LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (NUEVA by aeq44487

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									LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(NUEVA REGULACIÓN DEL JUICIO DE NULIDAD FISCAL)


Mediante el ejemplar del Diario Oficial de la Federación del día 1 de diciembre de 2005
aparece publicado el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo (Ley de PCA).


Generalidades de la Ley de PCA.

El objetivo del ordenamiento consiste en regular los diversos trámites, medios de prueba,
plazos e instancias aplicables con relación a los juicios que se ventilan ante las Salas del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De manera que los litigios en
materia tributaria (conocidos comúnmente como juicios de nulidad y de lesividad) habrán
de sujetarse al contenido de la Ley de PCA, en sustitución de las disposiciones que había
contemplado tradicionalmente el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Las disposiciones de la Ley de PCA serán aplicables a los juicios que se inicien o
interpongan, ante las Salas, a partir del día 1 de enero de 2006. Por lo que la Ley de PCA
no tendrá aplicación en aquellos juicios de nulidad que se encuentren ya en etapa de
tramitación, sea cual fuere la etapa del procedimiento.

Contenido de la Ley de PCA.

En términos amplios, el medio de impugnación previsto por la Ley de PCA contiene una
estructura parecida al procedimiento contemplando por el CFF.

Se establece la etapa procesal de la demanda y contestación de demanda, con el plazo de
cuarenta y cinco días hábiles para cada caso. Igualmente, se reitera la posibilidad de
interponer la ampliación de demanda con la correspondiente ampliación del escrito de
contestación, en un plazo reducido de veinte días hábiles, esto último en los casos en los
que el objeto de impugnación verse sobre el procedimiento de notificación o contra las
resoluciones conocidas como negativa ficta.

La Ley de PCA adopta, esencialmente, todos los incidentes, causales de improcedencia y
de sobreseimiento, recursos y reglas de notificación contemplados por el CFF. Además,
también se remite al Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria.
 Además, la Ley de PCA otorga nuevamente al juicio de nulidad la característica de “litis
abierta”, lo que significa que en los casos en que el contribuyente interponga el juicio
contra resoluciones recaídas a recursos administrativos que no satisfagan el interés
jurídico del contribuyente recurrente, se entenderá que simultáneamente impugna la
resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo, inclusive, hacer valer
conceptos de impugnación no planteados de manera inicial en los recursos
administrativos.

Novedades de la Ley de PCA.

A pesar de que el nuevo juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de PCA está
basado esencialmente en el procedimiento contemplado por el CFF, se advierten algunas
novedades de importancia que se describen a continuación:


a. Ampliación de la materia del juicio contencioso administrativo.

Se amplía la materia del juicio contencioso administrativo para abarcar los casos de
impugnación de Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos,
cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer
acto de aplicación.

Vale recordar que el juicio de nulidad procedía, tradicionalmente, con respecto a
resoluciones definitivas de la autoridad fiscal y administrativa, lo que impedía combatir
la simple vigencia de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal y los Decretos del
Ejecutivo Federal en materia fiscal, pues para esto era imprescindible la existencia de un
acto concreto de la autoridad donde estuviesen materializadas las disposiciones a
impugnar.

Ahora, el contribuyente podrá elegir el momento de impugnación, pues podrá iniciar el
juicio dentro de los cuarenta y cinco días hábiles a partir del inicio de vigencia del
Decreto o Acuerdo de carácter general, o bien, podrá aguardar e iniciar la impugnación
hasta el momento del primer acto concreto de aplicación de tales normas. En ciertos
casos el segundo momento pudiere representar en un mayor costo derivado de la garantía
fiscal.


Esta novedad tiene relevancia al analizar la posibilidad de interponer la demanda de
amparo indirecto contra la vigencia de Decretos fiscales que se estime afecten garantías
individuales, pues el juicio contencioso administrativo será en tales casos el medio
ordinario de defensa que deberá ser agotado previamente por el contribuyente, a fin de
estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo.
b. Pago de costas e indemnización.

Costas a favor de la autoridad fiscal. Se contempla la condenación en pago de costas a
favor de la autoridad fiscal, cuando los contribuyentes controviertan resoluciones con
“propósitos notoriamente dilatorios”.

Para estos efectos, “propósitos notoriamente dilatorios” es un término de arte que es
aplicable en los juicios de nulidad promovidos por los contribuyentes, y que concluyan en
una sentencia que reconozca la validez de la resolución impugnada, si es el caso que el
contribuyente se beneficia económicamente por la dilación en el cobro, ejecución o
cumplimiento, siempre que los conceptos de impugnación formulados en la demanda
sean notoriamente improcedentes o infundados. Cuando la ley prevea que las cantidades
adeudadas se aumentan con actualización por inflación y con alguna tasa de interés o de
recargos, se entenderá que no hay beneficio económico por la dilación.


Es interesante considerar el problema que presenta el nuevo concepto de “propósitos
notoriamente dilatorios”, pues su amplia interpretación pudiere llegar a restar el alcance
de la garantía constitucional de audiencia, conforme al cual los gobernados no pueden ser
privados del derecho de ser oídos y vencidos en juicio.


Indemnización a favor del contribuyente. La autoridad fiscal demandada deberá
indemnizar al contribuyente por el importe de los daños y perjuicios causados, cuando la
autoridad fiscal cometa “falta grave” al dictar la resolución impugnada y no se allane al
contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata. Para estos efectos,
se entiende por “falta grave” cuando la resolución combatida por el contribuyente:
(i) Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la
competencia.
(ii) Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación
no hay falta grave.
(iii) Se anule por razón de desvío de poder de la autoridad fiscal.


Se indica que la obligación de pago de la indemnización es con cargo a la autoridad
demandada (artículo 3, fracción II: la autoridad que dictó la resolución impugnada o el
Jefe del Servicio de Administración Tributaria), aunque no se señala si en caso de
insolvencia del funcionario fiscal, el pago de la indemnización podrá satisfacerse con
cargo al erario federal o presupuesto del Servicio de Administración Tributaria,. Por lo
que es necesario referir al artículo 1928 del Código Civil Federal, que dice que: “El
Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios en el
ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es
subsidiaria, y solo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario
directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para
responder del daño causado.”

Es lamentable que la disposición no contemple un mecanismo para la fijación de los
daños y perjuicios, lo que implica que el importe quedará sujeto a la libre discreción de
las Salas.

c. Responsabilidad de los funcionarios de las Salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.


Con la intención de brindar seguridad a la información referente a los juicios fiscales que
se ventilan ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se
previene que los funcionarios de las Salas (lo que incluye tanto a Magistrados,
Secretarios de Acuerdo como Actuarios) incurrirán en responsabilidad en los casos
siguientes:
   (i)     Expresen su juicio respecto de los asuntos que estén conociendo, fuera de las
           oportunidades en que la Ley de PCA lo admite.


   (ii)    Informen a las partes y en general a personas ajenas al Tribunal sobre el
           contenido o el sentido de las resoluciones jurisdiccionales, antes de que éstas
           se emitan y en los demás casos, antes de su notificación formal.


   (iii)   Informen el estado procesal que guarda el juicio a personas que no estén
           autorizadas por las partes en los términos de la Ley de PCA.
   (iv)    Den a conocer información confidencial o comercial reservada.


Sin embargo, la Ley de PCA no prevé las sanciones aplicables para el caso de infracción
a los supuestos de responsabilidad arriba señalados, lo que deja legalmente inaplicable el
ejercicio de esta nueva medida.


d. Medidas Cautelares.


Como una protección adicional para los contribuyentes que acuden al juicio de nulidad,
se contempla la posibilidad de solicitar, por la vía incidental, ante la Sala Regional, la
autorización de las medidas cautelares que resulten necesarias para mantener la situación
de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin
materia o causar un daño irreparable al contribuyente.
Esta novedad podrá ser de utilidad en los casos donde el contribuyente pretenda
impugnar la validez de Decretos o Acuerdos de carácter general, o bien, de actos
concretos de la autoridad fiscal que pudieren resultar en una afectación en el patrimonio
del contribuyente, caso de las órdenes de clausura de establecimientos mercantiles y del
embargo precautorio.


Sin embargo, no procederán las medidas cautelares en los casos en que se cause perjuicio
al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En este respecto, será
interesante conocer el criterio que adoptarán las Salas, en el sentido de determinar si el
entero de contribuciones federales es una situación de “orden público”, especialmente en
los casos donde se demande la irregularidad de un Decreto fiscal o Acuerdo de carácter
general en los cuales se elimine la posibilidad de aplicar una exención de impuestos o de
tomar una determinada deducción o crédito fiscal, pues, por otro lado, el cálculo y pago
irregular de impuestos incide en un daño substancial al contribuyente.


De cualquier manera, el contribuyente se verá favorecido al contar con un medio
adicional para la protección de sus intereses, ahora a través de la Sala Regional.


A pesar de lo anterior, todavía existirá la posibilidad de pedir la suspensión de los actos,
ante la autoridad fiscal ejecutora, mediante la instancia de suspensión del procedimiento
administrativo de ejecución. En tales casos, el contribuyente, podrá también solicitar,
ante la Sala Regional, la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado,
cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie
la ejecución, para lo cual deberá cumplirse con los requisitos de la Ley de PCA.


e. Vicios del procedimiento fiscal que no provocarán la nulidad.


Se establece expresamente que no serán causales de anulación, por no afectar las defensas
del particular ni trascender al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios
de procedimiento siguientes:


(i) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita
domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden. Pues se considera
que en estos casos la presencia del destinatario convalida la actuación del personal
auditor.
(ii) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el
notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la
diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba
notificarse. Este supuesto seguramente dará pauta a planteamientos de
inconstitucionalidad, al permitir múltiples arbitrariedades en el procedimiento de
notificación.
(iii)       Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento,
siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con
el interesado o con su representante legal. En estos casos se considera que la simple
presencia del destinatario convalida la actuación del personal auditor.
(iv)      Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de
requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios
requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo
oportunamente la información y documentación solicitados. En estos casos, la simple
comparecencia del destinatario convalida la actuación del personal auditor.
(v) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a
terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados. Pues la
compulsa carecería de cualquier relevancia en la determinación de la resolución
impugnada.
(vi)       Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el
oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea
idónea para dichos efectos. Este supuesto pudiere dar pauta a planteamientos de
constitucionalidad, al permitir, a la autoridad fiscal, incumplir con la obligación de fundar
y motivar con plenitud su decisión en cuanto a valoración de las pruebas aportadas por el
contribuyente.

    f.       Nuevas atribuciones de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
            y Administrativa.


Ajuste del monto de multas fiscales. Tratándose de los casos en que el contribuyente
impugne la imposición de sanciones o multas fiscales, cuando la Sala Regional aprecie
que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos
agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente
las circunstancias que dieron lugar a la misma.
Indemnización al contribuyente por daños derivados del incumplimiento oportuno
de sentencia. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un
derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo de cuatro meses sin que la
autoridad fiscal hubiere cumplido con la sentencia, el contribuyente beneficiario de la
sentencia tendrá derecho a una indemnización que la Sala Regional determinará,
atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios
que la omisión hubiere ocasionado. El ejercicio de este derecho se tramitará por la vía
incidental.


Alcance de las sentencias que dicten las Salas. Se considera con mayor precisión el
alcance de las sentencias que podrán decretar las Salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, tomando en cuenta los casos donde se declare la nulidad por
incompetencia de la autoridad, o por vicios de forma, de fondo, y por razón de desvío de
poder. También, se agregan precisiones con respecto al cómputo del plazo de
cumplimiento de las sentencias que dicten las Salas, tomando en consideración la
posibilidad de que la sentencia sea impugnada por la vía del juicio de amparo.

Ejecución de las sentencias que dicten las Salas. De manera notable se amplía la
facultad jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al grado
de otorgarle las atribuciones para velar por la ejecución efectiva de sus propias
resoluciones.
 Vale recordar que el anterior procedimiento contemplado por el CFF no permitía la
posibilidad de que las Salas pudieren tomar parte activa en la fase de ejecución y
cumplimiento de sus propios fallos, por lo que el contribuyente interesado en la ejecución
del fallo debía necesariamente acudir a los órganos del Poder Judicial Federal, mediante
el juicio de amparo indirecto, a efecto de procurar el cumplimiento, por parte de las
autoridades demandadas, de las decisiones provenientes de las Salas. Esta situación
provocaba aún mayor dilatación en la duración de los litigios fiscales. Será interesante
ver en la práctica el ejercicio de esta nueva atribución.

								
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