las súplicas de la demanda en el juicio
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la mencionada señora para
impugnar los actos administrativos a través de los cuales la Administración de
Impuestos Nacionales de Girardot aprobó el remate de un inmueble de propiedad
del señor Jovel Luis María, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.036.761-C,
dentro del proceso administrativo coactivo iniciado contra éste por la misma
Administración para obtener la cancelación de los impuestos de renta y
complementarios correspondientes al año gravable de 1978.



                                 ANTECEDENTES

    El accionante en el acápite de los “hechos” los reseña, y los mismos pueden
resumirse en la siguiente forma:

    Mediante escritura No. 1.731 de 1979 de la Notaría Unica de Girardot, Luis
María Jovel, constituyó hipoteca en primer grado a favor de Bertha Hernández,
gravándose con tal medida el predio de propiedad del deudor ubicado en la Carrera
9ª No. 10-22 de Girardot

    La señora Hernández posteriormente adelantó demanda ejecutiva en el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot.

    Posteriormente (octubre de 1988), la Administración de Impuestos de Girardot
dentro del proceso administrativo coactivo (5204) iniciado contra el contribuyente
Luis María Jovel por concepto de los impuestos de renta y complementarios
correspondiente al año gravable de 1978, efectuó el remate de tal inmueble, según
acta de remate de noviembre ocho (8) de mil novecientos noventa y tres (1993),
aprobado en providencia del día once (11) del mismo mes. y año.

     En la etapas procesales previas la remate, no se cumplió con el mandato
establecido en el Artículo 539 del C.P.C. y en sentencia de Tutela de ocho (8) de
junio de mil novecientos noventa y tres (1993), la Sala Agraria del Tribunal Judicial
de Cundinamarca, anuló parcialmente el proceso (5204) incluido el remate
efectuado en 1992, y ordenó vincular a la señora Bertha Hernández al proceso
administrativo de cobro coactivo con fundamento en los artículos 315 al 320 del
Código de Procedimiento Civil.

                                   LA DEMANDA

    Se pretende la nulidad del “acta de remate” de noviembre ocho (8) de mil
novecientos noventa y tres (1993) y de la providencia del mismo mes, día 11, del
mismo año, actos administrativos relacionados con el remate y aprobación del
mismo dentro del proceso administrativo coactivo iniciado por la Administración de
Impuestos de Girardot contra el señor Luis María Jovel por concepto del impuesto
de renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1978. Como
consecuencia, solicita que se “cite y haga parte del proceso, tal como lo disponen
los artículos 539 y 523 del C.P.C. y en los términos (...) de la sentencia de Tutela
proferida por la Sala Agraria del Tribunal Judicial de Cundinamarca”. Y que “se me
reconozcan y paguen la totalidad de los perjuicios que me han causado con el
irregular proceder, condenado a la Nación o declarándola responsable de los
mismos”.

     El apoderado de la actora acusa la actuación administrativa de vulnerar el
artículo 539 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su representada (Bertha
Hernández) no fue citada a su dirección para que se hiciera parte en el proceso,
razón por la cual la Sala Agraria de Tribunal Judicial de Cundinamarca en sentencia
de tutela ordenó vincularla.

    También estima violado el Artículo 523 ibídem, en razón a que se efectuó el
remate y se aprobó, pasando por alto la calidad de acreedor hipotecario de su
representada, que la ubica en posición de preferencia.

     Por último, estima, que la ausencia de la citación para vincular al proceso a su
mandante, demuestra que hubo indebido proceso, que se desconocieron los
derechos fundamentales de su representada y, consecuencialmente, que se violó el
Artículo 29 de la Constitución Nacional, en cuanto a que en su parte final determina
que “es nula de pleno derecho la prueba obtenida cono violación al debido proceso”.


                            LA SENTENCIA APELADA

     El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia desestimatoria de
las súplicas de la demanda, al considerar que no se encontraba probada las
violaciones de los artículos 523 y 539 del Código de Procedimiento Civil como quiera
que la demandante fue citada debidamente al proceso administrativo coactivo en
cumplimiento de una sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de
Cundinamarca, que anuló la actuación administrativa adelantada a partir del primero
(1o) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), incluido el remate
efectuado en esa fecha, por cuanto la citación debió hacerse no mediante un oficio
notificado por correo sino conforme a lo indicado en el Artículo 539 del Código de
Procedimiento Civil, según el cual, la notificación es personal y que se hará como lo
disponen los artículos 315 a 320 ibídem.

     En efecto, el a quo se remite al acta relacionada con la diligencia de la
notificación personal a la señora Bertha Hernández, efectuada por la Jefe de la
División de Documentación de la Administración de Impuesto de Girardot quien en
compañía de dos agentes de la policía se desplazó a la vereda la Salada del
municipio de Tocaima ya que la dirección que había informado aquélla en los
denuncios rentísticos ( 4-95) no figuraba en nomenclatura alguna, y los vecinos se
habían negado a hacer parte de la diligencia. En esa forma, indica que aunque la
actora se negó a firmar el acta respectiva se enteró del motivo de la diligencia cuyo
objeto era la citación en calidad de acreedora hipotecaria, para que dentro de la
oportunidad legal hiciera valer sus derechos, y la citación surtió los efectos legales
correspondientes al proceder el notificador de conformidad con lo establecido en los
artículos 315 y 339 del C.P.C.

     Agrega, que la renuencia de la señora Hernández a suscribir el acta de
notificación no conlleva el desconocimiento de la diligencia de notificación, dado que
en la misma se dejó constancia expresa de tal circunstancia y de que se enteró del
contenido del acto objeto de aquella.


                           EL RECURSO DE APELACION

     El apoderado judicial de la demandante al apelar la sentencia del Tribunal
insiste en que la diligencia de “citación” personal efectuada por la Administración de
Impuestos Nacionales de Girardot a su representada, la señora Bertha Hernández
como acreedora hipotecaria del contribuyente Luis María Jovel ejecutado dentro del
proceso administrativo coactivo por concepto del impuesto de renta y
complementarios correspondientes al año gravable de 1978, en cumplimiento de lo
ordenado en sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca que tuteló el derecho
de aquélla a ser citada en debida forma, es “errada” por cuanto según la sentencia
de tutela se dice “que se cita para notificar en la Administración y no como se
pretendió hacerlo con cita del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil como lo
afirma el funcionario notificador de la Administración de Impuestos.

    Agrega que no puede confundirse el alcance y contenido de las figuras
procesales de “citación” y “notificación” la una señalada en el artículo 315 del Código
de Procedimiento Civil y la otra en el Artículo 359 ibídem, pues “...la notificación (...)
es para hacerla en la providencia o sentencia y la citación es para que vaya al
despacho judicial o administrativo para una diligencia”. Afirma, que no es cierto que
su mandante se haya enterado del contenido del acto porque no le leyó, no lo tuvo
en sus manos y la presencia de un empleado de impuestos en día sábado en una
vereda de Tocaima sin que se hubiesen cumplido las formalidades de ley
contempladas en los artículos 315 a 320 del Código de Procedimiento Civil, no
constituye por ese solo hecho una notificación y tampoco una citación.

    Así mismo, pone de presente que el Auto de fecha diecisiete (17) de junio de mil
novecientos noventa y tres (1993) por medio del cual el Jefe de Recaudo de la
Administración de Girardot decide “ordenar la notificación” y la propia sentencia del
Tribunal cuando indica que “consta en acta la notificación personal a Bertha
Hernández” demuestra que no se efectuó la citación de que trata el Artículo 539 del
Código de Procedimiento Civil tal y como lo ordenó la sentencia que decidió a favor
de su representada la tutela para que se efectuara la “citación personal” del
acreedor hipotecario.

                            ALEGATOS DE CONCLUSION

    La demanda al alegar de conclusión refuta los argumentos del apelante,
aduciendo que en el presente caso, la actora (acreedor hipotecario) sí fue citada
personalmente por el Jefe de la División Administrativa y de Documentación de la
Administración de Impuestos de Girardot en la forma ordenada en los artículos 315
a 320 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el artículo 539 ibídem al
referirse a la forma en que debe hacerse la citación personal dice que “Esta se hará
en la forma que disponen los artículos 315 a 320 “motivo por el cual su representada
efectuó tal diligencia atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 315 en concordancia
con lo ordenado en la sentencia que tuteló a favor de la actora, la citación personal
en su calidad de acreedora hipotecaria.

     Observa, que el objeto de la diligencia de notificación personal, era para que la
acreedora hipotecaria se enterara del contenido del acto, y que aunque la notificada
se negó a firmar el acta, la notificación personal se cumplió en debida forma, por
cuanto el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil inciso 2º modificado por el
Decreto 2282 de 1989, artículo primero, numeral 144, consagra que si el notificado
no quiere firmar, el notificador expresará tal circunstancia en el acta y que “el
informe del notificador se considerará rendido bajo juramento que se entenderá
prestado con la firma del acta”.

    Concluyó que la eventual pérdida de la oportunidad procesal de la actora dentro
del proceso administrativo coactivo efectuado contra el contribuyente Luis María
Jovel, se deriva de su inactividad o de su anuencia tácita por el vencimiento objetivo
del plazo y no por irregularidades del citatorio como se pretende.

    El Ministerio Público y la parte demandante no presentaron, la primera,
concepto de fondo y la segunda alegato de conclusión, en la segunda instancia del
proceso.


                      CONSIDERACIONES DE LA SECCION

     Se discute en el presente proceso la legalidad de la actuación administrativa
contenida en el “acta de remate” de noviembre ocho (8) de mil novecientos noventa
y tres (1993) de un inmueble de propiedad del contribuyente Luis María Jovel y del
Auto de noviembre once (11) del mismo año, que lo aprobó, proferidos por la
Administración de Impuestos de Girardot dentro del proceso administrativo coactivo
efectuado contra tal contribuyente por concepto del impuesto de renta y
complementarios correspondiente al año gravable de 1978.

     El cuestionario a tal actuación se centra no en la medida ejecutiva propiamente,
sino en la circunstancia del presunto desconocimiento del derecho de la acreedora
hipotecaria, la señora Bertha Hernández (actora), quien ha venido alegando que no
fue debidamente vinculada al proceso de ejecución no obstante que la Sala Agraria
del Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó la “citación personal” de la misma al
tutelar su derecho al debido proceso en fallo de tutela.

     Así pues, la controversia se contrae a determinar, si la actuación administrativa
por la cual se llevó a cabo la “citación personal” de la actora en calidad de acreedora
hipotecaria dentro del proceso administrativo coactivo efectuado por la
Administración de Impuestos de Girardot contra el contribuyente Luis María Jovel,
por concepto del impuesto de renta y complementarios correspondientes al año
gravable de 1978, en cumplimiento del fallo de tutela, se ajustó a lo dispuesto en las
normas que la establecen, esto es, el artículo 539 del Código de Procedimiento Civil,
y si se desconocieron los derechos de la acreedora hipotecaria, por las presuntas
fallas en la “citación personal” , como lo argumenta el demandante.

     Observa la Sala, que la actora adelantó acción de tutela y obtuvo fallo favorable
por parte de la Sala Agraria del Tribunal Superior de Cundinamarca, el cual ordenó
vincular a la actora al proceso administrativo coactivo (No. 5204) iniciado contra el
contribuyente Luis María Jovel por concepto del impuesto de renta correspondiente
al año gravable de 1978, en la forma indicada por el artículo 539 del Código de
Procedimiento Civil; igualmente, anuló la actuación administrativa adelantada a
partir del primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992) incluido
el remate efectuado a esa fecha, por cuanto la citación debió hacerse no mediante
oficio notificado por correo, sino conforme a lo indicado en el Artículo 539 del Código
de Procedimiento Civil, que consagra que la citación es personal y que ésta se hará
en la forma establecida por los artículos 315 a 320 ibídem.

    La División Delegada de Cobranzas de la Administración de Impuestos de
Girardot, en cumplimiento del derecho al debido proceso tutelado a favor de la
actora, profirió Auto de fecha diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos
noventa y tres (1993), mediante el cual ordenó citar en debida forma a la acreedora
hipotecaria, señora Bertha Hernández, para que hiciera valer su crédito dentro de
los treinta (30) días siguientes a la citación personal, dando aplicación a lo
dispuestos en los artículos 539 armónico con los artículos 315 y 320 del Código de
Procedimiento Civil.

    El Artículo 539 del Código de Procedimiento Civil, consagra la forma como se
debe vincular al proceso ejecutivo a los acreedores con garantía real para que
hagan valer sus créditos dentro de la oportunidad legal, indicando textualmente lo
siguiente:

    “Citación de acreedores con garantía real. Si del certificado del Registrador
    de Instrumentos públicos aparece que sobre los bienes embargados existe
    garantías prendarias o hipotecarias, el juez ordenará citar a los respectivos
    acreedores, cuyos créditos se hará exigibles si no lo fueren, para que los
    hagan valer bien sea en proceso ejecutivo separado con garantía real, o en
    el que se les cita, dentro de los treinta (30) días siguientes a su citación
    personal. Esta se hará como disponen los artículos 315 a 320”.

     Lo anterior significa, que la “citación” de los acreedores con garantía real es
“personal” y que la misma debe efectuarse de acuerdo con el procedimiento
consagrado en los artículos 315 a 320 del Código de Procedimiento Civil, vale decir,
de acuerdo con el procedimiento dispuesto para la notificación de providencias
judiciales, pues dada la importancia de tal citación, la cual tiene por objeto que los
acreedores puedan hacer valer sus derechos dentro de la oportunidad legal, el
legislador, por una parte, consagró la “citación personal” y por otra parte, ordenó
efectuarla de conformidad con el procedimiento señalado para la notificación de
providencias judiciales previsto en los artículos 315 a 320 citados.

     Por tanto el hecho de que la Administración de Impuestos hubiera dado
aplicación al artículo 315 del Código de Procedimiento Civil para efectuar la “citación
personal” con el establecido en el mismo estatuto para la “notificación personal” de
la actora en cumplimiento del fallo de tutela, no significa que hubiera confundido el
procedimiento para efectuar la “citación personal” de las providencias judiciales,
toda a su vez que fue el mismo legislador por las razones anotadas que determinó
que el procedimiento a seguir, para efecto de las citaciones de los acreedores con
garantía real, era el establecido en los artículo 315 a 320 del Código de
Procedimiento Civil.

     Ahora bien, en cuanto a la afirmación del apelante en el sentido de que su
representada no se enteró del contenido del acto, porque no lo leyó ni lo tuvo en sus
manos y la constancia del funcionario notificador no tiene ningún valor por cuanto
frente a la imposibilidad de efectuar la notificación se debió emplazar o utilizar el
procedimiento consagrado en el artículo 320 ibídem, la Sala observa que no le
asiste razón a la demandante, ahora apelante, toda vez que en el sub lite es
evidente que la Administración en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 315 del
Código de Procedimiento Civil, pudo realizar la citación personal, en los términos
consagrados en tal disposición.

     Da cuenta con tal diligencia el Acta respectiva de fecha 19 de junio de 1993,
(cuaderno de antecedentes No. 3) en la cual se observa que el funcionario
notificador enteró a la señora Bertha Hernández del motivo de la diligencia, sólo que
ésta se negó firmar, circunstancia que no afecta la validez de la actuación, como
quiera que el funcionario notificador dejo constancia expresa de tal hecho,
convalidado la actuación en los términos consagrados por el inciso 2º del Artículo
315 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, cuando el notificado no sabe,
no puede no quiere firmar el acta, “...el notificador expresará esta circunstancia en el
acta; el informe del notificador se considerará rendido bajo juramento que se
entenderá prestado con la firma del acta”.

     En tales condiciones no era procedente dar aplicación al procedimiento
consagrado en el Artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que la
actora (acreedora hipotecaria) fue entregada del motivo de la diligencia, sin que
éstas lo impidiera, sólo que no firmó el acta, razón por la cual no se daban los
presupuestos consagrados en el citado artículo, es decir, no encontrarse la persona
a quien se va a notificar o encontrarse pero que la misma impida la realización de la
diligencia, circunstancia que no ocurrieron en el presente caso, por lo que la
objeción que al respecto formula la apelante tampoco es de recibo.

    Así las cosas, por la Sala, como también lo fue para el a quo, es claro que la
Administración en cumplimiento del fallo de tutela que ordenó la citación personal de
la actora para que hiciera valer sus derechos dentro del proceso administrativo
coactivo iniciado contra el contribuyente Luis María Jovel, se ciñó al procedimiento
consagrado en los artículos 539 y 315 del Código de Procedimiento Civil, y por
consiguiente, no existió el pretendido desconocimiento de los derechos de la actora,
toda su vez que si ésta no concurrió a tal proceso para los efectos pretendidos, no
fue por irregularidades en la “citación personal”, como lo pretende hacer ver su
apoderado, sino por causas ajenas a la actuación administrativa impugnada.

    Las consideraciones que anteceden son suficientes para desestimar las
pretensiones del apelante y en su lugar confirmar la sentencia del Tribunal objeto del
recurso de apelación resuelto mediante la presente sentencia.
    En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

                                      FALLA:

    1. CONFIRMASE la sentencia apelada

    2. RECONOCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada,
al doctor Enrique Guerrero Ramírez, de conformidad con el poder que obra al folio
148 del cuaderno principal.

   Cópiese, notifíquese, comuníquese y envíese copia al Tribunal de origen y
cúmplase

     Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de
la fecha.


     Consuelo Sarria Olcos, Presidente; German Ayala Mantilla, Delio Gómez Leyva,
Julio E. Correa Restrepo

    Carlos Alberto Flórez Rojas, Secretario.