AMPARO DIRECTO by gatoc

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									                              JUICIO DE AMPARO DIRECTO

1. Procedencia

La procedencia del Amparo Directo reside en la naturaleza de los actos reclamados, que
consisten en sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. En este
sentido, el artículo 107 Constitucional señala (a manera de resumen):

         Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los
procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases
siguientes:
V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,
sea que la violación se cometa durante el procedimiento en la sentencia misma, se
promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la
distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, en los casos siguientes:
     a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales,
     sean estos federales, del orden común o militares;
     b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias
     definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos
     o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal,
     c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del
     orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo,
     o en juicios del orden común.
     En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo
     por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses
     patrimoniales;
     d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las juntas Locales o la
     Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
     de los Trabajadores al Servicio del Estado.
     La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente
     Tribunal colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer
     de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten;
VI.- En los casos a los que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse
los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar
sus respectivas resoluciones.


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En cuanto a la Ley de Amparo marca en el capítulo referente a la materia en estudio:

        Artículo 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de
Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo
107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que
pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto
de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o
revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que se cometa durante el
procedimiento, afecte a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y por
violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones
indicados.
Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra
sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por
tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley
aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta
de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido
objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que, no sean de imposible reparación, sobre
constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse
valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o
resolución que ponga fin al juicio.

2. Tramitación

El juicio de amparo directo tiene como finalidad la revisión de la legalidad y
constitucionalidad de una sentencia dictada por un tribunal ordinario. No obstante, este tipo
de juicio no sólo procede contra sentencias definitivas, sino también, contra resoluciones
que sin ser sentencias o laudos, pongan fin a un juicio. En este juicio de amparo directo, se
pueden reclamar también, violaciones cometidas en el curso del juicio, que, habiendo sido
impugnadas sin éxito en el curso del mismo juicio y en la apelación en su caso, afecten las
defensas del quejoso y propicien un fallo desfavorable. La sentencia que se impugna a través
de un juicio de amparo directo debe ser la litis principal de juicio, por lo que las sentencias
interlocutorias no podrán ser impugnadas a través de juicio de amparo directo. Sin embargo,
las sentencias interlocutorias, una vez agotados los recursos ordinarios, podrán ser
impugnadas a través de un juicio de amparo indirecto.

Como su nombre lo indica, la demanda de amparo directo se interpone directamente ante el
tribunal que dictó la sentencia. A diferencia del juicio de amparo indirecto, el amparo directo
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es resuelto por un tribunal colegiado de circuito. Al igual que el amparo indirecto, el tribunal
colegiado podrá admitir, desechar o prevenir sobre la demanda de garantías. Sin embargo, a
diferencia del juicio de amparo indirecto, el juicio de amparo directo no tiene una etapa
probatoria, por lo que no existe audiencia constitucional. En el juicio de amparo directo, el
tribunal que dictó la sentencia que se impugna tiene la calidad de autoridad responsable,
por lo que cuando envíe el expediente judicial con la demanda de amparo al tribunal
colegiado también deberá acompañar un informe con justificación. Aunque en este caso el
informe no es extenso, pues el propio acto reclamado, es decir, la sentencia, expresa los
razonamientos y antecedentes mismos que pudieran ser pertinentes para el juicio.

       La sentencia de amparo podrá ser dictada en tres sentidos:

I).- Conceder el amparo, otorgar protección al quejoso contra el acto reclamado;

II).- Negar el amparo, que significa que la inconstitucionalidad del acto reclamado no fue
demostrada, y

III).- Sobreseer el juicio, que significa que el juez advirtió que se actualiza alguna causal de
improcedencia o sobreseimiento del juicio.

         En el supuesto de que el tribunal colegiado otorgue el amparo, el tribunal que dictó la
sentencia reclamada deberá dictar una nueva sentencia siguiendo los lineamientos
señalados por el tribunal colegiado en su sentencia o, en su caso, reponer el procedimiento
si así fue ordenado. Al igual que en el juicio de amparo indirecto, la sentencia dictada en un
juicio de amparo directo puede ser impugnada a través de un recurso de revisión. Sin
embargo, la procedencia de este recurso está seriamente limitada, por lo que se le ha
denominado revisión extraordinaria. Algunos de los requisitos de dicha revisión son que
existan cuestiones de constitucionalidad pendientes por resolver o que no se hayan resuelto
adecuadamente y que el tema de constitucionalidad sea trascendental. A pesar de que el
juicio de amparo directo se ocupa de la revisión de una sentencia, no es un recurso, por lo
que no puede considerarse como una instancia adicional. En este sentido se ha pronunciado
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia. Sin embargo, en los
asuntos contenciosos el juicio de amparo tiene prácticamente el mismo efecto que un
recurso final, puesto que de hecho se traduce en la confirmación, en la modificación o en la
revocación de la resolución reclamada, con las consecuencias procesales o sustanciales que
en cada caso procedan; pero esa identidad de resultados no justifica que en tales casos el
juicio de amparo sea calificado o considerado como recurso, porque siempre subsisten las
diferencias técnicas antes puntualizadas, tanto más en la revocación resultante del amparo
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concedido, en principio deja a la autoridad responsable en libertad de decidir en una nueva
resolución lo que estime procedente, con la única taxativa de no insistir, ni abierta, ni
encubiertamente, en la decisión que motivó el amparo. El juicio de amparo directo puede
impugnar sentencias definitivas, laudos arbítrales y resoluciones que sin ser sentencias
definitivas ni laudos arbitrares pongan fin a un juicio, Ahora bien como lo indica el art. 158
de la Ley de Amparo, el amparo directo se promoverá en única instancia ante la autoridad
responsable, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del art. 107 constitucional
y las disposiciones relativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

       Ahora bien, en este amparo procede por dos tipos de violaciones:

I).- Las procedimentales que no sean de imposible reparación; y,
II).- Las de fondo o al momento de sentencia. Cabe aclarar que en un proceso puede
presentarse violaciones al mismo con ejecución de imposible reparación, impugnables a
través del amparo directo como lo indica el art. 114, fracción IV de la Ley de Amparo y
violaciones susceptible de ser reparadas a momentos de dictar la sentencia o laudo y que
admiten en contra el amparo directo.

2.1 Tramitación de la Autoridad Responsable

Conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo
directo se debe promover por conducto de la autoridad responsable ordenadora, ya que
ésta debe hacer constar la certificación a que la obliga el artículo 163 de la referida ley, como
es verificar las fechas de notificación del acto reclamado y presentación de la demanda, así
como los días inhábiles intermedios que hubo. El trámite a seguir se encuentra regulado en
el capítulo IV de la citada Ley de Amparo, que comprende del artículo 177 al 191, ya sea que
el juicio se siga ante los Tribunales Colegiados o ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en el entendido de que los Tribunales Colegiados son los que tienen, en principio, la
competencia para conocer de este procedimiento y sólo será por excepción, al ejercer la
Corte sus facultades de atracción, cuando conozca de esta clase de juicio.

Ahora bien, de la lectura de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo, la autoridad
responsable debe:
a) Emplazar a las demás partes, para que dentro de un término máximo de diez días
comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, a defender sus
derechos.
b) Si no se presentan las copias o están incompletas, en asuntos civiles, administrativos o del
trabajo, la responsable se abstendrá de remitir la demanda al Tribunal Colegiado y proveer
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sobre la suspensión; prevendrá al promovente para que las exhiba en cinco días; si
transcurre y no la presenta, remitirá la demanda con su informe sobre la omisión de copias a
dicho tribunal, quien tendrá por no interpuesta la demanda.
c) Si es asunto penal, la falta de exhibición de copias no dará lugar a tenerla por no
interpuesta y el tribunal que conozca del amparo las sacará oficiosamente.
d) De cumplir con la prevención, la autoridad responsable deberá remitir la demanda con la
copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal
Colegiado, dentro del término de tres días, junto con su informe, previa copia que del mismo
reserve; se quedará con testimonio de constancias indispensables para la ejecución de la
resolución reclamada, y si no puede enviar los originales lo hará saber a las partes, para que
dentro de tres días señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia
certificada, la cual deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas con las que la propia
autoridad indique.
e) El plazo máximo que tiene la autoridad responsable para remitir las constancias antes
detalladas es de tres días a partir de la fecha en que las partes hagan el señalamiento; si no
lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción
se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la remisión de su informe, copia del
Ministerio Público y expediente original.

Para que inicie la acción constitucional de amparo en contra de sentencias definitivas, laudos
o resoluciones que pongan fin al juicio, que no admitan conforme a las leyes recurso alguno
por el que puedan ser modificadas o revocadas, debe interponerse una demanda, que será
siempre por escrito (artículo 116 de la Ley de Amparo establece los requisitos con los que
debe cumplir dicho escrito).

El siguiente artículo, impone a la autoridad responsable diversas obligaciones:

        Artículo 169.- Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el
primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al
Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del
término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en
su poder de dicho informe. Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio
de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que
exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento éste en el que lo hará
saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que
consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de
amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique.


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La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en
un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le
impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le
impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer
párrafo de este propio precepto. Por no adjuntar la copia certificada del acto reclamado, la
SCJN ha resuelto el juicio de garantías debe sobreseerse, conforme a (Artículos 73 fracción
XVIII y 74 fracción III de la Ley de Amparo) y por la otra, ha sostenido que la protección
federal debe negarse al agraviado. Al respecto Burgoa, no está de acuerdo, por que aduce,
que si no se exhibe al Tribunal Colegiado de Circuito los documentos demostrativos de los
actos reclamados (laudo o sentencia definitiva), este órgano está en la imposibilidad de
analizar su constitucionalidad, por lo que evidentemente no puede dictar ninguna resolución
denegatoria de la protección federal. Por otra parte, -dice- que el sobreseimiento se dicta,
cuando ocurre alguna de las causas de improcedencia. No puede sostenerse que la falta de
adjunción o exhibición de la copia certificada del laudo o sentencia impugnados o de la
remisión del expediente, donde estos existan, constituya una causa de improcedencia legal
de la acción constitucional fundada en la disposiciones involucradas en la fracción XVIII, ya
que esta se refiere al caso en que, conforme a alguna norma legal, se estatuya o se deduzca
la inoperatividad de la acción de amparo.

Algunos aspectos importantes que reconoce la jurisprudencia en cuanto a las facultades de
la autoridad responsable en la tramitación de la demanda de amparo directo son los
siguientes:

1) Deben, presentado el escrito de demanda y sus copias, remitirlo invariablemente al
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, sin importar a quien lo haya dirigido la
parte quejosa.
2) Carece de facultades legales para desecharla, fijar competencias o proveer en dicho
escrito, excepción hecha de lo relativo a la suspensión del acto reclamado.
3) Tendrá la obligación de hacer constar, al pie del escrito de demanda, la fecha en que se
notificó al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, requisito que no
debe faltar, aun cuando en el oficio de remisión se hagan constar estos datos (arts. 163 y
164).

De lo anterior, se puede concluir que la función de la responsable en cuanto a la
presentación de la demanda está concretamente determinada, y sólo debe limitarse a:

       • Recibir la demanda.
       • Revisarla íntegramente.
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       • Acordar el emplazamiento a la parte tercero perjudicada.
       • Pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado.
       • Integrar debidamente el expediente de amparo.
       • Remitir íntegro el expediente de donde emana el acto reclamado.
       • Rendir informe justificado.

       Novena Época.
       Instancia: Pleno
       Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
       Tomo: VII
       Mayo de 1998, tesis: P./J. 29/98, p. 5.

       DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS
       TRAMITES A QUE LA OBLIGA LA LEY DE AMPARO, ES SANCIONABLE CON MULTA.
       Asimismo y en caso de que la autoridad responsable emita una resolución en la que deseche, tenga
       por no interpuesta o niegue la remisión de una demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito,
       para lo cual carece de atribuciones, procede que la parte interesada informe tal circunstancia al
       Tribunal Colegiado, para que éste de inmediato requiera, con apercibimiento de multa, a la autoridad
       responsable, en el sentido de que remita la demanda y sus anexos, pues ello constituye una obligación
       que se impone como carga procesal de aquélla, sin perjuicio de que si insiste en el incumplimiento
       después de agotados los medios de apremio se proceda en contra de la autoridad responsable de
       conformidad con lo establecido en el artículo 209 del ordenamiento jurídico citado, para que se le
       sancione en la forma que precisa el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos
       cometidos contra la administración de justicia. De tal manera, una vez que el tribunal federal reciba la
       demanda de amparo deberá, de oficio, dejar insubsistente la resolución relativa y proveer acerca de la
       procedencia del juicio de garantías, tal como se sostiene en la jurisprudencia de rubro:
       DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE
       QUE INDEBIDAMENTE LA DESECHA, LA TIENE POR NO INTERPUESTA O NIEGA REMITIRLA, NO PROCEDE
       RECURSO ALGUNO, SINO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR SU ENVÍO CON
       LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES


3. Estructura de la Demanda

        La estructura de la demanda de amparo, implica la forma en que ésta se redacta e
inscribe en la hoja, los requisitos que deben ser legales de la demanda. El amparo directo o
uninstancial es aquel respecto del cual los Tribunales Colegiados de Circuito conocen en
única instancia o en jurisdicción originaria.

El autor Del Valles define "PREÁMBULO; es la parte introductoria de la demanda en relación
a lo que se pide; el promovente señala que comparece a demandar el amparo y la
protección de la Justicia de la Unión, en contra de la resolución que contravienen las
garantías individuales de que es titular". Ahora bien en la demanda de amparo directo se
promueve por conducto de la autoridad responsable, por lo que debe dirigirse a ésta, en que
se le hace saber que se anexa esa demanda, pidiendo que actúe en términos de la Ley de

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Amparo. Recibida la demanda, la autoridad responsable procede en alguno de los siguientes
términos; como cuando en ese Circuito Judicial exista un solo tribunal colegiado, o
corresponde hay varios Tribunales con competencia para conocer ese juicio, remite a la
demanda. En la Ley de Amparo no se llega a establecer una forma obligatoria en que se
redacte la misma, los abogados son los que estructuran la demanda con base a los siguientes
puntos:

       Artículo 166.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se
expresarán:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;

“Ahora el bien el Nombre del quejoso, es el gobernado que sufre mucho por una lesión en su
persona, esta proviene del acto de una autoridad y cuya anulación por inconstitucionalidad,
reclama ante el Juez federal, previa la promoción y substanciación del juicio de amparo.
Ahora bien siempre en la demanda de amparo, a fin de que el juez esté en aptitud de
determinar si efectivamente ha resentido una lesión en su patrimonio, derivado de la
emisión de un acto de autoridad que lo agravie.”

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

En amparo directo siempre existirá tercero perjudicado, excepto en las sentencias de orden
penal, en la que no se haya resuelto sobre la reparación del daño o la responsabilidad civil.
Al respecto se ha emitido una tesis, que establece que para que en materia penal se le
reconozca al ofendido o la víctima, el carácter de tercero perjudicado debe solicitarlo
expresamente.

       No. Registro: 182.282
       Tesis aislada
       Materia(s): Penal
       Novena Época
       Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
       Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
       Tomo: XIX, Enero de 2004
       Tesis: I.6o.P.65 P
       Página: 1636

       TERCERO PERJUDICADO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO PENAL. PARA QUE SE RECONOZCA TAL
       CARÁCTER AL OFENDIDO O A LA VÍCTIMA Y SE REALICE SU EMPLAZAMIENTO, DEBE SOLICITARLO
       EXPRESAMENTE.
       El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que en los juicios de amparo
       promovidos contra actos judiciales del orden penal, tendrán el carácter de tercero perjudicado el

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       ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la
       responsabilidad proveniente de la comisión de un delito, siempre que dichos actos afecten dicha
       reparación o responsabilidad. Ahora bien, tratándose de un amparo directo en materia penal, la
       víctima u ofendido de un delito, que tuvo el carácter de coadyuvante en el proceso penal, debe
       solicitar expresamente se le reconozca como tercero perjudicado para que se le emplace con este
       carácter; lo anterior es así, toda vez que en un gran número de procesos penales el ofendido o la
       víctima no comparecen al proceso, de donde en algunos casos sería imposible su emplazamiento
       como terceros perjudicados, al acudir el sentenciado al amparo directo contra la sentencia
       condenatoria aun existiendo condena a la reparación del daño, entre otros motivos, por ignorarse su
       domicilio o haberse cambiado sin dar aviso a la autoridad, lo que traería una dilación en el
       procedimiento de amparo, en el que por tratarse generalmente de actos en los que está de por medio
       la libertad del quejoso, debe buscarse la mayor celeridad en la resolución. Lo antes expuesto se
       robustece en el sentido de que las alegaciones que pudiera formular el ofendido o la víctima de un
       delito en el juicio de amparo directo con su carácter de tercero perjudicado no forman parte de la litis
       constitucional, sino que constituyen simples opiniones o conclusiones de las partes sobre el
       fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley
       reconoce a la demanda, por tal motivo el Juez constitucional no tiene el deber de analizarlas, toda vez
       que la condena a la reparación del daño como pena pública que no es más que la consecuencia al
       acreditarse plenamente los elementos del delito imputado y demostrase plenamente la
       responsabilidad del procesado en su comisión, de esta forma lo alegado por el tercero perjudicado en
       nada influiría en el sentido del fallo que se pronuncie, porque al resolverse el amparo directo, el
       Tribunal Colegiado se limita a confrontar únicamente las consideraciones y fundamentos de la
       autoridad responsable ordenadora vertidas en el acto reclamado frente a los conceptos de violación, e
       incluso a suplir la deficiencia de la queja, si ésta se advierte, incluyendo el capítulo de la reparación del
       daño, sin tomar en cuenta alegato alguno esgrimido por la parte ofendida, pues como ya se dijo ello
       no forma parte de la litis constitucional. Lo antes expuesto no es obstáculo para que el tercero
       perjudicado, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo promueva el juicio de amparo en
       relación a su facultad de impugnar la condena a la reparación del daño cuando estime que ésta afecta
       sus intereses.


III.- La autoridad o autoridades responsables;

Generalmente en el juicio de amparo directo, la autoridad responsable es aquella que emitió
la sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, laudo o la resolución que pone fin
al juicio y que no admite recurso alguno por virtud del cual pueda ser modificada o
reformada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la procedencia del juicio de amparo
directo, contra actos de ejecución de una sentencia definitiva o laudo.

       No. Registro: 200,082
       Jurisprudencia
       Materia(s): Común
       Novena Época
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        Instancia: Pleno
        Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
        Tomo: III, Mayo de 1996
        Tesis: P. /J. 23/96
        Página: 24

        AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES A QUIENES SE ATRIBUYA LA
        EJECUCIÓN, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO RECLAMADO.
        Si el amparo directo es procedente contra los actos de ejecución que se impugnan en vía de
        consecuencia al reclamarse una sentencia definitiva o laudo, en esa medida es procedente designar
        como responsable a la autoridad a la que se atribuyan tales actos de ejecución, de conformidad con el
        artículo 166 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que en su fracción III,
        dispone: "La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: (...) III. La
        autoridad o autoridades responsables...", expresión que, al estar empleada también en plural, es
        indicativa de que la Ley mencionada no limita el señalamiento de autoridades sólo a la que emitió la
        resolución definitiva reclamada, sino que también permite la designación de otras, como pudiera ser la
        autoridad a quien se atribuye la ejecución de la misma, máxime que la Ley de Amparo, en el artículo
        11, dispone que "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de
        ejecutar la ley o el acto reclamado."

        Contradicción de tesis 2/95. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y el
        Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Séptimo Circuito. 29 de abril de
        1996. Mayoría de seis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

Nota: Esta tesis de jurisprudencia se publicó nuevamente en el tomo IV, Julio de 1996, pág. 16, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, para una mejor comprensión del voto minoritario que formulan los
Ministros: Juventino V. Castro y Castro, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Guillermo I. Ortiz Maya Goitia y Humberto Román Palacios, quienes en sesión pública de fecha 29 de abril de
1996, decidieron formular voto minoritario en la contradicción de tesis 2/95, entre las sustentadas por el
Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos
del Séptimo Circuito.


IV.- La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo
del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del
procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el
motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al
juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será
materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como
acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de
amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia;



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La fracción IV obliga al quejoso a menciona, en su demanda de amparo, el acto recamado
que puede consistir en:
- Sentencia definitiva
-Laudo
-Violaciones a las leyes del procedimiento

Respecto de violaciones a las leyes del procedimiento, cuando se invoquen como actos
reclamados, deberá; precisar cuál es la parte del procedimiento en la que se cometió la
violación y; el motivo por el cual se dejo sin defensa al agraviado.

       No. Registro: 203.703
       Jurisprudencia
       Materia(s): Común
       Novena Época
       Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
       Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
       Tomo: II, Diciembre de 1995
       Tesis: I.5o.C. J/3
       Página: 479

       VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. NO DEBEN SEÑALARSE, EN FORMA DESTACADA,
       COMO ACTOS RECLAMADOS, EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.
       De una correcta y armónica interpretación de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución
       Federal, 44, 158, 161 y 166, fracción IV, párrafo primero de la Ley de Amparo, y 44, fracción I, inciso c),
       de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es dable concluir, por una parte, que en materia
       civil, técnica y legalmente sólo pueden señalarse como actos reclamados, en la demanda de amparo
       directo que se promueva: la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio; y, por otra, que
       las violaciones procesales, aunque referidas como cometidas en interlocutorias, bien sea por el juez
       natural, en asuntos no apelables, o por el tribunal de alzada, en su caso; no deben señalarse, en forma
       destacada, como actos reclamados, autónomos respecto de la sentencia definitiva de que se trate;
       sino que, como tales, deben alegarse en los conceptos de violación, como transgresiones al
       procedimiento que en todo caso hayan afectado a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado
       del fallo; y que sólo pueden formularse y ser resueltas en el amparo directo al reclamarse la sentencia
       definitiva, pues sólo estudiando dicha sentencia, se puede determinar si las violaciones procesales
       aducidas, trascendieron o no al fondo de la misma en perjuicio del quejoso.


El segundo párrafo del artículo 166 IV se refiere a la posibilidad de impugnación de una ley,
de un tratado o de un reglamento aplicados en la sentencia, laudo o resolución que ponga
fin al juicio, por estimarlos inconstitucionales el quejoso. Cuando se impugne la sentencia
definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional
la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de
conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o


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el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte
considerativa de la sentencia.

V.- La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere
puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución
recurrida

VI.- Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la
misma violación;

VII.- La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de
aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las
leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios
generales de derecho.

        Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse
con esta prescripción en párrafos separados y numerados. Los elementos medulares, que
debe contener la demanda de amparo, por ser ellos de los que deriva en gran parte del éxito
de la acción constitucional deducida, son los aludidos en las fracciones IV, VI y VII. (Artículos
159 y 169 de la Ley de Amparo).

       El mismo artículo 166 establece que la demanda de amparo directo debe formularse
por escrito:

    Se debe dirigir al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito. Antes de desarrollar
     los conceptos de violación, insertar un capitulo de “Antecedentes”, para narrar
     sucintamente el juicio o procedimiento en que se hayan registrados los actos
     violatorios o impugnados a través de la sentencia.
    Conceptos de violación, son los razonamientos que formula el quejoso para combatir
     los actos reclamados desde el punto de vista de su inconstitucionalidad o legalidad.
     Tratándose del amparo directo o uninstancial, dichos conceptos deben rebatir todos
     y cada uno de los fundamentos sobre los que descanse la sentencia definitiva que se
     combata.
    Inmediatamente que se hayan expresado los conceptos de violación, el agraviado
     debe proceder a mencionar en su demanda los preceptos constitucionales y
     secundarios en los que funde la procedencia de la demanda de amparo directo,
     integrando el capítulo de “derecho”.


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    Por último, en un párrafo especial denominado “Puntos Petitorios”, el quejoso debe
     formular, en concreto, las solicitudes que procedan, es decir, la petición de la
     protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado.
    La presentación de la demanda debe realizarse ante la misma autoridad responsable
     (Artículo 163 de la Ley de Amparo).

4. Documentos

        La omitida o incompleta adjunción de las copias de la demanda de amparo directo,
tiene como sanción, tratándose de juicios de garantías que versen sobre materia civil,
administrativa o del trabajo, la abstención de parte de la autoridad responsable de remitir la
demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, así como de proveer sobre la suspensión,
debiendo prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del término de
tres días. Transcurrido el termino sin que se hayan presentado, la autoridad responsable de
remitir la demanda con el informe relativo sobre la omisión de las copias de dicho Tribunal,
quién tendrá por no interpuesta la demanda (Artículo 168).

       En materia penal, la falta de exhibición de las copias de la demanda de amparo
directo no es motivo para tenerla por no interpuesta, debiendo el Tribunal que conozca del
amparo mandar sacarlas oficiosamente.

5. Auto de Inicio

Una vez que ha recibido la demanda de amparo directo el Tribunal Colegiado, el presidente
dicta el auto inicial, el cual puede ser de tres clases, que a continuación se precisan:

    Si existiere de manera evidente alguna de las causas de improcedencia previstas en el
     artículo 73 de la Ley de Amparo, el tribunal desechará de plano la demanda. En este
     caso lo importante es determinar la evidencia de la causal de improcedencia, pues de
     no tener esa característica la demanda deberá admitirse, por lo que los tribunales de
     amparo, aunque se percaten de que puede existir alguna improcedencia,
     normalmente lo que hacen es admitir la demanda y posteriormente sobreseer el
     juicio.
    Cuando se advierta alguna irregularidad en la demanda; es decir, cuando le falte
     alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 166 de la citada ley, mediante
     notificación personal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29, fracción 111 de la
     Ley de Amparo, en relación con la fracción XI tercer párrafo, del artículo 28 de la


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     misma, se requerirá al promovente para que en el término de cinco días corrija las
     irregularidades, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta.
    En el supuesto de que la demanda no contenga irregularidad alguna o que de tenerla
     se hubiera corregido, el tribunal la admitirá y notificará a las partes su resolución, en
     auto admisorio, en la inteligencia de que la notificación de ese acuerdo constituye
     para el Ministerio Público su emplazamiento, mas no así para las demás partes,
     quienes fueron emplazadas por la responsable de acuerdo a lo ordenado por los
     artículos 167 y 169 de la ley en cita.

Ahora bien, cualquiera de dichos autos iniciales que emite el presidente del Tribunal
Colegiado es impugnable a través del recurso de reclamación, conforme al artículo 103 de la
Ley de Amparo, caso en el cual el Pleno del Tribunal Colegiado determinara si confirma,
modifica o revoca la determinación del presidente.

6. Informe Justificado de la Autoridad Responsable y su Oportunidad

Concepto: Es el acto procesal escrito, de la autoridad responsable, por la que se da
contestación a la demanda de amparo y por el que se acompañan los documentos crediticios
relativos al acto reclamado. En efecto, el informe justificado deberá de adjuntar los
documentos que respaldan el acto de autoridad que se imputa a la autoridad responsable,
de no ser así se trataría de un simple informe y no de un informe con justificación.

Contenido del informe justificado:

       1) Al rendir su informe deberá indicar si es cierto o no el acto reclamado, pudiendo
       negar su existencia;
       2) Si los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado o los conceptos
       de violación son o no ciertos, pudiendo aceptar la narración de los hechos formulada
       por el quejoso o controvertirla;
       3) Expondrá los argumentos contrarios a los expuestos por el quejoso en los
       conceptos de violación, pudiendo controvertirlos;
       4) Expondrá las razones, que en concepto de ella, fundan la constitucionalidad y
       legalidad del acto reclamado;
       5) Igualmente hará valer cualquier causa de improcedencia de sobreseimiento.

Deberán exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener
la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, acompañándolo de
copias certificadas para apoyar su informe.
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       1) El informe justificado no es una simple carga procesal para la autoridad
       responsable, sino un deber que tiene que cumplir, de no cumplir con ellos e le
       impondrá una multa
       2) Deberá ir acompañado siempre de una copia certificada,
       3) Al sostener la constitucionalidad del acto reclamado, deberá estar vinculada con el
       alcance del amparo según el art. 103 Constitucional
       4) Exponer razones y fundamentos legales para sostener la improcedencia del juicio
       de amparo según el art. 149 L. A.
       5) el informe justificado podrá hacer valer la improcedencia del juicio de amparo ante
       juez de distrito
        6) En el mismo se podrá objetar la personalidad o la capacidad del quejoso
       7) Así mismo podrá solicitar la acumulación del amparo a uno anterior

Termino para rendir el informe:
El término será de cinco días, pudiendo ampliarse hasta cinco días más a discreción del juez
de distrito. El término deberá computarse a partir de haber recibido la notificación de la
admisión de la demanda con una copia de la demanda

Falta del informe justificado:
De no producirse el informe o justificado atendrá a lo dispuesto por el art. 149 párrafo
tercero de la L. A.
Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá por
cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejosos la
prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no se
violatorio de garantías. También se atendrá a las consecuencias sancionadoras marcadas por
el artículo 149 que marca una multa de 10 a 150 días de salario mínimo, impuesta por el
juez de distrito, esto no será aplicable cuando la omisión se dé por retardo en la toma de
conocimiento de emplazamiento, circunstancia que deberá de justificar la autoridad
responsable.




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