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Posicion del CNA sobre Tratado de Libre Comercio Panama-Estados Unidos

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Posicion del CNA sobre Tratado de Libre Comercio Panama-Estados Unidos Powered By Docstoc
					CNA-368-4-04


Panamá, 22 de abril de 2004


Señor Ministro:



Con todo respeto nos permitimos presentar a vuestra consideración, la
posición del Colegio Nacional de Abogados en relación con la inclusión
de los servicios legales (ejercicio de la profesión de abogados) en el
Tratado de Libre Comercio entre la República de Panamá y los Estados
Unidos de América cuya negociación iniciará en los próximos días.

Ante todo debemos informar que la posición del Colegio Nacional de
Abogados es la de no incluir los servicios legales dentro del
Tratado de Libre Comercio. Esta posición se sustenta en los
conceptos que se enuncian a continuación y que se explican en los
párrafos siguientes:

1-   Diferencias de Sistemas Jurídicos.
2-   Formación del Abogado según el sistema legal.
3-   Organización política y ejercicio del Derecho.
4-   Diferencia de Funciones Legales.
5-   Desigualdad de oportunidades.
6-   Barreras Migratorias y Laborales.
7-   Diferencias en la constitución de Firmas de abogados.

Veamos cada concepto por separado.


1- Diferencias de Sistemas Jurídicos.
El sistema jurídico de la República de Panamá se desarrolla a partir del
Derecho Romano (que en los Estados Unidos es denominado Civil Law
System), mientras que el sistema jurídico de los Estados Unidos de
América tiene su origen en el Derecho Común (o Common Law System).
Adicionalmente y en atención a la organización política de ambos
Estados, la legislación de ese país se divide en dos tipos de leyes, a
saber, leyes Federales y leyes Estatales. Estas últimas varían de Estado
en Estado.
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2- Formación del Abogado según el sistema legal.
La formación del abogado depende del sistema legal en el cual vaya a
ejercer la profesión. Indudablemente, que un abogado panameño recibe
una formación que filosófica y conceptualmente es distinta a la del
abogado estadounidense que ejercerá bajo los principios del Derecho
Común. Por ejemplo, las reglas de procedimiento (vg. Jurisdicción
sobre cosas <Jurisdiction Over Things> y Foro no apropiado <Forum
non Conviniens>) en una corte de Derecho Común se ajustan a los usos
y costumbres originados desde tiempos inmemoriales en Inglaterra y
que constituyen además, un Derecho no escrito. Mientras, que en el
Sistema Romano Codificado lo que no se encuentra escrito o tipificado
en la ley no tiene efecto vinculante, siendo un derecho escrito por
excelencia. (Ver especialmente artículos 17 y 18 de la Constitución
Nacional y artículos 1 y 2 del Código Civil).

3- Organización política y ejercicio del Derecho.
Los Estados Unidos de América tiene una forma de gobierno federal
mientras que la forma de gobierno de la República de Panamá es
unitaria. En los Estados Unidos, el acceso al ejercicio del Derecho y la
conducta profesional están regulados a nivel estatal. En ese sentido,
cada uno de los Estados establece los requisitos y condiciones exigibles
para el ejercicio de la abogacía (acreditación ante el Colegio o Barra del
Estado). En el sistema federal existen dependencias como el US Patent
Office y el Securities & Exchange Comisión que exigen a los abogados,
cumplir con requisitos especiales para poder gestionar ante dichas
dependencias.
Para el acceso a la abogacía se requiere en la mayoría de los Estados
haber completado el programa de estudios en una escuela de Derecho
acreditada por el American Bar Association.

4- Diferencias en funciones legales.
Ya hemos señalado que existen diferencias en cuanto a los sistemas
jurídicos y de organización política entre ambos países. De igual forma,
encontramos distinciones en cuanto a las gestiones o servicios que los
abogados pueden prestar. Tal es el caso, por ejemplo, de los servicios
auxiliares de la justicia, como las funciones o servicios notariales, los
cuales en los Estados Unidos, pueden ser prestados por abogados,
mientras que en Panamá estos servicios sólo pueden ser realizados por
profesionales del Derecho nombrados por el Órgano Ejecutivo, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por ley.

5- Desigualdad de oportunidades.
Debido a la diferencia en cuanto a la organización política de ambos
Estados, la posibilidad que tendrían los abogados panameños para
ejercer de forma competitiva en los Estados Unidos de América sería
prácticamente ninguna. Veamos por qué.
En Panamá el ejercicio es a nivel nacional. Una vez obtenida la
idoneidad, la profesión se puede ejercer en todo el territorio nacional y
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ante cualesquiera y todas las autoridades pública, sean nacionales o
municipales. Es decir, en Panamá existe una idoneidad única.

El ejercicio de la abogacía en los Estados Unidos esta dividido en dos
esferas distintas, a saber, (i) la esfera federal y (ii) la esfera estatal. Lo
anterior supone la existencia de cortes federales y cortes estatales, así
como de autoridades públicas federales y autoridades públicas
estatales. Como se explicó anteriormente, cada Estado tiene sus
propias leyes, las cuales varían de Estado en Estado, en adición a las
leyes federales, las cuales tampoco son uniformes (v.g. para poder
ejercer ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, se exige ser
miembro por tres años de una barra de abogados y jurar lealtad a la
Constitución estadounidense). Para poder ejercer en cada uno de los
Estados que conforman los Estados Unidos de América se hace
necesario obtener la idoneidad en cada uno de esos Estados. Dicho en
otras palabras, no existe una idoneidad única, como si es el caso en
Panamá.
Por ejemplo, el Estado de Louisiana exige la residencia o la
nacionalidad estadounidense para admitir a un abogado al ejercicio
profesional; el único Estado de los Estados Unidos que tiene un sistema
de codificación escrita, parcialmente similar al de los sistemas de
Derecho Civil.
Y no está demás decir, que cada Estado tiene establecidos sus propios
requisitos para poder optar por la idoneidad.

Lo anterior implica, que de liberalizarse los servicios jurídicos en el TLC,
los profesionales de los Estados Unidos de América sólo requerirán de
una idoneidad única, mientras, que los profesionales panameños
estarían obligados a obtener tantas idoneidades como Estados tiene los
Estados Unidos de América, sin mencionar la diferencia y diversidad de
requisitos exigidos.
Algunos Estados exigen un período de residencia mínimo y/o un
domicilio profesional dentro del Estado, así como un mínimo de horas de
educación legal continuada y la aprobación de exámenes de admisión.
 A tal efecto acompañamos el documento denominado “Comprehensive
Guide to Bar Admisión Requirements 2004, compilado por el
National Conference of Bar Examiners and American Bar
Association – Section of Legal Education and Admissions to the
Bar.” que contiene un listado de los requisitos para la admisión de
abogados según los distintos Estados y territorios bajo soberanía
estadounidense al ejercicio profesional.

Nótese que entre otras limitaciones o barreras las siguientes:

   1. En los siguientes Estados no se permite el ejercicio del
      derecho a un abogado graduado en una Escuela de Derecho
      extranjera:   Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia,
      Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska,
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      New Jersey, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South
      Dakota, Wyoming, Guam, North Mariana Islands y Virgin Islands.
      (Cfr. pp. 30-31)
   2. En los siguientes Estados, no son elegibles para tomar el
      examen de admisión a la barra de abogados quienes se
      gradúen de Escuelas de Derecho no aprobadas por el
      American Bar Association:            Arizona, Arkansas, Delaware,
      Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland,
      Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New
      Jersey, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina,
      South Dakota, Virgin Islands.

Sólo citando estas dos barreras (y sin perjuicio de incluir otras
limitantes posteriormente), encontramos 24 Estados que excluyen
en su legislación la posibilidad que un abogado extranjero pueda
ejercer en los Estados Unidos.

6- Barreras migratorias y laborales.
Por último, aunque quizás debió haber sido el primero de los conceptos,
encontramos las barreras migratorias y laborales sobre las cuales
existen diferencias abismales y algunas veces hasta insalvables, en
perjuicio de los profesionales panameños.
Lo antes expuesto se explica con ejemplos: En materia de migración, los
nacionales estadounidenses no requieren de ningún tipo de visa previa
para ingresar al territorio panameño. Sin embargo, los nacionales
panameños si requieren de visa para ingresar a los Estados Unidos de
América. Pero esto no sería problema si la visa fuese otorgada de forma
automática; pero en la práctica esto no es así, ni siquiera tratándose de
visa de turista. Esto nos conduciría a preguntarnos: ¿qué tipo de visa se
exigirá a aquellos profesionales panameños que decidan ejercer en los
Estados Unidos de América? ¿de turista o de trabajo? ¿qué garantía
habrá que el profesional panameño obtenga la visa de ingreso a los
Estados Unidos de América?

También, debemos preguntarnos si en adición a la visa de ingreso, se
requerirá de algún permiso de trabajo que deba ser obtenido ante
alguna autoridad, previa prestación de los servicios.

Como queda explicado, la política migratoria de los Estados Unidos de
América podría constituir una barrera para los profesionales panameños
que deseen ejercer la profesión en ese país. No así a la inversa, en la
que la eximencia de la visa a los nacionales estadounidenses permitirá
que puedan ingresar a Panamá cuantas veces lo deseen y en el
momento que lo deseen.


7- Diferencias en la constitución de firmas de abogados.
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Mientras que la ley panameña exige la incorporación de sociedades
civiles solamente para el ejercicio de la abogacía, en los Estados Unidos
se permite que el Derecho se ejerza no solamente por sociedades
civiles, sino también por sociedades mercantiles (v.g. los limited leability
companies ”LLC”, tan populares en la firma de profesionales).


           REGULACIÓN DE LA PROFESION EN PANAMA

La profesión de servicios jurídicos es regulada en Panamá por la Ley 9
de 1984 (Por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía). El artículo 4
de dicha ley dispone que la “profesión se ejerce por medio de poder
legalmente constituido o asesorando a la parte interesada y, entre otras
cosas, comprende:
1. La representación judicial ante la jurisdicción civil, penal, laboral, de
menores, electoral, administrativa, marítima y cualquiera otra jurisdicción
que exista o que se establezca en el futuro.
2. La resolución de consultas jurídicas por escrito o verbalmente.
3. La redacción de alegatos, testamentos, minutas y memoriales
dirigidos a cualquier funcionario.
4. La preparación de documentación jurídica relacionada con la
constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de sociedades.
5.La redacción de toda clase de contratos.
6.La gestión de negocios administrativos.
7.La inscripción de documentos en el Registro Público o en el Registro
Civil, y las gestiones, recursos y reclamaciones a que den motivo la
descalificación y reparo de esos documentos.
8.El acompañamiento a cualquier persona en toda gestión o diligencia
en que sean solicitados sus servicios.
9.La calidad de Agente Residente para los efectos del Artículo 1o. y 2 de
la Ley 32 de 1927.
10. Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este
artículo para las cuales se requiera la calidad de abogado.”

“Para intervenir en las actuaciones administrativas, la persona
interesada deberá utilizar los servicios de un abogado o una abogada
cuando así lo exija la ley” (Artículo 50, Ley 38 de 2000). En casos de
detención de un individuo “quien sea detenido tendrá derecho, desde
ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales
y judiciales” (Artículo 22 Constitución Nacional). En casos de defensa
de quienes no puedan procurárselos por su situación económica, puede
darse mediante organismos oficiales “como por intermedio de las
asociaciones profesionales de abogados reconocidas por el Estado”
(Artículo 214 Constitución Nacional).

El único requisito para ejercer la profesión de abogado es “poseer
certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia
(Artículo 1 Ley 9 de 1984).      Bajo el artículo 3, el certificado de
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idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado sólo se otorga “a
quienes reúnan las siguientes condiciones:
1. Ser nacional panameño;
2. Poseer título profesional en derecho expedido por la Universidad de
Panamá” o cualquier universidad reconocida por la Ley; y
“3. Poseer título profesional de derecho obtenido en Universidad de
reconocido prestigio, el cual deberá ser previamente revalidado en la
Universidad de Panamá, salvo en el caso de convenios internacionales
que en términos claros y precisos eximan al interesado de la obligación
de revalidar su título profesional.”

La abogacía sólo se puede ejercer de forma individual o mediante
sociedades civiles de personas constituidas por abogados idóneos,
como dispone el articulo 16 de la Ley 9, el artículo 620 del Código
Judicial y reiteran los artículos 25, 26, 28 y 34 del Código de Ética y
Responsabilidad Profesional del Abogado.

Los abogados idóneos están sujetos a normas de ética, responsabilidad
profesional y colegiatura, como dispone el artículo 40 de la Constitución:
Artículo 40: “Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u
oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a
idoneidad, moralidad, ... colegiación ... No se establecerá impuesto o
contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios
y las artes.”

Las normas de imperio moral y ético están contenidas en el Código de
Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, aplicables a todos los
abogados en ejercicio de la profesión en la República de Panamá.
El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados efectúa su labor
de supervisión de la responsabilidad profesional, al haber tramitado 260
denuncias en 1999-2001 (Jean Marcel Chery, 260 abogados
denunciados,      La     Prensa,      3     de     abril     de    2003,
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2003/04/03/hoy/portada/9
35975.html).

La supervisión de la abogacía cobra vigencia ya que son los mismos
abogados idóneos quienes actúan como barrera frente al blanqueo de
capitales, al estar obligados a implementar normas de “conocer al
cliente” bajo el Decreto Ejecutivo 468 de 1994 y la Ley 41 de 2002.

Los abogados igualmente están sujetos a un deber de confidencialidad
acerca de la información que reciban de sus clientes, como disponen el
artículo 912 y - en casos penales - 2054 del Código Judicial, así como
las normas de ética antes mencionadas. La revelación de dicha
información sin que medie un interés superior es penada bajo el artículo
170 del Código Penal.
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Mediante Ley 23 de 15 de julio de 1997, mediante la cual se aprobó el
Acuerdo de Marrakech, que procura eliminar barreras en "cualquier
servicio en cualquier sector excepto aquellos prestados en el ejercicio
de la autoridad gubernamental" (cuyo Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios, Artículo I).
 El artículo 289 de la Ley 23, adiciona la Ley N°9 de 18 de abril de 1984,
estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 289: Los abogados extranjeros, bajo las condiciones
expresadas      en    convenios     internacionales,   podrán     asesorar
exclusivamente en materia de derecho internacional, y en la legislación
de la jurisdicción en la que el abogado extranjero es idóneo, en el
territorio de la República de Panamá. Este asesoramiento no incluye
representación en los tribunales y cortes o autoridades judiciales,
administrativas o marítimas, en el territorio de Panamá".

El artículo 289 permite el asesoramiento, sin definir con claridad el
alcance de esta palabra. Sin embargo, dicho artículo es muy claro al
establecer que no incluye la autorización para que un abogado
extranjero represente a un cliente ante tribunales y cortes o autoridades
judiciales, administrativas o marítimas en el territorio de Panamá.

En ese sentido, en el documento denominado Posición del Colegio
Nacional de Abogados en cuanto al ejercicio Independiente de la
Profesión de Abogados en Panamá adoptado en agosto de 2002,
establece claramente que ni personas panameñas o extranjeras que no
sean abogados puedan “ser propietarios directa o indirectamente de una
sociedad civil de abogados en Panamá, ni tampoco que estas deriven
beneficios económicos del ejercicio de la profesión de abogado en la
República de Panamá.”

Para el ingreso al país de dichos asesores desde Estados Unidos, las
barreras migratorias son mínimas, ya que únicamente se exige una
tarjeta de turismo de US$5.00. Los requisitos de residencia no están
sujetos a cuotas numéricas y tras 5 años de residencia se puede optar
por la naturalización, que a su vez constituye uno de los requisitos para
obtención de idoneidad. Sin embargo, en los Estados Unidos los
siguientes Estados no permiten que un profesional extranjero (por
ende, panameño) ni siquiera pueda ejercer como asesor del
Derecho Panameño:          Alabama, Arkansas, Colorado, Delaware,
Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Mississippi,
Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, North Dakota,
Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South
Dakota, Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin,
Wyoming, Guam, North Mariana Islands, Palau, Puerto Rico, Virgin
Islands.

Los asesores extranjeros sólo pagan impuesto al Tesoro panameño
sobre aquella porción de horas trabajada dentro de Panamá, la cual
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pueden reducir mediante la práctica por medios electrónicos desde su
país de residencia. Los abogados panameños pagan impuesto sobre al
Tesoro Nacional sobre la renta de su práctica ejercida en Panamá.

Actúan al margen de la ley y sin sujeción a Código de Ética alguno los
llamados “tramitadores” que llevan adelante de forma ilegal las
actividades descritas en los numerales 6. y 8. del Artículo 4 de la Ley 9
(Esther M. Arjona, Migración: Un tema de Estado, La Prensa, 16 de
junio                             de                                2003,
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2003/06/16/hoy/mosaico/
1074975.html) (Ileana Gólcher, Migrantes en Panamá: entre la ilegalidad
y la deportación, El Panamá América, 3 de agosto de 2003,
http://www.elpanamaamerica.com.pa/archive/08032003/nation10.shtml).
También actúan sin sujeción a la ley o norma de ética alguna los
proveedores de servicios “offshore” o “trust” que sin supervisión de un
abogado se dedican a las actividades descritas en los numerales 4., 5. y
7. del artículo 4 de la Ley 9.

El Anexo I de la Lista de Panamá de los Acuerdos de Libre Comercio
firmados por Panamá tanto con El Salvador como Taiwán contienen
reservas en materia de abogacía. El Anexo I de la Lista de Panamá en
ambos tratados contiene Reservas de Trato Nacional (Artículo 11.03) y
Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 11.04) para mantener la
vigencia del “Artículo 3 de la Ley N°9 de 18 de abril de 1984, por la cual
se regula el ejercicio de la Abogacía, publicada en la Gaceta Oficial N°
20,045 de 27 de abril de 1984”.

Existen en Panamá alrededor de 9,000 abogados idóneos, los cuales a
su vez emplean secretarias, asistentes y mensajeros según el volumen
de los casos que atiendan. Este sector no se beneficia de incentivo
sectorial alguno, ya que su remuneración está sujeta a impuesto sobre
la renta y, en los casos de servicios a clientes locales, impuesto de
transferencia de bienes muebles. Solamente la prestación del servicio
jurídico en calidad de Agente Residente y conexos al exterior contribuye
a la recaudación de rentas sustanciales en favor del Fisco panameño,
entre las cuales se destacan:
“A. US$25,000,000 en concepto de Tasa Unica pagados por sociedades
anónimas en el año 2001;
B. US$2,500,000 en concepto de derechos de inscripción en el Registro
Público de nuevas sociedades, de actas de sociedades ya existentes y
de naves en el año 2001;
C. US$52,500,000 en recaudaciones de impuestos sobre naves,
abanderamientos, servicio documentario de naves y otros servicios
similares por parte de la Sección de Consular y Naves en el año 2001;”
(Jaime Alemán, Panamá y las listas negras, La Prensa, Panamá, 19 de
mayo                                 de                               2002,
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2002/05/19/hoy/opinion/563617.h
tml)
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    REGULACIONES SOBRE ABOGACIA EN ESTADOS UNIDOS


Las condiciones de idoneidad para la abogacía (a excepción de la
gestión ante entidades federales como Migración y Propiedad
Intelectual) son reguladas por los 50 Estados de la Unión
Estadounidense. “La reglamentación de los servicios profesionales es
esencialmente competencia de cada uno de los Estados. El acceso al
mercado extranjero en algunos Estados se ve afectado por las
prescripciones en materia de presencia local, domicilio social,
nacionalidad o forma jurídica del ingreso. La falta de un régimen
regulatorio uniforme en el plano nacional también complica el acceso al
mercado. Durante el período a que se refiere el presente examen, el
marco regulatorio ha sido objeto de varias reformas para reforzar el
buen gobierno, sobre todo mediante la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 que
afecta a los servicios de contabilidad y jurídicos." (EXAMEN DE LAS
POLÍTICAS COMERCIALES ESTADOS UNIDOS Informe de la
Secretaría,     WT/TPR/S/126,      17    de     diciembre  de    2003,
http://www.sice.oas.org/ctyindex/wto/usa/TPRS126a_s.doc)

Laurel S. Terry en su ensayo “GATS’ Applicability to Transnational
Lawyering and its Potential Impact on U.S. State Regulation of Lawyers”
http://www.personal.psu.edu/faculty/l/s/lst3/vanderbilt%20post%20wto%
20edits.pdf detectó a las siguientes medidas de la Abogacía en Estados
de los E.U. que pueden no ser compatibles con el Acuerdo General de
Comercio de Servicio - GATS:

A. Los Estados prohíben que no-abogados reciban honorarios legales
por servicios de abogacía, lo cual prohíbe la práctica multidisciplinaria
(MDP) tolerada en otros países.

B. Los Estados prohíben que no-abogados sean socios de firmas de
abogados, lo cual impide la entrada de sociedades públicas de abogacía
de Australia.

C. Los Estados prohíben el uso de nombres de fantasía en su razón
social distintos a los apellidos de sus socios, lo cual impide el uso de
razones sociales como Landwell (Pricewaterhouse-Coopers) o Andersen
Legal.

D. Nueva Jersey exige a los abogados tener una oficina en el Estado
(presencia física). Otros Estados exigen que los extranjeros sean
residentes legales del mismo para entrar a la Barra.
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E. Los Estados actualmente admiten extranjeros solo como Consultores
Legales en Derecho Extranjero o tras tomar 24 créditos en una Facultad
de Derecho y hacer un examen.

F. Los Estados tienen el requisito de reciprocidad para acreditar
extranjeros como Consultores Legales en Derecho Extranjero, a pesar
que Estados Unidos no hizo dicha salvedad en la Accesión al GATS.

G. Sólo pueden entrar a la Barra quienes tengan un título en Derecho de
una Escuela acreditada por la American Bar Association.

Otros autores han detectado que existen limitaciones numéricas en el
número de visas de técnico H1B que se pueden otorgar en 1 año y que
son esenciales para un extranjero poder trabajar en E.U. como abogado
o cualquier profesión remunerada. Solamente, la mera obtención de
una visa de turista/negocios para un panameño está sujeta a requisitos
de solvencia que no son transparentes y están sujetos a la discreción y
denegación por un funcionario consular sin derecho a apelación.

En materia de Agente Residente, la misma no es incluida dentro de los
servicios jurídicos y cada Estado tiene sus requisitos. Sin embargo,
todos exigen de que el Agente Residente de una persona jurídica sea un
ente con domicilio dentro de dicho Estado.

Existe una erosión creciente de la confidencialidad abogado-cliente, bajo
la Ley Patriota y la Ley Sarbanes-Oxley (artículo 307). En asuntos de
valores, “un abogado, sin consentimiento de una entidad emisora
cliente, revele información confidencial relacionada con su
representación en la medida en que considere necesario impedir que
esa entidad emisora cometa una violación material que pueda causar un
perjuicio financiero importante” (EXAMEN DE LAS POLÍTICAS
COMERCIALES ESTADOS UNIDOS Informe de la Secretaría,
WT/TPR/S/126,          17       de        diciembre      de        2003,
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s126-4_s.doc).

Todas estas condiciones contribuyen a hacer de los Estados Unidos un
mercado extremadamente hostil a los posibles servicios que pudieran
prestar abogados de Panamá. “En 2000, la venta de servicios jurídicos
en el extranjero a través de filiales estadounidenses se estimaron en
US$821,000,000, en tanto que las ventas de filiales extranjeras a
nacionales de los Estados Unidos ascendieron tan sólo a
US$23,000,000.” (EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
ESTADOS UNIDOS Informe de la Secretaría, WT/TPR/S/126, 17 de
diciembre                            de                         2003,
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s126-4_s.doc).

A pesar de lo anterior, los Estados Unidos ha suscrito Acuerdos de Libre
Comercio que versan sobre los servicios jurídicos. En el caso del TLC
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Chile-Estados Unidos, ambas partes han reconocido la dificultad de
liberalizar la consultoría jurídica extranjera de forma inmediata, al diferir
dicho punto a la consulta con los organismos profesionales de sus
países:
“2.     Cada Parte consultará con sus organismos profesionales
pertinentes con el fin de obtener sus recomendaciones sobre:
(a)     la forma de asociación o de participación entre los abogados
autorizados para ejercer en su territorio y los consultores jurídicos
extranjeros;
(b)     la elaboración de normas y criterios para la autorización de
consultores jurídicos extranjeros, de conformidad con el artículo 11.9; y
(c)     otros asuntos relacionados con la prestación de servicios de
consultoría jurídica extranjera.” (Artículo 11.1 Sección B – Consultores
jurídicos extranjeros)

Cada año las partes evalúan si es posible continuar el proceso de
liberalización. A pesar de lo anterior, los E.U. han restringido la práctica
de marcas y patentes, exclusivamente a abogados estadounidenses o
residentes permanentes, pudiendo los extranjeros tramitar marcas sólo
de empresas de sus países. La República de Chile ha mantenido
Reservas de Trato Nacional (Artículo 11.03) y Trato de Nación Más
Favorecida (Artículo 11.04):
a)      “Ley 18.046, Diario Oficial, octubre 22, 1981, Ley de Sociedades
Anónimas, Título V” [que exige un representante en Chile para
sociedades extranjeras]
b)      “Sólo personas naturales chilenas podrán ser autorizados a
ejercer la profesión de abogado.
c)      Sólo los abogados pueden prestar servicios tales como el
patrocinio en los asuntos que se siguen ante tribunales de la República,
y se traduce en la obligación de que la primera presentación de cada
parte debe ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión; [así como las demás formas de abogacía a las cuales
en Panamá alude nuestro Artículo 4 de la Ley 9 de 1984].
d)      Ninguna de estas medidas se aplican a los consultores legales
extranjeros que practican o asesoran sobre la legislación de cualquier
país en el cual ese consultor está autorizado para ejercer como
abogado.
e)      Los auxiliares de la administración de justicia deben residir en el
mismo lugar o ciudad donde se encuentre el tribunal donde prestarán
sus servicios.
f)      Los defensores públicos, notarios públicos, [...] conservadores [...]
archiveros y los Árbitros de Derecho deben ser [..] personas naturales
chilenas.
g)      Sólo las personas naturales chilenas con derecho a voto y los
extranjeros con residencia permanente y derecho a voto pueden actuar
como receptores judiciales y como procuradores del número.
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h)    Sólo las personas naturales chilenas y extranjeras con
permanencia definitiva en Chile o personas jurídicas chilenas pueden
ser martilleros públicos.” (Anexo I, Lista de Chile)


     POSICION DE LOS ABOGADOS SOBRE EL TRATO DE LA
      ABOGACÍA BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

En términos generales los Acuerdos de Libre Comercio pueden
presentar oportunidades para ciertas empresas exportadoras de bienes
y de servicios cuya naturaleza los permitan. No obstante, es importante
analizar cada sector en particular para evaluar los posibles beneficios en
impactos en la economía panameña y las posibilidades reales que
tenían nuestros prestadores de servicios de aprovechar tal convenio.

La práctica de la abogacía en Panamá versa primariamente obre la
asesoría en asuntos de legislación nacional, la cual varia de país en
país. En Panamá, el requerimiento de abogado para ciertos trámites es
determinado por ley nacional y la Constitución. En muchos casos, la
abogacía es prestada en el ejercicio de la autoridad gubernamental, lo
cual está excluido de apertura bajo los acuerdos de la Organización
Mundial de Comercio. Por los motivos anteriores, es esencial que la
misma sea practicada por nacionales panameños, graduados en
universidad reconocida por la Universidad de Panamá.

En ciertos casos, como de abogados agentes residentes y otros casos
que requieren de notificaciones gubernamentales a los apoderados que
son, es esencial la presencia física en Panamá, por la misma naturaleza
del servicio que prestan.

La realidad de la profesión es de que los clientes recurren a abogados
de su país de origen. Por lo tanto, la entrada de abogados extranjeros a
un país está atada a los planes de expansión de los clientes en su país.
El número de empresas panameñas que tendrán inversión directa en los
E.U. es mínimo, por lo que las posibilidades para los profesionales
panameños de la abogacía en E.U. son igual de reducidas.

El sistema jurídico Anglosajón, basado en la casuística de cortes
federales, así como de 50 Estados y un Estado asociado, representa un
impedimento de fondo al ingreso de profesionales panameños
entrenados en el Derecho Romano codificado. Por ello, la abogacía no
es una profesión que se puede ejercer fácilmente en cualquier país,
como ocurre con profesiones científicas como medicina e ingeniería.

Los servicios jurídicos de mayores ingresos (tanto para los profesionales
como para el Tesoro que recibe las tasas recaudadas) son los
relacionados con la preparación de documentación jurídica relacionada
con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de
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sociedades, fideicomisos y otras entidades panameñas. Prestar dicho
servicios   está    severamente     limitado   por   las   regulaciones
estadounidenses que erosionan la confidencialidad abogado-cliente.
Por lo que la práctica de la abogacía de un panameño en Estados
Unidos en materia corporativa, realmente se constituiría en una
desventaja al estar sometido, por ejemplo: a las autoridades fiscales de
ese país, que se caracterizan por exigir información sobre clientes en
dicha materia.

El Colegio Nacional de Abogado manifiesta su total desacuerdo a la
incorporación de normas que pretendan alterar el régimen de
confidencialidad, sociedades anónimas y entidades de inversión, de lo
cual se han hecho eco los Ministros de Relaciones Exteriores y
Economía y Finanzas en su defensa de la igualdad de condiciones
( “level playing field” frente a varias organizaciones multilaterales
(OCDE, GAFI)

La liberalización de los servicios jurídicos traerá extranjeros que bajo la
legislación actual no están sujetos al requisito de colegiación previsto en
el artículo 40 de la Constitución Nacional para el ejercicio de la
abogacía.     Ello ha traído el ingreso de profesionales en ciertos
segmentos de la abogacía que no están sujetos a Código de Ética o
conducta alguno, en detrimento de la calidad del servicio brindado al
cliente.

Una liberalización completa de los servicios jurídicos no traerá
beneficios a la Nación panameña y reducirá el ingreso en las arcas del
Tesoro Nacional. Los impuestos por tasas y derechos documentarios
de clientes extranjeros que recaudan los abogados son superiores a los
B/.30 millones. También incentivará a las contrapartes de actuales y
futuros Acuerdos de Libre Comercio de países con alta emigración a
exigir dicha liberalización completa, con el resultante ingreso de
profesionales que no se ajusten a los estándares exigidos de los
profesionales panameños.

La diferencia de los sistemas jurídicos y la cantidad de requisitos
exigidos por cada uno de los Estados de Estados Unidos para practicar
el derecho, hacen virtualmente imposible el que pueda existir igualdad
de condiciones entre los profesionales de ambos países. Es más, esta
situación hace que sean muy altas las posibilidades de que cualquier
Acuerdo de liberación parcial de servicios, deje de contemplar barreras
que posteriormente impidan a los pocos profesionales panameños que
puedan estar interesados, prestar servicios legales relacionados con ese
país.

Adicionalmente, las tendencias de regulación desproporcionada que se
promueve actualmente entre los países industrializados, se constituyen
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en otra variable y potencial carga que afectaría negativamente la
práctica de la profesión para los abogados panameños.

Para los profesionales del Derecho panameño es importante que existan
condiciones de igualdad para poder ser competitivos.          Dichas
condiciones de igualdad deben ser concebidas considerando las
diferencias de los sistemas, los requisitos para la práctica de la
profesión en todos los ámbitos para lograr su equiparación y la
implementación de las medidas necesarias para lograr dicha
equiparación en el mismo período de tiempo. De lo contrario, los
abogados panameños sufrirán de desventajas competitivas que sin
duda afectarán de manera adversa al sector y, por ende, su aporte a la
economía.

En consideración a lo expuesta la posición del Colegio Nacional de
Abogados frente al Tratado de Libre Comercio es que se mantenga tal
como está la legislación nacional que regula el ejercicio de la abogacía
en Panamá, mediante la inclusión de reservas y excepciones a los
capítulos de inversión, servicios y al anexo de servicios profesionales de
dicho Tratado.      En particular, se deben incluir reservas a las
obligaciones de trato nacional (“national treatment”) , trato de nación
más favorecida (“most favored nation”), acceso a Mercado y presencia
local del capítulo de servicio (artículos 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5 de
CAFTA) así como a las obligaciones de trato nacional, trato de nación
más favorecida, requisitos de desempeño (“Performance requirement”) y
consejo de administración y junta directiva (senior management and
board of directors”) del Capítulo de Inversión (artículos 10.3, 10.4, 10.9,
10.10 de CAFTA).

La legislación nacional cuya vigencia debe ser mantenida por este
acuerdo, incluye sin limitación:
a)      Sólo personas naturales panameñas (o sociedades civiles
formadas por dichas personas) podrán ser autorizados a ejercer la
profesión de abogado.
b)      La totalidad de la Ley 9 de 1984,
c)      Artículos 22, 40 y 214 de la Constitución Nacional,
d)      Código Judicial, así como las leyes contentivas de la obligación
de la representación de la parte por un abogado idóneo, incluyendo sin
limitación:
e)      Artículos 1 y 2 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas,
f)      Artículo 9 Ley 1 de 1984 por la cual se regula el Fideicomiso,
g)      Artículo 5 Ley 25 de 1995 por la cual se regulan las Fundaciones
de Interés Privado.
h)      Ley 8 de 1925.
i)      Artículo 1199 Código Fiscal,
j)      Artículo 11A, 11D, 11 E, 1083B, 1083C, 1512B, 1512C, 1512E
Código de Comercio,
k)      Artículo 11 Ley 25 de 1994 ,
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l)    Artículos 124, 150 172 Ley 29 de 1996 sobre Defensa de la
Competencia,
m)    Artículos 29, 102, 103, 122, 123, 148, 149 Ley 35 de 1996 sobre
Propiedad Industrial,
n)    Artículo 50 Ley 38 de 2000 sobre Procedimiento Administrativo
General.
o)    Decreto 147 de 14 de mayo de 1966 (GO de 5 de mayo de 1966).

Documentos anexos:
  1. Posición del Colegio Nacional de Abogados en cuanto al ejercicio
     independiente de la Profesión de Abogados en Panamá.
  2. The Louisiana Supreme Court Committee on Bar Admissions –
     Rules Governing Admission To Practice Law In Lousiana.
  3. Supreme Court of the United States.
  4. National Conference of Bar Examiners and American Bar
     Association Section of Legal Education and Admissions to the
     Bar – Comprehensive Guide to Bar Admission Requirements
     2004.


Con las seguridades de nuestra más alta estima y consideración.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES
Presidente


Su Excelencia
JOAQUÍN JÁCOME DIEZ
Ministro de Comercio e Industrias
E.        S.      D.
Participaron en la redacción de la carta de posición del
Colegio Nacional de Abogados sobre Servicios e Inversiones:


Alvaro Aguilar

Estif Aparicio

Mario de Diego

Carlos Alberto Vásquez

Francisco Vega

Mario Vlieg

				
DOCUMENT INFO
Description: Posicion del Colegio Nacional de Abogados sobre Tratado de Libre Comercio Panama-Estados Unidos, Nota CNA-368-4-04, Panam�, 22 de abril de 2004. Alvaro Aguilar, Estif Aparicio, Mario de Diego, Carlos Alberto Vasquez, Francisco Vega, Mario Vlieg.