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					Complacido Fortuño con ‘primer plebiscito’ Por: Mara D. Resto Vélez EL VOCERO El comisionado residente en Washington, Luis Fortuño, dijo ayer estar sumamente complacido con la aprobación del "primer plebiscito" que le permitirá a los puertorriqueños decidir el status que desean para Puerto Rico. Según Fortuño, este proceso dejaría, por primera vez, claramente establecido que el pueblo puertorriqueño no está satisfecho con el status actual, y sí está dispuesto a buscar una alternativa que reemplace la relación territorial que mantiene la Isla con los Estados Unidos. "Es la primera vez en 10 años que el Congreso avala un plebiscito con esa pregunta. Estamos cumpliendo con la primera recomendación del informe del ‘Task Force’ de Casa Blanca, recomendación que fue avalada el 5 de febrero del 2006 por todo el liderato del PNP cuando vinieron a las vistas en Washington", aseguró el Comisionado. El proyecto HR-900 fue aprobado ayer, con algunas enmiendas, por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. El mismo propone que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en la Isla realice un plebiscito, no más tarde del 31 de diciembre del 2009, en el cual los electores puedan elegir una de las siguientes opciones: que Puerto Rico continúe con su actual status territorial y su relación con los Estados Unidos; o que Puerto Rico busque otra alternativa de status que sea constitucionalmente viable, permanente y no territorial. Si al realizarse el plebiscito triunfa la primera de las dos opciones, el País mantendría el statu quo y su relación con los Estados Unidos. Pero una enmienda hecha por la representante de Islas Vírgenes, Donna Christensen, propuso que en caso de que salga favorecida la segunda opción, entonces la CEE en la Isla tendría que realizar una de dos: o un segundo plebiscito en el que se decida si prefieren la total anexión a los Estados Unidos o la independencia, o si no, la celebración de una Asamblea Constituyente. Fortuño, por su parte, sostuvo que apoya la opción favorecida por su liderato, el 5 de febrero del 2006, que propone el plebiscito en lugar de la Asamblea Constituyente, no obstante, aseguró que la realización de una Asamblea Constituyente también es un paso adelante en la búsqueda de una solución al problema del status. "Si votamos a favor de la opción dos, eso comienza un proceso donde claramente el pueblo no está satisfecho con el status que tenemos que desenlazará en varios procesos adicionales, y dependerá en gran medida del liderato político que Puerto Rico tenga en ese momento", precisó. Fortuño dijo estar convencido de que el pueblo está consciente de que el Estado Libre Asociado (ELA) "no da más" y ya dio lo que tenía que dar, por lo que espera que triunfe

la opción dos. Sin embargo, recalcó que el próximo paso a seguir después del plebiscito dependerá del liderato político que sea electo en ese momento. "El próximo paso que quisiéramos dar es que se pueda llevar a una votación en el pleno de la Cámara", culminó el Comisionado Residente. "Una de cal y otra de arena" De otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, afirmó que la aprobación en el Congreso del Proyecto 900 "nos presenta una de cal y una de arena", pero aclaró que "las enmiendas al proyecto H.R. 900 constituyen un dramático retroceso de lo que se había logrado con la medida, según radicada". Aponte explicó que primero se eliminó la segunda ronda, que era la que verdaderamente nos encaminaba irreversiblemente hacia la descolonización. Dijo además que, en segundo lugar, "se eliminó todo tipo de obligatoriedad para que el Congreso y/o el Gobierno Federal, incluido el Grupo de Trabajo del Presidente Bush sobre el status político de Puerto Rico, tuviese que responder al mandato en las urnas, en vez de exigir una acción específica a nivel federal". Por lo tanto, según él, la medida aprobada le transfiere la responsabilidad al pueblo de Puerto Rico para que sea quien tenga el deber de requerir una acción futura al Gobierno federal, y aceptó que los puertorriqueños no tenemos los medios ni el poder político para exigir acción alguna del Gobierno federal. A su juicio, pueden pasar 109 años más para que finalmente alcancemos la resolución del status político local.


				
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posted:12/14/2008
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